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Boletín No. 4Del 4 al 11 de septiembre de 2017
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Boletín No. 4
La sentencia de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) con la que se declaró
nula la Ley Orgánica de Emolumen-
tos, Pensiones y Jubilaciones de los
Altos Funcionarios y Altas Funcio-
narias del Poder Público, que esta-
blecía los límites a las remunera-
ciones para ese tipo de servidores
públicos, pasó por debajo de la
mesa. Lo grave de esa decisión
radica en que abre la puerta a la arbi-
trariedad, a la opacidad, a la no rendi-
ción de cuentas y a que se desangre el
presupuesto público con salarios que
se niegan al resto de la población.
La normativa, aprobada por la
Asamblea Nacional anterior en la
Gaceta Oficial 39.952 del 12 de enero de 2011, como su nombre lo indica,
limita las remuneraciones de los altos
funcionarios del Estado y utiliza como
base para ello el salario mínimo. Así,
por ejemplo, el artículo 8 establecía
como límite para el presidente, diputa-
dos, magistrados, fiscal general y min-
istros un salario que no podía ser
mayor a 12 salarios mínimos, en el caso
de viceministros 10 salarios y en el de
gobernadores 9. Finalmente, para los legisladores estadales 8, para los alcal-
des 7 y para los concejales, con-
tralores municipales y síndicos 5 sala-
rios mínimos. Ahora esos límites no
existen y tampoco sería sorpresa que
encontremos concejales de un
municipio de 5.000 habitantes con remuneraciones superiores a las del
jefe del Estado.
Para anular el instrumento legal
la Sala Constitucional concluyó que
la ley (no sólo los artículos 4 y 17
impugnados por la diputada region-
al Neidy Rosal González) “es incon-
stitucional, pues desconoce las
remuneraciones que los funcionarios
públicos nacionales, estadales y
municipales han venido percibiendo
en aplicación de las leyes vigentes en
su momento” y que, además, la ley de
emolumentos “condujo a una clara
depresión de los montos de las remu-
neraciones de los altos funcionarios
del Estado, transgrediéndose la intan-
gibilidad de los beneficios salariales”, generándoles “una pérdida sustancial
en la calidad de vida”.
Barra libre para un festín con los salarios de altos funcionarios
Desde Un Mundo Sin Mordaza y en alianza con otras
ONG se creó una plataforma web para combatir la censura
y desinformación que ha predominado durante años en
Venezuela, haciendo eco nacional e internacionalmente de
las distintas violaciones de derechos humanos que ocurren
en el país. Así nace el proyecto No+Dictadura.
Como ONG que defiende y promociona los derechos humanos, en Un Mundo Sin Mordaza somos conscientes
de que estas violaciones no son sólo números y estadísti-
cas, sino que son víctimas. Es por eso que decidimos crear
una sección llamada Memorias por la Vida, con la cual
buscamos recopilar las memorias de los venezolanos en
tiempos de dictadura y crisis para proteger nuestra identi-
dad, crear las bases para la defensa del futuro y buscar las
reparaciones y restituciones que como pueblo necesita-
mos. Sin embargo, no queremos inmortalizar en las memo-
rias solamente los sucesos negativos de la época que
vivimos, sino también resaltar todas las maravillosas inicia-
tivas que han nacido en tiempos de dictadura y comenzar
a reconstruir el país que tanto queremos.
La memoria que esta semana les presentamos es un
video documental realizado en honor a Miguel Castillo
Bracho, quien fue víctima de la violencia política del
Estado venezolano. Miguel es mucho más que el muerto
número 50 de la lista de 4 meses de protestas.
Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/wp/
Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.orgMemorias por la Vida
Del 4 al 11 de septiembre de 2017
Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Boletín No. 4
Publicar una caricatura, una crítica
o una opinión contraria a lo que al
gobierno le parece adecuado podría
derivar en 25 años de cárcel. Cuestionar a la autoridad es un
derecho: quienes detentan el poder
son servidores públicos y están
expuestos a un mayor escrutinio de
sus acciones –públicas o privadas–,
pues afectan el desarrollo del país en
el que convivimos. La regulación de
las redes sociales por mensajes de
odio limitaría aún más la libertad de
expresión en Venezuela.
La criminalización de la opinión
persigue un fin: generar miedo en la población y evitar que se hagan
públicos los pensamientos contrarios
al discurso gubernamental. Esta
práctica es común a todos los
regímenes totalitarios que buscan
imponer un discurso único en el que la
“verdad” sea aquella divulgada por el
líder, todo lo contrario es perseguido,
señalado, castigado.
En ese sentido, el totalitarismo
considera legítimo dominar el ámbito
privado a través del miedo y la
represión, para que no se refleje en los espacios públicos aquello que
opinamos y compartimos en lo
privado. El contenido de este
proyecto de ley no es de acceso
público, no existe algún sitio donde
pueda ser consultado, a pesar de que
sus promotores señalan que se
encuentra en fase de debate nacional.
Lo que se conoce ha sido difundido
por las declaraciones de funcionarios
designados para su aprobación.
Foro Penal Venezolano - www.foropenal.comEnviada lista de presos políticos al Parlamento Europeo
La lista actualizada de presos políticos en Venezuela
fue remitida por el Foro Penal Venezolano al Parlamento
Europeo el lunes 4 de septiembre a los efectos de su
verificación y certificación.
El número de presos políticos calificados actualmente es de 603, tomando en cuenta los que han sido liberados y un nuevo grupo de personas encarceladas por razones
políticas. Para finales de agosto el Foro Penal registraba 590 presos políticos en Venezuela, cifra que fue certificada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Entre los casos de presos políticos resalta el de los 27
estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL).
10 de estos estudiantes están recluidos en la cárcel El
Dorado (estado Bolívar), 11 en la Penitenciaría 26 de Julio
(Guárico) y 6 bajo arresto domiciliario. Entre los
detenidos en El Dorado se encuentra Kevin Rojas, de 24
años de edad. A pesar de que la Fiscalía solicitó el
sobreseimiento y como consecuencia su libertad, el
tribunal no lo ha aplicado.
Del 4 al 11 de septiembre de 2017
Pretensión totalitaria anunciada: la regulación de redes sociales
Boletín No. 4
Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.veComienzan los delitos electorales y aún no hay fecha para elecciones
Del 4 al 11 de septiembre de 2017
Aún sin fecha oficial para las elecciones de gobernadores, los candidatos del gobierno comenzaron
la campaña usando fondos públicos cuyo uso está
prohibido por la Constitución. Destacamos el caso del
ministro de Alimentación hasta agosto 2017, el general de
brigada Rodolfo Marco Torres, candidato a la
gobernación del estado Aragua por el partido de
gobierno PSUV, que en su cuenta Twitter el 5 de septiembre publicó un video del inicio de su campaña
electoral en un vehículo militar y acompañado de
integrantes de la Fuerza Armada Nacional “para
compartir con nuestra gente” y dar la lucha y la batalla
por la victoria”.
Es decir, militar activo es candidato, usa fondos
públicos para la campaña y no ha comenzado el lapso. La
Constitución prohíbe que “los integrantes de la Fuerza
Armada Nacional ejerzan militancia política o estén al
servicio de persona o parcialidad política alguna”.
En las elecciones parlamentarias de 2015 Transparencia Venezuela presentó en el CNE más de 400
denuncias por transgresión de las normas que rigen la
campaña electoral, ninguna de las cuales recibió
respuesta a pesar de haber sido ratificadas y de haberse ejercido oportuno recurso de reconsideración.
Actualmente las denuncias están en la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia. Auguramos una campaña
plagada de abusos impunes.
“Nuevas” medidas económicas: mayor corrupción, crisis y represión
El presidente Nicolás Maduro
anunció el 7 septiembre un conjunto
de medidas económicas bajo el
supuesto de la existencia de la guerra
económica, se niega a asumir la
responsabilidad del colapso
económico del país ocasionado por
las políticas económicas
implementadas en la última década.
Culpar a un tercero, la oposición y el
imperialismo, por la crisis
humanitaria, por la escasez de
productos básicos que ha generado
mercados negros de mercancía que
no se encuentra disponible por los
canales de distribución regulares.
Nada nuevo en las medidas:
continúa el ciclo de controles de
precios y de divisas, aumento de
impuesto, persecución. El control de
divisas, la asignación discrecional y
opaca se ha convertido en un
incentivo más atractivo que el
narcotráfico y menos riesgoso con una impunidad oficial de 96%.
Los controles de precios han
servido para vaciar los estantes,
espantar a los productores y causar
el más grande desabastecimeinto de
la historia del pais. El 80% de escasez de medicamentos y 90% de medicamentos de enfermedades
crónicas no se supera con mayores
controles. Los 50 productos en la nueva lista de controles van a
desaparecer.