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H. CONGRESO DEL ESTADO

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Y ARCHIVO GENERAL

LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES ESTÁN PRESENTADAS EN FORMA

DESCENDENTE, DE ACUERDO A LA SESIÓN EN QUE SE LLEVARON A CABO

(PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE)

SEPTIEMBRE 2012 – SEPTIEMBRE 2015

DIP. JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL

ELECTO POR EL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

SUPLENTE: C. CUAUHTÉMOC PRADO NAVA

Última participación: 26 de febrero de 2015

Participaciones (56)

MANIFESTÁNDOSE EN CONTRA DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA

COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A DOS INICIATIVAS DE REFORMAS Y

ADICIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y

JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO, PRESENTADAS POR DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, Y POR LA DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

Sesión Ordinaria 26 de febrero de 2015.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y

compañeros diputados.

He solicitado el uso de la voz para razonar el voto en contra del sentido del dictamen que

se pone a nuestra consideración por las siguientes razones:

En marzo de 2014 el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó

una iniciativa para reformar los artículos 9, segundo párrafo; 154, primer párrafo; 155, párrafos

primero y segundo; 198, fracción II; 226, párrafo primero; 251, 261 fracción I y la propuesta de

adición de un artículo 226 Bis del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado

y los Municipios de Guanajuato. Dicha iniciativa tuvo la primera motivación de reformar los

instrumentos de la justicia administrativa en favor del ciudadano; a la vez que se impulsa la

evolución de los mecanismos jurídicos para la defensa e intereses de los particulares frente a la

administración pública; lo que, además, hace más equilibrada la relación jurídica-procesal de ambas

http://www.pri.org.mx/

http://www.congresogto.gob.mx/diputados/jose-gerardo-zavala-procell


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partes; pues reiteramos que la inclusión del interés legítimo, el establecimiento de un solo recurso

administrativo y la afirmativa ficta como regla general, ante el silencio de la administración pública,

a fin de proveer con estas modificaciones la reparación al derecho violado de la manera más

inmediata posible.

De ahí la razón de ser e importancia de una justicia más justa y equilibrada, la existencia de

estas tres instituciones a las cuales me he referido, el interés legítimo, la existencia de un solo recurso

administrativo y la afirmativa ficta; además de que al incluir la figura del interés legítimo en la causa,

se amplía la protección del derecho a intereses de una colectividad que carece de personalidad

jurídica, sin que ello otorgue derechos subjetivos a sus integrantes, como ya sucede en la materia a

nivel federal y en materia de juicio de amparo, aunado a que esta elaboración conceptual ya ha

sido dotada de sentido en diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El establecimiento de las figuras de interés legítimo para promover en una causa

administrativa la regulación de la afirmativa ficta en los casos de silencio de la autoridad y la

existencia de un recurso único, son parte de los elementos que las nuevas tendencias en gobernanza

establecen como medios a favor del ciudadano y que proveen a la regularidad de la función

pública.

En el actuar de la autoridad en las relaciones de supra a subordinación entre el ente

administrativo y el gobernado al generar una esfera jurídica más precisa para la cabal vigencia del

principio de legalidad al compeler a la autoridad a que se respeten los derechos del ciudadano y el

poder público obre en el sentido estricto de sus atribuciones legales.

El sustituir el interés jurídico por el interés legítimo, se está abonando a que –sin necesidad

de que se cuente con el derecho subjetivo-, se pueda proveer a la regularidad de un acto

administrativo por la vía jurisdiccional y ello en atención a que el actuar de la autoridad es un

asunto de interés público; por ello, incluso la Ley de Amparo ya lo reconoce así, pues la afectación

de derechos por el actuar del poder público, no sólo vulnera la esfera individual, sino la vida

pública en sí.

En lo que toca a la afirmativa ficta, ante el silencio de la autoridad, es inconcuso que es un

recurso a favor del particular; pues en estricto acatamiento a las obligaciones de legalidad y

transparencia que deben investir a los actos del sector público, este medio provoca que la autoridad

responda con prontitud y la diligencia debida a las promociones del gobernado, evitando así

digresiones burocráticas.

Por lo que se refiere a la inclusión de un recurso único, se trata de dar simplicidad y tener

un mismo recurso para todos los actos de naturaleza administrativo, con lo que aparte de la

simplificación administrativa, se da la posibilidad de facilitar al ciudadano el recurrir las decisiones

de la autoridad, con lo que –además-, se provee a armonizar una serie de disposiciones cuyas

instituciones sustantivas han evolucionado en el decurso del tiempo y no nos parece que sea

suficiente con el argumento esgrimido respecto a que, ya que la aplicación de los recursos

contenidos en las disposiciones aplicables, no han presentado problemas de acceso a la justicia, pues

como bien enuncia el postulado de Kits, citado por Eduardo García Maynez en su Teoría del

Derecho, de que algo sea, puede inferirse que algo fue o que algo será; más no que algo deba ser,

pues el deber ser permanece como válido aún y cuando nunca haya sido, sea o llegue a ser.


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La inclusión normativa de estas tres figuras jurídicas, es un paso adelante en la evolución y

concepción de nuestras instituciones jurídicas, que rebasan el ámbito de relación en que se sigue

viendo al ciudadano como un súbdito supeditado a una voluntad desorbitante y hasta ominosa y

todo poderosa del gobernante.

Hoy las relaciones de poder debieran estar sujetas a los límites de un estado de derecho

derivado de una relación de gobernabilidad democrática, pero como se reconoce en el propio texto

del dictamen, basta que a juicio de Acción Nacional no sean suficientemente justificadas las razones

para rechazar estos instrumentos a favor del ciudadano y, en su lugar, sigamos manteniendo

instituciones de corte autocrático y ancladas en el siglo pasado; pero que aún le dan la categoría de

ente supremo al gobierno y no al ciudadano.

Por estas razones el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional razona su

voto en contra de este dictamen; sin embargo, confiamos compañeros diputados en que antes de

emitir su voto lo reflexionen y decidan apoyar los intereses de los ciudadanos y acabar con la

ominosa tendencia de privilegiar los intereses del gobierno por encima de aquellos a quienes nos

debemos.

Dice el artículo 39 de la Carta Magna: »Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y

originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio

de éste…» Que con nuestro actuar el pueblo se sienta representado y no defraudado. Por su

atención, paciencia y tolerancia. Muchas gracias.


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL SE PRONUNCIA EN

CONTRA DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con el permiso de la presidencia.

Compañeras y compañeros diputados.

He solicitado el uso de la voz para razonar el voto en contra del sentido del

dictamen que se pone a nuestra consideración por las siguientes razones:

En marzo de 2014 el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional presentó una iniciativa para reformar los artículos 9, segundo párrafo;

154, primer párrafo; 155, párrafos primero y segundo; 198, fracción II; 226, párrafo

primero; 251, 261 fracción I y la propuesta de adición de un artículo 226 Bis del

Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de

Guanajuato. Dicha iniciativa tuvo la primera motivación de reformar los instrumentos

de la justicia administrativa en favor del ciudadano; a la vez que se impulsa la

evolución de los mecanismos jurídicos para la defensa e intereses de los particulares

frente a la administración pública; lo que, además, hace más equilibrada la relación

jurídica-procesal de ambas partes; pues reiteramos que la inclusión del interés

legítimo, el establecimiento de un solo recurso administrativo y la afirmativa ficta

como regla general, ante el silencio de la administración pública, a fin de proveer con

estas modificaciones la reparación al derecho violado de la manera más inmediata

posible.

De ahí la razón de ser e importancia de una justicia más justa y equilibrada, la

existencia de estas tres instituciones a las cuales me he referido, el interés legítimo,

la existencia de un solo recurso administrativo y la afirmativa ficta; además de que al

incluir la figura del interés legítimo en la causa, se amplía la protección del derecho a

intereses de una colectividad que carece de personalidad jurídica, sin que ello otorgue

derechos subjetivos a sus integrantes, como ya sucede en la materia a nivel federal y

en materia de juicio de amparo, aunado a que esta elaboración conceptual ya ha sido

dotada de sentido en diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación.

El establecimiento de las figuras de interés legítimo para promover en una

causa administrativa la regulación de la afirmativa ficta en los casos de silencio de la

autoridad y la existencia de un recurso único, son parte de los elementos que las

nuevas tendencias en gobernanza establecen como medios a favor del ciudadano y

que proveen a la regularidad de la función pública.

En el actuar de la autoridad en las relaciones de supra a subordinación entre el

ente administrativo y el gobernado al generar una esfera jurídica más precisa para la

cabal vigencia del principio de legalidad al compeler a la autoridad a que se respeten

los derechos del ciudadano y el poder público obre en el sentido estricto de sus

atribuciones legales.


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El sustituir el interés jurídico por el interés legítimo, se está abonando a que –

sin necesidad de que se cuente con el derecho subjetivo-, se pueda proveer a la

regularidad de un acto administrativo por la vía jurisdiccional y ello en atención a que

el actuar de la autoridad es un asunto de interés público; por ello, incluso la Ley de

Amparo ya lo reconoce así, pues la afectación de derechos por el actuar del poder

público, no sólo vulnera la esfera individual, sino la vida pública en sí.

En lo que toca a la afirmativa ficta, ante el silencio de la autoridad, es

inconcuso que es un recurso a favor del particular; pues en estricto acatamiento a las

obligaciones de legalidad y transparencia que deben investir a los actos del sector

público, este medio provoca que la autoridad responda con prontitud y la diligencia

debida a las promociones del gobernado, evitando así digresiones burocráticas.

Por lo que se refiere a la inclusión de un recurso único, se trata de dar

simplicidad y tener un mismo recurso para todos los actos de naturaleza

administrativo, con lo que aparte de la simplificación administrativa, se da la

posibilidad de facilitar al ciudadano el recurrir las decisiones de la autoridad, con lo

que –además-, se provee a armonizar una serie de disposiciones cuyas instituciones

sustantivas han evolucionado en el decurso del tiempo y no nos parece que sea

suficiente con el argumento esgrimido respecto a que, ya que la aplicación de los

recursos contenidos en las disposiciones aplicables, no han presentado problemas de

acceso a la justicia, pues como bien enuncia el postulado de Kits, citado por Eduardo

García Maynez en su Teoría del Derecho, de que algo sea, puede inferirse que algo

fue o que algo será; más no que algo deba ser, pues el deber ser permanece como

válido aún y cuando nunca haya sido, sea o llegue a ser.

La inclusión normativa de estas tres figuras jurídicas, es un paso adelante en la

evolución y concepción de nuestras instituciones jurídicas, que rebasan el ámbito de

relación en que se sigue viendo al ciudadano como un súbdito supeditado a una

voluntad desorbitante y hasta ominosa y todo poderosa del gobernante.

Hoy las relaciones de poder debieran estar sujetas a los límites de un estado

de derecho derivado de una relación de gobernabilidad democrática, pero como se

reconoce en el propio texto del dictamen, basta que a juicio de Acción Nacional no

sean suficientemente justificadas las razones para rechazar estos instrumentos a

favor del ciudadano y, en su lugar, sigamos manteniendo instituciones de corte

autocrático y ancladas en el siglo pasado; pero que aún le dan la categoría de ente

supremo al gobierno y no al ciudadano.

Por estas razones el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional razona su voto en contra de este dictamen; sin embargo, confiamos

compañeros diputados en que antes de emitir su voto lo reflexionen y decidan apoyar

los intereses de los ciudadanos y acabar con la ominosa tendencia de privilegiar los

intereses del gobierno por encima de aquellos a quienes nos debemos.

Dice el artículo 39 de la Carta Magna: »Artículo 39. La soberanía nacional reside

esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se


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instituye para beneficio de éste…» Que con nuestro actuar el pueblo se sienta

representado y no defraudado. Por su atención, paciencia y tolerancia. Muchas

gracias.


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL DIRIGE PALABRAS DE

AGRADECIMIENTO CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL PRIMER RECESO DE

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

Diputación Permanente 12 de febrero de 2015

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Muchas gracias.

Me inscribo en este apartado únicamente para, como ustedes lo han

constatado, fue sobradamente cumplida la responsabilidad que se nos encomendó, en

los tiempos y formas previstas por la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en lo

personal, en lo profesional y en lo político. Haber llevado la presidencia de este

período de la Permanente del Congreso fue un alto honor y haberlo compartido con

ustedes que coadyuvaron a que esto fuera un éxito, fue un privilegio. Muchas gracias

compañeros.


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL DESAHOGA SUS

RESERVAS EN EL ARTÍCULO 11 DEL DICTAMEN, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE

DOS ARTÍCULOS, 12 Y 19 DEL DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE

ATENCIÓN AL MIGRANTE, RELATIVO A LAS INICIATIVAS DE LEY PARA LA

PROTECCIÓN Y APOYO A MIGRANTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO,

FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y EL DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; Y DE LEY

DEL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS DEL ESTADO DE

GUANAJUATO, FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.

Sesión Ordinaria 18 de diciembre de 2014

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con el permiso de la mesa directiva.

Diputados.

Acudo a esta tribuna para presentar ante ustedes las siguientes reservas en lo

particular al dictamen de decreto de la Ley para la Protección y Atención del Migrante

y sus Familias del Estado de Guanajuato, que se ha puesto a nuestra consideración

esta mañana para reformar el artículo 11, adicionando un párrafo en su fracción III,

así como la adición de dos nuevos artículos con numeración 12 y 19.

Si bien el instrumento legal a revisión viene a ser necesario en el orden jurídico

estatal, ante la existencia del fenómeno migratorio que usualmente rompe el tejido

social en nuestras comunidades, a nosotros nos parece insuficiente. El Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional cree que es útil que esta

iniciativa debe traer más contenido y establecer mecanismos de apoyo concreto a los

migrantes guanajuatenses; no pretende desvirtuar la del iniciante sino enriquecerla,

así como a los que se asientan o llegan a nuestra entidad de otras partes de la

república y hasta los migrantes de Centroamérica u otras partes del mundo que pasan

o se quedan en Guanajuato.

Es un acto de justicia si consideramos que los paisanos avecindados al norte

del Río Bravo han aportado a lo largo del sexenio del Gobernador Miguel Márquez,

4,062 millones 362 mil dólares, según las cifras del Banco de México de las remesas

recibidas entre octubre de 2012 y septiembre de 2014; prácticamente lo aprobado

para 2014 por este Congreso para todo el Presupuesto General de Egresos. De ese

tamaño ha sido la aportación migrante en sólo dos años y meses, por no contabilizar

lo dado por décadas.

Durante la elaboración de esta ley, los diputados hemos tenido la oportunidad

de escuchar propuestas y críticas de investigadores de universidades públicas y

privadas pero, sobre todo, aportaciones de su rica experiencia por los propios

paisanos en los Estados Unidos.


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Tras la celebración de un foro virtual, donde pudimos escuchar diferentes

voces de la Unión Americana que pedían hacer realidad la protección a los derechos

humanos de todos los migrantes. Y estamos de acuerdo, como sociedad debemos ser

responsables con los hermanos migrantes que llegan a nuestra entidad de otras

partes del país y del extranjero; yendo más allá de lo que la federación toma como

responsabilidad propia en aquellas acciones que sean puntos de oportunidad sobre

todo en atención sanitaria.

Procurar su atención médica a un bajo costo o gratuita, en caso necesario,

debe ser una obligación del estado por condición de respeto a los derechos humanos

e, inclusive, como mecanismo de control sanitario.

Una de las peticiones más sentidas de los paisanos fue la de encontrar en

Guanajuato un trato digno de las autoridades; ellos se sienten agraviados por haber

dejado su tierra por la carencia de oportunidades; pero aun así continúan apoyando

con sus remesas, al grado de patrocinar obras en sus lugares de origen; esperan a

cambio un buen trato que lamentablemente no se encuentra en la realidad.

De esta forma, cada temporada vacacional, cuando ellos regresan con la

ilusión de ver a la familia y a los amigos para sentir de nuevo el terruño, se

encuentran con corrupción y abusos, sobre todo de algunos agentes policiacos y de

vialidad que les quitan los dólares que les traen a sus familias con pretexto de

supuestas infracciones y les quitan sus documentos personales en caso de no aceptar

ser parte de la corrupción, a modo de represalia. Este hecho les agravia seriamente

porque deben regresar a Estados Unidos a fin de año y ya no cuentan con sus

documentos, lo que les pone en serios aprietos porque inclusive las oficinas públicas

están cerradas, están de vacaciones.

Consideramos necesario un régimen de excepción para nuestros paisanos en el

caso de aquellos que sean sujetos de una sanción administrativa, en su tránsito de

internamiento al estado o retorno al extranjero, no se les pueda retirar documentos

de identidad, licencias o placas de sus vehículos y solamente se les levante la

infracción para que paguen en ventanillas municipales de la Tesorería en oficinas de

gobierno del Estado y, en caso necesario, mediante depósito bancario.

Vivimos en un mundo globalizado, la migración modela nuestras sociedades

actualmente y no podemos escapar a esa realidad.

La información sobre quienes viven en nuestra entidad con información

derivada de nuestro propio trabajo en el sector público, se hace necesaria para la

toma de decisiones; que soporten políticas públicas de una sociedad que se vuelve

multicultural, no permitamos que nos alcance el futuro por nuestro temor a ir más

allá.

Por lo anteriormente expuesto es que el Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional tiene a bien presentar las siguientes reservas de adición a


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la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de

Guanajuato, solicitando a ustedes su voto a favor.

Reservas.

Se reforma el artículo 11, adicionando un párrafo a la fracción III.

Dice

Artículo 11: Son derechos de los migrantes…

(Voy a omitir la parte presidenta del apartado de dice para remitirme a lo

concreto, debe decir porque ya todos tenemos el documento)

Debe decir: Artículo 11. Son derechos de los migrantes:

Las autoridades correspondientes fijarán la cuota de recuperación que

se considere aplicable para otorgar los derechos en los incisos anteriores,

previo estudio de trabajo social. En casos de probada insolvencia, la

autoridad deberá determinar la exención del pago. En todos los casos deberá

actuar de manera humanitaria, anteponiendo la salvaguarda de los derechos

fundamentales.

Se incluye un nuevo artículo 12:

Debe decir: Sobre el tratamiento a migrantes guanajuatenses en

materia de sanciones administrativas de tránsito durante su internamiento a

la entidad o retorno al extranjero.

Artículo 12. A los migrantes guanajuatenses que sean sujetos de una

sanción administrativa en su tránsito de internamiento al estado o retorno al

extranjero, no se les podrá retirar documentos de identidad, licencias o

placas de sus vehículos, solamente se les podrá levantar la infracción en los

casos siguientes:

Fracción I: Cuando el infractor esté establecido temporalmente en el

municipio donde causó la infracción o sanción, deberá cubrirlo en las

ventanillas que para el efecto disponga el municipio dentro de los treinta

días siguientes a la infracción. Cuando haya transcurrido dicha temporalidad,

la autoridad municipal o estatal de que se trate, podrá determinar la

detención del vehículo en tanto no se cubra el pago en la oficina

correspondiente.

Fracción II: Cuando el infractor se encuentre en tránsito hacia o desde

otro municipio, pero dentro de la entidad, podrá liquidar la infracción en la

oficina correspondiente.


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Fracción III: Cuando el infractor se encuentre en tránsito de retorno al

extranjero o en tránsito a otra entidad, podrá realizar el pago de la infracción

correspondiente mediante depósito bancario. La autoridad guardará debido

registro del débito en tanto no sea pagado.

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, así como las

tesorerías de los municipios, determinarán los mecanismos para el

cumplimiento de las obligaciones de pago aquí citadas.

Se recorre la numeración y contenido del articulado:

Artículo 13: Las personas que pretendan emigrar del estado, podrán

comunicar al Ejecutivo del Estado a través:

III: Se incluye un nuevo artículo 19 recorriendo en contenido del

actual al artículo 20 y, de igual forma, los artículos subsecuentes.

Debe decir: Del padrón de inmigrantes extranjeros en el estado de

Guanajuato.

Artículo 19: Para fines estadísticos, evaluación e implementación de

las políticas públicas de protección a los migrantes, se crea el Padrón de

Inmigrantes extranjeros en el Estado de Guanajuato a cargo de la Secretaría

de Gobierno.

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno,

llevará a cabo conjuntamente con los municipios, acciones para promover,

fomentar, integrar, organizar y actualizar dicho padrón.

(Se recorre la numeración y contenido del articulado)

Artículo 20: Las personas que pretendan emigrar del Estado, podrán

comunicar al Ejecutivo del Estado a través…y así sucesivamente.

Por su atención, su paciencia y tolerancia, les dejo estas reservas muy

respetuosas que abonan al trato humanitario que merecen nuestros connacionales.

Gracias.


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EN CONTRA DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE

HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA

REVISIÓN PRACTICADA A LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO DE GUANAJUATO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO

TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.



En esta ocasión he solicitado el uso de esta tribuna para manifestarme en contra del

dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, correspondiente a la

revisión de cuenta pública del primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año

2012. Este dictamen abarca los últimos meses de gestión del ex gobernador Juan

Manuel Oliva Ramírez, quien ustedes saben y –de manera por demás irresponsable-,

abandonó el barco antes de concluir el período para el cual fue electo, para irse a

atender compromisos que le había encomendado su partido; el cual también es bien

sabido siempre le fue más importante que dar respuesta a los guanajuatenses. Pero

no es este el tema que nos ocupa, sino la obligación que tenemos de realizar los

exámenes que permitan revisar y verificar las cuentas públicas y determinar si su

ejercicio se ha realizado con estricto apego a las normas que nos permiten realizar

adecuadas evaluaciones.

Como los guanajuatenses conocemos, la gestión del señor Juan Manuel Oliva

Ramírez estuvo siempre plagada de irregularidades, poniendo de manifiesto su lejana

voluntad de ejercer el presupuesto de manera racional, austera y disciplinada; ¡todo

lo contrario! Durante su gobierno hubo dispendio, desvíos, discrecionalidad y un sinfín

de excentricidades en el manejo de los recursos que a la fecha no han sido

debidamente explicados y que, por tanto, no podemos aprobar.

-La C: Presidenta: Diputado, ¿me permite? Un segundo por favor.

Adelante diputado.

C. Dip. Guillermo Romo Méndez: A ver si me permite una pregunta el

diputado.

-La C. Presidenta: Diputado Gerardo Zavala, ¿permite una pregunta al

diputado Romo?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡No!, que me disculpe por favor.

C. Dip. Guillermo Romo Méndez: Eso ya está en los tribunales y lo tiene un

juez.

-La C. Presidenta: Diputado Romo, no fue acepada su pregunta. Continúe

diputado Zavala, por favor.


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C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Dentro de lo más destacable y

pongámosle nombre y apellido, están las observaciones no solventadas y consistentes

en la contratación de Juan Carlos López Rodríguez en el IPLANEG; primer Secretario

de Desarrollo Social y destacado yunquista y de la citada revisión lo que se advierte

es que no queda aclarada la necesidad de su contratación al día siguiente de su salida

de la Secretaría, y menos con una remuneración que va por encima de la

correspondiente al propio gobernador; es decir, nivel 22.

Y si bien es cierto que se dice en el dictamen que la irregularidad da lugar a

fincar responsabilidad administrativa al entonces director del IPLANEG, nuestro voto

es contra se justifica en lo limitado de los resultados, pues queda claro que no se

trata de un chivo expiatorio para seguir solapando al ex gobernador Oliva que, sin

duda, fue quien dio la orden de arropar a su hermano cofrade yunquista.

-La C. Presidenta: Un momento diputado Zavala.

Adelante diputado Juventino López.

C. Dip. Juventino López Ayala: Si el compañero diputado me permite una

pregunta.

-La C. Presidenta: Diputado Zavala, ¿permite una pregunta al diputado

Juventino López Ayala?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Con mucho gusto diputado!

C. Dip. Juventino López Ayala: Diputado, si está a favor de la transparencia,

¿por qué es que votan en contra de que se autorice una auditoría específica a la

administración de Bárbara Botello?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: No lo hemos votado en contra,

votamos en contra nada más la obvia resolución.

-La C. Presidenta: Continúe diputado.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Pero además, en el informe que

conduce al dictamen queda de manifiesto el despilfarro y desorden administrativo que

permeó en la edificación de ese elefante blanco llamado Parque Guanajuato

Bicentenario, y que deja clara la forma en que se cubrió la rampante corrupción

detrás del proyecto, pues aquí queda claro que en 2012 se le dio ampliación de

recursos para cubrir gastos autorizados en 2010 y ejercidos en 2011; lo que muestra

la indolencia con que se manejó la anterior administración, así como de la indebida

supervisión de la obra del proyecto integral del parque. Y donde se fincan, inclusive,

responsabilidades civiles, pero otra vez sólo se toma a chivos expiatorios y se deja en

la impunidad a los que concibieron y prepararon las corruptelas y, reiteramos, por ello

nuestro voto en contra, pues la consecuencia será volver a tapar a los responsables,


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pues ya anticipamos que como siempre que se turnan estos experiencias a la

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, no pasa nada.

¡Y que quede claro!, los motivos que nos orillan a votar en contra es lo limitado

de los alcances y efectos de la revisión que sólo sirven para cubrir el expediente y no

para dar respuesta al clamor de los guanajuatenses.

Estamos ante casos cerrados con heridas sociales abiertas, que quienes

solapen esta mascarada con su pan se lo coman; una vez más hago un llamado a los

compañeros a no desacreditar la complicada tarea de fiscalizar el uso de los recursos

públicos. Es tarea de todos realizar los análisis a conciencia y profundidad de cada

uno de los asuntos que nos turna la Comisión de Hacienda. Aboquémonos a estudiar y

fincar las responsabilidades que correspondan y demos así respuesta a los

guanajuatenses que tanto nos exigen ejercer el gasto con responsabilidad, austeridad

y racionalidad.

Por lo anterior, reitero mi solicitud a esta honrosa Asamblea…

-La C. Presidenta: Diputado, un momento por favor.

Diputada Lupita Torres, ¿para qué efectos?

C. Dip. Ma. Guadalupe Torres Rea: Nada más para ver si el diputado me

acepta una pregunta.

-La C. Presidenta: Diputado, ¿acepta la pregunta?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con mucho gusto.

-La C. Presidenta: Adelante diputada.

C. Dip. Ma. Guadalupe Torres Rea: Gracias. Usted diputado ha manifestado

su apoyo para la transparencia y la rendición de cuentas; entonces ¿usted estaría de

acuerdo en que iniciáramos con gobiernos estatal y municipal sin sesgo partidismo,

sin apoyos partidismos con las auditorías, estaría de acuerdo en que los diputados

iniciáramos algún trámite para alguna auditoría en el municipio de León?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: En el de León y en el de los 45

municipios restantes; esto no tiene color, no tiene partido; todos debemos pasar por

el tamiz de la rendición de cuentas, de la transparencia y de la fiscalización, ¡estoy de

acuerdo con usted!

C. Dip. Ma. Guadalupe Torres Rea: Gracias.

-La C. Presidenta: Adelante diputado.


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C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Por lo anterior, reitero mi solicitud a

esta honrosa Asamblea para que vote en contra de este dictamen.

-La C. Presidenta: Diputado un segundo por favor.

Diputado Guillermo Romo, ¿para qué efectos?

C. Dip. Guillermo Romo Méndez: Cuando termine el compañero, registrarme

para rectificación de hechos presidenta.

-La C. Presidenta: Una vez que termine el diputado Zavala le pediríamos

realice la solicitud y con mucho gusto.

Adelante diputado.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Y me sumo a la preocupación de todos

los que han abordado esta tribuna en cuanto a su inquietud de lo que esté pasando en

todo el estado, en los cuarenta y seis municipios, ¡claro que estoy a favor de que se

auditen todos, como lo mandata la ley! Y opinando –sin conceder-, que fuera cierto lo

que se ha denunciado aquí sobre algunos municipios emanados del Partido

Revolucionario Institucional, que nos preocupe mucho también lo de Pastas Finas que

–opinando sin conceder que esto tuviera una veracidad-, ¡lo de Pastas Finas está

comprobado, está auditado, está demostrado, está comprobado y hay pruebas

fehacientes documentales y no ha pasado nada! Qué bueno que su preocupación sea

la misma, que sea pareja, que sea homogénea, que sea consistente, que sea para

todos, ¡por ello les felicito!

Por lo anterior reitero mi solicitud a esta honrosa Asamblea, para que vote en

contra de este dictamen. Por su atención, su paciencia y su tiempo, muchas gracias


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EN CONTRA DEL DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y

FISCALIZACIÓN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE CONTRATACIONES

PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, FORMULADA POR EL

GOBERNADOR DEL ESTADO; ASÍ COMO A TRES INICIATIVAS A FIN DE

REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DOS

FORMULADAS POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y UNA POR EL

DIPUTADO DE LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeros diputados.

A los servidores públicos se les mide por sus realizaciones, no por sus ideas ni

por sus convicciones. Y es por los magros resultados que aporta a la vida pública la

ley que ahora se pone a nuestra consideración que el Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, por mi conducto, razona su voto en contra del dictamen

sobre la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Es así que en la confección de normas jurídicas que no son sino reglas de

carácter cuyo objeto es garantizar una convivencia armónica de los ciudadanos y de

que las instituciones públicas se orienten bajo la teleología ética de que las mismas se

instituyen para beneficio del pueblo, lo que es el sustrato del mandato que los

ciudadanos otorgan a los gobernantes.

La lucha contra todo tipo de corrupción en los procesos de licitación pública

tiene una importancia decisiva para el desarrollo económico de los países, de acuerdo

con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; de ahí la

importancia de la expedición de leyes a través de la cuales sea posible dar absoluta

transparencia en los procedimientos de contratación pública y así dar certidumbre

jurídica a las relaciones comerciales entre los sectores público y privado.

En nuestra realidad, los procedimientos de contratación pública son complejos,

a grado tal que parecen asuntos propios sólo para iniciados, indebidamente. También

es cierto que la transparencia es limitada y la manipulación es difícil de detectar, y

asimismo que son pocos los actores involucrados en los procesos, menos los que

advierten la corrupción y menos aún quienes la denuncian; pues nadie quiere estar en

alguna lista negra.

El objeto de las leyes de contrataciones públicas luego entonces, debe ser el

proveer a la transparencia en el uso de los recursos públicos y, por lo tanto,

debieran estar investidos estos procesos de la norma del principio de máxima

publicidad.


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Sin embargo esta ley que se pone a nuestra consideración es una más de las

muchas muestras que el partido gobernante ha dado muestra de gatopartdismo, de

escaso y en muchas ocasiones nulo compromiso con la transparencia y la rendición de

cuentas, aunque en el discurso se pregone lo contrario; pues esta pretendida nueva

ley bien podría definirse bajo el viejo aforismo latino: »caeteris paribus»; es decir,

que todo se cambia para seguir igual, pues en esencia esta ley es prácticamente en

un 85%, idéntica a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y

Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, que

pretende abrogar. Y es sencillo resaltar las cuatro diferencias entre una y otra:

Primero el nombre, que no sus alcances y objeto; el segundo, la inclusión de

testigos sociales; sin embargo, en este punto hay que destacar que la simple creación

de esta figura no es garantía de transparencia, pues sus alcances son muy cortos,

tanto que en sólo dos artículos se regula su existencia y operación, pues estos

testigos no son sino mirones de palo y su facultad se limita a proponer acciones de

mejora de lo que a su juicio se deba regular para mejorar los procesos, siempre a

posteriori y dar un testimonio de lo observado, sin que su opinión incida en el

proceso; es decir, se trata de un visor cuyas opiniones son como las llamadas a misa,

pues no tienen carácter vinculatorio. Esto además de que su participación es

discrecional, pues es el órgano de control quien decide en que procesos participa y en

cuáles no, cuando es interés supremo de los guanajuatenses saber con detalle el uso

de sus recursos. Y sin olvidar que será ese propio órgano quien seleccione a los

testigos según la convocatoria adoc; es decir a modo que al efecto emita. Y todavía

tiene la posibilidad de exceptuar su participación.

¡Cierto!, puede decirse que este ordenamiento está en consonancia con otros

de similar naturaleza y como no sé si es una calca de la ley tipo propuesta en la guía

práctica de compras públicas publicado por el IMCO en el 2012, pero ¡ojo! este

manual no es sino el catálogo de requerimientos mínimos y no olvidar que la misión

del legislador es plasmar en normas la voluntad popular, para que éstas sean las que

respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía que los eligieron y en un

estado como Guanajuato, cuya opacidad son rampantes y no se puede sentirse con

mínimos, la sociedad demanda máximos, exige más. A nosotros no se nos olvida la

corrupción en el DIF; no se nos olvida el despilfarro en la Expo Bicentenario; no se

nos olvidan Cereales y Pastas Finas; no se nos olvida la asignación de contratos a los

yernos del ex gobernador Oliva. Y todo eso tuvo su origen en contrataciones por parte

del estado.

El tercer aspecto es la persistencia de la falta de transparencia y el

compromiso con el combate a la corrupción en las contrataciones públicas por

mejores reglas para mayores resultados y procesos más expeditos, como podría ser la

propuesta de contratos marco; no como lo que pretende el artículo 15 del dictamen,

pues otra vez sólo aplica para casos de excepción y reiteramos, sigue sin darse el

paso necesario de tener la licitación pública como regla general y sólo para

excepcionales casos las invitaciones restringidas o la adjudicación directa; de tal


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forma que se evite la trampa de dividir o preseleccionar las contrataciones para darle

la vuelta a la ley.

Y aún más, pues sigue siendo público lo que ya era privado; pero atentos a

que -como ya señalábamos- es difícil detectar la manipulación en estos procesos de

suyo complejo. Deberíamos haber dado desde la ley los requisitos mínimos para

participar y no dejarlo a las bases y dar elementos mínimos de certeza como que

todos los participantes no sólo estén dados de alta en el SAT, sino al corriente en sus

obligaciones y también con el IMSS e INFONAVIT; que los participantes presenten

cartas de recomendación de las contrataciones con el sector público de cualquier nivel

con que hayan realizado contratos; acreditar de los tres órdenes de gobierno no haber

sido sancionados, así como haber cumplido en tiempo, forma y calidad con lo

contratado; pues luego ahí están las trampas pues para unos casos la convocante fija

unos requisitos, mismos que omite para otros casos y su capacidad técnica y

económica de forma que nunca se tuviera que recurrir a dar anticipos de lo

contratado, sino que se pague contra producto entregado a satisfacción.

Pero además, no olvidar que se contrata a precio bajo y luego se autorizan

ampliaciones, escalatorias u otras formas de simulación, donde se ocultan la colusión,

el cohecho y el tráfico de influencias.

De igual manera siguen siendo privados actos de capital importancia como las

evaluaciones cualitativas de las propuestas, pues si bien es pública la apertura de

ofertas en esa fase, solo se revisa un cumplimiento cuantitativo de los requisitos y ya

después, en la soledad del escritorio de la convocante, se dice quien cumple y quién

no. Y cierto también es público el fallo, pero el proceso de evaluación que lo arroja

como resultante sigue siendo privado.

Y también advertimos una perenne obsesión del sector público de privilegiar el

bajo costo, cuando lo que debe privilegiarse es la calidad de contratado, trátese de

obras, bienes o servicios; pero entiéndase, lo que la sociedad demanda es que no se

dilapide el recurso público, que se gaste con honestidad y racionalidad; y si la

competencia fuera conforme a reglas abiertas de mercado sería el efecto natural el

tener precios más bajos, pero ante las reglas que no permiten la participación en

condiciones de equidad para todos los interesados, esto es sólo un buen deseo, como

lo es el de las MIPYMES.

Diferente caso sería si por ley se hubiera determinado un esquema de

calificación objetivo como es el caso de evaluación por puntos y porcentajes, lo que es

más transparente que adjudicaciones directas que llaman abastecimiento simultáneo,

a las micro y pequeñas empresas en un esquema paternalista que va contra los

principios de la economía de mercado.

La cuarta pretendida innovación es la inclusión de un Capítulo I en el titulo

Decimo, relativo a los mecanismos de solución de controversias, y que se refieren a la

conciliación y al arbitraje y que no son sino formas de composición amigable del

proceso de controversia y cuyo cometido es evitar su judicialización, lo que en sí ya


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no es una innovación en nuestro sistema jurídico, en atención a la supletoriedad a que

refiere el propio artículo 20.

¡Qué pena que se siga confundiendo lo grandote con lo grandioso!, ¡Lo brilloso

con lo brillante!, como este producto legislativo es inconsecuente, nuestro voto es en

contra del dictamen en lo general. Muchas gracias por su tiempo, su paciencia y

atención.


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INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL,

DELIBERANDO LAS RESERVAS DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I DE LAS LEYES

DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE APASEO EL GRANDE, CORONEO,

CORTAZAR, JARAL DEL PROGRESO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,

PURÍSIMA DEL RINCÓN, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, SAN FELIPE, SAN

FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN JOSÉ ITURBIDE, SAN LUIS DE LA PAZ, SAN

MIGUEL DE ALLENDE, SANTA CATARINA, SANTIAGO MARAVATÍO, SILAO,

TARIMORO Y URIANGATO, GTO.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con el permiso de la presidenta.

Con fundamento en los artículos 157, 159 y 167 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado libre y soberano de Guanajuato, presento reserva en lo

particular, del Artículo 14, fracción I de la Ley de Ingresos de los Municipios de

Apaseo el Grande; Coroneo; Cortazar; Jaral del Progreso; Santa Cruz de Juventino

Rosas; Purísima del Rincón; San Diego de la Unión; San Felipe; San Francisco del

Rincón; San José Iturbide; San Luis de la Paz; San Miguel de Allende; Santa Catarina;

Santiago Maravatío; Silao; Tarimoro; y Uriangato; para el ejercicio fiscal 2015 en la

parte relativa a la exención de cobro del servicio de suministro de agua potable en la

modalidad de servicio medido a las escuelas públicas y se presentan en bloque toda

vez que se trata de la misma situación y la propuesta es la misma, en esencia.

ANTECEDENTES

Formulamos nuestra oposición como Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional de que se imponga la exención al pago de las cuotas de

agua potable, drenaje y alcantarillado a las escuelas públicas, a todos aquellos

municipios donde sus ayuntamientos determinaron de manera libre sí cobrar dicha

contribución.

Lo anterior en virtud a que es potestad de los ayuntamientos decidir sobre su

hacienda y que no corresponde a este Congreso obligarles a sufragar el costo de un

servicio como el del agua a favor de las escuelas públicas, ya que representa un daño

a su erario y dicho servicio debe ser pagado por quien lo utiliza; siendo, en todo caso,

responsabilidad de Gobierno del Estado el pagarlo.

Esta exención a la que quiere obligarse a todos aquellos municipios que

manifestaron su decisión de no hacerla, contraviene lo dispuesto por el artículo 115

constitucional y se aparta de la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación expresada en abril del año 2010, en la que se aclaró que el

beneficio de exención contenido en la fracción IV inciso c) del artículo 115

constitucional se refería a la dispensa en el pago del impuesto predial; pero no era

aplicable a los derechos por suministro de agua potable.

La jurisprudencia en cita es la siguiente:


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DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA BIENES DEL

DOMINIO PÚBLICO. NO ESTÁN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN PREVISTA

EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, REFORMADO

MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, AL CUAL REMITE EL NUMERAL 122, APARTADO

C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO B), ÚLTIMO PÁRRAFO, AMBOS DE LA

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Donde se afirma, de manera resumida, que »la exención relativa sólo opera

respecto de los tributos sobre la propiedad inmobiliaria, por ser el único caso en el

que la calidad de bien de dominio público es determinante para el surgimiento de la

obligación fiscal, no así en relación con las contribuciones como son los derechos por

el servicio de suministro de agua potable, que se causan sin atender a la calidad del

bien del dominio público, sino por la simple prestación del servicio público que

amerita, por regla general, una contraprestación.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales

Colegiados Décimo Quinto y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer

Circuito. 17 de marzo de 2010. Cinco votos. El Ministro Sergio Salvador Aguirre

Anguiano votó con salvedades. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: David

Rodríguez Matha.

Tesis de jurisprudencia 40/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de marzo de dos mil diez.

Además de lo anterior, es importante mencionar que el iniciante señaló que a

partir del año 2010 cuando el Congreso del Estado otorgó este beneficio a las

instituciones escolares oficiales, se generó un incremento notable en los consumos.

En los años siguientes el volumen fue en aumento ante la circunstancia de

hacer uso del agua sin la obligación de pago, lo que generó un rompimiento con el

esquema de cultura del agua que diversos municipios venía implementando en las

escuelas donde, según el iniciante, los alumnos habían asumido con responsabilidad el

uso razonable del agua en respuesta a las campañas de concientización, pero la

medida de gratuidad afectó el proceso y lo revirtió al grado de que ahora en muchas

escuelas se tiene uso dispendioso del agua natural.

El incremento en los volúmenes no sólo se originó por el aumento en el uso

directo de los alumnos, del personal académico y del administrativo; sino que se tuvo

un elemento más en el sentido de que al no haber obligación de pago se disminuyó el

mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y, con ello, se generaron

mayores fugas.

Entendemos que con este beneficio de exención se trató de disminuir las

cargas a los padres de familia que son los que generalmente aportan recursos extras

para que las escuelas hagan frente a sus obligaciones; pero en estricto sentido, el

sujeto pasivo y responsable de la contribución es la instancia de gobierno que está


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obligada a generar los servicios educativos para los alumnos, con las

responsabilidades que de ello deriven; de tal forma que si en la nueva Ley de

Educación se precisa la responsabilidad del nivel de gobierno responsable de

garantizar los servicios educativos, serían ellos quienes tendrían que generar las

partidas presupuestales para que las escuelas hagan el pago de sus servicios por

suministro de agua potable, de la misma forma que lo hacen para el pago de energía

eléctrica, servicios telefónico y otros servicios necesarios para la operación de sus

planteles.

La nobleza y generosidad de la medida que otorga el Congreso del Estado tiene

efecto sobre el prestador de servicios y, en este caso, afecta directamente la

recaudación de los organismos operadores del agua, porque cada metro cúbico de

agua que se hace llegar a los planteles educativos y que no se cobra por las

disposiciones de la Ley de Ingresos, le cuesta al organismo tanto como cualquier otro

metro cúbico que es suministrado a los hogares, los negocios y las industrias; y todos

estos usuarios sí asumen su obligación de pago, quedando solamente pendiente la

que corresponde al sector educativo en donde no debe ser el organismo operador en

quien absorba los efectos de esta medida, ya que al hacerlo se disminuyen las

capacidades de respuesta y se aparta parcialmente de la meta de generar servicios en

calidad y cantidad suficiente para los ciudadanos.

Además, pedimos que en todas las leyes de ingreso de los municipios se

establezca con toda claridad que el cobro que hagan los sistemas operadores por el

servicio del agua potable y drenaje a las escuelas públicas, sea únicamente al

Ejecutivo del Estado y que bajo ninguna causa las asociaciones de padres de familia o

los padres de familia, en lo particular, paguen por el servicio de agua de las escuelas

por no ser el sujeto obligado el sujeto pasivo; tal y como lo ordena el artículo 126 de

la Ley de Educación del Estado de Guanajuato, decretada por la pasada Sexagésima

Primera Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 7 de noviembre

del 2011.

Además, ya ha hemos manifestado en el Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional estar en contra de la posibilidad de que se cargue a los

padres de familia el cobro de agua en las escuelas, pues en atención a las reciente

reforma a la Ley General de Educación ya no se permiten las cuotas obligatorias en

las escuelas públicas y es inconcuso que con esta tramposa redacción se tendrá el

efecto de que tarde o temprano los padres tendrán la obligatoriedad de cubrir el

costo, dado que querrán para sus hijos la garantía de un servicio básico para efectos

de salubridad; por ello nos reservamos el penúltimo párrafo de la fracción I del

artículo 14 de los decretos mencionados y puestos a consideración de esta Asamblea,

para que se suprima la tabla impuesta por las Comisiones Unidas, toda vez que el

municipio iniciante no tiene contemplada la asignación gratuita a los planteles

educativos; por lo que pedimos se suprima este párrafo, la tabla y el párrafo

subsecuente; para que en términos generales dice, así el artículo 14:


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»Las instituciones educativas públicas tendrán una asignación mensual gratuita

de agua potable en relación a los alumnos que tengan inscritos por turno y de

acuerdo a su nivel educativo, conforme a la tabla siguiente:

Nivel

escolar

Preescolar

Primaria y

secundaria

Media

superior

y

superior

Asignación

mensual

en m3 por

alumno

por turno

0.44 m3

0.55 m3

0.66 m3

Cuando sus consumos mensuales sean mayores que la asignación volumétrica

gratuita, se les cobrará cada metro cúbico de acuerdo a las tarifas para uso doméstico

contenidos en la presente fracción.

Proponemos por lo anterior y en favor de los usuarios del servicio de educación

pública en el estado, se eliminen los párrafos precitados y su tabla y, en su lugar, la

colocación del siguiente párrafo en el apartado que corresponda y en el artículo

referido a los servicios de agua potable en cada una de las leyes de ingresos

municipales, para que diga:

«Bajo ninguna causa los padres de familia harán aportaciones económicas para

el pago de los servicios públicos de suministro de agua potable y de drenaje,

tratamiento y disposición de aguas residuales, por ser esta obligación exclusiva del

estado tal y como lo marcan las leyes« Por su tiempo, atención y tolerancia, muchas

gracias.


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INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL A EFECTO

DE DESAHOGAR DIVERSAS RESERVAS DEL DICTAMEN RELATIVO A LA LEY

PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.




Con fundamento en los artículos 156, 157, 159 y 167 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, presentamos las

siguientes reservas en lo particular para modificar el decreto en el proyecto de

dictamen de reforma y adiciones que hoy se pone a nuestra consideración, a la Ley

para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los

Municipios de Guanajuato en los siguientes artículos: artículo 3, Fracción XXIII;

artículo 12, Fracciones I y II; artículo 37 Bis. Primer, segundo, tercer y

cuarto párrafo y se elimina el último párrafo; artículo 37 Ter. Primer párrafo,

supresión del párrafo dos, y reforma al párrafo tres; artículo 55, Tercer

párrafo; artículo 58 Ter; artículo 61 Bis. Primer Párrafo; artículo 61, Ter.

Primero, Segundo y Tercer Párrafo; artículo 70, Tercer y Cuarto Párrafo;

artículo 78 Quinquies. Fracción III; artículo 78 Sexies. Segundo Párrafo;

artículo 78 Octies. Último párrafo; artículo 87 Bis. Tercer Párrafo; y artículo

102. Octies; atendiendo los siguientes

ANTECEDENTES

Hemos dado nuestra aprobación en lo general a la serie de reformas y

adiciones hechas a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el

Estado y los Municipios de Guanajuato, que ha presentado el titular del Ejecutivo del

Estado de Guanajuato, por coincidir en la necesidad de armonizar nuestra legislación

a los preceptos en la materia, a los que obligan la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, entre otras.

El modelo nacional busca la alineación de sistemas y métodos presupuestarios

en toda la República, en virtud de la concurrencia de recursos fiscales y de la gran

necesidad, en el estado social y democrático de derecho en que vivimos, de

transparentar el uso de la hacienda pública, tener eficiente la tarea gubernamental y

rendir cuentas a la ciudadanía, que con sus contribuciones financia las políticas

públicas.

Este esfuerzo de coordinación, fiscalización, transparencia y rendición de

cuentas, se ha acentuado en la presente administración del Presidente Enrique Peña

Nieto, distribuyendo los beneficios, pero también las responsabilidades de la disciplina

financiera y el manejo honesto de los recursos entre los Poderes de la Federación y

las entidades federativas.


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Por ello, nos congratulamos que en su tercer año de ejercicio legal, el

Gobernador Miguel Márquez Márquez, haya comenzado a integrar en su manejo

presupuestario el principio de racionalizar el gasto público a partir de una dinámica de

planeación, de evaluación del desempeño, del contraste de resultados y de

responsabilidad para los servidores públicos en el uso y administración de los recursos

públicos.

Consideramos que la ruta aún es larga y que se han presentado evasivas en

diversos funcionarios al cumplimiento de los citados principios, pero que es mejor

comenzar a caminarla que a buscar veredas para evadir la modernización en el

ejercicio del gasto público.

Esta reforma va en ese camino, sin embargo, derivado de nuestro análisis

hemos encontrado, a nuestro juicio, deficiencias o situaciones que afectan la

autonomía municipal, la división de poderes o la participación ciudadana; así como

algunas omisiones en las obligaciones que se imponen en materia de evaluación del

desempeño, formulación de iniciativas o publicitación de obligaciones.

Por lo anterior es que con fundamento en los artículo 156, 159 y 167 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,

presentamos las siguientes reservas en lo particular al decreto en el proyecto de

dictamen de reforma y adiciones, que hoy se pone a nuestra consideración, a la Ley

para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los

Municipios de Guanajuato, ya mencionadas, mismas que pongo a su disposición,

para su discusión y votación por esta Honorable Asamblea.

ARTÍCULO 3. FRACCIÓN XXIII.

Presentamos la siguiente reserva, a fin de solicitar el cambio de

denominación de Asignaciones Presupuestales por el de Asignaciones

Presupuestarias, en virtud que el correcto uso es este último, por ser el vocablo

técnico utilizado en la Contabilidad Gubernamental de habla española y por la propia

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se demuestra en sus Manuales de

Programación y Presupuesto.

De esta forma, homologamos términos dentro de la lógica de armonización de

Coordinación Fiscal y Contabilidad Gubernamental entre Federación, estados y

municipios.

Por lo expuesto, proponemos a esta Honorable Asamblea la siguiente

modificación:

DICE:

ARTÍCULO 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:


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XXIII. Asignaciones presupuestales: La ministración que de los recursos

públicos aprobados por el Congreso del Estado mediante el Presupuesto General de

Egresos del Estado previstos en los ramos a ejercer, realiza el Ejecutivo Estatal a

través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a los Poderes

Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, Dependencias y Entidades;


XXIII. Asignaciones presupuestarias: La ministración que de los recursos

públicos aprobados por el Congreso del Estado mediante el Presupuesto General de

Egresos del Estado previstos en los ramos a ejercer, realiza el Ejecutivo Estatal a

través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a los Poderes

Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, Dependencias y Entidades.

Por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor.

ARTÍCULO 12. FRACIONES I Y II.

Nos reservamos el presente artículo en virtud al siguiente razonamiento: La

reforma plantea modificar el párrafo introductorio estableciendo que los ingresos de la

Hacienda Pública estatal se conforman a partir de aquellos señalados en las fracciones

ya existentes, cuya redacción no fue modificada, siendo que todos ellos son ingresos,

por lo que la palabra ingresos, por sintaxis no debe permanecer en las fracciones,

dado que ya son aludidos en lo general.


modificación:

ARTÍCULO 12. Los ingresos de la Hacienda Pública en el ámbito estatal y

municipal, se conforman por:

I. Los que adquiera por subsidios, legados, donaciones o cualesquiera

otra causa de la misma naturaleza;

II. Los públicos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones

de mejoras, productos y aprovechamientos que autoricen las Leyes Fiscales

correspondientes.

Por lo que pedimos su respetuoso apoyo a nuestra propuesta.

ARTÍCULO 37 BIS. 1º., 2º, 3ER. Y 4º. PÁRRAFO Y SE ELIMINA EL

ÚLTIMO PÁRRAFO.

Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento:

Consideramos que la redacción presentada por el iniciante deja en manos del


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Ejecutivo, de manera riesgosa por la condición de subjetividad que pudiera existir,

una tarea de dictaminación en materia de iniciativas de ley o decreto, que podría

afectar los proyectos de entidades autónomas y de otros iniciantes, como lo son los

municipios o ciudadanos que cumplan los porcentajes señalados para iniciar leyes,

que nos fueron contemplados en la presente reforma.

Por ende es pertinente, eliminar el deber de acompañar dictámenes de

evaluación del impacto presupuestal, dejando en manos del Legislativo todo acto de

dictaminación.

Así como la supresión del último párrafo del artículo, en virtud de que una vez

aprobada una ley, existe la obligación del Ejecutivo de hacer los ajustes necesarios y

prever en la esfera administrativa la exacta observancia de la ley. Hecho, que con la

presente iniciativa se pretende evadir o al menos obliga a los iniciantes a hacer tareas

de cálculo, fuera de sus competencias o posibilidades.


modificación:

ARTÍCULO 37 BIS. Cuando se presenten iniciativas de ley o decreto ante el

Congreso del Estado, para su dictamen deberá contar con un estudio de

evaluación del impacto presupuestal, siempre y cuando se verifique cualquiera de los

siguientes supuestos:

En aquellas iniciativas de ley o decreto que se presenten por el titular del

Poder Ejecutivo, el estudio sobre la evaluación del impacto presupuestal se formulará

por la Secretaría.

Asimismo, la Secretaría elaborará dicho estudio en los anteproyectos de

reglamentos, decretos y acuerdos que se sometan a consideración del titular del

Poder Ejecutivo, cuando se presente alguno de los supuestos establecidos en las

fracciones que anteceden.

Los poderes, cuando así proceda, formularán en el ámbito de sus competencias

el estudio sobre la evaluación del impacto presupuestal.

Se suprime el último párrafo.


ARTÍCULO 37 TER. 1ER. PÁRRAFO, SUPRESIÓN DEL 2º. PÁRRAFO Y

REFORMA AL PÁRRAFO 3º.

Nos reservamos el presente artículo, por el siguiente razonamiento: Con base

a la reserva del artículo anterior (37 Bis) se solicita adecuación a este artículo a fin de

dejar la atribución de elaborar estudios de evaluación sobre el impacto presupuestal a

la Secretaría, además de suprimir la atribución de emitir recomendaciones que


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podrían vulnerar la autonomía de iniciativa de actores como municipios o ciudadanos,

bajo el supuesto ya presentado en el artículo anterior.

También se debe hacer la adecuación en el último párrafo para que haya

consonancia entre atribución y actores. Por lo expuesto, proponemos a esta

Honorable Asamblea la siguiente modificación:

ARTÍCULO 37 TER. La Secretaría, para la elaboración de evaluación sobre

el impacto presupuestal de las iniciativas y anteproyectos respectivos, podrá solicitar

la información necesaria, así como otros datos que faciliten su emisión.

En los poderes Legislativo y Judicial, dicha atribución la tendrán las

unidades administrativas que se determinen en el ámbito de sus respectivas

competencias.


ARTÍCULO. 55. TERCER PÁRRAFO.

Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento: Resulta

paradójico e imposible de cumplir el mandato de tomarse medidas permanentes de

reducción del gasto.

Hacer de la reducción del gasto una medida permanente por parte de los

sujetos que ejercen el presupuesto, estaríamos ante el supuesto legal de seguir

aplicando alguna medida a pesar de que se haya logrado el equilibrio sensato de

gasto corriente para el cumplimiento de una ley u ordenanza administrativa e,

inclusive, rebasar la línea que implique carecer de los medios suficientes para cumplir.

Mejor es sólo hacer todas las medidas posibles de racionalización del gasto

pero no establecer la disposición legal para lo imposible. Por lo expuesto, proponemos

a esta Honorable Asamblea la siguiente modificación:

ARTÍCULO 55. Los sujetos de…

Asimismo deberán establecer en las disposiciones administrativas respectivas,

las medidas para la racionalización del gasto corriente, previendo un uso eficaz y

transparente de los recursos públicos.


ARTÍCULO. 58 TER.

Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento: Se solicita

que en un sentido de transparencia y en concurrencia a otras medidas que se han

incorporado en la presente reforma, también se hagan públicos los criterios de

validación que emita el área de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, siendo esta


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área de trascendencia sobre la imagen pública del Gobierno del Estado e instancia

coordinadora de sus políticas de propaganda y comunicación, de innegable valor

político y social.


modificación:

ARTÍCULO 58 TER. Para el ejercicio de los recursos correspondientes a los

gastos de difusión, las Dependencias y Entidades de la administración pública estatal

requerirán sin excepción, de la validación del área u órgano competente en materia

de comunicación social del Poder Ejecutivo, por lo que a más tardar el último día

de marzo deberán publicarse los criterios de validación para su ejercicio.


ARTÍCULO. 61 BIS. PRIMER PÁRRAFO.

Nos reservamos el presente artículo, por el siguiente razonamiento: En la

redacción del presente artículo, existe una incorrección, el ente jurídico responsable

de la firma de convenios u otros instrumentos jurídicos no son las dependencias, que

carecen de personalidad para ello, sino el titular del Poder Ejecutivo Estado conforme

al artículo 77 de la Constitución Política; por lo expuesto, proponemos a esta

Honorable Asamblea la siguiente modificación:

ARTÍCULO 61 BIS. Cuando se suscriban convenios u otros instrumentos

jurídicos por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Entidades u

Organismos Autónomos con la Federación, que impliquen concurrencia o aportación

de recursos por parte del Estado, las mismas estarán sujetas a la disponibilidad

presupuestal que al efecto determine la Secretaría.

Por lo que pedimos, de manera respetuosa, su voto a favor.

ARTÍCULO 61. TER. 1ER., 2º. Y 3ER. PÁRRAFOS.

Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento: Las

ampliaciones líquidas han sido recursos ejercidos a discrecionalidad por el Ejecutivo

del Estado con base a excedentes en sus ingresos, vulnerando el sentido del gasto

aprobado por el Congreso del Estado, por ende, este mecanismo deberá

transparentarse, por lo que proponemos que el Ejecutivo solicite al Poder Legislativo

su autorización para la aplicación de las ampliaciones líquidas; por lo que proponemos

la fusión de los párrafos primero y segundo.

Además, se incluye en el tercer párrafo a las políticas de igualdad de género,

dado que nuestro estado presenta carencias y atrasos históricos en esta materia por

lo que como política pública de índole social y de derechos humanos, bien podría

verse estimulada con estos recursos. Por lo expuesto, proponemos a esta Honorable

Asamblea la siguiente modificación.


SECRETARÍA GENERAL


Y ARCHIVO GENERAL

ARTÍCULO 61 TER. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría,

podrá realizar ampliaciones líquidas cuando se obtengan recursos

adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos para el Estado de

Guanajuato para el ejercicio fiscal correspondiente, requerirá la autorización

del Congreso del Estado para poder ejercerlos.

Las ampliaciones líquidas deberán ser destinadas a los rubros de gasto social,

generación de empleos, vivienda, seguridad pública, políticas a favor de la

igualdad de género, infraestructura deportiva, obra pública u otros análogos en

materia de inversión pública y habrán de reflejarse en la cuenta pública estatal.


ARTÍCULO 70. 3ER. Y 4º. PÁRRAFO.

Nos reservamos el presente artículo, modificando los citados párrafos en virtud

del siguiente razonamiento: En el tercer párrafo basta con que se estipule que la

excepción se ciña a la referencia de leyes y no a las aplicables, porque no existen las

no aplicables.

Por otra parte, proponemos modificar el cuarto párrafo en razón a que la

responsabilidad del cumplimiento de los objetivos del modelo de Presupuesto Basado

en Resultados es para todos los servidores públicos, sin distingo de pertenencia a

alguno de los Poderes, pues su correcta aplicación permite un mejor gobierno.

Por esta razón es que en el cuarto párrafo debe hacerse también sujeto de la

misma obligación a los servidores del Poder Ejecutivo y no sólo a los otros dos

poderes, no hacerlo así, parecería que la se deja una brecha de incumplimiento a

quienes, precisamente, ejercen en su mayor parte el presupuesto. Lo cual sería

paradójico, incorrecto e irrespetuoso entre poderes, en la medida de que la iniciativa

viene del Ejecutivo, lo que se vería como una imposición contra los demás poderes.

La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo

108 y la Local en su artículo 122, establece las responsabilidades de los servidores

públicos y define quienes son estos. Por lo expuesto, proponemos a esta Honorable

Asamblea la siguiente modificación:

ARTÍCULO 70. Los ejecutores...

En el caso…

No deberán acordarse erogaciones que impidan el cumplimiento de las metas

aprobadas en los programas presupuestarios, excepto cuando las leyes así lo

permitan.


SECRETARÍA GENERAL


Y ARCHIVO GENERAL

Los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así

como de los Organismos Autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias,

serán sujetos de responsabilidad por el incumplimiento a las disposiciones previstas

en este artículo.


ARTÍCULO 78 QUINQUIES. FRACCIÓN III.


Consideramos que en el ejercicio del gasto de inversión pública, debe darse prioridad

también a las políticas de igualdad de género y atención a los sectores vulnerables,

por ser necesario para alcanzar justicia social y lograr armonía en nuestra sociedad

desde el gobierno con su transversalidad y hacia la sociedad en todos los ámbitos.

En este sentido, es importante señalar que los distintos Poderes tenemos el

compromiso de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y

permitir el acceso al empleo sin discriminación, así como establecer acciones a fin de

prevenir el acoso y hostigamiento sexual y/o la violencia laboral o cualquier otra

conducta inapropiada fomentando un ambiente sano y condiciones de trabajo

armoniosas, de la misma forma que salvaguardar los derechos humanos y el

bienestar de los sectores vulnerables de la población.

Para todos estos casos, es necesario aplicar recursos que hagan realidad estos

anhelos, ya sea con obras o apoyando proyectos productivos y sociales, de manera tal

que en una sociedad injusta aún, como la nuestra, con mujeres, adultos mayores, la

infancia y las personas con discapacidad, tenemos la obligación ética de generar los

programas y aplicar los recursos suficientes para corregir estas notables condiciones

de desigualdad e injusticia histórica.


modificación:

ARTÍCULO 78 QUINQUIES. El ejercicio del gasto de inversión pública estatal

deberá sujetarse a lo siguiente:

III. Se otorgará prioridad a las obras y proyectos productivos, así como a los

vinculados a los servicios de beneficio social y económico, tales como agua potable,

alcantarillado, comunicaciones, salud, vivienda y equipamiento rural, procuración de

justicia, educación, sistemas de abasto y comercialización y medio ambiente,

políticas de igualdad de género y atención a sectores vulnerables:

Por lo que pedimos su respetuoso apoyo a nuestra propuesta.

ARTÍCULO 78 SEXIES. 2º. PÁRRAFO.


SECRETARÍA GENERAL


Y ARCHIVO GENERAL

Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento: Adecuar

nuestra forma de presupuestar el gasto público con base a resultados y exigencias de

transparencia y rendición de cuentas, implica todo un sistema de actos concatenados

para el cabal cumplimiento de los objetivos de este propósito, que es el uso racional

del gasto, haciéndolo eficiente y eficaz, transparente y haciendo responsables a los

servidores públicos de lograrlo.

Sin embargo, si dejamos alguna de las partes sin precisión de fecha para su

cumplimiento, estamos dejando una discrecionalidad que a la postre puede perjudicar

todo el sistema. Y como discrecionalidad representaría una excepción al principio de

legalidad.

Por ejemplo, a nivel federal el cumplimiento de los programas

gubernamentales se ciñe a reglas de operación precisas que se publican en el Diario

Oficial de la Federación. En este caso, las dependencias publican en el primer

bimestre del año sus reglas de operación, a fin de no incurrir en vacíos que afecten la

legalidad de sus actos.

Este es el caso, este artículo impone la publicación de reglas de operación,

pero no especifica cuándo deberán publicarse. Por ello y porque en distintos apartados

se observa que en el primer trimestre del ejercicio fiscal deben cumplirse diversas

obligaciones es que proponemos que en este caso se cumpla con la publicación de las

reglas de operación a más tardar la última semana de marzo, con lo que también

damos certeza al accionar del gobierno en este apartado.


modificación:

ARTÍCULO 78 SEXIES. Los titulares de las Dependencias…

Las reglas de operación a que se refiere el presente artículo, deberán emitirse

y publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a más tardar la última

semana de marzo.


ARTÍCULO 78 OCTIES. ÚLTIMO PÁRRAFO.


Reconocemos la necesidad de que los municipios evalúen los resultados del ejercicio

de los recursos de su Hacienda. Sin embargo, la redacción del presente artículo

resulta confusa en su último párrafo, afirmando que para cada obra, que podría ser

cualquiera, hasta la más pequeña, los ayuntamientos deberán operar las contralorías

sociales, lo que en estricto apego significaría tener una contraloría social, como sujeto

por obra, mientras que lo correcto es que en cada obra haya la evaluación, a partir de

la evaluación que se opera dentro de los programas de contraloría social.


SECRETARÍA GENERAL


Y ARCHIVO GENERAL

Por lo expuesto, proponemos a la Asamblea la siguiente modificación:

ARTÍCULO 78 OCTIES. Con el objeto de asegurar…

I al VI…

Para contribuir con el propósito señalado en la fracción anterior, así como para

coadyuvar en la evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos, los

Ayuntamientos deberán operar sus programas de contraloría social en cada una

de las obras que se realicen por los municipios.


ARTÍCULO 87 BIS. TERCER PÁRRAFO.


Consideramos que en aras de la transparencia y rendición de cuentas, debe

ejercitarse el principio de máxima publicidad, conociendo quienes son aquellos a

quienes se ha contratado como prestadores de servicio.

La noción de máxima publicidad está justificada porque la información

generada y controlada por el estado, a través de sus múltiples instituciones, no es de

propiedad e interés privado; sus contenidos y usos potenciales conciernen a la

colectividad, es pública por definición; además ha sido generada y conservada con

recursos públicos.

Un régimen democrático no puede funcionar de manera secreta. La fórmula

gobierno del poder público es público, que se utiliza para definir a la democracia,

supone que los actos de los gobernantes son legítimos y justificables sólo en la

medida en que son de conocimiento de la comunidad de los ciudadanos.

La publicación de a quienes se contrata con el dinero de los ciudadanos para

que presten un servicio al estado, resulta ejemplar si se desea cumplir con estos

principios democráticos y el propio propósito del gobernador de que su administración

deje de ser una de las más opacas del país, como evaluó el CIDE.

Y esta es la legislación que apuntala el ejercicio y control de los recursos

públicos, que demanda transparencia y rendición de cuentas. Por lo expuesto,

proponemos a esta Honorable Asamblea la siguiente modificación:

…

DICE:

ARTÍCULO 87 BIS. Las Dependencias…

I al IV…

En todos los casos…


SECRETARÍA GENERAL


Y ARCHIVO GENERAL

Los contratos que cumplan con las disposiciones a que se refieren las

fracciones I, III y IV del presente artículo, sólo requerirán de registro ante la

Secretaría. Tratándose de las entidades, además se apegarán a los acuerdos

respectivos de sus órganos de gobierno.

ARTÍCULO 87 BIS. Las Dependencias…

I al IV…

En todos los casos…

Los contratos que cumplan con las disposiciones a que se refieren las

fracciones I, III y IV del presente artículo, sólo requerirán de registro ante la

Secretaría. Tratándose de las entidades, además se apegarán a los acuerdos

respectivos de sus órganos de gobierno. Las listas de prestadores de servicios,

por dependencia, dentro del primer mes de su contratación, deberán

publicarse en sus portales electrónicos y de la Secretaría, debiendo precisar

programa al que se adscribirán y las metas que deberán cumplir.


ARTÍCULO 102. OCTIES.

Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento: En este

apartado, al igual que la publicación de reglas de operación, debe homologarse al

último día hábil del mes de marzo, la publicación de las metodologías e indicadores

para la evaluación del desempeño, además de armonizarlo con las obligaciones

trimestrales de informe que se impone a los sujetos de esta ley.

Es tiempo más que suficiente para preparar dicha información y presentarse al

interior de los Poderes, con lo que los servidores públicos podrán armonizar su

actuación a todo el sistema de control, que ahora propone esta legislación. Esto a fin

de que puedan cumplirse en tiempo y forma con los objetivos del presupuesto basado

en resultados.


modificación:

ARTÍCULO 102 OCTIES. La Secretaría, las Tesorerías y los Órganos de

Administración, de los Poderes Legislativo, Judicial y los Organismos Autónomos, en el

ámbito de sus respectivas competencias, publicarán en Internet a más tardar el

último día hábil del mes de marzo del ejercicio fiscal correspondiente, las

metodologías e indicadores para las evaluaciones del desempeño, a fin de darlos a

conocer a los ejecutores del gasto.


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Y ARCHIVO GENERAL

Por lo que pedimos, de manera respetuosa, su voto a favor. Por su paciencia,

tolerancia y atención, muchas gracias.


SECRETARÍA GENERAL


Y ARCHIVO GENERAL

MANIFESTÁNDOSE EN CONTRA DE LOS DICTÁMENES PRESENTADOS

POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVOS A LAS

INICIATIVAS FORMULADAS POR DIVERSOS AYUNTAMIENTOS, A EFECTO DE

QUE SE LES AUTORICE LA CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con la anuencia de la presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores.

Acudo ante ustedes para solicitarles a nombre del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional, un momento de reflexión y su voto en contra de

los dictámenes que cierran el paso a la contratación de deuda pública destinada a

proyectos de infraestructura para los municipios de Manuel Doblado, Pénjamo,

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San Miguel de Allende,

Comonfort, Acámbaro, Salvatierra, Doctor Mora, Huanímaro, Villagrán y Celaya,

además de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de este último

municipio.

Anteriormente esta legislatura había autorizado la contratación de deuda al

gobernador y su administración por 1,379 millones 950 mil pesos; a San Francisco del

Rincón por 22 millones, a Cuerámaro por 8 millones 200 mil pesos; a Santa Cruz de

Juventino Rosas hasta por 35 millones de pesos; León por 540 millones de pesos,

Irapuato por 200 millones; Silao por 290 millones 235 mil pesos y Salamanca por 75

millones de pesos.

Las diputadas y los diputados priistas hemos sido defensores en esta tribuna

de la máxima disciplina en la contratación de empréstitos y en su fiscalización, al

grado que hemos presentado sendas iniciativas para armonizar nuestra legislación,

para reforzar la obligación no sólo de municipios sino también de Gobierno del Estado,

para que los financiamientos obtenidos se apliquen realmente a inversión pública

productiva; e incluso hemos ido más allá y solicitado que los servidores públicos sean

responsables ante la justicia por el manejo indebido de dichos recursos; otorgando a

la entidad estatal de fiscalización la atribución de investigar en todo momento las

acciones del gobierno estatal y municipal en materia de deuda pública.

Sin embargo, nuestra postura por demandar la mayor de las disciplinas no se

confronta con nuestra convicción de que la deuda pública constituye una valiosa

herramienta para complementar los recursos financieros de una administración

municipal o estatal.

La deuda pública es una palanca que permite que muchos proyectos se lleven

a cabo cuando los recursos tradicionales en el sector público no alcanzan; de otra

forma, sería imposible realizarlos.


SECRETARÍA GENERAL


Y ARCHIVO GENERAL

Por esta razón, ante las solicitudes de los municipios, objeto de los dictámenes

negativos que se someterán a votación, tuvimos especial interés sin prejuicio por

orientación política de sus ayuntamientos, en definir la viabilidad de sus proyectos

financieros y alcances de pago para poder cristalizar sus ambiciones de desarrollo en

infraestructura.

Sin embargo, ha sido muy lamentable que en una acción que sólo podemos

asumir como planeada bajo influencia de intereses distintos a este Congreso,

operando para cerrar el paso a la contratación de deuda de doce municipios con la

paradoja de haberse dictaminado sin hubiese un estudio completo en la Comisión de

Hacienda y Fiscalización, en virtud de que se carecía aún de expedientes completos.

Versiones periodísticas nos afirman además que el pasado sábado ya sabía un

Senador panista por Guanajuato, cercano al gobernador, que la mayoría panista no

aprobaría los créditos, en particular el de Celaya; sin contar que los municipios, en su

mayoría, no habían integrado a su expediente el aval o garantía subsidiaria que debe

otorgar el Gobierno del Estado, tras análisis de su Secretaría de Finanzas, Inversión y

Administración, porque por uso corre esta autorización a la par de la solicitud en el

Congreso y se integra el documento en la parte final del proceso previo al dictamen:

¡vaya! Ni siquiera en el caso de Comonfort que ya había recibido el aval del propio

Gobierno del Estado, que en sí mismo acredita también elementos técnicos para

considerar viable el endeudamiento, fueron aprobados en una decisión más política

que técnica.

Ha sido extraño que ahora se haya obligado a los restantes municipios a

esperar el pronunciamiento del Gobierno del Estado, cuando en otros casos había

existido diligencia y presteza para avalar o dictaminar lo contrario; una dilación que

pareció fundada en una estrategia gubernamental para arrinconar a los municipios;

por otra parte, al interior del Congreso nos encontramos con una nueva metodología

de análisis de parte de la Unidad de las Finanzas Públicas que, a nuestro juicio,

parece sesgada; pero que en el fondo viene a medir con raseros diferentes a todos los

municipios que acudieron ante este Congreso a lo largo de esta legislatura.

Al incorporar nuevos criterios financieros como la incorporación de criterios de

evaluación y análisis de calificadoras de crédito, así como del anexo XVIII, método de

calificación y provisionamiento aplicable a los créditos a cargo de entidades

federativas y municipios, y de las disposiciones de carácter general aplicables a las

instituciones de crédito, pusimos a los municipios en desigual trato a lo hecho por

esta legislatura; es decir, cual si fuéramos banco, aplicamos las reglas que han

asfixiado al crédito privado en México y cuidamos al máximo el interés del banquero y

no calificamos lo que era nuestra obligación, la legalidad, solvencia, capacidad de

pago e interés social del solicitante del crédito; es decir los municipios.

Los bancos se cuidan por sí mismos, nosotros sólo podemos evaluar si existen

condiciones mínimas para autorizar que el municipio acuda a pedir un crédito. El

banco allá en su sede califica si le da o no el crédito.


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Llama la atención el caso de Celaya, en el que no se van a poder adquirir

reservas territoriales ni pagar afectaciones para dar solución al problema de las vías;

municipio donde los celayenses pasarán severas dificultades para dar cristiana

sepultura a sus difuntos porque sólo hay dos panteones ya saturados porque ahora no

se podrá dar inicio a la primera etapa del nuevo panteón municipal.

Tampoco podrá su Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado equipar la

línea morada para industrias y ejidatarios para áreas verdes y parques públicos; ni

para el Canal de Labradores en su tramo Constituyentes-Lío Laja.

Está el caso de San Miguel de Allende que a pesar de haber modificado su

esquema de recaudación fiscal el año pasado en el que elevó en 15 millones de pesos

sus ingresos en tan sólo un año, no recibió aprobación a su solicitud porque se usaron

como base del análisis una estadística basada en un comportamiento de cinco años de

ingresos previos; es decir, no se atendió la proyección a futuro con base a su

modernización fiscal.

De igual forma, podemos precisar que el municipio de Manuel Doblado sí

presentó un expediente que pasó todas las validaciones técnicas porque cumplió

hasta el último de los requerimientos sin observación final de la Unidad de las

Finanzas, pero al cual también se le negó la autorización tan sólo por una decisión

política.

Pénjamo estuvo en condiciones similares; reitero, en la Comisión el Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional argumentó que no era posible

llegar a un dictamen respecto de las solicitudes señaladas porque no se cumplía con la

revisión del expediente completo, no teníamos elementos suficientes y competentes

de juicio para dictaminar de manera apresurada, para dictaminar de manera

atropellada con un interés distinto al interés colectivo; por lo que debía abrirse un

compás de espera hasta haberse pronunciado el Gobierno del Estado en todos los

casos.

El mismo gobierno de San Miguel de Allende estaba en espera del

cumplimiento del término de 30 días que obliga la ley al Gobierno del Estado para

dictaminar su aval subsidiario o negativa; en el resto de los municipios reiteramos,

había sobrepasado la autoridad estatal el término de los treinta días para determinar

y entregar su aval.

De la misma manera, ciertos estamos que las solicitudes de crédito de todos

los municipios, obedecían a necesidades reales que fueron planteadas al interior de

sus ayuntamientos y que éstos habían acudido a este Congreso en busca de su apoyo

y autorización.

El dictamen negativo representa privar de obras en los municipios como

Pénjamo, donde se tenía planeado realizar acciones de rehabilitación para gavetas

para panteón, pavimentaciones, proyectos ejecutivos y la compra de nuevas

luminarias.


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O Dolores, que pretendía la ampliación de sus dos carreteras de acceso a la

cabecera, de dos a cuatro carriles o la construcción del Centro de Mando que

albergará a protección civil, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, conocido como

Centro de Mando C-4.

En San Miguel de Allende no se podrán ahora realizar acciones de urbanización

en las calles Ignacio Allende o Ignacio Aldama o la avenida principal La Luz;

ampliación de portales en el mercado de San Juan de Dios, mejoras en las Plazas

Pedro Moreno y San Rafael o del Mercado Guadalupe; El Parian; todas estas dentro de

la cabecera municipal; o la construcción de una plazoleta en la comunidad de

Clavellinas; o la construcción de un techo en el patio cívico para la escuela primaria

rural de la Comunidad de Corral de Piedras de Arriba; entre muchas obras que se

habían planeado.

Qué dirá ahora este Congreso a los niños que seguirán sufriendo las

inclemencias del tiempo o a los ciudadanos que seguirán viviendo en condiciones

insalubres por la carencia de pavimentación; o por hacer comercio en lugares que

urgían rehabilitación, cuando ni siquiera dimos oportunidad a una revisión exhaustiva

y a expediente completo de lo solicitado. Por esta última razón es que este Cuerpo

Legislativo debió actuar con la prudencia necesaria para tener en sus manos todos los

elementos que le permitieran dilucidar la conveniencia, o no, de autorizar deuda

pública a los solicitantes.

Celaya tiene veinte millones de pesos de deuda, lo que solicitaba pudiera no

haber alcanzado la cuantía en la iniciativa, pero era controlable y altamente

justificable desde el punto de vista social.

Tomar una decisión sin haber tenido a la mano y a la vista la documental

completa, respetando los usos que se dieron en otros casos, representaría una

desventaja para quienes han venido a nosotros a solicitar nuestro apoyo y buen

juicio; amén de la falta de respeto que representa para los presidentes municipales y

ayuntamientos, a quienes todavía les solicitaron información adicional, misma que

proporcionaron y ya no se tomaron la molestia de revisar según lo manifestado por la

Unidad de las Finanzas Públicas.

¿Para qué les hicieron ampliar la información a los ayuntamientos? Hacerlos

trabajar a fondo para solventar las solicitudes de este Congreso si ya estaba tomada

la decisión por el partido en el gobierno estatal, ¡qué falta de respeto! Estamos en

tiempo de frenar este hecho votando en contra del dictamen propuesto para que sea

regresado a la comisión y se proceda a una nueva dictaminación con toda la

exhaustividad necesaria, sin la participación que le dio origen burdo y aberrante; de

proceder el dictamen que se propone este día, qué argumentación sólida habrá para

los habitantes de municipios como Celaya, por ejemplo, que no podrá sufragar un

Parque Fotovoltaico, para aminorar su gasto en alumbrado público y disminuir a

mediano plazo el costo del DAP en los recibos de cada hogar; o en la infraestructura

de agua potable que tanto necesitan los celayenses.


SECRETARÍA GENERAL


Y ARCHIVO GENERAL

Esta decisión señores diputados frenará el desarrollo de estos municipios; no

por un año, sino por muchos más; está en ustedes esta responsabilidad si aprueban

la negativa para estos empréstitos.

Me resulta difícil de creer que el gobernador responsable de la tardanza de los

avales que necesitaban los solicitantes y seguramente el responsable de esta

negativa, otorgará a estos municipios los recursos suficientes sin deuda para la

realización de las obras que necesitan, como en el pasado lo hizo con el municipio de

León, a quien le dio recursos para que la obra del Parque Lineal La Sardeneta y no

acceder a una deuda mayor, aunque, -quien quita-, y lo que desea es hacerles un

regalo navideño.

Por todo lo anterior pido su reflexión y su voto en contra del dictamen negativo

que se presenta a estos municipios en su totalidad de deuda, a fin de que pueda

regresar este documento a su reelaboración en el seno de la comisión y atienda de

manera íntegra el análisis de las solicitudes de endeudamiento.

Por el bien de estos doce municipios, por el bien de Guanajuato, por el bien de

toda la población beneficiada, por su paciencia y atención, muchas gracias.


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RECTIFICANDO HECHOS EN EL TEMA RELATIVO A SUSPENDER LA

ENTREGA DE TELEVISORES DE ALTA DEFINICIÓN EN LA ENTIDAD

FEDERATIVA Y PARA QUE SE REANUDE; UNA VEZ, QUE HAYA CONCLUIDO EL

PROCESO ELECTORAL CONSTITUCIONAL LOCAL, Y A LA VEZ, PARA QUE SE

APLIQUEN LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA; ASÍ COMO PARA QUE SE

CREE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LA

ENTREGA DE PANTALLAS; Y CON ELLO, INHIBIR EL PRESUNTO USO

ELECTORAL DEL YA MENCIONADO Y CITADO PROGRAMA.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Quisiera traer a este tema la reflexión

de que tan no había la intencionalidad, no había la premeditación; no fue un asunto

que se pudiera calcular porque le refiero a usted que en junio de este año se aprobó

la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Guanajuato y todavía no teníamos previsto el calendario electoral; entonces eso hace

más noble el propósito del gobierno federal que estaba ajeno al calendario y a los

tiempos que iban a quedar establecidos por la Soberanía de este estado; entonces sí

el temor de ustedes, poniéndome la tolerancia de por medio, sí es fundado pero

desde su punto de vista electoral, desde su punto de vista de temor fundado de que

pudiera representar una ventaja, una ventaja para el Partido Revolucionario

Institucional del cual el gobierno federal no tiene la culpa, los ciudadanos tampoco.

-La C. Presidenta: Diputado Gerardo Zavala, ¿me permite un momento?

Diputado Juventino López Ayala, ¿para qué efectos?

C. Dip. Juventino López Ayala: Para ver si el diputado me acepta una

pregunta.

-La C. Presidenta: Diputado ¿acepta la pregunta del diputado Juventino

López Ayala?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Sí, con mucho gusto diputado.

C. Dip. Juventino López Ayala: Diputado, ¿pero sí sabían que iban a haber

elecciones en el 2015, verdad?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Sí, no con la precisión, ni el grado de

detalle.

-La C. Presidenta: Gracias diputado. Adelante diputado, continúe.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Sí, hay otros elementos a saber que ya

no quiero ser reiterativo, lo único que les vuelvo a repetir, ojalá que disfruten el resto

de la tarde su victoria pírrica, veremos si es atendible su exhorto en el gobierno

federal.


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-La C. Presidenta: Diputado Gerardo Zavala, un segundo por favor.

Está el diputado Juan Carlos levantando la mano y también el diputado Javier

Contreras, por favor para qué efectos.

C. Dip. Juan Carlos Guillén Hernández: Si me acepta una pregunta, aunque

no sea coordinador.

-La C. Presidenta: Diputado, acepta la pregunta.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Con mucho gusto!

C. Dip. Juan Carlos Guillén Hernández: Gracias diputado. ¿No considera

usted que seis meses y medio es suficiente para llevar a cabo el proceso de entrega

de televisores?

-La C. Presidenta: Adelante diputado.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Es complicado ¿eh? es complicada la

entrega; según sé la logística no es fácil pero podría ser una situación que se pudiera

recomendar que se acelere, que se acelere. Yo pudiera decirle al Gobernador del

Estado que por qué no hace más fluida, con más rapidez la entrega de todo lo que él

hace en sus acciones de gobierno, si lo viera desde el punto de vista partidista y de

alguna desventaja electoral. El Partido Revolucionario Institucional coexiste con un

partido diferente al nuestro que es Acción Nacional y hemos sido tolerantes porque si

bien es cierto pudiera presumirse alguna pre intencionalidad de parte del gobernador,

no puede privar y yo no podría pedirle que sacrificara a los ciudadanos en aras de

darme gusto a mí porque siento afectados mis intereses partidistas.

-La C. Presidenta: Diputado permítame por favor.

Un segundo diputado Romo.

Adelante diputado Javier Contreras, ¿para qué efectos?

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Declino.

-La C. Presidenta: Declina su participación.

Diputado Romo, ¿para qué efectos?

C. Dip. Guillermo Romo Méndez: Formularle una pregunta al diputado.

-La C. Presidenta: Diputado, ¿le permite una pregunta al diputado Romo?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Discúlpeme, no.


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-La C. Presidenta: Diputado, no fue aceptada su pregunta.

Adelante diputado Zavala.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Termino mi intervención pidiéndoles

que ejerzamos la tolerancia, el respeto y dejemos que los beneficios de los programas

sociales federales implementados por las políticas públicas en materia de desarrollo

social que han sido objeto de reconocimiento internacional, cumplan su objetivo.

Muchas gracias.


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MANIFESTÁNDOSE EN CONTRA DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE

ACUERDO, FORMULADO POR DIPUTADA Y DIPUTADO INTEGRANTES DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

A EFECTO DE FORMULAR RESPETUOSO EXHORTO AL TITULAR DEL PODER

EJECUTIVO FEDERAL, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL,

Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA

UNIÓN, A EFECTO DE QUE SE SUSPENDA LA ENTREGA DE TELEVISORES DE

ALTA DEFINICIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA Y PARA QUE SE REANUDE;

UNA VEZ, QUE HAYA CONCLUIDO EL PROCESO ELECTORAL CONSTITUCIONAL

LOCAL, Y A LA VEZ, PARA QUE SE APLIQUEN LOS MECANISMOS DE

TRANSPARENCIA; ASÍ COMO PARA QUE SE CREE UNA COMISIÓN ESPECIAL

PARA DAR SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LA ENTREGA DE PANTALLAS; Y

CON ELLO, INHIBIR EL PRESUNTO USO ELECTORAL DEL YA MENCIONADO Y

CITADO PROGRAMA.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Sí, con el permiso de la presidencia.

Diputadas, diputados.

Me voy a permitir dar lectura al párrafo tercero del artículo sexto

Constitucional, que a la letra dice: »El estado garantizará el derecho de acceso a la

tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de

radiodifusión y telecomunicaciones incluido el de Banda Ancha e Internet» Esta es una

situación no de partidismo ni de clientelismo; ni de plusvalía electoral; es un mandato

constitucional. Yo he escuchado al Presidente de la República y al Gobernador del

Estado hablar de las políticas públicas, de la transversalidad, donde debemos entrar

todos a procurar bienes jurídicos tutelados por la Constitución, como el derecho a la

alimentación. Ya me viera yo solicitándole al Gobernador del Estado que suspenda los

programas sociales; como si la cuestión de la alimentación entendiera, se pudiera

vincular o concatenar o contaminar con cuestiones de partido. Seguramente le diría a

una persona de experiencia acumulada, de más de sesenta y cinco años, que se

espere a comer después de 7 de junio; o ya me viera yo pidiéndole al Gobernador que

suspenda los programas sociales y que los viejecitos de su López Obrador, el maestro,

el rey del paternalismo, lo hacía; pero parece ser que a la diputada que vino a

proponer semejante aberración social, parece ser que para en lo que ellos es virtud,

en el Partido Revolucionario Institucional es pecado; o lo que en el Partido de la

Revolución Democrática es alegría, en el Revolucionario Institucional es borrachera.

Quiero decirle que los legisladores perredistas en el Congreso de la Unión

aprobaron un presupuesto, y dentro de ese presupuesto está el que está ejerciendo la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluyendo los televisores. Pero les voy

a dar una atenta y respetuosa recomendación, si les pica tanto lo de las televisiones,

si les duele tanto, si les atemoriza tanto, si les provoca tanto escozor, ahí tienen

ustedes un área de oportunidad para que también puedan ustedes allegarse esa

simpatía electoral, ahora que se avecina la contienda; nada más son 540 mil


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televisores en Guanajuato, ¿por qué no da Acción Nacional, su partido, las otras 540

mil televisiones de los ciudadanos que no están focalizados dentro de la Cruzada

Nacional contra el hambre? Los 540 mil ciudadanos que se les notificó que se les va a

dar el apoyo del televisor, son los que están en las bases de datos de los programa

sociales federales. Su partido Acción Nacional tiene otro padrón de sus programas

sociales, dele otros 540 mil televisores a Guanajuato para que usted ponga, usted

misma se ponga el piso parejo.

Y les voy a dar una buena y una mala noticia, lo que acaba de obtener es una

victoria pírrica, lograron sacar adelante con la violación legal a la Ley Orgánica

Municipal porque no debió haber procedido la obvia resolución; entonces… (No me

interrumpan porque no crean que se me va la idea ¡eh!) Les decía yo, es una victoria

pírrica porque logran, van a lograr –sin duda-, la cuestión del exhorto al Gobierno

Federal, pero ¿qué creen? Que la Secretaria de Desarrollo Social seguramente lo va a

recibir, pero también podrá atender o no atender; entonces yo quisiera haber

escuchado aquí ese desgarramiento de vestiduras de la diputada de Acción Nacional,

cuando Héctor Jaime Ramírez Barba dijo que le va a dar 16 millones de pesos al

CRIT; ¡eso es gracia, eso es virtud! Eso no es partidista, no sean malpensados, ¡eh!

En ellos es virtud, en ellos es alegría, pero como lo hace el Partido Revolucionario

Institucional, como lo hace el Gobierno Federal, como lo hace el Presidente de la

República, transformador de las políticas públicas sociales que van a transformar a

México y sus enemigos no lo quieren, ¡pues les pica, les causa escozor!

El CRIT va a recibir 16 millones de pesos, ¡como lo ha venido recibiendo desde

hace años!, pero el Secretario de Desarrollo Social coyunturalmente aprovecha una

oportunidad para lucrar electoralmente diciendo, le vamos a dar 16 millones de pesos

al CRIT, eso yo creo que para usted es plausible, en lugar de reprochable, ¡qué bueno

que vean la cuestión de la arena en el ojo ajeno, cuando se trae la viga cargando!

Pero me voy más, el presupuesto federal fue aprobado por los legisladores del Partido

de la Revolución Democrática y también les voy a compartir una última reflexión, no

podemos estar actuando y ejerciendo nuestra función parlamentaria con la cuestión

de la contaminación electoral. Considero que se vale discernir, se vale discutir, se vale

no pelear, pero sí argumentar; en el proceso parlamentario existe una etapa que se

llama discusión; discutamos, pero discutamos responsablemente, privilegiando el

respeto, privilegiando la tolerancia y haciéndolo con argumento, con argumento

social, con argumento del interés colectivo; con argumento y privilegiando en primer

orden, el valor mayor de a quién nos debemos: nuestros representantes. Muchas

gracias.


SECRETARÍA GENERAL


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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA FORMULADA POR DIPUTADA Y

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A EFECTO DE DEROGAR EL PÁRRAFO

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS.

Sesión Ordinaria 13 de noviembre de 2014.



»DIPUTADA KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ.PRESIDENTA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. PRESENTE.

Los que suscribimos diputadas y diputados que integramos el Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Segunda

Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos

56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146, fracción

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Guanajuato, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea

Legislativa la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el

párrafo segundo del Artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores

Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El 22 de agosto de 2006, el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Guanajuato publicó el Decreto Gubernativo 278 dado por el entonces gobernador Juan

Carlos Romero Hicks, con fecha 17 de agosto de ese mismo año, en el cual se

otorgaba una prestación adicional a aquellos servidores públicos que por razón de la

naturaleza de las funciones encomendadas, tenían que separarse de la administración

pública estatal con el cambio de gobierno días después.

Lo anterior bajo el argumento de considerarse justa esa prestación en razón a

que la consecución y alcance de los objetivos fundamentales del Plan de Gobierno

2000-2006, la participación, compromiso institucional y esfuerzo de los servidores

públicos que colaboraron en la actual Administración Pública Estatal, había sido

determinante.

En dicho decreto gubernativo, se establecía que se otorgaría esta prestación

excepcional a los servidores públicos que se encontrasen dentro de los niveles 12 al

21 del tabulador de puestos del Poder Ejecutivo del Estado, y que se separaran del

cargo tras el cambio de gobierno, por lo que tendrían derecho a recibir por única vez


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y en una sola exhibición, una prestación adicional, la cual se entregaría dentro de los

quince días siguientes al último día laborado.

Además, establecía que a todos los servidores públicos que acreditaran tener

una antigüedad igual o mayor a 5 años de servicio, inmediatamente anterior a la

separación, el monto de la prestación consistirá en el equivalente a tres meses de

salario integrado y doce días de salario por cada uno de los años de servicios

prestados.

Uniendo, por decreto, los beneficio, diferentes, que otorga el haber de retiro y

los de liquidación en una sola prestación.

El resto de los funcionarios públicos en el supuesto, irían percibiendo menores

ingresos a su salida, en razón a su antigüedad.

La opinión pública consideró el asunto escandaloso, mientras que el ejemplo

comenzó a replicarse en los diferentes Ayuntamientos de la entidad, que también

cambiarían administración meses después, lo que obligó a que de manera exprés, se

hiciera una reforma en la 59 legislatura a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos

al Servicio del Estado y de los Municipios, en su artículo 8, añadiendo un párrafo para

que se precisarán los alcances de la prestación a los trabajadores de confianza, tras

dejar su cargo, a fin de no dejarlo a criterio de los gobernantes en turno con base a

decretos gubernativos.

De esta manera, el 29 de agosto de 2009 se publicó la reforma de ley

integrando la redacción vigente.

Sin embargo, lo que en principio tuvo la pretensión de los legisladores de

frenar actos como el hecho por el gobernador Juan Carlos Romero Hicks, abrió a la

institucionalización de una prestación indebida a favor de altos funcionarios de los

gobiernos del estado y municipales, en virtud de que cada fin de gobierno, resultaba

un virtual saqueo de las arcas públicas, que ha puesto siempre en predicamento a las

administraciones siguientes, sobre todo en lo municipal.

Al grado, de que es cosa común de que entre diciembre y enero posteriores a

la toma de posesión de sus cargos, los ayuntamientos, primordialmente, deban

comprometer recursos a modo de obligación financiera con el gobierno del estado o

inclusive con la banca privada, para poder solventar sus responsabilidades en materia

de prestaciones con los trabajadores de base o en sus obligaciones para el

funcionamiento de los servicios públicos, dado que los recursos los erogó el gobierno


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saliente a favor de la cartera de los propios funcionarios, la alta burocracia sobre

todo.

De esta forma, resultó finalmente pernicioso para el erario este beneficio legal

para los empleados de confianza, por el abuso que se ha hecho y que también ha

tomado carta de naturalización entre los funcionarios estatales al final de sexenio.

…

En 2006, este decreto provocó problemas para la administración pública, en

virtud de que a finales de ese año se habían destinado varios millones de pesos en

finiquitos, de acuerdo a datos reportados por los medios de comunicación de la época

y estaban por ejercerse más recursos por ese concepto, recursos que tuvieron que

tomarse de un presupuesto de previsiones salariales, que en origen estaban

destinados al magisterio del estado.

Para diciembre, el decreto de Juan Carlos Romero había beneficiado a 174

empleados de confianza para lo cual, habían empleado 57 millones 856 mil pesos. Por

ejemplo, el ex secretario de Finanzas se había llevado 914 mil pesos; el ex titular de

Educación, un millón, 317 mil; el ex titular de la Gestión Pública, 745 mil; el ex

director de la UPIE, 745 mil; el ex jefe de asesores, 659 mil; y el ex secretario

particular del gobernador, 663 mil 15 pesos, en bruto.

Sólo por señalar algunos de los beneficiarios de aquel entonces.

A nivel municipal, podemos tomar como ejemplo la erogación considerada por

la Contraloría Municipal en 2012 para el municipio de León, donde se calculó el

abandono de 1,200 plazas por parte de funcionarios de confianza, por los que se tuvo

que erogar más de 60 millones de pesos en liquidaciones, sin tomar en cuenta a

funcionarios de primer y segundo orden.

Esos recursos erogados, gracias a esta prestación inequitativa y contraria a la

racionalidad del gasto público, hubieran podido servir para los programas de becas

estudiantiles, pavimentación y bacheo de calles, apoyo a programas sociales en

comunidades rurales y otros beneficios a favor de quienes ponen el dinero, los

ciudadanos.

Un contrato de trabajo concluye con el fin de dar por terminadas, de forma

definitiva, las obligaciones establecidas entre las partes. Las causas de extinción de la

relación laboral suelen muy variadas, puesto que pueden depender de la voluntad de

las partes o, bien, de circunstancias ajenas a las mismas que conduzcan a dicha

extinción.


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El tema de la conclusión de los contratos de trabajo nos refiere a conducirnos,

precisamente, al final de la relación laboral. Es entonces que, si mencionamos dicho

final, entonces aludimos a los trabajos por tiempo determinado e indeterminado.

En este sentido, establecemos nuestra precisión en torno a aquellos empleos

que se realizan por tiempo determinado, en los cuales la fecha de terminación de la

relación laboral se encuentra prácticamente definida desde el momento en que

comienza ésta; esto es, cuando se suscribe un contrato en las modalidades: por obra,

por tiempo determinado o en alguna de sus demás variables, ya conllevan un

momento suscrito que, una vez cumplido, da por terminado el vínculo de trabajo.

Sin embargo, cabe mencionar que el derecho del trabajo tradicional

regularmente favorece la duración indefinida de las relaciones laborales en razón de

que, bajo dicho supuesto, se considera una mayor probabilidad de estabilidad laboral

al no establecer en primer momento la terminación del contrato generando una mayor

apertura en la duración del empleo; por lo cual y bajo esa premisa, se consiente que

una contratación por tiempo determinado genera menos oportunidad de trabajo por

establecer fecha o circunstancia de terminación.

…

Empero, esta última aseveración, si se ve desde otra perspectiva, puede

resultar como un mayor beneficio al trabajador que se encuentre bajo dicho supuesto,

porque no podrá rescindírsele su contrato hasta que no se cumpla con la condición

pactada para dicha resolución.

En razón a lo anterior, al dirigir nuestra atención al caso de los servidores

públicos, resulta necesario señalar que el tiempo determinado que se estipula en el

contrato, bajo el que se someten los trabajadores al servicio del Estado, al comenzar

la relación laboral, resulta generalmente coincidente con el tiempo que prevalece la

Administración de Gobierno en turno. Motivo por el cual, es obvio deducir que los

trabajadores contratados por tiempo determinado cuando comienza una

administración, solamente laboraran por la temporalidad que se encuentre dicha

administración a cargo del gobierno.

Ahora bien, y bajo la misma línea de ideas, los trabajadores de confianza son

contratados, regularmente, durante el tiempo de gestión de la administración

contratante, solamente que, compaginando con los derechos que la Ley les confiere,

gozan de una serie de privilegios que compensan la circunstancia de aparente

desigualdad, sopesando con ellas, cualquier tipo de discordancia que pueda generarse

con respecto a los trabajadores que se encuentran bajo un régimen diferente, como lo

son: de base, temporales e interinos.


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Entre dichos privilegios, se considera un salario mayor con respecto a la

naturaleza de las funciones que ejerce, en comparación a los trabajadores de base.

Dicha prerrogativa, ya cumple con la consideración especial del régimen de los

trabajadores de confianza, motivo por el cual, no debiera de dársele otra prebenda

aunada a este tipo de empleos.

Ligado a lo mencionado, en cada culminación de Administración municipal y

estatal, en la práctica se ha podido observar la situación de que los trabajadores de

confianza finalizan con su encargo y se les otorga una prestación que puede oscilar

hasta tres meses de salario más doce días por cada uno de los años de servicio

prestados. Esta condición, se lee muy bondadosa, sin embargo resulta en realidad una

gran afectación al Patrimonio del Estado, generando un detrimento considerable en

perjuicio de las finanzas públicas, toda vez que este ejercicio se repite cada trienio y

como es considerada una posibilidad, la realidad es que se sujeta a la consideración

del titular de la administración.

Explicado de una manera más directa, si un trabajador de confianza al servicio

del Estado, percibe un salario mensual de $30,000 PESOS 00/100 M.N., comenzando

a laborar al principio de una Administración que perdura 3 años, y al término de ésta,

se extinga su contrato, entonces recibirá como «haber de retiro«, tres meses de

salario que equivaldrían a $90, 000 PESOS 00/100 M.N., más 12 días de salario por

cada año laborado ($30,000.00 / 30 = $1, 000.00 X 12 = $12,000.00) ($12, 000.00

X 3 años laborados = $36, 000.00), lo cual sumaría un total de $126, 000.00 PESOS

00/100 M.N. y esto, hablando solamente de un trabajador con un puesto en un nivel

promedio.

Ahora, después de verificar lo señalado en el párrafo anterior, lo preocupante,

comienza a reflejarse cuando se definen cifras, y aún más cuando se tratan en

volumen y con niveles altos en cuanto al encargo, y sobre todo, al pago que perciben.

Todo lo anterior, debe mencionarse con el fin de cuestionar si resulta necesaria

la subsistencia de este haber de retiro innecesario, que genera mayores menoscabos

a nuestros ciudadanos, que cualquier beneficio laboral.

Es importante precisar en la presente iniciativa, que la ciudadanía

guanajuatense exige, ante todo, un gobierno eficaz que dé resultados a la población,

a través de políticas públicas, programas y acciones que atiendan sus necesidades, así

como un uso responsable y transparente de los recursos públicos.


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Y que es aquí, donde los principios de racionalidad, austeridad y disciplina

presupuestal del gasto público debe prevalecer por encima de gastos excesivos,

injustificados y hasta abusivos, como el que se promueve con esta prerrogativa

enfocada primordialmente a la alta burocracia, que de sí, goza de privilegios por

encima del resto de los servidores públicos.

No se debe olvidar que un buen gobierno, ya sea estatal o municipal, debe

administrar los recursos que obtiene de los contribuyentes y de las demás fuentes de

ingresos públicos, de manera eficiente, eficaz y transparente y debe rendir cuentas

puntualmente a la ciudadanía sobre la aplicación de dichos recursos y los resultados

obtenidos;

A nivel constitucional y en sus leyes derivadas, es obligación permanente de

quienes tienen a su cargo el presupuesto gubernamental, de reorientar los recursos

públicos hacia los programas que fomenten el desarrollo económico, la seguridad

social, la educación y la atención integral de los problemas que más aquejan a

nuestro país.

Por ende, resulta indispensable que las administraciones, estatal y

municipales, racionalicen el uso de los recursos públicos, reduciendo los gastos

operativos de las dependencias y entidades paraestatales y reorientando los ahorros

obtenidos a los programas y actividades sustantivos de la Administración para su

modernización y de esa forma, mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía,

eliminar duplicidades en su estructura orgánica y programas gubernamentales, con

sueldos equilibrados y que no afecten la estabilidad presupuestal de las

administraciones.

La derogación del segundo párrafo al artículo 8 de la ley que pretendemos

reformar, sin duda generará ahorros adicionales en las administraciones municipales y

en la estatal, que podrán reorientarse a los programas prioritarios para la población.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de

esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se deroga el párrafo segundo del Artículo 8 de la LEY DEL

TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE

LOS MUNICIPIOS.


SECRETARÍA GENERAL


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ARTÍCULO 8. Quedan excluidos del régimen de esta ley los miembros de las

policías estatales o municipales, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de

tránsito y los trabajadores de confianza, pero tendrán derecho a disfrutar de las

medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

DEROGADO.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Guanajuato, Gto., 13 de noviembre de 2014. Las diputadas y los diputados

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de

Guanajuato. Dip. Jorge Videgaray Verdad. Dip. Francisco Javier Contreras

Ramírez. Dip. Yulma Rocha Aguilar. Dip. Érika Lorena Arroyo Bello. Dip.

Adrián Camacho Trejo Luna. Dip. Felipe de Jesús Orozco García. Dip.

Guillermo Romo Méndez. Dip. José Gerardo Zavala Procell. Dip. Luis Felipe

Luna Obregón. Dip. Pedro Chávez Arredondo. Dip. Roberto Mauricio Vallejo

Rábago. «


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A FAVOR DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE AGUAS,

RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE

FORMULAR UN RESPETUOSO EXHORTO AL DIRECTOR GENERAL DE LA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DAVID KORENFELD FEDERMAN, PARA

EVALUAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y ESTRUCTURALES EN QUE SE

ENCUENTRA LA PRESA EL CONEJO II UBICADA EN EL MUNICIPIO DE

IRAPUATO, GTO., PARA REFORZAR SU BORDO Y DE SER FACTIBLE, PREVIO

DIAGNÓSTICO, ADECUARLA FÍSICAMENTE PARA CONVERTIRLA EN UNA

PRESA DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE AVENIDAS, FORMULADO POR

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Sesión Ordinaria 16 de octubre de 2014


Solicité el uso de la voz para manifestarme en pro del dictamen mediante el

cual se archiva el punto de acuerdo que nos ocupa.

Hacemos público, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional el sentido de nuestra votación, toda vez que en la

metodología aprobada por la Comisión de Aguas, la Junta Local de la Comisión

Nacional del Agua cumplió con lo que los integrantes del Grupo Parlamentario

solicitábamos en el exhorto.

Es necesario recordar que en febrero del año pasado propusimos un punto de

acuerdo para exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua, Doctor David

Korenfeld Federman, a que la instancia que encabeza evaluara las condiciones físicas

y estructurales en que se encuentra la presa El Conejo II para reforzar su bordo y. de

ser factible previo diagnóstico, adecuarla físicamente para convertirla en una presa de

almacenamiento y control de avenidas.

Con la respuesta otorgada podemos afirmar a los irapuatenses que esta presa

forma parte de un sistema que permite proteger a la ciudad de Irapuato y zonas

conurbadas de posibles inundaciones. Asimismo, queremos hacer del conocimiento de

la ciudadanía que la profundidad del vaso de esta presa, no permite un gran

almacenamiento y, por lo contrario, facilita la evaporación del agua; por lo que las

condiciones actuales de la presa, no permitirían una adecuación para convertirla en

una presa de almacenamiento.

La respuesta de la Comisión Nacional del Agua fue impecable. Ejemplar en la

presteza y con argumentos sólidos hizo innecesario el exhorto a su titular, Doctor

David Korenfeld Federman, pues lo que se solicitaba se cumplió desde la metodología

de análisis a nuestra propuesta.


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Como diputados estaremos siempre atentos y dispuestos a atender lo que sea

necesario para contribuir para que las autoridades de la ciudad garanticen que la

población irapuatense tenga acceso al agua potable.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados y en atención a la

respuesta tan eficiente y concreta de quienes colaboran con el Doctor David Korenfeld

Federman en la Comisión Nacional del Agua, es que el Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional no muestra inconveniente en el sentido de que

este dictamen que atendemos se archive, por lo que pedimos su voto a favor. Por su

paciencia y atención, muchas gracias.


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FIJANDO SU POSTURA A FAVOR DEL DICTAMEN FORMULADO POR LA

COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL PRACTICADA AL SISTEMA PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO,

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011.



Nuevamente acudo a esta tribuna para solicitar su voto a favor del presente

dictamen, con el mismo argumento expuesto previamente. Lo pedimos para hacer

posible la aplicación de responsabilidades a quienes en uso de sus atribuciones en el

Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, defraudaron la confianza de la

ciudadanía y se convirtieron en parte del muestrario de corrupción y latrocinio que fue

la administración de Juan Manuel Oliva, que en el caso del Desarrollo Integral de la

Familia alcanzó una mayor dimensión en razón a los actos de nepotismo y mal uso de

los recursos públicos por parte de los familiares del entonces gobernador del estado,

no porque avalemos la forma en que se realizó la auditoría, ni el resultado presentado

por el Órgano de Fiscalización Superior.

Ubico el espacio del tiempo en que fue realizado y el período que se audita,

2011. El actual titular del Órgano de Fiscalización Superior, tiene aún nuestro voto de

confianza.

En el caso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en esta

auditoría hemos encontrado nuevamente pruebas de las irregularidades

administrativas que se hicieron para favorecer, inclusive, a familiares de la esposa del

entonces gobernador, quienes contra la ley detentaron posiciones de poder en el DIF

y que fueron parte de los entramados que ahora son públicos y exhiben la corrupción

del sexenio anterior.

A Mitzi Priscila Martínez Saucedo, quien había sido Jefa de Departamento “B”,

familiar, con grado tercero de consanguinidad de Martha Martínez, esposa de Juan

Manuel Oliva y Presidenta del Patronato de la institución, se le pagó un finiquito por

término de nombramiento; de este monto no corresponden las disposiciones en

materia de terminación laboral pero que fueron aprobados, además, por la Secretaría

de Finanzas, Inversión y Administración.

Esta observación que deriva en acciones civiles contra quienes fueron

responsables de este hecho, nos expone la práctica sistemática en favorecer parientes

por parte de la esposa del entonces gobernador, si atendemos a recordar la

contratación irregular de proveeduría como aquel famoso caso de miel para el DIF,

sólo por mencionar algunos de los temas de nepotismo vivido en el sexenio pasado,

contra toda disposición legal; pero donde hasta ahora no se ha dado una sanción

ejemplar.


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Importante también resulta la observación hecha por el Órgano de

Fiscalización Superior a un hecho que ameritaría responsabilidades penales por

falsificación de documentos y simulaciones, en un caso que es ejemplo de la

decadencia vivida en el DIF Estatal cuando estuvo en manos de los Oliva: Se informó

a este Congreso que se habían comprado sillas de ruedas para donarse a familias de

escasos recursos y cuando acudieron los auditores a revisar a campo, si existía tal

donación, se encontró que hubo situaciones donde alguna silla nunca se regaló, que

en su momento se prestó y que cuando se hizo la observación, a posteriori,

funcionarios del DIF acudieron con la familia de los presuntos beneficiarios para

regalarles una silla, tomarse la foto y hacerles firmar recibos, que luego hicieron

aparecer como hechos y documentos originales del primer momento; cuando fue una

mera simulación para cubrir la recomendación; es decir, se mintió y se malversaron

los fondos.

¿Qué los echó de cabeza? Que ni siquiera en la segunda vuelta entregaron la

silla al verdadero beneficiado, sino a un pariente y a ese le sacaron la firma. El

peticionario real acreditó la mentira de los funcionarios de los Oliva.

Tenemos ahí los casos, otra vez, de contratos incumplidos por parte de

proveedores que recibieron asignaciones de compras por favoritismos, que ni siquiera

entregaban a tiempo los artículos, lo hacían después de las fechas pactadas y hasta

en mal estado. Lo peor era que se les había irregularmente pagado por adelantado.

Peculiar es el caso de donativos recibidos por el Director de Administración

Financiera del DIF, que jamás registró de manera contable en la institución y donde

aparecieron hasta botellas de tequila.

Como en las auditorías al ISAPEG, en la hecha al DIF, a pesar de lo

fragmentada que fue o carente de profundidad que se demandaba, los resultados

ejemplifican la depredación que se hizo en esta noble institución en aras de favorecer

amigos y familiares del gobernador; sin importar jamás el dolor y daño que se le hizo

a miles de familias guanajuatenses que requerían de alimentos oportunos y en buen

estado; cobijas, servicios de atención a la infancia, a mujeres violentadas o adultos

mayores.

Se les dejó con esta administración en el hambre o el desamparo, cuando

ellos pensaban y confiaban en que el DIF sería una oportunidad de bienestar ante sus

carencias.

Es paradójico que la historia del DIF en el sexenio pasado, pase a la historia

como la de un sistema para el desarrollo, no sé si integral de la familia, pero de la

familia Oliva con tantos actos de favoritismo auspiciados por quien ejercieron la

presidencia de la institución y mandaba bajo la protección de quien era el gobernador.


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Por eso pido su voto a favor para que, al menos, estas responsabilidades

señaladas en el presente dictamen y que señalan el nepotismo y favoritismo desde la

familia Oliva, así como otras graves irregularidades, no queden impunes.

Es importante señalar que nunca la gravedad de la falta es congruente con la

gravedad de la sanción; hay faltas graves con sanciones leves y hay faltas leves con

sanciones graves; depende si el presunto infractor es amigo, o no, del gobernador.

Ojalá en el futuro podamos realmente tener auditorías verdaderamente

integrales y no tiemble la mano a quienes nos auxilian en la fiscalización de los

recursos, para evidenciar toda la corrupción existente en las dependencias públicas

del estado de Guanajuato. Por su paciencia y atención, muchas gracias.


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A FAVOR DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y

FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

COMPLEMENTARIA PRACTICADA AL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS

SERVICIOS DE SALUD, RESPECTO A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO,

CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.




Hago nuevamente uso de esta tribuna para dirigirme a ustedes y expresarles

que se tenga por reproducida la fundamentación, exposición que hice en mi anterior

intervención, en el asunto agendado como punto número 12, sobre el dictamen del

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y que se tenga por reproducida

en este asunto agendado como número 15, respecto al Fondo de Aportaciones para

los servicios de salud respecto de las operaciones realizadas por el Instituto de Salud

Pública del Estado de Guanajuato.

Sí estoy a favor de lo expresado por las diputadas que me antecedieron en la

voz, que han abordado la tribuna, pero se me hace que tenemos que solidarizarnos

con las instituciones; pero también es nuestra obligación buscar que respondan y se

desempeñen en términos de eficiencia y eficacia institucional.

No es posible que el anterior titular del Órgano de Fiscalización Superior

dispusiera de 100 millones de pesos como presupuesto anual, destinándose 88

millones a la burocracia para tener tan chiquitos y pobres resultados.

Una plantilla de 240 auditores y 60 en la modalidad de contratos, que hacen

un total de 300 empleados en el Órgano de Fiscalización Superior, que les cuesta a los

guanajuatenses 100 millones de pesos al año y tener responsabilidades tan pequeñas

y presuntos servidores públicos de menor rango, eso es lo que no se vale, ¡claro que

tenemos la obligación de respaldar a las instituciones!, pero también vigilar que su

desempeño sea en términos de eficiencia y eficacia decorosos. El anterior titular del

Órgano de Fiscalización Superior cuidó muy bien su chamba¸ y se dejó regir por

aquella máxima que «el que paga manda«, por eso no tocó ni con el pétalo de un

observación a su patrón. Y eso es lo que yo vengo a replicar aquí, no es posible

regresar un dictamen, ya una vez siendo agendado en el Pleno, a la Comisión, porque

es un dictamen que ya ha sido votado y sancionado a favor o en contra; de ahí de

poco o nada vale, con todo respeto para los diputados que están orientando su voto

en contra, que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional lo

haga en el sentido negativo porque no vamos a poder lograr nada; no vamos a poder

lograr que este dictamen se regrese a la Comisión de Hacienda y Fiscalización porque

ya no se puede, parlamentariamente no hay un trámite reconocido en la ley; por eso

no nos queda más que aprobarlo para que se finquen las pocas, -que no son todas-,


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responsabilidades y los hallazgos en este limitado y pobre alcance de los dictámenes

en comento, a que se quede en la impunidad total. Es todo de mi parte, muchas

gracias.


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL INTERVIENE A FAVOR

DEL DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y


INTEGRAL PRACTICADA AL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE

GUANAJUATO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE


Sesión Ordinaria 16 de octubre de 2014.



Acudo ante ustedes para exponer desde la tribuna de esta Asamblea mi

petición de voto a favor de los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Fiscalización

sobre las auditorías llamadas integrales al ejercicio fiscal 2011, del Instituto de la

Salud Pública del Estado de Guanajuato; situación compartida, por cierto, con el

dictamen de la auditoría complementaria al Fondo de Aportaciones para los Servicios

de Salud FASSA 2012 del propio ISAPEG que atenderemos después.

Quiero iniciar diciéndoles que hay plena, total y absoluta coincidencia en lo

fundamental por lo expresado por mi compañera Ma. Guadalupe Sánchez Centeno del

Partido Verde Ecologista de México. La diferencia está que el Partido Revolucionario

Institucional tiene otro enfoque diferente, técnico y jurídicamente hablando; pero no

quiere decir que porque los compañeros del Verde Ecologista le den el sentido

negativo a su voto, los diputados del Partido Revolucionario Institucional lo hagamos

a favor, no coincidamos en lo fundamental.

No que remos la opacidad, no queremos la corrupción y estamos en contra de

la impunidad, sólo que hay un área de oportunidad en nuestra legislación que no

quisimos que se entrampara porque no existe trámite procesal y de resultar un

dictamen negativo desde la comisión, se quedarían en la impunidad las

responsabilidades civiles, administrativas y penales resultado del dictamen del Órgano

de Fiscalización Superior. Y lo explico, lo hago no porque esté de acuerdo o porque

estemos de acuerdo con el contenido del dictamen, de los resultados de las auditorías

y del trabajo técnico-jurídico realizado por los anteriores responsables del Órgano de

Fiscalización Superior, que consideramos altamente deficientes y ralos; sino porque,

al menos, votar a favor de este dictamen permitirá instaurar algunas

responsabilidades de orden administrativo, civil y penal en todos estos casos que

insuficientes son mejores a la total impunidad que permitiría una negativa al dictamen

de la Comisión, pues el esquema legal actual dejaría tras una decisión así, en un

limbo jurídico los asuntos, sin posibilidad de profundización y, sobre todo, en

impunidad a favor de los funcionarios públicos que en su incompetencia,

irresponsabilidad y en algunos casos con dolo, lesionaron el patrimonio de los

guanajuatenses con sus decisiones.

Sirva como antecedente de esto que en el pasado reciente, en las auditorias de

la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Obra Pública desde la Comisión de


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Hacienda y Fiscalización, fueron sancionados los dictámenes correspondientes en

sentido negativo, con sólo el voto a favor de las dos diputadas del Acción Nacional y

tres votos en contra de los diputados de oposición del Partido Revolucionario

Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de

México.

Esta situación nos entrampó, como ya lo dije, toda vez que no existe trámite

procesal reconocido en la ley para darle impulso procesal parlamentario. Ello llevó a

una circunstancia: solicitar a una de las diputadas a cambiar el sentido de su voto en

contra por el del voto a favor, situación también, en aquella ocasión, contraria a

derecho. No podemos repetir la historia y volver al entrampamiento.

Por ello debe quedar muy en claro que el voto solicitado a favor, por nuestra

parte, es para que se finquen sin dilación las responsabilidades contenidas en el

dictamen a su consideración, pero no así para justificar lo que se refiere al proceso de

la auditoría, porque como lo dijo la diputada que me antecedió en la voz, fue

insuficiente y le faltó ser exhaustivo; amén de que los funcionarios a los que

presuntamente se les finca la responsabilidad, no son todos y lo voy a comentar.

Esto es derivado del galimatías legal e institucional que se ha perfeccionado

desde hace algunos años para configurar condiciones benignas para los funcionarios

públicos de los gobiernos estatales que han compartido todos estos años, con la

mayoría panista en el Congreso del Estado, el objetivo de procurar impunidad legal,

siendo su mayor ejemplo lo hecho en el mandato de Juan Manuel Oliva Ramírez,

responsable del Ejecutivo, precisamente en el ejercicio fiscal revisado en estas

auditorías.

Reitero, pido el voto a favor de los dictámenes sobre las auditorías del ISAPEG,

porque es de los males, el menor.

Sin embargo, expongo a esta Asamblea que el Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional encontró deficiencias severas en la integración de las

auditorías, la presentación del informe y el seguimiento a las observaciones que se

hicieron a las dependencias citadas; que revelan por enésima vez, la forma en que

actuó el anterior titular del Órgano de Fiscalización Superior, más preocupado por lo

que se ve, en cuidarle las espaldas al entonces gobernador y sus cómplices, que a

entregar un trabajo impecable a quien lo había contratado, el Poder Legislativo del

Estado de Guanajuato.

Dentro de las inconsistencias que hemos de puntualizar y que hicimos desde

Comisión, está el hecho de que no podemos llamar integrales a auditorías que sólo

atienden a fragmentos de la documental del ejercicio fiscal entero y que dejan fuera

bloques, que en su secrecía, bien podrían revelar más irregularidades y desfalcos que

ahora quedarán en la impunidad total.

Respecto al ISAPEG, dependencia estatal donde son proverbiales también los

actos de corrupción y afectación al erario durante el Olivato, encontramos, por


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ejemplo, pagos a personal contratado sin que se hubiese encontrado documentación

que acreditara su profesionalismo en materia médica como título y cédula de

licenciatura de enfermería, cédula de estudios de especialidad; es decir, cabe la

sospecha de que se contrató gente sin la capacidad para cubrir esas plazas, donde

tuvieron contacto directo con la población y su salud estuvo en sus manos. Inclusive

se dio el caso de encontrarse a una persona que presuntamente presentó dos cédulas

profesionales, una de otra persona, que tiene parecido físico con él; se acreditó

gracias a la auditoría que el ISAPEG contrató al trabajador, sin que acreditara el nivel

de estudios para su puesto. En materia de salud esto es negligencia criminal, o en

términos médicos es una iatrogenia fáctica de los médicos.

Además, enlistamos en las observaciones irregularidades como la adquisición

de bienes muebles sin usarse; o que teniéndolos, se compraron otros porque los

primeros estaban arrumbados en estacionamientos. Hubo cuentas bancarias que

jamás fueron registradas en la balanza de comprobación del ISAPEG, donde se

realizaron movimientos a todas luces irregulares.

Casos donde un automóvil, en un día, supuestamente cargó combustible por

cantidades que sobrepasan, por mucho, la capacidad del tanque del mismo y por

varias ocasiones.

También se hicieron asignaciones de obra, sin que se haya presentado al

menos la cotización de tres proveedores, misma situación en compras hechas de

bienes muebles, que en muchas de las ocasiones ni siquiera reunían los requisitos

solicitados. O donde se descalificaron empresas que cumplieron los requisitos, pero

donde la decisión se tomó a favor de otras empresas, indicándose con falsedad que

los competidores habían dejado de presentar algún requisito. Es decir, se manipularon

los procesos de compras de manera ilegal.

Hubo compras de medicamentos y productos farmacéuticos con pagos por 2

millones 863 mil 95 pesos, cuando debió ser por un millón 086 mil 470 pesos, de

acuerdo al contrato establecido con el proveedor.

Hay equipos de videoconferencia adquiridos por medio de contrato y de la

licitación pública nacional, que no se encuentran instalados y en funcionamiento, en

virtud de que se encuentran empaquetados y arrumbados.

Responsabilidades que alcanzan en lo administrativo, civil y penal a quienes

fueron directores de hospitales como Moroleón y Yuriria o a directores de área del

propio ISAPEG y personal del Hospital de León, entre otros funcionarios que fueron de

todo, menos verdaderos servidores públicos, probos, honestos, que la población

guanajuatense.

Es aquí donde ante tanta trapacería, irresponsabilidad, negligencia criminal,

corrupción, malversación de fondos y mal uso de recursos materiales en distintos

hospitales y niveles del ISAPEG, entra la pregunta: ¿Y dónde estaba la cabeza? ¿Qué

papel jugó en todo esta suerte de trinquetes, quien era responsable del mando?


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¿Quién era el titular? Así es, a fin de cuentas debe señalarse que el Secretario de

Salud en aquel entonces, año 2011, fue omiso en sus responsabilidades de control

sobre el ISAPEG y las diferentes estructuras estatales en salud, negligente e incapaz

de mantener a la institución dentro de los parámetros de honestidad, servicio y

eficiencia que ordena la ley.

Éctor Jaime Ramírez Barba, como Secretario de Salud, en el tiempo en que

sucedieron estos lamentables hechos que hoy ponemos de su conocimiento y que se

han dictaminado con responsabilidades diversas, fue omiso, ¡por decir lo menos! a

todo esto y por ende es cómplice, directo o indirecto de estos hechos que lastimaron

el erario y, sobre todo, quitaron credibilidad al sistema de salud de Guanajuato y

dañaron a muchos guanajuatenses de manera directa en su salud, por malos servicios

o carencias en hospitales.

Es hora de que el Secretario de Salud, en aquel tiempo, protegido tras su

actual investidura como Secretario de Desarrollo Social y haciendo honor, si puede, al

juramento hipocrático que hizo sobre la ética que debe seguir cualquier médico en

defensa de la vida, dé la cara y se responsabilice por el desastre que dejó en el

ISAPEG, antes de que se lance a otras aventuras.

En su conjunto, los daños al ISAPEG son actos altamente criminales por las

consecuencias que arrojaron, sobre todo, en la atención de la población vulnerable de

Guanajuato: mujeres y niños, adultos mayores, que recibieron servicios deficientes o

sufrieron la carencia de medicinas y atención rápida y profesional, provocándoles

daños crueles a su salud o, inclusive, tal vez, la muerte; en aquellos aspectos de

sanidad, negligencia criminal emanada de la escandalosa corrupción en el gobierno de

Juan Manuel Oliva Ramírez y de quienes lo han protegido al paso del tiempo.

Las observaciones narran la historia de latrocinio, irresponsabilidad y

corrupción que marcan el sexenio anterior, a pesar de que fueron auditorías

incompletas y donde consideramos que hubo deficiencias severas por parte del

Órgano de Fiscalización Superior para llegar al fondo de esta cloaca. Pero el dictamen

establece responsabilidades administrativas, civiles y penales que son, al menos, una

puerta para que haga algo de justicia para quienes fueron lastimados. No es

suficiente, no va a fondo, pero votarlo en contra significa dejar, como ya lo dije, por

lagunas legales, en el limbo el proceso y en impunidad a los malos funcionarios del

gobierno de Juan Manuel Oliva, que esta ocasión ponemos a revisión.

Por lo anterior y con estas observaciones y para que haya una mínima

rendición de cuentas, las posibles, pido a ustedes su voto a favor de los siguientes

dictámenes y que éstos sean la puerta para que en el futuro podamos ir más a fondo

en la transparencia y la fiscalización, si no por esta vía, por aquellas que la sociedad

impulse a pesar de quienes desde el poder público hacen lo posible por proteger a los

corruptos.


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¡No validamos el proceso que derivó en estos dictámenes!, pero es necesario

que se atiendan las responsabilidades administrativas, civiles y penales contenidas en

ellos. Por su atención y paciencia, muchas gracias.


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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA

PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; A LA LEY DE

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO; Y A LA LEY DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS, EN MATERIA DE

DISCIPLINA FINANCIERA, FORMULADA POR DIPUTADA Y DIPUTADOS

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con el permiso de la diputada

presidenta Karla Alejandrina Lanuza Hernández y de la mesa directiva.

»DIPUTADO SERGIO CARLO BERNAL CÁRDENAS. PRESIDENTE DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. PRESENTE

Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del

Estado de Guanajuato, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 56

fracción II y 63 fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y

146 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano

de Guanajuato, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta H.

Asamblea Legislativa la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforman la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; la Ley de

Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato; la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y la Ley de

Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de

Guanajuato y sus Municipios, en materia de disciplina financiera, de

conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es obligación del estado moderno velar por la estabilidad de las finanzas

públicas y del sistema financiero, el transparente y adecuado uso de los recursos

públicos y establecer por medio del Poder Legislativo una profunda y total fiscalización

de la deuda pública, en aras de que dichas obligaciones se hayan aplicado

correctamente, por medio de la inversión pública productiva en acciones de gobierno

que generen prosperidad y bienestar para la población, pero que también signifiquen

para el erario, directa o indirectamente, la generación de recursos públicos.


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Este concepto se instauró en nuestra vida republicana desde el 21 de abril de

1981 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación la reforma hecha por el

Congreso de la Unión a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al

artículo 117, para eliminar la limitación que existía a la contratación de deuda pública

sólo para obra que generase a los diferentes órdenes de gobierno ingresos directos.

La iniciativa que dio fruto a la modificación constitucional, propuesta por el

titular del Ejecutivo, indicaba que dicha reforma se ubicaba dentro de la política de

fortalecimiento del federalismo que se había trazado y que pretendía el

robustecimiento de las haciendas estatales y municipales al facilitarles el acceso al

crédito público, que se encontraba limitado en razón a que, como ya advertimos, los

empréstitos que podían celebrar los estados y municipios debían aplicarse

exclusivamente para la ejecución de obras destinadas a producir directamente un

incremento en sus respectivos ingresos.

Era así que, previo a la reforma, el financiamiento no podía aplicarse a obras o

inversiones productivas que permitían el desarrollo local, como carreteras regionales,

vecinales u obras de infraestructura urbana, en virtud de que ellas no producían un

incremento directo en sus ingresos, sino mediato o indirecto, por lo que no podían

emplear el crédito público para su ejecución.

La reforma propuso que se ampliara el concepto de las obras para las cuales

podían las entidades federativas y los municipios celebrar empréstitos, es decir,

además de aplicarlos a obras que generaran directamente ingresos, hacerlo también

en obras productivas o financiamientos de servicios públicos, que en forma indirecta o

mediata produjeran recursos públicos. Esto aumentaría la capacidad de pago de los

estados y municipios al crearse nuevos modos de financiamiento del gasto público y

un aumento en la recaudación fiscal.

La modificación que sustituyó el concepto de "obras que estén destinadas a

producir directamente un incremento en sus respectivos ingresos", por el de

"inversiones públicas productivas", señaló con claridad en su exposición de motivos

que el concepto ampliaba la obligación de que las inversiones en obra productiva o

financiamiento a servicios públicos, debían generar recursos públicos no únicamente

de manera directa, sino también de forma indirecta o mediata.

Esto a su vez, generó una prohibición: por ningún motivo los empréstitos

deben aplicarse a obligaciones de gasto corriente u operaciones de conversión.

Así mismo, pugnó la reforma porque el endeudamiento público local fuera

controlado por las legislaturas locales a través de la expedición de una ley que


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estableciera las bases que regulara los procedimientos para la autorización de la

deuda y el ejercicio del empréstitos; además, la autorización debería ser anual para el

Ejecutivo y los Ayuntamientos a fin de contratar préstamos, señalándose las obras y

servicios a los que se aplicarían y sus importes.

Las autorizaciones se debían conceder en la expedición de las leyes de ingresos

y presupuestos de egresos de las entidades federativas y municipales, con la

obligación de presentarse anualmente informes sobre el ejercicio de las autorizaciones

en el acto de rendición de cuentas públicas.

Al paso del tiempo, el concepto de Inversión Pública Productiva de 1981 quedó

adherido dentro de las normas estatales, jurisprudencias y el lenguaje técnico de las

finanzas públicas.

Al día de hoy, el artículo 117 vigente, en su fracción VIII, párrafo segundo, en

la Constitución federal, precisa el destino de la deuda pública a la Inversión Pública

Productiva y establece las bases regulatorias para que las Legislaturas aprueben los

empréstitos:

“Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones y empréstitos

sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive las que

contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases

que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos

que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos

informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública”.

Como puede observarse, la experiencia de las aprobaciones crediticias en

muchos de los casos ha existido laxitud en ellas, pasándose por alto, inclusive el

proceso de planeación que supone contemplar deuda pública exclusivamente, como

ordena la Constitución actualmente, en las Leyes de Ingresos y los Presupuestos

anualizados, con solicitudes dentro del año que no fueron contempladas en esas

normas.

Lo anterior marca desde la Constitución cómo debe ser el proceso para solicitar

la deuda por parte de los entes autorizados y en qué deben aplicarse los recursos, sin

embargo, la propia Carta Magna va más allá y establece también criterios sobre el uso

de los recursos públicos, exigiendo probidad y racionalidad en su uso por parte de los

servidores públicos.

El artículo 134 de la Constitución Federal impone como premisa fundamental

que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los


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municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus

demarcaciones territoriales, se administren con eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Además puntualiza que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán

evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, dichos

órdenes de gobierno con el objeto de propiciar que los recursos económicos se

asignen en los respectivos presupuestos conforme a los principios ya establecidos.

Lamentablemente, a pesar de nuestras normas, la experiencia ha indicado un

desorden en las finanzas de los estados y los municipios por la irregular o dolosa

petición de deuda pública y del destino de esta, que muchas de las veces ha ido a

parar precisamente a gasto corriente y no a Inversiones Públicas Productivas.

El endeudamiento de diversos gobiernos locales y municipales en los últimos

años ha venido a representar un riesgo sobre las finanzas públicas y la prosperidad de

sus poblaciones, de forma tal que ha significado preocupación para el Gobierno de la

República, los órganos legislativos federales y las entidades financieras que

salvaguardan las finanzas públicas.

La deuda pública de entidades y municipios de México constituye un problema

financiero que inhibe el crecimiento y la inversión, de acuerdo a estudios elaborados

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, colocando graves riesgos para la

estabilidad macroeconómica del país.

Informes de la autoridad hacendaria nacional indicaban a principio de año que

en 27 de las 32 entidades, la deuda pública representaba más del 100 por ciento de

sus ingresos propios anuales, es decir, sin contabilizar las aportaciones y

participaciones federales.

Nuestra entidad presupuestó para el ejercicio fiscal 2014 un total de 62 mil

154 millones 896 mil 782 pesos, de los cuales 55 mil 141 millones 872 mil 664 pesos

provienen de recursos federales y sólo 7 mil 13 millones 024 mil 118 pesos de

recursos fiscales propios.

Conforme al último reporte oficial sobre deuda pública de las entidades

federativas emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentado el 31

de junio de 2014 y que reporte el segundo trimestre de este año, Guanajuato adeuda

en lo público de manera total 8 mil 487 millones de pesos, de los cuales 6 mil 318

millones corresponderían al Gobierno del Estado y 2 mil 77 millones a los gobiernos

municipales.


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Estos números nos permiten establecer que Guanajuato, si bien no rebasa la

deuda neta del gobierno del estado lo que ha presupuesto el Gobierno del Estado

conforme a sus propios ingresos fiscales, prácticamente la iguala, aunque habría que

señalar que el la autoridad estatal ha respaldado más de la mitad de la deuda de los

municipios, lo que de sumarse, efectivamente superaría los ingresos propios del

estado.

Por otra parte, de acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, al 30 de junio de 2014 la deuda estatal y municipal ascendió a 489 mil 643

millones de pesos.

En este sentido, las diferentes fuerzas políticas del país en el Congreso de la

Unión han elaborado un proyecto de reforma constitucional, aprobado ya por la

Cámara de Diputados en septiembre de 2013, pero que sigue sin ser avalado por la

de Senadores, que propone cambios importantes en el manejo y control de la deuda

pública por parte de las entidades federativas y municipales, afectando entre otros,

los artículos 108, 116, 117, así como transitorios, donde advierten aspectos que las

legislaciones locales y los municipios deberán contemplar.

De esta serie de obligaciones que se han previsto para las entidades destacan;

en primer lugar el reforzamiento de que el financiamiento obtenido por deuda pública

deberá aplicarse a inversión pública productiva; además, los servidores públicos

deberán ser responsables por el manejo indebido de los recursos y deuda pública,

otorgando a las entidades estatales de fiscalización la atribución de investigar las

acciones del gobierno estatal y municipios en materia de deuda pública.

Otro aspecto que han considerado los legisladores federales en su reforma

propuesta es que en ningún caso se puedan contratar empréstitos para cubrir gasto

corriente, particularmente percepciones de servidores públicos, entre otras; ni

tampoco se podrán realizar contrataciones de deuda antes de que concluyan su

gestión y el endeudamiento de corto plazo, pagarlo a más tardar tres meses antes del

término de período del gobierno, entre otros puntos.

Sin menoscabo de este proceso legislativo federal, el Grupo Parlamentario del

PRI y con base en las actuales facultades y atribuciones que dota a los estados la

Constitución federal y en particular a las legislaturas estatales, ha propuesto modificar

las normas locales para fortalecer la disciplina financiera y recuperar el espíritu que

fundamentan los requisitos de endeudamiento y la aplicación racional de los recursos

obtenidos por vía de la deuda pública.


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El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó el 26

de febrero de 2013 una iniciativa para reformar la Ley de Deuda Pública para el

Estado y los Municipios de Guanajuato, contemplando diversos aspectos que ahora

busca regular el Congreso de la Unión de manera mucho más precisa y como

obligación para las entidades.

Sin embargo, dado que han aumentado los consensos políticos en el orden

nacional respecto a la disciplina financiera que deberá imponerse a las entidades

federativas y los municipios y en atención a que las tesis manejadas en la Federación

y las atribuciones para Guanajuato no son antagónicos, es que presentamos la

siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política para

el Estado de Guanajuato, la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de

Guanajuato, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y la Ley de


Guanajuato y sus Municipios y fortalecer nuestra anterior iniciativa aún en proceso de

dictamen, en aras de fortalecer la disciplina financiera de las entidades públicas en

nuestro estado y establecer con ello mayores controles sobre el endeudamiento

público, responsabilizando a los servidores públicos partícipes en el manejo de dichos

recursos y ampliando las atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior para que

investigue el estado que guardan los empréstitos públicos en lo estatal y municipal.

Uno de los elementos prioritarios es elevar la cualificación de la aprobación de

la deuda pública por parte del Legislativo estatal, ya que es una materia sensible que

requiere legitimidad y responsabilidad a partir de los consensos entre las fuerzas

políticas que integran el Congreso del Estado, por ende se propone que sea por

mayoría cualificada, dos terceras partes de los integrantes del Pleno, la validación de

las solicitudes de crédito, elevando los requisitos en materia de información y

comprobación del uso de los recursos públicos obtenidos tanto al Poder Ejecutivo

como a los Municipios.

La deuda pública afecta por igual a todos los ciudadanos de la demarcación

territorial que la contrata, y por su condición de temporalidad superior al período de

gobierno de quienes, en ejercicio de su derecho como autoridad, solicitan el

endeudamiento, requiere que la instancia que la aprueba lo haga con la mayoría de

los consensos posibles, otorgando así una condición de validez para todas las fuerzas

políticas y la comunidad, dentro de los principios democráticos que enarbola nuestra

República y el propio estado soberano que somos.

La iniciativa de reforma constitucional que ha sido aprobada por el pleno de la

Cámara de Diputados, aun cuando no ha contado con la aprobación senatorial,

comparte esta misma visión y eleva a rango constitucional para la Unión que sean las


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dos terceras partes de los integrantes de las Legislaturas locales quienes aprueben o

desaprueben el endeudamiento público, tanto para estados como municipios.

En virtud a lo anterior, en materia de reforma constitucional, las y los

diputados del PRI proponemos modificar el artículo 63, en su fracción XIV, a fin de

que sea una mayoría cualificada, dos terceras partes de la totalidad de los integrantes

del Congreso del Estado, la que aprueben los montos máximos para que en las

mejores condiciones del mercado el Ejecutivo del Estado y los Municipios contraten

empréstitos para la ejecución de Inversión Pública Productiva.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado y los Municipios podrán contratar

obligaciones financieras para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los

límites máximos y condiciones que establezcan las normas. Las obligaciones a corto

plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de

gobierno correspondiente y no podrán contraerse nuevas obligaciones durante los

últimos seis meses de gestión de dichas administraciones.

Además, se reforman las fracciones XVIII y XIX del propio artículo 63, para

facultar al Congreso del Estado para que en todo momento de seguimiento a las

obligaciones contraídas vía deuda pública tanto del Poder Ejecutivo como de los

Municipios.

Por otra parte, se modifica el artículo 66 constitucional en su fracción I para

que Órgano de Fiscalización Superior, como instrumento del Poder Legislativo, pueda

dar seguimiento a la contratación de las obligaciones de corto plazo contraídas por el

Poder Ejecutivo y los Municipios, así como al origen y destino de los recursos

generados por la deuda pública.

Por lo que toca a la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de

Guanajuato se propone modificar el artículo 2, fracción XII a fin de precisar la

definición de Inversión Pública Productiva.

En tanto, se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 para precisar que deberá

liquidarse cualquier obligación financiera de corto plazo, a más tardar, tres meses

antes del término del período de gobierno.

Igualmente, se modifica el artículo 12 en sus fracciones I y III para que sea

por mayoría calificada del Congreso la autorización de deuda pública al Gobierno del

Estado y los Municipios, precisándose las condiciones de análisis y justificación del

endeudamiento, misma que deberá basarse en las proyecciones estimadas en el


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Programa de Desarrollo estatal o municipal que corresponda, así como la información

sobre el destino en el que se aplicarán los recursos obtenidos vía deuda pública..

Se propone también reforman las fracciones primeras de los artículos 13 y 15,

para que se amplíen en los requisitos de la solicitud de endeudamiento estatal y

municipal, precisando las fuentes de pago y las acciones a que se destinarán de

manera específica los recursos derivados del endeudamiento.

Además, en el caso del artículo 13 se adiciona una fracción XIV que precisa la

obligatoriedad del Ejecutivo para informar sobre la contratación, destino, uso y

cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo ante el Congreso del Estado en el

mismo ejercicio fiscal en que se contraigan, por lo que se recorre la fracción

subsecuente.

La misma obligación se aplica a los Municipios en el artículo 15 en su fracción

X, recorriéndose la subsecuente.

Por lo que toca al artículo 30 se propone adicionar un último párrafo que

señala el impedimento para contratación de deuda pública en los últimos seis meses

de gestión del gobierno correspondiente, esto con el fin de no afectar la programación

de la siguiente administración.

Finalmente, en su artículo 43, se adicionan dos párrafos finales precisando las

atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior en materia de deuda pública y la

obligación de rendición de informes trimestrales al Pleno del Congreso del Estado

sobre el estado que guardan las deudas municipales y del Gobierno del Estado.

De igual forma se propone en esta iniciativa reformar la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Guanajuato, que modifica el artículo 8, adicionando una

fracción II donde se establece la atribución del Órgano de Fiscalización Superior para

dar seguimiento a las acciones del Poder Ejecutivo y Municipios en materia de deuda

pública, recorriéndose las subsecuentes fracciones.

Finalmente, se propone la reforma a la Ley de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios

en sus artículos 22, estableciéndose sanciones que van de la destitución e

inhabilitación de uno a veinte años por el mal manejo de los recursos públicos, pues la

actual legislación comprendía exclusivamente amonestación por ese hecho, siendo

desequilibrada esta circunstancia frente a los parámetros de rendición de cuentas que

exigen los tiempos actuales.


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Esta reforma combate la impunidad y propicia diques para la malversación de

fondos o un uso irresponsable de los recursos públicos derivados de la deuda pública,

pues en la actualidad sólo exponen a una simple amonestación un hecho tan grave y

sensible para la población, que con grandes esfuerzos aporta con sus contribuciones

los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones públicas.

La iniciativa en apego a los principios de una disciplina financiera que beneficie

a los guanajuatenses y otorgue sanidad a las finanzas públicas estatales, en el marco

de la estrategia nacional de coordinación fiscal, transparencia y rendición de cuentas,

fortalece las tareas de fiscalización del Poder Legislativo y precisa responsabilidades

para el sector público estatal y municipal sobre la materia de deuda pública.

Por lo expuesto y fundado, las y los diputados del Grupo Parlamentario del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a la

consideración de esta H. Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 63 de la Constitución Política

para el Estado de Guanajuato en sus fracciones XIV, XVII y XIX; también se reforma

la fracción I del artículo 66, para quedar como sigue:

Artículo 63. Son facultades del Congreso del Estado:

I a XIII…

XIV. Autorizar por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los

integrantes del Congreso del Estado, los montos máximos para que en las mejores

condiciones del mercado el Poder Ejecutivo y los Municipios contraten empréstitos

para la ejecución de Inversión Pública Productiva, en los términos de la Ley de Deuda

Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Dicha autorización no será

necesaria cuando los créditos se contraten como consecuencia de una calamidad

general;

Sin perjuicio de lo anterior, el Ejecutivo y los Municipios podrán contratar

obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites

máximos y condiciones establecidos legalmente, debiendo presentar informe sobre la

contratación, destino, uso y cumplimiento de dichas obligaciones ante el Congreso del

Estado durante el mismo ejercicio fiscal.

Las obligaciones a corto plazo contraídas por el Ejecutivo del Estado y los

Municipios en el último año de su período de gobierno, deberán liquidarse a más

tardar tres meses antes del término de la administración correspondiente y no podrán

contratarse nuevas obligaciones ni deuda pública dentro de los seis meses previos a la

conclusión de su gestión.


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XV al XVII…

XVIII. Fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo incluyendo la de las

entidades y organismos de la administración pública paraestatal, del Poder Judicial y

de los organismos autónomos por Ley; de igual manera, verificar el desempeño en el

cumplimiento de los objetivos de los programas, así como dar seguimiento a las

obligaciones financieras contraídas vía deuda pública. Para tal efecto, el Congreso se

apoyará en el Órgano de Fiscalización Superior, en los términos de la Ley

Reglamentaria correspondiente;

XIX. Fiscalizar las cuentas públicas municipales incluyendo las de las entidades

y organismos de la administración pública paramunicipal; de igual manera, verificar el

desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas, así como dar

seguimiento a las obligaciones financieras contraídas vía deuda pública.. Para tal

efecto, el Congreso se apoyará en el Órgano de Fiscalización Superior, a que se

refiere la fracción anterior;

XX al XXXIV.

Artículo 66. El Órgano de Fiscalización Superior…

Son sujetos de fiscalización…

Los organismos autónomos…

Los sujetos de fiscalización…

El Órgano de Fiscalización…

I. Analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los

programas que para el efecto se aprueben por el Órgano. Si del examen que se

realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los

conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los

ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades

de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos

de los programas, el Órgano de Fiscalización Superior sólo podrá emitir las

recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de

la Ley. Dará también seguimiento a la contratación de las obligaciones de corto plazo

contraídas por el Poder Ejecutivo y los Municipios, así como al origen y destino de los

recursos generados por la deuda pública.

II al XI…

El Órgano de…


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En situaciones…

El titular…

El titular…

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la Ley de Deuda Pública para el Estado y

los Municipios de Guanajuato en su artículo 2, reformando el primer párrafo de su

fracción XII; se adiciona un párrafo segundo al artículo 7 y se recorre el subsecuente;

se reforman las fracciones I y III del artículo 12; se reforma la fracción I del artículo

13; se reforma la fracción I del artículo 15; se reforman las fracciones III del artículo

30 y se adiciona un último párrafo, y finalmente, se adicionan dos párrafos al artículo

43, para quedar como sigue:


I al XI…

XII. Inversión Pública Productiva. Las erogaciones destinadas a la ejecución de

obras, contratación de servicios, adquisición de bienes y los gastos para la

rehabilitación que generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos,

siempre que con la operación de dichos activos, se generen directa o indirectamente

bienes de capital.

También se considerará…

XIII al XV.

ARTÍCULO 7. No constituirán deuda…

En el último año de gestión de la administración que corresponda, las

obligaciones financieras directas contraídas a corto plazo deberán liquidarse a más

tardar tres meses antes del término del período de gobierno.

Tampoco constituirán deuda pública…

ARTÍCULO 12. El Congreso del Estado tendrá las siguientes facultades y

obligaciones:

I. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de la totalidad de sus

integrantes, en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, las bases, montos y

condiciones de los empréstitos y obligaciones que el Ejecutivo del Estado se proponga


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contratar, cuidando éste de presentar las mejores condiciones del mercado, previo

análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso el otorgamiento de garantía o

el establecimiento de la fuente de pago. La solicitud de endeudamiento deberá

contener, además, justificación de la misma con base al Programa Estatal de

Desarrollo que corresponda y la mención expresa de las acciones en que se aplicarán

los recursos obtenidos por la contratación de dicha deuda. Aprobará por mayoría

absoluta, en el Presupuesto General de Egresos del Estado, los pagos que se hagan

de la deuda pública durante el ejercicio fiscal.

Las iniciativas correspondientes, deberán contener los elementos de juicio que

las sustenten y la mención expresa de la partida destinada al servicio de la deuda;

II…

III. Autorizar, con la votación de las dos terceras partes de la totalidad de sus

integrantes y previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso el

otorgamiento de garantía y el establecimiento de la fuente de pago de las solicitudes

de endeudamiento de las entidades públicas previstas en las fracciones II, III, IV y V

del artículo 3 de esta Ley. La solicitud de endeudamiento deberá contener, además,

justificación de la misma con base al Programa Estatal o Municipal de Desarrollo que

corresponda.

IV al X…

ARTÍCULO 13. El Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes facultades y

obligaciones:

I. En las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se deberá

incluir un programa financiero anual, con base al cual se manejará la deuda pública

del Estado, señalando los montos de endeudamiento neto necesarios para cubrir los

requerimientos del ejercicio fiscal correspondiente, debiendo contener los elementos

de juicio que los sustenten y, la mención expresa de las partidas del presupuesto de

egresos destinados al servicio de la deuda, las fuentes de pago y las acciones a que

se destinarán de manera específica los recursos derivados del endeudamiento.

II al XIV…

XV. Presentará informes sobre la contratación, destino, uso y cumplimiento de

sus obligaciones de corto plazo ante el Congreso del Estado durante el mismo

ejercicio fiscal en que las contraiga.


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XVI. Las demás que en materia de deuda pública correspondan.

ARTÍCULO 15. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades y

obligaciones:

I. Elaborar y aprobar sus programas financieros anuales dentro de sus

presupuestos de egresos, que incluirán todas las operaciones de deuda pública a que

se refiere esta Ley, remitiéndolos al Congreso del Estado para efectos de registro,

además deberán presentar las fuentes de pago y las acciones a que se destinarán de

manera específica los recursos derivados del endeudamiento.;

II al IX….

X. Presentará informes sobre la contratación, destino, uso y cumplimiento de

sus obligaciones de corto plazo ante el Congreso del Estado durante el mismo

ejercicio fiscal en que las contraiga.

XI. Las demás que en materia de deuda pública correspondan.

ARTÍCULO 30. La solicitud que el Ejecutivo del Estado o los Municipios

presenten al Congreso del Estado para la autorización de un empréstito, deberá

contener los siguientes requisitos:

I al IV…

El Ejecutivo del Estado, los Municipios y demás entidades públicas no podrán

solicitar autorización de empréstitos ni obligaciones de corto plazo dentro de los seis

meses previos al término del período de gobierno que le corresponda.

ARTÍCULO 43. El Congreso del Estado por conducto…

Las entidades públicas…

El Órgano de Fiscalización Superior, dará seguimiento a las acciones del Poder

Ejecutivo y los Municipios en materia de deuda pública, verificando que los recursos

se hayan destinado a los proyectos para los que fueron solicitados y el cumplimiento

de las condiciones de financiamiento que fueron presentadas al Congreso del Estado

en la solicitud.


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El Órgano de Fiscalización Superior deberá presentar informes trimestrales,

independientemente de los de cuenta pública, al Pleno del Congreso del Estado sobre

la situación que guarda la deuda del Gobierno del Estado y los Municipios.

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona una fracción II al artículo 8 de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato de Fiscalización, recorriéndose las

posteriores para quedar como sigue:

ARTÍCULO 8. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá las siguientes

atribuciones:

I…

II. Dar seguimiento a las acciones del Poder Ejecutivo y de los Municipios en

materia de deuda pública, debiendo presentar de manera trimestral,

independientemente de los de cuenta pública, un informe de la situación que guarda

la deuda pública estatal y las municipales al pleno del Congreso del Estado.

III al XXV… (Se recorren)

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 22 de la Ley de


Guanajuato y sus Municipios para quedar como sigue:

Artículo 22. Las sanciones por el incumplimiento…

I al II…

III. Destitución e inhabilitación de uno a veinte años, cuando se incurra en

alguna de las conductas de la fracción IV del artículo 11; así como las previstas en las

fracciones I, II, IV y XI del artículo 12, ambos de esta Ley; y

IV…

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, Gto., 25 de septiembre de 2014. Las diputadas y los

diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado

de Guanajuato. Dip. Jorge Videgaray Verdad. Dip. Yulma Rocha Aguilar. Dip.


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Érika Lorena Arroyo Bello. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna. Dip. Felipe de

Jesús Orozco García. Dip. Guillermo Romo Méndez. Dip. Francisco Javier

Contreras Ramírez. Dip. José Gerardo Zavala Procell. Dip. Luis Felipe Luna

Obregón. Dip. Pedro Chávez Arredondo. Dip. Roberto Mauricio Vallejo

Rábago. «


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INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL,

MANIFESTÁNDOSE EN CONTRA DE LOS SIGUIENTES DICTÁMENES:

DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y


FINANCIERA PRACTICADA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, CORRESPONDIENTES AL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011;

DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y


INTEGRAL PRACTICADA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE

GUANAJUATO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE


DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y


INTEGRAL PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO,

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011.

Sesión Ordinaria 26 de junio de 2014


De conformidad al programa de trabajo del Órgano de Fiscalización Superior,

se procedió a la auditoría financiera de las operaciones realizadas por la Secretaría de

Educación correspondiente al ejercicio fiscal 2011. Del examen y cotejo de la

información valorada de las actividades financieras del ente fiscalizado, se observaron

varias asimetrías, no obstante la flexibilidad en la aplicación rigurosa de los criterios

que norman los procesos y técnicas de una auditoría gubernamental que,

esencialmente, deben analizar y evaluar el estado que guarda el gasto presupuestal

programático para valorar la administración, control, utilización y destino de los

recursos a cargo de la dependencia auditada. A pesar de estas facilidades, el reporte

analizado adolece de la disciplina técnica que caracteriza los informes de resultados

de este tipo, razón por la que se dificulta la adecuada jurispreciación de la eficiencia y

eficacia, en este caso, de la Secretaría de Educación en el estado.

Por ello, en la medida en que las auditorías públicas se lleven a cabo con

precisión, metodología y en apego a la aplicación de la ley, se mantendrá un

adecuado ejercicio de esta función revisora que pretendemos se realice de manera

responsable en el plano estrictamente jurídico-contable que nos demanda la ley del

Presupuesto General de Egresos del Estado para los ejercicios fiscales


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correspondientes y la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos en la

Entidad y sus Municipios; de manera que podamos conocer objetivamente los

elementos que nos permitan el diagnóstico del quehacer administrativo y operativo

para poder evaluar el estado que guardan los objetivos y programas correlacionados

con el presupuesto de ingresos y egresos autorizados para el cumplimiento de los

objetivos y programas de la dependencia.

Reitero y subrayo que con base a las facilidades empleadas para esta auditoría,

consistente en la selectividad de pruebas operativas y acciones ejecutadas con los

recursos públicos asignados a la Secretaría de Educación de Guanajuato, los

resultados muestran una mediocre efectividad, eficiencia y economía de las

actividades y calidad en los servicios de la gestión pública orientados a la educación

de los guanajuatenses, como lo demuestra el alarmante rezago educativo que tan

sólo durante el año 2010 representó un 8.2% de analfabetismo en la población de 15

años de edad, un 15.7% sin primaria terminada y un 25.2% sin secundaria concluida,

por citar algunos datos, los que representan un total del 49.1% de postergación

educativa; y señalo estas estadísticas obtenidas de la INEA como referencia

ineludible, toda vez que el año que comprende esta revisión, corresponde al 2011,

cifras que, como todos sabemos, se han incrementado considerablemente.

En consecuencia, resulta evidente la falta de conjunción de los distintos

factores para lograr las metas planteadas por la Secretaría de Educación de

Guanajuato, en correlación con el considerable presupuesto que se autoriza. Esta

divergencia derivada de sus niveles de desarrollo y actuación en el ámbito de sus

competencias, nos obliga indefectiblemente a continuar mejorando nuestros

instrumentos de fiscalización, control y evaluación para el adecuado ejercicio del

gasto público en atención a las funciones de las instituciones para que sin sesgos

políticos podamos contribuir a un adecuado aprovechamiento de los recursos públicos

orientados a la satisfacción de las más elementales necesidades de los

guanajuatenses; en las que la educación tiene, por su carácter, una relevante

responsabilidad social. De ahí nuestro interés por los resultados de su ejercicio

gubernamental que con honestidad expreso, nos dejan insatisfechos los pobres

resultados observados en el informe de auditoría financiera realizada a la Secretaría

de Educación de Guanajuato, presentado por el Órgano de Fiscalización Superior a

la consideración de la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

Por ello, en congruencia al contenido del reporte y a las referencias señaladas,

desaprobé en su momento el dictamen que en esta sesión se somete a nuestra

apreciación, y que les exhorto a que juntos votemos en contra del mismo, guiados por

el sentido de la objetividad de la auditoría valorada, al desempeño de la Secretaría de

Educación de Guanajuato.

Hasta aquí corresponde al razonamiento del voto en contra del dictamen de la

Secretaría de Educación de Guanajuato.

Procedo a razonar el voto que corresponde a la Comisión Estatal del Agua.


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Posicionamiento para hablar en contra del dictamen emitido por la

Comisión de Hacienda y Fiscalización, respecto al dictamen de la Comisión

Estatal del Agua, Auditoría integral 2011.

La importancia de una auditoría, desde sus orígenes en el Siglo XVIII, reside

precisamente en el examen crítico y sistemático que se realiza en la revisión y

verificación de los registros de carácter patrimonial para determinar su cumplimiento

con las normas contables que permitan una evaluación técnica a partir de los distintos

procesos y propósitos orientados a la gestión y eficiencia de una organización.

En esta perspectiva y en cumplimiento con el programa anual de auditorías

2012 del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso, se practicó el análisis integral

de las operaciones realizadas por la Comisión Estatal del Agua, con el objetivo de

revisar y comprobar que la administración, control, utilización y destino de los

recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo de esa Comisión Estatal fueron

aplicados con transparencia, atendiendo a los criterios de racionalidad, austeridad y

disciplina presupuestal; de manera que los resultados presentados en la información

financiera contenida en los estados financieros y de situación presupuestal, nos

conllevan indefectiblemente a señalar que de acuerdo con el estudio documental y la

verificación de la actividad financiera durante el periodo que se auditó en apego al

presupuesto de ingresos y egresos autorizados de conformidad con los ordenamientos

jurídicos aplicables, se observaron distintas inconsistencias que no corresponden a los

lineamientos internos y disposiciones normativas para su ejercicio.

Entre otras, baste como ejemplo referirnos a la revisión concerniente a los

registros de ingresos que en la cuenta 4221914000 de Ayudas y Subsidios se anota

un alcance del 16%, sin justificar la base probatoria selectiva que respalde su destino;

como tampoco se determinaron los criterios para el examen de los recursos de

organismos operadores y otros rubros de obra pública de carácter estatal y las

convenidas con los municipios que no fueron revisadas reportándose con un avance

del 0%, cuando consideramos que una de las finalidades trascendentes de la

investigación financiera pública atañe a la inversión en obra pública para comprobar

que los sistemas de control interno, operativo y contable que regula la función,

aseguren la protección de los recursos y su efectiva utilización, la calidad de los

trabajos, la razonabilidad de los costos y la confiabilidad de la información en la

ejecución de la obra pública con estricta atención a lo dispuesto en la legislación

vigente.

Resulta preocupante que una revisión como la practicada a las cuentas

públicas de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, que técnicamente se trataba

de un estudio minucioso, se limite a auscultar el 61% de un total de 482 millones 397

mil 277 pesos, a eso le llaman una auditoría integral, ¡por supuesto que no!, nos

queda claro que la revisión no satisfizo los alcances que corresponde a la integralidad

solicitada.

De manera que nos pronunciamos en contra de este dictamen, al no

demostrarse las condiciones necesarias para su aprobación, consecuentes con la


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dictaminación de observaciones señaladas por el Órgano de Fiscalización Superior, en

las que se indica el cumplimiento parcialmente solventado por el ente fiscalizado, y de

manera particular, la consideración técnica jurídica de la responsabilidad

administrativa, que por ningún motivo debemos de desestimar por ser una

responsabilidad simplemente de carácter disciplinario, su implicación resulta

altamente significativa al tratarse de una responsabilidad que adquiere una

connotación especial, pues se trata de los servidores públicos que al infringir

disposiciones administrativas referentes al ejercicio de su actividad en relación con el

servicio que les está encomendado, y que su acción u omisión conlleva no sólo a

dejarla en una simple amonestación, apercibimiento o multa, que al margen de su

trivial sanción, nos alerta a la prevención para evitar conductas que desde su origen

administrativo se vinculan con la corrupción, motivo de la decepción colectiva en las

instituciones gubernamentales y del encono social.

En consecuencia aprobar este dictamen contribuiría a solapar irregularidades y

avalar ineficiencias en la disponibilidad financiera de las actividades públicas y la

forma en que se aplican esos recursos, asignados fundamentalmente para garantizar

el desarrollo eficaz de un organismo que por su naturaleza y funciones tiene la

Comisión Estatal del Agua.

Apeguémonos a los objetivos y fines que se atienden en cada auditoria y no

contribuyamos a desacreditar el trabajo de nuestro Órgano de Fiscalización Superior,

cuya atribución, entre otras es, emitir las observaciones generadas por la

constatación de la información proporcionada, en este caso por la Comisión Estatal del

Agua, y procedamos a las recomendaciones pertinentes a su corrección, dando plena

credibilidad en la información analizada, que sustentan de manera fehaciente nuestro

voto en contra del dictamen.

Una vez más asumamos nuestra responsabilidad legislativa que corresponde a

la atribución de fiscalización, tarea rigurosa que nos implica la supervisión del correcto

aprovechamiento y destino de los recursos públicos que constituyen el patrimonio de

los guanajuatenses, máxime tratándose de la revisión a un organismo que, por sus

atribuciones, tiene una significativa relevancia al vincularse con la administración de

uno de los recursos existenciales más elementales del hombre, el AGUA, su

disponibilidad, medición, gestión y tratamiento; por ello, insistimos en base a las

irregularidades detectadas, no aprobar este dictamen y solicitarles nos unamos a

votar en contra del dictamen que se somete a consideración.

Hasta aquí lo correspondiente para razonar el voto en contra de la Comisión

Estatal del Agua.

Procedo a razonar en contra el dictamen correspondiente a la

Secretaría de Obra Pública de Guanajuato.

El C. Presidente: Adelante diputado.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Gracias presidente.


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He pedido la palabra para razonar mi voto en contra del presente dictamen y

solicitar a esta Asamblea se sume a mi postura, a fin de que no sea aprobado por la

mayoría de este Congreso por no ajustarse a la realidad y librar de responsabilidad a

quienes, teniendo en sus manos la administración de los recursos públicos de la

Secretaría de Obra Pública en el año 2011, incurrieron en flagrantes violaciones a la

ley, ignoradas en el informe del Órgano de Fiscalización Superior y en el dictamen

aprobado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, al cual le di mi voto negativo.

La auditoría financiera practicada a las operaciones realizadas por la Secretaría

de Obra Pública del Estado de Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido

del 1° de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2011, se sometió a

consideración de quienes integramos la Comisión de Hacienda y Fiscalización el día 10

de marzo del presente, y por aprobación de la mayoría, se ordenó la elaboración de

un dictamen en sentido negativo.

Mi voto en contra obedece a que contrario a la naturaleza de la revisión, el

informe presentado por el Órgano de Fiscalización Superior supone un análisis

superficial sobre el cumplimiento de los requerimientos descritos; pues de manera

irresponsable el auditor general lleva a cabo su revisión con base en pruebas

selectivas de corto alcance; esto es, por sus resultados obtenidos no corresponden a

las implicaciones que representa una auditoría integral.

En un ejercicio de congruencia, mis compañeras diputadas Ma. Guadalupe

Sánchez Centeno y María Juana Georgina Miranda Arroyo, se suman a mi posición

oponiéndose a la aprobación del suscrito informe de resultados, elaborándose el

dictamen en sentido negativo.

De tal resolución, se desprende el oficio de fecha 13 de mayo de 2014, dirigido

a la mesa directiva de esta Soberanía, en el cual se solicitó la opinión de sus

integrantes con respecto al trámite parlamentario a seguir para dar cauce al informe

que nos ocupa.

Por respuesta obtuvimos lo siguiente, y leo textual: »…se recomienda a dicha

Comisión reconsiderar el acuerdo tomado en su momento, de no aprobar el informe

de resultados, a fin de que dicho informe se apruebe en sus términos; o bien, se

proponga al Pleno del Congreso su devolución al Órgano de Fiscalización Superior,

siempre que se actualice alguna de las causales establecidas por el artículo 45 de la

Ley de Fiscalización Superior del Estado; y de esta manera se agotaría el proceso de

fiscalización y se estaría en posibilidad de promover el ejercicio de las acciones y

responsabilidades que se determinaron en el informe de resultados…» Hasta aquí la

cita.

Resulta improcedente la determinación asumida por la Mesa Directiva al

respecto, pues en nuestro carácter de diputados, integrantes de la Comisión de

Hacienda y Fiscalización, siendo representantes populares, constreñidos a ejercer y

desempeñar exclusivamente las facultades previstas en la Constitución Política del


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Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y

demás leyes aplicables al ejercicio de la función parlamentaria, carecemos de

competencia o facultad alguna que nos permita dejar sin efectos el dictamen

aprobado en sentido negativo de fecha 10 de marzo del presente año; es decir, no

aprobando el informe de resultados de la auditoría integral practicada a la Secretaría

de obra Pública del Estado de Guanajuato, por el periodo comprendido del 1º de

enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2011.

De igual manera, los integrantes de la mesa directiva de este Congreso Local,

carecen de facultades para ordenar a los miembros de la Comisión de Hacienda y

Fiscalización, que aprueben la emisión de un dictamen que sustituya aquél que

previamente fue aprobado por la mayoría de quienes integramos este Órgano

Colegiado, mismo dictamen que se insiste, concluyó en el sentido de tener por no

aprobado el multicitado informe de resultados.

Es oportuno señalar que la Constitución Política Local, la Ley Orgánica del

Poder Legislativo o demás leyes aplicables a la función parlamentaria, en ningún

apartado prevén la facultad de revocar las propias determinaciones, mismas que,

previamente fueron adoptadas mediante la votación colegiada de sus miembros

dentro de los respectivos procedimientos legislativos.

Asimismo, no se debe soslayar que el Presidente de la Mesa Directiva no tiene

el carácter de superior jerárquico de las diputadas y diputados que integran dicha

Comisión de Hacienda y Fiscalización, y por consecuencia adolece de facultades para

ordenar a alguno de ellos la realización de acto alguno, propio de las atribuciones

encomendadas y conforme a las cuales puede emitir su voto a favor, en contra, o

abstenerse de considerarlo necesario.

A razón de lo anterior, es preciso señalar que el trámite sugerido por los

integrantes de la Mesa Directiva en acuerdo de fecha 22 de mayo de 2014, al

pretender que el dictamen, que fue previamente aprobado en sentido negativo, se

regrese a la Comisión de Hacienda y Fiscalización y se reemplace por otro que,

necesariamente, debe de concluir en sentido positivo, carece de todo sustento legal;

y, en consecuencia, su acatamiento implica una actuación ilegal y arbitraria por

quienes integramos el órgano colegiado referido.

Es obvio, insistir y repetir que fue flagrante la violación al principio de

legalidad, pues todos tenemos la obligación de constreñirnos a la observancia estricta

de lo que reza y dicta el principio de legalidad; no podemos hacer nada que la ley

expresa nos faculte y en esta ocasión hicimos todo lo contrario.

Es el caso que indebidamente se agenda en el orden del día de fecha 23 de

junio de 2014, en la Comisión de Hacienda y Fiscalización, el mismo dictamen de obra

pública que ya había sido sancionado negativamente; se somete otra vez a votación,

resultando esta vez aprobado sin sustento legal alguno y violando el principio de

legalidad flagrantemente.


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Por otra parte, hago énfasis en el resultado de esta auditoría ligera que dio

inicio el 14 de marzo de 2012, y es precisamente dos años después que concluye esta

revisión; que quienes integramos esta comisión nos damos cuenta que el resultado no

genera más que engrosar las estadísticas de la impunidad, al dejar sin sanción por el

simple paso del tiempo, a funcionarios públicos que por su indebido actuar pusieron

en riesgo el dinero de todos los guanajuatenses.

A saber, el artículo 1353 del Código Civil para el Estado de Guanajuato

establece el plazo de un año para poder ejercer acción de rescisión o resolución de un

contrato. Por otra parte, el numeral 27 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas señala los plazos de la prescripción en materia administrativa, que

antes de la reforma de 2013 contemplaba plazos de 1, 2 y 3 años; por tanto, y en

virtud del ineludible trascurso del tiempo, vemos como se diluye la posibilidad de

reparar el daño causado y que los responsables reciban su castigo.

Así pues, del groso del dictamen se desprenden complejas irregularidades que

no hacen más que corroborar lo hasta ahora sabido por los guanajuatenses, el

descaro con el que se borra de un tintazo el mal actuar de los servidores públicos de

las administraciones, que lo que menos pueden presumir es la trasparencia y la

rendición de cuentas.

Resulta preocupante que una revisión como la practicada a las cuentas

públicas de la Secretaría de Obra Pública, que técnicamente se trataba de un estudio

minucioso, se limite a auscultar el 54% de un total de 2 mil 32 millones 464 mil

pesos, ¿a eso le llaman una auditoría integral?, ¡por supuesto que no!, nos queda

claro que la revisión no satisfizo los alcances que corresponde a la integralidad

solicitada.

Sin embargo, se obtuvieron responsabilidades civiles por más de seis millones

de pesos, ¿qué hubiera pasado si hubieran revisado los mil millones de pesos

restantes?, se hubieran podido encontrar responsabilidades civiles de otros seis

millones de pesos o más; sin embargo, pese a las inconsistencias del dictamen,

tenemos nuevamente la oportunidad de que impere un bien mayor en la conciencia de

cada uno y con ello decirle a la sociedad guanajuatense que no permitiremos más

impunidad entre quienes hicieron de la forma fondo, transgrediendo a cada paso la

ley, como ocurre con el dictamen de la referida auditoría integral.

Nos encontramos pues, ante la imposibilidad de interponer sanción por el

inexorable trascurso del tiempo, ¡pero de una gestión limpia mejor ni hablemos!, pues

lo que caracterizó a la administración pasada fue la corrupción, el despilfarro de

recursos y nepotismo, ¡y, por supuesto!, la Secretaría de Obra no fue la excepción.

No seamos pues corresponsables de las malas prácticas del sexenio pasado,

hagamos valer la alta responsabilidad de ser el contrapeso y ente fiscalizador del

Ejecutivo, hagamos pues de esta Soberanía un verdadero equilibrio político, tal como

lo estableció el célebre Montesquieu en su obra »El espíritu de las leyes»


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Reitero mi postura, como la hice saber en su oportunidad, tal pareciera que

este Poder legislativo sólo ejerce a través de su órgano técnico, el Órgano de

Fiscalización Superior, su facultad de fiscalizar pero nada más a los municipios. ¿Y que

hay del Poder Ejecutivo?, sus dependencias y entidades, ¡que no nos tiemble la mano

revisar al señor Gobernador, para eso estamos, ese fue nuestro compromiso al asumir

esta encomienda!

Me opuse en Comisión, me opongo ahora y pido a ustedes que en un acto de

conciencia, ética social y congruencia, validemos nuestro compromiso social, y

votemos contra este dictamen, cuyo contenido no hace más que repetir esquemas de

opacidad e impunidad insuperados.

Es momento de rendir cuentas a quienes depositaron su confianza en quienes

integramos esta Soberanía.

-El C. Presidente: Permítame diputado.

¿Sí diputado Guillermo Romo Méndez?

C. Dip. Guillermo Romo Méndez: ¿Podría pedirle al orador si me acepta una

pregunta?

-El C. Presidente. Diputado Zavala Procell, ¿le acepta una pregunta al

diputado Guillermo Romo Méndez?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Discúlpeme diputado, permítame

terminar y con mucho gusto.

Es momento de rendir cuentas a quienes depositaron su confianza en quienes

integramos esta Soberanía, los guanajuatenses tienen el derecho de ser informados

sobre lo hecho por quienes les sirven desde la función pública; pero también de saber

en qué se gastan sus impuestos, cuyo único destino debe ser retribuido en bienes y

satisfactores para la propia sociedad, y no obedecer a intereses mezquinos o de otra

índole.

Por esta ocasión es todo lo que tengo qué manifestar. Por su tolerancia, su

tiempo y atención, muchas gracias.

-El C. Presidente: Gracias diputado. No habiendo más intervenciones, se pide

a la secretaría que proceda a recabar votación nominal de la Asamblea, a efecto de

aprobar, o no, los dictámenes puestos a su consideración.


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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA FORMULADA POR DIPUTADA Y


REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN,

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.

Sesión Ordinaria 29 de mayo de 2014


(Leyendo) »DIPUTADO GALO CARRILLO VILLALPANDO. PRESIDENTE

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. PRESENTE.

Los que suscribimos, Diputadas y Diputados que integramos el Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Segunda


56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146, fracción

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado libre y soberano de Guanajuato,

sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea Legislativa la iniciativa

con proyecto de decreto para modificar los artículos 4 derogando las

fracciones VI, VII y VIII; 5, 7, 8, 9 derogando el último párrafo; 10, 11

derogando las fracciones I, II, III y IV; 13, 14, 17,18, 20, 23 fracción IV; 24,

25, 26 fracción III, se deroga la fracción V y se adiciona un último párrafo;

28, 30 agregándose un párrafo último; 34, 36 y la fracción III; 38, 40, 45, 50

y 52; se adicionan los artículos 7 bis y 35 bis y se derogan el artículo 44 y las

fracciones II y IV del artículo 46 a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del

Estado y los Municipios de Guanajuato, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El artículo 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato

establece la responsabilidad del Estado para indemnizar a los particulares por los

daños que con motivo de su actividad administrativa irregular les cause en sus bienes

o derechos, por lo tanto, las personas que sean afectadas por los actos relacionados

con la actividad administrativa del Estado tendrán derecho a una indemnización

conforme a las bases, límites y procedimientos que establezca la ley reglamentaria,

que en el caso, lo es la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de

Guanajuato.

La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de

Guanajuato en su actual aplicación, refleja claramente gran cantidad de deficiencias

que hacen necesaria una reforma integral con el fin de incidir en las disposiciones

normativas que requieren de una actualización, modificación, adición o supresión,

según sea el caso.


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Consecuentemente con lo anterior, la presente iniciativa está encaminada a

que se abandone ese esquema de cuasi irresponsabilidad y se ubique dentro del

grupo de las legislaciones modernas y progresistas, en lo que respecta a

responsabilidad patrimonial de los órganos del Estado se refiere.

Esta propuesta cumple con los objetivos de toda norma jurídica, consistente en

la persecución del bienestar social, equilibrando los intereses que pudiesen verse

afectados por las acciones u omisiones de los actos formalmente administrativos.

El Estado tendrá que ser más cauto, mucho más previsor y más eficaz en el

desempeño de sus funciones. De igual forma, esto derivará en la mejora de la calidad

en la prestación de los servicios públicos, encaminándolos hacia estándares

aceptables de actividad administrativa.

La presente reforma busca como aspecto medular: brindar de una mayor

seguridad jurídica al procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, ya que

otorga a los particulares vías para que indistintamente puedan reclamar sus derechos,

que se dirigen ante la propia autoridad administrativa, a fin de que ésta emita su fallo

y que si el mismo, no llegase a satisfacer al interesado, éste tenga la oportunidad de

impugnarlo.

Así mismo, se tiene presente la problemática financiera y presupuestal que

puede significar el establecimiento de la obligación del Estado de indemnizar

directamente a los particulares a los que cause un daño, independientemente de sí su

actuación es lícita o ilícita, de manera que se busca cuidar el patrimonio público,

sentando las bases, límites y procedimientos para la indemnización.

Una figura jurídica especialmente relevante es la capacidad que se le otorga al

Estado para que éste ejerza acción de repetición en contra del servidor público que

haya actuado o dejado de actuar debidamente o actuado de manera ilegal provocando

daños o perjuicios a particulares.

Ello obedece a no permitir la impunidad de los servidores públicos ni solapar

las irresponsabilidades de su actuación sino garantizar fundamentalmente el derecho

de los particulares a su integridad patrimonial.

Sin embargo, habrá que tomar en cuenta que una considerable parte de las

lesiones patrimoniales que se producen a particulares no necesariamente provienen

de la realización u omisión de una conducta, sino fundamentalmente de errores de

organización de una área administrativa o de servicios, en las cuales es difícil

determinar la culpabilidad o no, en lo particular de algún servidor público.

La iniciativa que hoy se presenta, tiene como objetivo fundamental, favorecer

la eficiencia y profesionalización en los servicios que presta el Estado, haciendo del

mismo un organismo con mayor responsabilidad, pero también más justo y mucho

más democrático.


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Por lo expuesto y fundado nos permitimos someter a la consideración de la

Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único: se modifican los artículos 4 derogando las fracciones VI, VII y

VIII; 5, 7, 8, 9 derogando el último párrafo; 10, 11 derogando las fracciones I, II, III

y IV; 13, 14, 17,18, 20, 23 fracción IV; 24, 25, 26 fracción III, se deroga la fracción V

y se adiciona un último párrafo; 28, 30 agregándose un párrafo último; 34, 36 y la

fracción III; 38, 40, 45, 50 y 52; se adicionan los artículos 7 bis y 35 bis y se derogan

el artículo 44 y las fracciones II y IV del artículo 46 a la Ley de Responsabilidad

Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley, el Estado no estará obligado al

pago de indemnización alguna, cuando los daños o perjuicios:

I. Sean causados por casos de fuerza mayor;

II. No sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del

Estado;

III. Se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieren podido

prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la

técnica existentes en el momento de su acaecimiento;

IV. Sean consecuencia de que el afectado directa o indirectamente

participe, coadyuve, asista o simule su producción; o

V. La mala fe del afectado, cuando permitiera la actividad irregular del

Estado.

VI. Se deroga.

VII. Se deroga.

VIII. Se deroga.

Los daños y perjuicios que motiven la responsabilidad patrimonial que se

reclame, deberán ser probados y evaluables en dinero, directamente relacionados

con una o varias personas y considerados individualmente. Probar la excepción a

lo previsto en este párrafo le corresponderá al sujeto obligado.

ARTÍCULO 5. La indemnización por responsabilidad patrimonial que se

reclame, habrá de ser real y cuantificable en dinero.

ARTÍCULO 7. Las indemnizaciones fijadas por autoridades administrativas o

jurisdiccionales que excedan la disponibilidad presupuestal de los sujetos obligados,


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correspondiente a un ejercicio fiscal determinado, serán cubiertas en el siguiente

ejercicio fiscal, según el orden de registro a que se refiere el artículo 20 de la

presente Ley, sin perjuicio del pago de intereses por mora que como

compensación financiera se calculen en términos de esta Ley y del Código

Fiscal para el Estado de Guanajuato.

ARTÍCULO 7 bis. Los sujetos obligados, podrán determinar y aplicar las

medidas administrativas, presupuestales, económicas, financieras o celebrar

los contratos que considere necesarios para afrontar la responsabilidad

patrimonial del Estado.

En el caso de que el Estado, hubiere celebrado contrato de seguro

contra la responsabilidad patrimonial del Estado, la suma asegurada se

destinará a cubrir el monto equivalente a la reparación integral o de equidad

debida, según sea el caso. De ser ésta insuficiente, el Estado continuará

obligado a resarcir la diferencia respectiva; el pago de cantidades líquidas

por concepto de deducible corresponde a éste y no podrá disminuirse de la

indemnización.

ARTÍCULO 8. Se aplicarán de manera supletoria, en lo conducente las

disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento y Justicia

Administrativa para el Estado de Guanajuato.

ARTÍCULO 9. La nulidad de actos administrativos no presupone por sí

misma derecho a la indemnización.

ARTÍCULO 10. La indemnización deberá pagarse en su totalidad, en moneda

nacional o en especie cuando así se convenga con el afectado. La indemnización

podrá pagarse en parcialidades siempre y cuando exista acuerdo con el

afectado.

Si de una misma actividad administrativa irregular se generasen más de un

daño, se indemnizará a cada afectado según lo dispuesto en esta Ley, aplicándoles

lo señalado en el artículo 7, considerando para ello un solo registro.

ARTÍCULO 11. Para fijar el monto de las indemnizaciones por daño material,

se sujetará al valor comercial o de mercado de los bienes afectados, sin que

éste sea menor.

I. Se deroga.

II. Se deroga.

III. Se deroga.

IV. Se deroga.


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ARTÍCULO 13. Cuando el daño se cause a las personas y produzca

incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial

temporal, el grado de ella se determinará atendiendo a lo dispuesto por la

Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se

tomará como base el salario que percibía el particular afectado al sufrir el

daño, sin que pueda tomarse como parámetro un salario inferior al mínimo

diario general vigente en la Entidad. Cuando el daño produzca la muerte, la

indemnización se calculará tomando como base el cuádruplo del salario

mínimo general vigente en la Entidad y se extenderá al número de días que

para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del

Trabajo. En caso de muerte, la presentación de la reclamación de la

indemnización, así como su disfrute corresponderá a los herederos legítimos

de la víctima.

ARTÍCULO 14. El monto de la indemnización por daño moral a cargo de los

sujetos obligados, será determinado por la autoridad de acuerdo con los criterios

establecidos en el Código Civil para el Estado de Guanajuato, con

independencia de que se haya causado daño material.

ARTÍCULO 17. Cuando el daño ocasionado al particular le produzca incapacidad

para trabajar, y carezca de las prestaciones que otorgan las instituciones públicas de

seguridad social para el sostenimiento personal durante el término de la incapacidad,

la indemnización se calculará de acuerdo a la determinación de la percepción

anterior a lo establecido en el Índice Nacional de Precios al Consumidor e

incluirá el equivalente a un salario mínimo vigente en el Estado, mientras subsista la

imposibilidad de trabajar.

ARTÍCULO 18. A las...

El término para el cómputo de los intereses empezará a correr treinta días

después de que quede firme la resolución administrativa o jurisdiccional que ponga fin

al procedimiento en forma definitiva.

ARTÍCULO 20. Las resoluciones o sentencias firmes deberán registrarse por los

sujetos obligados, mismos que deberán llevar un registro de indemnizaciones debidas

por responsabilidad patrimonial, que será de consulta pública, a fin de que siguiendo

rigurosamente el orden establecido según su fecha de emisión, se cubran las

indemnizaciones correspondientes de manera integral.

ARTÍCULO 23. La demanda de reclamación de indemnización deberá

presentarse por escrito, debiendo contener lo siguiente:

I. a la III...


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IV. La petición que se formula, agregando un cálculo estimado del daño

generado; y cuando se trate de un daño moral, se atenderá a las percepciones

que se tenían antes del hecho causante del daño.

V. a la VII...

Toda demanda…

ARTÍCULO 24. Las autoridades jurisdiccionales acordarán la acumulación de

los expedientes de los procedimientos que ante ellas se sigan, de oficio o a petición de

parte, cuando los interesados o los actos administrativos sean iguales, se trate de

actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos para evitar la

emisión de resoluciones contradictorias.

ARTÍCULO 25. Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad

patrimonial notoriamente improcedentes serán desechadas de plano por la autoridad

jurisdiccional ante la cual se presenten.

A quien…

ARTÍCULO 26. Se considerará que una reclamación es improcedente cuando:

I a la II...

III. Se promueva ante autoridad jurisdiccional incompetente; y

IV. Contra actos que sean materia de otra reclamación de indemnización y que

se encuentren pendiente de resolución, promovido por el mismo sujeto accionante y

respecto del mismo acto irregular.

V. Se deroga.

En el caso a que se refiere la fracción III, dicha autoridad tendrá la

obligación de remitirlo a la autoridad jurisdiccional competente.

ARTÍCULO 28. Iniciado el procedimiento, la autoridad jurisdiccional requerirá

al sujeto obligado que de acuerdo a los hechos narrados por el sujeto accionante

aparezca como responsable del daño ocasionado a efecto de que dentro de un

término de diez días hábiles presente un informe en el que manifieste lo que a sus

intereses convenga, así como para que ofrezca las pruebas que considere necesarias.

El incumplimiento de esta obligación, implicará que se tengan por ciertos los

hechos expresados por el sujeto accionante.


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ARTÍCULO 30. Una vez concluido el periodo probatorio, la autoridad

jurisdiccional que previno del asunto deberá emitir su resolución en un término de

diez días hábiles.

Dicha resolución...

Igualmente, en los casos de concurrencia previstos en el Capítulo VII

de esta Ley, en dichas sentencias se deberán razonar los criterios de

imputación y la graduación correspondiente para su aplicación a cada caso

en particular.

ARTÍCULO 34. La autoridad a petición de cualquiera de las partes, por

razones fundadas y motivadas, podrá ordenar la práctica, repetición o ampliación

de cualquier diligencia probatoria, siempre y cuando sea de las reconocidas por esta

Ley y tenga relación inmediata con la reclamación tramitada.

ARTÍCULO 35 bis. Contra las resoluciones de la autoridad competente

que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al

interesado procederá el recurso de revisión considerado en el Código de

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de

Guanajuato.

ARTÍCULO 36. Las notificaciones…:

I. a la II...

III. Cuando la autoridad jurisdiccional estime que se trata de un caso

urgente o de alguna circunstancia especial que así lo haga necesario; y

IV...

Las notificaciones que no deban ser personales se harán en las oficinas de la

autoridad jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, por medio de lista fechada

que se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la

resolución o acuerdo.

En los autos, la autoridad jurisdiccional hará constar el día y hora de la

notificación por lista y formará un legajo mensual de las listas, que deberá conservar

por el término de un año a disposición de los interesados.

ARTÍCULO 38. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado

por el sujeto accionante en el lugar de ubicación de la autoridad responsable o por

correo certificado con acuse de recibo si el domicilio se encuentra fuera del lugar de

ubicación de la misma, pero en el Estado de Guanajuato. Cuando exista imposibilidad

para hacer la notificación en la forma establecida en este párrafo, previa acta

circunstanciación, se acordará la notificación por listas de todas las actuaciones. Las


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notificaciones podrán realizarse en las oficinas de las autoridades jurisdiccionales si

se presentan los interesados.

Las notificaciones que deban hacerse a los sujetos obligados, se harán por

medio de oficio que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el

lugar del procedimiento por el empleado de la autoridad jurisdiccional, quien

recabará el recibo correspondiente y agregará al expediente, asentando la razón

correspondiente; y fuera del lugar del procedimiento, por correo, en pieza certificada

con acuse de recibo, el cual se agregará al expediente. También podrán realizarse

mediante el uso de medios electrónicos o cualquier otro medio; cuando así lo hayan

autorizado expresamente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la

recepción de las mismas.

ARTÍCULO 40. Son días hábiles…

Son horas hábiles las comprendidas en el horario de servicio al público

señalado por la autoridad jurisdiccional de que se trate.

Las autoridades jurisdiccionales pueden habilitar los días y horas inhábiles,

cuando hubiere causa justificada que lo exija, expresando cuál sea ésta y las

diligencias que hayan de practicarse, notificando al interesado. Si una diligencia se

inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción y sin

necesidad de habilitación expresa.

ARTÍCULO 44. Se deroga.

ARTÍCULO 45. Las autoridades jurisdiccionales, para hacer cumplir sus

determinaciones, podrán emplear en este orden los siguientes medios de apremio:

I. a la III...

En caso de persistir el desacato a la solicitud hecha por la autoridad

jurisdiccional, se presentará la denuncia por el delito que corresponda, sin perjuicio

de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario en contra del omiso, cuando se

trate de servidores públicos, en los términos de la Ley de la materia.

ARTÍCULO 46. El procedimiento termina en los siguientes casos:

I...

II. Se deroga.

III. Por cumplimiento voluntario de la reclamación, por parte del sujeto

obligado, antes de la resolución definitiva.

IV. Se deroga.


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ARTÍCULO 50. En el ámbito de la Administración Pública Estatal, cuando

concurran dos o más dependencias o entidades en la causación del daño reclamado,

la autoridad jurisdiccional, deberá resolver la distribución de la indemnización.

La misma...

ARTÍCULO 52. Los sujetos obligados podrán repetir de sus servidores públicos

el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando se determine su

responsabilidad, previa sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario

previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del

Estado de Guanajuato y sus Municipios y que la falta administrativa haya tenido

el carácter de infracción grave. El monto que se exija al servidor público por

este concepto formará parte de la sanción económica que se le aplique.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo Segundo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado

deberá destinar en su partida de publicidad, difundir el derecho de los particulares a

demandar la responsabilidad que prevé la presente Ley.

Guanajuato, Gto., 29 de mayo de 2014. Las diputadas y los diputados



Guanajuato. Dip. Jorge Videgaray Verdad. Dip. Francisco Javier Contreras

Ramírez. Dip. Yulma Rocha Aguilar. Dip. Érika Lorena Arroyo Bello. Dip.

Adrián Camacho Trejo Luna. Dip. Felipe de Jesús Orozco García. Dip.

Guillermo Romo Méndez. Dip. José Gerardo Zavala Procell. Dip. Luis Felipe

Luna Obregón. Dip. Pedro Chávez Arredondo. Dip. Roberto Mauricio Vallejo

Rábago. «

Por su atención y tiempo, muchas gracias.


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RECTIFICANDO HECHOS AL DIPUTADO ÓSCAR ARROYO DELGADO EN

EL TEMA DE DESARROLLO ECONÓMICO, INTERVIENE EL DIPUTADO JOSÉ

GERARDO ZAVALA PROCELL.



Me voy a referir a lo expresado por el compañero diputado y pedirle, ¡agarre

calma! Afortunadamente ya no está Fox que presumió el 7% de incremento anual del

PIB; y sí cumplió ¡eh! pero acumulado en los seis años. Le recuerdo también que

hubo deflación en el año 2009; entonces yo le quiero decir que hubo un Pacto Federal

que sólo logra un Presidente de la República con visión de estado y de un Presidente

de la República que veía a Guanajuato como el estado de oportunidades, como

foxilandia; ¡y otro! Otro que ocupado en muchas de sus actividades etílicas, ¡qué

bueno, gracias! Se empecinó, se obsesionó con un solo asunto monotemático que le

causaron más de cien mil vidas a los mexicanos por su necedad de combatir la

delincuencia organizada y el crimen organizado con una absoluta estupidez que es

ausencia de inteligencia con falta de estrategia. ¡Afortunadamente yo le quiero decir

que los datos que vino a decir aquí, sesgados, no se parecen nada! Porque el PIB ha

crecido, ha bajado el desempleo y ha aumentado el consumo; sin embargo, viene a

presumir que en el estado de Guanajuato vamos muy bien, ¡otra vez llega Fox con su

efecto foxilandia!, ¿Vamos bien? ¿Vamos bien en Guanajuato? Pues desde su

perspectiva, y opinando –sin conceder-, que así fuera, no se le olvide que más del 90

por ciento de los recursos provienen de la federación.

Quiero referirle, también, que el 26 de abril se conoció que gracias al avance

de la agricultura, la construcción en la manufactura, entre otras actividades, la

economía mexicana, medida por el indicador global de la actividad económica,

registró un crecimiento del 1.7% anual durante el mes de febrero, comparado con el

mismo período 2013.

Habla también que la política de la reforma tributaria es negativa y es mala

para el crecimiento del país; ¡agarre calma! Ya no está Fox que condonó 17 mil

millones de pesos a los grandes corporativos de este país en el último año de su

sexenio; la reforma política en materia tributaria tiene como focalización principal

acabar con los privilegios, acabar con los privilegios que fueron fomentados en los dos

sexenios anteriores.

Quiero decirle también que el INEGI informó que dicho comportamiento que le

dije del 1.7% anual, se debió al crecimiento de los tres grupos de actividades que lo

conforman; las actividades primarias se incrementaron 11.8% a tasa anual en dicho

período, como consecuencia del avance en la agricultura, principalmente; señaló el

organismo. Bajó el desempleo en México a 4.8% en abril que en marzo era de 5.1, de

la población económicamente activa siendo, además, una cifra inferir a la registrada

un año antes, que fue de 5.04%; informó esta mañana el INEGI, mientras que la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ya había indicado que la


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tasa de desempleo de marzo había sido la cuarta más baja entre los países

integrantes de la organización, sólo debajo de Japón, Corea y Austria; es decir, se ha

ido abatiendo, gradualmente, el desempleo.

Quiero decirle, también, que tres indicadores que informan de la tendencia

positiva de nuestra economía, recientemente se presentaron tres indicadores

económicos que dan muestra de la tendencia positiva que le economía mexicana

experimenta; la producción industrial en marzo de 2014. En dicho mes la producción

industrial tuvo un crecimiento anual del 3.4%, el consenso de los analistas de

mercado esperaba el 3.2%. Dentro de los componentes de la población industrial

destacó el crecimiento de las manufacturas de 6.8% anual. El empleo del IMSS de

abril reporta un crecimiento anual de 489,394 plazas, equivalentes al 3% del

crecimiento anual. Debe señalarse que el empleo creció en todos los sectores, hecho

que no ocurría.

-El C. Presidente: Diputado, le informo que se ha agotado su tiempo de cinco

minutos.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Concluyo presidente. Muchas gracias,

es cuanto lo que tengo que decir; no sin antes decirles que vamos bien, vamos en el

camino correcto, con visión de estado y se lograron tres propósitos fundamentales, el

Pacto Federal, la Cruzada Contra el Hambre, -que no es cosa menor- y, por si fuera

poco, las Reformas Estructurales que le darán certeza, viabilidad y rumbo a México.


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CON EL TEMA PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,

INTERVIENE EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL.



Invertir 7.7 billones de pesos en 4 años es, sin duda, hacer lo nunca hecho y romper

paradigmas para transformar a México; lo que refleja el deseo en Los Pinos de hacer

historia -¡y de la buena!- desde la administración federal que preside Enrique Peña

Nieto, con un gobierno que gobierna. Primero fue el Pacto por México, donde se

concretó la planeación del futuro con grandes consensos entre los diferentes partidos

políticos, para fincar las bases de las grandes reformas estructurales que impulsen a

la nación en los próximos 30 años a un estado de desarrollo similar a las naciones

más avanzadas del planeta.

Luego se lanzó la Cruzada Nacional Contra el Hambre para combatir la pobreza

más indigna que se puede tener: la alimentaria, y hacer que 7 millones de mexicanos

se beneficien de una nueva política social de Nueva Generación que aporta soluciones

multifactoriales a la pobreza extrema.

Posteriormente se concretaron las reformas constitucionales que dan alma a la

transformación que se pretende para México en telecomunicaciones, educación,

competencia económica, energética, el sistema financiero y nuestra democracia, que

ahora se ven acompañadas de las reformas secundarias.

El cuarto paso se dio la semana antepasada cuando se anunció el mayor

proyecto de obra pública en la historia del país: 7.7 billones de pesos destinados para

los próximos 4 años, con 25 estrategias, 83 líneas de acción y 743 programas y

proyectos de inversión en toda la República para transformar a México.

El 28 de abril de 2014 atestiguamos un hecho histórico para el país, el

presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Infraestructura

2014-2018, que invertirá 7.7 billones de pesos en toda la república para transformar

al país. Este programa tendrá una inversión histórica que representa más de la

tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país estimado para 2014; lo que lo

convierte en el Programa Nacional de Infraestructura más ambicioso que se ha

desarrollado en México, enfocado a detonar la actividad económica y la generación de

empleos para apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo,

basada en los tres ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo: primero, el desarrollo

regional equilibrado; segundo, el desarrollo urbano y tercero, la conectividad logística,

para así alcanzar las metas nacionales: un »México Próspero» y un »México

Incluyente»

El Plan Nacional de Infraestructura establece la inversión en 743 proyectos

específicos en los sectores de Comunicaciones y Transportes, Energía, Hidráulico,

Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda y Turismo, con 25 estrategias, 83 líneas de


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acción y 20 indicadores con sus metas específicas que permitirán evaluar el

desempeño del Programa.

Los proyectos y su derrama económica generarían 350 mil empleos adicionales

cada año de manera directa, adicionales a los que se generarán por añadidura desde

la propia economía, al beneficiarse con las obras, lo que permitirá un crecimiento del

Producto Interno Bruto superior al 5 por ciento anual, posiblemente a partir de 2016,

según los analistas del sector privado.

Acertadamente el presidente Peña Nieto señaló este plan como la estrategia

general para construir las obras y concretar los proyectos que contribuyan de manera

importante a liberar el potencial de nuestro país.

La inversión prácticamente duplica lo invertido en todo el sexenio de Felipe

Calderón. Más de 4 billones provendrán del sector público y el resto de inversión

privada. La idea es sencilla, a mayor y mejor infraestructura se incrementan las

oportunidades para atraer inversiones productivas y generar empleos. Según las

estimaciones esta inversión generará 350,000 nuevos empleos por año.

Este documento prevé un enfoque integral, transversal y social, en el que por

primera vez se incluyen seis sectores estratégicos que cuentan, cada uno, con un

monto de inversión total y un objetivo general: Comunicaciones y Transportes;

Energía; Hidráulico; Salud; Desarrollo Urbano y Vivienda; y Turismo.

En materia de Energía, se prevén inversiones por prácticamente 3.9 billones de

pesos para »contar con energía suficiente, de calidad y a precios competitivos», que

se aplicarán en 17 estados de la república, con obras como la construcción de 10 mil

kilómetros dentro del sistema nacional de gasoductos, en una inversión superior en

10 veces más a lo hecho entre 1995 y 2012, así como para alcanzar una producción

superior a los 3 millones de barriles de crudo en 2018.

Por lo que toca a las vías de comunicación y los transportes, se invertirá en la

construcción de 19 mil kilómetros de carreteras y se detonará un moderno sistema

ferroviario para el país, con la edificación de infraestructura para los trenes de

pasajeros de México a Toluca, el Tren Peninsular y el tren México-Querétaro, que un

día podría enlazarse hasta Guanajuato. Además se modernizarán 20 aeropuertos.

En Infraestructura Hidráulica, la inversión prevista rebasa los 415 mil millones

de pesos, a fin de »asegurar agua destinada al consumo humano y riego agrícola,

saneamiento y protección contra inundaciones» Se construirán obras como la Tercera

Línea de Conducción del Sistema Cutzamala, en beneficio de los habitantes del Valle

de México; el Acueducto Monterrey y el Proyecto El Zapotillo, este último en apoyo de

León, Guanajuato.

En el renglón de Salud, se contemplan inversiones por un monto de 72 mil 800

millones de pesos, para »garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con

calidad» Es de destacar la ampliación del Hospital General de México y la construcción


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de la nueva torre de hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología; así como

la edificación de hospitales regionales de alta especialidad y generales. Igualmente, el

IMSS y el ISSSTE construirán hospitales en distintas entidades del país

En Desarrollo Urbano y Vivienda, se prevén inversiones por más de 1.8 billones

de pesos, a fin de »impulsar el desarrollo urbano y la construcción de viviendas de

calidad, dotadas de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del

suelo»

Y finalmente, en materia de Turismo, se prevén inversiones por más de 180

mil millones de pesos, para »desarrollar infraestructura competitiva, que impulse el

turismo como eje estratégico de la productividad regional y detonador del bienestar

social», con el rescate de playas y centros históricos, así como a la consolidación de

nuestros pueblos mágicos.

Guanajuato no fue olvidado en el paquete de obras: el Gobierno Federal

invertirá 67 mil 945 millones de pesos para nuestra entidad para obras como la

reconfiguración de la Refinería de Salamanca, la modificación y ampliación de la

carretera San Miguel de Allende–Guanajuato; la construcción de una carretera de

cuatro carriles con una extensión de 77.3 kilómetros, así como siete entronques en la

carretera Salamanca–León y la vía a cuatro carriles de la autopista Palmillas-

Querétaro-Apaseo.

Además la construcción de una presa, un acueducto y una planta

potabilizadora en el Zapotillo; mientras que en el Sector Salud destaca la construcción

de un hospital general del ISSSTE en Guanajuato capital, un hospital general nuevo

del IMSS en León y un hospital infantil en Irapuato.

Otra noticia que debe llenarnos de buenas expectativas es que la estrategia de

comunicaciones del Gobierno Federal podría abrirse a la posibilidad de que exista un

tren entre Irapuato y León.

Ante medios nacionales de comunicación, el director general de Transporte

Ferroviario y Multimodal, Pablo Suárez Coello, informó que otros proyectos

ferroviarios no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 podrían

desarrollarse, de justificar su ejecución, citando que se trabaja a marchas forzadas

para presentar ante la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público el proyecto complementario de tren de pasajeros Irapuato-León, que a la

postre se conectaría con el de México-Querétaro que si contempla el Plan Nacional.

Con estas acciones, nuestro Presidente, consciente de la importancia que

representa la inversión, reitera que para ser competitivo, México requiere de más y

mejor infraestructura. Para lograrlo es necesario incrementar la inversión e

instrumentar políticas públicas integrales que impulsen el crecimiento económico

como factor esencial para la competitividad y la mejora en la calidad de vida.


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No debemos olvidar que desarrollar la infraestructura que el país necesita no

es labor de un solo actor, se requieren sinergias entre los tres niveles de gobierno, los

congresos federales y locales, municipios y organismos empresariales nacionales e

intencionales, razón por la cual seis de cada diez pesos de este programa provendrán

de recursos públicos y el resto será inversión privada.

Aunque México es hoy la economía número catorce en el mundo por el valor de

su producción, se encuentra ubicada en la posición número sesenta y cuatro a nivel

internacional por la calidad de su Infraestructura.

Según informes del Foro Económico Mundial, esta cifra de más de 7 billones de

pesos, contribuirá a elevar los niveles de inversión en infraestructura que impulsarán

a México para 2020 a situarse entre las primeras 25 economías a nivel mundial por la

calidad de su infraestructura.

También se afirma que con los niveles de inversión proyectados, la inversión

pública federal en 2018 habrá alcanzado el 8% del PIB, y la inversión privada, a

través de los esquemas APP’s, representarán alrededor del 12% del PIB, dándonos

como resultado el 20% del PIB para infraestructura.

Se rompen las inercias del pasado, se asumen con valentía decisiones de fondo

para transformar al país y se entiende que la política es la mejor herramienta para

alcanzar acuerdos de Estado que beneficien a toda una nación.

¡No cabe duda!, tras tantos años de rezago, ahora si tenemos autoridades

decididas a mover a México. Por su atención, su tiempo, su paciencia y tolerancia,

muchas gracias.


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EN CONTRA DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE

HACIENDA Y FISCALIZACIÓN, RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA

AUDITORÍA FINANCIERA PRACTICADA A LAS OPERACIONES REALIZADAS

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,

CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE


Sesión Ordinaria 10 de abril de 2014


He pedido la palabra para razonar mi voto en contra del presente dictamen y

solicitar a esta Asamblea se sume a mi posición, a fin de que no sea aprobado por la

mayoría de este Congreso por no ajustarse a la realidad y librar de responsabilidad a

quienes, teniendo en sus manos la administración del erario desde la Secretaría de

Gobierno en el año 2012, incurrieron en violaciones a la ley que fueron ignoradas en

el informe del Órgano de Fiscalización Superior y en el dictamen aprobado por la

Comisión de Hacienda y Fiscalización, al cual le di mi voto negativo.

La auditoría financiera practicada a las operaciones realizadas por la Secretaría

de Gobierno del Estado de Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del

1° de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2012, arrojó

irregularidades, a mi parecer graves, que han sido valoradas erróneamente por la

mayoría en la Comisión de Hacienda y Fiscalización, en razón a que de manera llana

se han minimizado las responsabilidades y se ha dejado sin atención el fondo de las

acciones del Ejecutivo al mal disponer de los recursos públicos en partidas, sin

atender los requisitos de ley.

En sus revisiones, el Órgano de Fiscalización Superior encontró que en el año

2012; es decir, dos años después de la celebración del bicentenario independentista,

la Secretaría de Gobierno solicitó ampliación presupuestal del Fideicomiso para la

Organización de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional y

del Centenario de la Revolución Mexicana, para destinarse a cubrir deficiencias de

operación, en cuestiones que correspondían a un ejercicio anterior al 2012. No se

especificó justificación alguna para tan peregrina solicitud y se aplicó la transferencia.

Esta auditoría comenzó en marzo de 2013 y tuvo como objetivo revisar las

cifras que muestran la información contable y presupuestal de la Secretaría de

Gobierno, para comprobar que la administración, control, utilización y destino de los

recursos financieros, humanos y patrimoniales a cargo de la dependencia del

Ejecutivo, se aplicaron con transparencia, atendiendo a criterios de racionalidad,

austeridad, disciplina presupuestal, propiciando su óptimo aprovechamiento.

El informe presentado por el Órgano de Fiscalización Superior supone un

análisis detallado sobre el cumplimiento de los requerimientos descritos; sin embargo,

de lo hecho no se desprendió con claridad si se atendieron estos criterios, ni de qué


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manera fueron medibles o en qué se basaron para cumplir con el objetivo de la

auditoría.

Por otra parte, la auditoría nos ofreció la oportunidad de dilucidar si en su

ejercicio 2012 la Secretaría de Gobierno operó financieramente con apego a la Ley de

Ingresos y Presupuesto de Egresos autorizado, así como a las leyes y reglamentos

aplicables.

Sabemos bien que dentro de la auscultación está definir si conforme a lo

establecido en el artículo 20 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado

de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2012, se realizaron ampliaciones, que en su

conjunto no rebasaran un monto equivalente a 7.5 por ciento del presupuesto

autorizado entre quien los otorga y quien los recibe.

En este sentido pudimos constatar que la Secretaría de Gobierno tuvo en 2012

un presupuesto autorizado por 641 millones 880 mil 492 pesos. Ahora sabemos,

gracias al informe de resultados de la auditoría, que hubo varias modificaciones en

dicho presupuesto, donde al finalizar el año observamos egresos por 712 millones 448

mil 473 pesos; cantidad que representa un porcentaje mayor al autorizado en la Ley

del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal

de 2012. Si hubiesen respetado la ley en la Secretaría de Gobierno, el monto máximo

modificado con los traspasos, habría alcanzado apenas los 690 millones 621 mil 520

pesos; es decir 48 millones 141 mil 36 pesos más a lo autorizado; el 7.5 por ciento

que permite la ley. Es evidente que al gastarse 22 millones más este porcentaje fue

mayor y, por ende, fuera de legalidad.

Fue inobservado lo dispuesto en el numeral referido del ordenamiento invocado

que a la letra cita: «cuando los recursos disponibles excedan del monto especificado

en el párrafo anterior; es decir 7.5%, se requerirá la autorización del Congreso del

Estado para poder ejercerlos « No sé si a alguno de ustedes les pidieron la

autorización o a esta Soberanía, ¡no lo hicieron! Y no existe una sola observación

siquiera, atendiendo a esta violación flagrante de la ley.

Como podemos ver en estos tres aspectos, observamos que de manera

sistemática, la manera de hacer las cosas entre quienes tuvieron en sus manos la

responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, -como en muchos otros casos del

sexenio anterior-, incluyendo por supuesto ese hoyo negro financiero que fueron los

festejos del bicentenario con todo y su elefante blanco en Silao, fue la de ignorar la

ley, de no administrar con base al presupuesto autorizado por el Legislativo y saberse

protegidos por la opacidad de un gobierno que aborrecía la transparencia y, sobre

todo, ignoró fehacientemente la rendición de cuentas.

Tan fue así, que uno de los temas torales desde el principio de la actual

administración del gobernador Miguel Márquez -y ahí están sus discursos-, ha sido el

hacer creer a la ciudadanía y este Congreso, que se actuará contra la corrupción, que

habrá mayor transparencia y una efectiva rendición de cuentas, el Guanajuato

honesto no lo vemos por ningún lado.


SECRETARÍA GENERAL


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¡Pues bien! ahora tenemos nuevamente la oportunidad de enviar un mensaje a

la sociedad de que no permitiremos impunidad entre quienes hicieron de la forma

fondo al ignorar a cada paso la ley, como sucedió en estos casos mencionados en la

auditoría a la Secretaría de Gobierno. Es un asunto de ética social.

Resulta increíble y penoso que quienes tuvieron la responsabilidad de auditar e

informar sobre los hallazgos encontrados en la gestión 2012 de la Secretaría de

Gobierno, desde el Órgano de Fiscalización Superior, donde ya no ejercen -por cierto-,

hayan recomendado –y leo textual- que como resultado de la revisión y evaluación de

la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos que el

sujeto fiscalizado de referencia utilizó para el cumplimiento de los objetivos

contenidos en sus presupuestos, planes y programas, no se observaron

irregularidades y deficiencias en las cuales, conforme a las leyes y demás

disposiciones jurídicas aplicables, deben ser ejercitadas acciones legales que

correspondan de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas. Es decir, afirman que

hubo una gestión limpia, aunque ellos mismos hayan encontrado las irregularidades e

ilegalidades en su revisión; pero es peor que siendo nosotros los responsables

directos de la fiscalización y tras haber detectado estos hechos, también nos

prestemos a dejar pasar las inconsistencias sin observación, denuncia o sanción

alguna.

Pareciera ser, luego entonces, que esta Soberanía sólo ejerce a través de su

órgano técnico, el Órgano de Fiscalización Superior, su facultad de fiscalizar pero nada

más a los municipios. Y no para el Poder Ejecutivo ni la administración pública estatal,

ni sus secretarías.

México se está transformando y con diversas acciones, tras una etapa negra en

el país donde la impunidad y el crimen han aterrorizado a la población; ya sea por

omisión, ignorancia o perversión desde el poder público, nos estamos convirtiendo

todos en justiciables. Guanajuato no puede quedarse atrás; reitero, es una necesidad

de ética social, donde todos nos volvamos auditables y donde todos rindamos cuentas

por nuestros actos en el servicio a la ciudadanía.

Aquí he visto abanderar causas y enarbolar banderas a favor de la

transparencia y en contra de la opacidad; he visto cómo algunas fracciones

parlamentarias han pedido que esa facultad discrecional del 7.5% sea disminuida,

¡como así fue! A un 6.5%; razón de más que opinando, sin conceder, y atendiendo los

principios de congruencia, debemos votar en contra este dictamen; el no hacerlo,

crearía un grave precedente de que cualquier secretaría puede excederse de ese 7.5

de administraciones líquidas, sin tomar en cuenta ni respetar a esta Soberanía.

Me opuse a este dictamen el 18 de marzo, me opongo ahora y pido a ustedes

que en un acto de conciencia, ética social, congruencia y compromiso con la

ciudadanía, validemos que estamos del lado de la ley y votemos contra este dictamen

para que se ahonden en las investigaciones a las irregularidades y se determinen las

sanciones a que haya lugar.


SECRETARÍA GENERAL


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La acción fiscalizadora debe ser totalmente transparente, que consolide un

sistema de control y evaluación fiable en el ejercicio de la gestión pública; sobre todo

con el deber de la imparcialidad e independencia en quien ejerce la fiscalización.

Condiciones indispensables para no repetir esquemas de opacidad e impunidad ya

superados y que, lamentablemente, encontramos aún en esta auditoría, informe y

dictamen. ¡Esta Soberanía no está pintada! Los pesos, contrapesos y el equilibrio

político debe ser letra viva.

Los ciudadanos son la fuente de autoridad del poder político ejercido sobre

ellos; por lo que tienen entonces el derecho de ser informados sobre lo hecho por

quienes les sirven desde la función pública; pero -sobre todo- tienen el derecho a que

sus contribuciones se usen de manera legal y se apliquen para su bienestar, no en

beneficio de intereses oscuros y particulares. Por esta ocasión es todo lo que tengo

que decirles. Por su tolerancia, su tiempo y su atención, muchas gracias.


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ACLARANDO HECHOS SOBRE EL ASUNTO DE RESPETO A LOS ACUERDOS

PARLAMENTARIOS, PARTICIPA EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA

PROCELL.

Sesión Ordinaria 20 de marzo de 2014

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Qué bueno que quedó en el ánimo de

honrar la palabra!, es un valor que debemos conjugar todos los días, ¡qué bueno que

se les grabó!

Inevitablemente tenía que sacar el documento que en la conciencia y en la

capacidad intelectual de ustedes compañeros diputados, sabrán dirigir el sentido de a

quien le asiste la razón, a quién le asiste la verdad.

Me voy a referir a esta minuta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización de

fecha 25 de noviembre de 2013, en su parte medular dice en el punto relativo número

cuatro:

«Oficio suscrito por el Secretario General del Congreso del Estado, mediante el

cual informó que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en sesión celebrada el

5 de noviembre del año en curso, acordó solicitar a las Comisiones Permanentes

revisar su cronograma de trabajo, a efecto de priorizar el análisis del Paquete Fiscal y

Estatal, dándose por enterados. «

Creo que la fuerza del texto dice más que lo que se venga aquí, de una manera

estéril, a tratar de defender; porque lo indefendible no tiene defensa. Gracias.


SECRETARÍA GENERAL


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CONTESTANDO ALUSIONES PERSONALES EN EL TEMA DE RESPETO A

LOS ACUERDOS PARLAMENTARIOS, INTERVIENE EL DIPUTADO JOSÉ



C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Bueno! Me voy a referir a lo

pronunciado por la diputada Karina Padilla.

¡Efectivamente! También fue materia de nuestra ocupación el empréstito del

municipio de León; pero también tiene carácter o partes vinculatorias con el Paquete

Económico porque movía la Ley de Ingresos de ese municipio. En razón de que me

dijo antes, pues los abogados estamos acostumbrados a argüir todo lo que podemos

probar; lo que me haya dicho, pues por educación se lo pude haber escuchado, pero

lo que cuenta es lo que puede probar en una documental pública y, por ende, idónea

como son las propias minutas y son los acuerdos que obran en el archivo en esta

Secretaría del Congreso.

El jugar con las palabras podrá y deberá, es un subterfugio jurídico muy

utilizado por aquellos abogados que tratan de eludir la letra de la ley sobre texto de

obviarla y no de cumplirla.

Todas las presidencias de todas las comisiones en el Congreso del Estado,

tomaron con el respeto debido la recomendación hecha por la Junta de Gobierno y

Coordinación Política; podría yo también, pero esto ruego que se tenga por no puesto,

argumentar que también quedamos en la Comisión de Hacienda, que íbamos a tratar

estos temas delicados por su trascendencia, por su importancia y por la situación que

aparentemente había responsabilidades de todo tipo, administrativas, civiles y

penales, dejarlos para el otro período ordinario de sesiones que empezó en febrero de

este año; sin embargo, ruego que se tenga por no puesto porque lo dicho y que no se

puede probar, se tiene por no puesto.

A mí sí me gustaría no jugar con la terminología, el respeto que exigen es el

mismo respeto que se está dispuesto a dar. En la Comisión de Hacienda y

Fiscalización han prevalecido esos dos valores; la tolerancia y el respeto. De ustedes

depende que se sigan conjugando esos valores y privilegiando esos valores de respeto

y la tolerancia y depende de que no se haga un uso indebido…

-El C. Presidente: ¿Me permite diputado?

¿Sí diputado Guillen?

C. Dip. Juan Carlos Guillén Hernández: Si me permite hacerle una pregunta

el orador.

-El C. Presidente: Diputado Zavala, ¿le concede una pregunta al diputado

Guillén?


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C. Dio. José Gerardo Zavala Procell: Con mucho gusto.

-El C. Presidente: Adelante.

C. Dip. Juan Carlos Guillén Hernández: Preguntarle, con la afirmación sí o

no, ¿le comentó antes de la comisión lo que dijo la diputada Karina Padilla?

-El C. Presidente: Adelante diputado.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Bueno! No estamos en el desahogo de

pruebas en materia civil como para constreñirme a que conteste sí o no: nada más le

faltó decir que si es cierto como lo es, que lo afirme o que lo niegue, ni loa firmo, ni lo

niego por no ser hecho propio porque no me acuerdo, vamos a entrar aquí a una Litis

de carácter civil; pero opinando –sin conceder-, que haya contestado

afirmativamente, eso no trastoca el fondo del asunto, metieron por fast-track cuatro

asuntos muy delicados que estaban en el ánimo de la sociedad y que se trataba de

ver qué tipo de irregularidades se habían descubierto en esos dictámenes y

aprovechando que estábamos ocupados en el Paquete Económico, ¡lo meten como un

factor distractor! Explíquele eso diputado a la sociedad, a ella fue a la que dejó en

ayuno, a sus representados, de conocer las tripas, el resultado a grado de detalle, a

profundidad, ¡el fondo! Que hasta ahorita nadie los conoce. Le puedo preguntar, si se

pudiera y me permitiera esta tribuna y el proceso parlamentario si usted conoce

alguna información de esas cuatro auditorías, ¡no me conteste! Yo sé que no. Es todo

lo que deseo decir. Gracias.


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL INTERVIENE PARA

HABLAR SOBRE EL VALOR DEL RESPETO A LOS ACUERDOS

PARLAMENTARIOS.

Sesión Ordinaria 20 de marzo de 2014.



El valor del respeto a los acuerdos parlamentarios.

La confianza política es un activo valioso y un instrumento insoslayable para el

funcionamiento de las instituciones y, a la vez, sinónimo de salud democrática. Y en

todo lugar donde la confianza se reduce, se trastocan las relaciones políticas, lo que

en el caso de nuestro Poder, lesiona el proceso para conformar consensos e impulsar

proyectos.

Y la confianza, compañeros legisladores se obtiene a partir del respeto a los

acuerdos, al cumplimiento de cada una de las partes de éstos.

El respeto, como la honestidad y la responsabilidad, son valores fundamentales

para hacer posibles las relaciones entre las personas, ya que son condición

indispensable para el surgimiento de la confianza en las comunidades que conforman

el total de la sociedad.

Por esta razón hago un llamado y una enérgica protesta, a la vez que una

reflexión profunda, desde este momento en esta tribuna, expresando mi

inconformidad a una práctica que ha tomado carta de naturalidad en el seno de este

Poder Legislativo, cuando así conviene a los intereses de la representación del Partido

Acción Nacional, partido que gobierna en la entidad; motivo mi postura en los

siguientes antecedentes.

El 25 de noviembre cuando estábamos por involucrarnos los diversos grupos

parlamentarios y la representación parlamentaria, en la revisión puntual de la

propuesta del Gobierno del Estado de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de

Egresos, que se sumaba así a las 46 iniciativas de Leyes de Ingreso de igual número

de municipios de nuestra entidad, que ya estudiábamos; se nos informó al seno de la

Comisión de Hacienda y Fiscalización que la Junta de Gobierno y Concertación Política

había acordado desde el 5 de noviembre, solicitar a las diferentes Comisiones

Permanentes del Congreso del Estado, revisar su cronograma de trabajo a efecto de

priorizar el análisis del paquete fiscal estatal y municipal, por lo que nos dimos por

enterados.

Ese mismo día, en la propia Comisión de Hacienda se radicó el informe de

resultados de la auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización Superior al

Programa Integral denominado Proyecto Escudo.


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Con fecha 3 de diciembre del año pasado, se procedió también a la radicación

del informe de resultados a la auditoría realizada por ISSEG e ISAPEG.

En esa misma sesión, en asuntos generales, solicité a la presidencia de la

comisión se nos remitiera el informe de resultados de la auditoría específica

practicada a las operaciones realizadas en la aplicación de los recursos a cargo del

Programa Integral de Seguridad, denominado Escudo, correspondientes al ejercicio

fiscal del año dos mil doce; (de todo ello tengo debida constancia de las minutas y de

la documental idónea y oficiosa correspondiente)

En ese mismo apartado, la representación del Partido Acción Nacional en la

comisión propuso fijar una fecha para discutir los cuatro informes de resultados que

tenían pendientes, así como los correspondientes a las auditorías practicadas al

Programa Integral de Seguridad denominado Escudo y al ISSEG; el acuerdo que se

determinó fue dejar pendiente la fecha para llevar a cabo la discusión de los referidos

informes, hasta en tanto se analizan dichos informes de resultados al interior de los

grupos parlamentarios. ¿Cuáles eran esos informes pendientes? Eran los dos de la

revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del año 2011 y los otros dos de

Irapuato; uno de la revisión de cuenta pública de julio – diciembre 2011 y el otro

derivado de la auditoría específica en cumplimiento a la resolución recaída dentro del

expediente número OFS/SE/016/2012, en relación con presuntas irregularidades por

incumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo en el expediente 827/Tercera Sala/2010.

Todo lo anterior consta en las minutas 35 y 36 signadas por los Grupos

Parlamentarios con representación en la Comisión de Hacienda y Fiscalización, con

fechas del 25 de noviembre y 3 de diciembre, respectivamente y son muy claros los

acuerdos ahí expresados.

Al haberse acordado no agendar la discusión de esos informes para su

dictamen, hasta en tanto los revisaran los grupos parlamentarios a fondo, para así

poder determinar el sentido de su voto con conciencia, como lo esperan los

ciudadanos, procedimos en el Grupo Parlamentario a su revisión, dando prioridad a

las iniciativas de leyes de ingreso que se discutirían en diciembre.

Sin embargo, de manera unilateral, el Partido Acción Nacional desde la

presidencia de la Comisión de Hacienda y Fiscalización agendó en las sesiones del 13,

19 y 20 de diciembre, sin respetar los acuerdos tanto de la Junta de Gobierno y

Coordinación Política y de la propia comisión, dictaminar las cuentas públicas del

gobierno de Irapuato de julio a diciembre de 2011, las del Poder Ejecutivo de todo el

año 2011, una auditoría específica del Programa Integral de Seguridad llamado

Escudo y el correspondiente a ISSEG, mismos que se logró pasaran a Pleno para de

manera rápida y sin mayor análisis, aprobar y con ello sepultar cualquier intento de

profundización sobre las múltiples irregularidades encontradas y que lesionaron el

patrimonio de los guanajuatenses; dejando en ayuno de información a nuestros

representados.


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Fue tanta la prisa por lavarle el rostro al gobierno de Juan Manuel Oliva

Ramírez, en el penúltimo año de su gestión como gobernador, que para el Partido

Acción Nacional fue mejor romper todos los acuerdos posibles y acabar con la

confianza política que debe prevalecer a partir del respeto entre bancadas. Mayor era

el temor a los designios del ahora entonces precandidato y ahora frustrado aspirante

a la presidencia nacional de su partido.

Los acuerdos parten de la ética y la objetividad sobre lo acordado, no de la

subjetividad interpretativa.

Una mala interpretación de la ética lleva, a quienes formulan así su manejo de

los acuerdos a una conclusión errática: la propia subjetividad les da derecho de

cambiarlas o de interpretarlas a su propia conveniencia e interés personal; de tal

manera que la ética se convierte en un instrumento más de «la voluntad de poder«

Los acuerdos políticos son puentes para los consensos parlamentarios. Cuando

no se cumplen, qué confianza puede quedar sobre lo que se tratará en el futuro.

Cuando no se cumplen los acuerdos no se honra la palabra y no se auspician

los puentes de entendimiento que facilitan la construcción de los acuerdos que

abonan, a su vez, a la gobernabilidad y la práctica parlamentaria decente y

responsable.

Con la prisa se solaparon las irregularidades y se pasó a la complicidad e

impunidad de los correligionarios de la bancada panista en las dependencias públicas

y el Ejecutivo durante el gobierno de Juan Manuel Oliva.

Este tipo de incidentes han sido prácticas distractoras para ocultar la

corrupción de esa administración pública estatal.

Los diputados en aquel momento no honraron su palabra, no cumplieron los

acuerdos ni respetaron cualquier código de honor escrito o verbal.

Los guanajuatenses deben saber la naturaleza de estas prácticas de

fiscalización al vapor hechas por los representantes conservadores y cómo está por

encima del interés de todos, el interés de pocos, que tuvieron en sus manos la

administración estatal e hicieron de ella su botín.

Ojalá enmienden el camino y asuman el compromiso del gobernador Miguel

Márquez Márquez de que el actual gobierno se guía por el valor de la honestidad,

donde no se vale meter la mano en el erario y donde aquellos que hayan roto la ley,

deberán pagar por ello, yendo inclusive tras de quienes han tratado de evadir la

justicia, según consignó en su mensaje en el informe de gobierno. No hacerlo,

reduciría su compromiso como gobierno que son a un mero acto de propaganda y

engaño a los guanajuatenses. En ustedes está la redención. Por su atención, tiempo y

tolerancia, muchas gracias.


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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA QUE SUSCRIBEN INTEGRANTES DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,

RELATIVA A REFORMAR LOS ARTÍCULOS 9 SEGUNDO PÁRRAFO; 23 PRIMER

PÁRRAFO; 154 PRIMER PÁRRAFO; 155 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 198

FRACCIÓN II; 226 PÁRRAFO PRIMERO; 251; 261 FRACCIÓN I Y SE ADICIONA

UN ARTÍCULO 226 BIS, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA

ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.



(Leyendo) DIPUTADO GALO CARRILLO VILLALPANDO PRESIDENTE DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. PRESENTE.

Los que suscribimos, diputadas y diputados que integramos el Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la Sexagésima segunda


56 fracción ll, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146 fracción

ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,

sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea la iniciativa con

proyecto de decreto para reformar los artículos 9 segundo párrafo; 23 primer

párrafo; 154 primer párrafo; 155 párrafos primero y segundo; 198 fracción

II; 226 párrafo primero; 251; 261 fracción I y se adiciona un artículo 226 bis,

del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO de conformidad con la siguiente:


El Estado al ser un fenómeno histórico va sufriendo una evolución al correr del

tiempo. Esa evolución afecta y condiciona a muchas de sus características

fundamentales, sobre todo a partir de su organización y que es consecuencia de una

serie de factores que, producidos en ámbitos diversos, se superponen unos a otros,

determinando importantes cambios sociales que se traducen en mayores demandas

de la sociedad hacia la Administración Pública Estatal.

De tal suerte, resulta conveniente evolucionar los mecanismos jurídicos para la

defensa de los derechos y los intereses de los particulares frente a una

administración pública cada vez más poderosa y sobre regulada.

El Estado se caracteriza por su intervención creciente en las actividades

económicas, sociales, políticas y culturales, con el objeto esencial de armonizar y

coordinar los diversos intereses de una comunidad. Esta actividad se realiza

esencialmente por medio de la organización técnica con la cual cuenta el Estado

moderno, para obtener esos objetivos de justicia social, es decir, la administración

pública, la que se ha transformado de manera paulatina, pero irreversible, en una

entidad cada vez más extensa y compleja.


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Lo anterior ha determinado que el gobernado-administrado se encuentre en

una situación muy desventajosa frente a la administración pública estatal y

municipal, por ello el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

propone adecuar los diversos instrumentos jurídicos y procesales que comprende

nuestra justicia administrativa, a saber:

La inclusión del interés legítimo; el establecimiento de un solo recurso

administrativo; y la afirmativa ficta como regla general ante el silencio de la

administración pública, a fin de lograr con estas reformas la reparación del derecho

violado de la manera más inmediata posible.

En lo que toca a la pretensión de incluir el interés legítimo, es necesario

señalar que, entendido este como las normas que establecen los llamados intereses

difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad

o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de

personalidad jurídica.

Tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias pero

que carecen del atributo de la personalidad jurídica. Mediante estas reformas se

pretende tutelar intereses colectivos, en la inteligencia de que no otorgan derechos

subjetivos al grupo social por la sencilla razón de que éste carece de personalidad

jurídica ni a sus integrantes porque no son ellos, en lo individual, los destinatarios de

la norma. La propuesta en cuestión pretende tutelar intereses de una colectividad que

carece de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes.

De lo anterior se desprende que el interés jurídico supone la existencia de un

derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), es

decir, que se encuentra dentro de su status jurídico; en cambio, pretendemos incluir

el interés legítimo para poder accionar sin necesidad de que se colme una afectación

directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una

afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación

frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés

jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual.

Además, puede estimarse que la afectación al interés legítimo se da en la

medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo que, de manera abstracta,

tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva; lo que explica que se

hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación

individual sólo podrá darse en la medida en que se forme parte de una colectividad

interesada, pues, de lo contrario, se estaría en presencia de un interés jurídico o de

un interés simple.

Esta elaboración conceptual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

explica y le da sentido a la terminología usada en la iniciativa que hoy presentamos:

la regulación del interés legítimo como condición de procedibilidad tanto de los

procedimientos como al proceso administrativo. En suma, pretendemos extender el


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derecho subjetivo auténtico, no reflejo, consistente, como ya se dijo, en el ejercicio

de la acción procesal.

Por otro lado, ni duda cabe que es en el ámbito administrativo donde mayor

número de violaciones al derecho de petición se registra. Eso se explica porque son

las autoridades administrativas, en razón de sus actividades específicas y por su

creciente intervención en la vida económica, social y política de la sociedad moderna,

las que con mayor frecuencia lesionan derechos fundamentales de los gobernados.

En el caso que nos ocupa, más que vulneraciones al derecho de petición,

encontramos violaciones al derecho de respuesta, y es precisamente en tal tenor que

dedicamos este capítulo a las consecuencias jurídicas visibles en el caso de

violaciones al derecho de respuesta (aunque, como lo hemos reiterado ya, la doctrina

y los tribunales federales hablan de violación al derecho de petición).

Trasladada al ámbito administrativo, la premisa que puede desprenderse del

texto del artículo 8 constitucional, la cual es la siguiente: la administración pública

tiene la obligación de resolver expresamente todos los procedimientos que ante ella

se tramiten y, además, debe notificar oportunamente de la resolución recaída. Aquí,

el término oportunamente debe entenderse dentro de un plazo determinado, y

además, debe atenderse que la administración pública sólo puede resolver aquellos

asuntos que le competen, aunque siempre debe responder.

Así las cosas, dentro del derecho administrativo existen las figuras jurídicas

que se conocen comúnmente como afirmativa o negativa ficta, es decir, que el

silencio administrativo, la inactividad, inercia o pasividad de la administración frente a

la solicitud de un particular, deba tenerse como resuelta en sentido positivo o

negativo, según sea el caso.

Nuestro Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los

Municipios de Guanajuato sostienen que ante el silencio de la administración opera

la negativa. Es decir, para que en una solicitud o trámite —presentado ante una

autoridad y cuyo cumplimiento por parte de ésta, se realiza fuera del plazo que

determinan las leyes— se pueda obtener una respuesta presunta, se entiende en

sentido negativo, de tal suerte que para hacer más eficientes a la administración

pública estatal y municipal, proponemos que el sentido sea positivo, por la omisión

de la autoridad.

Por último, Honorable Asamblea, actualmente las diversas leyes

administrativas y reglamentos contemplan recursos (medios de impugnación) que se

tramitan y resuelven por las propias autoridades administrativas, los cuales tienen

una forma de sustanciación variada, lo que propicia la confusión del gobernado que

tenga distintos asuntos de naturaleza administrativa y dificulta que las autoridades

administrativas los resuelvan con la debida oportunidad, por lo que al proponerse la

adopción de un único recurso que sustituya a los demás recursos previstos, se

garantizará la certeza jurídica a los gobernados, quienes conocerán las reglas

aplicables al mismo al acudir a un sólo texto legal y permitirá agilizar su resolución


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por parte de las autoridades administrativas encargadas de tal función. Esto, generará

una verdadera y pronta simplificación administrativa, precisando los procedimientos

que no estarán sujetos a este recurso.

Por lo expuesto, presentamos a esta Soberanía el siguiente decreto para

reformar los artículos 9, segundo párrafo; 23, primer párrafo; 154, primer párrafo;

155, párrafos primero y segundo; 198, fracción II; 226, párrafo primero; 251; 261,

fracción I y se adiciona un artículo 226 bis, del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y

JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

por medio del siguiente:

PROYECTO DE

DECRETO

Artículo Único. Se reforman los artículos 9 segundo párrafo; 23 primer

párrafo;154 primer párrafo;155 párrafos primero y segundo; 198 fracción II; 226

párrafo primero;251; 261 fracción I y se adiciona un artículo 226 bis, del CÓDIGO DE

PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

DE GUANAJUATO, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9. Para efectos…

Interesado es todo particular que tiene un interés jurídico o legítimo respecto

de un acto o procedimiento, por ostentar un derecho subjetivo o un interés

legalmente protegido.

Los interesados…

ARTÍCULO 23. Los interesados tienen en todo momento el derecho de

obtener información sobre los procedimientos en que intervengan o tuvieren interés

jurídico o legítimo y el estado en que se encuentran, así como el acceso a los

expedientes que con motivo de sus solicitudes o por mandato legal, formen las

autoridades. Cuando lo soliciten se expedirán a su costa, copias y certificaciones de

los documentos que obren en los expedientes, previo el pago de derechos.

Sólo podrá…

Las informaciones…

Las autoridades…

ARTÍCULO 132. El procedimiento administrativo persigue la tutela de los

derechos subjetivos y los intereses jurídicos o legítimos de los particulares, así como

la protección de la legalidad y la justicia en el funcionamiento de la administración

pública del Estado de Guanajuato y de sus municipios.

ARTÍCULO 154. Transcurridos los plazos citados en el artículo anterior sin que

se notifique la resolución expresa, se entenderá que ha operado la afirmativa ficta,


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que significa decisión favorable a los derechos e intereses jurídicos de los

peticionarios.

ARTÍCULO 155. La negativa ficta, que significa decisión desfavorable a los

derechos e intereses jurídicos de los peticionarios por falta oportuna de respuesta de

la autoridad administrativa, procederá en los casos que expresamente señalen las

leyes.

En los casos de afirmativa ficta, el interesado podrá solicitar al superior

jerárquico de la autoridad administrativa ante la que presentó la petición o a ésta

cuando no esté sujeta a relación de jerarquía, la certificación de que ha operado en su

favor la afirmativa ficta. Dentro de los tres días posteriores a la presentación de la

solicitud de la certificación, la autoridad deberá expedirla.

En caso de…

ARTÍCULO 198. El procedimiento administrativo termina por:

I…

II. Renuncia de derechos, intereses jurídicos o interés legítimo;

III… al VIII…

ARTÍCULO 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las

autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer únicamente el recurso

de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional.

Cuando se…

Para los efectos…

ARTÍCULO 226.bis Se exceptúa de la interposición del recurso único lo

relativo a las materias siguientes:

I. Electoral;

II.- Responsabilidades administrativas de los servidores públicos;

III.- Funciones del Ministerio Público;

IV.- Fiscal, únicamente en lo que hace a las contribuciones y los accesorios que

deriven directamente de aquéllas;

V.- Laboral, y

VI.- Acceso a la información pública.

ARTÍCULO 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las

personas que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión:


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I…

II….

ARTÍCULO 261. El proceso administrativo es improcedente contra actos o

resoluciones:

I. Que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor;

II… al VII…

Las causales…

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- el presente decreto entrará en vigor al siguiente día

de su publicación en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a

lo establecido en esta Ley, en particular los diversos recursos administrativos de las

diferentes leyes y reglamentos administrativos.

ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos administrativos en trámite a la entrada

en vigor de esta Ley, se resolverán conforme a las leyes vigentes en el momento en

que se iniciaron.

ARTÍCULO CUARTO.- Los procedimientos administrativos en trámite a la

entrada en vigor de esta Ley, continuarán su sustanciación conforme a la legislación

vigente al momento en que se iniciaron.

Guanajuato, Gto., 13 de marzo de 2014. Las diputadas y los diputados

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la

Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. Dip.

Francisco Javier Contreras Ramírez. Dip. Yulma Rocha Aguilar. Dip. Érika Lorena

Arroyo Bello. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna. Dip. Felipe de Jesús Orozco García.

Dip. Guillermo Romo Méndez. Dip. Jorge Videgaray Verdad. Dip. José Gerardo Zavala

Procell. Dip. Luis Felipe Luna Obregón. Dip. Pedro Chávez Arredondo. Dip. Roberto

Mauricio Vallejo Rábago. «

Por su atención, paciencia y tolerancia, muchas gracias.


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CON EL TEMA MUNICIPALISMO, PARTICIPA EL DIPUTADO JOSÉ


Sesión Ordinaria 20 de febrero de 2014

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: C. Dip. José Gerardo Zavala

Procell: Con el permiso de la mesa directiva y de la presidenta. Compañeras y

compañeros diputados.

En esta ocasión llego ante esta tribuna para externar ante ustedes algunas

reflexiones sobre la importancia que reviste para la arquitectura institucional del

Estado Mexicano y para su población, el fortalecimiento siempre postergado del

municipio, orden de gobierno que sigue siendo ya casi en la mitad de la segunda

década, el más débil.

No es mi propósito caer en los lugares comunes, donde se rasgan vestiduras

por el municipalismo, desconociendo el proceso histórico del poder institucionalizado y

su arraigo en las comunidades.

Hay que reconocer, a fin de cuentas, que en México no hubo el surgimiento

masivo y permanente de comunidades autónomas a lo largo de su historia, como sí lo

hubo en Europa con el desarrollo comercial de los burgos, producto de las antiguas

civitas o territorios donde concurrían los ciudadanos libres para dirimir los asuntos de

su comunidad en el mundo latino, que con el paso del tiempo al unirse en intereses

comunes, lenguas y economías, formaron las naciones estado modernas y fueron

fuente de la emancipación del hombre común ante la llamada nobleza.

¡No!, en México hubo, en efecto, comunidades dispersas en su gran territorio y

algunas grandes Ciudades-Estado como lo fue Tenochtitlán, la última de ellas, pero

que fueron descabezadas, derruidas, destruidas por la conquista española, que a su

vez impuso la fundación de ciudades y la instauración de sus ayuntamientos al

servicio de su majestad, el Rey, como parte de una estructura centralizada que fue el

Reino de España y su representación virreinal en la Nueva España; es decir, la

comunidad sometida a la potestad de una estructura política mayor. Jamás hubo en la

Colonia y Virreinato condiciones de autonomía o desarrollo propio no supeditado a una

comunidad mucho más amplia.

Por eso, es explicable que nuestra primera Constitución, la de 1824, no

contenga referencias al poder y desarrollo del municipio con su autonomía y libertad,

como base de una nueva estructura de poder, pues fue continuismo del modelo de

poder virreinal y algunos elementos de la Constitución de Cádiz, aderezado con las

ideas de emancipación y federalismo, tomado con artificialidad para los mexicanos del


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modelo de los Estados Unidos de América, donde fue otro el proceso histórico del

poder y la comunidad.

Cuando el federalismo es derrotado momentáneamente por los seguidores de

un gobierno central fuerte, promulgaron en 1836 las Siete Leyes Constitucionales, las

cuales dieron las bases de funcionamiento del nuevo régimen centralista. A través de

estas leyes se dividió el territorio de la república en departamentos, éstos en distritos,

a la vez organizados en partidos.

Las leyes de 1836 consagraron constitucionalmente a los ayuntamientos,

disponiendo que fueran popularmente electos y los hubiera en todas las capitales de

los departamentos. Puertos con más de 4,000 habitantes y pueblos con más de

8,000. Nuevamente el orden legal del poder y la población fue piramidal y no surgió

de las comunidades.

La Constitución de 1857, tan valiosa por sus aportaciones respecto a las

libertades civiles y la separación del Estado de la Iglesia, que rompió las estructuras

virreinales sobrevivientes, tuvo un primer avance sobre el municipalismo, que no dejó

de ser tímido, sin alterar la esencia del poder.

En su artículo 72 señala se elegirá popularmente a las autoridades públicas

municipales y judiciales; el artículo 31 indica que todo mexicano debe contribuir a los

gastos de la Federación, Estado o Municipio, así que estos últimos podían exigir

impuestos para sus funciones y cierta independencia económica; y el artículo 36

establecía la obligación de todo ciudadano de inscribirse en el padrón de su municipio.

De tal manera que los estados de la federación normaban y reglamentaban sus

respectivos regímenes municipales.

La Revolución Mexicana con su gran transformación social trajo a nuestro país

el deseo de formar el Municipio Libre, de darle un nuevo sentido a la estructura

político-administrativa de la nación, que a la postre la tendencia centralista y los

propios intereses del poder ahogaron el cambio de la pirámide.

El Congreso Constituyente de 1917 elaboró el artículo 115 de la Constitución

que dio nacimiento al Municipio Libre como la base de la organización política y de la

administración pública de los estados, adoptando para su régimen interior la forma de

gobierno republicano, representativo y popular, tendiendo como base de su división

territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, con un

gobierno emanado de elecciones directas, sin intermediación de autoridad entre éste

y el gobierno del estado; con administración libre de su hacienda, recaudación de sus

impuestos e investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales.


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Sin embargo, como ya lo establecimos, la praxis política y la estructura de la

dotación de las finanzas públicas, prácticamente subsumió a los municipios ante los

gobiernos de los estados. Por eso en 1983 fue necesario nuevamente legislar para

aumentar la fortaleza de los municipios con reformas al 115 constitucional.

Los cambios dieron mayores facultades a los municipios, como fue el cobro del

impuesto predial, que ellos determinaran sus usos de suelo y reservas ecológicas, se

ampliaron las facultades reglamentarias de los ayuntamientos y se les dio la plena

libertad para determinar su hacienda pública, determinándose qué servicios públicos

deben proveer a los ciudadanos y finalmente estableciendo que no debe haber

condicionamiento alguno de los gobiernos de los estados a la hora de entregar las

participaciones a los municipios.

Muchos de estos preceptos se cumplen a medias o no se cumplen de plano,

pues siguen existiendo deficiencias o limitantes que no permiten el despegue de los

municipios o persisten las condiciones culturales de cacicazgo desde los poderes

estatales por tratar de subyugar a los ayuntamientos e imponerles los criterios del

Ejecutivo Estatal.

La historia de las localidades, la dinámica de las propias comunidades y las

necesidades directas de las poblaciones, con las condiciones propias de nuestro siglo

en comunicaciones y vínculos económicos, sociales y políticos, nos muestran que si

bien el municipalismo no es un producto, desde la perspectiva política del poder,

surgido desde la sociedad misma del todo, sí debe ser la base de la estructura de

gobierno y convivencia por su condición de racionalidad.

Los problemas de la gente, sus anhelos, sus aspiraciones, sus posibilidades, se

generan, desarrollan y resuelven en sus propias comunidades y por ello debemos, si

queremos ser un país de avanzada, fortalecer esa vida comunitaria desde la

municipalidad.

A principios de este mes la alcaldesa de León, licenciada Bárbara Botello

Santibáñez, fue nombrada presidenta de la Confederación Nacional de Municipios A.

C. (CONAMM), organización que agrupa a los 2 mil 457 presidentes municipales del

país y los 16 jefes delegacionales del Distrito Federal, lo cual significó la oportunidad

para los guanajuatenses, siempre defensores del municipalismo, de integrarse al gran

debate nacional sobre el camino que debe seguir el fortalecimiento de estas unidades

básicas del Estado Mexicano.


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Con la presencia del Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y los

presidentes de los principales partidos políticos de México, quienes en conjunto se

definieron como amigos o aliados del municipalismo, además de reconocer el espíritu

municipalista del Presidente Enrique Peña Nieto, se ponderó la necesidad de una

reforma constitucional municipalista, adicional a la reforma política, que dote de más

fuerza a la gestión municipal, donde los recursos económicos sean distribuidos con

mucha más y mayor equidad y donde se propicien las condiciones necesarias para

que el desarrollo local sea el soporte del desarrollo nacional.

En este contexto, es muy cierto que los municipios deben hacer una tarea

desde sus propias facultades y cumplir con sus responsabilidades, como es recaudar

con mayor eficacia y eficiencia el impuesto predial, como también no pueden ser

subordinados a los gobiernos de los estados en cuanto a los recursos financieros para

la seguridad pública, su primera gran obligación, por ejemplo.

El doctor César Camacho Quiroz, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del

PRI, destacó en este escenario de propuesta la necesidad de redistribuir el poder

con los municipios, pero sobre todo, porque comprende, como el estudioso de la

vida política, que la autonomía municipal pasa por la fortaleza de sus arcas.

Mientras que el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, dejó

en claro que los tres males que aquejan a los municipios son su vulnerabilidad

financiera, la discriminación institucional que sufren y la debilidad consecuencia de

las dos anteriores, para poder satisfacer las necesidades de su población y cumplir

con sus obligaciones constitucionales.

En la reunión de la Confederación Nacional de Municipios se pidió que los

ingresos sean distribuidos de forma directa hacia los municipios desde la federación,

sin intermediación de los gobiernos estatales, así como que la fórmula de distribución

del ramo 33 se revise para que haya una mayor derrama de recursos, entre otras y

que la reforma política que ya permite la reelección, vaya más allá y haya en el marco

de los grandes acuerdos nacionales, una reforma constitucional municipalista de

fondo.

Este último propósito, lo tiene contemplado y muy claro en su agenda la

licenciada Bárbara Botello Santibáñez, presidenta de la CONAMM. Propósito que

seguramente materializará en beneficio de los municipios de México.

A pesar de nuestra historia centralista, los mexicanos tenemos la oportunidad

de generar una nueva arquitectura institucional y dar su lugar al municipio en la


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transformación nacional, por ser nuestra comunidad básica, por ser el lugar donde

desarrollamos nuestras vidas y nuestras aspiraciones.

Conmino a ese Congreso del Estado y al Ejecutivo del Estado, a ser parte de

este proceso y hacer lo que nos corresponda para hacer de nuestros municipios entes

capaces de otorgar el bienestar que merece su población, con respeto a la dignidad y

capacidad de cada comunidad. Por su tiempo, tolerancia y atención prestada, muchas

gracias.


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL, PARTICIPA PARA

DESAHOGAR SU RESERVA DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I DEL MUNICIPIO DE

ROMITA, GTO.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con el permiso de la presidencia. Con

base en un ejercicio de análisis entre los municipios que realizan el cobro

correspondiente por la expedición de licencias o permisos para el establecimiento de

anuncios en la forma prevista por la Ley de Hacienda, el Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional ha practicado un estudio consistente en eliminar

los diversos conceptos de adosados, realizar la división de los metros cuadrados con

que cuentan con los espectaculares y obtener un promedio de costos en bardas que

nos ha arrojado como resultado las siguientes tarifas:

A) Adosados: Para el caso de los adosados existe un doble error, pues la

tarifa contemplada está en metros cuadrados pero el cálculo se da con base a ciertas

medidas; por lo que de entrada hay que eliminar esta clasificación para quedar con un

solo cobro por adosados y éste sea dependiendo de sus medidas. Para este caso el

ejercicio resulta más sencillo, pues se tienen ciertos cobros contemplados que

permiten hacer el cálculo, así lo vigente contempla para el tipo II un área de 0.6 x 1.5

y cobrar $422.00; la tarifa vigente tipo II es 0.60 x 1.5 = a 0.9, que equivale

$422.00; estos corresponderían a 90 centímetros cuadrados; por lo que cada

centímetro cuadrado costaría 4.68 pesos que multiplicados por 100 nos da como

resultado $468.00 por metro cuadrado. Haciendo un ejercicio de redondeo y como

punto de partida se propone fijar la tarifa por metro cuadrado en $450.00

B) Espectaculares: Tarifa vigente $6,367.50. Espectacular promedio 12 X 8

metros igual a 96 metros cuadrados. Precio por metro cuadrado $6,367.50 entre 96

igual a $66.21 por metro cuadrado, por lo que se propone realizar un redondeo y

como arranque fijar la cuota en $65.00 por metro cuadrado.

C. Bardas. Tarifa vigente $91.98 por metro cuadrado. Es complicado sacar el

promedio de una barda pues ésta se coloca en paredes diversas; por lo que para este

caso hemos realizado un estudio de promedio con municipios que con anterioridad

contaban ya con el cobro realizado de manera correcta.

Salamanca $ 27.45

Guanajuato $ 86.54

Irapuato $ 68.14

San Luis de la Paz $ 71.82

Promedio 63.48 pesos; por lo que se propone realizar un redondeo y como

arranque fijar la cuota de $60.00 por metro cuadrado. Así, la tabla de tarifas

quedaría de la siguiente manera:

Tarifa:


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I. De pared y adosados al piso o muro, anualmente por metro

cuadrado:

Adosados $450.00.

Autosoportados y

espectaculares, $65.00.

Pinta de bardas: $60.00

Todos por metro cuadrado.

II. De pared y adosados al piso o muro, anualmente por pieza:

Toldos y carpas $636.22

Bardas y cobertizos

publicitarios $91.99

Con base en el estudio, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional, se reserva –en lo particular- el artículo 28, fracción I del municipio de

Romita. Es todo señor presidente.


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL INTERVIENE PARA

DESAHOGAR SUS RESERVAS RELATIVAS A DIVERSAS DISPOSICIONES

RELACIONADAS CON ANUNCIOS DE LOS MUNICIPIOS.



Con base en un ejercicio de análisis entre los municipios que realizan el cobro

correspondiente por la expedición de licencias o permisos para el establecimiento de

anuncios en la forma prevista por la Ley de Hacienda, hemos practicado un estudio

consistente en eliminar los diversos conceptos de adosados, realizar la división de los

metros cuadrados con que cuentan los espectaculares y obtener un promedio de

costos en bardas y nos ha otorgado como resultado las siguientes tarifas:

a) Adosados. Para el caso de los adosados existe un doble error, pues la

tarifa contemplada está en metros cuadrados, pero el cálculo se da en base a ciertas

medidas; por lo que de entrada hay que eliminar esta clasificación para quedar con un

solo cobro por adosados y éste sea dependiendo de sus medidas. Para este caso el

ejercicio resulta más sencillo pues se tienen ciertos cobros contemplados que

permiten hacer el cálculo, así lo vigente contempla para el tipo II un área de 0.60 X

1.5 y cobran $422.00.

Tarifa vigente tipo II, 20.6 X 1.50 = 0.9, $422.00 que corresponderían a 90

centímetros cuadrados; por lo que cada centímetro cuadrado costaría 4.68.pesos que

multiplicado por 100 nos da como resultado $468.00 por metro cuadrado.

Haciendo un ejercicio de redondeo y como punto de partida se propone fijar la

tarifa por metro cuadrado en $450.00.

b) Espectaculares. Tarifa vigente $6,367.50, espectacular promedio, 12

metros por 8 = 96 metros cuadrados; precio por metro cuadrado $6,357.50 entre 96

= a $66.21; por lo que se propone realizar un redondeo y como arranque fijar la

cuota de $65.00 por metro cuadrado en espectaculares.

Bardas. Tarifa vigente $91.98 por metro cuadrado, es complicado sacar el

promedio de una barda pues éstas se colocan en paredes diversas; por lo que para

este caso hemos realizado un estudio de promedio con municipios que con

anterioridad contaban ya con el cobro realizado de manera correcta; Salamanca

27.45; Guanajuato 86.54; Irapuato 68.14, San Luis de la Paz, 71.82; promedio

$63.48; por lo que se propone realizar un redondeo y como arranque fijar la cuota de

$60.00 por metro cuadrado. Así la tabla de tarifas quedaría de la siguiente manera:

Tarifa de pared y adosados al piso o muro anualmente por metro cuadrado:

A) Tipo adosados: $450.00


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B) Auto soportados espectaculares $65.00

C) Pinta de bardas $60.00

(Todos por metro cuadrado)

De pared y adosados al piso o muro, anualmente por pieza, tipo, toldos y carpas,

$636.22.

Bancas y cobertizos publicitarios $91.99

Con base en el estudio, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional se reserva, en lo particular, los siguientes artículos en el municipio que

se va mencionando, para efectos de incluir en los mismos el cuadro resultado del

análisis realizado por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional.

Artículo 22, fracción I, inciso b) de Santa Catarina.

Artículo 23, fracción, inciso b) Ocampo y Xichú.

Artículo 24, fracción I, inciso b) Coroneo, Jaral del Progreso, Doctor Mora y

Yuriria.

Artículo 25, fracción I, inciso b) San Diego de la Unión, Huanímaro y Santiago

Maravatío.

Artículo 26, fracción I, inciso b) Manuel Doblado, San Felipe, Comonfort,

Tarimoro, Juventino Rosas y Tarandacuao.

Artículo 27, fracción I, inciso b) Moroleón, Pueblo Nuevo y San José Iturbide.

Artículo 28, fracción I, inciso b) Victoria, Purísima del Rincón, Romita,

Cuerámaro, Valle de Santiago, Villagrán y Apaseo el Alto.

Artículo 29, fracción I, inciso b) Jerécuaro y Uriangato.

Artículo 30, fracción I, inciso b) Cortazar, Pénjamo, Salvatierra y Dolores

Hidalgo.

Artículo 31, fracción I, inciso b) Apaseo el Grande.

Artículo 33, fracción I, inciso b) Apaseo el Alto y Abasolo.

Es todo de mi parte, muchas gracias por su atención


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CONTESTANDO ALUSIONES PERSONALES A LA DIPUTADA KARINA

PADILLA ÁVILA, EN EL TEMA GOBIERNO DE RESULTADOS.



¡Qué bueno!, festejo, me da mucho gusto el escuchar de la presidenta de la

Comisión de Hacienda que de entrada dice sí al empréstito de León, pero mejorando

todas las condiciones ya conseguidas por la presidenta Bárbara Botello al mejorar la

tasa de TIE+0.7 a TIE+0.5. Qué bueno que estemos encontrando los vértices, qué

bueno que estemos encontrando los puntos de coincidencia, qué bueno que nos

estemos interesando en los fondos y no en las formas, ¡qué bueno que está

imperando en todos nosotros el distinguir un bien mayor! Un bien mayor que es el

bienestar de todos los leoneses, aquí no gana Bárbara ni gana el Partido

Revolucionario Institucional, ganan los leoneses. Sí, es cierto lo manifestado por la

diputada Karina Padilla, nunca le he solicitado que agilice el asunto del empréstito de

León, pero implícitamente como responsabilidad parlamentaria, tenemos el de

distinguir aquellos asuntos que por su naturaleza trastocan la vida y la calidad de los

leoneses o de cualquier otro municipio del estado. No creí necesario que se tuviera

que solicitar de manera expresa, pero lo hago desde esta tribuna. Ojalá que convoque

la presidenta en estos días para discutir sobre el asunto y ver el cómo sí podemos

echarlo para adelante. Me preocupa mucho el dato de la calificadora financiera que ya

de estabilidad pasa a una calificación negativa, pero me preocupa más que los más de

1.7 millones de leoneses sigan padeciendo los problemas de movilidad; lo dijo el

gobernador Miguel Márquez Márquez, sí a la movilidad, sí porque impacta a un gran

número, al grueso de la población la cuestión del transporte. Estoy a las órdenes de la

presidenta, como estamos todos los integrantes de la Comisión de Hacienda y

Fiscalización para atender este y todos los asuntos que merezcan darles una calidad

de prioridad presidenta; estoy a las órdenes, ojalá que nos sigan sumando la buena

voluntad política, ojalá que nos sigan sumando las coincidencias; ojalá que siempre

en nuestro actuar distingamos como valor mayor el bienestar de nuestros

representados. Es cuánto presidente.


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PARA HABLAR SOBRE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA

NIETO, INTERVIENE EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Diputado Pedro Chávez Arredondo,

Presidente de la Mesa Directiva, con su anuencia.

El pasado 1° de diciembre se cumplió el primer año de labores de Enrique Peña

Nieto como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tras una

intensa campaña electoral donde la mayor parte del electorado votó por transformar

las instituciones y darle al país una dirección diferente a la de los últimos años. El

respaldo social del triunfo de Enrique Peña Nieto logró que su toma de posición fuera

con el mayor de los respetos de los diferentes partidos en el Congreso de la Unión,

como no sucedía desde hace muchos años.

Para algunos, tras ese primer año, ha sido fácil expresar su rechazo o dudas a

lo logrado por el Gobierno de la República y, con afán sectario, denostan los logros

alcanzados por una insana conveniencia política. Otros con nobleza levantaron

grandes expectativas sobre el nuevo gobierno porque grandes eran también sus

decepciones sobre el pasado. Ellos sabrán reconocer las dificultades que entraña

cambiar lo que estaba mal en tan corto tiempo; pero sobre todo no olvidando lo que

era México en el 2012; décimo primer lugar mundial de población con más de 120

millones de mexicanos tan diversos como la propia y extensa orografía del país. La

decimocuarta economía del planeta, el noveno exportador mundial y séptimo en

importaciones; pero el 57 entre las naciones del orbe, en el índice de desarrollo

humano; somos un país de riqueza, pero con demasiados pobres.

Este primer año de labores del Presidente Peña Nieto, tiene muy valiosos

logros que asumen su verdadera dimensión si los contrastamos con los saldos de los

gobiernos pasados en este siglo. Por ejemplo, reconocemos que la economía

mexicana crecerá este año apenas alrededor de 1.3%, un crecimiento del PIB por

debajo de lo esperado, pero que no puede achacarse a lo hecho por un gobierno en

doce meses. Durante los últimos doce años México consistentemente dejó de crecer;

los propios datos e indicadores del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda,

nos revelan la tendencia a la recesión en que nos vimos envueltos a lo largo de estos

doce años previos; inclusive al grado de haber tenido no una recesión, sino una

depresión como pasó en 2009, cuando tuvimos un -6% de crecimiento en el PIB; es

decir, un decremento no visto en muchas décadas, según nos informa el Banco de

México. Por si fuera poco, en el 2006 y 2012, la deuda interna pública del gobierno

mexicano se multiplicó por 2.7 veces. Para el último año del gobierno pasado, el

endeudamiento interior del sector público alcanzó 4 billones 24 mil 72.9 millones de

pesos. Cantidad que equivale al 27% del valor de los bienes y servicios producidos

por la economía mexicana en un año, según los datos oficiales; y cada billón aquí sí

es un millón de millones de pesos y mientras la deuda creció, la carestía también; 12

millones de mexicanos engrosaron la pobreza de muestro país en los últimos años y la

polaridad económica se acentuó en un país que también tuvo que sufrir la más grande


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sangría de su historia moderna; pues 120 mil personas murieron violentamente en

una guerra sin estrategia clara y resultados poco convincentes, que generó a la par

una economía de guerra, donde entre 2006 y 2012 se destinaron más de 467 mil

millones de pesos, (cuatro veces el presupuesto de este año) ejerció la Secretaría de

Desarrollo Social para combatir la pobreza en México, según datos del Congreso de la

Unión. Ese es el país que recibió Enrique Peña Nieto, un país enfrentado políticamente

en una violencia atroz y con decisiones hechas, políticas públicas que generaron

graves efectos que costó años revertir y resarcir; reconstruir el tejido social de un

país con diversos campos de batalla, no se hace en un día y requiere de todos los

mexicanos de buena fe.

Por ello es importante señalar la voluntad política y tino que tuvo Enrique Peña

Nieto, cuando en consenso con las grandes fuerzas políticas de México acordó

establecer un acuerdo político que generara las condiciones propicias para la

reconstrucción nacional.

El Pacto por México fue el fruto que logró ponernos de acuerdo sobre cuáles

eran los temas torales del país para potenciar el desarrollo a pesar de nuestras

diferencias. Este enorme consenso impulsó la agenda de 95 compromisos contenidos

en cinco acuerdos totales, sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico,

empleo y competitividad; seguridad y justicia social; transparencia, rendición de

cuentas y combate a la corrupción y, finalmente, gobernabilidad democrática.

El diálogo, la tolerancia, la pluralidad, el respeto al otro, han sido en ese marco

el rango de distinción del gobierno de Peña Nieto, el Pacto por México ha sido un

instrumento para buscar consensos y no unanimidad. Los resultados avalan el

esfuerzo y aún hoy, cuando podemos considerar que hay una crisis en torno al

acuerdo por la salida del mayor partido de izquierda, ha sido éste el que ha puesto

nuevamente sobre la mesa la posibilidad de su retorno a las negociaciones. En estos

primeros 365 días de gestión de la nueva administración federal, el balance sobre el

pacto nos lleva a establecer que sirvió como instrumento para darle nuevamente

institucionalidad a la vida política nacional; a la par, se confeccionó el Plan Nacional

de Desarrollo que se enfoca en lograr cinco grandes objetivos a partir de mover al

país en los próximos años; lograr nuevamente que tengamos un México en paz, que

sea incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global. La

estrategia contempla, en este sentido, lograr grandes acuerdos nacionales para

impulsar las transformaciones estructurales a pesar de las resistencias que ello

implica; las reformas educativa, financiera, de telecomunicaciones, la de

transparencia y la hacendaria, han sido los primeros frutos de las negociaciones y

acuerdos entre los partidos políticos y el Gobierno de la República y, a pesar de la

oposición radical de algunos grupos del magisterio a la primera reforma, la

Presidencia de la República y demás actores institucionales, jamás cayeron en la

tentación de la represión y mantuvo la prudencia para mantener la paz pública, a

pesar de las incontables provocaciones que generó el rechazo de la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la Educación a los cambios. Por otra parte, la reforma

hacendaria permitirá que haya los suficientes recursos para implementar, de forma

mucha más amplia y profunda, las políticas sociales trazadas por el Presidente Peña


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Nieto para su sexenio. El presupuesto más amplio en la historia para la educación se

ejercerá en 2014 con más de 293 mil millones de pesos. Este próximo año será hora

de comenzar a hacer realidad los objetivos sociales trazados por el Pacto por México y

por la presidencia de la República en programas como la Cruzada Nacional contra el

hambre, la pensión para adultos mayores de 65 años que se tornará en pensión

universal; el seguro de vida par jefas de familia ya en operación, además de que se

prevén ya becas para madres solteras que fortalecerán la unidad familiar.

Incrementos en la construcción de la vivienda para los trabajadores; pasar del seguro

popular al seguro universal para que todos tengan atención médica en México;

además se plantea ya una reforma agropecuaria que nos lleve a eliminar la

dependencia alimentaria.

Ahora está por cristalizarse la reforma política nacional que ya tomó rumbo en

el Senado y en unos días más veremos ya los avances de la reforma energética,

ambas son fundamentales para dar otro impulso a México hacia la modernidad;

primero porque la política dotará a las instituciones electorales, partidos y ciudadanos,

de mejores instrumentos para que haya transparencia y credibilidad sobre los

procesos electorales del país y, con ello, legitimidad política a quienes ganen las

próximas elecciones y, por otro lado la energética, porque implicará detonar el

desarrollo de este sector que deberá ofrecernos energía más barata para empresas y

para los hogares. A partir del fuerte diagnóstico que nos indica cómo recibió Enrique

Peña Nieto al país, hoy podemos asegurar que revertir las tendencias negativas no

partía solamente de las condiciones de mercado, sino de transformar las instituciones

y el gasto público para alentar la economía.

Así que en estas primeras cincuenta y dos semanas se sentaron las bases para

lograrlo de aquí en adelante; y dos, tenemos una voraz economía de guerra iniciada

el sexenio pasado hacia la cual se destinan aún miles de millones de pesos en la

movilización de los miles de hombres y mujeres que conforman las fuerzas armadas

del país en su lucha contra el narcotráfico; es decir, seguimos pagando el haber

iniciado una guerra mal planeada contra el crimen organizado, a un año la estrategia

de seguridad pública se ha ido recomponiendo; pronto estará lista la Gendarmería

Nacional con 5 mil elementos a desplegarse con todas sus capacidades por el país, las

estadísticas nos apuntan a la disminución de la criminalidad, primordialmente en

delitos de alto impacto, salvo el secuestro.

El índice de homicidios dolosos bajó 16% este año respecto al 2012. Hoy

podemos decir que tras un primer año difícil, donde las instituciones se pusieron a

prueba con catástrofes nacionales como las intensas lluvias generadas por los

huracanas Ingrid y Manuel, la organización del Gobierno de la República y la

sensibilidad del Presidente Enrique Peña Nieto, permitieron atender las contingencias

y apoyar a los damnificados. Pénjamo mismo, en nuestro estado, es testigo del apoyo

federal. Hoy podemos contar con un Centro Nacional de Protección Civil, con las

finanzas estables y buscando sanearlas tras el feroz endeudamiento del sexenio

pasado, no sólo federal, sino de estados y municipios, el Presidente de la República ha

también buscado dar solidez a la imagen de nuestro país ante el mundo y la política

exterior. Ha retomado la senda de la solidaridad entre los pueblos y el impulso al


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comercio global; las visitas a quince naciones y nuestra presencia en diez Cumbres

Multinacionales, forma parte de la integración renovada de México a la globalización y

con el liderazgo que representa nuestro poder económico.

Los retos son muchos, sin duda, este año la población espera resultados

concretos y directos a su favor desde sus bolsillos, por lo que tenemos la expectativa

de que las reformas comiencen a rendir sus frutos como la energética y se vean

cumplidas con bases económicas firmes las promesas de disminución a los precios de

electricidad y el gas, que a su vez hagan más atractivo al país ante los inversionistas

extranjeros y fomenten condiciones para el progreso de la industria local con más

empleos y mejor pagados; el Gobernador Miguel Márquez Márquez sabe de primera

mano que cuenta con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, se avecinan

grandes obras para la entidad y los recursos de la federación hacia la entidad van en

aumento. Para 2014, la federación aportará 55 mil millones de pesos en aportaciones

y participaciones para el estado de Guanajuato; 11 mil millones de pesos más que

este año, para el Presidente de la República no hay preferencias por colores de

partido a la hora de asignar los presupuestos; hay voluntad política y hay

congruencia. Purísima del Rincón, tierra del gobernador y mandatada por un alcalde

panista lo sabe, como nunca ha tenido el mayor programa de pavimentación de su

historia con una buena parte de fondos federales; el ejemplo presidencial esperamos

se replique en nuestros municipios con los recursos estatales y no se regatee; por

ejemplo, un crédito que es muy importante para León, donde negárselo partirá más

del revanchismo que de sólidos argumentos financieros, la voluntad política se

demuestra con hechos.

En síntesis, el primer año de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la

República, nos alienta a pensar en que tendremos una gran oportunidad de hacer

llegar a México a un nivel de bienestar nunca antes conocido. Lo ha logrado con el

apoyo de las fuerzas políticas de México, con el apoyo de los ciudadanos, con el

esfuerzo de todos, pero es justo reconocerle su gran liderazgo y visión a favor de un

progreso que incluya a todos, sobre todo, a los que menos tienen. Es todo lo que

deseo decir de momento, gracias por su atención.


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL, A NOMBRE DEL

GRUPO PARLAMENARIO DEL PRI, DA LECTURA A UN PUNTO DE ACUERDO

PARA PROPONER AL EJECUTIVO DEL ESTADO LA CREACIÓN DE UN RAMO 33

DE CARÁCTER ESTATAL.

Sesión Ordinaria 21 de noviembre de 2013

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: (Leyendo) »DIP. PEDRO CHÁVEZ

ARREDONDO. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE.

Las Diputadas y Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional en la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del

Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 63

fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 155 y 184

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Guanajuato, con trámite de obvia resolución, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea un Punto de Acuerdo, con el propósito de formular un

respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo del Estado, Lic. Miguel Márquez

Márquez, para que de conformidad con el artículo 77 fracción VI de la

Constitución Local se adicione en la Ley del Presupuesto General de Egresos

del Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal de 2014, la creación de un

Ramo 33 de carácter estatal, con un fondo mínimo por $2’232,578,442.53

(Dos mil doscientos treinta y dos millones, quinientos setenta y ocho mil

cuatrocientos cuarenta y dos pesos con cincuenta y centavos) para

reorientar el gasto público esencialmente hacia el fortalecimiento del

desarrollo y la infraestructura y servicios básicos municipales, que permita a

los Ayuntamientos atender la problemática social en sus territorios dentro de

sus ámbitos de gobierno y así proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.

Lo anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 16 de mayo, se realizó la Conferencia Anual de Municipios 2013, en

la ciudad de León, Guanajuato. El evento fue inaugurado por el presidente Enrique

Peña Nieto y estuvo presente a su lado el Gobernador Miguel Márquez Márquez, así

como mandatarios de diferentes entidades federativas y alcaldes de toda la República

Mexicana.

En este evento, la Federación Nacional de Municipios de México, expuso las

diferentes necesidades que tienen los gobiernos municipales y se propuso una

agenda para ser incluida en el Pacto por México, con cuatro puntos a destacar: 1.

Reelección de alcaldes y la ampliación de los períodos de gobierno municipal, de tres


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a cuatro años; 2. Incremento de participaciones federales a municipios; 3.

Ampliaciones en el Ramo 33, Ramo 28 y fondos especiales para municipios, así como

el fortalecimiento de la hacienda pública municipal; 4. Implementación de políticas

públicas a favor de la sociedad, con mayor grado de marginación y pobreza.

De igual forma, en dicho foro, el gobernador Miguel Márquez hizo el siguiente

pronunciamiento, “Yo soy el primer convencido de darle el verdadero valor al trabajo

que desarrolla el municipio, que es la primera trinchera que atiende los problemas de

la ciudadanía”, al indicar que es necesario crear una agenda municipalista y refrendar

su vocación por el fortalecimiento de los municipios.

En tanto en la Federación se han tenido avances sustanciales para fortalecer a

los municipios con la redistribución del gasto público federal con el Presupuesto 2014,

a partir de la pasada Reforma Hacendaria, ejemplo de ello es que en el Presupuesto

Federal 2014 (PEF) para el Municipio de Guanajuato se autorizaron 99 millones de

pesos, lo que representa un incremento cerca del 30 por ciento a comparación al que

se le destinó en 2013, el Gobierno del Estado no ha hecho un pronunciamiento

contundente sobre el aumento de los recursos para los municipios en lo que al

Presupuesto Local se refiere.

El año pasado, nuestro Grupo Parlamentario acudió ante esta Honorable

Asamblea para solicitar al Ejecutivo estatal crear este ramo 33 estatal y así colaborar

con los municipios de la entidad con mucha mayor contundencia, lamentablemente no

fue posible que el Presupuesto General de Egresos para 2013 contara con este valioso

apartado, sin embargo, nuevamente reiteramos nuestra posición.

Por ello, consideramos necesario recordar a este Congreso, que el Plan

Nacional de Desarrollo 1995-2000 planteó para ese periodo, que el Gobierno Federal

conduciría las relaciones con los estados y municipios sobre tres vertientes: la

renovación del federalismo, la descentralización de recursos y funciones y, la

transformación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en un Sistema Nacional

de Coordinación Hacendaría.

En ese marco de políticas públicas en el ejercicio fiscal 1998, se observaron

importantes transformaciones en el presupuesto de egresos de la federación: como el

cambio en la denominación del Ramo 26 “Superación de la pobreza” por el de

“Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza”, que contiene una estructura

financiera y programática orientada a proyectos sociales, la generación de empleos e

impulso de actividades productivas en las zonas y grupos de mayor pobreza tales

como: empleo temporal, crédito a la palabra, empresas sociales, cajas de ahorro,

atención a zonas áridas, jornaleros agrícolas, mujeres y servicio social.


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Relacionado a las aportaciones federales del Ramo 26, se implementó de

manera similar en el Estado, el Ramo 26 con recursos destinados al fortalecimiento

municipal; de manera que, la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de

Guanajuato para el ejercicio fiscal de 1998 contempló en el artículo 18, los recursos

para el “desarrollo social y regional”, al que se le destinaron 310 millones 615 mil 743

pesos, que se distribuyeron en los siguientes Fondos:

Para el desarrollo regional

Para el desarrollo rural

Para infraestructura deportiva

Para infraestructura hidráulica urbana

Para infraestructura hidráulica rural

Para el desarrollo popular

Para la infraestructura social estatal, y

Para Organizaciones No Gubernamentales

Fondos que sólo se destinarían a financiar obras y acciones sociales básicas e

inversiones de beneficio social, aprobadas en el seno del Consejo de Planeación para

el Desarrollo Municipal y autorizadas por el Ayuntamiento.

Además, en el ejercicio fiscal de 1999 la partida estatal del Ramo 26

“desarrollo social y regional”, se incrementó en 9 millones 200 mil pesos, reasignación

que permitió obras y acciones que por su alcance y ámbito de beneficio lograron un

mayor desarrollo en las comunidades de los municipios.

Con la creación del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios”, que dispuso el ejercicio del gasto federal hacia los estados

y municipios a través de los siguientes fondos, con objetivos y montos precisos:

1. De Aportaciones para la Educación Básica y Normal

2. De Aportaciones para los Servicios de Salud


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3. De Aportaciones para la Infraestructura Social, que, a su vez, se subdivide en

dos fondos:

a) Para la Infraestructura Social Estatal, y

b) Para la Infraestructura Social Municipal.

4. De Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal

5. De Aportaciones Múltiples

6. De Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y

7. De Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Fue entonces que con la creación del Ramo 33 federal se consideró que

existiría un incremento de aportaciones federales y por ello, la LVII Legislatura del

Congreso del Estado acordó la desaparición del Ramo 26 estatal, “Desarrollo Social y

Regional”, que como quedó antes expresado éste lo constituye fondos distintos a los

del Ramo 33.

De esta forma, en atención a ello, se adicionaron las disposiciones del Capítulo

VI, del Título Cuarto en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de

Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2000, con la finalidad de reglamentar el

rubro de transferencias a los municipios, separándose del Título relativo a las

asignaciones del presupuesto de egresos.

Lo anterior, en la teoría, implicaría una mayor aportación económica a los

municipios; sin embargo, en la práctica se tradujo en una ficción que derivó en un

detrimento de recursos municipales, generando un rezago en las obras de los

servicios mínimos municipales (drenaje, agua potable, pavimentaciones y alumbrado

público) y en las obras de infraestructura de servicios básicos municipales (salud,

educación, vivienda, cultura y deporte), lo que también generó el endeudamiento

público de nuestros Ayuntamientos.

Debemos de tener presente que los Municipios son la autoridad más vinculada

a la gente, a sus requerimientos y obligado social y políticamente a dar resultados;

por eso requieren que el estado y la Federación otorguen todo su apoyo con recursos;

de lo contrario se continuaría generando un rezago social.


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Debe tenerse en cuenta que el gasto público en obras de infraestructura

mínima y de servicios básicos es una inversión, pues genera desarrollo y satisfactores

sociales; generan economía en la región; generan empleo; genera un entorno urbano

y espacios sociales que hacen mejor ciudad y municipio y dan mejor calidad de vida y

permite a las familias y sobre todo a los jóvenes la posibilidad de una inserción social.

Todo lo cual se traduce en el fortalecimiento y desarrollo municipal.

Es insistente la reiteración de los alcaldes en nuestra entidad, sin distingo de

partido político de origen, que nos demandan sensibilidad al Gobierno del Estado y a

los legisladores del Congreso del Estado, para integrar el Presupuesto General de

Egresos 2014 y se analicen con profundidad los requerimientos de los municipios, a

favor de los proyectos con mayor prioridad social y no bajo consideraciones de tipo

partidista.

Los Gobiernos municipales, cada vez con mayores necesidades sociales, no

cuentan con recursos suficientes para enfrentarlas y resolverlas; cada demanda social

requiere una solución; es oportuno revisar el sistema de asignación de recursos

presupuestales para combatir los desequilibrios y rezagos sociales y hacer efectivo el

respaldo estatal a los Municipios, pues en la medida de realizar obras de

infraestructura municipal y de servicios básicos el Estado combate la marginación y

pobreza.

Ello porque se considera, como población en situación de carencia por servicios

básicos, precisamente la vivienda que carezcan de agua, drenaje o energía eléctrica

(y por tanto de alumbrado público), siendo todos servicios que debe dotar el

municipio Mexicano, pero para lo cual no cuenta con recursos.

El combate a la superación de la pobreza es uno de los objetivos primordiales

de los gobiernos en nuestro país y para lograrlo debe realizarse un esfuerzo en doble

sentido: de arriba hacia abajo, las instancias federal y estatales deben impulsar la

educación, la salud, el empleo, la inversión las vías de comunicación y la seguridad

pública; de abajo hacia arriba, el Municipio debe ser capaz de operar la dotación de

los servicios públicos indispensables para desterrar a la pobreza de nuestro entorno.

El reto, es darle al presupuesto de egresos un énfasis municipalista.

En este sentido, los recursos de los programas contra la pobreza entre los

estados y municipios adquieren una importancia estratégica, porque permiten

fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las demandas

más urgentes de sus comunidades.


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En este contexto, el Ramo 26 en su ámbito federal y estatal, cobraba especial

trascendencia, ya que agrupaba diversos programas y acciones orientados

precisamente a disminuir la pobreza en el mediano plazo, privilegiando la atención a

grupos y regiones con las mayores desventajas económicas y sociales, en este orden

de ideas.

CONSIDERAMOS

Que en el Ramo 26, jugaba un papel determinante la descentralización de

facultades y recursos asignados dado que con ello se logró la distribución equitativa y

transparente de los recursos, la intervención de los ayuntamientos, en la aplicación

del gasto público, la definición de las obras y proyectos mediante la participación

social y comunitaria, la consolidación de los espacios de trabajo conjunto, entre

comunidades y autoridades y el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los

ayuntamientos y de la contraloría social.

En las circunstancias actuales, y en apego al sentido del artículo 115 de la

Constitución Federal, aunado a los principios de la política fiscal, se propone crear el

Ramo 33 de carácter estatal adicional del federal, destinado a los municipios, bajo las

reglas de operación determinadas para la aplicación del Ramo 33 de la Federación.

De esta manera, se replantea la asignación de recursos estatales para los

municipios, los que demostraron con la administración del Ramo 26, ser el espacio

idóneo para llevar a cabo las obras de infraestructura municipal y de servicios básicos

con mayor apego a las necesidades de su población al conocer la problemática local e

involucrar a la población en el proceso de toma de decisiones para su mejor

desarrollo.

Así mismo, crear un Ramo 33 estatal para los municipios, significaría un

aumento de la inversión destinada a dichas obras y servicios y un sustancial

saneamiento de sus finanzas públicas.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera que

tras las expresiones de apoyo a los municipios que hizo el Gobernador Miguel Márquez

Márquez, ante los alcaldes de todo el país, tendrá la sensibilidad necesaria para

impulsar desde su gobierno el fortalecimiento de los municipios guanajuatenses y

considerará la posibilidad de crear este ramo 33 local que planteamos.

De no ser así, las y los diputados del PRI pugnaremos para, junto las restantes

fuerzas políticas representadas en este Congreso y con uso de las atribuciones que la

propia Constitución nos confiere, podamos integrar en la Ley del Presupuesto General


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de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, un fondo mínimo de $2’232,578,442.53 (Dos

mil doscientos treinta y dos millones, quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos

cuarenta y dos pesos con cincuenta y centavos), cantidad que resulta proporcional a

lo que en 1999 significó el Ramo 26 cuando se le asignaron 4.72% del presupuesto

del Gobierno del Estado, que en este año 2013, ascendió a 47 mil 501 millones 668

mil 990 pesos, con el propósito de garantizarle al municipio, mayor solvencia

financiera para hacer frente a sus necesidades más imperiosas y prioritarias de

infraestructura y servicios en favor de la ciudadanía.

El objetivo, reiteramos, es de dotar de mayores recursos a los municipios para

cumplir con sus compromisos con la ciudadanía, fortalecer el desarrollo y la

infraestructura y servicios básicos municipales, para que así se permita a los

Ayuntamientos tener un papel más activo en el ejercicio de aquellos fondos que

inciden en su problemática social en sus ámbitos de gobierno

Es hora de que advirtamos que es importante invertir en nuestra gente. No

para graciosas concesiones que hagan de la pobreza la reserva electoral de un partido

o limosna sustentada en un primitivo altruismo. Invertir en los municipios, en su

desarrollo social, es invertir en una población para que tenga mejores y más dignos

servicios municipales, más educación, con espacios y ambientes más armónicos, que

integren a la sociedad, con responsabilidad y solidaridad.

Estamos ciertos que estos planteamientos impulsan la democracia en la

entidad y el federalismo, porque si queremos un México y un Guanajuato fuerte,

tendremos que tener municipios fuertes.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 57 de la Constitución Política

para el Estado de Guanajuato, así como del 184 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato, proponemos como

resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso Libre y Soberano de

Guanajuato, formula un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo del Estado,

Lic. Miguel Márquez Márquez, para que de conformidad con el artículo 77

fracción VI de la Constitución Local se adicione en la Ley del Presupuesto

General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal de

2014, la creación de un Ramo 33 de carácter estatal, con un fondo mínimo

por $2’232,578,442.53 (Dos mil doscientos treinta y dos millones, quinientos

setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con cincuenta y


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centavos) para reorientar el gasto público esencialmente hacia el

fortalecimiento del desarrollo y la infraestructura y servicios básicos

municipales, que permita a los Ayuntamientos atender la problemática social

en sus territorios dentro de sus ámbitos de gobierno y así proporcionar

mejores servicios a la ciudadanía.

Guanajuato, Gto., 21 de octubre de 2013. Las diputadas y los diputados



Guanajuato. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez. Dip. Yulma Rocha

Aguilar. Dip. Érika Lorena Arroyo Bello. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna. Dip.

Felipe de Jesús Orozco García. Dip. Guillermo Romo Méndez. Dip. Jorge

Videgaray Verdad. Dip. José Gerardo Zavala Procell. Dip. Luis Felipe Luna


Rábago. «

Por su tiempo y atención, muchas gracias.


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PRECISANDO HECHOS SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMA AL

ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE

GUANAJUATO, Y DE EXPEDICIÓN DE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO PARA EL

ESTADO DE GUANAJUATO


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con el permiso de la presidencia. Ha

quedado debidamente acreditada, como una constante del partido de la primera

minoría, su marcado desprecio al Estado de Derecho, pues no solamente se niega en

esta ocasión acatar una disposición de carácter constitucional, como en días pasados

también quedó marcado su desprecio al Estado de Derecho al negarse a acatar una

disposición emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A los políticos

corruptos no nada más los debe juzgar la historia, los debe juzgar la sociedad; los

debe juzgar la justicia. En el estado de Guanajuato parece ser que pugnamos porque

mantenga vigencia la corrupción y la impunidad y que nada más aplica la justicia

administrativa para los funcionarios inferiores; para los políticos no aplica porque no

hay una instancia que le castigue y que le aplique esas sanciones administrativas, por

eso nace el Juicio Político, al que Acción Nacional se niega a instaurar en el estado de

Guanajuato. Parece ser que ahora sí tomaron muy en cuenta la opinión del Poder

Judicial y vino el Poder Judicial a hacerles la tarea porque en ninguna de las

argumentaciones de los diputados de Acción Nacional he visto nada propio, no han

dicho ni sostenido nada propio, nada que haya nacido de su raciocinio, su intelecto,

sus capacidades y sus aportaciones, ¡todo es ajeno! todo lo tomaron de la opinión del

Poder Judicial; cuando conviene así a las causas de su partido, aplica en el principio

de exhaustividad, ¡vamos a explorar a grado de detalle! y cuando no les conviene

entierran, desde un primer momento, una situación de trascendencia democrática y

de justicia en el estado de Guanajuato; por eso se llama iniciativa, ¡ninguna iniciativa

llega a su etapa procesal final igual porque sufre transformaciones! todas las

aportaciones que han hecho los diputados de Acción Nacional en tribuna, las hubieran

hecho en las mesas de trabajo, ahí era el momento procesal oportuno, no enterarla y

después aludir falsas apreciaciones o falsos tipos de carácter jurídico que se ve que

vienen a leer y no entienden; ¡y no lo entienden les voy a decir por qué! el diputado

Luna Obregón fue felicitado por sus aportaciones a la figura de la desaparición

forzada, ¡le dijeron felicidades diputado Luna Obregón, qué bueno que vino a

enriquecer nuestra iniciativa! el diputado Luna Obregón les corrigió la plana porque

les cambiaron el tipo, el tipo que ustedes traían erróneo en una concepción

distorsionada que no entendían y el diputado Luna les dijo no es a, es b; y ustedes

aceptaron, aceptaron la legitimidad y la capacidad del diputado Luna para aportarles

jurídicamente lo que no entendían; presentaron ustedes una iniciativa que sufrió una

transformación de 360 grados y ahora por qué no aportan en las mesas de trabajo,

por qué no aceptaron ese criterio exhaustivo y lo matan, lo entierran. Lo único que

quiero agregar, que se queda luego entonces en el ánimo de la sociedad, la suspicacia

que el interés que los mueve a justificar su conducta es otro; y es otro, ¿cuál? pues

una suspicacia que tiene como interés el proteger, encubrir y solapar a políticos

corruptos emanados de su partido; quieren tapar lo negro, lo negro de los últimos

gobiernos de su partido; quieren mantener vigente la corrupción y que en Guanajuato


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siga existiendo la impunidad; que el poderoso sojuzgue al débil no quiere decir que

deba ser así aunque así sea, pero muy pronto, muy pronto dejarán de ser poderosos

y el débil dejará de ser débil.


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CORRIGIENDO HECHOS EN EL TEMA RELATIVO A LA OMISIÓN DE UN

MANDATO CONSTITUCIONAL, INTERVIENE EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO

ZAVALA PROCELL.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con el permiso del presidente diputado

Pedro Chávez Arredondo y de la mesa directiva.

He solicitado abordar la tribuna para efectos de precisar en cuestión de la

significación del debate y de la congruencia parlamentaria que nos obliga y que se ha

dicho aquí, que se tiene algo de lo cual se carece; no podemos dar lo que no se tiene.

Yo quiero hacer algunas precisiones que justamente en las etapas del proceso

legislativo existe una que se llama discusión y esa etapa del proceso legislativo que se

llama discusión, es la contraposición de las ideas, en el entendido que discutir no se

reñir; ni discrepar es pelar cuando se hace con tolerancia y cuando se hace con

respeto y aquí lo único que he visto es una falta de respeto y una falta de tolerancia.

Y les voy a decir por qué, el mayoriteo –cuando está suficientemente discutido un

punto y se han contrapuesto las ideas, se vale-, pero cuando a rajatabla se impone,

se trata de una herramienta perniciosa, inmoral y perversa ante la ausencia de las

ideas; y les digo esto porque en el punto número nueve en cuanto a dar cumplimiento

de la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ustedes acaban de

votar en contra porque prefieren seguir en desacato; ¡eso no es congruencia ni aquí ni

en ningún lugar del mundo! Y les voy a decir otra cosa que ha quedado perfectamente

manifiesta y lo retrata a usted señor diputado Arroyo, ¡de cuerpo entero! Usted no es

confiable; porque no se puede hablar con usted con seriedad ni con caballerosidad;

sin empacho, sin ningún recato ha exhibido lo que se le ha dicho en corto, que es una

práctica parlamentaria del cabildeo, para llegar a acuerdos y construir consensos.

¡Usted no es confiable para preguntarle y para cabildear y lograr consensos que

abonen para transitar en un ahorro procesal!

-El C. Presidente: Señor diputado, ¿me permite?

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 de nuestra Ley Orgánica, se

le solicita se abstenga de afectar en su intervención, la dignidad de cualquier

compañero diputado o funcionario.

Adelante diputado.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Así lo procuraré hacer señor

presidente.

-El C. Presidente: Yo no confiaría en una persona que cuando le digo, para

tener un ahorro procesal que nos acorte el camino en las mesas de trabajo para

construir, venga a la tribuna y me exhiba; usted me dijo, usted me volvió, usted me

torno, yo no confiaría en una persona que no tiene empacho en exhibir a sus


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compañeros con la mínima cortesía política. También le quiero decir que, por lo tanto,

las damas son damas y los caballeros son caballeros, quien no respeta una dama no

es un caballero y no estoy hablando de cuestiones de género porque tienen igual o

más capacidad que algunos y le digo esto que discutir no es reñir ni discrepar es

pelar; lo que sí me quedo, me quedo con esa profunda reflexión de lo que dijo el

diputado Sergio Carlo Bernal Cárdenas y lo dijo con todas sus letras, con mucho

aplomo, con toda la seguridad y de una manera categórica, no nos interesa el tema

del Juicio Político, ¡claro que no les interesa! Ni les va a interesar, para que les

interesara primero lo tendrían que entender y qué estudiar.

Termino mi intervención diciéndoles que es una enorme desgracia no tener

talento para saber hablar bien, ni la sabiduría para mantener la boca callada, con sus

honrosas excepciones, desde luego. Es todo lo que tengo que decir presidente.


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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO, FORMULADO

POR LOS DIPUTADOS Y LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA

FORMULAR UN RESPETUOSO EXHORTO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO, PARA QUE SU ADMINISTRACIÓN CONTEMPLE EN LA

INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DIVERSAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER

PRESUPUESTARIO.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: (Leyendo) Diputado Pedro Chávez

Arredondo, Presidente del H. Congreso del Estados de Guanajuato.

Integrantes de la mesa directiva, con su permiso.


»DIP. PEDRO CHÁVEZ ARREDONDO. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE GUANAJUATO. PRESENTE.




fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 184 fracción III

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea un Punto de Acuerdo, con

el propósito de formular un respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal,

Lic. Miguel Márquez Márquez, para que su Administración contemple en la iniciativa de

la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014:

Estímulos fiscales para los contribuyentes de esta entidad federativa, consistente en

condonar créditos y multas fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios, por la

omisión de pago de los impuestos anteriores a 2012; no se aumenten las tasas

impositivas, ni se generen nuevos aranceles y solamente se indexe la tasa

inflacionaria anual pronosticada en el cobro de derechos por los servicios públicos

estatales; así como tampoco se contrate endeudamiento público estatal durante el

año fiscal 2014; además de que informe a este Congreso, de manera previa a la

entrega del Paquete Fiscal 2014, de los resultados concretos alcanzados por el

Gobierno de Guanajuato en la implementación del programa de austeridad para el uso

eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la

Administración Pública Estatal, contenidos en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley

del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal

2013, en atención a los siguientes:

ANTECEDENTES

Este año, a pesar del noble y tenaz esfuerzo de millones de guanajuatenses, la

economía local ha visto mermado su empuje por factores de índole externa e interna.

Para agosto pasado, las cifras de la propia Secretaría de Desarrollo Económico


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Sustentable, del Gobierno del Estado, indicaban que preveían un crecimiento para

2013 es de apenas 2.5 por ciento, menor a la cifra que la propia dependencia estimó

para todo 2012, del 4 por ciento.

En medio de este panorama nada alentador, al inicio de octubre al presentarse

el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, por el Instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática mostraba que Guanajuato estaba ya en el lugar

21 de la escala nacional en la materia, pues la actividad económica general de la

entidad tuvo un crecimiento apenas del 1 por ciento, el más bajo en 4 años, mientras

que la producción industrial retrocedió 1.1 por ciento.

Además, el mismo índice presentado por INEGI advirtió que la producción

automotriz en la entidad cayó 24.8 por ciento en el primer trimestre de 2013, una

condición que perfilaban como de difícil recuperación por las condiciones de los

mercados internacionales, algo que preocupa en una entidad donde se presume el

logro de haber captado en los últimos siete años, de 2007 a 2013, nueve mil 800

millones de dólares de inversión, con lo que detonó 242 proyectos, 118 de los cuales

pertenecen a la industria automotriz.

Además, los datos duros indican que a pesar de esa atracción de inversiones,

no se genera el empleo que los Guanajuatenses demandan, pues de 2007 a 2009 la

tasa de desocupación de la Población Económicamente Activa (PEA) prácticamente se

duplicó, al pasar de 3.4 a 6 por ciento; desde entonces ha oscilado entre 5.9 y 6 por

ciento.

En el primer trimestre de 2013 el indicador fue de 6.2 por ciento y en el

segundo de 5.9 por ciento, según el último reporte de la Subsecretaría de Empleo y

Productividad Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, con fecha

de corte a septiembre el cual indica que la desocupación a nivel nacional se ubicó en

5.2.

Frente a las penurias que pasa el sector privado para producir, comercializar

sus productos en los mercados locales y mantener sus ventas en el extranjero, así

como de la ciudadanía que gana bajos sueldos o no tiene empleo, tenemos ante

nosotros a un gobierno estatal que ha calculado ingresos para 2013 por 47 mil 501

millones 668 mil 990 pesos, misma cantidad pronosticada para sus egresos, que

podría elevarse hasta 54 mil 300 millones de pesos para este mismo ejercicio fiscal,

según las propias cifras de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Por esta razón, es que consideramos necesario que el gobierno del estado

pueda ofrecer a la población guanajuatense medidas que alivien su economía, en

virtud de las difíciles condiciones que pasan sus sectores productivos, comercio y

servicios, por medio de una amnistía fiscal.

En este sentido, creemos convenientes que la Secretaría de Finanzas,

Inversión y Administración instrumente en sus diferentes oficinas recaudadoras en la

entidad las condonaciones totales o parciales de créditos y multas fiscales, recargos y


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gastos de ejecución ordinarios por la omisión de pago de los impuestos anteriores a

2012, de acuerdo a las reglas de operación que establezca la misma Secretaria.

Esta medida aliviará en mucho la presión sobre las empresas guanajuatenses,

sobre todo las micros, pequeñas y medianas, que han enfrentado no sólo la caída de

la economía mexicana y de aquellos países socios comercialmente, sino también sus

diferentes obligaciones con el fisco nacional o estatal, así como sus compromisos de

pago ante la banca, en muchos de los casos.

Por otro lado, beneficiará a la propia administración que reducirá sus gastos de

administración de dicha deuda y por otra parte, podría recuperar recursos con planes

de pago que establezca en las condonaciones parciales.

En este mismo sentido, para el año fiscal que se avecina, 2014, sería una

buena señal para el sector productivo y la sociedad en general, que el gobierno del

estado no incremente impuestos ni aumente la carga fiscal con nuevas contribuciones,

además de que los derechos por los servicios que presta el estado apenas

incrementen su costo debido a la indexación de la inflación exclusivamente.

Esta política de contención del ingreso público, puede ofrecer un gobierno

equilibrado en sus finanzas si se mantienen políticas de reducción del gasto y ahorros,

que seguramente la población verá como una buena medida de su gobierno para

incentivar la economía local, tan ávida de recursos para mantener en funcionamiento

la planta productiva.

De igual forma, en un esfuerzo por depurar las finanzas públicas pedimos que

para el ejercicio fiscal 2014, por vez primera en muchos años, el presupuesto público

no sea financiado en parte con deuda pública. Históricamente el gobierno del estado

en las dos últimas décadas ha sido deficitario fiscalmente, pues ha sostenido año con

año una diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos a lo largo del

año. Ese déficit se ha equilibrado con la adquisición de deuda, que ha pasado de los

280 millones de pesos en 1993 a los 6 mil 029 millones 122 mil 100 pesos, estimados

al primer semestre de 2013.

Cuando en diciembre de 2012 el gobierno del estado solicitó a este Congreso

nuevamente endeudarse, sostuvimos que ya era hora de revisar esa forma de

financiar la actividad pública, pues en en los últimos 20 años la deuda estatal

aumentó 2 mil 969 por ciento y gran parte de ese dinero se fue a proyectos

productivos como la Expo Bicentenario, la fallida refinería o el tren interurbano, entre

otros

Hoy en día, persisten las prácticas de corrupción en la administración pública

estatal, como ha podido verse en el sector salud, por ejemplo, de manera tal que

pedimos que sea la disciplina fiscal, la austeridad y la racionalidad del gasto público

los ejes sobre los que se trace el gasto de los recursos públicos y la deuda sea sólo un

instrumento a usarse en momentos de mayor complejidad, pues siempre estaremos

en riesgo de distorsiones o afectaciones en relación a factores externos y adversos


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como lo pueden ser las catástrofes naturales o los desbalances y crisis de la economía

nacional e internacional.

Finalmente, en la vigente Ley para el Presupuesto General del Estado.

Gobierno de Guanajuato, en su Artículo Transitorio Quinto, se estableció la obligación

para el Gobierno del Estado de implementar un programa de austeridad para el uso



Administración Pública Estatal, esto con el objetivo de generar ahorros en las finanzas

públicas y con ello equilibrar el presupuesto.

Consideramos que es momento de que el Ejecutivo, presente a este Congreso

Local, un informe detallado de los alcances del programa que se implementó en todas

sus dependencias, los ahorros y objetivos alcanzados, para realmente poder definir si

ha hecho su parte el sector público en la tarea de forjar un gobierno mucho más

eficaz y eficiente, que coadyuve con la población a superar sus problemas y no sea

una carga más a su alicaída economía.

Sabemos que en marzo de 2013 la Secretaría de Finanzas, Inversión y

Administración dictó una serie de medidas para que el gobierno actuara en

consonancia con dicho requerimiento y cumpliera además con su propia normatividad

en la materia, pero los indicadores de medición que pueden darnos un diagnóstico

sobre la eficacia de su implementación, no son aún del conocimiento de este

Congreso.

Creemos que la medida aporta a la sanidad de las finanzas públicas y a formar

mejores criterios para que esta Soberanía analice con mayor criterio el paquete fiscal

2014, por lo que es necesario que dicho informe sea presentado antes de que este

Poder Legislativo lo reciba.

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional, desde esta tribuna, sometemos a la consideración

de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de

Guanajuato ante las difíciles circunstancias económicas para la población de la

entidad, formula respetuosamente un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal,

Lic. Miguel Márquez Márquez, para que su Administración contemple en la iniciativa de

la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014:

Estímulos fiscales para los contribuyentes de esta entidad federativa, consistente en

condonar créditos y multas fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios, por la

omisión de pago de los impuestos anteriores a 2012; no se aumenten las tasas

impositivas, ni se generen nuevos aranceles y solamente se indexe la tasa

inflacionaria anual pronosticada en el cobro de derechos por los servicios públicos

estatales; así como tampoco se contrate endeudamiento público estatal durante el


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año fiscal 2014; además de que informe a este Congreso, de manera previa a la

entrega del Paquete Fiscal 2014, de los resultados concretos alcanzados por el

Gobierno de Guanajuato en la implementación del programa de austeridad para el uso



Administración Pública Estatal, contenidos en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley

del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal

2013.

Guanajuato, Gto., 24 de octubre de 2013. Las diputadas y los diputados








Rábago. «


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL, PARTICIPA CON EL

TEMA PREVENCIONES DE PRESUPUESTO 2014.



El primer período ordinario de sesiones de cada año legislativo tiene como sello

ineludible para las representaciones parlamentarias, para el aparato de gobierno y

para la ciudadanía en general, su condición legislativa presupuestaria, pues los

diputados presentes en este Congreso del Estado tenemos la obligación de revisar a

fondo, ajustar, dictaminar y votar lo que serán las 46 Leyes de Ingresos municipales,

la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato y la Ley del Presupuesto de Egresos

estatal del año venidero; es decir, en nuestras manos está la revisión de qué

impuestos y qué derechos, así como sus montos, cobrarán los gobiernos municipales

y del estado a cada uno de los contribuyentes en la entidad, para poder destinar esos

recursos al sostenimiento del gobierno, sus funciones primarias y las políticas públicas

orientadas a detonar el crecimiento económico y el desarrollo social de los

guanajuatenses.

Por la importancia que revisten estas circunstancias para toda la población, es

que acudo a esta tribuna a proponer que las prevenciones generales que deberá

asumir este Congreso local para el análisis y dictamen de las leyes de ingresos citadas

y el Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, se ajusten a lo que

dispone la ley y se estipulen criterios de exhaustividad que permitan la revisión, a

fondo, de lo que primordialmente, el Ejecutivo estatal proponga a esta soberanía,

dentro de la colaboración e interacción entre poderes que la propia Constitución

estipula. Es decir, que la revisión sea tanta como sea posible y necesaria, sin que nos

auto-impongamos fechas para aprobar los paquetes fiscales a fin de disfrutar las

fiestas navideñas, como ha venido sucediendo, cuando es la propia Constitución

estatal en su artículo 51 la que nos indica con claridad que el período ordinario de

sesiones concluirá a más tardar el 31 de diciembre.

Inclusive, el artículo 63 constitucional, referente a las facultades del Congreso,

en su fracción XII, advierte que en el supuesto de que al iniciarse el año fiscal

correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado la Ley de Ingresos o la

Ley del Presupuesto General de Egresos, en tanto sean expedidas, el Congreso no

podrá ocuparse de ninguna otra Ley, mientras tanto se aplicará la vigente en el año

inmediato anterior.

De igual forma, confiamos en que el Ejecutivo cumplirá con atingencia el

mandato constitucional que le impone en el artículo 77, fracción VI, de presentar al

Congreso del Estado las iniciativas de Ley del Presupuesto General de Egresos del

Estado y de Ley de Ingresos del Estado, antes del 25 de noviembre, esta último

precisión hecha en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el

Estado y los Municipios de Guanajuato, como también deberán hacerlo, por cierto, a


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más tardar el 15 de noviembre los municipios que propondrán sus esquemas de cobro

del predial, Derecho de Alumbrado Público, diversos impuestos y derechos.

Sin embargo, si deseamos como diputados que, para poder cumplir las

atribuciones que nos fija el artículo 63 de la Constitución local, en el titular del

Ejecutivo del Estado exista la disposición y la convicción democrática y republicana

para tender un puente de diálogo con el Poder Legislativo, representado por todas sus

fuerzas políticas, no sólo con su partido, para presentar la información completa a fin

de poder valorar y evaluar los pronósticos de ingresos que deberán incluir la

expectativa de recaudación fiscal y los recursos que generen los sujetos de la ley con

relación directa al cumplimiento de su objetivo.

Aún nuestra legislación sigue siendo protectora del gobernador en las tareas de

transparencia, pues no lo obliga a comparecer ante esta soberanía, a su llamado, ya

sea para explicar en qué y cómo gastará los recursos públicos y apenas da los

elementos mínimos para que informe sobre su gestión; por lo que respetuosamente

exhortamos al titular del Ejecutivo para que acepte la invitación a dialogar

abiertamente con este Congreso sobre el Presupuesto 2014 y sea él quien exponga

sus motivaciones.

Para este proceso no aceptaremos más impuestos ni aumentos a ellos y el

aumento en el cobro de derechos deberá ser, apenas, similar a la estimación que el

Banco de México ha hecho para la inflación, que en las previsiones hechas para el

cierre de 2013 será de 3.59 por ciento y para 2014 se calcula en 3.80 por ciento.

Además, es importante señalar que la economía de los guanajuatenses no será

boyante ni mucho menos, pues apenas hace unos días se dio a conocer que el

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal elaborado por el INEGI,

asegura que Guanajuato cayó hasta el sitio 21 a nivel nacional en los indicadores de

crecimiento.

La actividad económica, en general, en el estado tuvo un crecimiento de sólo

1% -el más bajo en los últimos cuatro años-, es decir, mucho más baja que la media

nacional, mientras que la producción industrial retrocedió 1.1%, según revelan las

estadísticas de INEGI, por cierto, presidida por un guanajuatense, Eduardo Sojo. Por

esta razón, los diputados del Partido Revolucionario Institucional proponemos una

amnistía fiscal para los contribuyentes que no han podido cumplir con sus

responsabilidades con el fisco local, dadas las precarias condiciones de la economía de

Guanajuato.

Por ello, en las prevenciones para este año solicitamos que se incluya en la

iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, disposiciones de carácter general para

condonar créditos y multas fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios por la

omisión de pago de los impuestos anteriores al ejercicio fiscal 2012, como un medida

fiscal que incentive la regularización de los adeudos fiscales acumulados y como

apoyo para los contribuyentes de menores recursos económicos.


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Consideramos fundamental que para poder activar la economía guanajuatense,

el gobierno del estado haga todo lo que esté a su alcance para poder apoyar a las

empresas y trabajadores para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En este

sentido, pedimos a nuestros compañeros diputados del partido gobernante, asuman la

defensa del contribuyente y no la del gobierno estatal en congruencia al discurso que

han esgrimido en las últimas semanas respecto de las cargas fiscales federales. No es

hora de ser candil de la calle y oscuridad en la casa.

Por otra parte, en la elaboración del Presupuesto General de Egresos del

Estado, también exhortamos al Gobernador y su Secretario de Finanzas, Inversión y

Administración, propicien un franco diálogo e intercambio de información y puntos de

vista, a fin de poder cuantificar monetariamente, con precisión y sin distorsiones u

ocultamientos los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir

con los programas establecidos en la administración pública estatal. Se propone que

se contenga el gasto corriente con políticas de ahorro y eficiencia en el gasto público,

eliminación de gastos suntuarios y cancelación de plazas donde la función se haga por

duplicado innecesariamente.

Pero no sólo eso, sino que como fruto de ese diálogo, se reconozca en la

integración del Presupuesto de Egresos la pluralidad social, económica, cultural y

política de los guanajuatenses y que se elabore con la equidad y respeto para todos

los guanajuatenses, sin discriminación o prejuicio, principalmente la derivada de filia o

fobia partidista. Ningún municipio debe ser más o menos privilegiado que otro por

causales políticas.

Los recursos deberán asignarse con criterios basados en la demografía,

desarrollo y urgencia de necesidades. Cuando se hace una mala asignación de los

recursos, no se lesiona al partido en el gobierno, sino a cada familia, a cada niño, a

cada adulto mayor, a cada guanajuatense que ahí reside.

Por ello, pedimos que tanto para la elaboración del Pronóstico de Ingresos

como del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014, las tareas de formulación,

discusión, aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto se hagan con la

participación de todos, sin lucimientos propios de una hoguera de vanidades muy

lejanos a la prudencia, decoro y profesionalismo que reclaman los guanajuatenses.

En este sentido, demandamos que en las prevenciones generales que este

Congreso debe elaborar para los trabajos de análisis, integración y dictamen del

paquete fiscal 2014, las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo solicitadas por

este Poder, atribución que dicta el artículo 63, fracción XII de la Constitución Local, se

hagan en un diseño que propicie el conocimiento preciso de las razones en que se

fundamente el ingreso y la asignación presupuestal a los programas del gobierno; sin

acotar el derecho de petición, de libertad de expresión y siempre bajo el espíritu

republicano y democrático que nuestra sociedad nos reclama en adición a lo que en

un momento dado el gobernador pudiese directamente externar a este Poder.


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No deseamos pasarelas de funcionarios sin sentido, con oídos sordos y

silencios cómplices que abonan a la falta de transparencia, la corrupción y la

ineficiencia gubernamental que tanto lastima al pueblo de Guanajuato. No queremos

aquí secretarios de Estado que piensen más en su promoción política o altanería

irrespetuosa ante la significancia de lo que es el Congreso y el respeto que merece;

que en el bienestar de la población a quien tiene la obligación de servir con

honestidad y sencillez, desde un buen trabajo de gobierno.

El balance de este ejercicio, durante el año pasado, no resultó satisfactorio

pues las dudas no fueron del todo despejadas y encontramos en el actuar de varios

de los representantes del Ejecutivo autocomplacencia, oscurantismo e indolencia ante

los cuestionamientos críticos de todos nuestros compañeros diputados. También será

necesario que este Congreso defina con claridad que no es posible seguir teniendo un

gobierno deficitario desde hace años, que presenta en sus leyes de ingresos

endeudamiento para poder cubrir su gasto.

La deuda del Gobierno de Guanajuato tiene una cifra y esta es de 6 mil 029

millones 122 mil 100 pesos, de acuerdo al último informe hecho público en su sitio

Web, por el Órgano de Fiscalización Superior, sobre el primer semestre de 2013, que

al sumarse a las deudas de los municipios eleva la deuda pública en la entidad a los 7

mil 760 millones 041 mil 454 pesos.

Por ello, es que a un año de haber instituido en artículos transitorios de la Ley

para el Presupuesto de Egresos 2013 la necesidad de imponer austeridad y

racionalidad en el gasto público estatal y de que en marzo de este año la Secretaría

de Finanzas, Inversión y Administración emitiera los Lineamientos Generales de

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal

para el Ejercicio Fiscal del presente año, es necesario que antes de demandar un

incremento en los ingresos y en los egresos del gobierno del estado, se presente un

diagnóstico preciso que nos informe de los logros de estas políticas públicas para

reducir y mejorar el gasto público.

Hace unos días, el gobernador Miguel Márquez afirmó que su gobierno prevé

gastar 80 por ciento de los recursos públicos en materia de desarrollo social, pero se

cometió el desliz de hacer pasar esta afirmación como que ese 80 por ciento será de

inversión social, lo cual no revela que en realidad la mayoría del egreso se destina a

pagar gasto corriente. En 2013, el gobierno del estado calculó ingresos por 47 mil

501 millones 668 mil 990 pesos, misma cantidad pronosticada para gastar, aunque

previendo que este al final del año será cercana a los 53 mil millones de pesos.

Lo lamentable del asunto es que en sus propios cálculos, 88.5 por ciento se va

al gasto corriente como sueldos, mantenimiento de edificios, etc., y sólo 11.5 se

gastará en inversión, un completo desequilibrio que explica por qué Guanajuato no

crece como otras entidades, estamos por encima de la media nacional en desempleo

o de plano estamos en los últimos lugares en educación y competitividad.


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Si en verdad queremos que el gasto social aumente en Guanajuato, reiteramos

que el Ejecutivo del estado presente una reingeniería de la administración pública que

adelgace el obeso gobierno estatal y destine mayores recursos a la lucha contra la

pobreza, para que esos recursos se sumen a los que aporta la federación, realizando

un esfuerzo mayor y a la altura que las circunstancias exigen como necesidad de

primer orden y que reclama ser atendida en un lugar preponderante.

Es necesario que en la articulación del Presupuesto 2014 no se otorguen

aumentos salariales a los altos funcionarios del gobierno estatal y sí a los trabajadores

de base. Resulta reprobable que mientras la mayoría de los guanajuatenses lucha por

sostener a sus familias o empresas, ante las dificultades económicas, la clase

gobernante mantenga sus privilegios, con sueldos que resultan de los más altos en el

país.

Es hora de que en el gobierno estatal se asuman decisiones de fondo si se

quiere el crecimiento económico y el desarrollo social, con más educación, salud

pública, mejores servicios y combate frontal a la pobreza como grandes objetivos. En

el Ejecutivo se ha dicho que existe la intención de así hacerlo, seguramente por la

nobleza del propósito encontrará en este Poder Legislativo el respaldo de todos los

Grupos Parlamentarios, pero nobleza obliga, con hechos y compromisos que se

cumplan en el camino.

Para los municipios, pedimos a los ayuntamientos ser sensibles y también

situar sus incrementos en derechos a la nivelación que se hace necesaria ante la

inflación, pero mantener sus tasas impositivas sin cambios. Resulta mejor hacer

eficiente el cobro de los impuestos y fortalecer los programas que atiendan los

principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, antes que lastimar

la alicaída economía de las personas.

El Congreso del Estado también anuncia políticas de contención de su gasto,

No habrá incremento a las percepciones de los diputados.

-El C. Presidente: Diputado Zavala, ¿me permite?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Adelante.

-El C. Presidente: Diputado, ¿para qué efecto?

C. Dip. Luis Manuel Mejía Barreñada: Si me permite hacerle una pregunta

el diputado.



C. Dip. Luis Manuel Mejía Barreñada: Gracias. Sobre lo que está hablando

del gasto corriente del gobierno del estado, habla de que en educación son más de 18


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mil millones de pesos en el presupuesto y de ellos el 90% es de gasto corriente. De

igual manera en salud, el gasto corriente del presupuesto también es considerado

más o menos alrededor de 90%, ¿usted considera, entonces, que deberíamos

disminuir los maestros y los doctores?


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡No!, desde luego que no. Nosotros

estamos proponiendo que se privilegie la inversión social, sacrificando el gasto

corriente, las obras suntuarias, las obras de relumbrón, los sueldos altos; esa es la

propuesta, esa es la mística, es el valor supremo a distinguir por la fracción del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Hasta aquí la respuesta)

El Congreso del Estado también anuncia políticas de contención de su gasto;

no habrá incremento a las percepciones de los diputados y seguirán sus programas de

austeridad en el gasto corriente. El Grupo Parlamentario del PRI hará lo que le

corresponda para cumplir los objetivos trazados en este sentido.

Todos quienes participamos en los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y

Judicial, tenemos la ineludible obligación de hacer eficiente el gasto público, pues

cada peso que se nos entrega viene del sudor y esfuerzo de cada ciudadano, de cada

familia guanajuatense, que deposita en nuestras manos su confianza para forjar un

mejor estado. Hagamos honor a ese compromiso en las próximas semanas.

Por todo ello, sintetizo, pedimos para las prevenciones del Presupuesto General

2014:

I. Apertura al diálogo y estudio e integración de las propuestas que planteen las

diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, por parte

del Ejecutivo al integrar el Presupuesto.

II. Una reunión con sentido moderno, democrático y republicano, por parte del

Gobernador con este Congreso, para que exponga las motivaciones de su

propuesta presupuestal, que marque un parte-aguas en el diálogo entre

Poderes en nuestra entidad.

III. Comparecencias respetuosas, profesionales, abiertas y sustanciales de los

titulares de las dependencias, que considere conveniente citar este Congreso

para ampliación de la información sobre los proyectos de Ley de Ingresos y

Presupuesto General de Egresos.

IV. Revisión de la carga tributaria para que no aumenten las tasas de impuesto y

sólo la indexación con base al pronóstico inflacionario a los derechos de los

servicios estatales y municipales, exclusivamente.

V. Amnistía fiscal a los contribuyentes en los términos ya especificados, como

apoyo a la reactivación económica estatal y a la recuperación de la cartera


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fiscal vencida del gobierno estatal, y modernos sistemas para el cobro eficiente

de impuestos y derechos.

VI. Un Presupuesto 2014 que no sea deficitario, dado el nivel de endeudamiento

actual del Gobierno del Estado; amén de priorizarse esquemas de reducción de

la deuda pública.

VII. Reducción del gasto corriente en el Gobierno del Estado, con disminución de la

nómina gubernamental con cancelación de plazas innecesarias; políticas de

ahorro y control del gasto; cero aumento a sueldos de funcionarios públicos de

la mediana y alta burocracia; y una mayor eficacia y eficiencia en la gestión

de recursos y de los programas.

VIII. Distribución equitativa de las trasferencias de recursos estatales para los 46

municipios de la entidad, donde no haya distingo por condición de partido.

IX. Aumento a la inversión y gasto social que rompa la inercia de los últimos 20

años de crecimiento del gasto corriente por encima del gasto en

infraestructura y políticas públicas en materia de educación, salud, agricultura

y ganadería, desarrollo social y protección a los derechos civiles y sociales de

la población.

X. Agotamiento de los tiempos para el estudio de las propuestas, su ajuste,

dictaminación y votación, sin imponernos internamente límites que no indique

la propia ley.

Hacemos votos porque estas previsiones sean causa compartida en este

Congreso y podamos, en la pluralidad, alcanzar los consensos necesarios que nos

permitan obtener un histórico presupuesto 2014, con finanzas sanas y donde los

ciudadanos alcancen los mayores beneficios en la búsqueda de la ausencia de

necesidades.

Es todo lo que deseo expresar a ustedes diputados, les aprecio su atención, y

les agradezco su tolerancia.


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[1] DISCUSIÓN ÍNTEGRA EN TORNO AL TEMA RELATIVO A LA

SUPUESTA CORRUPCIÓN EN EL ISAPEG, EN VIRTUD DE QUE CARECE DE

SENTIDO SI SE FRAGMENTA; POR LO QUE SE PLASMA CON TODAS LAS

PARTICIPACIONES DE LOS DIPUTADOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Sesión Ordinaria 30 de mayo de 2013.


Esta semana nuevamente la corrupción en el sector público en Guanajuato es

el tema principal en los medios de comunicación; tres funcionarios del ISAPEG fueron

detenidos por fraude a la Secretaría de Salud Estatal y haberse enriquecido

ilícitamente. Nuevamente sale a flote la corrupción que las propias investigaciones

revelan. Ha existido gracias a una red de complicidades en los últimos años. La

corrupción es causa directa de la pobreza de los pueblos y suele ser la razón principal

de sus desgracias sociales, sin duda alguna. Por ello, desde esta tribuna y ante la

opinión pública, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha

hecho acuse de la corrupción y del uso ilegal de los recursos públicos en el gobierno

de Juan Manuel Oliva Ramírez; pero ahora es increíble la gravedad en esta particular

situación, pues desde el sector público se ha lastimado y ha agraviado a la sociedad

guanajuatense al dejarla sin el abasto suficiente y de calidad de medicamentos y de

servicios hospitalarios; sin importarles la vida de los pacientes que recibirán el apoyo

del sector salud. Cuánto dolor han sufrido miles de personas por no tener

medicamentos a tiempo o no obtenerlos en su clínica pública; cuántas vidas se

perdieron al no haber tenido las víctimas un tratamiento oportuno y digno por parte

de nuestro sistema de seguridad social estatal. Ahí está el más horrible crimen de los

corruptos que sin ápice de ética moral robaron, dilapidaron y malversaron los fondos

públicos en medicamentos inexistentes o caducos; aparatos de atención médica de

mala calidad o en la prestación negligente de los servicios de salud. Los corruptos del

sector salud impúdicamente atentaron contra la vida de miles de guanajuatenses al

impedir que llegara la medicina adecuada a ellos.

Señoras y señores diputados, ¿acaso no es cierto que diariamente acuden,

ante nuestras oficinas de gestión, ciudadanos que claman por nuestro apoyo porque

la Secretaría de Salud de Guanajuato no les otorga los medicamentos que necesitan?

Lo curioso es que caen mandos medios o funcionarios de bajo nivel, a quienes se les

acusa de hacer o aprobar adquisiciones fraudulentas por varios millones de pesos

ante empresas fantasmas; cuando esas adquisiciones tuvieron que ser

necesariamente validadas, aprobadas y pagadas desde instancias superiores; ¿Dónde

está la responsabilidad de los titulares de la Secretaría de Salud del sexenio pasado

que aprobaron las compras y que tenían, en todo caso, la obligación de supervisar el

cabal apego a la Ley de Adquisiciones,? pues son legales responsables de ellos y

estaban en los órganos de control, ¿por qué existe al aviesa intención de creer que

pecaremos de inocencia al suponer que los mandos superiores no sabían de compras

millonarias a empresas que debieron, primero que nada, ser revisadas a fondo como

[1] Se plasma íntegra la discusión, con la participación de todos los diputados que en ella intervinieron.


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proveedores desde la propia Secretaría y la Secretaría de Finanzas Estatal? Si grave

es que cuando el gato no está en casa los ratones hagan fiesta, es más grave y

escandaloso que, estando, la hagan y, además, le jalen los bigotes. Sabemos en el

caso del ISAPEG que el Procurador de Justicia del Estado Carlos Zamarripa Aguirre ha

llevado por meses la investigación por instrucciones del Ejecutivo y que hay muchos

más cómplices; lo cierto es que en la Secretaría de Salud no hubo ruptura, sino

continuidad en las redes de corrupción; los hechos lo acaban de demostrar. Ante tal

circunstancia, las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional,

creemos que debe hacerse una profunda investigación y determinar hasta dónde llego

la responsabilidad de los acusados, sus superiores jerárquicos obligados a la

supervisión y preservación de la legalidad de sus actos y saberse si ya están en otras

actividades privadas o siguen en la función pública. Bajo lo anterior, es conveniente

que en el Ejecutivo se considere la opción de separar de sus cargos a aquellos

funcionarios que se hayan visto involucrados, de una u otra forma, en estos

lamentables hechos y; con ello, se faciliten las tareas investigadoras y de justicia, en

el caso, en abono al deseo manifiesto del Ejecutivo de actuar con transparencia y

apego al estado de derecho.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pensamos

que, al igual que en la federación, es hora de que en Guanajuato también se dé un

golpe de mano y se camine en otro sentido en aras del bienestar de los

guanajuatenses. Es todo lo que tengo que decir, en esta ocasión. Por su atención y

tolerancia, muchas gracias.

-El C. Presidente: ¿Sí diputado Óscar?

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Rectificación de hechos.

-El C. Presidente: ¿Qué hechos quiere rectificar?

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Respecto de lo señalado por el diputado de

separar de sus cargos a funcionarios y red de complicidad que señaló.

-El C. Presidente: Tiene el uso de la voz diputado.

RECTIFICANDO HECHOS EN EL TEMA, INTERVIENE EL DIPUTADO

ÓSCAR ARROYO DELGADO.

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Con su permiso diputado presidente. Estoy

de acuerdo amigas y amigos diputados, con muchas de las cosas que dijo aquí mi

compañero Zavala; pero no en todo lo que señala. Él menciona que debe separarse

de sus cargos a diferentes funcionarios; yo le debo decir que no solamente están

separados de sus cargos esos funcionarios, que están en este momento ya en proceso

penal, ¿por qué? Porque el estado de Guanajuato, porque en el gobierno del Estado

siempre hemos estado por la transparencia y rendición de cuentas. Acción Nacional

fue el primer partido político, a nivel nacional y en Guanajuato, que se preocupó por

estas cuestiones de transparencia y rendición de cuentas; lo cual su partido nunca lo


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había hecho. Hay voces de ciudadanos que reconocen la voluntad de sancionar y de

no solapar o perseguir a aquellos funcionarios que cometen ilícitos; porque con su

conducta, desde luego manchan la función pública.

-El C. Presidente: Diputado Óscar Arroyo, ¿me permite?

¿Sí diputado Pedro Chávez?

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Presidente, para ver si el orador me hace

favor de aceptar una pregunta.

-El C. Presidente: Diputado Óscar Arroyo, ¿le permite una pregunta al

diputado Pedro Chávez?

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: No diputado presidente.

-El C. Presidente: Continúe diputado.

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Voy a citar una declaración de un miembro

de este Congreso del Estado, ante los medios de comunicación, dijo el estado quiere,

con estos casos, lavar su imagen de opacidad y falta de compromiso contra la

corrupción. Luego entonces, amigas y amigos diputados, si se persigue a los malos

funcionarios, si se fincan procesos penales, ¿Esto es malo? ¿Es un error aplicar la ley

dentro del marco de la fiscalización y la rendición de cuentas? ¡Desde luego que no!

Todos vamos a decir que no, inclusive los compañeros del Partido Revolucionario

Institucional, por decir. Estas posturas amigas y amigos, son más bien posturas de

carácter visceral que contribuyen a demeritar la imagen de los políticos de por sí ya

muy demeritada; por tal motivo y lo repito, en Acción Nacional nos manifestamos por

la transparencia y la rendición de cuentas.

En este momento aquí en este Congreso del Estado, en las diferentes

comisiones, se están estudiando y dictaminando diferentes leyes e iniciativas para

apuntalar lo que Acción Nacional siempre ha pregonado y ha pugnado, transparencia

y rendición de cuentas; no importa quién caiga, no importa quién sea la persona que

comete el ilícito ni de qué nivel, aquí lo importante es que los ciudadanos de

Guanajuato merecen tener funcionarios honestos y si no, que se les castigue con

apego a la ley; pero yo quisiera ver que no solo en Guanajuato se aplique la ley con

transparencia y a todos esos funcionarios corruptos; también lo quisiera ver en otros

estados de la república que no son seis millones y medio de pesos los que se llevaron

¿eh? Son cientos de miles de pesos que se llevaron y que simplemente hasta este

momento no sabemos nada ¡y espero que se aplique la ley igual que en Guanajuato!

Es cuánto presidente.

-El C. Presidente: Sí diputado Chávez Arredondo.

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Para alusiones personales.


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-El C. Presidente: ¿Qué alusiones?

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Se refirió a los diputados del Partido

Revolucionario Institucional.

-El C. Presidente: ¿Diputada Yulma Rocha?

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Para hechos presidente.

-El C. Presidente: ¿Qué hechos diputada?

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Respecto al tema de transparencia, rendición

de cuentas y mencionó sobre el encabezado de un medio de comunicación declarado

por un integrante de este Cuerpo Colegiado, que es su servidora.

-El C. Presidente: Diputado Pedro Chávez, tiene el uso de la voz.

CONTESTANDO ALUSIONES PERSONALES, INTERVIENE EL DIPUTADO

PEDRO CHÁVEZ ARREDONDO.

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Pudiéramos decir que felicitamos al

gobierno del estado, a la función pública, por tener gentes en la cárcel por estos

hechos de corrupción; sin embargo, estoy plenamente convencido y creo que todos

los que estamos aquí, incluidos medos de comunicación, de que un funcionario de

primer nivel, el Secretario de Salud en ese momento, ahora está en un puesto de

suma importancia. ¡Qué grave sería si él dice desconocer la corrupción que había

dentro de su sector! ¡Qué grave sería que estuvieran metiendo a la cárcel a chivos

expiatorios! Que seguramente no tenían el poder de decisión y quienes tenían el

poder de decisión ahora tienen puestos, repito, de suma importancia.

-El C. Presidente: Diputado Pedro Chávez, por favor, a las alusiones

personales.

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Son alusiones personales puesto que en

su momento decía que estaban en la cárcel ya las personas y que nosotros los del

Partido Revolucionario Institucional no lo reconocíamos; entonces es una alusión

personal el no reconocerlo porque no están las personas que deben estar y porque

siguen estando como funcionarios y seguramente se seguirán dando este tipo de

situaciones.

-El C. Presidente: Diputado Pedro Chávez, ¿me permite?

¿Sí diputada Karina Padilla?

C. Dip. Karina Padilla Ávila: Para ver si el orador me permite una pregunta.

-El C. Presidente: ¿Permite la pregunta diputado?


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C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: En el mismo tenor de mi amigo diputado

Arroyo, no.

C. Dip. Karina Padilla Ávila: Gracias.


C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Entonces sí me parece una situación

sumamente crítica que estuvieran metiendo a la cárcel a personas que ni siquiera

hayan tenido el poder de decisión y ahora estén pagando solamente para decir que se

está trabajando con transparencia y que es una situación realmente de corrupción en

aquellos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de decidir; eso para mí es grave y

ojalá viéramos a gentes que tomaron las decisiones y dentro de la cárcel ya como

responsables.

-El C. Presidente: Diputado Pedro Chávez, ¿me permite? Le permite una

pregunta al diputado Sergio Bernal.

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Cuando termine me puede hacer todas las

que guste.

-El C. Presidente: Precise sí o no diputado.

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: No.

-El C. Presidente: Continúe.

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Entonces para concluir, seguramente

estaríamos festejando el que funcionarios que tenían poder de decisión ya se

estuvieran juzgando, ya estuvieran en la cárcel; pero ¿cuántos de estos que están

metiendo a la cárcel realmente son culpables? Seguramente pocos puesto que ellos

no decidían a quién le asignaban los concursos. Muchas gracias.

-El C. Presidente: Tiene el uso de la oz la diputada Yulma Rocha Aguilar.

ACLARANDO HECHOS EN EL TEMA, PARTICIPA LA DIPUTADA YULMA

ROCHA AGUILAR.

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Gracias señor presidente. Con el tema de

transparencia, creo que ha sido un tema recurrente en los últimos meses; inclusive

desde este espacio legislativo el gobernador Márquez ante su toma de protesta, hizo

un compromiso en el discurso sobre este tema de trasparencia y rendición de

cuentas; esto lo señalamos en el ámbito de quererse lavar las manos por la carga tan

pesada de los distintos señalamientos que tenía la administración de Juan Manuel

Oliva. Sin embargo, en este tema de la transparencia y rendición de cuentas, al

parecer a los siguientes días a partir de la toma de protesta, se le olvidó al


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gobernador. Y yo les quiero hacer un recuento de algunos temas que han sido

precisamente plasmados por los medios de comunicación y ustedes me dicen si

realmente el gobernador, como dice el compañero Arroyo, tiene compromiso con la

transparencia.

Proyecto Escudo, una supuesta asignación multimillonaria directa en medio

de un período vacacional, con todos los elementos de opacidad y la resistencia a

entregar la información.

Otro elemento, Guanajuato Iluminado, intentándoles quitar la potestad a los

municipios para hacer una licitación estatal con el antecedente del gobernador de

viajar a China para conocer una empresa en materia de luminarias ahorradoras.

Tercer elemento, entrega-recepción. No solamente la resistencia, sino la

negativa a entregar los resultados del proceso entrega-recepción al que está obligado

el gobernador Miguel Márquez.

Otro elemento más, compra de megáfonos, alterados sus precios o inflados

los precios de adquisición.

Otro elemento más compañeros, lo que ya mencionaron nuestros compañeros

diputados Felipe Orozco y Gerardo Zavala, en el tema de la adquisición y

distribución de medicamentos para el seguro popular.

-El C. Presidente: Diputada, ¿permite una pregunta al diputado Sergio

Bernal?

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: No presidente.

-El C. Presidente: Continúe diputada.

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Con esos elementos de falta de transparencia

y rendición de cuentas, yo les pregunto a los miembros de esta Asamblea, ¿ustedes le

creen a Miguel Márquez? ¡Porque yo no!, y han sido elementos que han dejado

constancia de que el tema de la transparencia y rendición de cuentas se quedó

solamente en el discurso y se le olvidó.

¡Efectivamente diputado Arroyo! No sé por qué le dio miedo decir mi nombre

mencionando el encabezado de un medio de comunicación de una declaración que yo

hice efectivamente, de que el gobernador solamente quiere limpiarse la cara con

estas órdenes de aprehensión, ¡efectivamente así lo dije y así lo reafirmo en esta

tribuna! ¡Claro! Celebramos que se hayan dado este tipo de detenciones, celebramos

que vengan de una investigación; sin embargo, nos parece sospechoso que en el

marco de un escándalo por la licitación fallida, dicho de paso, accidentada de la

asignación directa, en consecuencia, de más de cuatro mil millones de pesos a la

compra de medicamento, en ese marco sospechosamente se dé la aprehensión de

estos funcionarios, lo que nos hace indicar que el gobernador solamente quiere salir


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del paso y genera una cortina de humo poniendo de manifiesto de que él intenta

generar un ambiente de transparencia cuando, en los hechos, desde que inició su

gobierno ha dado muestras de lo contario. Reafirmo y suscribo nuevamente mis

comentarios; el gobernador lo que está haciendo es generar una cortina de humo

para no dar explicaciones certeras de esa asignación multimillonaria de la que ya

hicieron mención mis compañeros, donde se vio también envuelta en un proceso poco

transparente una convocatoria y licitación accidentada que, al parecer, eso era lo que

querían, para tener también una asignación directa. Y este elemento precisamente de

la detención de estos funcionarios, es una prueba más de los argumentos.

-El C. Presidente: Diputada Yulma, ¿me permite? ¿Le permite una pregunta

al diputado Roberto Vallejo?

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: .Sí diputado.

C. Dip Roberto Mauricio Vallejo Rábago: Diputada, ¿lo que usted dice,

entonces, es que estamos ante la presencia de un patrón por parte del gobierno del

estado, donde todas las megalicitaciones -que son multimillonarias- se han dado de

manera poco transparente y, aparte, asignadas directamente?

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Los hechos confirman que así es; que le

quieren dar la vuelta a un proceso legal con el objetivo de hacer asignaciones directas

multimillonarias y eso que solamente van escasos meses de una administración. En

ese sentido, la aprehensión de estos funcionarios es un elemento más, un argumento

más de la propuesta que hacía el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional de crear una comisión que investigue la anterior administración; es

solamente una prueba de los múltiples hechos de posibles irregularidades y actos de

corrupción que han sido publicitados a través de los medios de comunicación; la

realidad le da la razón al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Nosotros, por supuesto, sí seguiremos insistiendo, nosotros sí vamos en serio en el

tema de la transparencia; nosotros seguiremos exigiendo, a través de esta tribuna,

que se generen los elementos mínimos necesarios de transparencia y rendición de

cuentas a las que estamos obligados todos los funcionarios públicos. En ese sentido

señor presidente y ante esta tribuna, confirmamos por supuesto diputado, que

necesitamos ir más allá del discurso. El gobernador Márquez ha dado muestras de ir

en contra de lo que dijo precisamente aquí ante nosotros y que representa no

solamente una falta de respeto ante este recinto, representa una falta de respeto a

los ciudadanos ante los diversos cuestionamientos que se han dado, no solamente por

parte de la oposición en este Cuerpo Colegiado, sino a los señalamientos públicos que

han hecho ciudadanos, denuncias anónimas que han hecho propios funcionarios

integrantes de la administración municipal. ¡Lamentamos también en el tema de

transparencia!, la falta de oportunidad en la actuación de la propia Secretaría de la

Transparencia, con antecedentes inmediatos del ejercicio del gobernador en ese

espacio, donde él formó parte de una administración cuestionada, donde se suponía

que él el Contralor Interno de esta administración.

El C. Presidente: Ha terminado su tiempo diputada.


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C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Voy a terminar presidente.

El C. Presidente: Termine por favor diputada.

¿Diputado Adrián Camacho?

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: Una moción de orden señor presidente,

cuando se está contestando una pregunta que le realizaron, no se cuenta ese tiempo;

todavía se tiene intacto el resto del tiempo que sea; cuando termine la respuesta

continúa la contabilidad cuando se hagan sus cinco minutos.

El C. Presidente: Le pedimos a la diputada continúe, precisando la

contestación de la pregunta.

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Es legítima la solicitud que hacemos en tribuna

de la exigencia de mayor transparencia y compromiso en la rendición de cuentas por

parte del gobernador Miguel Márquez; esto -como lo decía antes de la interrupción-,

porque él ocupó la silla de la Contraloría Interna del estado, en ese entonces Gestión

Pública y ahora de la Transparencia. Él formó parte, él conocía y si no conocía,

también esa es una irregularidad porque aquí los pecados no solamente son de

comisión, sino son de omisión y también deben tener una responsabilidad y la

responsabilidad la tiene que asumir le gobernador en este momento; debe hacer un

alto en el ejercicio de su gobierno y realmente tomar acciones contundentes de

investigación oportuna de todos los casos señalados; desde esta tribuna exigimos que

se mida con la misma vara compañeros diputados, porque parece ser que para unas

cosas sí da instrucción oportuna la Secretaría de la Transparencia, la Procuraduría

para hacer investigaciones profundas, pero para otros casos hace caso omiso, no ve o

no escucha; exigimos al gobernador que mida con la misma vara; porque pareciera

que quiere salir del paso con ese tipo de hechos seguir generando ¡qué digo un

manto protector contra ciertos intocables en el gobierno de Juan Manuel Oliva

Ramírez! Sino una capa protectora bastante pesada que sigue operando para la

protección de ex funcionarios y funcionarios que todavía están dentro de su gobierno.

Es cuánto señor presidente.

-El C. Presidente: ¿Sí diputado López Ayala?

C. Dip. José Juventino López Ayala: Rectificación de hechos señor

presidente.

-El C. Presidente: ¿Qué hechos quiere rectificar diputado?

C. Dip. José Juventino López Ayala: El que señala la compañera que el

gobernador es opaco.

-El C. Presidente: ¿Diputado Oscar Arroyo?


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C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Respecto a lo comentado de chivos

expiatorios.

-El C. Presidente: ¿Diputado Luis Manuel Mejía?

C. Dip. Luis Manuel Mejía Barreñada: Rectificación de hechos relacionados

a la transparencia en cuanto a la cuestión de los megáfonos.

-El C. Presidente: Tiene el uso de la voz el diputado Juventino López Ayala.

EL DIPUTADO JOSÉ JUVENTINO LÓPEZ AYALA, INTERVIENE

RECTIFICANDO HECHOS EN EL TEMA.

C. Dip. José Juventino López Ayala: Muchas gracias señor presidente.

¡Qué tristeza que se hable de concordia y se ataque así al gobernador! Un

hombre que en verdad ha puesto todo su empeño en la claridad, la transparencia y

rendición de cuentas. Y quiero hacer mención de lo que comentaba la compañera, el

programa Escudo fue un programa que obviamente se tuvo que asignar directamente

por lo que encerraba; la seguridad, no podía darse la información a diferentes

empresas por lo que conlleva el tema de seguridad.

Por otro lado, la Ley de Adquisiciones es una ley que en este Congreso se

aprueba; hubo dos licitaciones las cuales se declararon desiertas, ¡se cumplió con la

ley!, no fue lo que ellos quisieron; tercero, lo de los megáfonos, inmediatamente el

gobernador en cuanto se dio cuenta que hubo un ilícito, despidió a las personas;¡ ahí

está!, no se esperó tres, ni cuatro, ni seis años; actuó con mano dura y nos puso el

ejemplo; cuarto, la ley se está cumpliendo, tan se está cumpliendo que desgraciada o

afortunadamente, como lo queramos ver, ya hay personas detenidas, cosa –ya lo dijo

el compañero Óscar Arroyo-, en otros estados donde se habla de fraudes millonarios,

miles de millones de pesos, no hay una sola persona en la cárcel.

Yo nada más les digo señores, hoy que hay la voluntad política, donde todos

los grupos parlamentarios han estado acercándose al gobernador y han sido

escuchados, hay la voluntad política para trabajar bien en este estado y así se trata y

se le dice del gobernador que no es realmente la persona que todos conocemos; que

no es claro, que es opaco. Yo sí les puedo decir que qué tristeza que hay una persona

de buena voluntad gobernando el estado y en cada uno de los puntos que señaló la

compañera realmente está equivocada, no vengamos a esta tribuna a buscar el tema

mediático, a buscar el tema para estar saliendo siempre y tener ahí la nota.

-El C. Presidente: Diputado Juventino López, ¿me permite?

¿Sí diputada Érika Arroyo?

C. Dip. Érika Lorena Arroyo Bello: Para saber si el orador me permite una

pregunta.


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-El C. Presidente: ¿Permite una pregunta diputado?

C. Dip. Juventino López Ayala: No.


C. Dip. Juventino López Ayala: Gracias. Yo nada más les digo, revisemos,

no veamos la paja en el ojo ajeno y no queramos ver la viga que traemos en el

nuestro. Es cuánto señor presidente.

-El C. Presidente: Tiene el uso de la voz el diputado Óscar Arroyo.

ACLARANDO HECHOS EN EL TEMA, INTERVIENE EL DIPUTADO ÓSCAR

ARROYO DELGADO.

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Compañeras y compañeros diputados. En

Acción Nacional no necesitamos tener chivos expiatorios, ¿saben por qué? Porque

Acción Nacional ha sido el partido de la congruencia y ha sido el partido que siempre

ha dado la cara ante todos los problemas legales y administrativos que ha tenido

Guanajuato y México.


¿Sí diputada Érika Arroyo?

C. Dip. Érika Lorena Arroyo Bello: Para saber si el orador me permite una

pregunta señor presidente.

-El C. Presidente: Diputado Óscar Arroyo, ¿le permite una pregunta a la

diputada Érika Arroyo?

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: No diputado presidente.


C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: No necesitamos, tampoco, de cortinas de

humo…

-El C. Presidente: Permítame diputado Óscar Arroyo.

¿Sí diputado Felipe Orozco?

C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Nada más para ver si el diputado

me dice en qué país existe ese partido.

-El C. Presidente: Continúe diputado Óscar Arroyo.


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C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Una moción de orden señor presidente.

-El C. Presidente: Sí diputado Felipe Orozco por favor, le pedimos

congruencia y respeto para los compañeros.

Continúe diputado Óscar Arroyo.

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Y se preguntan si se le cree a Miguel

Márquez; compañeros diputados, si ha existido un gobernador que le apuesta a la

transparencia, que le apuesta a la rendición de cuentas, ha sido precisamente Miguel

Márquez y lo ha dicho fuera y dentro de este recinto; ¡y lo ha dicho en todo el estado

de Guanajuato!

No nos es extraño que, además, hoy suban a esta tribuna a señalar -como lo

diría o como lo dijo en una sesión pasada el diputado Guillermo Romo Méndez-, a

realizar una serie de acusaciones sin aportar pruebas. Amigos, por lo que es más, hoy

ya 30 de mayo y seguramente con la congruencia que los caracteriza, ojalá que ya

hayan presentado las denuncias que anunciaron y que hasta es probable que hayan

atendido la recomendación que, en reiteradas ocasiones, se les ha formulado con

respeto en esta tribuna; no sólo para los diputados del Partido Acción Nacional y que

es en el sentido de que presenten las denuncias y aporten las pruebas que las

sustenten.

Diputada Yulma, no tengo ningún miedo de nombrarla, ¡al contrario! Usted

merece todo mi respeto.

En Acción Nacional siempre hemos pugnado porque aquellas personas que

cometen un ilícito y, sobre todo, que van en contra de los recursos públicos, sean

castigadas y así lo van a hacer y va a seguir siendo durante todo este sexenio y de

eso nos vamos a encargar los diputados de este partido Acción Nacional en el

Congreso del Estado.

¡Que no quede en palabras lo que hemos señalado en esta tribuna compañeras

y compañeros diputados! Vámonos a los hechos, vamos a presentar las pruebas; si

decimos que hay corrupción y decimos que los altos funcionarios también están

coludidos, presentemos las pruebas, eso es todo lo que estamos pidiendo; ¡Y verán

que con esas pruebas en la mano la autoridad de Guanajuato, la autoridad emanada

del Partido Acción Nacional hará justicia como lo ha hecho siempre! Es cuánto señor

presidente.

-El C. Presidente: Tiene el uso de la voz el diputado Luis Mejía Barreñada.

EL DIPUTADO LUIS MANUEL MEJÍA BARREÑADA, RECTIFICA HECHOS

EN EL TEMA CUESTIONADO.

C. Dip. Luis Manuel Mejía Barreñada: Con su permiso señor presidente.


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Hablaban de las compras de los megáfonos, nada más quiero decirles que se

sabe del supuesto precio elevado con el que se compraron estos aparatos, fue gracias

a la investigación que se está haciendo, a la transparencia con la que se está

manejando nuestro gobierno del estado; no hay ninguna cortina de humo, ¡al

contrario! Se está trabajando como debe ser; sin embargo, yo diría que hay algunos

actores políticos que están utilizando y queriendo hacer una opacidad, una cortina de

humo para tapar las mejoras que ha tenido nuestro estado en los últimos veinte años;

yo nada más quiero recordarles que tan solo en seis años se vinieron a nuestro estado

de Guanajuato más de 200 empresas; se crearon 62 mil empleos; se mejoraron 575

kilómetros de carreteras.

-El C. Presidente: Diputado Luis Mejía, ¿me permite?

¿Sí diputado Adrián Camacho?

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: Una moción de orden al presidente

porque lo que está diciendo el compañero diputado no tiene nada que ver con los

megáfonos, hace rato que concluyó el punto.

-El C. Presidente: Le pedimos al diputado Luis Mejía, se centre por favor en el

tema.

C. Dip. Luis Manuel Mejía Barreñada: Es el tema presidente. Se hicieron 40

hospitales…


C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: A ver si el orador me permite

una pregunta.

C. Dip. Luis Manuel Mejía Barreñada: Sí señor, adelante.

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Quisiera preguntarle qué

gobierno hizo el Aeropuerto del Bajío, qué gobierno hizo el Auditorio, qué gobierno

hizo la Autopista y la General Motors, ¿quién los hizo?, si me hace favor de contestar.

-El C. Presidente: Continúe diputado Luis Mejía.

C. Dip. Luis Manuel Mejía Barreñada: ¡Cómo no! ¡Mire!, el aeropuerto lo

hizo el gobierno federal, la General Motors la trajo el gobierno del estado y, en su

momento gobierno panista; pero entre otras cosas, quiero decirle que tenemos 25

universidades que se trajeron en los últimos seis años.

-El C. Presidente: Permítame diputado Luis Mejía.

¿Sí diputado Galo Carrillo?


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C. Dip. Galo Carrillo Villalpando: Si me permite una pregunta el señor

diputado.

-El C. Presidente: Diputado Luis Mejía, ¿permite la pregunta?

C. Dip. Luis Mejía Barreñada: Adelante.

C. Dip. Galo Carrillo Villalpando: Si me puede decir qué más acciones se

hicieron en el estado de Guanajuato, por favor.


C. Dip. Luis Mejía Barreñada: Sí, cómo no. Entre las más importantes, ahora

en Guanajuato –en los últimos seis años-, se trajeron 26 universidades y en los

gobiernos priistas ¡bueno! Para hablar de una preparatoria era tan importante que

hasta las grabaron en las paredes de la universidad y ahí está y ahora, nada más seis

años, 26 universidades. Yo creo que lo que estamos viviendo en el estado de

Guanajuato…

-El C. Presidente: Diputado Luis Mejía, ¿me permite?

¿Sí diputado Francisco Contreras?

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Ojalá que me permitiera la

última pregunta.

-El C. Presidente: Diputado, ¿permite la pregunta?

C. Dip. Luis Mejía Barreñada: Adelante señor.


C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: ¿Cuántas universidades

públicas trajeron? Públicas, no particulares.


C. Dip. Luis Mejía Barreñada: Como les comentaba, en Guanajuato lo que

estamos viviendo en este momento no es fortuito señores; es gracias al trabajo que

se ha llevado a cabo en los últimos años por los gobiernos panistas, desde Medina

Plascencia y hasta el actual gobernador Miguel Márquez Márquez. ¡Señores! Vamos a

enfocarnos para sacar adelante a Guanajuato; dejemos que las instancias

correspondientes le den seguimiento a los procesos judiciales; nosotros

enfoquémonos a lo nuestro, apoyemos a nuestro gobernador, pensemos en los

muchachos, dejen de buscar la nota mediática, este Congreso del Estado le cuesta a


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los ciudadanos 386 millones de pesos al año, ¡para llevárnosla con chismes!, por

favor, vamos a enfocarnos a lo importante. Es cuánto señor presidente.

-El C. Presidente: ¿Sí diputado Zavala?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Para rectificación de hechos en el tema

de transparencia a que alude el diputado Luis Mejía.

-El C. Presidente: ¿En concreto diputado Zavala? El hecho a rectificar.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: En cuanto a la rectificación de hechos

de lo que él acaba de precisar en cuanto a la transparencia y el pregonar de Miguel

Márquez Márquez y a los chismes a los que hace alusión.

-El C. Presidente: Tiene el uso de la voz diputado Zavala Procell.

CLARIFICANDO HECHOS EN EL TEMA QUE SE DISCUTE, INTERVIENE EL

DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL.


¡Qué bueno que haya ese buen ánimo en el estilo de gobierno de Miguel

Márquez Márquez!; pero no basta el empeño que le pone, hace falta que le sume la

capacidad y que le sume la voluntad. ¡Qué bueno que lo diga todos los días y a cada

momento! Pero hace falta que lo haga o que los secretarios le ayuden a hacerlo.

El diputado que me antecedió en la palabra –y algunos otros del Partido Acción

Nacional-, se han desgarrado las vestiduras en esta tribuna por estar a favor de la

transparencia, la rendición de cuentas; sin embargo, tuvieron la oportunidad de

acreditarlo y como el perro Bermúdez, « ¡la tuvieron, la acariciaron y la dejaron ir! «

Dejaron ir la oportunidad de acreditar ante la ciudadanía que tenían esa buena

voluntad y mejor propósito. Se les expuso aquí la integración de una Comisión

Especial y se agarraron de un seudo fundamento que se les desvirtuó jurídicamente,

de que era ilegal la integración de esa comisión; les recuerdo que se han conformado

comisiones especiales cuantas veces las circunstancias lo han justificado y esa era

una oportunidad sobradamente justificada de crear una comisión especial para

quitarle el tufo partidista y que fuera la sociedad quien dijera si la confianza

depositada en el gobierno…

-El C. Presidente: Diputado Zavala, ¿le permite una pregunta al diputado

Sergio Bernal?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: No, porque no le entiendo nunca lo

que me pregunta.



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Moción de orden a la Asamblea.

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Presidente, pedirle que sea respetoso

de los trámites parlamentarios, que se conduzca con respeto.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Creo que tampoco él entiende lo que

me pregunta, por eso mejor aprovecho mi tiempo.

Y déjenme decirles que dejaron pasar esta oportunidad de oro, esa

oportunidad preciosa de acreditar ante la sociedad esa buena voluntad. Nosotros

creemos en la buena voluntad de Márquez Márquez, todavía le hemos ratificado

nuestro apoyo y voluntad política, nosotros pensamos que tiene un plazo perentorio,

un plazo perentorio no es un cheque en blanco y todo lo que está pasando le achica,

le acorta a esa perentoriedad, a esa buena voluntad y a ese voto de confianza que se

le dio aquí por todas las fracciones opositoras.

Déjenme decirles que qué bueno que ya estén los autores materiales metidos

en la cárcel, pero en la comisión de un delito hay autores materiales y hay autores

intelectuales, ¡falta que estén en la cárcel los autores intelectuales! Hay que buscar

quiénes son.

-El C. Presidente: ¿Diputado Óscar Arroyo?

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Rectificación de hechos presidente, respecto

al desgarro de vestiduras de que habló el diputado y la supuesta comisión especial

para continuar con las auditorías del entonces gobernador Oliva.

-El C. Presidente: ¿Diputado Sergio Bernal?

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Rectificación de hechos.

-El C. Presidente: ¿Qué hechos quiere rectificar diputado?

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Respecto a que no entiende las

preguntas que le formulo.

-El C. Presidente: ¿Sí diputado Vallejo?

C. Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago: Sí señor presidente, para que con

base en el artículo 156, fracción VI, preguntarle a la Asamblea si este tema está

suficientemente discutido.



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C. Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago: No señor presidente, primero se

tendría que someter a la Asamblea presidente, mi propuesta.

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: ¿Y cuál es el tema?

-El C. Presidente: Continúe diputado, usted tiene el uso de la voz.

EL DIPUTADO ÓSCAR ARROYO DELGADO, PARTICIPA RECTIFICANDO

HECHOS EN EL TEMA QUE SE DISCUTE.

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Muchas gracias diputado presidente.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no somos

del tipo de personas que nos desgarramos las vestiduras; venimos aquí a presentar

nuestros argumentos con bases, venimos a presentar nuestros argumentos con

hechos siempre y espero que así lo hagan los demás compañeros de otros partidos.

Esa comisión especial para continuar las supuestas auditorías o las auditorías

que se estuvieron realizando al gobierno de Juan Manuel Oliva no fue autorizada, no

fue aprobada por este Congreso porque todos, ¡todos los aquí presentes sabíamos

que era una situación de carácter meramente político y mediático y esa es la verdad!

Porque dijeron primero que era una comisión especial para auditar el sexenio de Juan

Manuel Oliva y luego aquí, en esta tribuna, señalaron que no que era para dar

continuidad a esas auditorías. La continuidad a las auditorías se las da el Órgano de

Fiscalización Superior y si es necesario presentar denuncias se presentan las

denuncias, si hay responsabilidades civiles o administrativas ¡claro que tienen que ser

castigadas!

En la actualidad, existen detenidos por actos de corrupción detectados por la

entonces Secretaría de la Gestión Pública, el Órgano de Fiscalización Superior del

Estado de Guanajuato merece la credibilidad como una institución que ha dado

resultados en el estado de Guanajuato. Señaló en su informe este órgano superior de

fiscalización, un informe final de auditoría integral al Instituto de Salud Pública del

Estado de Guanajuato en el ejercicio 2010, la determinación de 23 responsabilidades

administrativas, también responsabilidades civiles y 3 responsabilidades penales por

un monto de 23 millones de pesos. Y tal como lo señaló el Auditor Mayor actualmente

está en proceso una auditoría integral para el ISAPEG para el ejercicio 2011; ¡son

hechos, no son palabras!, con eso demostramos que en este gobierno y que el Órgano

de Fiscalización Superior está cumpliendo con su trabajo.

Las instituciones establecidas primero de control interno del Poder Ejecutivo y

luego el de fiscalización y fiscalizado por este Poder Legislativo, ambas están

aportando resultados y, con ello, tener lo que siempre hemos pugnado, una rendición

de cuentas y un gobierno transparente en Guanajuato; en Guanajuato quien comete

un ilícito debe ser sancionado y siempre lo diremos. Es cuánto presidente.


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-El C. Presidente: Tiene el uso de la voz el diputado Sergio Carlo Bernal

Cárdenas.


SERGIO CARLO BERNAL CÁRDENAS.

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Gracias, buenas tardes. Con el

permiso de la mesa directiva.

Muchos temas ya se han agotado, ya se han discutido.

-El C. Presidente: Diputado Sergio Bernal, ¿me permite?

¿Diputado Luna Obregón?

C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: En su momento levanté la mano señor

presidente para pedir el uso de la voz para rectificar hechos al compañero Óscar

Arroyo; por lo que dice que esto se ha hecho político y mediático; creo que vale la

aclaración, la rectificación.

-El C. Presidente: ¡Bueno! Con todo respeto, pero había pasado el momento.

Continúe diputado Bernal.

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Mucho hemos discutido ya los temas

de transparencia y las posibles consecuencias de lo que está pasando hoy en

Guanajuato; por eso nos hemos pronunciado a favor de que esos casos no queden

impunes. Y ¡bueno! Diputado Zavala no se vaya porque usted sí me va a entender lo

que le quiero decir; el que afirma está obligado a probar. Mucho hemos dicho que si

se hace, que si asumimos una posición de partido; la pregunta es y le digo diputado

Zavala, ¿cuándo va a ser congruente con sus acciones y sus declaraciones? Usted es

de los que más se queja con su grupo, yo le pregunto, ¿cuándo? Hoy es 30 de mayo y

seguimos esperando que esas famosas denuncias derivadas de la no a la comisión

especial se fueran a presentar. He dicho muchas veces y algún compañero del Partido

Revolucionario Institucional también lo ha dicho, ¡no vengamos a decir aquí cosas sin

sustento! Valdría la pena que cuando suban ¡documentado! Presentamos denuncias

con estos hechos y no con actitudes como la de la chimoltrufia, cuando me conviene

digo una cosa y cuando no, digo otra; entonces yo pido congruencia, el tema está

suficientemente discutido y espero que en los próximos días, ustedes como partido ya

nos puedan decir aquí están las denuncias. Es cuánto señor presidente. (2 Part.)


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[2] DISCUSIÓN ÍNTEGRA EN TORNO A LA PROPUESTA DE LA DIPUTADA

Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y

COORDINACIÓN POLÍTICA, A EFECTO DE QUE EL PLENO DETERMINE SI ES DE

CONSTITUIRSE UNA COMISIÓN ESPECIAL, PARA CONOCER Y DAR

SEGUIMIENTO PUNTUAL A DIVERSOS ACTOS PRESUMIBLEMENTE DE

CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS EFECTUADOS DURANTE LA

PASADA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.


MANIFESTÁNDOSE EN CONTRA DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO,

INTERVIENE EL DIPUTADO JOSÉ JUVENTINO LÓPEZ AYALA.

C. Dip. José Juventino López Ayala: Muy buenas tardes. Con su permiso

señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en este Congreso, se ha

manifestado en todo momento respetuoso de las instituciones, esa es y ha sido

nuestra convicción porque creemos que la confianza en los poderes y en las

instituciones que se derivan de ellos, es fundamental para el funcionamiento de

nuestro sistema político.

La propuesta del Partido Revolucionario Institucional de crear una Comisión

Especial para investigar asuntos que ya han sido auditados por las instancias

correspondientes y siguiendo, para ello, los procedimientos establecidos en la ley,

constituye una violación al principio de legalidad que como representantes populares

estamos obligados a observar.

Mañosamente han querido darle tintes de transparencia y de rendición de

cuentas a una propuesta que es –a todas luces- clara y eminentemente política.

Queremos que quede muy claro, nosotros sí confiamos en la Comisión de

Hacienda y Fiscalización presidida por la diputada Karina Padilla Ávila, confiamos en el

trabajo que llevan a cabo en esa comisión las diputadas Karla Alejandrina Lanuza

Hernández del Partido Acción Nacional; Ma. Guadalupe Sánchez Centeno del Partido

Verde Ecologista de México; María Juana Georgina Miranda Arroyo del Partido de la

Revolución Democrática y del diputado José Gerardo Zavala Procell del Partido

Revolucionario Institucional; todos ellos realizan un trabajo ético y profesional al

recibir, analizar y dictaminar de forma neutral, los informes que le son sometidos

sobre el ejercicio de los recursos públicos. La conformación plural de la Comisión de

Hacienda y Fiscalización, así como el pleno conocimiento del compromiso que tiene

cada uno de los integrantes, nos permiten afirmar que la función fiscalizadora del

Congreso se realiza de manera objetiva y con apego a la legalidad y a la imparcialidad

que amerita el caso.

[2] Se plasma íntegra la discusión en virtud de que carece de sentido si se fragmenta.


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Como Grupo Parlamentario en este Congreso confiamos y respaldamos el

trabajo técnico que lleva a cabo el Órgano de Fiscalización Superior que depende de

este Poder Legislativo. Recordemos que los órganos técnicos de fiscalización tuvieron

su origen en la imperiosa necesidad de contar con unidades técnicas de fiscalización

de los recursos públicos que estuvieran ajenas a intereses partidistas y presiones

políticas que corrompían la función que estaban dadas a realizar; no retrocedamos

sobre lo que ya hemos avanzado, en Guanajuato la creación del Órgano de

Fiscalización Superior respondió a un proceso de armonización con la reforma federal

de 1999 y en donde los partidos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de

la Revolución Democrática, coincidieron en la necesidad de perfeccionar el sistema de

fiscalización de las cuentas públicas, depositando esta facultad precisamente en

órganos con autonomía técnica dependientes del Poder Legislativo, con base en que

este poder es representante de la población y quien autoriza anualmente los ingresos

y egresos del estado.

Hagamos nuestro trabajo como legisladores que, en este caso, es el de

verificar que la función de fiscalización que realiza el Órgano de Fiscalización Superior

esté apegada a los principios de legalidad, anualidad y control, entre otros, y hacer

las observaciones que sean pertinentes si así lo consideramos; pero no pretendamos

auditar de nueva cuenta lo que ya hemos auditado, con apoyo en el trabajo del

Órgano de Fiscalización Superior, en donde laboran decenas de servidores públicos a

quienes, con la pretensión del Partido Revolucionario Institucional, se les está

cuestionando su profesionalismo en el ejercicio del cargo.

¡Basta ya de engañar y decir que lo que se busca es transparencia! ¿O es

acaso que estamos acusando a la Comisión de Hacienda y Fiscalización o al Órgano de

Fiscalización Superior y al Congreso del Estado de no hacer su trabajo o de actuar de

manera negligente o facciosamente?

Siempre hemos estado abiertos al diálogo responsable y propositivo porque

estamos seguros que con base en él podemos llegar a acuerdos, pero ello no significa

conceder caprichos pero, sobre todo, pasar por encima de la ley.

Es lamentable que en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, no haya

sido aceptada la propuesta que formulé el día de hoy para que presentáramos a este

Pleno un Punto de Acuerdo para que la Comisión de Hacienda y Fiscalización, con

apoyo de un despacho de prestigio o con los organismos no gubernamentales que se

quiera, revise los procesos de fiscalización que el Órgano de Fiscalización Superior de

este Congreso llevó a cabo en diversos temas de auditoría, entre ellos los del DIF,

terrenos de la refinería, la expo Bicentenario, el ISAPEG, entre otros.

Si el Partido Revolucionario Institucional así lo requiere, estamos de acuerdo

en reconformar la Comisión de Hacienda y Fiscalización y que cambien a su diputado

de la misma, reconociendo el trabajo que él ha realizado y de que nosotros no

tenemos duda alguna de su legal proceder; nosotros sí confiamos en todos y cada uno

de los integrantes de la Comisión de Hacienda y en el trabajo que han realizado, el


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cual estamos seguros lo seguirán haciendo con la responsabilidad que amerita su

encargo.


Diputado Adrián Camacho, ¿para qué efectos?

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: Para ver si me hace favor de

consultarle al orador si me concede una pregunta.

-El C. Presidente: Diputado Juventino López, ¿permite una pregunta?

C. Dip. José Juventino López Ayala: No, permítame terminar.


C. Dip. José Juventino López Ayala: Nuestro compromiso ha sido y seguirá

siendo con la transparencia y la legalidad en el marco del respeto a las instituciones.

¡Bienvenidas las propuestas que tengan para cambiar el sistema de fiscalización y de

rendición de cuentas sin retrocesos y, desde luego, sin sesgos partidarios y sin

intereses políticos!

Es por eso que hoy quiero también aprovechar y felicitar a la compañera

diputada Georgina Miranda y al Grupo del Partido de la Revolución Democrática por su

propuesta que presentan, que es muy similar a la nuestra, y que yo creo que está

apegada a la legalidad. Es cuánto señor presidente, muchas gracias.

-El C. Presidente: Diputado Gerardo Zavala, ¿para qué efectos quiere el uso

de la voz?

C. José Gerardo Zavala Procell: Para efectos der rectificación de hechos

diputado.


C. José Gerardo Zavala Procell: Las impresiones en las que manifestó el

diputado que hizo uso de la voz.

-El C. Presidente: Si puede precisar este tema.

C. José Gerardo Zavala Procell: Las competencias, los alcances de la parte

del seguimiento de la Comisión de Hacienda y Fiscalización.



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RECTIFICACIÓN DE HECHOS RESPECTO A LAS IMPRECISIONES DE LAS

COMPETENCIAS Y ALCANCES DE LA PARTE DEL SEGUIMIENTO DE LA

COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con el permiso de la mesa directiva. El

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional también respeta las

instituciones. Lamento mucho la grave y terrible confusión del diputado Juventino

López. La integración, formación, actuación y dictaminación de una comisión especial

no riñe con la competencia de los órganos instituidos ya establecidos y que tienen

acotada en la ley su facultad. Si distinguimos que la Comisión de Hacienda y

Fiscalización tiene acotadas sus facultades y hay partes del procedimiento donde no

podemos ir más allá, en la parte del seguimiento o eventos posteriores, aquí es donde

queremos subsanar esa laguna existente en la práctica de una de las facultades

primigenias como Poder Legislativo, que pasa después de haber terminado un

dictamen que está plagado de resultados y que está plagado de fincamientos de

responsabilidades de todo tipo; administrativas, civiles, fiscales y penales; y

queremos quitarle ese tufo partidista para que sea una comisión diferente, amén de

que hay facultades, según lo cita la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo

83, último párrafo, que en circunstancias excepcionales y cuando las circunstancias lo

ameriten, como es el caso que nos ocupa, pueden crearse comisiones especiales, ¡eso

no es faltarle el respeto al Órgano de Fiscalización, ni tampoco es faltarle el respeto a

la transparencia y rendición de cuentas!. Son competencias diferenciadas y

concurrentes en la búsqueda de un mismo propósito, acreditarle a la sociedad como

depositaria de los recursos que hemos hecho buen uso de los mismos o muy mal uso

de los mismos como presuntamente lo hizo el señor Juan Manuel Oliva Ramírez, a

quien ustedes pretenden solapar y encubrir. Por eso lamento mucho esa terrible

confusión del coordinador de la fracción de Acción Nacional; o es una terrible

confusión o es una deliberada mal interpretación y le voy a decir lo siguiente: La

comisión no es investigadora ni suple las funciones, como ya lo dije, de un Órgano de

Fiscalización Superior. Yo felicito mucho a la diputada Georgina Miranda que pide

información, a detalle; para que le den cuenta clara, puntual y exacta de todo lo que

aparentemente estuvo mal manejado en el gobierno de Juan Manuel Oliva. Esa

información, le voy a decir dónde va a parar, en un oficio donde le van a dar evasivas,

en un oficio donde le van a decir que está en proceso y que seguramente saldrá en el

año 2015, cuando ya hayan prescrito todos los delitos como es costumbre en el

estado de Guanajuato desde que es gobernado por Acción Nacional. Lo digo y lo

repito, la Comisión que se pretende crear no riñe, no se duplican las funciones y en

ningún momento representan una falta de respeto a los órganos ya instituidos.

-El C. Presidente: Tiene un minuto de tiempo diputado.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: No releva esa competencia, lo que

pretende esa comisión es darle seguimiento a los eventos posteriores, que no se

quede en el cajón de los olvidos, que no reine la impunidad, que no impere la

corrupción, ¡eso es lo que se pretende con esta comisión!


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-El C. Presidente: Diputado Gerardo Zavala, el diputado Roberto quiere

hacerle una pregunta.



C. Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago: Diputado, me podría explicar –a

detalle-, lo que usted quiere decir es que la Comisión de Hacienda y Fiscalización ¿no

es lo mismo que una comisión especial?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Exactamente, si nos remitimos a la

lectura del último párrafo del artículo 83, la ley prevé crear comisiones especiales que

se complementan en la búsqueda de un propósito de fiscalizar los recursos públicos,

como es el caso de la Comisión de Hacienda.

Señores diputados panistas, al negarse a clarificar lo sucedido en el sexenio de

Oliva, se convierten ante la sociedad guanajuatense en un monstruo de dos caras.

-El C. Presidente: Tiempo agotado.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¿Me permite terminar?

-El C. Presidente: Continuando con la sesión…

¿Diputado Francisco Javier Contreras?

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: El tiempo que tenía el

compañero diputado fue ocupado por una respuesta que hizo, le pido a usted que le

dé el minuto que le pidió en cuanto lo ocupó para dar respuesta a una pregunta que

le habían hecho y que usted amablemente lo concedió.

-El C. Presidente: Se acabó el tiempo, se lleva un control del tiempo

diputado.

Continuando con el uso de la voz de los diputados, tiene la palabra el diputado

Francisco Javier Contreras Ramírez.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Gracias presidente, concluyo. En

Guanajuato… Voy a concluir nada más.

-El C. Presidente: Terminó su tiempo diputado.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Pero que me compense el tiempo,

nada más; me faltaba un minuto y en quince segundos se me acabó el tiempo.


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En Guanajuato, la transparencia y la rendición de cuentas son principios

irrenunciables. En este sexenio será una divisa permanente que se fortalecerá…

-El C. Presidente: Diputado Gerardo Zavala, le pedimos respeto –por favor-

se le concedió, por el tiempo que marca la ley, el uso de la voz.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con mucho gusto, abandono esta

tribuna por respeto a la sociedad.

-El C. Presidente: Continuando, tiene la palabra el diputado Francisco Javier

Contreras Ramírez.

RECTIFICANDO HECHOS A LO ARGUMENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ

JUVENTINO LÓPEZ AYALA, INTERVIENE EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER

CONTRERAS RAMÍREZ.

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Gracias presidente, con su

permiso. Compañeras y compañeros diputados.

Dice el diputado Juventino López, y lo dice bien, no retrocedamos sobre lo que

hemos avanzado, eso es lo que él dijo hace rato; hemos avanzado al tratar de buscar

la transparencia; hemos avanzado al tratar de no ser encubridores; hemos avanzado

al tratar de abonar y ayudarle al Titular del Ejecutivo actual.

En la sesión ordinaria del pasado 11 de abril del año en curso, las diputadas y

diputados que conformamos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional, propusimos a esta honorable Asamblea un Punto de Acuerdo para

integrar una Comisión especial de carácter plural, mismo que acaba de ser leído. Este

Punto de Acuerdo se sustentó con el propósito de dar cabal cumplimiento a nuestra

función de control para que, desde este órgano legislativo, se exija que los actos de

corrupción y de tráfico de influencias -que es del conocimiento de la opinión pública-,

no queden impunes; que sean esclarecidos por las autoridades correspondientes y, en

un pleno sentido de congruencia, dar transparencia al ejercicio público con una

íntegra rendición de cuentas.

Como representantes populares y controladores del ejercicio del gasto público,

estamos en la obligación de no admitir desviación alguna al legítimo destino de los

caudales públicos y del honrado ejercicio del servicio público.

Subo a esta tribuna compañeros, compañeras, para manifestar el interés de

los guanajuatenses de saber qué trámite legal se tomará ante las irregularidades ¡por

todos conocidas!, de la conducta gubernamental asumida por el anterior gobernador

Juan Manuel Oliva y de sus colaboradores, no nada más coscorrones.

Pedimos un Punto de Acuerdo para que éste fura aprobado por todas las

fuerzas políticas en este Congreso; ¡lamentablemente no se logró! En primera

instancia desde la Junta de Gobierno, pues el Partido Acción Nacional, quien es el


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hospiciante de la carrera política de Juan Manuel Oliva y ahora no sé si sea protector

o encubridor de los actos de gobierno, se negó a ir con nuestra propuesta; no es un

acto partidista, es un acto de congruencia con la conducta y la obligación que

tenemos los diputados. Mi partido está fuera; yo como presidente de mi partido no he

venido a esta tribuna, ni tampoco he dado conferencias de prensa; a diferencia de su

presidente de partido que sí ha dado conferencias y sí ha partidizado esto y sí se ha

metido en esto, ¡yo no!, yo vengo en mi carácter de diputado, como obligación de dar

una función y dar cumplimiento a lo que me manda el pueblo de Guanajuato. ¡No

confundan! Quien partidiza son ustedes; quien han metido a su presidente son

ustedes, ¡yo no he hablado nunca como presidente de mi partido! ¡No lo hecho!, no

digan verdades a medias porque ustedes son los que lo han hecho. Sin embargo, ha

pasado ya el tiempo; desde ese momento nosotros lo propusimos y tenemos la plena

convicción de que pudiéramos rectificar y que no se van ustedes a asumir como

cómplices de las tropelías; estoy seguro que no lo van a hacer compañeros, ustedes

son dignos representantes populares del pueblo; no le deben el puesto a Oliva, se lo

deben a los ciudadanos guanajuatenses; ustedes deben responderle al pueblo de

Guanajuato que los eligió, más no a Oliva que no los eligió. Yo creo que debemos

tener mucha, pero mucha confianza en las instituciones sí, ¡Ya se auditó! ¡Los hechos

ya se dieron! ¡Las anomalías ya las declaró la misma Secretaria de la Transparencia!

Ya dijeron que había anomalías en el DIF, que había anomalías en el ISSEG, que

había anomalías en la Secretaría del Sector Salud, en la Expo Bicentenario, en la

compra de los terrenos, ¡bueno! ¿Y qué ha pasado? Esta comisión es para darle

seguimiento, ¡no somos fiscalizadores! Estoy de acuerdo con lo que dice mi

compañero Gerardo Zavala que vino y lo dijo muy bien; estoy de acuerdo con lo que

dice Georgina Miranda, ella nos da el insumo, ¡hagamos que la Comisión de Hacienda!

Fíjense bien, voy con usted a ver si tenemos la suficiente valentía para sostenerlo,

dijo «que la Comisión de Hacienda sea«, ¡bueno! Estoy de acuerdo, hagamos la

Comisión especial –porque no puede ser permanente-, votemos aquí esta Comisión

especial y hagamos esa comisión con uno más que nos falta de las fuerzas políticas,

quien sea la comisión que vigile, ¡no tenemos ningún inconveniente! Vayamos con la

propuesta de la compañera, pero para eso el Punto de Acuerdo, y me voy a permitir

leerlo, dice así y no estamos transigiendo ni violando la ley ¡Y ustedes sí!, dice:

«Como no hubo aprobación a mi propuesta, se propone que se remita a la mesa

directiva el acuerdo, comunicando que en virtud de no haber sido aprobado, se

someta a la consideración del Pleno y si es de aprobarse, o no, la constitución de

dicha comisión, en el caso de que el Pleno la apruebe, (aquí es la incongruencia y las

verdades a medias), dice así, -si en el caso de que el Pleno lo apruebe, que se

constituya –que es el caso que nos ocupa-, constituirla, se regrese al órgano de

gobierno (que es la Junta de Gobierno) para que se proponga su integración y lo

aprobamos por unanimidad y está firmado por usted y por todos los coordinadores;

entonces, salvo que no tengamos palabra, salvo que digamos verdades y vengamos a

engañar, vamos a demostrar quién es el que miente, cuál es el grupo que no quiere la

transparencia, ¡cuál es el grupo que no quiere ayudarle al gobernador!, nosotros

vamos por eso, ¡salgamos hoy con la frente en alto! Que podamos ver a nuestros

hijos, a nuestros nietos, a los ciudadanos de frente y decirles, ¡señores, vamos por la

transparencia! No encubrimos a nadie, ¡no vamos a solapar villerías de nadie!,

llámese como se llame y del partido que sea; se lo he dicho muchas veces diputado


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Juventino, ¡vamos por la transparencia!, aprobemos la comisión, aprobémosla y

vayamos con los insumos que dice la diputada Georgina, vamos integrando allá en la

Junta de Gobierno, ¡vayamos haciéndolo!; pero para eso, para poderlo integrar

necesitamos aprobar la comisión y en esa comisión aprobada la integramos allá; y me

comprometo, la integramos allá, ¡vámonos! ¿Qué temor tenemos? Vayamos con la

frente en alto, y si no, ¿qué vergüenza eh? No vamos a poder ni ver de frente a

nadie. Es cuánto presidente.

-El C. Presidente: Diputado Juventino López, ¿para qué efectos quiere el uso

de la voz?

C. Dip. Juventino López Ayala: Alusiones personales presidente.

-El C. Presidente: ¿Puede precisar las alusiones?

C. Dip. Juventino López Ayala: Cuando mencionó que no tengo palabra.

-El C. Presidente: Diputado Daniel Campos, ¿para qué efectos quiere el uso

de la voz?

C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: Gracias presidente. Para rectificación de

hechos respecto a lo de la Comisión Especial que mencionó el diputado Contreras.

-El C. Presidente: ¿Qué hechos?

C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: La legalidad de la Comisión especial

presidente.

-El C. Presidente: Tiene la palabra diputado Juventino López Ayala.

CONTESTANDO ALUSIONES PERSONALES EN EL TEMA, INTERVIENE EL

DIPUTADO JOSÉ JUVENTINO LÓPEZ AYALA.

C. Dip. Juventino López Ayala: Muchas gracias. ¡Bueno! Nada más para

hacer una aclaración porque diputado Javier Contreras, usted lo sabe perfectamente,

que si este documento viene firmado es porque hubo un empate y jamás estuve de

acuerdo en esa comisión especial; hubo un empate y se acordó que aquí se pasara y

aquí se decidiera; no porque yo haya aceptado o haya firmado el documento

aceptando tal comisión; entonces, no estoy fallando a mi palabra, simple y

sencillamente se envió el documento al Pleno y aquí están los compañeros

coordinadores que saben que así fue.

-El C. Presidente: Diputado Juventino López, ¿me permite?

Diputado Francisco Javier Contreras, ¿para qué efectos quiere el uso de la voz?


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C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Saber si el diputado me

permite una pregunta.

-El C. Presidente: ¿Le permite una pregunta diputado Javier Contreras?

C. Dip. Juventino López Ayala: Adelante.

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Firmó usted señor diputado el

Punto de Acuerdo en el que se aprobara aquí la comisión y que lo mandáramos al

Pleno, lo firmó; nada más que aquí se iba a constituir la comisión y que el Pleno…

C. Dip. José Juventino López Ayala: Que se votara aquí…

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Por eso, sí, se votara su

constitución…

-El C. Presidente: Que no se haga diálogo diputados.

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Concretamente le pregunto,

¿votó y firmó el que aquí en el Pleno se votara la constitución de esta Comisión

Especial, la integración de ésta y luego la remitiéramos al Pleno?

-El C. Presidente: Tiene la palabra diputado Juventino López.

C. Dip. José Juventino López Ayala: Claro, nunca se aceptó y nunca firmé el

acuerdo, dicho acuerdo era que se pasara aquí, ¡claro que sí!, y aquí se iba a votar en

el Pleno, ese fue el convenio, así se firmó; jamás lo aceptamos, era de que aquí se iba

a discutir y se está discutiendo diputado Javier Contreras, entonces no estoy faltando

a mi palabra¸ era que se subiera al Pleno y aquí se discutiera y se está haciendo así;

entonces con permiso, discúlpeme; no estamos faltando a la palabra, se está

discutiendo. Es cuánto señor presidente.

-El C. Presidente: Diputado Daniel Campos, tiene el uso de la voz.

PARA ACLARACIÓN DE HECHOS EN EL TEMA, INTERVIENE EL

DIPUTADO LUZ DANIEL CAMPOS LANGO.

C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: Gracias señor presidente. Buenas tardes

compañeras y compañeros diputados.

Pedí el uso de la voz para la rectificación de hechos referente a la legalidad de

la comisión especial. Para los casos de supuesta corrupción existe un trasfondo que

quizá nuestros compañeros del Partido Revolucionario Institucional no han analizado y

digo que no han analizado porque dada la gravedad del hecho que me pareciera

absurdo que sabiéndolo, lo pusieran ante este Congreso del Estado; su petición

señores diputados le resta poder al Legislativo que representamos y nulifica las

funciones que se delegan en los órganos dependientes de nuestro Congreso; y me


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refiero específicamente al Órgano de Fiscalización Superior, cuya misión es la de

fiscalizar los recursos públicos con transparencia, neutralidad, legalidad y

profesionalismo.

-El C. Presidente: Diputado Daniel Campos, ¿me permite?

C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: Adelante.

-El C. Presidente: Sí diputada Yulma Rocha, ¿para qué efectos quiere el uso

de la voz?

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Es para usted señor presidente, para que

invite al orador a que se suscriba a la rectificación de los hechos; él pidió rectificar los

hechos con motivo de la legalidad de la comisión y no está hablando absolutamente

nada para lo cual pidió la palabra.

-El C. Presidente: Adelante, tiene el uso de la voz diputado.

C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: Gracias. Su petición señores diputados le

resta poder al Legislativo por lo que comentaba; fomentando valores y

responsabilidades en los servidores públicos, generando un ambiente de confianza de

la sociedad hacia las instituciones del estado; ¿o es que no confiamos en el propio

Poder Legislativo que a través del Órgano de Fiscalización Superior lleva a cabo las

investigaciones y auditorías al Poder Ejecutivo?


¿Sí diputada Yulma Rocha?

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Nuevamente para usted señor presidente, que

le pida al orador que se suscriba a mencionar el por qué se está faltando a la

legalidad de la constitución de una comisión especial; él habló de legalidad, legalidad

es equiparable a leyes señor diputado; entonces que se nos diga en qué momento se

está faltando a la legalidad, según el motivo de la petición del uso de la voz.

-El C. Presidente: El tema está muy claro diputada.

Continúe diputado.

C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: Gracias presidente. Esperamos que

mañana no se les ocurra otra supuesta legítima preocupación; crear una comisión por

municipio, por poder o por organismo autónomo.

-El C. Presidente: Diputado Daniel Campos.

¿Diputada Yulma Rocha?


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C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Señor presidente, de la misma manera que

usted invitó al diputado Zavala a cumplir con el tiempo requerido en la Ley Orgánica

del Poder Legislativo para su intervención, le pido que asimismo le exhorte al

diputado que está haciendo uso de la voz para que se suscriba a lo que pidió el uso de

la voz; no está hablando del tema para lo cual lo solicitó; le pido por favor que

respete la Ley Orgánica del Poder Legislativo señor presidente; porque me parece que

para unos casos la aplica y para otros no; el diputado no está hablando de la legalidad

de la comisión; si quiere yo se lo puedo comentar para que, en base en ello, haga su

explicación completa en su intervención.

-El C. Presidente: Diputado Luis Felipe Luna, ¿para qué efectos?

C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Gracias presidente, porque yo creo que

tenemos que suscribirnos al análisis de la legalidad de esta comisión y me da mucha

pena pero el señor diputado no sabe lo que es la legalidad de esta comisión; yo tengo

un argumento que si me lo permite, se lo puedo dar con todo gusto en rectificación de

hechos.

-El C. Presidente: En su momento diputado, con todo gusto.

Continúe diputado.

C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: Gracias. Esperemos compañeros

diputados priistas, esperemos que mañana no se les ocurra en esta supuesta legítima

preocupación, crear una comisión por municipio, por poder o por organismo

autónomo.

-El C. Presidente: Permítame diputado.

Diputado Luis Felipe Luna, ¿para qué efectos quiere el uso de la voz?

C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Las ocurrencias en otro lado señor

presidente; porque le vuelvo a insistir señor que no podemos estar en esta tribuna

haciendo ocurrencias ni imaginando lo que no es imaginable; que se constriña al

principio de la legalidad; si sabe, y si no, para podérselo decir; eso es muy

importante, no se vale en esta tribuna para otro efecto, es la rectificación que pido y

que me permita el diputado hacer la rectificación.

-El C. Presidente: Adelante diputado Javier Contreras, ¿para qué efectos

quiere el uso de la voz?

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Usted es el presidente del

Congreso, de todos los diputados, no de los diputados del Partido Acción Nacional;

conmina a mi compañero diputado de mi partido y no lo conmina a él para que se

refiera exclusivamente al tema; no lo hace señor, le dice adelante y adelante; le pido

que sea congruente con las acciones, es presidente del Congreso, de todos los

diputados.


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-El C. Presidente: Se toma en cuenta su opinión, claro que sí diputado; pero

escuchemos al diputado, está dentro del tema.

C. Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago: Presidente, ¿puedo solicitarle se

le dé lectura al artículo 156, fracción XI, en su inciso d), por favor?

-El C. Presidente: Le pido diputado nos pida la palabra.

C. Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago: Sólo solicito que se le dé lectura.

-El C. Presidente: Continúe diputado y con todo gusto le damos la palabra.

C. Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago: ¿Me puede otorgar la palabra

diputado presidente?

-El C. Presidente: ¿Para qué efectos diputado Roberto Vallejo?

C. Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago: Para una moción de orden

conforme al artículo 156, fracción XI, en su inciso d), para que la secretaría, por

favor, le dé lectura.

-El C. Presidente: Instruimos a la secretaría dar lectura al artículo 156,

fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

-La Secretaría: (Leyendo)

«Artículo 156.

Fracción XI. El orden se reclamará por el presidente por sí o a moción de un

diputado exclusivamente en los casos siguientes:

d) Cuando el orador se aparte del asunto o discusión. «

C. Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago: Gracias señor presidente.

-El C. Presidente: Invitamos al diputado Daniel Campos a continuar,

centrándose en el tema.

C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: Gracias señor presidente. Precisamente

hablé de esta comisión especial porque no es la vía legal fiscalizar de esta comisión,

estoy hablando precisamente de que no sé a qué le temen mis compañeros diputados

priistas que si se supone que los del problema somos nosotros…

-El C. Presidente: Diputado Daniel Campos, ¿me permite? Sí diputado, ¿para

qué efectos quiere el uso de la voz?


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C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Rectificación de hechos señor

presidente.

-El C. Presidente: No se puede en este momento diputado.

Continúe diputado.

C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Señor presidente, una moción de

orden, ¿me permite? Resulta que ha intervenido usted sólo para darle continuidad a lo

que está diciendo el diputado de Acción Nacional. Le pido respetuosamente que haga

valer su investidura de presidente y no deje mal ese espacio ante todos los

compañeros diputados y que se defina el diputado que está en este momento

haciendo uso de la palabra de qué va a hablar, de legalidad o de teoría; y si alguien

teme de lo que se está hablando hoy, creo que no somos los priistas; buscamos la

legalidad y que se base sólo a eso, por favor.

-El C. Presidente: Se le ha invitado ya al diputado con la moción que ha

hecho usted diputado. Continúe diputado Daniel Campos.

C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: Esperamos que mañana no se les ocurra,

como ahorita, en su supuesta legitimidad-preocupación, crear una comisión por

municipio o por poder o por organismo autónomo; o que pretendan…


C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: Sí señor presidente.

-El C. Presidente: El diputado Roberto Vallejo quiere hacerle una pregunta,

¿se la acepta?

C. Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago: No presidente.


C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: O que pretendan que la fiscalización sea

política para censurar, difamar o coartar libertades que históricamente el Partido

Revolucionario Institucional, desde el gobierno ha empleado y lo hacen sólo para

abatir a quienes les representan un riesgo, a quienes le temen y no pueden enfrentar

en una vía legal; ese es el viejo PRI, el PRI del pasado y lamentablemente el PRI del

presente; no han cambiado, siguen siendo las mismas mañas, sólo que modernizadas.

-El C. Presidente: Permítame diputado Daniel Campos.

Diputado Pedro Chávez, ¿para qué efectos quiere el uso de la voz?

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Una vez más para conminar al diputado,

él cuando pidió tomar la tribuna dijo claramente que era para demostrar el por qué no


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era legal esta comisión; yo leo la Ley Orgánica y hay un artículo en el cual me dice

que se puede establecer y él dice que no se puede establecer; entonces que diga por

qué no se puede establecer dicha comisión, por qué es ilegal.

-El C. Presidente: Le invitamos al diputado Daniel Campos a continuar

centrándose en el tema y tratando de resolver los cuestionamientos.

C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: Gracias diputado presidente. Ese el PRI

que vemos siempre, intolerante y no quiere escuchar a los demás.

Grave resulta pensar que la fracción del Partido Revolucionario Institucional

requiere de comisiones especiales para llevar a cabo tareas que ya se realizan.

-El C. Presidente: Diputado Daniel Campos.

Diputado Zavala, ¿para qué efectos quiere el uso de la voz?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: El orador ha caído, de manera

sistemática y reiterada, en desacato a lo que se le está ordenando e instruyendo; que

se circunscriba al tema por el que pidió el uso de la voz; por lo tanto, solicito que le

suspenda su intervención por desacato a lo que usted está mandando, en su carácter

de presidente de la mesa directiva; así como fue enérgico en el tiempo y lo felicito

porque usted trae un cronómetro suizo para limitarme el uso de la voz en la tribuna,

con esa misma energía e imparcialidad le solicito señor presidente que actúe en

consecuencia.

-El C. Presidente: Su petición es escuchada, ¡claro que sí diputado!

Para culminar diputado Daniel Campos, se le invita a concluir con el tema y

centrado en el uso para el que la pidió.

C. Dip. Luz Daniel Campos Lango: Sí señor presidente. Señores diputados,

trabajemos y asistamos a las comisiones de las que somos parte y demos los

resultados que el pueblo nos exige y merece; hoy no ocupamos comisiones políticas,

respetemos las instituciones y dejemos a un lado el protagonismo priista de hoy en

tiempo. Muchas gracias señor presidente.

-El C. Presidente: Diputado Luis Felipe Luna, ¿para qué efectos?

C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Para rectificación de hechos en función al

triste concepto de legalidad que se tiene y de los argumentos tan tristes y tan pobres

que dio el señor diputado.

-El C. Presidente: Tiene el uso de la voz diputado Luis Felipe Luna.

RECTIFICANDO HECHOS EN EL TEMA, INTERVIENE EL DIPUTADO LUIS

FELIPE LUNA OBREGÓN.


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C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Es difícil ¡de veras lo digo! Entender cómo

una persona puede sostener algo sin argumento y, desde luego, sin fundamento. El

señor diputado que me antecedió habló de legalidad sin leer la ley y sin tener el

menor concepto de lo que es la legalidad, lo digo con todo afecto y con todo respeto;

donde ya no se puede aprender, difícilmente se puede enseñar. Yo lo que le quiero

decir mi querido señor diputado es que el principio de legalidad deriva de lo que la ley

dispone y la ley dispone en la constitución de comisiones especiales. En toda la tarde

se han confundido las condiciones que derivan de la propia ley y que son las

comisiones naturales de hoy día; pero por eso hay un término especial comisión

especial y para asuntos efectivamente especiales, no son comisiones permanentes

como las que todo mundo tenemos. La existencia de Comisión, la Comisión de

Hacienda que sea manejado en esta ocasión, tiene sus propias y únicas facultades.

-El C. Presidente: Diputado Luis Felipe Luna, ¿me permite?

Sí diputada Karina Padilla, ¿para qué efectos quiere el uso de la voz?

C. Dip. Karina Padilla Ávila: Para ver si el orador me permite una pregunta.

-El C. Presidente: Diputado Luna, ¿le permite una pregunta a la diputada

Karina Padilla?

C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Con todo gusto al terminar, con todo

gusto.

C. Dip. Karina Padilla Ávila: Gracias.


C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Lo que quiero es concluir, voy a ser muy

concreto porque no tiene caso, el señor diputado se paró a hablar de legalidad y lo

que hizo fue argumentar; pero una argumentación que no tiene ningún sustento; no

fue más que denostar, lo cual no logró y, dos, yo les voy a dar un argumento de

legalidad y un argumento jurídico donde la ley dice nadie puede distinguir y de

acuerdo a la terminología de argumentación jurídica aquí tenemos un argumento de

autoridad y le digo qué significa, lo que la ley dice no puede nadie discutir y la ley dice

claramente que podemos constituir una comisión especial para asuntos especiales y

de eso no tiene usted ni fundamento ni argumento para poder atacarla;

definitivamente sería ocioso y la idea es -lo veo muy claro- distraer la atención del

tema principal que es la transparencia, la gran opacidad que existe en los actos de

gobierno y la falta de rendición de cuentas claras y precisas que exige la ciudadanía;

no distraigamos la atención de nadie porque nadie se la va a comer hablando mal del

Partido Revolucionario Institucional; yo creo que si se tiene que hablar mal de algo es

de los gobiernos anteriores que hemos tenido y no voy a caer en el laberinto pero que

la ciudadanía los revise; simplemente quise decirle que está usted equivocado, que no


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sabe lo que es el concepto de la legalidad y que existen argumentos precisos para

definirla. Muchas gracias presidente. ¡Perdón diputada Karina!

-El C. Presidente: La pregunta diputada Karina Padilla.

C. Dip. Karina Padilla Ávila: Si me puede orientar con fundamento en la

Constitución, cuál sería el órgano a través del cual se auxilia al Congreso del Estado

para la actividad de fiscalización.


C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Se lo voy a decir con todo gusto, con

todo gusto, es el Órgano de Fiscalización; ¡lo entiendo! pero también quiero hacer la

precisión, eso no implica que haya un conflicto de disposiciones que diga que lo que

hace un órgano no lo puede revisar el otro, el Órgano de Fiscalización depende de

nosotros y si no nos da resultado para eso está la previsión de una nueva comisión

que precisamente haga seguimiento a esas disposiciones, porque puede haber

observaciones y es lo que nosotros queremos hacer para que se haga la aclaración.

-El C. Presidente: Diputado, ¿me permite?

¿Sí diputado Ruiz Chico?

C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: No me dejan acabar.

C. Dip. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico: Preguntarle al diputado orador si me

acepta una pregunta.

-El C. Presidente: Diputado, ¿le acepta una pregunta al diputado Alfonso

Ruiz?

C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Con todo gusto.


C. Dip. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico: Muchas gracias. Entonces, ¿quiere

decir que el Órgano de Fiscalización Superior no está cumpliendo con su trabajo?


C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: No podía yo afirmarlo pero sí le puedo

decir que no está en contradicción la constitución de esta comisión especial para darle

seguimiento precisamente a las consecuencias de los resultados que este Órgano de

Fiscalización puede generar.

-El C. Presidente: ¿Es cuánto diputado?


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C. Dip. Luis Felipe Luna Obregón: Así es presidente.

-El C. Presidente: Continuando con la lista de oradores, tiene el uso de la voz

la diputada Karina Padilla Ávila.

MANIFESTÁNDOSE EN CONTRA DE LA PROPUESTA, INTERVIENE LA

DIPUTADA KARINA PADILLA ÁVILA.

C. Dip. Karina Padilla Ávila: Con su permiso señor presidente. Que no

estemos de acuerdo en las formas, no quiere decir que seamos cómplices, comparsas

o solapadores de nadie. En el marco del equilibrio de poderes y del sistema de pesos

y contrapesos que se han instituido para el control del poder, como parte esencial de

un principio democrático y del estado de derecho, la función de fiscalización y

rendición de cuentas es una actividad propia del Poder Legislativo. Dicha función se

establece desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su

artículo 74 la contempla. Asimismo, en el artículo 79 de ese ordenamiento

constitucional se fijan los principios con base en los que la función de fiscalización

deberá ser realizada, en ese caso, por la Cámara de Diputados Federal, a través de la

Auditoría Superior de la Federación, estos principios son de posterioridad, anualidad,

legalidad, definitividad, imparcial y confiabilidad. La misma obligación de fiscalización

y los mismos principios se reproducen en el artículo 116 que corresponde a la

distribución de facultades para los estados.

En la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, las atribuciones de

fiscalización se establecen en el artículo 63, fracciones 18 y 19 y el órgano técnico

especializado para llevar la función fiscalizadora es precisamente el Órgano de

Fiscalización Superior. Y se cita de manera textual: «Artículo 63. Son facultades del

Congreso del Estado fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo la de

las entidades y organismos de administración pública paraestatal, del Poder Judicial y

de los organismos autónomos por ley. De igual manera, verificar el desempeño en el

cumplimiento de los objetivos para los programas.

-El C. Presidente: Diputada Karina Padilla, ¿me permite?

Sí diputado Felipe Orozco, ¿para qué efectos quiere el uso de la voz?

C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Si la diputada me permite una

pregunta.

-El C. Presidente: Diputada Karina Padilla, ¿permite una pregunta?

C. Dip. Karina Padilla Ávila: No, señor presidente.

C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Muchas gracias.



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C. Dip. Karina Padilla Ávila: Para tal efecto el Congreso se apoyará en el

Órgano de Fiscalización Superior en los términos de la ley reglamentaria

correspondiente.

Fracción 19. «Fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de

las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal. De igual

manera, verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas,

para tal efecto el Congreso se apoyará en el Órgano de Fiscalización Superior a que

se refiere la fracción anterior« Aquí resaltó que la Constitución del Estado nos dice a

través de qué órgano el Poder Legislativo se apoyará para realizar su tarea

fiscalizadora. Y habrá quien sostenga que este artículo no dice que no se puede

fiscalizar a través de otro órgano del Poder Legislativo, sostendrán que la Constitución

no prohíbe el que se pueda conformar una comisión especial para realizar la

fiscalización. Aquí cabe acotar que la Constitución dice a través del Órgano de

Fiscalización Superior y esto es una garantía para el ente auditado. Y si la

Constitución no prohíbe expresamente que sea otro ente, habrá que recordar

compañeros legisladores que como autoridad, como poder público, nos regimos bajo

el principio de legalidad y sólo, repito sólo, podemos lo que la ley de manera expresa

permite y que en su artículo 2 de la Constitución local establece: El poder público

únicamente puede lo que la ley le concede.

-El C. Presidente: Diputada Karina, ¿me permite?

Sí Diputado Francisco Javier Contreras, ¿para qué efectos quiere el del uso de

la voz?

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Ojalá que la diputada me

pueda aceptar una pregunta.

-El C. Presidente: ¿Diputada?

C. Dip. Karina Padilla Ávila: No señor presidente.


C. Dip. Karina Padilla Ávila: Y el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe.

-El C. Presidente: Permítame diputada Karina Padilla.

Diputado Galo Carrillo, ¿para qué efectos?

C. Dip. Galo Carrillo Villalpando: Para ver si la diputada me acepta una

pregunta.

C. Dip. Karina Padilla Ávila: No señor diputado.



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C. Dip. Karina Padilla Ávila: Recordemos el objetivo de la creación del

Órgano de Fiscalización Superior, un órgano técnico puede tener un sistema de

responsabilidades sin presiones políticas o intereses partidistas, a fin de que dicha

función sea ejercida con absoluta transparencia, contrato imparcial para todos los

grupos sociales y ciudadanos, rindiendo cuentas puntualmente sobre la observancia

de la ley.

El Órgano de Fiscalización Superior, desde su creación en el año 2003 por el

voto unánime de todas las fuerzas políticas representadas en la Quincuagésima

Novena Legislatura, al Órgano de Fiscalización se le encomendó la función antes

mencionada y así cumplir con el mandato de la Constitución Federal y del Estado y

tener una Ley de Fiscalización Superior para todos los poderes, organismos

autónomos, municipios, personas físicas y morales que administren recursos públicos

y que sean revisados en el ejercicio del gasto público; ese es el objetivo y que no se

tenga la tentación de hacer revisiones sin un sustento técnico y legal. Una vez que se

haya declarado la revisión de las cuentas públicas en el Pleno, el Órgano de

Fiscalización podrá solicitar información concreta de ejercicios anteriores al de la

cuenta pública en revisión; pero exclusivamente cuando el programa erogación

abarque diversos ejercicios, sin que para ello se declare abierta nuevamente la

revisión de la cuenta pública; esto es en aplicación el principio de definitividad.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, señala en su

artículo 96, fracción XIII, «Faculta a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para la

revisión y dictaminación de los asuntos relativos a los informes de resultados que

emita el Órgano de Fiscalización Superior; por ello entonces, lo correcto es hablar de

los informes de resultados que contienen las auditorías a las cuentas públicas del

Poder Ejecutivo, sin dejar de mencionar los procesos de auditoría que nuestro órgano

técnico realiza vía convenio con la Auditoría Superior de la Federación a la revisión de

recursos federales que se ejecutan en nuestro estado. De todas estas revisiones se

tuvieron como resultado responsabilidades administrativas, civiles, penales y se

interpusieran las denuncias penales por la presunción de hechos que pudieran ser

considerados como delito; todas ellas votadas y aprobadas por el Pleno de este

Congreso estatal, dentro del marco jurídico constitucional federal y local y la Ley de

Fiscalización Superior del Estado. Además, resalto que la ignorancia de la ley no

exime de su cumplimiento a un ciudadano y, mucho menos, a un poder público.

Que quede muy claro, no nos oponemos a la revisión y a la transparencia de

los recursos públicos, ¡al contrario! hemos estado y estamos a favor de ello y lo

hemos demostrado con hechos al realizar una propuesta que no fue aprobada en este

Pleno y aprobamos, además, y felicitamos a la diputada de la fracción del Partido de

la Revolución Democrática y a sus compañeros por la propuesta anterior, a la cual nos

hemos sumado precisamente en torno a favor de la transparencia y también hemos

hablado con ejemplos, hemos aprobado también aquí la auditoría al ISSEG y estamos

señalamos que la información solicitada al Órgano de Fiscalización por parte de la

fracción del Partido de la Revolución Democrática es la misma que se ha señalado en

la propuesta del Partido Revolucionario Institucional; no somos opaces ni comparsas y


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fue aprobada por este Pleno la auditoría integral, como ya lo mencioné, al ISSEG;

pero me queda claro que no es un tema en el que se busque un resultado técnico que

dé certeza a los guanajuatenses, me queda claro que es un asunto lamentable y

eminentemente político y ante la presente propuesta tenemos la siguiente pregunta,

¿vamos a respetar la ley o vamos a inventar el hilo negro proponiendo violar la ley?

Por su atención, gracias.

-El C. Presidente: Diputado Adrián Camacho, ¿para qué efectos quiere el uso

de la voz?

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: Para rectificar hechos de la compañera

diputada.

-El C. Presidente: ¿Cómo cuáles diputado?

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: Como la finalidad del punto de

acuerdo que ella dijo que era la actuación del Órgano de Fiscalización Superior y

también aseguró que este es un asunto político.

-El C. Presidente: Tiene el uso de la voz diputado Adrián Camacho.

PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO ADRIÁN CAMACHO TREJO LUNA, PARA

ACLARAR HECHOS EN EL TEMA QUE SE DISCUTE.

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: Con el permiso de la presidencia. Aquí

se han dado argumentos políticos, argumentos técnicos; sin embargo, tengo que

hacer el uso de la voz para clarificar lo sostenido por la compañera diputada que me

antecedió. Ya nos ilustró cómo funciona el Órgano de Fiscalización Superior, cuál es el

instrumento normativo que le da origen y cuál es su actividad; sin embargo, el punto

de acuerdo que propusimos para esta creación de una comisión especial, obedece a lo

que sucede después de esto. El pueblo de Guanajuato ignora qué pasa después de la

elaboración de esos dictámenes. Se trabaja, todo nuestro respeto y reconocimiento al

gran número de personas que trabajan en el Órgano de Fiscalización, que hacen su

estudio, su análisis; la Secretaría de la Transparencia –incluso- determina que existen

efectivamente anomalías e irregularidades y nos da una larga serie de acciones

concretas en una infinidad de rubros de la administración pública donde hay tráfico de

influencias, donde han pagos de situaciones por encima de lo acordado, asignaciones

sin apego a las licitaciones; todo lo que el pueblo de Guanajuato ya lo sabe y lo

sabemos nosotros mismos. El punto aquí es qué pasa después de esos dictámenes,

por eso la importancia de esta comisión especial; ya quedó claro que se puede hacer

la comisión y ya quedó claro cuáles son los alcances, pero lo que la ciudadanía no

sabe, ni ustedes saben compañeros, es qué va a pasar después de que estos órganos

de fiscalización y la misma Comisión de Hacienda de este Congreso del Estado llegue

a las conclusiones; lo que está pasando es que los guanajuatenses se enteran de

quien los robó, quién hizo mal uso de las cuentas públicas, del dinero a su cargo,

cuándo fue, quien era el pariente, quien era el amigo, cómo fue que se crearon


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empresas fantasmas; ¡pero que se pueden ir a su casa tan tranquilos; -y de

comprobarse esta situación- con las bolsas llenas, dejando a la ciudadanía con este…

-El C. Presidente: Diputado Adrián Camacho, ¿me permite?

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: ¡Sí, por supuesto!

Diputado Sergio Bernal, ¿para qué efectos quiere el uso de la voz?

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Presidente, para ver si el orador me

permite una pregunta.

-El C. Presidente: Diputado, ¿permite una pregunta?

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: ¡Por supuesto!


C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Diputado, usted sabe que en la

legislatura pasada sus compañeros de bancada dieron el sí a las auditorías. Yo le

pregunto si en siete meses que llevamos de legislatura usted conoce con elementos,

con documentos contundentes, esas responsabilidades de las que supuestamente

habla; quisiera saber si las conoce porque, en lo personal, yo no las conozco.

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: ¡Perfecto! Agradezco profundamente la

pregunta del diputado. ¡Ese es el meollo diputado! no sabemos qué está pasando, no

sabemos ¡y lo peor es que no sabe la ciudadanía de Guanajuato en dónde van a

terminar estas situaciones que podrían ser presumiblemente constitutivas de faltas

administrativas, civiles y penales! Dio en el clavo compañero diputado, ese es el

tema.

Finalizaría diciéndole a mi compañero diputado Daniel Campos que el viejo PRI

para los guanajuatenses resulta una situación que queda muy lejos cuando a usted y

a mí, que tenemos 21 años siendo gobernados por Acción Nacional, y tenemos toda

nuestra vida educativa, productiva y de oportunidades, estamos discutiendo estas

situaciones tan terribles. Es cuánto señor presidente. Muchas gracias.

-El C. Presidente: ¿Diputado Sergio Bernal?

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Para rectificación de hechos

presidente.


C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Relativos a las instituciones.



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RECTIFICANDO HECHOS EN EL TEMA, PARTICIPA EL DIPUTADO

SERGIO CARLO BERNAL CÁRDENAS.

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Muchas gracias. Con el permiso de

la mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados.

Ha sido una constante en esta legislatura que las diputadas y los diputados

subamos a tribuna a pronunciarnos por el respeto tanto la ley como a las instituciones

que emanan del estado. Con base a ello permítanme citar las siguientes palabras,

dichas precisamente por el diputado Adrián Camacho.

«Una buena acción de todos los que estamos en la política y los que estamos

construyendo la nación, es ser respetuosos de las instituciones. Si la unidad de

fiscalización del IFE ha tenido ya una resolución respecto, podemos abonarle a la

democracia siendo respetosos. « Seguramente recuerdan esas palabras, las pronunció

en esta misma tribuna el diputado del Partido Revolucionario Institucional Adrián

Camacho Trejo Luna cuando abordamos el escandaloso tema de MONEX, que causó

gran escozor a él y a su bancada.

-El C. Presidente: Diputado Sergio Bernal, permítame por favor.

Diputado Adrián Camacho, ¿para qué efectos?

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: Nada más para que haya una moción

de orden. Si el caso es que me está rectificando hechos de un discurso que pronuncié

hace seis meses.

-El C. Presidente: Continué diputado Sergio Bernal.

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Señor diputado, el tema va vinculado

con las instituciones y hace rato le preguntaron que si creían o no en las instituciones

y estoy haciendo uso de mi derecho.

-El C. Presidente: Sí diputado Adrián Camacho. Permítame diputado Sergio

Bernal.

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: Con respeto a mi compañero orador, la

moción es para usted señor presidente; no veo la rectificación de hechos sobre algo

dicho por mí. Lo argumentado por nuestro compañero diputado es referente a un

discurso, que le agradezco me cite, pronunciado hace varios meses; nada más que

usted le conmine a atender el hecho para lo que pidió y se ciña a él en el uso de la

voz.

-El C. Presidente: Diputado Sergio Bernal, le pido que se centre en el asunto

para el que solicitó el uso de la voz.


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C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Gracias. Yo pediría que si no se está

de acuerdo, que hay libertad de expresión en este país, que si no está de acuerdo que

en alusiones personales o en rectificación de hechos se haga uso de la voz. Si me

permiten continuar.

El día de hoy el Partido Revolucionario Institucional sube esta tribuna para

insistir en la conformación de una comisión especial plural, a efecto de analizar con

trasparencia y dar seguimiento puntual y exhaustivo a los presuntos actos de

corrupción y tráfico de influencias del ex gobernador Constitucional del Estado de

Guanajuato y los que resulten, durante su gobierno comprendido del 26 septiembre

del 2006 al 21 marzo del 2012. Las cosas hay que decirlas como son, la verdadera

intención del PRI y hay que decirlo de manera clara y con todas sus letras es -lo decía

hace rato y comparto la opinión de la diputada- es absoluta y eminentemente política;

no buscan otra cosa más que sacar raja del tema y con ello llevar agua al molino. No

les importa si con ello desprestigian las instituciones del estado, buscan la plana, el

tema que venda; la confianza en las instituciones queda para mejor momento.

Paradójicamente, la intención del Partido Revolucionario Institucional no ha

sido sino evidenciar, transparentar; hacer nítido y cristalino el estilo contradictorio con

el que se manejan; la utilización del discurso grandilocuente a costa de lo que sea si

ello le sirve para lograr su objetivo; el poder por el poder mismo.

Por un lado piden abonarle a la democracia siendo respetuosos de lo que

resuelven las instituciones y, por el otro, buscan que se cree una Comisión Especial.

-El C. Presidente: Permítame diputado Sergio Bernal.

Diputada Yulma Rocha, ¿para qué efectos?

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Para usted señor presidente. ¿Me puede decir

para qué subió el diputado que está haciendo uso de la voz? ¿Cuál fue el tema o la

rectificación de qué hechos, me lo puede recordar?

-El C. Presidente: Sí, está rectificando hechos.

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: ¿Cuáles fueron los hechos, perdón?

-El C. Presidente: Sobre las instituciones precisamente.

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: ¿Puedo continuar presidente?

-El C. Presidente: Continúe diputado, centrándose en el tema.

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Por otro lado, busca que se cree una

comisión especial que se aboque a lo que ya el Órgano de Fiscalización Superior,

entidad técnica de este Congreso en esa materia ha oportunamente dictaminado.


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-El C. Presidente: Diputado Sergio, le pedimos se centre por favor en el

hecho.

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Por eso hoy subimos a esta tribuna y

pedimos congruencia en sus discursos señoras y señores legisladores del PRI, las

palabras los alcanzan y los hacen padecer la contradicción en sus propios dichos. O yo

preguntaría si solamente le vamos a creer a los órganos técnicos en materia de

fiscalización cuando éstos nos favorezcan; pero lo que ha resuelto el Órgano de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado con respecto a la administración del ex

gobernador Juan Manuel Oliva, ahí sí vale el desprestigio, ¡a eso se le llama

incongruencia!

Señoras y señores legisladores del Partido Revolucionario Institucional, lo que

ustedes quieren es que se resuelva conforme a sus intereses para sacar, insisto, la

raja política; sólo buscan votos.

-El C. Presidente: Diputado Sergio, su tiempo ha concluido.

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Gracias presidente.

-El C. Presidente: Diputado Pedro Chávez, ¿para qué efectos diputado?

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Para rectificación de hechos.


C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Sobre el problema que tiene el orador al

no saber distinguir la comisión especial y al creer que es una ofensa para el señor

Juan Manuel Oliva el que se pueda formar ésta.

-El C. Presidente: No lo mencionó en ese texto.

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: ¡Claro que lo mencionó!, él mismo dice

que es un desprestigio para el señor Juan Manuel Oliva el crear esta comisión y yo no

sé por qué una comisión pueda crear un desprestigio para alguien.

-El C. Presidente: Yo nada más le conminaría a que precise el hecho

diputado.

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: El hecho precisamente de que una

comisión no va a crearle desprestigio a alguien, es solamente para aclarar cualquier

situación que se esté dando.


EL DIPUTADO PEDRO CHÁVEZ ARREDONDO ACLARA HECHOS EN EL

TEMA QUE SE DISCUTE.


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C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: No sé por qué al nombrar una comisión

especial se tenga porqué ofende a alguien. No sé por qué al nombrar una comisión

especial tenga que sentirse ofendido un partido político. ¡Definitivamente, hay un

dicho que dice que el que nada debe, nada teme! El orador anterior le estuvo

haciendo una pregunta al diputado Adrián Camacho donde le decía que si él sabía qué

estaba pasando y precisamente la comisión especial es para que determine qué está

pasando, después de que el Órgano de Fiscalización haga su revisión; porque estoy

plenamente seguro que nadie de los presentes ni de los periodistas saben qué pasa

después de que el Órgano de Fiscalización dictamina el resultado de algo; todo se

quede en el vacío, todo se queda sin conocimiento y nunca se le da seguimiento. Yo

quiero decir algo, somos muy legales todos diputados.

-El C. Presidente: Diputado Pedro Chávez, ¿me permite?

Sí diputada Karina Padilla, ¿para qué efectos quiere el uso de la voz?

C. Dip. Karina Padilla Ávila: Saber si el orador me permite una pregunta.

-El C. Presidente: Diputado Pedro, ¿le permite una pregunta a la diputada

Karina Padilla?

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Adelante.

Dip. Karina Padilla Ávila: Diputado ¿usted conoce que existe un portal del

Órgano de Fiscalización Superior en donde, después de aprobar esas auditorías que

usted acaba de mencionar, que son aprobadas por el Pleno, son públicas?


C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: ¡Claro que sí! Pero nunca he conocido los

resultados y nunca he visto a nadie en la cárcel, quiere decir que todos somos muy

legales porque nunca se ha tenido una respuesta verdaderamente que satisfaga al

pueblo de Guanajuato.

-El C. Presidente: Diputada Karina Padilla, ¿para qué efectos?

C. Dip. Karina Padilla Ávila: Si el orador me permite otra pregunta.

C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Adelante.

C. Dip. Karina Padilla Ávila: Diputado, ¿usted ha solicitado información al

Órgano de Fiscalización Superior sobre el seguimiento de estas auditorías?



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C. Dip. Pedro Chávez Arredondo: Lo que le puedo contestar al respecto es

que ¿por qué ven negativa la comisión especial? ¿Porque lo ven negativo si está

contemplado dentro de ley? Si está contemplado dentro de ley yo no sé por qué le

tienen miedo si están plenamente seguros que Juan Manuel Oliva es una persona

honesta, no hay por qué rehuir a esta comisión especial; finalmente no le veo caso; si

están realmente protegiéndolo, tienen totalmente razón. Muchas gracias.

-El C. Presidente: Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el

diputado Sergio Contreras Guerrero.

EL DIPUTADO SERGIO ALEJANDRO CONTRERAS GUERRERO, HACE USO

DE LA VOZ PARA FIJAR SU POSTURA EN EL TEMA QUE SE DISCUTE.

C. Dip. Sergio Alejandro Contreras Guerrero: Con su permiso señor

presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

Tengo aquí un posicionamiento para hablar a favor del dictamen de la

integración de la comisión especial; sin embargo, después de haber escuchado los

posicionamientos de todos y cada uno de los compañeros diputados y diputadas de

este Congreso, he decidido no leerlo; porque veo coincidencias en el sentido de que

hay un sí a la transparencia; sin embargo, no veo en este momento una voluntad

hacia qué punto vamos a guiar esta transparencia. Estamos aquí representando a

cinco millones de guanajuatenses; todos y cada uno de nosotros caminamos durante

dos meses haciendo campaña solicitando el voto para ocupar cada una de estas

curules; y durante ese tiempo nos comprometimos a la transparencia, nos

comprometimos a la rendición de cuentas, nos comprometimos a tener un mejor

Guanajuato y se lo compramos al señor gobernador Miguel Márquez Márquez el 26

septiembre que le tomamos protesta. Él trae la bandera de la transparencia y yo le

dije señor gobernador, el Partido Verde está con usted y así, bajo esa tónica, bajo ese

espíritu compañeras y compañeros, debemos responderle a los cinco millones de

guanajuatenses porque yo los días que estuve caminando durante la jornada del

proceso electoral, todos decían vamos y fiscalicen a Juan Manuel Oliva Ramírez;

trabajemos para ver que realmente la administración pública estatal de 2006 a 2012

rinda cuentas; cuando el río suena, es porque agua lleva y ustedes tienen notas

periodísticas de más de cinco años consecutivos que han estado hablando de

cuestiones del Órgano de Fiscalización, dictámenes que están sacando

responsabilidades; la Secretaría de la Función Pública ya hizo un llamado a ciertos

personajes de la vida pública de Guanajuato; ¡trabajemos porque Guanajuato esté en

pro de la transparencia! ¡Trabajemos porque este Congreso establezca los

mecanismos a los que todos hemos dicho que sí, todos hemos dicho sí a la

transparencia, sí a trabajar por un Guanajuato honesto! No veo que aquí estemos

hablando de mi partido, tu partido, ¡el otro partido! Si queremos realmente sacar

adelante este estado, pido voluntad política, pido que trabajemos por la transparencia

que Guanajuato nos confirió en las urnas y que al jurar en cada una de estas curules,

nos comprometimos con hechos. Es cuánto señor presidente.

-El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Oscar Arroyo Delgado.


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PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO ÓSCAR ARROYO DELGADO,

MANIFESTÁNDOSE EN CONTRA DE LA PROPUESTA PRESENTADA.

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Con su permiso señor presidente.

Compañeras y compañeros diputados. Estoy en contra de la propuesta por las

siguientes razones:

La fiscalización ante todo ¡y lo sabemos todos! es una práctica del Poder

Legislativo. Quiero recordarles que en la Quincuagésima Novena Legislatura se

aprobaron -por unanimidad- las reformas constitucionales que dieron origen y

sustento a la actual Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como al Órgano de

Fiscalización Superior, entidad técnica diseñada ex profeso para apoyar esta función al

Congreso, con base en los principios de objetividad, imparcialidad, independencia,

transparencia, legalidad y profesionalismo. Si ustedes creen que este órgano no

cumple con su función, hagan el favor de presentar iniciativas de reforma y, en su

caso, se estudiarán y haremos lo propio en consecuencia. Con ello consideramos que,

sin lugar a dudas, se basó en tan importante tema de la fiscalización para librarla de

cuestiones que no le son propias derivadas de presiones y revanchismos políticos.

Acción Nacional fue el primero -y ha sido siempre- quien ha estado a favor de la

transparencia y rendición de cuentas y ustedes perfectamente lo saben; y ahora no es

la excepción, nosotros fuimos los que propusimos y creamos las instituciones

fiscalizadoras y de transparencia en el estado y en México.

Quiero destacar que en la Sexagésima Primear Legislatura…


C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Sí señor presidente.

-El C. Presidente: Sí diputado Felipe Orozco.

C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Gracias. Si me permite una pregunta

el orador.

-El C. Presidente: Permite una pregunta diputado.

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: No señor presidente.


C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Lo sabía, muchas gracias diputado.

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Quiero destacar que en la Sexagésima

Primera Legislatura se aprobaron –poco más- de 600 cuentas públicas de los

diferentes sujetos de fiscalización, que más del 90% de ellas fueron aprobadas por


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unanimidad de votos del Congreso; del Poder Ejecutivo se observa que por

unanimidad fueron votadas las cuentas…

-El C. Presidente: ¿Me permite diputado Óscar Arroyo?

Sí diputado Francisco Javier Contreras, ¿para qué efectos quiere el uso de la

voz?

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Para ver si el señor orador me

permitiera hacerle una pregunta, muy respetuosa.

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Con mucho gusto, porque lo pidió con

respeto nada más señor diputado.

-El C. Presidente: Adelante.

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Gracias. Nada más para

preguntarle señor diputado que nos dice que están todas las cuentas de transparencia

y el número ahorita se me fue; nada más preguntarle cuántas hay en reserva y si son

las cuentas de Oliva que están reservadas por 15, 20 años; el porcentaje de éstas

¿rebasan del 50% o más?


C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Yo no sé si rebasen el 50% o más señor

diputado, pero todos los diputados de este Congreso y de la legislatura anterior,

tuvimos la posibilidad de revisar y, en su caso, observar cualquier situación anómala

que tengan las cuentas públicas de cualquier funcionario del gobierno del estado y de

los 46 municipios de nuestro estado.


C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Del Poder Ejecutivo del sexenio anterior se

observa que por unanimidad fueron votadas las cuentas públicas del año 2008.


Sí diputado Felipe Orozco, ¿para qué efectos quiere el uso de la voz?

C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Con todo el respeto, la solemnidad,

la humildad; encarecidamente ¿me permite una pregunta señor orador?

-El C. Presidente: ¿Diputado Óscar Arroyo?

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: No le permito la pregunta diputado.

C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Gracias.


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C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Del Poder Ejecutivo del sexenio anterior se

observa que por unanimidad fueron votadas las cuentas públicas de los años 2008 del

periodo julio-diciembre del 2009 y 2010, así como del periodo julio-diciembre del

2007; y las auditorías financieras a la Secretaría de Desarrollo Económico

Sustentable, a la Secretaría de Obra Pública desde los años 2007 al 2010; la auditoría

integral al Fideicomiso para la Organización de la Conmemoración del Bicentenario de

la Independencia y Centenario de la Revolución de los ejercicios fiscales del 2010; la

auditoría integral al Instituto de Salud Pública del Estado en el ejercicio fiscal 2010,

solamente por citar algunas. Dieron su voto a favor de todos estos asuntos las

diputada del PRI Claudia Navarrete Aldaco, ahora delegada de la Secretaría de

Desarrollo Social y Alicia Muñoz Olivares, actual regidora en el municipio de

Salamanca, así como también los diputados de ese partido Alejandro Rangel Segovia,

actual diputado federal, María Elena Cano Ayala, diputada federal, Miguel Ángel Chico

Herrera, Senador.


Sí diputado Francisco Javier Contreras, ¿para qué efectos el uso de la voz?

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Ojalá me permita una

pregunta.

-El C. Presidente: ¿Permite una pregunta diputado Óscar Arroyo?

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: No señor diputado.


C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Y el recientemente designado Delegado de la

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Isaac González Calderón. ¡Ah! Y

también tuvo el voto del Coordinador de ese Grupo Parlamentario en esa legislatura,

del señor Hugo Varela Flores. ¿Acaso los diputados del Partido Revolucionario

Institucional de la anterior legislatura fueron omisos o hicieron mal su labor como

fiscalizadores? De no ser así, entonces me pregunto, ¿cuál es la razón de volver a

fiscalizar lo que ellos ya fiscalizaron? Y que, además, dieron su voto a favor.

¡Compañeras diputadas, compañeros diputados!, seamos congruentes y observemos

los dictámenes aprobados por el Congreso del Estado, Acción Nacional siempre ha

estado a favor de la fiscalización y no encubriremos a nadie que haya violado la ley.

Por lo antes expuesto, solicito a ustedes compañeros diputados, su voto en

contra, gracias. Es cuanto señor presidente.

-El C. Presidente: Sí diputado Zavala Procell, ¿para qué efectos quiere el uso

de la voz?


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C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Para rectificación de hechos expuestos

por el orador anterior.

-El C. Presidente: ¿Cuáles hechos quiere rectificar?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Los hechos en cuanto a la competencia

de las instituciones fiscalizadoras y la consecuencia jurídica en que consiste la

aprobación de un dictamen emitido por el Órgano de Fiscalización Superior.

Diputada Yulma Rocha, ¿para qué efectos diputada?

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Para rectificación de hechos con respecto a la

tarea del Órgano de Fiscalización Superior que mencionó el diputado con respecto a

la labor de fiscalización de los anteriores diputados mencionados y con respecto a la

politización del tema de esta comisión.

-El C. Presidente: Tiene el uso de la voz diputado Zavala.

EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL, INTERVIENE

RECTIFICANDO HECHOS EN EL TEMA AL DIPUTADO ÓSCAR ARROYO

DELGADO.


Pues sí, efectivamente obligado por las circunstancias, me veo precisado a abordar

nuevamente la tribuna a efecto de advertir que parece ser que la confusión que trae

el Coordinador de Acción Nacional ya fue una situación de tipo virulenta porque ya

contagió a toda su fracción, en el sentido de que no le estamos quitando facultades a

las instituciones; es una parte de qué sucede después, no es una falta de respeto ni

desconfianza al Órgano de Fiscalización, es una parte complementaria de que le dé

seguimiento después de que qué pasa porque son responsabilidades que se aplican,

que se fincan, pero que no se aplican porque prescribe el tiempo.

El diputado Óscar que me antecedió en el uso de la voz dice que por qué

María Elena, Miguel Ángel Chico, Claudia Navarrete y todos los diputados del PRI de la

Sexagésima Primera Legislatura aprobaron los dictámenes, ¡pues los aprobaron

porque el trabajo el Órgano de Fiscalización Superior está bien hecho! ¡Por eso lo

aprobaron!, porque tienen responsabilidades fincadas de carácter administrativo, civil,

fiscal y penal; pero que no se han aplicado, no se ha instrumentado algo para evitar

la impunidad, ¿por qué los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda y

Fiscalización que sesionamos cada lunes aprobamos, por unanimidad, los dictámenes?

¡Porque están bien hechos por el Órgano de Fiscalización!, yo no puedo votar un

dictamen en contra de una administración pública municipal o una institución donde

se le está aplicando una responsabilidad civil y penal, sería ir en una situación de

aberración jurídica, ¡entendámoslo bien! el trabajo del Órgano de Fiscalización está

bien hecho, lo que no está hecho es lo que falta, la segunda parte, el seguimiento;

que ese fincamiento de responsabilidades de carácter administrativo, civil, penal y


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fiscal se aplique y no vayan a engrosar los números y las estadísticas de la

impunidad. Yo nada más les digo, reitero, ratifico y felicito al diputado Sergio

Contreras, ¡seamos congruentes con el discurso, con el discurso de Miguel Márquez

Márquez!, parece ser que el PAN tiene dos caras, ¡la cara blanca de Miguel Márquez

que dijo que en Guanajuato la transparencia y la rendición de cuentas son principios

irrenunciables! ustedes diputados de Acción Nacional están renunciando a esa

posibilidad y a eso se refería el diputado Sergio Contreras, a esa congruencia; pero

tiene la otra cara Acción Nacional, la cara negra, la cara del contubernio, la cara de

solapar, la cara de convertirse en cómplices; ¡nosotros no tenemos miedo! No tienen

miedo tampoco ustedes, ¡ustedes tienen un pánico terrible! y parece que así lo

manifiestan con sus acciones. ¡Aprobemos la comisión! Y si dice esa persona que tiene

las manos negras, se las lava con cloro y se le blanquean, ¡pues tenemos que

reconocérselo! y si no es así, ¡pues que pague! Que pague lo que hizo y que no

engrose las situaciones de ejemplaridad.

Ahora bien, ustedes esgrimen que no se justifica la integración de una

comisión, señor legislador usted nos conmina a los diputados del Partido

Revolucionario Institucional a que legislemos en materia del Órgano de Fiscalización e

instituciones de fiscalización; yo lo invito a usted para que derogue el 83, último

párrafo, ¡quítelo de la ley para que no le pique!, ¡para que no le dé comezón!, porque

la ley contempla en ese precepto que le refiero que existe la posibilidad de integrar

una comisión especial, cuando las circunstancias lo ameritan; entonces yo le voy a

dar un ejemplo; ¿por qué se creó Comisión Especial del Bicentenario cuando existe

una Comisión de Educación?; pregunto, ¿por qué se creó una Comisión Especial para

la Contaminación Ambiental en Salamanca, cuando existe una Comisión de Ecología?

¡Pues seamos congruentes! vamos a crear una comisión especial que investigue, le dé

seguimiento a las auditorías del Órgano de Fiscalización; sin invadir…

-El C. Presidente: Diputado Zavala, ¿me permite? El diputado Sergio Bernal

desea hacerle una pregunta.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Sí, con mucho gusto diputado.

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Diputado, con todo respeto. Usted no

aprobaría, ni su bancada, dictámenes que tuvieran observaciones, ¿verdad? Digo, se

aprueba lo que está bien hecho, lo que no tiene observaciones; entonces resulta

incongruente, -a veces- el comentario. Le pregunto, ¿usted aprobaría algo que tiene

inconsistencias?, porque su bancada lo aprobó en la legislatura pasada.

-El C. Presidente: Adelante diputado Zavala Procell.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Mire diputado! Yo apruebo todos los

dictámenes tengan o no tengan inconsistencias; hay dictámenes, los del IEEG, lo

tengo que decir son dictámenes que salen sin ninguna observación, sin ninguna

responsabilidad administrativa ni de ningún tipo; ni civil, ni penal, ni fiscal. Y los

aprobamos porque ¡bueno! están haciendo las cosas como debe ser, no hay hallazgos

que encuadren en ningún tipo de responsabilidades para que se puedan fincar. Y claro


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que también apruebo aquellos que tengan fincamiento de responsabilidad de

cualquier tipo porque los hallazgos y la documental así lo muestran. Muchas veces

existe la confusión de oye por qué dicen tanto que Oliva y tú apruebas todos los

dictámenes, ¡pues los apruebo porque están bien hechos! porque en el dictamen dice

que encontraron una responsabilidad civil, administrativa, penal y fiscal y yo estoy de

acuerdo; ¡por eso lo pruebo por unanimidad!; el problema es qué pasa después, se

queda ahí; necesitamos diputado que aprobemos los 36 diputados esta Comisión para

que le dé seguimiento a ese trabajo, a ese resultado; si no, estamos desperdiciando

90 millones de pesos que cuesta el Órgano de Fiscalización ¿eh? Que está auditando

60,000 millones de pesos, ¡con 90 millones de pesos fiscaliza 60,000 millones de

pesos! mejor utilicémoslos en otra cosa y dejemos de simular que fiscalizamos.

Yo los invito, luego entonces, que qué ha pasado con la observación de la

auditoría de 2009 y 2010 al DIF. ¡Ya están los hallazgos! Ya están inscritos en el texto

de un dictamen, ¡pero no ha pasado nada! Yo estoy seguro que ustedes tampoco lo

saben, los diputados del Partido Acción Nacional, donde se acreditaron daños y

perjuicios al patrimonio y la hacienda de la institución por parte del ahora diputado

Juan Rendón López por servicios de telefonía y radiocomunicaciones, mismo autor que

como jefe de la Unidad de Recursos Materiales del DIF, hizo adjudicaciones

presuntamente ilegales, según consta en el documento oficioso, en el documento

formal, en el oficio que emitió el órgano competente; hizo aparentemente

adjudicaciones ilegales, según la propia Secretaría de la Transparencia en auditorías

posteriores. O ¿qué ha pasado con quien fue su jefa, Aida Angélica Silva Castillo,

directora del DIF?, ¿con la esposa de Manuel Oliva?, responsable de daños y compras

ilegales presuntamente por varios millones de pesos a empresas de prominentes

panistas y familiares; ¿y las sanciones? ¡Qué bonito que se haya hecho la

fiscalización! ¡Qué bueno que encontraron hallazgo! ¡Qué bueno que descubrimos que

se están apegando a la normatividad! ¡Pero qué malo que anden placeándose y

todavía tengan cargos públicos! ¡Eso es lo malo y eso es lo que queremos evitar! Que

le quitemos el tufo del seguimiento partidista y que sea una comisión plural,

ciudadana de Colegios de Profesionistas las que vigilen, se cercioren, le den certeza a

la sociedad de que no va a quedar en impunidad. ¡Y puedo seguirme! Por qué siguen

en la actividad pública estos personajes a pesar de tantas evidencias en su contra,

como contratos asignados sin licitación, como los dados a Impulsora Comercial

Estrella y sus 92,000 latas de alimentos putrefactos; o ¿Por qué no hubo sanciones

contra Héctor Martínez Flores, Director General de Servicios de Salud del ISAPEG?, a

pesar de ser responsable de adquisiciones irregulares por más de 200 millones de

pesos.


Sí diputado Óscar Arroyo, ¿para qué efectos?

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: Una moción de orden señor presidente, el

orador se está apartando –por completo- de la razón por la cual subió a la tribuna.

-El C. Presidente: Invitamos al orador a continuar y a centrarse en el tema.


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C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Sí, cómo no! Aquí se ha hablado de

todo, hasta del PRI, del viejo PRI.

-El C. Presidente: Diputado Francisco Javier Contreras, ¿para qué efectos

quiere el uso de la voz?

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Si me permite una pregunta el

señor diputado.

-El C. Presidente: ¿Le permite una pregunta al diputado Francisco Javier

Contreras diputado?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Sí, con mucho gusto.

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Le pregunto a usted si conoce

más nombres de los que ha dicho y nos pudiera dar a conocer, por favor.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Se me acaban los cinco minutos

coordinador! Es una lista terrible.

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Pero es un paréntesis fuera de

su tiempo.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Si no me lo va a computar, con

mucho gusto!

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: ¿No lo computa señor

presidente?

-El C. Presidente: Puede hacer la pregunta y contestarla, está a punto de

terminar el tiempo.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Entonces, ¿computa o no computa?

-El C. Presidente: No es computable el tiempo.

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Gracias.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Bueno!, hablaba de Héctor Martínez

Flores, Director General de Servicios de Salud del ISAPEG, a pesar de ser responsable

de adquisiciones irregulares por más de 200 millones de pesos a la empresa

Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A., a pesar de ser integrantes del

Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de salud, lo acusaron los integrantes de

este Comité de Adquisiciones, ¡lo acusaron de ser parte de una red que dañó las

finanzas de la institución con su corrupción! ¡Martínez Flores terminó muy tranquilo el

sexenio! ¡Nunca le pasó nada!, no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa; entonces


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¡eso es complicidad! ante la lentitud o inacción de los responsables de revisar su

ejercicio y determinar posibles sanciones. El Órgano de Fiscalización tiene 225

empleados, no puede auditar 46 tesorerías municipales y todas las dependencias del

ejecutivo estatal; entonces, ¡imagínense! La Expo Bicentenario, es un rosario de

irregularidades en compras infladas, servicios no acreditados o increíbles contratos

como los dados a la empresa en gran número Producciones, S.A. de C.V., que hacía

de todo siendo la empresa para cine, con daños estimados en más de 16 millones de

pesos.


¿Sí diputado Mejía?

C. Dip. Luis Manuel Mejía Barreñada: Una moción de orden al diputado;

solicitaron únicamente nombres, el diputado Contreras solicitó una lista de más

nombres; más no nombre, domicilio, a qué se dedica y qué hizo. Que se concrete a

decir los nombres.

-El C. Presidente: Diputado Felipe Orozco, ¿para qué efectos?

C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Sí, muchas gracias. Si me permite

una pregunta el señor diputado.


-El C. Presidente: Está contestando una pregunta el diputado Zavala y le

pedimos favor de centrarse en el tema.

C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Bien, cuando termine.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell. ¡Bueno! Es de momento enunciativa,

pero no tiene límite la lista señor coordinador y diputado Javier Contreras, se la hago

llegar con mucho gusto.

-El C. Presidente: ¿Diputado Felipe Orozco?

C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Muchas gracias, ya terminó la

pregunta; ahora ¿me permite una pregunta?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell. Con mucho gusto.

C. Dip. Felipe de Jesús Orozco García: Me gustaría saber más nombres con

domicilio, dirección y todo esto, para que quede más claro.

-El C. Presidente: Continúe diputado, centrándose por favor en la pregunta.


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C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con mucho gusto. Ya mencioné

muchos presuntos responsables, los cuales ¡pues ya prescribieron las acciones de

carácter penal! ¡Pero lo peor del caso es que las cuentas públicas de 2011 y 2012 del

gobierno de Juan Manuel Oliva, siguen en la obscuridad!; en razón de que el Órgano

de Fiscalización no ha remitido sus resultados, aún y cuando ya hay filtraciones y

hasta sanciones por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

por ese periodo. En este Congreso sólo vemos lo de lejos, lo que nos toca auditar y

sancionar.

-El C. Presidente: Diputado Zavala, ¿ha contestado la pregunta?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Sí, he contestado la pregunta.

-El C. Presidente: Continúa el tiempo Apoyo Parlamentario.

Adelante.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: En este Congreso sólo vemos de lejos

lo que nos toca auditar y sancionar de cerca. Señores diputados del Partido Acción

Nacional, ¿Realmente tienen ustedes toda la información?

-El C. Presidente: Le pedimos diputado Zavala concluya con el tema, se ha

agotado el tiempo.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Estoy concluyendo. Señores diputados

del Partido Acción Nacional, ¿Realmente tienen ustedes toda la información? ¿Están

satisfechos que tanto daño al erario público se ha dispensado? Es todo lo que tengo

que decir, de momento, presidente.

-El C. Presidente: Gracias señor diputado.

Diputado Juan Rendón López, ¿para qué efectos quiere el uso de la voz?

C. Dip. Juan Rendón López: Alusiones personales señor presidente.

Diputado Alfonso Ruiz, ¿para qué efectos?

C. Dip. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico: Para rectificación de hechos señor

presidente.


C. Dip. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico: Respecto al resultado de

procedimiento de fiscalización.


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-El C. Presidente: Tiene la palabra el diputado Juan Rendón López, hasta por

cinco minutos.

PARA CONTESTAR ALUSIONES PERSONALES, INTERVIENE EL

DIPUTADO JUAN RENDÓN LÓPEZ.

C. Dip. Juan Rendón López: Gracias señor presidente. ¡Qué

lamentable es ver que realmente se hace uso de la tribuna para descalificar! Y

atendiendo lo que menciona al señor diputado que me antecedió, en donde manifiesta

que tuve observaciones hasta por el uso indebido de aparatos de radiocomunicación,

¡es totalmente falso! efectivamente colaboré en la Unidad de Recursos Materiales del

DIF Estatal y con respeto a las instituciones se atendieron todas las observaciones

que se aprobaron en la anterior legislatura; prueba de ello y como el diputado decía,

si nosotros tenemos la información total, ¡yo lo invito!, invito a los compañeros

diputados que antes de hacer señalamientos ¡también señor diputado recabe la

información a dicho de usted!. Aquí tengo en mis manos el resultado de los

procedimientos que atendió su servidor en total respeto a las instituciones; no

hablamos sin fundamentos, hablamos con documentos y con apego a la legalidad. Es

cuánto señor presidente.

-El C. Presidente: Diputado Francisco Javier Contreras, ¿para qué efectos?

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: ¡Tomarle la palabra al

diputado!, que si nos puede facilitar una copia de los documentos que tiene, nos

serviría muchísimo para que no hablemos de más. Si me hace favor, ahí los tiene, por

qué no nos da una copia por favor.

-El C. Presidente: Le pedimos diputado que en este momento continuemos

con la sesión y ya lo vea de manera vía Secretaría General.

Vamos a continuar. Les invitamos compañeros diputados poner atención con el

siguiente orador.

Tiene la palabra el diputado Alfonso Ruiz.


ALFONSO GUADALUPE RUIZ CHICO.

C. Dip. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico: Con su permiso señor presidente.

¡Qué bueno que se está reconociendo que la fiscalización se está realizando bien en el

estado de Guanajuato! que se está realizando bien por el Órgano de Fiscalización

Superior; pero ¡qué les puedo decir! a palabras necias oídos sordos. En ese proceso

tenemos que seguir trabajando.

-El C. Presidente: Diputado Alfonso, ¿me permite?

Sí diputado Guillén, ¿para qué efectos quiere el uso de la voz?


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C. Dip. Juan Carlos Guillén Hernández: Para si me permite una pregunta el

orador.

-El C. Presidente: Diputado, ¿acepta la pregunta?

C. Dip. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico: ¡Con todo gusto presidente!

-El C. Presidente: Adelante diputado Guillén.

C. Dip. Juan Carlos Guillén Hernández: Gracias. Respecto a lo que está

comentando, preguntarle lo siguiente: ¿Conoce usted algunos gobernantes o políticos

priistas corruptos o acusados de corrupción?

C. Dip. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico: ¡Por supuesto diputado!, está el caso

de Tabasco, de Andrés Granier por un desvío de más de 1,900 millones en recursos

federales. Y también varios funcionarios como Leoncio Lorenzo Gómez ¡O también

tenemos el caso muy conocido por todos de Humberto Moreira y su ex secretario de

finanzas! que está prófugo de la justicia por corrupción y lavado de dinero; ¡también

tenemos el caso del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yárrington!; ¡Pero también

tenemos el antecedente del actual presidente de la República! por el tema de

nepotismo y corrupción cuando fue gobernador del Estado de México.

Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago: Moción de orden presidente.

-El C. Presidente: Diputado Alfonso Ruiz.

C. Dip. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico: Guanajuato no es Tamaulipas,

Guanajuato no es Coahuila y Guanajuato no es Tabasco. Es cuánto señor presidente.

-El C. Presidente: Diputado Roberto Vallejo, tiene el uso de la voz.

Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago: Una moción de orden respecto a

todo lo que dijo el diputado Ruiz Chico, está el Congreso del Estado de Tabasco, está

el Congreso del Estado de Coahuila para que lo investiguen, aquí estamos en el

Congreso de Guanajuato, no en el Congreso de esos estados, punto número uno;

punto número dos, si el diputado Ruiz Chico tiene pruebas de lo que dice del actual

Presidente de la República, que las presente.

-El C. Presidente: Que sea moción de orden, céntrese por favor a la moción

de orden.

Continuando con la lista de oradores.

Diputado Francisco Javier Contreras, ¿para qué efectos?


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C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Para rectificación de hechos,

de todos los hechos que dijo el diputado.


C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Todos los hechos que él

mencionó; de Granier, del PRI, de Tabasco, de Tamaulipas, ¡de todos estos que

enumeró!, si usted me lo permite.

-El C. Presiente: Tiene el uso de la voz diputado.

EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RAMÍREZ, RECTIFICA

HECHOS EN EL TEMA QUE SE DISCUTE.

C. Dip. Francisco Javier Contreras Ramírez: Gracias presidente. ¡Qué

bueno que el diputado Chico, que es un joven valor de Acción Nacional viene y sube a

esta tribuna con fogosidad, con ímpetu juvenil! Le tomó la palabra, ¡Que tristeza que

usted compare a Oliva con ellos eh! son iguales entonces; me da usted la razón,

¡exactamente iguales! Yo estoy con lo que dijo el diputado Vallejo, que en el Congreso

de Tabasco… ¡Que lo metan a la cárcel eh! ¡A cualquiera que sea! no me importa el

partido; yo no vengo como presidente el partido ni involucro mi posición de

presidente como ustedes se involucran; Juventino López y su presidente dan una

conferencia de prensa en esto ¡no!, si es Moreira, ¡díganle a sus diputados de allá que

cumplan con su labor y que lo metan a la cárcel!, Si es el de Tabasco, ¡dígale a sus

diputados que lo hagan! Si es el de Tamaulipas ¡Igual!, pero no venga aquí a

desgarrarse las vestiduras, ¡mi querido joven!, al decir ¡Que los metan ¡eh! ¡Pues son

iguales! ¡No! Más bien exhorte usted a sus compañeros diputados de Acción Nacional

que cumplan con su trabajo, como nosotros lo queremos hacer aquí. Es cuánto. ¡Son

iguales, eh!

-El C. Presidente: Tiene la palabra la diputada Yulma Rocha Aguilar.

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Declino mi participación señor presidente, en

vista de que el diputado Zavala fue muy claro en su exposición.

-El C. Presidente: Continuando, tiene el uso de la voz el diputado J. Marco

Antonio Miranda Mazcorro.

PARA FIJAR SU POSTURA EN TORNO AL ASUNTO QUE SE DISCUTE,

INTERVIENE EL DIPUTADO J. MARCO ANTONIO MIRANDA MAZCORRO.

C. Dip. J. Marco Antonio Miranda Mazcorro: Con su permiso señor

presidente. Compañeras y compañeros diputados. Amigos de los medios de

comunicación. Señoras y señores. Público en general.

Constitucionalmente se nos ha otorgado la función de vigilar y mantener

informada a la sociedad, a la que nos debemos, con transparencia en las cuentas en


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el ejercicio de la función pública; con la finalidad de salvaguardar la vida social y

productiva, los derechos y el patrimonio de los ciudadanos.

Desde la sesión de la instalación, todos los integrantes de este Poder

Legislativo nos hemos pronunciado por la transparencia y la rendición de cuentas;

discurso que, sin duda, el señor gobernador también es bandera en cada uno de los

foros.

La prioridad es que exista responsabilidad en nuestras funciones, certeza y

confianza en la ciudadanía; no politicemos este tema, el objetivo es claro: brindar la

información necesaria y garantizar la transparencia en el ejercicio de las funciones

públicas.

El presente punto de acuerdo sobre la comisión plural, sin duda alguna se ha

debatido –de manera suficiente-, desde el punto de vista jurídico; que si es político o

no es político. Hoy, sin duda, la composición de las legislaturas en el ejercicio de la

democracia, nos da el rumbo de las mayorías sí y, a la mejor, en el rumbo de las

mayorías seguimos llevando posiciones y acuerdos tácitos en la función de cada

partido y de cada interés que cada partido tiene. Yo nada más les recuerdo algo, hoy

aquí los treinta y seis diputados nos debemos a la gente, nos debemos a la

ciudadanía; no nos debemos única y exclusivamente en la función a lo que hoy en

Guanajuato tenemos; hay 5 millones de guanajuatenses, 3.8 millones de electores;

un Guanajuato que, en educación, nos encontramos de tercero a cuarto lugar de

abajo hacia arriba; sí, tenemos márgenes de pobreza casi del 50% de la población y

no me quisiera meter para dar un diagnóstico de cómo está Guanajuato.

Hoy el interés para Nueva Alianza y para un servidor es esa gente de

Guanajuato que no tiene para comer, de esa gente que no tiene para vivir y que vive

en condiciones verdaderamente vergonzosas; por eso hoy Nueva Alianza se pronuncia

con esa posición de rendición de cuentas y de revisar el esquema que nos permita

crecer como estado, que no sea la parte individual de grupo, de partido la que nos

lleve a tener secuestrado a todo Guanajuato; por eso hoy Nueva Alianza se pronuncia

sí a que se abra y apelo a la voluntad individual de cada uno de los diputados y de las

diputadas a que sirvamos a los intereses de Guanajuato, a que sirvamos a los

intereses de los que menos tienen, a que atendamos los intereses de los que son

nuestra obligación, hoy no tenemos otra responsabilidad más que esa.

Se ha hablado de democracia, transparencia, rendición de cuentas: pero es el

momento de demostrarlo porque hoy el servidor público, los medios de comunicación

y la ciudadanía, se dan cuenta de la posición que asumimos de manera individual y de

manera partidista. Hoy, aparentemente podemos estar bien, pero quién sabe cuántos

puedan estar bien en el año 2015, en sus propias carreras políticas y lo que hoy cada

uno vote, es la trascendencia de eso; por eso Nueva Alianza se pronuncia por la

cultura de rendición de cuentas; ¡no es nada personal con nadie!, es una cultura que

la ciudadanía reclama y exige, es una ciudadanía que está al pendiente de los actos

del gobierno que hoy tiene; por eso invito a que cada uno, en el uso de su conciencia

y no en el uso del manipuleo; porque claramente se ve el corredero en los pasillos del


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Congreso de qué hay qué hacer y qué no hay qué hacer. Quien tenga correas de

transmisión que las tome, quien quiera ser libre, ¡que sea libre! Es cuánto presidente.

-El C. Presidente: Se instruye a la secretaría para que, en votación nominal

pregunte a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa.

-La Secretaria: En votación nominal se pregunta a las diputadas y diputados

si se aprueba la propuesta puesta a su consideración.

-El C. Presidente: A ver diputado Gerardo Zavala, ¿para qué efectos quiere el

uso de la voz?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Solicité el uso de la voz presidente,

antes de iniciar la votación.

-El C. Presidente: Sí. Dígame para qué efectos diputado.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Para efectos de hacer una moción y

conminar al diputado Juan Rendón que debe abstenerse de votar por tener interés

personal en el asunto en comento.

-El C. Presidente: Si pudiera precisar por qué diputado.


El artículo 180 establece:

«Artículo 180: Los empates en las votaciones que no sean para elegir

personas, se decidirán repitiéndose la discusión del asunto en el mismo día. Si

nuevamente resultara…« (no es el supuesto) para efectos de que debe abstenerse el

diputado Juan Rendón, en razón de que el exhorto procede para esos efectos porque

tiene interés particular en la investigación en actos de corrupción vinculados con el

DIF Estatal, según consta en el procedimiento con número de Folio DIS83/211 de la

Secretaría de la Gestión Pública por presunto ejercicio indebido de su cargo, como

jefe de la Unidad de Recursos Materiales en la comisión de adquisiciones indebidas,

usando la partida presupuestal 4105, Ayudas Culturales y Sociales.

Y un segundo procedimiento con folio DIS85/2011 de la Secretaría y Gestión

Pública por adjudicación indebida de contratos; el artículo 177 establece:

«Artículo 177. Un diputado podrá abstenerse de votar cuando fije una

posición política o tenga interés personal en el asunto« y el 183.

«Artículo 183: Ningún diputado podrá excusarse de votar estando en la sesión,

a no ser que tenga interés personal en el asunto y así lo justifique la Asamblea o haya

fijado su posición política.


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Tampoco podrá retirarse de la sesión durante las votaciones. «

Es esta conducta la que encuadra perfectamente en lo instituido en los

numerales jurídicos normativos que acabo de dar cita.

-El C. Presidente: En estos momentos diputado no está a discusión un

dictamen sobre cuenta pública; en este caso no procede diputado.

Diputada Yulma Rocha, ¿para qué efectos?

C. Dip. Yulma Rocha Aguilar: Yo le pido señor presidente, entonces, que si

usted le va a permitir la votación al diputado mencionado por el diputado Zavala, que

quede asentado en el acta, para nosotros revisar la ilegalidad, entonces, de la

votación en esta sesión.

-El C. Presidente: Siempre queda asentado diputada, ¡claro que sí!

Continuamos con la votación nominal.

-La Secretaría: En votación nominal, se pregunta a las diputadas y a los

diputados si se aprueba la propuesta puesta a su consideración.

(Votación)

Martínez Bocanegra, José Luis: Señor presidente, con fundamento en el

artículo 75, fracción II, párrafo segundo; artículo 177 y el artículo 183 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, fijo mi posición política, toda vez que ha quedado

demostrado, es público, notorio y la discusión así lo ha demostrado en este tema, que

la transparencia que se ha dicho en este Pleno, se ha politizado y el Partido de la

Revolución Democrática no es una fracción marginal en este Congreso; por ello, el

Punto de Acuerdo presentado en el punto número once del orden del día, demuestra

que el Partido de la Revolución Democrática va al fondo del asunto y no nos vamos

por la tangente; vamos a ponerle dientes a esos órganos jurisdiccionales y si no

funcionan, vayamos en la facultad de este Pleno, a las iniciativas que nos competen;

por ello, fijo mi posición política y me abstengo en este punto. Muchas gracias.

Miranda Arroyo, Ma. Juana Georgina: Con fundamento en el artículo 75, fracción

III, párrafo segundo; artículo 177 y el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, manifiesto mi abstención en virtud de que la materia de este punto fue

agotada al haber aprobado el Punto de Acuerdo presentado por mi fracción. Gracias.

Torres Rea, Ma. Guadalupe: Con fundamento en el artículo 75, fracción III, párrafo

segundo; artículo 177 y el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

manifiesto mi abstención en virtud de que la materia de este punto fue agotada al

haber aprobado el Punto de Acuerdo presentado por mi fracción. Arena Elizondo,

Jorge, sí. Sánchez Centeno, Ma. Guadalupe, sí. Contreras Guerrero, Sergio

Alejandro, sí, por la transparencia. Camacho Trejo Luna, Adrián, sí, por la

rendición de cuentas. Chávez Arredondo, Pedro, sí, porque se aclare la situación de

Guanajuato. Zavala Procell, José Gerardo, sí, por todos los argumentos fundados y


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motivados que quedaron esgrimidos en las disertaciones en tribuna. Orozco García,

Felipe de Jesús, sí, a favor de la transparencia. Arroyo Bello, Érika Lorena, sí a la

transparencia del estado, de la federación y de los municipios. Videgaray Verdad,

Jorge, sí. Luna Obregón, Luis Felipe, sí a la transparencia, no a la opacidad. No

más impunidad en Guanajuato Rocha Aguilar, Yulma, sí. Contreras Ramírez,

Francisco Javier, sí. López Ayala, José Juventino, no. Carrillo Villalpando,

Galo, no. García López, Juan José, no. Carmona Gómez, René, no. Hurtado

Cárdenas, Fernando, no. Campos Lango, Luz Daniel, no. Arroyo Delgado,

Óscar, por cuestiones políticas, no. González Saavedra, Javier, no. Guillén

Hernández, Juan Carlos, no. Ruiz Chico, Alfonso Guadalupe, no. Padilla Ávila,

Karina, no. López Camacho, Martín, obviamente, no. Rendón López, Juan, no.

Arreola Sánchez, Francisco, no. Miranda Mazcorro J. Marco Antonio, sí al a

transparencia y por la ciudadanía. Mejía Barreñada, Luis Manuel, no. Bernal

Cárdenas, Sergio Carlo, no. Lanuza Hernández, Karla Alejandrina, no. Vallejo

Rábago, Roberto Mauricio, sí.

-La Secretaría: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?

-El C. Presidente: Flores Solano, Francisco, no.

-La Secretaría: Señor presidente, le informo que se registraron 14 votos a

favor, 3 abstenciones y 18 votos en contra.

-El C. Presidente: La propuesta no se aprobó.


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL, INTERVIENE PARA

HABLAR SOBRE LA REFORMA MIGRATORIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA.



Compañeras y compañeros diputados, el día de ayer, tras varios meses de

negociaciones, por fin se presentó en el Senado de los Estados Unidos un proyecto de

ley migratoria hecho por una comisión senatorial bipartidista, que será la base para la

gran reforma integral que podría naturalizar a 11 millones de inmigrantes ilegales en

el futuro. Esta noticia causó alegría en muchos connacionales que tienen la esperanza

de legalizar su estancia en la unión americana y a sus familias en nuestro país. En

Guanajuato, uno de las principales entidades expulsoras de connacionales, el hecho

no pasa desapercibido porque afectará la vida de miles de paisanos.

La iniciativa que será analizada y que, seguramente, tendrá todavía algunos

cambios, es un proyecto que ya causa controversia porque condiciona la legalización

de los inmigrantes residentes en los Estados Unidos desde antes del 2012, a la mejora

de las condiciones de seguridad en la frontera con México, primordialmente y les

cancelarían parcialmente algunos beneficios del gobierno federal.

De igual forma, no significará -de modo alguno- una amnistía como lo

esperaban muchos connacionales; de forma clara en la iniciativa senatorial se indica

que nadie conseguirá amnistía y que cuando se hayan dado las condiciones de

seguridad reclamadas por los legisladores en la frontera sur, los inmigrantes podrán

presentarse, someterse y pasar la verificación de antecedentes; se les tomarán las

huellas digitales y tendrán que pagar dos mil dólares en multas por su residencia

ilegal en la Unión Americana; también deberán pagar impuestos, justificar un empleo

remunerado y demostrar que han tenido una presencia física en el vecino país del

norte anterior a 2012, entre otros criterios.

Los criminales y aquellos paisanos que no cumplan con estos criterios serán

deportados. La reforma migratoria indica, además, que los inmigrantes ilegales que se

acojan al programa de legalización, no tendrán seguridad alguna de alcanzar la

residencia permanente, pues su camino será mucho más difícil que aquellos

migrantes que ingresaron legalmente. Tendrán que esperar a que termine el proceso

de legalización de los migrantes legales, para poder ser considerados para residencia.

Además, deberán esperar -al menos 10- años para ser candidatos a una estancia

definitiva, siempre condicionado esto a las condiciones de seguridad fronteriza.

El caso de los menores que hayan ingresado a Estados Unidos ilegalmente,

junto con sus padres, podrán recibir la residencia definitiva en 5 años, pues se

considera que ellos no deben pagar por los errores de sus padres, según cita la

iniciativa de los senadores estadounidenses. De esta manera, la reforma migratoria

planteada es muy dura para los paisanos que entraron ilegalmente a los Estados

Unidos, pues de alguna forma los castiga por haber traspasado sus fronteras en busca


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del llamado sueño americano. Muchas familias quedarán fuera de estos beneficios o

las dividirán.

Ante lo que sucede en los Estados Unidos es hora de que, tanto el gobierno de

la República como el gobierno del estado, concilien esfuerzos y se apresten a

asesorar, ayudar y hasta presionar ante las autoridades estadounidenses para que se

respeten los derechos humanos de nuestros paisanos, haya una adecuada asesoría y

no se cometan deportaciones injustas o se pulvericen familias de residentes en

aquella nación.

También deberán estar muy atentas nuestras autoridades locales y federales a

prevenir, vigilar y sancionar aquellas conductas delictivas que oportunistas y

estafadores cometan contra nuestros migrantes, ofreciéndoles legalizaciones a partir

de que se apruebe la reforma migratoria. Los casos de fraude por parte de Chamba-

México nos ponen alerta ante este tipo de situaciones que resultan previsibles ante la

desinformación que seguramente se dará a partir de esta próxima reforma migratoria

en los Estados Unidos.

El gobierno mexicano deberá ser firme para establecer que el problema

migratorio corresponde a una condición binacional y multifactorial, pero que por

encima de eso, están los derechos humanos de esos millones de personas que

salieron un día de su casa en pos de un mejor modo de vida. En Guanajuato, es

tiempo de que el Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, deje

de ser un organismo de ornato y funcionarios fantasmales, que sólo se sume al

programa federal 3 X 1, que utiliza remesas de nuestros paisanos y haga efectiva

investigación sobre las condiciones de vida de los migrantes, amén de las tareas de

apoyo concreto en la defensa de sus derechos en territorio nacional y allende las

fronteras.

Así lo demandan los guanajuatenses que viven en Estados Unidos y que se

han pronunciado con dureza sobre el Instituto y los que están en nuestra entidad y

que no reciben apoyo directo cuando surgen problemas como los de Chamba-México.

No hay que fallarles. La reforma migratoria estadounidense que gravita, a fin de

cuentas, en las decisiones soberanas de aquella nación, marcará tiempos difíciles para

millones de paisanos, pero es ¡al fin! una puerta que permite aspirar a una mejor

estancia para ellos en la Unión Americana, pero también es un recordatorio de que en

nuestro territorio debemos hacer mucho más para evitar que nuestra gente se vaya.

Esa es nuestra tarea y más honor sería para Guanajuato dejar de estar entre los

estados más expulsores de paisanos, que ser uno de los que más remesas recibe, con

el sudor y sacrificio de tanto migrante guanajuatense. Por su atención, paciencia y

tolerancia –a los que me la pusieron-, muchas gracias. Es todo lo que tengo que

decir.


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL, INTERVIENE PARA HABLAR

SOBRE EL FRAUDE A MIGRANTES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con la anuencia de la mesa directiva.




fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 155 y 184

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Guanajuato, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea un Punto de

Acuerdo, con el propósito de formular un respetuoso exhorto al Titular del

Poder Ejecutivo Estatal, Lic. Miguel Márquez Márquez, para que por conducto

de las autoridades correspondientes, se proceda con el mayor rigor posible

en la investigación, persecución y, en su momento, la incoación del proceso

penal de los responsables y operadores de la empresa «Chamba-México »

que hayan incurrido en los hechos, acciones u omisiones constitutivas de los

delitos de fraude, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y

trata de personas de que son víctimas los migrantes guanajuatenses que

acudieron ante ellos por visas de trabajo para Estados Unidos y Canadá, así

como para que por conducto de las autoridades correspondientes, se proceda

a la difusión amplia, oportuna y efectiva; especialmente en las principales

regiones de origen de los migrantes jornaleros, de la información sobre los

procedimientos y las condiciones necesarias para la obtención de las visas de

trabajo que expiden los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, en

atención a los siguientes:

ANTECEDENTES

El Gobierno de los Estados Unidos de América desde 1943 y el de Canadá

desde hace pocos años, crearon las visas de trabajo, bajo diversas categorías, para

regular el ingreso temporal a esos países de los trabajadores con o sin experiencia, no

profesionales y sin un título académico, provenientes de cierto número de naciones,

entre las que está México.

Estas visas están sujetas a la petición de empleadores estadounidenses o

canadienses a sus gobiernos, de un número determinado de trabajadores, para cubrir

la mano de obra faltante en actividades preponderantemente agrícolas y

agroindustriales. El pago del costo de la visa y el transporte del jornalero


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corresponden al empresario contratante y no al trabajador, cuando el gobierno ha

aprobado la petición empresarial.

Organizaciones no Gubernamentales en los Estados Unidos de América, como

el Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas, Global de Justicia para los

Trabajadores y la Unión de Trabajadores del Campo, entre otros, han documentado

con estudios elaborados desde 2010 la recurrencia de situaciones de fraude o abuso

contra los migrantes desde sus países de origen, al pretender éstos obtener visas

para trabajar temporalmente en aquellos países norteamericanos.

Muchos trabajadores encuestados informaron que pagaron por sus visas de

trabajo o transporte a los Estados Unidos o Canadá, cuando no debieron hacerlo. Los

intermediarios se quedaron con el dinero de los trabajadores.

Si bien, este antecedente es negativo, no ha sido el peor, pues se detectaron

empresas que ofrecieron visas de trabajo y simplemente se llevaron el dinero de los

trabajadores y, sin entregar los documentos migratorios, huyendo y desapareciendo

de los puntos donde defraudaron a los migrantes.

En los últimos días, en diversos puntos del país, pero sobre todo en

Guanajuato, se han documentado casos de fraude contra paisanos que esperanzados

en un trabajo en los campos estadounidenses o canadienses, acudieron ante la

empresa «Chamba-México« y pagaron 7 mil pesos por una visa de trabajo. Su dinero

se esfumó y jamás les cumplieron lo prometido.

Hoy, ya hay algunas decenas de denuncias penales contra quienes resulten

responsables de semejante fraude, pero los casos aumentan día a día por todo el

estado.

Lo más lamentable de esta circunstancia es que las autoridades del Instituto

Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, poco o nada hicieron

por prevenir este tipo de hechos, a pesar de que, por ser funcionarios adscritos a la

vigilancia del fenómeno migratorio, deberían conocer los peligros de fraude que año

con año se ciernen sobre los migrantes, por diversos antecedentes. No sólo eso, a

principios de año, la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención al

Migrante (CONOFAM), advirtió en tiempo y forma a las instituciones estatales del

ramo, de supuestos reclutadores encargados de revisar el »récord criminal» y otorgar

trabajo en Estados Unidos o Canadá que se estaban instalando en diversas ciudades,

según informó el gobierno de Oaxaca. Sin embargo, no se hizo nada en Guanajuato,

no hubo medidas preventivas ni advertencias a los migrantes locales.


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Lo que es más increíble, es que en la ciudad de Irapuato, un funcionario

municipal de Desarrollo Rural, promovió a la empresa defraudadora «Chamba-

México« entre los campesinos irapuatenses desde la dependencia. Y no sólo eso, una

sobrina suya trabajaba en dicha empresa.

De igual forma, cuando comenzaron a presentarse los casos de defraudación,

el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, en lugar de

adentrarse en las circunstancias, hacer revisiones y colaborar de la mano de los

afectados, se convirtió en una dependencia que sólo recomendó a los defraudados

acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado a presentar sus denuncias

penales.

Por ello, es importante indicar que la principal causa de que aquellos que

pretenden obtener una visa temporal de trabajo sean engañados por supuestos

reclutadores e intermediarios, se debe a la falta de información que existe sobre el

mecanismo para poder obtener dicha visa y al desconocimiento por parte de los

trabajadores interesados en obtenerla, de que la misma no representa gasto alguno

para ellos, sino que los gastos del trámite y el transporte deben ser cubiertos por los

empresarios estadounidenses contratantes.

Esta es una de las tareas de prevención a la que debió abocarse el Instituto

Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, una dependencia que sí

es pronta, eso sí, a administrar las remesas que le envían los migrantes en el

extranjero para proyectos asistencialistas, pero que no es capaz de investigar,

divulgar y difundir lo tocante al fenómeno migratorio y mucho menos atender

realmente a los paisanos cuando tienen verdaderos problemas como el de la

defraudación.

Esta práctica recurrente contra los solicitantes de la visa temporal de trabajo,

afecta de manera especial a un sector vulnerable de la población y el ejercicio de sus

derechos humanos, además de que contribuye al desarrollo de una situación de

inseguridad y de impunidad que no se ha podido solucionar hasta la presente fecha.

Dicho clima de inseguridad y de impunidad se genera ante la indiferencia de

las autoridades, que deben cumplir con la obligación de asumir dicha problemática de

manera preventiva y ahora, hecho el daño, al investigar y perseguir a los

reclutadores, intermediarios y hasta a los empleadores falsos, que incurren en

acciones, omisiones constitutivas de los delitos de fraude, falsificación de

documentos, uso de documentos falsos y hasta con trata de personas.


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Este no es un problema nuevo. Se ha demostrado que se repite al paso de los

años. Y frente al gozo que representa para las autoridades informar que cada año se

reciben más de 2 mil millones de dólares en remesas en Guanajuato, que atemperan

la pobreza local, siguen sin hacer lo necesario para que no haya este tipo de fraudes

contra los trabajadores que salen en busca del alimento para sus familias allende la

frontera.

Es pertinente pues, que se proceda anualmente a la realización de amplias

campañas informativas sobre las condiciones de expedición de las visas temporales de

trabajo; que se hagan acuerdos con las autoridades correspondientes para que se

validen las oficinas que podrán hacer exclusivamente este tipo de trámites en la

localidad; que se ejerza vigilancia en el mercado laboral y se sancione a empresas

que prometan visas de manera irregular. Tareas que ayudarían en mucho a erradicar

estas situaciones lamentables como la generada por la fraudulenta empresa

»Chamba-México»

Es importante citar que estas campañas no sólo deberán ser por Internet, pues

la población migrante, de acuerdo a las estadísticas, generalmente no cuenta con

acceso a estas tecnologías de la información.

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional, desde esta tribuna, sometemos a la consideración

de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del

Estado de Guanajuato expresa su profunda preocupación por la fraudulenta

venta de visas temporales de trabajo a jornaleros guanajuatenses, por parte

de supuestos reclutadores, intermediarios y empleadores en distintos

municipios de nuestra entidad; y formula respetuosamente un exhorto al

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, Lic. Miguel Márquez Márquez, para que

por el conducto de las autoridades correspondientes, se proceda con el

mayor rigor posible en la investigación, persecución y, en su momento, la

incoación del proceso penal de los responsables y operadores de la empresa

“Chamba-México” que hayan incurrido en los hechos, acciones u omisiones

constitutivas de los delitos de fraude, falsificación de documentos, uso de

documentos falsos y trata de personas de que son víctimas los migrantes

guanajuatenses que acudieron ante ellos por visas de trabajo para Estados

Unidos y Canadá.

SEGUNDO. La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del

Estado de Guanajuato exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal, Lic.

Miguel Márquez Márquez, para que instruya a las autoridades


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correspondientes se proceda a la difusión amplia, oportuna y efectiva,

especialmente en las principales regiones de origen de los migrantes

jornaleros guanajuatenses, de la información sobre el procedimiento y las

condiciones necesarias para la obtención de visas temporales de trabajo

expedidas por los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá.

Es todo lo que deseo decir, gracias.


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LECTURA DE LA INICIATIVA FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS


REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A EFECTO DE REFORMAR Y ADICIONAR

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO Y

LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.



(Leyendo)

»DIPUTADO FRANCISCO FLORES SOLANO. PRESIDENTE DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. PRESENTE.

Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido


Estado de Guanajuato, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 56

fracción II y 63 fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y

146 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano

de Guanajuato, nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta H.

Asamblea Legislativa la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforma la fracción XII del artículo 2, el primer párrafo del artículo 6 y se

deroga el segundo párrafo del citado artículo, el párrafo tercero del artículo

9, se reforman las fracciones III y V del artículo 12, se adiciona un tercer

párrafo y se recorren los párrafos subsecuentes del artículo 6, el párrafo

tercero del artículo 7, un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 15,

corriéndose el numeral de las fracciones subsecuentes, además se adicionan

las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 30, todos de la Ley de

Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de conformidad

con la siguiente:


Si alguna asignatura tiene importancia en el ámbito de la administración

estatal es el de las finanzas públicas que constituyen uno de los ejes prioritarios para

el desarrollo, cuya adecuada conducción, corresponde al Estado para realizar

fundamentalmente los proyectos de interés social.

En consecuencia, las finanzas públicas comprenden los sub-sistemas

recaudatorios, distributivos y de supervisión de los recursos con los que el gobierno

diseña sus acciones, emprende sus tareas y logra su objeto.

Por ello, ningún problema de la política pública resulta más crucial y complejo

que la disciplina financiera, íntimamente relacionada con el tratado óptimo de los

recursos públicos, la provisión de los bienes y servicios públicos y la distribución de la

riqueza de la sociedad para incrementar su bienestar y calidad de vida en función de

la fortaleza de su hacienda pública.


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Es en esta última, en la que reside revisar con seriedad y rigor las alternativas

del financiamiento como el endeudamiento público, sobre todo a partir del elevado

monto de la deuda pública, la cual puede poner en riesgo la sostenibilidad de las

finanzas públicas locales, debido a que las obligaciones financieras de estados y

municipios se cubren, en su gran mayoría, con cargo en las participaciones fiscales

que representaron tan solo al finalizar la primera década del presente siglo, el 42.5%

del total de los recursos federalizados.

Analistas de la materia, señalan que el acelerado ritmo de crecimiento de la

deuda sub-nacional en su conjunto obedece a problemas de índole estructural como

son: la elevada dependencia de los recursos de origen federal y debilidad de los

ingresos obtenidos de la recaudación propia; las limitadas facultades y capacidades

recaudatorias de los gobiernos locales; la política de gasto local con déficit

presupuestario y primario crecientes; la corrupción y la malversación de los fondos

públicos; la regulación débil, insuficiente e imprecisa de la deuda pública; y la

opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos

mediante financiamiento, especialmente de los municipios, a un desorden financiero y

la mala administración de las haciendas locales, así como a factores coyunturales que

representa la excesiva contratación de créditos a corto plazo, sobre todo con la banca

comercial, lo que significa que operan en un marco institucional muy frágil y

especulativo que representan graves riesgos para la estabilidad macro-económica del

país, en el crecimiento de la deuda local también han influido la mayor oferta y las

nuevas opciones para obtener financiamiento con garantía y fuente de pago en las

participaciones fiscales, principalmente.

Circunstancias que nos conllevan a implementar una reforma que permita

establecer normas claras y unificadas aplicables para los tres niveles de gobierno, y

encausar la deuda de forma responsable y ordenada mediante un programa de

distribución financiera para Estados y Municipios que establezcan mejores controles

de gasto operacional del manejo de las finanzas públicas y de los pasivos bancarios,

de índole de corto plazo.

Del análisis de la deuda de las entidades federativas y de los municipios

publicado por la Auditoría Superior de la Federación en Agosto del 2012, se desprende

que el endeudamiento subnacional creció precipitadamente entre 2008 y 2011, de

203,070.2 millones de pesos a 390,777.5 millones de pesos, es decir, a una tasa

nominal de 92.4% y real de 67.9%, luego entonces, entre el cierre de 2011 y el

primer semestre de 2012 la deuda pasó de 390,777.5 millones de pesos a 404,409.5

millones de pesos con una aumento absoluto de 13,632.0 millones de pesos con un

porcentaje real del 2.7%.

En siete estados se concentró el 78.8% del aumento de la deuda durante el

primer semestre de 2012, en particular respecto de la deuda municipal se reportó que

entre el cierre de 2011 y junio del 2012, se incrementó de 44,124.7 millones de pesos

a 44,859.1 millones de pesos, una diferencia de 734,4 millones de pesos, con una

variación real de 0.9%, estas cifras nos indican que del total de la deuda sub-nacional


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al primer semestre de 2012 (404,409.5 mdp) la de los municipios representó el

11.1% y del aumento total absoluto en veintiún municipios de trece entidades se

concentra el 49.2% (22,050.8 mdp) de la deuda municipal a diciembre de 2012.

Para ahondar más sobre el estado que guarda el endeudamiento de los

municipios en el estado de Guanajuato así como del gobierno del estado, presentamos

la siguiente radiografía que ha presentado el Órgano de Fiscalización Superior a

diciembre de 2012: La deuda pública total del estado de Guanajuato asciende a la

cantidad de 8,074,119,044.85 (Ocho Mil Setenta y Cuatro Millones ciento diecinueve

mil Cuarenta y cuatro Pesos con 85 Centavos), correspondiéndole al Ejecutivo Estatal

$6,278,261,933.00 (Seis Mil Doscientos Setenta y Ocho Millones Doscientos Sesenta y

Un Mil novecientos Treinta y Tres Pesos), y el resto a los municipios de la entidad

según información oficial publica, como sigue:

Abasolo 6,991,596.50; Acámbaro 10,239,016.64; Apaseo el Grande

6,710,853.00; Celaya 29,906,014.72; Comonfort 14,608,945.00; Cuerámaro

7,279,768.76; Doctor Mora 4,082,886.70; Guanajuato 39,400,027.56; Irapuato

300,223,953.59; Jerécuaro 2,088,685.65; León 226,994,716.00; Pénjamo

31,111,112.00; Salamanca 30,235,400.00; San Francisco del Rincón 30,333,336.00;

San Miguel de Allende 60,088,287.49; Silao 62,226,840.00; Tarandacuao

4,495,523.58; Tarimoro 5,978,053.42; Valle de Santiago 8,412,595.38; Villagrán

5,126,030.40; Yuriria 8,125,211.31.

Más la deuda pública de los organismos públicos descentralizados: JUMAPA de

Celaya 37,281,723.88; JAPAMI de Irapuato 11,625,000.00; CMAPAS de Salamanca

35,167,657.32; SAPA de Salvatierra 966,017.69; SAPA de San Francisco del Rincón

3,130,260.06; y la deuda indirecta de León de 813´027,599.83 (754,490,819.24 del

Municipio y 58,536,780.59 del organismo operador del agua).

De los datos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación y el

Órgano de Fiscalización Superior, se infiere que de persistir el vertiginoso incremento

de las obligaciones financieras en la entidad y municipios, sobre todo aquellos con

mayores restricciones en sus finanzas públicas serían necesarias medidas urgentes de

ajuste fiscal, de restructura y refinanciamiento de la deuda así como la demanda de

recursos federales para solventar la carga financiera de sus pasivos y de la deuda

pública, lo que reiteramos afectaría gravemente la estabilidad económica de la nación.

Guanajuato afortunadamente no se ubica aun entre los estados con mayores

problemas por endeudamiento, sin embargo las tendencias de acumulación de pasivos

y las malas prácticas financieras podrían colocar pronto a nuestra entidad y

municipios en problemas de insolvencia o comprometer la gestión pública y el

desarrollo de la comunidad.

Sin menoscabo a las reformas, modificaciones o adiciones que se proponga

realizar el Congreso de la Unión para establecer las reglas de prudencia financiera que

busquen asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, las fuentes de repago y el

uso eficiente de los créditos mediante el establecimiento de límites al uso de los


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recursos y restricciones al endeudamiento, las entidades federativas debemos,

concomitante al quehacer legislativo federal, asumir nuestra corresponsabilidad

parlamentaria para que los congresos estatales formulemos las iniciativas necesarias

para la armonización y adecuación de nuestros ordenamientos legales.

La presente iniciativa abona a la disciplina fiscal; a la clara definición del

destino de los recursos obtenidos vía endeudamiento; al análisis de la viabilidad

financiera y solvencia del gobierno estatal y los municipios; y al compromiso con la

transparencia y rendición de cuentas.

Nuestra propuesta legislativa refiere plantea reformar el artículo 2 la fracción

XII de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para

adecuar a su esencia la definición de inversiones públicas productivas, por considerar

que la amplitud de los anteriores elementos conceptuales resultaban permisivos para

el destino de recursos por endeudamiento a actividades ajenas al deber ser de una

inversión pública que rinda un beneficio directo o producto a favor de todos los

guanajuatenses.

Por otra parte, se reforma el artículo 6 en su párrafo primero para establecer

un límite máximo de endeudamiento hasta por el monto neto del 30% de su

presupuesto autorizado, derogándose su segundo párrafo, el cual establecía la

facultad discrecional del Congreso del Estado para autorizar nuevos endeudamientos,

que contravenía el propósito de cuidar el sobreendeudamiento municipal a partir del

anterior límite porcentual.

Así mismo, se adiciona un párrafo tercero que establece que para la calificación

de solvencia del ente público que será sujeto de endeudamiento, éste no podrá

reportar los fondos de las aportaciones federales ya etiquetadas, así como otros

recursos comprometidos en su contabilidad de ingresos, como fuentes económicas

que respalden su viabilidad financiera frente a futuros compromisos de deuda, en

razón de que se genera una ficción de fortaleza financiera ante los nuevos

compromisos por deuda, con ingresos que ya están asignados y que finalmente no

podrán destinarse al pago del empréstito.

Por lo que toca a la propuesta de reforma al artículo 7 se incluyó un tercer

párrafo en el sentido de acompañar a la solicitud informes correspondientes a los

compromisos que no se consideran deuda pública, pero que si impactan en la

disponibilidad de recursos en los estados financieros de los solicitantes de deuda.

En lo que corresponde a la reforma al artículo 9, se sanciona al funcionario

público que desvíe recursos provenientes de endeudamiento para proyectos de

inversión pública productiva a otros fines; la sanción se dirige a la recuperación del

recurso a través de la reparación del daño con recursos personales del infractor. Esta

medida busca desestimular los frecuentes desvíos de recursos en este rubro que se

han generado en otras administraciones.


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Se propone de igual forma la modificación del artículo 12 en su inciso III, al

establecer como facultad del Congreso del Estado aprobar endeudamiento de las

entidades públicas ahí señaladas, siempre y cuando se haya demostrado la solvencia

y viabilidad financiera que acredite fehacientemente la fuente de pago del servicio de

deuda a contraer, previo análisis pormenorizado de los estados financieros del ente

solicitante.

Así como del inciso V del mismo artículo a fin de que el Poder Ejecutivo del

Estado y los Ayuntamientos puedan afectar como garantía de pago las aportaciones

que no estén etiquetadas u otros ingresos no comprometidos, así como señalar la

obligación de que se remita al Congreso del Estado la documentación que acredite su

solvencia y viabilidad financiera para su riguroso análisis.

También se propone la reforma del artículo 15 con la adición de un segundo

párrafo al inciso VII para establecer límite a la temporalidad en que deberán los

Ayuntamientos responder los requerimientos que les haga el Congreso del Estado

respecto a sus operaciones financieras en materia de deuda pública.

Finalmente, se propone la modificación del artículo 30 adicionando los incisos

V, VI, VII y VIII para que la solicitud de endeudamiento del Ejecutivo del estado o los

Ayuntamientos contenga requisitos que informen con claridad sobre la capacidad

financiera de pago del futuro deudor, a través del conocimiento de sus compromisos

ya contraídos con diferentes instrumentos financieros como los proyectos de

prestación de servicios, entre otros, y la presentación de un Estado Financiero que

contenga sus ingresos fiscales desglosados, especificando las aportaciones federales

ya comprometidas; historial crediticio con entes públicos y privados, así como de

pagos; fuentes de financiamiento que serán base para el pago de la deuda y la

corrida financiera correspondiente; además deberán presentar acciones de restricción

del gasto corriente, un programa que muestre los objetivos, líneas de acción y metas

para el fortalecimiento de sus ingresos en el corto y mediano plazo y finalmente

información sobre los proyectos ejecutivos que soporten la inversión pública

productiva para la que se solicita el empréstito.

La iniciativa en apego a los principios de una disciplina financiera, busca en el

marco del Pacto por México, adecuarse a los propósitos nacionales.

Por lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta

H. Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. se reforma la fracción XII del artículo 2, el primer párrafo

del artículo 6 y se deroga el segundo párrafo del citado artículo, el párrafo tercero del

artículo 9, se reforman las fracciones III y V del artículo 12, se adiciona un tercer

párrafo y se recorren los párrafos subsecuentes del artículo 6, el párrafo tercero del

artículo 7, un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 15, corriéndose el numeral

de las fracciones subsecuentes, además se adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII,


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IX, X y XI del artículo 30, todos de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los

Municipios de Guanajuato, para quedar como sigue:


I… a XI…

XII. Inversión Pública Productiva. Son las operaciones de carácter económico y

social destinadas a:

a) Proyectos técnicos que representen la posibilidad de incremento a los

ingresos del estado o los municipios;

b) Ejecución de obras públicas;

c) Adquisición de bienes muebles o inmuebles para la prestación de servicios

que tengan como propósito un incremento en los ingresos públicos;

d) Para refinanciar o reestructurar deuda a cargo del estado o los municipios;

XIII…. a XV…

ARTÍCULO 6. El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, previa

autorización del Congreso del Estado, podrán contratar deuda directa en los términos

de esta Ley, hasta por el monto neto del 30% del importe total de sus respectivos

presupuestos de egresos autorizados por el ejercicio fiscal en el que se contrate el

crédito, sin considerar los recursos obtenidos de los mismos.

(Derogado)

Para la calificación de solvencia del ente público que será sujeto de

endeudamiento, éste no podrá reportar los fondos de las aportaciones federales ya

etiquetadas, así como otros recursos comprometidos en su contabilidad de ingresos,

como fuentes económicas que respalden su viabilidad financiera frente a futuros

compromisos de deuda.

Las entidades públicas…

Las entidades públicas deberán programar un superávit…

ARTÍCULO 7. No constituirá deuda pública o municipal:

No constituirá deuda pública…

Para el análisis de deuda se deberá acompañar a la solicitud la información

generada por las obligaciones y compromisos referidos en los párrafos anteriores.


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ARTÍCULO 9. Queda prohibido en general realizar cualquier operación de

crédito público para financiar gasto corriente, con excepción de lo previsto de los

artículos 7 y 12 de esta ley.

Las operaciones de crédito público…

La desviación de los recursos procedentes de financiamiento o constitutivos de

deuda pública será responsabilidad del titular de la entidad contratante, por lo que

éste responderá con su patrimonio de la cantidad desviada, independientemente de

las sanciones que le también le sean aplicables.

ARTÍCULO 12. El Congreso del Estado tendrá las siguientes facultades y

obligaciones:

I… a II…

III. Autorizar previo examen, las solicitudes de endeudamiento de las

entidades públicas previstas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 3 de esta Ley,

previo análisis pormenorizado del estado real que guardan los estados financieros del

ente solicitante por parte de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del

Congreso del Estado y se demuestre su solvencia y viabilidad financiera que acredite

fehacientemente la fuente de pago del servicio de la deuda a contraer.

IV…

V. Autorizar al Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos para afectar

en garantía, como fuente de pago, o en administración, los ingresos presentes o

futuros o aquéllos que tengan derecho a percibir en participaciones federales,

aportaciones que no estén etiquetadas o ingresos propios, de cualquier naturaleza,

sean derechos, productos, aprovechamientos, impuestos o cualquier otro ingreso no

comprometido. Para tal efecto, el ente solicitante deberá remitir a la Unidad de

Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado la documentación que

acredite su solvencia y viabilidad financiera.

VI… a X…

ARTÍCULO 15. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades y

obligaciones:

I… a VI…

VII. Proporcionar la información que el Congreso del Estado le requiera de

acuerdo a esta Ley, en relación con las operaciones de deuda pública, así como la que

le solicite el Ejecutivo del Estado, respecto de los empréstitos en que éste se hubiese

constituido como su garante o para efectos de registro.


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El ayuntamiento contará con un término de cinco días hábiles, para cumplir

con el requerimiento formulado por el Congreso del Estado, en caso de no cumplir, se

le tendrá por desechada su solicitud;

VIII. Afectar, previa…

IX. Autorizar en el presupuesto…

X. Integrar e inscribir

XI. Las demás…

ARTÍCULO 30. La solicitud que el Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos

presenten al Congreso del Estado para la autorización de un empréstito, deberá

contener los siguientes requisitos:

I… a IV...

V. Remitir informe sobre su deuda a corto plazo;

VI. Remitirá sus obligaciones existentes con la Federación u otros entes

públicos;

VII. Remitir si tiene compromisos de pago plurianuales que se deriven de los

contratos de proyectos de prestación de servicios, por qué montos y a qué tiempo;

VIII. Remitir Estado Financiero que contenga sus ingresos fiscales desglosados,

especificando las aportaciones federales ya comprometidas; historial crediticio con

entes públicos y privados, así como de pagos; fuentes de financiamiento que serán

base para el pago de la deuda y la corrida financiera correspondiente;

IX. Las acciones de restricción del gasto corriente de la administración

solicitante;

X. Programa que muestre los objetivos, líneas de acción y metas para el

fortalecimiento de sus ingresos en el corto y mediano plazo; y

XI. Los proyectos ejecutivos que soporten la inversión pública productiva para

la que se solicita el empréstito.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigencia al cuarto día siguiente al de

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, Gto., 26 de febrero de 2013. Las Diputadas y los Diputados



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Francisco Javier Contreras Ramírez, Dip. Yulma Rocha Aguilar, Dip. Érika

Lorena Arroyo Bello, Dip. Adrián Camacho Trejo Luna, Dip. Felipe de Jesús

Orozco García, Dip. Guillermo Romo Méndez, Dip. Jorge Videgaray Verdad,

Dip. José Gerardo Zavala Procell, Dip. Luis Felipe Luna Obregón, Dip. Pedro

Chávez Arredondo, Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago. «


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL, PARTICIPA PARA

REALIZAR UN EXHORTO AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL

DEL AGUA.




Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de

Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 63 fracción II de la

Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 184 fracción III de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea un Punto de Acuerdo por medio del cual

se exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua, David

Korenfeld Federman, a evaluar las condiciones físicas y estructurales en que

se encuentra la presa El Conejo II ubicada en el municipio de Irapuato, para

reforzar su bordo y de ser factible, previo diagnóstico, adecuarla físicamente

para convertirla en una Presa de Almacenamiento y Control de Avenidas, en

atención a los siguientes:

ANTECEDENTES

La sequía se puede definir como una anomalía transitoria en la que la

disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos estadísticos de un

área geográfica dada. El agua no es suficiente para abastecer las necesidades de las

plantas, los animales y los humanos.

La causa principal de toda sequía es la falta de lluvias o precipitaciones, este

fenómeno se denomina sequía meteorológica y si perdura, deriva en una sequía

hidrológica caracterizada por la desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y

las demandas naturales de agua. En casos extremos se puede llegar a la aridez.

Derivado de factores como la deforestación, la sobre explotación de mantos

freáticos (a consecuencia del crecimiento de la población y la industria); y la vigencia

de un tratado que obliga literalmente a transferir la gran parte del agua que captan

nuestras presas y bordos al Estado de Jalisco. Guanajuato está experimentando un

severo problema de insuficiencia de agua.

Lo anterior no es una aseveración de un servidor; en marzo de 2012, la

Secretaría de Gobernación declaró 28 de los 46 municipios del estado en desastre

natural por la sequía, entre ellos León, Celaya e Irapuato.

En el caso del municipio de Irapuato, el tema nos lleva a encender focos rojos

y poner especial atención:


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No se tienen precipitaciones significativas desde el año 2009, y la ausencia de

lluvias representa pérdidas por alrededor de cuatro mil hectáreas al año, además de

la muerte de miles de cabezas de ganado.

Pero esta problemática no solo tiene consecuencias agrícolas: La sequía azota

con mayor fuerza la zona norte del municipio, donde se encuentran las comunidades

más pobres como El Garbanzo, Cañada de la Muerte, y el Comedero, entre otras. La

ciudad ya experimenta, según estudios, alteraciones climáticas y evidentes

hundimientos por sobre explotación de mantos acuíferos.

Irapuato ha pasado de la fase de sequía meteorológica a la fase de sequía

hidrológica, con el riesgo que de no tomar acciones, la otrora próspera región fresera

llegue a su fase de aridez.

No omitimos decir que nuestras autoridades han dado pasos buscando revertir

esta problemática; entre ellos, ser el primer municipio de Guanajuato en hacer su

Plan de Acción Climática Municipal, que contempla trabajos como crear conciencia en

el uso del vehículo, cuidar el gasto de energía, contemplar la construcción de ciclo

vías, plantación de árboles y la atracción de los mantos freáticos.

Sin embargo, estas acciones a mediano y largo plazo pueden y deben ser

complementadas con una obra hidráulica de alto impacto; obra que previo diagnóstico

de la infraestructura ya existente, podría tal vez tener la nobleza de ser una inversión

poco onerosa si puede transformarse lo que ya tenemos.

En este punto es importante reconocer que, a pesar de la sequía actual,

Irapuato tiene una larga historia de inundaciones por las condiciones hidrológicas de

su territorio.

Con el fin de proteger a la ciudad de Irapuato de los escurrimientos pluviales

se han construido obras hidráulicas de regulación, almacenamiento y/o infiltración,

aguas arriba de los principales elementos hidrográficos como la presa La Purísima y

derivadora como La Garrida, sobre el curso del río Guanajuato; la presa El Conejo II,

sobre el río Silao y la presa de Ortega sobre el río Temascatío.

Dentro de este conjunto de obras destaca la presa El Conejo II construida en el

año de 1975, cuyo propósito es el control de avenidas. Sin embargo, actualmente

tiene un fuerte deterioro, a pesar del registro en 2009 de inversión de CONAGUA para

rehabilitar su cortina.

Este vaso no ha sido empleado en su total capacidad para los fines de

contención por las condiciones de sequía. Si fuera posible convertirla en una presa de

almacenamiento y control de avenidas, que permitiera reservar agua para fines

agropecuarios y hasta para uso humano, ayudaría a sortear las nuevas condiciones

climáticas, lo cual servirá para la recuperación de los mantos acuíferos.


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Por esta razón y porque sabemos que un proyecto de este tipo requiere

profundos estudios, solicitamos que la Comisión Nacional del Agua haga un completo

diagnóstico a este vaso; que determine la viabilidad de usar la presa para un fin más

ambicioso y productivo.

Nos preguntamos si la presa tiene condiciones de su estructura óptimas para

este cambio de uso; si las condiciones hidrográficas lo permiten al igual que su

entorno geológico y si no existe un alto riesgo por las condiciones del subsuelo.

En este sentido nos cuestionamos si no es oportuno aplicar modernos métodos

indirectos de exploración tales como: el radar de penetración terrestre, la gravimetría,

la tomografía eléctrica, el electromagnetismo y los registros geofísicos de pozo; que

permitan una más fiel caracterización del subsuelo.

La respuesta sólo pueden darla a los irapuatenses los expertos de la Comisión

Nacional del Agua.

De existir las condiciones geológicas, hidrológicas y estructurales en la presa El

Conejo II, su rehabilitación representaría una obra de altísimo impacto en beneficio de

la agricultura y ganadería de la región, así como una importante reserva de agua (con

todos los beneficios que implica), para un municipio que sufre su carencia, toda vez

que esta presa tiene una respetable capacidad, alimentada por los escurrimientos de

los Cerros de Arandas, Cerro del Veinte y parte del municipio de Romita.

Siendo otras las condiciones y necesidades actuales, ponemos a la

consideración de la asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Artículo Único. Se exhorta al Director General de la Comisión Nacional del

Agua, David Korenfeld Federman, a evaluar las condiciones físicas y estructurales en

que se encuentra la presa El Conejo II ubicada en el municipio de Irapuato, para

reforzar su bordo y de ser factible, previo diagnóstico, adecuarla físicamente para

convertirla en una Presa de Almacenamiento y Control de Avenidas.

Por su atención y su tolerancia, muchas gracias.


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CONTESTAR ALUSIONES PERSONALES RESPECTO A LA DESTITUCIÓN DEL

CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Qué bueno que nos viene a presumir

el diputado que accedió a esta responsabilidad por la vía de la mayoría relativa!; pero

déjeme decirle que no es motivo de denostación la vía por la cual accedimos, la ley

está diseñada para que todas las representaciones partidarias tengan una

representación en este Poder Legislativo. ¡Eso no lo hace a usted más, ni a mí

menos!, lo que nos hace más o menos es la calidad del argumento con que se viene a

debatir en esta tribuna, es la capacidad de venir a aportar, es la cantidad de

iniciativas que van a trastocar la calidad de vida de los guanajuatenses; ¡eso sí nos

hace diferentes! ¡Eso sí nos hace diferentes! Y puede haber diputados altamente

productivos y comprometidos con la sociedad; y puede haber otros que se la llevan de

a muertito, como usted comprenderá amigo, como usted comprenderá, viene a usted

a exhibir su ignorancia porque no conoce el alcance contenido del artículo 16 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, ¡yo sí me lo sé! Y dice que todos los diputados, (los

36) no dice Zavala no porque él llegó por el principio de representación proporcional,

aquí no hay distingo, si usted tiene otra ley enséñemela por favor y se lo voy a leer

para que exhiba más nítidamente la falta de conocimiento del presente precepto:

»Los diputados tienen la misma categoría e iguales derechos, obligaciones y

garantías; los cuales serán efectivos a partir de que rindan protesta de la ley» ¿Ve

cómo no somos diferentes ante la ley? De que el hecho de que usted ganó una

contienda y accedió a esta alta responsabilidad por la vía de la mayoría y yo por la vía

de representación proporcional; lo que nos hace diferentes es la calidad del

argumento, la capacidad que tenemos de abonarle al sano desarrollo armónico a los

cinco millones y medio de guanajuatenses; aquí sí lo invito a que me diga que usted

es superior, muy superior a mí, ¡ojalá que lo logre! Porque eso me va a obligar a dar

mi mayor esfuerzo. ¡Mi estimación y reconocimiento de siempre diputado!


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL CONTESTA ALUSIONES

PERSONALES AL DIPUTADO SERGIO CARLO BERNAL CÁRDENAS, EN EL TEMA

DE DESTITUCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE,

GTO.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con mucho gusto diputado Bernal.

¡Efectivamente yo fui contralor del municipio de Irapuato 1998-2000! Fui el primer

contralor con las facultades que ahora tiene como órgano de fiscalización; antes el

contralor era un auditor interno que no tenía las facultades; la lucha por convertir a la

figura del contralor como funcionario del primer nivel, a la misma categoría jerárquica

que el tesorero y el secretario, fue una lucha conseguida por el Partido Acción

Nacional. Quería que el contralor no fuera juez y parte, que vigilara y eso fue

precisamente lo que me dediqué a hacer señor Bernal, en mi calidad de contralor en

Irapuato. Seguramente usted era muy joven, -todavía lo es-, pero antes era más

joven porque estamos hablando de hace diez, doce años y usted andaba ocupada en

las aficiones propias de su juventud; por eso no recuerda que gracias a la actuación

de la contraloría se destituyó a todo el Consejo de CAPAMI compuesto por

funcionarios del Partido Acción Nacional por corrupción y los sustituyó el señor

Salvador Pérez Godínez, primer presidente panista en Irapuato y lo destituyó gracias

a una información que yo le di respetando el acuerdo de las tres fuerzas políticas de

que primero le informara al presidente, no fui a la prensa a divulgarlo; fue con

Salvador Pérez Godínez y le dije hay esto de la auditoría que me ordenaron la mitad

de la fracción, ¿de qué partido creen?, de Acción Nacional. Y fue gracias a la actuación

de la contraloría cuando se destituyeron a tres directores de administración por casos

de corrupción, ¿se acuerdan de las motos aquellas famosas? ¿Los cochupos y la

corrupción?, ¡eso sí está comprobado en un dictamen! Usted dice que yo filtré

información, Pico Pico Mandorico, ¿quién le dio tremendo pico? Dígame en qué base

su versión, porque venir aquí a difamar pues es bien fácil, y como abogado sabe, o

debería saber, que la difamación es transmitir un hecho cierto o falso que le cause

daño o menoscabo a la moral de una persona y usted lo está haciendo con singular

alegría. Déjeme decirle que gracias a la actuación de la contraloría se descubrió el

CYBER fraude, donde están involucrados ilustres miembros de su partido, a mí nunca

me corrieron ni me destituyeron porque sabía perfectamente bien -y no pretendo dar

clases- las 17 fracciones del artículo 117 del contralor y nunca me salí de la rayita;

conozco el estado de derecho, conozco el principio de legalidad y, por eso, Luis

Vargas Gutiérrez, primer regidor del ayuntamiento, siempre quiso correrme y nunca

pudo porque nunca le di elementos para hacerlo; salí como entré, con la frente en

alto y con la satisfacción del deber cumplido; le ahorré mucho dinero porque le cuidé

las manos como contrapeso y equilibrio; como vigilante, como can cerbero de las

finanzas y déjeme decirle que también se fue un tesorero, también se fue un tesorero

de una integridad moral incuestionable y se fue por otro fraude que también yo

descubrí en detrimento al impuesto predial de aquel tiempo, ¡también se fue! como se

fueron muchos, por la puerta de atrás, gracias a la conducción, a la ética y a la

institucionalidad que siempre observé en el desarrollo de mi responsabilidad. Es

cuánto señor diputado; si tiene alguna duda, nada más hágame lo saber.


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PARA CONTESTAR ALUSIONES PERSONALES EN EL TEMA DE

DESTITUCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE,

GTRO., INTERVIENE EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Pues «aberraciones», »lo que uno

tiene que soportar». ¡Caray! Cuando pedimos el voto para ser representantes

populares no pensábamos que iba a ser una carga, ¡es nuestro trabajo y lo debemos

hacer con responsabilidad! Yo creo que el ejercicio de la tolerancia bien valdría

ponerse al cotidiano ejercicio; pero eso de que porque piensas diferente a mí ya te

descalifico y yo tengo que soportar las aberraciones, quizá debería de leer aquel

enunciado tan famoso que se escribió desde 1694 por Voltaire y que sigue vigente

«podría no estar de acuerdo con lo que dice diputado Arroyo, pero daría hasta mi vida

por defender su derecho a decirlo«. Ese es el ejercicio de la tolerancia. Y le voy a dar

uno más dada su proclividad conservadora y lo dijo San Agustín, la tolerancia es el

silencio caritativo ante las fallas y defectos de los demás; esa es tolerancia: y a nadie

nos tienen aquí a fuerzas, dígale a su suplente que se venga a soportar las

aberraciones de los diputados de oposición.

Déjeme decirle diputado que ahora hasta pitonizo se me volvió; ya usted sabe

el resultado de la resolución.

-El C. Presidente: Diputado Zavala.

¿Diputado Fernando Hurtado?

C. Dip. Fernando Hurtado Cárdenas: Si me permite hacerle una pregunta.

-El C. Presidente: ¿Permite una pregunta diputado Zavala?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con todo gusto diputado.

C. Dip. Fernando Hurtado Cárdenas: ¿De qué va a ser la clase, disculpe?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: No, no. Es nada más el compartir de la

mínima experiencia que tiene un servidor y que se las vengo a compartir con todo

respeto, para aquél que la quiera escuchar. Todos estamos con el riesgo de poder

aprender de todos, compañero diputado; no pretendo dar clases, no tengo ni la edad

ni el conocimiento para darle clases.

-El C. Presidente: Continúe diputado Zavala.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Apenas una modesta y humilde

sugerencia. Quizá en una exacerbada falta de respeto del diputado Arroyo al

atreverse a faltarle el respeto a los Magistrados del Tribunal Contencioso

Administrativo que les dice ya desde ahorita cómo deben resolver. Yo sé que más de


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alguno tiene afiliación partidista con Acción Nacional; sin embargo, no me atrevo a

decir que van a resolver de acuerdo a los intereses de su partido; creo firmemente

que los Magistrados en la Sala que le haya tocado, van a resolver de la única forma

que lo deben hacer, conforme a derecho y no es usted quien les dicte línea desde esta

tribuna porque ojalá que no le hagan caso; estoy seguro que no le van a hacer porque

tienen un prestigio qué cuidar.

Déjeme decirle, también, que usted dijo en su primera intervención y lo invito

a escuchar la versión estenográfica al término de esta sesión, no lo dije yo; usted dijo

que habían destituido al contralor por haber dado información a la prensa, lo dijo

usted, no lo dije yo y ahora viene a decir que yo soy el aberrante. Déjeme decirle

también que va a ganar, va a obtener una resolución favorable aquél que pruebe los

hechos, aquél que tenga la habilidad de convencer que tiene la razón jurídica.

Gracias.


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RECTIFICANDO HECHOS EN EL TEMA DE DESTITUCIÓN DEL

CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., INTERVIENE EL

DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: El principio de legalidad no tiene una

connotación tan corta, tan limitada, tan restringida. En 1997 en esta tribuna, por un

irapuatense de Acción Nacional, fue exigida la figura del contralor para la oposición,

quizá Acción Nacional nunca se imaginó que el Titular del Poder Ejecutivo iba llegar al

poder; parece ser que cuando la ley nos acomoda la aprobamos y la aplaudimos, pero

cuando no, la reprobamos. El contralor municipal se debe conducir dentro de un

esquema de legalidad, de un estado de derecho; de un principio de legalidad. El

contralor no es ajeno al respeto del orden jurídico, el contralor no es un órgano de

difusión, tiene que observar el cauce de información de sus dictámenes antes de que

sean aprobados por el ayuntamiento, no es él quien debe ir al periódico a chismorrear

porque faltaría al código de ética más elemental; el contralor es coadyuvante en la

buena marcha de la administración, no tiene por qué brincar la autoridad del

presidente y su ayuntamiento porque no es órgano de difusión. Si se le separó del

cargo de acuerdo a lo establecido en la ley, su destitución fue legal; la separación del

cargo del contralor es por causas graves comprobables y se le comprobaron; tan es

así que se obtuvo la mayoría que señala la ley para ser destituido del cargo. El enojo,

el encono, la indignación debería ser contra su funcionario que no se condujo con

probidad y no venir aquí a defender lo indefendible. Y digo esto porque donde las

acomoda la ley…

-El C. Presidente: ¿Diputado Zavala me permite? ¿Diputado Óscar Arroyo?

C. Dip. Óscar Arroyo Delgado: En cuanto termine el diputado, para

rectificación de hechos presidente.

-El C. Presidente: Bien. ¿Diputado Sergio Carlo Bernal?

C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Presidente, si me permite hacerle

una pregunta –con mucho respeto- al orador.

-El C. Presidente: ¿Le permita una pregunta diputado Zavala?


C. Dip. Sergio Carlo Bernal Cárdenas: Gracias. Dice usted que conoce las

causas de fondo por las que se destituyó al contralor, ¿nos puede decir cuáles son de

manera contundente?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: No sé contestar de otra manera, se la

voy a contestar como la pide, contundente; categórica, precisa y exacta. Fue

destituido porque no se condujo bajo la ética del servidor público como lo señala la


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ley, él informó asuntos que debieran estar en la secrecía hasta no estar en un

dictamen aprobado por el ayuntamiento; contestada su pregunta, antes era el artículo

117, fracción XII o XIII, ahora cambiaron los números, por ahí búsquelo diputado.

Cuando digo la rectificación de hechos para el diputado Arroyo es que él

aseveró hace unos momentos que había sido separado por un presidente autoritario,

es un presidente al que le preocupa la observancia del estado de derecho y el

principio de legalidad por usted invocado, con lo corto de su visión de lo que entiende

por principio de legalidad.

-El C. Presidente: ¿Diputado Zavala me permite? ¿Sí diputado Adrián

Camacho?

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: Presidente, para que le pregunte al

orador si le puedo hacer un cuestionamiento.

-El C. Presidente: Diputado Zavala, ¿puede hacerle una pregunta el diputado

Adrián Camacho?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Encantado de la vida compañero!

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: Gracias diputado. Preguntarle si

considera que además de lo expresado, las dos situaciones de no cumplir los horarios

de trabajo y, sobre todo, tener gente trabajando para la contraloría sin haber sido

adecuada o perfectamente contratada por la presidencia municipal, puede considerar

un elemento más para la causa de su destitución.

-El C. Presidente: Adelante diputado Zavala.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¿Me puede repetir la pregunta?

C. Dip. Adrián Camacho Trejo Luna: Con todo gusto diputado. Preguntarle

si además del desapego a la normatividad y al trabajo que el funcionario realizó, estas

dos acciones que ha argumentado el presidente municipal que son la situación de que

el funcionario público no cumplía los horarios de trabajo y se ausentaba de manera

deliberada a sus responsabilidades de contralor municipal y, la otra, que dentro de su

equipo tenía gente que no estaba debidamente contratada por la presidencia, ¿estas

dos acciones que ha expresado el presidente municipal pueden considerarse

elementos adicionales para la destitución?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Desde luego! Estamos aquí enfocados

nada más en las causas de su destitución de fondo; la más grave es por haber

informado a la prensa datos que se debieron haber guardado en la secrecía antes de

ser dictaminado y aprobado por el ayuntamiento en el informe correspondiente. Pero

también adicionalmente la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos le obliga a conducirse con diligencia y con probidad.


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¿Sí diputado Juan Carlos Guillén?

C. Dip. Juan Carlos Guillén Hernández: Si me es permitido formular una

pregunta, por favor.

-El C. Presidente: ¿Permite una pregunta diputado Zavala?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: En cuanto termine de dar respuesta al

diputado Camacho.

-El C. Presidente: Gracias.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Si no se está conduciendo con

probidad y con diligencia, también son causales de revisar su conducta para poderle

remover el cargo. Debería estar indignada la sociedad guanajuatense porque Acción

Nacional escogió y propuso un mal servidor público y que, por ello, ahora se le está

destituyendo del cargo.

-El C. Presidente: ¿Diputado Guillén?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Ah, perdón!, no se la permito.

C. Dip. Juan Carlos Guillén Hernández: Gracias señor.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Decía, entonces que cuando…

-El C. Presidente: Diputado Zavala, ¿le permite una pregunta al diputado Luis

Mejía?

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: No.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: ¡Miren! Decimos que cuando nos

acomoda la ley es perfecta y cuando no nos acomoda es minuscua perfecta, ¡O sea!

Porque los intereses de mi partido le dañan. Les voy a remitir la destitución del

contralor de Huanímaro, de la administración perredista; hay un proyecto de juicio de

nulidad en los términos del 263 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa

para el Estado. El acto de resolución que se impugna es de fecha 29 de enero de 2013

emitido por el ayuntamiento de Huanímaro donde se determina destituir del cargo de

director de la Contraloría Interna del municipio de Huanímaro el licenciado Napoleón

Robles Sánchez; aquí el asunto es que no se le notifica personal ni formalmente por

escrito sobre su destitución.


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Para concluir, sí debemos preocuparnos porque la conducción de los servidores

públicos sea acorde a lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del

Estado y la propia de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos. ¡Aquí no hay de otra! Si él se siente agredido en su esfera de sus garantías,

que haga valer los recursos que para tal efecto señala la ley. Están el recurso ante el

Tribunal Contencioso, está el Amparo…

-El C. Presidente: Le quedan treinta segundos diputado.

C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Y si siente que está menoscabado

algún asunto a su esfera jurídica, que haga valer en las instancias correspondientes;

la destitución fue acorde a derecho, por eso lo aprobó el ayuntamiento.


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LECTURA DE LA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 78 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, Y AL

ARTÍCULO 59 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO,

FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con permiso de la presidencia.

(Leyendo) »C. Diputado Francisco Flores Solano. Presidente del H. Congreso

del Estado. Presente.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputadas y

Diputados integrantes de la LXII Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del

Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 56 fracción II de la

Constitución Política para el Estado de Guanajuato y el 146 fracción II de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado libre y soberano de Guanajuato, sometemos

a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 78 de la Constitución

Política para el Estado de Guanajuato, y se reforma la fracción X del artículo

59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el propósito de realizar cambios

al Informe de Gobierno de conformidad con la siguiente:


Los ejercicios de rendición de cuentas a que se encuentran obligados todos los

gobiernos, representan un componente fundamental dentro de toda democracia. Son

estos ejercicios las acciones permanentes mediante las cuales los órganos de gobierno

explican a la ciudadanía el conjunto de actividades realizadas en el ejercicio de sus

encargos. Dotando de la posibilidad de conocer las actividades de sus gobiernos, la

sociedad podrá evaluar el actuar de los mismos.

Diversos autores refieren la rendición de cuentas a la palabra anglosajona

“Accountability” cuyo significado “el estado de ser sujeto a la obligación de reportar,

explicar o justificar algo; ser sujeto y responsable para dar cuentas y responder a

preguntas”

Hoy en día los ciudadanos exigen mayor transparencia en el manejo de los

fondos, por ello debemos acercar los instrumentos de rendición de cuentas y de

acceso a la información a la sociedad. La actividad pública debe ejercerse en atención

a criterios de responsabilidad, honestidad, profesionalismo y eficiencia que el

gobernado debe estar en condiciones de conocer.

A través de la rendición de cuentas es posible controlar los abusos del poder y

garantizar que los gobernantes cumplan sus funciones atendiendo a los principios de

transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia. En suma, el informe de gobierno debe


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ser un instrumento que permita evaluar las políticas públicas y el ejercicio

presupuestal.

Constituye el Informe de Gobierno un instrumento de suma importancia en la

materia que nos ocupa, pues es a través de éste que el Gobernador pone a escrutinio

público el conjunto de actos desarrollados en el desempeño de su gobierno durante

un lapso determinado en la ley, que normalmente es anual.

Durante muchos años, el Informe de Gobierno se convirtió en una celebración

donde el Gobernador era vitoreado y aclamado por la sociedad y por los integrantes

de los poderes públicos; mientras en largas ceremonias recitaba un sin número de

acciones a las cuales pocos atendían. Esto sin lugar a dudas constituyó un degenere

en la importancia de esta ceremonia republicana.

Lo anterior aunado a una evolución de la democracia en nuestro país ha

permitido flexibilizar estos ejercicios, al grado que en la actualidad el Gobernador

únicamente envía por escrito su informe y el legislativo se encuentra en condición de

llamar a comparecer a los Secretarios, al Procurador o a los titulares de paraestatales

a efecto de ampliar la información presentada por el Gobernador.

Estos cambios, han permitido que el Gobernador, en lugar de acudir al

Congreso, se dedique a difundir por todos los medios el conjunto de acciones que ha

realizado, lo que sin duda también representa excesos, ya que por lo mismo se realiza

un derroche de recursos que se destina a la difusión y de los cuales tampoco se rinde

cuentas.

Este último acto también resulta desproporcionado, pues no debemos olvidar

que el Ejecutivo es electo de manera unipersonal, esto quiere decir que a quien los

ciudadanos eligen es al Gobernador, es entonces él quien está obligado a explicar los

resultados, pues fue quien se comprometió con los ciudadanos a obtener

determinados logros y avances en el ejercicio de su encargo.

Resultan estas dos posturas ser extremas, por un lado la fiesta del Gobernador

incurriendo en los excesos derivados de la misma y por el otro la falta de compromiso

ante el ciudadano de acudir a explicar los resultados y quedando en posibilidad de no

tener una sola fiesta, si no de realizar diversos eventos en los que expone únicamente

lo que a él conviene sin la posibilidad de que el ciudadano profundice en el tema. Por

lo que es indispensable establecer un punto medio, en que verdaderamente se

atienda a la rendición de cuentas y se ponga en claro a la ciudadanía la situación que

guardan las finanzas públicas.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional, estima conveniente adecuar y actualizar el marco jurídico en lo relativo

al informe de gobierno, considerando necesario que el Gobernador acuda ante el

Legislador a presentar su informe, pero también a ampliar la información que no

hubiese quedado lo suficientemente clara en el documento presentado por escrito.

Esto no implica que el Gobernador pueda asistir acompañado de los funcionarios de su


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gobierno para coadyuvar en las respuestas que tenga que dar a los integrantes del

Congreso.

Debemos tener claro que una de las facultades con las que cuenta el Poder

Legislativo es la facultad de control, cuyo propósito es vigilar la acción del Poder

Ejecutivo, es por ello que el informe de gobierno se presenta ante este Órgano y que

el Legislador debe estar en condiciones de interpelar al titular del Ejecutivo para poder

con base en sus dichos, ejercer de manera adecuada la facultad de control.

Resulta urgente legislar y adecuar el marco jurídico, de manera que exista un

verdadero ejercicio de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo hacia la sociedad,

siendo el Legislativo el Órgano encargado de la producción y organización de la

información proporcionada para hacerla del conocimiento del ciudadano de la manera

más extensa y entendible posible, esto quiere decir que si el titular del Ejecutivo

acude personalmente a explicar aquellas dudas que puedan haber surgido del

documento presentado por escrito, se obtendrá un producto mucho más claro que

podrá ser conocido por el ciudadano quedando éste en condiciones de evaluar y

calificar el actuar del gobernante pudiendo sancionar en futuras elecciones a la

persona o al partido político que lo gobierna. Abonando lo anterior sin lugar a dudas al

perfeccionamiento del régimen democrático de nuestro estado.

De igual manera, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario vemos con inquietud un asunto de opacidad en la rendición de

cuentas, pues el periodo del Informe de Gobierno no coincide con el periodo

constitucional del mandato de un Gobernador, lo que representa la posibilidad de

actuar de manera libre y sin tener que rendir cuentas a los guanajuatenses durante el

último año de gobierno y la oportunidad que tiene un nuevo gobierno que a los pocos

meses de haber asumido presenta su primer informe, hecho que se da cuando

posiblemente no haya presentado su programa de gobierno. Lo que nos lleva a

proponer el cambio de fecha de presentación del informe de Gobierno para el segundo

domingo de junio de cada año.

Asimismo, es necesario establecer la metodología en la que habrán de

desarrollarse las comparecencias del Gobernador y de los funcionarios públicos con

motivo del informe, paquete fiscal o llamado por alguna comisión para atender alguna

situación en específico.

En las comparecencias habrá de darse prioridad al diálogo directo y sin

interlocución entre los Legisladores y el Gobernador o integrantes de su equipo de

trabajo, esto para evitar situaciones como las que se han presentado donde las

comparecencias se han convertido en espacios de proyección de los Secretarios donde

no quedan esclarecidos los cuestionamientos del Legislador hacia los funcionarios.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de

esta soberanía, el siguiente proyecto de:

DECRETO


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Artículo Primero. Se adicionan un cuarto y quinto párrafo y reforman los

párrafos primero, segundo y tercero del artículo 78 de la Constitución Política para el

Estado de Guanajuato para quedar como sigue:

Artículo 78. El Gobernador del Estado enviará al Congreso del Estado, el

segundo jueves de junio, un informe por escrito en el cual exponga la situación que

guarda la Administración Pública del Estado.

Los grupos y representaciones parlamentarias que integren el Congreso del

Estado, durante el análisis del informe, plantearán sus dudas por escrito remitiéndolas

al Gobernador para su contestación.

El Gobernador del Estado acudirá el tercer jueves de junio al Congreso del

Estado a responder aquellas dudas y ampliar la información que del documento

presentado o las respuestas formuladas a los Grupos Parlamentarios no hubiesen

sido respondidas a criterio de cada grupo o representación Parlamentaria.

El formato de interacción será el del diálogo directo entre los Legisladores y el

Gobernador del Estado, en los términos establecidos por el Poder Legislativo; no

pudiendo delegar esta obligación.

El Informe de Gobierno se tomará para la evaluación del desempeño de los

servidores públicos y el análisis de la Ley del Presupuesto General de Egresos para el

Estado de Guanajuato.

Artículo Segundo: Se reforma la fracción del artículo 59 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo para quedar como sigue:

Artículo 59. La Junta de Gobierno y Coordinación Política tendrá las

atribuciones siguientes:

I a X…

X. Ser el conducto para proponer al Pleno la solicitud al Gobernador del

Estado, para que comparezcan funcionarios del Poder Ejecutivo para que, informen

cuando se discuta o estudie un asunto relativo a las funciones que aquellos ejerzan;

así como para establecer los mecanismos de comparecencia del Gobernador y de los

Secretarios de Estado. Generando las condiciones para un diálogo abierto que permita

el intercambio de planteamientos entre los Legisladores y los representantes del

Ejecutivo.

XI a XXI…

Transitorio. El presente artículo entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.


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Guanajuato, Gto., 14 de febrero de 2013. Las Diputadas y los Diputados








Rábago. «

Por su atención y tolerancia, muchas gracias.


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RESERVARSE LOS ARTÍCULOS CORRESPONDIENTES A LOS DERECHOS DE

ANUNCIOS CONTENIDOS EN LOS DECRETOS DE LAS LEYES DE INGRESOS DE

LOS 46 MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO

2013.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con la autorización de la presidencia.

Los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido


Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 156, 159 y

167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Guanajuato, formulamos la presente reserva en lo particular, misma que hago

entrega a esta presidencia, haciendo un llamado a la revisión de los artículos que a

continuación transcribo de las leyes de ingresos municipales:

El artículo 21 de Ocampo y Xichú; el 22 de Santa Catarina; el 24 de Coroneo,

Doctor Mora, Jaral del Progreso y Yuriria; el 25 de San Diego de la Unión, Santiago

Maravatío y Valle de Santiago; el 26 de Comonfort, Cuerámaro, Huanímaro, Manuel

Doblado, San Felipe, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarandacuao, Tarimoro, y

Victoria; el 27 de Jerécuaro, Moroleón, Pueblo Nuevo, San Francisco del Rincón, San

José Iturbide y Silao; el 28 de Apaseo el Alto, Cortazar, Dolores Hidalgo, Pénjamo,

Purísima del Rincón, Romita y Villagrán; el 29 de Apaseo el Grande y Uriangato; el 30

de Salvatierra y el 31 de Abasolo; todos ellos de los proyectos de dictamen que se

ponen a nuestra consideración para adecuarlos a lo que indica la Ley de Hacienda

para los Municipios de Guanajuato, en su artículo 228-C, fracción I que dispone que

para el cobro del derecho por expedición de licencias o permisos para el

establecimiento de anuncios, debe considerarse para el pago la base de metro

cuadrado o fracción, en atención a lo que abarque el anuncio. Además, debemos

atender a los fines extra fiscales de impacto urbano que representan los mencionados

anuncios, de manera que los artículos citados dicen:

»Los derechos por la expedición de licencias o permisos para el establecimiento

de anuncios, se causarán y liquidarán, conforme a una tarifa que indica en su fracción

primera para la colocación de anuncios o carteles en pared, adosados al piso o en

azotea con una cuota fija«

Por lo que proponemos diga:

»Los derechos por la expedición de permisos para el establecimiento de

anuncios, se causarán y liquidarán por metro cuadrado, conforme a la siguiente:

TARIFA

l. De pared y adosados piso o muro, anualmente:

Tipo


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a) Adosados:

Tipo 1, de 0.50 x 1.10 $270.44

Tipo 2, de 0.60 x 1.50 $406.26

Tipo 3, de 0.80 x 3.00 $1,128.52

Tipo 4, de 0.80 x 4.00 $1,828.18

b) Auto soportado, espectaculares $6,122.60

c) Toldos y carpas $611.75

d) Bancas y cobertizos publicitarios, por cada pieza $88.45

e) Pinta de bardas, por cada una $88.45

Compañeras y compañeros diputados, nuestra propuesta no tiene mayor

pretensión que buscar la adecuada correlación jurídica entre los ordenamientos

legales de naturaleza tributaria que conlleve a la adecuación normativa entre la Ley

de Hacienda para los Municipios del Estado las leyes de ingresos de los

ayuntamientos. Por este motivo, me permito solicitarles su favorable voto para que el

texto de los artículos que he citado de los decretos respectivos, sean corregidos en los

términos que lo planteamos, conscientes de que anima en todos y cada uno de

nosotros el anhelo del debido cumplimiento a nuestra responsabilidad parlamentaria.

Muchas gracias.


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MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE

FORMULA UN RESPETUOSO EXHORTO AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIÓN VI DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE

A TRAVÉS DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, SE PREVEA

LA EMISIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA CONDONAR

CRÉDITOS Y MULTAS FISCALES, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN

ORDINARIOS POR LA OMISIÓN DE PAGO DE LOS IMPUESTOS ANTERIORES A

2011, COMO UNA MEDIDA FISCAL QUE INCENTIVE LA REGULARIZACIÓN DE

LOS ADEUDOS FISCALES ACUMULADOS Y COMO APOYO PARA LOS

CONTRIBUYENTES DE MENORES RECURSOS ECONÓMICOS.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Compañeros diputados.

Vengo a hacer uso de esta tribuna, para hablar a favor del punto de acuerdo

propuesto por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional, mediante el cual solicitamos se formulara un respetuoso exhorto al

Ejecutivo del Estado, para que de conformidad a lo estipulado por el artículo 41 del

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, tenga a bien emitir disposiciones de

carácter general para condonar créditos y multas fiscales, recargos y gastos de

ejecución ordinarios por la omisión de pago de los impuestos anteriores a 2011, esto

con las facultades que le concede el artículo 77, fracción VI, de nuestra Constitución

Local.

Resulta satisfactorio que la propuesta emitida por nuestro grupo parlamentario

haya encontrado eco gracias a la sensibilidad de las demás fuerzas políticas que

conforman este honorable Congreso del Estado, pues con ello podemos ofrecerle a la

población guanajuatense nuestra gestión para aliviar su economía en momentos

donde la actividad productiva se encuentra en un nivel bajo y las oportunidades de

negocio y de empleos son pocas.

Para todos es conocido y cierto, que factores externos como el desplome de las

economías europeas, la caída de la economía estadounidense y las crisis energéticas y

alimentarias, han sido una fuerte presión para la economía mexicana y, en particular,

la guanajuatense. Muchas empresas y muchos ciudadanos que ejercen su actividad

económica en nuestro territorio, encuentran severas dificultades para encarar los

retos de un mercado globalizado donde, en cuestión de días e inclusive horas, el daño

generado por los movimientos económicos en otras partes del planeta, repercuten en

la economía local.

Asimismo, es menester reconocer que en Guanajuato tampoco se han

generado las condiciones necesarias para una economía sólida para los productores

locales, ya sea en el campo o en la industria; mientras que el comercio depende de la

capacidad adquisitiva de todos. Actualmente las condiciones económicas de los

guanajuatenses en los últimos tiempos han sido muy complicadas y los indicadores a


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corto y mediano plazo no abonan a suponer una reactivación económica en 2013 que

incluya a la totalidad de la población en una dinámica de crecimiento económico y

menos que propicie un sustentable desarrollo social.

Los ciudadanos difícilmente cuentan con recursos económicos para solventar

sus necesidades más elementales; mientras que las empresas apenas pueden con sus

cargas fiscales y salariales, de manera que muchos se quedan rezagados en el

cumplimiento de su obligación tributaria, en aras de poder seguir manteniendo los

gastos corrientes que le genera su giro comercial y la apertura de las fuentes de

empleo.

Es por ello que las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, consideramos que el rendimiento actual del impuesto

debe ser mayor al costo de su recaudación y conscientes de las necesidades de la

población de Guanajuato, atentos a los principios de justicia social, felicitamos a los

diputados integrantes del Congreso del Estado por sumare a la formulación de este

Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado que en uso de sus

atribuciones establezca en la próxima Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,

las disposiciones necesarias de carácter general para condonar créditos y multas

fiscales, (total o parcialmente) los recargos y los gastos de ejecución ordinarios y

todos los accesorios por la omisión de pago de los impuestos anteriores a 2011 que se

indiquen y bajo las modalidades que acuerde la Secretaría de Finanzas, Inversión y

Administración del Estado de Guanajuato.

Sin embargo, en esta circunstancia se van dejando en el camino rezagos que

finalmente sienten una afectación en sus economías y en los ingresos del estado, al

establecer créditos fiscales que por ahora resultan impagables y, por ende,

incobrables. Para el gobierno local estos créditos fiscales representan no sólo ingresos

nulos, sino también una carga en la medida de que tiene un costo su administración.

Si el Ejecutivo determina condonar créditos y multas fiscales, recargos y

gastos de ejecución ordinarios por la omisión de pago de los impuestos anteriores a

2011, aliviará sustancialmente a una parte importante de la planta productiva local y,

por el otro lado, podrá generar ingresos inmediatos por medio de la regularización

que establezca; además de eliminar -de una vez por todas- la costosa administración

de dichos créditos fiscales en el intento de recuperarlos.

Con este exhorto, los diputados del Congreso del Estado cumplimos nuestra

obligación con nuestros representados, que es el actuar ante ellos y el gobierno para

potenciar las capacidades productivas locales.

Lo hacemos de manera común y solidaria, en aras del bienestar social;

enviamos así un mensaje de compromiso con los guanajuatenses; sobre todo en un

momento del año donde su economía tiene importantes cargas. Por esta razón, los

diputados del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional emitiremos

nuestro voto a favor de este punto de acuerdo. Por su tiempo, tolerancia y atención,

muchas gracias.


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LECTURA DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO, FORMULADO POR

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A

EFECTO DE QUE SE ESTABLEZCAN EN LA PRÓXIMA LEY DE INGRESOS PARA

EL ESTADO DE GUANAJUATO, LAS DISPOSICIONES NECESARIAS DE

CARÁCTER GENERAL PARA CONDONAR CRÉDITOS Y MULTAS FISCALES, Y

RECARGOS DE EJECUCIÓN ORDINARIOS, POR LA OMISIÓN DE PAGO DE LOS

IMPUESTOS ANTERIORES AL AÑO 2011, Y BAJO LAS MODALIDADES QUE

ACUERDE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.



»DIPUTADO ALFONSO GUADALUPE RUIZ CHICO. PRESIDENTE DEL

CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE.

Revolucionario Institucional en la Sexagésima Segunda Legislatura del

Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

57 de la Constitución Política para el Estado de Estado de Guanajuato así como en el

artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación

del Punto de Acuerdo a efecto de que este Honorable Congreso del estado, formule un

respetuoso exhorto al Ejecutivo del

Estado, para que de conformidad con el artículo 77 fracción VI de la

Constitución Local, establezca en la próxima Ley de Ingresos para el Estado de

Guanajuato, las disposiciones necesarias de carácter general para condonar créditos y

multas fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios por la omisión de pago de

los impuestos anteriores a 2011 que se indiquen y bajo las modalidades que acuerde

la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato.

ANTECEDENTES

1. De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6º del Código

Fiscal de la Federación y el artículo 27 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato,

las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho,

previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran y se

determinan conforme a dichas disposiciones.

2. La extinción de la obligación tributaria, por parte del contribuyente únicamente se

da, cuando cumple con la prestación tributaria o cuando la ley autoriza a declarar

extinguida la obligación.

En el derecho fiscal solo se admiten como formas de extinción de la obligación el

pago, la prescripción, la compensación, la condonación y la cancelación.


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3. Entendemos que el Estado establece diversas formas de obtener ingresos para

contribuir al gasto público, y una manera de hacerlo es imponiendo a los ciudadanos

el pago de contribuciones, pero existen excepciones en las que el Estado ofrece

beneficiar a los contribuyentes, a través de la condonación de créditos fiscales.

En este sentido, la condonación porcentual representaría un ingreso adicional al

Estado, que incrementaría los recursos para el gasto público, con la finalidad de

depurar la cartera de créditos fiscales que permitirán atender de manera más

oportuna los programas y políticas sociales en el estado.

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir

para los gastos públicos, así de la Federación, como el Distrito Federal o del Estado y

Municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las

leyes.

Que uno de los propósitos fundamentales del Gobierno del Estado de Guanajuato, es

orientar, promover, fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales

de los contribuyentes.

Que actualmente las condiciones económicas de los guanajuatenses en los últimos

tiempos han sido muy complicadas y los indicadores a corto y mediano plazo no

abonan a suponer una reactivación económica en 2013 que incluya a la totalidad de la

población en una dinámica de crecimiento económico y menos que propicie el

desarrollo social.

Que de acuerdo a los indicadores últimos del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática (INEGI), en el primer semestre de este año, la actividad

económica del estado de Guanajuato registró un crecimiento de 2.1%, lo que le

coloca en el sitio 29 de las entidades federativas, es decir, sólo creció arriba de

Durango que tuvo 1.8% y de Guerrero que registró 1.3%. Que este crecimiento de

2.1% está muy por debajo de la media nacional, pues el promedio global de las

entidades en la Actividad Económica Estatal fue de 4.3%.

Que el estado de Guanajuato se desplomó en el Indicador de la Actividad Económica

del segundo trimestre del 2012 al crecer en 0.1% más que el mismo trimestre del año

2011, sólo peor que el estado de Campeche que decreció en ese periodo en un 2.8%.

Que de acuerdo al reporte estadístico del INEGI la caída de Guanajuato se origina al

ser el tercer estado con la peor caída en actividades primarias, con -9.3%; fue el

tercero con peor desempeño en actividades secundarias (un menos 3.5%), mientras

que en actividades terciarias sí logró crecer en un 3.4 por ciento.

Que en septiembre pasado, México registró la inflación más alta en alimentos, reportó

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues en las

estadísticas presentadas, la variación en el país llegó a un incremento de 10.7%,

contra el mismo mes del año anterior. Esto último significó que el registro en nuestra


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nación estuvo cinco veces por encima del promedio de los países que integran la

OCDE, que fue de 2.1%.

Que el Banco de México prevé que para este año se haya superado el pronóstico

inflacionario, siendo cercano al 4%, dado que por “diversos choques de oferta

transitorios propiciaron aumentos en los precios de algunos alimentos, por lo que se

rebasó la cota superior del intervalo de variabilidad de más o menos un punto

porcentual de la meta de 3%”.

Que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social, entre 2008 y 2010, Guanajuato registró un aumento de personas en situación

de pobreza al pasar de 2.4 millones a 2.7 millones de pobres; de éstos, 445 mil en

condición de pobreza extrema.

Que ante esta difícil situación que atraviesan los guanajuatenses, particularmente

grupos vulnerables, necesitamos ser sensibles y atender con atingencia al contexto de

agravamiento económico y hacer esfuerzos por permitir que los ciudadanos cumplan

con sus obligaciones fiscales.

Que el artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, faculta al

Gobernador del Estado, para emitir políticas y disposiciones de carácter general

mediante las cuales se condone el pago de contribuciones y sus accesorios, para

auxiliar o tratar de impedir que se afecte la situación de alguna región o Municipio del

Estado de Guanajuato o el desarrollo de alguna actividad, que en la actual

circunstancia se traduce en apoyar a la población y prioritariamente a los hogares de

bajos ingresos en la entidad y a los sectores productivos, estableciendo estímulos y

facilidades administrativas para aligerar los problemas de liquidez que aún enfrentan,

a efecto de que se encuentren regularizados en el cumplimiento de sus obligaciones

fiscales. No obstante aún persisten renglones en materia tributaria importantes por

atender, que requieren la implementación de procedimientos como el que se plantea

de la condonación para la recuperación factible de los créditos fiscales.

Partiendo del principio “Nullum tributum sine lege”, el cual establece que no podrá

existir tributo que no se encuentre en ley y tomando en consideración los principios

fundamentales del derecho fiscal de proporcionalidad, equidad, comodidad y

economía respectivamente, en donde este último señala que el gravamen debe ser

económico en su recaudación y administración, a su vez, productivo en su

rendimiento.

Es por ello que las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, consideramos que el rendimiento actual del impuesto

debe ser mayor al costo de su recaudación y conscientes de las necesidades de la

población de Guanajuato, atentos a los principios de Justicia Social, solicitamos a los

diputados integrantes del Congreso del Estado a que se sumen a la formulación de

este Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado que en uso de sus

atribuciones establezca en la próxima Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,

las disposiciones necesarias de carácter general para condonar créditos y multas


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fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios por la omisión de pago de los

impuestos anteriores a 2011 que se indiquen y bajo las modalidades que acuerde la

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato.

Este apoyo es una medida frente a la crisis que atraviesa de manera estructural la

economía estatal y nacional, sustancialmente en los precios de la canasta básica, la

caída en el ahorro y en la producción estatal, razón por la cual el Gobierno del Estado

de Guanajuato debe otorgar alternativas para que los contribuyentes puedan cumplir

cabalmente con sus obligaciones fiscales, al habilitar una política recaudatoria que

incentive el pago de las contribuciones señaladas, a fin de que regularicen su

condición fiscal y al mismo tiempo signifiquen un ingreso real a las arcas públicas y

una disminución del gasto corriente en la administración de los créditos por parte de

la autoridad.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 57 de la Constitución Política para el

Estado de Guanajuato, así como del 184 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato, proponemos como resolución, el

siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso Libre y Soberano de

Guanajuato, formula un respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado, para que de

conformidad con el artículo 77 fracción VI de la Constitución Local establezca en la

próxima Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, las disposiciones necesarias

de carácter general para condonar créditos y multas fiscales, recargos y gastos de

ejecución ordinarios por la omisión de pago de los impuestos anteriores a 2011 que se

indiquen y bajo las modalidades que acuerde la Secretaría de Finanzas, Inversión y

Administración del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, Gto., 8 de noviembre de 2012. Las diputadas y los diputados





Felipe de Jesús Orozco García. Dip. Guillermo Romo Méndez . Dip. Jorge



Rábago. «


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL, INTERVIENE CON EL

TEMA LA PLURALIDAD DEL PENSAMIENTO, EL DEBATE Y EL VALOR DE LA

OPOSICIÓN.



Compañeros diputados. La presente intervención tiene su razón de ser, su

justificación y su motivación en la intención de compartir con ustedes algunas

reflexiones que en materia de doctrina han escrito los tratadistas de derecho

administrativo en lo tocante a los equilibrios, contrapesos y teorías respectivas, como

a continuación con respeto les comparto.

A propósito del cambio de poderes en el estado de Guanajuato, inicio

advirtiendo que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sus artículos 42, 44, 49,

68, 72 y 74, entre otros, así como los numerales 58 y 63, fracciones 12 y 13; 62, 72,

73 y 77, fracción X de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y los

relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, los

diputados locales, los diputados federales y senadores, estamos obligados a discutir,

de manera suficiente y competente, todas las resoluciones con carácter de ley,

decreto, acuerdo o iniciativa agendados en las órdenes del día de cada sesión de los

diversos cuerpos colegiados; requisitos que de cumplirse evitarían el vergonzoso

mayoriteo impuesto sobre la razón por el partido en suerte ostentando el poder;

llámese como se llame y trátese de las siglas de que se trate y no someterlo a

votación si no está suficientemente discutido, evitando la vía rápida por faz track:,

considero que la insana práctica de obviar la discusión de los asuntos, deja a los

mandantes en ayuno de información y es a la ciudadanía a quien debiéndosele

informar se le confunde, como fue el caso más reciente de la reforma laboral de la

que todo mundo opinaba pero que nadie conocía y los legisladores que la conocían no

la difundieron debidamente; grave que esto suceda, toda vez que se priva del

conocimiento de asuntos importante que trastocan los intereses de las mayorías. La

etapa de la discusión prevista en el proceso legislativo no se cumple, pues en muchas

ocasiones se someten los puntos para ser aprobados, sin haber sido discutidos ni

debatidos; pareciendo como si deliberadamente se tratara de ocultarle la información

a los mandantes y dueños de la misma que son los ciudadanos. No podemos cobrar

un sueldo sin devengarlo o una dieta sin desquitarla; pues los que ostentamos un

cargo de representación popular y formamos parte de un poder, tenemos la

responsabilidad de debatir, de proponer, de discutir las ideas, de argumentar en el

marco de la más alta ética parlamentaria, entendiendo que discernir es un privilegio

de la inteligencia y nunca un pretexto para la violencia; que disentir es un privilegio

de la razón como consecuencia de la libertad, más no de la subordinación y que de la

fuerza de la unidad es la riqueza de nuestra diversidad. Que discrepar no es pelear,

sino el ejercicio más sano y plural de las democracias modernas y el no hacerlo nos

alejan del cumplimiento de nuestras responsabilidades y no justificamos los avances

de un estado democrático.


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Krause afirma que los debates son una respuesta irrefutable a quienes creen

en la razón de la fuerza sobre la fuerza de la razón. Albert Hirschman advertía con

sabiduría que para volvernos demócratas debíamos «aprender a escuchar«; entonces

para dar comienzo a la ardua tarea pedagógica de aprender a escuchar, nos debemos

enseñar primero a debatir. Muchos afirmamos que el que escucha corre el riesgo de

aprender, pero pasa que no sabemos escuchar, pues no se cuenta con la humildad de

contemplar la posibilidad de que se tiene algo que aprender de quien sea y por temor

y soberbia no escuchamos; cualidad que se debe recuperar, pues escuchar supone

callarse, donar tiempo, aguardar, acoger, querer entender, preguntar, sugerir y de

nuevo callarse; por ello, escuchar es equiparable a un arte de exquisita belleza o a un

ejercicio de considerable pericia y esfuerzo. ¡Ojalá todos aprendamos a escuchar! No

se debe tener la falta de percepción de que discutir es malo; si se hace con respeto,

con motivación y fundamento, se tienen ideas y capacidad para expresarlas en aras

de alcanzar acuerdos, construir consensos y puentes que acerquen y no separen; de

ahí que todo proceso legislativo para crear una ley, se contemple la discusión que

debe ser madura, responsable, con altura política y que el debate debe convertirse en

una práctica permanente y hacerlo suficiente y competentemente hasta asegurarse de

que se ha conseguido el mejor de los acuerdos, pues para eso devengamos una dieta,

para ponernos de acuerdo, no para imponer nuestra verdad como verdad absoluta,

pues no hay verdades únicas ni verdades heréticas, ya que nadie posee el

conocimiento universal. Ojalá que hagamos del ejercicio de escuchar la más sana, la

más repetitiva de nuestras conductas. Menos show, más gobierno; aquí es donde

adquiere importancia la oposición en el contexto de la pluralidad y democracia, pues

la palabra de los representantes populares emanados de otro partido distinto al que

gobierna, debe ser considerada como divisa y no como una carga que se tenga que

soportar si se toma en consideración que la opinión de los opositores no tiene

compromiso con el Poder Ejecutivo y, por ende, es un ángulo crítico, otra forma de

ver las cosas, una óptica diferente que puede enriquecer la toma de decisiones

indudablemente. Se trata de representantes populares que debemos distinguir como

valor mayor, sacar adelante los acuerdos que beneficien a los mexicanos, sin ser una

oposición dócil, obsequiosa, entreguista o comedida. Este hecho nos deja claro que la

oposición, en cualquier nivel de gobierno federal, estatal o municipal, debe

corresponder a los más altos niveles de vergüenza y dignidad y no debe olvidarse que

uno de sus fines es de contrapeso en aras de lograr la equidad. También es

importante reconocer que el partido de oposición debe mantenerse unido, convencido

de que sus principios doctrinarios son mejores que los del partido que gobierna; por

ello la oposición no debe ser nunca colaboracionista, sino defensora de sus principios

y de los intereses que representa de quienes le ayudaron a acceder a esa honrosa

representación; esto no significa que la oposición deba oponerse a todo, pues se

caería en un absurdo; pero tampoco debe prestarse a ser comparsa, pues su

conducta, sin duda, se traduciría en traición; por ello se hace indispensable contar

con una conducta decorosa que no se corrompa a través de características bien

definidas de los representantes en su actuar como servidores públicos y

representantes populares. Está demostrado que una oposición obsecuente y comedida

sólo logra beneficios personales o para su grupo, aunque su conducta quede

manchada y desprestigiada y sin posibilitad alguna de poder volver a ser considerados

como representes de su partido, pues la lealtad ha sido traicionada; por lo que se


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deben instaurar mecanismos para que el gobierno no negocie, en forma indebida, con

la oposición; garantizando el sistema de contrapesos que coadyuve al sano ejercicio

de la democracia y, por ende, a la vigencia del estado de derecho. El poder no debe

ser más generador de privilegios ni medio para acrecentar patrimonios y mucho

menos escudo de impunidad; por ello es impostergable que la oposición funcione sin

miedos, compartiendo el poder para beneficio del interés colectivo; la importancia de

la oposición es, entonces, una actividad moralizadora del poder público y no la

búsqueda de componendas para obtener beneficios personales; ni la celebración de

pactos con el partido en el poder, sino atender nuestra esencia que es la de combatir

las decisiones que se opongan al interés de las mayorías. Los ciudadanos deben sentir

orgullo de una oposición responsable que, sin comedimiento, delimite una postura

erguida, sin que empeñe la dignidad con actitudes entreguistas que están muy lejos

de ser su papel en la teoría de los pesos y contrapesos; ¡por el contrario! debemos

ser una oposición que distinga como valor máximo en su quehacer el interés

colectivo. Con toda certeza, nadie podrá sentir orgullo por la otra oposición, la del

servilismo, la entreguista, la obsequiosa, la comedida; la que renunciando a su

finalidad como representante popular se desaparta de la defensa de sus

representados para vender su dignidad por un puñado de prebendas; ¡esa oposición a

nadie beneficia! A todos perjudica y a todos avergüenza, además de que ofende la

dignidad y la inteligencia de todos los ciudadanos. Por ello, la oposición nunca debe

convertirse en una carga que tenga que ser portada y sí, ¡por el contrario! volverse

una divisa que debe ser aprovechada. La sociedad no espera de esta legislatura la

aparición de chayitos o de pay’s de limón; que vendan su voto, traicionen su ideología

y abandonen su convicción a cambio de una prebenda; ojalá que en esta Sexagésima

Segunda Legislatura no se presente caso alguno y que el partido en el poder no

intente comprar a la oposición y éste no acepte hipotecar su voto en un amasiato

inmoral que avergüence y traicione a los guanajuatenses quien confían en el alto

empaque moral de sus representados. Por su atención y tolerancia, muchas gracias.


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EL DIPUTADO JOSÉ GERARDO ZAVALA PROCELL, SE MANIFIESTA EN PRO DEL

PUNTO DE ACUERDO PRESENTADOA EFECTO DE FORMULAR UN EXHORTO AL

SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE DICTAMINE LA LEY GENERAL DE

ALMACENAMIENTO.



Se ha expuesto en esta tribuna, de manera suficiente, en cuanto a motivación

se refiere para aprobar la propuesta del diputado Pedro Chávez en cuanto a la obvia

resolución de la iniciativa abordada.

Corresponde a su servidor para mejor proveer, referirme al aspecto de la

fundamentación, la tranquilidad y de la responsabilidad institucional que como órgano

legislativo, nos compete. Para tal efecto, quiero compartir con ustedes lo dispuesto,

las tesis jurisprudenciales que se refieren sobre el criterio de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en cuanto a caso urgente o, en cuanto al asunto relativo a breve

término. Es pues que estamos ante la presencia de un caso urgente que justifica,

sobradamente, el caso urgente, la obvia resolución del asunto en comento.

La Tesis Jurisprudencial a la que me refiero es la 16721 dela Novena Época de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada Dispensa de Trámites Legislativos

en el Estado de Colima, para su procedencia, por lo que deben motivarse las razones

que llevan a calificar un asunto como el que nos compete con el carácter de urgente.

El artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Colima, prevé la

dispensa de trámites legislativos en caso de notoria urgencia, la cual debe calificarse

por las votaciones que para cada caso establece el artículo 14 del Reglamento de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo de aquella entidad. Sin embargo, no basta la

aprobación de la moción de dispensa por la votación requerida para que ésta proceda,

pues acuerde con el principio democrático que debe informar la labor legislativa, es

necesario que se expongan las razones que llevan a calificar como ha quedado

expuesto un asunto como urgente, las cuales no pueden considerarse como sustento

del actuar como legisladores si no contienen argumentos objetivos encaminados a

reforzar la dispensa de trámites, debiendo existir –cuando menos- las siguientes

condiciones: La existencia de determinados hechos que generen una condición de

urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto; la relación

medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la

aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues de no hacerse así,

ello traería consecuencias negativas para la sociedad y que tal condición de urgencia

evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que

ningún caso ello se traduzca en afectación a principios o valores democráticos. Por lo

que hasta aquí expuesto en la cita, podemos concluir que estamos ante la presencia

de la figura jurídica del caso urgente, amén de lo que otras tesis jurisprudenciales

señalan como breve término; por ello, me sumo a la moción de los diputados que me


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antecedieron en la voz de aprobar esta iniciativa como obvia resolución. Por su

tiempo, atención y tolerancia, muchas gracias.


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LECTURA DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADO POR

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR

MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LOS 46 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO,

PARA QUE TODO EMPLEADO QUE MANEJE CAUDALES PÚBLICOS, LOS

CAUCIONE SUFICIENTEMENTE PRIVILEGIANDO LA TRANSPARENCIA Y

CERTEZA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE NUESTROS

MUNICIPIOS.


C. Dip. José Gerardo Zavala Procell: Con la anuencia de la mesa directiva.

»DIPUTADO ALFONSO GUADALUPE RUIZ CHICO. PRESIDENTE DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. PRESENTE

Las diputadas y diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido


Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 184 fracción III

de la Ley Orgánica el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,

sometemos a la consideración de esta Asamblea el Punto de Acuerdo por medio del

cual se exhorta a los cuarenta y seis ayuntamientos que conforman el Estado Libre y

Soberano de Guanajuato, para que de conformidad con lo establecido en el artículo

101 de la Constitución Política Local, así como del numeral 76 fracción IV, c) de la Ley

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, todo empleado que maneje

caudales públicos los caucione suficientemente, privilegiando la

transparencia y certeza en la orientación de los recursos públicos de

nuestros municipios, con base en la siguiente:


Una de nuestras potestades legislativas es, sin duda, el estudio y análisis

responsable de las normas que conforman el derecho positivo que rige a la ciudadanía

y a sus gobernantes de nuestra entidad, de manera que, debemos hacer hincapié en

todo aquello que pueda ser tema sensible para nuestros representados.

Hoy en día, la mayoría del pueblo guanajuatense desconfía notablemente de

los funcionarios locales en el manejo del erario, pues ha sido testigo documentado del

ejercicio irregular y fraudulento de las finanzas gubernamentales y del patrimonio

común, entre erróneas tomas de decisiones y dolosos abusos de quienes han tenido

en sus manos la responsabilidad de administrar las arcas públicas.

En este escenario los ciudadanos, en su incertidumbre ante los cambios de

autoridades, recelan, con fundamento empírico, de aquellos personajes que asumen

por estos días la grave responsabilidad de administrar la Hacienda en municipios y

Gobierno del Estado.


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Si alguna función ennoblece al Poder Legislativo, por su condición

representativa, es su atribución de fiscalización, la cual compromete a este cuerpo

colegiado a tener un claro conocimiento de la forma en que ejercen los recursos que

ingresan al tesoro público los ediles de los 46 municipios de la entidad y sus

funcionarios, por la sencilla razón de que esos caudales se forman con las

contribuciones de los ciudadanos.

Son ellos quienes en el ejercicio de su potestad democrática, al elegirnos, nos

han encomendado con exigencia la tarea de verificar que el gasto público no tenga

desvío alguno y que su aplicación refleje una intensa inversión social y finanzas sanas.

Los postulados del gobierno deben verse reflejados en los hechos. No hay

mejor manera de iniciar una administración municipal, que cumplir la ley con fidelidad

y de frente a la sociedad, con transparencia, con plenas garantías de un eficiente y

probo desempeño de sus servidores públicos en el trienio que inicia.

No caben las sorpresas, ni los errores increíbles, en quienes asumen el poder y

el servicio público, pues están obligados a conocer y respetar la ley.

Recordamos las palabras del presidente Benito Juárez: “…los funcionarios

públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a

impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden

improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse

asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que

proporciona la retribución que la ley les señala”.

En ello sustentamos nuestro exhorto, compañeros legisladores, en la

convocatoria de que cada ayuntamiento se convierta en ejemplo de productividad y

su razón sea realmente el bienestar social; en la exigencia pública de que los

gobiernos municipales cuenten con personal idóneo con un perfil que pruebe una

trayectoria gentil, técnica, capaz, honesta y honrada en contraprestación a lo que de

él espera la ciudadanía, al pagarle su salario con sus contribuciones fiscales. Pero

sobre todo en aquellos que tengan en sus manos la honrosa responsabilidad del

manejo directo del tesoro público.

Es necesario asumir una posición firme sobre ese punto, porque sabemos bien

que en el pasado la irresponsable discrecionalidad en la elección de funcionarios nos

ha llevado a pésimas administraciones.

Las diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional nos

declaramos respetuosos de la autonomía de las decisiones de los ayuntamientos, pero

exigimos el cumplimiento de las normas que nos rigen, como los son los artículos 101

de la Constitución Local y el 76 fracción IV, c) de la Ley Orgánica Municipal para el

Estado de Guanajuato, que a la letra señalan:


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Artículo 101 de la Constitución Política Local, “todo empleado que maneje

caudales públicos del estado, de los municipios y de los organismos descentralizados,

caucionará suficientemente su manejo”.

Artículo 76 fracción IV, c) de la Ley Orgánica Municipal, establece que “los

ayuntamientos tiene entre otras, la atribución en materia de hacienda pública

municipal, referente a determinar la forma en que el tesorero y demás servidores que

manejen caudales públicos municipales, deban caucionar suficientemente su manejo”.

Con estos lineamientos normativos y en atención a la autonomía municipal,

habrán de establecerse los criterios y procedimientos para hacer efectiva la caución

por el importe y tiempo que se determine, con el propósito de garantizar el adecuado,

íntegro y honesto manejo de los recursos públicos.

En este orden de ideas solicitamos al Pleno del Poder Legislativo, haga propio

el presente exhorto y por unanimidad, dada su naturaleza y trascendencia que éste

tiene, se exija el acatamiento de la ley para que los servidores públicos municipales

cumplan a la brevedad con los requisitos establecidos y presenten la caución que por

norma les es requerida, a fin de privilegiar la certeza y transparencia que tanta falta

hace en estos tiempos de desconfianza general en la función pública.

Por lo anterior expuesto y fundado, solicitamos a esta Honorable Asamblea

apruebe el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a los cuarenta y seis ayuntamientos que conforman el

Estado Libre y Soberano de Guanajuato, para que de conformidad con lo establecido

en el artículo 101 de la Constitución Política Local, así como del numeral 76 fracción

IV, c) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, todo empleado que

maneje caudales públicos los caucione suficientemente, privilegiando la transparencia

y certeza en la orientación de los recursos públicos de nuestros municipios.

Guanajuato, Gto., 11 de octubre 2012. Las Diputadas y los Diputados



Francisco Javier Contreras Ramírez, Dip. Yulma Rocha Aguilar, Dip. Erika

Lorena Arroyo Bello, Dip. Adrián Camacho Trejo Luna, Dip. Felipe de Jesús

Orozco García, Dip. Guillermo Romo Méndez, Dip. Jorge Videgaray Verdad,

Dip. José Gerardo Zavala Procell, Dip. Luis Felipe Luna Obregón, Dip. Pedro

Chávez Arredondo, Dip. Roberto Mauricio Vallejo Rábago. « [3]

3 Transcripción: L.A.P. Martina Trejo López

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