03 informe pasivos laborales - comisión nacional … la procedencia o no de los reclamos sometidos...

4
Acuerdo 16.3ª.08 Informe sobre las acciones en torno al pasivo laboral contingente De conformidad con las actividades señaladas en el cronograma presentado a la Junta de Gobierno en la Cuarta Sesión Ordinaria, en el mes de diciembre de 2008, se concluyó con el análisis y estudio de cada uno de los expedientes laborales, por lo que ya se cuenta con el dictamen correspondiente de cada uno de ellos. Continuando con las actividades establecidas en el cronograma de referencia en el rubro “Asuntos que se proponen para su conciliación una vez emitido el dictamen correspondiente”, se informa a la Junta de Gobierno, que la Dirección General de Asuntos Jurídicos previo estudio y análisis de los juicios en cuestión considera lo siguiente: CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO RELATIVOS A LOS JUICIOS LABORALES EN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. El 21 de mayo de 2003, el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (abrogando la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista) en la que se establece que ésta es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. Por otra parte, en el artículo Séptimo Transitorio consigna que, “los trabajadores del Instituto Nacional Indigenista seguirán siéndolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, conservando su antigüedad, derechos y condiciones laborales”. En ese mismo acto, se reforma la fracción VI y se deroga la fracción VII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se reforma el primer párrafo del artículo 5° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que esencialmente se constriñe a incluir en dicho normativo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como tal. De conformidad con la naturaleza jurídica de la CDI, y conforme a los criterios jurídicos sostenidos por los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo a través de Jurisprudencia, como la P./J./1/96, SJFyG, pág. 52, con rubro “ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSION EN EL ARTICULO 1° DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCOSNTITUCIONAL.” las entidades que se ubican en ese supuesto, deben regir sus relaciones de trabajo conforme la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Apartado “A” del artículo 123 Constitucional, que concede beneficios a los trabajadores de la CDI, que de estar sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no gozarían. Como ejemplo contundente debe señalarse que la Ley Federal del Trabajo tutela el derecho a la estabilidad en el empleo para los trabajadores de confianza, toda vez que en este Apartado, aún y cuando se trate de altos mandos, si no se acredita o justifica la causa por la cual se da por terminado el vínculo laboral, se corre el riesgo de laudo condenatorio en el que no sólo procedería la reinstalación o indemnización constitucional según la acción principal ejercitada, sino el pago de salarios caídos en ambas y los incrementos salariales en la primera, aunado a las prestaciones conocidas como secundarias, tales como prima vacacional, vacaciones, aguinaldo, ayuda de despensa, aportaciones a la seguridad social, etc. Anexo 3 H. Junta de Gobierno, marzo de 2009 1

Upload: tranquynh

Post on 30-Oct-2018

212 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Acuerdo 16.3ª.08 Informe sobre las acciones en torno al pasivo laboral contingente 

 De conformidad con las actividades señaladas en el cronograma presentado a la Junta de Gobierno en  la  Cuarta  Sesión Ordinaria,  en  el mes  de  diciembre  de  2008,  se  concluyó  con  el  análisis  y estudio  de  cada  uno  de  los  expedientes  laborales,  por  lo  que  ya  se  cuenta  con  el  dictamen correspondiente de cada uno de ellos.  Continuando con las actividades establecidas en el cronograma de referencia en el rubro “Asuntos que se proponen para su conciliación una vez emitido el dictamen correspondiente”, se informa a la Junta de Gobierno, que la Dirección General de Asuntos Jurídicos previo estudio y análisis de los juicios en cuestión considera lo siguiente:  

CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO RELATIVOS A LOS JUICIOS LABORALES EN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

 El 21 de mayo de 2003, el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide  la Ley de  la Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas, (abrogando  la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista) en  la que se establece que ésta es  un  Organismo  Descentralizado  de  la  Administración  Pública  Federal,  no  sectorizado,  con personalidad  jurídica,  con patrimonio propio,  con  autonomía operativa,  técnica, presupuestal  y administrativa. Por otra parte, en el artículo Séptimo Transitorio consigna que, “los trabajadores del Instituto Nacional Indigenista seguirán siéndolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, conservando su antigüedad, derechos y condiciones laborales”.  En ese mismo acto, se reforma  la fracción VI y se deroga  la fracción VII del artículo 32 de  la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se reforma el primer párrafo del artículo 5° de la Ley  Federal  de  las  Entidades  Paraestatales,  que  esencialmente  se  constriñe  a  incluir  en  dicho normativo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como tal.  De conformidad con la naturaleza jurídica de la CDI, y conforme a los criterios jurídicos sostenidos por los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo a través de Jurisprudencia, como la P./J./1/96, SJFyG,  pág.  52,  con  rubro  “ORGANISMOS  DESCENTRALIZADOS  DE  CARÁCTER  FEDERAL.  SU INCLUSION  EN  EL  ARTICULO  1°  DE  LA  LEY  FEDERAL  DE  LOS  TRABAJADORES  AL  SERVICIO  DEL ESTADO, ES  INCOSNTITUCIONAL.”  las entidades que  se ubican en ese  supuesto, deben  regir  sus relaciones de  trabajo  conforme  la  Ley  Federal del Trabajo, Reglamentaria del Apartado  “A” del artículo  123  Constitucional,  que  concede  beneficios  a  los  trabajadores  de  la  CDI,  que  de  estar sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no gozarían.   Como ejemplo contundente debe señalarse que  la Ley Federal del Trabajo tutela el derecho a  la estabilidad en el empleo para los trabajadores de confianza, toda vez que en este Apartado, aún y cuando  se  trate  de  altos mandos,  si  no  se  acredita  o  justifica  la  causa  por  la  cual  se  da  por terminado el vínculo laboral, se corre el riesgo de laudo condenatorio en el que no sólo procedería la reinstalación o indemnización constitucional según la acción principal ejercitada, sino el pago de salarios  caídos  en  ambas  y  los  incrementos  salariales  en  la primera,  aunado  a  las prestaciones conocidas  como  secundarias,  tales  como  prima  vacacional,  vacaciones,  aguinaldo,  ayuda  de despensa, aportaciones a la seguridad social, etc.  

Anexo 3

H. Junta de Gobierno, marzo de 2009 1

Por otra parte,  si bien es  cierto que  la CDI puede hacer  valer  la  insumisión al arbitraje o el no acatamiento al laudo, ello le implica una carga procesal, la cual consiste en evidenciar la calidad de confianza  del  trabajador,  extremo  que  difícilmente  se  acredita  en  virtud  de  las  funciones sustantivas  que  realiza  el  personal  de  la  dependencia,  consistentes  en,  orientar,  coordinar, promover, apoyar,  fomentar, dar  seguimiento y evaluar  los programas, proyectos, estrategias y acciones  públicas  dirigidas  al  desarrollo  integral  y  sustentable  de  los  pueblos  y  comunidades indígenas.  Existen  circunstancias  de  hecho  y  de  derecho  en  las  que  la  CDI  no  tiene  injerencia  y  que  han impactado en el pasivo  laboral contingente, como  las políticas presupuestales establecidas por  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a  las cuales debe ceñirse  la Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas  al  formar parte de  la Administración Pública  Federal  como Organismo Descentralizado, debiendo ejecutar medidas riesgosas en materia laboral, toda vez que un  gran  número  de  la  plantilla  de  recursos  humanos  prestó  o  presta  su  servicios,  mediante contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales,  los  cuales  se  han  otorgado  prácticamente desde  el  inicio  de  la  relación  e  ininterrumpidamente,  algunos  con  antecedentes  de más  de  25 años.  En  acatamiento  a  esas  disposiciones  presupuestales‐administrativas,  la  CDI  otorgó  los  últimos contratos de prestación de  servicios bajo ese esquema hasta el 31 de diciembre de 2007, y en algunos  casos en  sustitución de aquellos,  se  celebraron  contratos de  trabajo eventuales, por el lapso comprendido del 1° al 31 de enero, y otros del 1° de enero al 31 de marzo de 2008, y al término de dicha vigencia, ya no  se  les  renovó otro contrato,  lo que generó  la  interposición de múltiples  juicios  laborales,  reclamando  reinstalación  o  indemnización  constitucional,  aunado  al reconocimiento de  la existencia de relación  jurídica de trabajo desde  la fecha en que  iniciaron  la prestación de sus servicios, independientemente de la forma en que se les contrató.   Por el  impacto económico‐administrativo que  implica, merece comentario especial el riesgo que en  estos  casos  implica  el  que  de  dictarse  laudo  condenatorio,  uno  de  los  efectos,  sería  la generación  o  creación  de  una  plaza  de  estructura  similar  a  aquella  que  con  base  en  las percepciones deberá reinstalarse el demandante.   Cabe  señalar  que  el  riesgo  en  los  litigios  que  se  llevan  actualmente,  deriva  de  la  generación involuntaria  de  elementos  de  prueba  con  los  que  puede  demostrarse  la  existencia  de  vínculo laboral,  como  lo  son,  además de  la  ininterrupción de  la  relación,  la expedición de documentos tales  como  oficios  de  comisión,  instrucciones  que  deben  observar  en  el  desempeño  de  las actividades, otorgamiento de herramientas de  trabajo  como  vehículos,  computadoras,  lugar de adscripción,  observar  un  horario,  encontrase  bajo  las  ordenes  de  un  jefe,  solo  por mencionar algunos, es decir, queda demostrado el elemento esencial de la relación jurídica de trabajo, como lo es, la subordinación.  Existe  otro  rubro  de  juicios  riesgosos,  que  corresponde  a  personal  con  plaza  de  estructura  de diversos niveles que fueron separados del servicio, como altos mandos, directores, subdirectores y jefes de departamento, sin observar  lo dispuesto por el artículo 47 de  la Ley Federal del Trabajo, es  decir,  no  se  notificó  el  aviso  de  rescisión,  y  en  aquellos  casos  que  se  hizo,  con  el material probatorio aportado por  la CDI no  se  logra demostrar  fehacientemente  la  causal por  la  cual  se determinó, teniéndose como un despido injustificado.  

Anexo 3

H. Junta de Gobierno, marzo de 2009 2

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, atiende 172 juicios laborales interpuestos en contra de la Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas, de  los  cuales,  con base en el análisis  jurídico que  se está  realizando a efecto de  significar aquellos en  los  cuales el  riesgo de obtener  un  laudo  condenatorio  es mayor,  implicando  no  sólo  la  reinstalación,  sino  incluso  en algunos casos, la creación de una plaza homologa a la reclamada, pago y generación desmedida de salarios caídos, así como de diversas prestaciones secundarias como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, somete a consideración la conveniencia de llevar a cabo una negociación que permita finiquitarlos a la brevedad, impactando en un ahorro presupuestal y estructural para la  CDI,  toda  vez  que  de  continuar  con  los  juicios  de  referencia  la  condena  líquida  a  pagar  se duplicaría, toda vez que en promedio se estima concluirían en forma definitiva en un lapso de 2 a 4 años, considerando  las cargas de trabajo de  las Juntas Federales y  los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, pues actualmente en  la mayoría de  los casos se están señalando audiencias con una diferencia aproximada de 3 a 4 meses de distancia,  lo que evidentemente  incrementa el costo  de  los mismos,  en  virtud  de  que  las  prestaciones  señaladas  se  cuantifican  hasta  el  total cumplimiento del laudo definitivo.  Esencialmente se pueden clasificar los 172 juicios precitados en tres grandes rubros:  1.‐  Los  interpuestos  por  trabajadores  de  estructura,  que  fueron  separados  de  su  empleo  de manera injustificada, sin haber agotado el procedimiento legal previsto en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que consigna la obligación para el patrón de notificar y precisar por escrito al activo las causas que motivaron la terminación de la relación laboral, al atribuirle haber incurrido aquel con su conducta en alguna de las hipótesis previstas en dicho normativo.  2.‐ Los de Contratos de Honorarios, que se generaron esencialmente en el buen desarrollo de las funciones encomendadas a  la CDI en el cumplimiento de  los diversos programas que ésta opera, encontrándose  con  limitaciones  estructurales  y  administrativas, que  le  impiden otorgar  y  crear plazas con personal capacitado y especializado en el desempeño de actividades medulares de  la Institución,  recurriéndose al otorgamiento  indiscriminado de  supuestos Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, los que aparentemente se rigen en materia civil, sin embargo, a efecto de estar en posibilidad de dar cumplimiento a los citados programas se incurrió en la continuidad e ininterrupción en su otorgamiento, aunado a requerir y sujetar en la práctica, a la subordinación a  “los  prestadores  de  servicios”  que  se  les  contrató  con  esa  modalidad,  significándose  que precisamente la subordinación es el elemento esencial de la relación jurídica de trabajo, además a las  reformas  y  políticas  presupuestales  establecidas  por  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito Público,  las cuales  impidieron continuar otorgando esos  instrumentos  jurídicos a partir del 1° de enero de 2008,  lo que propicio  la  inconformidad de  la mayoría de quienes venían prestando sus servicios con esa modalidad, optando por  la  interposición de demandas  laborales, reclamando el algunos casos la reinstalación y en otras la indemnización correspondiente.  3.‐ Los de homologación, que básicamente se constriñen a un punto de derecho, es decir, al haber realizado la CDI la retabulación ordenada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2004, varios  trabajadores argumentan que ésta no  les  fue aplicada  correctamente,  reflejándose en el nivel tabular que se  les otorgó y que consecuentemente  impacta en sus percepciones,  las que se ven mermadas. La CDI se excepcionó sosteniendo que únicamente acató escrupulosamente en sus términos los lineamientos expedidos para ese efecto por la Secretaría de Estado precitada, que no era una facultad potestativa, de ahí que la autoridad laboral emitirá la resolución correspondiente de acuerdo a  la  interpretación que haga de dichos  lineamientos presupuestales y  su aplicación, 

Anexo 3

H. Junta de Gobierno, marzo de 2009 3

determinando  la procedencia o no de  los reclamos sometidos a su consideración,  impactando en algunos casos en forma moderada en el presupuesto, esto es, porque de ser condenatorio el laudo sólo deberán pagarse las diferencias salariales entre la plaza y nivel otorgada y la reclamada, por lo que no se consideran de alto riesgo para la CDI no incluyéndose en el presente análisis.  De  los 84  juicios en  los que  se  reclama  como acción principal  la  reinstalación,  los  cuales  son el grueso de las demandas laborales, por lo menos 30 deben tratar de conciliarse a más tardar en el mes de marzo del presente año, cuyo pasivo  laboral calculado al 31 de marzo de 2009, asciende aproximadamente a la cantidad de $17’734,541.99 (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en razón del riesgoso impacto económico que representan, toda vez que no sólo es la generación de salarios caídos e incrementos, sino que en la mayoría de estos, implica la creación de  plazas  de  estructura,  toda  vez  que  los  demandantes  prestaban  sus  servicios  mediante “Contratos de Prestación de Servicios Profesionales”.  Asimismo,  de  los  37  juicios  en  los  que  se  reclama  la  indemnización  constitucional,  se  estima conveniente  de  igual  forma,  tratar  de  llegar  a  una  conciliación  con  la  parte  actora  en  16 procedimientos,  cuyo  pasivo  laboral  calculado  al  31  de  marzo  de  2009,  asciende aproximadamente  a  la  cantidad  de  $18’228,988.70  (DIECIOCHO  MILLONES  DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO  PESOS  CON  SETENTA  CENTAVOS MONEDA NACIONAL), toda vez que aún con pronóstico riesgoso, el beneficio económico se constriñe a que los salarios caídos quedan exentos de incrementos y en caso de condena para la Comisión, ésta no tiene que crear plazas de estructura.  Lo anterior, para el efecto de que ya no se continúen generando salarios caídos y en consecuencia, el  incremento en el pasivo laboral.    

Anexo 3

H. Junta de Gobierno, marzo de 2009 4