PROCESO 1787

NDICE NARCOTRFICO Al asalto de la capital... /Jorge Carrasco Araizaga Jurez: La muerte, una forma de vida /J. Jess Esquivel Estado y crteles: amalgama perversa /Arturo Rodrguez POLTICA Estado de Mxico. Mtines en pueblos de narcos /Rosala Vergara La eleccin 2011 bajo supervisin rigurosa /lvaro Delgado Baja California Sur: el batidillo poltico pone en jaque al PRD /Rosala Vergara Nayarit: Flores Alavez, recuento de hechos, recuerdos, testimonios, denuncias... Jos Gil Olmos RELIGIN Buitres sobre la dicesis /Isan Mandujano y Rodrigo Vera INTERNACIONAL ITALIA: Los excesos pasan factura /Cynthia Rodrguez ESPAA: Con ayuda de los ex /Alejandro Gutirrez ANLISIS Preguntas para Enrique Pea Nieto /Denise Dresser La bondad /Naranjo El surrealismo electoral /Jess Cant IFE partidizado /John M. Ackerman Inters Pblico /Miguel ngel Granados Chapa Esta tristsima ciudadana, seor presidente /Sabina Berman CULTURA El Atlas cultural, a debate/Judith Amador Tello INVENTARIO Los versos del fin del mundo/ Jos Emilio Pacheco Pginas de crtica Arte: La fotografa revolucionaria de Mxico/ Blanca Gonzlez Rosas Msica: Samuel Ruiz y la msica /Federico lvares del Toro Teatro: Inter criminis: Recortes de una obra/ Estela Leero Franco Cine: El amor de mi vida/ Javier Betancourt Libros: El peculiar amor infantil/ Jorge Munga Espitia ESPECTCULOS Mandoki filma la migracin centroamericana/ Columba Vrtiz de la Fuente DEPORTES Fanticos al extremo /Beatriz Pereyra Guerreros, pero indefensos /Ral Ochoa Palabra de Lector Mono Sapiens /Las drogas destruyen /Helguera y Hernndez

Al asalto de la capital... Jorge Carrasco Araizaga El delirante proceso de militarizacin en el pas, atizado desde la Presidencia sin que se haya traducido en una reduccin de la criminalidad, alcanz ya al Distrito Federal, si bien aos antes hubo algunos despliegues castrenses en la capital de la Repblica. Sin contar con el necesario aval del Poder Legislativo, los cuerpos de lite de la Marina han comenzado a protagonizar operativos antinarco en el DF. Slo la semana pasada hubo tres espectaculares acciones de marines en la delegacin Benito Jurez, efectuadas sin consultar a las autoridades capitalinas. Los cuerpos de infantera de Marina utilizados por Felipe Caldern para operaciones terrestres, al estilo de los marines estadunidenses, estn cada vez ms presentes en centros urbanos, incluida la Ciudad de Mxico, sin que sus actuaciones cuenten con el aval del Congreso. Desde septiembre de 2009, cuando realizaron su primera incursin en el Distrito Federal, los infantes de Marina han tomado por momentos el control de calles en la capital del pas para labores de vigilancia, cateo e inspeccin, pero segn la propia Secretara de Marina-Armada de Mxico, los marines mexicanos en cualquier momento pueden entrar en combate urbano. Encapuchados y pertrechados con rifles de asalto, lanzagranadas y otro armamento de alto poder, han llegado con unidades artilladas a zonas habitacionales y comerciales del DF preparados para un eventual enfrentamiento con grupos de la delincuencia organizada, como ha ocurrido en estados como Morelos, Tamaulipas o Nuevo Len. Ni el Ejrcito haba hecho una demostracin de fuerza de ese tipo en la Ciudad de Mxico, donde se asienta su cuartel general. A pesar de que los operativos militares, sobre todo de los infantes de Marina, son cada vez ms recurrentes, el gobierno del DF minimiza la presencia de las fuerzas federales en su territorio. Hemos tenido presencia de la Marina, el Ejrcito y la Polica Federal en otras ocasiones. Llegan con objetivos especficos en seguimiento de investigaciones que vienen realizando, dice en entrevista el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel ngel Mancera Espinosa. No es que estn patrullando la ciudad ni se ha vuelto indispensable que lo hagan. En el caso de los operativos realizados la semana pasada por la Marina, se trat de una operacin perfectamente dirigida hacia un blanco especfico, aade. Asegura que mientras se trate de ese tipo de objetivos estamos en la condicin de apoyo, sin que nos den detalles. Entendemos que estas operaciones dependen de la forma en que se ejecuten, sin que nadie lo sepa. Su cuartel general

Pero la presencia de la Marina en la Ciudad de Mxico va ms all de esos objetivos especficos. Concentrada hasta este sexenio en la defensa martima del pas, la Marina-Armada de Mxico ya hizo de la capital del pas tambin su Cuartel General de Alto Mando, desde donde prepara las operaciones de los infantes de Marina en todo el pas. Desde la llegada de Caldern la Armada cambi su organizacin y operacin sin contar con la autorizacin del Congreso. Apenas en marzo del ao pasado, el Senado aprob modificaciones a la Ley Orgnica de esa fuerza, pero desde entonces estn congeladas en la Cmara de Diputados. La poltica estratgica de la Armada impulsada por Caldern y el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, ha estado dirigida a la creacin de una nueva estructura operativo-militar en la que

la Infantera de Marina es la principal unidad operativa (Proceso edicin especial 29). Segn anunci el propio Saynez, en el segundo ao de gobierno de Caldern esa fuerza ya tena ms de 15 mil efectivos, concentrados en batallones, fuerzas especiales y otros agrupamientos que representan casi la tercera parte del personal de la Armada y que han actuado en operativos como la ejecucin de Arturo Beltrn Leyva, El Barbas, en diciembre de 2009 en Morelos, y de Antonio Ezequiel Crdenas Guilln, Tony Tormenta, en noviembre del ao pasado en Matamoros, Tamaulipas. No se trat slo de una modificacin para aumentar el nmero de infantes de Marina, explica Victoria Unzueta, asesora del PRD en la Cmara de Diputados en materia de seguridad. Ese cuerpo ya exista, lo que se hizo fue modificar el esquema de la Armada para que pudiera realizar operaciones en zonas continentales, tal y como lo hacen los marines estadunidenses, aade. De hecho, los infantes de Marina mexicanos estn recibiendo preparacin y entrenamiento en Estados Unidos. De acuerdo con el cable 3573, enviado por el embajador Carlos Pascual al Departamento de Estado el 17 de diciembre de 2009, en el caso de la ejecucin de Arturo Beltrn Leyva ocurrida un da antes las fuerzas de la Secretara de Marina procedieron respondiendo y actuando ante informacin proporcionada por Estados Unidos. El cable, uno ms de los que han sido difundidos por WikiLeaks, puntualiza un hecho que convirti a los miembros de la infantera de Marina mexicana en verdaderos marines: La unidad que realiz la operacin recibi amplio entrenamiento por parte de Estados Unidos. La presencia de los marines de Caldern en la Ciudad de Mxico, gobernada por el PRD, ha sido creciente. Su presentacin ocurri el 19 de septiembre de 2009, cuando infantes de Marina se apostaron en Moliere 222, frente a las oficinas del Grupo Bal, del empresario Alberto Bailleres, en Polanco, muy cerca de la sede de la Secretara de la Defensa Nacional. Los marinos tenan su objetivo en una de las subsidiarias de ese grupo, Qumica del Rey, cuya direccin apareci en los sacos de sulfato de sodio donde se haban escondido 11 millones de dlares que ocho das antes fueron decomisados por la Marina en Manzanillo, Colima, y que tenan como destino el puerto colombiano de Buenaventura. Los marinos no entraron al inmueble porque nunca recibieron la orden de cateo. Pero los marines de Caldern, a decir de la Procuradura General de la Repblica (PGR), tambin han cometido pifias. El 9 de junio del ao pasado, la Marina anunci que fuerzas especiales de la Armada haban asegurado ms de 20 kilos de explosivos en un operativo nocturno en un inmueble de hospedaje ubicado en el nmero 12 de la calle Mrida, en la colonia Roma de la delegacin Cuauhtmoc. En el decomiso, se ufan esa fuerza armada en un comunicado oficial, se utilizaron fusiles con visin nocturna y se realiz a partir de informacin entregada por el gobierno estadunidense. A dos das del espectacular anuncio, la PGR desminti a la Marina. No se trataba de explosivos sino de glicerina, cido ntrico y parafina, segn dictamin el Ministerio Pblico Federal. Operativos capitalinos

La semana pasada marc lo que ha sido la principal presencia de los infantes de Marina en la Ciudad de Mxico. En menos de 72 horas realizaron tres operativos en la delegacin Benito Jurez. Entre la una y media y las cinco de la maana del lunes 24, un grupo de marinos se despleg en la colonia Del Valle. En el nmero 21-A de Miguel Laurent, entre Fresas y Tejocotes, catearon un departamento y detuvieron a un supuesto integrante de un crtel del narcotrfico. Segn inform la Marina, fue detenida una persona que se identific como Juan Ramn Crdova Pealoza, de 47 aos, originario del Distrito Federal y a quien le decomisaron tres armas y vehculos. Al da siguiente, como parte de la misma investigacin, muy cerca de ah catearon el hotel Vermont, en

el cruce de las calles Vermont y Colorado, en la colonia Npoles. Despus de seis horas, los marinos no detuvieron a ninguna persona, pero aseguraron armas y municiones, segn dijo la Marina. El mircoles 26, una veintena de marinos regresaron al inmueble de Miguel Laurent para vigilar durante varias horas la diligencia que realiz la Subprocuradura de Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). La Marina evit informar sobre el crtel objeto de esas acciones y slo trascendi que se trataba de un jefe de Los Zetas o de una persona relacionada con Hctor Beltrn Leyva. La atencin sobre las acciones militares de la semana pasada en la Ciudad de Mxico aument porque el Ejrcito y la Polica Federal realizaron otros tres cateos. El Ejrcito regres a realizar cateos en el Distrito Federal despus de ao y medio de no hacerlo. La madrugada del mircoles 26, una unidad de Fuerza de Reaccin, apoyada por vehculos artillados, inspeccion un inmueble en la esquina de Sur 113-A y Oriente 116, en la colonia Picos de Iztacalco, delegacin Iztacalco. Tambin cate una casa de la calle Sur 115, de la colonia Juventino Rosas, de la misma delegacin. Ms tarde, fuerzas especiales de la Polica Federal detuvieron a cinco personas supuestamente vinculadas con la delincuencia organizada en el hotel Bengala de la colonia Obrera, delegacin Cuauhtmoc. Sitio de paso

La Ciudad de Mxico ya ha sido escenario de detenciones de presuntos jefes del narcotrfico por parte de las fuerzas federales. En marzo de 2009, agentes de la PGR y fuerzas especiales del Ejrcito detuvieron en el nmero 269 de la calle Lluvia, en Jardines del Pedregal, a Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del crtel de Sinaloa. Un mes despus, tambin la PGR y el Ejrcito detuvieron en una residencia de Bosques de las Lomas a Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero, hijo del fallecido Amado Carrillo Fuentes, El Seor de los Cielos, jefe del crtel de Jurez. En enero de ese mismo ao fue detenido por la PGR, en la colonia Villas de Coyoacn, Miguel ngel Soto Parra, exmilitar cofundador de Los Zetas. En Lindavista, en el norte del DF, en octubre de 2008 fue detenida una clula del cartel de Sinaloa. Entre los aprehendidos estuvieron el hermano del Mayo, Reynaldo Zambada, El Rey o El Patrn, y su sobrino Jess Zambada Reyes. En 2007, en un restaurante de San Jernimo, en el sur de la Ciudad de Mxico, fueron detenidos Sandra vila Beltrn, La Reina del Pacfico, y su entonces pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinoza Ramrez, El Tigre, integrante del crtel colombiano del Valle del Norte, que se volvi testigo protegido del gobierno estadunidense y que ha declarado en contra de Sandra vila. En la Ciudad de Mxico tambin han sido detenidos grupos operativos de Los Zetas, del crtel del Golfo, La Familia Michoacana, el crtel de Sinaloa, los hermanos Beltrn Leyva. A esas organizaciones la PGR les ha asegurado casas en las colonias Jurez, Del Valle, Lindavista, Jardines del Pedregal, San ngel, Coyoacn, Pedregal, Bosques de las Lomas e Interlomas. Beneplcito

El jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, ha dado su aval a estas acciones de las fuerzas federales en la ciudad. En junio de 2009 asegur: Nosotros vemos bien todas las acciones que se puedan tomar, ya sea por instancias federales o locales, y ms si las hacemos de manera coordinada; se

refera a un operativo realizado un mes antes por el Ejrcito y la Polica Federal en la colonia Obrera, delegacin Cuauhtmoc. Pero el propio secretario capitalino de Seguridad Pblica, Manuel Mondragn y Kalb, matiz la coordinacin con el gobierno federal y pidi una mejor comunicacin para la realizacin de los operativos. El procurador Miguel Mancera dice que todas esas capturas relacionadas con diferentes grupos delictivos de alto nivel han sido focalizadas, pero nunca resultado de un enfrentamiento a tiros en las calles, porque no hay una base efectiva de esos grupos en la ciudad. Sostiene que el DF no es un punto de concentracin o asentamiento de crteles ni tampoco foco de distribucin de la droga. Explica: lo que han dicho los propios actores de la delincuencia organizada en algunas declaraciones es que la Ciudad de Mxico se les dificulta para la operacin porque requieren de mucha gente, de una rpida movilidad y de grandes esquemas de proteccin. Segn Mancera, la Ciudad de Mxico no lo facilita porque hay un cuerpo policiaco muy grande, de ms de 70 mil elementos, concentrado en un mando nico. Tambin, sostiene, porque permite detectar una situacin anmala, como la circulacin de un convoy con gente armada y vidrios negros, fuera de los que se conocen de las autoridades. Pero la ciudad, que cada da puede llegar a tener unos 15 millones de personas con los 5 millones de poblacin flotante, tambin facilita el ocultamiento de narcotraficantes, siempre y cuando se mantengan discretos, dice el funcionario. Asegura que cuando fue capturado El Rey Zambada dijo que haba venido a festejar su cumpleaos; es decir, que como muchos otros narcotraficantes entraba a la ciudad y luego se iba. El verdadero problema de la ciudad, dice, es el narcomenudeo, que se registra desde finales de los aos noventa, especialmente en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y parte de lvaro Obregn. Esas demarcaciones son consideradas por la autoridad capitalina como puntos rojos y que irradian en reas circunvecinas, como las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtmoc y Tlalpan. El procurador capitalino admite que hay una tendencia creciente: No hay semana en la que no hagamos una detencin que no tenga que ver con el narcomenudeo, pero insiste en que no hay nada que conecte con un grupo en especfico. Sobre la presencia de ejecutados y narcomensajes que se han registrado en el DF, afirma que no se trata necesariamente de gente de esta ciudad, sino de encargos de otras partes del pas. Las incursiones militares en la Ciudad de Mxico han derivado, como en todo el pas, en un aumento de quejas ante la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con esa instancia, del 1 de diciembre de 2006, cuando comenz el sexenio de Caldern, al 27 de enero de este ao se han abierto 227 quejas contra el Ejrcito y 46 contra la Marina. La comisin ha emitido seis recomendaciones contra el Ejrcito y una contra la Marina, pero la mayora ha sido rechazada por las Fuerzas Armadas. Federico Ponce Rojas, exsubprocurador general de la Repblica y titular de la maestra en derecho militar de la Universidad Anhuac, coincide con Mancera en que el DF ha escapado a la violencia indita de la delincuencia organizada, pero considera que sta buscar incrementar el consumo de droga en el pas y en eso la Ciudad de Mxico es un mercado codiciado. Asegura que la presencia de las Fuerzas Armadas en la capital est siendo cada vez ms recurrente. Empez de manera aislada y ahora est cada vez ms presente. Pero el uso del Ejrcito y la Marina sostiene no es la solucin al problema, ni en el DF ni en todo el pas.

A la calle, sin reglas ni control Jorge Carrasco Araizaga Utilizados por Felipe Caldern desde el primer da de su gobierno para contener al narcotrfico, pero sin darles los instrumentos jurdicos, el Ejrcito y la Marina tendrn que responder por los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la poblacin civil. Ante ese escenario, ya en la ltima parte de su presidencia, Caldern promueve una reforma legal limitada que no dar certidumbre ni a los militares ni a la sociedad. Federico Ponce Rojas, exsubprocurador general de la Repblica y promotor de la primera maestra en derecho militar en Mxico fuera de los mbitos castrenses, evala as la situacin en que se encuentran las tropas despus de cuatro aos de participacin directa en la guerra al narcotrfico. Ante lo que pueden enfrentar los militares en los prximos aos, considera que es el Congreso el que tiene que enmendar la propuesta de reforma al gobierno federal, que deja sin resolver los alcances de la jurisdiccin castrense cuando los soldados actan fuera de sus cuarteles. Sacaste al Ejrcito para contener un problema, pero no le diste ni desarrollaste paralelamente el instrumento jurdico que le permitiera cumplir con esa tarea y ahora hay una realidad de violaciones a los derechos humanos, para la que se propone una reforma limitada, dice el acadmico. Defensor del fuero de guerra, pero acotado a actos de la disciplina militar, Ponce Rojas advierte: De que va a haber (demandas contra militares por violaciones a los derechos humanos) las va a haber, y de que los acusados tendrn que responder, debern hacerlo. Dice que al margen de las reformas propuestas al Cdigo de Justicia Militar para limitar el alcance del fuero militar y a la Ley de Seguridad Nacional para regular la participacin de las Fuerzas Armadas en sus funciones de seguridad, la revisin del pasado est prevista en la actual legislacin. Explica: Tenemos el rgimen de las prescripciones y de las sanciones agravadas. Todos sabemos que las sanciones en materia de narcotrfico son ms severas para militares y policas. El principio del derecho penal es la igualdad y eso significa el trato desigual a los iguales, y ah est el ejemplo de la sancin hacia los militares: se les da un trato desigual para igualarlos al que no es polica ni militar. Los instrumentos estn dados. El asunto es si podemos encontrar caminos claros y prontos, dice el acadmico de la Universidad Anhuac, donde es titular de la maestra en derecho militar. Subprocurador de Averiguaciones Previas cuando Ignacio Morales Lechuga estuvo al frente de la PGR, Ponce Rojas es categrico: Las responsabilidades de los militares por esos hechos van a subsistir despus de este gobierno y las reformas propuestas, no van a impedir que en un momento dado los actores respondan ante la justicia. Promovida por Caldern, la reforma al Cdigo de Justicia Militar que se prev se discuta en el periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero limita a tres los casos en que la justicia civil pueda conocer de delitos cometidos por militares contra la poblacin civil: tortura, violacin y desaparicin forzada. Quedan fuera los homicidios, robos y otros abusos que han sido denunciados contra el Ejrcito y la Marina. Tan slo en el caso del Ejrcito, en el actual sexenio se han interpuesto ms de mil 400 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, mientras que la Marina comienza a registrar un importante nmero de quejas en todo el pas, sobre todo despus de que comenz a realizar operativos en tierra continental. Hago votos para que la reforma no se apruebe como est. Nada tiene que ver con la responsabilidad. sta va a subsistir transexenalmente por el tiempo que las normas establezcan respecto a la prescripcin o no de los delitos, dice el exsubprocurador.

En el caso de las desapariciones forzadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nacin estableci desde 2003 que se trata de un delito continuado hasta que aparezca la persona o su cuerpo; adems de que la tortura debe ser investigada tambin, de acuerdo con los instrumentos internacionales firmados por Mxico. Una reforma necesaria

Ponce Rojas favorece la concurrencia de los fueros civil y militar, con definiciones claras de conductas, obligaciones y derechos de los actores: Se necesita una reforma que responda a las necesidades actuales y que no limite la jurisdiccin militar, que d certidumbre, transparencia y claridad a las acciones de la justicia civil contra los militares. Pero lo que se propone, seala, es una reforma limitativa y confusa, pues deja fuera violaciones que son del fuero civil, como el homicidio, el robo o el dao a propiedad ajena. Dice que la propuesta de limitar a tres los delitos cometidos por militares que puedan ser seguidos por jueces civiles reduce an ms las probabilidades de sancin que ahora existen: Hoy, como estamos, sin reformas, no hay limitaciones para cuando un militar transgrede la ley civil. Ahora abogado de Banamex, Ponce Rojas considera que no slo amplios sectores de la sociedad quieren que los militares regresen a sus cuarteles. Ellos (los militares) lo quieren ms que nosotros. Han dicho que quieren regresar, terminar con esta lucha. Es ms, segn Ponce Rojas, en el combate a la impunidad a las acciones del Ejrcito, los ms interesados son ellos mismos. El Ejrcito ha sido una contencin de todos los riesgos y penurias que hemos vivido, pero no les dieron los instrumentos jurdicos para esa contencin, asegura. Respecto al castigo de los abusos cometidos por soldados y marinos, dice que se tiene que reformar la parte procedimental para que los militares sean juzgados por tribunales civiles. Asegura que la justicia militar no se contrapone con la justicia civil, pero se necesitan reglas claras para que el militar sea castigado en ambos fueros. La sociedad debe tener la garanta de que los soldados van a ser sancionados con mayor severidad y de que si hay civiles involucrados en el hecho tambin sern castigados por la justicia ordinaria. Pero es el Legislativo, insiste, el que debe establecerlo claramente. La solucin est en manos de los propios legisladores. Ellos mismos pueden proponer una iniciativa de reforma al Cdigo de Justicia Militar, ms all de lo propuesto por el gobierno federal. En defensa del fuero militar, dice que el Cdigo de Justicia Militar tiene grandes aportaciones a la justicia mexicana: los juicios son mixtos, mayoritariamente orales y pblicos, y destaca el hecho de que el Ejrcito promueva una reforma al Cdigo de Justicia Militar para incorporar el delito de traicin a las Fuerzas Armadas. Es una aportacin al derecho penal, sostiene. En el caso de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para darle un marco jurdico a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el narcotrfico, asegura que el Congreso est obligado a dar transparencia a la actuacin de los militares para que la sociedad civil tenga la certidumbre de que la transgresin a unas normas claras tendr sanciones tambin claras. Abunda: La obligacin de la Fuerza Armada Permanente como la reforma a la Ley de Seguridad Nacional define al Ejrcito, Fuerza Area y Armada genera el derecho de responder ante los tribunales y conductas previamente establecidas para garantizar que los responsables de violaciones sean castigados, sin esperar un cambio de rgimen poltico. El Ejrcito estara ms complacido con reglas transparentes y claras. Creo que la preocupacin mayor de los militares es la del cumplimiento de la ley. Siento que encuentran lagunas y por eso demandan la transparencia de la legislacin. El Congreso tiene que trabajar en eso para regresar al Ejrcito a lo que es, un Ejrcito de paz, asegura. l

Jurez: La muerte, una forma de vida J. Jess Esquivel Charles Bowden, escritor y periodista especializado en temas de violencia en la frontera norte de Mxico, afirma a Proceso que su libro ms reciente, La ciudad del crimen, naci de su incredulidad: nunca crey en la versin de los gobiernos mexicano y estadunidense de que los asesinatos en la urbe fronteriza fueran resultado de la lucha entre crteles. As que visit la plaza, habl con deudos y hasta con victimarios... Su conclusin es que los muertos de Jurez son vctimas inocentes de la corrupcin. EL PASO, TEXAS.- Con un dejo de impotencia, Charles Bowden afirma: S, la muerte se ha convertido en el modo de vida en Ciudad Jurez. Bowden, cuyo ms reciente libro es La ciudad del crimen (Grijalbo), es un deambulante de la frontera entre Estados Unidos y Mxico. No tiene un lugar fijo. Se mueve entre Tucson, Arizona; Las Cruces, Nuevo Mxico, y El Paso, Texas. Cada vez que cruzo a Mxico digo: sta es la ltima. Pero siempre regreso. El olvido y desdn de los gobiernos de Mxico y Estados Unidos hacia la gente de Jurez me hace volver, me grita que debo hacer algo para darle voz a los que no la tienen, apunta el escritor y periodista durante una entrevista con Proceso en el bar del hotel Camino Real en el centro de esta ciudad texana. La ciudad del crimen no es el tpico ensayo sobre los feminicidios, violaciones, asesinatos, secuestros, desapariciones, decapitaciones, pandillerismo y dems crmenes que privan en Ciudad Jurez. La obra tiene tintes literarios que describen lo que pasa en esa urbe y descalifica a Felipe Caldern, quien asegura que todos los muertos en esta plaza fronteriza son resultado de la lucha entre crteles del narcotrfico por el control de los corredores de la droga. Para el gobierno de Mxico los de Jurez son muertos sucios, destaca Bowden. Luego matiza: Ellos no son ms que resultado del olvido de un gobierno por la gente pobre, campesinos y obreros de todos los puntos del pas que llegaron al norte por la expulsin de sus lugares de origen a consecuencia del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. Una vez en Jurez estos mexicanos fueron explotados en las maquiladoras y, vctimas de la desesperacin, intentaron irse (a Estados Unidos); pero un muro de concreto o virtual y un cerco de acero los rebot y cayeron en vicios y en las manos de criminales, afirma Bowden. De 56 aos, alto, delgado, con el pelo largo, sin un par de dientes en la mandbula inferior y muy mal hablado, Charles Bowden tiene aspecto de aventurero pero es un escritor bohemio que calza botas especiales para andar por el desierto, viste pantaln vaquero, cinturn de hebilla grande y camisa de mezclilla. Me gusta la gente, siempre me ha gustado hablar y convivir con la gente de la frontera del norte de Mxico; son las vctimas de la corrupcin de sus gobiernos y el chivo expiatorio de la adiccin a las drogas de los estadunidenses, dice.

El albergue de El Pastor

Editor asistente de las revistas CQ y Mother Jones, adems de colaborador de Harpers Magazine, The New York Times Book Review, Apertura y exreportero del desaparecido peridico Tucson Citizen, Bowden es autor de libros como Down by the river, A shadow in the city, Some of the dead are still breathing, Blue desert y Frog mountain blues. Cuenta que La ciudad del crimen (Murder city) naci de las estadsticas sobre los asesinatos y desapariciones que comenzaron a crecer tras la decisin de Felipe Caldern de enviar a miles de soldados a Ciudad Jurez.

Asegura que su espritu de reportero lo llev a esa ciudad fronteriza para saber qu estaba pasando, porque no crea en el discurso de los gobiernos de Estados Unidos y de Mxico, el de que los muertos de Jurez son resultado de la guerra contra el narcotrfico. En cada una de sus 370 pginas, La ciudad del crimen relata la tragedia de los muertos de Jurez y la desesperanza de los deudos, y describe la lucha altruista de personas como Jos Antonio Galvn, El Pastor, exadicto que Bowden hall en uno de sus mltiples viajes a los barrios olvidados de la ciudad fronteriza. El Pastor tiene un albergue para locos, drogadictos, pandilleros, mujeres violadas (como la Miss Sinaloa que fue vctima de un ataque sexual mltiple) y hasta criminales que han perdido la memoria. Tarde o temprano los protegidos por El Pastor van a terminar muertos, tirados en algn rincn de las calles, sin cabeza o descuartizados. Por eso digo que en Ciudad Jurez el modo de vida es la muerte, subraya Bowden, quien con ms de medio centenar de viajes a Ciudad Jurez y das enteros entre los muertos sucios y hablando con los juarenses recopil los relatos que plasma en el libro. Descubr que la mayora de los muertos de Jurez no son criminales; como la Miss Sinaloa, una joven bellsima que perdi la razn como resultado de la fiesta a la que fue invitada, donde consumi mucha cocana y whisky para luego ser vctima de una orga de policas que la abandonaron para que la recogiera El Pastor, apunta Bowden. Entonces, no hay criminales entre los cientos de muertos de Ciudad Jurez? se le pregunta. No como los quiere presentar el gobierno de Caldern. Los muertos de Jurez son jvenes, hombres, mujeres, nias y nios que venden droga en las esquinas, que son repartidores de la mercanca que les dan a vender los narcos y los pandilleros, que a su vez trabajan para los crteles. Los usan para vender droga, los hacen adictos y, una vez que incluso los obligan a matar a otro pobre esquinero vendedor de droga, los matan sin importar el modo: de un tiro en la cabeza o arrancndoles los brazos, la cabeza o totalmente descuartizados. Los tiran como basura. Y mujeres como la Miss Sinaloa y las muertas de Jurez y los cuerpos en las narcofosas o las casas de la muerte, como les dice usted en su libro? Bowden vacila: Las mujeres y todos los muertos que quieren ensuciar Estados Unidos y Caldern, son vctimas de la corrupcin. Como lo pongo en mi libro, hay mujeres policas que han sido violadas y asesinadas por los soldados, por sus compaeros o por policas federales. Y hay denuncias que no van a ningn lado, nadie les cree, y algunas de las que viven se quedan calladas porque, si hablan, podran terminar como las dems mujeres que no son policas, que son obreras, drogadictas, pandilleras o hermosas jovencitas con cuerpos adorables y que son usadas como objetos sexuales: tiradas o enterradas en algn predio polvoriento de las calles de la muerte en Jurez. Segn Bowden, los capos del narco estn eliminando a gente que usan y que no tiene la menor importancia en los escalafones del poder de los crteles, que ni siquiera figuran en stos. Los matan y los entierran en casas de seguridad para ya no tirarlos por las calles, los descuartizan y los diluyen en cido o los echan por las alcantarillas a los tubos del drenaje, donde luego los perros y las ratas los encuentran y se alimentan de los cuerpos mutilados y en estado de descomposicin. No me importa que no crean lo que digo en el libro. No es una novela, yo s que sta es la verdad de Jurez y quien lo dude puede ir a comprobarla. Ojal lo hicieran los putos gobiernos de Caldern y de Barack Obama, subraya Bowden sin ocultar su incomodidad porque cuando se lleva a cabo la entrevista con Proceso, en el mismo bar tiene lugar la presentacin de una funcin de boxeo. Pero no se trata de pgiles profesionales, sino de miembros de las agencias federales de Estados Unidos encargadas de vigilar que los criminales, indocumentados y drogas no crucen la frontera de Ciudad Jurez con El Paso. Todos los peleadores, con el torso desnudo, tienen rasgos hispanos.

Charles Bowden? pregunta un joven fornido, con el pelo a rape, interrumpiendo la entrevista. S, soy yo contesta Bowden al darse cuenta de la mirada de admiracin que le lanza el joven boxeador. Soy agente de la Patrulla Fronteriza y slo quiero darle las gracias por su libro Down by the river. Su libro refleja la verdad sobre lo que pasa en esta frontera comenta el joven.

Artista de la Muerte

El Artista de la Muerte es la analoga literaria con la que Charles Bowden bautiza al sicario que ni siquiera conoce al jefe de quien recibi rdenes mediante otros para eliminar a decenas o cientos de personas. El autor se entrevist con l varias veces en sitios de la frontera norte de Mxico que no puede revelar. El Artista de la Muerte fue quien le explic en detalle cmo se secuestra a las personas en Ciudad Jurez, cmo se mata, se tortura, se quema con cido, se cortan los testculos y las manos, se viola, se acaba con esos muertos sucios que luego son enterrados en fosas en la casas de la muerte, en el desierto, o simplemente se arrojan enteros o en pedazos en las calles. El sicario existe: todava de vez en cuando hablo con l. Es un hombre arrepentido que se volvi al cristianismo. Est huyendo de los jefes de su crtel que le pusieron precio a su cabeza cuando ya no les serva, cuando ya lo haban transformado en una mquina de matar, en el sicario que con sus propias manos estrangul a muchas personas, cuenta Bowden. A diferencia del artculo que escribi para la revista Nexos en agosto de 2009 (Sicario. Confesiones de un asesino de Ciudad Jurez), el testimonio de este asesino tiene un tono ms literario y excluye los detalles crudos de los crmenes y las torturas. El autor lo utiliza para exponer una realidad trgica del Mxico actual, donde las autoridades no se atreven a enfrentar a los verdaderos criminales porque hacerlo sera como un escupitajo a la cara en pago de sus errores y de su corrupcin, segn Bowden. Pero ese asesino arrepentido que para el autor de La ciudad del crimen es un hombre muerto que camina porque puede ser ejecutado en cualquier momento hizo algo inslito: a instancias del escritor y cubrindose el rostro con una capucha, cont detalladamente ante cmaras de video los crmenes que cometi y habl de decenas de muertos sucios que las autoridades an no descubren en las casas de la muerte de Jurez. Bowden y el productor italiano Gianfranco Rosi se encargaron de editar y resumir en un documental de 77 minutos las macabras confesiones que el sicario expuso durante cinco das de entrevistas. El documental ya se transmiti en varios pases de Europa. No en Mxico, donde dos productoras se han negado a presentarlo ante el pblico. Y en Estados Unidos, menos. Saben que un testimonio como ste es para echarles en cara su culpa por los muertos de Jurez. Te dejo una copia del documental y una copia de un video de seis minutos de El Pastor; quiero que los veas, ambos existen, dice Bowden al despedirse del reportero. Sube a su camioneta. Va a Las Cruces, donde dormir esa noche. Volver a ir a Jurez? Ni l lo sabe. Dice que ya lo tiene enfermo el cuento de los gobiernos de Obama y de Caldern de que los muertos de Jurez son los de la guerra contra el narcotrfico y de la pelea entre los capos de la droga. Eso es una puta mentira, afirma.

Estado y crteles: amalgama perversa Arturo Rodrguez Testigo de primera mano del fenmeno paramilitar en Chiapas, el sacerdote Ral Vera Lpez ve similitudes entre ese caso y la situacin actual en el pas, sumido en una guerra contra el narcotrfico que, afirma, no es tal, sino una lucha de facciones de las mafias y los grupos polticos y econmicos que slo quieren cuidar sus intereses, en la que la violencia es alimentada desde el gobierno como un mecanismo para impedir la cohesin social. Para el obispo de Saltillo, adems, ya no hay lmites entre el aparato represor estatal y el hampa. SALTILLO, COAH.- Para el obispo de Saltillo, Ral Vera Lpez, la guerra de Felipe Caldern contra el narcotrfico es una lucha de facciones de los crteles y grupos polticos y econmicos que quieren proteger sus intereses con el fomento de la militarizacin y la violencia. Agrega que es un mecanismo que afecta a la sociedad civil, criminaliza a los luchadores sociales y aprovecha como carne de can el hambre de millones de jvenes sin oportunidades. Las consecuencias pueden ser semejantes a las que se ven en Chiapas, donde los grupos paramilitares y sus crmenes son responsabilidad del Estado que pretende, con el despliegue armado, evitar los procesos de articulacin y cohesin ciudadana. Vera Lpez quien ha calificado a Felipe Caldern de dictador y a los miembros de su gabinete de fascistas advierte que la delincuencia organizada est amalgamada con el Estado mexicano y que ya no hay lmites entre el aparato represor estatal y el hampa. Entrevistado por Proceso en los ltimos das de diciembre pasado, el obispo de Saltillo afirma que el despliegue de las Fuerzas Armadas como estrategia de la guerra de Caldern, junto con el fracaso del sistema judicial, degener ya en una situacin catica en la que el Estado prcticamente tiene pelotones de fusilamiento. El gobierno fue rebasado y est dando respuestas desesperadas, con una tremenda violacin de la ley y de la seguridad jurdica de los ciudadanos. Su afirmacin se basa en el antecedente de operativos como en el que muri Arturo Beltrn Leyva, el 16 de diciembre de 2009. La accin de fuego, dice, fulmina a los presuntos delincuentes. Lo mismo ha ocurrido con otros cabecillas, como Ignacio Coronel, en julio pasado, y Ezequiel Crdenas Guilln, en noviembre. No hay procuracin de justicia, investigacin seria, probanza de los crmenes. En Mxico, por ley, no existe la pena de muerte. Pero existe de facto. Eso es peligroso, es una manera sofisticada de ejecucin extrajudicial. El prelado advierte que si hubiera indagatorias se sabra lo necesario para enfrentar a la delincuencia. Pero parece que estos operativos tratan de que se mueran (los capos) para que no denuncien a quienes los apoyan en el aparato de Estado, como si resultara mejor que se lleven a la tumba los nombres de sus cmplices en el gobierno. Desde su perspectiva, esa guerra es un mecanismo de proteccin de intereses que, ante el fracaso del modelo poltico y econmico, est profundizando la injusticia y la impunidad. Sintetiza: La lectura principal es que el Estado mexicano, en su supuesto objetivo antinarco, est dando muestra de una grave debilidad; su estrategia fracas y no quieren cambiar el rumbo. Hasta ahora no ha habido un proceso serio de inteligencia para poner en su lugar a los criminales y a sus cmplices dentro de las estructuras estatal y financiera.

Represin y terrorismo

Desde hace cinco aos Ral Vera ha cuestionado la falta de investigacin en las estructuras polticas y financieras para combatir al narco. Considera que las instituciones perdieron el rumbo y la autoridad moral. Sostiene que el mensaje que enva el Estado es que se vale todo. En el discurso oficial se dice que estamos en guerra contra la delincuencia organizada. Pero vivimos una guerra? se le pregunta. Es una guerra meditica, de espectacularidades. Pero no es una estrategia bien pensada ni articulada, sino de respuestas inmediatas que no socavan el mal desde sus orgenes. Estamos hablando de una guerra de venganzas. No es una guerra de ideales ni por un objetivo; es un pleito entre facciones no slo de crteles, sino entre grupos polticos y financieros que estn amarrados a cada crtel. Seala que el Observatorio de Servicios y Asesora para la Paz ha monitoreado una cantidad alarmante de actos de violencia, asesinatos, desapariciones y torturas contra miembros de organizaciones sociales. As, concluye, se trata de acciones de carcter blico y brbaro contra la delincuencia organizada, pero tambin contra la sociedad que reclama. Estamos hablando de la reconversin del Estado en uno ms militar, dictatorial, que niega derechos y retrocede el avance democrtico, dice. Considera que en trminos jurdicos no hay una guerra, pues ello implicara una suspensin de garantas que Felipe Caldern tendra que haber argumentado demostrando que hay una amenaza para la seguridad nacional. El obispo realiz incluso un anlisis de derecho internacional. A partir del estallido de un coche-bomba en Ciudad Jurez el pasado 15 de julio el primero de lo que se ha convertido en una serie en el pas encontr una explicacin de por qu el gobierno de Felipe Caldern se niega a admitir que se trata de acciones terroristas. De acuerdo con su estudio, despus del 11 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de la ONU emiti la Resolucin 1373, que describe las caractersticas de un acto terrorista, en las que encaja a la perfeccin la detonacin de al menos media docena de coches-bomba en Mxico. Al aceptar un acto terrorista, el Estado se vera obligado a congelar las cuentas de los presuntos autores; tambin las de instituciones financieras o empresariales que les brinden servicios. Adems tendra que procesar a funcionarios pblicos que apoyen a los grupos y asegurar que las penas que se impongan sean acordes a la gravedad de los delitos. Nada de eso parece convenir al gobierno, afirma. Lo que hay, sostiene, es un prototipo de guerra muy acorde a lo que se vive en el mundo, con la que se rompen los marcos bsicos de proteccin a la sociedad civil. Y la consecuencia, advierte, es una crisis grave de gobernabilidad, producto del cierre de los espacios polticos para la sociedad civil que no encuentra respuesta a sus demandas, donde el vaco de poder fue llenado por la delincuencia organizada pero no como un factor ajeno a la dinmica poltica, social y financiera, sino posibilitado desde las instituciones y por funcionarios de alto nivel.

Guerra de baja intensidad

La guerra de Caldern es para proteger al poder poltico y econmico. En Chiapas protegan los negocios fundados en la riqueza natural y jams le iban a hacer justicia a los indgenas. Eso es lo que est pasando, pero ahora con cosas ms grandes, en un plan semejante que se extiende al pas entero, considera el obispo. Testigo de lo que llama una guerra de baja intensidad en Chiapas, Vera Lpez mantiene su exigencia de proceso por crmenes de lesa humanidad contra Ernesto Zedillo y mandos militares y polticos implicados en acciones contrainsurgentes, sealadamente por los crmenes de Acteal.

Cules fueron las consecuencias de la militarizacin de Chiapas? La paramilitarizacin. El gobierno us a la sociedad civil para que se enfrentara a sus propios hermanos. Los crmenes ms graves cometidos ah son responsabilidad del Estado mexicano responde. Puede repetirse el fenmeno de paramilitarizacin en Chiapas o, como ocurri en Colombia ante el despliegue militar, en todo el pas? Con lo que est pasando con los luchadores sociales, con todos los delitos que se cometen, solapando acciones violentas contra la sociedad civil y con el distractor que significa la lucha contra el crimen organizado, el Estado tiene esplndidas oportunidades para hacerlo. Vera afirma que la paramilitarizacin en Chiapas persiste hasta ahora, y afecta el desarrollo y la construccin de alternativas para la sociedad. En estos aos es muy claro ver la similitud de la estrategia de contrainsurgencia y la militarizacin de todo el pas, asegura. El obispo niega tener conocimiento de que los grupos paramilitares en Chiapas se hayan aliado a los crteles de la droga, pero acude a los perfiles psicolgicos desarrollados por los extintos Andr Aubry y su esposa Anglica Inda en Los Altos de Chiapas. Los paramilitares y los sicarios de la delincuencia organizada tienen en comn que son jvenes sin futuro, sin identidad. Les dan un arma y dinero y se sienten alguien. Ambos pasan de ser nadie a convertirse en alguien con un arma y con dinero. Por si fuera poco, con la proteccin del Estado. Sostiene que la violencia actual proviene del Estado, porque adems de dejar paramilitares y sicarios en la impunidad, los protege. Y proviene principalmente del Estado porque es el que ha dejado en el hambre a la gente y sin oportunidades a nuestros jvenes. Es responsable de la violencia porque en su imposicin del libre mercado los aparatos estatales perdieron el control.

Caldern, genocida

Vera Lpez, coadjutor de Samuel Ruiz en San Cristbal de Las Casas, Chiapas, en los noventa, que vio de cerca la operacin de los paramilitares y que fue objeto de un atentado, considera que la misin de esos grupos era debilitar la base social del zapatismo dentro del principio de la guerra de baja intensidad. Ahora, con la guerra de Caldern ve que as como en Chiapas el Estado fractur a la sociedad, pretende que los mexicanos no tengan cohesin ni accin ciudadana. Ejemplifica con el caso de la activista Marisela Escobedo, asesinada en Chihuahua, y con el trato dado al Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que considera una accin tendente a devastar la fuerza de la organizacin ciudadana. Adems contrasta la sentencia que se le haba impuesto al atenquense Ignacio del Valle, de 112 aos, con las de 15 aos a los soldados que violaron a 13 mujeres en Castaos, Coahuila. Despus de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el ao pasado, el obispo reprueba la negligencia con que el Estado mexicano aborda el problema migratorio, pues considera que muestra la complicidad de oficiales gubernamentales que contribuyen a la impunidad prevaleciente en el pas. All (en Chiapas) los asesinatos que habamos documentado antes de Acteal eran una estrategia contrainsurgente; ahora los asesinatos, secuestros y ultrajes a los migrantes son una estrategia de administracin migratoria encaminada por el Estado. Tenemos el culmen de 72 ejecuciones y todo lo que hay antes: accin que no es de ninguna manera aislada sino que se viene repitiendo desde hace ms de dos aos, afirma.

Son crmenes de lesa humanidad que se le deben cargar al Estado porque es responsable de administrar deshonestamente la poltica migratoria. Esta es una administracin deshonesta por la complicidad y la omisin de las autoridades, que va contra todos los principios de los derechos humanos. Para el obispo los miles de casos reflejan el fracaso de Felipe Caldern en ese como en todos los apartados relacionados con la delincuencia. Nos anuncian repetidamente que van a erradicar el crimen pero ah estn los muertos. Vivimos la destruccin de este pas, la muerte. El presidente podra ser acusado de delitos de lesa humanidad? Esto es un genocidio en una guerra falsa y creo que el presidente se encuentra en los linderos de ser denunciable responde. Agrega que la poltica actual trata de fragmentar, dividir y crear confusin. Dice que as lo hicieron en Chiapas y que en este momento est ocurriendo en todo el pas. La cuestin, plantea, radica en saber si en realidad se trata de una guerra contra el crimen organizado y si la incapacidad del gobierno es calculada para generar una recomposicin del Estado efectuada por los grupos de poder nacional e internacional aliados con los locales.

ESTADO DE MXICO Mtines en pueblos de narcos Rosala Vergara

En su gira por territorio mexiquense, Andrs Manuel Lpez Obrador y sus simpatizantes han detectado la presencia de desconocidos que todo lo graban y anotan, y se han topado con retenes militares, en particular en los pueblos limtrofes con Michoacn, que son controlados por La Familia. A la tensin preelectoral en el Estado de Mxico se suma el componente del miedo, toda vez que la entidad se est convirtiendo en un narcoterritorio cada vez ms peligroso. TOLUCA, MX.- Aqu la inseguridad est muy cabrona, dice un lugareo de Amatepec que abandon sus tierras hace 10 aos para librarse de los sicarios del narco que empezaron a incursionar en la entidad. Cuando se le pide que hable de la inseguridad, el campesino se agita y le dice a la reportera que mejor le pregunte a otra persona. Y le advierte: Ellos (los narcos) son los malos. Seguro ya saben quin es usted, porque viene de fuera, y saben que estamos hablando. La conversacin tiene lugar en Amatepec el domingo 16 de enero, durante la Gira por la Lealtad de Andrs Manuel Lpez Obrador por los municipios mexiquenses. Lo acompaa el coordinador de los diputados federales perredistas, Alejandro Encinas, candidato del Movimiento Regeneracin Nacional (Morena) al gobierno del estado. Es el segundo mitin del da. La mayora de los asistentes son campesinos, entre ellos muchos ancianos, simpatizantes de Lpez Obrador. Se ven contentos de recibirlo, pero la calma se termina cuando aparece un hombre de pantaln caf y playera naranja. Lo acompaan dos personas. Sus vistosos anillos, sus cadenas y lentes oscuros llaman la atencin de los asistentes. El desconocido se pasea de un lado a otro del auditorio municipal; en una libreta, anota los nombres de los invitados y de los oradores. Horas antes, el mismo hombre haba estado en Luvianos, municipio del Estado de Mxico que colinda al norte con Amatepec y al poniente con Michoacn, del lado de Apatzingn y Argelia, territorio controlado

por La Familia. Traa un radiolocalizador pegado a la oreja y no cesaba de anotar. Nadie lo conoca. Cuando un polica le pregunt de dnde vena, respondi que trabajaba con el petista scar Gonzlez, pero el poltico lo neg. Dijo que nunca lo haba visto. No era el nico que llam la atencin. Durante la gira han aparecido otros desconocidos. Suelen mezclarse en los tianguis municipales, o se sientan en alguna banca del parque del lugar y fingen descansar. Siempre ponen atencin a los discursos de Encinas y Lpez Obrador. En cada municipio al que llegan, los oradores explican a los asistentes su plan de gobierno y enumeran su declogo que, arguyen, est diseado para las necesidades de la gente. Por lo general omiten hablar del narcotrfico y del crimen organizado. Slo abordaron estos puntos en Luvianos, cuando los reporteros les hicieron preguntas sobre el particular. Lpez Obrador insisti en que Felipe Caldern es un irresponsable al declararle la guerra al narcotrfico. Sin saber a lo que se iba a enfrentar, le dio un palazo, un garrotazo al avispero; actu a lo tonto, repite el tabasqueo. Y Encinas coment que como diputado seguir impulsando una estrategia para combatir el crimen sin derramar tanta sangre. En el mitin de Luvianos, municipio gobernado por el PRD, particip el alcalde Zeferino Cabrera Mondragn, quien antes estuvo al frente del ayuntamiento de San Martn Otzoloapan. Fue l quien declar el 19 de noviembre de 2009 que las bandas delincuenciales pretendieron extorsionarlo, aunque no seal a ningn grupo en particular. Ahora, ante Lpez Obrador y Encinas, Cabrera Mondragn se solt. Mencion que Luvianos ha sufrido una gran transformacin, pues est creciendo. Su secretario de Seguridad Pblica, quien pidi que se omitiera su nombre, afirm que desde hace un ao ya no hay levantones ni temor en las calles del municipio. No obstante, admiti que mucha gente abandon el pueblo por la presencia de los crteles de la droga y la falta de seguridad. E intent matizar: Hay presencia (de narcos); pero slo pasan y se pasean. Nada ms, dijo. Un uniformado lo escuch escptico y murmur: La realidad es que el territorio est controlado por la mafia. Mientras Lpez Obrador lea el declogo del plan de gobierno para Luvianos, un hombre vestido de azul, con gorra y un radiolocalizador de frecuencia como los que usa la polica, escriba frenticamente en una libreta. Otros cercanos a l slo escuchaban, sin pestaear. Un lugareo coment a la reportera que eran fuereos. Asegur que la gorra y el sombrero los delataban. El sombrero calentano es habitual en Atlaya, en Amantepec, en los pueblos de la cuenca del Ro Balsas, y eso ya es Michoacn; aunque tambin se acostumbra usarlo en Guerrero, explic. Casi en susurro afirma que los malos son de Altamirano, Arcelia y Guerrero, del lado de Michoacn; que en la salida del pueblo estn los llamados halcones, gente encargada de vigilar y reportar a la gente extraa que entra o sale. Conocen a todo el pueblo. Los habitantes observaban a un hombre de chamarra amarilla con el logotipo Gobierno Luvianos. 2009-2012 bordado en la espalda. l es el que mueve el rollo aqu, coment uno de ellos a la reportera. En ese momento Lpez Obrador comenz a hablar de la mafia en el poder. Al terminar el mitin en Luvianos la caravana de la Gira de la Lealtad enfil hacia la salida del pueblo, custodiada por varios vehculos en los que iban el director de Seguridad Pblica y una decena de policas municipales. En Amatepec, al observar la comitiva, un joven exclam: No s cmo se atrevieron a venir aqu. Hay mucha inseguridad. Entre tanto un auto rojo pasaba por la calle donde vive el diputado estatal Crisforo Hernndez Mena, sitio en el que estaba programado el mitin y un convivio con Lpez Obrador. El conductor se cubri el rostro con su camiseta verde y comenz a tomar fotos del lugar con su celular. Militares, orejas y narcos

Seguidores de Lpez Obrador y militantes de Morena se quejan porque, comentan, cuando visitan la zona colindante con Michoacn y Guerrero siempre los detienen los militares o civiles armados. Slo los dejan pasar cuando ven sus identificaciones y se enteran de que forman parte del equipo que encabeza el tabasqueo. Para los integrantes de Morena, los ms acosadores son los militares. Aseguran que siempre toman fotos a las placas de sus vehculos y preguntan con frecuencia quin est al mando del movimiento, qu hacen en la regin, quin los invita, quin los va a recibir, quin coordina la logstica. El domingo 16 esa escena se repiti. De salida, rumbo a Tejupilco, cerca de un retn militar una Hummer intercept el vehculo de Encinas, una camioneta Escalade negra. Cinco soldados armados se bajaron de la unidad y pidieron al diputado y a sus acompaantes sus identificaciones y los permisos para portar armas. Estn haciendo operativos porque la tierra est caliente, comentan los lugareos. Lo curioso es que antes de detener la camioneta de Encinas, los militares saludaron a Lpez Obrador, pues lo conocen bien. Algunas veces incluso le han pedido que se tome una foto con ellos. El viernes 21 el itinerario de la caravana lopezobradorista incluy Ocoyoacac, Lerma y San Mateo. En el primer mitin, el hombre vestido de naranja, botas vaqueras y lentes oscuros reapareci, esta vez con una credencial a nombre de No Garca, que lo acreditaba como brigadista especial y protagonista del cambio verdadero. El sbado 22 la gira se inici en El Oro, donde hay retenes de policas desde la entrada. Ese da hubo un operativo en el que participaron elementos de la Polica Federal y agentes estatales. Cerca de este municipio se ubican Maravato, Ciudad Victoria y Tlalpujahua. La siguiente poblacin fue San Jos del Rincn, otro pueblo lleno de militares que portan gorras de policas preventivos. Con sus cuernos de chivo al hombro, algunos graban con sus celulares y toman fotografas. A la entrada alguien coloc un letrero con la leyenda: Dos toneladas de mariguana destruida, compromiso cumplido. Enrique Pea Nieto, gobernador del estado. Esta zona es controlada por La Familia. Durante el mitin, mientras el maestro de ceremonias presentaba a los invitados, varios civiles anotaban los nombres en libretas; algunos hablaban por radio, nextel o celular. Nadie sabe quines son ni para quin trabajan. Ese da tambin apareci el brigadista especial. El domingo 23 tambin estuvo en Ciudad Nezahualcyotl, donde das antes se registr un enfrentamiento entre narcomenudistas. Camino a Valle de Chalco, un convoy de cinco Hummers llenas de soldados armados circulaba por la carretera del lado contrario al convoy de la Gira por la Lealtad.

Tierra narcomexiquense

Entre 2006 y 2010 se reportaron mil 461 ejecuciones en territorio mexiquense. La cuota de sangre afect a 97 de los 125 municipios. Hoy, el Estado de Mxico ocupa el sexto lugar en homicidios, debajo de Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, con 4 mil 387; Guerrero, con 2 mil 739; Baja California, con 2 mil 19, y Michoacn, con mil 751. Durante ese periodo Ciudad Nezahualcyotl ocup el primer lugar en ndice de homicidios, con 162 ejecuciones, de las cuales 69 ocurrieron el ao pasado. Naucalpan report 77, Tultitln 69, Tlalnepantla 57, Coacalco 48, Tecmac 42, Ocoyoacac e Ixtapaluca 34 cada una, Valle de Chalco 33, Huixquilucan 30, Toluca 28, Chalco y Chimalhuacn 27 en cada municipio, Tultepec 25, Tepotzotln y Texcoco 24, Tejupilco 22 y La Paz 20. En su libro Tierra narca, Francisco Cruz Jimnez seala que El Chapo Guzmn, prfugo de la justicia desde hace 10 aos, eligi tierra mexiquense para refugiarse:Desde septiembre de 2005 se registr una explosiva consolidacin de los crteles del narcotrfico: ejecuciones en las calles de Toluca y

Metepec, de Luvianos e Ixtapan de la Sal; enfrentamientos entre criminales y policas o entre criminales y policas criminales en Coacalco, Tultitln, Ciudad Nezahualcyotl, Atlacomulco, Tejupilco y Ecatepec; embolsados, encobijados, secuestros, extorsiones, decapitados, narco mensajes y proteccin policial a los crteles y a sus personajes que impusieron una narcocultura arraigada en otras zonas del pas. Tambin escribi que La Familia controla todo el valle de Toluca: de Metepec a Toluca, Lerma, Santiago Tianguistenco, Zinacantepec, Calpulhuac, San Mateo Atenco, Xonacatln, Ocoyoacac, Tenango del Valle, Almoloya de Jurez y Tenancingo. Segn Cruz Jimnez, en el sur, la guarida natural de El Chapo era Luvianos, Valle de Bravo, Tlatlaya y Tejupilco, entre otros. Hoy, La Familia libra una batalla contra Los Zetas, Los Pelones y los crteles de Sinaloa y del Golfo en el llamado Tringulo de la Brecha de Tierra Caliente, zona productora de mariguana y amapola.

La eleccin 2011, bajo supervisin rigurosa lvaro Delgado Las elecciones en el Estado de Mxico, cuya complejidad supera a las de Guerrero, estarn sometidas a un minucioso escrutinio por parte de un proyecto de observacin impulsado por Bernardo Barranco, exconsejero electoral de esa entidad y que cuenta con el apoyo de casi 200 organizaciones ciudadanas. Se busca, afirma Barranco, evitar que las trapaceras y corruptelas se conviertan en moneda de cambio durante este proceso, antesala de la eleccin presidencial de 2012; asimismo, generar condiciones de equidad y limpieza que posibiliten el voto ciudadano libre, consciente e informado en una entidad plagada de cnceres polticos y sociales. "El Estado de Mxico est marcado por una palabra contundente: Corrupcin. Es una corrupcin histrica y endmica asociada a la clase poltica que tiene frmulas suaves, elegantes y condescendientes, pero que es tambin una de las ms primitivas del pas, diagnostica Bernardo Barranco, exconsejero electoral de esa entidad. Sin embargo, aclara, el dinero subterrneo, las prebendas, el maiceo, la lgica de faccin y todas las frmulas de una cultura poltica siniestra legada por Carlos Hank Gonzlez, no son exclusivas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que han permeado a todos los partidos. El PRD y el PAN tienen tambin, trgicamente, la marca de la corrupcin. Y a unas semanas de iniciado el proceso electoral para relevar al gobernador Enrique Pea Nieto, cuyo desenlace gravita en su aspiracin presidencial, Barranco prev un escenario ms convulso que el de Guerrero. Vamos directo a la balcanizacin electoral, donde el que juegue ms sucio, el que sea ms rudo y el que est ms impugnado es el que va a ganar. Por eso, ante tal escenario, el socilogo ha dado forma a un indito y ambicioso proyecto de observacin electoral que involucra un abanico plural de alrededor de 200 organizaciones, con el fin de evitar que las trapaceras se conviertan en el modus operandi de los actores polticos durante este proceso, antesala de la sucesin presidencial de 2012. Frente a la corrupcin en el Estado de Mxico, hay que reivindicar una tica social, una tica que slo puede darse desde los ciudadanos, subraya Barranco, quien explica que el proyecto trasciende la tradicional observacin electoral en la etapa de emisin del voto para convertirse en un verdadero contrapeso de la clase poltica durante todo el proceso. El observador no puede ser slo un mirn, un vouyerista electoral, sino un actor que, sin violentar la ley, tenga un rol mucho ms protagnico, porque en los recientes aos el rgano y el tribunal electorales han dado pasos regresivos hay una involucin absoluta, y esto obliga a que el ciudadano tenga una participacin mucho ms decidida y calificada.

Apoyado en redes de organizaciones como Alianza Cvica, Incide Social, Sociedad en Movimiento, Tendiendo Puentes, y en personajes como Jos Antonio Crespo, Alfonso Zrate, Alejandro Mart y Sergio Aguayo, Barranco adelanta a Proceso el proyecto que busca reactivar en el Estado de Mxico la movilizacin cvica de la dcada de los ochenta para generar condiciones de equidad y limpieza que posibiliten el voto ciudadano libre, consciente e informado. El plan prev cinco grandes campos de escrutinio ciudadano: comportamiento cualitativo de los medios de comunicacin, vigilancia sobre el uso de recursos de los tres rdenes de gobierno y de procedencia criminal, actuacin de las autoridades y de los poderes fcticos, anlisis jurdico de las resoluciones de los rganos electorales, recepcin y canalizacin de denuncias ciudadanas. La informacin que se genere ser ampliamente difundida a travs de los propios medios, de expertos y aun de una pgina de internet, para generar un verdadero contrapeso ciudadano: Con esta apuesta meditica seguiremos, paso a paso, el proceso electoral desde un punto de vista crtico, imparcial y crudo. Digo crudo, porque no vamos a tener pelos en la lengua. Como consejero del Instituto Electoral del Estado de Mxico (IEEM) organizador de tres procesos electorales, desde que Pea Nieto fue candidato a gobernador en 2005 hasta 2009, aclara que Dictamen ciudadano de vigilancia electoral Estado de Mxico 20011 como se denomina el proyecto no tiene dedicatoria: No es contra Pea Nieto ni contra el PRI. Va contra una estructura que ha tenido la desfachatez de apoderarse de los espacios ciudadanos, como los organismos de derechos humanos, los electorales y los tribunales, mediante la lgica de cuotas partidistas. No creo que para la clase poltica sea muy popular este proyecto.

IEEM, historia negra

Un augurio de lo que se anticipa durante los primeros seis meses del ao en el Estado de Mxico fue lo que se present en el IEEM el domingo 2, cuando formalmente se inici el proceso electoral: los partidos intercambiaron duros reproches, PAN y PRD amagaron inclusive con considerar su participacin. Pero en esa sesin tambin se exhibi el talante del Consejo General del IEEM, uno de cuyos consejeros, Juan Carlos Villarreal, reprodujo, casi de manera textual, el discurso del PRI y del gobierno de Pea Nieto, que controlan a cuatro de los siete consejeros. Las reglas las hacen los que hoy se quejan, el diseo institucional fue impulsado por los que de nuevo descalifican su propia obra, reclam a la oposicin. Por qu algunos actores polticos le quieren colgar a la autoridad el saldo de sus incapacidades o el temor de sus fantasmas?. Villarreal, exasesor del secretario de Gobierno de Pea Nieto, Luis Miranda Nava, es uno de los cuatro consejeros vinculados al PRI. Los otros son Jos Martnez Vilchis, exrector de la Universidad Autnoma del Estado de Mxico; Jess Jardn Nava, exmagistrado del Poder Judicial, y Policarpo Montes de Oca Vzquez, exvocal del IEEM. El PAN, por su parte, impuls a Abel Aguilar Snchez y Arturo Bolio Cerda, mientras que el PRD lo hizo con Jess Castillo Sandoval, exmagistrado que preside el Consejo General. En el Tribunal Electoral del Estado de Mxico (TEEM), el PRI tambin controla tres de los cinco magistrados: el presidente, Jorge Mucio, quien fue consejero electoral de 2005 a 2009 junto con Barranco, as como Luz Mara Zarza y Ral Flores Bernal. Pero aunque el PRI logr el control de ambos organismos electorales gracias a la correlacin de fuerzas que deriv de la eleccin de 2009, cuando arrebat a la oposicin sus bastiones municipales y gan la mayora en el Congreso, la lgica partidaria no es nueva.

El IEEM est marcado por una historia negra que forma parte de la cultura poltica del Estado de Mxico, sentencia Barranco, socilogo especializado en el estudio de las religiones, quien se convirti en consejero tras uno de esos escndalos de corrupcin, en 2005, en el ocaso del gobierno de Arturo Montiel. Mi consejo entr por un accidente poltico, por una crisis de corrupcin que en la poca de Montiel lleg a tal grado que impact al instituto, rememora Barranco, quien recuerda que la compra de material electoral por aproximadamente 70 millones de pesos, cuando su costo no pasaba de 15 millones, oblig a la disolucin del rgano electoral a 40 das de las elecciones. Junto con Jos Nez Castaeda, presidente, Gabriel Corona, Norberto Lpez y l, dice, se trat de recomponer el IEEM, en medio de ataques de los partidos y de los otros tres consejeros. En ese entonces ya haba lo que denomin consejero de consigna, pero ahora lo podemos llamar consejero representante partidario. Los partidos ya no necesitan representantes, porque tienen a los consejeros que claramente manejan su lgica, son disciplinados y su voto es tremendamente predecible. En septiembre de 2008, inclusive, el Congreso nombr presidente del IEEM a Norberto Hernndez, militante del PAN. Para tomar posesin tuvo que renunciar oficialmente a su militancia panista. Pero no pas el examen de conocimientos bsicos en materia electoral! Esto significa que estamos en un momento de descaro poltico por parte de los partidos!. Se replica la integracin partidaria del IEEM a nivel distrital y municipal? Claro. Histricamente hay una casta de personas que son las mismas que concursan por las plazas de consejeros, de vocales, y luego se cambian. Los partidos tienen sus clientelas ciudadanas, entre comillas, y sus funcionarios. No es un grupo pequeo. Son entre 4 mil y 5 mil personas! Es una especie de nata de grupos que en cada proceso son los mismos y cada uno tiene un signo poltico. En los recientes 12 aos, dice Barranco, haba un equilibrio a tercios entre PRI, PAN y PRD. Entonces, en la lgica de tres, el que quedaba en primer lugar tena la presidencia, el segundo el vocal de organizacin y el tercero el de capacitacin. Al cambiar en 2009 la correlacin de fuerzas, el PRI reclama a nivel municipal y distrital las dos primeras posiciones y puede vetar o palomear al tercero a travs de su aliado el Partido Verde, con lo que garantiza el control. Hay una casta que est viciada y ha viciado todo el Instituto Electoral en trminos de su cdigo no escrito de cuotas. Por ello, el exconsejero electoral advierte que, por la relevancia del proceso que trasciende a la eleccin de gobernador y marca una pauta hacia 2012, es que se crea Dictamen ciudadano, porque la clase poltica no puede estar sola en este proceso. Entonces estamos en un panorama complejo en el que s se justifica plenamente que haya una intervencin ciudadana que sirva de contrapeso, que sea un polo que diga: Seores, no estn ni se manejan solos, hay un proyecto mayor, se deben a los ciudadanos, hay un bien comn, ustedes deberan representar a los ciudadanos y no a camarillas.

Hacia el colapso

Vecino de Ciudad Satlite, a Barranco lo acompaan en el proyecto de observacin electoral los exconsejeros electorales Jos Nez Castaeda, Gabriel Corona, Norberto Lpez, lvaro Arreola; acadmicos como Roberto Blancarte, Alfonso Iracheta y Teresa Jarqun, y empresarios como Alejandro Mart, entre otros muchos personajes. Desde principios de enero he hablado con por lo menos 200 personas. Todas me han dicho que estn

dispuestas a colaborar. Hay mucha insatisfaccin y necesidad de participar, y en ese sentido va a ser muy buen ejercicio. Y as como se han comprometido a participar la Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana (Coparmex), tambin las organizaciones que forman parte de la Red de Defensa de Derechos Humanos a travs del sacerdote Miguel Concha, defensores de minoras y de derechos reproductivos, as como sectores de la Iglesia catlica, como grupos de pastoral social. La idea es tener un abanico muy grande de pluralidad ciudadana, que refleje lo que son los ciudadanos. Lo que nos une no son los temas ideolgicos y las acciones de desarrollo, sino la preocupacin de una clase poltica que parece sentirse sola en la sociedad, puntualiza. Ante la falta de recursos no tengo un solo peso, las organizaciones se harn cargo de los gastos en el campo de accin que les corresponda y la base ser de voluntarios, como los miembros de la Facultad de Estudios Superiores Acatln, de la UNAM, que por ejemplo tienen a su cargo la pgina de internet que se lanzar a mediados de febrero, con el fin de proveer de la vasta informacin que generar el proceso. El primer campo de observacin ser el de los medios de comunicacin para documentar el tratamiento cualitativo de partidos y candidatos, pero tambin el mercado negro de propaganda que se contrata, en radio y televisin, burlando la prohibicin legal, y aprovechando la caracterstica geogrfica de la entidad. Otro campo es el financiero: vigilar el financiamiento de las campaas y detectar si se hace uso de recursos pblicos de los tres rdenes de gobierno o de dinero criminal. Con la participacin de contadores se trabaja en el diseo de un modelo matemtico para identificar los flujos atpicos. El tercer aspecto es el anlisis del comportamiento de los principales actores polticos ante el proceso electoral, as como de los poderes fcticos como el empresariado, la Iglesia, los sindicatos y las asociaciones. El cuarto es el jurdico: que juristas de prestigio como el ministro en retiro Genaro Gngora Pimentel analicen los acuerdos, resoluciones y sentencias ms relevantes del IEEM y del TEEM para determinar si actuaron conforme a derecho. La idea es que la opinin pblica conozca la calidad jurdica de las instancias que estn llevando el proceso electoral. Y en quinto lugar se integrar un grupo de no menos de 60 voluntarios para la recepcin y canalizacin de denuncias ciudadanas desde los principales distritos electorales sobre conflictos, coaccin y presin a electores o cualquier irregularidad que, de inmediato, se difundir. Para ello tambin se ha diseado una estrategia de comunicacin que prev el uso de una pgina web para periodistas, redes sociales Facebook y Twitter, foros, conferencias de prensa y relacin directa con lderes de opinin. Esta intervencin de la ciudadana, dice Barranco, es indispensable por la tensin entre los contendientes, la desconfianza en los rganos electorales, el papel de los medios como Televisa con Pea Nieto y la trascendencia que tiene para 2012, una conflictividad que puede hacer crisis y colapsar si el resultado es muy cerrado. El gran drama que se presenta es que si el nivel de votacin es muy cerrado, como se est configurando desde ahora, el proceso electoral puede colapsarse. Se judicializar el proceso y probablemente pueda haber mayores consecuencias. Advierte que lo que ms conviene, en trminos de la tranquilidad, es un proceso holgado con un claro y definitivo ganador. Si no, con el IEEM con poca autoridad y un Tribunal Electoral tambin marcado por el signo de las cuotas de poder, y ambos por la corrupcin, entonces hay un riesgo muy grande de colapso. El desenlace de la eleccin es incierto, porque ni siquiera est definido cuntos contendientes habr. No es lo mismo que haya una coalicin PAN-PRD que tres coaliciones. Va a depender mucho de qu

tan unidos lleguen el PRD y el PAN, pero tambin en el PRI, en el que aparentemente hay mucha unidad, esto es fachada, al interior hay jaloneos muy fuertes. No est escrito que gane el PRI? No, aunque veo mucha ventaja hacia el PRI por la estructura, por los aos y sobre todo por el voto duro. La nica posibilidad que veo de la oposicin sera va coalicin. Aunque ve remota esta hiptesis, no la descarta hacia 2012. El proceso del Estado de Mxico no es slo Pea Nieto, sino tambin pasa por el tipo de articulacin que se pueda dar entre el PAN y el PRD a futuro. Esto hace a este proceso particularmente complejo y apasionante. Pero insiste en que lo verdaderamente relevante es que los ciudadanos sometan a riguroso escrutinio a los partidos polticos y a los gobiernos, por ahora en el Estado de Mxico: Esta clase poltica carece de un proyecto de largo plazo. Hay slo proyectos de grupos de inters y de facciones muy corruptas. Por eso es ms que indispensable este proyecto no slo para este proceso electoral, sino para despus. La clase poltica no puede estar sola.

Baja California Sur: el batidillo poltico pone en jaque al PRD Rosala Vergara El domingo 6 de febrero se renovarn todos los cargos de eleccin en Baja California Sur, en una disputa que enfrenta a tres alianzas: PRD-PT, PAN-PRS y PRI-PVEM. El panorama poltico est enrarecido, ya que el PAN postul para la gubernatura y cuatro de los cinco ayuntamientos a experredistas peleados con el gobernador Narciso Agndez, y el candidato oficial Luis Armando Daz hizo una campaa en la que segn sus aliados petistas sospechosamente no se vio el apoyo del PRD. LA PAZ, BCS.- El trapecismo poltico, los cambios sbitos de camiseta partidista al calor de las ambiciones electorales, amenaza no solamente con trastocar la correlacin de fuerzas en esta entidad, sino volverla catica. Y en lo inmediato, pone en riesgo al PRD de perder la gubernatura despus de ms de 10 aos en el poder. La amenaza se personifica en el diputado perredista con licencia Marcos Covarrubias, quien compite bajo el emblema del PAN y ahora se enfrenta al mandatario Narciso Agndez y a su antiguo partido. Pero el senador Manlio Fabio Beltrones asegura que la verdadera competencia no se desarrolla entre el PRD y el PAN, sino entre Agndez y Ricardo Barroso Agramont, el inexperto candidato del PRI. Sostiene incluso que los candidatos del PRD, Luis Armando Daz, y del PAN, Covarrubias, son gente cercana al mandatario. Al respecto, Reginaldo Sandoval Flores, comisionado poltico nacional para asuntos electorales del PT, aliado del PRD en el estado, seala que la conduccin perredista en la entidad est marcada por la corrupcin y la centralizacin del poder en manos de Agndez. Aqu, segn el enviado petista, las identidades de grupo y las familiares estn ms arraigadas que las ideolgicas; aqu, insiste, se considera natural cambiar de membrete. Y pone el ejemplo del expriista, exgobernador y expresidente nacional de PRD Leonel Cota Montao, actual candidato del Partido Nueva Alianza (Panal) a la presidencia municipal de Los Cabos. El estado slo tiene cinco municipios: Los Cabos, La Paz, Comond, el ms agropecuario; Muleg, con desarrollo minero, principalmente de oro, plata y cobre, y Loreto, de perfil urbano y turstico. El 76% de la poblacin se concentra en los dos primeros. El PRD tambin podra perder esta ciudad capital, gobernada por Rosa Delia Cota Montao, hermana de Leonel, toda vez que los sondeos preelectorales dan ventaja a la aspirante del PRI-PVEM, Blanca Estela

Ponce Beltrn. Al abrirse el proceso electoral, en julio de 2010, se anunciaron los precandidatos a la gubernatura y se pact la alianza del PRD con el PT. De inmediato se apuntaron Marcos Covarrubias; el exsecretario de Gobierno de Agndez, Luis Armando Daz; la alcaldesa Rosa Delia Cota, y el exalcalde de Los Cabos, scar Nez Coso. An dentro del PRD, Leonel Cota propuso realizar una consulta ciudadana para designar al aspirante mejor posicionado como candidato de la alianza; y a ttulo personal apoy a Nez Coso. Sin embargo, ste fue sealado por Daz y Covarrubias como responsable de la presunta corrupcin en el ayuntamiento de Los Cabos. El exgobernador Cota acus entonces a Daz y a Covarrubias de pretender la continuidad de la administracin de Agndez, marcada por la invasin de terrenos que luego son vendidos a grupos empresariales extranjeros. Cerr la pinza su hermana Rosa Delia, al atribuirle al mandatario el bloqueo a sus aspiraciones. Iniciaba la ruptura del perredismo sudcaliforniano. Para resolver la crisis, la dirigencia nacional del PRD, encabezada por Jess Ortega, realiz una consulta el 3 de octubre del ao pasado. Pero una encuesta de Parametra dio como el mejor posicionado a Covarrubias, por lo que la consulta se cancel, pese a que el partido ya le haba asignado recursos. En la alianza estatal PRD-PT se propuso una candidatura de unidad, pero Leonel Cota denunci que slo era una forma de imponer a Covarrubias por su cercana con Agndez, y renunci a su militancia perredista. Covarrubias respondi acusando a Cota Montao de nepotismo y tambin renunci al PRD. Por rdenes del entonces presidente nacional panista, Csar Nava, se le ofreci la candidatura de Accin Nacional y l acept. Slo que el expriista y exdirigente patronal de La Paz, Germn Alonso Castro, quien previamente haba sido electo candidato del banquiazul, se inconform y llev su queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin (TEPJF), que emiti su fallo en favor de Covarrubias. Ahora Covarrubias es el abanderado de la alianza del PAN con el local Partido de la Renovacin Sudcaliforniana (PRS), mientras que Alonso Castro se sum al equipo del candidato priista Barroso Agramont. Ya sin opciones, el PRD postul a Luis Armando Daz, en el ltimo lugar de la encuesta de Parametra debido al desgaste que sufri como secretario de Gobierno de Agndez. Fue sealado como presunto narcotraficante, miembro de la Mara Salvatrucha por su origen salvadoreo, e incluso se le atribuy la preferencia homosexual. En la lucha por las presidencias municipales, el exsenador Ricardo Gerardo Higuera us sus buenas relaciones en el Consejo Poltico para que el PRD lo postulara en La Paz, mientras que Antonio Agndez Montao, hermano del gobernador, consigui la de Los Cabos, lo mismo que el exdiputado federal Juan Adolfo Orc para Comond, y los diputados locales Francisco Rubio y Guillermo Santilln Meza para Loreto y Muleg, respectivamente. Perredistas de todos colores

Los candidatos perredistas se enfrentarn a excompaeros suyos, tanto en la gubernatura como en cuatro de las cinco alcaldas: La Paz, Comond, Loreto y Los Cabos. De acuerdo con un estudio de opinin del PT, al que este semanario tuvo acceso, Covarrubias y Daz tienen 31% de las preferencias, mientras el priista Barroso apenas llega a 20%. En la parte petista de la alianza se sospecha que Covarrubias cambi de partido por acuerdos con la clase empresarial del estado y quiz hasta con Felipe Caldern, ya que el ahora candidato de la alianza PAN-PRS a la gubernatura se llev con l gran parte de las estructuras perredistas para que

apoyen su campaa. En cuanto al candidato del PRD, Luis Armando Daz, los sudbajacalifornianos perciben que su partido lo dej solo. Han visitado La Paz el dirigente nacional, Jess Ortega dos veces, el senador Graco Ramrez y la comisionada poltica Martha Dalia Gastlum, pero no han aparecido en los mtines del candidato. Entrevistado en un acto proselitista en la comunidad de San Pedro, Daz rechaza que el golpeteo poltico en su cargo estatal se refleje en la poca concurrencia, y dice que no se siente abandonado por los dirigentes nacionales del PRD ni por los estatales. Lo cierto es que la gasolina para sus recorridos proviene del PT, y en La Paz la propaganda ms visible es del PRI, del PAN y del PT, no la del PRD. Quien s fue a apoyar al candidato del PRI, Ricardo Barroso, fue el senador Manlio Fabio Beltrones, que particip el martes 25 en una conferencia sobre jvenes. El acto se convirti en un acto proselitista de Barroso, expresidente estatal del PRI, nieto del exgobernador Flix Agramont Cota y sin experiencia en la administracin pblica. Los petistas que apoyan a Luis Armando Daz interpretan la postulacin del priista Barroso como una forma de evaluar el funcionamiento electoral de las figuras juveniles (e inexpertas) para saber si funcionar el efecto Pea Nieto para 2012. Para Beltrones, los gobiernos perredistas han perdido su identidad hasta el grado de que el PAN puede lanzar a un candidato proveniente del PRD para figurar. Sin embargo, piensa que esa ruptura del perredismo y la ineptitud del gobierno de Narciso Agndez favorecieron el crecimiento del PRI en las preferencias electorales. El senador priista advierte que el PRD perder el estado. La competencia ahora, insiste, es entre el PRI y el PAN, ste con un candidato prestado por el perredismo de Nueva Izquierda (la corriente encabezada por Jess Ortega). Consultado en Los Cabos, el exgobernador Leonel Cota confirma la descomposicin del gobierno de Agndez, el cual, dice, est endeudado por 2 mil 365 millones de pesos. Sobre la posibilidad de que el PRD decline a favor del PAN, en reciprocidad por el apoyo del panista Parra al candidato perredista Aguirre Rivero en Guerrero, Cota asegura que eso le dara el triunfo al PRI. Los petistas analizan qu hacer ante ese escenario. Muchos piensan que el candidato del PAN es el plan B del gobernador Agndez, porque trabaj con l y es cercano, dice una fuente de ese partido. A su vez, los panistas presumen una encuesta elaborada por Testa Marketing y difundida en el peridico Cambio, en la cual se afirma que Covarrubias consolida ventaja de dos votos contra uno. Segn ese estudio, en Los Cabos el perredista Antonio Agndez va un punto porcentual arriba del panista y tambin experredista Arturo de la Rosa. En Comond le da una amplia ventaja a Valentn Covarrubias, que es hermano de Marcos Covarrubias y que segn los petistas est vinculado con grupos empresariales de Sinaloa y Tijuana, quienes financian su campaa con dinero inexplicable para rifar coches, estufas, lavadoras y otros electrodomsticos. En La Paz, esos datos indican que va adelante Blanca Estela Ponce, del PRI-PVEM, pese a que debi retirar los espectaculares donde haca una seal masnica, porque fueron contraproducentes. Induccin del voto

La comisionada presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur, Ana Ruth Garca Grande, explica que el prximo 6 de febrero se renovarn en la entidad la gubernatura, los cinco ayuntamientos y 21 diputaciones: 16 de mayora relativa y cinco plurinominales. Por esta ocasin, los cargos durarn cuatro aos y medio, debido a una reforma electoral con la finalidad de empatar las siguientes elecciones locales con las federales.

Entrevistada en sus oficinas, la funcionaria indica que se instalarn 825 casillas para un padrn de 419 mil 944 electores. Considera que el nico riesgo es el alto ndice de ruralidad en el estado, que puede dificultar el acceso para instalar los centros de votacin. Por lo dems, afirma, hay paz social; Baja Sur es un estado en el que se vive en paz. Horas despus de esta conversacin, la reportera observ dos camionetas con militares en la zona del malecn. Garca Grande dice que entre las quejas y denuncias presentadas ante el IEE destacan la destruccin de propaganda y la ubicacin ilegal de papelera electoral. Sin embargo, Proceso document que el Panal, creado por Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacin (SNTE), utiliz la estructura magisterial para hacer campaa a favor de sus candidatos en las escuelas de nivel bsico y medio. Este semanario obtuvo un ejemplar del folleto Los derechos de los nios, en cuya cubierta azul aparece el logotipo del Panal y tiene pegada una calcomana que llama a votar por el candidato de ese partido a diputado por el distrito V, Guillermo Aguilar Villavicencio, dirigente de la seccin 3 del SNTE y avalado por Gordillo, pero rechazado por maestros estatales. En el texto se explica, supuestamente a los nios, cules son sus derechos y por qu el Panal quiere que lo conozcan: El Partido Nueva Alianza est enfocado en fortalecer la educacin en Mxico, en apuntalar el hogar de los mexicanos, en apuntalar la clula familiar y la escuela como el complemento necesario para hacer mejores mexicanos. Nuestro compromiso es con Mxico y por eso estamos convencidos que tenemos que empezar por los ms jvenes; por los que habrn de construir un pas mejor que el que hoy tenemos. Otra publicacin, de cubierta aguamarina y blanco los colores del Panal, se titula Juega, aprende y divirtete con Nueva Alianza. La Paz: Origen y destino. El texto seala: A lo largo de este libro conocers ms de nosotros (el Panal) a travs de diferentes actividades y juegos. Tambin te invitamos a que utilices tus lpices de dibujo y escojas los que ms te gusten para colorearlos a tu gusto. En la ltima hoja del folleto hay un cupn que el nio debe llenar con sus datos: nombre, apellidos, la calle donde vive, nmero exterior, interior, colonia, cdigo postal, estado, delegacin o municipio, telfono y un correo electrnico (el tuyo o el de tus paps). Estos cuadernillos se imprimen en la calle Durango, nmero 199, de la colonia Roma, en el Distrito Federal. Adems, afuera de las escuelas se venden envases de plstico con el logo del partido de Gordillo. De todo esto tiene fotografas la disidencia del SNTE, en la Seccin 3, de Baja California Sur. Su lder, Sergio Espinal Garca, anunci que pronto presentar una denuncia por estos hechos ante la Fiscala Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, y denunci ante medios locales que el Panal hace campaa con la educacin de los 140 mil estudiantes. En el local del SNTE tomado por la disidencia se ve un enorme cartel con el rostro del secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien tiene la sustica nazi en la frente. Entrevistado ah, Espinal sostiene que la campaa del Panal implica una induccin del voto a travs de los nios. stos, dice, estn siendo usados como el canal para llevar la poltica a su casa y desde pequeos inducirlos a preferir a un partido poltico; es ideologizacin, es adoctrinamiento. Adems, seala que los maestros disidentes han detectado en La Paz a 16 dirigentes nacionales del SNTE al frente de un grupo de mapaches electorales. Incluso dice que se enteraron de una de sus tcticas para anular votos: se colocarn un anillo que en el lugar de piedras de fantasa llevar grafito, voltearn la joya hacia la palma de la mano y cada uno rayar tres de cada cinco papeletas por casilla para descuadrar el conteo. El SNTE cuenta en el estado con 12 mil maestros, de los cuales 8 mil son disidentes. Al igual que

Convergencia, en Baja California Sur el Panal no concret alianzas y va solo, con Blanca Meza Torres como candidata a gobernadora. l

Nayarit Flores Alavez: recuento de hechos, recuerdos, testimonios, denuncias... Jos Gil Olmos A ms de 20 aos de que obtuvo su libertad, Gilberto Flores Alavez, acusado por el parricidio de sus abuelos, el poltico Gilberto Flores Muoz y la escritora Asuncin Izquierdo, hace un recuento de los hechos y afirma que se trat de un crimen de Estado para proteger los intereses de funcionarios corruptos. Ms an, sostiene que fue vctima de una conjura en la que participaron jefes policiacos cuya consigna era hundirlo a toda costa. Ahora, Flores Alavez asegura que no guarda rencores y anuncia el inicio de una campaa poltica reivindicativa de l y su familia en Nayarit, de donde es originaria. En los ochenta lo tildaron de todo: parricida, machetero, cachorro de la Revolucin y monstruo asesino. Fue acusado de matar a sus abuelos, el exsecretario de Agricultura y Ganadera y exgobernador de Nayarit Gilberto Flores Muoz y la escritora Asuncin Izquierdo, para quedarse con una cuantiosa herencia. Hoy, Gilberto Flores Alavez asegura que fue vctima de una conjura criminal orquestada por un grupo de jefes policiacos que estuvieron involucrados en el narcotrfico, el secuestro y los asaltos bancarios. Entrevistado en casa de sus padres, en medio de fotos en las que aparece su to el expresidente Miguel Alemn y amigos de su abuelo, como el general Lzaro Crdenas y otros con los que fund el Partido Nacional Revolucionario antecedente del PRI, reitera su inocencia. Asegura que el jefe del Departamento de Polica y Trnsito, Arturo Durazo; Jess Miyazawa, director de la Polica Judicial capitalina, y Francisco Sahagn Baca, jefe de la Divisin de Investigaciones para la Prevencin de la Delincuencia (DIPD), tenan vnculos con el narcotrfico. Prueba de ello, afirma, es que utilizaban el penal de Santa Martha Acatitla para almacenar la droga y despus distribuirla en toda la Ciudad de Mxico: Yo no soy un testigo de odas, soy un testigo presencial. Esa es la diferencia de que hable cualquier poltico a que hable una persona a la que le consta la injusticia, la droga, el narcotrfico y la vivencia penitenciaria como la viv yo. Cuando se le plantea que ahora la administracin de Felipe Caldern acusa a los gobiernos del PRI de ser el origen del problema del narcotrfico, contesta que debe sealarse de manera directa a los involucrados. A m me parece que la justicia ahora ha sealado responsables, ha abierto lneas de investigacin y ha consignado a funcionarios pblicos que estn enlodados con los diferentes crteles. Se ha procedido en contra de personas concretas y no podemos decir que el sistema vigente, que el gobierno del PAN, es responsable del narcotrfico. Me parece que es un problema de precisin, de conocimiento. Relata que en la crcel conoci a varios jefes del narcotrfico, como Rafael Caro Quintero, Alberto Sicilia Falcn y a muchos otros. Que vio cmo operaba el crimen organizado en connivencia con las autoridades policiacas, y afirma que, con base en esa experiencia, le queda claro que no deben hacerse generalizaciones. Lo que puedo decir es que hay concesiones; los narcotraficantes operan con base en concesiones. Desconozco quin las otorga, pero el permiso de operacin debe ser autorizado por un resguardo oficial. Si el PRI hubiese sido cmplice o promotor del narcotrfico, ste ya se hubiera acabado hace 11 aos. Me pregunto si no se han renovado ahora esas concesiones que supuestamente dieron los

priistas. Explica que cuando a los narcos se les otorga una plaza y no se les cumple, ah comienzan los problemas. La cuestin se complica si el otorgante se quiere pasar de listo y, mediante un doble juego, les asigna una misma plaza a dos crteles, con la idea de ganar el doble o para que se maten entre s. Ah la situacin se vuelve explosiva. Precisa: Cuando los grupos comienzan a pelear por las plazas sobreviene una guerra sin cuartel, una guerra de guerrillas entre los mismos narcotraficantes. Desgraciadamente aqu se victimiza, se mata, se cercena y se destroza al ser humano pero no con la droga, sino con armas, explosivos y secuestros. Aqu es cuando se produce la gran sociopata. Sin rencores

A ms de 20 aos de que obtuvo su libertad mediante un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN) en octubre de 1989, Flores Alavez afirma que no guarda rencor contra quienes lo llevaron a prisin, pero no duda en acusar de mentiroso al expresidente Jos Lpez Portillo. Refiere que el mandatario reconoci su inocencia y le asegur a su familia que saldra libre. Al final de cuentas, afirma, no sostuvo su promesa de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Dis