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1810-1910: Centenario de emancipación política, búsqueda de identidad nacional, progreso y estabilidad política
El primer centenario de nuestra historia patria está lleno de turbulencias
políticas, intervenciones extranjeras, dominio de una elite política por alrededor
de treinta y cinco años y el cuestionamiento hacia la misma por los
beneficiarios de la ya mencionada.
Más que enumerar las fechas de mayor trascendencia a lo largo de esta
centuria, nos proponemos explicar los acontecimientos políticos que fueron
construyendo el Estado Nacional del Siglo XIX y la primera década del Siglo
XX. Cabe destacar que nuestro análisis se sujetará a un estricto orden
cronológico para no dejar de lado hechos históricos que nos permiten
comprender el por qué de nuestro presente.
La emancipación política
Cuando las tropas napoleónicas invadieron la península española en 1808, en
el Ayuntamiento de la Ciudad de México se gestaba una junta de notables
(encabezada por el virrey Iturrigaray) que ante los acontecimientos suscitados
en la metrópoli, deciden acogerse a las ideas de la Ilustración (las
concernientes a la soberanía popular) desconociendo al gobierno ilegítimo de
José Bonaparte; proponen reconocer como rey a Fernando VII y gobernar a su
nombre.
Al ser rechazada la propuesta del Ayuntamiento de la Ciudad de México por
los españoles peninsulares (dueños de los comercios y minas más importantes
de la colonia), se destituye al virrey Iturrigaray y se nombra en su lugar a un
adicto a los intereses de los peninsulares.
La verdadera emancipación política comienza en la ciudad de Querétaro,
donde un grupo de prestigiados criollos encabezados por Miguel Hidalgo y
Costilla conspiran en torno al desconocimiento del gobierno de José Bonaparte
y pugnan por el reconocimiento de Fernando VII. La conspiración es
1
descubierta y los planes que en ella se formularon se lanzan a la lucha armada
el 16 de septiembre de 1810 bajo el grito de ¡Viva Fernando VII y muera el mal
gobierno!
La propuesta de esta primera insurgencia era:
o Monarquía Constitucional
o Abolición de la Esclavitud
o Intolerancia Religiosa
A la muerte de Hidalgo, José María Morelos y Pavón da comienzo a la segunda
etapa de la insurgencia (1811-1815), es aquí precisamente donde hay un viraje
en la visión de la emancipación política puesto que el programa político de
Morelos consistía en:
o Gobierno Republicano
o Constitución Política (Constitución de Apatzingán)
o Reparto de tierras
o Supresión de castas (igualdad jurídica de ciudadanos)
o Intolerancia religiosa (catolicismo religión de Estado)
La tercera etapa de la insurgencia (1815-1820) está comandada por Vicente
Guerrero cuyo programa político se reducía a la independencia nacional
respecto de la metrópoli. Esta etapa se caracterizó por la guerra de guerrillas.
Para 1820 la insurgencia está prácticamente derrotada y curiosamente
cuando Fernando VII vuelve al trono español y lo obligan a juramentar la
Constitución de Cádiz; los criollos acomodados y los peninsulares deciden la
emancipación política de la Nueva España para mantener los privilegios que a
lo largo de tres siglos conservaban.
2
Quien lleva a cabo este movimiento es un antiguo combatiente de
insurgentes: Agustín de Iturbide, cuyo programa político es el del régimen
colonial:
o Monarquía
o Subsistencia de estructuras novohispanas
Así lo que fue conocido por trescientos años como Nueva España el 27 de
septiembre de 1821 obtiene su emancipación política y adopta el nombre de
“Imperio Mexicano”. Cabe mencionar que nuestro país nació a la vida
independiente (junto con Brasil) como monarquía y no como república.
Las primeras organizaciones políticas
En la primera mitad del Siglo XIX, la organización política recaía en las logias
masónicas que en estricto sentido no eran partidos políticos como hoy los
conocemos; sino simples corrientes de opinión en donde se discutían los
problemas nacionales.
La primera logia que se forma es la de rito escocés (1815) cuyo programa
político era un régimen central; antipatía hacia Estados Unidos; Pro- España;
Pro- Indígenas, Pro-Status quo, Pro- Iglesia, Pro-Latinos y Pro-sociedad
colonial. Sería el futuro partido conservador.
La segunda logia es la del rito de York (1825), su programa consistía en un
régimen federal; antipatía a España; Pro-Estados Unidos; indeferencia hacia
los indígenas; antirreligiosos y pro- caciques; y es en ésta donde interviene el
embajador de Estados Unidos Joel Poinsett. Será el futuro partido liberal.
Como se mencionó anteriormente, por tratarse de corrientes de opinión sus
integrantes cambiaban de un lado a otro de acuerdo a la situación política que
se vivía.
Es en 1833 cuando ambas logias ven el primer llamado de atención para
consolidar la unidad nacional, puesto que el Estado de Texas se separa de la
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República para formar una independiente y en 1836 se anexa a los Estados
Unidos.
Es hasta 1848 cuando las logias masónicas se terminan por definir debido a
la intervención norteamericana que termina con la mutilación de más de la
mitad del territorio nacional.
Así, para el año de 1848 la logia escocesa sería llamada partido conservador
y la logia de York se transformaría en el partido liberal; cuyos proyectos
lucharán a muerte hasta 1867 cuando el partido liberal derrota definitivamente
al partido conservador.
Búsqueda de identidad Nacional
Tras la emancipación política ocurrida el 27 de septiembre de 1821 (con la
firma de los Tratados de Córdoba y la del Acta de Independencia) la nueva
nación vivirá por alrededor de 45 años en continua lucha armada y
materializada en asonadas militares, golpes de estado e intervenciones
extranjeras que llevarán por definir su identidad nacional (la derrota de las
tropas francesas en 1867, coloca a México en el concierto internacional como
una nación libre y soberana).
La duración del llamado “Imperio Mexicano” fue de once meses y fue tan
breve su periodo de vida debido a que la élite política desconfiaba del
Emperador Agustín I, puesto que desconoció al Congreso por él convocado y
nombró en su lugar a una junta de adictos que vitoreaban su deficiente actuar
político.
A finales de 1822, Santa Anna desconoce al Emperador con el Plan de Casa
Mata donde se pronuncia por un régimen republicano y convoca a un Congreso
Constituyente. Los trabajos de éste dan frutos en el año de 1824 con la
promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos,
cuyos artículos centrales marcan a la religión católica como única, la
organización política de la republica era federal y la educación estaría a cargo
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de los Estados: de ahí que cada estado se haga responsable por las
construcción de Institutos de Ciencias y Artes.
Los de mayor trascendencia fueron el de Oaxaca, de cuyas instalaciones
egresó Benito Juárez; el de Toluca formó a Ignacio Ramírez y el de
Guadalajara licenció a Melchor Ocampo; tres hombres que saldrán al escenario
nacional en la Guerra de Reforma.
De 1824 a 1833 la primera república federal encuentra tropiezos y aciertos,
entre los últimos la ascensión a la presidencia de dos destacados insurgentes:
Guadalupe Victoria (primer presidente de México) y Vicente Guerrero. Dentro
de los tropiezos se encuentran los primeros enfrentamientos entre
monarquistas y republicanos y posteriormente la lucha política es entre
federalistas y centralistas. Estas luchas dan paso a que un hombre se
aproveche del poder político: Antonio López de Santa Anna, quien gobierna
con todos los grupos políticos del momento así como con el ideólogo del
partido conservador Lucas Alamán y el prohombre del liberalismo Valentín
Gómez Farías, éste último es el pionero de la primera reforma (basado y
aconsejado por las ideas de José María Luis Mora).
Como las medidas políticas de Gómez Farías son en contra de las
estructuras privilegiadas de los militares y la iglesia, éstos llaman por enésima
ocasión a Santa Anna a que asuma el Poder Ejecutivo. Para 1836 se promulga
una nueva constitución, pero de tipo centralista que volverá a ratificar los
privilegios del clero y el ejército.
A la muerte de Lucas Alamán, Santa Anna se convierte en dictador que no
tomará ni aceptará consejos de nadie con respecto de cómo llevar a cabo las
acciones de su gobierno que concluirá en agosto de 1855.
Durante el largo gobierno de Santa Anna se presenta el conflicto con los
Estados Unidos (1847-1848) que termina con la firma de los Tratados de
Guadalupe-Hidalgo el dos de febrero de 1848 con la mutilación de más de la
mitad del territorio nacional. Al respecto el maestro Justo Sierra mencionó que
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“con la reducción del territorio, se redujeron a la mitad los problemas
nacionales”.
El fin del Santannismo
Con la firma de los Tratados de Guadalupe-Hidalgo (que incluían una
indemnización del gobierno de los Estados Unidos al de México) comienza la
caída del hombre que ocupó once veces la presidencia de la república. Lo
mencionamos así porque su presidencia de 1848 a 1855 cae en la frivolidad, el
absolutismo y el ridículo.
En 1853 Santa Anna comienza una dura represión en contra de distinguidos
liberales a tal grado que destierra a Benito Juárez, Melchor Ocampo, José
María Mata y a Ponciano Arriaga del territorio nacional y éstos se exilian en
Nueva Orleáns.
Para 1854 la represión hacia los liberales tiene su primera reacción, el 1º de
marzo Florencio Villareal lanza en Acapulco el Plan de Ayutla que contiene dos
puntos principales:
o Destitución de Santa Anna y
o Congreso Constituyente
Después de un año y medio, los liberales derrotan a Santa Anna y este
renuncia el 19 de agosto de 1855.
El Congreso Constituyente 1856-1857
Una vez derrotado Santa Anna, los liberales se reúnen en la ciudad de
Cuernavaca y nombran como presidente provisional al general Juan Álvarez
quien emite la convocatoria para el Congreso Constituyente.
La reacción de los clérigos y militares por la expedición de las leyes
reformistas del gabinete del presidente Álvarez no se hace esperar y en Puebla
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hay un levantamiento armado y financiado por el Obispo Labastida y Dávalos
que al grito de “religión y fueros” se oponen a la Ley Juárez que ponía fin a sus
privilegios.
Como Juan Álvarez no puede sofocar este movimiento, renuncia a la
presidencia y los liberales nombran a Ignacio Comonfort.
A la Ley Juárez le siguen la Ley Lerdo (desamortización de bienes del clero)
y la Ley Iglesias (obvenciones parroquiales, asuntos entre particulares), que
son en palabras de Justo Sierra “el verdadero germen de la reforma”.
El Congreso Constituyente se reúne en la Ciudad de México el 17 de febrero
de 1856 y concluye el 5 de febrero de 1857. Este Congreso redacta una
constitución federalista, con garantías individuales y con la clásica división de
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; elecciones indirectas para la
conformación de los tres poderes; el presidente de la Suprema .Corte de
Justicia era el vicepresidente de la república y la federación no tiene Cámara
de Senadores.
Mientras los trabajos del Constituyente operan, el presidente Comonfort en
una entrevista con Manuel Doblado (Gobernador de Guanajuato) comenta que
la constitución que se está redactando no funcionaría porque el Poder
Legislativo es todo (la razón que esgrime el Constituyente es tratar de evitar
una nueva dictadura como la de Santa Anna) y el Poder Ejecutivo está
maniatado y sin posibilidad de gobernar.
No obstante, pese a las objeciones de Comonfort respecto de la
Constitución, éste decide presentar su candidatura para la presidencia de la
república en las elecciones que se organizaron en julio de 1857 y el 1º de
diciembre del mismo año protesta como Presidente de México. En esa misma
elección, Benito Juárez fue electo Presidente de la Suprema Corte de Justicia
(SCJN). Sin embargo, a los primeros días de instalado el nuevo gobierno, la
lucha fraticida comenzaría una vez más.
La Guerra de Reforma 1857-1861
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El 17 de diciembre de 1857 Félix Zuloaga (general conservador) lanza el Plan
de Tacubaya para desconocer la Constitución y propone la elección de un
nuevo constituyente para que el partido conservador participe en los trabajos
legislativos. El presidente Comonfort se une al plan porque efectivamente la
constitución que juramentó es inaplicable.
Rápidamente los conservadores disuelven el Congreso y apresan a los
liberales más destacados entre ellos al Presidente de la SCJN Benito Juárez;
quien asume la presidencia interina porque Comonfort se une al plan y la
constitución mencionaba que a la falta de presidente constitucional, el
Presidente de la SCJN asumiría el cargo.
La importancia de la Constitución de 1857 radica en que tanto los liberales
como conservadores luchan en torno a ella; de los primeros es su bandera
política y los segundos son sus detractores. Como decía Emilio Rabasa: “la
constitución estaba destinada a aumentar los archivos del congreso, pero el
conflicto armado la colocó en el centro de la discusión política”1.
Con Juárez como titular del Ejecutivo se formó una coalición de estados para
reconocerlo como presidente de los liberales y como presidente de los
conservadores al general Miguel Miramón que sustituyó a Zuloaga.
En el año de 1858 los liberales no ganan ninguna batalla. Para 1859 la
situación cambia para los liberales puesto que en el mes de abril el general
conservador Leonardo Márquez después de la batalla de Tacubaya ordenó
ejecutar a los heridos, médicos y población civil que auxiliaban a las tropas.
Esta acción trajo como consecuencia que el gobierno de los Estados Unidos
reconociera al gobierno liberal de Benito Juárez.
La emancipación económica
1 RABASA, Emilio. La Constitución y la dictadura, p. 27.
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Para julio de 1859, el gobierno liberal establecido en el Puerto de Veracruz
expidió las Leyes de Reforma:
o Separación Iglesia-Estado
o Nacionalización de bienes eclesiásticos
o Libertad de cultos
Estas leyes trajeron como consecuencia la derrota económica del partido
conservador. Además, las Leyes de Reforma ponen fin terminantemente a la
sobrevivencia de las estructuras coloniales. Se rompe contundentemente el
orden político de las dos majestades que a lo largo de tres siglos fueron una
misma: el estado confecional es sustituido por el Estado laico. La emancipación
económica es un hecho latente.
Sin embargo, para poder continuar con la lucha armada los conservadores
firman el 26 de septiembre de 1859 el Tratado Mon- Almonte con el gobierno
español para recibir ayuda económica. El general conservador Miguel Miramón
emplea la ayuda (compra de tres barcos en La Habana) para realizar un
segundo sitio al Puerto de Veracruz para derrotar al gobierno del presidente
Juárez. No obstante, los liberales para hacer frente al ataque de las tropas
conservadores firman con el gobierno norteamericano el 14 de diciembre de
1859 el Tratado McLane-Ocampo en donde los norteamericanos se
comprometieron a detener los barcos que sitiarían a Veracruz y los liberales
cederían a perpetuidad el libre paso de tropas y mercancías norteamericanas
por el Istmo de Tehuantepec.
La última batalla de la Guerra de Reforma se dio en Calculalpan el 22 de
diciembre de 1860, donde el general liberal Jesús González Ortega integró con
veinte mil hombres su fuerza para derrotar a las tropas de Miramón formadas
por 8000. El 11 de enero de 1861 el presidente Juárez entra a la capital de la
república.
Año de 1861: año de venganzas
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Con el triunfo de las fuerzas liberales en los campos de batalla se dio por
terminada la guerra civil que duró de diciembre de 1857 a diciembre de 1860; el
país parecía que entraría de lleno a la estabilidad política para de ahí
consolidarse como nación. Sin embargo, en el ánimo de vencedores y vencidos
aún estaba muy lejos la reconciliación nacional debido a que los conservadores
buscarían en el extranjero ayuda económico-política para implementar su
proyecto de nación: traerían una monarquía europea al país.
El partido liberal al comenzar a confeccionar su proyecto de nación inicia una
seria de medidas que lo terminarán por aislar internacionalmente: expulsa del
país al embajador de España, al arzobispo de la Ciudad de México y a varios
diplomáticos centroamericanos que intervinieron en la guerra civil. A esto hay
que agregar que los caminos de la república estaban atestados de bandoleros,
de guerrillas y de levantamientos militares que impedían que la paz fuera
tangible en el país.
Ahora bien, el general conservador Leonardo Márquez (el tigre de Tacubaya)
para hacer sentir la fuerza del partido conservador en la república tomó
venganza en contra de tres prestigiados liberales: asesinó a Melchor Ocampo,
a Santos Degollado y a Leandro Valle. La paz se sostenía con alfileres en toda
la república.
En medio de esta situación, el partido liberal organizó una elección y el 15 de
junio de 1861 Juárez es nombrado presidente constitucional, pero frente a los
asesinatos de los tres connotados liberales el Congreso le intentó aplicar un
voto de censura (modalidad no prevista por la constitución) con 51% de votos a
favor de que siguiera en la presidencia y con 49% de votos para destituirlo.
A esto hay que agregar que la expedición de las Leyes de Reforma en julio
de 1859 no generaron la riqueza que los liberales habían prometido. De hecho
el Congreso acusó al Secretario de Hacienda (Guillermo Prieto) de corrupción,
pero la razón principal por la cual el Estado se encontraba en bancarrota se
debió a que los bienes de la iglesia fueron utilizados a lo largo de la guerra civil.
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Por ello, el 17 de junio de 1861 el presidente Juárez declaró la suspensión de
pagos (moratoria) a los principales acreedores del país: Inglaterra, España y
Francia; los cuales se organizaron y el 31 de octubre de 1861 firmaron la
Convención de Londres: en donde se determinó invadir a México.
Con todo lo anterior se aquilata que el partido liberal estaba absolutamente
desprestigiado y con nulos resultado de gobierno. Los ánimos se encontraban
tan caldeados que como dijera Justo Sierra: “la intervención extranjera vino a
salvar el desprestigio del partido liberal”.
Intervención e Imperio 1861-1867
Las primeras tropas que invadieron al país llegaron el 17 de diciembre de 1861
al Puerto de Veracruz. Para febrero de 1862 el gobierno mexicano firmó con los
representantes de España, Inglaterra y Francia los Tratados de la Soledad
donde los acreedores reconocen la soberanía de México y el país se
compromete a pagar la deuda.
El 28 de abril de 1862 los franceses violan los acuerdos y deciden intervenir
el país. La razón es llevar a cabo los planes de instaurar una monarquía para
frenar el avance sajón en América Latina: la situación parecía propicia puesto
que los Estado Unidos se encontraban enfrascados en su guerra de secesión
(abril 1861-abril 1865).
La primera batalla se dio el 5 de mayo de 1862 en Puebla donde las armas
nacionales (comandadas por el general Ignacio Zaragoza) derrotan a las
francesas. Francia envió veinticinco mil efectivos más en 1863 y esta vez
ocuparon Puebla y avanzaron hacia la Ciudad de México. En mayo de 1863 el
presidente Juárez inicia su peregrinar y se traslada a San Luis Potosí para
finalmente arribar a Paso del Norte, Chihuahua.
En junio de 1863 las tropas francesas comandadas por el mariscal Forey
convocan a una Junta de Notables que decidió que la forma de gobierno sería
una monarquía constitucional cuyo emperador lo designaría Napoleón III: el
elegido es Maximiliano de Habsburgo. La Junta de Notables se trasladó al
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Castillo de Miramar a ofrecerle el trono del Imperio mexicano a Maximiliano,
quien a cambio de aceptar la designación solicita cartas de adhesión y
finalmente en febrero de 1864 acepta el trono de México y firmó con Napoleón
III los Tratados de Miramar donde Maximiliano se comprometió a pagar todos
los gastos de la intervención y Napoleón III retiraría las tropas francesas de
México hasta 1869.
El 12 de junio de 1864 Maximiliano entró a la Ciudad de México y declaró
que su imperio no echaría marcha atrás a las Leyes de Reforma; esta
declaración trajo consecuencias importantes: por un lado, el partido
conservador rompe con el emperador porque la idea de traerlo era para
derogar las Leyes de Reforma y por el otro, gran parte del partido liberal
decidió colaborar con Maximiliano; puesto que él era más liberal que los
liberales.
Es por este motivo que se formó una treintena de civiles y militares
conocidos como los Inmaculados de Paso del Norte que no colaboraron ni
negociaron con el Imperio. Esta treintena la encabezada un triunvirato: Benito
Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias. La importancia de los
Inmaculados de Paso de Norte radicó que mientras los liberales y
conservadores que colaboraron con Maximiliano, existió una pequeña élite
política capaz de gobernar al país sin la necesidad de contar con la ayuda de
un gobierno extranjero.
En 1866 Napoleón III decidió retirar las tropas francesas de México (violando
los Tratados de Miramar ya que en Europa pronto se llevaría a cabo la guerra
franco-prusiana) puesto que la guerra de secesión norteamericana había
terminado y en noviembre de 1865 los Estados Unidos reconocieron el
gobierno del presidente Benito Juárez.
Sin embargo, Napoleón III recomendó a Maximiliano organizar un ejército
netamente mexicano el cual fue comandado por Miguel Miramón y éste decidió
el 19 de febrero de 1867 atrincherarse en la ciudad de Querétaro. El sitio es
vencido por el general liberal Mariano Escobedo el 15 de mayo de 1867.
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Maximiliano, Miramón y Mejía son juzgados a muerte y el 19 de junio de
1867 son fusilados en el Cerro de las Campanas.
El 15 de julio de 1867 el presidente Juárez entró victorioso a la Ciudad de
México: el partido conservador finalmente fue derrotado y el liberalismo
definitivamente arribó al poder.
La República Restaurada 1867-1876
Después de diez años de enfrentamiento armado (1857-1867) entre liberales y
conservadores y tras vivir el episodio más glorioso de la historia patria (la gran
década nacional) el balance para el liberalismo resultaba positivo: primero, la
nación que alcanzó su emancipación política el 27 de septiembre de 1821 se
consolidó como nación plenamente soberana y adquirió el respeto absoluto del
concierto internacional de naciones; y segundo, la expedición de las Leyes de
Reforma permitieron adquirir la emancipación económica para situar al país en
la modernidad. La emancipación política unida a la emancipación económica
conjuntan el programa del liberalismo mexicano: independencia y progreso.
Lo anterior no hubiese sido posible sin la participación del pueblo mexicano:
la población jugó un papel trascendental porque desde su seno salían las
tropas que lucharían para conseguir y mantener la independencia nacional.
Hay que recordar que a lo largo de 46 años (1821-1867) se fue gestando ese
sentido de pertenencia a lo que se denominó México. Si bien el país nació el 27
de septiembre de 1821, nacía sin que se entendiera plenamente lo que era ser
mexicano: había que crearlos. Las continuas asonadas miliares, golpes de
estado e intervenciones extranjeras fueron sembrando paulatinamente el
germen de identidad nacional el cual adquirió su cenit con la derrota del
llamado segundo imperio. De ahí que el presidente Juárez declarara
contundentemente que el país había conseguido su segunda independencia.
Terminada la intervención extrajera y derrotado el imperio, el país
comenzaría poco a poco su proceso de reconstrucción: atrás quedarían las
diferencias políticas para centrar definitivamente la atención nacional en el
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progreso y prosperidad de la Patria. Para ello, el partido liberal se transformó
de partido de oposición en partido de gobierno o en otras palabras “el
liberalismo triunfante” implementaría categóricamente su programa de
gobierno. Para realizar este propósito en el seno del partido liberal se gestaba
la divisa de la conciliación para integrar a todas las fuerzas políticas al proceso
de reconstrucción nacional.
Al llegar a la Ciudad de México, el presidente Juárez decretó el 23 de julio de
1867 la reducción del ejército federal de ochenta mil a veinte mil hombres para
evitar un golpe de Estado. Además dividió al ejército en cinco sectores y
finalmente decretó que no se podía ser gobernador ni jefe de región militar al
mismo tiempo, es decir, separó el poder político del poder militar.
El programa político de Juárez se da a conocer el 14 de agosto de 1867 en
un documento denominado por Justo Sierra como el documento político más
importante del Siglo XIX: la convocatoria a elecciones de los poderes federales.
El programa político de Juárez es en dos sentidos: por un lado, se plantea la
política de conciliación y por el otro, se proponen reformas a la Constitución de
1857 tendientes a fortalecer las facultades constitucionales del presidente de la
república, es decir, se delinea un régimen presidencialista.
El objetivo de la política de conciliación es restituir los derechos políticos e
integrar a la administración pública tanto a liberales como a conservadores que
hayan participado en el imperio de Maximiliano con tres claras excepciones:
Pelagio Antonio Labastida y Dávalos (Arzobispo de la Ciudad de México)
por ser el representante más reaccionario de la iglesia católica
Leonardo Márquez (general conservador) por representar el militarismo
más sanguinario; y
José López Uraga (general liberal) por desertar del liberalismo para
incorporarse al imperio
No obstante, como el objetivo del presidente Juárez era conciliar tanto al
partido liberal como al partido conservador mencionó que a los tres casos
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anteriores se les podía amnistiar para que recobraran ampliamente sus
derechos políticos.
Las reformas que se plantearon a la Constitución de 1857 son en el sentido
de enervar el actuar absoluto del Poder Legislativo; esto no quiere decir que se
formuló eliminar la división de poderes sino simple y sencillamente se buscó el
equilibrio entre ellos. Como se mencionó anteriormente: el Legislativo lo era
todo y el Ejecutivo estaba maniatado al actuar de éste.
Las reformas fueron las siguientes:
o División del Poder Legislativo en dos cámaras
o Veto al Poder Ejecutivo
o Limitar a la Comisión Permanente para convocar a sesiones
extraordinarias al Congreso
o La sustitución del Presidente de la República
o Relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo por escrito para evitar el
voto de censura
Las reformas juaristas tenían como objetivo fortalecer al presidente dentro
del marco constitucional.
De las anteriores reformas hay dos que llaman poderosamente la atención:
la división del Poder Legislativo en dos cámaras (recordar que el Constituyente
de 56-57 declaró la federación sin Senado) y el veto al Poder Ejecutivo. Ambas
reformas tienden a fortalecer al presidente de la república por ser el
representante del proyecto nacional. Ambas reformas son de suma
importancia, tanto que la Constitución de 1917 las acogió en su seno.
Con la división del Poder Legislativo en dos cámaras se propuso la creación
del Senado de la República. El Senado es inherente a la federación. El Senado
que delineó el presidente Juárez tiene como finalidad la centralización política y
la intervención del poder federal en la política local. El funcionamiento es el
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siguiente: en caso de conflicto entre poderes locales, el conflicto es atraído al
Senado quien puede declarar desaparecidos los poderes locales y el
presidente de la república nombrará con aprobación del Senado al gobernador
provisional el cual convocará a elecciones. Ésta atribución exclusiva del
Senado existe en nuestra actual constitución en el artículo 76 fracción V. El
Senado que formuló el presidente Juárez en agosto de 1867 sigue funcionando
de la misma forma en nuestros días.
En lo referente al veto suspensivo sobre las iniciativas de ley que el Poder
Legislativo elabora se busca contener el “ímpetu idealista” de los legisladores,
no con el propósito de obstaculizar la reforma social sino más bien con el
objetivo de fomentar la reflexión de los pros y de los contras de la antes
mencionada. El Poder Legislativo es el que legisla mientras que el Poder
Ejecutivo es el que ejecuta. El Poder Legislativo plantea el mundo ideal. El
Poder Ejecutivo administra el mundo real.
El veto sobre el Poder Legislativo y el Senado son instrumento jurídicos que
fortalecen al Poder Ejecutivo Federal; de ahí que el presidente de la república
al ser el representante del proyecto nacional sea como una moneda de dos
caras: por un lado, limita la acción exacerbada del Poder Legislativo con el veto
y por el otro, con el Senado (mediante la desaparición de poderes locales)
limita las ambiciones de los gobernadores y con ello puede implementar el
proyecto nacional.
El presidente de la república ve en su conjunto al país y si mencionamos que
es el representante del proyecto nacional lo afirmamos porque entre sus
atribuciones constitucionales se encuentra la administración pública federal. La
federación es el proyecto nacional. Los gobernadores son partes integrantes de
ese proyecto.
Las reformas que se formularon a la Constitución de 1857 son repudiadas
por el ala jacobina del partido liberal argumentando que Juárez pasó de ser su
defensor a su trasgresor. La crítica versó también en el sentido de que como
era posible que el presidente Juárez después de luchar por diez largos años
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por la constitución se atreviera a proponer reformas: lo más óptimo era darle
oportunidad de ser aplicada. La estridencia de los jacobinos se debía de
acuerdo a Emilio Rabasa a que “la Constitución era un ídolo, porque era un
emblema, traía la pureza de lo inviolado, la santidad que le daban todos los
martirios, la virtud de los sacrificios que la habían consagrado, y sobre todo la
majestad y la fiereza de la victoria… Su prestigio era inmenso, pero no se
había aplicado todavía; se le amaba como símbolo, pero como ley era
desconocida para todos”2. Además, la forma en como fueron planteadas las
reformas no fue la correcta: se apeló a un plebiscito que no estaba previsto por
la constitución.
Esta polémica de acuerdo a Daniel Cosío Villegas fue “la primer gran
tormenta” que el liberalismo triunfante debió que enfrentar.
La anterior polémica resultaba lógica: derrotado definitivamente el partido
conservador y sin la posibilidad de poder reorganizarse a la brevedad, el
partido liberal interiorizó su lucha combativa hacia sus miembros. A esto hay
que agregar que en agosto de 1867 dentro del partido liberal existían dos
tendencias claras: la civilista encabezada por el presidente Juárez y la militar
acaudillada por el general Porfirio Díaz.
El desprestigio que le causó a Juárez la convocatoria va a ser aprovechado
por Porfirio Díaz, ya que éste adoptaría como bandera política la de un
constitucionalista intransigente. Con ello pretendía allegarse de más partidarios
para ganar en las próximas elecciones la presidencia de la república.
Pese a la anterior situación política, las elecciones presidenciales se llevaron
a cabo y Juárez resultó electo presidente de la república para el periodo de
1867-1871.
Esta elección dejó en descontento a cierta facción militar del partido liberal
que se aglutinaba en torno a la figura del general Porfirio Díaz; este grupo
argumentaba que le correspondía gobernar ya que eran los militares y no los
2 Ibidem, p. 29.
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civiles los que derrotaron al imperio. El descontento de los militares se hizo
latente cuando estalló la revuelta de La Noria.
Al iniciarse en diciembre de 1867 la nueva administración juarista con el
objetivo de comenzar el proceso de reconstrucción nacional, el presidente
Juárez se encuentra limitado de recursos económicos debido a que el país por
diez años vivió una guerra civil y una intervención extranjera. Los caminos
estaban destruidos, el campo desolado y los bandoleros al orden del día. A
esto hay que agregar que el entorno internacional no fue propicio para la
administración juarista ya que la inversión extranjera fue limitadísima por no
decir casi nula. La reconstrucción nacional tardaría más tiempo de llevarse a
cabo de lo que se pensaba. Sin embargo, el presidente Juárez canalizaría los
escasísimos recursos del erario nacional en un proyecto de gran valía: el
proyecto educativo.
El proyecto educativo juarista se centró en el establecimiento de la Escuela
Nacional Preparatoria. El objetivo de esta institución educativa sería formar sin
dogmas políticos a la futura élite política del país. El presidente Juárez partía
del principio de que la estridencia de liberales y conservadores se debía a que
ambos fueron formados por el dogma religioso de la iglesia católica, ya que
ésta era la única institución educativa con que el país contaba para instruirse
antes de la promulgación de las Leyes de Reforma.
El presidente Juárez encomendó la dirección de la Escuela Nacional
Preparatoria a Gabino Barreda, éste personaje había adquirido la filosofía
positivista durante su estancia en Francia. La designación de Barreda disgustó
a los jacobinos liberales, pero la decisión de Juárez se debió a que si la
conducción de la reciente institución educativa quedaba en manos de los antes
mencionados el dogmatismo reinaría de nuevamente.
Siendo Gabino Barreda el titular del proyecto educativo juarista, la filosofía
que adoptó la Escuela Nacional Preparatoria para sus cátedras fue el
positivismo, el cual partía de la idea de que no existen verdades absolutas y
que cada fenómeno político y social responde específicamente a sus debidas
18
circunstancias. Con la adopción del positivismo, el liberalismo triunfante centró
las bases político-económicas de orden, paz y progreso.
Para el mes de febrero de 1868, la Escuela Nacional Preparatoria abrió sus
puertas y dentro de los alumnos que formaron la primera generación se
encontraban Justo Sierra, Francisco Bulnes y José Yves Limantour; siendo
ideólogos y secretario de hacienda, respectivamente, de la dictadura porfirista.
Este grupo sería conocido en las postrimerías del porfiriato como el de “los
científicos”.
Ahora bien, si la reconstrucción nacional no se llevaba al plano material
como se esperaba al menos se hizo ahínco en la labor educativa puesto que el
liberalismo mexicano siempre enarboló a la educación como punta de lanza
para reducir las enormes desigualdades de la sociedad mexicana. Para el año
de 1869 se creó el primer programa de educación básica para el Distrito
Federal. No obstante, un punto que se debe destacar es la tarea que
emprendió el maestro Ignacio Manuel Altamirano con su revista Renacimiento,
en donde se difundía la obra poética tanto de liberales como de conservadores
y por vez primera se introducía en la literatura los modismos mexicanos.
También debe de mencionarse que entre el año 1870-1871 se fundó la
Sociedad de Geografía y Estadística así como la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México.
Para el año de 1871 se llevan a cabo nuevas elecciones, en ellas sólo
participan los liberales Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de
Tejada. Como ninguno obtuvo mayoría, le correspondió al Congreso designar
al nuevo presidente y fue designado Benito Juárez para el periodo de 1871-
1875.
Ante la perdida de la elección presidencial Porfirio Díaz se levantó en armas
con el Plan de la Noria el 6 noviembre de 1871 para desconocer al gobierno de
Benito Juárez, se argumentó que el presidente viola la división de poderes,
viola la constitución, impone a sus amigos en los puestos de elección popular y
se perpetúa en el poder mediante prolongadas reelecciones. La revuelta no
19
prospera y pierde sentido cuando muere el presidente Juárez el 18 de julio de
1872.
A la muerte de Juárez ocupa la presidencia interina el Presidente de la SCJN
Sebastián Lerdo de Tejada quien realizó dos medidas fundamentales como
presidente interino: convocó a elecciones y concedió una amnistía a los grupos
sublevados.
Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia constitucional el 1º de
diciembre de 1872 y terminaría su periodo el 30 de noviembre de 1876.
Lerdo de Tejada tenía grandes méritos para ser presidente de la república:
fue asesor y consejero del presidente Juárez, fue parte del triunvirato de los
Inmaculados de Paso del Norte y fue el redactor de la convocatoria de agosto
de 1867 así como de la circular de la misma. Sin embargo, dentro de sus
defectos se encontraba la soberbia y la pedantería razón por la cual la élite
política tuvo fricciones con él; de ahí que los pros y los contras del presidente
Lerdo de Tejada fueran sintetizados por León Guzmán con la siguiente frase:
“Lerdo de Tejada reunió dos veces el voto unánime del pueblo mexicano: una
para subirlo al poder y la otra para derrocarlo”.
La administración del presidente Lerdo de Tejada se caracterizó por la
rispidez con la élite política y con la ciudadanía por las siguientes medidas:
Al asumir la presidencia de la república, el partido conservador
argumentó que Lerdo de Tejada sería un extraordinario presidente
porque no aplicaría de forma rigurosa las Leyes de Reforma. Sin
embargo, el presidente Lerdo para demostrar que era un partidario
exacerbado del estado laico en el mes de septiembre de 1873 elevó a
rango constitucional las Leyes de Reforma y exclaustró a la orden
religiosa de las Hermanas de la Caridad. Esto propició que en el Bajío se
desencadenara el primer movimiento cristero del país, con ello el
presidente Lerdo logró la enemistad de la mayoría de la población
20
mexicana (la religiosidad de la sociedad en el Siglo XIX era imperante)
que antes que la razón prefiere la fe.
La centralización política que el país necesitaba para implementar el
proyecto nacional se dará finalmente en diciembre de 1874 con el
reestablecimiento del Senado de la república. Mediante la desaparición
de poderes locales la intervención del poder federal en la política local
se haría de forma constitucional (artículo 72, inciso B de la Constitución
de 1857) sin violación a la soberanía de los estados de la federación.
Con esta intervención se rompe el aislamiento del poder caciquil, es
decir, se destruye el mercado local para crear el gran mercado nacional.
La primera vez que se aplicó esta atribución exclusiva del Senado es en
1876 para liquidar políticamente a los cacicazgos de Trinidad García de
la Cadena (Zacatecas) y de Juan N. Méndez (Puebla). La irrupción del
poder federal en la política local causó el descontento de los caciques,
razón por la cual apoyarían la revuelta de Tuxtepec.
El nombramiento de jueces de distrito y magistrados de circuito no fue
determinado por la Constitución de 1857: el artículo 96 sólo estipulaba
que más adelante se redactaría la ley reglamentaria respectiva; ésta no
se elaboró porque el país vivió de 1857 a 1867 una guerra civil y una
intervención extranjera. Durante ese periodo Juárez realizaba los
nombramientos antes mencionados. Esto dio pie a que durante la
presidencia de Lerdo de Tejada se desarrollara un conflicto entre éste y
el Presidente SCJN José María Iglesias, ya que este último sostenía que
los nombramientos correspondían al titular del Poder Judicial para evitar
la supeditación del mismo al Poder Ejecutivo; mientras que el presidente
Lerdo argumentaba que por “tradición” le correspondía a él esos
nombramientos. El segundo momento del conflicto tuvo lugar cuando
Iglesias presentó su renuncia a la presidencia de la SCJN, pero el pleno
no la acepta para que se continuara con la lucha por la independencia
del Poder Judicial. Finalmente, el clímax del conflicto se da cuando el
presidente Lerdo de Tejada presentó su candidatura para su reelección
y José María Iglesias la desconoció porque objetó que durante la
elección en dos terceras partes de los estados de la federación se
21
encontraban suspendidas las garantías constitucionales, razón por la
cual la reelección fue ilegal.
Con estas medidas los ánimos se encontraban absolutamente caldeados y
propicios para que de un momento a otro estallara una revolución para derrocar
al presidente Lerdo de Tejada. A estoy hay que agregar que al descontento de
los cristeros, al de un sector radical del partido conservador, a el de los
caciques y a el del Poder Judicial; se uniera el de los juaristas y el de los
lerdistas. La molestia de los primeros fue porque a dos días de la calificación
de la elección presidencial en el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados,
el presidente Lerdo destituyó de su gabinete a los juaristas y colocó en su lugar
a sus partidarios lo cual provocó que perdiera los votos suficientes para ganar
la elección; mientras que la de los segundos se debió a que solamente los
llamó para colaborar en su gobierno por dos meses y medio (septiembre-
noviembre de 1876).
En suma, la revolución estalló el 10 de enero de 1876 cuando el general
Fidencio Hernández proclamó el Plan de Tuxtepec para derrocar al gobierno
del presidente Lerdo de Tejada porque viola la división de poderes, viola la
constitución, impone a sus amigos en los puestos de elección popular y se
quiere perpetuar en el poder mediante reelecciones. El plan tomó como
bandera política el principio de no reelección y nombraba general en jefe del
ejército regenerador a Porfirio Díaz, éste el día 21 de marzo del mismo año se
adhiere al plan y lo reforma en el siguiente sentido: “al triunfo de la revolución,
el Poder Ejecutivo quedará en manos del titular del Poder Judicial”, esta
reforma es conocida como la reforma de Palo Blanco. El objetivo de esta
reforma es cubrir con un manto de legalidad el golpe de estado con el que se
procedía para que Porfirio Díaz fuese nombrado presidente de la república.
Para la mañana del 16 de noviembre de 1876 en el poblado de Tecoac,
Tlaxcala las tropas porfiristas estaban prácticamente liquidadas y la revuelta de
Tuxtepec parecía que llegaba a su fin. Sin embargo, el general porfirista
Manuel González convirtió la derrota en victoria puesto que arribó al lugar con
3000 hombres de refuerzos. El ejército federal estaba liquidado. El presidente
22
Sebastián Lerdo de Tejada abandonó la capital del país el 20 de noviembre de
1876 y se trasladó a la ciudad de Nueva York donde viviría los últimos días de
su vida.
La primera presidencia de Porfirio Díaz 1876-1880
El día 21 de noviembre de 1876 Porfirio Díaz entró en la Ciudad de México y
rápidamente comenzó a aplicar lo que es la base del Sistema Político
Mexicano: la política de conciliación. Ésta consistió en lo siguiente:
Se disolvió el Comité de Salud Pública que los porfiristas crearon para
juzgar a los traidores lerdistas
Se protegió la vida del presidente Lerdo de Tejada cuando fue detenido
para que pudiera llegar al puerto de Manzanillo y de ahí salir a su
destierro
Se siguió pagando el salario del ejército lerdista y a los oficiales
iglesistas; y
El Secretario de Gobernación, Protasio Tagle, en el Diario Oficial declaró
que la nueva administración sería constitucionalista y que la aplicación
de las Leyes de Reforma se llevaría a cabo con un espíritu conciliador
entre los mexicanos
El siguiente paso que dio Porfirio Díaz para continuar con la política de
conciliación fue integrar a la administración pública al grupo político que
representaba escaso (por no decir casi nulo) peligro: los iglesistas.
De acuerdo con el Plan de Tuxtepec y con la reforma de Palo Blanco, al
triunfar la revolución la presidencia interina quedaría en manos del titular del
Poder Judicial: José María Iglesias. Porfirio Díaz le entregaría el poder a este
último sí y sólo si se adhería públicamente al Plan de Tuxtepec. Esto jamás
sucedería porque Iglesias al desconocer la reelección de Lerdo de Tejada
comenzó un movimiento político conocido como el decembrismo en donde se
comprometió que al asumir la presidencia interina él y ninguno de sus
23
colaboradores presentarían su candidatura a ningún puesto de elección popular
en las elecciones que el interinato organizara. Además, Iglesias mencionaba
que su movimiento por vez primera en la historia patria luchaba por un
programa y no por un hombre; de ahí que el slogan del decembrismo fuera
“sobre la constitución nada, sobre la constitución nadie”. El movimiento
decembrista sólo fue secundado por los estados de Querétaro y Guanajuato.
En la hacienda La Capilla (Guanajuato) se celebró una entrevista entre
Porfirio Díaz y José María Iglesias, en donde el primero le propuso al segundo
una salida honrosa a su situación: el exilio a los Estados Unidos, en vista de
que el decembrismo no representaba política ni militarmente una amenaza.
La integración de los decembristas a la administración pública se dio a partir
de la subvención gubernamental del periódico denominado La Libertad (su
aparición ocurrió el 5 de enero de 1878 en la Ciudad de México), el cual
lucharía tenazmente por el establecimiento de la paz pública para terminar a
toda costa con los movimientos revolucionarios. El programa de La Libertad
propugnaba por centralizar el poder en manos del Ejecutivo Federal, por ser
éste el representante del proyecto nacional frente a la multitud de proyectos
locales. La alianza entre el gobierno porfirista y los redactores de La Libertad
Daniel Cosío Villegas la llamó “un verdadero chispazo de genio, quizá único en
nuestra historia… iban a darle no sólo a la edad tuxtepecadora sino a todo el
porfiriato un marco de ideas generales, dentro del cual se desenvolvió su larga
vida”3.
Las ideas de centralizar el poder en manos del Ejecutivo Federal consistían
en proponer reformas a la constitución en el siguiente sentido: darle el veto al
presidente de la república, ampliar el periodo presidencial de cuatro a seis
años; reducir los miembros del Poder Legislativo y otorgarle la inamovilidad al
Poder Judicial. De nueva cuenta, el ala jacobina del partido liberal repudió
éstas reformas por considerar que se “violaba la pureza del marco
constitucional”. Sin embargo, los redactores de La Libertad (Justo Sierra fue su
3 COSÍO VILLEGAS, Daniel. Historia Moderna de México. El Porfiriato. Política interior, primera parte, p. 429.
24
director del 9 de mayo de 1878 al 28 de abril de 1880) argumentaron que el
programa de su publicación sólo retomaba las reformas que el presidente
Juárez había planteado en la convocatoria a elecciones de los poderes
federales del 14 de agosto de 1867. Además, los antes mencionados
argumentaban que ellos en el año de 1876 fueron los más estridentes
defensores de la Constitución de 1857, pero que después de un año de
profundas reflexiones habían llegado a la conclusión de que la constitución era
inaplicable y que con ella no se resolverían los problemas nacionales. Con
estas ideas generales el régimen del general Porfirio Díaz centralizó el poder
en manos del Ejecutivo Federal, pero al margen de la constitución rompiendo
con ello con el programa del presidente Juárez y del periódico La Libertad, ya
que éstos últimos formularon la centralización dentro del marco constitucional.
No obstante, pese a lo anterior la única reforma constitucional que promovió
la primera administración porfirista fue al artículo 78 para elevar a rango
constitucional el principio de no reelección que la revolución de Tuxtepec se
había comprometido a realizar, pero de lo que prometió a la iniciativa que
presentó existía un abismo: sí se propuso el principio de no reelección del
Ejecutivo Federal, pero para un periodo no inmediato, es decir, si Porfirio Díaz
decidía volver a presentar su candidatura para la presidencia de la república
tendría que esperar que el cuatrienio 1880-1884 fuese presidido por otro
político. Ésta reforma trajo que rápidamente el ambiente político se enrareciera
porque la revolución de Tuxtepec fue una alianza entre caudillos y caciques, los
cuales se sentían con justo derecho de aspirar a la presidencia de la república.
La lucha por la sucesión presidencial presagiaba que el país se enfrascaría de
nueva cuenta en una revolución más. La Libertad propuso al presidente Porfirio
Díaz que para evitar la antes mencionada prolongara su administración por dos
años más.
Los candidatos que aspiraban a la presidencia de la república para el
cuatrienio 1880-1884 eran Ignacio Vallarta (cacique de Jalisco), Juan N.
Méndez (cacique de Puebla), Trinidad García de la Cadena (cacique de
Zacatecas), Jerónimo Treviño (cacique de Nuevo León), Justo Benítez, Manuel
María de Zamacona, Vicente Riva Palacio e Ignacio Mejía. Esto significaba que
25
si uno de los ocho ganaba, los otros siete se levantarían en armas para
derrocar al ganador. A esto hay que agregar que los estados de Oaxaca,
Puebla y Tamaulipas manifestaron abiertamente su oposición a la candidatura
de Justo Benítez porque éste personaje declaró que de ganar la elección
presidencial su gabinete estaría integrado de tuxtepecanos netos, dando con
ello entierro definitivo a la política de conciliación.
Ahora bien, ante tal panorama político el presidente Porfirio Díaz (en
noviembre de 1879) celebró una reunión con los gobernadores para auscultar
cual era la candidatura mejor aceptada. Se dijo que el general Manuel
González reunía el apoyo total de 12 gobernadores y que cinco apoyarían la
candidatura que el general Díaz decidiera. Ante tan contundente apoyo no
habría duda de que la administración 1880-1884 sería presidida por el general
Manuel González. Esto fue posible gracias a que el general González
continuaría con la política de conciliación por ser él uno de los beneficiarios de
la misma, ya que antes de la intervención francesa éste militó en el partido
conservador. Al mismo tiempo por ser su candidatura tardía carecía de un
equipo propio por lo que declaró que buscaría a los hombres más calificados
en los grupos ya formados para integrar su gabinete.
Es importante mencionar que entre Manuel González y Porfirio Díaz existió
un “pacto de caballeros” con el propósito de alternarse mutuamente la
presidencia de la república; ya que el principio de no reelección para aun
periodo inmediato que la revolución de Tuxtepec elevó a rango constitucional
impedía la permanencia continua en el poder. Tanto el pacto de caballeros
como el principio de no reelección los desconoció el general Díaz y él gobernó
de 1884 hasta 1911, dejando con ello en el olvido su bandera política de no
reelección que enarboló tanto el plan de La Noria como en el plan de Tuxtepec.
La presidencia de Manuel González 1880-1884
La administración gonzalista cimentó las bases de la futura dictadura porfirista
porque centralizó el poder político en el Ejecutivo Federal en dos aspectos: por
un lado, liquidó políticamente a los caciques que aspiraban a ejercer un control
26
político más allá de su respectiva demarcación y por el otro, realizó reformas
constitucionales que fortalecieron la centralización administrativa de la
república. Ambas medidas de centralización tuvieron éxito debido a que la
administración gonzalista recibió 110 millones de pesos de inversión extranjera
directa.
La liquidación política de los caciques Ignacio Vallarta (Jalisco), Juan N.
Méndez (Puebla) y Trinidad García de la Cadena (Zacatecas) se efectuó
mediante el Senado de la República. Utilizando la desaparición de poderes
locales, el Ejecutivo Federal pudo intervenir en política local nombrando como
gobernador provisional (atribución que le otorgó el artículo 72, inciso B de la
Constitución de 1857) a gente adicta al poder federal. En los tres casos se creó
un conflicto local (entendido éste como la beligerancia entre el gobernador y la
legislatura local) que no pudo resolverse en el estado sino solamente en el
Senado, éste último aprobó el nombramiento del gobernador provisional de
acuerdo a la propuesta del presidente de la república. Con estos tres casos se
ejemplificó que aquel cacique que aspire a antagonizarce con el poder federal
sería liquidado políticamente.
La liquidación política de los caciques está unida a que durante la
administración gonzalista (1880-1884) se construyeron 5000 kilómetros de vías
férreas, es decir, con el ferrocarril se rompe el aislamiento del mercado local
controlado por el cacique para dar paso a la construcción de un mercado
nacional. Además, el ferrocarril permitió que el presidente de la república en
caso de conflicto local pudiera desplazar de forma más rápida al ejército federal
para aplastar al movimiento armado que se presentase en algún estado de la
república.
La centralización administrativa consistió en la creación de un banco central.
El 2 de junio de 1884 nació el Banco Nacional de México, encargado de la
monopolización de la impresión del papel moneda. Con la banca central se
estableció una moneda única para realizar cualquier tipo de transacción
económica a lo largo y ancho de la república. A esto hay que agregar que la
administración gonzalista mediante una reforma constitucional estableció que la
27
legislación bancaria, ferroviaria, comercial, minas y aguas le corresponderían
única y exclusivamente al poder federal; esto propició que la inversión
extranjera directa llegara mucho más rápido al país debido a que los gobiernos
locales tenían cada uno de ellos su propia legislación en los rubros antes
mencionados, razón por la cual el inversionista tenía que estudiar 28
legislaciones para ver cual convenía más a sus intereses.
Un suceso de gran importancia que trajo estabilidad política a todo el país
ocurrió en esta administración: el 5 de noviembre de 1881 contrajeron
matrimonio el general Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio (hija mayor de
Manuel Romero Rubio, líder del partido lerdista), siendo testigo de honor el
presidente Manuel González. Éste enlace matrimonial fue el puente de unión
entre el lerdismo y los tuxtepecanos, es decir, este acto político permitió que se
incorporara a la administración pública el grupo político con mayor experiencia
de gobierno para darle estabilidad al régimen.
Finalmente, el control sobre la prensa con la reforma al artículo 7°
constitucional (libertad de expresión) fue el cenit de la centralización política del
poder, a saber: el texto original mencionaba que los delitos de imprenta serían
juzgados por los tribunales populares, uno que sancionaría el delito y otro que
impondría la pena. La reforma gonzalista fue en el sentido de cambiar los
tribunales populares por los tribunales comunes, lo trascendental de esta
reforma es que el nombramiento de los jueces de los tribunales comunes
dependía del presidente de la república. Esto último fue posible porque en la
primera administración de Porfirio Díaz se presentó una iniciativa para nombrar
a los jueces de distrito y magistrados de circuito de la siguiente forma:
“mientras se redactaba la ley orgánica del artículo 96 constitucional el Ejecutivo
nombraría, a propuesta en terna de la Suprema Corte de Justicia, a los
magistrados de circuito y a los jueces de distrito”4. Con esta reforma se
estableció la autocensura de los periódicos con respecto a sus críticas sobre el
gobierno.
4 SÁEZ PUEYO, Carmen. Justo Sierra. Antecedentes del partido único en México, p. 95.
28
Pese a la centralización político-administrativa que el gobierno de Manuel
González había realizado, su gestión terminó abruptamente. Se enfrentó a dos
problemas que le restaron popularidad: a) la moneda del níquel y b) el arreglo
de la deuda inglesa. El primer conflicto se ocasionó porque en las
transacciones comerciales cotidianas de la población no existía una moneda
fraccionaria, esto propició que la administración gonzalista introduciera la
moneda del níquel la cual ocasionó el disgusto de la población porque dicha
moneda era de cobre y no se tenía confianza en ella, ya que las monedas de
ese tiempo eran de oro y de plata. Esto pudo haberse evitado si previamente
se hubiese implementado una campaña publicitaria en la introducción de la
antes mencionado. El cenit de este episodio ocurrió cuando algunos
ciudadanos abordaron en Palacio Nacional al presidente González para
arrojarle varias monedas de níquel y la respuesta a este incidente fue el retiro
de circulación de la misma.
El segundo caso se presentó a finales de la administración. El motivo del
arreglo de la deuda inglesa se debió a que en el Siglo XIX solamente existían
dos centros de préstamos financieros: Nueva York y Londres. Con respecto del
primero se temía que la economía mexicana dependiera exclusivamente del
capital norteamericano y con el segundo había que reconocer a Gran Bretaña
como acreedor pese a que en diciembre de 1861 intentó invadir el país según
los resolutivos de la Convención de Londres. La administración gonzalista al
aceptar lo anterior comenzó rápidamente a trabajar sobre el tema, pero la
Cámara de Diputados (única facultada para contraer deuda) argumentó que el
arreglo de la deuda era muy precipitado y que los resolutivos de la misma
recaerían en la siguiente administración. A esto hay que agregar que los
diputados de filiación porfirista objetaron que el general González era un
desleal porque la próxima administración pagaría las consecuencias de dicho
arreglo. Ante esto, el presidente González para demostrar su lealtad a Porfirio
Díaz decidió suspender los arreglos de la deuda.
Con los dos problemas anteriores cerraba el cuatrienio el presidente
González, pese a ello el balance para su administración era positivo: centralizó
en manos del Ejecutivo Federal el poder político de la república, realizó obras
29
ferroviarias que rompieron el aislamiento de los mercados locales de los
caciques, realizó reformas constitucionales que sentaron las bases para la
futura dictadura porfirista y cumplió a cabalidad el “pacto de caballeros” que
celebró con Porfirio Díaz para devolverle en 1884 la presidencia de la
república. No obstante, el general Díaz haría todo lo posible por liquidarlo
políticamente para impedirle que aspirase de nueva cuenta a la Primera
Magistratura.
El porfiriato 1884-1910(Vida política)
Al asumir por segunda ocasión (1884-1888) la presidencia de la república, el
general Díaz continúo implementado la política de conciliación al integrar a su
gabinete con todas las fuerzas políticas del país: los lerdistas estaban
representados por Manuel Romero Rubio (Secretario de Gobernación), los
juaristas con Ignacio Mariscal (Secretario de Relaciones Exteriores), los
gonzalistas con Joaquín Baranda (Secretario de Justicia), los imperialistas con
Manuel Dublán (Secretario de Hacienda) y los tuxtepecanos con Carlos
Pacheco (Secretario de Fomento). Además, se encargó de liquidar
políticamente a su compadre Manuel González con el propósito de marginarlo
de toda actividad política para restarle peso e importancia como figura nacional
de gran arrastre.
La liquidación política comenzó en la Cámara de Diputados cuando un grupo
de legisladores argumentó que en la cuenta pública del último año fiscal de la
administración gonzalista había faltantes, es decir, la corrupción fue la
constante en el gobierno del general González. Esto fue difundido por los
periódicos El Tiempo, La Prensa y El Monitor Republicano, puesto que para
nadie era desconocido que tanto el presidente González como su gabinete se
habían beneficiado de las concesiones que otorgaron a los inversionistas. La
defensa de los gonzalista fue a través de las publicaciones El Pacto Federal y
El Observador.
30
Los ánimos se tensaron cuando en la Cámara de Diputados se solicitó la
comparecencia del Secretario de Hacienda de la administración gonzalista,
esto creció aún más cuando se llegó a formular que el ex-presidente Manuel
González podría ser llamado para que rindiera cuentas de los actos de su
administración.
No sólo se liquidó políticamente al general González sino también se
marginó de la política a su grupo: se declararon desaparecidos los poderes
locales en los estados de Coahuila (afectando al gobernador gonzalista
Cayetano Falcón) y de Nuevo León (removiendo al general Garza Galán y
nombrando al general Bernardo Reyes) y las gubernaturas de Michoacán y del
Estado de México escaparon del control político del gonzalismo.
Las acusaciones y descalificaciones que la prensa vertía sobre el general
González pudieron ser frenadas por el presidente Díaz debido a que el
nombramiento de los jueces encargados de sancionar los delitos de imprenta
correspondía al Ejecutivo Federal. No obstante, Porfirio Díaz en vez de
contener esas diatribas las exacerbaba a través de su Secretario de
Gobernación, Manuel Romero Rubio, quien se encargó de pagar a periodistas
para que en sus respectivas editoriales sacaran a luz pública los actos de
corrupción del general González. Si Romero Rubio trabajaba con gran ahínco
en la liquidación política de Manuel González se debió a que Porfirio Díaz le
comentó sutilmente que ante tal escándalo le sería imposible cumplir “el pacto
de caballeros” y que se vería en la necesidad de buscar a otro político para
entregarle la presidencia de la república en 1888. Romero Rubio entendió esto
como la oportunidad de arribar a la Primera Magistratura: el general Díaz sólo
lo utilizó para sus fines políticos.
Sin embargo, el trasfondo medular de estas descalificaciones hacia el
general González se debía a que el presidente Díaz aspiraba a una nueva
reelección, para lograrla era conditio sine qua non reformar el artículo 78
constitucional. Ésta reforma ocurrió en octubre de 1887 donde se estableció
que el presidente de la república podía ser reelecto sólo para un periodo
inmediato, es decir, terminado el cuatrienio 1884-1888 Porfirio Díaz podría
31
presentar su candidatura presidencial para el periodo 1888-1892 sin ningún
impedimento constitucional. Con esta reforma constitucional se violaba por
segunda ocasión (la primera ocurrió cuando se estableció la no reelección para
un periodo inmediato) el principio de no reelección que la revolución de
Tuxtepec enarboló como bandera política contra el presidente Sebastián Lerdo
de Tejada.
Al aprobarse la reforma constitucional del artículo 78 las acusaciones de
corrupción contra el general González cesaron, ya que el objetivo de éstas era
presionarlo para que aceptase la nueva reelección de Porfirio Díaz. Una vez
alcanzado el antes mencionado, la Cámara de Diputados aprobó la cuenta
pública del último año fiscal de la administración gonzalista: no había delito que
perseguir. Por si esto fuera poco el general Díaz ordenó que no se cobrase
ningún impuesto sobre las propiedades del ex – presidente Manuel González,
su liquidación política daba la pauta para que el cuatrienio 1888-1892 fuera
presidido por Porfirio Díaz. Estos acontecimientos dejan en claro que en
México sólo se aplica la ley con fines políticos y no con la imparcialidad con la
que se debe.
El cuatrienio 1888-1892 es fundamental para la permanencia del general
Porfirio Díaz en el poder puesto que se realizó el día 20 de diciembre de 1890
una nueva reforma al artículo 78 constitucional: se regresó al texto original de
este artículo, es decir, se restableció que el presidente de la república asumiría
el poder el 1° de diciembre y duraría en su encargo cuatro años. Esta medida
permitía la reelección indefinida del presidente de la república (aunada a la de
los gobernadores) sin cortapisas. Con esta reforma fundamental para la
dictadura porfirista se echó por tierra definitivamente el principio de no
reelección que el general Díaz manifestó en el plan de La Noria contra el
presidente Juárez y en el de Tuxtepec contra el presidente Lerdo de Tejada.
Lo anterior fue posible debido a que en el periodo 1890-1892 el país
atravesaba por una profunda crisis económica propiciada por la retirada del
capital extranjero, originando con ello que los ingresos del gobierno federal se
vieran disminuidos. Por si esto fuera poco, el campo mexicano fue el más
32
afectado: se perdieron las cosechas de dos años. Esta crisis económica se
estaba convirtiendo en un verdadero caldo de cultivo favorable para que
estallase una nueva revolución. De ahí que la clase política aceptara de nueva
cuenta la reelección del general Díaz para que éste resolviese los problemas
económicos-financieros del país.
La reelección de 1892 era de suma importancia para Porfirio Díaz porque si
ésta se lograba ya no habría ningún impedimento constitucional para futuras
reelecciones. Sin embargo, para demostrar al exterior del país (con el objetivo
de atraer inversión extranjera directa) que la nueva reelección resultaba muy
bien acogida por la población, se optó por darle a la antes mencionada un
“carácter democrático” para justificar la permanencia del general Díaz en la
presidencia de la república.
El “carácter democrático” de la reelección de 1892 consistió en la
organización de la convención de la Unión Liberal, la cual tendría como
finalidad lanzar la candidatura presidencial del general Díaz para el cuatrienio
1892-1896. La Unión Liberal se organizó en una convención al estilo
estadounidense, es decir, dos representantes de cada estado de la república
arribaron a la Ciudad de México para constituir la ya mencionada: el 5 de abril
de 1892 comenzaron los trabajos.
La participación de Justo Sierra en esta convención fue de gran valía: por un
lado, estaba convencido de que el liberalismo entraba a una nueva etapa y por
el otro, propuso el programa político que la administración 1892-1896 debía de
implementar. Del primer punto esbozó que el Partido Liberal había atravesado
por tres etapas históricas: a) 1857-1861, el partido liberal destruyó las
estructuras coloniales con las Leyes de Reforma; b) 1861-1867, el partido
liberal luchó por la independencia y soberanía nacionales y c) 1892, el partido
liberal se convirtió en un partido gubernamental y por lo tanto con la Unión
Liberal se organizaba de forma permanente.
El programa político que Sierra propuso fue:
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Reducción del presupuesto a la Secretaría de Guerra
Incremento del presupuesto a la educación
Implementación de la estadística y el catastro para la creación de
impuestos
Abolición de las alcabalas
Inamovilidad del Poder Judicial
Establecimiento de la vicepresidencia
Modificación de la legislación penal de los delitos de imprenta
El programa que trazó Justo Sierra retoma dos puntos fundamentales que el
presidente Juárez planteó en la convocatoria a elecciones de los poderes
federales de agosto de 1867: reformar la Constitución de 1857 para crear la
vicepresidencia de la república y otorgar la inamovilidad al Poder Judicial.
Además, estas ideas también fueron esbozadas por Sierra en el periódico La
Libertad. Al proponer la reducción del presupuesto en el ramo de guerra se
hacía énfasis para que el país pasara de la paz mecánica a la paz orgánica;
con la abolición de las alcabalas se proponía la creación del mercado nacional
y con el incremento del presupuesto a la educación se buscaba que el grueso
de la población elevara su nivel de cultura y por ende su nivel de cultura
política.
Los firmantes del manifiesto de la Unión Liberal fueron: Manuel M. de
Zamacona, Sóstenes Rocha, Justo Sierra, Rosendo Pineda, Carlos Rivas,
Pedro Gutiérrez, Pablo Macedo, José Yves Limantour, Francisco Bulnes, Vidal
Castañeda y Nájera y Emilio Álvarez.
La importancia de la Unión Liberal junto con el programa que se planteó fue
en dos sentidos: primero, en las elecciones de julio de 1892 el general Díaz fue
reelecto para el cuatrienio 1892-1896 y segundo, aparece en la escena política
el grupo de los científicos: Éstos “comenzaron a constituirse como grupo
político… cuando se acercaron al ministro de Gobernación Manuel Romero
Rubio. Muy pronto se le confiaron los estudios económicos y administrativos
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que normarían la conducta del régimen. Muchos de ellos obtuvieron cargos
elevados: fueron gobernadores, ministros, regidores o diputados”5.
El grupo estaba integrado por José Yves Limantour, Justo Sierra, Francisco
Bulnes, Pablo Macedo, Roberto Núñez, Joaquín Casasús y Rosendo Pineda.
Este grupo se organizó en octubre de 1893 con la finalidad de presentar en la
Cámara de Diputados las reformas constitucionales que Justo Sierra propuso
en el programa de la Unión Liberal. No obstante, el general Díaz solamente
permitió la organización de la Unión Liberal para darle a su reelección un
carácter democrático, pero una vez alcanzada ésta no permitió que se le
impusiese el programa político de la convención, razón por la cual los
científicos se sintieron utilizados y vieron truncados sus ideales políticos.
Hay que recordar que el grupo científico perteneció a la primera generación
de la Escuela Nacional Preparatoria, es decir, la homogenización del grupo se
debía a su educación positivista. Ellos fueron los encargados de implementar la
ciencia en la administración pública para la consecución de orden, paz y
progreso, por ello Daniel Cosío Villegas los denominó “los primeros tecnócratas
de la historia mexicana”. Los científicos estaban convencidos de que la
evolución del mundo animal también podría ser aplicada al mundo social, es
decir, consideraban que la revolución no adelantaba etapas históricas de la
sociedad sino que las retrasaba porque destruía todo lo que se había
construido. En suma, la labor de los científicos a lo largo de la dictadura
porfirista consistió en hacer del grupo gobernante una oligarquía que trajo por
un lado estabilidad y crecimiento económico y por el otro, una enorme
desigualdad entre las clases privilegiadas y las clases desfavorecidas.
El primer científico que el general Díaz incorporó a la administración pública
fue José Yves Limantour: en mayo de 1892 se le nombró Oficial Mayor de la
Secretaria de Hacienda y un año después se convirtió en su titular hasta la
caída del régimen. Rápidamente saneó las finanzas públicas, abolió las
alcabalas, renegoció los montos de la deuda externa, atrajo más inversión
extranjera directa y obtuvo el primer superávit de la historia independiente.
5 KRAUZE, Enrique y ZERÓN-MEDINA, Fausto. Porfirio. El Derrumbe (1900-1911), p. 28.
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Limantour combatió la corrupción a gran escala al centralizar la política de
concesiones (minera, bancaria, comercial, aguas, petróleo y ferrocarrilera) en
su ministerio, pero con ello fomentó la corrupción a pequeña escala: alrededor
de él se formó una camarilla política conocida como el carro completo. Éste
grupo lo integraban Limantour, Roberto Núñez (Subsecretario de Hacienda) y
los abogados Joaquín Casasús y Pablo Macedo. La corrupción de el carro
completo consistía en que el Subsecretario de Hacienda al manejar información
de primera mano notificaba a los inversionistas que para obtener una
determinada concesión, ésta debía de ser tramitada en los bufetes de Joaquín
Casasús o de Pablo Macedo, al hacerlo así estos últimos cobraban elevados
honorarios por sus servicios y con el paso del tiempo se modernizaron puesto
que en vez de cobrar dinero pedían paquetes accionarios. Esto les generó
grandes fortunas y al mismo tiempo un odio exacerbado tanto de la elite política
(por acaparadores de la corrupción) como de la ciudadanía (por entregistas de
los bienes nacionales).
El saneamiento de las finanzas públicas aunado a la inversión extranjera
directa permitió que el país obtuviera un enorme crecimiento económico
materializado en la construcción de grandes obras públicas: se tendieron 15,
441 kilómetros de vías férreas, con la creación de tres mil establecimientos
industriales se dio empleo a un grupo importante de la población, la luz
eléctrica llegó a las ciudades más pobladas del país y la Ciudad de México
cambió su aspecto con la puesta en marcha del tranvía eléctrico.
La paz orgánica reinaba en la república y orden y progreso eran evidentes
ante los ojos del país y del mundo. El general Díaz había logrado crear una
nación civilizada: no en vano que se le llamara el Bismark mexicano.
No obstante, la paz orgánica descansaba en la permanencia del general
Díaz en el poder: para mantenerla era necesario tomar cartas en el asunto.
Para el año de 1898 el general Díaz le planteó a su Secretario de Hacienda,
José Yves Limantour, la posibilidad de que él presente su candidatura
presidencial para el periodo 1900-1904. La condicionante es que se
entrevistase con el general Bernardo Reyes (procónsul del Norte) para saber
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que impresiones tiene sobre dicha decisión. Reyes apoya la medida
presidencial y entre él y Limantour se acuerda el “Pacto de Monterrey”, en
donde se estableció que Limantour al ser presidente de la república nombraría
como Secretario de Guerra a Bernardo Reyes y que para el periodo 1904-1908
se apoyaría la candidatura presidencial de Reyes. El trasfondo de esta
situación radicó en que el general Díaz estaba midiendo la lealtad de Reyes
hacia su persona y la obtuvo porque éste último aceptó sin protestar dicha
determinación. La candidatura de Limantour fracasó porque se argumentó que
la ascendencia francesa del aspirante era un impedimento constitucional para
competir por la presidencia de la república.
Ante el disgusto de Limantour por no contar con el apoyo necesario para ser
presidente de la república y ante la posibilidad de que renunciara a la
Secretaría de Hacienda, el general Díaz comenzó a consultar el nombramiento
de sus colaboradores con él y esto sucedió en el año de 1900: a la muerte del
Secretario de Guerra Limantour sugirió al general Díaz que se nombrase a
Bernardo Reyes, el cual fue llamado a la Ciudad de México para tomar
posesión de su cargo. Con ello el ministro de Hacienda se hacia de un aliado
para que junto con él presionaran al general Díaz para que este último apoyase
la candidatura presidencial del secretario de ascendiente francés para el
periodo 1904-1908.
La labor de Bernardo Reyes frente a la Secretaría de Guerra trajo bocanadas
de aire fresco al régimen porfirista. Estableció la ley del retiro obligatorio dando
con ello movilidad en el escalafón del ejército, consiguió más presupuesto para
la secretaría, aumentó los sueldos de todos los oficiales y su obra más
trascendental fue la creación de la “segunda reserva”. Ésta estableció un
servicio militar voluntario que no representó ningún gasto para el gobierno
federal. La segunda reserva significó la posibilidad de reunirse para hablar de
política en un régimen que mantenía el aparato político cerrado. En esta
estructura se organizó el reyismo que para el año de 1908 formó el partido
democrático nacional. La segunda reserva desapareció por órdenes
presidenciales cuando el 16 de septiembre de 1902 los reservistas desfilaron
frente a Palacio Nacional y los adversarios de Reyes le mencionaron al general
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Díaz que la segunda reserva era un ejército reyista, es decir, esta organización
podría convertirse en una amenaza para el porfirismo.
La unión entre Limantour y Reyes no perduró mucho tiempo porque el
general Díaz hizo todo lo posible por separarlos. En el año de 1902 “el héroe
de la paz” reflexionó que para 1904 tendría la edad de 74 años, es decir,
consideró que era demasiado grande para presentarse a un nuevo periodo, por
lo que declaró que apoyaría la candidatura presidencial de Limantour siempre y
cuando ésta no causase una “ola de agitación” entre el grupo gobernante. De
inmediato se comenzó con una campaña de descrédito y descalificación (no sin
razón) hacia el ministro de Hacienda, pero lo que es de llamar la atención es
que el más conspicuo detractor resultó ser el general Bernardo Reyes: junto
con su hijo Rodolfo Reyes fundó el periódico La Protesta para denunciar las
corruptelas del carro completo así como su enriquecimiento ilícito. Limantour
solicitó la intervención presidencial para frenar esos ataques y la obtuvo
cuando le presentó al general Díaz un original de La Protesta con anotaciones
al calce de puño y letra del general Reyes, ante esto el procónsul del Norte fue
obligado a renunciar a la Secretaría de Guerra y regresó a Nuevo León como
gobernador.
El revuelo y la falta de aceptación de la candidatura presidencial de
Limantour “obligó” por sexta ocasión a que el insustituible y el necesario se
viera en la necesidad de sacrificarse de nueva cuenta en el ejercicio de
gobierno. Si el general Díaz en 1902 sugirió la posibilidad de que Limantour
fuera presidente de la república, lo hizo con la clara y firme intención de que
jamás la elite política aceptaría esa candidatura porque el ministro de Hacienda
resultaba ser el político más odiado del régimen porfirista por su política de
carro completo; razón por lo cual aprobarían una nueva reelección en lugar de
una administración acaparadora de la corrupción.
La sexta reelección tuvo dos acontecimientos importantes: el artículo 78
constitucional fue reformado de nueva cuenta. En primer lugar, el periodo
presidencial se alargó de cuatro a seis años, es decir, el primer sexenio de
nuestra historia política-administrativa fue de 1904 a 1910 y en segundo lugar,
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se creó la vicepresidencia de la república. Ésta fue posible debido a que los
inversionistas europeos condicionaron un nuevo préstamo financiero al
Secretario Limantour, argumentando que la única garantía que se tenía sobre
esa inversión era un hombre de 74 años de edad. Con la vicepresidencia
elevada a rango constitucional se garantizó el nuevo préstamo. El político
designado para la vicepresidencia fue Ramón Corral (gobernador del Distrito
Federal). Sin embargo, el general Díaz no permitió que el vicepresidente
tomara decisiones de importancia en el gobierno de la república.
La sexta reelección garantizó por seis años más la paz orgánica que el orden
y progreso requerían para el crecimiento económico. No obstante, en el año de
1906 se comenzó a criticar la política económica implementada por el régimen:
las huelgas de Cananea y de Río Blanco que solicitaban de los empresarios
mejores prestaciones y mejores condiciones higiénicas en las zonas de trabajo
fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas federales, dejando un número
considerable de muertos y heridos. La dictadura porfirista no permitió que las
huelgas ahuyentaran la inversión extranjera directa. La importancia de estas
huelgas radicó en que fueron el arribo de la clase obrera a la escena política
nacional.
En marzo de 1908 la revista Person’s Magazine publicó la entrevista
celebrada entre el presidente Díaz y el periodista James Creelman. En ella el
“héroe de la paz” declaró que en 1876 había recibido un país con una profunda
crisis económica, con nulo crédito, con los caminos llenos de bandoleros, sin
vías de comunicación, sin ferrocarriles y con un déficit fiscal; pero treinta años
después la situación política, económica y social del país era todo lo contrario.
Además, enfatizó que para lograrlo se tuvo que derramar sangre y se
sacrificaron los principios democráticos. Ahora bien, consideró que en 1910 la
nación estaba preparada para la democracia, que la organización de un partido
opositor lo vería como un bien y no como un mal y que al terminar su periodo
de gobierno se retiraría a la vida privada a pesar de lo que dijeran sus
colaboradores y amigos.
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Las declaraciones de la entrevista desconcertaron a la elite política porque
por vez primera el general Díaz manifestaba en la prensa extranjera la
posibilidad de retirarse de la vida política. Rápidamente se comenzaron a
organizar partidos de oposición: el antireeleccionista con Francisco I. Madero,
el partido liberal mexicano con los hermanos Flores Magón, entre otros. La
organización de partidos de oposición provocó que en los estados de Yucatán,
Sinaloa, Morelos y Coahuila los grupos locales se plantearan la posibilidad de
acceder al poder político en sus respectivas gubernaturas, pero ante la firme
participación de los ciudadanos letrados la dictadura no permitió que el control
político de esas entidades federativas saliera de sus manos y reprimió dichos
movimientos.
La estabilidad político-económica del país al final del periodo presidencial
1904-1910 dependía cada vez más de la vida de un hombre, es decir, para
1910 el general Díaz cumpliría 80 años y él era la única garantía del status quo.
Por esta razón la elite política se preocupaba cada vez más del futuro de la
nación porque por ser una dictadura no había instituciones que respaldaran la
continuidad del régimen. Se objetará que líneas arriba se hizo mención de la
creación de la vicepresidencia, pero el titular de esa institución (Ramón Corral)
carecía de aceptación tanto en el grupo gobernante como con la ciudadanía
por su identificación con Limantour y su “carro completo”.
La preocupación por el status quo no era exclusiva del grupo gobernante
también lo era de las clases medias y altas que se habían beneficiado de la
política económica del régimen pofirista. Éstas buscaban que el aparato político
se abriera para poder participar en la toma de las decisiones políticas: su
interés se centró principalmente en que la estructura económica no cambiara
en lo absoluto, pero si les preocupaba que la estructura política sufriera un
cambio radical. El más destacado exponente fue Francisco I. Madero.
Madero pertenecía a una de las familias más acaudaladas del estado de
Coahuila y del país, su abuelo Evaristo fue aliado del presidente Juárez durante
la guerra de Reforma y la intervención francesa, pero al arribar el general Díaz
al poder la familia Madero fue marginada de la política local. Gracias a la
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política económica del régimen porfirista, la familia Madero acrecentó su poder
económico convirtiéndose en grandes hacendados y ganaderos, razón por la
cual les interesaba la continuidad del sistema económico de la dictadura.
Madero se interesó en la política en 1903 cuando el general Bernardo Reyes
regresó como gobernador de Nuevo León, éste último organizó una
manifestación para que la ciudadanía apoyara su reelección, pero al término
del mitin hubo una balacera en donde perdieron la vida varios individuos. Este
acto para Madero fue trascendental para que participara en política, ya que
consideró que a la muerte del general Díaz el ejército tomaría el poder (por
falta de instituciones) y que el general Reyes representaría una dictadura más
severa que la porfirista. Ante esto, comenzó con la formación de clubes
antirreeleccionistas a lo largo y ancho del país para que en las elecciones de
1910 la ciudadanía pudiese contar con otra opción. Tal era el interés de
Madero para que la estabilidad del régimen porfirista continuara que en 1909
en su libro La sucesión presidencial en 1910 propuso que el general Díaz
continuase en la presidencia de la república, pero que dejara abierta la opción
de la vicepresidencia.
Ante la posibilidad de que la vicepresidencia de la república (la importancia
de ésta radicaba en que sería el acceso a la presidencia en caso de que el
eterno faltara) quedara abierta, la elite política propuso dos candidaturas: por
un lado, los científicos apoyaron a Ramón Corral y por el otro los reyistas a
Bernardo Reyes, éste declinó la candidatura vicepresidencial que le ofreció el
partido democrático nacional por su lealtad al general Díaz. La declinación de
Reyes dejó sin líder a ese partido (el reyismo fue un movimiento nacional
organizado y estructurado a partir de la “segunda reserva”). Madero era un líder
sin partido (el antirreeleccionismo era un movimiento incipiente sin estructura y
sin organización). El partido y el líder convergieron.
Para las elecciones de julio de 1910 la elite política estaba dividida, puesto
que para la vicepresidencia presentó a Ramón Corral (apoyado por los
científicos) y a Teodoro Dehesa (respaldado por el Partido Nacional Porfiriza).
No había duda de que para la presidencia de la república se apoyó al general
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Díaz. A esto hay que agregar que los electores contaban con otra fórmula:
Francisco I. Madero candidato presidencial y Emilio Vázquez Gómez, candidato
vicepresidencial. En octubre de 1910, Madero proclamó el Plan de San Luis en
donde argumentó que hubo fraude en las elecciones de julio de 1910, que él
había ganado la elección (por lo tanto se proclamaba presidente provisional),
que se restituirían las tierras a los pueblos y convocó a la ciudadanía a
levantarse en armas para derrocar a la dictadura porfirista el 20 de noviembre
de 1910.
En medio del proceso electoral, el gobierno porfirista celebró con bomba y
platillo el Primer Centenario de la Independencia Nacional: se inauguró la
Columna del Ángel de la Independencia, El Hemiciclo a Juárez, La
Penitenciaria de Lecumberri, El manicomio de La Castañeda, entre otros. Se
ofrecieron banquetes, recepciones, bailes, desfiles históricos y ceremonias
cívicas al cuerpo diplomático acreditado en el país. En suma, el régimen vivía
su apoteosis.
No obstante, los cañonazos que conmemoraban la celebración del
Centenario de la Independencia Nacional poco a poco se fueron confundiendo
con el estruendo y la ebullición del movimiento armado de la revolución
mexicana que cuestionó la desigualdad económica que la dictadura porfirista
había creado, es decir, los grupos desfavorecidos del porfiriato buscaron
cambiar el aparato económico de la dictadura sin preocuparse en primera
instancia del “sufragio efectivo y la no reelección”. El líder de este movimiento
fue Francisco I. Madero, quien arrojó al país a una lucha fraticida que duró diez
largos y sangrientos años. De nueva cuenta la nación se vería envuelta en
inestabilidad política y en un profundo caos.
Finalmente, podemos concluir que la primera centuria de vida independiente
muestra dos aspectos fundamentales que nos forjaron como un Estado nación:
primero, la emancipación política trajo consigo que el país buscara por
alrededor de cincuenta años su estabilidad política y el respeto del concierto
internacional de naciones y unida con la emancipación económica para colocar
a la nación en la modernidad al establecer el Estado laico y segundo, la
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dictadura porfirista convergió las anteriores emancipaciones para establecer el
crecimiento y el desarrollo económico olvidando la democracia y la justicia
social, éstas trataron de conseguirse mediante el movimiento armado
denominado revolución mexicana.
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