NUEVO MINISTERIO DE AMBIENTE EN ARGENTINA:

DESDE LAS ORGANIZACIONES SOCIOAMBIENTALES SOLICITAMOS EL ABORDAJE INMEDIATO DE ESTAS PRINCIPALES CUESTIONES

AMBIENTALES

Nos resulta auspiciosa la noticia de que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ascenderá en jerarquía a rango de Ministerio. El nuevo Ministerio de Ambiente estará a la par de los otros y tendrá la capacidad de colocar en la mesa de la reunión gabinete ampliado su propia agenda.

Un Ministerio tiene mayor presupuesto que una secretaria, más atribuciones y personal. Este cambio, teóricamente tiene el objetivo de dar una visibilidad mayor a la cuestión ambiental, sobre todo, después de una gestión saliente muy deslucida. El hecho institucional de la creación de un Ministerio de Ambiente deberá tener como correlato que esta temática tenga una mayor prioridad y atención en el nuevo gobierno.

Por este motivo, nos gratifica el anuncio de la creación del Ministerio de Ambiente, pero también esperamos que esta nueva institucionalidad vaya

acompañada de efectivas y oportunas políticas ambientales que aborden adecuadamente cada uno de los problemas ambientales más profundos y graves que actualmente está viviendo el país.

Según nuestra visión, consideramos que el Ministerio debería:

En primer lugar, tener una incidencia transversal en las políticas del nuevo gobierno y una participación necesaria en las decisiones de los otros Ministerios que tengan por objeto orientar el proceso productivo y económico del país. De esta forma, por ejemplo, los Ministerios de Energía y Minería, y el de Producción deberían trabajar en forma mancomunada con el Ministerio de Ambiente para evitar el desapego de la economía a la protección del ambiente que ha sucedido en forma inescrupulosa principalmente en esta última década que se intensificaron las actividades extractivas.

En segundo lugar, existen temas que deben ser abordados en forma urgente, que desde las organizaciones socio-ambientales hemos reclamado y no fuimos escuchados por el gobierno saliente. En esta dirección, numerosos conflictos de este tipo están vivos en la Argentina por el no cumplimiento de normativa que protege el ambiente, el modelo agroproductivo industrial y primario basado en un sistema extractivo y financiero implementado en el país, por ausencia de controles, la omisión estatal en la regulación y la protección de los ciclos ecológicos, y la falta de investigación de los daños al ambiente y a la salud de la sociedad generados por las actividades antrópicas, etc.

En tercer lugar, también saludamos que el futuro Ministro de esta cartera, Sergio Bergman, haya realizado declaraciones en el sentido de orientar las políticas del Ministerio de acuerdo al diagnóstico y propuestas contenidas en la Encíclica Papal "Laudato Si". Esta realiza afirmaciones críticas al consumismo, a la cultura del descarte, en defensa de la naturaleza, considerando el acceso al agua como derecho humano, sobre el crecimiento desmedido y desordenado de las ciudades, advirtiendo las desventajas de los barrios privados y countries, sosteniendo el derecho al acceso a los lagos y ríos, destacando que el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta, criticando el paradigma tecno-económico y las burbujas financieras, rechazando las falsas soluciones de la "Economía Verde" y del Mercado, criticando el paradigma hegemónico del desarrollo y el “progreso” que considera la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, resaltando el principio precautorio y reivindicando el accionar de las organizaciones sociales, destacando la función social de la propiedad, advirtiendo los peligros de los transgénicos y el uso indiscriminado de los agrotóxicos, etc.

Sostener que el Ministerio de Ambiente va a "estar fundamentalmente orientado con la última encíclica papal Laudato Si", tal como sostuvo el futuro Ministro, implica atender a cada uno de estos temas enumerados por el Papa con la profundidad propuesta y no eligiendo superficialmente algunos párrafos de la encíclica en forma arbitraria.

De esta forma, desde las ORGANIZACIONES SOCIOAMBIENTALES solicitamos al nuevo Ministerio de Ambiente que atienda las siguientes cuestiones ambientales y nos ponemos a disposición para colaborar en la mejor solución para la defensa de los derechos ambientales, sociales,

culturales y económicos de la población.

Tenemos presente que muchos de los temas y propuestas no serán competencia exclusiva del futuro Ministerio de Ambiente. También que aún no están definidas las competencias de cada uno de los Ministerios en la futura gestión de gobierno. Pero sí consideramos que en ninguna de estas cuestiones ambientales, el futuro Ministro de Ambiente podrá estar ausente en su discusión y adopción de políticas, y que será corresponsables de las medidas que se dispongan:

1. EL MODELO DE AGRICULTURA-INDUSTRIAL.2. EXPLOTACIÓN DEL LITIO.3. MEGAMINERÍA.4. PROTECCIÓN DE GLACIARES.5. CAMBIO CLIMATICO.6. MATRIZ ENERGÉTICA.7. BOSQUES NATIVOS.8. GRANDES PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS.9. INUNDACIONES.10. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.11. PROTECCIÓN DE HUMEDALES.12. RECOMPOSICIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR

LA EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA.13. CASO ESPECIAL DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO.14. CREACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE CUENCAS FALTANTES.15. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.16. AVANZAR HACIA UNA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y

AMBIENTAL DEL PAÍS.

Para enviar adhesiones de organizaciones socio-ambientales a esta di-rección: justiciaambientalarg@gmail.com

1. EL MODELO DE AGRICULTURA-INDUSTRIAL:

Nuestro país, desde el año 1996, ha decidido un cambio de modelo productivo, apoyando a la agricultura industrial como política pública. Hoy en día se destinan 30 millones de hectáreas a los agronegocios y se utilizan 350 millones de litros de agrotóxicos (Biocidas) según datos de la última campaña agrícola. Este cambio productivo ha provocado en forma directa un aumento exponencial de tala de bosque nativo (en el afán de recuperar tierras productivas) y el desplazamiento de otras actividades en la disputa por el territorio (desaparición de la cuenca lechera, disminución de la actividad ganadera e imposibilidad de cultivos agrológicos en zonas aledañas a los campos sojeros/maiceros). El desplazamiento de actividades genera inexorablemente la expulsión de poblaciones de sus lugares de origen,

pérdida de fuentes de trabajo y de patrones culturales.

El uso del paquete tecnológico (semillas transgénicas - Biocidas) produce efectos negativos sobre la salud pública, tanto como producto de la exposición directa a fumigaciones como por el consumo de alimentos con residuos de los mismos. Ha incrementado exponencialmente las malformaciones, abortos espontáneos, enfermedades endocrinas, cáncer, enfermedades neurológicas en la población ; a un punto de poder afirmar que muchos poblados del interior de nuestro país están en emergencia sanitaria.

Por los motivos enumerados, en Octubre de éste año se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una “denuncia y solicitud de medida cautelar” contra el Estado argentino, presentada por REDUAS ( Red universitaria de Ambiente y salud- Médicos de Pueblos fumigados). Se denunció la flagrante violación de los derechos de los niños argentinos al estar expuestos a la lluvia de químicos y sus gravísimas consecuencias en la salud.

Por otra parte, el desmonte de especies nativas y la introducción de semillas transgénicas está llevando a una destrucción masiva de nuestra biodiversidad y está provocando la desaparición de la “soberanía alimentaria” de los argentinos (no somos capaces de producir nuestro propio alimento por habernos avocado a ser exportadores de comodities).

Por lo que consideramos como medidas prioritarias, urgentes y transicionales a un nuevo modelo agroproductivo, las siguientes:

1) Dictar una ley de presupuestos mínimos sobre “Elaboración, registro, categorización, etiquetado de Agrotóxicos". Actualmente se están utilizando activos sin la realización de control toxicológico exhaustivos que involucre los posibles efectos letales, subletales, agudos y crónicos. Las evaluaciones que hoy rigen, son absolutamente insuficientes y solo evalúan DL 50 (dosis letal 50 % aguda). Esto exige la modificación de la resolución 350/99 SAGyPAN.

2) Dictar una ley de presupuestos mínimos que regule la “aplicación de agrotóxicos” a nivel Nacional. Estableciendo amplias franjas de seguridad para fumigaciones terrestres y la prohibición en todo el territorio nacional de la fumigación aérea. 3) Establecer un nuevo ordenamiento territorial ambiental, para

recuperar zonas horticolas, de producción agroecológica, de ganadería extensiva y de producción lechera. Ir en post de una transición para recuperar la diversidad productiva e la reducción de los territorios copados por la agroindustria (a los fines de ir disminuyendo los impactos negativos y el pasivo ambiental generado).

4) Bregar por una ley de propiedad intelectual de semillas que proteja las semillas nativas y mantenga el derecho “al uso propio” base de toda la agricultura y garantía de control sobre nuestro “alimento”.

Venimos de una política pública que apuesta al modelo productivo del agronegocio. Desconociendo implícitamente todas las recomendaciones y estudios realizados por los organismos nacionales e internacionales. En clara violación de los principios preventivo, precautorio y de equidad intergeneracional y de los derechos fundamentales tales como el de información pública, a la vida y a la salud.

2. EXPLOTACIÓN DEL LITIO:

El desarrollo de la Minería de Litio en el Norte Argentina representa numerosos riegos para las salinas como espacios de vida, cultura y trabajo para las comunidades originarias. Como establece el Convenio 169 de la OIT Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios. Si bien este modelo minero no realiza explosiones a gran escala y tampoco utiliza cianuro, si compromete las fuentes de agua en zonas de extrema sequía.

Por esta razón, el Ministerio de Ambiente debería adoptar todas las medidas para respetar los derechos de las comunidades originarias. En estas se percibe que los salares constituyen parte de su amplísima historia, de su cotidiana geografía, residencia de sus ancestros y legado a su descendencia, parte del ecosistema del lugar, que les permite la supervivencia económica y cultural.

Por otra parte, el Ministerio debería avanzar hacia la elaboración de presupuestos mínimos ambientales para la explotación del Litio que regule temas insoslayables como la utilización de abundantes cantidades de agua en climas áridos.

3. MEGAMINERÍA:

La megaminería es una práctica a gran escala que incluye: explotación a cielo abierto, generación de pasivos ambientales importantes (open pit o rajo abierto, escombreras, diques de cola, entre otros), extracción acelerada de recursos naturales no renovables, uso de sustancias contaminantes, gran consumo energético, utilización de importantes volúmenes de agua, generación de drenaje ácido de mina (DAM), y potenciación del drenaje ácido de roca (DAR), liberación de metales pesados y construcción de infraestructura de transporte.

Esta forma de explotación es una de las más contaminantes de las actividades extractivas: altera el paisaje, destruye los ecosistemas, afecta la salud de la población, utiliza enormes cantidades de energía, y de un recurso esencial para nuestra vida: el agua, recurso que es contaminado en el transcurso de la actividad.

Cada uno de estos aspectos determina que la megaminería no constituye

una forma de explotación sustentable y respetuosa con el ambiente. De allí, la gran conflictividad social y resistencia de las comunidades que genera la instalación de esta actividad en un territorio.

Por estos motivos, el Ministerio de Ambiente debería avanzar hacia la prohibición de la actividad de la minería a cielo abierto en todo el país por insustentable, dado que la misma genera fuertes impactos socioambientales negativos, y el establecimiento de la suspensión de actividades sobre los proyectos existentes hasta establecer si los mismos pueden continuar o deben empezar acciones de recomposición post-cierre.

En lo inmediato debe asumir una actitud activa frente al desastre ambiental ocurrido en el proyecto Megaminero “Veladero”, dando respuesta al genuino reclamo del pueblo de Jachal.

4. PROTECCIÓN DE GLACIARES:

El 28 de Octubre de 2010 fue promulgada la Ley Nº 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” la cual en su artículo n° 3 establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares. A cinco años de que Argentina se convirtiera en el primer país del mundo en sancionar una ley de protección de glaciares, la normativa no se está cumpliendo.

Según datos que del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo responsable de la confección del inventario, cumplido el plazo para elaborar los inventarios, en el sitio web donde deberían estar publicados sólo aparecen los resultados de lo hecho en la provincia de Mendoza, donde NO hay minería de oro a cielo abierto sobre glaciares.

Además de las actividades extractivas, el cambio climático representa, por sí solo, una tremenda amenaza para los glaciares. La mayoría de ellos se encuentran actualmente en retroceso. Por esta razón, el derroche y/o contaminación del agua representan un riesgo importante y un error en el que flamante ministerio no puede dejar de lado en su agenda

Dada la importancia que tienen los glaciares y las crioformas ricas en hielo para nuestro país, resulta imperioso que el nuevo Ministerio de Ambiente avance en la deuda pendiente sin olvidar que cualquier actividad humana que se desarrolla en la cercanía de la zona glaciar y periglacial debe ser analizada minuciosamente, considerando cada una de sus posibles consecuencias y en su caso prohibir toda actividad nociva.

5. CAMBIO CLIMATICO:

Diversos estudios realizados a lo largo de años, establecieron que la alteración desmedida e irresponsable del clima trae aparejado el aumento de la temperatura a nivel global, lo que ya de por sí amenaza a la agricultura, a los ecosistemas alrededor del mundo, y a la salud de las personas. Sumado a eso, se encuentra el inevitable aumento del nivel de los mares producto del deshielo tanto de las altas cumbres como del

casquete que recubre la Antártida. Estos desequilibrios, que ya son consecuencias terribles en sí mismos, traen a su vez aparejados todo tipo de desastres naturales: inundaciones, sequías, tormentas cuya violencia es directamente proporcional a la alteración que las provoca. El resultado de esto es uno solo: la hambruna, el aumento de la pobreza, y diversos y enormes peligros para la persona humana. Respecto a este tema, la agenda del próximo Ministerio de Ambiente debería incluir, entre otras cuestiones, las siguientes:

1) Lograr una articulación con los Estados de Latinoamérica y Caribe a fin de encarar el cambio climático de modo serio y responsable, con la conciencia de que nada sirve que un Estado tenga como eje de su política la protección del ecosistema, si su vecino continúa en el patrón del progreso desmedido en desmedro del debido cuidado al equilibrio del clima.2) Cambiar lo patrones de consumo y producción: la distribución justa y

equitativa de los alimentos y los bienes necesarios, junto a la reducción del consumo innecesario, el cambio en la matriz productiva garantizando una transición justa para los trabajadores, donde no sólo se logren bajar las emisiones de carbono sino también se logre un modelo de desarrollo alternativo que sea sustentable y que logre terminar con las desigualdades sociales.3) La Investigación e implementación de sistemas energéticos

descentralizados y diversos, que se basen en recursos y tecnologías locales, que no dañen el ambiente ni sustraigan tierra a la producción de alimentos, y que garanticen la soberanía energética.4) La reforma agraria real y efectiva (popular), que fortalezca la

agricultura campesina y familiar y promueva la producción de alimentos como el fin principal del uso de la tierra y que considere a los alimentos como un derecho humano fundamental que no pueden ser tratados como mercancía. A su vez, la agricultura sustentable a pequeña escala, que utiliza gran cantidad de trabajo, necesita poca energía y puede efectivamente contribuir a detener el calentamiento y a revertir los efectos del cambio climático; reemplaza los fertilizantes nitrogenados por agricultura ecológica; hace posible la producción, recolección y uso descentralizados de la energía. 5) Elaborar un plan a corto, mediano y largo plazo que tenga por objetivo

el cambio progresivo y sustentable de los procesos humanos y productivos que impactan negativamente en el clima, entendiendo que el crecimiento humano sólo es sustentable cuando contempla el crecimiento de la sociedad, de la economía y del ambiente. 6) Generar conciencia en el público para que la población en general se

sienta y pase a ser responsable del mantenimiento de un ambiente sano.

6. MATRIZ ENERGÉTICA:

En la Argentina como en el mundo, para sostener el crecimiento económico y los patrones actuales de consumo de energía se evidencian dos problemas centrales: la dependencia de la economía mundial en

combustibles fósiles que están destinados a desaparecer a corto o mediano plazo y las consecuencias sobre el ambiente que tiene el consumo desmedido de este tipo de combustibles. Los Estados se encuentran aceptando esta realidad y están empezando a

tomar medidas tendientes a la transición de los combustibles no renovables hacia otro tipo de energías. En otras palabras, se están desarrollando esfuerzos para cambiar la matriz energética abandonando los combustibles fósiles por otras fuentes renovables. Este cambio no debe limitarse a un cambio físico referido al tipo

de fuentes utilizadas y dentro de las incumbencias del Ministerio es necesario incorporar otros elementos a la ecuación de otra índole como:

1) Conocer y dar a conocer cómo está compuesta la matriz energética de la Argentina, a fin de entender cuál es la demanda actual y saber cuánto de ese consumo energético cubre realmente necesidades humanas.2) Concebir que las alternativas energéticas no solo deben ser sólo

fuentes renovables sino también utilizadas de forma sustentable, y para cubrir necesidades humanas no del Mercado (commodity) o de actividades extractivas.3) Plantear un marco que erradique las inequidades energéticas

existentes en el país, concibiendo a la energía como un derecho básico.4) Estimular el estudio de esta materia en la población en general, como

así también el uso por parte de los particulares de nuevos y más eficientes tipos de energía para generar conciencia en el público en general en esta materia.5) Por último, trazar el horizonte energético del país teniendo en cuenta

los limites de crecimiento con los elementos antes enunciados.

7. BOSQUES NATIVOS:

Es tristemente sabido que luego de ocho años de sancionada la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331 que ha fijado las bases sobre las cuales se debe partir cuando se habla en esta materia, transitamos por una alarmante emergencia forestal.

De acuerdo a cifras que se manejan, hemos perdido más del 70% de los bosques nativos originales. A contrario sensu de lo que debió haberse hecho, la deforestación aumentó en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria.

A pesar que la Ley de Bosques es un avance sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil y que, sin dudas, constituye una herramienta esencial para solucionar la emergencia forestal, hoy podemos afirmar que la ley se encuentra casi absolutamente incumplida y sus objetivos desvirtuados.

Aún hoy, hay provincias que no cuentan con su propia ley de bosques nativos tal como ordena la Ley 26.331. E incluso en proyectos de ley actualmente en discusión parlamentaria, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, se avanza en contra de varios artículos de la ley nacional y de la finalidad que ésta persigue. Cabe señalar que el mismo Decreto Reglamentario de la ley N° 26.331 contradice el espíritu de la norma que él mismo reglamenta.

Por lo expuesto, resulta imprescindible que el Ministerio actué en lo siguiente:1) Contar con cifras exactas y mapas de bosques nativos que den plena

fe de la información allí volcada2) Realizar un exhaustivo control de la aplicación de la ley de

presupuestos mínimos en las provincias; 3) Propender a que la reglamentación de la ley nacional y las leyes

provinciales respeten el texto y el espíritu de la ley nacional de Bosques Nativos, 4) Otorgar el presupuesto que establece la ley y el necesario para la

debida conservación e incremento de los bosques nativos. . A cin

8. GRANDES PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS:

Actualmente en la Argentina tenemos alrededor de diez proyectos hidroeléctricos que se encuentran en proceso de gestiones entre los Estados provinciales titulares del dominio del recurso hídrico y el Estado nacional. Cada uno de estos mega proyectos cuenta con una fuerte oposición de las comunidades locales afectadas, las cuales miran con desánimo las iniciativas que ponen en peligro su territorio y el equilibrio ecológico de la región.

Este modelo energético implica enormes costos sociales y ambientales como: destrucción de hábitats locales; depósitos que producen enormes cantidades de metano y CO2 a la

atmósfera; alteración de ecosistemas y sequias de áreas enteras, trayendo graves

problemas para la agricultura; cambios en la potabilidad del agua; desplazamiento de localidades afectadas.

Sería importante que se avance hacia una Ley Nacional Anti-Represas, siguiendo la ley precursora (Ley 9.092) que lograron los entrerrianos hace 18 años, donde se declara la Libertad de los Ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, prohibiendo emprendimientos hidroeléctricos. Esta ley se ha convertido en un hito mundial ya que a partir de su sanción se celebra cada 25 de Septiembre el Día Internacional de la Libertad de los Ríos.

9. INUNDACIONES:

De acuerdo al Banco Mundial (2000), Argentina, dentro del contexto mundial, se encuentra entre los 14 países más afectados por catástrofes de inundaciones rurales y/o urbanas, alcanzando pérdidas superiores al 1,1% del PBI nacional.

Por su duración y grado de afectación a nivel nacional se destacan las inundaciones ribereñas ligadas a los valles de los grandes ríos del Plata, ya que en dicha región se genera más del 76% del PBI nacional y se ubica el 70% de la población del país.

Siguiendo tendencias a nivel mundial, los programas que se han encarado a nivel nacional tienden a combinar las soluciones tradicionales con base en estructuras ingenieriles (medidas “estructurales”), con aquellas “no estructurales” tendientes a mejorar la convivencia de la población con el problema de las inundaciones.

Una alternativa válida que apuntaría a mitigar las inundaciones catastróficas sería una mirada integral a nivel de cuenca hídrica, complementando la construcción de obras de ingeniería con una política urbana capaz de redefinir las pautas de ocupación de áreas con riesgo de inundación. Esta gestión integral debería incluir, la discusión colectiva de los umbrales de riesgo adoptados para proyectar las obras estructurales, generar escalas graduales de riesgo en función de la intensidad de los fenómenos extremos y mecanismos adecuados de comunicación de los mismos. Sinceramiento de las verdaderas causas que están intensificando los efectos negativos de las inundaciones, como la urbanización dominada por los negocios inmobiliarios, la deforestación, las canalizaciones, la ocupación de los humedales y valles de inundación de los ríos que son las esponjas naturales para las crecidas, etc.

Además, debería generar instrumentos que garanticen la participación ciudadana en las etapas de diagnóstico, elaboración de proyectos y ejecución de las obras. Desarrollar una red pluviográfica densamente distribuida en todo el territorio nacional, incorporar en las redes pluviales de los centros urbanos sensores de nivel que permitan monitorear en tiempo real el porcentaje de ocupación de los conductos, generar sistemas de alerta temprana a nivel de cuenca hídrica y elaborar en conjunto con la comunidad y los actores sociales involucrados los planes de contingencia. Finalmente formalizar la conformación de los Comités de Cuenca garantizando la participación efectiva la comunidad.

10. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Según se establece en diferentes instrumentos internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros) el derecho de acceso a la información es un componente del derecho de libertad de expresión. Se entiende que sólo se podrá tener una plena libertad de expresión cuando se tiene también

plena libertad para buscar información.

A nivel legislativo hay una deuda desde hace varios años en Argentina ya que no se ha sancionado una normativa general de acceso a la información pública. Sin tener la generalidad de los proyectos legislativos que se impulsan existen dos normas de acceso a la información a nivel nacional: el decreto nacional 1172/2003 y la ley de régimen de libre Acceso a la Información Publica Ambiental, número 25.831. Asimismo, en muchas provincias se han dictado normas específicas pro acceso a la información pública.

Lamentablemente en la Argentina el acceso a la información ambiental es restringido porque no se produce información, ni tampoco se brinda mayor accesibilidad a la producida. Y también, se oculta información ambiental sustancial bajo la excusa de cláusulas secretas o económicos como ha quedado evidenciado en la causa judicial sobre los convenios con la empresa Chevron. Esta tendencia al secretismo y la omisión de producir información ambiental es el primer paso que debería deshacerse para iniciar una nueva gestión de las políticas ambientales.

Por otra parte, la participación ciudadana es consustancial a la protección del ambiente. En los últimos años esta participación se ha transformado en un mero requisito formal en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Por este motivo, se debe rejerarquizar la participación en estos procedimientos para que sea una participación real, oportuna e informada. En esta dirección, se debe avanzar en la regulación de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa y Estratégica, que es una de las deficiencias más graves en las discusiones sobre las afectaciones ambientales en las cuales se analiza sólo una parte de intervenciones más integrales y complejas.

Dado lo insuficiente que resultaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la protección del ambiente, se debe comenzar un proceso para incluir en la ley general del ambiente y en los planes de gobierno ministeriales la exigencia de llevar a cabo evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y acumulativas (EAA).

11.PROTECCIÓN DE HUMEDALES:

La Argentina cuenta con una importante parte de su territorio ocupada por humedales, incluyendo ambientes tan diversos como lagunas, mallines y turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras estuariales y marinas, entre otros. En la actualidad, se evidencia un aumento en la degradación y la pérdida de estos ecosistemas.

Los humedales proveen a la sociedad diversos bienes y servicios fundamentales como, entre otros, la retención de excedentes de agua que causarían inundaciones y la provisión de agua para el consumo y para la producción. Por lo tanto, resulta de interés común su protección tanto como la planificación en el uso del territorio que incluya este tipo de ecosistemas.

En este sentido, resulta imprescindible que se impulsa la sanción de una norma de presupuestos mínimos que permita imponer las condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental de los humedales, garantizar la dinámica de estos ecosistemas, mantener su capacidad de carga y asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable de las actividades productivas que en ellos se realizan o que dependen de sus recursos naturales.

12. RECOMPOSICIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA:

Cuando se decidió expropiar YPF para no indemnizar a Repsol en el Informe Mosconi se detalló el daño ambiental cometido por Repsol para no pagarles indemnización.

Con fecha 1 de junio de 2012 en conferencia de prensa, el Subinterventor de YPF S.A. Axel Kicillof destacó las "consecuencias ambientales" generadas por la desinversión en materia de recuperación de tierras dañadas por derrames de hidrocarburos. Esta afirmación está documentada en el documento oficial, denominado Informe Mosconi, cuyo propósito, según dice textualmente en su Introducción en la página 3 “…es aportar evidencia sobre la estrategia de depredación, desinversión y desabastecimiento del mercado interno que desplegó el grupo Repsol desde que tomó el control de YPF en el año 1999".

El, por entonces, viceministro Kicilof se refirió en este evento, con certeza y claridad, a daños ambientales acumulados, originados a partir del abandono de la infraestructura o superficies de terreno afectados por la operación petrolera de YPF S.A. Sus afirmaciones son contundentes: “Repsol no cuidó el medio ambiente”. La fecha del análisis que lo llevó a esta categórica afirmación va desde 1999 al 31 de mayo de 2012. 

La denuncia de estos daños ambientales quedó en el aire. No se redujo la indemnización otorgada a Repsol ni tampoco se avanzó con la recomposición ambiental. Este hecho paradigmático se repite con respecto a otros pozos que durante su explotación dejaron efectos ambientales negativos a lo largo del país.

La recomposición y reparación ambiental es un mandato constitucional y también la búsqueda de los responsables para que afronten las consecuencias de sus conductas. El Ministerio debería garantizar el ejercicio efectivo del poder de policía ambiental y exigir un cabal recomposición y resarcimiento de los pasivos ambientales. En un escenario laxo para punir los impactos, se incrementan día a día los pasivos ambientales.

13. CASO ESPECIAL DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO:

El 15 de Noviembre de 2006 se sancionó la Ley N° 26.168, que crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En la causa caratulada “Mendoza, Beatriz y Otros c/ Estado Nacional y Otros” se dictó sentencia el 8 de julio de 2008. Por la sentencia la

Autoridad de Cuenca quedó obligada a cumplir los siguientes Objetivos: 1) La mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2) La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos); 3) La prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. Y las siguientes tareas, entre otras: Expansión de la red de agua potable, el plan de obras de Desagües pluviales, el plan de obras de saneamiento cloacal a cargo de AySA.

En este acto de fuerza simbólica extraordinaria, la Corte se posicionó públicamente colocando la recomposición ambiental del Riachuelo como tema central de la política de Estado y planteando esta exigencia como una medida esencial para garantizar la existencia social del orden público ambiental. La Corte avanzó, además, exigiendo a los gobiernos con competencia en la cuenca Matanza Riachuelo (CMR) la puesta en marcha del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca.

Al día de la fecha este Plan no fue cumplido. No se avanzó con el ordenamiento territorial y ambiental de la Cuenca, numerosos barrios y villas se encuentran en condiciones socio-ambientales dramáticas, el sistema de salud es deficiente para atender a la población contaminada con metales pesados, no se ha implementado un Plan Integral de Infraestructura Hídrico-Sanitaria que asegure el acceso al agua potable, el saneamiento y evite las inundaciones. En cuanto a la gestión integral de residuos sólidos urbanos no se respetan las leyes nacionales ni provinciales. Diversos procesos de urbanización y relocalización se encuentran paralizados con demoras de años, faltan planes para incrementar los espacios y corredores verdes.

En consecuencia, el nuevo Ministerio de Ambiente debería focalizar su atención también en esta problemática, especialmente haciendo hincapié en efectivizar los mecanismos de control de la ACUMAR y en la necesidad de brindar los fondos necesarios.

Se debe realizar un estricto seguimiento a las empresas para que dejen de contaminar y sean sancionadas de manera efectiva en caso de no cumplir con un plan de producción limpia. Los números hablan por sí solos acerca de la falla en la manera de realizarse el control y la falta de aplicación de sanciones reales a las empresas que están contaminando: 25.600 empresas en total, sólo 17.500 han sido fiscalizadas, del resto no hay datos. Incorporar auditorías ciudadanas para el control de las empresas contaminantes.

14. CREACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE CUENCAS FALTANTES:

El Ministerio de Ambiente debería avanzar en la creación de las autoridades de cuenca en situaciones donde existen dos o más jurisdicciones involucradas. Así, se debería comenzar un proceso de iguales características a las de la cuenca Matanza Riachuelo con la cuenca del Reconquista, del Medrano, etc.

15. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS:

La situación de la disposición de residuos sólidos urbanos en el país es dramática. Ni siquiera en las ciudades capitales existen rellenos sanitarios apropiados para disponer los residuos generados en ellas. Si la disposición de los mismos es ineficiente, que se puede decir de los planes para reducir la generación, reciclar o compostar.

La falta de reglamentación y cumplimiento de la ley de presupuestos mínimos para la gestión de residuos es notaria en la mayoría de las provincias argentinas. No solo faltan sitios adecuados de disposición final, sino planes y estrategias para la minimización.

En los municipios donde existen, faltan estrategias para la fracción de los residuos orgánicos que representan más del 45% del total de los residuos. Esta fracción es capital no solo para recuperar una importan fracción de los mismos, sino para recuperar el suelo urbano y el suelo productivo degradado por el uso.

Es necesario por lo tanto, implementar planes de gestión de residuos sólidos urbanos en concordancia con la ley de presupuestos mínimos donde el acento no se centre solo en mejorar la disposición final sino en la separación y la recuperación de residuos. Comenzar un verdadero proceso para la sanción de una ley de envases y de RAEE, y evitar “soluciones mágicas” para el tratamiento de los residuos como incineración o su eufemismo “recuperación energética” dado que los residuos no son recursos renovables.

16. AVANZAR HACIA UNA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL DEL PAÍS:

Sin duda alguna se da un desplazamiento de los sectores más pobres de las ciudades, por un lado, y otro del campo a la ciudad. Este proceso se ha dado de forma paulatina y progresiva desde prácticamente la mitad del siglo pasado. El intento de desplazar hacia afuera de la ciudad “lo indeseable” y hacia la ciudad “lo improductivo” del nuevo esquema de agronegocios ha impregnado las decisiones estatales en lo que respecta al uso de los inmuebles y espacios públicos por un lado y del campo como sistema productivo por otro.

La forma que encontró el Estado de reconstruir los espacios degradados social y económicamente y de desplazar de forma definitiva a los sectores populares fue asociarse al sector privado inmobiliario financiero (estado como agente promotor y facilitador de la inversión privada) atrayendo una inyección de capital que implico la renovación no solo de inmuebles, sino las áreas colindantes con la correlativa inversión en seguridad que venía de la mano de mejor iluminación, accesibilidad, propaganda turística de la ciudad y desde luego una nueva y mejor oferta del ahora espacio mejorado y seguro para la promoción del retorno de las clases medias y

altas al barrio, para atraer el turismo y para ocupar los inmuebles ociosos o subarrendarlos. El discurso se enarbolo levantando como bandera la memoria histórica, la cultura y el patrimonio.

La “renovación” de zonas se emprende entonces en los primeros años del nuevo siglo, con el interés de promover que “las clases pudientes regresen a los centros ahora reconstruidos”, abastecidos de centros de venta formal y resguardados de la inseguridad delictiva. En el trasfondo, con las inversiones llevadas a cabo y las mejoras edilicias, de servicios y de tipo cualitativas en general se puede especular con el incremento del valor del suelo, ahora revalorizado, creando “gentrificación¨ que es un proceso en el cual una población es desplazada por otra de mayor ingreso producto de la “valorización urbana¨. Los sectores populares son desplazados indirectamente por imposibilidad de pagar el alquiler y directamente por otros mecanismos coercitivos.

En el campo suceda algo parecido, el uso de la tierra como bien productivo y la mecanización del trabajo sumado a los organismos genéticamente modificados hacen obsoleto el trabajo rural, que termina engrosando los bolsones de pobreza de los conurbanos de grandes ciudades.

Por lo tanto, consideramos importantes los ordenamientos de la industria y de la población en un territorio, sobre todo teniendo en cuenta las configuraciones de cuencas hidrográficas. Para ellos es importante contar con herramientas de participación comunitarias y evitar de esta manera la expulsión de los sectores populares del campo y de las ciudades, por carecer de espacios de reproducción de cotidianidad.

CONTACTO:

Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM): (011) 15 3471 2612justiciaambientalarg@gmail.com

Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC): (011) 15 3655 3465obsevatorioderechoalaciudad@gmail.com

Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC): (011) 15 3770 3727