ROJO DIFUSO, AZUL PALIDO

Por David Roll.

INDICE

A. LA CRISIS DE REPRESENTACION Y DE PARTIDOS EN EL CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO.

1. EL DEBATE CONTEMPORÁNEO SOBRE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA. 2. LOS PARTIDOS A NIVEL MUNDIAL: CRISIS O TRANSFORMACIÓN 3. LOS PELIGROS DE LA ANTIPOLÍTICA COMO ALTERNATIVA A LOS

PARTIDOS POLÍTICOS. 4. EL EFICIENTISMO POLÍTICO, ENEMIGO DE LOS PARTIDOS Y DEL

SISTEMA DEMOCRÁTICO. 5. ALCANCES DE LA INGENIERÍA INSTITUCIONAL EN LA REFORMA DE

LOSPARTIDOS POLÍTICOS. a. RELACIONES ENTRE LA VARIABLE PARTIDOS, SISTEMA ELECTORAL Y

SISTEMA DE GOBIERNO. b. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SU

SIGNIFICADO. B. CRISIS DE LOS PARTIDOS COLOMBIANOS E INTENTOS DE REFORMA.

1. LA CRISIS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COLOMBIANOS.

2. EL IRREDUCTIBLE CLIENTELISMO POLÍTICO, EL LASTRE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COLOMBIANOS. 3. EL INTENTO DE REFORMA DE LOS PARTIDOS EN 1991.

4. LA REFORMA DE LOS PARTIDOS EN EL PROYECTO DEL GOBIERNO SAMPER.

5. LA REFORMA DE LOS PARTIDOS EN LA PROPUESTA DE PASTRANA.

C. LA REGULACION DE LA FINANCIACION DE CAMPAÑAS: ELEMENTO CLAVE PARA REFORMAR LOS PARTIDOS. 1. EL CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO. a. PRINCIPIOS Y NORMAS RESPECTO DE LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS

Y PARTIDOS.

b. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FINANCIACIÓN PÚBLICA DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS.

c. EL FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LAS CAMPAÑAS Y PARTIDOS EN

EUROPA, NORTEAMERICA Y AMÉRICA LATINA. 2. El PROBLEMA DE LA FINANCIACION DE PARTIDOS Y DE CAMPAÑAS EN

COLOMBIA.

a. EL DEBATE COLOMBIANO SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA. b. HISTORIA DE LAS NORMAS SOBRE FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS EN

COLOMBIA. c. CONCLUSIONES SOBRE LAS NORMAS DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS

Y CAMPAÑAS EN COLOMBIA.

D. EL ESTADO ACTUAL DE LOS PARTIDOS MAYORITARIOS. A. PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 1. CARACTERISTICAS ORIGINARIAS. 2. PRINCIPIOS PROGRAMATICOS 3. UBICACION IDEOLOGICA. 4. RENDIMIENTO ELECTORAL a. RENDIMIENTO ELECTORAL LIBERAL EN LAS PRESIDENCIALES DURANTE EL SIGLO XX. b. EL PARTIDO LIBERAL EN LA CONTIENDA ELECTORAL DURANTE EL PERIODO DE ELECCIONES NO PACTADAS. c. EL PARTIDO LIBERAL EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS d. EL PARTIDO EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. e. EL PARTIDO EN LAS ELECCIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. 5. EL PARTIDO COMO ORGANIZACION DE GOBIERNO.

6.EL PARTIDO EN LA LEGISLATURA Y LOS DEPARTAMENTOS 7. EL PARTIDO COMO ORGANIZACION BUROCRATICA. a. LA ORGANIZACION DEL PARTIDO. ESTRUCTURA FORMAL. b. LOS QUE MANDAN. DIRIGENTES Y COALICION DOMINANTE c. MODO DE ELEGIR A LOS DIRIGENTES PARTIDISTAS Y LOS CANDIDATOS DE ELECCION POPULAR. d. FINANCIACION DE LA BUROCRACIA Y DE LAS CAMPAÑAS. e. EL PARTIDO COMO ORGANIZACION DE VOLUNTARIOS. B. EL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO. 1. CARACTERISTICAS ORIGINARIAS 2. PRINCIPIOS PROGRAMATICOS 3. UBICACIÓN IDEOLÓGICA 4. RENDIMIENTO ELECTORAL a. ELECCIONES PRESIDENCIALES b. ELECCIONES LEGISLATIVAS c. EL PARTIDO EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. d. EL PARTIDO EN LAS ELECCIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES.

5. EL PARTIDO EN LA PRESIDENCIA 6. EL PARTIDO EN EL LEGISLATIVO Y LOS DEPARTAMENTOS 7. EL PARTIDO COMO ORGANIZACION BUROCRATICA a. LA ORGANIZACION DEL PARTIDO. ESTRUCTURA FORMAL b. LOS QUE MANDAN. DIRIGENTES Y COALICION DOMINANTE c. MODO DE ELEGIR A LOS DIRIGENTES PARTIDISTAS Y A LOS CANDIDATOS DE ELECCION POPULAR

d. FINANCIAMIENTO DE LA BUROCRACIA Y DE LAS CAMPAÑAS e. PARTIDO COMO ORGANIZACION DE VOLUNTARIOS BIBLIOGRAFÍA LIBROS ENTREVISTAS DOCUMENTOS DE LOS PARTIDOS PARTIDO LIBERAL PARTIDO CONSERVADOR

INTRODUCCION. A pesar de la llamada crisis de los partidos y al creciente fenómeno de la antipolítica, los partidos políticos siguen siendo claves para la estabilidad democrática en el mundo entero. Aunque los partidos se han debilitado y han perdido gran parte del respaldo e incluso del respeto de los ciudadanos, el Estado de Partidos paradójicamente se ha visto fortalecido y los partidos siguen siendo importantes tanto en la contienda electoral como en las decisiones políticas. En el caso colombiano, el difícil proceso de modernización política también pasa por la existencia de partidos más representativos, mejor organizados y más preparados para impulsar los cambios democráticos, pero ha sido poca la importancia que se le ha dado a la necesidad de transformarlos en ese sentido. Es un avance significativo el hecho de que los dos gobiernos posteriores al de la Constituyente hayan presentado proyectos de Reforma Constitucional al Congreso, proponiendo, además de la democratización interna, otra serie de medidas tendientes a modernizar los partidos. Pero a medida que se fue aceptando la necesidad de fomentar estas reformas, se hizo evidente el poco conocimiento que se tiene de ellos, lo cual supone un gran obstáculo, tanto para definir la normatividad constitucional y legal adecuada como para orientar la acción de los líderes renovadores al interior de las propias colectividades. Es fundamental entonces, al tiempo que se van creando normas para regular la vida de los partidos y se van ensayando estrategias internas para el cambio, avanzar en lo referente a cómo son esas organizaciones a las que se pretende reestructurar para fortalecer el sistema democrático colombiano y en qué medida se están transformando para asumir esos nuevos retos. Es un gran riesgo continuar con los procesos de transformación de unos partidos cambiantes y complejos, sin el apoyo de estudios orientados a la comprensión de su estructura interna y de su dinámica organizacional,

y sobre todo sin saber quiénes son, qué piensan y cómo actúan los sujetos que los conforman. El estudio de las elites políticas es de gran importancia, pues tratándose de unas organizaciones con bajo nivel de institucionalización y que han experimentado procesos de atomización creciente en los últimos años, los partidos políticos colombianos no pueden ser comprendidos partiendo solo del análisis de su estructura formal, sino también y especialmente del comportamiento y actitudes de las elites políticas que los conforman. Siendo el régimen político colombiano rotundamente bipartidista, el estudio de estas dos grandes colectividades, los partidos Liberal y Conservador, es clave para ese progreso académico. Pudiera pensarse que la decisión de orientar el análisis hacia los dos partidos mayoritarios supone una clara preferencia por este modelo, en detrimento del modelo pluripartidista que intentó instaurar la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, y qué duda cabe sobre la responsabilidad del excluyente bipartidismo en el estancamiento del sistema político y en la generación de muchos de los graves problemas nacionales. Pero tampoco se puede negar que la tentativa de instaurar el modelo multipartidista ha fracasado estruendosamente en su pretensión de abrir el sistema a terceras fuerzas, y que una de las opciones ante tal falla es justamente reestructurar el sistema modernizando esos partidos y democratizarlos, en lugar de pretender ingenuamente reemplazarlos a partir de una normatividad. De hecho, la Alianza Democrática M-19, que supuso el desafío más fuerte al bipartidismo desde la Anapo, se derrumbó estruendosamente en las elecciones de 1994. Además, todo parece indicar que las sorpresas electorales de personajes como Antanas Mockus o Noemí Sanín no significan en absoluto el comienzo de movimientos alternativos al bipartidismo, sino la canalización estacional de una inconformidad difusa difícil de orientar políticamente de manera permanente. El nuevo ordenamiento constitucional evidentemente fracasó en sus objetivos de modernizar los partidos políticos en dos cuestiones fundamentales: El reconocimiento indiscriminado a movimientos y partidos, abriendo paso a la desinstitucionalización de la representación política, y la prohibición de que la ley ordenara y regulara la democracia interna de los partidos, cerrando el paso a la legitimación de la política. Así las cosas, las expectativas creadas por la Constitución respecto a nuevos espacios de participación fueron duramente contrastadas por una realidad bien diferente: la atomización de los partidos tradicionales y la proliferación de grupúsculos políticos sin capacidad de protagonismo. Como bien señalaron los analistas, los desarrollos ulteriores a la Constitución evidenciaron que la crisis era mucho más profunda, pues los partidos se mostraron fragmentados, sin unidad programática ni disciplina interna y las nuevas fuerzas manifestaron un comportamiento político muy similar al de los partidos tradicionales. Lo más preocupante de la realidad posconstituyente han sostenido los politólogos colombianos, es que los partidos políticos se han atomizado en fracciones y movimientos que, lejos de proponer proyectos de sociedad y de integrar intereses dispersos, se han entrabado en confusas luchas para mantenerse el control del sufragio. En este libro no se cuestiona de entrada ningún modelo de partidos en particular, sino que se pretende estudiar cómo son los partidos mayoritarios en el sistema de partidos

vigente en Colombia, de modo que, además de ampliar el conocimiento politológico de los mismos, puedan adelantarse con mayor conocimiento de causa las reformas para modernizar los partidos, tanto desde el Estado, como desde su interior. Consideramos que unos partidos fortalecidos en libre competencia en lugar de perpetuar el bipartidismo artificial y excluyente, pueden conducir al establecimiento de un sistema de partidos estable, no necesariamente bipartidista. En síntesis, la experiencia de pretender cambiar la dinámica de los partidos tradicionales a partir del ejercicio sano de la política de las terceras fuerzas, ha demostrado hasta el momento que es más probable que los nuevos partidos adquieran las viejas debilidades de los tradicionales. Además logró la fragmentación de estos, lo que supuso un retroceso, y ello, el objeto principal de análisis de este libro son los partidos mayoritarios, el Liberal y el Conservador. El Gobierno Samper convocó en 1995 una comisión de personajes para el estudio de la reforma de los partidos, que tras dos meses de sesiones entregó una serie de propuestas al Gobierno. Entre ellas destacan, en lo que respecta a los partidos políticos, justamente la imposición constitucional de la democracia interna al interior de los partidos, además de la prohibición de la doble militancia y la racionalización en la concesión de avales por los partidos. Basándose en las propuestas de la Comisión de Reforma Política, el Gobierno redactó un Proyecto de Acto Legislativo, un Estatuto de la Oposición y un Proyecto de Ley sobre Financiación de Campañas Electorales. Pero los acontecimientos políticos posteriores a la presentación en octubre de 1995 de estos proyectos al Congreso, relacionados con la campaña del Presidente, eclipsaron totalmente el debate nacional sobre estos temas y abortaron la discusión parlamentaria sobre los mismos. También el Gobierno Pastrana intentó sin éxito hacer aprobar una reforma constitucional en 1999 que modificaba el sistema electoral con la intención anunciada de modificar así el sistema de partidos. Se trató de un proyecto que recogía tanto algunas de las principales propuestas de la Comisión de Reforma del anterior gobierno, como sugerencias de los distintos grupos y personas que conforman la alianza que respaldó la elección del nuevo Presidente. El proyecto fracasó estruendosamente por diversos motivos, pero en gran medida por tratarse de una sumatoria inconexa de normas que fueron modificándose al son de negociaciones parlamentarias sin un horizonte claro, pero con un evidente desconocimiento de los alcances, las limitaciones y las técnicas de la ingeniería institucional. El nuevo proyecto ya ha sido aprobado en una primera legislatura, pero no se ven tan claros los consensos para su aceptación definitiva. Es pues un proceso en curso. La situación actual de Colombia está caracterizada por una gran incertidumbre sobre el futuro del país, debido al conflicto guerrillero principalmente, y existe también un marcado escepticismo sobre la capacidad de reforma del sistema político, especialmente en lo referente a los partidos. Los ejemplos de dos países limítrofes, que parecen haber prescindido de estos últimos para lo sustancial de la vida política, no ha hecho más que reforzar estas ideas. No obstante esta situación, entre la propia clase política, alguna parte del mundo académico, diferentes sectores de opinión y algunos ciudadanos, se sigue considerando que los partidos son claves para la

democracia, y se proponen diferentes tipos de medidas para lograr su modernización. Pero uno de los factores comunes en las diferentes propuestas para reformar los partidos en los últimos 10 años, ha sido la existencia de una serie de imaginarios colectivos, muchas veces contradictorios, sobre lo que son los partidos políticos colombianos. Se trata de convicciones muy arraigadas entre los políticos, periodistas e incluso académicos, así como entre los ciudadanos comunes, sobre lo que son esas colectividades, a partir de los cuales se proponen hacer las reformas. En gran medida la dificultad pare encontrar algun consenso mínimo para proponer cambios modernizadores se debe a que esas convicciones chocan unas con otras, al estilo de la moderna realidad virtual, dando lugar a una serie de verdades superpuestas, que se van diseminando como dogmas indiscutibles. Por todo lo anterior, el objetivo de este libro ha sido el de intentar ampliar el conocimiento existente sobre esos partidos políticos colombianos mayoritarios que han sido claves en la historia política del país y que de un modo u otro siguen siendo determinantes en la vida política nacional, a pesar de su desprestigio, su crisis interna y la, para algunos, alta probabilidad de desaparecer del panorama político por esos mismos motivos. Esta obra también pretende ser una contribución tanto a ese debate constitucional como a la implementación legal de normas como la democracia interna, y a su implementación al interior de los partidos. Consideramos que dando cuenta del estado actual de los partidos, puede establecerse su potencial de transformación y la pertinencia de las normas, reglamentos y directrices que se expidan con ese objetivo. Pero como consideramos que para la comprensión de la crisis y realidad partidaria en Colombia no podemos circunscribirnos al estrecho mundo de los hechos nacionales, hemos dedicado la primera parte del libro al tema de la crisis de los partidos en general y en relación con la crisis de legitimidad. La segunda parte trata directamente sobre la crisis de los partidos colombianos y sus intentos de reforma, dedicando un capítulo especial al tema de la financiación de las campañas y los partidos. La tercera y última parte es un intento de descripción desideologizada de la realidad partidaria en sus diversos subsistemas, la cual supone la particular novedad de este trabajo en el estado del arte sobre los partidos colombianos en Colombia, pues nunca se había intentado algo parecido. El libro contiene en resumen una reflexión general sobre la crisis de partidos a nivel mundial, un análisis de la crisis colombiana de partidos con especial referencia al clientelismo, un estudio sobre los intentos de reforma de los partidos con especial referencia al tema de la financiación y una descripción politológica de los dos partidos mayoritarios en nuestro país. Con este conjunto creemos estar haciendo un importante aporte a la escasa literatura sobre partidos existente en el país, que servirá tanto de referencia para los expertos como de material de estudio para los estudiantes de ciencia política. Este trabajo surge como el producto de una investigación no financiada, adelantada por el autor en la Universidad Nacional de Colombia, primero como ganador del Concurso 125 años en el área política en 1997, y luego como profesor de partidos políticos en la

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y como investigador de la Unidad de Investigaciones Jurídicas y Sociales Unijus, luego de haber sido seleccionado el proyecto en varios microconcursos. En esta etapa se creó un semillero de investigadores en la Línea de Partidos, en la cual han participado más de 30 estudiantes de Ciencia Política y se han formado tres auxiliares de investigación: Claudia Arenas, Luisa Salamanca y Alberto Bejarano, contratados por Unijus, cuya contribución fue determinante para la parte final del libro. El semillero cuenta actualmente con 10 estudiantes voluntarios y continúa profundizando en las temáticas señaladas con el objeto de preparar una publicación complementaria. Una buena parte de la obra se ha realizado bajo los parámetros del Equipo de Investigación en Partidos Latinoamericanos del Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca, del que es miembro el autor, y que es dirigido por el catedrático Manuel Alcántara. Esa particularidad hace que la obra también sea un aporte a la ciencia política internacional en el campo de la política comparada.

CRISIS, REFORMA, PRESENTE Y FUTURO DE LOS PARTIDOS EN COLOMBIA.

Por David Roll.

A. LA CRISIS DE REPRESENTACION Y DE PARTIDOS EN EL CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO. 1. EL DEBATE CONTEMPORÁNEO SOBRE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA. Antes de abordar el tema de la presunta crisis de los partidos a nivel mundial, en

necesario reflexionar sobre la crisis misma de la representación, y una de las grandes discusiones en torno a ello hace referencia a la tipología de tipo cuantitativo respecto de la toma de decisiones. Son muchas las voces que reclaman permanentemente el retorno a formas democráticas "más directas y participativas", señalando que la democracia representativa es una especie de corrupción del modelo original, y que en ello se centra la crisis de los partidos y del propio modelo democrático.

Pero igualmente los politólogos de mayor reconocimiento son casi unánimes en

reconocer que "la democracia en grande ya no puede ser más que una democracia representativa", y que pensar en otra posibilidad es engañarse. Se suele citar a la democracia griega, en tanto que democracia directa, como el ideal a recuperar para nuestras modernas democracias. Pero esta recurrida nostalgia fundacional es totalmente errada, e incluso representa un obstáculo en los procesos de relegitimación que deberán adelantar las actuales naciones democráticas.

La democracia que se practicó en el siglo IV A.C. en Atenas, caracterizada por la

rotación de cargos por sorteo y la toma de decisiones en asambleas, duró un breve periodo y sólo hasta mediados del siglo XIX el término democracia dejó de tener una connotación negativa. Pero para cuando la palabra democracia adquirió un tono elogioso, los milenios transcurridos hicieron que el replanteamiento de la democracia se hiciese en términos muy diferentes.

Hasta el siglo XVIII se pensaba que la democracia era inaplicable a los grandes

Estados. Aristóteles, quien la consideraba una forma corrompida de gobierno, sólo la aceptaba para lugares donde los oradores pudieran ser escuchados por todos los ciudadanos. Incluso para Rousseau y Montesquieu, democracia directa era sinónimo de sociedad poco numerosa. Solo David Hume expuso que un gobierno grande era el propicio para desarrollar la democracia, pero proponía elecciones indirectas.

El tema también fue debatido ampliamente cuando se independizaron las colonias

inglesas de Norteamérica y los llamados Fundadores de los Estados Unidos se encontraron divididos entre la concepción purista de Hamilton y Adams: democracia directa o régimen autoritario, y la de Madison, que propugnaba por una república representativa.

La idea de Madison fue la que terminó imponiéndose, el Estado Liberal Democrático

venció a la concepción ortodoxa. Luego con la universalización del voto, el Estado Democrático Liberal, que considera a la libertad como requisito de la igualdad, se convirtió en el modelo democrático de occidente, que se opuso hasta hace muy poco al modelo socialista, en el que se privilegia la igualdad sobre la libertad.

Pero este doble triunfo, el de Los Federalistas contra los Antifederalistas en Estados

Unidos, que dio lugar a la democracia representativa, y el de la democracia liberal sobre la democracia popular socialista, no han podido evitar voces esporádicas de inconformidad por parte de quienes consideran que solo la democracia clásica o directa es la auténtica democracia. Sobre todo en los años sesenta, se dio el gran "boom" del resurgimiento de la democracia participativa, según la cual todo ciudadano tiene derecho a ejercer la cuota de poder que le corresponde. Esta época se caracterizó por la participación directa a través de la protesta estudiantil y obrera, que tuvo una vida tan intensa como corta, pero que dejó de todos modos planteada la cuestión de la democracia participativa como un ideal democrático depurador de las imperfecciones del sistema representativo.

La defensa de la democracia representativa no puede cifrarse en el argumento de la

imposibilidad física de que un orador pueda ser escuchado simultáneamente por todos los ciudadanos, pues ello ya es posible. De hecho hoy en día, la casi totalidad de ciudadanos norteamericanos con derecho al voto, podrían legislar a través de la televisión, sólo con poseer el artilugio (Qube), utilizado por los concursos de televisión para involucrar al televidente en los diferentes juegos.

El problema es realmente cualitativo, pues como señala James Fishkin, el dilema de

la democracia directa se presenta por una alternativa inevitable entre masas políticamente iguales, pero relativamente competentes y élites desiguales pero relativamente más competentes. En lugar de una "teledemocracia", este autor propone una Encuesta de Opinión Deliberativa.

En nuestro concepto, todas las invenciones que se ingenien los partidarios de la

democracia participativa pueden tener perfecta cabida en el sistema democrático, pero únicamente como instrumentos complementarios de la democracia representativa, tal como lo son las formas de participación directa constitucionalmente aceptadas. Y respecto de estas, es un hecho, que como lo sostiene Nohlen, "en la democracia representativa, las formas de participación democrática directa, o bien son poco usuales desde el punto de vista constitucional, o se utilizan poco en la práctica". A este tipo de democracia, que se ha denominado más exactamente "Plebiscitaria", para diferenciarla de la democracia directa griega, pueden hacérsele aún más objeciones de fondo.

Pero es que además de ser fenómenos infrecuentes, tanto el Referéndum como el

Plebiscito son instrumentos que han resultado más idóneos para legitimar dictaduras que para reforzar democracias. Como expone Michels, el Referéndum, por su carácter absoluto y su rechazo de todas las críticas, favorece el dominio de los aventureros

astutos, y el bonapartismo es el mejor ejemplo de ello. El mismo autor insiste en que estas o cualquier otra forma de gobierno popular

directo tienen los mismos dos insalvables inconvenientes: la incompetencia de las masas y la falta de tiempo. En cuanto al primero, compartimos el pensamiento de George Sand remitido por Michels, de que el plebiscito cuando no está respaldado por la inteligencia de las masas es un ataque a la libertad.

En conclusión, la realidad de nuestras actuales democracias dista mucho del modelo

griego, del rousseauniano o de esa democracia plebiscitaria apoligizada por los cultores de la sociedad civil. Es un hecho que, la democracia hoy en día, como lo exponen la mayor parte de los textos básicos de ciencia política, "sin perjuicio de su fundamento popular, depende de la ley de la mayoría, de los mecanismos electorales y de la transferencia representativa del poder".

2. LOS PARTIDOS A NIVEL MUNDIAL: CRISIS O TRANSFORMACIÓN Existe una idea generalizada de que los partidos políticos están en decadencia y que

el propio sistema de representación democrática se ha agotado como modelo. No obstante, aceptando que la democracia representativa es la única forma posible de democracia moderna, y ante la no existencia de un sistema diferente que se autoconsidere digno de emular tras la caída del bloque socialista, la pregunta correcta es ¿cómo debe transformarse la democracia liberal? y en modo alguno buscar su sustitución por modelos agotados o aun no inventados.

Esta concepción, que llamaremos "responsable", de la política contemporánea, no

supone en modo alguno que asumamos una posición filosófica apresurada y subvaloradora respecto de la capacidad de creación humana y las posibilidades de transformación social y política de la humanidad, al estilo de Francis Fukuyama. No creemos que el fin de la guerra fría signifique "el fin de la historia", y mucho menos el último punto de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia occidental como forma final de gobierno humano.

Pero sí consideramos que la democracia occidental no es un modelo fracasado ni

agotado, aunque esté en crisis, esto es en estado de transformación. Justamente en el centro de ese proceso de adaptación a las nuevas realidades de un mundo cambiante se encuentran los partidos políticos, y no solo los partidos de los países de larga tradición democrática o los de sistemas parlamentarios, sino también nuestros partidos políticos colombianos, por más que pretendamos seguir exagerando las particularidades excepcionales de nuestro acontecer político.

Muchos analistas de la crisis de los partidos políticos olvidan que éstos, como

sostiene Duverger, son bastante recientes, pues en 1850 no existía ningún partido en el mundo, en el sentido moderno de la palabra. Además, aun en un sentido no moderno, fueron proscritos durante siglos, y sólo irrumpieron con fuerza como tales luego de la Primera Guerra Mundial. Únicamente en el periodo de entreguerras se hizo claro su carácter intermediador entre el elector y la clase política y apenas fueron reconocidos

en las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial. Es por ello que autores como Klaus Von Beyme insisten en que la pérdida de

representación de los partidos no significa una decadencia de los partidos sino un simple cambio de unas funciones asumidas hace menos de un siglo, por otras acordes a las transformaciones políticas. Se trata más bien, como sostiene el autor, de unos "gigantes desconcertados", que debieran inventarse si no existieran.

Lo que antecedió a la aceptación de los partidos en el sistema era una relación

directa entre parlamentario y elector, que fue convertida en una relación triangular, debido a la interposición de los partidos. Pero nuevos hechos históricos han dado lugar a una transformación crítica de los partidos. Sobre todo el proceso de desideologización hizo que el partido dejara de ser esa especie de comunidad de militantes conjurados, y que el sentimiento subjetivo de identificación de los electores con el partido se redujera y disminuyera la fidelidad electoral.

Nadie niega que el abstencionismo electoral es el comportamiento más destacado

en el mundo entero, pero la infinidad de estudios sobre las causas del comportamiento electoral señalan que tal conducta obedece a una multitud de factores difíciles de precisar, entre los que se destaca especialmente una simple falta de interés por la política. Esta indiferencia resiste igualmente muchos análisis, pero casi todos ellos giran en torno a la innegable realidad de que, como sostiene Touraine, el mundo sociopolítico ha desaparecido, destruido entre el mundo de la economía y el mundo de las identidades fragmentadas".

Esta ausencia de actores sociales colectivos afectó a los partidos políticos y se debe

en gran medida a la movilidad social y espacial que ha experimentado la población. Pero además, existiendo escasez de iniciativas colectivas, muchas fueron canalizadas por los movimientos sociales, aunque algunas, fueron luego asumidas por los partidos. Finalmente, la mayor parte de estas movilizaciones se fueron caracterizando por su carácter coyuntural, haciendo que los potenciales electores se habituaran a formas no convencionales y más laxas de participación, a las que son movidos en razón de esas identidades fragmentadas. Es decir, la gente ya no se identifica con una determinada clase social o con un partido, por lo cual se abstiene de votar, pero sí con específicas reivindicaciones relacionadas con categorías subjetivas o convicciones individuales (defensa de los animales, prestaciones laborales, derechos de la mujer, seguridad nuclear, ética pública, etc.).

Lo llamativo de este fenómeno, señala Beyme, es que mientras más insistieron las

teorías de la legitimación desde la izquierda y las de ingobernabilidad desde la derecha en la decadencia de los partidos, mas se desarrolló en occidente el Estado de Partidos. Justamente, todo parece indicar que se trató de una especie de compensación promovida por la clase política ante el debilitamiento de la relación entre gobernantes y gobernados, y sobre todo entre la dirección del partido y los electores.

Un primer análisis de la situación señalaría como imposible la coexistencia de esa

debilidad organizativa de los partidos y un progresivo fortalecimiento del Estado de

Partidos. Esto se debe básicamente a la concepción simplista del partido político como una organización tendiente a captar electores para lograr puestos de poder. El partido político aparece en este siglo como el intermediario entre la clase política y el electorado, pero es mucho más que eso. Por esta razón pueden coexistir un Estado de partidos fuerte y unos partidos debilitados. Justamente, el Estado de Partidos no iría dirigido a la movilización del electorado sino al reclutamiento de élites y a la transmisión de la voluntad del partido político a las instituciones políticas.

Es un hecho que los partidos perdieron gran parte de su capacidad organizativa,

pero al mismo tiempo nadie niega la necesidad de que existan partidos políticos para que las opiniones en una sociedad tan compleja tengan un espacio para el debate y la formación de criterios unificados. Pero por más que las nuevas funciones de los partidos políticos sean principalmente el reclutamiento de élites y la transmisión de decisiones políticas y sean espacios de debate, ello no significa que la representación pierda su razón de ser, y por lo tanto que el sistema electoral sea un aparato inútil. Como dice Ludolfo Paramio, quizá los partidos no han cambiado demasiado, sino la actitud de los ciudadanos hacia ellos, específicamente su juicio moral.

Ahora bien, las elecciones no son la esencia del sistema democrático como suele

creerse, sino simplemente, tal cual señala Dieter Nohlen: "una técnica para constituir cuerpos representativos".Una técnica que por otra parte es anterior a la democracia, pues surgió en la vida monástica del medioevo, y que además no es exclusiva de las democracias.

Así las cosas, como antítesis a todo lo dicho, podría afirmarse que siendo el sistema

electoral una simple técnica, la representación no requeriría de la existencia de los partidos. Lo que resulta difícil de determinar es ¿si ese fenómeno tan variado de la antipolítica puede considerarse un modelo alternativo al de la democracia de partidos o un simple hecho transitorio o complementario de la política a través de los partidos?

Tenemos entonces una democracia que no puede ser más que representativa, un

sistema electoral que es meramente una técnica para elegir cuerpos representativos, una apatía creciente por la vinculación a los partidos políticos y por la participación en los procesos electorales, unos partidos en proceso de transformación de sus funciones, y un fenómeno emergente, que es la antipolítica. Gran parte de la clave respecto al futuro de los partidos está justamente en descifrar hasta qué punto la antipolítica podrá ser un verdadero sucedáneo de la actividad partidista.

3. LOS PELIGROS DE LA ANTIPOLÍTICA COMO ALTERNATIVA A LOS

PARTIDOS POLÍTICOS. Establecida la justificación histórica y la legitimidad del carácter representativo de la

democracia actual, podría pensarse que por si solo ello legitima a su vez la existencia de los partidos. Pero lo cierto es que tanto teóricamente como en la práctica política la democracia sin partidos no sólo no parece absurda sino incluso deseable para algunos. Varios autores, entre ellos Ostrogorski y sobre todo Michels, mantuvieron esta posición. Aunque lo cierto es que, como sostiene Beyme, "la burocracia partidista no desarrolló

un poder tan fuerte como en su día predijo Michels".Lo cierto es que en los Estados Unidos, donde el sistema de partidos no ha tenido nunca el peso que tiene en los países europeos, se ha llegado a proponer la disolución de los partidos.

Es en Latinoamérica donde la práctica política está cuestionando con más

contundencia el protagonismo de los partidos en la vida pública. Esto puede explicarse en parte porque mientras que en Europa los partidos políticos fueron evolucionando de organizaciones de notables hacia la construcción de maquinarias para enfrentar la contienda electoral de masas, y lo propio surgió en Estados Unidos, aunque de manera más laxa, los partidos latinoamericanos nunca llegaron a ese nivel de burocratización. Han mantenido la organización oligárquica descrita por Michels, pero en la cúpula. Las bases han respaldado a los partidos por una sumatoria de fenómenos de masas en los que el factor carismático fue determinante y se sumó a otra serie de particularidades regionales y nacionales, que requieren un estudio discriminado.

Pero en gran medida, la pérdida de protagonismo de los partidos latinoamericanos

se debe al progresivo desgaste de la clase política y por la sucesión de escándalos de corrupción. Algunos autores explican cómo, a pesar de que los intereses en denunciar la corrupción no son en parte una campaña de moralización, sino un componente de un juego político de presiones constantes, lo cierto es que en la población tiene un efecto de desencanto y una reacción política marcada.

Conviene destacar que no parece existir sin embargo una proporcionalidad entre el

desencanto por los políticos y la opinión que tienen los ciudadanos sobre la necesidad de partidos. En una encuesta del Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, en cuatro países latinoamericanos, se constató que los ciudadanos prácticamente no se sienten representados por sus congresistas y consideran que los partidos políticos buscan el poder en más de un cincuenta por ciento para robar, volverse ricos u obtener un beneficio personal. No obstante, al preguntársele si los partidos políticos eran necesarios, entre el cincuenta y el setenta por ciento contestaron afirmativamente.

También en un estudio sobre élites parlamentarias en Colombia, adelantado por el

autor del presente trabajo, se descubrió que la diferencia entre la concepción de la corrupción que tenían los congresistas era tan abismalmente diferente a la que tenían los ciudadanos, que reconciliarlas es una tarea casi imposible, pudiéndose hablar prácticamente de visiones virtuales y por lo tanto excesivamente subjetivas del problema de la corrupción.

A pesar de estas estadísticas, lo cierto es que el político "outsider", que se presenta

como ajeno a la desprestigiada clase política tradicional está haciendo carrera en Latinoamérica. Y no se trata solo del declarado antipolítico, como es el caso de Fujimori, sino de personajes como Menem, Collor, Vargas Llosa, Pérez de Cuellar, Mockus, e incluso Palito Ortega y Rubén Blades.

Pero Fujimori es sin duda el ejemplo clásico del "outsider" exitoso, y el "fujimorismo"

es prácticamente el modelo antipolítico por excelencia. Como fenómeno resulta bien

interesante, pero como modelo es una figura bastante peligrosa para la democracia. Sus jugadas de ajedrecista sin normas, tales como el cierre del parlamento y el reemplazo de su gabinete plural por uno tecnócrata, se están constituyendo en reglas básicas del dictador civil de la postmodernidad. El Presidente Serrano en Guatemala fracasó en su intento de asumir poderes totales, pero por la falta de apoyo de Estados Unidos. Los presidentes Paz Zamora y Rodrigo Borja, de Bolivia y Ecuador respectivamente, han amenazado con seguir el ejemplo de su vecino. En Venezuela ya se escuchan voces en ese sentido (tal como lo ha manifestado el recién electo Hugo Chavez), y en Colombia muchos creen que la solución a la crisis política pasa por una nueva revocatoria del mandato de los legisladores. Como expone Horacio Godoy, refiriéndose al caso de Colombia el éxito de los políticos es simplemente el producto de la crisis, de una elección por eliminación. Incluso en Rusia y en el propio Estados Unidos, Yeltsin y Perot parecen haberse acercado a esta idea en algunos de sus discursos, y en Italia algunos no ven otra opción al callejón sin salida en el que han entrado los partidos políticos.

Este fenómeno, por popular que sea, es preocupante para quienes consideramos

que la democracia es uno de los resultados positivos de la civilización occidental y que cualquier sugerencia autoritaria sólo refleja una impaciencia irresponsable, que en contextos históricos no muy lejanos ya ha conducido a catástrofes bien conocidas. Se trata, como expone Juan Rial, de una inquietante nueva ola de autoritarismo, bajo la forma de una especie de bonapartismo civil de difícil categorización.

La "Antipolítica" además no es antipolítica en sentido estricto, pues en la medida que

busca el acceso al poder a través de las normas establecidas participa en el juego político y puede ser compatible con la existencia de un régimen democrático. Si los movimientos antipolíticos se constituyen en partidos, la situación tenderá a homogeneizarse positivamente, se tratará de una sana renovación de élites. Pero la historia ha demostrado, mucho antes que el propio Montesquieu lo dijera, que la concentración de poder conlleva una falta de control que es propicia al autoritarismo. Podríamos decir que existe un paralelo de la Ley Férrea de la Oligarquía de Michels, en el sentido de que si los partidos tienden a burocratizarse, los movimientos antipolíticos tienden al autoritarismo. Como aquella, se trataría de una ley general innegable, con excepciones también innegables.

Esta última afirmación puede suscitar una enconada controversia por parte de

quienes ven en la antipolítica una forma sana de acabar con la corrupción, de hacer política sin políticos corruptos. El ejemplo más recurrido de estos defensores de la antipolítica sería el de Antanas Mockus, quien ostentó el segundo cargo político en importancia en el país por elección popular, la alcaldía de la Capital, y quien figuró durante un tiempo en primer lugar entre los favoritos para el sillón presidencial. Mockus es el ejemplo más sano de líder antipolítico que no parece creer en los partidos políticos, aunque como sostiene Horacio Godoy, prácticamente fue su pinta, actitudes e ideas antipolíticas las que le dieron la popularidad y no sus cualidades personales.

Los antipolíticos como Mockus aparentemente nunca podrán crear un partido. De

hecho, como sostuvo Paul Bromberg, siendo miembro de su equipo de gobierno,

Mockus no intentó crear en ningún momento un movimiento político para su campaña “y evidentemente tampoco existe tras la actual administración algo que se le parezca”. Pero paradójicamente el propio Bromberg reemplazó como Alcalde a Mockus cuando este se lanzó a la Presidencia, asegurando a todos que el Alcalde había dejado un equipo muy bien consolidado para continuar su programa. Y en gran medida así fue.

Evidentemente si Mockus representase la antipolítica que emerge en Latinoamérica,

la situación no sería tan preocupante, aunque sobre el ambiente pesa un gran interrogante respecto a la capacidad que tenga el alcalde bogotano de hacer gobierno, local o nacional, reclutando élites por fuera de un partido político. En nuestro concepto, la objeción a este tipo de antipolíticos sin partido es diferente a la que puede hacérsele a los antipolíticos estilo Fujimori. Un "outsider" como Mockus no es un político autoritario, por más que sus detractores lo afirmen, e incluso el mismo lo confiese. El autoritarismo peligroso para la democracia es el que pasa por encima de las leyes, y no la actitud un tanto terca de un político que al no tener compromisos no tiene que ceder a las negociaciones.

Otra cosa bien diferente es aceptar que el político independiente tiene un grave

problema para constituir equipo de trabajo y una cautela por momentos excesiva, que repercute en su eficacia decisoria, pero sobre todo en su eficiencia. Tal es la principal acusación que se la ha hecho al ex-alcalde Mockus en infinidad de artículos. En nuestro concepto, sin unas élites reclutadas a través de un partido, es difícil que pueda llevarse a cabo un programa de gobierno coherente, y este también debe provenir en alguna medida de los debates que se den al interior de los mismos.

Pero el antipolítico que pone en peligro la democraticidad del sistema, no es el que

falla por eficiencia, sino el que cuestiona la legitimidad del mismo precisamente en aras de la eficacia y la eficiencia, a las que suele identificar con gobernabilidad. Esta falsa inferencia requiere de un análisis específico, toda vez que en ella se fundamenta en gran medida la apología de una política sin partidos de corte bonapartista.

4. EL EFICIENTISMO POLÍTICO, ENEMIGO DE LOS PARTIDOS Y DEL

SISTEMA DEMOCRÁTICO. La gobernabilidad es la palabra que se ha utilizado en español para designar la

palabra inglesa "governance", con la que se pretende significar aquella acción de gobernar genérica que tiene una connotación positiva. La gobernabilidad se ha constituido en una de las principales preocupaciones-obsesiones, tanto de gobiernos como de analistas. En un buen número de países latinoamericanos, los gobiernos han enfatizado excesivamente en los últimos tiempos uno de los aspectos de la gobernabilidad, la eficacia (orientada hacia el desarrollo económico), en detrimento del otro, también sustancial, la legitimidad, lo que ha dado lugar al fenómeno de las democracias limitadas, que en último término son un obstáculo para la propia gobernabilidad.

Entendiendo por eficacia, según señala Linz: "la capacidad de un régimen para

encontrar soluciones a problemas básicos con los que se enfrenta todo sistema

político". Puede comprenderse que los gobiernos latinoamericanos hayan querido solucionar

el problema de la pobreza a través de una eficiencia excesiva, tendiente a buscar a toda costa el desarrollo económico. Pero en ese exceso se pone en juego la legitimidad, toda vez que se descuidan elementos básicos de la vida democrática, tales como la participación y el debate, que se supone se expresan en nuestras modernas democracias, según se expuso al principio, a través de la representación en los parlamentos, mediada por los partidos políticos.

Las medidas eficientistas o desarrollistas, se toman en aras de la gobernabilidad,

pero resulta que tanto la legitimidad como la eficiencia son elementos indispensables para el mantenimiento del sistema y en última instancia para la gobernabilidad, como bien lo expone Leonardo Morlino: "Cuando un régimen posee un bajo grado de legitimidad, el papel de la eficacia decisoria en la persistencia del régimen será más importante que en otros casos: bastarían pocos desafíos no superados para erosionar aún más unos niveles de apoyo ya bajos".

La gobernabilidad en concreto en Latinoamérica supondría igualmente, según afirma

Mayorga, la combinación de los dos factores: "el fortalecimiento de la legitimidad del sistema político y de las instituciones estatales, y el desarrollo de la eficacia de las políticas públicas, diseñadas e instrumentalizadas por el Estado".

La gobernabilidad en general y muy en particular en Latinoamérica, requiere

entonces que haya un equilibrio entre el ímpetu desarrollista de los gobiernos y su preocupación por obtener un apoyo permanente de la sociedad civil. La gobernabilidad estaría así asegurada, como sostiene Alcántara, "en la medida en que un gobierno pueda simultáneamente mantener la legitimidad y promover el desarrollo económico".

De este modo, la crisis de gobernabilidad de muchos países latinoamericanos está

centrada actualmente en el descuido de los gobiernos por impulsar la legitimidad, tras la democratización, en su obsesión por promover el desarrollo económico. El resultado de ello es la democracia limitada, que se dio históricamente en Colombia primero, pero que después se generalizó en la región.

Esta concepción eficientista de la gobernabilidad ha supuesto que en los países

latinoamericanos de reciente transición a la democracia se esté dando un fenómeno, compartido también por países de transición más antigua como Colombia y Venezuela, que rompe ese equilibrio entre la legitimidad y la eficacia. Este fenómeno consiste en la instauración de políticas económicas de ajuste, de carácter neoliberal, que entran en conflicto con el problema de la pobreza, el de mayor gravedad para la sociedad civil latinoamericana.

Todo ello ha dado lugar a que el fenómeno de la antipolítica de alguna forma se

combine con el auge del neoliberalismo, creando una atmósfera de tecnocratismo a ultranza, en el que por supuesto los partidos políticos y los parlamentos son vistos como obsoletas instituciones que no vale la pena reformar. Las democracias limitadas

en Latinoamérica, que se sustentan en gran medida en la debilidad de estas instituciones, que no permiten la toma de decisiones rápidas e incuestionables de crecimiento económico. Como sostiene Mario Sznadjer, respecto de las democracias limitadas en Latinoamérica: "Estas medidas encuentran en la democracia limitada, ejecutiva, eficientista, antiparlamentaria, a veces plebiscitaria, hostil al pluralismo político, un modelo que permite la convivencia de políticas económicas antimovilizantes e impopulares con un marco de democracia formal".

En este contexto de crisis de partidos políticos mundial, pero especialmente en

Latinoamérica, y con la alternativa ilusoria de una democracia participativa imposible o una peligrosa antipolítica eficientista, es en el que se sitúa el debate sobre la reforma de los partidos políticos en Colombia. Para algunos todo este esfuerzo por recuperar los partidos es sólo un deseo idealista de institucionalizar unos partidos de corte europeo en un país con partidos de corte norteamericano.

Pero como sostenía Lara Bonilla, la apelación a la estabilidad norteamericana en un

sistema de partidos débil es un sofisma, pues una democracia con doscientos años de gobiernos constitucionales puede sobrevivir a sus partidos, y no se puede decir lo mismo de Colombia.

Es por ello que la reforma de los partidos es una opción contundente por las formas

democráticas de gobierno, que permiten ese simple axioma democrático del que hablan los teóricos del tema: que las decisiones de gobierno se tomen por mayoría con respeto de la minoría, el cual no tiene un instrumento más adecuado de momento para la constitución de esas mayorías que la lucha en el Estado de Derechos entre los partidos políticos.

En el mismo sentido, los promotores de la reforma constitucional en Chile, por

ejemplo, han sostenido reiteradamente que "los partidos políticos son instrumentos esenciales en la vida de una democracia y especialmente en la generación de los poderes ejecutivo y legislativo".

Esta última posición parte del convencimiento de que el fortalecimiento de esos

partidos, y sobre todo su democratización, contribuirán al reforzamiento de la legitimidad del sistema, serán obstáculos para la instauración de democracias limitadas y reforzarán la gobernabilidad en un sentido no restringido al mero eficientismo económico coyuntural.

El debate está servido, y el país tendrá que ocuparse de él en los próximos años,

con independencia del éxito de las reformas propuestas y las crisis coyunturales. Se trata de un debate universal que excede nuestras fronteras e incluso la región latinoamericana y que por lo tanto requiere de un análisis de cuestiones politológicas de gran entidad, que en ocasiones son olvidadas entre interminables discusiones de corte parroquial.

No obstante, hecha la aclaración de que el debate debe incluir una reflexión

profunda sobre la democracia representativa, la transformación de funciones de los

partidos políticos y el peligro de la antipolítica eficientista, es necesario señalar que gran parte de la discusión en torno a la reforma de los partidos políticos en Colombia debe centrarse en la particular experiencia nacional de la crisis de los partidos. Un extremo es tan vicioso como el otro: pretender reformar los partidos en Colombia sin tener en cuenta la crisis de los partidos a nivel mundial o legislar sin considerar el desarrollo histórico de los propios partidos a los que se pretende reformar. La pregunta adicional y necesaria hace referencia a la ingeniería electoral, en el sentido de determinar si los partidos son o no variables dependientes, susceptibles de modificarse desde el Estado para obtener un determinado sistema de partidos, y muy especialmente cual puede ser la orientación y alcance de esas reformas en lo referente a la democratización interna de los partidos.

5. ALCANCES DE LA INGENIERÍA INSTITUCIONAL EN LA REFORMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

a. RELACIONES ENTRE LA VARIABLE PARTIDOS, SISTEMA ELECTORAL Y

SISTEMA DE GOBIERNO.

Los sistemas de gobierno, el sistema electoral y los sistemas de partidos. Los dos primeros se relacionan asimétricamente con el sistema de partidos, pues se considera que la variable sistema de partidos no es una variable institucional en sentido estricto, ya que no ofrece alternativas en ingeniería política, mientras que las otras si. Es decir, mientras que la decisión de los actores políticos y constitucionales define la elección de una determinada forma de gobierno o de un sistema electoral especifico, la concreción de una determinada configuración del sistema de partidos no depende de la decisión de los actores políticos o constitucionales sino mas bien de factores históricos y socioculturales que no admiten el mismo grado de intervención voluntario de los actores para su transformación. En conclusión, en el campo de la consultoría política o del diseño institucional, el espectro de intervención se restringiría solamente a la forma de gobierno y el sistema electoral, aunque la variable sistema de partidos dependería de las decisiones tomadas en lo referente al sistema electoral y de gobierno. No obstante el sistema de partidos también seria variable independiente, en la medida en la que sus características influyen en el proceso de conformación del orden institucional a tres niveles: la elección de una institucionalidad determinada, el comportamiento subsecuente y los efectos que surjan de las instituciones políticas elegidas. Así, la variable sistema de partidos es descrita como un vínculo entre la dimensión histórica y de las estructuras sociales por un lado y los factores institucionales por el otro. En síntesis, la variable sistema de partidos es pues una variable independiente en la medida que la causalidad es circular. Se parte de la premisa de Lijphart y Sartori de que los sistemas electorales poseen un significado decisivo para la estructura y dinámica competitiva de un sistema de partidos, pero se rechaza la concepción determinista.

En síntesis, en el complejo entramado de relaciones existente entre sociedad sistema electoral y sistema de partidos no es posible asignar unívocamente a cada factor el rol de variable dependiente o independiente. Por ello, el sistema electoral y de partidos pueden ser variables dependientes, cumpliéndose una especie de causalidad circular: la estructura de los sistemas de partidos es tan relevante para la elección del sistema electoral como este lo es para la estructura del sistema de partidos. A modo de conclusiones sobre cuestiones específicas, se sostiene que el sistema electoral puede incidir y mucho en la estructura del sistema de partidos, pero que es solo uno de los factores, siendo mucho mas importante la homogeneidad cultural, étnica, religiosa de una sociedad para determinar la estructura del sistema de partidos que el diseño institucional.

En síntesis, los sistemas electorales tendrán uno u otro efecto en los partidos, de acuerdo a las condiciones sociopolíticas concretas y por lo tanto no se acepta la visión de Sartori del sistema electoral como variable independiente. Aunque para Sartori también hay causalidad circular y multifactorial, la diferencia entre estos y los empírico-históricos es que para los primeros hay relaciones causa efecto determinables lineal y unívocamente en una serie dada de fenómenos, mientras que para los segundos dicha linealidad es solo una de las posibilidades.

b. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SU SIGNIFICADO.

La democratización interna de los partidos supone tal cantidad de requisitos previos,

que puede parecer absurdo hablar de su diseño específico prescindiendo de esos presupuestos. No obstante, utilizando el partido internamente democrático como un ideal-tipo, se puede avanzar en el señalamiento de instrumentos necesarios para el logro de la democratización interna, teniendo en cuenta que en la medida que estos aumenten habrá un mayor acercamiento a la forma deseada.

Así pues, nadie niega que la democratización interna de los partidos tiene como uno

de sus supuestos una cierta igualdad entre los partidos, un reconocimiento de los derechos de la oposición y un importante grado de adecuación del sistema electoral. Pero ello no significa que no se pueda de ir allanando parte del camino si no existen tales realidades. Aunque las democracias que hoy conocemos no fueron por decirlo de algún modo planificadas, lo cierto es que la sola consideración de los obstáculos que debieron superar para alcanzar su estado actual, sin duda hubiese desanimado al más audaz de los reformadores.

Del mismo modo que tratándose de la democracia en el Estado es ya de universal

aceptación el término "Poliarquía" o más bien el de "poliarquización", haremos una extrapolación del vocablo al funcionamiento interno de los partidos políticos. En adelante hablaremos del grado de poliarquización de los partidos, para referirnos al nivel de democracia interna que hayan alcanzado. A pesar de la operatividad del término hay que hacer sin embargo varias aclaraciones diferenciadoras, que además entran de plano en el centro de la cuestión.

En primer lugar, el reconocimiento de los derechos fundamentales en los Estados modernos no tiene en los estatutos de ningún partido del mundo un equivalente. Ni siquiera el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, en sus años de mayor euforia democrática, logró incluirlo en sus estatutos.

Esa primera diferencia, no hace más que subrayar el hecho de que la

democratización interna de un partido pasa por garantizar que los derechos fundamentales de los militantes se reconozcan, se ejerzan y sean defendidos al interior del partido. Ello supone que existan unas vías institucionales para ello, es decir, una organización diseñada para tal fin y unos procedimientos que obedezcan a principios preestablecidos y valores consensualmente aceptados. Dichos valores no pueden ser otros que los de libertad, igualdad, justicia, pluralismo, y los principios, los de información, transparencia, libre debate y circulación de los directivos.

A pesar de que dichos valores y principios han sido asumidos por los Estados y son

defendidos por la doctrina en lo referente al Estado, se da la gran contradicción de que, no solo de facto sino también teóricamente, no son aceptados al interior de los partidos. Gran parte de la doctrina jurídica y de la ciencia política, considera que los derechos fundamentales y la estructura democrático formal no se dan de igual forma en los partidos que en el Estado.

Según estas concepciones, en los partidos las garantías y derechos fundamentales

están limitados a una democracia procedimental, y en cualquier caso debe circunscribirse respecto de derechos constitucionalmente garantizados, pero siempre de acuerdo a la concepción ideológica del partido.

Como sostiene acertadamente Cárdenas García, no puede aceptarse esta limitación,

porque la concepción de la democracia debe ser integral y porque resulta incongruente sostener la democracia en la pura esfera pública y no en la semipública o en la privada.

Pero en segundo lugar debe señalarse que en el Estado la poliarquización supone

un reequilibrio entre los elementos autoritarios y los democráticos del sistema, en favor de estos últimos. En los partidos en cambio, la ausencia de un marcado perfil autoritario no supone necesariamente el reforzamiento de su símil democrático, pues puede significar simple atomización y casi anarquía.

En especial para el caso que nos interesa, el colombiano, esta aclaración es de vital

importancia. Mientras que en los partidos europeos la designación de candidatos y la elaboración de listas electorales corresponden a los partidos, en Colombia la situación es muy distinta. Como expone Pierre Gilhodes, "los partidos políticos colombianos, en particular los dos partidos históricos, son en su cúpula agrupaciones de notables, se hallan cohesionados por elementos culturales comunes, se activan en tiempo de elección y cuentan con estructuras mínimas y sin disciplina".

Más que esto, como sostiene Javier Sanín, "los partidos colombianos tradicionales

son en su núcleo maquinarias electorales regionales, extremadamente fluidas e indisciplinadas".

Por todo ello, la poliarquización interna de los partidos políticos colombianos puede

significar no sólo un proceso hacia una mayor democratización del sistema por la regulación de la actividad política partidista, sino que además puede conducir a una transformación positiva de esos partidos atomizados en organizaciones más disciplinadas. Con todo esto no se pretende convertir a los partidos colombianos en partidos de corte parlamentario estilo europeo, pero ello sí contribuiría a que tiendan hacia una mayor coherencia ideológica y programática, lo que de algún modo ayudará a superar el abstencionismo político y la consiguiente crisis de representación.

Así las cosas, y como conclusión meramente tentativa, debemos decir que una vez

se logre un consenso nacional sobre la democracia interna de los partidos (y también respecto de las demás propuestas de cambio), el paso siguiente será el de encontrar, también mediante una amplia y quizá prolongada deliberación, los mecanismos necesarios para lograr la implementación de esa norma reina, pero siempre teniendo en cuenta las particulares características de nuestro sistema político y de acuerdo a los objetivos específicos que se pretenden lograr al intentar modificar la dinámica política existente.

B. CRISIS DE LOS PARTIDOS COLOMBIANOS E INTENTOS DE REFORMA. 1. LA CRISIS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COLOMBIANOS. Un análisis de los partidos políticos colombianos excede esta reflexión o cualquiera

investigación que se haya hecho hasta el momento, puesto que dar cuenta de una realidad tan compleja requerirá de un esfuerzo colectivo de estudiosos del tema, que aún está por realizar. Sin embargo, sí es necesario situar la propuesta de reforma política en lo referente a los partidos en el contexto de su propia realidad histórica.

Es de general aceptación entre los analistas, que la capacidad de movilización

política de los partidos políticos se fue erosionando progresivamente desde la consolidación del Frente Nacional. La prueba más evidente fueron los altos índices de abstención que se presentaron en todas las elecciones en las que no participaron movimientos políticos por fuera del bipartidismo. El mecanismo que se ideó para salvar a los partidos de la mutua destrucción fue precisamente el que acabó con ellos en cuanto verdaderos, aunque sectarios, polos de movilización de la ciudadanía. Pero fue la modernidad la que afectó la naturaleza tradicional de los partidos, convirtiéndolos en canales formales de captación de las masas, enfrentándolos a un peligroso equilibrio que condujo a la Violencia y luego al mecanismo neutralizador del bipartidismo pactado.

La cómoda repartición burocrática de los cargos, fue cumpliendo el objetivo buscado

de desideologizar los partidos. Pero tras la desideologización vino la incapacidad y falta de voluntad de hacer programas políticos competitivos. Los partidos fueron perdiendo capacidad de cooptación y arrastre electoral entre grupos cada vez mayores de la población, especialmente entre sectores de menores ingresos.

Existe una íntima conexión entre la crisis del bipartidismo, la crisis de legitimidad y el clientelismo. La mayoría de los estudios sobre el clientelismo resaltan el hecho de que éste condujo a una apatía electoral que condujo a que solo voten quienes tienen interés en ello, y que los demás se abstuvieran, por lo menos en lo que respecta a las zonas marginales y las rurales. En este punto es en el que más insisten quienes denominan a Colombia como una democracia oligárquica en la que habiendo democracia formal los ciudadanos no tienen participación, pues mientras que en 1958 el 60% de los electores votaban para el Congreso, en 1968 sólo lo hacía un 31%, siendo el descenso similar respecto de la votación para Presidente: del 50% al 34%. Además, a pesar de haber aumentado constantemente la población urbana respecto de la rural, hasta sobrepasarla, los índices de votación seguían siendo inferiores en las zonas urbanas. Todo ello pareció indicar que "los partidos políticos tradicionales consolidaron su poder durante el Frente Nacional principalmente sobre una base rural que no representa los intereses o las necesidades de la mayoría de la sociedad urbana.

Así mismo, una investigación sobre participación política realizada en 1981 llegó a la

conclusión de que los partidos políticos no parecían ofrecer una alternativa real de participación al pueblo colombiano en el campo político. Pero es de señalar que aunque los bajos índices de votación parecen demostrar una innegable crisis de los partidos tradicionales, ello no significa que el pueblo colombiano esté despolitizado completamente, por cuanto la apatía electoral no supone una apatía política.

Suele señalarse el bipartidismo excluyente como una de las causas de la crisis de

los partidos políticos colombianos. Colombia es la excepción más notable a la tesis de que el bipartidismo conduce a la estabilidad. Linz, defensor de la estabilidad del bipartidismo, arguye que se debe al carácter presidencialista del sistema, y al hecho de que cuando hay una diferencia ideológica máxima entre los dos partidos y una competencia centrífuga, el formato de los partidos se deshace o se desata la guerra interna, como sucedió durante la Violencia en Colombia.

Habría que resaltar también que el sistema bipartidista rígido colombiano, a partir del

Frente Nacional, no es el bipartidismo clásico del que hablan los autores, pues para decir que hay auténtico bipartidismo, la alternación debe de ser sólo una posibilidad, una mera expectativa y no un hecho seguro, una alternancia pactada contradice el bipartidismo clásico al que usualmente se hace referencia. Así, el bipartidismo sui generis que se ha dado en Colombia no fue garantía de estabilidad, pues condujo a la quiebra del sistema en la década de los cincuenta, ni lo es desde el Frente Nacional, porque en su singular exclusionismo está gran parte de la explicación de la inestabilidad persistente.

El hecho de que los partidos políticos que se enfrentaron durante la Violencia, más

que partidos eran intransigentes subculturas políticas, condujo a que al desaparecer la lucha irracional, no estuviesen preparados para una confrontación democrática, y entrasen en crisis, pasando a depender de las prácticas clientelistas. La solución a la intransigencia de los partidos, el Frente Nacional, surgió tras la reanudación de la violencia y esa utópica ambición de Rojas Pinilla de sustituir un bipartidismo pujante y conflictivo. Y fue esta inercia pactada la que propició la crisis de los partidos.

El debilitamiento del bipartidismo llevó a que el sistema político del clientelismo

utilizara el Estado, fortalecido en varios aspectos a partir del Frente Nacional, para compensar la pérdida de control. A su vez, el clientelismo también contribuyó a aumentar la desconfianza en el sistema, debido a que las prácticas clientelistas que suponían el manejo poco riguroso de los recursos estatales condujo a una situación generalizada de corrupción administrativa. Aunque en diferentes niveles éste es un fenómeno propio de toda sociedad capitalista, en Colombia el comportamiento político fraudulento o sencillamente antiético en la administración pública, multiplicado y oculto en las brumas de investigaciones que muchas veces hacen parte de negociaciones clientelistas ha llegado a afectar un número alto de las decisiones estatales, incluso las de especial importancia. El problema es que este comportamiento contradice no sólo cierta amplitud de beneficiarios que debería existir en la sociedad civil con tales decisiones, sino incluso la racionalidad de reproducción del capital.

Al constituirse los partidos tradicionales en protagonistas exclusivos de la historia

política, la crisis política del bipartidismo se tradujo automáticamente en la crisis general del sistema político. Esto no ocurrió por primera vez a partir del desgaste de la fórmula frentenacionalista. Algunos autores sitúan el comienzo de la primera crisis del modelo oligárquico en Colombia en el momento en el que Ospina disolvió el Congreso.

Desde este momento entró en crisis el modelo oligárquico, pero no pudo ser

reemplazado con éxito por ningún modelo alternativo, aunque ciertamente existieron variadas posibilidades que resultaron fallidas. La instauración o más bien la reedición de la democracia oligárquica que se llevó a cabo mediante el Frente Nacional debe atribuirse en gran medida al fracaso de los intentos por crear un modelo alternativo. Los diez años de cambios de la década de los cincuenta fueron años de experimentos de nuevos modelos que se intentaron instaurar a partir de la ruptura de las clases dominantes, que supuso la crisis del modelo oligárquico. En primer lugar, el proceso revolucionario que a partir de la muerte de Gaitán parecía se estaba gestando, a juzgar por las transmisiones radiales, fue parcial y casi fantasmal. En el otro extremo, Alvaro Gómez se propuso el establecimiento de un modelo corporativista e intentó incluso reemplazar la Constitución para darle esta orientación, pero fue frenado por el golpe militar incitado por los partidos tradicionales, pues veían que en tal proyecto se estaban poniendo en peligro las bases oligárquicas y clientelistas en que fundaban su poder. Lo mismo sucedió con el intento del general Rojas de imponer un sistema por fuera de la lógica bipartidista.

El fracaso del bipartidismo ha radicado en su incapacidad para canalizar las nuevas

fuerzas sociales, debido en gran medida al clientelismo. Esta incapacidad comienza con el Frente Nacional, pero lo que realmente anuló la posibilidad de una oposición propia de la dinámica democrática fue el Acto Legislativo Número 1 de 1959, que consagró la alternancia presidencial, sin consultarlo al constituyente primario.

Mediante esta reforma constitucional postplebiscitaria se acordó que la presidencia

correspondería los primeros cuatro años a un candidato liberal, luego a uno conservador y así por dos períodos más. De hecho el Movimiento Revolucionario

Liberal (MRL), liderado por Alfonso López Michelsen, se opuso al Frente Nacional, al que consideraba como una treta de la oligarquía, y denunció en su primer manifiesto ese mismo año que se había modificado el sentido del pacto bipartidista y que se estaban poniendo en peligro las bases democráticas de la sociedad, al quitarle el carácter de transitoriedad a la situación pactada.

La reforma constitucional de 1968, que buscaba fortalecer el Ejecutivo para superar

la ingobernabilidad que se había creado con el sistema frentenacionalista de las mayorías calificadas, fue un elemento clave en la crisis del bipartidismo y de la legitimidad democrática, que a los pocos años se manifestó con claridad en el desánimo electoral. Los elementos negativos del Frente Nacional fueron o bien reeditados o incluso superados en esta reforma. Mediante la reforma del artículo 120 se mantuvo el pacto de repartir el poder bajo la fórmula de la participación proporcional. Por otra parte se le dio fuerza al clientelismo con el mencionado mecanismo de los auxilios parlamentarios. Pero además, el fortalecimiento del Ejecutivo no pudo ser posible sin el correspondiente debilitamiento del órgano Legislativo. Es una tendencia que ya existía, que se dio con mayor énfasis desde el Frente Nacional, y que se acentuó con la reforma de 1968.

La Constitución vigente a partir de 1968 dio al Presidente amplias capacidades

legislativas, aún en tiempos de normalidad: Poder para reglamentar leyes facultado por el Congreso, poder para dictar leyes previa autorización protempore del Congreso, poder para objetar las leyes aprobadas por el Congreso negándoles la sanción presidencial. Por otra parte, le dio el poder de libre nombramiento y remoción de sus ministros facilitando la negociación con el Congreso respecto de las leyes que el Presidente desea hacer aprobar, y que él mismo puede proponer. De hecho el país se ha habituado a que sea el Presidente quien proponga las leyes de mayor trascendencia y con mayor intención reformadora.

Más poder aún le confería al Ejecutivo la capacidad presidencial de legislar

indirectamente a través de los poderes extraordinarios, pues en la práctica el Presidente había sido quien había legislado basado en decretos dictados estando vigente el Estado de sitio. En las pocas ocasiones en las que se levantó el Estado de sitio, rápidamente se incorporaron por vía legislativa muchas leyes que teóricamente debían dejar de regir al retornar a una situación normal. Pero siendo la costumbre legislar sobre todo tipo de asuntos a través de esos decretos, tuvo que hacerse esto para evitar el vacío legal.

Para limitar de alguna manera el abuso de la figura de Estado de sitio, se creó en

1968 la figura del Estado de Emergencia Económica, limitado a 90 días al año, durante el cual también se podían expedir decretos con valor de leyes en materia económica. Aunque el propio Carlos Lleras, quien propuso la figura, ha insistido reiteradamente en el carácter coyuntural de la medida para conjurar crisis concretas, también mediante estos decretos se dictaron normas de carácter estructural, como reformas tributarias íntegras y en general a través de ellos se adelantaron programas de gobierno sin necesidad de consultarlos con el Congreso.

A raíz también de este fortalecimiento del Ejecutivo, desde el Frente Nacional la función del Congreso de promover reformas legislativas, disminuyó hasta el punto de poder afirmarse que el primer legislador del país no ha sido desde entonces el "Legislativo", sino el Presidente.Cuando la Constitución de 1991 le quitó este poder amplio al Ejecutivo, sin embargo, los gobiernos se vieron a gatas para reaccionar ante los problemas de orden público, hasta el punto de que no pocos han señalado como negativa tal disminución.

De cualquier forma, con posterioridad a 1991 el Gobierno siguió proponiendo los

principales proyectos y negociándolos en el Congreso. El efecto político más negativo de todo esto respecto del continuismo, ha sido el de que al reducirse notablemente la iniciativa del Congreso, los congresistas si no reciben nada a cambio se dedican a bloquear las reformas estructurales y mantener el status quo. En los balances que suelen hacerse de la experiencia política del Frente Nacional, los autores coinciden en señalar que al finalizar éste no se había avanzado en términos de democracia, y que por el contrario el régimen fue perdiendo en términos de legitimidad y de eficacia.

2. EL IRREDUCTIBLE CLIENTELISMO POLÍTICO, EL LASTRE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COLOMBIANOS.

El clientelismo es uno de los factores mas determinantes en la crisis de los partidos,

pero se trata de un fenómeno que se ha ido adaptando a las circunstancias cambiantes. De hecho, es una de las pruebas de la dinámica continuista, toda vez que ha resistido todos los intentos de neutralización, encontrando siempre la manera de seguir siendo el elemento fundamental del sistema político colombiano. Por ello merece un análisis separado, aunque conviene recordar, para retomar el tema del clientelismo en Colombia, que no es su existencia la causante de la crisis de legitimidad, sino la intensidad con la que se presenta, en un contexto de crisis de los partidos, crecimiento del Estado y modernización incompleta.

El intercambio de favores y demás por votos, de manera sistemática y pública,

poniendo en duda la legitimidad del sistema de representación, es lo que constituye una instrumentalización problemática y de fatales consecuencias, la cual se dio en tales circunstancias solo a partir del Frente Nacional. Pero como se expuso anteriormente, el clientelismo no es sólo producto del Frente Nacional, sino que muchos de sus elementos se fueron creando desde los intentos de cambio de la Revolución en Marcha y se consolidaron con la reforma de 1968. En primer lugar la captación de las grandes masas urbanas en las filas del liberalismo como mera masa electoral no deliberante, mediante el proceso de convocatoria y desmovilización explicado en el segundo capítulo, motivó al electorado para encontrar soluciones globales a los problemas sociales acudiendo a las urnas. Luego, el fracaso del impulso reformista de López dejó a estas masas sin otra posibilidad que la de aceptar los lineamientos políticos del partido, aunque su prioridad ya no fuera la democracia social sino impulsar el modelo liberal de desarrollo.

El otro momento culminante fue el Frente Nacional, cuando operó la despolitización

del régimen bipartidista, que dio lugar al nuevo clientelismo. Y este clientelismo que

hace posible el continuismo político es a la vez el que perpetúa, dentro de esa estabilidad institucional que sostiene, la inestabilidad política también crónica del sistema político colombiano.

Un posterior hito en la consolidación del clientelismo fue la reforma de 1968, que

creó mecanismos que contribuyeron a fortalecer el poder clientelista y restringieron el espacio político aún más. El principal mecanismo fue el de los mencionados auxilios parlamentarios, que permitieron a los congresistas disponer de cantidades determinadas del presupuesto nacional para adelantar obras concretas en beneficio de su clientela regional. Aunque también debe reconocerse que esta misma reforma significó un revés para los intereses clientelistas de los congresistas, pues le quitó la facultad al Congreso de autorizar obras públicas.

En Colombia el clientelismo no es solamente un factor más de política, sino el

articulador mismo del sistema político, y de ahí la gravedad de su acción corrosiva. Por ello, conviene intentar definirlo y describir cual ha sido su evolución a partir de los cambios estudiados, así como la manera como opera y muy especialmente las consecuencias que en términos de inestabilidad y continuismo ha generado en el régimen político colombiano.

El clientelismo puede ser definido, como el conjunto de relaciones de intercambio de

prestaciones y contraprestaciones entre quienes a falta de recursos, garantizan su fidelidad política a terceros debido a su poder político, económico o social. Pero también puede ser visto dicho intercambio en sentido inverso: "Una forma de intercambio personal que implica una larga amistad instrumental en la cual un individuo de más status socioeconómico (patrón) usa su propia influencia y recursos para proporcionar protección y/o beneficios, a una persona de menos status (cliente), quien a su vez, corresponde ofreciendo apoyo y asistencia general, que incluye servicios personales al patrón". Mas allá de estos conceptos y de los que se sintetizarán a continuación, no existe algo que pueda llamarse una teoría del clientelismo propiamente dicha. Si ha habido una serie de obras referidas al tema, estas solo se dieron al microanálisis, pero a partir de los años cincuenta comenzó el microanálisis del clientelismo, aunque no estrictamente dentro del campo de la Ciencia Política, y en Colombia, donde su importancia es trascendental, existen escasos análisis dedicados concretamente al tema y otros pocos que se ocupan de el tangencialmente.

En Colombia, a pesar de que el clientelismo ha sido un tema muy discutido en las

épocas de elecciones, al parecer sólo llegó a la opinión pública en 1975, cuando Carlos Lleras Restrepo denunció que la satisfacción de las necesidades públicas era permanentemente desplazada en beneficio del clientelismo político. En 1981 sus palabras fueron más contundentes, pues lo describió como una de las formas patológicas que afectan la democracia. No obstante, este tipo de denuncias no iban dirigidas contra el sistema político como tal, sino contra determinadas personas y grupos políticos, y en consecuencia el clientelismo fue considerado mucho tiempo como un "epifenómeno de ocurrencia particular e individual en el cual la sociedad no cuenta mayormente". También es frecuente aún restarle importancia al considerarlo como un fenómeno universal, un vicio inherente a la política". Según Leal Buitrago,

esta exoneración del sistema fue la que impidió la comprensión adecuada del problema. Para el autor, no es que haya clientelismo en Colombia, sino que "el sistema colombiano ha llegado a ser el sistema político del clientelismo".

El clientelismo es concebido por autores como Edgar Reveiz como una de las

formas que reviste el tradicional sistema de cooptación, heredado del régimen de concesiones en que se basó la conquista. Sistema que así reeditado "se ha convertido en sustituto imperfecto de la seguridad social y de la prestación de bienes públicos por parte del Estado". Pero en estricto sentido, el origen de lo que se ha denominado el clientelismo moderno se sitúa a partir del Frente Nacional, puesto que hasta entonces el crecimiento de las ciudades fue relativamente modesto, pudiéndose reproducir el viejo sistema sin dificultades.

Para la mayor parte de los autores, el clientelismo, en sentido moderno, es no sólo

propio de este período sino un elemento central del sistema frentenacionalista. Pero fue al finalizar el período frentenacionalista cuando se consolidó claramente el nuevo clientelismo y se vio la debilidad del antiguo sistema. Concretamente en las elecciones de 1970, los "jefes naturales" fracasaron en su intento de imponer una candidatura única, frentenacionalista, para derrotar a Rojas, por lo que su poder unificador y legitimador del bipartidismo decayó a partir de entonces, y más bien fue la jefatura nacional la que pasó a depender de los mecanismos clientelistas regionales sumados. Con López Michelsen, en 1974, se presentó un especie de transición, pues todavía dependió para las elecciones y para gobernar de la imagen de jefe natural del liberalismo y a la vez se valió de las clientelas políticas regionales. Ya fuera del período estudiado, se hizo clara la consolidación definitiva del clientelismo, en 1978, con el triunfo de Julio Cesar Turbay Ayala, quién llegó a la presidencia ascendiendo lentamente los escalones de la política nacional, gracias a su magistral y paciente manejo de la maquinaria clientelista. El elemento abstencionista se hizo claro a partir de estas elecciones, así como la vinculación entre la pérdida de legitimidad y el sistema clientelista.

No obstante, el Frente Nacional sólo fue el factor político de la crisis, pues el factor

económico coadyuvante de la expansión industrial de la segunda posguerra, también fue determinante. A partir de entonces la migración a los grandes centros urbanos y el crecimiento de los mismos con amplias zonas marginales, modificaron las relaciones clientelistas. Pero además, con la expansión económica, el Estado se vio fortalecido y tuvo capacidad para asumir la prestación de determinados servicios públicos y aumentar la cobertura de la asistencia social. A su vez, este cambio incidió directamente en la estrategia partidista, en el sentido de acelerar el proceso de identificación de intereses y de programas entre los dos partidos. El desarrollo capitalista fue un factor importante para la consolidación del clientelismo, puesto que se multiplicaron las posibilidades presupuestarias y aumentó la influencia política de los gobiernos sobre la economía.

Antes del Frente Nacional, el clientelismo en el sentido moderno también se daba en

alguna medida, pero estaba limitado por la escasez de bienes y servicios de que disponía el Estado para ser usados como moneda de pago del apoyo electoral. En su

lugar estaba el apoyo fanático y casi religioso por el partido al que se pertenecía. El capitalismo fue dejando atrás la sociedad rústica, agraria, atrasada y dominada por relaciones de servidumbre, haciendo posible la paulatina desvalorización de la ideología partidista, pero ese mismo capitalismo fue el que hizo que se ampliara la cobertura del Estado, y que la filiación partidista se hiciera necesaria para hacerse beneficiario de ella.

El fenómeno que interesa al análisis de la política contemporánea colombiana, y

concretamente a la hipótesis del continuismo, es el moderno clientelismo. El viejo clientelismo, anterior al Frente Nacional, que es más bien un caciquismo o un patronazgo, estaba ligado a una situación particular, a unas condiciones de atraso propias de una organización precapitalista, de relaciones mercantiles incipientes, limitado mercado interno e ínfima cobertura del Estado. Pero como bien se ha anotado, "en el clientelismo de hoy subsiste una dosis grande de atavismo. Es decir, se reproduce en buena medida el viejo tipo, en parte porque las antiguas condiciones sociales aún permanecen, aunque ya no de manera generalizada". Para algunos, justamente toda relación clientelista debe descifrarse a partir de su análisis como instrumento de poder de la clase dominante.

Conviene analizar cuáles eran las características del clientelismo tradicional, para

ver como se transformó hasta su forma actual. Eduardo Díaz señala tres características fundamentales del viejo clientelismo: El predominio de la lealtad personal no interesada, el carácter hereditario y vitalicio de la filiación respectiva y la configuración regional de la adscripción partidista. En cuanto a esta última, fue un hecho que regiones más o menos vastas fueran conocidas como claramente liberales o conservadoras. Respecto de la lealtad no interesada, parece ser que la incondicionalidad obedeciera precisamente a que las gratificaciones eran más bien de tipo emocional.

Aunque en ocasiones no se observa muy claramente como podía darse una

cohesión de tipo conceptual en un país donde en cada región la política era vista de una particular forma, la explicación está justamente en las "jefaturas naturales", o sea en el doble carácter del bipartidismo en Colombia, el nacional y el regional, claramente diferenciados .

A pesar del carácter endogámico de la élite política colombiana, el crecimiento de la

burocracia y el clientelismo en su moderna versión ha permitido el surgimiento de lo que se ha dado en llamar "clase política". La política clientelista, junto al deterioro de las antiguas autoridades supremas del bipartidismo permitió la movilidad social que hizo posible la creación de esta moderna clase política. Así, el liderazgo nacional de origen elitista fue reemplazado por los liderazgos regionales, respaldados por el clientelismo. No obstante, en el contexto colombiano el clientelismo tuvo finalmente un efecto centralizador, pero ello no significó la liquidación del clientelismo sino su reestructuración. Además, la élite política tradicional vinculada al poder económico siguió ocupando los cargos más importantes y fijando la pauta de comportamiento de la nueva clase política gracias al propio sistema clientelista. La democratización del ejercicio político profesional se vio limitada en la práctica por el carácter de clientelismo monolítico que no permite una rotación de los líderes en cada cambio de gobiernoy por

la persistencia del control elitista de la política. Lo que sí desapareció fueron las jefaturas naturales. Este proceso de

insubordinación comenzó a tomar fuerza cuando los jefes regionales se opusieron a Ospina Pérez en 1970, por querer imponer como candidato presidencial a Misael Pastrana Borrero. Fue la primera vez dentro del sistema político que se enfrentaban en una elección presidencial las clientelas regionales dominantes, con la tradicionalmente fácil decisión de los centros oligárquicos. Pero el agotamiento de las jefaturas naturales terminó desatando en el partido liberal una guerras interiores de tal magnitud, que hubo que imponer un jefe natural en las elecciones de 1986, para dar una apariencia de unidad en las elecciones.

También a nivel regional hubo cambios. Eduardo Díaz distingue cuatro niveles de

liderazgo en el moderno clientelismo, en el que se sitúan de manera descendente: El jefe político regional, los subalternos inmediatos del anterior, los funcionarios públicos de menor entidad, y por último, los líderes o capitanes o tenientes políticos.

Por todo lo expuesto, es un hecho que el clientelismo a partir del Frente Nacional

presenta características bien diferentes, pues el proceso de despolitización bipartidista hizo que se perdieran estos rasgos, con lo que se solucionó el problema de la violencia liberal-conservadora, pero se abrió camino a la crisis del régimen bipartidista, debido a la apatía política, al desánimo electoral y a la consiguiente crisis de legitimidad que dio lugar a la oposición antisistema armada. No obstante, para algunos autores el aspecto sicológico sigue en gran medida vigente en el moderno clientelismo, en lo referente a la identificación, aunque los especialistas en el tema lo consideran prácticamente inexistente, debido al carácter mercantilista que lo distingue del viejo clientelismo, este sí, claramente aglutinante por causas emocionales. Pero es claro que el clientelismo en su nueva versión también cumple una función simbólica e implica una identificación afectiva, que merece ser estudiada.

Debe reconocerse que ambos tipos de clientelismo tienen un factor común, el de que

no supone negociaciones interpares, toda vez que se trata de "una relación siempre asimétrica, que se apoya en la diferencia de poder entre las partes". Pero el clientelismo político moderno se diferencia claramente tanto del clientelismo económico, como del clientelismo tradicional. Lo que lo distingue de estas otras manifestaciones del fenómeno es la injerencia creciente del Estado. En Colombia, para obtener un nombramiento es necesario pertenecer a un grupo político específico, y para ascender o incluso conservar el cargo, es necesario estar comprometido con el jefe político del grupo al que se pertenece. Así, "El funcionario público es, antes que servidor público, representante dentro de la entidad en que trabaja, del jefe político que lo nombró y del grupo político al que se matriculó. El funcionario pertenece al jefe político". Con esta práctica se ha intentado compensar el deterioro del sectarismo partidista, en el que se apoyaba el sistema tradicional.

Con la ley de carrera administrativa de 1938, se intentó profesionalizar en alguna

medida la administración pública, pero según datos de 1988, de los 700.000 empleados de la administración pública, solo 120.000 eran de carrera. En el gobierno de Carlos

Lleras Restrepo se le empezó a dar importancia a los funcionarios técnicos, para impulsar la racionalidad burocrática en detrimento de la lógica clientelista. Pero esto le costó al Presidente la pérdida de sus clientelas y no pudo optar por la reelección.

El nombramiento de los funcionarios en razón de motivos clientelistas tiene

importantes consecuencias en términos de legitimidad y eficacia: quien dirige al funcionario y lo controla no es su superior jerárquico, sino su superior político, así que la racionalidad weberiana del aparato burocrático queda reducida a su mínima expresión. Pero lo que resulta más perjudicial aún para el eficiente funcionamiento de la administración pública, es que esta supeditación implica el compromiso no solo de adelantar las obras que puedan beneficiar al grupo al que se pertenece, sino de boicotear las de los demás grupos, sin consideración a conceptos de utilidad común, de donde resulta que la proliferación de obras inconclusas en la mayoría de los casos no obedece al agotamiento de los presupuestos, sino al manejo clientelista. El desarrollo social no ha podido ser promovido en Colombia debido a este fenómeno de la "fracasomanía".

El clientelismo no solo se nutre de la repartición de los cargos burocráticos que

existían, sino también de la creación de nuevos destinos. Ante la excesiva mano de obra que surgió de las transformaciones sociales que consolidaron el capitalismo, y con apoyo en la paridad burocrática obligatoria, los partidos tradicionales se dieron a la tarea de expandir al máximo la nómina del Estado para cumplir los compromisos clientelares. Este hipercrecimiento burocrático estaba en pleno auge al finalizar formalmente el Frente Nacional, pero diez años más tarde se estabilizó en unos niveles compatibles con el ritmo de modernización económica. Pero además, el beneficio del bipartidismo con la modernización del Estado no se limitó a la absorción burocrática, pues el clientelismo también hacía uso de cualquier control estatal, directo o indirecto, sobre cualquier clase de recursos, procurando igualmente su expansión. El clientelismo se nutre entonces, fundamentalmente, de la extensa gama de recursos que le proporciona el Estado, sin la cual no podría subsistir.

La maquinaria política del clientelismo funciona en términos domésticos como una

transacción comercial, en la que el pago a través del voto está diferido. Hay que agregar a todo este manejo, los fraudes que se cometen continuamente en el conteo de los votos o elaboración de las actas electorales para comprender, sumado el fenómeno de la abstención, la casi nula representatividad de quienes son elegidos en estas jornadas electorales, eufemísticamente llamadas "fiestas democráticas".

El manejo clientelar de los recursos que se ha descrito trae como consecuencia la

incapacidad del Estado para ampliar el radio de su acción, haciendo insuficientes los fondos públicos para encarar las grandes demandas sociales, a pesar de que el desarrollo capitalista aumenta considerablemente los recursos estatales año tras año. Pero más de la mitad de esos recursos se emplean exclusivamente en gastos de funcionamiento, y gran parte de los gastos de inversión se utilizan en manejos clientelares, o por lo menos con la lógica del clientelismo, abusando cada vez más del déficit fiscal.

Para una radiografía más completa del clientelismo debe tenerse en cuenta que, al lado del clientelismo burocrático, el carácter mercantil de la relación clientelar ha permitido la intensa utilización de dinero privado con similares propósitos de captación política, lo que supone una peligrosa dependencia a la hora de establecer políticas en las que se afecte intereses particulares concretos. Las elecciones han adquirido todo un carácter mercantil, en el que lo más destacado es la compraventa de votos, pues es en la compra de conciencias y en el transporte colectivo a los sitios de votación en lo que se invierte gran parte del dinero de las campañas.

Normalmente la financiación de las cada vez más costosas campañas sigue siendo

en principio de origen familiar, cuando es legal, como inversión en el prestigio social que supone un congresista en la familia. Pero es una inversión que también se espera recuperar en términos económicos, y esto sólo puede hacerse, como lo reconocen algunos congresistas, substrayendo beneficios del Estado.

La utilización de lo que en Colombia se ha llamado "dineros calientes", era una

fuente más de aprovisionamiento político para las elecciones, pero con posterioridad, en la década de los ochenta especialmente, la utilización por parte de los partidos políticos de dinero obtenido ilícitamente, sobre todo del negocio del narcotráfico, se hizo cada vez más evidente y visible. Muchos autores, al analizar la crisis de los años ochenta y principios de los noventa, señalan como factor fundamental la utilización por parte del narcotráfico de la vieja práctica del clientelismo para penetrar, gracias a su ilimitado poder económico, en todos los niveles de decisión política. La inclusión de dinero privado, de origen lícito o no, tiene de cualquier manera el objetivo de romper la equivalencia entre votos y control burocrático. De hecho el narcotráfico participó con relativo éxito en la vida política del país, hasta que debió marginarse a raíz de los magnicidios que perpetró contra altas personalidades políticas.

Otro de los soportes del clientelismo fueron hasta 1991 los auxilios parlamentarios.

Para mantener las clientelas regionales los congresistas disponían de una partida del presupuesto nacional de aproximadamente el 1% del valor total, para destinarlos a obras concretas en las regiones, a modo de auxilio de fomento. También se presentaba éste fenómeno a nivel de las asambleas departamentales y en algunos consejos municipales. Las comisiones de presupuesto de cada Cámara se encargaban de repartirlos entre los congresistas de acuerdo a su número por cada departamento, pero también con base en negociaciones privadas. Estos auxilios eran tan insuficientes y obedecen a criterios tan lejanos a la planificación, que sólo benefician al político con el que las gentes identificaban la obra realizada. Muchos de estos auxilios terminaban en entidades ficticias o simplemente eran captados para fines particulares. Con la eliminación de los Auxilios en 1991, la clase política clientelista perdió algo de su fuerza, aunque con la figura de los Fondos de Cofinanciación se ha burlado de alguna manera la norma preventiva. Por añadidura, estos fondos dependen en su mayor parte de entidades muy centralizadas como Planeación Nacional, Minhacienda y Presidencia, lo que los convierte en instrumentos de negociación del Ejecutivo.

Una de las formas delictivas que presenta el clientelismo en Colombia es el llamado

tráfico de influencias, que se practica en las democracias modernas en distintos niveles

y con variada intensidad. En Colombia sobre todo hace referencia a las licitaciones públicas y las contrataciones privadas, en las que se privilegia el interés privado por motivos políticos que van acompañados usualmente de sobornos a modo de comisión, y que se presentan en todos los niveles de la jerarquía administrativa. El producto económico de las apropiaciones delictivas de dinero público, como se mencionó atrás, muchas veces no va directamente al patrimonio del funcionario, sino que se destina a la reproducción del sistema clientelar mediante su utilización para la compra de votos.

El control clientelista ha tenido también una forma sutil de captación de líderes

populares tanto a nivel de sindicatos como de asociaciones campesinas. Daniel Pécaut en su obra sobre el sindicalismo en Colombia hace un seguimiento del nacimiento y evolución del movimiento sindical, en el cual expone como el sindicalismo, que nace del brazo del Estado, a pesar de sus corrientes radicales se ha mostrado frecuentemente permeable a la influencia del Gobierno en sus decisiones internas y por tanto a la negociación en general. Un ejemplo claro de ello fue la expulsión de los sindicatos comunistas de la CTC en 1958, ordenada por el Gobierno. En el campo igualmente, a los líderes rurales captados se les entregó la Organización Campesina.

Los grandes protagonistas de la política clientelar son fundamentalmente el

Presidente y el Congreso, aunque sus papeles son bien diferentes y suponen continuamente enfrentamientos que requieren negociación. Con el Frente Nacional el Congreso quedó constituido como el eje de la reproducción del sistema clientelar. Para lograr hacer aprobar la reforma de 1968 hubo que hacer concesiones que reforzaron el clientelismo. Además, al pasar la iniciativa legislativa prácticamente al Gobierno, y aumentar el número de congresistas así como el presupuesto del Congreso, la institución legislativa se convirtió en una empresa dedicada a la meticulosa labor de la repartición clientelista. Para mantenerse en el sistema, debe cuidarse el capital electoral y por ello la asistencia o participación activa en el proceso Legislativo ha quedado a un lado, siendo más importante recorrer municipios y manejar los hilos de la maquinaria clientelista.

El sistema frentenacionalista hizo posible que el bipartidismo se constituyera

nuevamente como el único mediador posible entre el Estado y los ciudadanos. Gracias al clientelismo, redefinido y ampliado, las demandas de estos ciudadanos sólo son atendidas en la medida en que puedan producir de alguna manera votos para la reproducción del sistema.

El sistema político ante la incapacidad del Estado de llegar más allá de los grupos

cuyas demandas sean políticamente rentables si se atienden, involucra en la maquinaria clientelista intermediarios pertenecientes a organizaciones no oficiales como la Federación Nacional de Cafeteros, que realiza obras por su cuenta en ciertas zonas, o como las acciones comunales, que suplen al Estado en las zonas deprimidas. Este tipo de prolongación atípica del Estado tiene efectos positivos a nivel de progreso, pero es ante todo funcional para las estructuras de dominación, pues legitiman el sistema en algunos sectores de la sociedad civil a donde difícilmente podría llegar la negociación clientelar.

A modo de conclusión general, debe señalarse como principal efecto político negativo del clientelismo, el debilitamiento del Estado. El clientelismo frenó el fortalecimiento de un Estado que se estaba ensanchando institucionalmente, y esto se debió fundamentalmente a la inexistencia de una oposición real y alternativa, por la convivencia parasitaria de los dos partidos en el poder. Al impedir el fortalecimiento del Estado, el clientelismo le ha impedido asumir el reto de la nueva organización social que fue creando el desarrollo capitalista. Además del debilitamiento del Estado, se han señalado como consecuencias políticas negativas del papel protagonista del clientelismo la confrontación con el Estado de quienes se sentían excluidos de los beneficios del clientelismo, el alejamiento de los partidos de los verdaderos problemas de la sociedad y el faccionalismo al interior de los partidos que fragmentó los intereses partidarios alejándolos de la política oficial, debilitando el Gobierno y potenciando la crisis.

Una de las consecuencias más negativas del clientelismo ha sido el hecho de que la

proliferación de las prácticas clientelares ha modificado la cultura política colombiana hasta el punto de exceder el ámbito de los partidos tradicionales en que se ha formado. Los partidos políticos en general, las guerrillas en sus zonas de influencia y especialmente el narcotráfico para captar simpatizantes en su guerra contra el Estado, han recurrido a las prácticas clientelares con frecuencia. Existe una general aceptación de que el clientelismo es una forma más de hacer política y hasta se ha llegado a considerar como una parte importante y necesaria de las relaciones sociales. Esta actitud constituye uno de los más grandes obstáculos para el proceso modernizador, pues contradice los presupuestos de una transformación de este tipo. Especialmente a partir de las inconmensurables ganancias del narcotráfico y dadas las condiciones de miseria generalizada, la práctica clientelista contaminó una gran parte de las relaciones sociales, modificando una serie de valores necesarios no solo para el desarrollo político sino incluso para la simple convivencia pacífica. Por ello, es evidente que toda reforma política sólo puede tener efectos prácticos si logra modificar de alguna manera esta cultura política del clientelismo, tan férreamente arraigada y tan extensamente difundida en la sociedad colombiana.

La Constitución de 1991 intentó de muchas formas poner coto al clientelismo, en

parte mediante inhabilidades, o bien eliminando los auxilios parlamentarios. Pero la habilidad de los políticos ha sido proverbial para adaptarse a las nuevas restricciones. Es justamente esta una de las características de la dinámica continuista, la conversión de las reformas de modo que resulten inútil. Un ejemplo evidente de esto ha sido la circunscripción nacional para el Congreso. Con ella se buscaba darle oportunidades a fuerzas políticas minoritarias, que podrían sumar sus apoyos electorales en todo el país. Teóricamente el Senado seria así una figura menos clientelista, al no depender del apoyo regional donde se da la negociación del voto. Pero no fue así. Como explica Fernando Cepeda, los barones electorales aprendieron a manejarla en su propio beneficio: “La representación senatorial se deformó y varios departamentos perdieron su representación en el Senado. La idea es buena, su aplicación ha sido deplorable.

El clientelismo, que desprestigió al régimen y debilitó al Estado, se constituyó en

un obstáculo a la modernización política que la transformación económica y social

estaban exigiendo. Paradójicamente, el clientelismo, al hacer posible el continuismo político, es al mismo tiempo el responsable de la permanencia de las instituciones formalmente democráticas y de la inestabilidad crónica que padece el país.

3. EL INTENTO DE REFORMA DE LOS PARTIDOS EN 1991.

A pesar de que los partidos políticos han sido determinantes en la historia política del

país, los intentos por institucionalizarlos han sido débiles y tardíos. Los partidos Liberal y Conservador, que han dominado la política colombiana durante mucho más de un siglo, sólo estuvieron legitimados en 1985 para solicitar al Estado personería jurídica.

En 1990, los firmantes del Acuerdo Político que hizo posible la convocatoria de la

Asamblea Nacional Constituyente se dieron cuenta que era necesario derogar la prohibición constitucional decimonónica que prohibía las "juntas políticas populares de carácter permanente", e institucionalizar los partidos políticos, así como estudiar la posibilidad de hacer obligatoria la democratización interna de los mismos. Pero la reforma de los partidos políticos es un tema que quedo aplazado en la Constitución de 1991.

Aunque son muchas las temáticas que involucran a los partidos y que deben ser

debatidas, una en especial es la que concentra mayor atención por su trascendencia: la democratización interna de los partidos. Mientras que el artículo 103 faculta al Estado para reglamentar a las asociaciones cívicas, sindicales, comunitarias, etc., para que constituyan mecanismos democráticos de representación, el artículo 108 le prohibe establecer exigencias en lo referente a la organización interna de los partidos políticos.

Esta incongruencia opera en favor de la primera norma citada, y ello puede

deducirse del proceso que tuvo la segunda en la Constituyente. Como claramente lo ha expresado la doctrina, fueron tantos los factores que podrían haber afectado las votaciones, que debe analizarse con cuidado el proceso que tuvo la aprobación de cada norma antes de poder afirmar que la Asamblea Constituyente tenía tal o cual concepción sobre un punto específico. La norma sobre democratización de partidos es el más claro ejemplo de ello.

El texto que no fue aprobado en el artículo 107 hacía una clara referencia a este

tema: "Los partidos y movimientos políticos deben ceñir su actividad a estatutos que

garanticen el respeto a la Constitución y a las leyes y la participación democrática de sus adherentes en su vida orgánica y política y en la escogencia de sus dirigentes y candidatos."

Pero de la no aprobación de esta parte no puede inferirse que en la Constituyente

existía una rotunda negación a su contenido. Como han insistido los analistas constitucionales, cuando un artículo no fue aprobado no se puede inferir que la Asamblea se pronunció en contra.

El texto citado no fue aprobado, pues en la última votación, que fue secreta, obtuvo 36 votos afirmativos, 20 negativos y 7 abstenciones. La Constituyente no fue pues tan rotunda en la negación de la norma, como sí lo fue Alvaro Gómez Hurtado, quien presionó vehementemente la no aprobación de la misma.

Como sostiene Jaime Buenahora, "infortunadamente el constituyente sustrajo la

posibilidad de establecer exigencias en cuanto a la organización interna de los partidos con el sofisticado argumento de que ello atentaría contra la democracia. Conociendo la estructura de los partidos políticos colombianos, lo pertinente era dejar abierta la vía legislativa para impulsar su democratización interna".

Fue por ello que, cuando la Ley 130 de 1994 consagró inicialmente la democracia

interna de los partidos y movimientos políticos, la Corte Constitucional, en la sentencia C-089 de 1994, la declaró inexequible, con lo que quedó claro que era necesario volver a reformar la Constitución Política para poder introducir en Colombia la democratización de los partidos y movimientos.

Pero lo cierto es que, salvo esta y otras excepciones, la Corte Constitucional declaró

exequible la Ley 30 de 1994, con base en el artículo 152 de la Constitución, que permite al Congreso regular el régimen de los partidos. Para ello, señala Eduardo Pizarro, debió recurrir a innumerables malabarismos intelectuales, pues fue necesario conciliar lo irreconciliable, un artículo que prohibe la reglamentación y otro que la ordena. 4. LA REFORMA DE LOS PARTIDOS EN EL PROYECTO DEL GOBIERNO

SAMPER. El debate se reabrió cuando el 5 de mayo de 1995, el entonces Presidente Samper

en el acto de clausura de un encuentro latinoamericano sobre democracia en Cartagena, se refirió a la crisis en el sistema de representatividad a nivel mundial y señaló cual era a juicio de su gobierno, el paso siguiente a la reciente reforma constitucional, para ampliar la participación política en Colombia:

"La constitución de 1991 abrió las puertas de la participación política, pero fue muy

tímida en la reglamentación de los partidos. Nos quedamos con el pecado y sin el género del nuevo esquema. Mi gobierno considera básica una reforma de los partidos para consolidar los espacios de participación abiertos por la nueva constitución".

El entonces gobernante anunció la necesidad de una nueva reforma que surgiera de

un consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso y los voceros de la denominada sociedad civil. De allí surgió la idea de convocar una comisión que estudiara diversos temas propuestos por el Gobierno, antes de pasarlos a la consideración del Congreso. En ella participarían tanto miembros del órgano legislativo como personajes del mundo universitario y representantes de los gremios económicos y de los sindicatos, entre otros. Fue así como el nueve de mayo siguiente, el gobierno creó mediante decreto la Comisión para el Estudio de la Reforma de los Partidos Políticos.

A esta Comisión se le señaló, entre otras tareas, la de realizar un diagnóstico sobre

la situación de los partidos políticos en Colombia, proponer las modificaciones tendientes a lograr la modernización de los mismos e identificar las áreas en las cuales se deben realizar acciones tendientes a su democratización. Las sesiones de la Comisión de Reforma se caracterizaron por un interesante y fructífero diálogo entre los académicos y los personajes de la política que hacían parte de la Comisión.

Los temas más debatidos, en lo que respecta a los partidos políticos, fueron

justamente la imposición constitucional de la democracia interna al interior de los partidos y de la obligación de hacer oposición, además de la prohibición de la doble militancia, y la racionalización en la concesión de avales por los partidos.

En especial el tema de la democratización interna de los partidos fue uno de los

más controvertidos. Dentro de los mismos representantes de los partidos liberal y conservador existían puntos encontrados al respecto, lo cual hizo necesario un pronunciamiento oficial, mediante sendos comunicados, que diferían abruptamente entre sí, pues el Partido Conservador no era partidario de la norma, en tanto que el comunicado del Liberal finalmente la aceptaba. Es de señalar que tanto en uno como en otro partido hubo amplia discusión antes de aceptar la propuesta, pero finalmente, y con la aprobación de los dos partidos y de todos los demás miembros de la Comisión se aprobó sin reservas el siguiente enunciado:

"Modificación del inciso número 2 del artículo 108 de la Constitución Nacional en el

siguiente sentido: Los partidos y movimientos políticos tendrán una organización interna democrática.

Mediante procedimientos democráticos y participativos escogerán los organismos de dirección y sus candidatos a cargos de elección popular.

Con igual empeño se trabajará por parte de los signatarios de este acuerdo porque

en la Ley Estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos, se determinen los mecanismos y procedimientos que hagan efectiva la democratización de los partidos y movimientos políticos."

Basándose en las propuestas de la Comisión de Reforma Política, el Gobierno

redactó un Proyecto de Acto Legislativo, un Estatuto de la Oposición y un Proyecto de Ley sobre Financiación de Campañas Electorales. La norma escueta, que finalmente el Gobierno presentó en su Proyecto de Acto Legislativo al Congreso, reza:

"Los partidos y movimientos políticos deberán tener una organización interna

democrática. Sus órganos directivos y la escogencia de sus candidatos a las elecciones se hará por votación interna".

Aunque esta es, digámoslo así, la norma reina, de las propuestas por la Comisión,

también se sugirieron normas para evitar la doble militancia y el abuso de los avales, con el objetivo de combatir la "operación avispa" o lucha por las curules a través de los

residuos, así como otras prácticas antidemocráticas. Igualmente, la Comisión propuso una serie de normas sobre oposición política,

algunas de las cuales se incluyeron en el Proyecto de Acto Legislativo y otras en el proyecto de ley sobre Estatuto de la Oposición presentado al Congreso. La principal de estas normas obliga a los partidos, movimientos o coaliciones políticas que ganen en la elección presidencial a asumir la responsabilidad política de gobernar con su plataforma programática, y a los perdedores a hacer verdadera oposición. Otras normas sobre oposición propuestas, señalaban que el Procurador y el Contralor debían ser elegidos por mayoría calificada del Congreso en pleno, de cinco listas presentadas por las bancadas de oposición, y las demás normas iban dirigidas a ambientar el esquema Gobierno - Oposición tanto a nivel nacional como regional.

Los acontecimientos políticos posteriores a la presentación en octubre de 1995 de

estos proyectos al Congreso, relacionados con la campaña presidencial del Presidente, eclipsaron totalmente el debate nacional sobre dichos temas y abortaron la discusión parlamentaria sobre los mismos. Contra la transparencia de este debate “obró cierto desconocimiento del proceso histórico colombiano que llevó a la situación de crisis y una persistente tendencia a sobrevalorar los aspectos periodísticos y más coyunturales de las reformas.”

Se puede decir que de algún modo la propuesta de democratización de los partidos

quedó más bien ante la opinión especializada como un sofisma de distracción para ocultar intereses contrarreformistas del Gobierno, urgido de recuperar el poder que la Constitución le quitó al Ejecutivo. Pero no todo fue blanco y negro en este tema, pues efectivamente el Gobierno parecía dispuesto a defender esas normas modernizadoras en 1995, aunque evidentemente la difícil situación en que se encontró a partir de las declaraciones del director de la campaña presidencial, le impidieron poner todo su empeño en una causa que para triunfar requiere un gran consenso nacional.

También es cierto que el posterior viraje del Gobierno en 1996, proponiendo una

reforma con claros tintes antireformistas, pero manteniendo el tema de la democracia interna de los partidos, acabo de quitarle toda legitimidad a esta cuestión y ganó muchos enemigos contra las causas defendidas por la Comisión, como lo demuestra la vehemencia de sus críticos. Desafortunadamente este viraje del Gobierno, cualquiera que hubiesen sido sus causas y a pesar de que luego lo corrigió dejando hundir el proyecto en el Congreso, creo un dilema más para Colombia: “Reformofobia o Contrarreforma”, el cual debe resolverse a favor de intentar la reforma pero vigilar para que no se incluyan elementos antireformistas.

De cualquier forma, la misma crisis política ha demostrado que la actividad de los

partidos y de los candidatos es un tema que quedó débilmente regulado en la Constitución. El desprestigio de los congresistas, que salió a flote a raíz del juicio al Presidente en la Cámara de Representantes, por la difusión de encuestas al respecto en los medios de comunicación y por cientos de artículos periodísticos, han terminado de poner en jaque a la clase política, y con ella a las instituciones partidarias.

Es indiscutible, que si bien no se le pueden dar demasiadas ilusiones a los colombianos respecto de los alcances de la ingeniería institucional, la realidad ha demostrado la necesidad de repensar las normas vigentes, pues cuando entró en vigencia la Ley 30 de 1994 o Estatuto Básico de los Partidos, ya se habían celebrado las segundas elecciones postconstituyente para el Congreso, con el resultado por todos conocido de una marcada hegemonía liberal y la desaparición del M-19 como tercera fuerza política.

Las expectativas creadas por la Constitución respecto a nuevos espacios de

participación fueron duramente contrastadas por una realidad bien diferente: la atomización de los partidos tradicionales, la proliferación de grupúsculos políticos sin capacidad de protagonismo, y una abstención electoral en aumento. Como señala Fernán González, los desarrollos ulteriores a la actual Constitución evidenciaron que la crisis era mucho más profunda, los partidos se mostraron fragmentados, sin unidad programática ni disciplina interna y las nuevas fuerzas manifestaron un comportamiento político muy similar al de los partidos tradicionales.

Pero lo más preocupante de la realidad postconstituyente es, como sostienen

Gabriel Murillo y Rubén Sánchez, "que los partidos políticos se han atomizado en fracciones y movimientos que, lejos de proponer proyectos de sociedad y de integrar intereses dispersos, se han entrabado en confusas luchas para mantenerse el control del sufragio".

Ahora es más que evidente la opción modernizadora, y en ello el Estado tiene aún

un papel importante que jugar, pues, como sostiene Manuel Garretón, "al contrario de lo que afirman ciertas tendencias neoliberales de derecha, centro e izquierda, en esa combinación de modernización y democratización sociales, no podrá prescindirse del fortalecimiento del papel del Estado como agente de ambos procesos". Pero a pesar de la evidencia, aun se escuchan voces que ponen en duda la necesidad de reformar los partidos políticos. Voces que se apoyan en visiones catastrofistas de la crisis de los partidos a nivel mundial, o que se excusan en la esperanza de una presunta democracia participativa que sobrevendrá como por arte de magia con el fin del milenio.

Aunque reconocidos constitucionalistas interpretaron negativamente aquel primer

intento de reforma del Gobierno Samper, el asunto fue retomado por el Gobierno Pastrana en el Proyecto de Acto Legislativo de 1998. Pero como suele suceder con otros grandes temas nacionales, el debate sobre la reforma de los partidos políticos en Colombia, puede llegar a convertirse en un mero intercambio de opiniones personales y partidarias sobre la estructura de nuestro sistema de partidos. Una rápida revisión de lo que se ha escrito durante los últimos 15 años sobre la reforma de los partidos políticos en Colombia, revela que no sólo los problemas son viejos, sino también las soluciones. Pero ello no hace más que resaltar la necesidad de avanzar en esos proceso de democratización a pesar de los obstáculos y fracasos. No obstante, muchos descartan tal necesidad de reforma, difundiendo lugares comunes sobre la crisis de los partidos y la crisis de representación, que posiblemente confundan a la ciudadanía, y quizá también a la opinión pública especializada.

5. LA REFORMA DE LOS PARTIDOS EN LA PROPUESTA DE PASTRANA. Con la elección del candidato de la coalición Gran Alianza por el Cambio el tema de la guerra y la paz fue el centro del debate institucional. En este aspecto el gobierno del presidente Pastrana se comprometió con una Reforma Política que traduciría en transformaciones del sistema político el descontento social y la inestabilidad política que vivía el país. Como se expuso en el capítulo correspondiente, este compromiso para con candidatos independientes como Ingrid Betancourt y del Partido Liberal como el propio Martinez, llevó al gobierno a embarcarse en una serie de propuestas de cambio político como tema fundamental en la agenda legislativa desde el segundo semestre de 1998. El país que encontró la Reforma política propuesta por el Gobierno Nacional fue un territorio dominado por la polarización, la incertidumbre y el conflicto armado interno en su máxima expresión. Elisabeth Ungar afirma que “la Reforma se desarrolló en un estado de afán de un sector de la misma clase por tomar distancia política de la corrupción y reconquistar alguna legitimidad antes que los alzados en armas entraran a disputársela”. La necesidad de reconstruir el tejido social e institucional, de llegar a consensos reales dentro de los marcos del Estado y un progreso social y político a favor de una paz duradera, fueron en principio los objetivos planteados por los defensores de la Reforma, entre ellos el Ministro del Interior Nestor H. Martínez. El planteamiento en torno a los partidos políticos giró en torno a la necesidad de su organización, democratización y modernización en la búsqueda de un sistema político menos excluyente y más participativo. Al menos a ese acuerdo se había llegado en las negociaciones de la Casa Medina. Las bases del proyecto en el tema de partidos se desfiguraron considerablemente en su paso por cada sesión en la Cámara. Así, a medida que transcurría el tiempo, cada vez la Reforma era más la sombra de la Reforma propuesta en principio, hasta el punto de que el debate en torno a los partidos se limitó casi solo al tema electoral, y en el mejor de los casos el debate quedó “abierto”. Efectivamente, en el caso del artículo 108 que trata de los Partidos Políticos, el sistema electoral y los votantes, como bien señaló en su momento Juan Martín Caicedo, “el texto que recibió la Comisión Primera del senado era pálida sombra del originalmente pactado por las fuerzas políticas: a cada norma bien intencionada le colgaron su excepción nefasta”. Veamos como fue ese proceso. En primer lugar se planteo, que con el fin de reafirmar el carácter ideológico de los partidos y movimientos políticos, disciplinar su acción en temas de la esencia programática e ideológica y al mismo tiempo propender por su democratización interna, el proyecto modificaba el régimen de partidos y de postulación de candidatos, y fue así como se propusieron las siguientes normas:

" *La organización de los partidos estará basada en un esquema democrático que debe reflejarse en sus estatutos. * Para promover la agrupación de las fuerzas políticas en partidos organizados, se establece que los partidos y movimientos políticos tendrán personería jurídica en una de dos categorías, nacional o territorial. El reconocimiento de las personerías jurídicas nacionales se hará únicamente con base en resultados electorales y en ningún caso por número de firmas. Para tal efecto se exigirá de acuerdo con la ley, tener un número representativo de elegidos en las corporaciones públicas y en cargos de elección uninominal, teniendo en cuenta la votación obtenida en su elección y siempre que esta última se haya logrado en un número determinado de departamentos. Con todo, se reconocerá la existencia de candidaturas presidenciales de movimientos de opinión a nivel nacional. * En el nivel territorial la ley establecerá requisitos mas flexibles con el fin de garantizar una línea de ascenso, que permita que de cumplirse con los requisitos legales, los partidos territoriales puedan acceder a la condición de partidos nacionales. La personería se mantiene hasta elección siguiente en ambos niveles. Con todo, será posible postular candidatos a nivel territorial mediante recolección del numero de firmas que establezca la ley. * Los partidos que tengan personería jurídica nacional podrán tener acceso a los medios de comunicación de carácter nacional, pudiendo avalar candidatos en los niveles nacional y territorial. * Con el propósito de preservar los fenómenos nacionales de opinión y en el evento en el que el candidato a la Presidencia de la República que se trate no cuente con el aval de un partido político nacional, su candidatura podrá ser inscrita conforme a un procedimiento especial. La ley señalara ese procedimiento, basándose en que se realicen sondeos de opinión que demuestren que el candidato en cuestión reúne por lo menos el apoyo del 5% de la intención de voto, sin contar el margen de error, del electorado registrado en el periodo anterior próximo a la inscripción de la candidatura. * Los partidos y movimientos en el orden territorial solamente harán uso de los medios de comunicación del orden territorial, pudiendo únicamente avalar candidaturas a ese nivel. * Con el propósito de permitir la creación de nuevos partidos nacionales en condiciones que garanticen su arraigo democrático, el proyecto permite la existencia de coaliciones de partidos regionales, que bajo ciertas condiciones, puedan llegar a convertirse en partidos nacionales, sin que ello implique la desagregación del sistema. * Los partidos y movimientos políticos existentes al momento de entrada en vigencia de la reforma constitucional, mantendrán su personería jurídica hasta la realización de las próximas elecciones territoriales. A partir de ese momento, su personería jurídica se mantendrá siempre que cumplan con los requisitos que se exigen para el nivel

territorial. * Solamente podrán otorgar avales para la inscripción de candidatos nacionales los partidos o movimientos políticos. En elecciones territoriales será posible inscribir candidatos mediante la presentación del numero de firmas que establezca la ley." En temas como la constitución y afiliación de Partidos y Movimientos Políticos, la propuesta se enmarcaba en la redefinición de los artículos 107 y 108 de la Constitución Nacional con el fin de reorganizar la participación política. Los artículos quedarían así: " *Articulo 107. Se garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar y desarrollar Partido y Movimientos Políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. Tambien se garantiza a las organizaciones sociales los derechos a manifestarse y a participar en eventos políticos e inscribir candidatos a cargos de elección popular, para lo cual deberán cumplir los requisitos que establezca la ley. Las Organizaciones Sociales y los Movimientos Cívicos deberán registrarse ante el Consejo Nacional Electoral. A partir de su inscripción y durante la respectiva campaña electoral, quedaran sujetos al mismo régimen previsto para los Partidos y Movimientos Políticos. * Articulo 108. Partidos políticos, sistema electoral y votantes. Solo la constitución determinara el régimen jurídico de los partidos y movimientos políticos, la organización de las autoridades electorales, así como los requisitos para la inscripción de candidatos y para su escogencia. Así mismo establece las reglas bajo las cuales se regulan las campañas políticas, el voto, la forma de asignación de curules en las Corporaciones Publicas, la composición del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y la organización de las bancadas de partidos." En cuanto este último artículo, el Gobierno Nacional tuvo que conceder diferentes puntos en contra de la “reforma inicial” con el fin de no dejar hundir el proyecto, cuestión ésta que hace pensar más en los intereses electorales de la reforma que en el verdadero propósito transformador del gobierno. Como sostuvo la senadora Piedad Cordoba, que había sido miembro de la Comisón de Reforma de Samper, la cual fue contundente en lo de democracia interna, el resultado final del articulo más importante no era alentador: “Con reformas como la del artículo 108 de la Constitución, los partidos mantienen su estructura y funcionamiento interno al margen de la participación amplia y plural, promoviendo así los fraccionalismos”. Así mismo para algunos analistas la Reforma Política en principio no fue un acuerdo negociado, que representara los cambios por los que atravesaba la estructura política del país y que dejaba pendientes otros problemas urgentes que afrontaba el país como

la crisis de la justicia, la crisis fiscal, la desigualdad social y el ordenamiento territorial. Esta reforma considerada por muchos como inoportuna, resultaba un proyecto electorero más que un verdadero cambio político durable, pues el acuerdo de la Casa Medina y otros consensos preestablecidos se desfiguraron finalmente en torno a cuestiones como la cifra repartidora, el umbral, el voto preferente entre otras propuestas, mostrando una reforma excluyente y sin la legitimidad necesaria para ser aprobada. Hernando Gomez Buendía lo expuso de la siguiente manera: “La Reforma Política son tres proyectos de Reforma, el uno limpia las elecciones, pero las complica, el otro le da enormes poderes a Pastrana, y el otro es un regalito para los congresistas que voten por la reforma” La necesidad de una reforma política implicaba pactos colectivos que pasaran del campo electoral y se constituyeran en conceptos programáticos entre partidos y/o facciones, que a su vez conformaran fuerzas sociales y políticas organizadas en el país. En el balance de la reforma sobre los partidos se descubre como siempre el intento de promover una reforma formal que reemplace el desarrollo de una estructura social de realidades, para finalmente intentar modificar ésta última a través de la norma. Pero como bien se sostuvo entonces, la democracia no se construye a través de formalidades, sino por medio de la participación y no en detrimento de ésta. Los analistas prefirieron no apostar por una reforma política de la que desconfiaban en su conjunto, a pesar de que en el tema de los partidos tuviese una o dos normas inicialmente sanas como la democracia interna de los partidos y la limitación de avales. El total de la reforma no pasó el examen de la mayoría y casi todos los artículos sobre el asunto se expresaron más o menos en los siguientes terminos en los que lo hizo el Tiempo: “La reforma Política es excluyente en el fondo y sin consenso en la forma...objeto de canjes burocráticos y compromisos políticos en lo tradicional y los gobiernos de turno”. C. LA REGULACION DE LA FINANCIACION DE CAMPAÑAS: ELEMENTO CLAVE PARA REFORMAR LOS PARTIDOS. 1. EL CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO. a. PRINCIPIOS Y NORMAS RESPECTO DE LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS Y

PARTIDOS. La financiación de las campañas electorales no sólo es una preocupación en

Colombia, es un tema de primer orden en la política latinoamericana y mundial, aunque hasta hace poco el debate era más bien escaso. La primera inquietud sobre el tema se

refería más a la financiación estatal de los partidos políticos que a la de las campañas. Se consideraba inapropiado que un baluarte de la llamada sociedad civil recibiera financiación del Estado.

Ahora se ha invertido la inquietud, en el sentido de que se considera peligroso para

la democracia una falta de control sobre el origen de los aportes privados a los partidos, y sobre todo a las campañas. El aporte estatal ya no se ve como un atentado a la autonomía de los partidos, sino como un garante de la transparencia de las actividades proselitistas en busca del voto. Por otra parte se le considera un instrumento para equilibrar esa contradicción que se ha creado entre el creciente influjo de la economía de mercado y las formas de representación de la democracia.

Los partidos políticos de hecho tienen tres fuentes de financiación posibles: las

cuotas de los afiliados, las donaciones de terceros y el capital estatal. La cuestión es determinar cuáles de ellas y en qué circunstancias deben combinarse, para favorecer una serie de principios que se considera deben regir las leyes de financiación. Existe cierta coincidencia entre los autores sobre cuáles deben ser estos principios:

1. El Principio de Igualdad entre las formaciones políticas. 2. El Principio de Transparencia. Tanto respecto de los fondos públicos como de los

privados. 3. El Principio del Control Efectivo. Tanto de la financiación pública como de la

privada, y tanto desde un punto de vista interno como externo, con la existencia de sanciones efectivas ante los supuestos de incumplimiento".

A estos principios, habría que agregar otros tres, que consideramos de trascendental

importancia para la situación colombiana, y que están incluidos en el proyecto del Gobierno:

1. Favorabilidad: las candidaturas de las minorías políticas gozarán de favorabilidad

para su financiación. 2. Proporcionalidad: los aportes estatales se distribuirán entre las diversas

candidaturas en forma proporcional a su caudal electoral. 3. Buena fé: se presume la buena fé de los partidos y movimientos políticos, de los

candidatos y de las autoridades. Complementariamente a estos principios generales, en cada país las normas sobre

financiación dependen fundamentalmente de la naturaleza jurídica que se le conceda a los partidos. Además el financiamiento público bien puede orientarse a los propios partidos para sus gastos de funcionamiento o las campañas, o a los candidatos. El cuadro general de la intensidad de la ayuda estatal a las campañas y partidos en Europa es más o menos el siguiente:

- Prácticamente no existe ayuda estatal o es indirecta en los países en los cuales los partidos no son reconocidos como personas jurídicas, tales como Bélgica, los Países Bajos, Irlanda o Dinamarca.

- Está muy restringido en países que, como la Gran Bretaña, los consideran sujetos

de Derecho Privado. - En cambio es muy común en los países en los que son reconocidos o mencionados

constitucionalmente, aunque sean considerados de derecho privado, como Suecia, Francia, Italia o Portugal.

- Incluso cuando no existe una ley que reconozca los partidos, como es el caso de

Grecia, se acepta la financiación pública. - En los casos de Alemania y España, donde son considerados incluso entes de

Derecho Público, se otorga financiación pública a las campañas europeas, nacionales, regionales, municipales, y hasta a los propios candidatos.

En Colombia, los partidos políticos son también vistos como entes de derecho

público y por lo tanto reciben financiación estatal, tanto para su funcionamiento como para las campañas electorales. La cuestión a debatir en el momento actual no es si debe haber o no financiación pública de los partidos y las campañas electorales en este o aquel país. La polémica va a centrarse en dos cuestiones fundamentales: la intensidad de esa ayuda estatal, y las limitaciones y controles que se impondrán a la actividad partidista y electoral para evitar situaciones de ilegalidad que pongan en jaque la legitimidad de los procesos electorales.

El tema de la financiación de las actividades políticas de los partidos es de reciente y

gran debate en Colombia, pero ya tuvo un amplio despliegue hace tres décadas en otros países, por lo cual conviene hacer un recuento de dicho proceso antes de elucubrar sobre "novedosas" normativas a la criolla.

b. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FINANCIACIÓN PÚBLICA DE PARTIDOS Y

CAMPAÑAS. Aunque cronológicamente fue Argentina el primer país en legislar sobre financiación

de partidos en 1955, seguida de Puerto Rico en 1957, fue en Europa, y concretamente en Alemania donde se dio el más interesante proceso de aceptación gradual del concepto.

En Alemania se declaró inconstitucional en 1966 el sistema de financiación pública,

porque se consideraba que solo las dos primeras fuentes, aportes y donaciones, garantizaban la autonomía de los partidos. No obstante, era evidente que, sin perder su independencia, los partidos debían recibir algún tipo de ayuda financiera del Estado, para cumplir una función que finalmente era de utilidad pública. Fue así como el Tribunal Constitucional reconoció que la financiación de las campañas no sería inconstitucional, toda vez que los partidos políticos en las campañas cumplen una

función de agente estatal (Staatswillensbildung). Ello es muy diferente, advierte Pilar del Castillo al analizar la sentencia, a aceptar que los partidos puedan incorporarse al ámbito estatal, pues siguen siendo "una manifestación del derecho público subjetivo de asociación".

En 1967 se reformó en Alemania la Ley de Partidos Políticos, con apoyo en esta

nueva concepción jurisprudencial y se les reconoció a los partidos la restitución de los gastos e incluso el derecho al cobro anticipado de los mismos. Este sistema tuvo dos problemas fundamentales: el endeudamiento excesivo y la financiación ilegal. Se creó una comisión para analizar el problema y ésta dictaminó que debían evitarse los créditos financieros, hacer más claros los ingresos en los libros de cuentas y establecer un severo sistema de sanciones y controles. Todo ello se consagró legalmente, pero sólo fue hasta 1992 cuando el Tribunal Constitucional permitió la financiación estatal de las actividades generales de los partidos, diferentes a las de las campañas, y declaró inconstitucional el sistema de compensación básica, por considerar que suponía una desigualdad de trato.

La Ley del 28 de enero de 1994, actualmente vigente en Alemania, opta por

distinguir entre el límite de la financiación estatal absoluto, y el límite de la financiación estatal relativo. Este último supone que la financiación estatal nunca puede llegar a ser superior a la financiación privada, a través de cuotas y donaciones. El absoluto, consiste en señalar un tope máximo a la financiación pública. Se trata de financiar a los partidos para sus actividades generales, pero de acuerdo a dos criterios: su éxito electoral, y el apoyo de sus afiliados y sus donantes. En síntesis, el Estado actualmente no puede financiar más del equivalente a la suma de los ingresos propios del partido, y este monto no puede ser superior a doscientos treinta millones de marcos.

De la experiencia alemana sobre el tema de la financiación de campañas electorales y de partidos, por ser la de mayor trayectoria, pueden extraerse cuatro importantes conclusiones, pertinentes para todo intento de reforma en este sentido:

La primera es que el Estado debe contribuir significativamente a la financiación de las campañas y de los partidos, toda vez que estos realizan una especie de función pública en beneficio del sistema democrático.

En segundo lugar, que la financiación estatal debe ser claramente delimitada, pues, como sostiene Santiago González Vargas: "La democracia pierde su sentido si los partidos no son agentes, nacidos y sustentados socialmente... la democracia no puede sobrevivir por subvención".

Tercero, que el sistema que se implante debe considerar el principio de igualdad de los partidos frente a la ley, pero debe combinarlo con el de favorabilidad para los partidos con menos tamaño, sin perder de vista la proporcionalidad respecto del apoyo electoral.

Y cuarto, que cualquier sistema que se diseñe puede resultar inútil si no se preveen mecanismos que garanticen la transparencia del manejo financiero del partido y un

control sobre sus actividades económicas.

Sin entrar a hacer un recuento de otros procesos legislativos en torno a la financiación estatal de campañas electorales y de los partidos, si conviene saber que los sistemas sueco e italiano han sido los más inclinados a la financiación pública, pues los socialdemócratas del primero reciben más del 65% de sus recursos del Estado, y los republicanos y socialistas italianos hasta el 90%. Los Países bajos, por el contrario, son reacios tanto a la financiación estatal como a la de los grupos de negocios, y es así como el 60% de los gastos de las organizaciones del partido laborista de los países bajos provienen de las cuotas anuales de sus miembros.

Pero lo que realmente interesa para el debate de mayor o menor financiación son los

casos de países que mediante la financiación estatal pretenden depurar vicios del sistema electoral, que sería el caso de Colombia. Es decir, no cabe duda que el sistema de financiación por cuotas es el aparentemente más sano y democrático, pero la cuestión dialéctica real es entre financiación pública o privada por donaciones. Por ello resulta importante detectar las razones por las cuales países como Francia, Italia o Estados Unidos tienden, cada uno a su manera y por distintas razones, a intentar controlar la financiación privada o incentivar la pública, o ambas cosas simultáneamente.

c. EL FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LAS CAMPAÑAS Y PARTIDOS EN

EUROPA, NORTEAMERICA Y AMÉRICA LATINA. En cuanto a Francia, parece que se ha encontrado en el sistema de financiación

estatal una forma de controlar los excesivos gastos de las campañas electorales, que desvirtuaban la democracia con una inútil danza de los millones, aportada por los grandes grupos económicos. Los italianos por su parte han encontrado en la financiación estatal una forma de luchar contra una presunción nacional, que ya se había internacionalizado, según la cual toda campaña suponía injerencia económica de la delincuencia organizada.

El estado de las normas de financiación en Estados Unidos, puede ser incluso de

mayor de utilidad para el análisis colombiano, debido a que su sistema de partidos se asemeja más al nuestro que el sistema europeo, toda vez que en ninguno de los dos existen partidos fuertes al estilo europeo, en los dos se financia más a los candidatos que a los partidos, y en ambos países los partidos tienen una clara estructura de carácter electoral.

El financiamiento público en Estados Unidos se entrega únicamente a los candidatos

presidenciales, tanto para las primarias como para las generales, y solamente a los partidos para las convenciones nacionales. Este dinero proviene de un fondo electoral, que es alimentado por los contribuyentes de forma libre con el 1% o 2% de sus impuestos. Si bien en el período de 1972 a 1975, la suma recaudada cubrió sobradamente la ayuda oficial para la campaña de 1976, para la campaña de 1996 no hay suficiente dinero, a menos que el Congreso proporcione más financiamiento al fondo o modifique la ley.

Un candidato no puede invertir más de sus 50000 dólares de su patrimonio, ni

aceptar ninguna contribución privada, a menos que quiera renunciar a la financiación estatal, caso en el cual no tiene ningún límite de aportes o de gastos. Existen unas normas diferentes para las primarias y las generales, pero lo importante es que hay una cierta proporcionalidad entre donaciones pequeñas y apoyo estatal en las primarias, y financiamiento total público o privado en las generales.

Lo más llamativo en el sistema norteamericano es que desde 1911 se está

intentando limitar los gastos de las campañas, pero ha sido prácticamente imposible. Primero, el Tribunal Supremo declaró en 1921 que tal limitación sólo era válida para las generales y así lo consagró una ley en 1925. De cualquier forma, durante los cincuenta años siguientes se mantuvo la norma de la limitación, pero ni se hicieron controles posteriores ni se respetó por nadie. Así, en 1971 se derogaron los límites y más bien se limitaron los gastos en publicidad televisiva y radial únicamente. El escándalo Watergate hizo que por fin se consagrara una rigurosa ley de control de gastos de campaña en 1974, que fue declarada inconstitucional en 1976 por el Tribunal Superior y reformada en 1980. Hoy en día solo si los candidatos quieren acceder a la financiación pública en las primarias tienen que aceptar las limitaciones de gastos, y en las generales deben escoger entre la financiación pública o privada.

A pesar de que la legislación norteamericana prohibe la contribución de personas

jurídicas, y limita los gastos, siempre se ha logrado violar una y otra norma a través de diversos métodos, y los PACs (Political Actions Comitees), que fueron legalizados en 1971 ya permiten que empresas y sindicatos contribuyan a financiar campañas a través de organizaciones independientes. El problema que ello ha generado no es muy diferente al nuestro: ¿Es sano para la democracia que los grandes capitales contribuyan a dirimir una contienda electoral? ¿No es antidemocrática la influencia de dineros en las campañas con fines específicos, independiente del origen presumiblemente legal o presumiblemente ilegal de dichos fondos?

No deja de ser paradójico que los Estados Unidos sea el principal acusador

internacional de ilegitimidad del Presidente Samper, por la entrada de dineros de narcotraficantes en su campaña. En Estados Unidos, técnicamente hablando, un fiscal no puede acusar por soborno a un funcionario elegido por realizar una acción judicial a nombre de uno de los contribuyentes. Pero en Colombia, el Fiscal General sí puede acusar al Presidente por no haber impedido que entrasen en su campaña fondos provenientes de reconocidos capos, aunque jurídicamente estos no hayan sido declarados como delincuentes. No obstante, distintas estancias del gobierno norteamericano han juzgado al sistema jurídico colombiano como muy imperfecto, castigando a Colombia con la descertificación y otras medidas unilaterales con algunos visos de neoproteccionismo camuflado a título de sanciones comerciales. Parece ser que el gobierno de Estados Unidos ha querido dar satisfacción a la opinión pública de su país demostrando que si bien no ha podido controlar el tráfico interno ni adoptar un adecuado sistema de educación contra el consumo de drogas, sí ha asestado un duro golpe a una macabra nación que envenena a su pueblo y a un Presidente que ha “husseinizado” a su antojo.

Para insistir en que no se trata de un exabrupto nacionalista, basta mirar la prensa

norteamericana, que frecuentemente cuestiona el famoso sistema de Lobby estadounidense. The New York Times, publicó un artículo titulado "Soborno o Donación", en el que se expone abiertamente como en la política norteamericana "el dinero que se da para ejercer alguna influencia forma parte fundamental del quehacer político, al punto que el sistema de campañas se iría a pique si no se contara con dicho dinero". Como explica el ex procurador general de Clinton, Philip Heymann, lo difícil es probar el quid pro quo, pues siempre es fácil argumentar la falta de conexión entre el aporte y el interés.

Otro ex procurador general, George O´Connell, va más allá de esta simple cuestión

probatoria, pues sostiene que respecto de la financiación de las campañas "existe un código de silencio entre la gente que participa en la cultura política".

Para la campaña presidencial de 1996 en Estados Unidos, se estima que se

gastaron más de 100 millones de dólares, y el debate se ha reavivado. El propio Bill Clinton propuso un proyecto de ley para restringir las donaciones millonarias, pero no parece contar más que con el apoyo de unos cuantos congresistas de ambos partidos. Dejando aparte cualquier comentario sardónico sobre la reiterada acusación de la administración norteamericana respecto de la insuficiente de nuestro sistema para mantener independiente la política de las donaciones dudosas, lo cierto es que como sostiene el citado O´Connell, no se puede reformar un sistema político sencillamente acusando a la gente, se requiere un instrumento contundente, una ley criminal, para poder lograr dichas reformas.

En lo referente a las normas de financiación de campañas y partidos en países

latinoamericanos, debemos señalar que existe una tendencia casi común, por parte del poder público, a apoyar y fomentar las actividades de los Partidos Políticos, pues en 12 de 17 países el Estado subvenciona directamente a los partidos con dinero, y en cuatro más de los cinco restantes ayuda a sufragar los gastos de forma indirecta.

También es de resaltar que la mayoría de las reformas sobre el tema fueron

elaboradas durante la década de 1980, coincidiendo con los procesos de redemocratización y consolidación democrática de muchos países latinoamericanos, lo cual parece indicar que al legislar sobre estas normas muchos Estados han cifrado en buena medida su estabilidad democrática.

Ese proceso, les ha permitido a los partidos políticos constituirse en legítimas entidades autónomas provistas de personalidad jurídica. Este hecho ha generado una reactivación de la actividad proselitista, produciendo un aumento en los gastos político-electorales, lo cual coloca a estas organizaciones partidistas en una difícil situación, que los conduce a aceptar la financiación ilegal. Debido a ello, la mayoría de las legislaciones de América latina, han contemplado la subvención pública. No obstante lo anterior, y a pesar de los esfuerzos emprendidos en esta materia, el tráfico de influencias, así como las contribuciones ilegales, han generado un profundo

desencanto hacia las prácticas políticas contenidas en el interior del sistema democrático , creando, de esta forma, un clima de deslegitimación hacia las instituciones que garantizan los procesos democráticos de elección. Por esta razón, se ha abierto el debate a la modificación de legislaciones electorales. Ahora bien, es importante anotar la tendencia que predomina en América Latina en materia de naturaleza jurídica de los partidos políticos. Al respecto, en la gran mayoría de países, se acoge la doctrina que ve a los partidos como asociaciones privadas pero que realizan funciones públicas, o que transmiten la voluntad e intereses del conglomerado social, función que los sitúa como sujetos pasivos de financiación pública. Los objetivos perseguidos con este tipo de financiación son: la disminución de la incidencia de intereses particulares, la creación de condiciones más equitativas, y por último, el cierre del paso a la corrupción . Vale la pena aclarar que, gran parte de los Estados latinoamericanos han optado por un sistema de financiación mixto (público y privado) o tienen algún tipo de garantía directa, indirecta, o mixta de financiamiento público:

MIXTO 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

PRIVADO 1: República Dominicana.

De otro lado, es importante señalar que hasta 1998 el único país que carecía de este recurso era República Dominicana. Pero debido a una modificación a la legislación electoral en 1997, se consideró una financiación pública de los partidos a partir de 1998, manteniendo el financiamiento privado por parte de personas naturales. La ley contempla el financiamiento de partidos por parte del Estado en una cantidad equivalente al 0.5% de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y 0.25% en los años no electorales. Pasando a otro plano de análisis encontramos que, en cuanto a las modalidades de financiación pública: directa, indirecta y dual, 16 países de los mencionados anteriormente, poseen financiamiento público dual, mientras que Chile y Perú poseen un financiamiento público indirecto . En el caso de Chile este tipo de financiación se realiza mediante exenciones fiscales; Perú por su parte, la efectúa a través del acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación estatales . De acuerdo a lo anterior, es necesario señalar cuales son los mecanismos utilizados para canalizar la ayuda estatal en América Latina. Para Daniel Zovatto, éstos se dividen en tres grandes grupos :

* El acceso gratuito de los partidos a los medios de comunicación oficiales o privados en los que se dispone de un límite de tiempo para cada intervención

(Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela). * Franquicias Postales especiales (Argentina, Colombia, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá y Perú). * Desgravaciones fiscales o exoneraciones de impuestos (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Méjico, Panamá y Paraguay).

En cuanto a las actividades objeto de financiación pública, podemos observar que existen dos tipologías: la financiación de carácter permanente, la cual se caracteriza por ser la que financia las actividades ordinarias de los partidos, y la financiación temporal, es decir, aquella que subvenciona únicamente los gastos de las campañas electorales.

FINANCIACIÓN PERMANENTE. Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y Perú.

SISTEMA MIXTO financia actividades electorales y actividades ordinarias de los

partidos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Méjico, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Otro punto que es importante señalar es la existencia de barreras legales y criterios de asignación como los proporcionales, más exactamente, en relación con la fuerza electoral alcanzada en la elección pasada. Otra modalidad es la mixta, en la cual se combina la proporción electoral, y se mezclan los porcentajes entre partes iguales para todos los partidos. Ejemplo de este último criterio, es el de países como Brasil, Colombia, Ecuador, Méjico, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Para el primer caso, el de la asignación de acuerdo al caudal electoral, ubicamos a países como Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay. Un último aspecto que es indispensable tener en cuenta es el de la regulación de la financiación privada. Pues bien, al respecto, en la gran mayoría de Estados latinoamericanos se contempla, en sus respectivas legislaciones electorales, la regulación en esta materia (excepto en países como Chile, El Salvador, Guatemala y Panamá). Sin embargo, los instrumentos de exigencia de cuentas, aunque en casi todas las legislaciones son tenidos en cuenta, éstos aún se encuentran sumamente débiles, lo cual obstaculiza el proceso de transparencia en los procesos electorales, disminuyendo la credibilidad en los mecanismos que tiene el sistema democrático para garantizar la competitividad en condiciones justas, así como la legalidad en las acciones de los partidos políticos en el interior del proceso electoral. Como se pudo observar con anterioridad, al parecer en los países en donde se está debatiendo la cuestión de la financiación, existe un predominante consenso en torno a

una mayor financiación por parte del Estado, y al mismo tiempo una tendencia creciente a establecer correlativas limitaciones respecto al origen y monto de las contribuciones. Una de las causas de inclinación hacia esta tendencia, son los crecientes índices de corrupción que se han ido presentando en las campañas electorales, gracias a que el aumento en el costo de las campañas provoca una desorbitante influencia del dinero, el cual es aportado por emporios económicos y en general por las personas con los recursos necesarios. De esta manera, se abre la puerta grande a la corrupción política, la cual distorsiona el ideal funcionamiento del sistema democrático y dificulta la justa competencia electoral, poniendo en tela de juicio la legitimidad del poder político, así como la verdadera transmisión de la voluntad general. Así mismo, y referente a este tema, existe un amplio consenso entre los analistas de la política en considerar indispensable la complementariedad entre las reformas a las disposiciones legales en materia electoral, y la modificación de las prácticas políticas por parte de los aspirantes a ser elegidos para un cargo público. De otro lado, se considera necesaria la concientización de la sociedad civil del carácter jurídico de la norma, con el fin de que ésta se convierta en instrumento para afirmar, ejercer y reivindicar los derechos y deberes (de ciudadanos y candidatos) contemplados en la ley, especialmente, aquellos relacionados con la exigencia de rendición de cuentas de los funcionarios elegidos frente a sus electores.

A pesar de todos los problemas señalados, es un hecho que en los países en donde se esta debatiendo la cuestión de la financiación, existe un predominante consenso en torno a una mayor financiación por parte del Estado, pero al mismo tiempo una tendencia creciente a establecer correlativas limitaciones respecto al origen y monto de las contribuciones.

Estas dos últimas tendencias, se observan claramente en mayor o menor medida

tanto en la actual legislación colombiana, como en las propuestas de reforma que existen. Así pues, el debate en Colombia, prácticamente se circunscribe a esas dos cuestiones: la intensidad o incluso cubrimiento total de la financiación estatal y los límites y controles respecto de las contribuciones privadas.

3. El PROBLEMA DE LA FINANCIACION DE PARTIDOS Y DE CAMPAÑAS EN

COLOMBIA. a. EL DEBATE COLOMBIANO SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA.

Desde hace varios años se ha venido reconociendo como un hecho innegable que

durante las dos últimas décadas ha habido una connivencia entre sectores ligados con el narcotráfico y algunos personajes de la élite política del país. Durante ese tiempo ni los gobiernos, ni la justicia, ni los medios hicieron caso de quienes denunciaron la creación de grupos paramilitares aliados a los carteles, hasta que estalló la guerra entre el Gobierno y Pablo Escobar y el narcoterrorismo se hizo presente en las

ciudades. Figuras como la llamada Justicia sin Rostro, o el Sometimiento a la Justicia,

buscaron enfrentar el fenómeno ya crecido, y la creación de la Fiscalía también se orientó en parte en ese sentido. La Corte Suprema igualmente asumió el reto, y en menos de tres años un puñado de congresistas fueron privados de su libertad, así como el tesorero de la campaña del Presidente electo, el director de la misma, y hasta el propio Presidente fue juzgado por la Cámara, e implacablemente linchado con palabras por los medios y la oposición.

La financiación ilegal de las campañas prácticamente ha sido el golpe de gracia que

ha dado al traste con la confianza que les restaba al ciudadano respecto de la política. Aunque esta muy ligado el fenómeno del clientelismo, la magnitud que esta ha adquirido requiere un análisis separado, por lo menos en su parte prospectiva. El propósito de este capítulo no es hacer un balance de los efectos que tuvo todo el llamado fenómeno del proceso 8000. Es evidente que la penetración de dineros del narcotráfico en muchas campañas políticas terminó por minar el sistema y la situación se hizo tan compleja que para muchos legislar al respecto resulta inútil. No obstante, consideramos que el análisis de las posibles reformas al régimen de financiación es sumamente pertinente, pues es un instrumento mas para romper la dinámica continuista, y en tal sentido esta orientada la siguiente exposición.

Desafortunadamente el país se entretuvo defendiendo al Presidente o rasgándose

las vestiduras para provocar su salida, y no pudo hacerse un consenso para reformar las normas que habían creado el problema. Fue así como se realizaron las elecciones de octubre del 1997 con la antigua legislación y todas las de 1998. Justamente en las elecciones para Alcaldes y Concejales, el Registrador Nacional, Jaime Calderón Bruges, anunció al país la presencia de ingentes cantidades de dinero en las campañas, pero poco pudo hacerse, por no contarse con una legislación más audaz al respecto: “El dinero corrió a raudales, pero ya no en cheques sino en efectivo”, es el comentario que mas se escuchó en los círculos políticos y académicos con posterioridad a las elecciones. Paradójicamente, a finales de 1998 el propio Registrador fue acusado por la fiscalía de recibir dineros del narcotráfico unos años atrás y fue separado de su cargo. En Febrereo del 2000 fue absuelto.

La explicación obvia es que se trata de un vínculo difícil de romper, por el arraigo

social que tiene. Como explica Ricardo García, en el fondo la coincidencia del político clientelista con el narcotraficante es justamente un cierto encuentro de lógicas, inscritas socialmente dentro de la misma lógica paternalista que conduce a la construcción de redes de solidaridad, en la cual se combinan lealtades y contraprestaciones. Por ello la solución escapa a la simple histeria de las clases medias, que no han percibido como estas relaciones hacen parte del tejido social mismo, dado lo cual hay que crear condiciones para el cambio antes de iniciarlo.

En el presente trabajo tampoco pretendemos sobrevalorar la ingeniería institucional,

pero si consideramos que es fundamental estudiar seriamente la legislación sobre financiación de campañas y buscar mecanismos para desnarcotizar la política. Las

elecciones de 1998 demostraron la falacia de quienes pensaban que bastaba con desbancar con el voto a los corruptos del Congreso para sanear la política. Los resultados electorales no pudieron ser más tristes, prácticamente no hubo renovación, pero algunos triunfos simbólicos despistaron a la opinión publica.

Las próximas elecciones deben estar rodeadas de mayor respaldo normativo de

prevención, y eso será fundamental para romper la dinámica continuista, y esto obrará en beneficio de los partidos. Por ello es pertinente analizar cuales son las normas que se han debatido en los últimos años con ese propósito. b. HISTORIA DE LAS NORMAS SOBRE FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS EN COLOMBIA.

En Colombia desde 1945 Jorge Eliécer Gaitán, al aceptar su candidatura a la

presidencia, ya denunciaba que en el sistema electoral colombiano se presentaban serias irregularidades respecto de la compra de votos y otro tipo de fraudes. Más adelante, Laureano Gómez propuso que se incluyera en la Constitución la obligación de que los partidos demostrasen el origen de sus recursos. En 1966 López Michelsen propuso normas similares para independizar a los candidatos de los grandes grupos económicos. En 1977, 1978 y 1981 se presentaron diversos proyectos sobre la materia sin que ninguno fuera aprobado, hasta que finalmente la Ley 58 de 1983, el Estatuto Básico de los Partidos reguló algunos aspectos, mas su versión final no incluyó la financiación parcial del Estado.

Como explica Fernando Cepeda, cuando intento proponer la financiación estatal,

siendo Ministro de Gobierno, no solo recibió la oposición de los políticos, sino incluso la de los empresarios.

Fue así como hasta la Constituyente el tema no tuvo aceptación y no pudo

modificarse la legislación. Finalmente la Constitución de 1991 en los artículos 109 a 111 consagró constitucionalmente la materia y creó la Organización Nacional Electoral, con el Consejo Nacional Electoral a la cabeza, concediéndole diferentes funciones.

La propia Constituyente reglamentó también lo referente a las siguientes elecciones

legislativas, pues se había dado una revocatoria, y el Gobierno complementó la reglamentación mediante Decreto. Luego el Congreso expidió una ley en 1992 para reglamentar las siguientes elecciones de alcaldes.

Solo a finales de 1993, el Congreso expidió la Ley 84, en la cual reguló de manera

permanente las campañas electorales, pero la Corte Constitucional declaró inconstitucional lo referente a las campañas, apoyada acertadamente en que la nueva Constitución había creado el rango de Leyes Estatutarias (con mayoría absoluta del Congreso y una sola legislatura) para regular materias específicas como esta y que una ley ordinaria no podía servir igualmente para legislar sobre ese tema.

Así pues, se expidió el Estatuto Básico de los Partidos mediante la Ley 130 de 1994,

que también se ocupa de reglamentar lo referente a las campañas, y que es la norma

vigente. De esta Ley pueden destacarse las siguientes innovaciones: 1. Obligación anual de los partidos de presentar cuentas sobre ingresos y egresos

anuales del partido o del movimiento antes del 31 de enero de cada año, la destinación y ejecución de los dineros públicos asignados y los ingresos obtenidos durante campañas. La rendición de cuentas debe contener además, las contribuciones de los miembros, las donaciones, rendimientos de las inversiones, rendimientos netos de actos públicos, créditos, ayudas en especie y dineros públicos

2. La financiación por parte del Estado del funcionamiento de los partidos mediante

un fondo especial que se constituye anualmente tomando del presupuesto de la Nación un monto que equivale a $150 por cada ciudadano que este inscrito en el censo nacional electoral distribuidos por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a ciertos criterios incluidos en la norma: una suma básica equivalente al 10% del Fondo distribuido por partes iguales entre todos los partidos y Movimientos Políticos, el 50% entre los Partidos y Movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección para el Congreso o para Asambleas Departamentales, el 30% para contribuir a las actividades que realicen los Partidos y Movimientos para cumplir sus fines y propósitos, y un 10% restante que no tiene asignación específica.

3. La contribución estatal a la financiación de las campañas electorales, por el

sistema de reposición. 4. La obligatoriedad de no exceder en los gastos de la campaña una suma fijada por

el Consejo Nacional Electoral. 5. Derecho a la reposición de los gastos siempre y cuando el candidato hubiese

obtenido más del 5% de los votos en el caso de elecciones uninominales. En el caso de elecciones por listas la reposición se hará para aquellos que obtuvieran como mínimo la tercera parte de los votos obtenidos por la lista que haya conseguido escaño con el menor de los residuos

El tema de los beneficiarios es muy poco claro ya que se señala que la entrega que se haga de los recursos puede hacerse a través de los movimientos, los partidos, o a organizaciones adscritas a estos; en caso de que se trate de candidatos independientes respaldados por movimientos sin personería jurídica, los valores se darán directamente al candidato.

Esta Ley fue señalada repetidamente como inapropiada por distintos autores, y los propios miembros del Consejo Nacional Electoral la han calificado como incoherente, ineficaz y falta de rigor conceptual y de procedimientos disciplinarios.

Esto motivó al Consejo Nacional Electoral a presentar un Proyecto de Ley para financiar las campañas electorales, al Gobierno a presentar otro con base en las propuestas de la Comisión para la Reforma de los Partidos Políticos, y a diferentes instituciones a organizar foros de discusión al respecto.

Precisamente por motivo del gran escándalo que ha significado el borroso manejo financiero de la campaña presidencial del presidente Samper, no hubo un ambiente político para debatir estos proyectos en el Congreso, pero sin duda que en las próxima legislaturas tendrá que estudiarse el tema y debatirse a nivel nacional, sino quieren repetirse historias. Como dice Alvaro Camacho, el hecho interno de la financiación de la política por el narcotráfico le ha quitado mucha fuerza al discurso de la responsabilidad internacional Se trata entonces ya de un problema de Estado con consecuencias internacionales y así se debe tratar. La nueva legislación urge.

En Colombia las discusiones giraban en torno a sí las campañas deben ser total o

parcialmente financiadas por el Estado, pero a raíz del agravamiento de la situación del Presidente y los ministros respecto del proceso 8000, se aceptó que lo realmente trascendente de un cambio legislativo es lo que hace referencia a la transparencia y al control.

Uno de los más importantes esfuerzos que se han hecho por tratar de reformar esta

ley que rige lo concerniente a la financiación de los Partidos y de las campañas y por tratar de sanear de alguna manera el sistema político, fue precisamente el proyecto de Reforma Política que intentó sacar adelante el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior durante la administración Samper.

Como se estudió, esta reforma no pudo salir adelante y se quedo en una simple

propuesta. Sin embargo, es importante señalar los principales aspectos que intentaron ser objeto de reforma y los distintos planteamientos que vinieron de distintos sectores con este fin reformista.

En referencia a la modificación de artículos de la Ley 130 de 1994 las posiciones eran las siguientes: La comisión de reforma planteaba que las campañas presidenciales debían ser financiadas por completo por el Estado, que solamente las personas naturales podían hacer donaciones a las campañas, que los aportes serían limitados y serían recaudados solamente por las tesorerías de los partidos, la publicidad pagada en televisión quedaría prohibida y la ampliación del fondo para los partidos. La comisión del Congreso de la República decía que esta financiación debía ser mixta, que las personas jurídicas no podrían hacer donaciones, la propaganda política sería limitada y la publicidad sería gratuita en los medios de comunicación del Estado. El Consejo Nacional Electoral sostenía que debía haber una financiación estatal pero no total sino con reposición por lo gastado y en forma directa. Proponía poner un límite del 50% del costo total a los aportes de personas naturales. Este organismo señalaría un costo máximo permitido por campaña. Estaría prohibida la propaganda que causara polución, mientras que la financiación estatal de la propaganda en los medios de comunicación se fortalecería. Abogaban tambien por aumentar los recursos del fondo para los partidos.

c. CONCLUSIONES SOBRE LAS NORMAS DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y

CAMPAÑAS EN COLOMBIA.

En el tema de la financiación de la vida política en Colombia, la clave está, y esto no

es ninguna novedad, en los controles, en las sanciones y en la independencia y atribuciones de los órganos encargados de vigilar, controlar y sancionar las actividades que se salgan de estos cauces legales. En tal sentido, el régimen sancionatorio que se consagre debe contener normas claras sobre las actividades respecto de las campañas que constituyen una contravención administrativa susceptible de multa, una violación legal que suponga la pérdida de la credencial respectiva, o un delito penal que suponga penas de prisión. Es urgente pues tipificar los delitos electorales. Así, quien reciba cantidades por encima de las permitidas o provenientes de personas actividades ilícitas será sancionado penalmente con arreglo a una norma concreta, sin necesidad de hacer extrapolaciones legales improvisadas, que pueden conducir a la impunidad o a la condenación injusta.

Pero para efectuar un control efectivo y oportuno, y no exclusivamente a posteriori, y

llevar a cabo una labor de vigilancia y corrección también se ha planteado que el órgano de control electoral despliegue una actividad más protagónica que la que viene realizando desde su creación. En este sentido conviene analizar la propuesta del entonces Magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Guzmán, de fortalecer dicho órgano en tres aspectos: despolitizar el proceso de nombramiento de sus magistrados y ampliar su régimen de incompatibilidades, otorgarle autonomía financiera, y considerar la posibilidad de darle facultades jurisdiccionales y no meramente administrativas.

En general, los miembros del Consejo Nacional Electoral del periodo anterior,

insistían en querer tener un papel más importante en el control de las actividades electorales y señalaban que la celeridad con la que se promulgaron las normas pertinentes al control entorpeció en alguna medida su trabajo y que el carácter administrativo de sus decisiones hace que los esfuerzos realizados no tengan una repercusión social proporcional a los mismos. Fernando Cepeda, al criticar la labor del Consejo Nacional Electoral respecto del control sobre la financiación de la pasada campaña presidencial, señaló que no obstante parece real una falta de instrumentos jurídicos por parte de dicho organismo y que "convendría revisar si cuenta con la estructura y herramientas suficientes para su trabajo".

En conclusión, es urgente un gran debate nacional sobre las normas propuestas de

financiación de campañas, y la crisis política del gobierno Samper no hizo más que resaltar esta necesidad. El Congreso se tendrá que ocupar de debatir las mismas y sería importante que se transmitieran las sesiones por el canal público, como se ha vuelto costumbre, para que pudiera darse alguna incidencia de la opinión pública en la decisión finalmente adoptada. Además de esto, deberá debatirse ampliamente la posibilidad de financiación total de las campañas presidenciales, propuesta por la Comisión para la Reforma de los Partidos, y que aunque no hacia parte del proyecto del Consejo Nacional Electoral, si era aceptada por algunos de sus miembros. Además pareció tener muchos adeptos en las últimas discusiones parlamentarias sobre el tema con motivo de la Reforma Pastrana.

En nuestro particular concepto se requiere una legislación en la que no sólo se limite el costo de las campañas, su duración y el monto y naturaleza de los aportes privados, sino que además prohiba los aportes de personas jurídicas y la propaganda política en televisión. Pero sobre todo que señale claramente quién es el responsable o los responsables del manejo financiero de las campañas, las consecuencias jurídicas civiles, administrativas y penales de la violación de esas normas y los órganos estatales encargados de vigilar, controlar y sancionar los procesos electorales.

Respecto de la financiación total de las campañas presidenciales, consideramos,

como sostiene Miguel Alemán que si bien el financiamiento público es un correctivo de las consecuencias del financiamiento privado, este es también un dispositivo para evitar que los partidos queden sujetos al subsidio del Estado.

Por otra parte, un elemento de peso en contra del aumento de la financiación estatal

es la penuria de los presupuestos estatales. Como señala Angel Alvarez, el hecho de que los Estados latinoamericanos están agobiados por tal número de tareas en el plano social y económico, que no realizan eficientemente y para las cuales no tienen suficientes recursos, hace que deba pensarse si se justifica que el Estado aumente su aporte financiero a los partidos, teniendo que dejar de lado otras necesidades más apremiantes de una gran parte de la población.

Para determinar la conveniencia o inconveniencia de la financiación estatal y su

intensidad existen multitud de argumentos, que están analizados en las obras citadas. Pero para el caso colombiano, en el que se debate el tema de la financiación total del Estado de algunas o todas las campañas, independientemente de si se requiere o no reforma constitucional, coincidimos con el informe final de una investigación adelantada por Planeación Nacional, según el cual, la financiación estatal de campañas no es un tema meramente legal o conceptual, sino que "hace falta desarrollar mecanismos que permitan cuantificar tanto su impacto sobre la racionalidad electoral como sobre el presupuesto nacional".

Aunque el tema de la financiación total de campañas fue el que en su momento creó

más controversia en los medios de comunicación, no debe permitirse desviar la atención sobre el verdadero problema nacional, que es la corrupción y que podría resumirse en la ausencia de lo que el Arturo Aylwin, Contralor General de Chile, denomina "Probidad", de acuerdo a la legislación de su país: "Conducta moralmente intachable", y que se opone justamente a la "Corrupción", considerada un "vicio de las conductas debidas”.

Si se tiene en cuenta la gran incidencia que tuvo el tema de la financiación en la

crisis política actual, y se reconoce que la corrupción en Colombia obedece justamente a una difuminación entre lo público y lo privado y a la existencia de determinados elementos socioculturales, deberemos aceptar que las normas sobre financiación de campañas están justamente en el centro del tema mismo de la corrupción, y que la ingeniería institucional en este campo sí tiene un importante papel en la solución del problema, aunque también se requerirá de una voluntad política audaz para hacer cumplir las normas aprobadas.

II. EL ESTADO ACTUAL DE LOS PARTIDOS MAYORITARIOS. A. EL SISTEMA DE PARTIDOS EN COLOMBIA

El sistema de partidos colombiano es un sistema bipartidista sui generis, toda vez que si bien los partidos Liberal y Conservador han ejercido casi exclusivamente el poder, desde su nacimiento a mediados del siglo XIX hasta la actualidad, ha habido una dinámica intermitente de conflicto-alianza exclusionista, que no permite hablar de alternancia aleatoria y bipartidismo clásico, sino más bien de un sistema consociacional bipartidista, combinado con uno de alternancia pragmática (centrismo). Efectivamente, los dos partidos se caracterizaron al principio por una beligerancia permanente, heredada de los enfrentamientos entre las facciones bolivaristas y santanderistas de las guerras de independencia, y luego entre centralistas y federalistas, en las cuales quien ganaba la guerra modificaba las reglas políticas y excluía al derrotado, siendo las constituciones prácticamente "cartas de batalla" y no reflejos de victorias electorales o consensos interpartidistas.

Ambos partidos surgieron en la mitad del siglo XVIII. En un primer período fue evidente la preeminencia del Partido Liberal (Olimpo Radical), mientras que a partir de la Guerra de 1885 el Partido Conservador tuvo un poder hegemónico (Regeneración), que se consolidó con la Guerra de los mil días (1899-1902), y se prolongó hasta bien entrado el siglo. Con el triunfo electoral de los liberales en las presidenciales de 1930, se inauguró la República Liberal, un período caracterizado por tentativas de modernización política más o menos fallidas, que vino a terminar en 1946, cuando el partido se presentó dividido a las elecciones, dando el triunfo a los conservadores. Estos gobernaron en medio de una especie de guerra civil entre los dos partidos, conocida como "la Violencia", hasta que en 1953 se llevó a cabo un golpe de Estado, apoyado por la mayor parte de los sectores políticos, el cual se mantuvo hasta 1957, cuando se celebró un pacto entre los dos partidos para recuperar el poder y dividírselo pacíficamente (Frente Nacional).

Aunque el acuerdo bipartidista debía regir durante 16 años, considerados necesarios para despolitizar y pacificar el país, mediante nuevas normas se extendió su práctica más allá de ese período. En la década de 1970 la clase política dominante se percató de los problemas que estaba causando la prolongación de esos acuerdos bipartidistas (clientelismo extremo, oposición armada, etc.), y decidió comenzar el proceso conocido como "el desmonte del Frente Nacional" o apertura del sistema político. En el mismo fueron claves la reforma constitucional que hizo posible la elección popular de alcaldes en 1988, y sobre todo la Constitución de 1991, resultado de un pacto político que intentó ser incluyente para generar la paz e impulsar una competencia pluripartidista a través de fórmulas de ingeniería institucional. De momento ninguno de los dos objetivos se ha logrado, pues la guerra es más intensa que nunca (las guerrillas actuales no

participaron en dicha Asamblea y ha surgido un ejercito ilegal antiguerrillero conocido como paramilitares), los partidos tradicionales siguen dominando el panorama político y las prácticas consociacionales se mantienen aunque adaptadas a las nuevas reglas. Sin embargo ese poder ya no es tan hegemónico debido a la fragmentación interior de los partidos que generó en parte el nuevo ordenamiento, al desafío guerrillero y paramilitar en muchas zonas y a los éxitos ocasionales pero muy parciales aun de terceras fuerzas políticas.

A pesar de la tradición partidista casi ininterrumpida durante un siglo y medio, la regulación de los partidos fue muy tardía y dificultosa, siendo la Constitución de 1991 la primera norma de su nivel en referirse específicamente a ellos, señalando la libertad de crear partidos con relativa facilidad, aunque prohibiendo al legislador regular la vida interna de los mismos y por lo tanto exigir procedimientos democráticos en sus decisiones. Con la libertad de partidos, al parecer el constituyente quería propiciar un pluripartidismo en el sistema, pero los resultados fueron diferentes, ya que no surgieron fuerzas nuevas y perdurables que contaran en el sistema de partidos.

Por añadidura, los partidos tradicionales se fragmentaron como estrategia electoral, presentándose en múltiples listas a las elecciones legislativas, sacrificando así cierta cohesión que existía, a cambio de mantener las mayorías. Aunque siempre existieron corrientes dentro de los mismos, entre personalistas e ideológicas, como el Lopismo (centroizquierda) y Santismo (centroderecha), en el Liberalismo, y Laureanismo (ortodoxos) y Ospinismo (moderados) en el Conservatismo, lo que sucedió después de 1991 fue una división total sin motivos ideológicos o programáticos. De alguna forma el pluripartidismo que se quería para el sistema donde se dio fue al interior de los partidos vigentes. Esto ha sido señalado reiterativamente como catastrófico por dos razones que resultan contradictorias entre sí: porque los partidos sobrevivieron a la cirugía constitucional como una especie de cáncer invasor indestructible, pero también porque ello supuso al mismo tiempo la atomización, polarización y eventual pulverización de los partidos sobre los que al fin y al cabo se asienta el sistema democrático en el país. Esa ambigüedad vergonzante respecto de los partidos tradicionales ha convertido los intentos de reforma institucional posteriores a la constituyente en esquizofrénicas búsquedas de la cuadratura del círculo en la política colombiana: construir un sistema de partidos que a la vez fortalezca y contenga al conservatismo y al liberalismo, y adicionalmente coloree el sistema con nuevas fuerzas, para darle por lo menos una imagen de inclusivo.

En la actualidad, y en parte por la impaciencia ante esa indecisión del legislador por ocuparse seriamente de su regulación, los partidos liberal y conservador parecen comprometidos a realizar por sí mismos sendos procesos de reorganización interna, con el objetivo de fortalecerse ante unas bases cada vez más escépticas de su gestión. Los tres procesos están en curso en este momento, pues la reforma constitucional fue aprobada ya en una primera legislatura, el Partido Liberal está a punto de ratificar mediante una consulta a los carnetizados (700.000), el resultado de su Constituyente Liberal, y el Partido Conservador

mediante sus convenciones descentralizadas está tratando de ampliar las bases del partido.

El otro factor que tiene en vilo los intentos legales o estatutarios de transformación de los partidos es el conflicto armado, puesto que al récord de tener Colombia los partidos de más larga historia en América Latina, se le suma el de mantener vivas en su seno las guerrillas también más antiguas de la región. De hecho el movimiento armado suele explicarse en parte como un subproducto de la cerrazón del sistema a los dos partidos tradicionales y la exclusión sistemática de terceras fuerzas, bien sea por pactos, como el Frente Nacional, por presuntos fraudes electorales, como la elección presidencial de 1970, o bien por el exterminio de líderes opositores, como en el caso del genocidio contra la Unión Patriótica. Justamente este partido estuvo constituido en buena medida por exguerrilleros de las FARC vinculados a la vida democrática. En los últimos gobiernos, con la intensificación del conflicto armado por el fortalecimiento militar y estratégico de dos de los grupos en conflicto, guerrilla y paramilitares, y gracias en parte a su participación directa o indirecta en el negocio del narcotráfico, el cruce de legitimidades en las regiones donde dominan unos u otros ha hecho complejas las relaciones partidistas, al punto que es muy difícil señalar tendencias explicativas más allá de cierto nivel, aunque sí se pueden mencionar algunos hechos notorios sobre los que ya se están construyendo los nuevos mapas políticos.

El Presidente Andrés Pastrana ha logrado que los Estados Unidos apruebe la financiación del Plan Colombia para la lucha contra el narcotráfico, con lo cual el poder militar del Estado aumentará significativamente. Pero el centro de la estrategia del Presidente actual, y la bandera de su gobierno, ha sido la de defender a toda costa el proceso de paz, haciendo grandes concesiones a las FARC y evitando romper los diálogos a pesar de la arremetida militar de la guerrilla contra pequeñas poblaciones en todo el país y la intensificación del secuestro indiscriminado con fines extorsivos o políticos. La guerrilla mantiene secuestrados una gran cantidad de soldados y policías e insiste en un canje con sus miembros detenidos, el que de momento solo podrá ser posible con los más enfermos, bajo la figura del "intercambio humanitario". Hasta ahora ha sido imposible imponer las reglas del "Derecho Internacional Humanitario" en el conflicto o las veedurías internacionales, y el principal resultado de los acuerdos ha sido mantener viva la expectativa ciudadana de hace posible un gran acuerdo de paz. Entretanto, el gobierno ha ido adelantando también diálogos con el ELN (Ejercito de Liberación Nacional), otro grupo guerrillero grande, y combatiendo a los ejércitos privados antiguerrilleros, llamados paramilitares, presionados por la propia guerrilla y por la Comunidad Internacional, que acusa a esos grupos de haber aumentado el ya enorme índice de violaciones de Derechos Humanos en el país.

No deja de ser paradójico que un Presidente Conservador haya sido quien asumiera con tanta audacia el proceso de paz, que siempre fue una bandera liberal. De hecho, las propias FARC fueron primero guerrillas liberales de

resistencia, que se defendían de los conservadores en el poder, y luego se transformaron en guerrillas comunistas, e incluso su máximo líder, Manuel Marulanda, entro en ellas ante el ataque contra su familia de filiación liberal. Además, gran parte del triunfo de Pastrana en las elecciones se debió al "guiño" que le hizo las FARC al citar a un miembro de la campaña en la selva para hablar de paz, lo cual tuvo un gran impacto en los medios. Al parecer las FARC encontraron más factible negociar con un gobierno que no pretendiera copar el espacio ideológico de ellos, como sucede con los socialdemócratas del Partido Liberal, Serpa especialmente, sobre todo después de tantos gobiernos liberales en los que no se pudo llegar a un acuerdo definitivo.

El Partido Liberal por su parte, y Horacio Serpa en particular, jefe del oficialismo o línea principal del Partido, si bien han sido críticos de algunos aspectos del proceso, la tónica ha sido más bien la "rodear al Presidente" en sus decisiones, pero sin participar en el gobierno (La excandidata presidencial, María Emma Mejía, rechazó recientemente el Ministerio del Interior). En cambio el Partido Conservador, con el que el Presidente no tiene un mayor contacto, a pesar de que es dominado por Fabio Valencia, uno de sus principales electores (miembro de la comisión de paz además), sí ha sido en ocasiones crítico radical del proceso, pues en él hay aun un ala centroderecha fuerte, a pesar de la desaparición por asesinato del principal líder de la misma hace pocos años, Alvaro Gómez, hijo del fundador de esa línea en el Partido desde comienzos del siglo.

Lo dramático de la relación guerra - partidos, es que si el sistema de partidos en Colombia no estuviera atravesado por tantas perversiones (compra de votos, clientelismo, hipernegociación atomizada, persecución a la izquierda democrática), podría ser un factor clave en la normalización del país mediante acuerdos de paz que hicieron inclusivos esos grupos armados en el debate electoral. Quizá esa leve inclinación hacia el cambio, expresada en transformaciones internas y propuestas de reformas políticas, contribuyan en ese sentido, pero aun no tiene la fuerza suficiente. Lo que sí debe reconocerse es que la existencia de esos partidos, aun con todas sus contradicciones, y las singulares pero efectivas bases sociales que tienen, han sido mal que bien un muro de contención a las legitimidades fácticas. Pero definitivamente su papel deberá ser aun mayor, como colectividades, no como parapetos de lideres políticos, en la construcción de un nuevo esquema político en el que las tendencias antisistema se transformen en partidos con posibilidades reales de poder.

El desprestigio creciente de la política por los escándalos de corrupción, sumado a un descontento general ante la crisis económica y la intensificación de la guerra, así como la incertidumbre generada por la constatación del fracaso parcial de la Constitución de 1991 y por los fallidos intentos de reforma desde entonces, parecen mostrar un sistema político tambaleante y al borde del abismo, en el que los viejos partidos poco pueden hacer, estando en juego incluso su existencia. Aunque así lo expresan muchos analistas, es oportuno señalar que tal situación de zozobra se ha dado repetidamente en la historia contemporánea del país y prácticamente nunca el sistema político se ha quebrado ni los partidos

tradicionales han desaparecido. Estamos hablando del sistema de partidos con mas antigüedad en el mundo, de los partidos más antiguos de América Latina (150 años de vida partidaria), y de casi un siglo completo de continuidad democrática.

Adicionalmente, la constatación de que esos partidos hayan sobrevivido a todos los retos que se les han presentado en las últimas dos décadas (intensificación del conflicto armado, narcoterrorismo, reglas de juego diseñadas en su contra, etc.) y sigan obteniendo un tremendo éxito electoral (el 81.4 por ciento y 83.3 por ciento de las curules de Senado y Cámara respectivamente en las últimas elecciones legislativas), ha empezado a horadar la vieja tesis de la eventual desaparición de los partidos tradicionales, sostenida por los analistas hasta hace poco, y por muchos miembros de los propios partidos. En esta línea se orienta preferentemente el presente trabajo, en el cual se considera que los partidos colombianos atraviesan por una compleja transición aun en proceso de estudio, ya que como los partidos estadounidenses han resistido los desafíos que se les han presentado y comparativamente tienen un grado razonable de institucionalización, según los estudios comparativos sobre el tema.

Existe entonces una clara diferencia entre afirmar que los partidos Liberal y Conservador atraviesan por una gran crisis, y señalar que ello implica su eventual extinción. De alguna forma es más una crisis del sistema que de los partidos, reflejada tanto en el abstencionismo (el mayor en América Latina), como en la evidencia de un clientelismo muy arraigado y una lucha electoral dominada por grandes capitales. A pesar de ello, los elegidos en todos los niveles (Presidencial, Congreso, Asambleas, Concejos, Juntas Administradoras Locales), siguen siendo los candidatos avalados por el Partido Liberal en primer lugar y por el Partido Conservador con cierta distancia. Pero ninguno de ellos en la actualidad obedece las instrucciones del partido, salvo excepciones y coyunturas. En los últimos niveles, el aval se da sin hacer ninguna averiguación sobre la verdadera filiación del candidato o sus antecedentes políticos o judiciales, e incluso para avalar candidatos al Congreso no hay mayores requisitos que tener cierto poder regional y mucho dinero.

En síntesis, sobre esta macabra red de mercantilismo electoral, clientelismo, avales indiscriminados, fragmentación e indisciplina partidaria, y en medio de esta cruenta guerra, se sostienen los partidos mayoritarios colombianos, no resultando clara la premonición de su extinción, que por otra parte trasladaría la lucha política definitivamente al campo de la pura confrontación armada. Está aun por descubrirse la fortaleza en ese mapa de unas bases sociales no mercenarias sobre las cuales pueda reconstruirse una vida partidaria más sana. Los fracasos electorales de ambos partidos (Liberal en las presidenciales, Conservador en todas las demás) han creado una cierta conciencia de cambio, pero en ambos casos se adivina en muchos sectores más un interés en recuperar el campo electoral perdido que en rehacer los partidos por la ventaja que ello tenga para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, puede decirse que la Constituyente Liberal y en menor medida las convenciones descentralizadas conservadoras son por lo menos una señal de no estancamiento. Igualmente el hecho de que se esté

debatiendo una reforma electoral en los dos últimos gobiernos, supone una intención transformadora por parte de la clase política, pero muy menguada si se analizan las dificultades y débiles consensos que han existido al respecto.

Es un hecho, que el Partido Conservador está más debilitado que el Partido Liberal, debido en parte al control que hubo en el mismo por parte del llamado Notablato, lo que impidió la ampliación de las bases, mientras que en el segundo los líderes regionales hace tiempo asumieron el poder del partido y han encontrado siempre la manera de tener éxito electoral. Así, los espacios copados por fuerzas ajenas a estos partidos han perjudicado más a los conservadores, lo que no significa que el bipartidismo se esté desdibujando, pues esos pocos lideres independientes que llegan a las alcaldías, gobernaciones, consejos o asambleas siguen siendo la excepción o provienen de los mismos partidos mayoritarios. Hay sin duda casos muy importantes, como el triunfo del independiente Antanas Mockus a la Alcaldía de Bogotá en dos oportunidades o del sacerdote Hoyos a la Alcaldía de Barranquilla, pero el dominio sigue siendo bipartidista.

Precisamente uno de los rasgos del sistema de partidos colombiano es la dificultad que tienen las tercerías para ganar el poder y mantenerse. La Alianza Democrática, por ejemplo, surgida de un movimiento exguerrillero (M-19), tuvo un éxito temporal y prácticamente se extinguió. La Unión Patriótica, como se explicó, fue víctima de un genocidio y los lideres que crearon partidos independientes como los liberales Jorge Eliecer Gaitán, Alfonso López Michelsen o Luis Carlos Galán, terminaron volviendo al partido. La Anapo (del exdictador Gustavo Rojas), tampoco pudo convertirse en el partido visagra que se pensaba iría a ser. Por otra parte es evidente que el antipartidismo de algunos líderes como la conservadora Noemí Sanín, candidata muy votada en las pasadas elecciones presidenciales, no implica en verdad la intención de crear un nuevo partido (su grupo se autodenomina movimiento), sino más bien de aprovechar el desgaste de las colectividades en las grandes ciudades.

El propio Antanas Mockus está intentando construir un partido político, El Partido Visionario, pero ni siquiera pudo obtener las firmas suficientes para su personería jurídica, y además parece que hay dificultades organizativas serias en su interior. Por último, una parte de la izquierda moderada ha creado el Frente Social, que tiene tres grandes problemas. Por un lado, entre sus integrantes y simpatizantes hay corrientes tan disímiles que no se ve como pueden llegar a ponerse de acuerdo en la mayoría de los temas. En segundo lugar, que sufrirán el sanbenito que supone ser un partido de izquierda democrática en Colombia, donde aun no se ha entendido lo importante que es la ocupación de ese espectro político por algún partido. Finalmente, que su cabeza visible es un reconocido líder sindical, lo que supondrá la oposición de los grupos económicos, que financian mayoritariamente las candidaturas presidenciales en Colombia.

Otro rasgo esencial del sistema de partidos colombiano es el "colaboracionismo", llamado en Colombia "lentejismo" (venderse por un plato de lentejas), y que supone la participación del partido derrotado en las elecciones en

el gobierno del partido vencedor. Esto afecta profundamente la cohesión de los dos partidos mayoritarios. La costumbre viene desde principios de siglo, pero se volvió regla con el Frente Nacional y no dejo de regir después de su terminación. Los liberales colaboran en los gobiernos conservadores y a la inversa, sin el menor sentido de culpa, y regresan luego a su partido como si nada hubiera pasado. Solo por citar ejemplos recientes, el actual Presidente Conservador ha tenido como Ministro del Interior al exministro liberal de justicia del anterior gobierno liberal, al exvicepresidente del anterior gobierno liberal y a un reconocido líder liberal antioqueño (además de ofrecer la cartera a la excandidata liberal a la vicepresidencia que el mismo venció). Además el actual Ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, es un liberal de una de las familias mas influyentes en el partido durante el siglo XX. Pero así ha sido siempre en casi todos los gobiernos de las últimas décadas, y seguirá haciéndose en tanto los partidos no se autodisciplinen, con o sin ayuda de normas legales. De momento el personalismo sigue siendo la regla, en detrimento de la institucionalización de los partidos.

Puede decirse, para concluir, que el sistema de partidos colombiano es un sistema bipartidista fragmentado, desideologizado y en proceso de transición hacía modelos aún no determinados, en los que es de esperarse puedan incorporarse los actuales grupos armados de extrema izquierda y extrema derecha, como sucedió por ejemplo en El Salvador. Pero estos resultados aquí expuestos solo son el comienzo de una investigación de largo aliento que no se ha hecho aun sobre los partidos mayoritarios colombianos, en la que se descifre toda su compleja combinación de tradicionalismo y modernidad, bases sociales y poder clientelar, fragmentación y aglutinamiento, regionalismo y centralización, entre otras muchas tendencias contradictorias que los caracterizan.

B. RASGOS GENERALES DEL APARATO INSTITUCIONAL.

La Constitución Política de 1991 consagra a Colombia como un “Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. El país está dividido en 32 departamentos, 1096 Municipios y cuatro distritos: Distrito Capital de Bogotá, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena y el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. En el sistema político colombiano, de carácter presidencial (fuerte), los partidos los partidos compiten principalmente en elecciones nacionales (Congreso bicameral y Presidencia), regionales (Asambleas Departamentales y Gobernación), locales (Consejos, Alcaldías municipales y Juntas Administradoras Locales), y ocasionalmente en las consultas internas de los partidos para las presidenciales. Las autoridades son elegidas en su totalidad por sufragio directo y universal. Las elecciones locales, parlamentarias y presidenciales se realizan en diferentes fechas. Desde 1991 está prohibida la reelección presidencial. En las elecciones

presidenciales, que se realizan bajo el sistema mayoritario a doble vuelta, se elige también vicepresidente. En las elecciones legislativas se da un sistema de representación proporcional por listas cerradas y bloqueadas (listas en las que el elector no puede realizar modificaciones). Cada partido tiene la posibilidad de presentar el número de listas que desee. Para asignar escaños se utiliza el método de cuocientes y residuos: “el cuociente se obtiene al dividir el número total de votos en cada circunscripción electoral por el número de escaños a proveer en la misma. Una lista obtiene un número de escaños equivalente al número de veces en que se pueda dividir su votación por el cuociente. Los escaños que, luego de esta primera ronda, se quedaran sin asignar, se distribuyen por el procedimiento de residuos mayores. Estos se organizan en forma descendente, y cada lista recibe un escaño adicional hasta que se hayan asignado todos los escaños correspondientes al distrito electoral en cuestión. Se trata de un sistema bicameral discriminado. Para el Senado, existe un único distrito nacional, mientras que para la Cámara de Representantes las circunscripciones están en correspondencia con la división político-administrativa del país, o sea los departamentos, que tienen más o menos representantes según el censo poblacional. Los períodos de los presidentes y del congreso son de cuatro años, mientras que los de gobernadores y alcaldes de solo tres, con posibilidad de revocatoria del mandato. Los partidos que se estudian dominan la mayor parte del panorama electoral y político, mientras que el papel de las terceras fuerzas siempre ha sido marginal o circunstancial. La Constitución Política de 1991, trató de abrir el sistema a nuevos sectores y nuevas fuerzas, y de esta forma desmontar las dinámicas de bipartidismo pactado que el frente Nacional impuso al sistema político colombiano. Para ello facilitó la creación de partidos y movimientos políticos, garantizó la libertad para afiliarse o retirarse de ellos y de organizarse internamente sin la intervención estatal. Sin embargo, los resultados de esta reforma no fueron los esperados, ya que lo que se presentó fue una creciente atomización y fragmentación del sistema de partidos, lo cual afecta tanto a las terceras fuerzas como a los partidos tradicionales, pues estos últimos presentan infinidad de listas, quitando espacio a los primeros y fragmentándose ellos mismos, perdiendo su coherencia como partido. Esto ha intensificado la personalización de la política, pues por la proliferación de listas, el elector se ve obligado a votar por el individuo más que por el partido. Así cada lista es casi un partido, y por ello algunos dicen que hay un pluripartidismo disperso en Colombia. Existe un sistema de financiación pública de la vida política, que implica tanto la financiación del funcionamiento de los partidos como de una parte de los gastos de las campañas políticas. En el primer caso los partidos prácticamente dependen de ese aporte estatal, pero en lo referente a las campañas los abusos son la regla. Las normas establecen topes a los aportes y gastos, pero estos no se cumplen. Los costos son tan altos, que los congresistas crean una gran dependencia de sus

patrocinadores, que pueden ser los grandes grupos economicos y a veces narcotraficantes, lo cual ha generado una ola de arrestos a importantes lideres políticos en los últimos años. Incluso en las elecciones presidenciales ha habido participación económica de los carteles de la droga, como se pudo demostrar respecto de la campaña del Presidente Ernesto Samper, lo que generó una grave crisis política, aunque finalmente el Presidente fue declarado inocente respecto al conocimiento de ese hecho. Paradójicamente aun no se han aprobado nuevas normas sobre financiación de campañas. A raíz de todos los inconvenientes que se han presentado en este y otros sentidos, durante la pasada década se han venido formulado múltiples propuestas para reformar el sistema electoral y de partidos, para lograr una mayor transparencia y organización de los mismos. La principal de ellas hace referencia obviamente a la financiación pública de las campañas para las elecciones nacionales en su totalidad, para evitar la entrada de dineros ilícitos y a su vez evitar que los grupos económicos influyan en el accionar de los partidos, movimientos y candidatos. De momento los temas que más consenso han generado son: efectiva limitación de ingresos y egresos, financiación total de las presidenciales, prohibición de la publicidad pagada en televisión y limitación de la calidad de aportantes a las personas naturales. Pero también en temas puramente electorales se ha propuesto la limitación del número de avales que los partidos pueden presentar por cargo a ocupar, para eliminar la fragmentación y reagrupar las minorías. En ese mismo sentido se ha planteado la necesidad de establecer un Umbral, que puede oscilar entre el 2 y el 5% (con el 12% sería suficiente para algunos), con lo cual se busca la integración de los pequeños movimientos y partidos para que de esta forma se logren organizar como bloques políticos que estén en capacidad de competir con los partidos tradicionales. Un argumento en contra de esta medida es que por una parte se volvería a cerrar el sistema a los pequeños partidos y movimientos, y por otra parte al obligar a integrarse a diversas fuerzas, de una u ora forma los intereses específicos de cada una de ellas se desdibujarían. Por último, se ha insistido en que se exija la democratización interna de los partidos para crear procesos democráticos y participativos al interior de los mismos, pues la actual normativa les da libertad absoluta en ese sentido. También se ha hablado de partidos de primer y segundo nivel, voto preferencial y muchos otros mecanismos, pero existe una gran confusión sobre que tipo de combinación finalmente va a lograr que resultado, y tampoco hay mucha claridad sobre lo que se desea: un bipartidismo con un partido bisagra, un pluripartidismo moderado, unos partidos disciplinados o flexibles, etc. Una primera fórmula ya se aprobó en una primera legislatura, pero hay un enorme riesgo de que se "hunda" durante los debates de la segunda legislatura. Es evidente que se requiere una reforma política, pero también que aun no se han construido los consensos en torno a ello, y cualquier aprobación por vía de negociación puede ser contraproducente si no hay tal requisito previo. La gran duda es si adelantar esos cambios para ambientar el ingreso de los grupos armados a la vida política o

precisamente dejar esos debates como parte de las conversaciones, puesto que pueden ser modificadas nuevamente las normas luego de los acuerdos de paz. Todo parece indicar que es mejor seguir adelante, toda vez que, como explicaba un exministro defensor de un proyecto de reforma en una audiencia publica, "todo no se puede poner en el congelador de la paz", y como aclaraba un senador exguerrillero en una congreso académico, "en general los grupos alzados en armas tienen planteamientos de fondo diferentes a la ingeniería institucional, así que es mejor no esperar".

C. PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO Se puede decir que el Partido Liberal es el partido que más poder ha tenido en toda América Latina, pues lleva 150 años compitiendo por el poder, de los cuales la mayor parte del tiempo ha sido dominante, excepto la larga hegemonía conservadora, el período de violencia, dos presidencias pactadas y dos presidencias en competencia libre. Desde el fin del Frente Nacional hasta el momento actual, la vida política nacional ha girado en buena medida en torno a este partido que, como se verá, ha obtenido el apoyo de amplios sectores populares y la mayor parte de las presidencias y de los curules en los cuerpos colegiados, a la vez que ha sido actor central en todos los momentos claves de la vida política nacional: Olimpo Radical en el siglo XIX, modernización política en los treinta, movimiento gaitanista en los cuarenta, "La Violencia" de los cincuenta, el Frente Nacional y su desmonte, la guerra contra el narcotráfico, la Constitución de 1991, los primeros acuerdos de paz con la guerrilla, la apertura económica, etc. 1. CARACTERISTICAS ORIGINARIAS DE LA ORGANIZACIÓN. El Partido Liberal colombiano estuvo conformado en sus comienzos por comerciantes exportadores, fuertemente influenciados por las doctrinas del libre cambio inglesas, aunque hay autores que sitúan el origen de ambos partidos en el poder hacendatario. Pero como es un hecho que el partido también incluyó en sus filas a esclavos, indígenas, artesanos y antiguos militares de la independencia venidos a menos, se acostumbra hacer referencia a ello en su constante apelación a los sectores populares. Pero dicha composición de clase es solo comprobable en determinadas regiones y momentos, por lo cual se puede afirmar que desde sus orígenes se trató de un partido pluriclasista.

Cuadro I. Características originarias de la organización Partido Liberal Colombiano Origen territorial (proceso de creación del partido)

Desde el centro (la capital, Bogotá) a la periferia.

Fuente de creación 0 Interna, con antecedentes internos, sin influencia externa.

Líder carismático Ezequiel Rojas Fuente: Elaboración propia

2. POCISIONES IDEOLÓGICO PROGRAMÁTICAS El primer planteamiento ideológico del Partido Liberal colombiano fue obra de Ezequiel

Rojas, quien el 16 de Julio de 1848 publicó un artículo conocido como: "La Razón de mi Voto", en el periódico El Aviso, proponiendo un ideario para que realizara el gobierno de José Hilario López. En este primer programa se abogaba por la defensa de los derechos y las libertades públicas, el respeto por la ley y la separación entre la religión y la política. Se puede decir que se trataba de una ideología burguesa, derivada de las ideas utilitaristas de Jeremías Bentham, según las cuales el principio de la utilidad debía buscar la máxima felicidad, convirtiéndose en el regulador de la moral, el derecho, la política y la economía. Por ello, uno de los objetivos primordiales de la ideología del Partido Liberal era borrar los rasgos del estado colonial, lo cual significaba crear un sistema representativo, con separación de poderes, control del legislativo sobre el ejecutivo, concesión de derechos y libertades públicas a los ciudadanos y una recta y pronta administración de la justicia. En el campo económico, el Partido Liberal propugnaba por ampliar el mercado, desarrollando el comercio e incorporando nueva fuerza de trabajo libre, de indígenas y esclavos. Y efectivamente, durante la segunda mitad del siglo XIX, hasta que perdieron el poder los liberales en 1985, se llevaron a cabo reformas radicales que respondieron en gran medida al primer programa liberal: declararon la libertad de cultos, concesión del sufragio masculino directo, abolición de los diezmos, supresión de la pena de muerte, separación de la iglesia y el estado, desamortización de bienes de manos muertas, instauración del matrimonio civil y del divorcio, etc.

Cuando los liberales recuperaron el poder en 1930 su ideario y principios prográmaticos también eran claros: Intervencionismo de Estado, Secularización, Función Social de la Propiedad y Medidas de Protección Social; y de hecho lograron incluirlos en la Constitución durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. El problema fue que dentro del mismo Partido Liberal había una línea de centroderecha, el Santismo, que terminó dominando el partido hasta la pérdida del poder en 1946, justamente por la división causada por Jorge Eliecer Gaitán, quien asumió una línea de izquierda liberal más radical que la del propio López Pumarejo. A pesar de que este líder estuvo fuera del partido un tiempo y creo el suyo propio (Unir), terminó regresando como jefe único y candidato presidencial, pero fue asesinado en 1948.

Luego de este hecho, que desató la llamada "Violencia" bipartidista, los liberales ideólogos debieron huir del país y prácticamente regresaron en funciones de tales para firmar el Frente Nacional que acabó con la dictadura de Gustavo Rojas, acuerdo que presuponía justamente la neutralización de los aspectos ideológicos en las estrategias de ambos partidos. El partido cayo en una anomia ideológica a partir de entonces, siendo las divisiones en adelante más personalistas que programáticas. El santismo y el lopismo siguieron funcionando, junto con la nueva línea, el Llerismo (por Alberto Lleras), pero sus diferencias ideológicas no eran las de antes. Aunque hubo gobiernos como el de Carlos Lleras al final de la década de 1960 que tuvieron un carácter marcadamente modernizador, en general las disputas no tuvieron tono ideológico.

Como se verá en el numeral de rendimiento de los gobiernos, es muy difícil establecer una línea programática consecuencial en los gobiernos liberales,

incluso después del Frente Nacional. Cada líder llegaba con su proyecto, más o menos audaz, más o menos progresista y lo aplicaba con independencia de lo que el partido pudiese opinar. Obviamente contaba con las mayorías liberales en el Congreso, pero también tenía que pactar con ellas, como debió hacerlo Carlos Lleras por ejemplo, para hacer aprobar la Reforma Constitucional de 1968, que fortaleció el presidencialismo. Así, los estatutos vigentes consagran una ideología pactada entre quienes dominaban la burocracia del partido entonces, los parlamentarios, pero sin ningún tipo de compromiso real hacia ella.

a. Principios programáticos Oficialmente el partido declara en el preámbulo de sus estatutos actuales, aprobados en 1987, ser el partido del pueblo, por haber sido a través de toda la historia nacional fiel personero de las clases populares, y señala como su misión política la de construir una sociedad más igualitaria y equilibrada. Considera que la igualdad y el equilibrio en la sociedad dependen de una democracia representativa y participativa, y que la participación es una condición necesaria para el respeto y desarrollo de los derechos políticos y sociales. Enfáticamente, se afirma allí que el Estado es quien debe dirigir la economía, intervenir en ella, planificarla y racionalizarla, inspirado en el ánimo de elevar el nivel de vida de la población, en especial de las clases medias y el proletariado. Especifica que son también sus deberes garantizar la igualdad de oportunidades económicas y sociales a través de la democratización del acceso a los medios de producción, pero garantizando la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada, en tanto cumplan la función social que les otorga la Constitución.

Al parecer los actuales estatutos van a ser reemplazados este año por los estatutos desarrollados a partir de la Constituyente Liberal, cuando sean refrendados por las bases del partido mediante votación. Esta especie de apelación al constituyente originario del partido fue precedida de un interesante debate en comisiones y grupos sobre cual debía ser la ideología del partido y como debían ser sus nuevos estatutos. Quienes participaron en ella asumieron con seriedad la tarea de transformar al partido, pero no constituyen el poder real del mismo, por lo cual en el aspecto ideológico seguirá siendo un adorno para el partido de momento más que un paradigma. Es de señalar sin embargo que el texto final no presenta ambigüedades ideológicas mayores, lo cual significa un avance respecto del estatuto anterior:

" El Partido Liberal Colombiano es el Partido del pueblo, constituye una coalición de matices de izquierda democrática... defenderá los principios de tanto mercado como sea posible, tanto estado como sea necesario; en contraste con el Neoliberalismo que promueve el capitalismo salvaje". En consecuencia el Partido Liberal incorpora a su ideario el principio socialdemócrata: si a la economía de mercado, no a la sociedad de mercado... Mantendrá el principio de función social de la propiedad, que ha sido bandera del Partido... Fomentará el desarrollo con equidad así como la extensión de la seguridad social."

Más allá de lo dicho en los estatutos, en la actualidad el partido no ha podido definir una ideología unificadora de las tendencias que hay en su interior. Sobre todo no hay ninguna posibilidad de momento de obligar al presidente liberal a cumplir un programa del partido. Así sucedió en 1984, cuando el Presidente Virgilio Barco inició tímidamente la apertura económica y Hernando Agudelo Villa, miembro de la dirección liberal en aquel entonces, lo acusó de estar traicionando la ideología del partido. El presidente hizo caso omiso del aviso y lo mismo sucedió con su sucesor años más tarde, existiendo ya el mencionado estatuto, que es incluso más enfático en cuestiones ideológicas. Con base en ese estatuto el partido había presentado en 1990 su programa para los siguientes cuatro años, reivindicando las ideas de la socialdemocracia y apartándose expresamente de la corriente neoliberal, considerándola perjudicial para los sectores populares. Pero justamente el candidato elegido en la consulta de ese año, César Gaviria, declaró no estar de acuerdo con dicho programa y de hecho, una vez elegido presidente hizo exactamente lo contrario de lo señalado por el partido, siendo conocido su gobierno como esencialmente neoliberal por haberse lanzado a un proceso de apertura económica radical, privatización de empresas estatales, etc. Aunque en verdad tal proceso no fue tan audaz, pues se trató de una apertura económica tímida en términos comparativos, era evidente la falta de sintonía entre el Presidente y el Partido respecto de los asuntos ideológicos. En las siguientes elecciones Ernesto Samper, el candidato liberal, dejó entrever en su campaña política que no compartía la ideología de César Gaviria. Aunque había sido nada menos que su Ministro de Desarrollo, mientras que el candidato conservador, Andrés Pastrana, expresó su voluntad de profundizar en las políticas del entonces presidente liberal. Así, cuando Ernesto Samper ganó las elecciones dedicó una parte de su discurso de posesión al tema de "la fase social de la apertura económica", aclarando cuáles serían esos cambios. Sin atacar directamente la idea de la apertura daba a entender que ésta había creado desequilibrios al descuidar los aspectos sociales, lo cual debía corregirse. A primera vista parecían argumentos simplemente progresistas, pero con el tiempo los discursos fueron siendo cada vez más críticos con el neoliberalismo y adoptando el argumento de que los ataques contra el gobierno se debían a su posición socialdemócrata. De hecho ante la división ideológica del partido entre los gaviristas, presuntamente neoliberales, y los samperistas (seguidores de Ernesto Samper) y serpistas (seguidores de Horacio Serpa), autodenominados socialdemócratas, aparecieron dos nuevas líneas. Por una parte Juan Manuel Santos publicó una obra sobre la aplicación de la Tercera Vía en Colombia, y Álvaro Uribe expuso ante la prensa y grupos de estudio su tesis del Estado Comunitario, en la cual se aparta del modelo neoliberal por injusto, de la Tercera Vía por considerarlo un tatcherismo encubierto, y de la socialdemocracia, por estar apoyada en la burocratización del Estado. Luego Juan Manuel Santos hizo un pacto con el Partido y entró a participar en el proceso de la Constituyente Liberal, hasta que aceptó el Ministerio de Hacienda, desde donde propuso una reforma tributaria por el mismo llamada "de sudor y lágrimas", totalmente en contravía del discurso socialdemócrata que estaba dominando en la Constituyente Liberal.

Lo importante es señalar que mientras hubo éxito electoral en las presidenciales el partido no se preocupó mayormente por estas cuestiones ideológicas, aunque sí hubo algunos debates, sobre todo en 1992 y 1993 entre los llamados socialdemócratas y neoliberales. De hecho la mencionada Constituyente Liberal, una propuesta surgida en 1998 de convocar a las bases liberales directamente para definir ideológicamente el partido, reorganizarlo y renovarlo, surgió justamente de esa derrota, como lo reconoce su propio Secretario General: "La pérdida de las elecciones presidenciales en 1998 en últimas ha sido benéfica para el Partido Liberal por permitirle replantearse como organización. Dentro del partido existen fuertes corrientes que llaman a retomar ideales tradicionalmente socialdemócratas, a recobrar las raíces sociales del partido, repensar su organización y elaborar un proyecto político acorde a ello, para ser llevado a cabo una vez se encuentre en el poder el partido". En este mismo sentido, también expresó uno de los miembros de la burocracia del partido más cercanos al excandidato Horacio Serpa: "En estos momentos el Partido Liberal de Colombia enfrenta un momento especial en el que el camino a seguir está por definirse, después de perder las elecciones del año pasado parece ser la hora de emprender cambios y procesos de renovación, en esta dirección apunta la Constituyente Liberal". De hecho, la constituyente liberal, en uno de sus documentos de difusión, insiste en que tal búsqueda de identidad ideológica legitima dicho proceso: "La Constituyente surge por la necesidad de superar la confusión que existe en los cuadros directivos y en las bases liberales, sobre cuáles son realmente los fundamentos, las bases ideológicas y los compromisos programáticos." Lo que en efecto sucedió entre las "irreconciliables posiciones ideológicas", fue que todos terminaron aceptando que son socialdemócratas, aunque no está muy claro como se evitará que cada presidente no obre según le parezca sin ninguna consecuencia al ser elegido. De hecho, César Gaviria y su exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, manifestaron públicamente que no son neoliberales en absoluto, sino socialdemócratas. A esta confluencia contribuyó el hecho de que en 1999, gracias sobre todo a la diplomacia de partido de María Emma Mejía (exministra de Relaciones Exteriores), el partido fue aceptado como miembro pleno de la Internacional Socialista en 1999 (ya era observador desde 1982), e incluso ese mismo año se organizó una de las reuniones regionales en Colombia, siendo anfitrión el Partido Liberal, y todos los jefes importantes la aceptaron sin chistar, e incluso muchos asistieron. Horacio Serpa a partir de 1999 comenzó a expresar la necesidad de "colombianizar los criterios de la Internacional Socialista", y al parecer todos terminarán aceptando formalmente esos contenidos. Es importante señalar que estas discusiones ideológicas solo se dan en las altas esferas o entre los militantes con mucha formación académica involucrados con la burocracia nacional del partido, aunque el impresionante y persistente trabajo desplegado por los organizadores de la Constituyente sí ha logrado ampliar en cierta forma ese debate hasta el punto de que cualquier candidato liberal va a tener que tener a mano la palabra social-democracia en sus discursos, cualquiera que sea su verdadero pensamiento y su intención política.

En síntesis, los principios prográmaticos del partido siempre han estado orientados por una concepción progresista de la sociedad, defensora del intervencionismo, de la secularización, de la responsabilidad del Estado, y de hecho, ha sido el partido de avanzada en Colombia, en el contexto conservadurista del país (entre los partidos que han tenido poder). Sus líderes han realizado o intentaron adelantar los mayores procesos de transformación conocidos, destacandóse entre ellos a Alfonso López Pumarejo (Revolución en Marcha), Jorge Eliecer Gaitán y Luis Carlos Galán, entre otros. Sin embargo sus programas en el gobierno no han pasado de ser "liberales" en estricto sentido, no diferenciandose en casi nada de los de los conservadores en las últimas décadas. Es decir, su progresismo es mayúsculo en el contexto de la comparación con toda la historia del partido conservador en Colombia, pero pierde fuerza al estudiársele fuera de esa relación o analizarse detenidamente su comportamiento durante los gobiernos que ha tenido en los últimos años. La pretensión de algunos de su lideres de querer ocupar el partido el espacio de la izquierda moderada o centroizquierda del espectro político, lo cual quedó consagrado en el texto de la Constituyente definitivo, puede ser sincera pero no es posible de momento, pues en términos absolutos sigue siendo un partido de centro, como quedó ratificado en el estudio de autoubicación ideológica.

b. Autoubicación ideológica. El Partido Liberal colombiano aunque comparativamente con el Partido Conservador pudiera ubicarse como de centroizquierda, es definitivamente un partido de centro, desde todo punto de vista: por sus actuaciones, por su autoubicación, por sus electores y por su imagen. Respecto de esta última, su alianza bipartidista en 1957 lo hizo aproximarse tanto al Partido Conservador en la mente de los colombianos que tal imagen aun persiste. Sobre sus actuaciones hay una extensa literatura explicativa de cómo el Frente Nacional desdibujó las fronteras ideológicas entre los dos partidos apoyándose preferentemente en el clientelismo. En cuanto a su autoubicación, dos encuestas realizadas por el autor en 1994 y 2000 ratifican esa imagen. En el primer y más amplio estudio, se encuestaron 41 representantes a la cámara liberales, preguntándoseles dónde se ubicarían a sí mismos y a su partido en una escala ideológica donde 1 es izquierda y 10 es derecha, y el resultado rotundo fue que en el centro. En la autoubicación el resultado fue 5 y en la ubicación del partido 5.5 (el promedio de autoubicación en Colombia es 5.4 y en Iberoamérica 5.0.) En el 2000 se repitió la pregunta de la ubicación del partido a 6 miembros claves del partido, 3 de la burocracia y 3 del congreso y el promedio fue casi idéntico 5.8. El Partido Liberal se considera un partido progresista, pero rara vez utiliza la palabra izquierda, quizá porque en Colombia se suele asociar equivocadamente esta palabra con el movimiento guerrillero. Pero de todos modos siempre se consideran más a la izquierda que los conservadores, y estos también lo sitúan en esa posición.

En síntesis, si bien hay en el interior del partido posiciones de derecha e izquierda en variadas gamas, incluso contradictorias, ha sido la organización que

ha liderado los más importantes cambios en la historia política del país en el último siglo, por lo cual su vocación progresista resulta incontrovertible. Si bien es cierto que su apelación al pueblo se ha utilizado con fines electorales y en general se ha mostrado conservadurista en muchos de sus gobiernos (no solo durante el Frente Nacional), es definitivamente un partido con vocación libertaria y modernizadora, y hay líderes fuertes en la actualidad que defienden aun esa bandera (Horacio Serpa fundamentalmente se autoubica allí). Ello no significa que la preponderancia de esos líderes o el triunfo de la visión socialdemócrata en la Constituyente Liberal supongan una claridad ideológica unívoca del partido. La situación es más bien inversa, pues en el ala derecha hay también líderes con visibilidad y arrastre bien electoral o bien de opinión pública. Esas diferencias serán muy categóricas en la selección de candidato presidencial para los próximos comicios y hay muchas probabilidades de que desencadenen una profunda y duradera división del partido. De momento el Partido Liberal seguirá siendo un partido de centro, con pretensiones de aproximarse al centroizquierda, que se verán contrarrestadas en gran medida por las tendencias conservaduristas internas y por la propia falta de cohesión del partido, tanto por la fragmentación como por la falta de disciplina en sus filas.

Cuadro II: Medias de autoubicación ideológica de los miembros del PLC (1= Izquierda y 10= Derecha) 1998: Legisladores n = 41 5 1999: Legisladores, Dirigentes y Militantes n = 7

5,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pregunta Realizada: “Utilizando una escala ideológica donde 1 sea izquierda y 10 derecha: ¿dónde se ubicaría usted?” Fuente: PELA (1998), PPAL (1999).

Cuadro III: Medias de Ubicación del PLC según las percepciones de los miembros de los otros partidos (1= izquierda y 10 = Derecha) 1998: Legisladores n=21

6,4 1999: Legisladores, Dirigentes y Militantes * n = 9

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pregunta Realizada: “Utilizando una escala ideológica donde 1 sea izquierda y 10 derecha: ¿dónde situaría usted a los otros partidos? ”Fuente: PELA (1998), PPAL (1999).

3. EL PARTIDO COMO SISTEMA. LAS CINCO CARAS DEL PARTIDO a. El partido como organización electoral El Partido Liberal fue minoritario durante la primera parte del siglo XX, pero desde la década de 1930 ha sido electoralmente mayoritario, y ello se ha reflejado en el dominio del Congreso desde entonces y en el hecho de que cuando ha habido libre competencia (respecto de los partidos tradicionales) siempre ha ganado las elecciones presidenciales, excepto en tres oportunidades, dos de ellas por divisiones internas (1946,1982), manteniendo en esos dos casos la superioridad numérica. Especialmente desde la finalización del Frente Nacional en 1974 ha sido tal el éxito electoral del partido que algunos llegaron a vaticinar su conversión en una especie de PRI colombiano. Paradójicamente este dominio electoral se ha dado en el contexto de un gran abstencionismo, sobre todo en la última década, aunque los resultados de las dos últimas elecciones (1998 y 2000) señalan una cierta recuperación en la participación. En parte por ello se ha llegado a afirmar que este éxito (el de los dos partidos tradicionales en conjunto) no se debe a una base electoral firme sino a la pura combinación de reglas favorables, corrupción clientelista y represión a otras fuerzas políticas, que resultan funcionales en un ambiente de abstención y voto no obligatorio. Pero como se expuso se ha comenzado a desvirtuar esta aseveración, reconociendo que si bien estos factores existen, la base social de los partidos tradicionales parece ser muy fuerte, por los motivos que sea, toda vez que el elector colombiano "tiende a votar centrista, incluso en las situaciones en las que se ha propagado cierta indignación colectiva", conduciendo al fenómeno de la "aglomeración" o mantenimiento de los partidos que cuentan en el centro político. Dicho centrismo o "carácter pegajoso del bipartidismo" puede deberse también, sostiene el mismo autor, al recuerdo de la violencia partidista de mediados de siglo y a la natural aversión al riesgo que produce la sensación de incertidumbre generalizada. A ello habría que agregar el factor internacional, pues si bien el centrismo fue más bien excepcional durante todo el tiempo de la Guerra Fría, se volvió muy común al acabar ésta, con lo cual Colombia quedó homologada al contexto mundial sin moverse de su posición. Sin embargo, dicha aglomeración no explicaría por sí misma la superioridad del Partido Liberal en las elecciones, sino que incluso la desvirtuaría, pues no existiendo diferencia ideológica importante, el elector en principio estaría más tentado a no votar o votar por cualquiera de los dos indistintamente. La superioridad del liberalismo puede deberse a muchos factores, pero fundamentalmente se señala que las grandes migraciones a la ciudad invirtieron la proporción poblacional campo-urbes en pocas décadas, lo que favoreció al Partido Liberal, con fuerte arraigo entre los estratos medios y bajos de muchas ciudades, y Colombia es un país de ciudades grandes. También es cierto que a pesar de ese centrismo bipartidista el Partido Liberal ha sabido apelar al pueblo de manera eficiente en momentos claves de la historia y aun lo sigue haciendo con éxito. Todo parece indicar entonces que la mayoría liberal se debe no solo a que tiene una

mayor maquinaria política, sino también a ese voto tradicional del que hablaban los primeros analistas de comportamiento electoral. Es decir, hay más votos liberales también porque parece haber más personas que tienen sentimientos arraigados de simpatía al partido, bien por razones familiares, o por tradición local, pues hay pueblos y regiones total y casi totalmente liberales (y conservadores también), o por una simple afiliación tradicional irracional al color, la historia, los personajes y el simple nombre, al estilo de las fanaticadas del deporte. Aunque se insiste frecuentemente que la adhesión partidista ha bajado y se citan encuestas sobre la pérdida de confianza en los partidos, parece ser que aunque las personas hablen mal de los partidos tradicionales en Colombia, a medida que se aproximan las elecciones afloran esos sentimientos de pertenencia y los resultados indican que además se reflejan en votos. Esto explicaría en parte los triunfos liberales en el Congreso y muchas presidenciales, pero no su derrota en las presidenciales de 1998, en las que como se verá, pareció operar más bien el "rational choice" de Downs (1957). Aunque se insiste en el poder de las terceras fuerzas en los últimos años y en el desgaste de los partidos, por lo menos a nivel del congreso, la situación no ha variado mucho para el Partido Liberal, como puede observarse en los cuadros, salvo lo ocurrido en la Asamblea Nacional Constituyente, y tampoco en las presidenciales (excepción hecha del éxito de Noemí Sanín en la última elección, por circunstancias particulares). En el caso de las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales, la dominación liberal en un contexto bipartidista se mantiene también numéricamente, aunque dicha preeminencia es bien singular, pues muchas veces es producto de alianzas bipartidistas, y la aparición de nuevos líderes liberales e independientes fue innegable. Pero si se miran los resultados sobre votación para alcaldías podrá observarse que el desgaste del Partido Liberal no es progresivo, mientras que sí lo fue para el Partido Conservador según se verá. Otra explicación sugerente de la combinación centrismo-mayorías liberales y consiguiente éxito electoral liberal apunta a la presunta existencia de una cultura política conservadora vergonzante mayoritaria en Colombia. De cualquier forma el éxito del liberalismo electoralmente es evidente y basta para ello mirar los resultados electorales desde 1974 hasta hoy para comprobarlo. Sin embargo, además de los motivos comunes señalados, las razones del mismo son muy diversas y varían en los diferentes niveles (nacionales, departamentales y municipales) y en cada coyuntura histórica (fin del Frente Nacional, tragedia del Palacio de Justicia, nueva Constitución en 1991, etc.). Es importante sin embargo explicar el éxito del partido en algunos de estos niveles y con relación a ciertas circunstancias para aproximarnos a la realidad electoral del partido más allá de explicaciones omnicomprensivas, y sobre todo analizando hasta qué punto se deben, como se suele argumentar, al clientelismo y compra de votos y al diseño del sistema electoral. Varía, pues, mucho la explicación de las presidenciales a las parlamentarias, antes y después de la inclusión de la elección popular de alcaldes o de la Constitución de 1991, en las regiones que en las ciudades, en las asambleas que en los concejos, en regiones costeras o de montaña, en zonas de guerrilla o de paramilitarismo, etc. Este estudio generalizado apenas se está realizando en forma y no es el objetivo de esta breve síntesis, en la que enfatizaremos sólo los aspectos más generales y algunas particularidades

sobresalientes. Aunque en términos generales el triunfo de los liberales durante el posfrente nacional en las presidenciales se ha atribuido a urbanización del país, la constante apelación al pueblo, el sentimiento centrista-conservador vergonzante y la exclusión política de terceras fuerzas, muchas veces de forma violenta, la explicación más frecuente hace referencia a las maquinarias clientelistas que surgieron como producto del Frente Nacional para conseguir los votos de un electorado despolitizado por la repartición pactada del poder político. El análisis suele estar dirigido a los dos partidos tradicionales, pero se insiste en que los liberales son los más clientelistas y los expertos en manejar estas redes, aunque los liberales se defienden diciendo que por supuesto "los conservadores son menos clientelistas solo porque son más poquitos". Un rasgo que debe señalarse para entender la primacía electoral del Partido Liberal es su capacidad de adaptación. Con el objetivo justamente de "desbaratar los feudos podridos del bipartidismo", o sea quitarle fuerza a los llamados barones electorales que manejan esas maquinarias para lograr su propia elección, la elección de sus protegidos y "vender" sus votos al candidato presidencial, la Constitución de 1991 fomentó la creación de partidos políticos pequeños, reconociéndoles fácilmente la personería jurídica. Pero esa aspiración pluripartidista inspirada en ríos de tinta impresa sobre el exclusionismo del sistema bipartidista, al combinarse con un sistema electoral que otorga curules a los residuos, aunque sí afectó a dichos barones considerablemente, tuvo otras consecuencias, bien diferentes a las esperadas. Ninguna tercera fuerza se pudo consolidar como alternativa al bipartidismo, con lo cual en su debilidad perdieron su independencia, cayendo frecuentemente en pactos absurdos con los mismos líderes que son objeto permanente de sus críticas. Pero el efecto sobre el Partido Liberal de esta y otras reformas contra el clientelismo (eliminación de los auxilios, circunscripción nacional para el senado, inhabilidad para pasar de ser congresista a ministro, etc.), fue también inesperado, pues los dirigentes liberales, para evitar que su mayoría electoral perdiera fuerza ante unas minorías dispersas recién llegadas, decidieron presentar un gran número de listas para las elecciones legislativas, de modo que si bien se perdían muchos votos que nunca obtenían representación, un buen número de cabezas de listas liberales ganaban curules con muy pocos votos, volviéndose un sistema formalmente plurinominal en un sistema en el fondo uninominal. La llamada "operación avispa" fue exitosa para el partido en la medida en la que siguió siendo la mayoría numérica, pero la falta de cohesión partidaria que se venía dando desde el Frente Nacional se profundizó aún más, pues cada candidato se convirtió en un pequeño partidito con sede, recursos propios, burocracia independiente, y por supuesto, casi total autonomía al tomar sus decisiones. Estas "empresas electorales" se han convertido en el nuevo blanco de las reformas políticas, que quieren revertir una supuesta fragmentación e incluso atomización de los partidos, proponiendo medidas como la lista única, el umbral y la prohibición de la doble militancia, con la idea un tanto peregrina de que al mismo tiempo se forzaría a las minorías para unirse en una gran tercera fuerza que compita con el bipartidismo. No interesa en este escrito

analizar la bondad de esas reformas pero sí tratar de entender cómo es el Partido Liberal en su cara electoral. Si se fuera a buscar símiles en el mercado a las relaciones entre el Partido Liberal y esos candidatos, en lugar de hablar de microempresas tendríamos que llamarlas "sucursales autónomas" o "franquicias", pues al conceder el aval del partido, al mismo tiempo se está prestando la historia de la colectividad, la imagen de los líderes del momento, el color y en cierta forma el secreto y las técnicas para la "venta exitosa". Algunas de esas franquicias son todavía feudos podridos, otras han caído en manos de los delincuentes que las financian, muchas son fantasmales, pero como sostiene Gutiérrez, también hay que reconocer que otras encarnan representaciones regionales y sociales auténticas, y que de ellas han surgido en cierta forma dos de las tan soñadas tercerías". En síntesis, la crisis del Partido Liberal, de la que se habló frecuentemente en las reuniones de la Constituyente Liberal, no supone que el partido haya decaído en su representación en el congreso, sino que hace referencia en gran medida a la derrota en las presidenciales, atribuida en parte al hecho de que algunas de esas franquicias se aliaron con "la competencia" para la elección (endosándole sus votos) y otras después negociaron con el Presidente conservador, como ya lo venían haciendo con los liberales. Se creó así una división nada ideológica, entre los "oficialistas" opositores y los "colaboracionistas" negociadores. Pero es de señalar que en circunstancias particulares estos retoman su independencia para apoyar el oficialismo, como sucedió en el caso del nombramiento de Contralor General o la Reforma Política de Pastrana de 1998, que fue archivada por el Congreso, una vez el liberalismo oficial, le retiró su apoyo. Con toda su fragmentación, sus nefastas influencias, sus terribles errores como gobernante y su negligencia como legislador, los resultados electorales del Partido Liberal lo sitúan como la organización política más fuerte del país, y de alguna forma como una especie de débil contrapeso para equilibrar en términos de legitimidad la fuerza desestabilizadora de la guerrilla. Se trata de un partido que no está sobrerepresentado ni está favorecido por el sistema electoral de forma inequitativa como se pensaba, que tiene una impresionante base social no explicable por el simple clientelismo y aun sin estudiar suficientemente, y que en síntesis es el eje del sistema de partidos en Colombia. a.1. Elecciones presidenciales a.1.1. rendimiento electoral liberal en las presidenciales durante el siglo xx. El siglo XIX estuvo más marcado por triunfos bélicos que electorales, por lo cual es mejor medir el rendimiento electoral del Partido Liberal durante el siglo XX. Los primeros 30 años del siglo estuvieron fuera del poder, pues era la continuación de la Hegemonía Conservadora, paradójicamente inaugurada por un liberal independiente, aunque hubo colaboración a partir de cierto momento.

Colombia ha sido uno de los países con mayor continuidad electoral durante el siglo XX en Latinoamérica, pues todos sus presidentes han llegado al poder por elecciones, a excepción de José Manuel Marroquín a principios de siglo (1900-1904) y Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), que no eran liberales, o asumieron como encargados por falta del presidente elegido. Así pues, todos los presidentes del Partido Liberal han llegado al poder por las urnas (o como reemplazos), y las dos únicas dictaduras civiles que ha habido, Mariano Ospina Pérez (1949-1950) y Laureano Gómez (1950-1953) fueron gobiernos conservadores. Pero el Partido Liberal, a pesar de ser mayoritario desde 1930 ha tenido menos presidentes elegidos en el siglo (11), que el Partido Conservador (12). Para entenderlo deberemos clasificar el rendimiento electoral para las presidenciales del Partido Liberal en cuatro períodos:

Primero: Período de ausencia por hegemonía conservadora: Desde finales del siglo XIX y hasta 1930 fue un partido ausente del poder presidencial, debido a la Hegemonía Conservadora. Segundo: Período de República liberal: Comenzó cuando llegó al poder en 1930 Enrique Olaya Herrera, debido a que el conservatismo se presentó dividido a las elecciones, pero también al desgaste de ese partido en el poder durante tantos años y una serie de problemas sociales y políticos. En este período se destaca la presidencia de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) y su programa de modernización "La revolución en Marcha". Tras cuatro presidencias liberales (Enrique Olaya, Alfonso López, Eduardo Santos y Alfonso López nuevamente), termina este período con la derrota en las presidenciales, al llegar el partido dividido a las elecciones de 1946: la ala derecha del partido, liderada por Gabriel Turbay, y el ala izquierda, con Jorge Eliécer Gaitán al frente. Tercero: Período de ausencia por violencia política y régimen militar: Con el asesinato en 1948 del casi seguro ganador de las siguientes elecciones presidenciales, Jorge Eliécer Gaitán, durante la presidencia del conservador Mariano Ospina Pérez, la violencia política se acentuó hasta el punto de que los liberales no participaron en las elecciones de 1950 y luego vino el golpe militar de 1953, que duró hasta 1957. Cuarto: Período de la alternancia por el Frente Nacional: A partir del pacto bipartidista y durante 16 años, los liberales ocuparon la presidencia cada cuatro años, primero Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y luego Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), pero no la ganaron por contienda electoral libre. Quinto: Período de predominancia liberal en la presidencia. Desde 1974, cuando acaba el Frente Nacional, en el que la presidencia se la turnaban los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal ha ganado todas las elecciones presidenciales, con dos excepciones: en 1982, debido a que se presentó dividido el partido por la candidatura independiente de Luis Carlos Galán por el Nuevo Liberalismo, y en 1998 por una alianza del conservador Pastrana con liberales e independientes y el desgaste del anterior gobierno liberal por el tema de la financiación ilícita de la campaña presidencial. De tal manera que de 7 presidencias, 5 han sido liberales, contrarrestando con la tendencia en el resto del siglo, donde imperaron ligeramente los presidentes conservadores.

Cuadro IV: Presidentes Liberales de Colombia Siglo XX:

PRESIDENTE GOBIERNO ORIGEN DEL MANDOEnrique Olaya Herrera 1930 a 1934 Elegido Alfonso López Pumarejo 1934 a 1938 Elegido Eduardo Santos 1938 a 1942 Elegido Alfonso López Pumarejo 1942 a 1945, renuncia antes de cumplir su

mandato Elegido

Alberto Lleras Camargo 1945 – 1946, termina el período de Alfonso López Pumarejo

Encargado

Alberto Lleras Camargo 1958 – 1962 Elegido Carlos Lleras Restrepo 1966 – 1970 Elegido Alfonso López Michelsen 1974 – 1978 Elegido Julio Cesar Turbay Ayala 1978 – 1982 Elegido Virgilio Barco Vargas 1986 – 1990 Elegido Cesar Gaviria Trujillo 1990 – 1994 Elegido Ernesto Samper Pizano 1994 – 1998 Elegido Fuente: Arizmendi Posada Ignacio; Presidentes de Colombia, 1810 – 1990. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1989. a.1.2 El Partido Liberal en la contienda electoral durante el periodo de elecciones no pactadas.

La primera elección posterior al Frente Nacional en 1974 la ganó el liberal Alfonso López Michelsen (hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo), quien había sido un crítico del Frente Nacional y creado un movimiento independiente (Movimiento Revolucionario Liberal) y obtenido un importante resultado en las segundas elecciones parlamentarias del Frente Nacional (624.863 votos), que fueron declarados nulos como los de las otras tercerías.

Cuando López regresó al partido como candidato oficial, venció a su contrincante, el conservador Álvaro Gómez (hijo del expresidente Laureano Gómez) por una enorme diferencia (56% contra 31.7%), y por una aun mayor a la independiente María Eugenia Rojas (hija del expresidente dictador Gustavo Rojas, que obtuvo menos del 10%). Con el triunfo de Alfonso López Michelsen, en 1974, a pesar de su origen, se presentó una especie de transición de la vieja política de familias a la nueva política de clientelas, pues todavía dependió para las elecciones de la imagen de jefe natural del liberalismo y a la vez se valió de las clientelas políticas regionales que estaban tomando fuerza. Cuadro V: Resultados del PLC en las elecciones presidenciales 1974

PRESIDENCIALES 1974 Candidato Partido Votos Porcentaje

Alfonso López Liberal 2.929.719 56.20 Total 5.212.133 Fuente: Registraduría Nacional En la segunda elección del Frente Nacional, los liberales triunfaron nuevamente frente a los conservadores, aunque la diferencia fue mucho menor (49,5 contra 46,6). Se considera que a partir del triunfo de Julio Cesar Turbay Ayala comenzó una nueva etapa de la política liberal y nacional, pues llegó a la presidencia sin ser jefe natural, ascendiendo lentamente los escalones de la política nacional, gracias a su magistral y paciente manejo de la maquinaria clientelista, la cual estaba reemplazando a las jefaturas naturales ante el debilitamiento de los lazos ciudadanos con los partidos ocurrida durante el Frente Nacional. Cuadro VI: Resultados del PLC en las elecciones presidenciales 1978

PRESIDENCIALES 1978 Candidato Partido Votos Porcentaje

Julio César Turbay Liberal 2.503.681 49.50 Total 5.075.719 Fuente: Registraduría Nacional El siguiente gobierno fue conservador, a pesar de que la mayoría de los votos los obtuvieron los liberales (más del 50%), puesto que estos presentaron divididos en dos candidaturas: López Michelsen (para ese momento expresidente y oficialista) y Luis Carlos Galán (el nuevo disidente liberal). Cuadro VII: Resultados del PLC en las elecciones presidenciales 1982

PRESIDENCIALES 1982 Candidato Partido Votos Porcentaje

Alfonso López Liberal 2.797.627 41.00 Luis Carlos Galán Liberal 745.738 11.00 Total 6.840.392

Fuente: Registraduría Nacional

Para el siguiente período electoral hubo que imponer un jefe natural en las elecciones de 1986, para dar una apariencia de unidad en las elecciones. Así como con Turbay había terminado el llamado sistema de la fila india para la elección presidencial, en 1985 se desató una guerra entre los caciques regionales, que se consideraban con igual derecho a la presidencia, y fue necesario que un grupo de "notables" eligiera a Virgilio Barco como candidato y lo hiciera aceptar lentamente por los distintos grupos, para "conservar la ficción de un Partido Liberal unido, con cobertura nacional" La victoria liberal fue aplastante (58.3% contra 35.8% de los conservadores). Cuadro VIII: Resultados del PLC en las elecciones presidenciales 1986

PRESIDENCIALES 1986

Candidato Partido Votos Porcentaje Virgilio Barco Liberal 4.215.510 58.30 Total 7.229.937 Fuente: Registraduría Nacional En la última década, de las tres elecciones presidenciales que hubo, el Partido Liberal salió triunfador en las dos primeras, 1990, 1994, mientras que fue derrotado en 1998 por el conservador Pastrana, aliado con algunos liberales e independientes. Para la elección de 1990 seguramente el presidente hubiera sido Luis Carlos Galán, quien había creado un nuevo Partido Liberal (Nuevo Liberalismo) para regresar triunfante al liberalismo oficial años después, a pesar de haberle significado su división la derrota de los liberales en la presidencia ocho años atrás. Su asesinato catapultó a Cesar Gaviria, uno de sus seguidores, como candidato oficial, luego de ser nominado por el hijo adolescente de Galán durante el funeral. El turno para tal candidatura hubiera sido para Ernesto Samper, pero el mencionado señalamiento y el hábil manejo político de Gaviria le hicieron perder la consulta a Samper (primarias), quien debió esperar cuatro años más. El éxito que tuvo Gaviria en la consulta se repitió en las elecciones, pues ganó con el 47,80% obtuvo 2.891.808 votos, aunque le ayudó el hecho de que el Partido Conservador se presentara dividido. Cuadro IX: Resultados del PLC en las elecciones presidenciales 1990

PRESIDENCIALES 1990 Candidato Partido Votos Porcentaje

César Gaviria Liberal 2.891.808 47.80 Total 6.047.576 Fuente: Registraduría Nacional Ya instaurado tras la Constitución de 1991 el sistema de segunda vuelta presidencial, Ernesto Samper se presentó como candidato del Partido Liberal en 1994, obteniendo en la primera vuelta el 45.1% de los votos, mientras que en la segunda vuelta alcanzó el 50.41% de los votos, lo que le erigió como presidente de la República. Se trató sin embargo casi de un empate, pues la diferencia con su opositor conservador, Andrés Pastrana no fue grande en la segunda vuelta, ya que este obtuvo un 48.15% de los votos. Luego se descubrió el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Samper, pero nunca se le pudo demostrar responsabilidad o conocimiento del hecho al Presidente, que fue absuelto por su juez natural, la cámara de representantes (cámara baja), no siendo posible jurídicamente declarar inválida la elección según las normas vigentes y Samper pudo así gobernar hasta el fin de su mandato legal, aunque asediado por sus críticos.

PRESIDENCIALES 1994

PRIMERA VUELTA Candidato Partido Votos Porcentaje

Ernesto Samper Liberal 2.623.210 45.10 Total 5.821.331

PRESIDENCIALES 1994 SEGUNDA VUELTA

Ernesto Samper Liberal 3.733.336 50.27 Total 7.427.742 Fuente: REGISTRADURIA NACIONAL En las elecciones presidenciales de 1998, en la primera vuelta, a pesar del desgaste del Partido Liberal por el asediado gobierno de Samper, el candidato liberal Horacio Serpa, el más firme aliado del presidente Samper como Ministro del Interior durante su difícil gobierno, obtuvo el triunfo, con 3.696.344 votos, mucho más que Samper en su momento. Noemí Sanín, una conservadora independizada del partido obtuvo 2.845.750 votos, lo que resultaba asombroso tratándose de una tercera fuerza. La idea antipartidaria era tan fuerte, que el propio excandidato conservador Pastrana se presentó como representante de varios partidos, uno de ellos una alianza denominada "Por el Cambio", aunque no renegó abiertamente del Partido Conservador, pues se sometió a consulta compitiendo con su ahora ministro de hacienda. Sus votos fueron ligeramente inferiores a los del Partido Liberal en esa primera vuelta, 3.653.048, pero en la segunda vuelta, aunque Serpa aumentó su apoyo, pues alcanzó 5.658.518 votos, de un total de 12.274.923, perdió ante Pastrana, quien logró 6.114.742 votos, una gran diferencia dado el empate técnico entre los mismos cuatro años atrás. Fue la primera derrota del liberalismo en las presidenciales desde 1982, pero no se debió a una disminución del caudal electoral sino a un hecho particular, el ingreso de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial anterior y la lucha política que se dio por este motivo entre el candidato conservador derrotado en las elecciones y un gobierno que se resistió a renunciar ante esta presión. Cuadro XI: Resultados del PLC en las elecciones presidenciales

1998 PRIMERA VUELTA

Candidato Partido Votos Porcentaje Horacio Serpa Liberal 3.696.344 34.38 Total 10.751.465

1998 SEGUNDA VUELTA

Horacio Serpa Liberal 5.658.518 45.97 Total 12.310. 107 Fuente: Registraduría Nacional Ante la derrota electoral después de tres gobiernos liberales, el Partido Liberal entró en un proceso de transformación interna, en el que al mismo tiempo se busca una

reestructuración del partido en su cara burocrática y reunificar a sus principales líderes en torno a una candidatura única para el 2002. Es de preveer que si logran esa unidad y el actual gobierno conservador mantiene sus altos índices de imagen negativa los liberales puedan nuevamente tener la presidencia, incluso sin necesidad de transformaciones reales en la cara burocrática. Pero también puede suceder que la conservadora Noemí Sanín, dentro o fuera del partido, arrastre a los decepcionados. Todo dependerá del curso que tenga el proceso de paz y el ritmo de recuperación de la economía. a.2. El partido Liberal en las elecciones legislativas Al igual que en lo referente a los comicios presidenciales, la medición de los resultados electorales resulta interesante solo a partir de la finalización del Frente Nacional, y al igual que en las presidenciales hay una predominancia del partido en todas las elecciones para Congreso.

Cuadro XII: Elecciones Para Senado a partir del Final Del Frente Nacional. 1974 1998. Partido Liberal

AÑOS CURULES VOTOS TOTAL CURULES TOTAL VOTOS

1974 66 2.840.315 112 5.094.552 1978 62 2.297.534 112 4.159.846 1982 63 3.149.716 114 5.567.198 1986 64* 3.835.956 114 6.842.834 1990 66 4.470.853 114 7.626.903 1991 56 2.489.647 100 4.861.640 1994 56 2.648.731 100 4.978.276 1998 48 3.933.466 100 8.320.820

Fuente: Registraduría Nacional *En 1986, las listas oficiales del Partido Liberal obtuvieron 58 curules, más 6 del nuevo liberalismo. Fuente : Gutiérrez, Francisco. “Rescate Por Un Elefante. Congreso, Sistema Y Reforma Política” En Bejarano Ana María (Compilador), Dávila Andrés (Compilador), “Elecciones Y Democracia En Colombia, 1997 - 1998”. Bogotá, 1998: 232.

Cuadro XIII: Elecciones para Cámara de Representantes desde el Frente Nacional 1974-1998. Partido Liberal

AÑO CURULES VOTOS TOTAL CURULES TOTAL VOTOS1974 113 2.835.245 199 5.088.888 1978 111 2.302.230 199

4.171.075

1982 115 3.141.426 199 5.573.489 1986 105 3.746.534 199 6.884.928 1990 119 4.500.985 199 7.602.393 1991 87 2.425.304 161 4.789.744 1994 88 2.621.201 161 4.966.249 1998 87 4.189.260 161 8.482.944

Fuente : Gutiérrez, Francisco. “Rescate Por Un Elefante. Congreso, Sistema Y Reforma Política” En Bejarano Ana María (Compilador), Dávila Andrés (Compilador), “Elecciones Y Democracia En Colombia, 1997 - 1998”.

a.3. El Partido en la Asamblea Nacional Constituyente. La elección en la que teóricamente el partido obtuvo un menor rendimiento fue la de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Debe tenerse en cuenta sin embargo que la votación fue inferior a la de las legislativas anteriores (con lo cual la revocatoria del mandato de los congresistas fue objetivamente ilegítima aunque a casi todo el mundo le pareció aceptable esa medida mientras los constituyentes no se pudieran lanzar luego como candidatos en la primera elección). Además, se trataba de una elección con mucha propaganda antipartidista. De cualquier forma, y aún sumando los votos de los conservadores que se presentaron por separado, el Partido Liberal fue mayoritario y sus votos decisivos en casi todas los temas.

Cuadro XIV: Listas y Constituyentes Elegidos a la Asamblea Nacional Constituyente

Numero de Constituyentes. Partido Liberal

Partidos/ Movimientos

Número de Listas Elegidas

Elegido por Cociente

Elegido por residuo

Total ElegidoPorcentaje en la Asamblea

Liberal 20 9 16 25 35,7% Fuente : Gilhodes Pierre (et.al.), Modernidad, Democracia y Partidos Políticos, FIDEC, FESCOL, 1993. a.4. El Partido en las Elecciones Departamentales y Municipales. En cuanto a gobernaciones el Partido Liberal se ha mantenido, a pesar de que el bipartidismo en su conjunto se ha debilitado.

Cuadro XV: Gobernaciones Obtenidas Partido Liberal 1991 – 2000

Años Liberal 1991 18 1994 22 1997 19 2000 19

Fuente : Registraduría Nacional Del Estado Civil En lo referente a las alcaldías, la diferencia no ha sido tanta como en el caso de las gobernaciones, aunque la mayoría sigue siendo liberal y es abrumadora en el caso de las regiones como la Atlántica y Orinoquía (66% en promedio) e incluso en la Occidente (44.2%). Curiosamente en los municipios inferiores a 5 mil habitantes el partido no fue mayoritario (36.6% contra un 46.8 del Partido Conservador). En las elecciones de 1997 además aumentó el abstencionismo, debido en parte a los factores de violencia, pero eso no afectó porcentualmente a los liberales demasiado. En las del 2000 se mantuvo el porcentaje en términos similares. Cuadro XVI: Alcaldías a Nivel Nacional PLC

Años Partido

1988 1990 1992 1994 1997

Liberal 45,39% 56,12% 40,48% 51,08% 44,82% Fuente : Bejarano Ana María (Compilador), Dávila Andrés (Compilador), “ Elecciones Y Democracia En Colombia, 1997 - 1998”. Fundación Social. Departamento De Ciencia Política De La Universidad De Los Andes. Veeduría Ciudadana A La Elección Presidencial, Bogotá, 1998, Página 114.

Resulta interesante también ver en que regiones hay predominancia del Partido Liberal para alcaldías. Nótese que la Costa Atlántica es su principal bastión, ya que la Orinoquía no es una región muy habitada. La tendencia se mantuvo en el 2000, pero aun están sin procesar los datos.

Cuadro XVII. Porcentaje de Alcaldías obtenidas por pl Partido Liberal a nivel nacional por regiones.

Año Región

1988 1990 1992 1994 1997

Atlántica 66.9% 78.1% 55.5% 67.3% 62.2% Occidente 44.0% 50.5% 36.1% 45.4% 44.8%

Centro Oriente 33.0% 40.1% 32.4% 41.0% 36.4%

Orinoquía 66.6% 74.1% 56.9% 66.6% 66.1% Amazonía 45.8% 83.3% 48.1% 40.0%

Fuente : Bejarano Ana María (Compilador), Dávila Andrés (Compilador), “ Elecciones y Democracia en Colombia, 1997 - 1998”. Fundación Social. Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. Veeduría Ciudadana A La Elección Presidencial, Bogotá, 1998, Página 114.

a.5. El Partido en la capital

Mención particular requiere el Distrito Especial de Bogotá, en el que se mantienen las mayorías liberales en el Concejo, pero los candidatos liberales evitan ser identificados con el partido. Por ejemplo el candidato liberal Enrique Peñalosa perdió contra el independiente Antanas Mockus en 1994, así que decidió presentarse como independiente en 1997 y triunfó. María Emma Mejía, Directora fundadora del Instituto de Pensamiento Liberal y excandidata a la vicepresidencia por el partido tampoco se atrevió a presentarse como liberal para la elección del 2000. Se presentó como independiente, y fue vencida por el exalcalde Antanas Mockus, a pesar de que este había renunciado a la alcaldía anterior para lanzarse como candidato presidencial. Es un hecho irrebatible que Bogotá solo acepta candidatos no vinculados a los partidos, y en tal medida es ya ese un espacio vedado al Partido Liberal.

a.5.1. El Partido en la Alcaldía de Bogotá CUADRO VXII: Votación por candidatos a la Alcaldía según Partidos de Bogotá 1988 - 1997. Candidatos Año 1988 Total De

Votos* Partido

Liberal Partido Conservador

Otros

Andrés Pastrana 328.657 Juan Martín Caicedo 240.458 Carlos Ossa Escobar 218.724 María Eugenia Rojas 102.525 943.990

Año 1990 Partido

Liberal Partido Conservador

Otros

Juan Martín Caicedo 597.295 Hernán Vallejo Mejía 206.959 Carlos Pizarro 70.901 915.406 Año 1992 Partido

Liberal Partido ConservadorOtros

Jaime Castro Castro 312.803 Juan Diego Jaramillo 107.186 582.749 Año 1994 Partido

Liberal Partido Conservador

Otros

Antanas Mockus 492.389 Enrique Peñalosa 229.835 Carlos Moreno De Caro 20.455 787.874 Año 1997 Partido

Liberal Partido Conservador

Otros

Enrique Peñalosa 619.086 Carlos Moreno De Caro 397.147 Antonio Galán 61.828 Juan Carlos Flórez 38.662 1.318.661

Año 2000 Partido

Liberal Partido Conservador

Otros

Antanas Mockus 681.017 Maria Emma Mejía 536.989 Claudia de Castellanos 175.855 William Vinasco Ch. 63.238 Jaime Jaramillo 46.834 1.503.933 Fuente : Registraduría Distrital Total De Votos Incluyendo Votos En Blanco Y Nulos Se incluyen todos los partidos en este cuadro para mostrar el descenso del

bipartidismo.

No se incluye la votación de la elección del 2000, donde Antanas Mockus venció sobradamente a María Emma Mejía, quien se presentó como independiente siendo Liberal.

a.5.2 El Partido en el Concejo. Nótese la preeminencia Liberal en el Concejo en la penúltima elección, la cual se mantiene en el actual Concejo aunque no se aporta el dato.

Cuadro XIX: Votación para el Concejo de Bogotá Partido Lliberal 1997 Año Total Concejales Elegidos del Partido Votación

Obtenida 1988 20 9 *

1990 20 11 378.576 1992 28 15 203.057 1994 34 18 213.133 1997 40 19 204.886 2000 11 395.361

Fuente : Querubín, Cristina; Sánchez, María Fernanda; Kure, Ileana “ Dinámica De Las Elecciones Populares De Alcaldes, 1988-1997” En Bejarano, Ana María (Compilador), Dávila, Andrés (Compilador), “ Elecciones Y Democracia En Colombia, 1997 - 1998”.

a.5.3. EL Partido en las Juntas Administradoras Locales.

El Partido Liberal también tiene preeminencia en las Juntas Adminitradoras Locales de Bogotá, aunque debe reconocerse que otorgan los avales para tal elección de una forma indiscriminada.

Cuadro XX. Número de curules obtenidas para Juntas Administradoras Locales (JAL) en Bogotá - Partido Liberal

Año Localidad

1992 1994 1997 2000

USAQUÉN 3 7 5 5 CHAPINERO 1 4 3 2 SANTAFÉ 2 3 1 2 SAN CRISTÓBAL

4 4 5 3 USME 2 4 5 4

TUNJUELITO 3 5 4 3 BOSA 1 5 3 2 KENNEDY 3 6 6 3 FONTIBÓN 5 6 3 4 ENGATIVÁ 3 6 5 5 SUBA 3 5 2 2 BARRIOS 3 3 3 3 TEUSAQUILLO 3 3 3 1 MÁRTIRES 4 3 4 4 ANTONIO NARIÑO

4 6 3 3 PUENTE ARANDA

4 7 6 4 CANDELARIA 2 5 2 3 RAFAEL URIBE 4 6 7 4 CIUDAD 5 9 9 8 SUMAPAZ 4 4 4 3 Elaboración propia. Hay que tener en cuenta que el No. total de ediles a elegir en cada localidad es el siguiente: Usaquén 11, , Chapinero 7, Santafé 7, San Cristóbal 11, Usme 9, Tunjuelito 9, Bosa 9, Kennedy 11, Fontibón 11, Engativá 11, Suba 11, Barrios Unidos 9, Teusaquillo 9, Los Mártires 7, Antonio Nariño 7, Puente Aranda 11, La Candelaria 7, Rafael Uribe 11, Ciudad Bolívar 11 y Sumapaz 7.

Observese en las últimas elecciones el absurdo de listas presentadas por el partido para tan pocos votos. En la distribución por votos según listas presentadas el índice de rendimiento por lista es muy bajo.

Usaquén

(11)

133 72.271 52 27.155 5

Chapinero (6)

66 34.499 22 11.076 2

Kennedy (11)

176 113.051 66 40.678 3

Engativa (11)

183 125.509 83 55.657 4

Teusaquillo(9)

94 49.003 39 15.582 2

Puente Aranda (11) 95 60.523 32 20.902 4

Localidad y ediles asignados ( )

Total listas Total votos Listas liberal

Votos liberales

Escaños liberales

San

Cristóbal

(11)

96 21.936 38 21.936 3

Usme (9)

72 39.462 35 19.525 4

Tunjuelito

(9)

78 36.431 39 15.095 3

Bosa (9)

92 54.172 29 10.922 2

Fontibon (9) 79 48.638 25 16.723 4

Santa fe (7)

74 21.462 27 6.015 1

b. El Partido como Organización de Gobierno. Desde 1849 hasta el año de 1885 el Partido Liberal se mantuvo en el poder, en lo que se conoce como el Olimpo radical. En esta época, uno de los puntos centrales de

disputa entre el Partido Liberal y el conservador fue el problema religioso, que se expresó en ocho guerras civiles, y decenas de revueltas regionales. La división liberal comenzó luego de la guerra de 1876-77, cuando el partido se dividió entre radicales e independientes con Rafael Nuñez. El Partido Conservador también se dividió entre nacionales, favorables a Núñez e históricos, opuestos a cualquier alianza suprapartidista. Finalmente durante el gobierno de Núñez de 1884, el radicalismo liberal se lanzó a la revolución de 1885 para recuperar el poder, y el Partido Conservador decidió apoyar al presidente y formó junto con él, el Partido Nacional, que daría origen a la Regeneración. Luego de más de 50 años de gobiernos conservadores, el Partido Liberal recuperó el poder, gracias a la división conservadora en las elecciones de 1930, lo que posibilitó la elección del Enrique Olaya Herrera (1930-1934), quien se postuló como candidato de la concentración nacional. Con el retorno al poder en 1930, el Partido Liberal comenzó otra etapa fundamental en términos ideológicos, la llamada República Liberal. Se reivindicaba la ampliación del intervencionismo de Estado en el sentido de que éste no solo debía garantizar la igualdad de los hombres ante la ley, sino también procurar la creación de un nuevo orden donde la libertad de acción no significase la creación de privilegios en contra de la comunidad. Para ello, se consideraba necesario controlar las iniciativas individuales en aras del bien general, procurando hacer digna la vida de los ciudadanos. Además se planteaba la necesidad de intentar establecer un equilibrio entre el individuo y la empresa mediante la protección legal del trabajo. A éste se le consideraba la fuente primordial para la adquisición de la propiedad, que ante todo debía tener una función social. Destaca en este período liberal el gobierno de Alfonso López Pumarejo 1930-1934), conocido como “la Revolución en Marcha”, en el que se realizaron importantes reformas inspiradas en el ideario del partido: aumentó de los poderes del estado en asuntos económicos, la libertad de conciencia y de enseñanza, secularización de la educación pública y restablecimiento del sufragio universal masculino.

La reforma constitucional de 1936 supuso la consagración normativa de los cambios que se proponían, pero el partido pronto se dividió y López debió desistir de su revolución burguesa en muchos aspectos. Así, para las elecciones de 1938, el Partido Liberal dividido en el ala de izquierda y el ala de derecha, se vio envuelto en la lucha por el control de la maquinaria electoral. La izquierda liberal se basó en las asambleas, convenciones juveniles y grupos de acción a nivel local. El ala derechista se fundamentó en el tradicional caciquismo rural. El triunfo de Santos, al retirarse Echandía, marcó el fin de este intento de cambio orientado y en expansión, y dio comienzo a la etapa de retraimiento, pues Santos era el hombre adecuado para utilizar el lenguaje progresista y obstaculizar al mismo tiempo los cambios. Paradójicamente López en su segunda presidencia siguió más esta línea ideológica, que la inaugurada por él años atrás. Desde 1933, el movimiento gaitanista, denominado Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), venía oponiéndose al concepto formalista de la igualdad del liberalismo clásico y a la poca contundencia de las reformas liberales. Así, cuando el fracaso del reformismo lopista se hizo evidente, Gaitán tomó el relevo ideológico del

pensamiento progresista y movilizó a las clases bajas, pero ya no como destinatarias de las decisiones de una élite concientizada, sino como actor colectivo y amorfo, más situadas en la lógica de la lucha de clases, que en la tradicional adscripción familiar o regional a un partido político. Gaitán dividió el partido, lo que supuso la derrota liberal de 1946, para volver luego como su líder, pero su proyecto político terminó con su asesinato en 1948. El período de "La Violencia" marcó una época de tremendo enfrentamiento entre los dos partidos, pero los tratadistas insisten en que no se trató de un conflicto ideológico, sino de intransigentes subculturas políticas.. Después del período de violencia bipartidista y de la dictadura militar se estableció el Frente Nacional, y Alberto Lleras, que había asumido la presidencia en 1945, por la renuncia de López, se constituyó en el gestor y primer presidente en 1958 del Frente Nacional. Su gobierno fue moderado, como lo exigía el pacto frentenacionalista, mientras que el de Carlos Lleras, el segundo liberal en turno para el Frente Nacional (1966-1970), logró aprobar una reforma constitucional en 1968, que le confirió al presidente muchas posibilidades de legislar, recuperándose parte de la gobernabilidad perdida, pero contribuyendo al mismo tiempo a desprestigiar al Congreso, cuyos miembros recibieron a cambio los famosos "auxilios parlamentarios". Alfonso López (1974-1978), fue el primer presidente elegido libremente desde 1946. Propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual nunca se reunió, al ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y denunciada como no representativa por los partidos minoritarios, a los que se les excluyó de participar en la misma. A pesar de haber iniciado su mandato con políticas favorables a los trabajadores, el Paro Cívico Nacional de 1977 demostró el grado de insatisfacción que producía la continuación real del Frente Nacional superada la fecha de su terminación formal y la respuesta represiva a las movilizaciones evidenció que aquella seguiría siendo la respuesta oficial a las exigencias de modernización política. El siguiente gobierno llevó a su máxima expresión la actitud de intransigencia política, cuando el presidente Julio César Turbay (1978-1982) decretó el Estatuto de Seguridad Nacional, que supuso el aumento del poder de las Fuerzas Armadas, pero que paralelamente tuvo como resultado el fortalecimiento militar y político de la guerrilla y el incremento de la violencia criminal. Ante el fracaso de la política represiva y tras el arreglo pacífico de la toma de la Embajada de la República Dominicana por el Movimiento 19 de Abril, el gobierno intentó responder a la presión nacional e internacional mediante la proposición de una tímida, limitada y condicional amnistía política, que no condujo a ningún resultado positivo. Igualmente la reforma constitucional promovida por el gobierno fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Durante el gobierno del Presidente Liberal Virgilio Barco (1986-1990), el deterioro de la situación política y social alcanzó niveles desconocidos hasta entonces. Para enfrentar la crisis política, el gobierno lanzó un ambicioso Plan Nacional de Rehabilitación, pero además dio un paso significativo en el desmonte del Frente Nacional al reemplazar la práctica de la repartición burocrática equitativa por el llamado Esquema gobierno-oposición (fue el primer gobierno después del Frente Nacional que tuvo un

gobierno con ministros exclusivamente liberales). A una primera actitud de intransigencia respecto al diálogo con la guerrilla siguió una actitud más conciliadora; pero el enfrentamiento frontal con el narcotráfico, sobre todo tras el asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán, sumado a los problemas propios de la crisis de legitimidad, llevó al país a un grado tal de descomposición social y desorden político, que para el gobierno fue convirtiéndose en una meta obsesiva promover una reforma estructural de las instituciones, lo que contradecía su posición inicial al respecto. Fue especialmente importante la lucha contra el narcotráfico que se declaró abiertamente después del asesinato de Galán, y supuso una escalada terrorista con bombas en las principales ciudades y el asesinato sistemático de policías, personajes políticos, periodistas, etc. Es de señalar que los procesos de paz con los movimientos guerrilleros M19, Quintín Lame, EPL (Ejército Popular de Liberación) y PRT (Partido Revolucionario de Trabajadores) se iniciaron en este gobierno. Cesar Gaviria (1990-1994), pretendió, a través de su plan de desarrollo (La Revolución Pacífica) hacer una reforma en la organización del estado y una reorientación en el modelo económico. Adelantó profundas reformas en el estado, con la llamada apertura económica y comercial que pretendía internacionalizar al país y motivar el crecimiento hacia fuera de la economía. En el nuevo modelo de desarrollo se pretendió generar las condiciones necesarias al mercado para que éste fuera el motor de la economía. En lugar de la promoción indiscriminada de la oferta, por parte del sector público, se fortalecieron los subsidios a la demanda y la descentralización. También durante su gobierno se hizo la paz con algunos grupos guerrilleros, se promulgó la Constitución de 1991, y se intentó poner en marcha la nueva estructura del Estado que esta planteaba, lo cual supuso grandes cambios en lo referente a la participación política, la administración de Justicia, el orden público, las relaciones con las iglesias. El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) fue el más controvertido de todos los gobierno liberales desde el fin del Frente Nacional. Por un lado el desequilibrio económico causado por la apertura desarrollada por su antecesor y los grandes gastos que supuso la nueva Constitución, contradijeron su voluntad de "ponerle corazón a la apertura", concepto que era visto por muchos sectores como un retroceso hacia el estado burocrático populista. Pero lo que definitivamente desequilibró su mandato y terminó de perjudicar la economía nacional, fue la denuncia por parte de su contrincante Pastrana, de que la campaña política había recibido dineros del narcotráfico. Si bien se pudo demostrar tal ingreso, nunca se pudo probar al presidente del conocimiento del mismo, ni se logró hacer que renunciara, a pesar de que la oposición a su gobierno fue implacable. En medio de ello y de una gran escalada guerrillera, Samper puso en marcha planes de apoyo social como la "Red de Solidaridad Social", abrió el abanico de las relaciones internacionales (Estados Unidos también quería su renuncia), convocó la Comisión para el Estudio de la Reforma de los Partidos Políticos, fomentó la descentralización en torno al Ministerio del Interior (antes de gobierno) y enfrentó como pudo la crisis económica que se fue ahondando desde su mandato hasta el presente (aunque su origen tiene que ver con la apertura del gobierno anterior y el crecimiento del Estado con la Constitución de 1991).

c. El Partido en la legislatura y los departamentos. Tratándose del partido mayoritario, si estuvieran organizados los liberales podrían hacer del Congreso el cuartel general del partido y cumplir así ese cometido de transmisión de contenidos políticos al Estado, que según Von Beyme legitima los partidos ante una auténtica representación. También podría pensarse que habiendo mayorías liberales en el Congreso los presidentes liberales no tienen problemas en hacer aprobar sus proyectos. Pero lo cierto es que no tratándose de un partido disciplinado los presidentes liberales también deben recurrir permanentemente a la negociación con los congresistas individuales para tratar de hacer aprobar sus proyectos de ley o de reforma constitucional. Sin embargo, en momentos críticos funciona la llamada "aplanadora liberal" en el congreso, refiriéndose al hecho de que cuando los liberales congresistas se ponen mayoritariamente de acuerdo respecto de algún tema lo aprueban a "pupitrazo" (golpe seco contra la mesa en señal de aprobación) sin mayores discusiones y sin que nadie pueda oponérsele, y se convierten así en una dictadura parlamentaria ad hoc. Pero la dinámica tradicional de funcionamiento del congreso está lejos de esa imagen, debido a la gran independencia que tienen los congresistas respecto del partido. Existe por supuesto una Junta de Parlamentarios Liberales, que se reúne para debatir posiciones comunes y en algunas oportunidades escuchan la opinión del director del partido o de los expresidentes. Sin embargo, al momento de votar no hay una coincidencia con la aparente unanimidad de muchas de esas reuniones. Como finalmente los congresistas utilizan la "franquicia" del partido a cambio solo de apoyo durante las presidenciales (y a veces no apoyan al propio candidato del partido), no dependen para nada del partido, ni como gobierno, ni como legislativo ni como burocracia, y ni siquiera como simpatizantes. Esto porque ellos tienen sus electores y se financian las campañas sin ayuda del partido, siendo la regla general el personalismo. Quienes votan para congreso no lo hacen por el partido sino por el personaje, a quien reconocen como defensor de su región, su raza, su oficio, o que bien porque le ofrece una serie de ventajas a través de su maquinaria electoral (puestos, becas, servicios privilegiados en entidades estatales, etc.). Por ello, a pesar de que la Constitución de 1991 creó la circunscripción nacional para el Senado, ésta siguió siendo regional, de modo que se puede concentrar el 90% de los votos en un solo departamento, y de hecho en las listas elegidas en 1998 hubo un promedio de concentración del voto de 67.41%. En el Legislativo el desempeño del partido es pobre, por cuanto los congresistas que están interesados en crear algún beneficio, éste está dirigido básicamente a las regiones donde están sus electores. Por otra parte su voto es frecuentemente negociado con el ejecutivo a cambio de puestos para sus correligionarios en los distintos niveles de la administración central u otras dádivas. La Constitución de 1991 prohibió que se nombraran ministros a los congresistas para evitar este negociado, pero muchos de los entrevistados insisten en que esa es la figura dominante, y que todo presidente tiene por lo menos un lopista en el Congreso para afinar los acuerdos y que muchas veces este es el propio Ministro del Interior o de la cartera referente al proyecto en cuestión. Existen por supuesto congresistas estrellas en el Partido Liberal

(y en los otros) que producen y promueven proyectos de ley importantes y buscan estar en las comisiones de las cámaras para trabajar por ellos, pero lo hacen más a título personal que como representantes del mismo. En síntesis, el partido en el legislativo actúa como es, fragmentariamente, aunque en ocasiones se unifica en torno a un personaje o una cuestión, por lo cual es muy difícil definir su rendimiento en un período determinado, y habría que recurrir más bien a la sumatoria de proyectos individuales para determinar el conjunto y tratar de diferenciarlo del de otro partido.

Tanto gobernadores, como alcaldes, diputados y concejales, actúan sin sujeción al partido, en términos generales. Normalmente pactan su decisiones en acuerdos interpartidistas complejos, pero algunas veces obedecen las directrices de sus jefes políticos en la pirámide (ver coalición dominante).

d. El partido como organización burocrática. d.1 La organización del Partido. Estructura formal. El Partido Liberal colombiano está organizado de acuerdo a unos estatutos que se dicta a sí mismo, y los cuales rigen al partido desde 1987. Los órganos directivos del partido tienen un orden jerárquico y están compuestos por: la convención nacional, la dirección nacional, la comisión política central, los directores adjuntos, la secretaría general, la tesorería general, las convenciones departamentales y distritales, las asambleas municipales, los directorios departamentales y distritales y los directorios municipales. La Convención Nacional está integrada por expresidentes de la República, la dirección liberal nacional, la Comisión política central, senadores y representantes en ejercicio, el secretario general, el tesorero general, exministros de estado, exmiembros de la dirección liberal nacional, diputados en ejercicio, delegados de las convenciones departamentales y distritales, directores de diarios liberales, directores de cadenas radiales y televisivas afiliados al partido, mujeres afiliadas, representantes de las conferencias sindicales, asociaciones de empleadores, representantes universitarios y representantes de organizaciones de campesinos. Existen también convenciones departamentales y direcciones departamentales y municipales en los estatutos, pero rara vez se hacen las primeras, y las segundas son muy pocas y con escasos recursos.

Este año comenzará a regir un nuevo estatuto, producto de la Constituyente Liberal, si es refrendado por el voto del "constituyente originario del Partido".". En el ya se habla de Congreso Nacional del Partido, en lugar de Convención y se plantean derechos fundamentales de los miembros y normas de democracia interna. Se sigue manteniendo en el mismo la figura del director único, elegido por el congreso del partido si este no desea una dirección colegiada, caso en el cual

deberá elegirse una dirección adjunta. De hecho así sucede hoy en día. El director nombrado por convención renunció (Horacio Serpa), pero sigue manejando el partido a través de la dirección adjunta (de congresistas) nombrada por él.

En la realidad del partido la Convención del partido ha comenzado siempre por desconocer los estatutos para permitir la negociación sin cortapizas y luego se toman las decisiones según las fuerzas políticas. Por aclamación se elige un director, y normalmente este es quien toma todas las decisiones en la burocracia del partido, negociando con los parlamentarios que dominan las convenciones y desde 1978 dominan el partido al haber modificado sus estatutos exigiendo para todos los cargos la calidad de parlamentario.

Cuadro XXII. Características de la estructura interna del PLC Tipo de Relaciones entre los órganos internos Hay subordinación de todos respecto de

la Dirección General. Organos según ámbito territorial Direcciones Departamentales y

Municipales (oficiales e informales) Convención Nacional Dirección Nacional (director) Dirección Adjunta

Comisión Política Central

Tipo de Estructura Piramidal- personalista-parlamentarista. Estabilidad de la estructura Vario en 1963. Ultima variación en 1978,

y posible variación con los nuevos estatutos.

.

d.2 Los que mandan. Dirigentes y coalición dominante. Los que mandan en el Partido Liberal son los congresistas, y especialmente los senadores. Se puede constituir una Comisión Política Central que transmita la voluntad de los congresistas a la Dirección Nacional, pero no siempre existe (en este momento no la hay), y de todos modos el poder lo ejercen directamente los congresistas a través de la Junta de Parlamentarios Liberales, que se reúne cuando quieren en el recinto del Congreso y transmiten sus decisiones al Director Nacional o a la Dirección Nacional. El Director Nacional normalmente es el personaje con más poder en el partido y tiene mucha incidencia en las decisiones, pero eso varía de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo Horacio Serpa, el pasado candidato a las elecciones presidenciales, dejó el cargo para facilitar el proceso de la Constituyente Liberal, nombrando en su reemplazo unos directores adjuntos, todos congresistas, cuyo presidente es un importante Senador del partido, Luis Guillermo Vélez. A pesar de no tener cargo Horacio Serpa en el partido, sus decisiones tienen mucho peso, pues más del 80% de los congresistas liberales lo respaldan y públicamente sigue siendo la cabeza visible del partido. También son los congresistas los que dominan las convenciones, a las que se llegan con prácticamente todas las decisiones tomadas en reuniones previas. No obstante, algunos temas se salen de las manos, y los miembros no parlamentarios de la convención logran imponer en ocasiones sus propuestas, aun con oposición de los congresistas. Tal cosa sucedió en la convención ordinaria de 1995, en la que logró evitarse la derogación del código de ética, que suponía la expulsión del partido de miembros condenados por algún delito, y efectivamente muchos congresistas, algunos de ellos "vacas sagradas" del partido fueron expulsados por este motivo. Los congresistas representan los poderes regionales de los partidos, son la cabeza de una especie de partido independiente, con una bien estructurada red de influencia electoral en los departamentos y los municipios. La mayoría de los miembros de los concejos municipales y asambleas departamentales dependen de estos jefes políticos, y algunos representantes a la cámara son sencillamente los segundos en el grupo de un senador poderoso. La elección popular de alcaldes que comenzó en 1988 supuso un revés para estos "caciques", pero pronto recuperaron el control a través de hábiles alianzas. Luego la Constitución de 1991 introdujo normas para disminuir su poder, pero el efecto ha sido relativo, aunque algunos sí se vieron afectados. La eliminación de los auxilios parlamentarios fue reemplazada por otras formas legales de negociación con los bienes del Estado en beneficio de las regiones con fines electorales, y como se explicó la circunscripción nacional para el Senado no tuvo el efecto buscado porque los congresistas se las arreglaron para conseguir los votos suficientes en uno o dos departamentos de su influencia. El grado de obediencia de los congresistas al partido en estas circunstancias es muy poco y varia de situación en situación. Especialmente tras la derrota electoral en las presidenciales, muchos liberales fueron coptados por el Presidente conservador a

través de cargos burocráticos y otras dádivas que se le facilitan al ejecutivo (situación a la que los habían acostumbrado sobre todo los tres últimos presidentes liberales). Se puede decir que el congresista liberal sin embargo no se vende, sino que se alquila cuando mucho. Bien puede estar apoyando la preclusión del proceso contra el presidente liberal Samper por la entrada de dineros del narcotráfico a su campaña, como apoyando una reforma constitucional del Presidente conservador Pastrana o anunciando la inclusión de una revocatoria presidencial en un referendo propuesto por éste. La filigrana de estas negociaciones es uno de los factores esenciales de la dinámica política, pero está aún por investigar.

La coalición dominante en el Partido Liberal siempre se ha caracterizado por grupos de personalidades selectas y sus seguidores. Así, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y la consiguiente violencia, el Partido Liberal sufrió un gran trauma, del que solo se recuperó el partido durante el Frente Nacional (1957). Precisamente los líderes que asumieron la vocería del Partido Liberal en esas épocas difíciles y que luego pactaron el Frente Nacional, pasaron a ser la cúpula de la primera coalición dominante de los últimos cincuenta años. Esta estaba constituida ante todo por los expresidentes Alfonso López Pumarejo y Daniel Santos, así como por el excandidato Darío Echandía; pero era dominada básicamente por quien fue el primer presidente liberal del Frente Nacional y artífice de este pacto, Alberto Lleras. Estaban también allí Carlos Lleras, Julio Cesar Turbay y Alfonso Lópéz Michelsen, que hacían la fila para presidentes y efectivamente lo fueron.

En ese entonces las jefaturas regionales, segundo escalón en la pirámide, dependían de ellos, eran leales a estos jefes, quienes decidían tanto convenciones como candidaturas y listas electorales. Con el tiempo esos jefes fueron adquiriendo fuerza y comenzaron a independizarse, especialmente cuando sus jefes llegaron todos a la presidencia y no quedó ningún jefe visible en el horizonte con suficiente poder para imponerse. Estaban Hernando Duran Dusan, Virgilio Barco y Augusto Espinoza Valderrama, pero no se comparaban en poder con los tres anteriores. Los lideres regionales comenzaron a disputarse entre ellos, lo que creo un problema para la candidatura a presidencia del partido, hasta que se llegó a una solución de compromiso y se eligio a Virgilio Barco, quien vencio.

Pero ya la desmembración de la coalición había comenzado y estaba surgiendo una nueva clase política que no heredaba a la anterior, porque sus jefes estaban vivos y esos lideres nuevos querían en cierta forma independizarse de ellos. Fue así como algunos de estos, entre ellos Alberto Santofimio, Espinoza, Dusan, Diego Uribe Vargas, Ernesto Samper, Maria Helena de Crobo, entre otros, lograron cambiar los estatutos del partido para darles el poder a los parlamentarios y quitarselo a los jefes naturales. Como expuso Fernando Jordan, Director del Instituto de Pensamiento Liberal, realmente también estos jefes querían dejar espacio a los nuevos liderazgos.

Pero no aparecio una nueva coalicion dominante que organizara el partido: Los presidentes no lograron la reeelección y se retiraron, y los que venian en

segundo lugar fueron obstaculizados, y ademas aparecieron fuerzas extrañas en los ochentas, como la violencia y el narcotráfico, que empañaron la lucha política del partido. En ese contexto el partido quedo en manos de una gran cantidad de lideres que no obedecen a nadie, salvo en coyunturas. El asesinato de Luis Carlos Galán, que hizo posible la candidatura de Cesar Gaviría, desplazó también a una gran parte de la clase política que estaba en fila india para los cargos, pues la actitud de Gaviría fue la de nombrar a personal muy joven más vinculado a él que al partido (el kinder), con lo cual se desarticuló más el partido. Así, los que mandan en el partido ya no son lideres con un gran cuerpo de votantes como antes sucedia con los lideres regionales, sino unos senadores que ni representan el 1% del total de votantes. Aun hay lideres como Juan Martin Caicedo, Piedad Cordoba o Vivian Morales, entre otros, que son muy importantes, pero no tienen ese gran poder de los lideres regionales de antes.

No aparecio entonces una nueva coalicion dominante que organizara el partido. Los primeros fueron presidentes y no lograron reeelección, los que venian en segundo lugar fueron obstaculizados y ademas aparecieron fuerzas extrañas en los ochentas para empañar la lucha política violencia, narcotrafico. En ese contexto el partido quedo en manos de una gran cantidad de lideres que no obedecen a nadie, salvo coyunturas. Así, los que mandan en el partido ya no son lideres con un gran cuerpo de votantes como antes sucedia con los lideres regionales, sino unos senadores que ni representan el 1% del total de votantes. Aun hay lideres como Juan Martin Caicedo, Piedad Cordoba o Vivian Morales, entre otros, que son muy importantes, pero no tienen ese gran poder de los lideres regionales de antes.

En el partido siguen siendo hoy muy venerados los expresidentes vivos: Lopez Michelsen, Julio Cesar Turbay, Cesar Gaviria, Ernesto Samper. Pero ellos ya no son los jefes del partido, el verdadero jefe es Horacio Serpa. Despues en la pirámide estan los parlamentarios: primero senadores, luego representantes que dependen de los anteriores; luego diputados que rinden cuentas a los representantes o directamente a algun senador; luego los consejales que obedecen a su jefe político en la asamblea o directamente a los anteriores. Los que mandan finalmente son pues los senadores.

Hoy en día, aunque se habla de socialdemócratas y neoliberales, en el fondo se refiere a serpistas y gaviristas, pues la mayor parte de las divisiones no tienen un origen ideológico sino que más bien los líderes se valen de esa distinción para atacar al contrincante. Siendo el Congreso el centro del partido en la práctica, las divisiones allí tienen más importancia que las externas. Así, en este Gobierno los liberales en el Congreso se han dividido en "colaboracionistas" (quienes colaboran con el Gobierno conservador) y "oficialistas", quienes siguen los lineamientos del partido, especialmente de Serpa, pero no son grupos en absoluto fijos. El problema fundamental de esta nueva etapa del partido, tras la derrota presidencial de 1998 ha sido definir lo que supone reorganizar el partido, pues mientras para unos es sencillamente "aceitar las maquinarias electorales" y llamar a orden a los

colaboracionistas, para otros supone reestructurar el partido radicalmente. Estos últimos han logrado convencer, gracias a la derrota electoral, a importantes miembros del partido de adelantar una Constituyente Liberal, incluido al propio Serpa, quien le ha dado todo su apoyo, cuidándose de no parecer que sea "su constituyente". Por ello en parte renunció a la dirección nacional del partido y estuvo de acuerdo con el ingreso de Santos a la misma. De alguna forma la Constituyente ha sido un contrapunteo entre grupos: de un lado una parte importante de los congresistas liberales y otros sectores tradicionales de la política y del otro un grupo de personas con ideas de renovación en la burocracia del partido (apoyadas por Serpa y por congresistas liberales progresistas). Pero también hay grupos como el de Santos, que sin estar en ninguno de los dos lados entró al proceso de reforma con sus propias reglas. Lo que se dio fue la aprobación de unas normas que satisfagan a la burocracia que lidera la Constituyente y le de una cierta cara de renovación al partido. El reto de los burócratas será entonces afinar su poder de disuasión y convencimiento, orientándolo no solo a la bases, para hacer un efímero golpecito de estado estatutario, sino sobre todo a los parlamentarios liberales (y otros grupos del partido como los expresidentes y personas como Santos), porque como explican los autores de las tres caras del partido una modificación de las reglas implica un previo cambio en los balances de poder del partido. Este proceso ha sido exitoso hasta el momento pues la Constituyente aprobó nuevos estatutos que serán refrendados por votación. Pero el verdadero reto viene a partir de ese momento, para evitar que trascienda del papel a los hechos esa transformación. Como el mismo Secretario del Partido lo ha afirmado, además de esos procesos internos se requiere que el legislador de instrumentos normativos para esa reestructuración. d.3. Modo de elegir a los dirigentes partidistas y los candidatos de elección popular. Los candidatos a la presidencia se eligen por convención o por consulta. En la convención de 1989 se aprobó la consulta popular para elección del candidato liberal a la Presidencia, siendo Cesar Gaviria el primer presidente liberal elegido luego de una consulta interna, realizada en 1990. Para las siguientes elecciones también se hizo consulta tras la convención extraordinaria de 1994 y la ganó Ernesto Samper (48.21%), quien luego fue elegido presidente. Se va a consulta si hay un acuerdo entre precandidatos y la dirección nacional, y si no lo hay se va a convención. Para las últimas elecciones presidenciales no hubo tal acuerdo y algunos de los precandidatos ni siquiera fueron a la convención, dejando solo dos para elegir, uno de los cuales renunció a favor del otro, que fue Horacio Serpa, quien perdió las elecciones, pero posiblemente sea el próximo candidato nuevamente. Es probable que la falta de acuerdo y la no realización de la consulta, hayan supuesto la pérdida de las elecciones en parte, tratándose de un partido fragmentado. En cuanto a la elección de cargos a elección popular, como se ha institucionalizado la operación avispa (proliferación de listas para ganar por residuo), el partido tiene una gran flexibilidad para expedir los avales. El único criterio es pertenecer al partido, para lo cual inclusive los candidatos se carnetizan el mismo día que se inscriben como

candidatos (para corporaciones públicas). En elecciones de gobernadores y alcaldes, se hacen consultas internas, pero las últimas consultas internas fueron en el año 1994, y se realizaron para municipios de más de 100000 habitantes. Para poder hacer esas consultas es necesario hacer acuerdos entre las fuerzas regionales. El partido está legitimado para dar avales para todas las elecciones, pero como no tiene organización en los departamentos y municipios, delega esa función en los congresistas. Estos suele tener "casas liberales" que son sus propias sedes de campaña y negocian con los candidatos la entrega de avales a cambio de apoyo político en las elecciones legislativas y presidenciales. Estas casas reemplazan en cierta forma la organización del partido, pero no hay ningún control sobre ellas. No obstante esas redes, las diferentes normas de apertura política del desmonte del Frente Nacional han roto algunos de esos vínculos (ya es más fácil crear partidos), y los diputados independientes en el partido buscan crear su propio espacio presentándose directamente al partido a pedir su aval.

Cuadro XXII. Características del funcionamiento interno del Partido Liberal Colombiano Proceso de elección de los candidatos a nivel formal Los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República

Convención o Consulta

Proceso de elección de los candidatos a nivel formal Los candidatos al Poder Legislativo

El aval lo da la Dirección Nacional del partido sin proceso de elección.

DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL PARTIDO Lo define el director del momento, con la anuencia de los parlamentarios del partido

FORMULACIÓN Y REFORMA DEL PROGRAMA, LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO

Normalmente en una Convención, pero de manera extraordinaria se hizo por Constituyente (debate, redacción y consulta a las bases).

ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS Los candidatos se autoligen y la dirección decide si darles o no el aval. En ciertos niveles se le da a quien lo pida.

ESTRATEGIA DEL PARTIDO Depende de la coyuntura, normalmente el jefe único con su equipo.

Fuente: Elaboración propia. d.4. Financiación de la Burocracia y de las Campañas. La burocracia nacional del partido está financiada por el Estado, mientras que las campañas electorales son financiadas exclusivamente por los candidatos y sus patrocinadores. El partido recibió en el 2000: 2.668.840.535 de pesos, equivalentes a 1.2 millones de dólares.

En cuanto a las presidenciales, luego del escándalo por la utilización de dineros del narcotráfico en la campaña del candidato Samper, y la violación de los topes establecidos por parte de ambas campañas en 1994, hicieron que se vigilara la financiación de las campañas de 1998 con extremado rigor por parte de una veeduría ciudadana. Según ese informe, la campaña de Horacio Serpa por ejemplo había gastado en su primera vuelta, para el 31 de mayo de 1998, un total de 8.196.228 pesos (unos 4 millones de dólares al cambio actual), o sea el 94,9 por ciento de los gastos permitidos. El aporte privado fue de 4.440.638 (unos dos millones de dólares al cambio actual), donado por 356 personas, destacándose el de 11 empresas de los principales grupos económicos del país.

En lo referente a las campañas para Senado y Cámara, según cálculos que se hicieron en 1994, una campaña gasta unas cinco o diez veces el dinero autorizado por el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo si en 1994 se limitaba a 100 millones (50.000 dólares al cambio actual) el gasto de una campaña al Senado (y de hecho ninguna reportó gastos mayores a 95 millones), se calculaba, analizando los precios del momento y los gastos obvios que el gasto total de la campaña bien podría estar entre los 500 y 1000 millones (250.000 a 500.000 dólares al cambio actual, entonces era la mitad). Es de presumirse que la proporción se haya mantenido para las últimas elecciones, para campañas de liberales y conservadores por lo menos. Puede comprenderse entonces porque habiendo tantas listas al Congreso, la política en su cara electoral es una auténtica danza de los millones. Piénsese por ejemplo lo que costaron el conjunto de las 148 listas que presentó el Partido Liberal en las elecciones de 1998 al Senado (de un total de 319, o sea un 47%). e. El partido como organización de voluntarios. Según los liberales encuestados, el partido plantea tener mayor cercanía con grupos sociales como las asociaciones empresariales, nuevos movimientos sociales, organizaciones religiosas, grupos étnicos minoritarios, asociaciones profesionales y grupos sindicales. Ellos mismos identifican su potencial electoral en grupos de pensionados, profesionales, obreros, burócratas, católicos, trabajadores rurales y sindicatos principalmente. En la práctica las bases del partido son la enorme red de concejales liberales y líderes de colectividades, llámense ediles o presidentes de acción comunal o jefes sindicales, pertenecientes al partido, que tienen contacto directo con el elector, a quien ofrecen una serie de incentivos selectivos a cambio de su fidelidad.. Esta consiste no solo en votar de acuerdo a las instrucciones del líder (importando muy poco su variabilidad) sino también asistir a mítines de apoyo al candidato que él señale. De alguna forma la negociación clientelista ha ido construyendo una extraña y voluble base social del partido, solo que el punto de unión de la misma es a través de los negociadores del voto. Los analistas siempre han presumido que esa base no es representativa sino meramente mercenaria, pero es bien posible que muchas de esas colectividades liberales tan folclóricamente organizadas estén alcanzando una representación legítima de sus intereses a través de un sistema éticamente censurable pero práctico

para sus necesidades. Las bases del partido no tienen poder en la toma de decisiones del partido, lo que los convierte en unos meros intermediarios del voto, sintiéndose muchas veces incómodos de ser utilizados en este sentido. Justamente los diputados y concejales son los que más han apoyado en las reuniones descentralizadas de la Constituyente el cambio de las reglas de juego y uno de los planteamientos que más se han discutido en la misma ha sido el de lograr una democracia interna que reemplace el poder de los jefes electorales de primer y segundo orden (nacionales y regionales). Un síntoma de esta inconformidad ha sido el creciente éxito de candidaturas independientes en los municipios, fenómeno que se viene notando con fuerza desde comienzos de la década . En cuanto a las bases sociales no electorales, existen en el partido una serie de organizaciones internas, de mujeres y de juventudes, que están reconocidas, pero que no representan todos los grupos que hay en el partido a nivel nacional. Puesto que muchos candidatos tienen por ejemplo sus propios grupos de juventudes, cada cual adelanta actividades independientes de las iniciativas de la dirección nacional. Si bien en los partidos actuales en el mundo el control de las bases es mínimo unas normas de democratización del poder en el partido no excesivamente radicales pueden contribuir a convertir esas bases extrañas del Partido Liberal en organizaciones acordes con la idea de democracia participativa por la que aboga la Constitución de l991. Teniendo en cuenta el poder electoral que posee el partido podría pensarse que una transformación del Partido Liberal supondría un paso importante en el proceso de democratización en el cual el país se ha empeñado en la última década, y que de momento ha arrojado muy pocos resultados. De momento el Partido Liberal canaliza intereses parcializados en alguna medida, pero su verdadera función debía ser la de recoger las grandes demandas sociales y llevarlas a los órganos de decisión. Para ello necesitará una transformación importante de sus estructuras y dinámica internas, lo cual puede suponer un largo período de divisiones e incluso algunos riesgos electorales.

Los estatutos surgidos de la Constituyente Liberal se caracterizan justamente por intentar crear canales y mecanismos para ampliar las bases del partido más alla de las filiaciones personales con determinados líderes. Por ejemplo señala que el 30% de las asambleas departamentales del partido estarán constituidas por organizaciones sindicales, de pensionados, de campesinos, sociales, de base, minorias étnicas y jóvenes; y que un 20% es abierta a las demas bases. Sin duda es un cambio de actitud interesante y seguramente algunos de esos espacios van a ser ocupados, por ejemplo los de juventudes, pero su evolución dependerá del verdadero apoyo que se les dé en momento cruciales. El problema es que teniendo elecciones presidenciales el próximo año, la campaña del candidato liberal seguramente absorberá la casi totalidad de las bases de voluntarios no clientelizadas movilizadas durante estos tres años por el partido siguiendo esa estrategia. Una segunda derrota curiosamente ayudaría a consolidar esos equipos de voluntarios de forma permanente, pero obviamente ese no es en modo alguno el deseo de los liberales.

D. EL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO. El Partido Conservador colombiano ha compartido el poder con el Partido Liberal desde hace 150 años. Se le suele describir como representante principalmente de intereses de sectores tradicionales, y manteniendo una fuerte oposición a las reformas liberalizadoras que en diferentes momentos históricos ha intentado adelantar el Partido Liberal. Se asegura incluso que el mismo origen del partido fue una respuesta de sectores tradicionales, como los terratenientes y la iglesia, para bloquear las reformas políticas y económicas que pretendían adelantar los liberales. Por otra parte, se insiste en que el Partido Conservador a pesar de mantenerse durante más de cuarenta años en el poder, entre 1886 y 1930, y ganar la presidencia muchas veces durante un siglo y medio, es un partido minoritario, que necesita de la división liberal para llegar al poder. Todos estos lugares comunes han sido puestos revaluados hoy en día. El Partido Conservador es tan pluriclasista como el liberal, en determinadas épocas ha defendido unos intereses u otros (por momentos ha sido partidario del libre comercio), ha bloqueado cambios pero también los ha intentado (gobierno Belisario Betancur en la década del ochenta) y puede ganar las elecciones sin que se presenten dos candidatos liberales a la presidencia (caso Andrés Pastrana a finales de los noventa). Se ha sostenido que el Partido Conservador es menos dado a prácticas corruptas que el Liberal o que su maquinaria política no es tan agresiva ni su clientelismo tan acentuado. Aunque de momento no se ha hecho una investigación comparativa al respecto, todo parece indicar que la relación es más numérica que cualitativa y tiene una relación proporcional con el poder que ha tenido cada partido. De hecho durante el Frente Nacional aunque el Partido Conservador era electoralmente minoritario recibió el mismo poder del Partido Liberal y participó activamente de la repartición milimétrica de los cargos burocráticos, siendo por lo tanto el mayor beneficiado en términos cuantitativos de la corrupción inherente al Frente Nacional. Debido justamente a esa minoría, a partir del fin del Frente Nacional el declive de poder del Partido Conservador ha sido evidente, tanto en las elecciones parlamentarias como en las presidenciales, pero al mismo tiempo ha seguido siendo el otro pilar del sistema de partidos colombiano, al lado del Partido Liberal. De hecho la mayor parte de las características señaladas respecto del éste último son válidas para el Partido Conservador, y las variaciones son más bien circunstanciales que permanentes. A pesar de ser minoría mayoritaria no se caracteriza por su unidad, lo que le ha supuesto también altos costos electorales. Ese carácter lo ha llevado igualmente a colaborar en casi todos lo gobiernos liberales (incluso en el controvertido gobierno de Ernesto Samper, sobre todo al principio), y a llamar a los liberales a compartir el poder en momentos críticos (el actual Presidente conservador tiene como Vicepresidente a un liberal y varios de sus más importantes ministros han sido liberales, incluso en la principal cartera, que es Interior). En la actualidad el Partido Conservador se encuentra en una paradójica situación, pues habiendo ganado la presidencia se habla de él con cierta frecuencia como un partido en proceso de extinción: un reconocido conservador, hijo de expresidente conservador

del Frente Nacional, es el Presidente, aunque se presentó por una coalición con algunos liberales y otras fuerzas; pero al mismo tiempo los resultados electorales del partido vienen en descenso rápido desde hace dos décadas y fueron desastrosos en las últimas elecciones locales (2000); por último, los líderes tradicionales acaban de ser destronados de la dirigencia burocrática y los nuevos no tienen la suficiente fuerza aglutinadora dentro del partido ni el reconocimiento nacional para poner en marcha una recuperación del partido (aunque lo están intentando). De hecho, prácticamente no tienen candidato para las próximas elecciones, pues la conservadora más opcionada, Noemí Sanín, se salió del partido y creó su propio movimiento; y la franja un poco más derechista, con la que pudieran identificarse, ha sido copada ya por un candidato liberal (Alvaro Uribe), al que muchos conservadores están dispuestos a apoyar. Es sin embargo un momento muy interesante para el Partido Conservador, pues al mismo tiempo ha reaccionado ante la crisis y ha realizado acciones tanto para establecer lazos internacionales, con la Democracia Cristiana, por ejemplo, como para fomentar una militancia activa, de la que antes no se había preocupado especialmente. Su gran reto es no solo recuperar el electorado que ha ido perdiendo, más a favor de terceros partidos que del propio Partido Liberal, sino también y sobre todo reagrupar las fuerzas que existen en su interior y que actúan prácticamente como partidos autónomos, sin un claro liderazgo nacional, que en cierta forma ellos creen que sí tienen los liberales. 1.CARACTERISTICAS ORIGINARIAS DE LA ORGANIZACIÓN Aunque el Manual del Conservador afirma que desde 1837 existía un movimiento político conocido como "republicanos moderados", "partidarios de la unidad nacional, defensores de la libertad, amigos de la autoridad y el orden" e inspirados en Simón Bolívar, los historiadores remiten su origen al momento de su fundación formal. Se considera así, que el Partido Conservador colombiano fue fundado por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, el jueves 4 de Octubre de 1849, a través de una declaratoria política, aparecida en el periódico “LA CIVILIZACION”, como respuesta al artículo publicado por Ezequiel Rojas, fundador del Partido Liberal, unos días atrás. En dicho texto se encuentran los principios esenciales del conservatismo inicial. En él, el Partido Conservador reconoce el orden constitucional, la legalidad, la moralidad cristiana, la propiedad, la seguridad, la igualdad legal y la tolerancia real. Este primer programa buscaba conservar el statu quo y mantener la sociedad jerarquizada que existía desde la colonia, lo cual se veía amenazada por las reformas que quería adelantar el Partido Liberal. Los terratenientes, los esclavistas, los altos burócratas civiles, el clero y la milicia aparecían por ello como el respaldo del partido, pero su composición también incluía variados sectores sociales bajo la influencia de aquellos. En el campo económico, aunque no todos eran esclavistas, como el propio Mariano Ospina Rodríguez que tenía otro tipo de riquezas, sí había una defensa general de esa institución. Los principios programáticos originarios del partido se plasmaron en gran parte en la Constitución de 1886, la cual tenía como objetivo fundamental, la

restauración de las tradiciones políticas, que habían sido modificadas por las reformas liberales de los años anteriores, así como la implantación de un régimen centralista. Durante la hegemonía conservadora que se extendió hasta 1930 el partido fue claramente confesional, defensor del orden como principio primordial y conservadurista en el sentido craso de la palabra.

primordial y conservadurista en el sentido craso de la palabra.

Cuadro I. Características originarias de la organización Partido Conservador Colombiano Origen territorial (proceso de creación del partido)

Del centro a la periferia.

Fuente de creación Interna, sin influencia externa. Líderes carismáticos Mariano Ospina Rodríguez y José

Eusebio Caro Fuente: Elaboración propia.

2. PRINCIPIOS IDEOLÓGICO PROGRAMÁTICAS. a. Principios programáticos Los principios programáticos del Partido Conservador estaban consagrados en el Preámbulo Doctrinario de sus estatutos, pero el artículo II de la última reforma dice que serán los que apruebe la Convención Nacional como declaración programática. Es adecuado sin embargo citar cuáles eran los fines y principios del partido hasta antes de la convención descentralizada que eligió a los nuevos directivos. En dicho programa, datado de 1996, se afirmaba: "El fin del partido es el bien común, entendido este como la correcta armonización de las relaciones de interdependencia del Estado, la sociedad y la persona humana. Los principios fundamentales del Partido Conservador son los siguientes": (resumen) La aceptación de la Doctrina Cristiana sobre la persona, la familia, la educación y la

cultura, la vida económica, la sociedad, el Estado, el orden político nacional o internacional.

Reafirma su fe en el programa de 1849. La voluntad de lograr un orden justo que resulte del respeto a la autoridad,

libertades racionales, equitativa participación en la búsqueda del bien común y el disfrute de su beneficios, subordinación del interés particular al general, y de iguales oportunidades para las personas dotadas de las mismas aptitudes.

Concepción conservadora del Estado capaz de lograr el bien común dentro de un régimen de libertad ordenada, mediante el recto ejercicio de la autoridad, con subordinación al derecho y la moral que profesa la nación.

Principios de gobierno: Estado Social de Derecho Democrático, participativo y

pluralista. Proclama la obra y el pensamiento de Simón Bolívar. Una concepción social de la vida económica como un orden destinado a satisfacer

razonablemente las necesidades vitales y culturales de todos los asociados. Adhesión a la declaración universal de los Derechos Humanos y los principios de

las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. La acción política debe estar supeditada a las normas éticas. Defiende el derecho a un ambiente sano y la preservación de los recursos

naturales. b. Ubicación ideológica El Partido Conservador colombiano comparativamente con el Partido Liberal puede ubicarse como un partido de centroderecha, por su autoubicación y por su imagen, aunque no está claro que lo sea por sus actuaciones o por sus electores en las últimas décadas especialmente. A decir verdad, al igual que en el Partido Liberal, en el Partido Conservador ha habido casi siempre dos tendencias, una intransigente y proselitista; la otra, conciliatoria y acomodaticia. Por ejemplo la tendencia conciliatoria fue la que dominó al instalar la Regeneración (conservadora) en 1886 (la mencionada hegemonía), pero fue la intransigente la que dio lugar a la guerra de los Mil Días en el entresiglo. Luego Rafael Reyes intentó ser conciliador (1904- 1909) y lo mismo Carlos E. Restrepo (1910-1914) y sus sucesores. En general hubo un consenso entre todos ellos esos casi 50 años, de no perjudicar los intereses comerciales de los liberales y darles uno que otro ministerio o embajada mientras no se rebelaran contra la Hegemonía Conservadora. La última década de este período fue todavía menos ortodoxa, pues conceptos como el intervencionismo de Estado y cierto progresismo cauto en las ideas se abrieron paso en parte gracias a la crisis que atravesaba el partido. Comparativamente sin embargo, con lo que se vivía en otros países de América, se puede decir que en muchos aspectos se vivió en el siglo XIX durante todo este período de dominación conservadora. Durante la llamada República Liberal (1930-1946), hubo un endurecimiento ideológico en el partido, y especialmente durante la Presidencia de Alfonso López Pumarejo, el Partido Conservador fue abiertamente reaccionario contra las reformas modernizadoras que se propusieron. Aunque no logró evitar su aprobación (reforma constitucional de 1936), sí pudo hacer retroceder al presidente en el ritmo de los cambios y dejar sí efectos prácticos la mayoría de los mismos. Desde cuando los conservadores recuperaron el poder en 1946 con Mariano Ospina Pérez hasta el 2000, las figuras de los Gómez (Laureano, Alvaro y Enrique) llevaron la vocería del ala más radical y continuaron dando una imagen derechista del partido, aunque se volvían conciliadores en circunstancias particulares. Laureano fue elegido Presidente en pleno período de La Violencia, desatada tras el asesinado del liberal radical Jorge Eliécer Gaitán durante el gobierno de Ospina. Actuó como un dictador civil y contribuyó a la intensificación del conflicto, por lo cual fue derrocado por el General Gustavo Rojas, con la ayuda de los conservadores moderados. Luego de su

exilio, Laureano Gómez se tornó en un gran conciliador, pues fue el gestor del acuerdo bipartidista de no agresión y repartición del poder en 1957 (Frente Nacional). Alvaro, su hijo, fue varias veces candidato presidencial representando posiciones duras dentro de la derecha del partido, pero adquirió también un lenguaje conciliador en la Asamblea Nacional Constituyente. Tras su asesinato a finales de los noventa, su hermano Enrique asumió la vocería de dicha corriente y dirigió el partido manteniendo el tono virulento del periódico familiar El Nuevo Siglo, que siempre fue su principal vehículo de expresión. Finalmente en el 2000 Enrique Gómez, quien no parecía tener ni el carisma ni la capacidad de aglutinar de su padre y hermano fue derrotado en la convención conservadora, siendo reemplazado por los dueños de los votos en el partido, mucho más pragmáticos y menos dispuestos a definirse ideológicamente. Aunque hay una extensa literatura explicativa de como el Frente Nacional desdibujó las fronteras ideológicas entre los dos partidos apoyándose preferentemente en el clientelismo, siempre se ha seguido considerando que se mantuvo una cierta diferenciación. Lo difícil ha sido determinar en qué consiste ésta. Por lo menos no fue tan clara en la Presidencia, toda vez que ninguno de los dos gobiernos conservadores después del Frente Nacional de 1957 puede ser acusado de más tendencia derechista que los liberales, pues ambos inclusive han promovido las conversaciones de paz más audaces desde el comienzo de la guerrilla en los sesenta. El gobierno de Belisario Betancur es considerado por ejemplo como menos a la derecha que el gobierno liberal de Julio Cesar Turbay, y en el plano económico el gobierno de Andrés Pastrana no se le ve como más neoliberal que el gobierno del liberal Cesar Gaviria. De hecho el partido por las gestiones de Betancur y por unos años se denominó "Partido Social Conservador", pretendiendo ayudar a diluir esa imagen retardataria ante la sociedad. La explicación es que Betancur pertenece al ala moderada o de centro izquierda del partido, que lideraba Mariano Ospina Rodriguez. Es una clara división ideológica que solo termino cuando murieron, haca pocos años tanto Alvaro Gómez como Misael Pastrana, quien heredó el poder de Mariano Ospina. A pesar de esos intentos, el hecho es que los mismos conservadores se consideran más a la derecha que en el centro y a su partido incluso más lejos del centro. Dos encuestas realizadas por el autor en 1994 y 2000 ratifican lo dicho. En el primer y más amplio estudio, se encuestaron 15 representantes a la cámara conservadores, preguntándoseles dónde se ubicarían a sí mismos y a su partido en una escala ideológica donde 1 es izquierda y 10 es derecha, y el resultado fue siempre centroderecha. En la autoubicación el resultado fue 6.9 y en la ubicación del partido 7.3 (el promedio de autoubicación en Colombia es 5.4 y en Iberoamérica 5.0.) En el 2000 se repitió la pregunta de la ubicación del partido a 6 miembros claves del partido y el promedio fue igualmente a la derecha, pero no tan marcado 6,42. También, como en el Partido Liberal, la cuestión ideológica se pierde definitivamente en esferas diferentes a las nacionales. Al preguntárseles a unos 85 funcionarios del Concejo de Bogotá de filiación conservadora por la ideología del partido, solo dos contestaron que la supieran y ningún concejal de ese partido quiso responder la pregunta. Algunos autores, como se mencionó en el capítulo del liberalismo, hablan de un conservadurismo vergonzante, señalando que Colombia es un país conservador que

vota liberal, y otros consideran que incluso en el lenguaje el Partido Conservador ha sucumbido a la dialéctica de centro izquierda, de mejor recibo en la posguerra fría, perdiendo con ello su identidad. Tal fenómeno parece haberse hecho más claro con la nueva dirigencia conservadora, pues de hecho el Secretario General del Partido afirmó al ser entrevistado sobre la identidad ideológica del partido, que el Partido Conservador tiene como principal objetivo en la actualidad "la construcción de la dignidad humana", más allá del superado dilema izquierda - derecha, y que no tiene ningún interés en diferenciarse ideológicamente del Partido Liberal. Lo dicho quedó ratificado al revisar los documentos aportados para la investigación por el propio partido, pues en alguno de ellos se afirma tajantemente: "Nuestro proyecto político es la construcción del Estado Social de Derecho" Sin embargo, lo anterior entra en contradicción con lo expresado en el Manual del Conservador en 1996, donde se expresa claramente que sí hay una diferencia con el liberalismo "El conservatismo es cercano a la autoridad fuerte, al cumplimiento estricto de las normas y los deberes, a lo religioso, al orden, a la observancia de los preceptos morales universales, a la estabilidad y a la tradición. Si el liberalismo es el partido de los derechos, el conservatismo es el del orden y la tradición" . Cuadro II. Medias de autoubicación ideológica de los miembros del PC (1= Izquierda y 10= Derecha) 1998: Legisladores n =21

6,9

1999: Legisladores, Dirigentes y Militantes n = 13

7,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pregunta Realizada: “Utilizando una escala ideológica donde 1 sea izquierda y 10 derecha: ¿dónde se ubicaría usted?” Fuente: PELA (1998), PPAL (1999).

Cuadro III. Medias de Ubicación del PC según las percepciones de los miembros de los otros partidos (1= izquierda y 10 = Derecha) 1998: Legisladores n=46

8,4

1999: Legisladores, Dirigentes y Militantes n = 7

7,86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pregunta Realizada: “Utilizando una escala ideológica donde 1 sea izquierda y 10 derecha: ¿dónde situaría usted a los otros partidos?” Fuente: PELA (1998), PPAL (1999). La conclusión de nuestra investigación en este sentido es que el Partido Conservador, al igual que el liberal en alguna medida, tiene una indefinición ideológica marcada y una

reciente preocupación por solucionar esa cuestión, bien porque puede tener réditos electorales, bien porque se sienten amenazados por los llamados antipolíticos, que los acusan de falta de ideología, pero también porque algunos de sus líderes consideran fundamental definir tales cuestiones para reagrupar el partido y hacer frente a los nuevos retos del mundo globalizado y a la caótica situación de orden público del país. El problema es que dicha definición no surge de una construcción dialéctica decantada con los años, sino que obedece en gran medida al pensamiento de quienes están en la burocracia del partido en un momento determinado o lo dominan (Jaime Arias en 1996, Enrique Gómez en 1999 y el actual directorio), con lo cual la anuencia formal respecto de la misma resulta fácil más bien por inocua que por importante. En los actuales momentos, habiendo sido derrotada la línea dura de Enrique Gómez, bien diferente de la del Presidente Conservador que está negociando con la guerrilla, al partido le queda difícil definirse por el lado de "autoridad y orden" de sus características originarias, pero tampoco asume el neoconservadurismo como bandera pues ya está colonizado por el ala derecha del Partido Liberal y tiene mala fama, ni se atreve a controvertir los argumentos socialdemócratas del ala progresista del Partido Liberal ahora dominante, porque no es rentable en cuanto a imagen ni votos. Por ello la apelación que ahora hace, y es muy voluntarista en ello, está más orientada a conservar y recuperar un sentimiento partidista, arropado con un adecuado discurso ideológico internacionalista que no incomode a nadie especialmente, pero suficiente para ambientar la creación de grupos de militancia entre los jóvenes, las mujeres y algunos colectivos, no amarrados a algún líder del partido en particular. El miedo a la presunta inminente extinción del partido, por ser cada vez más minoritario y ser abandonado o menosvalorado por los grandes líderes (incluyendo al propio Presidente), parece ser el motor principal de estos recientes intentos, que de ser persistentes de todos modos pueden llegar a tener algún éxito en sus objetivos de mantener vivo uno de los partidos más antiguos del mundo. En cierta forma los dos criticados partidos colombianos pasarían la prueba de esfuerzo de quienes abogan por defender y relanzar a los partidos para potenciar la democracia. El problema es que los legisladores de ambos, el verdadero poder del partido, no están tan dispuestos a aprobar reformas para dicha transformación, o por lo menos hasta este momento no se ha aprobado ninguna reforma normativa audaz para contribuir a ese cambio. 3.EL PARTIDO COMO UN SISTEMA. LAS CINCO CARAS DEL PARTIDO. a. El Partido como organización electoral. A finales del siglo XIX y principios del XX el Partido Conservador tuvo la mayor relevancia en términos electorales en su historia (la mencionada Hegemonía Conservadora). Cuando a partir de 1930 el Partido Liberal llegó al poder comenzó el declive del Partido Conservador. Especialmente desde 1934 fue muy notorio el descenso de la votación conservadora y la conformación de mayorías liberales en el Congreso, haciéndose más evidente después del Frente Nacional y en especial después de 1991 con la creación de la Nueva Constitución. Aunque en los últimos tiempos las elecciones presidenciales han favorecido más al Partido Liberal, al existir

en el partido la tradición de participación en el gobierno del partido, el Partido Conservador en todos los gobiernos liberales tuvo en menor o mayor grado una presencia. Es en parte por esto que no es posible hablar de sistema de partido de gobierno y partido de oposición en Colombia, y mucho menos que el Partido Conservador haya sido en las últimas décadas el fiscal político de los gobiernos liberales, excepto en coyunturas específicas, como la oposición al gobierno Samper. Basta un rápido vistazo a las cifras electorales del siglo pasado y de los últimos 10 años en particular, para concluir que sin lugar a dudas el Partido Conservador está en un proceso de declive electoral vertiginoso. Entre los años treinta y los cincuenta por la urbanización de la población del país, siendo su electorado preferentemente rural; durante el Frente Nacional por la despolitización que supuso el pacto y la gran migración a las ciudades; durante los setenta y los ochenta por haberse quedado atrás en activismo político frente al Partido Liberal, y haber tenido poco acceso al poder y por lo tanto al juego de la reproducción clientelista del mismo; y en la última década por la convergencia de dos fenómenos: división y fragmentación. La división hizo incluso que Alvaro Gómez se presentara a la Asamblea Nacional Constituyente como Movimiento de Salvación Nacional; mientras que la fragmentación supone que cada miembro importante del partido tiene su propio movimiento, casi sin excepción, que actúa como un pequeño partido. En las elecciones locales del 2000, donde el partido sufrió una gran derrota, al perder alcaldías y gobernaciones en departamentos tradicionalmente conservadores como Antioquia y Boyacá, quedó confirmado el declive electoral del partido. Sin embargo, la lectura que hacen del fenómeno los conservadores es diferente a la de los analistas. Así, el boletín Gestión Conservadora de diciembre (miniperiódico) comienza con el titular "El Partido Conservador vive", sale la fotografía del gobernador del Valle del Cauca, conservador que sí ganó y frases como las siguientes: " Perdimos dos partidos en Antioquia y Boyacá jugando de locales, pero ganamos por goleada y de visitantes en el valle y Risaralda"; "El Partido Conservador mantiene el 3'% de su participación en los votos obtenidos para asambleas tanto en las elecciones de 1997 como en las del 2000"; y "En relación con las gobernaciones el partido tenía cinco y mantiene cinco" Es de señalar que la pérdida de votos como se ha convertido al Partido Conservador en la mayor minoría electoral en lugar de ser la segunda fuerza en un sistema bipartidista cerrado. a.1. Elecciones Presidenciales. a.1.1. Rendimiento electoral del PCC en el siglo XX En la Historia de Colombia el Partido Conservador ha tenido en mayor número de ocasiones la presidencia, pero como ya se anotaba en el siglo XX los resultados obtenidos en elecciones han ido decreciendo. El Siglo inició con el gobierno de José Manuel Marroquín (1900-1904), único del período hegemónico conservador que llegó por un Golpe de Estado (siendo vicepresidente del golpista). El último gobierno de este período fue el de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), ya que el siguiente fue el

gobierno liberal (aunque de concertación) de Enrique Olaya Herrera. Cuadro IV: Presidentes conservadores en el siglo XX.

Presidente Gobierno Partido Origen del Mando José Manuel Marroquín 1900 a 1904 Conservador Golpe de Estado Rafael Reyes 1904 a 1909 Conservador Elegido Jorge Holguín Queda encargado

después de la renuncia de Rafael Reyes, durante 1909

Conservador Encargo

Ramón González Valencia Termina el sexenio de Reyes 1909 a 1910

Conservador Encargo

Carlos E. Restrepo 1910 a 1914 Conservador Elegido José Vicente Concha 1914 a 1918 Conservador Elegido Marco Fidel Suárez 1918 a 1921 Conservador Elegido Jorge Holguín 1921 – 1922,

encargado después de la renuncia de Marco Fidel Suárez

Conservador Encargo

Pedro Nel Ospina 1922 – 1926 Conservador Elegido Miguel Abadía Méndez 1926 a 1930 Conservador Elegido Mariano Ospina Pérez 1946 – 1950 Conservador Elegido Laureano Gómez 1950 – 1953 Conservador Elegido Roberto Urdaneta Arbeláez Reemplaza a

Laureano Gómez de 1951 a 1953, por causa de su enfermedad

Conservador Encargo

Gustavo Rojas Pinilla 1953 – 1957 De orientación conservadora

Golpe de Estado

Junta Militar 5 miembros 1957 a 1958 De orientación conservadora

Encargados

Guillermo León Valencia 1962 – 1966 Conservador Elegido Misael Pastrana Borrero 1970 – 1974 Conservador Elegido

En 1946 con Mariano Ospina Pérez los conservadores ganaron la presidencia ante la división liberal, y en 1950 Laureano Gómez fue elegido presidente debido a la retirada de los liberales del proceso electoral por la violencia desatada. Se puede decir que el

gobierno del General Gustavo Rojas de alguna forma era conservador aunque fue apoyado también por liberales y luego se presentó como líder extraño al bipartidismo. La Junta Militar de transición era de confianza de los dos partidos pero también podría clasificarse como conservadora. Los siguientes presidentes lo fueron por turno, es decir porque le tocaba el poder al Partido Conservador según el pacto realizado, pero no porque hubieran arrastrado las mayorías nacionales. Así pues, en la última mitad del siglo los presidentes conservadores llegaron al poder o por el pacto frentenacionalista o porque el Partido Liberal se presentaba dividido a elecciones o por un pacto suprapartidista. Ejemplos de lo primero son Guillermo León Valencia (1962-1966) y Misael Pastrana Borrero (1970-1974), mientras que Belisario Betancur (1982-1986) ejemplifica el segundo caso (por la aparición del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán). Pero también los conservadores han hecho de las alianzas una estrategia fructífera para alcanzar la Presidencia, como fue el caso en 1998 de la elección de Andrés Pastrana, actual presidente, que llegó al poder gracias a su Gran Alianza por el Cambio, en la que acogió liberales con todo y sus maquinarias. Debido justamente a que entre 1958 y 1974 el régimen político colombiano se caracterizó por una repartición pactada de los cargos públicos, un análisis electoral numérico de este período no resulta muy relevante. Al no darse las elecciones dentro de un marco de igualdad de oportunidades, la medición de impacto electoral del Partido Conservador durante este período es imprecisa. De hecho se realizaron elecciones, pero más como un evento formal de legitimación que como un verdadero ejercicio democrático. Justamente el Partido Conservador era el más cuestionado en este sentido, pues mantenía, apoyándose en el frente nacional, un poder político superior a su poder electoral. Fue así como el último gobierno del frente nacional que correspondía según lo pactado al Partido Conservador estuvo bastante cuestionado. Tal como decía el pacto, el partido liberal se abstuvo de lanzar candidato, mientras el conservador propuso a Misael Pastrana Borrero y a Belisario Betancur, resultando electo el primero. El problema fue que la Alianza Nacional Popular ANAPO, alcanzó el 38.68% de la votación total, superando por mucho al candidato Betancur y no muy lejos del 40.26% de Pastrana. Los anapistas denunciaron incluso fraude electoral, cuestión que nunca pudo comprobarse, pero que dio lugar a la aparición de un movimiento guerrillero, el Movimiento 19 de abril. La Anapo fue extinguiéndose como fuerza política en las elecciones posteriores, dejando al Partido Conservador como segunda fuerza política sin tercería visible que le compitiera ese lugar. a.1.2. El Partido Conservador en la contienda electoral durante el período de elecciones no pactadas. CUADRO V: Resultados del PCC en las elecciones presidenciales (1974 – 1998)

Año de la

Candidato del PC

1 Vuelta 2 Vuelta Situación

elección VOTOS % VOTOS %

1974 Álvaro Gómez 1.634.879

31.37 PERDIO FRENTE AL LIBERAL ALFONSO LÓPEZ M.

1978 Belisario Betancur

2.356.620

46,60 PERDIO FRENTE AL LIBERAL JULIO CÉSAR TURBAY

1982 Belisario Betancur

3.189.278

46,80 GANO GRACIAS A LA DIVISION LIBERAL

1986 Álvaro Gómez 2.588.050

35,80 PERDIO FRENTE AL LIBERAL VIRGILIO BARCO

1990 Álvaro Gómez (MSN)

1.433.913

23,70 SE PRESENTA COMO LIDER DEL MOVIMIENTO DE SALVACION NACIONAL

1990 Rodrigo Lloreda

736.374

12,20 SE PRESENTA COMO CANDIDATO OFICIAL

1994 Andrés Pastrana

2.604.771

44,75 3.576.781

48,15 PIERDE POR MUY POCA DIFERENCIA FRENTE LA LIBERAL ERNESTO SAMPER

1998 Andrés Pastrana (APC)

3.653.048

33,98 6.114.752

49 GANA FRENTE AL CANDADADO LIBERAL HORACIO SERPA POR UN BUEN MARGEN

Porcentajes de Voto PresidencialPLN 1953-1998

010203040506070

1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998

Porcentaje de voto

Los candidatos señalados en negrita resultaron ganadores de los comicios. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Registraduría Nacional.

Al finalizar los 16 años del pacto, el Partido Conservador se presentó a las presidenciales con Álvaro Gómez como candidato, quien con un 38.68% del total de la votación no fue capaz de arrebatarle la victoria a los liberales en cabeza de Alfonso

López Michelsen con un 56.20% de la votación. En el año 1978 tras una muy reñida contienda electoral el Partido Conservador de nuevo tuvo que ceder el poder al liberal Julio César Turbay Ayala, a pesar de que Belisario Betancur, el candidato conservador, obtuvo el 46.50% de la votación. En 1982 finalmente Betancur resultó electo con un 46.80% de la votación, pero gracias en buena medida a la división galanista mencionada. Cuadro VI: Resultados electorales 1974. PRESIDENCIALES 1974 Candidato Partido Votos Porcentaje Álvaro Gómez Conservador 1.634.879 31.37 Total 5.212.133 Fuente: Registraduría Nacional Cuadro VII. Resultados electorales 1978. PRESIDENCIALES 1978 Candidato Partido Votos Porcentaje Belisario Betancur Conservador 2.356.620 46.60 Total 5.075.719 Fuente: Registraduría Nacional Cuadro VIII: Resultados electorales 1982. PRESIDENCIALES 1982 Candidato Partido Votos Porcentaje Belisario Betancur Conservador 3.189.278 46.80 Total 6.840.392

Fuente: Registraduría Nacional En 1986 de nuevo el Partido Conservador perdió las elecciones frente a Virgilio Barco Vargas, quien además planteó un gobierno de partido, instando al conservador a asumir la oposición. Desde el punto de vista de los conservadores fue el partido el que se abstuvo de participar en los más altos niveles de la administración, proponiéndose asumir una oposición reflexiva y “... no aceptar la participación que le ha sido otorgada”. Cuadro IX: Resultados electorales 1986.

PRESIDENCIALES 1986 Candidato Partido Votos Porcentaje Alvaro Gómez Conservador 2.588.050 35.80 Total 7.229.937

Fuente: Registraduría Nacional En 1990 el conservatismo se presentó dividido a las elecciones. Por un lado se lanzó Rodrigo Lloreda, mientras que Alvaro Gómez se presentó por el Movimiento de Salvación Nacional, que obtuvo el 23.70% de la votación frente al 47.80% de César Gaviria del Partido Liberal. Ni aun sumando el 12.2% de Lloreda el partido hubiera ganado. Es de tener en cuenta que también compitió con fuerza una tercería, la Alianza Democrática M-19, partido surgido de la reinserción del movimiento guerrillero M-19, que obtuvo el 12.5% de los votos. Cuadro X: Resultados electorales 1990. PRESIDENCIALES 1990 Candidato Partido Votos Porcentaje Álvaro Gómez Movimiento De Salvación

Nacional 1.433.913 23.70

Rodrigo Lloreda Conservador 736.374 12.20 Total 6.047.576

Fuente: Registraduría Nacional La Constitución de 1991 supuso la inclusión de una serie de cambios electorales que le dieron al Partido Conservador la posibilidad de ganar las elecciones presidenciales a pesar de su menguado poder electoral, como casi lo hizo en 1994 y como en efecto lo logró en 1998. Es de señalar que la mayoría de estas normas estaba destinadas a darle apertura al sistema y no a favorecer al conservatismo, pero ese fue el efecto en las presidenciales. La separación de las elecciones en tres períodos, presidenciales, parlamentarias y locales, acabó con el voto de arrastre, que le permitía al partido con más votos en el congreso y las otras corporaciones amarrar esos votos al de un candidato oficial. Gracias a esto el voto de opinión o libre se hizo muy importante en las presidenciales, favoreciendo a los conservadores, que estaban fuera del poder durante tres períodos. El otro cambio que favoreció a los conservadores fue la doble vuelta presidencial, por lo menos en las elecciones de 1998, en las que los liberales ganaron en la primera vuelta y perdieron en la segunda. La práctica de las coaliciones interpartidistas se ha vuelto tan común, que el mismo expresidente Belisario Betancur reconoció en la celebración de los 150 años del Partido Conservador en octubre de 1999, que la fuerza de los partidos está más en la capacidad de convocar a los próximos o afines que en la de contar con la fidelidad de sus propios adherentes. Especialmente la elección de Pastrana en 1998 tuvo está

característica, puesto que incluso su Vicepresidente fue un liberal exgobernador de un importante bastión del liberalismo en la Costa Atlántica, el Departamento del Atlántico. Cuadro XI: Resultados electorales 1994. PRESIDENCIALES 1994 PRIMERA VUELTA Candidato Partido Votos Porcentaje Andrés Pastrana Conservador 2.604.771 44.75 Total 5.821.331 PRESIDENCIALES 1994 SEGUNDA VUELTA Andrés Pastrana Conservador 3.576.781 48.15 Total 7.427.742 Fuente: Registraduría Nacional Cuadro XII: Resultados electorales 1998, PRESIDENCIALES 1998 PRIMERA VUELTA Candidato Partido Votos Porcentaje Andrés Pastrana Alianza Por El Cambio3.653.048 33.98 Total 10.751.465 1998 SEGUNDA VUELTA Andrés Pastrana Alianza Por El Cambio6.114.752 49.00 Total 12.310. 107 Fuente: Registraduría Nacional La otra paradoja de las elecciones presidenciales de 1998 fue que a pesar de ser el conservatismo un partido minoritario electoralmente, los votos de Pastrana en la primera vuelta sumados a los de Noemí Sanín, que se presentó como independiente siendo conservadora, sumaron más de un 60%. Más paradójico aun es el hecho mencionado de que estando en el poder el Partido Conservador no tiene un candidato fuerte para las próximas elecciones presidenciales. a.2. El Partido en las Elecciones Legislativas Al igual que en las presidenciales se muestra un descenso en las votaciones totales de ambas cámaras. Como lo explica el senador conservador Luis Humberto Gómez Gallo, el descenso en las votaciones no es un hecho aislado, sino que responde a una crisis interna dentro del partido: "El balance es insatisfactorio en grado sumo. Preocupa que luego de la promulgación de la constitución de 1991, los electores hayan preferido las fuerzas políticas alternativas y que ese fenómeno afecte principalmente en el

conservatismo”. Según él, el Partido Conservador ha llegado al poder gracias a coaliciones y no por tener mayorías electorales: ”El conservatismo en los últimos cuarenta años nunca ha hecho un gobierno de partido, solamente ha sido partido de gobierno”. En el Congreso la presencia conservadora ha ocupado el segundo lugar en número, pero después de 1990 el descenso registrado afecta a ambos partidos, debido a la aparición de múltiples movimientos independientes o resultado de alianzas entre sectores políticos tradicionales. Desde 1970 el Partido Conservador, a excepción de dos ocasiones ha sido el segundo partido más votado, ya que en las elecciones de 1970 y 1998 otras fuerzas obtuvieron más curules que el Partido Conservador. De todos modos su fuerza hoy está menguada, pues en la actualidad tienen solo una cuarta parte de las curules del congreso con lo cual difícilmente el Presidente conservador podía contar con ellos únicamente para hacer aprobar sus proyectos. La tendencia histórica en los años noventa nos muestra que cuando hay un descenso en las votaciones para el Partido Liberal, esto no representa un aumento en los votos conservadores, lo que quiere decir que cuando el liberalismo cae, lo hace el bipartidismo en su conjunto, y el gran afectado termina siendo el Partido Conservador. De hecho, resume un analista: “El Partido Conservador se ha mantenido como segunda organización política, pero en cambio ha perdido el pie en el parlamento, a manos de pequeñas minorías que, en alianza con el Partido Liberal, están en capacidad de imponer su voluntad en casi todas las votaciones”. De todos modos, el Partido Conservador ha mantenido una estrategia de coaliciones que le ha permitido seguir siendo la segunda fuerza política. Aunque en 1992 se afirmaba que las nuevas reglas electorales favorecerían al Partido Conservador, la realidad ha mostrado lo contrario, como se vera en el comportamiento electoral. En esta época Javier Sanín se refería al partido de esta manera: “Las nuevas reglas del juego político harán que el conservatismo se adapte a ellas. Le favorecen”.

Cuadro XIII: Elecciones para senado a partir del final del Frente Nacional PCC.

AÑOS CURULES VOTOS TOTAL CURULES TOTAL VOTOS1974 37 1.631.115 112 5.094.552 1978 49 1.650.429 112 4.159.846 19 De hecho, resume un analista 82

49 2.252.601 114 5.567.198

1986 43 2.541.094 114 6.842.834 1990 39 2.531.316 114 7.626.903 1991 24 1.279.605 100 4.861.640 1994 29 1.374.268 100 4.978.276

1998 25 1.869.100 100 8.320.820 Cuadro XIV: Elecciones para Cámara de Representantes desde el Frente Nacional (1974-1998) PCC.

AÑOS CURULES VOTOS TOTAL CURULES TOTAL VOTOS1974 66 1.631.924 199 5.088.888 1978 83 1.645.496 199 4.171.075 1982 82 2.248.796 199 5.573.489 1986 80 2.558.050 199 6.884.928 1990 65 2.529.944 199 7.602.393 1991 42 1.227.949 161 4.789.744 1994 49 1.309.766 161 4.966.249 1998 38 1.998.192 161 8.482.944

Fuente : Gutiérrez, Francisco. “Rescate Por Un Elefante. Congreso, Sistema Y Reforma Política” En Bejarano Ana María (Compilador), Dávila Andrés (Compilador), “Elecciones Y Democracia En Colombia, 1997 - 1998”. Bogotá, 1998: 232. a.3 El Partido en la Asamblea Nacional Constituyente En 1991 se convocaron elecciones para conformar la Asamblea Nacional Constituyente encargada de reformar la constitución, a éstas el Partido Conservador se presentó dividido en Movimiento de Salvación Nacional liderado por Álvaro Gómez y el oficial Partido Social Conservador, en total, de la suma de las listas electas de las ya mencionadas divisiones no se lograron superar las del Partido Liberal, el Partido Conservador estuvo en un posición muy pareja a la de la Alianza Democrática M-19, que en estas elecciones después de su desmovilización como grupo guerrillero se convirtió en la sorpresa electoral. El Partido Liberal ha mantenido su carácter dominante en todas las elecciones, salvo en las de la Asamblea Nacional constituyente, lo cual no significó ningún beneficio electoral para el Partido Conservador. Como sostuvieron algunos: “ La reducción de la votación de los partidos tradicionales fue en beneficio de los terceros partidos, que de un 14% en las elecciones presidenciales de 1990, subieron a un 36% en las elecciones para la Constituyente”. Cuadro XV: Listas y Constituyentes elegidos a la Asamblea Nacional Constituyente. Número de Constituyentes. Partido Conservador

Partidos/ Movimientos

Número de Listas Elegidas

Elegido por Cociente

Elegido por residuo

Total ElegidoPorcentaje en la Asamblea

Movimiento de Salvación Nacional

1 10 1 11 15,7%

Partido Social Conservador

1 4 1 5 7,1%

Fuente : Gilhodes Pierre (et.al.), Modernidad, Democracia y Partidos Políticos, FIDEC, FESCOL, 1993. a.4. El Partido en las elecciones municipales y departamentales. En las cuatro elecciones para gobernadores que se han realizado en el país desde 1991, el Partido Conservador ha obtenido 3 en 1991, 7 en 1994, para descender otra vez a 3 en 1997 ( el 9.3%), frente a 19 gobernaciones (59.37%) liberales. Lo que significó la perdida de 4 gobernaciones para el Partido Conservador, con respecto a las elecciones anterior. En el 2000 solo obtuvo 2. Es de señalar que se perdieron gobernaciones importantes para el partido como la de Antioquia y Boyacá, lo cual sorprendió pues en el primero se habían conseguido gran parte de los votos para el presidente conservador. Sin embargo, como sostiene Oscar Delgado, "En este departamento el triunfo liberal sobre el conservatismo no fue novedad, porque de vieja data aquel partido ha sido mayoritario, elección tras elección para corporaciones. Otra cosa es que debido a división liberal, o a acuerdos entre élites, ha habido gobernadores conservadores en los últimos años".

CUADRO XVI: Gobernaciones obtenidas Partido Conservador (1991 – 2000).

Años Conservador 1991 3 1994 7 1997 3 2000 2

Fuente : Registraduría Nacional Del Estado Civil

En las elecciones para alcaldes, el Partido Conservador ha venido reduciendo su votación desde 1988. En 1998 obtuvo un 41,34% frente a 45.39% de los liberales, en 1990 bajo a 38.76% frente a 56.12% de los liberales, en 1992 descendió aun más a 27.22% frente a 40.48% del Partido Liberal, en 1994 tuvo un leve repunte a 36.84% frente a 51.08%. En 1997, el Partido Conservador ocupó un segundo lugar, detrás del liberal, obtuvo 6 alcaldías de capitales de departamento frente a 13 del Partido Liberal. En el 2000 solo una frente a 19 del Liberal.

Cuadro XVII: Alcaldías a nivel Nacional PCC.

Años Partido

1988 1990 1992 1994 1997

Conservador 41,34% 38,76% 27,22% 36,84% 27,90% Fuente : Bejarano Ana María (Compilador), Dávila Andrés (Compilador), “ Elecciones Y Democracia En Colombia, 1997 - 1998”. Fundación Social. Departamento De Ciencia Política De La Universidad De Los Andes. Veeduría Ciudadana A La Elección Presidencial, Santa fe De Bogotá, 1998, Página 114.

Notese que la preeminencia de los conservadores es en la región centro-oriental, donde siempre tuvo su fortaleza.

Cuadro XVIII: Porcentaje de Alcaldías obtenidas por el Partido Conservador a nivel Nacional.

Año Región

1988 1990 1992 1994 1997 2000

Atlántica 20.0% 15.6% 16.8% 21.1% 10.3% Occidente 41.8% 35.6% 24.2% 31.2% 27.3% Centro Oriente

51.4% 48.3% 33.8% 43.5% 38.1%

Orinoquia 16.6% 14.8% 3.4% 19.0% 10.7% Amazonia 29.1% 4.2% 11.1% 43.3%

Fuente: Bejarano Ana María (Compilador), Dávila Andrés (Compilador), “ Elecciones y Democracia en Colombia, 1997 - 1998”. Fundación Social. Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. Veeduría Ciudadana a la Elección Presidencial, Santa fe De Bogotá, 1998, Página 114. En las Asambleas departamentales, el Partido Conservador también ha descendido su votación. En 1990 se tenía un 33.4% de la votación y en 1998 bajó a 20.6%. Esto representa una perdida de 800.000 votos, y alrededor del 20% de los votos. a.5. El Partido en Bogotá El partido no tiene ninguna posibilidad desde hace ya varios períodos de alcanzar la alcaldía y su representación en el Concejo es muy reducida.

Cuadro XIX. Votación para el Concejo de Bogotá - PCC- Año Total Concejales Elegidos del Partido Votación

Obtenida 1988 20 5 * 1990 20 5 120.231 1992 28 1 8.393 1994 34 3 26.605 1997 40 5 53.516 2000 5 98.556 * No se encontraron cifras para el año en cuestión.

Nótese también su baja participación en las JAL.

Cuadro XX. Número de curules obtenidas para Juntas Administradoras Locales (JAL) en Bogotá - PCC-

Año Localidad

1992 1994 1997 2000

USAQUÉN 0 0 0 0 CHAPINERO 1 1 1 0 SANTAFÉ 0 0 0 1 SAN 2 2 2 1 USME 1 2 2 0 TUNJUELITO 0 1 1 3 BOSA 0 0 1 1 KENNEDY 0 1 2 1 FONTIBÓN 0 1 1 0 ENGATIVÁ 1 1 2 1 SUBA 1 1 1 2 BARRIOS 0 0 0 0 TEUSAQUILLO 0 2 2 1 MÁRTIRES 0 0 0 0 ANTONIO NARIÑO

0 0 0 0 PUENTE 0 0 0 0 CANDELARIA 0 0 0 0 RAFAEL URIBE 0 0 1 0 CIUDAD BOLÍVAR

0 0 0 0 SUMAPAZ 0 0 0 0 Hay que tener en cuenta que el No. total de ediles a elegir en cada localidad es el siguiente: Usaquén 11, , Chapinero 7, Santafé 7, San Cristóbal 11, Usme 9, Tunjuelito 9, Bosa 9, Kennedy 11, Fontibón 11, Engativá 11, Suba 11, Barrios Unidos 9, Teusaquillo 9, Los Mártires 7, Antonio Nariño 7, Puente Aranda 11, La Candelaria 7, Rafael Uribe 11, Ciudad Bolívar 11 y Sumapaz 7.

b. El Partido como organización de gobierno Durante la época del radicalismo liberal en el siglo XIX, que va de 1849 a 1885, el Partido Conservador solo gobernó en dos ocasiones, con Manuel Mallarino (1855-57) y con Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861). En la presidencia de Rafael Nuñez en 1884, el Partido Conservador se alió con la facción independiente del Partido Liberal, liderada por aquel y esbozó el programa político conocido como La Regeneración. Desde 1886, cuando se promulgó la nueva constitución, de carácter autoritaria, católica y centralista, el Partido Conservador se mantuvo en el poder, hasta 1930. Durante este tiempo, la Hegemonía Conservadora, se destaca la unión del partido con la iglesia, que no solo controlaba la educación, sino que además participaba activamente en la política. La Constitución de 1886, liderada por el moderado Miguel Antonio Caro y el conciliador liberal Nuñez, abolió el feudalismo, fortaleció el ejecutivo, restableció la pena de muerte, creó un ejercito permanente y una milicia nacional. Con el predominio de los ultras, tras el retiro de Nuñez, se reprimió sistemáticamente a los liberales, exiliando a sus más destacados jefes, cerrando sus periódicos y prohibiéndoles una justa representación en el Parlamento (un solo liberal), lo cual motivaría una nueva guerra civil: la guerra de los Mil días (1899-1902). Esta fue la última guerra civil declarada, y la más sangrienta, con nefastas consecuencia para el país, entre ellas la separación de Panamá, e incluso el Partido Conservador estuvo dividido durante la misma Consolidado el poder conservador tras la guerra, se le permitió una limitada participación al Partido Liberal, y en ello destacó el gobierno de otro conciliador, Carlos E Restrepo, presidente entre 1910 Y 1914, quien era uno de los lideres del nuevo partido republicano que aglutinaba liberales y conservadores. El Partido Conservador se fue desgastando progresivamente por estos acontecimientos y por su incapacidad para responder a ellos de forma no violenta, como lo demuestra la decepción de sus propios adeptos, incluido el líder radical Laureano Gómez, quienes se opusieron a esa represión o a las políticas de endeudamiento internacional y de concesiones petrolíferas. Así, el Partido Conservador se vio dividido para las elecciones de 1930, lo cual fue aprovechado por los liberales para presentar su candidato, quien ganó la presidencia, no obstante obtener menos votos que los candidatos conservadores globalmente considerados. Los conservadores además no contaron con la capacidad de reorganización de los liberales. El final de la hegemonía conservadora llegaría con el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), quien mostró la incapacidad del régimen para responder a las nuevas realidades sociales y a las reivindicaciones de los sectores obreros y campesinos que se habían manifestado a lo largo de la década de los años veinte. Al recuperar el Partido Liberal el poder en 1930, los conservadores se fueron a la oposición y divididos en dos tendencias de derecha, moderada y ultraderechista, atacaban al Partido Liberal, acusándole de comunista, y de inclinado a las políticas norteamericanas. La permanente oposición a los gobiernos liberales, llegó incluso a los ataques personales y a maquinar escándalos que involucraban a la elite liberal,

especialmente a Alfonso López Pumarejo, quien finalmente renunció en 1945, a su segunda presidencia La división liberal en las elecciones de 1946, permitió el regreso al poder de los conservadores con Mariano Ospina Pérez en 1946, luego de 16 años de ausencia, postulado como candidato de la Unión Nacional. El gobierno de Ospina se caracterizó por el desencadenamiento de la violencia política. El clima de violencia se tornó insostenible con el asesinato de jefe único del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán. En noviembre de 1949, Ospina cerró el Congreso, las asambleas y los Concejos Municipales, se alteró la composición de los tribunales de justicia, y bajo el estado de sitio, se llevaron a cabo las elecciones que gano el conservador Laureano Gómez, luego del retiró del Partido Liberal de las elecciones de 1950 por falta de garantías electorales. En medio de la persecución política contra el Partido Liberal, Laureano Gómez fue elegido presidente en 1950, y en su gobierno se desató la más grande violencia oficial, que aun se recuerda con horror, por la naturaleza y los métodos usados en numerosas masacres y asesinatos políticos contra los liberales. El clima de violencia, obligó a un pacto entre liberales y ospinistas para tumbar a Gómez, de esta manera el Teniente General Rojas Pinilla dio el golpe de estado en 1953, conocido como el “golpe de opinión”, cuando Gómez intentó reasumir la presidencia, luego de estar alejado por enfermedad por dos años. Después de la dictadura de Rojas, los líderes del Partido Conservador, Laureano Gómez y el liberal, Alberto Lleras firmaron los acuerdos que darían origen a un pacto bipartidista de repartición del poder, que se extendería por 16 años. Luego del primer gobierno liberal, el segundo gobierno del Frente Nacional, le correspondió al Partido Conservador, quien gobernó con Guillermo León Valencia (1962-1966). Los aspectos principales de su gobierno fueron, la repartición de todos los cargos públicos de acuerdo a la correlación de fuerzas de los sectores políticos tradicionales en los cuerpos colegiados y la preponderancia de las Fuerzas Armadas. En su gobierno surgieron las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del ELN (Ejército de Liberación Nacional), grupos insurgentes que aun hoy continúan. La cuarta administración del Frente Nacional fue la del conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974). En medio de inmensas dudas de fraude, el candidato del Frente Nacional derrotó al candidato de la ANAPO, Gustavo Rojas Pinilla, en la madrugada del 19 de Abril de 1970, luego de las primeras informaciones que daban el triunfo a Rojas. El objetivo del gobierno fue reorientar el gasto público y brindarle mayor atención a las ciudades, dentro del acelerado proceso de modernización socioeconómica del país, con especial énfasis en los sectores populares, para reforzar el apoyo electoral hacia los partidos tradicionales. La estrategia del gobierno se basó en el sector de la construcción, para generar empleo adicional y ampliar el mercado interno, elevando los niveles de consumo, pero al final del gobierno Pastrana, la inflación continuó creciendo y los sectores rurales se empobrecieron aun más, presentándose una fuerte inestabilidad política.

La estrategia adoptada por el Partido Conservador desde finales del Frente Nacional, ha sido aceptar su condición de minoría histórica y convenir en no lanzar candidatos conservadores, sino multipartidistas, estrategia que ha utilizado con éxito, para ganar las elecciones de 1982 y 1998. Fue así como, terminado el frente nacional, el Partido Conservador regresó al poder con Belisario Betancur (1982-1986), quien fue elegido por una alianza suprapartidista, que contó con una gran simpatía (3168592 votos a favor, mayor votación hasta el momento que se había dado por candidato alguno en el país). Los hechos más importantes durante su gobierno fueron, el fallido proceso de Paz con las FARC y el acuerdo de la Uribe, la creación de la UP (Unión Patriótica) de izquierda democrática, el proceso de paz fallido con el M19, que desembocó en la toma del Palacio de Justicia, por el mismo grupo, el 6 y 7 de noviembre de 1985. El asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 1 de mayo de 1984, llevó al inicio de la extradición de colombianos a Estados Unidos, el primero en ser extraditado fue el narcotraficante Carlos Leder. Además, en su gobierno se inició una política de vivienda “Sin cuota inicial”, se Promulgó el estatuto básico de los partidos (ley 58 de 1985), y se creó el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Al final de su mandato, el país se enfrentó a un fuerte aumento del desempleo, a una devaluación acelerada, al aumento de la inflación, y a la caída de las reservas internacionales. Luego de doce años de gobiernos liberales y de grandes derrotas electorales, especialmente en 1990, el Partido Conservador ganó las elecciones de 1998, con su candidato Andrés Pastrana (1998-2002). Sin embargo Andrés Pastrana (hijo del expresidente Misael Pastrana), a pesar de ser elegido por la convención nacional conservadora, se inscribió como candidato de varios movimientos suprapartidistas llamados, Alianza para el cambio, nueva fuerza democrática y por el movimiento 98. En la victoria de Pastrana también influyeron otros factores como la crisis del Gobierno Samper y el abstencionismo: "La tasa de abstención también tiene una influencia en la definición del ganador del proceso electoral. Una participación alta, tradicionalmente habría beneficiado al candidato liberal, dada la distribución partidista del país". El plan de gobierno de Pastrana se ha presentado como centrado en la construcción de la paz desde cuatro estrategias: el estado participativo, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo y la paz, y la reactivación de la economía, a través de las exportaciones. En la búsqueda de un nuevo modelo del desarrollo ha hablado de incluir al estado y al estado civil. El principal objetivo del plan de desarrollo era la búsqueda del crecimiento sostenible con cohesión social, y buscaba lograrlo a través de políticas de reforma al estado, profundización de la descentralización, plan educativo para la paz, política de cultura, política de salud, política de pensiones, política de familia y niñez, y fortalecimiento de las exportaciones.

Pero estas cuatro estrategias y sus implicaciones no tuvieron la aceptación esperada; la sociedad en general, los sindicatos y los movimientos sociales mostraron su descontento en las calles mediante movilizaciones y paros, quitándole cierto grado de legitimidad al gobierno y a las políticas de este. Sumado a este descontento, la declaración de su inconstitucionalidad por parte de

la Corte Constitucional, hizo que Pastrana tomara una decisión rápida llamada “el plan B”, que consistía en convertir el Plan de Desarrollo en un decreto presidencial para así no tener problemas en la ejecución de su programa. Este tipo de medidas disminuyó aún más el grado de legitimidad de la administración Pastrana. Este Plan fue complementado por políticas de ajuste económico y fiscal, como la ley anual de presupuesto del año 2001, que incluyó una reducción del gasto público mediante el despido masivo de trabajadores estatales. Además la nueva reforma tributaria cubrió a los municipios y las diferentes entidades territoriales, buscando más autonomía de estas y su auto-sostenimiento. También se privatización de entidades e instituciones públicas y se quiere seguir aumentando el número de años para la jubilación en hombres y mujeres trabajadores. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado unos 2300 millones de dólares para el equilibrio económico supeditado al mantenimiento de esas políticas.

Otro hecho del gobierno, en lo que va de su administración ha sido el mejoramiento de la imagen internacional del país, multiplicando sus visitas a distintos gobiernos y promoviendo el apoyo a sus iniciativas de paz como la mejor manera de luchar contra el narcotráfico. Destacando las relaciones con EEUU, que tienen como prioridad la ayuda para la erradicación de cultivos ilícitos y por ende el narcotráfico, y la consolidación del proceso de paz en Colombia, estas iniciativas de ayuda materializadas en el Plan Colombia que consiste en una ayuda económica de 1700 millones de dólares y/o en la visita del presidente estadounidense Bill Clinton a la ciudad de Cartagena en Colombia. Convirtiéndose este tema en un nuevo tema de discusión entre los diversos sectores sociales nacionales e internacionales, discusión que gira en torno a los posibles efectos del plan en el país (agudización de la guerra, desplazados, incremento de grupos de autodefensa, deterioro del medio ambiente, etc.)

Si bien todas estas políticas se identifican con la administración Pastrana, lo más destacado ha sido su disposición al diálogo con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), mediante el despeje de San Vicente del Caguán, (42.000 kilómetros cuadrados). Pero como en todo proceso de paz se comenzaron a presentar los primeros fracasos y la pérdida de esperanza de seguir adelante con el proceso. A comienzos del 2000 se congeló por primera vez el diálogo, pero con su descongelación reabrió la esperanza puesta en la solución del conflicto por la vía pacífica. También a finales del 2000 se volvieron a congelar los diálogos, que no sólo dependían de las decisiones guerrilleras sino también de la prorroga al despeje que vencía en el mes de febrero, se prorrogó la zona de despeje y se volvió a la mesa de concertación, generándose así nuevas expectativas sobre el proceso y el futuro del mismo. Estas decisiones afectaron la imagen de Pastrana, presentándose aquí cierta contradicción: Por una parte el descontento de algunos sectores hacia el Presidente por su carácter permisivo y condescendiente con la guerrilla, demostrando estos su poca paciencia frente al proceso. Y por otra parte existe un gran apoyo al proceso y a la vía negociada para la consecución de la paz. También ha avanzado el diálogo con el otro grupo subversivo, el ELN, que cuenta también con un gran apoyo internacional especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Se piensa hacer lo mismo que con las FARC: otorgarle una zona de distensión en el sur del departamento de Bolívar para

efectuar allí los diálogos de paz. También se ha enfrentado abiertamente a los llamados grupos paramilitares denominados Autodefensas Unidas de Colombia AUC. En síntesis, en lo que va del gobierno la impopularidad del Presidente es muy grande según las encuestas publicadas por los medios, aunque estos mismos se encargan de atenuar dicha mala imagen. La paz ha sido la carta en cierta forma polivalente y no ha arrojado resultados, mientras la economía no termina de levantarse, y el desempleo llega al 20%. Excepto en relaciones internacionales el balance es muy negativo. c. El Partido en el Legislativo y los Departamentos. Al ser minoritario en un régimen de tradición frentenacionalista los legisladores conservadores han sido básicamente negociantes avezados de sus decisiones tanto frente a los demás congresistas como frente al Presidente. A quienes colaboraron con el Presidente Samper los llamaron "lentejos", por venderse por un plato de lentejas, e incluso se pensó en expulsarlos del partido. Algunos de ellos sin embargo alcanzaron poder en la última convención descentralizada.

Tanto gobernadores, como alcaldes, diputados y concejales, actúan sin sujeción al partido ; aunque la relación de los diputados departamentales es más estrecha, pues le deben sus votos al partido.

d. El Partido como organización burocrática. d.1. La organización del Partido. Estructura formal. El artículo V de los estatutos del Partido Conservador establece que "la suprema autoridad del Partido reside en la Convención Nacional y sus decisiones son obligatorias para todos sus organismos y miembros. Los organismos del partido, además de la convención nacional, son el directorio nacional, la junta de parlamentarios, la conferencia de directorios regionales, los directorios departamentales, distritales y municipales. Hay convenciones centralizadas y descentralizadas. La primera es para actos especiales que el directorio nacional considere necesario un debate. A ella asisten además del directorio, los congresistas, diputados y concejales en ejercicio o quienes hayan tenido ese cargo, entre otros. La elección para candidato de la República y Directorio Nacional solo se puede hacer por convención descentralizada. Este nuevo mecanismo, supuso toda una democratización interna dentro del partido porque ya no hay que trasladarse a Bogotá para votar, aunque hay quienes la han calificado también como un traslado del poder clientelista de las urnas al del partido. Es mucho más extensa para ciertos casos como la elección de candidato a la presidencia o directorio nacional, pues incluye incluso excandidatos en todos los niveles con ciertas condiciones. Así pues, el directorio es elegido por tarjetones de votación, con voto libre, directo y secreto, y es él, el que nombra a un secretario general que es remunerado, y tiene secretarias adjuntas para distintos temas. También hay directorios departamentales, que son autónomos, pero que pueden nombrarse como provisionales desde el centro, si no se ponen de acuerdo.

Se reconoce tanto que existen partidos paralelos al conservador entre sus miembros, que incluso se creó la Confederación Nacional de Movimientos del Partido Conservador, para movimientos políticos de origen conservador que obtengan personería jurídica independiente pero soliciten al Directorio Nacional seguir siendo conservadores. Esto demuestra el grado de fragmentación del partido, y también como en lugar de luchar contra ello, la actual dirigencia ha preferido aceptar su existencia y aprovecharla de alguna manera. De hecho casi todos lo miembros de la dirección nacional tienen a su vez un partido aparte.

Cuadro XXI: Características de la estructura interna del PCC Tipo de Relaciones entre los órganos internos Jerárquica Organos según ámbito territorial Direcciones Departamentales y

Municipales. Convención Nacional Dirección Nacional Junta de Parlamentarios

Conferencia de directores regionales. Cada 15 días. Hasta que la convención los cambie, normalmente cada dos años.

Tipo de Estructura Jerárquica y Piramidal Estabilidad de la estructura Subsistió intacta hasta hace poco, desde

1950 Feudo electoral elecciones de diputados provinciales: 1984-1996 1998

La zona cafetera.

Región con mejor resultado electoral en el período 1978-1998

El Suroeste.

Fuente: Elaboración propia.

Aquí está el organigrama organizativo en powerpoint.

d.2. Los que mandan. Dirigentes y coalición dominante. La máxima autoridad del partido es la Convención Nacional y sus decisiones son obligatorias para los miembros. Después viene el Directorio Nacional, nombrado por la convención. En los miembros del directorio recae el poder permanente en el partido. La Junta de Parlamentarios Conservadores también es reconocida y tiene un poder real y fuerte, aunque no tanto como los liberales en su partido. En el Partido Conservador hasta hace muy poco sobrevivían estructuras tradicionales y jerárquicas, representadas por las figuras históricas de los partidos, en especial los expresidentes, que se combinaban con las autoridades formales del partido. En los últimos años se fue imponiendo el poder de quienes manejaban los votos regionalmente por encima de las personalidades del partido. Lentamente fue desplazándose a esas figuras, y la última de ellas Enrique Gómez perdió el poder en la última convención descentralizada, aunque el proceso es más complejo.

La coalición dominante del partido por décadas estuvo pues conformada básicamente por dos personas: Laureano Gómez, representante del ala derecha del partido y Mariano Ospina Pérez, lider del ala más moderada. Cuando Ospina murió, Misael Pastrana lideró la otra ala, e incluso logró cambiarle por un tiempo el nombre al partido: "socialconservador". De hecho cada corriente tenía su casa, o sea que había dos direcciones nacionales. Cuando murió Pastrana hace pocos años, el poder quedó en manos de Alvaro Gómez, quien había heredado de su padre la dirección de la linea dura del Partido. Poco después este fue asesinado y su hermano Enrique Gomez asumió el mando de todo el partido, pues no quedaba otro lider, ya que el expresidente Belisario Betancur (Ospinista) se había automarguinado de la política. De hecho Gómez aceptó el cargo de director del partido en la casa ospinista, actual dirección nacional oficial y despacho desde allí hasta que fue derrotado en la convención descentralizada, en la cual dominaron quienes tienen los votos regionales, especialmente los de los departamentos con mas municipios y mas conservadores: Boyaca, Antioquía y Cundinamarca. Realmente Enrique Gómez no fue el último de los notables, pues no tenía realmente el manejo político de su hermano.

Mientras que el anterior secretario del partido del partido sostiene que más que un desplazamiento lo que sucedió fue que el partido se quedó ácefalo por la muerte de los lideres políticos que habían copado todo el espectro político, lo que fue aprovechado por los mandos medios; el actual Secretario General afirma que en la Convención Descentralizada del 2000 salió victoriosa una élite diferente, representante de una nueva clase política en el partido. Lo cierto es que el Directorio sigue siendo dominado por el principal "elector" del partido, Fabio Valencia, quien apoyó seis listas para el Directorio y cinco tuvieron éxito. La única que no alcanzó por poco los votos, fue la de Jorge Sedano, que fue nombrado Secretario General. La diferencia a la que seguramente hace referencia Sedano, aunque no lo puede comentar seguramente, es la cuestión de la obediencia a los notables. Ya comentaba un analista en 1995: “existe un directorio presidido por Jorge Sedano, pero la fuerte personalidad de Misael Pastrana gravita sobre sus decisiones”. Es decir, siguen siendo algunos miembros los

mismos, pero la diferencia es que ya la voz de los jefes naturales ya no es una orden determinante como antes. Los dirigentes del partido eran nombrados de acuerdo a consensos internos con escasa democratización afirmaba Gómez Gallo en los documentos preparatorios de la convención descentralizada: “el conservatismo es claramente contradictorio, su dirección se encuentra confiada a un grupo de notables, a una minoría selecta de ciudadanos”. La actual dirigencia es bastante autónoma de los notables porque ni Alvaro Gómez ni Misael Pastrana viven y Enrique Gómez fue derrotado en la convención. La mitad de los miembros obedecen a Fabio Valencia, actualmente embajador en Roma y los demás son muy independientes. La coalición dominante actual tiene arraigo en cada una de sus regiones, pero carece de un liderazgo nacional fuerte para hacer las transformaciones que se están proponiendo, pues su Presidente, Ciro Ramírez Pinzón, es un desconocido para la mayor parte de la opinión pública, incluyendo muchos conservadores. Algunos ven como una ventaja el cambio generacional que dejó por fuera a los notables, pero otros no ven con buenos ojos a esta nueva dirigencia porque algunos de ellos pertenecieron al bloque de "lentejos", que colaboraron con el pasado gobierno liberal o porque le parecen personajes con poco liderazgo catapultados a una dignidad inmerecida. Al igual que en el Partido Liberal la baja institucionalización del Partido Conservador no permite un efectivo control de los órganos centrales, sobre los niveles departamentales y locales. Es sin embargo un tanto más coherente en ocasiones que el liberal, pues, como afirma Gilhodes, “por su tradicional posición de challenger del poder, obligado a la oposición, el conservatismo muestra una mayor disciplina que el liberalismo, pero no está aglutinado como partido”. En algunas regiones del país, existe fuerte disciplina partidista, especialmente en Antioquia con el mencionado Fabio Valencia, lo que posibilita que lo decidido por el directorio regional sea acatado por las bases. Sin embargo el propio Valencia fue derrotado en su propio terreno en las elecciones del 2000, en parte porque los conservadores se sintieron traicionados por el Presidente conservador en la repartición burocrática, que al parecer favoreció más a los liberales colaboracionistas. En las actuales circunstancias hay una mayor comunicación entre la burocracia del partido y los parlamentarios, pues de alguna forma la convención descentralizada le dio más poder a estos últimos, e incluso mejoraron las relaciones con el Presidente, aunque la verdad sea dicha, éste prácticamente no determina al partido Para algunos, en el 2000 hubo una especie de golpe de estado al interior del partido, pero con 20 años de retraso, pues el poder de los jefes naturales es superior a su electorado desde finales de los setenta, y de hecho el Presidente Betancur salió como candidato de esa nueva clase política, solo que fue obediente a los jefes naturales. En nuestro concepto se trata de una transición tardía y sin rumbo claro, que requerirá de una estrategia más concertada para sacar a flote un partido que puede tener un juego importante en la Colombia del nuevo siglo. De hecho hay 12 movimientos dentro del partido que no respetan la jerarquía del partido, y si no se articulan de alguna forma el partido seguirá debilitándose indefinidamente. La clave del asunto será una

combinación de concertación y persistencia durante los próximos 5 años cuando menos.

En síntesis la coalición dominante hoy no es practicamente ninguna, pues el partido en su burocracia esta dominado por Fabio Valencia y varios independientes (Omar Yepes y Carlos Holguín y Genaro Pérez entre otros), pero no tiene un gran director, un jefe único. Ahora estan en la búsqueda de ese lider, porque ni siquiera tienen un candidato con posibilidades reales para la Presidencia. De hecho se esta buscando la manera de sacar del juego al actual director y poner como jefe único a Augusto Ramirez Ocampo o al exministro de Hacienda y excandidato presidencia (y precandidato actual) Juan Camilo Restrepo. El propio Valencia tiene aspiraciones presidenciales, pero comenzó a perder poder tan rapidamente desde la derrota electoral en las locales que prefirió irse de embajador hasta el periodo de elecciones. Es un jefe regional, que al estilo de los liberales, ha querido convertirse en nacional, pero no parece que vaya a lograrlo.

El problema del partido es que esta muy desmembrado por debates internos entre esos lideres regionales, especialmente en Antioquía. En este departamento Valencia se disputa el poder con el conservador Luis Alfredo Ramos. Ambos lograron los votos que dieron el gran espaldarazo a Pastrana en las presidenciales, pero ante la opinión pública Valencia hizo aparecer ese triunfo como propio, y de hecho recibió más poder que su contrincante, nombrado Embajador en la OEA. Al parecer Ramos esperaba recibir algun ministerio para su grupo, y como retaliación apoyo a los liberales en las elecciones de gobernacion de Antioquia y alcaldia de Medellín, las que efectivamente perdieron los conservadores. En el Departamento del Valle tambien hay divisiones similares y en general en todo el país. En el Tolima por ejemplo Gomez Gallo fue derrotado porque no se entendía con un lider importante en la región.

El que mas manda en el partido es el que mas alcaldes, diputados y consejales tiene. La piramide es similar a la del Partido Liberal: senadores, representantes, diputados y gobernadores, alcaldes y concejales. El problema es que la cohesion es endeble por las divisiones internas, y el partido sigue perdiendo poder. Los conservadore sin embargo hacen unas cuentas diferentes a las de los medios (que ellos llaman prensa liberal). Por ejemplo dos lideres importante declararon en entrevistas para este estudio que el partido ganó 4 gobernaciones y las cifran señalan que dos. La explicación es que ellos creen que las coaliciones con liberales deben incluirse si el elegido es conservador. Por otra parte, suman en las cifras totales los escaños conseguidos por lideres conservadores que tienen su propio partido. Definitivamente es un partido que no podria darse el lujo de la desunión, pero lo hace. Por ejemplo el Presidente Pastrana se inscribió como lider de un partido suyo, pero tambien pidio aval al conservatismo, solo que lo hizo a las 10 de la noche, algunso dicen que para evitar la difusión de ese hecho por los medios, aunque la version oficial en el partido es que sencillamente estaba en medio de una gira. Se puede decir que en el Partido Conservador de momento no manda nadie en particular, aunque predomina el poder de Valencia temporalmente.

d.3 Modo de elegir a los dirigentes partidistas y a los candidatos de elección popular El candidato a la presidencia de la República se escoge a través de una convención nacional descentralizada como se expuso. Para los demás cargos de elección popular, los candidatos deben obtener el aval del partido. En la práctica hay una relación fuerte entre la burocracia del partido y los candidatos a elecciones departamentales. El partido es exigente a la hora de conceder avales para elecciones a Asamblea Departamental, Gobernaciones y Alcaldías de las grandes ciudades (aunque en la última elección prácticamente no hubo candidato conservador para Bogotá, aunque sí se dio un aval). Se los dan, sostiene el actual secretario, solamente a quienes son reconocidos conservadores: "por el diputado departamental se vota es porque es conservador. Son los troperos del partido". Hay una cohesión importante allí, aunque a la hora de tomar decisiones el partido no tiene ningún poder sobre ellos, pues cada cual se guía por su jefe político nacional o bien negocia directamente, de lo cual surgen curiosas coaliciones permanentemente. El aval del concejal es por el contrario más anárquico, se le da a casi cualquiera que lo pida.

A través del Directorio Nacional, el partido otorga el aval a quien lo solicite a través del secretario general. Tras la petición del interesado, se estudia a través de los jefes regionales en cuanto la moralidad y la capacidad intelectual de la persona y trabajo político. El directorio nacional otorga los avales para la presidencia, las gobernaciones, las alcaldías de las capitales y para el congreso; para las alcaldías municipales, las asambleas departamentales, los consejos y las JAL. Pero el directorio nacional delega a los parlamentarios, diputados y presidentes de los directorios departamentales la expedición de avales también. De alguna forma la Convención Descentralizada estaba también dirigida a liberar a los lideres menores de sus inmediatos jefes políticos.

Cuadro XXII. Características del funcionamiento interno del Partido Conservador Colombiano Proceso de elección de los candidatos a nivel formal Los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República

Convención

Proceso de elección de los candidatos a nivel formal Los candidatos al Poder Legislativo

No se eligen, se les da el aval.

DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL PARTIDO Son muy pocas las decisiones que se toman en la Dirección: acusar a algún gobernador de hacer política y cosas similares, no más.

FORMULACIÓN Y REFORMA DEL PROGRAMA, LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO

Se hace por convenciones, que ahora son descentralizadas.

ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS Es discrecional. ESTRATEGIA DEL PARTIDO La define la Dirección en sus reuniones

quincenales. Fuente: Elaboración propia. d.4 Financiamiento de la burocracia y de las campañas

El partido se financia con dineros estatales y no contribuye a las campañas más que con "gestos". El financiamiento de las campañas electorales depende por una parte de los aportes del estado, de acuerdo al resultado de las últimas elecciones, por otro lado de los aportes individuales de los candidatos, quienes deben conseguir recursos para sus propias campañas. Algunas empresas o grupos económicos envían dinero pero con financiación específica, para una campaña o evento, pero no para el directorio. Este depende prácticamente de lo que el Estado le da de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 130 de 1994. En el 2000 el partido recibió unos 853 millones de pesos (400 mil dólares aproximadamente): 10% por ser partido y el resto sobre todo por los resultados electorales en el Congreso. Lo dicho respecto del costo de las campañas y la violación de los topes respecto del Partido Liberal vale respecto del Partido Conservador en casi todo. No hay muchas diferencias, sostuvieron varios de los entrevistados

e. El Partido como organización de voluntarios Según los estatutos del Partido Conservador anterior, las bases del partido, surgían de la libre adhesión a los principios conservadores y luego de la obtención de la cédula conservadora. Los actuales estatutos dicen que "son miembros del partido quienes profesen libre y voluntariamente sus principios, compartan y acepten sus programas, cumplan sus estatutos, colaboren con la aplicación de los mismos y acaten las jerarquías legítimas". Sin embargo por la estructura jerárquica y de notables del Partido Conservador, la participación de las bases se limita a las elecciones, ya que el directorio nacional cuenta con una reducida influencia sobre las bases en los niveles subnacionales. No creemos que eso hubiera cambiado de un año para otro con el triunfo del nuevo directorio, así que siguen siendo válidos algunos conceptos expresados en los últimos años. Jaime Arias anota justamente que “en el conservatismo hay miembros participantes, simpatizantes y electorales”. Los miembros participantes hacen parte de

las organizaciones del partido, los simpatizantes participan esporádicamente y los electorales solo actúan en las jornadas electorales. Sin embargo, en la práctica la situación es distinta, según el senador conservador Gómez Gallo, "porque el conservatismo partió de la agrupación de notables y menospreció la movilización y politización masiva”. Además de esta situación, el mismo senador Gómez Gallo reconoce la debilidad del partido para organizar sus militantes. Al respecto afirma: “La carencia de organización regional y local, que en algunas oportunidades se ha intentado suplir con convenciones descentralizadas como una argucia de legitimidad, es una clara debilidad”. De acuerdo a los estatutos del partido, las bases participan de acuerdo al tipo de miembro en que se constituyan, si son participantes, simpatizantes o electorales. En la realidad el conservatismo funciona como un grupo de notables, con relaciones verticales que dejan poco espacio para que las bases tomen decisiones. Está por verse en que cambió el partido desde la última convención descentralizada. El esquema organizativo del Partido Conservador se basa en los parlamentarios que conforman el directorio nacional, y a través de ellos se organizan y participan las bases, en las decisiones del partido. El argumento que justifica esta escasa participación de las bases es la relación de pertenencia que cada parlamentario tiene con sus votantes, lo cual parece suficiente para la dirigencia partidista tradicional. No es cierto que el partido sea reaccionario ni perteneciente a una clase económica determinada, la de propietarios, sostiene el actual Secretario General. Según él, los estudios que han hecho demuestran que la mayor votación está en el sector rural y en los barrios más miserables de las grandes ciudades, debido a la migración masiva que ha habido desde el campo por la violencia. Se trata de una militancia tímida, un tanto vergonzante a veces, pero que basta crear una organización allí y la gente se vincula al partido nuevamente. Así pues, en los estratos más bajos, 1 y 2, según la clasificación que se usa en Colombia para el cobro de los servicios públicos, estarían los votantes conservadores, y algo en el 3, mientras que en la clase media y alta, con independencia económica, ya no se mantiene la vinculación con el partido. Los de la clase alta que son conservadores no son muchos y lo son por tradición y familia fundamentalmente, y no están en la dirigencia. Lo que resulta finalmente interesante en cuanto a militancia son los esfuerzos que está haciendo el partido para crear grupos de apoyo de base en este último período, entre las mujeres y los jóvenes especialmente. No solo se organizan charlas en la sede y se financian distintas actividades a diferentes grupos, sino que se intenta que estos no dependan de un jefe político específico. Ya hay publicaciones periódicas, jefes de juventudes y juniors, eventos a reventar en coliseos y un gran movimiento en la sede. Es de esperar que este movimiento persista como base y no se electoralice en las próximas elecciones, y que se mantenga aunque cambien las directivas. Es un proceso que tiene menos de un año, del que aun no se pueden extraer conclusiones.

Bibliografía

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Documentos De Los Partidos Partido Liberal Estatutos Del Partido Liberal Código De Etica Del Partido Liberal Presentación De La Constituyente Liberal Hacia Una Organización Nacional De Juventudes Y Estudiantes Liberales Política De Juventud- Encuentro De Juventudes Liberales Documento Del Foro Liberal En Girardot, El Neoliberalismo Sumario Del Proyecto Del Programa Del Partido Liberal Colombiano Para El

Período De 1990-1994 Resolución De Creación Del Observatorio Para La Modernización Del Liberalismo Resolución De Integración Del Observatorio Para La Modernización Del Liberalismo Resolución Por La Cual Se Crean Las Comisiones De Participación Social Resolución Por La Cual Se Crean La Comisiones Asesoras De Senadores Y

Representantes Para La Asamblea Liberal Constituyente Resolución Por La Cual Se Crea El Consejo Nacional Consultivo Resolución Por La Cual Se Crean Las Comisiones Nacional, Departamental Y Del

Distrito De Participación De La Mujer Resolución Por La Cual Se Crean Las Comisiones Nacional, Departamental Y Del

Distrito De Participación Juvenil Resolución Que Crea La Comisión Preparatoria De La Asamblea Constituyente

Liberal Resolución Que Designa Los Integrantes De La Comisión Nacional De Participación

Social Resolución Que Crea Las Comisiones De Participación De Las Minorías Etnicas

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