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ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y JURISDICCION

PENAL EN EL DELITO FISCAL: LA FIJACIN DE LA

CUOTA TRIBUTARIA.

Isabel Espejo, septiembre 2012

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ABREVIATURAS UTILIZADAS

AEAT = Agencia Estatal de Administracin

Tributaria

AN = Audiencia Nacional

Art. = Artculo

Aps. = Apartados

BMF = Bundesministerium der Finanzen

BOE = Boletn Oficial del Estado

CC = Cdigo Civil

Cco = Cdigo de Comercio

DA = Disposicin Adicional

DOCE = Diario Oficial de las Comunidades Europeas

CE = Constitucin Espaola

CP = Cdigo Penal

FJ = Fundamento Jurdico

IEF = Instituto de Estudios Fiscales

IRPF = Impuesto sobre la Renta de las Personas

Fsicas

IS = Impuesto sobre Sociedades

IVA = Impuesto sobre el Valor Aadido

LEC = Ley de Enjuiciamiento Civil

LECrim = Ley de Enjuiciamiento Criminal

LGT = Ley General Tributaria

LJCA = Ley de la Jurisdiccin Contencioso

Administrativa

LO = Ley Orgnica

LOPJ = Ley Orgnica del Poder Judicial

LPL = Ley de Procedimiento Laboral

Pg/s. = Pgina/s

Par. = Pargrafo

RD = Real Decreto

REDF = Revista Espaola de Derecho Financiero

RGGIT = Reglamento General de Gestin e Inspeccin

de los Tributos

RGIT = Reglamento General de Inspeccin

Tributaria

RGR = Reglamento General de Recaudacin

RGRST = Reglamento General de Rgimen Sancionador

Tributario

RPT/s = Relaciones de Puestos de Trabajo

S/SS = Siguiente/s

STC = Sentencia del Tribunal Constitucional

STS = Sentencia del Tribunal Supremo

TC = Tribunal Constitucional

TEDH = Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TS = Tribunal Supremo

UAM = Universidad Autnoma de Madrid

VV. AA. = Varios Autores

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PRESENTACIN Y PRECISIONES METODOLGICAS

I.- PRESENTACIN

En virtud del Convenio celebrado el 30 de junio de 2005

entre la Agencia Estatal de Administracin Tributaria y la

Secretara de Estado de Justicia en materia de prevencin y

lucha contra el fraude fiscal se constituy el Observatorio

del Delito Fiscal, que en diciembre de 2006 emiti su

primer informe centrado en el delito fiscal en sentido

estricto, es decir, el tipificado en el artculo 305 del

Cdigo Penal1.

En este informe se describe de un modo sombro la

situacin del delito fiscal en Espaa, hasta el punto de que

se propone, entre otras medidas, reducir su mbito de

actuacin, pues el derecho administrativo sancionador es

hoy por hoy econmicamente ms eficiente que el derecho

penal y un hipottico traspaso de supuestos del mbito penal

al administrativo sancionador liberara recursos para

mejorar la investigacin y auxilio jurisdiccional2.

1 Vid. Primer Informe del Observatorio Administrativo, previsto en el

convenio de 30 de junio de 2005 entre la Agencia Estatal de

Administracin Tributaria y la Secretaria de Estado de Justicia en

materia de prevencin y lucha contra el fraude fiscal, diciembre,

2006,(http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/I

nformacion_institucional/Campanias/Plan_prevencion_del_fraude_fiscal/obs

ervatorio.pdf) (en adelante Primer Informe del Observatorio del Delito

Fiscal), pg. 5. 2 Vid. Primer Informe del Observatorio del Delito Fiscal, ob.cit. pg.

105. Por otra parte, la observacin de la realidad en la aplicacin de

la figura del delito fiscal desde la ltima gran reforma producida en

su regulacin en 1985 que, en lo fundamental, lo dot de sus actuales

perfiles, permite constatar la aparicin peridica de movimientos

tendentes de un modo u otro a sugerir su repliegue. Movimientos que se

pueden apreciar de un modo especialmente importante dentro de la

propia Administracin Tributaria, y que ponen de manifiesto la

existencia de numerosos e importantes problemas en torno al mismo, que

afectan no ya a su funcionamiento, sino a los principios que deben

regir en la aplicacin del sistema tributario.

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Una de las razones para ello deriva de la comparacin

de las sanciones aplicables en virtud del sistema de

ilcitos administrativos con los resultados de la aplicacin

del delito fiscal. As se seala en la conclusin quinta del

citado informe3:

La difuminacin en la prctica entre las sanciones penales

y las administrativas, dado el carcter excepcional que

supone el efectivo ingreso en prisin por delito fiscal as

como el importe equivalente e incluso menor de las multas

penales respecto de las administrativas, permite dudar

fundadamente sobre el cumplimiento por el delito fiscal de

los fines de prevencin general y especial propios del

Derecho penal. A ello se unen las dificultades probatorias

de las acusaciones y recaudatorias de la responsabilidad

civil impuesta, dificultades inherentes al distanciamiento

temporal que suele suponer el enjuiciamiento con relacin al

tiempo en que los hechos sucedieron.

Efectivamente, el sistema de infracciones tributarias

de la Ley 58/2003 es extremadamente severo4, mientras que el

funcionamiento del delito fiscal, que no suele dar lugar a

efectivas penas de privacin de libertad, conduce a

sanciones pecuniarias que, en general, no son

apreciablemente ms altas5 que las impuestas habitualmente

por la Administracin, al mismo tiempo que son numerosos los

supuestos en los que ni siquiera se celebra el juicio oral6.

En este resultado no es pequeo el papel que juega la

3 Ibidem, pg. 109. 4 Aunque el sistema de ilcitos tributarios administrativos funcion

durante aos de un modo bastante eficiente, en la actualidad se puede

afirmar que sufre una seria erosin, pues los excesos sancionadores del

pasado han dado lugar a una actitud jurisprudencial bastante exigente

respecto del ejercicio de la potestad sancionadora por la Administracin

Tributaria, que se est traduciendo en un nmero muy elevado de

sentencias que anulan las sanciones impuestas. A ello hay que aadir el

carcter abstruso del rgimen sancionador de la vigente LGT que en la

actualidad est impidiendo su correcto funcionamiento. 5 Y que, al parecer, no era extrao que no se cobraran por deficiencias

de funcionamiento de la exigencia de las responsabilidades civiles por

la Jurisdiccin Penal. Vid. VV.AA., Comentarios a la Ley General

Tributaria (Volumen II), (Coordinador HERRERO DE EGAA Y ESPINOSA DE LOS

MONTEROS, J.M.), Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2008, pgs. 1.789-1790. 6 Con lo que desaparece incluso la denominada pena de banquillo.

5

conformidad del acusado con la pena propuesta por el Fiscal,

introducida por la Ley Orgnica 7/1988, de 28 de diciembre,

que modific nuestra LECrim en lo relativo al enjuiciamiento

de los delitos castigados entonces con pena inferior a

reclusin menor7, y que supone que si el acusado manifiesta

su conformidad con la pena pedida por el fiscal, y esta es

inferior a las cuantas fijadas por la ley, el Tribunal, en

nuestro caso normalmente el Juez de lo Penal, dictar

sentencia sin ms trmites, sin poder imponer pena mayor que

la acordada, y sin celebracin del juicio oral, debiendo

aceptar los hechos y la calificacin jurdica acordados por

las partes.

Independientemente de la cuestin que se plantea en

torno a la naturaleza jurdica8 y al funcionamiento de esta

7 Este procedimiento es el que se sigue en la actualidad en el delito

fiscal, en cuanto delito menos grave. 8 La cuestin de la naturaleza de la conformidad en el proceso penal no

es en absoluto pacfica. Existen sectores doctrinales que consideran que

constituye una manifestacin del principio de oportunidad y, por tanto,

una excepcin al de legalidad que es el que preside nuestro Derecho y

nuestro proceso. Tambin se ha sealado que la conformidad participa de

las notas de la transaccin, lo que sera posible, de considerar que en

este proceso las partes gozan de una capacidad de disposicin material.

La posicin mayoritaria considera que en el proceso ordinario no cabe

hablar de transaccin. Cfr. PUENTE SEGURA, L., La conformidad en el

proceso penal espaol, Ed. Colex, Madrid, 1994, pg.72.

Por el contrario en el mbito del procedimiento abreviado, que es el

procedente en el delito fiscal, se apuntan en ocasiones elementos

transaccionales, si bien la opinin mayoritaria considera que el Fiscal

ha de perseguir el delito y solicitar la pena legalmente prevista, de

manera que la conformidad no es sino un acto unilateral del acusado que

no puede comportar ninguna alteracin en las facultades y obligaciones

del Fiscal pues, a diferencia del proceso civil, donde se debaten

intereses privados y, por tanto, disponibles, en el proceso penal, al

debatirse intereses pblicos e indisponibles se debe buscar la verdad

material, debiendo ceder la manifestacin de la voluntad de las partes

en favor del principio pblico que obliga a la persecucin de las

infracciones penales. Cfr. FORCADA JORDI, M., "Acerca de la conformidad

en el proceso penal", La Ley, Ao XII, nmero 2674, pg. 1.

En todo caso tiene inters destacar que la Circular nmero 1/1989 de la

Fiscalia General del Estado, seal que "[l]a sensibilidad y habilidad