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Los países de América Latina se encuentran cada vez más comprometidos en la geopolítica del narcotráfico, sea por la violencia descon-trolada, la corrupción institucional o la simple ineficiencia de las agencias encargadas de re-primirlo.

Cada vez más, el delito asociado a activida-des comerciales ilícitas crece en cantidad y calidad, precisamente cuando se cumple el 50 aniversario de la Convención Única de Estupe-facientes de 1961, y el próximo año se cum-plen los 100 años de la Convención del Opio de 1912. Aparentemente, ha mutado de forma de poder evadir los controles diseñados en esa oportunidad histórica. Es por ello muy impor-tante volver a dibujar los marcos teóricos y fácticos que determinan la actual composición del fenómeno, de manera que puedan alimen-tar adecuadamente las políticas públicas del futuro.

Para efectos de este artículo, incluiremos bajo este concepto, todos los componentes que comprenden este circuito económico ilegal, así como la comunidad de actores que parti-cipan en él, o en su represión. Los cultivos, rutas, escenarios de tráfico y acopio, entre los más importantes. La segunda década del siglo XXI, tiene algunos patrones que van delinean-do los nuevos elementos que configuran este fenómeno global, en el contexto de México, América Central y el Caribe, la región andina y el Cono Sur. Ellos son:

Las sociedades rurales del Tercer Mundo han

Las tendencias del narcotráfico

en América Latina

Ricardo Soberón

encontrado la manera de adecuarse a los nue-vos tiempos de la globalización en el siglo XXI, integrándose al circuito del libre mercado participando a través de su incorporación a economías agrarias ilegales: tal es el caso de no menos de 300,000 campesinos en los Andes sudamericanos que participan como provee-dores de materia prima: coca (200,000 has), amapola (1,500 has) y marihuana (no menos de 1,000 has), que proveen para los mercados regionales internacionales. Cada vez más, la hoya amazónica se verá confrontada con una progresiva y desordenada colonización incen-tivada por las economías ilícitas lo que va a ocasionar no solamente su rápida destrucción sino el involucramiento progresivo de sus so-ciedades rurales ancestrales en esta vorágine asociada a la criminalidad.

Las relaciones entre pobreza, marginación, conflicto y narcotráfico, después de 25 años de discusión y debate son más que evidentes1. A guisa de ejemplo, a pesar del “Plan Colom-bia” (2000-2005) y los severos golpes propina-dos a las FARC por sucesivos gobiernos colom-bianos, al no haber abordado los problemas de concentración de la tierra y la existencia de mafias locales, ha impedido resolver los pro-blemas estructurales que permiten y facilitan la existencia de las FARC como una alternativa distinta, entre el campesinado.

1 Ver los estudios de Paul Collier para Banco Mun-dial, recientemente el texto de Nick Crofts publicado en The Guardian, “Drugs and Development –caught in a vicious cycle” (7 abril 2011).

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Algo similar, podemos decir, ocurre en el Perú. En 1980, surgió el grupo terrorista Sendero Lu-minoso y tras 20 años de una cruenta guerra interna, su líder, Abimael Guzmán cayó prisio-nero. 18 años más tarde, el Perú pasa por un período de crecimiento económico sostenido, de estabilidad financiera que se deja sentir particularmente en la angosta franja de la costa peruana (Lima, Trujillo, Arequipa y Piu-ra), mientras que las comunidades indígenas y nativas de Sierra andina y la Selva Alta, res-pectivamente, conservan niveles muy inferio-res en términos de desarrollo humano.

Curiosamente, en los dos principales valles de producción de coca asociada al narcotrá-fico, sobreviven las dos vertientes de Sendero Luminoso que mantienen su enfrentamien-to con el Estado neoliberal representados por las administraciones de Alejandro Toledo (2001/2006) y Alan García (2006/2011). Esta guerra persiste encapsulada, mientras que las condiciones sociales y económicas que la ori-ginaron se mantienen intactas. Asimismo, las políticas basadas en la erradicación compulsi-va de los cultivos ilícitos, mientras no aborden los problemas estructurales de pobreza rural, son inútiles y nefastas. He allí un enorme reto para el próximo gobierno.

La permanente fragmentación/segmentación de cada uno de sus fases, es una variable que caracterizará al narcotráfico de los próximos años. Desde el cultivo de plantas prohibidas hasta la exportación de sus productos finales, no solo distrae los esfuerzos estatales de in-terdicción, sino que permite una creciente participación en el circuito ilícito, de grupos socialmente vulnerables o que resultan exclui-dos del modelo económico global (jóvenes, migrantes, mujeres, provincianos).

Es el caso de los miles de migrantes sudameri-canos que en su periplo hacia el norte desarro-llado son objeto de chantaje o amenaza, por parte de grupos de traficantes, para exigirles el trasiego de pequeñas cantidades de drogas en sus cuerpos. Para los próximos años, el tránsito pequeño de drogas resultará siendo el mecanismo más eficiente y menos costoso

para el crimen organizado, empleando ingen-tes cantidades de mano de obra y distrayendo los escasos recursos de control estatal.

La incapacidad penal de los Estados en focali-zar su atención en el crimen complejo organi-zado, hace que se incremente el hacinamien-to carcelario con los actores más vulnerables, como lo demuestra el crecimiento de la po-blación carcelaria por delitos de drogas (espe-cialmente mujeres)2. Así, mediante el funcio-namiento de la represión indiscriminada de las policías, la industria de las cárceles se va a ver beneficiada del mayor gasto en la construc-ción de infraestructura penitenciaria.

Este nuevo escenario sociológico de la econo-mía de las drogas, incluye mayores áreas geo-gráficas que se excluyen de la presencia de los Estados y la modernidad, tanto a nivel urbano (barrios marginales en todas las capitales y ciudades principales), como en espacios rura-les distantes (especialmente en las áreas de frontera como es el Trapecio Amazónico). Así, los grandes centros de desarrollo y moderni-dad urbanos del continente, estarán rodeados de grandes llanuras de pobreza, ilegalidad y violencia.

Es el caso de las comunas en Medellín, la “fa-vela” de Rocinha en Río de Janeiro, las villas de Buenos Aires, la ciudad satélite de El Alto en Bolivia, o los barrios jóvenes del puerto del Callao en el Perú, donde se enfrentan intere-ses delincuenciales concretos, ante la escasa capacidad de policías y fuerzas armadas. No tan lejos como para llegar a la idea de los Es-tados fallidos, los “espacios liberados” de la autoridad estatal crecerán en América Latina con la presencia de cientos de firmas, peque-ños carteles, pandillas y otro tipo de organiza-ciones criminales de tamaño reducido, asocia-das al tráfico de drogas ilícitas.

La disminución de la cooperación económica internacional de Europa, Estados Unidos y los

2 “Sistemas Sobrecargados – Leyes de Drogas y Cárceles en América Latina”, TNI y WOLA, diciembre 2010

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organismos internacionales, es cada vez más notoria –salvo iniciativas puntuales como la de Mérida o Colombia-, originando la muerte por inanición de organizaciones formales como la CICAD3 o la UNODC4. Esto deja sin posibilida-des reales a los esfuerzos del desarrollo alter-nativo en el piedemonte amazónico.

En definitiva, esta situación representa la fractura definitiva del denominado Consen-so de Viena que funcionó en el marco de los tratados internacionales anti narcóticos des-de 1912, 1961, 1971 y 1988. Ello obliga a los Estados nacionales a comprometer recursos financieros más escasos o, dejando las estra-tegias locales supeditadas a acciones más sim-bólicas y menos eficientes.

Bajo este contexto, es claro que los países de América Latina debemos revisar nuestro mo-delo, paradigmas estrategias, políticas y leyes sobre drogas, sobre la base de lo que es posi-ble, verificable y medible. Debemos poner fin a una “guerra sin sentido” propagada desde el Norte, para volver a nuestras raíces, a nues-tros problemas de pobreza y exclusión asocia-dos al uso y producción de sustancias ilícitas. Esto pasa también para redefinir los términos de intercambio y de negociación internacional con Europa, Asia y Estados Unidos.

Los patrones de consumo de drogas son im-previsibles ante las nuevas generaciones de jóvenes, mientras que las políticas oficiales son inocuas en su capacidad preventiva y/o disuasiva. Por otro lado, las nuevas genera-ciones de latinoamericanos están en medio de un modelo que alienta el consumo exacerba-do a la luz del amplio abanico de sustancias con capacidades psicoactivas disponibles en los mercados: el precio seguirá bajando y la calidad seguirá subiendo, parece ser una ten-dencia indiscutible.

3 Comisión Interamericana de Control de Drogas de la OEA.

4 UnitedNationsOfficeonDrugsandCrime

La incoherencia institucional de los Estados, frente al uso descontrolado del alcohol y el tabaco, surte efectos en el nicho de las sus-tancias ilícitas, tanto de origen natural como las de procedencia sintética. Crecientemen-te, el abuso de drogas ilícitas muestra cifras alarmantes en el Cono Sur y en determinadas mega ciudades de América del Sur.

Con respecto al lavado de dinero, estamos en una situación en la que la expansión económi-ca de algunas economías en desarrollo, como los propios períodos de crisis, hacen posible y menos identificable la existencia de múltiples mecanismos que permiten el flujo de capita-les sucios o sospechosos. Las modalidades de lavado han crecido de cuando se preveía en el GAFI. Así, tenemos la presencia de compañías de paraísos fiscales secretas, no registradas, que proveen servicios considerados secretos, en denominados espacios de secretismo en los paraísos fiscales5. Hoy, actividades lícitas como construcción, turismo, sector exporta-dor, son penetrados por el narcotráfico.

Así pues, estas cinco principales característi-cas son las que perfilan las nuevas formas que adquiere el narcotráfico en los territorios de América Latina. Ello obliga a que las nuevas instancias, como la Unión de Naciones Sura-mericanas (UNASUR), las tomen en cuenta al momento de discutir las nuevas estrategias y políticas para abordar estos complejos proble-mas.

Ricardo Soberón es analista internacional, especialista en políticas de drogas,

seguridad y fronteras. Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos

(www.ciddh.com)

5 MURPHY Richard, “Out of Sight: What is a Tax Haven” April 4th 2011 http://www.lrb.co.uk/v33/n08/richard-murphy-ii/out-of-sight

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Las tendencias del narcotráfico

Tendencias del Narcotráfico en América Latina

WORLD DRUG REPORT 2010 (estimados mundiales).

Informes UNODC (COL, PER, BOL)

Informe antidrogas del Departamento de Defensa USA INCSR 2011

Área de cultivo Coca: 158.800 has. (2009).

Perú - Coca: 59.900 has. (2009)Bolivia - Coca: 30.900 has. (2009)Colombia - Coca: 68.000 has. (2009)

Mundial total1: 278.100 has. (2009) Coca 2009Perú: 40.000 has.Colombia: 116.000 has. Bolivia: 35.000 has.

Cocaína Producida

850TM3 (2008) Perú: 302TM4 (2008)Bolivia: 113TM (2008)5

Colombia: 410TM(2009)

Cocaína de calidad para exportación potencial: Perú: 245TM (2009)Colombia: 365TM (2009)Bolivia: 240TM (2009)Cocaína pura potencial: Bolivia: 195TM (2009)Perú: 225TM (2009)Colombia: 280TM (2009)

Cannabis 13.300 – 66.100TM (estimado)

Colombia - Área cultivada: 5.000 has. (2006). Bolivia - Producción: 1.8317 TM

MéxicoÁrea cultivada: 17.500 has. (2009)Producción total: 21.500TM (2008)

Amapola/heroína

Opio Adormidera (área de cultivo): 181.400 has. (2009).

Colombia - Heroína (producción): 1.1TM (2009).

Adormidera:Colombia: 1.100 has. (2009)Afganistán: 131.000 has. (2009)México: 19.500 (2009)Total adormidera mundial8: 169600 has. (2009)Opio (producción total): 6002.6TM

Incautación Coca: 711TM (2008). Opio: 646TM (2008)Heroína: 73.7TM (2008)Cannabis (hierba): 6.587TM (2008)

Perú - Clorhidrato de cocaína: 16.203kg (2008); 10.744kg (2009). PBC: 11.754kg (2008); 9.914kg (2009). Bolivia - Clorhidrato de cocaína: 7.246kg (2008); 4.922kg (2009). PBC: 21.641kg (2008); 21.970 (2009). Cannabis: 1.112.588kg (2008); 1.937.412kg (2009). Colombia - Cocaína: 203TM (2009).

Bolivia - Clorhidrato de cocaína: 3.4TM (2010); Cocaína base: 25.7TM (2010); Hoja de coca: 1.16TM (2010)Perú - Hoja de coca: 11.5TM (2010); Pasta de coca: 11.9TM (2010); Clorhidrato de cocaína: 15.4TMColombia - PBC: 57.84TM (2010); Clorhidrato de cocaína: 161.1TM (2010); Heroína: 0.367TM (2010)

Dinero de Narcotráfico

Perú no está en la lista de los países de “preocupación primaria”. Colombia, México, Bolivia y Brasil sí.

Arrestos y detenciones

Bolivia: 3.735 (2010)Perú: 10.591 (2010)Colombia: 61.021 (2009)

Consumo

1 Incluye: adormidera, coca y cannabis. 2 Fuente: Sistema nacional de monitoreo apoyado por

ONUDD. Elaboración OPD – DEVIDA.3 Toneladas métricas.4 Producción potencial de clorhidrato de cocaína.

5 Ibíd. 6 Fuente: ONUDD. 7 Fuente: World Drug Report – Bolivia Fact Sheet. Dato

tomado del INCSR (del Departamento de Estado – USA). 2010.

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en América Latina

Observatorio CICAD Colombia Perú-DEVIDA Bolivia

Bolivia: 15,500 hás (2006) de coca. Colombia: 77,870 hás (2006) de coca (2006). Perú: 51,400 hás de coca (2006)

Hoja de coca: 59.900 has. (2009)2

302TM (2008)6

Destrucción de plantaciones de marihuana: 8.800 TM (2010).

Colombia (2006) 1,023 hás de amapola

Destrucción de cultivo de amapola: 21.5 has. al 2010.

Bolivia (2006): 125,356 kgs de marihuana y 14,088 kgs de cocaína y sus derivados. Perú (2006): 1,298 kgs de marihuana y 199,793 kgs de cocaína y sus derivados.Colombia (2006): 109,629 kgs de marihuana y 183,105 kgs de cocaína

149,911 kgs de cocaína 262,476 kgs de marihuana, 350 kgs de heroína.

PBC: 13.491TM (2010)Clorhidrato de Cocaína: 17.658TM (2010)Marihuana: 3.871TM (2010)9

771 informes Unidad de Información y Análisis Financiero 2010.

1,165 operaciones sospechosas en el 2008, UIF Perú

Bolivia (2006)10: 2,363 acusados,359 presos.Perú (2006): 5,683 acusados, 2,703 presosColombia (2006)11: 13,323 acusados, 5,585 presos.

Sentenciados: 4.640 (entre hombres y mujeres). Procesados: 7.259 (entre hombres y mujeres). Ambos datos para el 201012

Marihuana: (2008) 520,000 personas, cocaína: 180,000 personas, basuco: 0.8% de la población13

Incidencia consumo 2006: Marihuana 0.4, cocina 0.1, pasta base 0.214

Prevalencia de vida (200815): 10.4% en marihuana, 3.2% en cocaína y 0.7 % en pasta base.

8 Incluyendo los países: Afganistán, Burma, Colombia, Guatemala, Laos, México, Pakistán.

9 Fuente de DEVIDA: DIRANDRO (Perú). 10 Por posesión de drogas11 PorTraficodeDrogas

12 FuentedeDEVIDA:INPE,OficinadeEstadística.13 ORLANDO SCOPETTA DG. Consumo de Drogas en

Colombia: Características y Tendencias, 2010 14 Tercera encuesta Prevención y Consumo DEVIDA 200615 CONALTID, Estudio de la Prevalencia del Consumo de

Drogas en Bolivia 2007.

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Hace cuarenta años, el entonces presidente Richard M. Nixon lanzó la “guerra contra las drogas” estadounidense. Desde entonces, las autoridades de Estados Unidos ubican el tema de las drogas bajo un enfoque de “nar-co-guerrilla” o “narco-terrorista”. Las drogas ilícitas son vistas como una “amenaza” para EE.UU. que se origina fuera de sus fronteras y es promovida por un enemigo externo contra el cual se debe librar una guerra. La idea es simple: atacar el suministro en el extranjero –mediante la eliminación o reducción de la pro-ducción de drogas ilícitas y el impedimento de los cargamentos de éstas- permitiría reducir su disponibilidad en EE.UU. La escasez en el suministro debe conducir a precios más altos y a una menor pureza de la droga. El mayor costo de las drogas ilícitas debe desalentar la demanda, a medida que los usuarios ocasiona-les disminuyan su consumo y los consumidores crónicos busquen tratamiento. El problema para quienes definen las políticas estadouni-denses es que luego de cuatro décadas y una inversión de miles de millones de dólares, el enfoque en la oferta no ha funcionado. Los precios de las drogas ilícitas en las calles de EE.UU. han disminuido de manera constante, alcanzando mínimos históricos. En los últimos años, el consumo en este país se ha manteni-do más o menos constante, sin embargo, ha aumentado significativamente en otras partes del mundo, incluyendo América Latina. En suma, la “guerra contra las drogas” de Esta-dos Unidos es un fracaso absoluto, y ha signi-ficado enormes y costosas consecuencias para

La “guerra contra las drogas” de EE.UU.

Cuatro décadas de fracasosColetta A. Youngers

las comunidades de las diferentes regiones del mundo en las que la llamada guerra contra la droga ha sido librada.

Cuando el presidente Barack Obama asumió el cargo, los críticos de la guerra a las drogas tenían la esperanza de que el primer presiden-te afroamericano comenzara un proceso -tan necesario- de reforma de las políticas relacio-nadas con las drogas. Algunas señales iniciales fueron prometedoras. El recién nombrado jefe de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), R. Gil Kerlikowske, afirmó que la administración Obama no usaría el término “guerra contra las drogas” puesto que el gobierno no debería estar haciendo la guerra a su propia ciudada-nía. La Secretaria de Estado, Hillary Clinton, reconoció que las políticas de drogas hasta la fecha habían fracasado y que EE.UU., en su calidad de principal país consumidor de drogas ilícitas, debía asumir una mayor responsabili-dad para enfrentar el problema de la deman-da. Si bien estas afirmaciones parecen obvias, no dejan de ser revolucionarias viniendo de funcionarios del gobierno estadounidense.

Sin embargo, el cambio en la retórica y en el discurso no ha dado lugar a un cambio signi-ficativo en las políticas y programas sobre el terreno. Aparte de algunos pequeños cambios en la política nacional de drogas, la “guerra contra las drogas” estadounidense prosigue por la misma senda destructiva. Es más, los resultados de las elecciones de noviembre 2010 hacen aún más remota la posibilidad de una reforma significativa de la misma. Algu-nos congresistas conservadores, del Partido Republicano, que recuperó el control de la Cá-mara de Representantes, enfocan el tema del narcotráfico bajo una mirada “contra-insur-gente”, en respuesta a los temores de que la

Coletta A. Youngers es Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos

Latinoamericanos (WOLA) y miembro asociada del Consorcio Internacional sobre Políticas de

Drogas (IDPC).

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violencia relacionada con las drogas en México pueda extenderse al norte de la frontera.

Las drogas y la “amenaza narco-terrorista”

Si bien el presidente Nixon declaró por prime-ra vez la “guerra contra las drogas”, fue en la década de los ochenta del siglo pasado que los esfuerzos internacionales de control de drogas aparecieron en primera plana de la agenda de política exterior de EE.UU. En 1986, el presi-dente Ronald Reagan declaró oficialmente a las drogas ilícitas como una amenaza a la se-guridad nacional del país. Diversos países de América Latina comenzaron a ver aumentos moderados en la ayuda estadounidense para el control de drogas. Fue la Iniciativa Andi-na, sin embargo, la que introdujo lo que luego se denominó la “militarización” de la política internacional de control de drogas de EE.UU.

Lanzado por el presidente George H. W. Bush en 1989, la Iniciativa Andina se concentró ha-cia los llamados países “fuente” -Perú y Bo-livia, en ese momento los principales provee-dores de hoja de coca-, y Colombia, como el principal productor de cocaína. El resultado fue una escalada impresionante de la capaci-tación y otras formas de apoyo a las fuerzas militares y policiales en la región, del invo-lucramiento de las fuerzas militares locales y estadounidenses, y un mayor rol para algunos servicios locales de inteligencia en las opera-ciones nacionales de recolección de informa-ción. Al mismo tiempo, el Congreso de EE.UU. designó al Departamento de Defensa como “el organismo único de conducción” para la detección y el seguimiento de los envíos de drogas ilícitas a EE.UU. Aunque no todos en el Departamento de Defensa estuvieran de acuerdo con la misión ampliada para el Co-mando Sur de EE.UU., la “guerra contra las drogas” (y más tarde la guerra contra el terro-rismo) se convirtió en una forma de mantener su rol, influencia y presencia en la región a medida que la Guerra Fría llegaba a su fin.

Al asumir el cargo, el presidente Bill Clinton hizo hincapié en los esfuerzos internacionales

de control de drogas en “los países de origen” de la región andina. En una directiva de deci-sión presidencial de 1993, la Casa Blanca de-claró que: “EE.UU. tiene un interés vital en alentar y apoyar a las naciones del Hemisferio Occidental para controlar el tráfico de drogas. Seguiremos considerando a las redes extranje-ras criminales de narcotraficantes como una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU.”1. El gobierno de Clinton fue el arquitecto del Plan Colombia, un paquete masivo de ayuda aprobado por el Congreso de los EE.UU. a me-diados de 2000, originalmente para un lapso de cinco años, la mayor parte de la cual se destinó a las fuerzas militares y policiales. Aunque Plan Colombia en sí ha terminado, ha sido reemplazado por la Iniciativa de Desarro-llo Estratégico para Colombia (CSDI, por sus siglas en inglés). Hasta la fecha, Washington ha proporcionado más de seis mil millones de dólares para el Plan Colombia y el CSDI.2 Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el Congreso estadounidense eliminó las restricciones a la prestación de asistencia de inteligencia para fines de contrainsurgencia, y EE.UU. implementó una misión explícita de contrainsurgencia en Colombia.

Esta “guerra contra las drogas” se extendió luego a México. En 2007, se puso en marcha la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia diseñado para ayudar a México a responder a problemas de narcotráfico y de seguridad, du-rante varios años. Hasta la fecha, el gobierno de EE.UU. ha asignado aproximadamente 1.5 mil millones de dólares para México, sobre todo para equipamiento militar. Desde que asumió el gobierno, la administración Obama ha reducido la financiación para equipamien-to militar y ha puesto más énfasis en el apo-yo a las reformas institucionales e iniciativas de fortalecimiento comunitario. Sin embargo,

1 Presidential Decision Directive/NSC-14, 3 Novem-ber 1993.

2 Ver Adam Isacson, Don’t Call it a Model: On Plan Colombia’ tenth anniversary, claims of “success” don’t stand up to Scrutiny, 14 July 2010, the Wash-ingtonOfficeonLatinAmerica.

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con la creciente violencia relacionada con las drogas en México, han recrudecido las deman-das de un mayor apoyo militar de EE.UU.

En septiembre de 2010, la Secretaria de Esta-do Hillary Clinton calificó públicamente a los carteles de la droga de México como una in-surgencia. Si bien la administración Obama se retractó rápidamente, algunos analistas creen que las declaraciones de Clinton estaban des-tinadas a asegurar la continuación del finan-ciamiento de la Iniciativa Mérida, en momen-tos en que el Congreso estaba más inclinado a enviar armas y helicópteros que a hacer frente a las complejidades de reformas en la policía y el sector de la justicia. Sus sentimientos en-contraron eco en febrero de 2011, cuando el subsecretario del Ejército (el segundo funcio-nario civil de mayor rango en el ejército de EE.UU.), Joseph Westphal, también describió a los cárteles mexicanos de la droga como una “insurgencia” ubicada a lo largo de la frontera con EE.UU. Luego se retractó, pero también señaló que ha compartido su opinión personal sobre el tema con la Casa Blanca.

La administración Obama

En su mayor parte, sin embargo, la adminis-tración Obama ha adoptado un discurso distin-to en cuanto a la política de drogas de EE.UU. Ha bajado el tono de la retórica y por lo tanto la “guerra contra las drogas” ya no se utiliza como una forma de ganar puntos políticos o para tratar de desacreditar a opositores polí-ticos internos. Mucho más énfasis se pone en la cuestión de la demanda de drogas ilícitas y Kerlikowkse hace hincapié en la necesidad de tratar el consumo de drogas como un proble-ma de salud pública. Sin embargo, la retórica no ha ido acompañada de un cambio signifi-cativo en el financiamiento de los programas para enfrentar a la demanda. A pesar de un aumento muy modesto del gasto en trata-miento y educación, aproximadamente tres quintas partes del gasto federal de control de drogas sigue yendo a los programas vinculados con la oferta (incluyendo la acción policial) y sólo dos quintas partes a los programas rela-cionados con la demanda.

Algunos pequeños cambios han tenido lugar con respecto a la política nacional de drogas. En la campaña electoral, Obama prometió lle-var a cabo tres iniciativas relacionadas con la política de drogas: tratar de eliminar la dispa-ridad en las penas federales para el crack y la cocaína en polvo; invertir la postura rígida del gobierno federal sobre las leyes estatales de marihuana medicinal; y poner fin a la prohibi-ción de fondos federales para el intercambio de agujas.3 Él ha cumplido con esas promesas en distintos grados.

Una ley de 1986 fijó penas por posesión de crack 100 veces superiores a las de la cocaí-na en polvo. Puesto que alrededor de 80 por ciento de los condenados por cargos de crack son afroamericanos, la disparidad en las con-denas fue denunciada como racista. Después de la posesión de Obama, el Departamento de Justicia trabajó con miembros del Congre-so sobre la Ley de Condenas Justas, que fue firmada en agosto de 2010. La ley reduce la disparidad en las condenas entre el crack y la cocaína en polvo de 100 a 1, a 18 a 1; no era la proporción de uno a uno que los proponentes querían, pero fue la última solución de com-promiso posible para lograr la aprobación del Congreso. La ley, sin embargo, representa sólo un primer paso tentativo hacia las reformas en las sentencias para delitos de drogas que son tremendamente necesarias.

Sobre el cumplimiento de la segunda promesa de la campaña de Obama, el Departamento de Justicia anunció en el otoño de 2009 que sus-pendería la aplicación agresiva de la legisla-ción federal de drogas en los estados que han aprobado leyes que legalizan la marihuana para uso medicinal. Sin embargo, la Adminis-tración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA por sus siglas en inglés) ha segui-do llevando a cabo redadas en esta área, si bien en menor medida que antes. Por último, a finales de 2010 el presidente Obama firmó una ley que pone fin a la prohibición de usar fondos federales para programas de intercam-

3 Ethan Nadelmann, “Obama Takes a Crack at Drug Reform,” The Nation, 26 August 2010.

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bio de agujas, que durante mucho tiempo han demostrado su eficacia en la reducción de transmisión del VIH / SIDA. Teniendo en cuen-ta los obstáculos burocráticos y políticos para reformar las políticas de drogas, estos peque-ños avances pueden parecer importantes. Sin embargo, desde el punto de vista de los cre-cientes costos y las consecuencias de una po-lítica fracasada, son totalmente insuficientes.

El historial del gobierno de Obama en la po-lítica internacional de control de drogas es aún más decepcionante. La única excepción es Afganistán. En marzo de 2009, el entonces Enviado Especial de EE.UU., Richard Holbro-oke, describió el esfuerzo de erradicación de la amapola en Afganistán como ineficaz y con-traproducente: pues, generaba apoyo político a los talibanes y socavaba los esfuerzos de construcción nacional.4 En 2009, el gobierno de EE.UU. cesó sus fondos para la erradicación forzosa de las plantas de amapola en Afganis-tán, y canalizó los recursos hacia los progra-mas de interdicción y desarrollo económico (si bien algunos gobernadores afganos siguen implementando programas de erradicación). Desde el principio, sin embargo, el nuevo en-foque ha tenido un apoyo político apenas ti-bio. Es más, la administración Obama se apre-suró a asegurar que no tenía ninguna intención de transferir las lecciones aprendidas en Afga-nistán a otra región del mundo. Funciona-rios estadounidenses sostienen erróneamente que la misma lógica no se puede aplicar en América Latina, al afirmar que la existencia de instituciones más fuertes proporciona las condiciones para la aplicación exitosa de la erradicación forzosa. Por lo tanto, la adminis-tración Obama mantiene su firme compromiso con el Plan Colombia, ahora llamado CSDI. Ha seguido el camino ya establecido por el Con-greso de EE.UU. de la reducción gradual de los niveles generales de asistencia económica, y el desplazamiento de más recursos de los es-fuerzos militares y policiales hacia los progra-mas económicos y sociales.

Quizás el único cambio significativo en la po-lítica internacional estadounidense de control de drogas en América Latina es su enfoque

regional. A medida que América Central se ha ido convirtiendo en un centro de tránsito de drogas y que la violencia relacionada con las drogas se ha incrementado, es vista aho-ra por Washington como el “punto caliente” del narcotráfico. El gobierno de Obama ha au-mentado la ayuda para programas de control de drogas para el istmo, con la promesa de aproximadamente 200 millones de dólares a la fecha para la Iniciativa Regional Centroame-ricana de Seguridad, CARSI. Los funcionarios de EE.UU. hablan ahora de un “Plan América Central”, que prevé capacitación por parte de las fuerzas de seguridad colombianas. Tal vez el aspecto de mayor preocupación es el hecho que el Comando Sur está desempeñan-do un papel cada vez mayor en el trabajo con militares y policías locales para combatir las organizaciones delictivas transnacionales en América Central.5 Considerando el rol en el pasado de los militares estadounidenses en apoyo a regímenes brutales y en la prolonga-ción de las guerras civiles en América Central, la intensificación de la actividad militar de EE.UU. en la región sólo puede suscitar una profunda sospecha y desconfianza por parte de los pueblos centroamericanos.

Por último, desde que los republicanos reto-maron el control de la Cámara de Represen-tantes, la retórica sobre “drogas e insurgen-cia” se ha reactivado en el Capitolio. En una sesión informativa de febrero 2011, el repre-sentante republicano Connie Mack de Florida (en la actualidad presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara) se refirió repetidas veces al nexo entre “las drogas y los terroris-tas”, afirmando que el dinero del narcotráfico está financiando a organizaciones terroristas en América Latina, y de ahí la necesidad de un enfoque de contrainsurgencia. En marzo de 2011, el representante republicano Michael

4 “Envoy damns US Afghan drug effort,” BBC News, 21 March 2009.

5 Para mayor información sobre las actividades del Comando Sur en Centroamérica, ver: http://armedservices.house.gov/index.cfm/files/serve?File_id=fcc6b631-6b51-4bdb-b0a0-6b97ea36cb58

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McCaul de Texas introdujo un pro-yecto de ley que busca incluir a seis cárteles mexicanos del narco-tráfico en la lista del gobierno de EE.UU. de Organizaciones Terroris-tas Extranjeras.

Conclusión

Mientras se estanca el debate en Washington sobre los enfoques al-ternativos a las políticas de drogas, el debate en toda América Latina se está reactivando. Un punto de inflexión llegó con la publicación en 2009 del informe de la Comi-sión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Co-lombia) y Ernesto Zedillo (México). El documento critica el tabú en la discusión pública sobre el tema de las drogas, y hace un llamado para que se inicie el debate; reconoce el fracaso de las políticas actuales y sus consecuencias; plantea el tra-tamiento del consumo de drogas como un problema de salud pública y que se evalúe la despenalización de la posesión de cannabis para uso personal. Algunos países de la re-gión -como Uruguay, Brasil y Argen-tina- ya apuntan a aplicar políticas más eficaces, en consonancia con los criterios internacionales del de-bido proceso y normas de derechos humanos, y empiezan a abordar los problemas profundamente arraiga-dos de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que están en la raíz de los problemas asociados con el narcotráfico y el consumo pro-blemático de drogas. Ha llegado el momento para que América Latina comience a tomar la iniciativa, al decir no a la “guerra contra las dro-gas” de EE.UU. y a trazar un rumbo alternativo.

Felipe Calderón está enojado. Enfá-ticamente golpea, una y otra vez, el atril mientras insiste que la violencia desatada en territorio mexicano es culpa del crimen organizado y de nadie más. Reafirma por enésima ocasión su compromiso con la guerra contra el narcotráfico que lanzó en diciembre de 2006 y la decisión de seguir con el com-bate frontal a los delincuentes.

Esta defensa feroz de la estrategia de seguridad se dirige no hacia los crimi-nales, sino hacía una sociedad que en su mayoría rechaza el camino trazado por el presidente hace cuatro años. El 6 de abril, sólo unos días antes del dis-curso pronunciado a un grupo de em-presarios por Calderón, decenas de mi-les de personas marcharon en las calles de más de veinte ciudades mexicanas en repudio a “la guerra de Calderón” y contra la violencia.

Para el presidente, la protesta social que crece en el marco del nuevo mo-vimiento mexicano “NO + SANGRE” es una respuesta equivocada, politizada e injusta a su causa predilecta. Insiste en que la ciudadanía debe protestar contra el crimen organizado y no con-tra su gobierno. En su discurso acusó al movimiento social indirectamente de utilizar el discurso de la paz como escudo para promover “el deseo políti-co de atacar al gobierno federal.”

Los miles de jóvenes, padres y madres de familia, mujeres, indígenas y sindi-calistas que se han sumado a las pro-

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México: La violencia exponencial

Laura Carlsen

testas no lo ven así. No niegan que la bruta-lidad y la audacia de los carteles de la droga han rebasado todo límite. Pero la razón por la cual aumenta el descontento social contra el gobierno se puede resumir en un solo dato: en los años antes de que Calderón lanzara la guerra, el número de homicidios relacionados al narcotráfico fue un poco más de 2,000 al año (2,119 en 2006); para el año 2010 alcanzó 15,273.

Y la crisis de violencia en México desde el 2007 no se puede resumir únicamente en cadáve-res. Un informe reciente del Centro de Mo-nitoreo de Desplazamientos Internos calcula que 230,000 personas1 han sido desplazadas por los conflictos y amenazas. Existen aproxi-madamente 10,000 huérfanos por causa de la violencia. Los feminicidios se dispararon en la frontera norte en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, junto a otras formas de violencia de género y ataques a defensoras de derechos humanos. Además de las muje-res, las personas migrantes han sido víctimas de una respuesta no prevista de los carteles al expandir sus actividades lucrativas hacía el secuestro, la extorsión y el reclutamiento de migrantes. La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en abril de 2010 fue sólo el ejemplo más escandaloso de un fenó-meno que se ha extendido por toda la repú-blica.

La guerra que no se llama guerra

El caos generado por la estrategia se deriva de su carácter militar/policíaco y la falta de cálculo del impacto de declarar la guerra en el mundo volátil del crimen organizado. Hace unos meses Calderón negó que hubiera nom-

brado “guerra” a su estrategia de combate a la delincuencia, lo cual provocó un diligente trabajo por parte de la prensa de recoger múl-tiples citas suyas que incluyeran la palabra en referencia a la estrategia contra el narco.

Llámese como quiera, el modelo parte de la tesis de que la mejor manera de luchar contra el tráfico de narcóticos prohibidos es cortan-do el abasto desde los países de producción y tránsito hacia el mercado principal, que es Es-tados Unidos. Entonces la mayor parte de los recursos y esfuerzos están dirigidos al enfren-tamiento con los narcotraficantes, buscando detener la droga y capturar a capos. En Méxi-co, se han desplegado unos 50,000 soldados a las calles con este propósito.

El resultado es una explosión de violencia en múltiples formas que supera la mortalidad de muchas guerras formales. Con el ataque del Estado contra un cartel se invita a otro a to-mar su lugar y suelen entrar en batalla. Las luchas por las “plazas”, es decir, las rutas para llevar sustancias ilícitas al mercado, son una de las fuentes principales de la violencia.

La violencia se vuelve más compleja y extensa en lugares donde las acciones de las fuerzas de seguridad han provocado una fragmenta-ción de los carteles. Complicidades entre políticos, policías o militares, con uno de los rivales ha extendido la violencia en la esfera pública. Los enfrentamientos entre las fuer-zas armadas y los carteles en las calles han cobrado muertes de civiles y se reportan ca-

1) http://mexico.cnn.com/nacional/2011/04/07/los-desplazados-en-mexico-en-busca-de-un-hogar-para-huir-de-la-violencia

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sos de violencia y extorsión por parte de las mismas fuerzas de seguridad contra sectores de la sociedad. El reporte de violaciones de derechos humanos cometidos por el ejército ha aumentado más de seis veces en los últimos años, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, tortura, violación sexual y desapariciones.

La guerra contra las drogas y la violencia que la acompaña han erosionado la gobernabilidad en varias zonas del país y roto el tejido social por el miedo, la militarización y la presencia más activa que nunca del crimen organizado. Es increíble que el gobierno siga con la retóri-ca triunfalista frente a estos resultados e in-digna que en las esferas del poder esperen que el pueblo mexicano —o cualquier pueblo del mundo— acepte 40,000 muertos como daño colateral o el precio que hay que pagar para ganar una guerra que parece no tener fin.

Para el gobierno de Calderón es imposible admitir el fracaso de la mano dura después de haber invertido tanto capital político y en vísperas de las elecciones presidenciales. Además, desde el inicio, la guerra contra el narcotráfico en México ha tenido unos objeti-vos no-enunciados. Calderón lanzó la guerra unas semanas después de tomar el poder en-tre protestas masivas y acusaciones de fraude nunca esclarecidas. La alianza entre el eje-cutivo y las fuerzas armadas y el cultivo del miedo frente un enemigo común —el crimen organizado— funcionó para consolidar su po-der en los hechos frente a la falta de legiti-midad. Desde su origen, entonces, la guerra ha privilegiado la militarización por encima de las instituciones democráticas del país. La presencia del ejército en las ciudades y comu-nidades sirve para inhibir protestas y construir una imagen de un Estado fuerte a pesar de su debilidad institucional.

El apoyo de EE.UU. a la guerra

El gobierno de los Estados Unidos, primero de George W. Bush y después de Barack Obama, juega un papel crítico en sostener la guerra de Calderón con recursos, declaraciones, ca-pacitación y entrenamiento. De hecho, desde

las fases del diseño del modelo, pasando por la instrumentación de la “Iniciativa Mérida” anunciada por el entonces presidente Bush en octubre de 2007, la guerra contra el narcotrá-fico en México ha sido para el Pentágono un sueño realizado.

Washington propuso una colaboración militar más intensa desde el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte que sa-lió del TLC, para proteger sus intereses polí-ticos y económicos en la región más allá de sus fronteras. La Iniciativa Mérida se presentó como un plan “contra-terrorismo, contra-nar-cóticos y para la seguridad fronteriza”. Esos son sus objetivos. Incluye el envío de equipo militar y de espionaje a México con el fin de incrementar el control del territorio y promo-ver la militarización del país. Fue presentada como un reconocimiento de “responsabilidad compartida” por parte de EEUU, sin embar-go, abarca una serie de programas en México, sin incluir ninguna obligación de EEUU en su propio territorio donde el negocio de la droga rinde sus beneficios.

Si antes el gobierno mexicano rechazaba la participación directa de su poderoso vecino en asuntos de seguridad nacional, con la Iniciati-va Mérida —extendida indefinidamente por el gobierno de Obama— se ha iniciado un periodo de injerencia estadounidense sin preceden-tes. Sigue el modelo del Plan Colombia que ha promovido más de una década de militariza-ción del país andino y de presencia militar de EE.UU., con los conocidos resultados en viola-ciones de derechos humanos, desplazamiento y expropiación de los recursos de los pueblos.

Detrás de la retórica de la guerra contra el narco, los objetivos de la Iniciativa son:

1) Proteger los intereses económicos e inver-siones estadounidenses y garantizar el ac-ceso a recursos naturales estratégicos en México.

2) Imponer la Doctrina de Seguridad Nacio-nal elaborada por el gobierno de Bush que posibilita la presencia militar de EEUU --o

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la amenaza de intervención— en todo el mundo como garantía de estabilidad del sistema y avanza el propósito de integrar a México a la zona de seguridad nacional de EE.UU.

En términos prácticos, la Iniciativa rompe con las barreras que había mantenido histórica-mente por razones de soberanía nacional el gobierno mexicano a una mayor intervención de los estrategas y agentes estadounidenses dentro de su territorio.

Hasta ahora han sido asignados más de $1,500 millones de dólares a México en la guerra con-tra el narcotráfico. Además se ha reorientado la relación binacional hacia la cooperación en cuestiones de seguridad. La mayoría de los recursos está destinada a equipo militar y ser-vicios a las fuerzas armadas, la policía y las agencias de inteligencia. La relación entre los dos países vecinos ahora está siendo definida por el Pentágono y los Comandos Norte y Sur, con el apoyo del Departamento del Estado, en el contexto de la seguridad regional.

La presencia ampliada de agencias de seguri-dad estadounidenses en México tiene graves consecuencias para la soberanía nacional del país. Se tiene que justificar con un discurso que define a México como una amenaza a la seguridad nacional del país del norte que se enmarca en una nueva lectura de los carteles de la droga como “narco-insurgencia” y como una fuerza que desafía directamente la auto-ridad del Estado. Abre la puerta a la militari-zación de México bajo la batuta del Pentágono y el uso del término “insurgencia” recuerda la manera en que el Plan Colombia fue amplia-do por el Congreso de EE.UU. para apoyar la guerra interna. En México, varias organizacio-nes de derechos humanos han documentado un proceso de criminalización de la protesta y represión de la oposición. La postura de EE.UU. promueve este proceso e impulsa la guerra violenta contra el crimen organizado a pesar de todas las evidencias de sus impactos negativos para la población.

Hay otra razón por la cual el gobierno de los

Estados Unidos tiene interés en mantener la guerra contra el narcotráfico y la violencia en México. Los términos de la Iniciativa Mérida no permiten la entrega de dinero a México. Los contratos financiados en la Iniciativa Mé-rida van a empresas estadounidenses de la in-dustria de defensa que tienen mucho poder de cabildeo en el Congreso y mucho interés en abrir un nuevo mercado hacia el sur.

Empresas como Boeing y Lockheed que venden aviones y helicópteros por millones de dóla-res, y de seguridad privada como Blackwater y Dyncorp que proveen servicios de capacitación y entrenamiento, ven en México una oportuni-dad de expandir su negocio por medio de los contratos de “outsourcing” que consiguen del gobierno estadounidense. Algunas de estas empresas han sido involucradas en casos de muerte de civiles y sus actividades no cuentan con mecanismos efectivos de transparencia y rendimiento de cuentas. Ya tienen contratos de la Iniciativa Mérida y su presencia en Méxi-co constituye otra amenaza a los derechos hu-manos y un obstáculo al proceso de fortaleci-miento de las instituciones democráticas en el país, por promover la privatización y extran-jerización de la seguridad cuando no existen reglas claras ni la capacidad del Estado para aplicar las reglas vigentes. Es decir, gozan de la misma impunidad que los criminales.

Existen otros caminos

El impacto totalmente contraproducente de la guerra contra las drogas en la sociedad es in-negable. Se ve no tanto en las cifras citadas, sino en el profundo dolor de las familias de las víctimas y en la cultura de miedo y violencia que distorsiona el futuro de los jóvenes. Las encuestas2 muestran un cambio importante en la opinión pública: la mayoría ya no cree que el gobierno está ganando y no apoya la estra-tegia.

2) http://www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=percepcion-seguridadmx-2010

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Tan innegable que en las últimas fechas Cal-derón ha dejado al lado el mensaje reiterado de que México está ganando la guerra contra el narcotráfico. Con severos problemas de credibilidad, el presidente ahora dice que no existen alternativas y ha retado a la gente que exige fin a la violencia que ellos propongan algo mejor.

El gobierno de Estados Unidos también ha ex-presado dudas en el modelo. En cables de Wikileaks, miembros de la embajada en Méxi-co expresaron sus preocupaciones por la co-rrupción y falta de resultados de las fuerzas de seguridad y los tres niveles de gobierno de México, y cuestionan la eficacia del enfoque en la detención de capos. La última versión de la Iniciativa Mérida presentado al Congreso por el gobierno de Obama se presenta como Mérida II y hace énfasis en una transición de apoyo militar a capacitación para impulsar reformas en el sistema judicial y las policías. Sin embargo, el financiamiento sólo transfiere la ayuda militar directa al rubro de control del narcotráfico, sin aumentar significativamente el apoyo a programas sociales ni integrar obli-gaciones básicas de su país, que sigue siendo la fuente de la mayor parte de las armas y el dinero del crimen transnacional.

Los esfuerzos de los dos gobiernos, por un lado, para consolidar el apoyo binacional a la guerra y, por otro, para darle una imagen reformada, reflejan un reconocimiento im-plícito de que su fracaso es evidente. Ante este reconocimiento y la quiebra del modelo, la sociedad organizada contra la guerra está intensificando las protestas y respondiendo al reto de proponer alternativas no-violentas en la lucha contra el crimen organizado. Algunas de estas alternativas están en la propuesta del pacto nacional que propone el poeta Javier Sicilia, después del asesinato de su hijo. Su tragedia ha inspirado una nueva ola de movili-zaciones en el país.

La primera es tratar el problema de la deman-da de drogas como un problema de salud, con prioridades en la prevención, la rehabilita-ción, el tratamiento y la reducción de daños, en México y sobre todo en Estados Unidos don-de el gobierno no ha asumido plenamente su responsabilidad. Hacen falta mayores opor-tunidades educativas y de empleo para que los jóvenes tengan proyectos de vida y para enseñar los riesgos de la adicción. Es una so-lución que mejora la calidad de vida y reduce la demanda.

Segundo, la manera más rápida y efectiva para reducir la demanda de drogas ilícitas que enriquecen los criminales es legalizar las drogas, empezando con la marihuana. Es una propuesta que tiene cada vez más apoyo entre la población y los expertos y merece más estu-dio y debate público.

Tercero, es urgente desmantelar las estruc-turas financieras que permiten el lavado y el traslado del dinero del crimen organizado.

Finalmente, promover las soluciones que es-tán surgiendo desde abajo. Los proyectos autogestionarios en Ciudad Juárez y otros lu-gares ofrecen opciones viables y dan a la so-ciedad un papel que no sea sólo de víctima. Cuando se utiliza el ejército o la policía como herramienta principal contra el crimen organi-zado, la sociedad queda marginada y expuesta a abusos. Se crea una situación peligrosa que se acerca a una ocupación interna, o un esta-do militar/policíaco, con la pérdida de dere-chos humanos y civiles.

Una sociedad civil fuerte y participativa es mucho más capaz de resistir la infiltración del crimen organizado. Comunidades fuertes -con empleos, vivienda, educación, recreo sano, e espacios propios- pueden defenderse a la vez que fortalecen las instituciones de-mocráticas.

Laura Carlsen, analista y escritora, es directora del Programa de las Américas en la

Ciudad de México.

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En términos de violencia no asociada a con-flictos armados, América Latina es la región más violenta del mundo, pero también es la más desigual. No se trata de una mera casua-lidad, por lo que es clave “construir políticas de seguridad que partan del carácter profun-damente desigual de la sociedad latinoameri-cana”. Este es el enfoque de Rodrigo Uprim-ny -Director del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad “De justicia”- quien en diálogo con ALAI abordó esta temática tanto en relación a su país, Colombia, como a la re-gión en general. Esto fue lo que nos dijo.

- La imagen que se tiene de Colombia es de un país encendido por la violencia, particu-larmente a partir de todo lo que concierne a las drogas. ¿Cuál es la realidad del país en ese sentido?

La realidad de Colombia es muy compleja y di-fícil, porque combina violencias intensas, mu-chas de ellas, pero no todas, asociadas al nar-cotráfico, que se intensificaron desde finales de los años setenta y luego han tenido algunos reflujos; pero al mismo tiempo preserva muy importantes espacios de institucionalidad, de civilidad, de movilización social y una socie-dad civil muy vibrante. Entonces, no es un país en donde la guerra, el conflicto armado y la violencia invaden todo, y donde no hay ningún espacio de discusión democrática por-que eso sería una imagen falsa de Colombia, aunque obviamente es un país en donde hay problemas de violencia muy intensa. Por esta característica de violencia intensa y violencia múltiple se han generado muchas dificultades en su análisis porque responde a lógicas muy articuladas entre ellas, pero muy diversas.

Entrevista con Rodrigo Uprimny

Colombia: violencias complejas

Osvaldo León

Tenemos, por una parte, una violencia social conflicto armado que viene de la llamada vio-lencia de los años ‘50, que tuvo un reflujo muy fuerte en los años ‘60 hasta mediados de los ‘70 y desde entonces renace. Tiene algunas conti-nuidades de la vieja violencia de los ‘50 pero también novedades muy importantes, entre ellas, por ejemplo, la presencia del narcotráfi-co que no existía en la violencia de los ’50, y es una violencia de guerra, de conflicto armado, de actores armados, paramilitares, guerrilla, el ejército, fuerza pública institucional, etc.

Luego, como un segundo componente, está una violencia social narcotráfico que también tiene múltiples formas, hay ajustes de cuen-tas entre narcotraficantes, hay narcotrafican-tes reconvertidos en paramilitares que aten-tan contra campesinos para apropiarse de sus tierras; hay el dinero de la droga que alimenta las finanzas de la guerrilla y le da mucho dina-mismo militar y hay violencia urbana ligada a la presencia de bandas criminales.

Hay un tercer componente de otras formas de criminalidad más o menos organizada, a veces con vínculos con el narcotráfico, a veces rela-tivamente autónoma, que hacen atracos, ro-bos de carros u otras formas de delincuencia, secuestros, etc. Y hay un último componente de una violencia más difusa que puede llegar a ser fuerte, como riñas entre personas, que por la presencia de muchas armas en la sociedad colombiana le falta espacios de resolución pa-cífica de conflictos, que puede degenerar en homicidios o ajuste de cuentas privados entre ciudadanos.

Al lado de todo eso hay abusos y violaciones de

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derechos humanos atribuibles al Estado que tam-bién han sido muy graves en los últimos 25 años, con momentos distintos pero con una tendencia a ser muy graves, ya sea perpetrados directa-mente por agentes del Estado -por ejemplo, en los últimos 7, 8 años se habla de que hubo más o menos dos mil ejecuciones extrajudiciales co-metidas por la fuerza pública lo que en Colom-bia hemos llamado los “falsos positivos” -pues se refiere a campesinos presentados como gue-rrilleros muertos en combate y que no lo eran- o ya sea en alianzas entre sectores de la fuerza pública y paramilitares que están vinculadas con matanzas y muchas masacres.

De modo que sí hay una violencia muy intensa pero por ciclos, no se ha mantenido igual. Del 89 al 92 descendió y volvió a subir luego, desde el 2002 bajó pero sigue siendo comparativamen-te una violencia más alta que en otros países.

- Decía que, al mismo tiempo, como otra cara de la moneda, Colombia ha logrado preservar espacios de institucionalidad, de civilidad, de movilización social. ¿Nos pue-de precisar este punto?

Me refiero al hecho de que en Colombia hay un espacio institucional muy fuerte, unas institu-ciones en ciertos aspectos bastante sólidas, un poder judicial que, a pesar de todas sus difi-cultades, de problemas de corrupción, proble-mas de ineficacia, logra investigar, por ejem-plo, alianzas entre políticos y paramilitares, hay muchos senadores y representantes presos por esos vínculos, y al mismo tiempo hay elec-ciones, a veces interferidas por los actores armados. Entonces, esa mezcla de violencia y formas democráticas es lo que hace compli-cado y difícil el caso colombiano; y dentro de eso incluso en el tema de la violencia hay his-torias exitosas. Digamos, hay experiencias de manejo del problema de violencia y la seguri-dad urbana que ha tenido algunos éxitos para nada deleznables, como el caso de Bogotá.

Sin embargo, cabe acotar que, asociado obvia-mente a una situación en derechos humanos, muy paradójica al mismo tiempo también hay una crisis humanitaria muy aguda. Por ejem-

plo, una cantidad enorme de desplazados por el conflicto armado, se habla que oscilan en-tre 3,5 a 4,5 millones que es casi el 10% de la sociedad colombiana; un despojo de tierras a los campesinos por grupos armados ilegales o por empresarios asociados a esos grupos o por empresarios que aprovechan la violen-cia de esos grupos o simplemente porque los campesinos huyen y abandonan sus tierras y otros se las apropian. Estamos hablando de una superficie muy considerable: 5 millones de hectáreas que es más o menos el 10% del territorio explotado agropecuariamente en el país. Al mismo tiempo que hay eso, hay también intervenciones de los jueces, como la Corte Constitucional, de protección a estos sectores. Entonces, esto lo que hace es que sea un panorama complejo que genera mucha polémica, que hace difícil de tener una ima-gen blanco/negro de la realidad colombiana porque tiene todos esos complejos matices.

- Dentro de esta complejidad, ¿cuán gravi-tante es el narcotráfico?

Este es un tema polémico, si bien hay algunos consensos. Un punto que genera consenso es que indudablemente el narcotráfico tiene un peso muy importante en la violencia desde me-diados de los ‘70 hasta ahora. Pero en el de-batelapreguntaquesaltaes:¿quétantopeso?¿Es el peso intrínseco de la presencia de una economía ilegal de enormes magnitudes que tiene una potencialidad de violencia porque no tienecomoregularse?Entonces,¿esesaecono-mía ilegal el factor esencial de la violencia en Colombia o es algo que dinamiza violencias que existían que son más atribuibles a otros rasgos delasociedadcolombiana?Algunosdicenquees el narcotráfico y otros dicen no, que es el carácter antidemocrático de la política colom-biana o, por ejemplo, la falta de democracia en el reparto de tierras, la falta de reforma agraria, las que hicieron que el narcotráfico co-lombiano fuera tan violento.

Al respecto cabe preguntar: ¿el narcotráfico es igualmente violento en todas las socieda-des?Haysociedadesdondeelpesoenlaeco-nomía del narcotráfico es muy alto y sin em-

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bargo no tiene la violencia tan intensa como en Colombia. Un ejemplo seria el peso del narcotráfico en Perú y Bolivia donde el por-centaje en el PIB en varios años fue más gran-de que en Colombia. ¿Por qué en Colombia generó muchísima más violencia que en Perú y en Bolivia? Dicen algunos: es que en Co-lombia están los empresarios del narcotráfico y ellos son los que tienen más potencialidad de violencia mientras que allá el narcotráfico se distribuía “más democráticamente” en una cantidad de cultivadores; pero otros dicen que no es suficiente, incluso la violencia en México por el narcotráfico no llega a generar en la to-talidad de la sociedad mexicana una violencia como la colombiana, si uno mide la tasa de homicidios en México está entre el 18 - 20 por 100.000 habitantes, eso para Colombia sería considerado un éxito.

Entonces llegamos a la pregunta ¿es indudable que el narcotráfico tiene un peso, pero qué otros factores de la sociedad hacen que el nar-cotráfico enColombia sea tan violento? Hayinterpretaciones y discusiones. Había un no-velista que le atribuía el peso a la política co-lombiana, señalando que ésta era tan corrupta que había corrompido hasta el narcotráfico. Cuando uno mira el proceso de la parapolítica uno sí ve casos en donde son las organizaciones de narcotraficantes que tratan de cooptar a los políticos regionales pero muchas veces, al con-trario, son los políticos regionales que llaman a los grupos paramilitares para hacer alianzas, estos son unos rasgos de antidemocracia de la sociedad colombiana que generan eso.

Una de las explicaciones respecto a por qué el narcotráfico en Bolivia y en Perú no generó paramilitarismo, se refiere a que en estos paí-ses no había conflicto armado, y si bien había conflicto en Perú con Sendero mas no generó paramilitarismo, las rondas de Perú no tienen nada que ver con el paramilitarismo colombia-no.¿Porqué?Alláhicieronreformasagrariasy en Colombia no. En Colombia había terrate-nientes y se generó como una alianza natural entre terratenientes y narcotraficantes.

En síntesis, si uno lograra sacar el factor nar-

cotráfico de Colombia yo creo que la violencia en Colombia sería mucho menos intensa, muy probablemente el conflicto armado habría en-contrado resoluciones, por tanto sí ha sido un factor perturbador, dinamizador de la violencia terrible; pero hay responsabilidades propias, de rasgos del régimen político y socioeconómico co-lombiano y allí diferenciar y establecer se vuel-ve muy difícil y esto hace complejo el análisis.

- En sí mismo el conflicto de la tierra en Co-lombia se ha visto marcado por un factor fuerte de violencia. ¿Se podría decir que la intensidad que ha cobrado sería resul-tante de una dinamización generada por el narcotráfico?

Colombia tuvo una violencia muy intensa en los ‘50 cuando no había narcotráfico, no hay los vínculos entre la violencia de los ‘50 y la violencia actual, hay diferencias muy profun-das.

Lo que hace complicado interpretar esos fenó-menos es que coinciden en los tiempos. Como decía, el narcotráfico en Colombia entra con fuerza a mediados de los ‘70 cuando otros fac-tores de violencia también están dinamizando la crisis colombiana y ahí es donde se empie-zan a retroalimentar y es difícil establecer esas responsabilidades; pero lo que yo sí creo es que sin el narcotráfico muchos problemas hubieran sido mucho más manejables.

- Si vamos hacia los ‘80, prácticamente hay una contrarreforma agraria que se incre-menta con la fuerza paramilitar

Empieza desde los ‘80 y se hace muy intensa en los ‘90. Es una mezcla de narcotrafican-tes reconvertidos en terratenientes, empre-sarios legales asociados con narcos, otros que aprovechaban el desorden que había; pero ahí hubo un despojo masivo. Colombia ya tenía una situación muy inequitativa en la tierra a inicios de los ‘80 cuando había una concentra-ción de la propiedad agraria muy alta, aproxi-madamente el 3% de los propietarios más ricos que poseían más de 500 hectáreas concentra-ban más o menos el 30% de la tierra.

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Luego del despojo que ocurrió desde media-dos de los ’80, en el año 2005 otra evalua-ción indicaba que ese mismo porcentaje ya no concentraba el 30 sino el 60 o 65%. Pero el despojo no fue exclusivamente con campesi-nos pobres o comunidades indígenas, también tocaron campesinos medios e incluso, en al-gunos casos, campesinado más o menos rico, pero sobre todo se concentró en campesinos pobres y comunidades afrodescendientes e in-dígenas. Evidentemente se dio una contrarre-forma agraria muy aguda, pero si el problema agrario hubiera estado resuelto ese efecto del narcotráfico no habría ocurrido.

- En el plano de las políticas públicas de se-guridad, ¿qué es lo que se podría sacar a limpio mirando este periodo?

Hay que tener presente que hemos tenido es-trategias políticas distintas. La política du-rante el gobierno de Uribe, por ejemplo, com-binó la negociación con los paramilitares y la desmovilización parcial de algunos de ellos, con una confrontación muy fuerte con la gue-rrilla y el incremento de la fuerza pública para tener presencia en todo el territorio. Esto se tradujo en que efectivamente disminuyó la tasa de homicidios, disminuyeron los secues-tros; pero a la vez las ejecuciones extrajudi-ciales y otras violaciones como masacres, el desplazamiento forzado y el despojo no dismi-nuyeron. Diría que apostar al fortalecimien-to de la fuerza pública como única estrategia resulta limitado. Lo que muestra el caso bo-gotano, justamente, es la combinación de es-trategias y eso es lo que no se ha intentado a nivel nacional. Y en este punto, un tema que nunca se ha trabajado, creo que ni siquiera en el resto de América Latina, que nosotros estamos empezando a investigar es la relación entre seguridad, exclusión y discriminación.

Yo creo que un tema clave en materia de se-guridad es construir políticas de seguridad que partan del carácter profundamente desigual de la sociedad latinoamericana y que es muy razonable que esa desigualdad muy profunda tenga que ver con la delincuencia y la insegu-ridad porque no es casual que la región más

violenta del mundo, en términos de violencia no asociada a conflictos armados, sea Amé-rica Latina y que sea la región más desigual del mundo, eso no puede ser casual. Y eso implica mirar cuáles son los factores de des-igualdad que alimentan la violencia y la inse-guridad y tratar de removerlos, pero que a su vez las políticas de seguridad no sean discri-minatorias como ocurre muchas veces, pues la fuerza pública a veces es profundamente dis-criminatoria en tanto tiene la percepción de que ciertas poblaciones que viven en situacio-nes de marginalidad son las peligrosas y contra ellas dirigen esencialmente su intervención y usualmente no es así o no siempre es así.

¿Y el Plan Colombia cómo ha repercutido en todo esto?

Ya no hay Plan Colombia formalmente porque se terminó como hace 3 o 4 años, pero sigue ha-biendo un cierto Plan Colombia que es el apoyo financiero muy importante de Estados Unidos aunque bajó en el último año. Entonces, ¿qué puedeunodecir?Loquesehaconstatadoesque son sumas muy importantes que estuvieron concentradas esencialmente en la fuerza públi-ca, no en inversión social. Yo no soy para nada amigo de la intervención de EE.UU. en Colom-bia, ojalá no existiera, pero uno tiene que ha-cer el balance más imparcial posible y en tal sentido señalaría que la capacidad de EE.UU. de influir en la fuerza pública en este perio-do no ha tenido un efecto tan desafortunado como ha tenido la intervención de ese país en otros periodos de América Latina. Acá tenía-mos sectores importantes de la fuerza pública muy cercanos al paramilitarismo y a los narco-traficantes, que es lo que permitió la presencia del Plan Colombia, y un cierto monitoreo de los norteamericanos con cosas como quitarles visas a ciertos generales hizo que algunos sec-tores del ejército menos vinculados al parami-litarismo adquirieran mayores posibilidades de acción en el ejército y en la fuerza pública y ese es un efecto positivo.

Tiene también efectos muy negativos. El énfa-sis que tuvo inicialmente en centrarse en la idea de que el conflicto armado está muy asociado

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19al narcotráfico y por consiguiente había que convertir el Plan Colombia en un plan de fumi-gación y erradicación masiva de cultivos ilícitos tuvo efectos muy negativos tanto ambientales como de alienación de las poblaciones donde ocurrieron todas las fumigaciones que sentían al Estado colombiano como agresor, y son po-blaciones que han apoyado a la guerrilla o a

paramilitares. Esa idea de concentrar el Plan Colombia como un plan antinarcotráfico, que es como lo justificaron, ha generado un sesgo muy malo. Yo creo que si fuera un Plan de for-talecimiento democrático de Colombia, sería más admisible pero un plan contra insurgente puramente o un plan antinarcotráfico genera sesgos muy complicados.

Perú: políticas de mercado y narcotráfico

ALAI

Desde que saltó a la palestra pública la his-toria de Carlos Landberg1 en septiembre de 1980, Perú ha sido escenario de una serie de escándalos que dan cuenta de las diversas for-mas de colusión entre estamentos guberna-mentales y el narcotráfico, sobre lo cual se ha hablado y escrito mucho. Pero hay otra reali-dad más de fondo de la que casi nada se dice: que la ampliación y consolidación de este últi-mo en mucho tiene que ver con el hecho que ha sabido capitalizar las “ventajas comparati-vas” de las políticas económicas de mercado implementadas en el país.

Para descorrer este velo, el Centro de Inves-tigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) realizó un estudio que fue presentado bajo el título de “El éxito del modelo económico pe-ruano. A cambio, el favorecimiento del nar-cotráfico” (agosto 2010), cuyas constatacio-nes recogemos sintéticamente a continuación.

Reducción del Estado. Los procesos de priva-tización no solo que conllevaron a la desapa-rición de la actividad empresarial del Estado, sino que también a la reducción progresiva de sus capacidades de control administrativo y criminal, para prevenir o impedir las acti-

vidades de producción y tráfico de cocaína y precursores. En este punto destaca el caso de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y el desmantelamiento de la industria naviera y en la concesión de los principales puertos, pues tiene un impacto negativo en las posibi-lidades de control de esos sitios estratégicos para el embarque de mercancías. Lo mismo puede decirse de los organismos encargados de fiscalizar el desvío de insumos y precurso-res químicos o el lavado de dinero.

Asimismo, adquiere particular interés consi-derar el negociado que tuvo lugar con los ae-ropuertos, como el internacional Jorge Chávez de Lima a la empresa Lima Airport Partners, pues este paso ha significado perder control especialmente para evitar el tráfico de drogas ilícitas, siendo que se trata de un punto clave para el trasiego de drogas.

1) Landberg fue detenido con Pedro Idiáquez, sec-retario de Haya de la Torre, líder histórico del APRA. En 1984, fue sentenciado a 14 años de prisión, pero logró salir antes con ayuda del hijo del General Morales Bermúdez (presidente de facto desde 1975 hasta 1980), Remigio, aprista, posterior Ministro de Agricultura de Alan García.

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Aperturas de Mercados y Concesión de Tie-rras agrícolas. Una de las características del modelo ha sido la liberación del mercado de tierras, particularmente la concesión de espa-cios protegidos, áreas naturales, terrenos co-munales y en general las tierras amazónicas. Esto incluye la conversión de la agricultura de las zonas de Selva Alta donde se puede pro-ducir cultivos ilícitos, en zonas de producción intensiva, monocultivos, y procesos agroindus-triales.

Una de las secuelas es que la creciente con-centración de la tierra y sus impactos en el consiguiente desplazamiento poblacional, es-pecialmente en la Selva Alta, han ido de la mano con el creciente aumento de las áreas sometidas a los cultivos denominados ilícitos. La pérdida de población rural es una constante en el Perú, pues a no ser que se conviertan en asalariados en las regiones donde se produce la concentración, lo que se verifica son proce-sos de migración interna hacia Lima, Trujillo, Arequipa, Huancayo o la incorporación a esce-narios de economía ilícita o informal.

Pese a que la macro economía ha venido regis-trando resultados sorprendentes, las políticas implementadas no han afrontado con la debi-da fuerza los problemas sociales y económicos de la población peruana, los grados de des-igualdad, marginación y pobreza que existen. Así, las actividades ilícitas se constituyen en una forma de supervivencia, en distintos pla-nos.

La proyección y el impacto de la actividad minera. En los últimos años, gran parte del crecimiento económico está sustentado en el auge del mercado de los productos mine-ros tradicionales, principalmente cobre, oro y otros.

Actualmente, ocupa el 67,6% de las exporta-ciones del Perú (2008). El sector minero de-manda fuertes cantidades de energía, princi-palmente electricidad, gas y petróleo, como demuestra la aparición de hasta 11 nuevos proyectos mineros en el país y la concesión del 71% del territorio amazónico, frente al 15% en

el 2004. Otra cuestión semejante ocurre con los procesos de concesión, como los que re-presentó Camisea (Lotes 88 y 56)

Como resultado, los procesos de refinación/fundición de mineral producen una oferta lo-cal de productos químicos derivados (los de-nominados precursores) entre ellos el ácido sulfúrico/ clorhídrico y otros que también se usan en la actividad ilícita de procesamien-to que ocurre en el interior y en la vertiente oriental de los Andes. Entre ambos circuitos comerciales, se desarrollan un conjunto de contrabandos y tráficos, especialmente por las diversas “trochas” y caminos secundarios que se encuentran por fuera de los circuitos carreteros.

Por lo tanto, lo que ocurre entre las zonas al-tas de la sierra, donde se encuentra asentado el sector minero (grande, mediano y peque-ño), y las cabeceras de las cuencas y micro cuencas de la Selva Alta, donde se asienta la industria ilegal del narcotráfico, es que se produce una simbiosis (complementariedad) económica, entre lo legal y lo ilegal.

La suscripción de diversos TLCs y otras for-mas asociativas ha repercutido en el incre-mento sostenido de las exportaciones perua-nas a los diversos países con los que tiene suscritos convenios comerciales, hasta llegar a más de US$ 30,000 millones anuales en 2009, aunque mayoritariamente compuesta de mi-nerales y harina de pescado.

Esto tiene un impacto directo en aumentar las posibilidades de las organizaciones internacio-nales de traficantes de usar los instrumentos comerciales tradicionales, en el envío de car-gamentos de droga a los países con los que se ha suscrito dichos acuerdos comerciales. Las propias autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) reconocen que el 80% de la droga que sale del país, lo hace por vía y medios marítimos.

Por otro lado, se produce la apertura de mer-cados internos para productos extranjeros con fuertes impactos en mercados concretos. La

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situación se agrava en el campo, especialmen-te en la Sierra y Selva de donde proviene gran parte de los cocaleros. Más grave aún son los impactos sobre regiones productoras de coca como el VRAE o el Huallaga. ¿Por qué es más ventajoso para los productores denominados cocaleros, dedicarse parcialmente a los culti-vosconfinesilícitos?Porquealainversadeloque ocurre con los programas públicos o pri-vados, el narcotráfico le entrega al campesino cocalero adelantos económicos para financiar la siembra, tecnología para un mayor rendi-miento, asesoría y abastecimiento de produc-tos para cuidar los cultivos, mejores precios en chacra, agroindustria en la misma zona y entrega de insumos.

Asimismo, se puede apreciar como el creci-miento del sector de agroindustria en la Sel-va Alta, o del sector hidro biológico asentado en la costa, permite que puertos como Paita, Chimbote sean fuertemente utilizados por los traficantes, a través de la creación de empre-sas exportadoras ficticias.

La Distribución del PEA. De acuerdo a ci-fras oficiales para 2010, la población econó-micamente activa (PEA) es de 13’668.888 de peruanos(as) de los que aproximadamente el 31.2% es informal urbano y el 20,6% corres-ponde a empleado privado. Esta composi-ción tiene consecuencias catastróficas por la influencia de muchas actividades conexas al narcotráfico, especialmente sobre los secto-res sociales con menos recursos: sobre todo en el tráfico de combustible, de precursores químicos, de servicios de transporte y almace-namiento de drogas.

Y esto no solo hace referencia a los campe-sinos cocaleros a quienes dedica atención política el gobierno cuando se trata de erra-dicación, sino a los numerosos candidatos de “burriers”, mulas, “mochileros”, paqueteros, taxis/choferes, etc. que están disponibles en los barrios de las capitales de provincia, listos para ser captados por las organizaciones que siguen traficando PBC/HCL (pasta básica de cocaína) dentro y hacia fuera del país.

Todo lo anteriormente dicho se encuentra aso-ciado a las nuevas manifestaciones de la crimi-nalidad relacionada a las drogas. Actualmente el narcotráfico reviste nuevas manifestacio-nes y presencias rurales para las 51,600 hás., 116,000 toneladas de coca y las 302 toneladas de cocaína potencialmente producidas en el país. Se estima que existen aproximadamente 23,000 pozas de maceración y laboratorios de refinación, y 400 puntos de venta en Lima.

A esto se añade el hecho de que si bien Perú cuenta con un frondoso tejido normativo y ad-ministrativo para la prevención y sanción de las actividades de lavado de activos, la ca-pacidad de control y supervisión se muestra escasa. Al tiempo que florecen tanto la in-dustria de los casinos, bingos, tragamonedas y otros juegos de azar, en Lima y en otras ciuda-des del interior, como también la construcción inmobiliaria.

Lo cierto es que la criminalidad asociada al delito del tráfico de drogas en el Perú, ha ad-quirido dinámicas y desarrollos muy peculia-res. El mapa de las organizaciones traficantes es bastante amplio y complejo. Están las que tienen acceso a mercados internacionales; las que prestan servicios locales, desde seguri-dad, transporte, suministro de algún producto necesario; luego están las estructuras más ba-rriales de distribución de la droga que tienen una diversidad y cantidad, sin contar las mo-dalidades de delivery que también son nume-rosas. Las articulaciones con las estructuras de pandillas, barras bravas de diversos lados del país.

A partir del año 2000 y con la recuperación del narcotráfico procedente del Perú en el contexto regional andino, se recomponen las estructuras y modalidades de organización cri-minal –con participación peruana-, bajo for-matos muy similares a los que dicta el libera-lismo económico.

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A lo largo de 33 años, desde la promulgación de la “Ley de Régimen de Coca y Sustancias Con-troladas. N°1008”, el sentido de las políticas bolivianas de control e interdicción al narco-tráfico no se han modificado en modo alguno, al menos no más allá de cambios en discursos y aliados de su implementación. En este sen-tido, aún a pesar de los efectos colaterales y de que no se logra alcanzar los impactos espe-rados con los procesos de control e interdic-ción, y, no obstante, la vigencia e importancia que gana el narcotráfico en la agenda política y social boliviana, el debate en torno al sen-tido que adoptan los procesos de interdicción son aún inexistentes. Los gobiernos, a través de sus ministerios y viceministerios del área, uno tras otro, han asumido los ejes de acción del mismo modo desde la promulgación de la referida ley, sin alterar sentidos ni priorida-des, y sin importar los sustratos ideológicos de cada uno.

En el escenario actual, considerando la seguri-dad ciudadana y del Estado como prioridades que debían orientar estas políticas, se pueden identificar, de manera específica tres temas que han adquirido un carácter de mayor ur-gencia en torno a las políticas sobre drogas en Bolivia. El primero de estos temas es la situación del régimen penitenciario y la ad-ministración de justicia que se deriva de los efectos de la interdicción a las drogas; el se-gundo tema es la recientemente oficializada presencia de organizaciones transnacionales de narcotráfico en el territorio boliviano; y, por último, el tercer tema es el de la proli-

Tres hipótesis para pensar una reforma de las políticas de interdicción en Bolivia

Diego Giacoman Aramayo

feración del narcotráfico en áreas rurales de distintas regiones del país.

Es en torno a los tres elementos referidos que el presente artículo se desarrolla y sostiene planteamientos hipotéticos como puntos de partida para un debate necesario y urgente sobre reorientación de políticas y reformas le-gales en materia de drogas.

Primera hipótesis

En Bolivia, es importante considerar que los eslabones de producción directamente rela-cionadas con el narcotráfico son tres. En este sentido, se reconoce que existen tres eslabo-nes integrantes de la cadena de producción y tráfico de cocaína que deben ser analizados de manera integrada pero también diferencia-dos para lograr mejores resultados con el con-trol e interdicción. Estos eslabones son:

1) Cultivo de hoja de coca destinada a merca-dos ilegales. Hoja de coca que transgrede los procedimientos y normas de control para de-rivar en procesos de producción de pasta base de cocaína. Es importante mencionar que este eslabón es efectivamente diferenciado de los otros dos posteriores en las acciones de con-trol e interdicción. De hecho, se han estable-cido mecanismos de control social en los que intervienen también los actores sociales.

2) Producción de pasta base. Estos procesos son articulados por redes de tipo familiar o co-munidades campesinas en los que participan

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obreros contratados fortuita o forzosamente bajo el nombre de pisa cocas o moledores a cambio de pagos que oscilan alrededor de los 1.000 Dólares Americanos mensuales o su equivalente por días o semanas.1

3) Clorhidrato de cocaína. Se trata de un pro-ceso posterior al de producción de pasta base, supone mayores inversiones de capital y nive-les más elevados de sofisticación tecnológica. Es en torno a esta última etapa de la cadena que se generan los mayores niveles de utilidad y que se establecen las organizaciones crimi-nales y se generan los más elevados índices de violencia.

Al realizar un análisis breve de los rasgos que se presentan en cada uno de estos eslabones se puede inferir un segundo planteamiento hi-potético: los mayores niveles de violencia son coincidentes con los escenarios en los que las utilidades son también mayores y en los que los niveles de organización criminal son más amplios y complejos. Esto significa, entonces, que es en torno a la producción y tráfico de clorhidrato que las organizaciones criminales transnacionales generan los mayores niveles de violencia, mientras que el desvío de hoja de coca hacia la producción de pasta base y el mismo proceso de producción de pasta base, aunque involucra mayor cantidad de personas -la mayor parte de escasos recursos económi-cos-, presenta menores índices de utilidades y menores índices de violencia.

Este es uno de los puntos sobre los que el pro-ceso de reforma podría concentrar su análisis; estableciendo dinámicas diferenciadas de in-terdicción, en correspondencia con los niveles de violencia y su directa correlación con los niveles de ganancia y poder que brinda cada eslabón de la cadena.

1 Según entrevistas realizadas en las Cárceles de San Pedro de La Paz y San Sebastián de Cochabamba, el promedio que gana diariamente un operador de fábricas de procesamiento de pasta base no excede los 50 dólares diarios.

Segunda hipótesis

En los últimos diez años, las señales de expan-sión del narcotráfico en áreas rurales alejadas de las zonas de producción de hoja de coca se han manifestado de manera contundente, tanto en las regiones andinas como amazóni-cas de Bolivia. Ya es usual que la Fuerza Espe-cial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) descubra fábricas de pasta base de cocaína que señalan el involucramiento de comuni-dades campesinas o indígenas; y también es común que pobladores rurales frenen la pre-sencia de efectivos de la policía al interior de sus territorios. Además, con la consideración de estos elementos, se deben mencionar los linchamientos de policías que se llevaron a cabo en distintas áreas rurales y en las que se mostraron señales de involucramiento con la producción y tráfico de pasta base de cocaína. En conjunto, señales que sustentan el segun-do planteamiento hipotético: la expansión del narcotráfico se va consumando en territorios rurales expulsores de migrantes estacionales que se dirigen hacia áreas productoras de hoja de coca fusionándose con la cultura, la econo-mía y la vida de los pobladores y adquiriendo progresivamente los rasgos de una práctica de carácter social.

Este involucramiento de comunidades campe-sinas con el narcotráfico parece distorsionar los sentidos y prácticas colectivas propias de tradiciones y culturas, generándose, a partir de esto, una distorsión en el ejercicio de los derechos sociales, económicos y ciudadanos de las poblaciones rurales. Con estas distor-siones que genera el narcotráfico en las co-munidades campesinas e indígenas también se provoca la pérdida de legitimidad del Estado en materia de políticas sobre drogas frente a estos sectores poblacionales, derivando esta situación en el debilitamiento de la goberna-bilidad, el clima de paz y la legalidad. Al fin, una problemática que gradualmente se hace más evidente ante el conjunto de la sociedad y cuya gravedad se acrecienta en términos de ingobernabilidad, violencia, crimen y violacio-nes de derechos.

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Frente a la tendencia referida, algunos legis-ladores del gobierno nacional boliviano han anunciado el endurecimiento de la legislación sobre drogas, el reforzamiento de las diná-micas de interdicción y la militarización del conflicto. En este sentido, se reconoce que las políticas gubernamentales no han logrado una adecuación integral a la realidad ni se vis-lumbra una salida a la problemática descrita. Por el contrario, el accionar gubernamental podría acelerar las tendencias de incremen-to de la violencia vinculada al narcotráfico en las áreas rurales. Esto tomando en cuenta el ejemplo vigente que se tiene en México, don-de la escalada de violencia sigue de manera proporcional los crecientes esfuerzos en polí-ticas de represión e interdicción.

Para un abordaje más adecuado de la situación descrita es necesario el emprendimiento de procesos de generación de información y re-flexión que permitan identificar nuevas líneas de acción. Esto significa llevar adelante análi-sis que incorporen variables de tipo económi-co, social, cultural y político; trascendiendo los debates penalistas o legales para frenar la proliferación d el tráfico de drogas en áreas rurales. Supondrá también desarrollar instru-mentos de gobernabilidad para reducir los riesgos de que se reduzcan las capacidades de gestión gubernamental en determinados terri-torios. Al fin, se trata de fortalecer la relación de las instituciones públicas con la sociedad civil y de establecer un escenario de buen go-bierno.

Tercera hipótesis

El hacinamiento carcelario y la retardación de justicia son dos expresiones de la falta de atención que brinda el Gobierno Nacional a la más inmediata consecuencia de todo proceso de interdicción: el incremento desproporcio-nado de los procesos penales y de la población carcelaria respecto de las capacidades esta-tales.

Es, entonces, a partir de la consecuencia refe-rida que se plantea la tercera hipótesis: tanto la retardación de justicia como el inadecuado régimen penitenciario vigente tiene un efecto contraproducente al pretendido propósito de las políticas de interdicción. El análisis sobre el que se sustenta este planteamiento observa que la retardación de justica implica que un alto porcentaje de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social se ve afectado económicamente por la privación de libertad.

Adicionalmente, se observa que tanto familia-res cercanos como los mismos privados de li-bertad tienden a incrementar sus vínculos con personas involucradas con el tráfico de drogas a raíz de la privación de libertad. Primero, los mismos privados de libertad en cuanto que es-tablecen dinámicas de convivencia al interior de los recintos penitenciarios con verdaderos integrantes de redes y organizaciones crimina-les. Segundo, los niños o jóvenes que quedan en situación de calle al haber sido detenidos sus padres o tutores suelen tender a vincular-se con pandillas o actividades ilícitas.

Finalmente, a manera de conclusión general, se observa que a partir de las hipótesis desta-cadas, también se plantea la urgencia de abrir un debate serio y documentado sobre las polí-ticas de interdicción, analizándose si, efectiva-mente, su radicalización permitirá alcanzar el objetivo deseado de eliminación del narcotráfi-co o si, por el contrario, será necesario buscar, entre otras, políticas más eficaces y humanas que aseguren la proporcionalidad en las penas, las garantías al debido proceso, la protección de los derechos humanos y la reestructuración del actual régimen penitenciario.

Diego Giacoman Aramayo es Economista boliviano especializado en la problemática de

coca – cocaína.

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Rodeado de los más grandes productores de droga, Ecuador ya no solo es un lugar de bo-degaje y tránsito sino de procesamiento, a lo que se unen las nuevas formas de violencia y delito, conexas al narcotráfico, como son el sicariato, la usura, el tráfico de precursores químicos y armas. El investigador y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Fernando Carrión, con una larga trayectoria en la producción teórica sobre los temas de la violencia y la seguridad, responde a nuestras preguntas sobre lo que está pasando en el país en esta materia.

- Usted sostiene la hipótesis de que el Ecua-dor sería un “país frontera”, ¿en qué se basa?, ¿podría dar una explicación?

Hay que hacer una diferencia entre lo que es frontera y lo que es límite. El límite es un señalamiento, incluso con mojones, de hasta donde llega un Estado y desde donde empieza el otro. La frontera es más una construcción social, es un espacio mucho más amplio, inclu-so indefinido territorialmente. Entonces eso hace, como ejemplo, que Ecuador sea un país fronterizo con Brasil, pero que no sea un país limítrofe, porque no colindamos con Brasil; pero en las zonas del Perú y del Ecuador, ama-zónicas las dos, no hay una presencia del Esta-do relativamente fuerte y esto hace que fluya principalmente el comercio de narcóticos del Ecuador hacia el Brasil y que se establezca una relación de carácter fronterizo, a pesar, como digo, de que no sean países limítrofes.

- El Ecuador, al estar ubicado entre los paí-ses productores de cocaína del mundo, como son Perú y Colombia, ¿qué rol está jugando en el tráfico de drogas?

Entrevista con Fernando Carrión

Ecuador: En el circuito de los carteles

Eduardo Tamayo G.

El Ecuador había sido hasta hace cuatro o cinco años un país de bodegaje de narcóticos, por un lado, y por otro lado, un país de tránsito, pero la presencia, en el norte, de Colombia, y la apli-cación del famoso Plan Colombia, hicieron que empiecen a desbordarse algunas actividades del narcotráfico, y entonces se pasó al Ecuador bá-sicamente el tema del procesamiento, porque incluso por razones económicas tiene más lógi-ca, porque por aquí entraban –y siguen entran-do- precursores químicos que llegan a Colombia y después regresaba acá el narcótico. En este caso económicamente es mucho mejor que lle-gue la materia prima con los precursores aquí y se produzca el procesamiento, económicamente es mucho más rentable. Frente al Perú, que este rato se ha convertido en el principal productor de coca del mundo, la salida de los productos de la coca por su zona norte es mucho más compli-cada porque no tienen la misma infraestructura portuaria que nosotros tenemos: Puerto Bolívar, Guayaquil, Manta y Esmeraldas.

De esta manera, se ancla la hipótesis que ten-go yo que el Ecuador es un país frontera: está vinculado hacia el Pacífico, gracias al cartel de Sinaloa, con los Estados Unidos y con el Asia; hacia el este, básicamente con Brasil, también con exportación de coca; y hacia el norte y ha-cia el sur con Colombia y con Perú, que serían los que estarían configurando este espacio tipo plataforma de integración de este gran sector de la economía mundial que mueve alrededor de 600.000 millones de dólares al año.

- ¿Cómo está influyendo el narcotráfico en la economía ecuatoriana?

Es una de las grandes preguntas. Hay que ha-cer un estudio más en profundidad, pero si

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vemos algunos indicadores como el caso del lavado, el Grupo de Acción Financiera Inter-nacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) ya nos señaló que el lavado en el Ecuador es de alrededor de 1100 millones de dólares, si nosotros comparamos con el presupuesto del Municipio de Quito que son ochocientos millo-nes de dólares, ahí podemos tener en cuenta el peso que eso tiene. A eso se suman la usu-ra, que es una forma de lavado también, que maneja alrededor de 450 millones de dólares; el contrabando, que maneja más o menos 500 millones de dólares, y los delitos informáticos, que según un investigador ruso que estuvo hace poco tiempo por acá, están generando más recursos que el propio lavado de activos. Entonces, esto nos muestra que hay una eco-nomía ilegal que está en franco crecimiento y que probablemente ya está permeando la economía legal, y que puede, de algún modo, empezar a tener un peso significativo en el PIB del país y en la propia economía nacional.

- ¿De qué manera el narcotráfico está in-fluyendo en la violencia que se vive en el Ecuador?

Este es otro elemento interesante, porque, por ejemplo, en el caso del Perú, el cartel de Sinaloa, según información, maneja casi el 70 por ciento de lo que se produce y se exporta, esto significa que prácticamente es un mono-polio, por eso es que los niveles de violencia en el Perú no son tan altos como los que hay acá, porque aquí lo que tenemos es la presen-cia del cartel de Sinaloa no de manera explí-cita y clara sino a través de un conjunto de organizaciones delictivas más bien pequeñas que están produciendo lo que yo llamo los de-litos conexos al narcotráfico, que son el pro-pio lavado, el tráfico de armas, el tráfico de precursores químicos, un cambio en los balan-ces de los homicidios y un conjunto de delitos que operan bajo sistema.

- A propósito de homicidios tenemos que han subido las tasas de homicidios en los últi-mos años ¿Qué factores están contribuyen-do para la explosión de este fenómeno?

Bueno, ahí me da la impresión que un por-centaje relativamente alto está conectado con el narcotráfico, por ejemplo en el caso del sicariato. En algunos estudios que hemos hecho, entre el 17 y 20 por ciento de los ho-micidios provienen del sicariato. En Colombia obviamente es mucho más alto, llega al 47 por ciento, es la forma delictiva más generalizada en términos de homicidios que existe en Co-lombia. En el caso nuestro, todavía no es la más alta, pero tiene un crecimiento bastante acelerado, entonces el sicariato es una de las expresiones más acabadas de esta relación.

- El hecho de que la mayoría de homicidios no se castiguen y que en el Ecuador haya altas tasas de impunidad, ¿cómo esta influ-yendo para que este fenómeno sea persis-tente y no se lo pueda controlar?

Yo creo que aquí hay varias cosas. Una es que el sistema penal no está funcionando, me refiero a la policía, a la justicia, a la cárcel. La cárcel no rehabilita, la justicia no castiga con la proporcionalidad que corresponde con el delito y la policía es una institución bas-tante deslegitimada, entonces esto hace que se incremente la impunidad que es bastante preocupante, pero, por otro lado, que empie-ce a aparecer una justicia paralela. El caso del sicariato es evidente, ahí hay una justicia que establece las tasas que deben cobrarse, si no se cobran aparece el sicariato o aparece la coacción para que se pague eso, o se esta-blecen ciertas articulaciones con los deudores para que desarrollen cierto tipo de activida-des. También está la justicia por la propia mano que va creciendo, en algunos barrios de Quito y del país ya se ven avisos como “ladrón cogido, ladrón incendiado o quemado”. El ni-vel de armamentismo es muy alto, se estima entre 250 y 300.000 armas que estarían en manos de la población civil, y eso es producto de la elevación de penas que existe acá, que se conoce en América Latina con el nombre de “populismo penal”. Se supone que el incre-mento de penas actúa de forma disuasiva y de lo que se ha visto en aquellos países donde se ha aplicado esto, es que opera de manera con-traria, no es que produce disuasión sino, por

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el contrario, produce impunidad y justicia por la propia mano que a la larga terminan siendo factores de mayor generación de violencia.

- ¿Cómo está enfrentado el gobierno de Ra-fael Correa el crimen transnacional y en general el problema de la violencia?

El gobierno de Correa ha hecho algunas cosas interesantes. Primero, está construyendo un marco jurídico, desde la Constitución hay ele-mentos interesantes, por ejemplo que la policía ya puede dedicarse no solo a seguridad pública sino también a la seguridad ciudadana, que hay la posibilidad de una relación entre ciertos al-caldes y la policía, que haya la posibilidad tam-bién de tener un derecho plural porque aparece ya la justicia indígena reconocida y realizada, y entonces en ese ámbito se puede establecer jus-ticia bajo el derecho consuetudinario. Por otro lado, también está la ley de seguridad pública que ha sido aprobada y está en elaboración, prácticamente listo, un nuevo Código Penal.

Una segunda cosa importante es que ha habido cambios en el marco institucional. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Gobierno, el Ecuador era el único país en América Latina que seguía con esa nomenclatura de Ministerio de Gobier-no; se establece la creación del Ministerio del Interior para que se dedique principalmente a la seguridad ciudadana. Yo creo que ese es un cambio importante, lo mismo respecto de la gran autonomía que ha tenido la policía históri-camente, ahora se le quita la personería jurídi-ca, que tampoco la han tenido las Fuerzas Arma-das. Y eso hace que las políticas de seguridad deban salir del Ministerio de Interior, a las cuales debería suscribirse, adherirse, y no como hasta ahora ha sido, que más bien es la Policía la que formula las políticas de seguridad ciudadana.

Un tercer cambio en términos institucionales es la creación del Ministerio de Justicia que le da la posibilidad del manejo de las cárce-les, manejo de derechos humanos, etc. de una manera un poco más estructurada. Y final-mente, la asignación de recursos: a la Policía se le ha entregado una partida de 330 millones de dólares, que hasta ahora se ha gastado al-rededor de 190 millones de dólares.

Entonces creo yo que sí ha habido esas inicia-tivas, ahora, aparte de eso, obviamente hay problemas porque hasta ahora no logra prefi-gurarse una política de Estado en términos de seguridad ciudadana.

- Usted como estudioso de la violencia, ¿qué líneas gruesas recomendaría para enfren-tar este problema tan complejo?

Hay que tener una política nacional y una políti-ca de Estado, hay que definir también vínculos con los municipios para que se puedan estable-cer políticas mucho más próximas a la realidad y que no sean políticas tan distantes. Creo que hay que perseguir los delitos que se denuncian y no los delitos que vienen de alguna manera con la cooperación internacional, en ese sen-tido hay una inadecuación muy clara entre los delitos que denuncia la población que básica-mente son robos y hurtos y los delitos que se persiguen, que principalmente es el caso del narcotráfico. Hay que establecer acuerdos in-ternacionales muy fuertes para combatir la vio-lencia internacional, se requiere el desarrollo de inteligencia policial y con una fuerza muy grande, yo creo que ese es uno de los proble-mas más graves, porque hoy día la violencia se caracteriza principalmente por tres cosas: es fundamentalmente económica, fundamental-mente organizativa y fundamentalmente inter-nacional. Entonces si es económica hay que enfrentarla en términos económicos, hay que hacer política económica; si es organizativa se requiere inteligencia policial, si no se entiende cómo están funcionando estas organizaciones, difícilmente se puede tener una política; y lue-go, como es internacional, hay que tener una política internacional, una política exterior en el campo de la seguridad ciudadana.

- ¿Qué opina usted de la participación de los militares en el control de la seguridad pú-blica?

Yo no estoy muy a favor de esa tesis. En el caso de Ecuador, en muy poco tiempo, la misión de las Fuerzas Armadas ha cambiado, pasamos de la frontera sur con Perú, en la que se tenía una logística, una misión, una capacitación, etc.

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para un conflicto típico entre estados, por los territorios, a la frontera norte donde hay otra realidad que es básicamente el desborde del conflicto interno de Colombia, del tema del narcotráfico y de la delincuencia común. Por eso es que el Ecuador ha hecho una inversión cuantiosa para tener un armamento, una logís-tica, una infraestructura acorde con esa condi-ción, y ahora les estamos llevando (a los milita-res) a las ciudades para que allí puedan cumplir sus misiones. Por ejemplo, en la ciudad no fun-cionan los tanques, los fusiles, los radares, la aviación, y entonces eso va a obligar a que la infraestructura tenga que renovarse en función de esta nueva misión. Pero por otro lado tam-bién, las Fuerzas Armadas tienen una capaci-tación muy distinta, porque las Fuerzas Arma-das no tienen una propuesta disuasiva, esta es básicamente de la Policía. También eso hace que los cambios sean muy importantes, porque a la larga eso puede traer problemas de crisis institucionales tanto en la Policía como en las Fuerzas Armadas, porque lo que está ocurrien-do es que a la Policía se la va militarizando y a las Fuerzas Armadas se las va policializando, y entonces, a la larga, puede generar problemas institucionales bastante complicados.

- Y finalmente, ¿qué opina usted de esta te-sis de la legalización de la droga?

A mi me parece que hay que empezar a tomar decisiones drásticas porque en el simple hecho de confrontar con la guerra abierta en los lu-gares de producción, los resultados están a la vista. El Plan Colombia, en el que se han in-vertido más de ocho mil millones de dólares en 10 años, lo que produjo es una contracción de ciertas áreas de producción de cocaína, pero frente a eso hubo un incremento de la produc-tividad, y no solo eso, sino que se produjo una gran articulación de las zonas de producción con las zonas de comercialización, en otras palabras entre Colombia y México, lo que está produciendo estos grandes monstruos como el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, que son realmente muy poderosos.

Ahora, el golpe también en Colombia significó el fin de los carteles territoriales, y este es el caso

de los carteles de Medellín y de Cali, pero tam-bién el aparecimiento de un conjunto de bandas criminales, que las llaman las bancrin en Colom-bia, que están cometiendo, de manera aislada, una cantidad de hechos delictivos realmente fuertes y que les está produciendo un gran viraje en la política de seguridad. Este mismo hecho hizo que se produzca el desplazamiento hacia el Ecuador, no solo que se articule con México sino también hacia el Ecuador, y esa confrontación también se está llevando a cabo en México, con la misma lógica que la de Colombia, lo cual ha desplazado hacia Centroamérica la conflictivi-dad. Este rato por Centroamérica pasa el 84 % de los narcóticos que van hacia Europa y los Es-tados Unidos. Después del viaje del presidente Obama a El Salvador se le va a entregar 200 mi-llones de dólares mientras a México le entrega 500 millones de dólares, un país que tiene más de 100 millones de habitantes. A Guatemala y a Honduras también les están entregando muchos recursos, en otras palabras, la misma política que se aplicó en Colombia, con el efecto que produjo, se aplicó posteriormente en México y ahora en Centroamérica.

Si esto se sigue aplicando tal como está, esa gran oleada vendrá a las zonas de producción como es el área andina y aquí básicamente van a ser Bolivia, Perú y Colombia, y el Ecuador va a tener que jugar un rol distinto, por eso enfren-tarla solo en el ámbito de la guerra es un error. Creo que es necesario entrar en el ámbito de lo legal, es decir en reformas legales profun-das y, por otro lado, que tampoco se ha hecho mucho, es enfrentarla en el campo económi-co, por ejemplo yo creo que ya es hora de que empecemos a levantar la tesis del fin de los paraísos fiscales que son los grandes laborato-rios del lavado de narcóticos, y todo el mundo lo sabe, un caso extremo es el Principado de Mónaco donde viven 36.000 habitantes y hay 480.000 cuentacorrentistas. Hay que enfren-tarle en el campo de la represión, sin duda, pero también hay que enfrentarle en el campo legal, y hay que entrar en el gran debate de la legalización al menos de ciertas fases, y sin duda en el campo económico, en el campo del mercado, yo creo que ahí el problema principal son los paraísos fiscales.

abril 2011

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La violencia urbana en Río de Janeiro se presen-ta de modo peculiar en relación a otros estados de Brasil. Lo que hace de Río diferente no es la tasa de homicidios o el perfil de los muertos, pues en todo el país se registra que la mayoría tiene la piel de color negro, de género mascu-lino y con ubicación en la base miserable de la pirámide socioeconómica de la desigualdad. Lo que marca los contornos específicos de la violen-cia en nuestra metrópoli es la cantidad absurda de armas que circulan de manera ostensible. Y esas armas, en la mayoría de los casos, salieron de fábricas y tiendas en la legalidad, antes de convertirse en aparato bélico del crimen orga-nizado, de la venta al menudeo del tráfico de drogas, de las milicias, de la contravención.

El carácter ostensivo del uso de las armas en poder del Estado varía de acuerdo a criterios geográficos. En las áreas donde el índice de desarrollo humano (IDH) es más alto son utili-zadas, por lo general, para prevenir la violen-cia, para producir sensación de seguridad. En las favelas, la práctica es otra: las armas se convierten en instrumento de control políti-co de la población e incluso de exterminio de los individuos clasificados como inservibles en una sociedad regida por la lógica del consumo.

El promedio de “autos de resistencia” en el Es-tado del Río de Janeiro, como son denominadas las muertes producidas por la policía en enfren-tamientos armados con criminales, es de cerca de mil por año. Toda vez, no es raro que ese procedimiento sirva sólo para encubrir ejecucio-nes sumarias cometidas por policías, con tiros a quema ropa, en la espalda, en la nuca; práctica comprobada en laudos periciales cuyas víctimas preferidas son jóvenes de 14 a 21 años.

El Estado ha demostrado que su política de seguridad pública obedece a dos pesos y dos medidas. En las favelas controladas por la ven-ta al menudeo del tráfico de drogas, la policía entra con el Caveirão, blindado de guerra del cual se disparan tiros al azar, que de manera

corriente producen víctimas incluso de niños y ancianos. En los territorios controlados por milicias, mafias organizadas dentro del Estado por agentes públicos para la explotación de ac-tividades criminales, los agentes del Estado son los criminales.

El gobierno estadual no ha cumplido de mane-ra integral su parte en el tratamiento contra las milicias — objeto de una CPI (Comisión Par-lamentaria de Investigación) en el Legislativo estadual en 2008 que produjo 58 propuestas de enfrentamiento de esas mafias — como tampoco en el campo de la seguridad pública. O por lo menos es lo que indica el hecho de que no haya Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) instaladas en áreas de tales milicias. Y las del Batan y de la Ciudad de Dios, dos entre las 14 UPPs ya existentes, surgen como excep-ciones para confirmar la regla que privilegia el corredor geográfico estratégico de seguridad creado en el marco de los preparativos de Río para la Copa y las Olimpíadas.

Milicias, tráfico de drogas y el delito represen-tan las vertientes más violentas del crimen orga-nizado en Río de Janeiro. Por detrás de todo eso y alimentando la violencia urbana, hay las leyes de mercado que son reproducidas con fidelidad en el negocio más lucrativo del mundo ilegal: la compra y venta de armas de fuego, municiones y explosivos. Y esa mercancía, por lo general, se convierte en objeto para la obtención de ga-nancias a través de su desvío de los arsenales oficiales, de las fuerzas armadas, de las policías. Y puede caer en manos de locos como de mafias sostenidas por la conexión entre crimen, poli-cía y política. La CPI de las Armas de la Asam-blea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) tiene el desafío de identificar la red de intereses que proporciona tanto vigor al tráfico de armas, de municiones y explosivos en Río de Janeiro.

Marcelo Freixo es profesor de Historia, diputado estadual (PSOL), presidente de la

CPI de las Armas de la Alerj.

El poder bélico del lucro en Río Marcelo Freixo