tesis la visiÓn holÍstica de la participaciÓn de las
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TESIS
LA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS
ARMADAS EN LA DEFENSA DE LOS
RECURSOS NATURALES EN LA RESERVA
NACIONAL TAMBOPATA
Tesis para optar al Grado Académico de
Doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica
AUTOR:
Maestro Claudio Enrique Ayala Galván
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Defensa
LIMA - PERÚ
2020
i i
Jurado evaluador
i i i
Agradecimiento
A Dios, por permitirme concluir mi doctorado, por darme salud y así poder lograr
mi objetivo.
A mi amada esposa y a mi adorada hija, por sus palabras de aliento e incentivarme
a seguir adelante durante todo el desarrollo del programa.
A mis padres por haber puesto todo su esfuerzo para lograr seguir la carrera que
elegí para contribuir con mi país.
iv
Dedicatoria
A mi familia, motivo de mi existencia y motivación para seguir creciendo, por
comprender el tiempo que no pude compartir con ellas para el logro de mis objetivos
de estudio y por el amor incondicional recibido durante todos mis estudios.
v
Declaración Jurada de Autoría
Mediante el presente documento, yo, Claudio Enrique Ayala Galván, identificado
con Documento Nacional de Identidad N° 07630153, con domicilio real en
Condominio Matellini, Edificio 1-A, Dpto. 301, Urb. Matellini, en el distrito de
Chorrillos, provincia de Lima, departamento de Lima, egresado de III Doctorado
en Desarrollo y Seguridad Estratégica del Centro de Altos Estudios Nacionales-
Escuela de Posgrado del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN-EPG),
declaro bajo juramento que:
Soy el autor de la investigación titulada “La visión holística de la
participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de los recursos naturales en la
reserva nacional Tambopata”, que presento el 01 de mayo del 2020 ante esta
Institución con fines de optar al grado académico de Doctor en Desarrollo y
Seguridad Estratégica.
Dicha investigación no ha sido presentada ni publicada anteriormente por
ningún otro investigador ni por el suscrito, para optar otro grado académico ni título
profesional alguno. Declaro que se ha citado debidamente toda idea, texto, figura,
fórmulas, tablas u otros que corresponden al suscrito o a otro en respeto irrestricto
a los derechos de autor. Declaro conocer y me someto al marco legal y normativo
vigente relacionado a dicha responsabilidad.
Declaro bajo juramento que los datos e información presentada pertenecen
a la realidad estudiada, que no han sido falseados, adulterados, duplicados ni
copiados. Que no he cometido fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso
contrario, eximo de toda responsabilidad a la Escuela de Posgrado del Centro de
Altos Estudios Nacionales y me declaro como el único responsable.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Claudio Enrique Ayala Galván
DNI N° 07630153
vi
Autorización de publicación
A través del presente documento autorizo al Centro de Altos Estudios Nacionales
la publicación del texto completo o parcial de la tesis de grado titulada “La visión
holística de la participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de los recursos
naturales en la reserva nacional Tambopata”, presentada para optar al grado de
Doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica, en el Repositorio Institucional y en
el Repositorio Nacional de Tesis (RENATI) de la SUNEDU, de conformidad al
marco legal y normativo vigente. La tesis se mantendrá permanente e
indefinidamente en el Repositorio para beneficio de la comunidad académica y de
la sociedad. En tal sentido, autorizo gratuitamente y en régimen de no exclusividad
los derechos estrictamente necesarios para hacer efectiva la publicación, de tal
forma que el acceso a la misma sea libre y gratuito, permitiendo su consulta e
impresión, pero no su modificación. La tesis puede ser distribuida, copiada y
exhibida con fines académicos siempre que se indique la autoría y no se podrán
realizar obras derivadas de la misma.
Fecha, 01 de mayo del 2020
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Claudio Enrique Ayala Galván
DNI N° 07630153
vii
Índice
Página
Jurado evaluador ii
Agradecimiento iii
Dedicatoria iv
Declaración Jurada de Autoría v
Autorización de publicación vi
Índice vii
Índice de tablas x
Índice de figuras x
Resumen xi
Abstract xii
Introducción 13
CAPÍTULO I
Planteamiento del problema
1.1 Descripción de la realidad problemática 15
1.2 Preguntas de investigación 17
1.2.1 General 17
1.2.2 Específicas 17
1.3 Objetivos de investigación 17
1.3.1 General 17
1.3.2 Específicos 17
1.4 Justificación y viabilidad 18
1.5 Delimitación de la investigación 19
1.6 Limitaciones de la investigación 19
CAPÍTULO II
Marco filosófico
2.1 Las FF.AA. y su responsabilidad asociada a la protección del medio ambiente
20
2.2 Epistemología en ciencias militares y la epistemología holística como un nuevo
camino 22
viii
CAPÍTULO III
Estado del conocimiento
3.1 Antecedentes de la investigación 25
3.1.1 Investigaciones internacionales 25
3.1.2 Investigaciones nacionales 28
3.2 Teorías 30
3.2.1 El medio ambiente como derecho humano y desarrollo sostenible 30
3.2.2 Teoría del pensamiento estratégico y visión holística 32
3.3 Marco conceptual 34
3.4 El derecho ambiental en el marco jurídico peruano 37
3.4.1 Política ambiental en el Perú 37
3.4.2 Principios del Derecho Ambiental en el Perú 47
3.4.3 El derecho ambiental en el marco jurídico peruano 54
3.5 Una breve conclusión referencial 115
CAPÍTULO IV
Metodología de la investigación
4.1 Enfoque de la investigación 119
4.2 Tipo de investigación 119
4.3 Método de investigación 119
4.4 Escenario de estudio 120
4.5 Objeto de estudio 120
4.6 Observables de estudio 120
4.6.1 Participación de las Fuerzas Armadas 120
4.6.2 Defensa de los recursos naturales en la Reserva Nacional Tambopata 121
4.7 Fuentes de información 121
4.8 Técnicas e instrumentos de acopio de información 122
4.8.1 Técnicas de acopio de información 122
4.8.2 Instrumentos de acopio de información 124
4.9 Acceso al campo y acopio de información 124
4.9.1 Acceso al campo 124
4.9.2 Acopio de información 124
4.10 Método de análisis de la información 125
ix
CAPÍTULO V
Análisis y síntesis conclusivas
CAPÍTULO VI
Diálogo teórico-empírico
6.1 Alegatos Finales 155
6.2 Propuesta 158
6.3 Propuesta metodológica ROAM 164
6.3.1 Fase 1: Preparación y planificación 166
6.3.2 Fase 2: Recolección y análisis de datos 184
6.3.3 Fase 3: Resultados de las recomendaciones 196
6.4 Justificación de la propuesta 201
6.4.1 Idoneidad de los militares para la protección del medio ambiente 201
6.5 Sugerencias para la incorporación de los militares a la conservación del medio
ambiente 202
6.6 Incorporación del Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional (SIVAN-
SIPAN) a la metodología ROAM. 203
6.8 Informe final 204
6.9 Conclusiones 212
6.9 Recomendaciones 213
Referencias bibliográficas 215
Anexos 223
Anexo 1: Matriz de consistencia 223
Anexo 2: Instrumentos de acopio de información 224
Anexo 3: Autorización de acceso de campo 233
Anexo 4: Autorización para el levantamiento de información 234
Anexo 5. Mapa de la Reserva Nacional Tambopata 235
Anexo 6. Resumen de la fase de preparación y planificación 236
x
Índice de tablas
Página
Tabla 3. Marco de opciones de RPF 174
Tabla 4. Preguntas guías para orientar la identificación de los criterios de
evaluación 176
Tabla 5. Algunos ejemplos de criterios e indicadores pertinentes a las
evaluaciones de RPF 177
Tabla 6. Algunos de los criterios e indicadores que pueden emplearse 178
Tabla 7. Intereses y papales potenciales de los diversos grupos de participantes
183
Tabla 8. Resumen de los componentes analíticos de ROAM 185
Tabla 9. Modelo de intervenciones de RPF 190
Tabla 10. Conjuntos de datos potencialmente relevantes para la aplicación de
ROAM 191
Tabla 11. Principales puntos de discusión durante el taller de validación 200
Índice de figuras
Página
Figura 1. Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica del Perú 111
Figura 2. Estrategias Regionales de Biodiversidad – Descentralización y
Gobiernos Regionales del Perú 111
Figura 3. Propuesta metodológica 164
Figura 4. Contribuciones potenciales de intervenciones de RPF a los objetivos167
Figura 5. Grupos típicos de participantes pertinentes a la aplicación de ROAM
181
xi
Resumen
Este estudio tuvo como objetivo general: Diseñar una propuesta basada en la visión
holística de la participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de los recursos
naturales en la Reserva Nacional Tambopata. La metodología empleada se enmarcó
en un enfoque cualitativo, de igual manera, en un método etnográfico que permitió
el uso de la entrevista y el análisis documental; el escenario donde se desarrolló fue
el Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú, Lima. Por la naturaleza del
estudio, las técnicas de análisis son cualitativas. Para la entrevista se procedió al
establecimiento de categorías a partir de las respuestas de los entrevistados. Para el
análisis de documentos se hizo uso del análisis hermenéutico y el anális is
cualitativo de contenido. Se logró identificar que, aunque la preocupación mundia l
por el medio ambiente ha crecido tremendamente tanto en poder como en alcance
en los últimos años, la percepción específica de cómo la degradación ambienta l
posee una preocupación viable para la seguridad nacional sigue siendo fragmentar ia
y mal enfocada. Así mismo, el crecimiento y el creciente poder de los grupos de
interés ambiental, así como los desastres ecológicos como el derrame de petróleo
en Prince William Sound y el accidente de la planta nuclear de Chernobyl, han
ayudado a galvanizar la atención mundial sobre las cuestiones ambientales. Han
añadido un mayor sentido de urgencia y legitimidad a aquellas voces que, desde
finales de los años setenta y principios de los ochenta, han estado pidiendo que las
cuestiones ambientales se unan a un concepto más extenso de aquello que
representa la seguridad nacional. A pesar de todo esto, el escepticismo y la
dificultad para identificar amenazas específicas continúan combinándose para
limitar la acción preventiva.
Palabras claves: Participación de las Fuerzas Armadas, recursos naturales.
xii
Abstract
The present research work had as general objective: To design a proposal based on
the holistic vision of the participation of the Armed Forces in the defense of natural
resources in the Tambopata National Reserve. The methodology used was framed
in a qualitative approach, in the same way, in an ethnographic method that allowed
the use of interviews and documentary analysis; The setting for this study was
carried out at the Center for High National Studies of Peru, Lima. By the nature of
the study, the analysis techniques are qualitative. For the interview, categories were
established based on the responses of the interviewees. Hermeneutical analysis and
qualitative content analysis were used for document analysis. It was identified that,
although global concern for the environment has grown tremendously in both power
and scope in recent years, the specific perception of how environmental degradation
poses a viable concern for national security remains fragmentary and misfocused.
Likewise, the growth and growing power of environmental interest groups, as well
as ecological disasters such as the Prince William Sound oil spill and the Chernobyl
nuclear power plant accident, have helped galvanize global attention on the issues.
environmental. They have added a greater sense of urgency and legitimacy to those
voices that, since the late 1970s and early 1980s, have been calling for
environmental issues to be joined with a broader definition of what constitutes
national security. Despite all this, skepticism and the difficulty in identifying
specific threats continue to combine to limit preventive action.
Keywords: Participation of the Armed Forces, natural resources
xii i
Sumário
O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo geral: Elaborar uma proposta
baseada na visão holística da participação das Forças Armadas na defesa dos
recursos naturais da Reserva Nacional de Tambopata. A metodologia utilizada
enquadrou-se numa abordagem qualitativa, da mesma forma, num método
etnográfico que permitiu a utilização de entrevistas e análise documental; O cenário
deste estudo foi realizado no Centro de Altos Estudos Nacionais do Peru, Lima.
Pela natureza do estudo, as técnicas de análise são qualitativas. Para a entrevis ta,
foram estabelecidas categorias a partir das respostas dos entrevistados. A análise
hermenêutica e a análise de conteúdo qualitativa foram utilizadas para a análise
documental. Foi identificado que, embora a preocupação global com o meio
ambiente tenha crescido tremendamente em poder e escopo nos últimos anos, a
percepção específica de como a degradação ambiental representa uma preocupação
viável para a segurança nacional permanece fragmentada e mal focada. Da mesma
forma, o crescimento e o poder crescente dos grupos de interesse ambiental, bem
como os desastres ecológicos como o derramamento de óleo de Prince William
Sound e o acidente da usina nuclear de Chernobyl, ajudaram a atrair a atenção
global sobre as questões. de Meio Ambiente. Eles adicionaram um maior senso de
urgência e legitimidade àquelas vozes que, desde o final dos anos 1970 e início dos
anos 1980, vêm pedindo que as questões ambientais sejam associadas a uma
definição mais ampla do que constitui segurança nacional. Apesar de tudo isso, o
ceticismo e a dificuldade em identificar ameaças específicas continuam a se
combinar para limitar as ações preventivas.
Palavras-chave: Participação das Forças Armadas, recursos naturais
Introducción
Los recursos naturales tienen un papel importante en la garantía de la
subsistencia de la humanidad. Es tal su importancia que son cada vez más los países
que elevan su preservación a rango constitucional. El Perú, en especial, debe
desarrollar políticas robustas en materia ambiental, ya que el país se caracteriza por
una amplia biodiversidad y por su también diversa presencia de escenarios naturales
y climas. Dentro de estos entornos naturales ricos en diversidad se encuentra la
Reserva Nacional Tambopata en Madre de Dios, la cual ha venido sufriendo las
consecuencias de la acción del hombre, en especial la minería ilegal.
La preservación del ambiente no es exclusiva de un sector de la población,
sino, por el contrario, de todas las fuerzas vivas del país, la región y el mundo. No
obstante, se sigue manejando de forma aislada y se sigue viendo la temática
ambiental como un problema local de competencia para un órgano o institución sin
tomar en consideración el resto.
Dentro de los responsables de cuidar el medio ambiente en el Perú se
encuentran las FF.AA. Esta organización tiene dentro de sus facultades la
preservación y defensa de estos recursos naturales para el bien del colectivo. Sin
embargo, es preciso revisar la forma en que se viene llevando a cabo esta función y
actualizar lo que fuere pertinente. Específicamente en la gestión de defensa
ambiental, por tratarse de un problema multifactorial y con consecuencias para
múltiples sectores, en el presente estudio se parte de los planteamientos que han
dejado autores previos acerca de la importancia del abordaje holístico de la
problemática y la forma de gestionar sus soluciones.
El proyecto se estructura en seis capítulos a partir de los cuales el lector podrá
percibir la forma en que se plantea el estudio para el alcance de los propósitos
planteados.
El primer capítulo describe el problema y fija los objetivos y las limitaciones
en torno a la investigación.
14
El segundo capítulo desarrolla el marco filosófico del estudio, concentrando
este en la actuación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el entorno ambiental y se
hace una aproximación a la epistemología en el ámbito de las ciencias militares
dentro de la cual se espera incorporar la visión holística.
El tercer capítulo describe el estado del conocimiento con base en
antecedentes y teorías que apoyan el estudio.
En el cuarto capítulo se detallan los aspectos metodológicos.
En el quinto capítulo se analiza y describe todo el trabajo y, finalmente, en el
sexto capítulo se realiza el diálogo teórico-empírico que termina en las conclusiones
y la propuesta correspondiente.
15
CAPÍTULO I
Planteamiento del problema
1.1 Descripción de la realidad problemática
La Reserva Nacional Tambopata es un área protegida en el Perú según DS N 048-
2000-AG con el objeto de dar protección a la flora y fauna silvestre, y de igual
manera, la belleza del paisaje que es muestra de selva húmeda subtropical; también
persigue la generación de procedimientos de mantenimiento con la ciudadanía en
el espacio de la Reserva, para usar de forma sostenible recursos como los castañales
y el paisaje para la distracción, y en beneficio del progreso regional.
Esta reserva consta de 274,690 ha, localizada en la provincia de Tambopata,
departamento de Madre de Dios. Sus límites son, norte: provincia de Tambopata
del departamento de Madre de Dios; este: Bolivia; sur: Parque Nacional Bahuaja
Sonene; y oeste: Comunidad nativa de Kotsimba (Servicio Natural de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, 2019) (Ver Anexo 5). Representa
una amplia diversidad en cuanto a su composición florística. Son bosques rápidos
en comparación con otros de otras regiones como este y centro. No obstante, en
estudios previos se ha observado que las tasas de mortalidad de las especies
sobrepasan a las tasas de reclutamiento (Pallqui, Monteagudo, Phillips, López-
González, Cruz, Galiano, Chávez y Vásquez, 2014). En estos estudios también se
ha determinado que tales bosques desempeñan el rol de reservas de carbono.
En esta protección del ambiente, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) juegan un
papel determinante, independientemente de que es un trabajo que incorpora también
a diferentes sectores de la sociedad civil. Molina (2019) señala que por medio de la
intervención y educación de los involucrados y a través de la implementación de
las normas en materia ambiental que han surgido en los últimos treinta años se hace
posible conservar y mejorar las condiciones de los ecosistemas naturales. No
obstante, la devastación de esta reserva como consecuencia de la actividad minera
se ha incrementado de forma progresiva generando alarma (Mendoza y Alarcón,
2014) y ha alcanzado a dañar especies tanto vegetales como animales autóctonos
de la zona (Álvarez-Berríos, et., al. 2016). Esta situación evidencia que las medidas
establecidas y las normas en vigencia no están logrando su objetivo y se hace
16
necesario retomar la discusión y generar propuestas que tiendan a mejorar. Entre
las aristas a analizar se encuentra la participación de las FF.AA. en la defensa de
los recursos naturales ubicados en las zonas protegidas como lo es la Reserva
Nacional Tambopata.
Molina (2019) expresa que aquellas fuerzas que componen el sector de
defensa nacional, como parte del Estado, tienen el deber de desarrollar la misión
encomendada apoyando con la sostenibilidad del ambiente en sus áreas de
influencia. En ese contexto, es urgente que se considere al Ejercito, como parte de
las FF.AA., para que contribuya a cuidar el ambiente y frenar el efecto invernadero
y el agujero de la capa de ozono, la deforestación, la contaminación de cuerpos de
agua y la tierra, entre otros (Villanueva,2018).
Hasta ahora, la intervención de las FF.AA. se ha regido por un enfoque
tradicional, pese a que hace casi dos décadas Boon (2001) manifestó la existenc ia
de una brecha de investigación a partir de la cual recomendó incorporar la visión
holística como un componente del pensamiento estratégico, para lo cual eran
pertinentes investigaciones cualitativas que abordaran esta temática y generaran
propuestas para esta incorporación. Con base en este planteamiento de Boon (2001),
se hizo una búsqueda sistemática de literatura en repositorios nacionales (Alicia,
Regina) bases de datos (Redalyc y Dialnet), biblioteca virtual (Scielo), índice
regional (Latindex), índices mundiales (Scopus, WoS) y revistas de diferentes
países no ubicadas en estos índices, no se encontraron estudios que llenaran esta
brecha propuesta por Boon, por lo que sigue siendo un vacío al cual no se ha dado
respuesta, pese a que representa una buena opción para el contexto actual en la
preservación del ambiente, que involucra a todas las fuerzas vivas.
En este entorno de necesidad de preservación ambiental, alineado al objetivo
de desarrollo sostenible número 15 en la Agenda 2030, el cual se orienta a la
promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la lucha contra la
desertificación, la inversión y prevención de la degradación de la Tierra, así como
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica (Organización de las Naciones
Unidas, ONU, 2016), se hace preciso buscar alternativas para que los responsables
de la defensa y preservación de los recursos puedan hacer su aporte de forma
17
satisfactoria. Dentro de esas alternativas se observa la planteada por Boady, Ayine,
Owusu y Acquar (2016), quienes señalan que todo lo relacionado a la defensa y
protección de los bosques requiere un abordaje holístico. En ese sentido, en la
presente investigación se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo es posible
mejorar la participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de los recursos
naturales en la Reserva Nacional Tambopata desde una visión holística?
1.2 Preguntas de investigación
1.2.1 General
¿Cómo se diseñaría una propuesta basada en la visión holística de la
participación las FF.AA. en la defensa de los recursos naturales en la
Reserva Nacional Tambopata?
1.2.2 Específicas
¿Cuál sería la vía más idónea para lograr que instituciones de la Fuerzas
Armadas contribuyan en la defensa de los recursos naturales en sectores
determinados del país?
¿De qué manera se puede ejercer control con la deforestación
indiscriminada y la contaminación ambiental causada por la minería ilegal?
¿De qué manera lograr una vía más expedita para gestionar de forma
sostenible los bienes naturales como el agua, los bosques, los recursos agro-
ganaderos, pesqueros de la zona?
1.3 Objetivos de investigación
1.3.1 General
Diseñar una propuesta basada en la visión holística de la participación de
las Fuerzas Armadas en la defensa de los recursos naturales en la Reserva
Nacional Tambopata.
1.3.2 Específicos
Lograr que instituciones de las Fuerzas Armadas contribuyan en la defensa
de los recursos naturales en sectores determinados del país.
18
Ejercer control con la deforestación indiscriminada y la contaminac ión
ambiental causada por la minería ilegal.
Lograr gestionar de forma sostenible los bienes naturales como el agua, los
bosques, los recursos agroganaderos y pesqueros de la zona.
1.4 Justificación y viabilidad
Se justifica el presente estudio, toda vez que es necesario fortalecer los
programas en defensa de nuestros recursos naturales los cuales están siendo
devastados por acción de actividades ilegales que se realizan en la reserva natural
de Tambopata. Así lo han documentado autores como Mendoza y Alarcón (2014),
quienes encontraron una mengua en la cobertura de bosque y un engrandecimiento
de zonas desboscadas como resultados de acciones que vienen generándose,
principalmente la minería aurífera informal, la cual ha generado tres áreas críticas
clasificadas por daño del mayor al menor como producto de una ‘fiebre de oro’ en
la zona.
Realizar una visión holística de los problemas existentes en la región Madre
de Dios, analizando las causas y la apropiada gestión de las variables ambienta les
más importantes, que contribuyan a la sostenibilidad ambiental en la región
permitirá un aporte al pensamiento estratégico que rige las acciones de defensa del
ambiente de las FF.AA. Esta visión holística permite una aproximación al problema
o fenómeno de estudio tomando en consideración diversos aspectos como el social,
energético, minero, cultural y educativo de la región.
Adicionalmente, con esta investigación se podrá generar y fortalecer el
desarrollo de responsabilidades en las FF.AA. para contrarrestar los efectos
causados por actividades ilícitas como la deforestación, minería ilegal y la tala
ilegal, que han sumido al Perú en una pérdida constante de bosques amazónicos. El
resultado de este estudio beneficiaría a la conservación de los recursos naturales
alineados con las políticas estatales fundamentadas en metas internacionales como
es el objetivo 15 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU (2016).
19
1.5 Delimitación de la investigación
Se trabajará con una brigada conjunta de las FF.AA. acantonada en la
reserva natural Tambopata, en Madre de Dios.
1.6 Limitaciones de la investigación
Las principales limitaciones del presente estudio son la dificultad de ubicar
estudios previos en el ámbito local y regional, ya que no es frecuente una visión
holística de las FF.AA.
20
CAPÍTULO II
Marco filosófico
En esta sección se esgrimen los fundamentos filosóficos asociados a la
presente investigación. En este sentido, se presentan los fundamentos filosóficos
asociados a las FF.AA. en el ámbito de defensa del medio ambiente y sobre la
ubicación de la epistemología holística en el contexto de la epistemología en
ciencias militares.
2.1 Las FF.AA. y su responsabilidad asociada a la protección del medio
ambiente
Actualmente, casi a escala mundial, es reconocido que las FF.AA. son el
último bastión de la conservación de valores éticos y morales de un país. En este
sentido, las FF.AA. se transfiguran ante la sociedad como un impulso protector, que
no solo desempeña su rol de salvaguardar la integridad territorial y garantizar la paz
interior, sino también como un órgano presto a apoyar a la población ante un
desastre natural y ante amenazas de cualquier índole que puedan significar un daño
a la nación (Villanueva, 2018).
Las ciencias militares han pasado por un proceso evolutivo que no ha
cambiado la naturaleza de su objeto, pero que le ha permitido cambios importantes
que van de la mano con el rol que han ido jugando en la sociedad. Prince (2008)
hace alusión a que, en el ambiente de las ciencias militares, 1995 se muestra como
el año con el mayor número de aportes, o al menos aquellos más destacados, del
siglo XX en la temática metodológica. Estos aportes se expusieron en ‘The first
conference of scholars and theorists of the Russian Academy of Military Science’
(la primera conferencia de académicos y teóricos de la academia rusa de ciencias
militares).
Progresivamente, desde su propio enfoque, pero respondiendo a las
necesidades reales de su propio objeto de estudio, las ciencias militares han
mostrado un rasgo importante: su carácter transdisciplinario y la relación que
guardan con los estudios sociales y tecnológicos. Con esta aproximación, Prince
(2008) señala que las ciencias militares comenzaron a insertarse, desde su
21
perspectiva y competencia, en el debate de los estudios relacionados con ciencia,
tecnología y sociedad (enfoque CTS).
El Ejército, como componente de las FF.AA., no solo ha adaptado
mundialmente sus actividades a las cuestiones medioambientales, sino que las han
convertido en una nueva actividad cuyo alcance se está ampliando cada vez más. A
este giro en la actitud de las FF.AA. hacia el ambiente, Touzot (2018) le llama
reciclaje. Este reciclaje queda ilustrado, por ejemplo, por la asistencia militar en
caso de desastres, así como por la presencia de actividades militares para el
resguardo del medio ambiente, como lo fueron las efectuadas en los distintos
procedimientos que sustentan esta tesis, vinculada a la misión de vigilancia del
territorio. Touzot (2018) habla que se observa lo que podría llamarse un reciclaje
de la figura de las FF.AA. y podría consistir en una intervención militar para el
medio ambiente del tipo de interferencia ecológica, similar a la interferenc ia
humanitaria.
El proceso transformador de las FF.AA. en cada uno de sus componentes es
parte y consecuencia de una oleada de cambios que son comunes alrededor del
mundo. Molina (2019) explica que la transformación de las ciencias militares
comprende la transformación de una fuerza basada en técnicas netamente militares
contrainsurgentes a una fuerza con funciones múltiples, respondiendo a los restos
que involucran intereses mundiales como, por ejemplo, conservación del medio
ambiente como derecho humano y la defensa de los recursos naturales como parte
de ese patrimonio de la humanidad. Esta nueva postura de las ciencias militares y
los cuerpos militares como tales, responden a desafíos novedosos y generan
también cambios epistemológicos y procedimentales que abren paso a nuevas
opciones y subsecuentemente a las nuevas perspectivas en cuanto a la preservación
se refiere por parte de los actores involucrados en este proceso.
En cuanto a su responsabilidad para con la defensa y preservación del
ambiente, no se trata solo de un tema legal, toda vez que el derecho positivo se lo
establece en las leyes y reglamentos con competencia en materia militar y
ambiental, sino también de un tema ético y axiológico. D’Souza (1995) expresa que
las FF.AA. deben estar preparadas de forma particular para la indudablemente
22
importante labor de ejercer la protección del medio ambiente y contribuir a su
regeneración cuando sea necesario.
2.2 Epistemología en ciencias militares y la epistemología holística como un
nuevo camino
De una ciencia a otra, la forma en que se concibe y produce el conocimiento
puede variar. Prince (2008) explica que en el caso de las ciencias en general y las
ciencias militares, estas tienen métodos diferentes, lo cual es comprensible porque
también persiguen objetivos diferentes. Mientras la ciencia se mantiene en la
búsqueda de una verdad universal, la ciencia militar no se concentra en ninguna de
ambas (ni de la verdad, ni de la universalidad).
Esta diferencia de orden epistemológico está a su vez asociada al carácter
ontológico de su objeto de estudio o interés. En cuanto al de las ciencias militares,
(Villanueva, 2018) señala que estas se deben ocupar, primordialmente, de aquellos
objetos que no son susceptibles de ser abordados por otras ciencias. Entre estos es
posible mencionar: conflicto armado y sus características, los métodos de guerra en
sus diversos niveles (estratégico, operacional y táctico), el equipamiento militar de
su recurso humano, el comando, la organización y control de cada uno de sus
componentes para momentos tanto de paz como de guerra, entre otros.
Otro elemento importante de la reflexión epistemológica en torno a las
ciencias militares es la clasificación del conocimiento militar desde una mirada
fundamentada en los argumentos y problemática analizada. Siguiendo tal
categorización, la organización de las ciencias militares es dividida en un agregado
de teorías que comprendería:
(a) La teoría del comando y control
(b) Teoría de las especialidades
(c) Teoría de los servicios
(d) Otras
En una realidad de pluralidad paradigmática como la del siglo XXI, los
investigadores utilizan distintas formas de abordar y comprender los problemas de
la realidad social, con la intención de proponer soluciones buscando la organizac ión
23
sinérgica por medio de la diversidad, el cuestionamiento y la libertad de
pensamiento (Rivadeneira, 2015).
En esa búsqueda de opciones para conocer y explicar la realidad social,
todas las ciencias deberían estar abiertas a penetrar esa multiplicidad de opciones
paradigmáticas y metodológicas. Dentro de ese contexto, existen por lo menos estas
formas para el abordaje y comprensión: (a) la multidisciplinariedad, (b) la
pluridisciplinariedad, (c) la interdisciplinariedad, y (d) la transdisciplinariedad.
Dentro de esta última se ubica la comprensión holística.
La visión holística puede definirse, en este contexto, como un elemento
esencial del pensamiento estratégico que radica en la comprensión de la forma en
que se conectan distintas problemáticas y temas y la manera en que influyen cada
una con las otras y, finalmente, la forma en que la solución de un área particular
puede tener un efecto en otra (Boon, 2001). En el proceso de comprensión holíst ica,
tanto el todo como cada asociación se encuentran muy vinculadas con interacciones
recurrentes y en algunos casos paradójicas. Es decir, cada evento se encuentra
relacionado con otros y estos eventos producen entre sí nuevas relaciones en un
proceso en el que se integra el todo (Rivadeneira, 2015).
Llamazares (2012) acota que el vocablo ‘holístico’ es un neologismo que
comenzó a usarse de forma extensiva para hacer alusión al punto de vista que
pretende difundirse la descomposición que impuso la ciencia clásica. Su etimología
se remonta al término griego holos (todo), de allí que una visión holística es la que
busca la integración de las partes que conforman un todo, un sistema, sobre la
consideración de que hay características procedentes de esas integridades que
únicamente pueden manifestarse en la relación de los componentes, como la
autorregulación, la autoinformación o la teleonomía, dicho en otras palabras, el
establecimiento de normas propias para direccionarse hacia un fin.
El empirismo tuvo su momento de auge y fuerza que parecía inquebrantab le.
Con la caída de ese mito generado alrededor de la certidumbre del empirismo, se
sentaron las condiciones para que se replanteara la necesidad del desarrollo de
nuevas maneras de racionalidad y, en consecuencia, se produjo el estímulo para que
se desarrollaran nuevas epistemologías que ahora son viables para diferentes
24
ciencias y diferentes contextos, respondiendo a la complejidad de los fenómenos a
estudiar dentro de la realidad social, especialmente. Esta visión holística plantea la
necesidad del desarrollo de novedosas metodologías que comprendan poner en
acción formas de consciencia participativa.
La epistemología holística persigue otros parámetros para establecer la
posibilidad de la relación cognoscitiva objeto-sujeto. Esta epistemología se basa en
una concepción multidimensional de la realidad y en el fundamento de la existenc ia
de dependencia mutua entre observador y observado. De igual forma, pretende
trascender las dicotomías clásicas vistas en los modelos epistémicos y espera
desarrollar metodologías que accionen formas de consciencia integral y
participativa. La epistemología holística plantea un crecimiento hacia vías intuit ivas
y el estímulo de procesos divergentes y novedosos, lo cual implica la posibilidad
de lógicas no lineales o paradójicas. Finalmente, plantea el reto de la práctica
transdisciplinaria, que demanda la aprobación de la variedad y la complementac ión
de saberes, al igual que el acercamiento y el respeto por otras formas de
conocimiento (Llamazares, 2012). Visto de esta forma, la visión holística es una
alternativa pensable para estudios que buscan mejorar la participación estratégica
en temas de interés local, regional y mundial como lo es la preservación del medio
ambiente y sus recursos naturales.
25
CAPÍTULO III
Estado del conocimiento
3.1 Antecedentes de la investigación
3.1.1 Investigaciones internacionales
Soto y Del Castillo (2019) publicaron su estudio titulado “Cambio climático y
desastres socionaturales: desafío para Chile y sus Fuerzas Armadas”. Por medio de
una rigurosa metodología de análisis documental se persiguió el objetivo de
analizar, entre otros aspectos, la seguridad y la defensa; y a su vez, proyectar el rol
de las fuerzas armadas ante un escenario de cambio global. Los autores analizaron
que, ante los efectos del cambio climático, se van activando novedosas amenazas
cada vez más complejas debido a su transversalidad y su naturaleza incierta.
Para ello, el rol de las FF.AA. es indiscutiblemente importante, pero unas FF.AA.
en permanente transformación, ajuste y preparación, que consientan mantener las
capacidades de respuesta de la fuerza, los medios y equipos ante las contingenc ias
que se susciten en materia de afectación o amenazas al medio ambiente.
Los autores señalan que la participación de las FF.AA. se reflejará en mantener la
capacidad y tendencias estratégicas a mediano y largo plazo, que consientan realizar
proyecciones del empleo de la fuerza y sus capacidades. Concluyen que una de las
mayores vulnerabilidades en Chile se proyecta que sea la escasez de recursos
hídricos, pero que las FF.AA. pueden cooperar en la disminución de los efectos del
cambio climático, a través de modificaciones en el uso de recursos energéticos por
medo de la migración a energías limpias, la reforestación, evitando la degradación
y el resguardo del patrimonio genético mediante el cuidado del ambiente en general,
entre otros.
Montero (2018), en su artículo “Las Fuerzas Armadas mexicanas y su
implicación en la defensa ambiental” señalan que México se caracteriza por tener,
al igual que el Perú, una muy amplia biodiversidad. Pero, al igual que el Perú,
también enfrenta daños ambientales importantes por efecto de la actividad del
hombre, en especial por actividades realizadas al margen de la ley. Montero (2018)
realizó un estudio documental en el cual analizó la situación de la defensa del medio
26
ambiente por parte de las FF.AA. En su análisis observó que una de las principa les
amenazas que enfrenta México es la tala ilegal de maderas preciosas. Ante la
diversidad de problemas, las FF.AA. mexicanas tomaron conciencia de la
significancia de las dificultades medioambientales y la vinculación de ellas con la
integridad territorial que como Fuerzas Armadas deben garantizar. El autor observó
que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha hecho más presencia en
esta lucha contra la tala ilegal. El autor observó que las FF.AA. han realizado una
interpretación de los tiempos y hechos y han entendido que la integridad territoria l
que deben preservar también implica la dimensión medio ambiental del territorio.
De la protección que se haga del entorno natural dependerá la calidad del territorio
cuya custodia les corresponde. El autor concluye que las FF.AA. mexicanas
actualmente obedecen al mandato ético, filosófico y legal de mantener la integr idad
territorial. El ejército mexicano en particular ha asumido que el medio ambiente, la
biodiversidad y cada uno de los recursos naturales del país constituyen nuevas
dimensiones del territorio que les corresponde preservar.
Flores de Almeida y Franch (2018) publicaron un estudio titulado “Las
escuelas de la selva como factor de disuasión para la Amazonía: análisis de caso de
dos ejércitos, ecuatoriano y brasileño”. Su objetivo fue analizar la creación de las
Escuelas de la Selva ubicadas en la región amazónica como un factor disuasivo.
Esto a raíz de que Sudamérica, especialmente el Amazonas, representa una valiosa
reserva de recursos naturales. Los autores partieron del supuesto de que el auge
mundial de la cuestión ambiental como agenda hace necesario que los Estados
nacionales desarrolle formas específicas de disuasión para las fuerzas militares en
sus diferentes componentes. En su estudio, los autores estudiaron los casos del
ejército ecuatoriano y el ejército brasileño por medio del análisis documental.
Encontraron que Brasil fue el primer país en crear una escuela para la
especialización de sus militares en operaciones de protección ambiental de la selva
amazónica. Los análisis documentales muestran a la escuela ecuatoriana como
establecimiento de enseñanza que establece y favorece la disuasión en la Amazonía
ecuatoriana. Sin embargo, en vista de que se orientan básicamente hacia terrenos de
conflicto y defensa del territorio de la intervención extranjera, se hace preciso
investigar el rol del ejército, pero en materia ambiental.
27
De Andrade (2018), en su artículo “Seguridad y protección de la Amazonía
en tiempos de crisis y escasez: un estudio de caso”, se planteó el objetivo de
agudizar el espíritu crítico para conocer qué es SIVAM/SIPAM, en sus
características de seguridad y protección de la Amazonía y la frontera de los
recursos, y verificar las características del pensamiento militar socioambiental en
relación con la Amazonía. Para ello, en un contexto de estudio cualitativo, se hizo
uso de la triangulación metodológica de técnicas que incluyó la entrevista
exploratoria, estudio de casos y análisis de contenido para verificar la comprensión
del pensamiento ambiental militar. Se eligió el Club Militar para aprender el
pensamiento militar sobre temas ambientales, con énfasis en la Amazonía. En el
Club Militar se analizaron 62 artículos en la revista del mismo sobre el tema
Amazonas. Los resultados obtenidos de los artículos revelan la presencia de la
tendencia utilitaria antropocéntrica (UA) predominante en las organizaciones
militares. Con base en su estudio, el autor consideró que el personal militar
necesitará especial atención en términos de educación para adquirir habilidades
para el monitoreo y la gestión ambiental.
Finalmente, Nurhidayah y Djalante (2017) realizaron un trabajo en
Indonesia titulado “Examen de la adecuación de los marcos legales e instituciona les
del manejo de fuegos de bosques y tierras de niveles nacionales a comunitarios en
Indonesia”. Al igual que en Tambopata, en Indonesia la acción del hombre ha traído
consecuencias importantes en la biodiversidad. Las actividades humanas, como la
tala de bosques y el desbroce de tierras para plantaciones y agricultura, han sido
atribuidas como las principales causas de incendios que han devastado amplias
extensiones de territorio. Su objetivo fue examinar la idoneidad de los marcos
jurídicos e institucionales vigentes en la zona para la gestión del riesgo de incendios
forestales en Indonesia y evaluar así los progresos y los desafíos en la gestión de
los incendios forestales y terrestres por parte de los organismos competentes
durante las fases de prevención y mitigación, respuesta de emergencia y
rehabilitación y recuperación después de los incendios. Fue un estudio cualitat ivo
con base en las regulaciones gubernamentales y publicaciones académicas
relacionadas, así como entrevistas a funcionarios del Estado con competencia en la
materia. Los principales hallazgos fueron: (a) el marco institucional y reglamentar io
28
no es idóneo, (b) la no aplicación de la ley dificulta la prevención y la mitigac ión,
y (c) los marcos institucionales y reglamentarios actuales siguen estando muy
centrados en la respuesta de emergencia. Con base en los hallazgos, se hacen
recomendaciones que incluyen desarrollar un enfoque más integral y multisector ia l
y garantizar que sea aplicada la ley de forma más estricta. Es otras palabras, los
autores vieron la necesidad, al igual que en la presente investigación, de generar
enfoques novedosos para el abordaje del tema de la protección ambiental.
3.1.2 Investigaciones nacionales
Son pocos los estudios nacionales, Villanueva (2018) realizó un estudio titulado
“Capacidad de respuesta de la 6ª Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército en
apoyo a la protección del medio ambiente, Tarata, 2017. El propósito fue determinar
la manera en que la capacidad de respuesta de la 6ª Brigada de Fuerzas Especiales
del Ejército incidía en el apoyo al resguardo del medio ambiente en el lugar
anteriormente señalado. El autor realizó un estudio aplicado, no experimental y
transversal de nivel explicativo. Su población fueron 137 oficiales de la mencionada
Brigada. Para recolectar la información fueron utilizadas las técnicas de la encuesta,
la entrevista y el análisis documental. Los instrumentos esgrimidos fueron el
cuestionario, la guía de entrevista y las fichas. Entre los resultados se observó que
31.76% de los encuestados consideraba que la 6ª BRIFFEE tiene la obligación de
detectar la presencia de taladores de árboles ilegales en Tarata y 49.41% coincide
en que es preciso que se tenga conocimiento de las zonas afectadas por la tala ilegal.
Se concluyó que es necesario que el Comandante General de la Brigada estudiada
gestione la posibilidad de aumentar los efectivos actuales para dar protección al
medio ambiente.
En cuanto a otros componentes de las FF.AA., se encontró el estudio de
Granda (2018), quien en su investigación “Gestión ambiental en el Ala Aérea Nº
2 de la Fuerza Aérea del Perú” se planteó como objetivo describir la gestión
ambiental del Ala Aérea Nº 2 de la Fuerza Aérea del Perú en el 2017. Por medio de
un estudio aplicado, descriptivo, cuantitativo, no experimental y transversal, se
abordó una muestra no probabilística de 19 personas (oficiales y civiles) a los cuales
fue aplicada la técnica de la encuesta para el llenado de un cuestionario. Los
29
resultados permitieron concluir que la gestión ambiental de este componente de las
FF.AA., estudiado en el 2017, no tiene un sistema de gestión ambiental eficiente ni
políticas y reglas que permitan la regulación y control del impacto de las
operaciones del órgano.
Sullca, Ramírez y Ochante (2016), en su investigación “Adecuación de
capacidades operativas y preservación del medio ambiente en el escenario de
seguridad ambiental por el Ejército del Perú”, partieron de la necesidad de
responder a la creciente exigencia de adecuar capacidades operativas instituciona les
para la intervención en la preservación ambiental en el marco de la seguridad
ambiental, por nuevos desafíos ambientales que contravienen la soberanía e
integridad del territorio. Sus objetivos incluían mejorar la doctrina sobre el tema y
determinar las capacidades requeridas en el accionar operativo para establecer con
rigor científico dichos saberes experimentados, intentando reconsiderar elementos
teóricos sobre este tema y difundiendo sus resultados para futuros requerimientos.
Fue un estudio cualitativo con base en un proceso racional hipotético inductivo con
un análisis hermenéutico y reflexivo. Los resultados permitieron concluir que las
capacidades operativas eran muy limitadas y básicas, por basarse en un marco
convencional desfasado. De igual forma, se observó la necesidad de tomar medidas
en cuanto a estrategia y equipo que fueran más ajustados a diferentes contextos, por
ejemplo, en los terrenos de más difícil acceso, se sugirió el uso de drones, por
ejemplo.
Mendoza y Alarcón (2014) publicaron un artículo sobre un estudio realizado
en Tambopata. Este artículo titulado “Determinación de áreas deforestadas por
actividades humanas en la zona de amortiguamiento de la reserva nacional
Tambopata y el parque nacional Bahuaja Sonene - Madre de Dios”, presenta un
estudio cuyo objetivo fue identificar y cuantificar las áreas deforestadas por la
actividad del hombre. Usando tecnología de sensores remotos, procesaron imágenes
Landsat TM5 e hicieron una clasificación supervisada con el algoritmo de Spectral
Angle Mapper (SAM) debido a sus ventajas en las condiciones de iluminación. Los
resultados mostraron alto para minería (7,178.50 ha), seguido de la ganadería
(4,631.49 ha), entre otros. Los resultados mostraron que la acción antrópica creada
por la minería es la que ha generado mayores impactos en la zona a nivel ambienta l
30
y social. Estos autores generaron como conclusión de su trabajo un mapa
representativo de las áreas críticas que permite orientar y enfocar proyectos y
estrategias para la mitigación de estos daños y la conservación de las zonas
naturales salvaguardadas.
3.2 Teorías
3.2.1 El medio ambiente como derecho humano y desarrollo sostenible
La defensa y preservación del ambiente como derecho fundamental de la
humanidad constituye un reto actual para todos los sistemas constituciona les
(Sánchez, 2015). Esta protección del ambiente es una tarea que, si bien es conjunta,
tiene aspectos específicos para cada uno de los factores involucrados. En el caso
particular de las FF.AA., les corresponde su preservación y defensa. Esta misión
tiene que ver con la exigencia de garantizar la subsistencia del ambiente, que a su
vez se traduce en la subsistencia de la raza humana.
La Agenda 2030 ha planteado, dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible
(ODS), tres directamente afines con el cuidado del medio ambiente. De ellos, en
particular vamos a observar el ODS 15, el cual tiene aplicación directa en la reserva
natural de Tambopata. Este objetivo, relacionado con la vida de ecosistemas
terrestres, comprende: La protección, restablecimiento y promoción de la
utilización sostenible de ecosistemas terrestres, la gestión sostenible de los bosques,
lucha frente a la desertificación, contener y cambiar la degradación de las tierras y
frenar la pérdida de biodiversidad.
Se han planteado 12 metas en torno a este objetivo (ONU, 2016). Toda acción
de las FF.AA. en cumplimiento de sus funciones como organismo competente en
materia de protección ambiental debe estar alineada al logro de estas metas y, por
ende, del objetivo planteado. De igual forma, se han establecido indicadores del
cumplimiento de estas metas en las que las FF.AA. tienen participación. Entre ellos
es factible citar:
- Certificar el mantenimiento, recuperación y utilización sostenible de los
ecosistemas terrestres y de los cuerpos de agua, especialmente de zonas
protegidas.
31
- Conservar proporciones de territorio para la biodiversidad de tierra y agua,
incluidas las zonas protegidas.
- Avances hacia una gestión de recursos ambientales en sostenibil idad.
- Protección de lugares para la biodiversidad de montaña, incluyendo zonas
protegidas.
- Disminución de la proporción de especímenes de flora y fauna
comercializados como producto de actividades ilícitas.
Sánchez (2015) expresa que la creación de zonas protegidas (como la reserva
nacional Tambopata) es una opción necesaria para el resguardo de la biodivers idad
y los ecosistemas en general. La preservación es parte primordial en toda estrategia
de gestión sostenible del territorio y los recursos que comprende. En consecuencia,
los territorios protegidos no se tienen como realidades aisladas sino como parte de
un sistema de preservación con variedad de contextos y recursos. También expresa
el autor que toda acción orientada a la conservación debe tomar en consideración a
los pobladores, pues son parte integral de ese sistema.
En este siglo XXI, en el cual el desarrollo tecnológico es una premisa constante,
surge la necesidad imperante de retomar el concepto de desarrollo sostenible,
orientado a un desarrollo social, económico y político en correspondencia con el
medio ambiente y sus recursos, para garantizar la perduración de ellos en el tiempo.
La noción de desarrollo sostenible se asocia, según Gómez (2017), a la
preocupación creciente que existe en el ámbito de la comunidad al considerar la
existencia real de un nexo entre el progreso económico y social y sus efectos
mediatos o inmediatos sobre el entorno natural.
Figueredo y Jiménez (2018) definen el desarrollo sostenible como aquel
equilibrio entre el medioambiente y la sociedad. Este desarrollo influye en diversos
niveles: maso, macro y meso de la civilización urbana que va usando el territorio
para su crecimiento. El desarrollo sostenible comprende dos aspectos importantes :
el empleo sostenible de los recursos naturales y la defensa del ecosistema en el
mundo desde el ciudadano (respeto al medio, cambio de hábitos), la ciencia (por
medio de la generación de saberes y medidas prácticas) y poderes públicos estatales
(legislación y cooperación entre naciones) (Sánchez, 2015).
32
Gómez (2017) señala que la sostenibilidad tiene varias dimensiones, las cuales
deben considerarse ante todo posible planeamiento organizacional orientado al
desarrollo. Estas dimensiones de la sostenibilidad son:
- Social
- Económica
- Ecológica
- Espacial
- Cultural
- Política
De estas, es de interés del presente estudio la dimensión ecológica de la
sostenibilidad, la cual debe ser lograda mediante la utilización racional de los
recursos naturales, tomando en consideración el equilibro de los ecosistemas, la
conservación de recursos renovables y no renovables, así como la biodivers idad
(Gómez, 2017).
3.2.2 Teoría del pensamiento estratégico y visión holística
Toda organización debe crear la dirección o enfoque a seguir para llevar a
cabo sus acciones a nivel operativo, el cual está caracterizado por el planeamiento
y la ejecución. Para ello hay opciones dentro de las cuales los encargados de la parte
operativa deben elegir en función de los objetiovos de la organización y, en el caso
de las FF.AA., alineado a los objetivos del Estado.
El crecimiento demográfico en el mundo y la degradación ambienta l
producto de la acción (legal e ilegal) del hombre en el globo, especialmente en
algunas regiones cuya importancia para el equilibrio ecológico es fundamental, trae
como consecuencia la insostenibilidad de recursos naturales vitales (Vargas, 2019).
En este contexto, el pensamiento estratégico se presenta como una opción de las
FF.AA. para enfrentar los retos que supone la degradación ambiental en las reservas
nacionales como Tambopata. Jiménez (2018) señala que el pensamiento estratégico
surge como un proceso que implica intuición, capacidad de prever estados futuros
33
de desarrollo en la organización y una actitud abierta y proactiva para el logro de
objetivos.
Dentro del pensamiento estratégico se encuentra la visión holística para la
comprensión de la organización. Boon (2001) señala que tener una perspectiva
holística de la organización y su ambiente es un aspecto crucial del pensamiento
estratégico. Este abordaje holístico hace necesario entender cómo los diferentes
problemas se conectan unos con otros y cómo influyen entre sí. De igual forma,
comprende los efectos que una solución en un área pueda generar en otras. En otras
palabras, la organización deja de ser vista como un conglomerado de elementos
disociados y pasa a ser vista como un sistema holístico que integra cada una de las
partes en relación con el todo. Se trata de asumir una visión holística, implica la
habilidad de separarse del afán diario y sus problemas operativos para ver la forma
en que estos problemas se conectan a un patrón general.
Boon (2001) expresa que incorporar una visión holística en la empresa
incluye:
- Pensar en términos de proceso en lugar de eventos para alcanzar soluciones
innovadoras.
- Dominar la complejidad en la organización por medio de la familiarizac ión
con la vida y la dinámica organizacional, incluyendo ser sensible ante las
interacciones sutiles de la organización y la comprensión de las causas
estructurales de las conductas y sus efectos sobre otros.
- Reconocimiento de que las organizaciones son componentes dentro de un
sistema amplio y complejo, como por ejemplo, una nación. Los pensadores
estratégicos deben entender la forma en que las organizaciones están ubicadas
dentro de esos contextos y cómo se ven influenciadas por sus dinámicas.
Rodríguez y González (2019) son contundentes al señalar que en la actualidad
se requiere, en materia de preservación del ambiente, procedimientos que
garanticen diferentes prácticas ambientales desde un enfoque holístico que se
gestione desde la interdependencia. Es así como las entidades podrían generar
lugares para la interacción o interrelación para promover políticas que renueven los
34
criterios y mecanismos con cada uno de los sectores involucrados: naturaleza,
poblaciones nativas, gobierno, otros.
Vargas (2019) expresa que, en la realidad presente, el pensamiento
estratégico consiste en la generación de reflexiones de orden teórico-prácticas para
plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo. Además, permite pronosticar
espacios de forma prospectiva y analizar y organizar los medios y recursos a
disposición para el logro de metas. El empleo eficaz de este pensamiento, desde una
mirada holística, se fortalece y permite defender mejor los intereses de la nación y
así garantizar la sostenibilidad de elementos territoriales fundamentales para la
persistencia de la vida y la soberanía nacional.
Vargas (2019) también acota, en el contexto de las FF.AA., que el desarrollo
de este tipo de pensamiento permite:
- El análisis de los medios disponibles para alcanzar la visión,
- La propuesta de medios y capacidades requeridos, y
- La explicación de maneras de organizar la fuerza para el logro efectivo de la
defensa territorial.
3.3 Marco conceptual
Agua contaminada: cuerpos de agua cuyos usos originarios se ven
comprometidos por el deterioro de la calidad original, como consecuencia de la
incorporación de elementos contaminantes (Observatorio Colombiano de
Gobernanza del Agua, OCGA, 2019)
Biodiversidad: diversidad biológica. Diversidad de genes, especies y
organismos en un contexto natural dado (Schoemaker, 2017).
Calidad ambiental: es el indicador de la adecuación del ambiente a las
necesidades vitales de los organismos vivos, con especial atención en el hombre
(Schoemaker, 2017).
Calidad de agua: es la condición general del agua para su empleo para usos
definidos. Se encuentra establecida por la hidrología, la fisicoquímica y la biología
de la masa del cuerpo de agua aludido (Schoemaker, 2017).
35
Contaminación del agua: es la existencia en el agua de bastante material
perjudicial u objetable para perjudicar la calidad del agua (World Bank Group,
2018).
Contaminante: cualquier sustancia o materia física, química, biológica o
radiológica que tenga una consecuencia desfavorable en el aire, el agua o el suelo
(World Bank Group, 2018).
Defensa aérea: es el conjunto de acciones, recursos y formas que adopta y
dispone el Estado para minimizar acciones hostiles para garantizar la soberanía de
los espacios y para la preservación de las áreas vitales (Lara, 2017).
Defensa nacional: una serie de disposiciones, estimaciones y acciones que el
Estado crea, asume y elabora de manera general y permanente, es desarrollada en
los círculos exteriores e interiores. Cada individuo natural y jurídico se encuentra
obligado a intervenir por la salvaguardia pública. Libro Blanco de la Defensa
Nacional (2005)
Deforestación: es la desaparición o disminución acentuada de superfic ies
cubiertas por bosques. Resulta en la degradación del suelo y tendencia a la
desertización (CCFFAA, 2019).
Degradación de los suelos: es la mengua de la productividad y complejidad de
orden biológico, físico y químico de los suelos de un territorio, como producto de
procesos naturales o de la actividad humana (OCGA, 2019)
Deterioro ambiental: Proceso inducido por la intervención del hombre y que
perjudican la base de recursos naturales o los afectan de forma desfavorable,
reduciendo su calidad y productividad (Schoemaker, 2017).
Ecosistema: Es el sistema de interacción de una sociedad biológica y su medio
ambiente no viviente (World Bank Group, 2018).
Educación ambiental informal: manera en que está propuesta a la ganancia del
conocimiento ambiental espontáneamente. Este tipo de educación es popular en
Educación Ambiental Comunitaria (Schoemaker, 2017).
36
Educación ambiental formal: es la forma de llevar a cabo los objetivos de
conocimiento ambiental a través de las disciplinas y actividades incluidas en los
pensa (Schoemaker, 2017).
Educación ambiental no formal: aquella que complementa la educación formal
en materia ambiental. Se implementa paralelamente al currículo oficial a través de
actividades extraescolares y extra docentes (Schoemaker, 2017).
Fauna: es el conjunto de animales propios de una zona determinada (OCGA,
2019).
Gestión ambiental: conjunto de actividades humanas que tiene el objetivo de
ordenar el ambiente y sus componentes básicos (Schoemaker, 2017).
Hidrología: ciencia que se encarga de los lazos apropiados, la distribución y la
circulación del agua (World Bank Group, 2018).
Impacto ambiental: es toda variación en el medio físico, químico, biológico,
cultural y socioeconómico atribuible a la actividad humana (Schoemaker, 2017).
Minería ilegal: es aquella actividad económica perteneciente al sector
primario, que se ve representada en la extracción de minerales (especialmente oro)
en zonas prohibidas o en zonas permitidas pero que obran sin el permiso
correspondiente (Asner y Tupayachi, 2017).
Operación conjunta: maniobra en la que intervienen dos o más Institutos de la
Fuerzas Armadas de un mismo país (CCFFAA, 2019).
Plan: manera de acción, habitualmente escrita, que señala un ligado de
disposiciones para conseguir un propósito determinado (CCFFAA, 2019).
Problemas ambientales regionales: son los que se ubican en una determinada
área del globo terráqueo, pero que suelen afectar a varios países, aunque
generalmente la solución está en manos de cada uno de ellos (Schoemaker, 2017).
Sustancia tóxica: producto químico o una mezcla que puede representar un
peligro irrazonable con daño a la salud o al medio ambiente (World Bank Group,
2018).
37
Sustentabilidad ecológica: cabida que tiene un ecosistema de conservar su
esencia en el tiempo. Para alcanzarlo requiere la conservación de algunos
parámetros naturales mediante dispositivos de equilibrio dinámico (Schoemaker,
2017).
Sistema de Defensa Nacional: De acuerdo al Art. 3° del Decreto Legisla t ivo
N° 1129, contempla a la defensa nacional como un sistema socioeconómico y
político, compuesto por una serie de organismos e interconectado por princip ios,
normas, procedimientos, técnicas, instrumentos y elementos del Estado, con el
propósito de garantizar la seguridad nacional a través, de la concepción,
planificación, orientación, preparación, realización y control de acciones en los
campos de la defensa nacional.
3.4 El derecho ambiental en el marco jurídico peruano
3.4.1. Política ambiental en el Perú
Alata (2017) expresa que las políticas públicas son emprendimientos
gubernamentales y acciones administrativas planteadas y tramitadas por el Estado
(mediante un gobierno y una administración pública) para abordar los problemas
de un público en general en el presente y más adelante. Como dice este autor: «Todo
lo que las administraciones eligen hacer o no hacer» (Alata, 2017).
Por otro lado, el mismo Alata (2017) plantea una idea detallada de las
políticas públicas que dependen del elemento institucional que, en resumen,
comienza con la sospecha de que sí existe una institucionalidad segura, en ese punto
la estrategia comprende: a) la estructura de una acción social con propósito, b) el
curso que hace el movimiento adecuadamente debido a las numerosas opciones y
cooperaciones que involucra y, posteriormente, c) las ocasiones genuinas que
produce la actividad social (Alata, 2017).
Una política pública implica la posición más notable en el orden jerárquico
de las normas. De la misma, devienen leyes y pautas explícitas. Tiene que
manifestar dicho componente y no aparecer como un resumen de las actividades
irresueltas. Esta verdadera política pública será consecuentemente resultado y
consecuencia de un análisis del pasado, como parte histórica que permite reconocer
las situaciones positivas y negativas de la de la persona como ente social.
38
El camino hacia la planificación de políticas públicas, como lo indican Meny
y Thoening (1989), ha propuesto una metodología sucesiva que incorpora:
reconocer la circunstancia inadecuada, detallar la circunstancia insatisfactor ia,
decidirse por una opción, hacer que la decisión se mueva, verifique y evalúe los
resultados.
1.- Diagnóstico. Trata de distinguir y clasificar los requerimientos y las
dificultades desatendidas (insumos) y posteriormente generar opciones de solución.
2.- Decisión. Las otras opciones potenciales (insumos) se estiman de forma
comprensiva. Posteriormente, se adquieren emprendimientos sólidos, con sus
propósitos y trabajos correspondientes.
3.- Dirección. La fuerza es la gestión de alta productividad. Los planes y
ejercicios priorizados (insumos) deben estar vinculados con ejercicios coordinados
que han de realizarse (uso y actividad) y valorarse. La evaluación es parte de la
administración e incorpora la investigación de los ejercicios realizados y su cambio
o reparación dependiendo de los parámetros o indicadores de control. El resultado
son ejercicios ajustados.
4.- Difusión. Las acciones coordinadas (insumos) que aparecen en las tareas
que se originan en la organización administrativa basan su éxito en una
administración competente, pero además de la difusión, investigación y revisión de
las labores organizadas y ejecutadas.
Ahora bien, una política ambiental es el grupo de fines, estándares,
lineamientos y pautas globales que sirve para resguardar la naturaleza de una cultura
específica como consecuencia de un análisis histórico de los hechos. Tomándose en
cuenta la disposición de las reglas creadas para solventar enfrentamientos y
normalizar las interacciones entre la sociedad civil, las compañías privadas y el
Estado, respecto a la utilización, protección y recuperación de la naturaleza. El
propósito esencial de la política ambiental es la optimización del bien común
mediante el progreso y preservación de los recursos naturales, convertidos
específicamente en el bienestar de la persona humana.
Se concibe como política ambiental a la disposición de objetivos planificados
y asumidos por el Estado, dentro del sistema de un lugar físico particular y una
39
organización administrativa instituida, para garantizar la preservación, progreso,
recobro y utilización económica de los recursos naturales, asegurando el bienestar
humano, prosperidad, y avance en la satisfacción personal (Jaquenod de Zsogon,
2002, p.348)
La Administración Pública en materia ambiental posee tres importantes
orientaciones: a) la primera orientada a la conservación y vigilancia de los recursos
naturales; b) la siguiente encaminada al provecho de la calidad de vida de los
administrados; c) la última está encaminada en pro de la preservación del ligado de
recursos naturales, para su disfrute y aprovechamiento racional (Jaquenod de
Zsogon, 2002, p. 349).
La actuación pública es fundamental para normar y vigilar el empleo de los
recursos naturales y las funciones ambientales, esto para impedir una
sobreexplotación o el uso ineficaz de los recursos ecológicos y lograr la
sostenibilidad ambiental. Es así como, intenta descubrir planes de convenios
institucionales y disposiciones de acción adecuadas para adquirir un objetivo de la
utilización de recursos naturales y calidad ambiental mediante las decisiones
particulares y sensatas de los agentes interesados que utilizan los recursos
(Tobasura, 2006, p. 9).
Los estados deben gestionar leyes efectivas acerca del medio ambiente. Y así
conseguir un desarrollo sostenible, el resguardo del mismo será una pieza
fundamental del proceso de avance y no debe considerarse aparte. Cuando existe
una amenaza de daño genuino o invariable para el medio ambiente, y sin una
seguridad científica completa, los estados deben aplicar la idea de la medida de
seguridad. Os funcionarios del Estado les correspondería garantizar la
internalización de los costos ecológicos y la utilización de herramientas financieras,
considerando los criterios de que la persona que contamina tiene que, en un nivel
básico, asumir los gastos de contaminación. La evaluación del efecto natural de
cualquier movimiento propuesto debería ser adoptada como una disposición
nacional. La armonía, la mejora y la seguridad ecológica son interdependientes e
inseparables.
40
La totalidad de las medidas mostradas anteriormente obliga a la importante
decisión de implementar un mecanismo marco que controle la mejor utilizac ión
posible de nuestras riquezas naturales, por lo tanto, con un medio ambiente de
cuidado. Ello se podrá conseguir al momento que se noten las situaciones de nuestro
pasado y con esa experiencia se marque el mejor para ir hacia el futuro; ya que, esto
nos va a dar el compromiso de buscar las medidas y las restricciones que admitan
el buen uso de la riqueza, específicamente, el cuidado del medio ambiente.
Las políticas públicas en lo concerniente al ambiente se apoyarán no
solamente en lo expuesto anteriormente, sino también en nuevos planes de
inversión social y corresponsabilidad, optimizando los datos para la sociedad y
vigorizando las actuales clases de corresponsabilidad ciudadana en la política
pública. Al igual que la creación de una cultura de prevención, la utilizac ión
práctica de los activos y la mejora de la satisfacción personal, trazada como una de
las labores fundamentales compartidas entre el Estado y la sociedad, donde la
instrucción, la preparación y la correspondencia sean especiales.
La política ambiental tiene que ser vista de manera integral, ello sugiere que
sea tomada en cuenta en el proceso general de planificación de desarrollo. Esto
implica que tiene que estudiarse e investigarse en el ámbito de la fijación de
recursos, debe ser conceptualizada, acogida y ejecutado dentro de un proceso de
planeación, y debe ser organizado a través de actividades orientadas a reguardar la
calidad del medio y el desarrollo sostenible (Jaquenod de Zsogon, 2002, p. 347).
La política ambiental y las decisiones de respaldo deben planificarse para
limitar los posibles riesgos de daño ecológico, en otras palabras, esa vulnerabil idad
normal de los fenómenos y procesos ambientales.
La política ambiental requiere de tres instrumentos, los cuales se mencionan
a continuación:
1.- Estrategias: componen ciertos cursos imprimidos a las acciones asumidas,
acorde a las específicas situaciones que determinan a un escenario dado, teniendo
en cuenta continuamente lo referido a lugar, tiempo, maneras y particularidades de
la sociedad.
41
Se encuentran relacionadas, comúnmente, con el acogimiento de decisiones
importantes surgidas del conocimiento general de la realidad a la que son
destinadas.
2.- Planificación: esta debe fundamentarse en una idea sistémica y reconocer
las circunstancias que, posiblemente, lograrían ser importantes. Las actividades de
programación son acciones de esencia anticipativa, de allí que sea necesario
analizar el sistema y su entorno anteriormente, para la actualidad y para las
representaciones del futuro.
Al planificarse es primordial tomar en cuenta lo que se refiere a la precaución
y a la prevención, ya que es necesario prevenir al máximo las respuestas del sistema
natural y social, usando dichas reacciones a favor del mismo procedimiento de
programación. Lo que se pretende es disminuir situaciones de riesgo, eliminando
gran parte de la duda. Ozebankhan expresa que la planificación posee tres niveles
(Jaquenod de Zsogon, 2002, p. 387): normativo, estratégico y operacional. El nivel
estratégico permite la separación de los medios directos para llevar a cabo los
niveles normativoss; en otras palabras, indica lo que es concebible hacer dentro de
un período específico. El operativo funciona en la realidad e influye en el
ordenamiento de las condiciones que permiten el reconocimiento de las partes
estandarizadoras del plan.
3.- Legislación: se precisa instituir reglas que normen los comportamiento s
agresivos en materia ambiental, y que se utilicen a manera de control de
responsables, públicos y privados, en la práctica de sus acciones.
Las normas que se den deben tener efectiva aplicación y obligado
cumplimiento, y el grado de la sanción debe estar en relación directa con el perjuicio
ambiental causado.
Debe tomarse en cuenta que a la par de la legislación está el impacto ejercido
por el elemento sociológico, religioso, filosófico y cultural de la población.
Pulgar Vidal (2010) llama la atención sobre que los ángulos fundamenta les
para sentir que hay un arreglo ecológico en el Perú son:
42
1.- Las regulaciones, como leyes, estándares administrativos y otros
estándares adicionales, expuestos de acuerdo a datos técnicos y científicos, y en el
total saber de una situación geográfica compleja y una realidad social que nos
recuerda como una nación plural y multicultural.
2.- Institucionalidad con capacidad para tramitar las reglas, crear su
observancia y fomentar la comprensión. Respecto al asunto ecológico, es preciso
tener en cuenta que este requiere la asociación de la estructura institucional en la
lógica de un marco utilitario y eso debe estar representado por las reglas de un
organismo administrador.
3.- Mecanismos que garantizan la participación ciudadana en sus tres formas:
acceso a los datos oportuno y a un costo real, al procedimiento y a la justicia, que
profesa reconocer la directriz de patrocinio de intereses difusos, la presencia de
procedimientos legales eficientes que atiendan dichos intereses y entes
jurisdiccionales dispuestos, preparados y con cierta experiencia con relación al
asunto.
4.- Componentes financieros para ayudar al gasto de la puesta en práctica de
la política ambiental, de acuerdo a pautas de sencillez y mediante mecanismos
eficientes para el excelente uso y objetivo de los recursos.
5.- Adiestramiento, preparación y propagación, encaminadas hacia el
desarrollo de la sensibilización pública acerca de los estándares ambientales y su
observancia.
6.- Incentivos planeados para remunerar prácticas sanas de la tierra.
7.- Voluntad política.
La Constitución Política del Perú en su Art. 67° muestra que el Estado decide
la estrategia nacional del ambiente. En observancia de esta orden el MINAM aprobó
por Decreto Supremo 012-2009-MINAM de mayo de 2009 la política nacional del
ambiente, cuyo propósito es optimizar la calidad de vida de los individuos, avalando
la presencia de sistemas biológicos sanos, factibles y prácticos a largo plazo y el
desarrollo sostenible de la nación, acorde la regla de respeto a los derechos
esenciales del individuo.
43
La Política Ambiental Nacional del Perú se encuentra enmarcada en lo
determinado en los Arts. 67° y 68° de la Constitución Política del Perú, y de igual
manera en los tratados, acuerdos y declaraciones internacionales suscritos y
ratificados por el Perú en materia ambiental. Es así como se constituye como una
de las herramientas de gestión ambiental más significativas y la observancia
necesaria en escala gubernamental y la dirección para el sector privado y la sociedad
civil, con el propósito de alcanzar el desarrollo sostenible de la nación.
La Política Nacional del Medio Ambiente en el Perú, construida por el
Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, depende de los subsiguientes principios:
1.- Transectorialidad. - Involucra que las actuaciones de los funcionar io s
públicos con incumbencia ambiental deben facilitarse y articularse, nacional,
sectorial y localmente, para así garantizar la mejora de las actividades compuestas,
integrales y coordinadas, para mejorar sus resultados.
2.- Análisis costo-beneficio. - Las actividades públicas tienen que tomar en
cuenta el estudio entre los recursos a invertir y los retornos sociales, ecológicos y
financieros deseados.
3.- Competitividad. - Los trabajos públicos en temas ecológicos deben ayudar
a optimizar la competitividad de la nación en el marco del avance financiero y el
resguardo del interés público.
4.- Gestión por resultados. - Las actividades públicas deben organizarse para
una administración basada en resultados e incorporar fuerza motivadora y sanción
para garantizar una conveniente observancia de los efectos deseados.
5.- Seguridad jurídica. - Las actividades públicas deben basarse en reglas y
lineamientos claros, lógicos y sólidos después de un tiempo, para garantizar la
coherencia, la confianza y el gradualismo de la gestión pública en lo que al medio
ambiente se refiere.
6.- Mejora continua. - La sostenibilidad ambiental tiene que ver con un fin a
largo plazo que debe lograrse por medio de voluntades dinámicas y perpetuas que
producen actualizaciones constantes.
44
7.- Cooperación público-privada. - La combinación de esfuerzos entre las
labores públicas y las del sector privado, incluida la sociedad civil, debe ser superior
para solidificar los fines habituales y compartir compromisos en la gestión
ambiental.
La Política Nacional del Ambiente en el Perú se encuentra estructurada en
cuatro ejes temáticos:
1.- Preservación y uso sostenible de los recursos naturales y de la diversidad
biológica.
2.- Gestión completa de la calidad ambiental.
3.- Gobernanza ambiental.
4.- Responsabilidades y ocasiones ambientales internacionales.
La política ambiental peruana precisa indicar en su ley ambiental el princip io
de prevención, teniendo en cuenta que al momento de existir la seguridad de que
una acción puede provocar menoscabo ambiental deberán asumirse disposiciones
para prever, inspeccionar e impedir que esta se origine; principalmente el principio
de internalización de costos o contaminador pagador, para que los costos
implicados en la prevención y lucha contra la contaminación sean admitidos y
resueltos por las personas que los originan, asegurando que el ambiente se halle en
una situación tolerable y que los costos de las disposiciones puedan reflejarse en
los bienes y servicios que contaminan la producción y el consumo. La existencia de
políticas públicas mediáticas en esta nación, viene dada como consecuencia de la
restringida concepción del desarrollo sostenible que debe ser el resultado de un plan
de desarrollo extraordinario que venga de la experiencia del pasado, el presente
estado de las cosas y el plan para lo que está por venir.
La Política Nacional del Ambiente en el Perú toma en consideración las reglas
de las políticas públicas determinadas por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y los arreglos de la Ley N° 28611, Ley General del Medio Ambiente.
Caracteriza los fines prioritarios, las reglas, el contenido principal y los
modelos nacionales de inevitable observancia requerida en temas, por ejemplo,
45
variedad biológica, bosques, cambio climático, desechos sólidos, limpieza,
sustancias químicas, entre otros.
El propósito de la Política Nacional del Ambiente es optimizar la satisfacc ión
personal (desarrollo integral), asegurando la presencia y preservación del
patrimonio nacional de la nación, los fuertes sistemas biológicos, posibles y
eficaces a largo plazo; lograr el avance sostenible de la nación, a través de la acción
preventiva y el recobro del medio ambiente y sus partes, la protección y el uso
práctico de los recursos naturales, de una forma consciente y conveniente con
deferencia por los derechos esenciales del individuo. Poder conseguir una elevada
participación ciudadana (conciencia ecológica y cultura). Igualmente, conseguir el
afianzamiento de la gobernanza ambiental y la gestión ambiental a escala nacional,
regional y local, componiendo las operaciones transectoriales en materia ambienta l.
Estructura de la Política Nacional del Ambiente
a) Eje de Política 1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y de la diversidad biológica
Esta traza fines concernientes a la diversidad biológica, recursos genéticos,
bioseguridad, aprovechamiento de los recursos naturales, minería y energía,
bosques, ambientes marino-costeros, cuencas, agua y suelo, moderación y
transformación al cambio climático, desarrollo sostenible de la Amazonía y
ordenamiento territorial. Propósitos que pretenden alcanzar su desarrollo,
protección y uso sostenible, actualizando herramientas de evaluación, apreciación
y financiamiento, y de igual manera mecanismos para su uso responsable. Buscar
el progreso de los modelos ambientales y sociales de las acciones minero-
energéticas, con códigos y pautas de comportamientos establecidas, claras, y
comprobar su ejecución, además de fomentar el compromiso social corporativo.
Conseguir el ordenamiento de la utilización y ocupación de las tierras
enmarcadas en la seguridad jurídica y previsión de conflictos.
b) Eje de Política 2. Gestión integral de la calidad ambiental
El mismo proyecta objetivos concernientes al control integrado de la
contaminación, calidad del agua, del aire, desechos sólidos, sustancias químicas y
materiales peligrosos, calidad de vida en ambientes urbanos. Tales objetivos
46
pretenden conseguir una gestión sostenible, existiendo una corrdinación entre el
gobierno nacional, regional y local, de las acciones productivas, extractivas, de
innovación, comercial y de servicios, para afirmar una conveniente calidad
ambiental en la nación. Igualmente, alcanzar la inspección eficiente de las fuentes
de contaminación y a los garantes que se generen, instituyendo herramientas y
formas para el cuidado, inspección, valoración y comprobación ambiental. Añadir
aspectos de ecoeficiencia y control de riesgos ambientales y de la salud en las
actividades de los sectores público y privado.
c) Eje de Política 3. Gobernanza ambiental
Esta muestra objetivos alusivos a la institucionalidad, cultura, educación y
ciudadanía ambiental y la inclusión social en la gestión ambiental. Propósitos que
pretenden situar el problema ambiental en las disposiciones de Estado vinculando
las capacidades nacionales, haciendo colaboraciones y fomentando la participac ión
ciudadana. Fabricar distintos métodos de producción y vida fundamentados en las
nociones de la sostenibilidad, moral, inclusión social y justicia ambiental. Introducir
para el marco educativo nacional el avance de las capacidades en investigación y
desarrollo, emprendimientos, apoyo, ecoeficiencia y prácticas productivas de los
miembros de la sociedad para estimar económicamente y de manera responsable el
patrimonio natural. Promover la intervención activa y multicultural de la ciudad en
la gestión ambiental, y específicamente, la mediación franca de grupos minoritar io s
o vulnerables, sin segregación.
d) Eje de Política 4. Compromisos y oportunidades ambientales
internacionales
Este eje proyecta propósitos alusivos a las responsabilidades mundiales, y al
ambiente, comercialización y competencia. Fines que pretenden conseguir que
las posturas nacionales en lo que respecta al ambiente, mostradas en foros
internacionales, se articulen y manifiesten el interés nacional; y de igual manera, la
observancia de los convenios mundiales suscritos y ratificados por el Perú.
Conseguir que, en los procedimientos de intercambio comercial, se igualen los
principios ambientales con las políticas nacionales, para optimar la gestión
47
ambiental, en amparo de los recursos naturales y la calidad de vida de los
ciudadanos.
3.4.2. Principios del Derecho Ambiental en el Perú
Los principios generales del derecho son nociones o enunciados, de esencia
axiológica o técnica, que comunican la organización, la manera de maniobra y el
contenido de las reglas, (…) y del mismo derecho como un todo. Consiguen
encontrarse reunidos o no en la ley, no obstante, si no se encuentran no es
impedimento para que existan y funcionen (Rubio, 1993).
Tales principios son guías de la política, el derecho y la administrac ión
del Derecho Ambiental en el Perú:
a) Principio de prevención
El mismo tiene que ver con que los daños ocasionados al ambiente no todo
el tiempo logran ser restaurados, por eso la pauta de restablecer las entidades a la
situación previa a su afectación, reparación de daños. En lo que respecta a materia
ambiental no se logran dar, porque son irreversibles o graves. Motivo por el cual,
al momento de existir la convicción de que una acción pueda dañar e l me d io
ambiente es necesario asumir medidas para prevenir, alertar e imposibilitar que
el mismo se origine.
En el caso peruano, con la regulación administrativa del procedimiento
sancionador, se da cumplimiento a la labor disuasiva y preventiva, ya que la Ley
General del Ambiente construye sanciones pecuniarias; sin embargo, en el espacio
penal es más complicado ya que se proporcionan sanciones penales, sin medio
ambiente.
b) Principio de interdependencia o de transversalidad de la legislación
ambiental
El mismo alude a la presencia de una legislación integral sobre temas
medioambientales, ya que controla vínculos complicados y existentes entre el
medio ambiente y la intervención de las personas.
48
En particular, debido a la complejidad del comportamiento humano, la ley
ambiental requiere de diferentes disciplinas jurídicas que resguarden al medio
ambiente, que tutelen la administración de las partes.
c) Principio de incorporación de los valores ambientales
El Estado peruano lleva a cabo dicho principio desplegando una conveniente
gestión ambiental de forma transectorial, descentralizada y participat iva
(Andaluz, 2009, p. 563). En lo que respecta a la transectorialidad, este posee
mayor importancia porque involucra la inclusión del asunto ambiental en la
totalidad de los sectores de la administración pública.
Dicho principio sugiere además la anexión de la administración ambiental en
los gobiernos regionales y locales, con la intención de encontrar una respuesta
rápida la problemática ambiental en aquellos sitios donde se ha originado el daño.
Gestión ambiental que debe descentralizarse.
En el Perú, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, instituido en la Ley
Nº 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se encarga de
aplicar dicho principio, determinándose que posee como propósito guiar,
constituir, sistematizar, inspeccionar, valorar y avalar la ejecución de las políticas,
procedimientos, eventos y operaciones orientadas al resguardo del ambiente y
ayudar a la preservación y uso sostenible de los recursos naturales.
d) Principio de iniciativa pública
Este principio plantea que siendo el fin de la gestión ambiental la
administración sostenible del ambiente, el logro del ocurre por medio de las
entidades estatales, la creación y ejecución políticas y lineamientos ambientales.
e) Principio de participación ciudadana
El Estado peruano, fiel a su compromiso de defender y obedecer lo
determinado en diferentes convenios internacionales suscritos, posee como
referencia la Declaración de Río acerca del Medio Ambiente y el Desarrollo
(1992), que en su Principio 10 indica: El enfoque más ideal para manejar los
problemas naturales es con la participación de cada residente interesado, al nivel
adecuado. A escala nacional, todo ciudadano podrá acceder a datos sobre el medio
49
ambiente que tengan los funcionarios públicos, incluidos datos acerca de los
materiales y ejercicios que están en riesgo en sus grupos sociales, al igual que la
circunstancia de intervenir en los procedimientos de asumir disposiciones. Los
estados deben alentar y promover la atención plena y la intervención de la
ciudadanía permitiendo que la información sea accesible para todos. Se debe dar
acceso obligatorio a las operaciones legales y administrativas, incluida la
remuneración por daños y recursos pertinentes.
La Declaración de Dublín acerca del agua y el desarrollo sostenible (1992),
en su Principio 2, instituye: El uso del agua y su administración deben estar
inspirados por una metodología factible que dependa de la intervención del usuario,
organizadores y responsables de las decisiones en la totalidad de los niveles. El
planeamiento fundado en la intervención sugiere que los garantes de las políticas y
la población se vuelven cada vez más conscientes de la importancia del agua. Dicho
planteamiento infiere que las medidas deben tomarse en el nivel más adecuado,
con consultas públicas y apoyo al usuario en la distribución y realización de planes
de agua.
La declaración adoptada, sin poder jurídico obligatorio, los principios para
un Consenso Mundial sobre la Ordenación, Conservación y Desarrollo Sostenible
de los Bosques de diversos tipos, en el apartado 2.d señala: Los gobiernos tendrían
que comprometerse a fomentar la cooperación en igualdad de condiciones,
incorporadas las colectividades locales y las poblaciones indígenas, la industria, el
trabajo, las asociaciones e instituciones no gubernamentales, ciudadanos de los
bosques y las damas, en progreso, el uso y la planeación que de las directrices
forestales en la nación, y brindan puertas abiertas para dicha intervención.
La Declaración de Malmo (2000), en su apartado 16 señala: El trabajo de la
sociedad civil tiene que ser reforzado en la totalidad de los niveles a través de la
oportunidad de acceso a datos ecológicos, una extensa intervención en la toma de
decisiones y acceso a la justicia respecto a temas ambientales. Los gobiernos deben
brindar las circunstancias fundamentales para fomentar el privilegio de cada estrato
social para expresarse y asumir un rol enérgico en la edificación de un futuro
sostenible.
50
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificac ión
(1994), que posee representación vinculante y de la cual Perú es parte, en su Art.
3° establece: Para lograr los propósitos de este Pacto y ejecutar sus medidas, las
partes se orientarán, según los subsiguientes criterios: b) Las partes tienen que
avalar que las disposiciones con respecto a la mejora y el uso de proyectos para
luchar contra la desertificación y aliviar los impactos de la sequía, se tomen con la
cooperación de la población y de las comunidades locales y que, en grados más
elevados, se crea una situación de empoderamiento que fomenta la toma de
medidas a nivel nacional y local; c) Se tienen que promover, un clima de
asociación, la colaboración en todas las escalas de gobierno, comunidades,
asociaciones no legislativas y los usuarios de los recursos naturales, para
comprender más fácilmente el carácter y la estimación de los recursos de tierra y
los pocos recursos de agua en las regiones afectadas y fomentar el uso sostenible
de tales recursos.
f) Principio de internalización de costos o contaminador pagador
El Estado peruano asimismo respalda lo señalado en la Declaración de Río
acerca del Medio Ambiente y Desarrollo (1992), en el Principio 16 indica que:
Las autoridades nacionales tienen que intentar promover la internalización de los
costos ambientales y la utilización de herramientas económicas, valorando el
principio de que la persona o ente que contamine debe, en un primer momento,
asumir los gastos ocasionados por la contaminación, estimando el interés público
y sin deformar la comercialización ni las inversiones internacionales.
En el mismo se plasma el Derecho Ambiental Internacional mediante su
Principio de Contaminador - Pagador.
g) Principio precautorio
La legislación peruana asimismo adopta lo señalado en la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), que en el Principio 15 establece:
"Para resguardar el medio ambiente, los Estados deben ejecutar los criterios de
precaución según sus competencias. Al momento de existir un peligro de daño
genuino y definitivo, la ausencia de una garantía lógica científica no se usará como
51
motivación para retrasar el acogimiento de disposiciones prácticas para contrarrestar
el daño del medio ambiente.
La Convención Marco de las Naciones Unidas acerca del Cambio Climático
(1992), en el número 3) plantea que: Las partes deben asumir medidas de precaución
para evitar o limitar los motivos del cambio climático y aliviar sus impactos
desfavorables. Cuando existe el riesgo de un daño genuino o irreversible, la ausencia
de toda convicción lógica no debe esgrimirse como motivación para posponer dichas
medidas, valorando que las políticas y medidas para afrontar el cambio climático
tienen que ser eficaces para garantizar los beneficios mundiales con un gasto
concebible más reducido.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), en el prefacio dice:
"Contemplando de la misma forma que cuando hay un peligro de disminuc ión
o pérdida significativa de diversidad biológica, la ausencia de pruebas científicas
inequívocas no debe aducirse como motivo para posponer decisiones planificadas
para esquivar o limitar el peligro.
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, señala en su
Art.1°, lo siguiente:
1. Según la perspectiva de preocupación contenida en el Principio 15 de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992), el propósito de
este Protocolo es ayudar a garantizar un grado satisfactorio de seguridad en el
territorio de transferencia, manejo y uso seguro de seres vivos cambiados como
consecuencia de la biotecnología actual que puede afectar el resguardo y el uso
sostenible de la variedad biológica decente, considerando explícitamente los
peligros para el bienestar humano y concentrándose explícitamente en
movimientos transfronterizos.
Igualmente, muestra en el Art. 10°, número 6): El hecho de que no hay
garantía lógica debido a la ausencia de datos o información científica significat iva
adecuada acerca de la dimensión de los probables resultados desfavorables de un
organismo vivo modificado en la protección y el uso sostenible de la variedad
biológica en la parte de importación, considerando así mismo, los peligros para el
bienestar humano, no imposibilitará la parte de importación para impedir o limita r
52
estos impactos desfavorables concebibles, para elegir, según corresponda, respecto
de la importación del organismo vivo modificado que se menciona como se
muestra en la sección 3 anterior.
En el Art. 11°, numeral 8, se expresa que: Si no se tiene seguridad científica
debido a la ausencia de datos adecuados e información pertinente acerca del
alcance de las potenciales consecuencias desfavorables de un organismo vivo
modificado en la protección y uso sostenible de la variedad biológica decente en la
parte como alimento humano o animal o para ser procesado.
La Declaración de la Novena Conferencia de las Partes en la CITES (Fort
Lauderdale, noviembre 1994) anuncia: Bajo el principio precautorio, en casos de
vulnerabilidad, las partes procederán con la mayor ventaja de la preservación de
especies mientras piensan en la propuesta para enmiendas de los Apéndices I y II.
En el Perú, dicho principio se recoge en la Ley 29050 (2007) que señala:
«Precautorio. – Al momento de existir signos razonables de riesgo de daño
genuino o irreversible al ambiente o, a través de ella, al bienestar, la carencia de
seguridad científica no tendrá que ser usado como un motivo detrás de no asumir
o retrasar la ejecución de medidas convincentes orientadas para mantenerse alejado
o disminuir este riesgo. Dichas medidas y sus costos son razonables teniendo en
cuenta las posibles situaciones presentadas por el examen científico posible. Las
medidas deben ajustarse a las variaciones en la información científica que se
entrega después de su recepción. El poder que invoca la directriz precautoria es
responsable de los efectos de ser aplicada.
La Ley N° 26839, Protección y uso sostenible de la diversidad biológica
(1997), en su Art. 1° establece: "... Las normas y significados del Convenio sobre
la Diversidad Biológica se aplican por las razones para aplicar esta ley. Esta ley
equivalente en su Art. 29° establece que: A través de una pauta legal expresa, se
constituye la manera para acceder a los recursos genéticos o sus elementos
derivados. Podrán formarse restricciones parciales o completas para tal acceso, en
los casos subsiguientes: c. Impactos desfavorables de la acción de acceso en el
bienestar humano o en componentes fundamentales de la identidad en las acciones
de acceso sobre especies y ambientes; f. Regulaciones sobre bioseguridad.
53
Ley N° 27104, «Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la
Biotecnología» (1999), según el Art. 30° de la Ley 26839, en su Art. 10° establece:
El Estado, por medio de sus organismos competentes, evaluará los efectos
negativos para el bienestar humano, al medio ambiente y a la diversidad biológica,
lo que provoca la liberación intencional de un organismo vivo modificado (OVM)
y, si hay peligros, será autorizada su liberación y uso, entretanto que tal disposición
se justifique de manera técnica y no establezca un impedimento técnico o
limitación oculta en el intercambio. El Art. 11° incluye: Cualquier OVM cuyo uso
haya sido contemplado o descartado por los funcionarios competentes en otra
nación, no podrá admitirse; la solicitud será rechazada en pleno derecho y su uso
excluido en el dominio nacional. Igualmente, deberían aceptarse los OVM que no
fueron aprobados en otra nación y, en este sentido, se reconoce que existe un
posible peligro en su utilización. Por esta razón, los datos importantes se enviarán
a las autoridades aduaneras nacionales con el objetivo de que tomen las medidas
requeridas. Art. 12° señala: No se permite la utilización de OVM en armas
biológicas, en ensayos destructivos para la tierra y para el bienestar humano.
El Decreto Preeminente 022-2001-PCM, "Reglamento de Organización y
Funciones de CONAM" (2001), en su Art. 10° señala: "... El sustento de la política
y sus instrumentos son los estándares que a continuación se mencionan: e. El uso
del criterio de precaución, con el objetivo de que cuando exista una amenaza de
daño grave o irreversible, la ausencia de una convicción absoluta (sic) no se debe
usar como motivación para retrasar la aceptación de disposiciones viables para
prevenir el daño del medio ambiente.
El Decreto Supremo 102-2001-PCM, «Estrategia Nacional de Diversidad
Biológica del Perú» (2001), establece en los principios de la estrategia: Para
mantener, utilizar y repartir de manera justa los beneficios de la diversidad
biológica hacia la mejora sostenible, la estrategia depende de los siguientes
criterios: Principios rectores.- El criterio de precaución, según las disposiciones del
Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(1992), es una parte del enfoque de avance nacional».
54
Decreto Supremo 014-2001-AG, «Reglamento de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre» (2001), en los Arts. 1° y 3.67 especifican al princip io
precautorio como:
Disposiciones des t inadas a impedir o aminorar previamente perjuicios al
ecosistema, amenaza de disminución significativa o pérdida de diversidad
biológica, como resultado de experiencias o descuidos en el aprovechamiento y
administración de los recursos forestales y de fauna silvestre. No podrá invocarse
la ausencia de certeza científica como motivo para prorrogar dichas medidas.
Decreto Supremo 038-2002-AG, «Reglamento de la Ley de Áreas
Protegidas» (2001), en el Art. 60°, numeral 2), se instituye que los planes maestros
de la totalidad de zonas naturales aseguradas deben instaurar su zonificación, sin
embargo, cuando el mismo no exista, «el INRENA, en uso de la norma precautoria
puede resolverse temporalmente...»; mientras que el Art. 115°, numeral 4), señala
"Cuando se refiera a las áreas reservadas según su esencia y al uso de la norma
precautoria, el INRENA puede establecer que no es viable ejecutar acciones
vinculadas a la explotación de recursos naturales no renovables hasta su
clasificación final.
Ley Nº 28611, «Ley General del Ambiente» (2005), en su Art. VII instituye
que: Al momento de existir riesgo de daño grave o irreversible, la carencia de
seguridad absoluta no se usará como motivo para posponer la aceptación de
disposiciones eficaces y eficientes para paralizar la degradación del ambiente.
3.4.3. El derecho ambiental en el marco jurídico peruano
La Constitución Política del Perú de 1993 y el medio ambiente
La Constitución es la ley esencial, escrita o no, de un Estado soberano,
determinada o reconocida como guía para su administración. Esta establece los
términos y caracteriza los vínculos entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicia l
del Estado, por lo tanto, constituye la razón de su administración. Además, garantiza
a los ciudadanos ciertos derechos. Gran parte de las naciones poseen un texto
constitucional escrito (Pérez, 2000, p. 98).
55
Pérez (2000) igualmente califica a la Constitución de acuerdo a dos
perspectivas:
1.- Del ser al deber ser: Thomas Paine en The Rights of Man, la especifica
como: Una Constitución es algo que antecede a l gobierno y este es solamente
una obra de la Constitución. La Constitución de una nación no es un hecho de su
gobierno, sino del pueblo que compone un gobierno.
2.- L a constitución racional normativa: García Pelayo expresa que la
Constitución representa un sistema de normas. No constituye en su conjunto o
consecuencia de disposiciones parciales asumidas a medida que surgen circunstancias,
sin embargo, parte de la creencia en la probabilidad de construir de manera inequívoca
de manera general un plan jerárquico el cual encierra la vida del Estado y en el que se
incluyen la totalidad los casos específicos concebibles (Pérez, 2000, p. 98).
La Constitución racional normativa es el efecto de la mezcla de un componente
convencional y otro material. De manera formal, debe ser el resultado de la sociedad,
establecido por ella misma, y no una regla impuesta sin su consentimiento. De manera
material, la Constitución debe permitir a la sociedad autodirigirse políticamente de
forma consistente. La sociedad no debe ser exclusivamente independiente a la hora de
aprobar la Constitución, sino que debe seguir siéndolo luego de forma indeterminada
(Pérez, 2000, p. 99).
En lo que respecta al ejemplo peruano, lo concerniente al medio ambiente se
halla instituido en:
Título I «De la Persona y de la Sociedad».
Capítulo I «Derechos fundamentales de la persona», se precisa:
Art. 2°. La totalidad de las personas poseen derecho: (…) 22) A la armonía,
la tranquilidad, al disfrutar de su tiempo libre y al descanso, de igual manera a
disfrutar de un ambiente equilibrado y propicio para el desarrollo de su vida. Art.
3. La enumeración de los derechos previstos en este apartado no excluye al resto
que asegura la Constitución, ni otros de tipo comparativo o que dependan de la
dignidad del hombre, o de los principios de soberanía del pueblo, del Estado de
derecho basado en el voto y del tipo de gobierno republicano.
56
La Constitución Política del Perú tiene como un derecho fundamental de cada
individuo, el derecho al amparo y conservación del medio ambiente, para beneficio
de la sociedad en su totalidad, lo cual es oponible y exigible por el Estado, pero que
requiere para que se cumpla la intervención de cada actor social, ya que su afectación
nos concierne a todos. Supone que es un derecho fundamental indivisible del respeto
de cada individuo miembro de la sociedad peruana.
La Constitución, asimismo, reconoce diferentes derechos que se encuentran
vinculados con la dignidad de la persona, o determinados en los fundamentos
de soberanía del pueblo, del estado democrático de derecho y dicho documento.
Como subraya el numeral 22) del Art. 2° de la Constitución, existe el derecho de
un medio ambiente equilibrado, lo que implica que la seguridad abarca el marco
complicado y dinámico donde se despliega la vida. La Constitución no solamente
asegura que la persona progrese en un ambiente decente, sino que además sugiere
a esa condición, debe ser "apropiada para la mejora de la vida humana", lo que se
convierte en el compromiso del Estado, y también de las personas mismas, de
conservar las condiciones naturales del ambiente con el propósito de que las
personas vivan en circunstancias ambientalmente dignas.
De hecho, en el estado de derecho democrático, no se trata sencillamente de
garantizar la presencia del individuo o de cualquiera de los diferentes derechos de
su condición de individuos, y además de protegerlos de los ataques contra su
condición en esa presencia despliega y asegura a las personas en el futuro una
estabilidad ambiental y de manera similar permite que su vida se cree en
condiciones ecológicas satisfactorias; por lo tanto, como se expresa en el Art. 13°
de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Grupos Indígenas, el
"derecho a un medio ambiente seguro y saludable es una condición fundamenta l
para el gozo del derecho de la vida y la prosperidad colectiva.
En otras palabras, el Estado posee derechos y obligaciones de carácter
reaccionario y social. En consecuencia, en su cara reaccionaria, el Estado acepta
el compromiso de dejar de ejecutar alguna clase de actos que puedan afectar al
medio ambiente equilibrado y apropiado para la mejora de la vida humana .
Respecto al talante prestacional, tiene compromisos planificados para mantener
57
el ambiente de una forma equilibrada y conveniente, que se descifran, por lo
tanto, en un alcance de resultados potenciales, entre los cuales se puede hacer
referencia a la emisión de medidas legislativas orientadas a que en distinto s
sectores se fomente la preservación del medio ambiente, garantizando un futuro
excelente de vida.
La Constitución peruana no expresa de manera explícita el contenido
protegido del derecho al que se hace referencia; es decir, lo que alude al ambiente
equilibrado y conveniente para el progreso de la vida humana. Sea como fuere,
la actual Constitución da alguna dirección desde la cual es concebib le
concretarlo. Sin duda, el derecho mencionado anteriormente no se limita a
indicar que es un rasgo abstracto de la persona el vivir en un medio ambiente (lo
que positivamente no significaría mucho, ya que en su conjunto vivimos en uno),
sin embargo, el ambiente debe ser equilibrado y apropiado para la mejora de la
vida». Lo que implica que, desde un punto de vista constitucional, el medio
ambiente debe considerarse, bajo los atributos señalados, como un segmento
básico para el pleno disfrute de diversos derechos; así mismo, esencia les
reconocidos según la norma suprema y los convenios internacionales en lo que
respecta a los derechos humanos.
El Tribunal Constitucional en la Sentencia del Expediente N° 0964-2002-
AA/TC, indica que tal derecho es subjetivo de carácter constitucional, cuyo titula r
es la persona apreciado en sí mismo; ya que es establecido, además, como un
derecho o interés de carácter difuso, porque es un derecho titularizado por todos
y cada uno de los individuos.
Siempre el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Pleno en el
Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, señala a Raúl Canosa Usera, en su obra
«Constitución y medio ambiente», y expresa que el contenido del derecho
fundamental a un medio ambiente equilibrado y conveniente para el progreso del
individuo viene definido por los subsiguientes aspectos: 1) el derecho a disfrutar
de dicho medio ambiente y 2) el derecho a que el mismo se salvaguarde.
Ahora bien, el derecho de gozar un medio ambiente equilibrado y
conveniente, involucra la capacidad de los individuos para apreciar un entorno
58
natural donde sus componentes crean e interrelacionen de una forma característica
y agradable; y, para la situación en la que el hombre actúe, no debe implicar un
ajuste sustancial de la interrelación existente entre los componentes de la
naturaleza. Ello significa, por consiguiente, el disfrute no de ningún ambiente, sino
solo de lo conveniente para la mejora del individuo y su dignidad (Art. 1° de la
Constitución). Contrariamente, su disfrute estaría arruinado y el derecho estaría sin
contenido. Sin embargo, además, el derecho en estudio se precisa justificado para
proteger la tierra. El derecho de conservar un medio ambiente sano y equilibrado
implica compromisos inevitables para los poderes públicos, de conservar los
recursos ecológicos en las condiciones correctas para su goce. En opinión de este
Tribunal, dicho compromiso incluye además a las personas, y con una explicac ión
más notable a aquellos cuyos ejercicios financieros influyen legítima o
indirectamente en el medio ambiente (Sentencia del Pleno del Tribuna l
Constitucional en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC).
El Protocolo de San Salvador establece en su Art. 11° que todo individuo
posee el derecho a vivir en un entorno natural sano, a tener servicios básicos, y
que los Estados fomentarán el resguardo, conservación y mejora del medio
ambiente. Este artículo está vinculado con los Arts. 1° y 2°, inc. 22, de la
Constitución, porque está referido a una vida digna, no solamente cubriendo los
servicios básicos, sino disfrutando de un medio ambiente apropiado para el
progreso de la vida de la persona humana.
Los derechos humanos no solo tienen que ver con la actuación de la persona
en el ámbito social, sino igualmente a la convivencia e interrelación del mismo
con la naturaleza; es así como surge el derecho de las personas a coexistir con un
entorno natural sano y ecológicamente equilibrado.
El derecho a un ambiente sano o apropiado es entre los derechos ambienta le s
el que posee mayores garantías determinadas. Así como lo expresa Martín Mateo
citado en Mesa, (2007), (pp. 75-76), clasifica las técnicas y los instrumentos
jurídicos en:
59
1.- Medidas preventivas: aprobación, fijación de puntos de referencia, pautas
de las cualidades de la materia prima, homologaciones, exigencia de niveles
innovadores, evaluación del efecto ecológico.
2.- Medidas represivas: penalizaciones administrativas, sanciones,
interrupción de ejercicios, cierre de las infraestructuras y penales.
3.- Medidas disuasorias: arbitrios no fiscales, tasas, restricciones a la
importación de mercancías adquiridas en condiciones que se estimen adecuadas
para corregir, contratación de organizaciones que contaminan.
4.- Medidas compensatorias de tipo preventivo: tributos de vertido, tasas de
tributos y gastos fiscales de carácter finalista encaminados a financiar instalaciones
que eliminan o alivian la contaminación.
5.- Medidas compensatorias de naturaleza reparadora: tributos por un
motivo particular y reservas compensatorias.
6.- Medidas estimulantes: tratamientos fiscales favorecedores para
compañías que asumen aparatos anticontaminantes, ayudas con activos perdidos y
donaciones.
7.- Instrumentos económicos: gastos o tributos ecológicos, licencias de
emisión negociables, asegurar marcos de pago, ayudas presupuestarias y
entendimientos empresariales.
8.- Técnicas complementarias: educación e información.
Teniendo en cuenta lo expresado en este artículo, el Estado debe proteger al
individuo por ser un individuo, así como al entorno que lo envuelve, para nuestra
situación, el medio ambiente. Practicando la persona su libertad que es propia de
esta, respetando la dignidad que posee y la de los demás. Hay que recordar que
nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Realizando un
repaso conciso de lo dicho, se constata en la realidad que las normas determinadas
en la Constitución rara vez se cumplen; verdaderamente, existen poderes de
carácter económico que priorizan la inversión como elemento fundamental en el
mejoramiento de la sociedad, generando daño al medio ambiente. De hecho, no
importa lo que se establece en los derechos del individuo humano en la
60
Constitución, cuando existe el permanente incentivo de imponer la inversión sobre
cualquier derecho. Se advierte que debido al anhelo de buscar la inversión pase lo
que pase, se aparta el derecho de la persona de disfrutar de un medio ambiente sano
y equilibrado.
Título II «Del Estado y la Nación».
Capítulo I «Del Estado, la Nación y el Territorio», se precisa lo siguiente:
Art. 44°. Son deberes primordiales del Estado: proteger la soberanía
nacional; asegurar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la
población de peligros contra su seguridad; y fomentar el bienestar general que se
basa en la equidad y en el desarrollo integral y equilibrado del país. De igual
manera, es obligación del Estado crear y llevar a cabo la política de fronteras y
fomentar la integración, especialmente en América Latina, al igual que el
desarrollo y la unión de los territorios fronterizos, según la política exterior.
Art. 54°. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Abarca el suelo,
subsuelo, la zona marítima y el espacio aéreo que los recubre. La zona marítima
del Estado incluye el océano contiguo a sus costas, de igual manera su lecho y
tierra, hasta un recorrido de 200 millas náuticas, estimadas a partir de las líneas de
base establecidas por ley. En su área marítima, el Estado ejerce soberanía y
jurisdicción, sin prejuicio de las libertades de comunicación internaciona l,
conforme a la ley y con los acuerdos ratificados por el Estado. El Estado practica
la soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que envuelve su dominio y el
océano cercano hasta las demarcaciones más lejanas de 200 millas, sin perjuicio de
las libertades de comunicación internacional, según la ley y acuerdos ratificados
por el Estado.
Capítulo II «De los Tratados», se precisa lo siguiente:
Art. 55°. - Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del
derecho nacional.
El Estado peruano tiene como principales obligaciones la salvaguarda de los
derechos que aseguren la protección y desarrollo integral y equilibrado de su
población, destacando con la plena vigencia de los derechos humanos. Y de igual
61
manera los derechos señalados en el mismo documento y los constituidos en
ratificados.
Los acuerdos, en la legislación, poseen un carácter constitucional, en otras
palabras, están a nivel de la Constitución. En dichos tratados, particularmente, son
considerados los de materia medioambiental
El derecho a la protección incorpora igualmente el del territorio del Estado
sobre la cual ejerce su soberanía y jurisdicción.
Se infiere que lo determinado en la Constitución en materia de soberanía
comúnmente no se cumple, ya que la soberanía entendida como tal es la
característica que el Estado necesita para cuidar el medio ambiente, sin embargo,
este está en quiebra ya que se opta perder este principio por la exigencia de atender
y solventar el tema económico sin pensar en una priorización de derechos, en este
caso nuestra soberanía. El medio ambiente conveniente como garantía de vida para
el ciudadano peruano no es importante, más bien la acción que dala ese medio
ambiente, en otras palabras, el mal uso de la riqueza natural, que como cuidado se
encuentra establecido dentro del sistema de soberanía nacional.
Título III «Del Régimen Económico».
Capítulo II «Del Ambiente y los recursos naturales», se precisa lo
siguiente:
Art. 66°. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio
de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.
Por ley orgánica son establecidas las condiciones de su utilización y de su
otorgamiento a particulares. La concesión concede a su titular un derecho real,
sujeto a dicha norma legal.
Art. 67°. El Estado establece la política nacional del ambiente. Fomenta el
uso sostenible de sus recursos naturales.
Art. 68°. El Estado se encuentra obligado a fomentar la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
62
Art. 69°. El Estado fomenta el desarrollo sostenible de la Amazonía con una
legislación apropiada.
«Capítulo VI» Del régimen agrario y de las comunidades campesinas y
nativas», se precisa lo siguiente:
Art. 88°. El Estado ayuda de manera preferente el desarrollo agrícola.
Asegura el derecho de propiedad sobre la tierra, de manera privada, comunal o de
alguna otra manera conocida. La ley puede establecer los límites y la extensión de
la tierra de acuerdo a las características de cada zona.
Las tierras abandonadas, de acuerdo a previsión legal, pasan al dominio del
Estado para ser adjudicadas y luego ser compradas.
Art. 89°. Las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son
personas jurídicas.
Son autónomos para organizarse, en el trabajo comunal y en la utilización y
la libre disposición de sus propiedades, al igual que en las cuestiones económicas
y administrativas, dentro de la estructura establecida por la ley. La propiedad de
sus tierras es imprescriptible, a excepción del abandono señalado en el artículo
previo.
El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y
nativas.
El Tribunal Constitucional, en la Sentencia Plenaria sobre el expediente N°
0048-2004-PI / TC, muestra que el Art. 66° de la Constitución instituye que los
recursos naturales, in totum, son patrimonio de la nación. Lo que sugiere que su
uso indebido no debe aislarse del interés nacional, ya que es un patrimonio
universal reconocido para todos los peruanos. El Estado, como articulac ión
político-jurídica de la nación, es soberano en su utilización. Es de acuerdo a su
estándar que se configura su utilización y disfrute.
La Sentencia de la Plenaria Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en el
Expediente Nº 0003-2006-PI / TC, expresa que Los bienes naturales descansan
legítimamente en el dominio del Estado, como una articulación política legal de la
nación. Percibir que el Estado es soberano en su utilización (Art. 66° de la
63
Constitución), implica que está bajo su ius imperium e inspección que se debe crear
su utilización y disfrute.
El Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente N° 3510-2003-
AA/TC, expone que el Art. 67° de la Constitución instituye el compromiso
apremiante del Estado para organizar la estrategia ecológica nacional. Esto
involucra muchas actividades que el Estado se compromete a desplegar y a
fomentar para salvar y conservar el medio ambiente contra la acción humana que
podría influir en ella. Dicha política nacional, en otras palabras, el grupo de
directrices para la actividad orgánica del Estado para la preservación del ambiente,
debe consentir la mejora general de la totalidad de los peruanos que poseen el
derecho de disfrutar de un ambiente para el goce de su vida. Dicha obligac ión
estatal se identifica con lo establecido del Art. 2° (numeral 22) de la Constituc ión,
que reconoce el derecho fundamental de cada individuo a disfrutar de un ambiente
equilibrado y apropiado para el avance de la vida. En correspondencia, el Art. I del
Título Preliminar de la Ley General del Ambiente expone que toda persona posee
el derecho natural de vivir en un ambiente sano, equilibrado y apropiado para la
mejora total de la vida, y la obligación de ayudar a una gestión ambiental y
resguardar el medio ambiente...".
La interpretación conjunta de los Arts. 2°, numeral 22, 67° y 69° de la
Constitución, aseveran que, para la mejor seguridad del medio ambiente, debe
relacionarse con la idea de un desarrollo sostenible, que además comprende un
derecho legal constitucional.
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las
Naciones Unidas, Comisión Broundtland, precisó el desarrollo sostenible como un
progreso que complace los requerimientos de la actualidad sin arriesgar la
capacidad de las generaciones futuras para prestar atención a sus propias
necesidades, y que reside en el procedimiento de transformación en el que el uso
de recursos, la orientación de las inversiones y la alineación de las variaciones
tecnológicas e institucionales agrandan el presente y venidero potencial para
prestar atención a las exigencias y deseos humanos.
64
La Constitución Política del Perú muestra normas alusivas al medio ambiente
como un derecho esencial del individuo, este es asegurado por el Estado a mediante
el acogimiento de medidas que contribuyan a su cumplimiento. En esta norma, de
carácter supremo se toma en cuenta el uso del principio de precaución, comprendido
el mismo que al momento que exista riesgo de daño grave o irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no tendrá que usarse como motivo para posponer la
adopción de disposiciones enérgicas de acuerdo a los costos para impedir la
degradación del medio ambiente. Tal noción de precaución se distingue desde el
instante en que con ella se pretende permitir exclusivamente las actividades con
un controlado efecto en el medio ambiente; así como en cualquier medida
cautelar asumida por los tribunales. Este principio requiere y consiente a las
autoridades llevar a cabo las operaciones precisas para impedir daños graves e
irreversibles a los derechos humanos y al ambiente, todavía frente a la falta de la
evidencia general de los daños; ya que, frente al peligro probable de efectos graves
e irreversibles, prevalecerá el amparo a los derechos humanos y al ambiente.
Lo determinado en el Art. 66° de nuestra Constitución, aunque es declarativo,
estipula su ejecución proactiva mediante disposiciones legales, no obstante, por
lo general no se cumplen, la persona interesada busca constantemente los caminos
y vías posibles para violarlos y así se abusa constantemente del patrimonio de la
integridad del medio ambiente. Como hemos indicado las políticas públicas sobre
el medio ambiente son mediáticas, su resultado igualmente posee una breve
efectividad, está constantemente dispuesto a buscar opciones potenciales de
ventaja específica, de ahí que se diga "hizo la ley, hizo la trampa ", es esta, en ese
punto, la declaración de cómo la ley es burlada continuamente; es cierto que este
comportamiento es concebible por la permanente impunidad practicada con la no
aparición de sanción para los individuos que transgreden con actos en menoscabo
de nuestro patrimonio natural, posteriormente, el uso sostenible de nuestro
patrimonio natural no está en todos los caso muy protegido, similar al caso de este
estudio.
El deber de fomentar la preservación de la diversidad biológica y de las zonas
naturales protegidas en la práctica no es cumplida, de manera reiterada se
contempla un comportamiento de impunidad vivida en el Perú.
65
El fomento del desarrollo sostenible de la gran extensión de la riqueza
amazónica de esta nación no se lleva a cabo porque, reitero igualmente, no hay una
política pública específica a largo plazo sobre el cuidado del medio ambiente y de
los recursos naturales.
El Perú es una nación vista como productora de materias primas y
exportadora de minerales como base de sustento económico. Al comprender tales
resultados de las materias primas nos encauzamos hacia el desarrollo agrícola y en
este aspecto casi nunca hemos apreciado que los resultados de la producción
intelectual del recurso humano peruano corresponden primordialmente a una dieta
natural sin los incentivos transgénicos que actualmente el progreso de las grandes
empresas procuran meter el desarrollo agrario; de allí que, es significat ivo
resguardar la tenencia de la tierra como un medio obligatorio en la vida de un
individuo que con el tiempo garantiza un excelente resultado humano entre
fomentar el desarrollo agrícola natural y el desarrollo agrícola impulsado por los
transgénicos.
Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales
Esta Ley se publicó el 26 de junio de 1997. Controla el sistema de utilizac ión
económica de los recursos naturales, creando sus condiciones y las modalidades de
otorgamiento a las personas, de acuerdo con el mandato contenido en la
Constitución Política del Estado, la Ley General del Ambiente y los convenios
internacionales ratificados por el Perú.
Fomenta y controla la utilización de recursos naturales renovables y no
renovables, que se consideran patrimonio nacional, creando un sistema conveniente
para la promoción de la inversión, garantizando una armonía única entre el
desarrollo financiero, la preservación de los recursos naturales y del ambiente y el
progreso general de la persona humana.
Esta Ley también muestra la participación ciudadana desplegada como el
derecho a ser notificados y a colaborar en el establecimiento y apropiación de las
políticas afines con la protección y la utilización sostenible de los recursos
66
naturales. Asimismo, el derecho de plantear demandas y fomentar iniciativas frente
a autoridades competentes, conforme a la ley correspondiente.
Tal ley instituye que la soberanía del Estado se convierte en la competencia
que posee para administrar y practicar las labores oficiales y jurisdiccionales sobre
ellos. De allí que es su obligación fomentar el uso sostenible de los recursos
naturales mediante leyes especiales acerca del tema, las políticas de desarrollo
sostenible, el marco de refuerzo a la producción, promover el saber científico
tecnológico, la libre iniciativa y la innovación productiva.
Igualmente, dicha ley muestra que las leyes especiales que controlan el uso
sostenible de los recursos naturales deben establecer instrumentos para comprender
posibles enfrentamientos, deben construir las decisiones necesarias para la
supervisión conveniente de la utilización sostenible de los recursos naturales; y las
condiciones, requisitos, criterios y prórrogas en la concesión de derechos sobre los
recursos naturales.
Esta Ley asevera que es deber del Estado promover la preservación de zonas
naturales que tienen significativa diversidad biológica, paisajes y variedad de
elementos del patrimonio natural del país, como zonas naturales protegidas,
además de resguardar los recursos vivos en riesgo de extinción que no se hallen
dentro de dichas áreas.
Un elemento importante en esta ley es la de los recursos de libre acceso del
ámbito contiguo a sus tierras proporcionada a campesinos y nativos, y así consigan
favorecerse, de forma gratuita y sin exclusividad, para complacer sus
requerimientos de subsistencia y utilización ritual, entretanto que no haya derechos
exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del Estado.
Igualmente, tal ley plantea que el uso sostenible de los recursos naturales
involucra la utilización racional de dichos recursos valorando su capacidad de
renovación, sorteando su sobreexplotación y restaurándolos cualitativa y
cuantitativamente si así fuese necesario. Norma que da cumplimiento al princip io
de sostenibilidad determinado en la Ley General del Medio Ambiente (Art. V).
Asimismo, la norma muestra la presencia del otorgamiento de derechos para
la utilización sostenible de los recursos naturales a las personas a través de la
67
concesión, licencias, derechos, autorizaciones, aprobaciones, contratos de acceso
y contratos de explotación, siendo la retribución económica la contribución con el
Estado por el recurso natural.
Las condiciones de la utilización sostenible de los recursos naturales, por
parte del titular de un derecho, involucra el uso del recurso natural conforme al
título del derecho, observancia de los deberes expuestos por la legislación especial
correspondiente y de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y
los planes de manejo de los recursos naturales determinados, pago de la
remuneración económica adecuada, mantenimiento al día el derecho de vigencia.
Ley N° 26834 – Ley de Áreas Naturales Protegidas
Ley publicada el 4 de julio de 1997. La misma instituye elmentos vinculados
con la administración de áreas naturales protegidas y su preservación. Los
territorios naturales resguardados son establecidos de manera concluyente y se
encuentran en dominio público.
Las áreas naturales protegidas tienen la finalidad de garantizar la progresión
de procedimientos ecológicos y transformadores; conservar las pruebas de las
diversas clases de comunidad natural, paisajes y formas fisiográficas; impedir la
extinción de las especies de flora y fauna, el detrimento de variedad genética;
conservar y administrar los recursos de la vegetación silvestre y fauna silvestre,
para garantizar una producción estable y factible; conservar y administrar las
condiciones funcionales de las cuencas hidrográficas para garantizar el surtido, la
corriente y la calidad del agua; suministrar medios y circunstancias para acciones
instructivas, para la mejora de la investigación científica, para actividades
recreativas; conservar el hábitat indígena de los recursos sociales, arqueológicos e
históricos registrados situados dentro; restablecer ambientes perjudicados;
mantener la identidad natural y cultural existente en los territorios.
Los gobiernos descentralizados de nivel local tendrán la opción de supervisar,
frente al Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, el manejo de la
creación de un área de conservación regional a su alcance.
Las categorías del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas -
SINANPE son: los Parques Nacionales, los Santuarios Nacionales, Santuarios
68
Históricos, Reservas Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas
Nacionales, Reservas Comunales, Bosques de Protección y Cotos de Caza.
La labor del INRENA consiste en especificar la política nacional y plantear
la normatividad demandada para el desarrollo de las áreas naturales protegidas;
registrar y realizar el censo oficial de las áreas naturales protegidas; llevar a cabo
el plan director y autorizar los planes maestros de tales zonas; establecer las
sanciones administrativas que incumban al momento de infracciones; fomentar la
combinación interinstitucional entre los entes públicos del Gobierno Central,
regional y local que funcionan, entran o colaboran en la tarea y progreso de las
áreas naturales protegidas; fomentar la colaboración de la sociedad civil; plantear
a la UNESCO para la declaración e inscripción de espacios de Patrimonio Mundia l.
El Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo 038-
2001-AG, en sus Arts. 61° al 64° expresa que solamente existen tres competencias
área de amortiguamiento: la número uno consiste en demarcarla, la segunda es
opinar sobre la permisión de labores forestales o cualquier ente o institución que
solicite un estudio de impacto ambiental (EIA) o programa de ajuste y manejo
ambiental (PAMA), y la última es controlar y vigilar las labores realizadas en el
área de amortiguamiento.
En el Perú existen muchos lugares que deben y son apreciados como áreas
naturales protegidas.
Ley N° 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
Ley publicada el 4 de junio de 2004. La gestión ambiental nacional se practica
dependiendo de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que
espera controlar, incorporar, organizar, regular, evaluar y avalar la utilización de
políticas, procedimientos y actividades planificadas para asegurar la tierra ,
contribuyendo a la preservación y utilización sostenible de los recursos naturales.
La gestión ambiental es un procedimiento permanente y continuo, planificado
para tratar los intereses, deseos y recursos identificados con los propósitos de la
Política Ambiental Nacional y, en este sentido, lograr una satisfacción personal para
los ciudadanos, el desarrollo sostenible de las labores financieras, la mejora del
entorno urbano y rural y la protección del legado común de la nación.
69
La gestión ambiental o la planificación ambiental están firmemente
conectadas con el desarrollo económico. Sin duda, los fines de las políticas públicas
en esta nación intentan disminuir los vacíos de pobreza y conseguir la incorporación
de residentes que están fuera del alcance de la seguridad del Estado; eso es
conseguir un Estado para todos los peruanos. De allí que tiene que garantizarse que
dicha mejora sea sostenible en términos naturales y no es únicamente la
consecuencia de la extracción sin sentido y el uso indebido de nuestros recursos o
la ausencia de incentivos financieros para las administraciones ecológicas (por
ejemplo, el transporte límite de la tierra o la asimilación de los desechos, entre
otros).
Algo que debe destacarse lo referido a la gestión ambiental por parte de los
gobiernos locales y vecinales, gestión señalaba en las leyes excepcionales para cada
uno, la formación de Comisiones Ambientales Municipales, que fomentarán la
mejora de enfoques para ayudar a la sociedad civil en la gestión ambiental, ; así
mismo, muestra de manera clara que el residente, de manera particular o grupal,
debe intervenir en la protección y resguardo del patrimonio natural y los recursos
naturales de su región.
Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente
Esta ley se publicó el 15 de octubre de 2005. La Ley General del Ambiente
resulta de un proceso planeado e informado en marzo del 2002, al momento que el
CONAM mostró la Agenda Ambiental Nacional, AAN, 2002-2004.
La promulgación de la Ley General del Ambiente cierra una fase distinta
en la gestión ambiental en el Perú. Acaba un procedimiento que empezó de manera
formal en 1990 con la dación del Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, Decretos Legislativos Nº 611 y 613.
La misma desarrolla los derechos y principios ambientales, la integración de
las herramientas de gestión ambiental, está a favor de una gestión ambienta l
transectorial, descentralizada y participativa, el afianzamiento del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, fundado en el 2004, bajo la rectoría del
CONAM, vienen a ser aspectos muy resaltantes.
70
La Ley General del Ambiente vigente toma los principios internaciona les
en materia ambiental, entre los que están:
1.- El Art. I, «Del derecho y deber fundamental», el cual instituye que
todo individuo posee el derecho irrenunciable a un ambiente sano y equilibrado,
conveniente para el progreso de la vida; y paralelamente el deber - obligación de
apoyar con la gestión efectiva y protección del medio ambiente, de ejecutar
labores que aseguren el bienestar físico de los individuos de manera particular y
grupal, la preservación de la variedad biológica y conservar la continuidad de los
ecosistemas, la utilización sostenible de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible de la nación.
Dicho principio se encuentra relacioando con el Art. 2°, inciso 22, de la
Constitución Política del Estado, que acepta como derecho fundamental el de
disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia del Expediente Nº 0018-2001-
AI/TC, tiene al ambiente como un sistema; en otras palabras, como un grupo de
componentes que cooperan entre sí. De esta manera, sugiere el resumen de
elementos naturales, vivos o sin vida, sociales y culturales que existen en un sitio
y tiempo particular, que afectan la vida material y mental de las personas. Por lo
tanto, depende de la protección jurídica y es parte del seguro de derechos
humanos.
Asimismo, el Tribunal Constitucional afirma que existe una
responsabilidad presente del Estado y de los individuos de conservar estas
condiciones naturales del ambiente, con el objetivo de que exista vida humana y
se despliegue confianza en condiciones respetables en el ambiente. El estado
democrático de derecho debe garantizar a los individuos contra las embestidas a
la naturaleza en la que se crea su existencia, para tener en cuenta la mejora de la
vida en condiciones ambientales tolerables. El Estado toma la responsabilidad de
negarse a ejecutar cierta clase de acciones que conmuevan a la naturaleza,
equilibradas y trabajos de prevención, para mantener una buena forma de no
dañar la tierra.
71
2.- Artículo II, «Sobre el privilegio del acceso a la información», princip io
que instituye que cada individuo posee el derecho de acceder, de manera oportuna
y apropiada, a datos públicos acerca de las políticas, reglas, disposiciones,
trabajos y ejercicios. Eso podría influir, de manera directa o indirecta, en el medio
ambiente, sin la necesidad de recurrir al apoyo o al interés que origine tal requis ito
previo, así como cada individuo se encuentra en la obligación de suministrar a
las autoridades los datos suficientes que demandan para una gestión ambienta l
viable, según Ley.
3.- El artículo III, "Del derecho a la participación en la gestión ambienta l",
tiene que ver con el derecho y el deber que posee cada individuo de intervenir de
manera responsable en los procedimientos de toma de decisiones, al igual que en
el esclarecimiento y utilización de políticas y disposiciones identificadas con el
ambiente y sus segmentos, incluidas en cada grado de gobierno.
4.- E l Art. IV, «Del derecho de acceso a la justicia ambiental», exige a
los entes administrativos y jurisdiccionales que sea atendido el derecho de los
interesados a una operación expedita y fácil en resguardo del medio ambiente y
de sus partes, y de igual manera de vigilar la debida defensa del bienestar físico de
los individuos de manera particular y colectiva.
5.- E l Art. V, «Del principio de sostenibilidad», s e ña la que la gestión
del ambiente y de sus elementos, la práctica y el resguardo de los derechos
ambientales, está fundamentada en la unificación equitativa de elementos sociales,
ambientales y económicos del progreso nacional, así como en la complacencia de
los requerimientos de las presentes y venideras generaciones.
La noción de desarrollo sostenible abarca dos concepciones esenciales:
- La definición de necesidades, particularmente las necesidades
fundamentales de los pobres del mundo a la consideración de las cuales debe fijarse
la prioridad solicitada.
- La idea de las restricciones aplicadas por el Estado de la tecnología y de
la estructuración social acerca de las capacidades del ambiente para complacer las
actuales y venideras exigencias (Carhuatocto, 2001, p. 41).
72
El Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente Nº 0048-2004-
PI/TC, establece que por «sostenibilidad» se entiende el vínculo existente entre
los sistemas dinámicos de la economía humana, los sistemas ecológicos, en el cual
el avance de la persona permanece de manera indefinida pero que las
consecuencias de la acción humana tienen límites, para que así no se arruine la
variedad, la confusión y el uso del sistema ecológico que se utiliza como
sostenimiento a la vida.
Ello plantea que no tiene que ver solo con las probables limitaciones de un
propósito solidario o para llevar a cabo con ciertos servicios propios del estado
social y democrático de derecho, sino inclusive, como una exigencia de conservar
y salvaguardar la especie humana (...) en un sentido significativo, sostenibilidad
es pura justicia respecto a las generaciones futuras. Siendo necesario encerrar
igualmente a las venideras generaciones de distintas especies, aun cuando el
interés primordial se encuentre centrado en la propia especie (Sentencia del
Tribunal Constitucional, Expediente Nº 0048-2004-PI/TC).
De acuerdo a eso, el Tribunal Constitucional, en su sentencia del Expediente
Nº 0048-2004-PI/TC, expone que el vínculo entre la producción económica y el
derecho de un entorno natural armonioso y adecuado para el avance de la vida,
aparece de acuerdo a las subsiguientes nociones:
- El principio de desarrollo sostenible o sustentable (que posteriormente
tendrá un estudio);
- El principio de conservación, cuya legitimidad trata de conservar los
productos ecológicos en un estado ideal;
- El principio de prevención, que significa proteger los recursos ecológicos
de cualquier amenaza que pueda influir en su realidad;
- El principio de restauración, aludiendo al saneamiento y recobro de recursos
naturales estropeados;
- El principio de mejora, que busca aumentar las ventajas de los bienes
ambientales para el bienestar humano;
73
- El principio precautorio, que incluye la adopción de disposiciones de
prudencia y reserva al momento de existir una vulnerabilidad científica y signos de
peligro en el componente genuino de los impactos de los ejercicios humanos en la
tierra; y,
- El principio de compensación, que sugiere la producción de mecanis mos
que permitan reparar el mal uso de los recursos no renovables.
El desarrollo sostenible involucra desplegar las actividades de forma
responsable y duradera. Es un principio que envuelve un trabajo de la toma de
conciencia de los participantes públicos y privados y de la población, la
totalidad involucrada en el uso de los recursos naturales, para decidir de manera
responsable sobre el uso racional de los mismos, pretendiendo la conservación del
medio ambiente para el beneficio de la actual población y de la venidera.
6.- El Art. VI, «Del principio de prevención», expone que la gestión ambienta l
tiene como propósitos esenciales advertir, inspeccionar e impedir la degradación
ambiental. Al instante que no se puedan eliminar los motivos que la crean, se deben
de adoptar medidas adecuadas para la atenuación, recobro, restablecimiento u
ocasional resarcimiento.
El Tribunal Constitucional en la sentencia del Pleno en el Expediente Nº
0048-2004-PI/TC, plantea que las gestiones realizadas por particulares y del
Estado, orientadas a la conservación del medio ambiente, se encaminan a la
preservación de este y su disfrute inmediato y por las generaciones futuras. La
relación existente entre la producción económica y el derecho a un ambiente
equilibrado y conveniente al progreso de la vida, es materializada de acuerdo a
ciertos principios, dentro de ellos el de prevención, que presume proteger los
recursos naturales de ciertos riesgos que puedan perjudicar su existencia.
El Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente Nº 1206-2005-
PA/TC, explica que el principio de prevención avala la adopción de disposiciones
precisas a fin de impedir daños al ambiente y si se originaron, que los mismos
puedan ser pocos, en otras palabras, prevenir que el ambiente se vea afectado.
El principio de prevención es inherente al derecho de disfrutar de un
ambiente equilibrado y conveniente, por lo que el Estado se encuentra
74
comprometido a asumir y a llevar a cabo acciones que prevengan los peligros que
pueda soportar el medio ambiente. En palabras de Canosa, la conservación no
puede ejecutarse si no son tomadas disposiciones preservadoras que imposibiliten
el menoscabo de los recursos naturales cuya preservación se procura. Se necesitan
medios técnicos concretos que, habitualmente, están vinculados con restricciones
o con distintas normas más definidas, por ejemplo, prohibir la caza y la
comercialización de especies de animales protegidos (Canosa, 2004, p. 225). El
Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente Nº 3048-2007- PA/TC,
la conservación el medio ambiente sano y equilibrado, y de igual manera labores
para la previsión de daños de dicho ambiente equilibrado y apropiado para el
progreso de una vida digna.
El resguardo del medio ambiente saludable y apropiado no solamente es un
asunto de resarcimiento frente a daños causados, sino, de forma esencialmente
notable, de prevención para que no ocurran.
La Política Nacional del Ambiente posee como propósito optimizar la calidad
de vida de los individuos, avalando que existan ecosistemas sanos, factibles y
eficaces en el largo plazo; y el desarrollo sostenible de la nación, mediante labores
orientadas a la previsión, amparo y recobro del ambiente y sus elementos, la
preservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una
forma responsable y adecuada con la consideración de los derechos esenciales del
individuo.
7.- E l Art. VII, «Del principio precautorio», declara que la ausencia de
certeza absoluta acerca del acaecimiento de un grave o irreversible daño ambienta l
no es motivo para posponer el asumir decisiones enérgicas y eficientes para
imposibilitar que el ambiente sea degradado.
El Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente Nº 3510-2003-
AA/TC, indica que el "principio precautorio" o igualmente denominado "de
cautela" o "de precaución", está firmemente conectado con el supuesto estándar
de prevención. Esto requiere la apropiación de medidas defensivas antes de que
el daño a la tierra realmente ocurra. Funciona más bien a pesar del riesgo de
dañar a la naturaleza y la ausencia de una certeza científica acerca de sus
75
motivos y consecuencias. Es inequívocamente en dichas situaciones que el
principio de precaución puede legitimar una actividad para evitar daños,
asumiendo decisiones antes de tener pruebas de ello.
El componente fundamental del principio de precaución es la ausencia de
certeza científica para aplicarlo, independientemente de si no es básico
demostrar completamente la seriedad y la verdad del peligro, se requiere que
exista una prueba razonable y adecuada de su realidad y que su entidad legit ima
el requisito de tomar medidas urgentes, convenientes y prudentes.
El principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(1992) definido de esta manera: Para garantizar la naturaleza, los Estados deben
aplicar los criterios de precaución según lo indiquen sus capacidades. Cuando existe
un peligro de daño genuino o irreversible, la ausencia de una certeza científica
absoluta no tiene que utizarse como motivación para retrasar la escogencia de
decisiones enérgicas para prevenir la degradación del entorno natural.
8.- El Art. VIII, "Del principio de internalización de costos", expone que la
contaminación o el depredador tiene que agregar en su organización de producción
los costos que se le solicitarán: previsión, observación, reconstrucción, restauración,
resarcimiento y la inevitable remuneración por un daño ecológico.
La Declaración de Río acerca del Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en
su principio 16 plantea que "las autoridades nacionales deben tratar de promover la
creación de conciencia de los gastos ecológicos y la utilización de herramientas
financieras, considerando los criterios que el contaminador debe, en un nivel básico,
asumir los gastos de contaminación, valorando el interés público y sin deformar el
comercio ni las inversiones internacionales.
9.- El Art. IX, "Del principio de equidad", instituye que la razón de la
degradación del medio ambiente y sus partes, se encuentra obligado a asumir las
disposiciones para su reconstrucción, recuperación o resarcimiento, según
corresponda, sin perjuicio de asumir otros deberes administrativos, civiles o
penales.
10.- El Art. X, «Del principio de equidad», muestra que las políticas públicas
ambientales deben ayudar a eliminar la pobreza y minimizar las desigualdades
76
sociales y económicas que existen; y al progreso económico sostenible de las
localidades menos favorecidas. Debido a eso, el Estado tendrá que adoptar política s
o programas encaminados a enaltecer la calidad de vida, la distribución equitativa
de las riquezas fomentando el desarrollo sostenible de las localidades menos
favorecidas.
11.- El Art. XI, «Del principio de gobernanza ambiental», establece que es
la concordancia de las políticas, entidades, reglas, procesos, instrumentos y datos
con las directrices ambientales. La finalidad de dicho principio es la colaboración
positiva y constituida de la totalidad de los participantes públicos y privados, en
la toma de decisiones, dirección de problemas y creación de acuerdos,
fundamentados en los compromisos claramente establecidos, seguridad jurídica y
transparencia.
La finalidad de dicha Ley es la segura práctica del derecho a un ambiente
sano, equilibrado y apropiado para el pleno progreso de la vida, a la par la
observancia de la obligación de apoyar con una apropiada gestión ambiental y el
resguardo del medio ambiente, propósito que concuerda con la Constituc ión
Política.
Dicha Ley indica que la política del ambiente del Perú es un grupo
de lineamientos, fines, maniobras, propósitos, programas y herramientas
públicas, que tiene como propósito precisar y regir la actuación de los entes
públicos y privados en materia ambiental, optimizar la calidad de vida de los
individuos avalando que existe un ecosistema viable y funcional en el futuro, y
el desarrollo sostenible en materia ambiental. Igualmente, precisa a la gestión
ambiental como un proceso constante y duradero, se encuentra compuesto por
principios, pautas técnicas, procedimientos y acciones, encaminados a dirigir los
intereses, expectativas y recursos vinculados con los propósitos de la política
ambiental, y de esa manera conseguir una mejor calidad de vida y el progreso
total de la población, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. De esta
manera, ha demostrado la forma transectorial de la gestión ambiental en la nación,
en este momento conjugado a escala nacional mediante el Ministerio del Ambiente.
77
Cabe señalar en esta Ley, que el ordenamiento y la ambiental se proponen
optimizar la calidad de vida de los ciudadanos, teniendo en cuenta en esta el
cuidado y protección del medio ambiente para el futuro, observando con ello
inconfundiblemente que se está considerando el medio ambiente para un futuro. Se
aprecia, entonces, que se respeta el derecho de disfrutar de un ambiente sano,
determinado en la Constitución y en los convenios internacionales.
Entre los capítulos más relevantes de la Ley se encuentra el concerniente al
acceso a datos ambientales y participación ciudadana. Poder acceder a la
información ambiental es solicitarla de manera apropiada y en el momento
oportuno, así como darlos de manera similar.
En lo que respecta a la participación ciudadana, es más que un derecho, es
un compromiso de las personas naturales y jurídicas para su intervención con
opiniones, posturas, percepciones respecto a la gestión ambiental, en su
realización, vigilancia y observación. Dicha participación se producirá a través de
sistemas formales, por ejemplo, reuniones públicas, encuestas, mesas de
concertación, entre otros.
Mediante dicha norma ha sido posible concertar el Sistema Ambienta l
Nacional y la elaboración de los Sistemas Nacionales de Gestión Ambienta l,
Evaluación de Impacto Ambiental, Información Ambiental, Áreas Naturales
Protegidas y el Sistema Nacional de Evaluación, Fiscalización y Control
Ambiental de reciente creación, con las sanciones y las medidas correctivas ante la
responsabilidad por el daño ambiental.
Otra parte relevante de dicha ley es el capítulo d e la preservación de la
diversidad biológica, en este se detallan: montañas, ecosistemas, marinos y
costeros, especies genéticas; y, lo que más destaca es el resguardo de los saberes
tradicionales.
Igualmente, se evidencia en dicha ley lo concerniente a los medios (arbitraje
y conciliación) para la solución y administración de problemas ambientale s,
estimándolos como una obligación del Estado, su conocimiento y uso.
El 27 de junio de 2008 se publicó el Decreto Legislativo Nº 1055 - que
modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, la cual plantea que, según
78
las disposiciones de la exposición de motivos, los cambios propuestos se hacen
para completar la Ley General del Ambiente con el objetivo de consolidar los
sistemas de transparencia, cooperación de los ciudadanos y las sanciones
pertinentes a la ruptura de los compromisos contenidos en la misma.
También busca determinar el significado del límite máximo permisible y
acordar ciertas competencias del Ministerio del Ambiente concernientes al
Sistema Nacional de Información Ambiental.
Acorde a lo presentado en la exposición de motivos de esta norma, las
modificaciones esgrimidas son ejecutadas con la fina lidad de complementa r
la Ley.
Decreto Supremo Nº 038-2001-AG - Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas
Norma proporcionada el 22 de junio de 2001. El Reglamento norma la
creación, administración, conservación y gestión de zonas naturales protegidas. Lo
dispuesto en este Reglamento es obligatorio cualquier persona natural o jurídica,
independientemente de si son de derecho público o privado, que ejecutan acciones
dentro de dichas zonas.
Los fines de las áreas naturales protegidas son:
1.- Asegurar la continuidad de los procedimientos ambientales, de desarrollo
y conservar pruebas de los diversos tipos de comunidad natural, paisajes y formas
fisiográficas.
2.- Impedir la extinción y pérdida de tipos de vegetación, de fauna y variedad
genética.
3.- Conservar y tratar los bienes de la vegetación silvestre, la fauna y los
recursos genéticos.
4.- Conservar y tratar que las vías navegables se encuentren en condiciones
funcionales.
5.- Suministrar formas y ocasiones para trabajos educativos, para el avance
de la investigación científica, para observar la condición del medio ambiente, para
79
la diversión y el solaz al aire libre, para la mejora del turismo que depende de los
atributos naturales y culturales de la nación.
6.- Conservar el hábitat natural de los recursos culturales, arqueológicos e
históricos situados en el interior, y de igual manera resguardar monumentos lugares
históricos.
7.- Mantener formaciones topográficas y geomorfológicas.
Una parte importante de dicho Reglamento tiene que ver con el
reconocimiento, aseguramiento y fomento de los valores y prácticas sociales,
religiosas, espirituales, culturales y monetarias propias de las comunidades de
trabajadores del campo y locales.
Las áreas naturales protegidas de la administración nacional son:
a) Áreas de Uso Indirecto: 1.- Parques Nacionales; 2.- Santuarios
Nacionales; y, 3. - Santuarios Históricos.
b) Áreas de Uso Directo: 1.- Reservas Nacionales; 2.- Reservas
Paisajísticas; 3.- Refugios de Vida Silvestre; 4.- Reservas Comunales; 5.- Bosques
de Protección; y 6.- Cotos de Caza.
Las Áreas de Conservación Regional están reguladas por los gobiernos
regionales, dichas zonas son parte del patrimonio nacional. Su fundación considera
los derechos adquiridos. El ejercicio de los derechos de propiedad dentro de una
zona de conservación regional debe relacionarse con su carácter de patrimonio
nacional. Las áreas de conservación privadas son esas propiedades exclusivas que,
debido a sus cualidades ecológicas, orgánicas, de paisaje y otras cualidades
comparables, se suman para complementar la inclusión de SINANPE, lo que
aumenta la protección de la variedad biológica y amplía la oferta de la
investigación científica y la instrucción, así como puertas abiertas para la mejora
específica de la industria de viajes.
Las áreas de conservación municipales vienen a ser zonas en las cuales los
Gobiernos Locales pueden construir, de acuerdo a los propósitos de ordenamiento
territorial y en el exclusivo ámbito de su alcance y jurisdicción, los territorios
planeados para completar las actividades de preservación de la biodiversidad,
80
diversión y capacitación para el número de habitantes de su localidad, entretanto
no se encuentren excluidos de las regiones de áreas naturales protegidas, cualquiera
sea su nivel.
Un componente regulador significativo son los Planes de Uso Público de
Áreas Naturales Protegidas, que incorporan disposiciones, estándares y ejercicios
planeados para avanzar en el trabajo de la región como métodos de instrucc ión,
para apoyar a las poblaciones e invitados en general, específicamente niños y
jóvenes.
En el Perú, al crearse el Ministerio del Ambiente, fue fundado el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que es una agencia o
entidad pública especializada, mediante el Decreto Legislativo 1013 del 14 de
mayo de 2008, responsable de coordinar y de crear los criterios técnicos y de
gestión para la preservación de áreas naturales protegidas, y para asegurar el apoyo
de la diversidad biológica. SERNANP es el organismo supervisor del Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, y como
posición administrativa especializada completa su labor en un esfuerzo conjunto
con gobiernos locales y propietarios de tierras percibidos como zonas de
conservación privadas.
En dicho procedimiento, se puede aseverar que el Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas se ha venido afianzando; así, en el 2010 permitió
lograr varias veces el límite de gasto del año anterior, el grado de representatividad
de nuestras ANP se ha expandido y hasta hoy se tienen 19’415,126.98 hectáreas,
que representan el 15.11% del territorio nacional, superando el objetivo
establecido por el CDB de nivel de protección bajo en territorio protegido para las
naciones del mundo (Véase Tabla IV.1).
81
Tabla 1: Áreas Naturales Protegidas
Elaboración propia con datos del SERNANP.
De manera adicional, al momento de hablar de conservación in situ se puede
referir a diferentes figuras descritas con propósitos que ayudan a la preservación
de biodiversidad, de manera expuesta en la Tabla IV.2:
Tabla 2 Concesión o figura legal
Elaboración propia con datos del MINAM.
Decreto Supremo N° 008-2005-PCM - Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
Esta norma se publicó el 28 de enero de 2005. La misma desarrolla el
contenido de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. De esta
manera, demuestra que dicho Sistema (SNGA) se establece de acuerdo a las
82
organizaciones, órganos y lugares de trabajo estatales de los diversos minister ios,
organismos públicos descentralizados y fundaciones públicas a nivel nacional,
regional y local que ejercen competencias, facultades y funciones en asuntos
ecológicos y recursos naturales. Los sistemas regionales y locales de gestión
ambiental son una pieza básica del SNGA, que tienen la cooperación del sector
privado y la sociedad civil.
Así también, en su Art. 3°, el Reglamento demuestra que el fin de la Política
Nacional Ambiental es la mejora constante de la calidad de vida de los ciudadanos,
a través del aseguramiento y el recobro del medio ambiente y la utilizac ión
razonable de los recursos naturales, asegurando la presencia de prácticas y sistemas
biológicos funcionales a largo plazo.
La estructura, los detalles y la utilización de enfoques ecológicos deben
garantizar el uso de la consideración a la dignidad humana y la mejora de la calidad
de vida de la ciudadanía, la prevención y el control de la contaminación natural, el
resguardo y la utilización sostenible de variedades biológicas, el fomento efectivo
de la educación ambiental, para garantizar que la gestión ambiental se transforme
en eje transversal de las acciones del Estado.
Dicho estatuto, además, construye la asociación del Sistema de Gestión
Ambiental, de allí que su actualización es vital ya que gran parte de su contenido
ha sido influenciado por las recientes competencias fijadas al Ministerio del
Ambiente (su lectura es difícil para el usuario no especialista).
Una cuestión significativa es la que tiene que ver con el Sistema de Gestión
Ambiental, la cual es la parte de la organización de entes públicos o privados que
incorpora la estructura organizacional, la planeación de acciones, compromisos,
prácticas, estrategias, procedimientos y recursos para crear, ejecutar, hacer,
inspeccionar y conservar el enfoque ambiental y de los recursos naturales. Cada
ente público o privado ejecutará actividades planificadas para actualizar dicho
sistema.
En dicha norma es creado el Sistema Nacional de Información Ambienta l
(SINIA), que se compone de una combinación innovadora, una organizac ión
institucional de coordinación y un sistema de unión humana, que consiente la
83
sistematización, el acceso y la circulación de datos ambientales, y fomenta la
utilización y el comercio de los datos utilizados en los procedimientos de toma de
decisiones. Dicho sistema se encuentra obligado a proporcionar informac ión
ambiental de calidad que depende de los indicadores ambientales nacionales, y
también tiene que crear instrumentos para obtener datos acerca de la condición del
ambiente y los recursos naturales.
Dicha norma establece la creación de instrumentos financieros con la
finalidad de dar cumplimiento a la política ambiental. Entre dichos instrumentos se
encuentran los tributos, que deben ser creados tomando en cuenta los destinos del
enfoque ambiental y los recursos naturales, fomentando comportamientos
ambientalmente responsables y potenciando la utilización razonable y de
producción sostenible. Estos tributos deberían utilizarse idealmente para ayudar a
las actividades de gestión ambiental en las áreas donde comienzan los ingresos.
Así mismo, expone que los espacios de la participación ciudadana en la
gestión ambiental deben ser en la creación y transmisión de la informac ión
ambiental, de políticas y reglas ambientales, de los planes, programas y agendas
ambientales. En el control e inspección ambiental, encerrando las denuncias por
infracciones a la legislación ambiental o por amenazas o la transgresión de los
derechos ambientales. En el establecimiento de los presupuestos de los
organismos públicos (presupuestos participativos y en los consejos de participación
regional y municipal).
De igual manera, la norma tiene que ver con elementos investigativos y
educativos respecto al tema ambiental. El Estado, por medio de instituciones
universitarias públicas y privadas, promoverá la investigación científica y
tecnológica en lo que respecta al ambiente; y, con el Ministerio de Educación,
incluirá la educación ambiental como un proceso educativo integral.
Decreto Legislativo Nº 1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente
Norma que fue publicada el 14 de mayo de 2008. El Ministerio del Ambiente
asimiló el anterior Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Este se creó por Ley
N° 26410, distribuida el 22 de diciembre de 1994. Según lo indicado en la
84
Disposición Complementaria Tercera Final del Decreto Legislativo N° 1013,
cualquier alusión realizada al CONAM o a las competencias, funciones y facultades
que había estado trabajando, finalizado el procedimiento de fusión, se comprenderá
como completado al Ministerio del Ambiente. Del mismo modo, este despliega
competencia en temas de áreas naturales protegidas, ya que este aspecto de
INRENA se ha adherido a dicho Ministerio, mediante el SERNANP.
El marco legal instituye que el Ministerio del Ambiente es el ente supervisor
del ámbito ambiental, que crea, coordina, administra e implementa la política
nacional del ambiente. Coordina a escala de gobierno local, regional y nacional.
Fue concebido como una reacción política a los compromisos ecológicos
mundiales del Perú en temas naturales, estableciendo un nivel interno como motor
de la relación y sistematización de la gestión ambiental de la nación, la
reevaluación de la significancia de la preservación ambiental, la utilizac ión
sostenible de los recursos naturales, entre otros.
De acuerdo con su Ley de creación, el propósito del Ministerio del Ambiente
es la preservación del medio ambiente, de tal forma que avance y garantice la
utilización sostenible, confiable, juiciosa y ética de los recursos naturales y la
condición que los respalda, permitiendo sumarlos a la mejora social, financiera y
cultural indispensable de la persona humana, en perpetuo acuerdo con su condición
y, por lo tanto, garantiza al presente y a las personas en el futuro el privilegio de
apreciar un ambiente equilibrado y apropiado para el avance de la vida; según lo
expresado en la Constitución Política, la Ley General del Ambiente y otras leyes
afines.
La acción del Ministerio del Ambiente incorpora las actividades
estandarizadas especializadas de alcance nacional en materia de pautas ecológicas,
comprendiendo así los fundamentos de la política, la pauta particular, el control, la
inspección y el poder sancionador para la ruptura de los estándares ambienta les
dentro del alcance de su competencia, un similar que se puede practicar mediante
sus entes públicos correspondientes.
85
Una parte de las competencias del Ministerio de Medio Ambiente es
compartida a nivel regional y local por los gobiernos respectivos y los municip io s
distritales y provinciales; y de igual manera por las autoridades ambienta les
sectoriales que persiguen, en estrecha coordinación con el MINAM, gestionar las
directrices particulares de cada área.
La finalidad del Ministerio del Ambiente es la preservación del medio
ambiente, de modo que la utilización manejable, confiable, sana y moral de los
activos normales y la condición que los continúa se cultive y garantice, permitiendo
apoyar al progreso total de los sectores sociales, financieros y culturales necesarios,
incidiendo en la mejora social de la persona humana, en un acuerdo inmutable con
su condición, y de esta manera garantiza al presente y a las personas en el futuro el
derecho de apreciar un ambiente equilibrado y apropiado para el avance de la vida.
Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM - Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales
Norma que se publicó el 17 de enero de 2009. La misma intenta controlar el
proceso de acceso a los datos públicos ambientales de los ciudadanos. Como se
indica en el reglamento, las solicitudes pueden presentarse sin solicitar la
justificación de ningún tipo, y el compromiso de acudir a ellas se amplía a las
diversas instituciones estatales, al igual que a los entes públicos o privados que
otorgan servicios públicos.
Dicho estatuto posee como finalidad instituir los arreglos acerca del acceso
a los datos públicos con contenidos ecológicos, para permitir que los ciudadanos
accedan a ellos, regular los componentes y procedimientos para el apoyo de los
residentes y el asesoramiento sobre cuestiones de contenido ambiental.
El tiempo límite para cumplir con las solicitudes de información es de 07
días hábiles, y puede alargarse por 05 días hábiles más.
Dicho reglamento determina que la participación ciudadana ambiental es el
procedimiento a través del cual los residentes intervienen de manera confiable, de
buena fe y con franqueza y honestidad, independientemente o en general, en el
establecimiento y utilización de enfoques concernientes al ambiente y sus partes,
86
que son recibidos en cada nivel de gobierno, y durante el tiempo dedicado a tomar
decisiones públicas acerca de asuntos ambientales, al igual que en su puesta en
práctica y supervisión. Las disposiciones y actividades de la gestión ambienta l
pretenden la concertación con la sociedad civil.
Del mismo modo, con respecto a la participación ciudadana, el reglamento
expresa que en los procesos de producción y aprobación de estudios de impacto
ambiental se tienen que ejecutar talleres y audiencias públicas. Del mismo modo,
este brinda formas de participación ciudadana mediante la supervisión, que se
puede presentar por medio de juntas para la supervisión de los ciudadanos, la
verificación de indicadores, quejas, etc.
Acuerdo Nacional: Política de Estado N° 19 - Desarrollo Sostenible y Gestión
Ambiental
El marco general de política ambiental en el Perú está fundamentalmente
regido por el Art. 67° de la Constitución Política del Perú, que expresa que el Estado
decide la Política Nacional del Ambiente y fomenta la utilización sostenible de sus
recursos naturales.
La Política de Estado N° 19 depende de un conjunto de objetivos para
conseguir la competitividad de la nación con objetivos hasta 2021. Su motivac ión
es robustecer la institucionalidad de la gestión ambiental mejorando y reforzando
la coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, sectorial y
local, dentro de la estructura de un marco nacional de gestión ambiental. Dicha
actividad depende de la gestión ambiental descentralizada y desconcertada de los
sectores del gobierno central, gobiernos regionales y los locales, con la intervenc ión
de la parte comercial y la sociedad civil.
Derecho a la consulta previa
El derecho a la consulta previa se identifica con el derecho a la participac ión
caracterizada, como lo plantea Jordano Fraga, citado por Ballesteros (2011), que,
desde una perspectiva de derecho, la totalidad de los fenómenos participativos
pueden reconducirse a la noción total de poseer o asumir parte en las decisiones, o
si se elige, de acuerdo a la dicción constitucional, en los temas públicos.
87
Tal derecho encuentra su base en documentaciones de índole internaciona l,
los cuales son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que
en su Art. 25° expone que: La totalidad de la ciudadanía disfrutará, sin ninguna de
las distinciones aludidas en el Art. 2°, y sin limitaciones injustas, de los siguientes
derechos y oportunidades: (a) Intervenir en la orientación de los temas públicos,
de manera directa o a través de representantes designados de forma libre, la
Convención Americana en su Art. 23° muestra que: 1. La ciudadanía en general
debe disfrutar de los subsiguientes derechos y oportunidades, la Carta Democrática
Interamericana en su Art. 6°, vigésima octava etapa extraordinaria de sesiones, 11
de septiembre de 2001, expresa que: La participación ciudadana en las medidas
concernientes a su propio progreso es un derecho y un compromiso. Es
igualmente una condición precisa para la plena y segura práctica de la democracia .
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la participación pública
igualmente incluye la intervención en la dirección de los temas públicos influyendo
por medio del debate y el diálogo público con sus representantes y gracias a su
capacidad para constituirse. Dicha intervención es respaldada avalando la libertad
de expresión, reunión y asociación (AIDA, 2009, p. 29).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a proyectos
de desarrollo, reconoce: La intervención ciudadana en la toma de decisiones
consiente a las personas que tienen de por medio su interés, opinar en los
procedimientos que influyen en ellos. La participación del público se encuentra
relacionada con el Art. 23° de la Convención Americana, que expresa que la
totalidad de los ciudadanos tienen que disfrutar del derecho de “participar en la
conducción de temas públicos, de manera directa o mediante delegados designados
sin reservas”, al igual que el derecho de recibir y divulgar información. ..., aunque
la actividad ecológica en la intervención de la totalidad de los ámbitos sociales,
algunas, por ejemplo, damas, jóvenes, minorías e indígenas, no han tenido la
opción de participar legítimamente en estos procedimientos por diferentes motivos
históricos. Es importante asesorar a pudiesen afectarlas (AIDA, 2009, p. 29).
El Principio 10 de la Declaración de Río (1992) expone: El enfoque más
ideal para manejar problemas ambientales es con el apoyo de cada residente
88
interesado, en el nivel adecuado. A nivel nacional, cada individuo debería poseer
(...) la oportunidad de participar en los procedimientos de adoptar disposiciones.
Los Estados deberían ayudar y promover la atención plena y el apoyo de la
población haciendo que la información sea accesible para todos.
Como notamos, la totalidad de dichos informes mundiales demuestran que
debe haber una participación pública exitosa, en otras palabras, ejecutar
procedimientos apropiados que avalen una consulta e intervención pública certera.
Tal derecho no se circunscribe a la garantía del sufragio, sino que además incluye
un sentido de participación más extenso, por ejemplo, considerando dentro de la
población afectada hombres, pero además jóvenes, mujeres, dándoles la
información precisa antes de decidir, que dicha información se muestre de una
manera conveniente y clara, igualmente, que tal población debe tener bastante
tiempo para examinar y comentar, y poder acceder a la información y justificac ión
causada de la disposición de la autoridad con relación al tema tratado. Cuando
sean poblaciones indígenas o tribales las comunidades perjudicadas, diferentes
compromisos son solicitados con relación a la consulta y la aprobación previa,
libre e informada.
Si como resultado de la reconstrucción de una represa es preciso desplazar
a las personas, el derecho de una consulta previa y participación pública es
fundamental.
El Comité de Derechos Humanos piensa que entre las garantías procesales
que tendrían que aplicarse con respecto a los desalojos forzosos hay (...) una
oportunidad certificable de asesorar a individuos afectados (AIDA, 2009, p. 30).
Igualmente, los diferentes documentos de las Naciones Unidas que contienen
valores rectores acerca del desplazamiento han determinado que la totalidad de
individuos afectados, incluidas las mujeres, los niños y los grupos indígenas,
deben poseer el derecho de conocer todos los datos pertinentes y de interesarse
por completo y ser consultadas en todo el proceso, así como para plantear
cualquier opción (AIDA, 2009, p. 30).
El Relator Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Miloon
Kothari, para impedir mediaciones ilegales en los derechos humanos de los
89
individuos perjudicados por planes de desarrollo que involucren desalojos
obligados, creó algunos lineamientos respecto a las exigencias que deben
cumplirse en cierto procedimiento de participación pública y consulta para avalar
los requerimientos mínimos de los derechos humanos, tales lineamientos son los
siguientes: el relator Kothari expone que tendrían que intervenir el total de los que
consigan verse perjudicados y encerrar los subsiguientes aspectos (AIDA, 2009, p.
30):
1. Una notificación adecuada a la totalidad de individuos que lograrían estar
perjudicados porque se está pensando el desalojo y que existirán audiencias
públicas acerca de los planes y opciones planteadas.
2. La poderosa difusión por parte de los funcionarios de la información con
anticipación, específicamente los registros de la tierra y la planificación de
reasentamiento presentados, con medidas planificadas explícitamente para amparar
a los grupos vulnerables.
3. Un período prudente para la evaluación pública, la definición de
comentarios y/o réplicas acerca del plan propuesto.
4. Oportunidades y medidas para alentar asesorías legales, especializados y
de otra clase a los individuos acerca de sus derechos.
5. Celebrar conferencias públicas que ofrezcan a las personas perjudicadas y
a sus defensores a refutar la medida de desalojo y/o mostrar recomendaciones
opcionales y definir sus requerimientos y necesidades de mejora.
Por lo que respecta a los pueblos indígenas y tribales, igualmente existen
registros en los que es obligación de los Estados asesorarlos cuando se vean
vulnerados sus recursos naturales y culturales con emprendimientos o planes
estatales, los mismos se encuentran en el Convenio 169 de la Internacional del
Trabajo. Organización sobre pueblos indígenas y tribales, y la Declaración de
Naciones Unidas acerca de los derechos de los pueblos indígenas, sin olvidar que
existen diferentes documentos en los cuales se puede hallar el porqué de la norma
de consulta.
90
El Convenio 169 y la Declaración de la ONU atestiguan que la reunión con
los grupos indígenas debe ejecutarse para conseguir su aprobación o comprensión.
En algunos de sus artículos, la Declaración subraya el criterio del consentimiento
libre, anterior y notificado. Lo que esta vinculación involucra conectarse con el
consentimiento, como se ha percibido en el estatuto de algunos organismos
mundiales, es que la consulta se compone de un intercambio de acuerdo con cierta
honestidad básica, libre de presiones, mediante la cual cada parte ayudará a tratar
de tomar decisiones consensuadas y notificadas.
Si bien la Convención 169 y la Declaración aluden a la consulta como un
compromiso o deber de los estados, entre los personajes institucionales y las
personas que interceden por los grupos indígenas, el privilegio de estos grupos de
personas a ser aconsejados ha sido examinado progresivamente. Es imperativo
recordar, en cualquier caso, que este derecho corolario de consulta, tal como se
expresa en las herramientas y estatutos mundiales, no es un derecho aislado o
autónomo. Contrariamente, la norma de consulta, con su directriz relacionada de
consentimiento libre, anterior y notificado, se introduce en la ley internaciona l
como una protección para la disposición de los privilegios sustantivos de los grupos
indígenas que podrían estar afectados por las medidas administrativas o legislat ivas
del Estado.
Lo fundamental de dicha documentación normativa internacional y
nacionales son: Art. 3° del Convenio 169 de la OIT: «Los pueblos indígenas deben
disfrutar de manera plena de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin
dificultades ni segregación.
El DS N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley de Consulta Previa, en su
Art. 3º, literal f, instituye que los derechos colectivos son los derechos que
poseen por sujetos a los grupos indígenas, percibidos en la Constitución, en el
Convenio 169 de la OIT, y de igual manera en los acuerdos universa les
respaldados por el Perú y la promulgación nacional. Incorpora, entre otros, los
derechos a la identidad cultural; a la intervención de los pueblos indígenas; a la
consulta; a escoger sus necesidades de progreso; a salvar sus tradiciones,
siempre que no sean contrarias a los derechos centrales caracterizados por el
91
marco jurídico nacional, o con los derechos humanos percibidos mundialmente;
a la jurisdicción especial, a la tierra y el territorio, en otras palabras, al uso de
los recursos naturales hallados en su zona geográfica y que generalmente se
usan dentro de la legislación actual, al bienestar con una perspectiva
intercultural y a la instrucción intercultural.
La consulta alude a un compromiso del estado planificado para proteger,
específicamente, los derechos de propiedad de los grupos indígenas sobre sus
propiedades y regiones, como lo demuestra la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en una progresión de casos con respecto a actividades de
extracción de recursos naturales. La consulta además protege diferentes
derechos, por ejemplo, el derecho a la cultura y la religión; el derecho de los
grupos indígenas de establecer sus propias necesidades de avance,
particularmente en lo que respecta a planes de inversión a gran escala en
dominios indígenas; o el privilegio del bienestar y la prosperidad física respecto
a un ambiente aseado y sano. También, la consulta y el consentimiento sirven
para instrumentalizar el derecho de la cooperación de los grupos indígenas para
decidir sobre opciones que son de su interés, de forma lógica son su derecho a
la libre determinación y la práctica de los derechos relevantes. Cada uno de
estos derechos y otros garantizados por la consulta dependen de numerosas
fuentes del derecho mundial, incluidos los acuerdos multilaterales de derechos
humanos aludidos anteriormente, y aludidos en la Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. La consulta y el consentimiento deben
trabajar para distinguir y evaluar los efectos sobre dichos derechos que las
decisiones administrativas o autorizadas del Estado pueden tener, y para
garantizar y alentar el disfrute de los mismos bajo los planes consensuales.
El artículo 6.2 del Convenio 169 precisa que el proceso se ejecute de buena
fe y de una forma adecuada a las situaciones, con el fin de llegar a un acuerdo o
conseguir el consentimiento sobre las medidas planteadas. En lo que respecta al
pueblo Saramaka vs Surinam, la Corte Interamericana determinó que la
Convención Americana precisa dentro del procedimiento de consulta que (AIDA,
2009, pp. 32-33):
92
1. Las consultas deben ejecutarse con cierta honestidad, mediante técnicas
socialmente apropiadas y deben tener como propósito ponerse de acuerdo;
2. Es preciso consultar a la población afectada según sus propias
costumbres, en los períodos iniciales del plan de desarrollo y no solo cuando nace
la necesidad de conseguir la aprobación de la colectividad;
3. El Estado debe garantizar que las personas que integran dicho pueblo
conozcan los peligros potenciales, englobados los peligros ecológicos y de
salubridad, de modo que reconozcan el plan de desarrollo planteado
intencionalmente;
4. La consulta debe considerar los métodos tradicionales del pueblo
Saramaka para la toma de decisiones.
En este sentido, entretanto que surja el tema de la consulta en circunstanc ias
explícitas debe haber una perspectiva particular en los derechos sustantivos de los
grupos indígenas que podrían ser influenciados por la medida a ser consultada.
Con esta atención sobre los derechos, se explica la pertinencia de la consulta, el
tema a ser asesorado y el objeto del consentimiento o entendimiento que debe
resultar de la consulta. Para aumentar la capacidad de la consulta como un escudo
y herramienta para el disfrute de los derechos, la adaptabilidad debe conservarse
en los procedimientos de consulta y en la conceptualización de la medida a ser
consultada. Esta no es acerca de la transmisión de datos sin importancia o la
búsqueda de un "sí" o un "no" a una medida previamente establecida. En el caso
de que sea cualquier cosa menos un discurso de conformidad con la buena fe en
la que se intercambian datos y puntos de vista, y en la que se investigan algunas
opciones para la medida propuesta, con el propósito de llegar a una decisión
consensuada.
Anaya (2013) relator especial de las Naciones Unidas acerca los derechos de
los pueblos indígenas, plantea que estos se pueden rehusar a ser consultados, tal
negativa es debido a la desconfianza en los procedimientos de consulta prestados
por los estados, o por puntos de vista previamente establecidos en contra de las
medidas o tareas consultadas (p. 22).
93
Los grupos de indígenas se reservan el derecho de oponerse, de forma
tranquila, a los proyectos de inversión o las diferentes medidas adelantadas por
los Estados, en vista de su derecho a la libertad de expresarse y de asociarse. El
Estado debe considerar tal derecho y no promover o consentir reacciones violentas
de ninguna clase contra los grupos de pueblos indígenas al momento que estos
hagan uso de este derecho y contradigan los proyectos adelantados por el Estado.
Asimismo, a pesar de que es obligación del Estado ejecutar consultas a los
grupos de pueblos indígenas antes de establecer medidas que puedan influir en
ellos, no debería exigir administrar las consultas entretanto que los indígenas
conserven una oposición razonable contra la consulta con el Estado y del proyecto
o medida a la que se hace referencia. El Estado cumple con su obligación de
consultar al momento de brindar un proceso de consulta satisfactorio según
indicadores internacionales y afronta esta posición concluyente de oposición. En
el momento que los grupos de personas están en contra de que se les consulte y,
en la medida en que se hace referencia a ellos, se niegan a dar su consentimiento,
de manera similar como si hubieran entrado en un procedimiento de consulta y no
hubieran dado su consentimiento o llegar a acuerdos en dicho proceso (Anaya,
2013, p. 22).
Si hubiese o no consentimiento de la parte indígena, el Estado posee el
compromiso dentro de la ley internacional de considerar y asegurar los derechos
de estos grupos según los estándares internacionales definidos. Es necesario
recordar que la consulta y el consentimiento están para proteger e instrumentalizar
los derechos de los grupos y pueblos indígenas; de ningún modo simboliza una
estructura administrativa exhaustiva con relación a las disposiciones estatales.
Con respecto a la extracción de recursos naturales, la obligación estatal de garantía
involucra, además del compromiso de ejecutar consultas y la necesidad de
conseguir el consentimiento, el compromiso de tener estudios de impacto
ambiental, crear medidas de mitigación a causa de los impactos previstos, y
compensar cuando ocurra una injerencia en el disfrute de los derechos de
propiedad y diferentes derechos. Sea como sea, los estados deben impedir
disposiciones que ocasionen la vulneración de ciertos derechos de los grupos de
pueblos indígenas que se han atestiguado en los instrumentos internacionales o en
94
la legislación local, sin tener en cuenta si se acepta o no el consentimiento del
pueblo indígena (Anaya, 2013, p. 22-23).
El Perú, al igual que gran parte de naciones latinoamericanas, posee una
variedad cultural de raza indígena. Además, de acuerdo con el censo del 2017, un
poco menos de cinco millones de peruanos ─en otras palabras, alrededor del 16,1%
de la totalidad de la población─, posee como lengua madre a una lengua indígena.
Conforme a cifras del Ministerio de Cultura, en el Perú coexisten por lo menos 52
pueblos indígenas: los Achuar, Amahuaca, Arabela, Ashaninka, Awajun, Aymara,
Booraa, Capanahua, Caquinte, Cashinahua, Chamicuro, Chitonahua, Culina, Ese
eja, Harakmbut, Iñapari, Iquito, Isconahua, Jaqaru, Jíbaro, Kakataibo, Kandozi,
Kichua, Kukama-kukamiria, Marinahua, Mashcopiro, Mastanahua, Matses,
Matsigenka, Munichi, Nanti, Nomatsigenga, Ocaina, Omagua, Maijuna, Quechua,
Resigaro, Secoya, Sharanahua, Shawi, Shipibo-Konibo, Shiwilu, Tikuna, Uitoto,
Urarina, Uros, Vacacocha, Wampis, Yagua, Yaminahua, Yanesha y Yine (según
datos del Viceministerio de Interculturalidad - Ministerio de Cultura).
Perú es una de las siete naciones donde los grupos de pueblos indígenas viven
aislados o en contacto inicial, por ejemplo, los Kugapakori, Nahua y Nanti, cuya
circunstancia de vulnerabilidad extraordinaria en términos inmunológicos,
estadísticos y regionales necesita consideración del Estado.
La identidad cultural de cada uno de tales grupos de personas, el respeto por
su vida, su integridad, su región, así como su derecho a la seguridad en sí mismos,
son elementos fundamentales para la plena legitimidad de nuestro sistema basado
en el voto.
Perú, asegurado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo acerca de grupos de pueblos indígenas e innatos, y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, intentó incluir la s
en su normativa mediante la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos
Indígenas u Originarios. Pueblos reconocidos en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Ley N° 29785 y el Reglamento de
la citada Ley, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) - DS N° 001-2012-MC. Al mismo tiempo, fue publicada la Guía
95
Metodológica - Consulta de Pueblos Indígenas, Decreto Supremo N° 001-2012-
MC.
La dación de tales normas representa un adelanto para conseguir el respeto a
los derechos de los pueblos indígenas, mucho más en estos momentos en los cuales
las actividades ejecutadas, particularmente las que tienen que ver con la extracción
de recursos naturales, son en general más vulneradas. Es importante indicar que
pocas de todas las leyes son perfectas, generalmente poseen vacíos y/o ciertas
deficiencias, esta es la situación que se aclara a continuación.
La Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa, fue aprobada en agosto de 2011.
Su contenido más importante es el establecimiento de una técnica de consulta con
fases orientadoras y el acuerdo entre el Estado y los grupos de pueblos indígenas
como vinculantes u obligatorios.
Reglamento de la Ley de Consulta. Este se aprobó por Decreto Supremo N°
001-2012-MC del 2 de abril de 2012. Con relación a este reglamento existe
conflicto, ya que no se ajusta a los principios internacionales, solamente pretende
instrumentalizar dicho decreto para alentar la inversión y no reúne el punto de vista
de estos grupos de personas durante el tiempo dedicado a la utilización de recursos
naturales, este se encuentra entre los asuntos más complejos de nuestra nación. Se
ubican cuatro inconsistencias fundamentales del Reglamento sobre el derecho a la
consulta:
1.- La consulta no ocurre previo al otorgamiento de la concesión, se establece
como discrecional (Art. 3°, lit. I y Art. 6°).
2.- No se aluden expresamente los ejemplos de consentimiento que el Estado
tiene que considerar.
3.- El Viceministerio de Interculturalidad apenas posee facultades para
mediar en los procesos de consulta creados por las partes. Lo que, es más, la
aprobación de procesos de consulta a nivel local o regional por parte del
Viceministerio (Art. 2.3) es un poder ilegal, ya que es todo menos un ente rector,
no hay un marco de políticas públicas ni la Ley de Consulta lo permite.
96
4.- Se planea restringir la presencia de las asociaciones indígenas de tipo
nacional para casos específicos (Artículo 27.6).
La guía metodológica es el documento que se encarga cuidadosamente de
instituir la manera de consultar a los grupos de pueblos indígenas en el Perú y
orientado a dirigir a las autoridades públicas responsables de ejecutar la consulta
previa.
Plan Nacional de Acción Ambiental
El Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) es un instrumento
nacional de organización ecológica de extenso alcance, que se considera
dependiente de una diagnosis del escenario ambiental y la administración de
recursos naturales, al igual que el potencial de la nación para el uso sostenible de
tales recursos; de manera similar, depende de la estructura legal e institucional del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
El PLANAA muestra la perspectiva de la nación en cuestiones ecológicas
para 2021, siendo sus objetivos similares a los que se plantea cumplir en la Política
Nacional del Ambiente, que han incluido, entre otros, los determinado s en el
Acuerdo Nacional, fundamentalmente respecto a la gestión ambiental, al igual que
en la propuesta del Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021 en su Eje Estratégico 6:
Recursos Naturales y Ambiente, cuyos detalles fueron compuestos por el Centro
Nacional de Planificación Estratégica - CEPLAN de la Presidencia del Consejo de
Ministros.
La ejecución del PLANAA es una condición vital para asegurar la
observancia de la Política Nacional del Ambiente y fortalecer el curso hacia la
mejora económica de la nación. Y ya que la administración ecológica es
transectorial y descentralizada, el cumplimiento de los fines y objetivos del
PLANAA es una obligación compartida por todos los elementos del Estado, que
deben garantizar el abastecimiento y asignación de los recursos económicos
requeridos, al igual que la participación de diferentes actores del sector privado y
de la sociedad en general.
PLANAA crea siete temas ambientales: agua, residuos sólidos, aire, bosques
y cambio climático, variedad biológica, minería y energía, administrac ión
97
ecológica; es desplegada la capacidad del Perú en dichos temas y de igual forma
muestra las metas a cumplir en el 2021.
La finalidad primordial del PLANAA es optimizar la calidad de vida de los
individuos, asegurando la presencia de sistemas biológicos sanos, factibles y
funcionales a largo plazo; y el avance económico de la nación, a través de la
previsión, el resguardo y el recobro del medio ambiente y sus partes, la preservación
y la utilización sostenible de los recursos naturales, de forma confiable y constante,
con deferencia por los principales derechos del individuo.
Convención sobre Diversidad Biológica
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), redactado en Nairobi en
1992, se encuentra entre los instrumentos ambientales legítimamente vinculante a
nivel mundial, abierto para la firma de la comunidad internacional en la Cumbre
de Río, el 5 de junio de 1992. El mismo se encuentra dentro de los tratados
internacionales marcados y consumados por el Perú, efectuando la gestión
determinada por la Constitución Política del Perú y por el Art. 3° de la Ley 26647.
Ambas normas muestran que la unión de los tratados al derecho nacional depende
de lo que realice un acuerdo que contenga pautas contradictorias al texto
constitucional o se aferre a un tratado en condiciones similares.
En cualquier caso, por este motivo será importante continuar el
procedimiento contemplado en el artículo 206 de la Constitución acerca de la
reforma de la carta fundamental.
Perú es una parte del CDB, que lo confirmó a través de la Resolución
Legislativa N° 261181 del 30 de abril de 1993. Entró en vigor el 29 de diciembre
de 1993, según su Art. 36°, expresa que "... entrará en vigor noventa días luego de
la fecha en que se depositó el trigésimo instrumento de ratificación,
reconocimiento, aprobación o promoción».
El CDB es, además, una herramienta internacional deliberadamente ajustada
que interconecta legítimamente las partes con el cumplimiento de sus tres
propósitos, equivalentes a los mencionados en el Art. 1°, que son los siguientes:
1.- Mantenimiento de la diversidad biológica.
98
2.- El uso sostenible de sus partes; y
3.- Intervención justa e imparcial en las ventajas obtenidas del uso de
recursos genéticos.
La finalidad de dicho Convenio, así como es señalado en su Preámbulo, es
«mantener y emplear de forma sostenible la diversidad biológica en provecho de
generaciones presentes y venideras».
Vale la pena resaltar el Art. 8°25 del Convenio, que tiene que ver con la
preservación in situ, demuestra que cada parte contratante creará un sistema de
zonas seguras o zonas especiales con el propósito de mantener la variedad
biológica; aparte de fomentar el resguardo de los ecosistemas y espacios naturales
y la conservación de poblaciones viables de especies en hábitats naturales; respetar,
proteger y conservar los conocimientos, desarrollos y prácticas de los grupos
indígenas y locales que incluyen formas de vida tradicionales significativas para la
preservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y fomentará tales
conocimientos, avances y prácticas, y fomentarle que las ventajas obtenidas del uso
de dichos conocimientos, desarrollos y prácticas sean compartidas de manera
equitativa.
Se destaca lo que se muestra en este artículo, ya que para la situación que se
analiza, el Estado ha dado una progresión de lineamientos; creando organizaciones
que son responsables de asegurar la diversidad biológica, en consecuencia,
intentan dar cumplimiento a esta Convención.
La creación del Ministerio del Ambiente en Perú, en mayo de 2008, ha
originado que se comience a formular y llevar acabo órdenes diversas en temas
ambientales, el modelo más claro es la elaboración de una Política Nacional
Ambiental, aprobada el 23 de mayo de 2009, a través de Decreto Supremo No.
012-2009-MINAM.
Es así como, el nexo y los compromisos aceptados por el Estado peruano al
suscribir y ratificar el CDB se evidencian en la Política Nacional del Ambiente
(PNA), que incorpora los componentes y propósitos centrales del CDB, hasta el
punto de que el objetivo específico de esto es conseguir la preservación y la
utilización sostenible del patrimonio natural de la nación, con eficacia, valor y
99
bienestar social, dándole prioridad a la administración global de los recursos
naturales.
Del mismo modo, el eje de la Política N° 1 de la Política Nacional del
Ambiente, concerniente a la preservación y utilización sostenible de los recursos
naturales y la de la diversidad posee como propósitos:
1.- Conservar y utilizar económicamente una diversidad biológica, los
recursos naturales renovables y no renovables de la nación.
2.- Crear condiciones para el acceso controlado y la utilización de recursos
genéticos, y de igual manera la distribución justa y equitativa de sus ventajas.
3.- Conseguir la administración coordinada de los recursos hídricos de la
nación.
4.- Garantizar componentes para la utilización responsable y segura de la
biotecnología y sus elementos derivados.
5.- Llegar al ordenamiento de utilización y ocupación del territorio nacional,
a través de la zonificación ecológica económica, en una estructura de seguridad
jurídica y prevención de problemas.
6.- Conseguir una administración coordinada y sostenible de ambientes
delicados, incluidos los bosques tropicales.
7.- Conseguir el ajuste de la población al cambio ambiental e instituir
medidas de atenuación, encaminadas a un desarrollo sostenible.
8.- Conseguir la protección, el uso sostenible y la participación justa e
imparcial de las ventajas obtenidas del uso comercial y puesta en valor genéticos.
9.- Conseguir el uso de herramientas que permitan evaluar, estimar y
financiar la preservación de los recursos naturales, diversidad biológica y
administraciones ambientales en la nación.
10.- Asegurar el resguardo del bienestar humano, el ambiente y la diversidad
biológica en el avance, empleo y utilización de bienes y servicios de la
biotecnología actual en el Perú.
100
Igualmente, dicho eje tiene puntos con lineamientos de política que se
relacionan y dan cumplimiento al mandato del CDB, de allí que, el Perú viene
implementando de forma coherente y concertada el CDB.
1.- Diversidad biológica
- Promover la preservación de la variedad de ambientes, especies y de los
cuales depende la supervivencia de las especies.
- Promover la perspectiva ecosistémica y la administración sostenible de la
diversidad biológica como un componente transversal en los diseños coordinados
de gestión de recursos naturales, el manejo de cuencas hidrográficas y el
ordenamiento territorial.
- Fomentar la administración coordinada y razonable de los ambientes
acuáticos, para prevenir la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos,
garantizando su protección.
- Promover el diseño y el uso de procedimientos para la gestión sostenible de
la diversidad biológica decente, incluida la mejora de las organizaciones privadas-
públicas, de acuerdo a lineamientos de conectividad y complementariedad.
- Promover sistemas para la valoración y gestión de riesgos relacionados con
ejercicios extractivos, rentables y administrativos acerca de la diversidad biológica.
- Promover el respeto, el recobro y la preservación de los saberes
tradicionales relacionados con la diversidad biológica, así como la distribuc ión
justa de las ventajas obtenidas de su empleo.
- Fomentar las acciones de biocomercio, avanzando en la fundación de
cadenas productivas sostenibles.
- Fomentar el estudio de la diversidad biológica para vigilar su protección y
gestión sostenible.
2. Recursos genéticos
- Promover la preservación de los recursos genéticos locales y naturalizados
y apoyar el estudio, la mejora y su uso sostenible, para el aumento de la
competitividad de los segmentos y acciones productivas.
101
- Fomentar la protección in situ de los recursos genéticos y crear, fomentar y
apoyar diversos tipos de preservación ex situ.
- Promover la identificación y la seguridad de las zonas de la región nacional
de alta expansión genética, proclamándolas libres de transgénicos.
- Promover la mejora de la biotecnología organizando la utilización de
recursos genéticos locales y naturalizados.
- Promover de forma estratégica la adquisición y utilización de recursos
genéticos no locales de significación monetaria para la nación.
- Promover la cooperación pública y privada, nacional y extranjera, al igual
que las alianzas estratégicas, en la investigación, preservación y uso de los recursos
genéticos dentro de la estructura normativa nacional vigente.
- Promover la utilización de mecanismos para asegurar los conocimientos
habituales y el conocimiento científico, vinculado con recursos genéticos, a través
de la propiedad intelectual.
3.- Bioseguridad
- Instituir mecanismos para dirigir, de acuerdo a medidas científicas,
cualquier acción que incluya la utilización de organismos vivos modificados, así
como la utilización protegida y consciente de la biotecnología actual y sus
elementos derivados.
- Ubicar las aplicaciones de la biotecnología actual y apreciar su
conveniencia y oportunidad en la solución de inconvenientes determinados en las
operaciones productivas nacionales o en la creación de servicios, de manera
protegida, enfocada y sostenible.
- Fomentar el uso responsable de la biotecnología actual sin dañar procesos
productivos, creación que ahora son competitivos y factibles, y cuya mercancía y
productos son adecuados y apropiables.
- Cimentar y desplegar un marco regulatorio que dependa de la utilización de
un análisis de riesgos sencillo y científico, idóneo para avalar la seguridad y la
trazabilidad de los bienes y/o servicios conseguidos a través de la utilización de la
102
biotecnología actual, reaccionando a las solicitudes de los compradores, a nuestra
condición de nación megadiversa y al establecimiento de mejoras tecnológicas.
- Fundar criterios científicos, ambientales, sociofinancieros y políticos para
un marco de bioseguridad y utilización responsable de la biotecnología, con niveles
de seguridad relacionados con la política nacional de comercio exterior y el avance
del desarrollo local y nacional.
- Crear, utilizar y divulgar datos de calidad acerca de bioseguridad, para
ayudar a tomar decisiones apropiadas entre proveedores y clientes y para el
desarrollo de una opinión pública debidamente informada.
- Crear y reforzar las capacidades científicas y tecnológicas y las capacidades
de infraestructura de las organizaciones cuyo alcance de actividad es la guía de la
biotecnología actual, vital para el uso de los marcos legales nacionales e
internacionales de bioseguridad.
4.- Aprovechamiento de los recursos naturales
- Fomentar que se adopten códigos de comportamiento, enunciación de
estándares ambientales y sociales, estándares voluntarios por parte de los titula res
de derechos para el uso sostenible de los recursos naturales renovables y la
utilización racional y responsable de los no renovables, de acuerdo a criterios de
mejora continua.
- Promover la formalización de acciones informales para utilizar los recursos
naturales.
- Fomentar la innovación tecnológica, el estudio aplicado y la utilización de
tecnologías limpias para el uso de los recursos naturales.
- Fomentar la admisión de buenas prácticas e iniciativas de compromiso
social de compañías y titulares de derechos sobre recursos naturales.
- Instituir maneras de conexión entre las instituciones para la concesión
simultánea de derechos de uso de los recursos naturales.
103
- Fomentar la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforester ía
y la acuicultura, de acuerdo a aspectos de biocomercio, creando cadenas
productivas y con una intervención activa de la ciudadanía local.
- Promover la valoración económica de los servicios ambientales brindados
por la diversidad biológica y, particularmente, los ecosistemas vulnerab les,
incluidas las selvas tropicales, para la prevención y recobro del medio ambiente.
- Promover el diseño y ejecución de herramientas económicas y financieras,
sistemas de compensación, compensación económica y distribución de pagos por
servicios ambientales.
- Promover la puesta en práctica de técnicas adecuadas en la apreciación de
los recursos naturales, la diversidad biológica y sus servicios ambientales, engranar
y concentrar sus resultados en el Sistema de Cuentas Nacionales.
- Promover el acoplamiento de los entes estatales con facultades para la
autorización del uso de los recursos, con el propósito de concertar sus medidas
acerca del patrimonio natural y cultural, las incluidas en el Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado y áreas complementarias, de igual
manera, los derechos intrínsecos de los grupos indígenas.
5.- Bosques
- Promover la gestión sostenible de bosques, tomando en cuenta las
particularidades ecosistémicas de todas las áreas naturales de la nación.
- Prever la disminución y la degradación de los bosques y sus recursos,
mediante actividades ilícitas, por ejemplo, quema, tala, intercambio y cambio de
empleo de la tierra.
- Mantener y aumentar la extensión de bosques y, en consecuencia, la
biodiversidad y los servicios ecológicos, optimizando la capacidad productiva del
medio ambiente.
- Apoyar el uso esencial de los recursos del bosque, fortaleciendo actividades
con relación a los recursos madereros y no madereros, la vida silvestre y los
servicios ecológicos.
104
- Promover la reforestación de zonas degradadas con especies madereras
locales, esas que poseen el mejor potencial para proporcionar servicios ambienta les
y otras con potencial monetario que se suman a la mejora, fomentando la invers ión
pública y privada.
- Robustecer y fusionar sistemas de vigilancia comunitaria en las maniobras
para verificar y controlar los derechos de los bosques.
- Llevar a cabo actividades para impedir que los bosques sean deforestados
y el uso de especies exóticas de afuera para reforestar estas regiones, fomentando
la reforestación con la utilización de especies locales.
6.- Ecosistemas marinos costeros
- Vigorizar el trabajo coordinado de las zonas marítimas frente a la playa y
sus recursos con una perspectiva ambiental.
- Fomentar el uso práctico y la preservación de la diversidad biológica de los
ambientes marino-costeros, con acentuación en los recursos pesqueros.
- Resguardar ecosistemas delicados, por ejemplo, humedales y cuencas
hidrográficas en el área frente a la playa.
- Fomentar el estudio de los ecosistemas biológicos marino-costeros con los
avances adecuados.
- Fomentar el ordenamiento de zonas marino-costeras para una utilizac ión
sostenible de sus recursos, mediante la zonificación ecológica y financiera.
- Fomentar la utilización sostenible de los recursos marinos, la observación
y la vigilancia de vertidos contaminantes en el océano regional nacional, dando
preferencia a las áreas próximas a la costa.
7.- Desarrollo sostenible de la Amazonía
- Fomentar la gestión integrada de las vías fluviales optimizando la
innovación y la rentabilidad de sus recursos, salvaguardando las técnicas de uso
productivo y económico.
- Fomentar el estudio y la utilización de avances tecnológicos limpios en los
ejercicios minero-energéticos en la Amazonía.
105
- Promover la preservación y utilización sostenible de la Amazonía,
considerando su variabilidad, imprevisibilidad, delicadeza y área geoestratégica.
- Recobrar áreas degradadas por la minería informal; pasivos ambienta les
mineros; la siembra de la coca, la utilización de materiales en la producción ilega l
de drogas y las acciones inherentes al tráfico de estupefacientes.
- Resguardar los bosques primarios amazónicos y disminuir lentamente la
tala, el cepillado y la quema con fines hortícolas, creando opciones productivas
para utilizar bosques en pie, por ejemplo, ecoturismo, bosques de madera y
diferentes prácticas.
- Impulsar la administración de tierras forestales opcionales con potencial
para proyectos de cultivo de especies con potencial financiero.
- Promover ejercicios lucrativos de los bosques en zonas con poca
intervención, ofreciendo valor al ecosistema y a sus servicios.
- Instituir una técnica que permita los registros del patrimonio natural de la
Amazonía y los sistemas de valoración financiera para percibir sus contribuciones
con la economía nacional mediante la disposición de servicios ecosistémicos y
otros elementos que no sean de madera.
- Fomentar la recuperación y la evaluación de los conocimientos
tradicionales de los grupos indígenas y garantizar la difusión imparcial de las
ventajas obtenidas de su utilización.
- Fomentar la ejecución de políticas binacionales y territoriales con las
naciones amazónicas para la administración total de recursos y temas
transfronterizos.
- Robustecer el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP)
como una organización que se encarga de investigar y evaluar de manera constante
los recursos naturales de la Amazonía y como una ayuda para el avance sostenible
del territorio.
De igual manera, en el Eje de Política N° 3, Gobernanza Ambienta l,
expone como objetivos:
106
1.- Posicionar el problema ambiental en las disposiciones estatales,
acoplando límites nacionales, originando correlaciones y fomentando la activa
intervención de la ciudadanía.
2.- Garantizar que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental ejecute, de
forma productiva y adecuada, sus capacidades en los tres niveles de gobierno, bajo
la supervisión del Ministerio del Ambiente.
3.- Crear diferentes métodos de producción y vida fundamentados en los
principios de sostenibilidad, moral, incorporación social y equidad ecológica.
Esta estrategia tiene las reglas que la acompañan:
1.- Institucionalidad
- Fortalecer la acción de la autoridad ambiental para ayudar a la mejora
sostenible de la nación.
- Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y sus órganos de
coordinación y concertación.
- Fomentar un sistema normativo ambiental que se encuentre en armonía con
la realidad de la nación, las necesidades del Estado y su visión de progreso.
- Promover la separación y complementariedad de las competencias
ambientales institucionales en los tres niveles de gobierno.
- Fortificar las capacidades con respecto a la gestión ambiental y para el
diseño y uso de sus instrumentos, por ejemplo, organización, previsión, control,
corrección, datos, financiamiento, intervención y supervisión, entre otros.
- Promover la inventiva, la investigación y el avance tecnológico ambienta l
comprometidos con el progreso y la forma de vida sostenibles en los diversos
personajes de la sociedad.
- Instituir y ejecutar instrumentos apropiados para la gestión de problemas
socioambientales, fomentando el diálogo y la concertación.
- Fomentar labores de reconocimiento, verificación, inspección, control y
habilitación de incentivos, que contribuyan a la observancia con las directrices y
propósitos de la gestión ambiental.
107
- Promover pactos y entendimientos de colaboración privada-pública, como
inversión privada para la realización de proyectos, emprendimientos y ejercicios
planificados para mejorar la gestión ambiental.
2.- Cultura, instrucción y ciudadanía ecológica
- Promover una cultura y estilos de vida relacionados a estándares de
sostenibilidad, valores humanistas y andino-amazónicos, mostrando las
capacidades imaginativas del ciudadano peruano respecto a la utilización razonable
y consciente de la variedad natural y cultural.
- Contener en el marco educativo nacional el desarrollo de las aptitudes
relacionadas con la investigación e innovación, emprendimientos, apoyo,
ecoeficiencia y prácticas productivas de los miembros de la sociedad para apreciar
y gestionar sosteniblemente nuestro patrimonio natural.
- Promover la obligación socioecológica y la ecoeficiencia de los individuos,
núcleos familiares, las instituciones y los establecimientos, al igual que el apoyo
de la ciudadanía en decisiones públicas acerca del resguardo ambiental.
3.- Inclusión social en la gestión ambiental.
- Promover la participación activa y multicultural de la población en la
gestión ambiental y, específicamente, la mediación inmediata de grupos
minoritarios o vulnerables, sin segregación.
- Fomentar la aceptación de componentes para apreciar y estudiar la
orientación de género y el enfoque intercultural, y los intereses de los grupos
minoritarios o vulnerables en los procesos de gestión ambiental.
- Promover la creación de los espacios y la utilización de instrumentos y
diferentes formas que fomenten adecuadamente la cooperación de los ciudadanos
con destrezas excepcionales o diversas en la gestión ambiental.
- Fomentar que damas y jóvenes participen en los diferentes procedimientos
con el objetivo de que practiquen una ciudadanía ecológica viable.
Asimismo, es mostrado el eje de Política N° 4, Compromisos y
oportunidades ambientales a nivel mundial, el que tiene estos propósitos:
108
1.- Las posturas nacionales en temas ecológicos, exhibidas en los foros
internacionales, pactos multilaterales y bilaterales, se encuentran acopladas y
muestran intereses nacionales, ayudando a guiar las disposiciones de tales foros y
acuerdos.
2.- Conseguir que la observancia de los convenios internacionales suscritos
y confirmados por el Perú se sume a la utilización sostenible de los recursos
naturales renovables, y la utilización racional y confiable de los no renovables.
3.- Garantizar que, en los procedimientos de coordinación comercial, los
criterios y modelos ecológicos se homogenicen con los acuerdos de intercambio
externos nacionales, para optimizar la gestión ambiental, la competitividad, el
aseguramiento de los recursos naturales y la calidad de vida de los ciudadanos.
Se establecen como directrices de dicha política lo siguiente:
1.- Compromisos internacionales
- Fomentar que las responsabilidades internacionales suscritas y que suscribe
el Perú, sean articuladas por las actividades estatales en sus tres niveles de
gobierno.
- Robustecer el poder negociador de la nación para avalar que su intervenc ión
en el campo internacional posea la autoridad y la protección de los intereses
nacionales en asuntos de gestión ambiental y de los recursos naturales.
- Promover el acceso a componentes para ayuda especializada, transferenc ia
tecnológica y recursos monetarios para fortalecer los límites nacionales dentro de
la estructura de los Acuerdos y Convenios Internacionales en temas ambientales.
- Ayudar a la fundación, mejora y avance del derecho ambiental mundial.
- Fortalecer el intercambio, la colaboración y la unificación a escala mundia l
relacionada con la ubicación geoestratégica y los beneficios comparativos
ambientales de la nación a nivel mundial, según la estrategia internacional de la
nación y el enfoque de intercambio comercial.
2.- Ambiente, comercio y competitividad
109
- Fomentar la competitividad de la nación y fomentar la empresa privada para
la mejora de los bionegocios, incluidos los estándares y criterios de biocomercio,
el marcado verde y la certificación ambiental de la producción exportable.
- Fomentar actividades y mecanismos encaminados a responder por una
distribución razonable e imparcial de las ventajas producidas por el biocomercio.
- Promover la ecoefectividad, la calidad ambiental y la obligación social en
la gestión empresarial.
Como se puede ver, y de acuerdo a lo anteriormente planteado, a escala
nacional se han llevado a cabo estudios y procedimientos significativos, por
ejemplo, la proclamación de la Política de Estado en materia ambiental, la Ley
26839 sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica; la creación
del Estudio Nacional de Diversidad Biológica; el primer y segundo informe de la
nación a la Conferencia de las Partes; la coordinación para el acuerdo de las
Delegaciones para estar presentes y consentir la intervención en cada una de las
Conferencias de las Partes (COP) y en las reuniones del Órgano Subsidiar io,
Técnico y Tecnológico del CDB (SBSSTA); la asociación en Lima de dos de las
reuniones preliminares para la COP por el Grupo de América Latina y el Caribe,
GRULAC; y últimamente, la reunión de especialistas para hablar sobre los
Certificados de Origen (enero de 2007) sobre dicho tema. Perú es una de las
naciones que ha estado impulsando la propuesta de certificación durante 10 años,
ya que piensa que el bionegocio puede generar ingresos para el Estado y la
población que adquiere los saberes tradicionales.
De igual manera, Perú se ha convertido en una de las principales naciones
que implementa registros de conocimientos colectivos conectados a grupos de
pueblos indígenas, entretanto que los mecanismos de protección de esta
información aún se discuten dentro del CDB, hasta tal punto que desde el 2002
tenemos la Ley 27811, que instituye el Régimen para la Protección del
Conocimiento Colectivo de los Pueblos Indígenas conectados a los Recursos
Biológicos, esta pretende:
1.- Fomentar el respeto, la protección y la utilización cada vez más amp lia
de la información colectiva indígena,
110
2.- Fomentar el intercambio razonable y justo de las ventajas de utilizar esta
información,
3.- Fomentar la utilización de los conocimientos para servir a los grupos
indígenas,
4.- Asegurarse de que su utilización sea con el consentimiento informado
anterior sobre los grupos indígenas,
5.- Robustecer los componentes que los grupos indígenas usan para
compartir en conjunto las ventajas creadas,
6.- Prevenir casos de biopiratería debido a la utilización no aprobada de
conocimientos colectivos.
El Art. 5° de la Ley 27811 establece como objetivos del régimen:
1.- Fomentar el respeto, la seguridad, la protección, la aplicación más extensa
y el avance de los conocimientos colectivos sobre los grupos de pueblos indígenas.
2.- Fomentar la difusión razonable y justa de las ventajas obtenidas del uso
de dichos conocimientos colectivos.
3.- Fomentar la utilización de dichos conocimientos para servir a los grupos
indígenas y a la humanidad.
4.- Asegurarse de que la utilización de los conocimientos colectivos se
ejecute con la anuencia informada anterior de los grupos de pueblos indígenas.
5.- Promover el fortalecimiento y avance de las capacidades de los grupos
indígenas y los instrumentos generalmente utilizados por estos para compartir e
intercambiar las ventajas creadas de manera colectiva, dentro de la estructura de
este sistema.
6.- Impedir que se otorguen licencias a las innovaciones conseguidas o
creadas de conocimientos colectivos de los grupos de pueblos indígenas del Perú,
sin considerar dichos conocimientos como base en la evaluación de la novedad y
el grado imaginativo de tales invenciones.
111
Perú, para el uso del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha estructurado
la Estrategia Nacional sobre la Diversidad Biológica del Perú, esto se refleja en el
gráfico adjunto (Ver Figura 1):
Figura 1. Estrategia nacional sobre diversidad biológica del Perú Fuente: Ipenza (2010).
Asimismo, se han trazado acciones a nivel subnacional, estrategias
regionales de biodiversidad - descentralización y Gobiernos Regionales del
Perú, esto en la aplicación constante del Convenio de diversidad biológica
(Ver Figura 2):
Figura 2. Estrategias regionales de biodiversidad - descentralización y Gobiernos Regionales del
Perú
Fuente: Ipenza (2010).
Tratados internacionales suscritos por el Perú
112
Seguidamente, se muestra la lista de tratados internacionales suscritos por el
Perú, los cuales poseen carácter vinculante para su legislación ambiental (Leyton,
2008, p. 23).
1.- Acerca de la atmósfera: Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925, en
el cual se prohíbe el uso, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o parecidos y de
medios bacteriológicos, entró en vigor el 05 de junio de 1985. Tratado que prohíbe
pruebas de armas nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo la
superficie de las aguas, Moscú, 1963, entró en vigor el 21 de agosto de 1964.
Tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, Tratado de
Tlatelolco. México, entró en vigencia el 05 de marzo de 1970.
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, Washington, 1 de
julio de 1968, vigente desde el 05 de marzo de 1970. Convención sobre la
prohibición del desarrollo, la producción y sobre el almacenamiento de armas
bacteriológicas (Biológicas) y tóxicas sobre su destrucción. Washington, Londres,
Moscú; 10 de abril de 1972, vigente desde el 26 de marzo de 1975. Convenio sobre
la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de
armas químicas y sobre su destrucción, París, 13 de enero de 1993, entró en vigenc ia
el 17 de agosto de 1995. Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares,
Nueva York, 25 de setiembre de 1996. Entrada en vigencia: En proceso.
2.- Tratados sobre diversidad biológica: Convención para la protección de la
flora, de la fauna y de las bellezas escénicas de los países de América, Washington
D.C, 12 de octubre de 1940, vigente desde el 1 de mayo de 1942. Convenio
internacional para la reglamentación de la caza de la ballena, Washington, 1946,
vigente desde el 18 de junio de 1979. Protocolo de la Convención internacional para
la regulación de la caza de la ballena, Washington, 1946, entró en vigencia el 28 de
diciembre de 1979. Convenio referente a humedales de categoría internaciona l
fundamentalmente como hábitats de aves acuáticas, Ramsar, 1971, vigente desde el
30 de julio de 1992. Protocolo con intenciones de cambiar la Convención sobre los
humedales de importancia internacional especialmente como hábitats de aves
acuáticas, 1982, entró en vigencia el 30 de julio de 1992. Convención sobre la
protección del patrimonio mundial, cultural y natural, París, 1972, entró en vigenc ia
113
el 24 de mayo de 1982. Convención sobre comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestre, Washington, DC, 1973, entró en vigencia el
25 de mayo de 1975. Convención sobre la conservación de las especies migrator ias
de animales silvestres, Bonn, 1979, vigente desde el 1 de junio de 1997. Convenio
para la conservación y manejo de la vicuña, Lima, 1979, entró en vigenc ia
transitoriamente el 20 de diciembre de 1979 y definitivamente el 19 de marzo de
1982. Convención sobre la conservación de los recursos vivos marinos antárticos,
Canberra, 1980, entró en vigencia el 23 de julio de 1989. Convención marco de las
Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, Río de Janeiro, 1992, entró en
vigencia el 07 de setiembre de 1993. Convenio internacional de las maderas
tropicales, Ginebra, 1994, entró en vigencia el 1 de febrero de 1996. Convención
interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas, Caracas,
1996. Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio
sobre la diversidad biológica, ratificado por Resolución Legislativa Nº 28170 del
15 de febrero de 2004. Acuerdo sobre la conservación de albatros y petreles,
ratificado en julio de 2004.
3.- Tratados sobre el clima: Convention of The World Meteorologica l
Organization, Washington DC, 1947, entró en vigencia el 23 de marzo de 1950.
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, Viena, 1985, entró en
vigencia el 06 de julio de 1989. Protocolo de Montreal concerniente a sustancias
agotadoras de la capa de ozono, Montreal, 1987, entró en vigencia el 29 de
setiembre de 1993. Enmienda del Protocolo de Montreal referente a sustancias,
agotadoras de la capa de ozono, Copenhague, 1990, entró en vigencia el 28 de abril
de 1999. Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la Investigac ión
del Cambio Global, Montevideo, 1992, entró en vigencia el 17 de febrero de 1995.
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, New York, 1992,
entró en vigencia el 21 de marzo de 1994. Protocolo sobre el programa para el
estudio regional del Fenómeno del Niño en el Pacífico Sudeste (ERFEN), Lima,
1992, entró en vigencia el 20 de diciembre de 1997. Convención de las Naciones
Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, París, 1994, entró en vigencia el 26 de diciembre de 1996.
114
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio
climático, Kyoto, 1997, entró en vigencia el 11 de setiembre de 2002.
4.- Tratados sobre espacios: Tratado Antártico, Washington DC, 1959, entró
en vigencia el 10 de abril de 1981. Protocolo al Tratado Antártico sobre protección
del medio ambiente, 1991, entró en vigencia el 07 de abril de 1993. Tratado sobre
los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y
utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes,
Londres, Moscú, Washington, 1967, entró en vigencia el 21 de marzo de 1979.
Tratado de cooperación amazónica, Brasilia, 1978, entró en vigencia el 02 de agosto
de 1980.
5.- Tratados sobre responsabilidad: Convención de Viena sobre
responsabilidad civil por daños nucleares, Viena, 1963, entró en vigencia el 26 de
noviembre de 1980. Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños
causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, Bruselas,
1969, entró en vigor el 19 de junio de 1975, ratificado por Resolución Suprema
N° 0622 del 15 de diciembre de 1986, entró en vigencia el 24 de mayo de 1987.
Protocolo correspondiente al Convenio internacional sobre responsabilidad civil
por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos,
Londres, 1976, entró en vigencia el 25 de mayo de 1987. Convención sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, Londres,
Washington DC y Moscú, 1972.
6.- Tratados sobre sustancias peligrosas/residuos peligrosos: Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, Convenio Marpol,
Londres, 1973, entró en vigencia el 02 de octubre de 1983. Protocolo de 1978 al
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, Londres,
1978, entró en vigencia el 02 de octubre de 1983. Acuerdo de Cooperación
Regional para el combate contra la contaminación del Pacífico Sudeste por
hidrocarburos y otras sustancias en casos de emergencia, Lima, 1981, entró en
vigencia el 18 de abril de 1989. Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la
cooperación regional para el combate contra la contaminación del Pacífico Sudeste
por hidrocarburos y otras sustancias nocivas. Quito, 1983, entró en vigencia el 07
115
de febrero de 1989. Convenio para la protección del medio marino y la zona costera
del Pacífico Sudeste. Lima, 12 de noviembre de 1981, entró en vigencia el 27 de
diciembre de 1988. Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la
contaminación proveniente de fuentes terrestres. Quito, 1983, entró en vigencia en
1989. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su eliminación. Basilea, 1989, entró en vigencia en 1995.
Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminac ión
radiactiva. Paipa, 1989, entró en vigor en 1995. Protocolo para la conservación y
administración de las áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste.
Paipa, 1989, entró en vigor en 1995. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes, entró en vigor en diciembre del 2005. Convenio de
Rotterdam sobre consentimiento fundamentado previo, ratificado por el Perú en el
2005.
7.- Declaraciones: Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el medio humano. Estocolmo, 1972. Declaración de la II Reunión de los
presidentes de los países amazónicos. Manaos, 1992. Declaración de Río sobre el
medio ambiente y el desarrollo. Río de Janeiro, 1992. Declaración autorizada, sin
fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la
ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo.
Río de Janeiro, 1992. Declaración de Nairobi. Nairobi, febrero de 1997.
Declaración de Malmö. Malmö, 2000. Declaración de Johannesburgo, sobre el
desarrollo sostenible. Johannesburgo, 2002.
3.5. Una breve conclusión referencial
El Perú es una nación que viene construyendo con gran intensidad, en los
últimos años, un marco jurídico ambiental integral, fundamentado en la jurisdicc ión
internacional más avanzada en esta materia que encierra el derecho ambiental en
los derechos esenciales de tercera generación al lado de la paz, la autodeterminac ión
de los pueblos, desarrollo, preservación y uso del patrimonio histórico y cultural y
derecho a la comunicación. El derecho ambiental posee entre sus fuentes, en primer
lugar, el aspecto concreto (fuente natural) del deterioro del medio ambiente, las
amenazas específicas a los sistemas por la acción humana. Ahora bien, cuenta con
116
la fuente formal que representa la respuesta a dicho escenario de vulnerabilidad en
la que se ubica el medio ambiente desde los mecanismos e instrumentos legales.
Efectivamente, cuando se habla de derecho ambiental se está haciendo
mención de la naturaleza como sujeto de derecho como un ente que tiene valor en
sí mismo independientemente del valor que la persona pueda darle y está orientado
a la conservación y protección de los sistemas de vida.
El Perú, aparte de establecer como punto referencial los instrumentos
jurídicos internacionales, al suscribirlos se compromete a respetarlos y a asumir los
como instancias legislativas supranacionales, como por ejemplo el Convenio 169
de la OIT.
Los principios que guían la política, derecho y administración ambiental en el
Perú son: el referido a la prevención, independencia o transversalidad de la legislac ión
ambiental, participación ciudadana, agregación de valores ambientales, iniciat iva
pública, internalización de costos o contaminador pagador, precaución.
El derecho a un medio ambiente equilibrado se encuentra asegurado por la
misma Constitución de este país, que en su Art. 2 expresa que tal derecho es una
condición para el progreso conveniente de cada individuo.
No obstante, aparte de la Constitución, existe una estructura legislativa (leyes,
ordenanzas, sentencias, decretos legislativos, resoluciones y otros) con el fin de
legislar y responder a las situaciones y problemas que surgen en materia ambiental.
Igualmente, existe una ley marco en el Perú, la Ley General del Medio
Ambiente (2005), producto de un proceso planeado e informado por la Comisión
Nacional del Medio Ambiente desde 2002.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica avalado por el Perú en 1992 (en la
Cumbre de Río) establece una estructura referencial clave no solamente para guiar la
legislación del Estado, sino además la actividad misma de redes y encuentros cercanos
para el aseguramiento del clima.
Por último, se observa desde esta sección la contradicción que existe, por
ejemplo, entre la política energética nacional 2010-2040 (legislada por DS 064-
2010-EM) que reivindica pensamientos, por ejemplo, un desarrollo sustentable en el
117
marco jurídico legal, enfatizándose en lo concerniente a la seguridad y fomento de
la inversión privada, empequeñeciendo elementos sociales y ambientales,
potenciando los mercados energéticos, y en otro orden de ideas, la voluntad del
Estado de proteger el medio ambiente, impulsar la efectividad energética y avanzar
de las energías renovables a escala local y nacional en el Perú. El Perú se constituye,
y así debe ser percibido, por tres áreas naturales: la costa, la sierra con el altiplano y
la selva con toda la Amazonía; estos tres lugares poseen cualidades definidas y, por
lo tanto, se encuentran diferenciadas.
La costa constituida por el litoral de norte a sur, por una región prácticamente
desértica, pero en la cual la sociedad se ha intentado encontrar recursos e indicios de
habitabilidad, habiéndose encontrado debido al ajuste de las personas a las
condiciones de esta zona, produciendo con el tiempo riqueza y que en la actualidad
aún no se ha explotado y/o usado en la magnitud en que debería hacerse. El
aprovechamiento de la riqueza halla diversas fuentes de energías renovables
(eólicas, hidroeléctricas y solares) y no renovables (derivados del petróleo y energía
nuclear). Las energías renovables son recursos permanentes y continuos que se
hallan en esta delimitación de la costa peruana donde es concebible utilizar muy bien
estas energías sin dañar al hombre ni degradar el medio ambiente. Así mismo, no se
puede desconocer la presencia de una riqueza natural, por ejemplo, el Océano
Pacífico, que se convirtió de acuerdo a una administración de aprovechamiento
racional del agua al desalar y encontrar dos factores de producción, el agua para el
cultivo y la sal para el uso industrial y para consumo humano. Aparte, es esencial
relevante mostrar la riqueza marina existente y que son activos que deben ser
utilizados y cuidados para un desarrollo sostenido.
La sierra, compuesta por la zona central del Perú, a través de la formación de
la cordillera de los Andes, forma otro aspecto de desarrollo de la energía renovable
donde se pueden edificar plantas hidroeléctricas y la utilización de energía solar y
eólica por la misma localización y la distinción en los pisos altitudinales que existen,
añadiendo que el altiplano forma parte de esta área geográfica que tiene sus propios
recursos naturales para el uso de la energía solar específicamente.
118
La región selva - Amazonía compone la reserva emblemática manifestada en
su propia riqueza natural, compuesta como uno de los pocos recursos que debe
asegurar la humanidad. Estas tres áreas poseen su propia riqueza alimentaria propia,
diferenciadas entre sí y que las diversas disposiciones señaladas, si bien protegen y
cuidan, en la práctica no se materializa el verdadero cuidado que debería ponerse en
práctica para dicha riqueza. Las leyes se encuentran ahí, sin embargo, no se cumplen,
son cumplidas en parte, como en el caso del mal uso al talar árboles en la selva, la
explotación sin sentido del oro y el mal uso de los productos del petróleo. Las
sociedades organizadas, también llamadas comunidades, no están protegidas, se
reitera que, a pesar de, que las distintas normas consideradas dan protección.
119
CAPÍTULO IV
Metodología de la investigación
Esta investigación se enmarcó bajo las directrices de un trabajo de campo
etnográfico cualitativo.
4.1 Enfoque de la investigación
Este análisis investigativo se enmarcó en el enfoque cualitativo porque se
enfocó, como aconsejan Hernández y Baptista (2014), en comprender el fenómeno,
explorándolo en relación con su contexto. Los estudios cualitativos, señala
Rivadeneira (2015), no tratan el estudio de cualidades alejadas, sino de un todo
integrado (holística) que constituye para el investigador una unidad de análisis.
Una investigación dentro de este enfoque permite que las interpretaciones del
investigador sean flexibles y dinámicas, para resolver problemas de forma proactiva
(Rivadeneira, 2015). En el caso de la investigación propuesta, permitió realizar
procesos interpretativos para alcanzar una visión holística de la participación de las
FF.AA. en la defensa de los recursos naturales de la Reserva Nacional Tambopata
en Madre de Dios.
4.2 Tipo de investigación
Dentro de este estudio cualitativo, que persigue una visión holística del
fenómeno, la interpretación de los fenómenos no se fundamenta en una sola vía para
su comprensión. En el caso de la investigación planteada, la triangulación permitió
un mejor abordaje del rol de las FF.AA. en la defensa de los recursos naturales de
la Reserva Nacional Tambopata. Esto se logró dentro de un estudio de tipo
descriptivo, etnográfico, con uso de la triangulación de datos con un nivel de
análisis colectivo (Rodríguez, 2005). Este abordaje permitió construir el objeto más
allá de posturas empiristas o positivistas cuyas limitaciones no permiten esa visión
holística que se aspira en el presente estudio.
4.3 Método de investigación
El estudio se fundamentó en el método etnográfico. En este, lo vertebral es
el registro de los conocimientos culturales y permite detallar patrones de interacción
120
para alcanzar un análisis holístico de los fenómenos. Restrepo (2018) diferenc ia
entre tres connotaciones de la etnografía como método. La presente investigac ión
se sustentó en la concepción del método etnográfico como un encuadre
metodológico desde la perspectiva de las técnicas aplicables dentro de un mismo
método; en este caso: la observación directa, la entrevista y el análisis documental.
En este sentido, en concordancia con Restrepo (2018) se procedió a la descripción
e interpretaciones situadas.
4.4 Escenario de estudio
El escenario en el cual se desarrolló el presente estudio fue el Centro de Altos
Estudios Nacionales del Perú, Lima. En este contexto, la investigación se orientó
en el ámbito de la defensa de los recursos naturales en la Reserva Nacional
Tambopata ubicada En Madre de Dios.
4.5 Objeto de estudio
El objeto de estudio comprendió con la participación de las FF.AA. en la
defensa de los recursos naturales de la Reserva Nacional Tambopata.
4.6 Observables de estudio
4.6.1 Participación de las Fuerzas Armadas
No se ubicó en la literatura una definición de este observable en específico
debido a su naturaleza pionera en cuanto a este tipo de visión se refiere. Sin
embargo, existen diversas publicaciones preexistentes a indexación que se
adjudican a la temática en otros aspectos similares, En este sentido, para
conceptualizar este constructo se procedió a buscar las definiciones de sus
componentes por separado.
En primer lugar, la participación, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua
(DRAE) (2019) es la acción y efecto de participar, es decir, de tomar parte en algún
asunto.
En este sentido, la visión holística de la participación de las FF.AA. es la
visión de cómo su intervención afecta (positiva o negativamente) otras áreas
asociadas a esa área en particular en la que ha intervenido. En el caso del presente
121
estudio, esta participación se orienta a la defensa de los recursos naturales como
parte integral del territorio nacional que abarca aire, suelo y mar.
Dimensiones
Social: participación de las FF.AA. de forma integrada con las comunidades
para la protección y preservación de los recursos naturales de la Reserva
Nacional Tambopata.
Cultural: participación de las FF.AA. desde lo cultural en la Reserva Nacional
Tambopata, para la preservación y defensa de los recursos naturales presentes
en dicha reserva.
Educativa: participación de las FF.AA. para contribuir a la preservación y
defensa de los recursos naturales de la Reserva Nacional Tambopata.
4.6.2 Defensa de los recursos naturales en la Reserva Nacional Tambopata
La defensa de los recursos naturales por parte de las FF.AA. es parte de la
defensa del territorio que estas deben garantizar. Incluye la lucha contra la
depredación del medio ambiente, la cual es considerada una amenaza interna al
territorio (Ministerio de Defensa, 2019).
Dimensiones
Acciones de protección del ambiente: aquellas orientadas a evitar daños
producto de la acción del hombre (en actividades lícitas e ilícitas) y a
controlar la presencia de elementos que contribuyan al menoscabo de los
recursos naturales de cualquier índole.
Acciones de defensa del territorio: las maniobras y acciones orientadas a
defender el territorio (representado en todos sus recursos) de ataques
internos que atentan directamente sobre la sostenibilidad ambiental.
Acciones de conservación: utilización sustentable de los recursos durante
las maniobras y acciones propias del cumplimiento de sus funciones.
4.7 Fuentes de información
En este estudio, en vista de que se hizo una triangulación, se contó con tres
fuentes de información:
122
Para el análisis documental:
- Constitución Política del Perú, artículo 68°
- Política Nacional 34 del Acuerdo Nacional
- DS N° 012-2017 que aprueba la Política de Seguridad y Defensa
Nacional
- Decreto Legislativo N° 1136 del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas
- Nuevos roles de la Fuerzas Armadas
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
- Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, artículo 1°
Observación Directa con la comunidad objeto de estudio in situ.
Para la entrevista: se trabajó con personal de oficiales de la Brigada
acantonada en la región Madre de Dios. Ellos se constituirán como
informantes clave.
4.8 Técnicas e instrumentos de acopio de información
Según Hernández, (2007) el instrumento para recolectar la información, es
un instrumento que radica en un grupo de ítems presentado como preguntas,
aseveraciones u opiniones ante los cuales se solicita a las personas, a las que se les
aplica, que reaccionen; en otras palabras, son presentadas las preguntas y se le pide
a la persona que expresa su opinión escogiendo una de las respuestas acorde a su
Opinión (p.30).
Se realizó la recolección de datos que ayudó a proporcionar la informac ión
precisa para ejecutar esta investigación, una de las características de la
investigación etnográfica es la posibilidad del uso de diferentes técnicas incluida la
que se explica en este párrafo.
4.8.1 Técnicas de acopio de información
Observación directa in situ.
123
El método de observación directa es una técnica que permite recoger
información, que fundamentalmente consiste en ver el objeto de estudio dentro de
una circunstancia específica. Todo ello es realizado sin necesidad de intervenir o
cambiar el ambiente donde se despliega el objeto.
Entrevista
Se trabajó con la entrevista para obtener la información de los sujetos sobre
el fenómeno en estudio y luego categorizar las respuestas y tener una mejor
comprensión del mismo. Esta técnica se usó para una mayor comprensión de los
resultados del análisis documental. Ballester, Orte y Lluis (2003) explican que
cuando se hace investigación cualitativa por medio de entrevistas, se plantea la
forma de llegar a conocer la forma en que realmente ocurren las cosas. Es decir, se
buscan datos que no dependan de la subjetividad de los actores (investigador,
sujetos de investigacion, otros). En este caso, permitió una aproximación desde los
actores mismos que abrió la posibilidad de conocer el ser y el deber ser de la
participación de las FF.AA. en la defensa de los recursos naturales de la Reserva
Nacional Tambopata.
Esto permitió tener la familiarización necesaria de la que hablan Schettini y
Cortazo (2015) para poder comprender de mejor manera lo que mostro el anális is
documental.
Análisis documental
Se trata de una técnica útil para detallar objetiva, sistemática y
cuantitativamente el contenido de un texto para su interpretación y comprensión. El
objetivo del análisis documental es comprobar la presencia de ideas, palabras o
conceptos en un texto y su sentido dentro del mismo en un contexto dado. En el
presente estudio se hizo análisis cualitativo de contenido a los documentos que se
relacionan con la defensa de los recursos naturales en el Perú, para poder, a partir
de la comprensión holística del fenómeno, diseñar la propuesta de participación del
Ejército en la defensa de los recursos naturales en Tambopata.
Se usaron las siguientes técnicas propias de este contexto de investigación:
124
Registro documental: se trabajó principalmente con documentos jurídicos
sobre la materia.
Compendio de información asociada a los observables del estudio: se
ubicaron aquellos instrumentos jurídicos en función de su pertinencia para
los observables planteados.
Categorización: se establecieron las categorías que surgieron entre los
documentos analizados
4.8.2 Instrumentos de acopio de información
Para la técnica de entrevista se aplicó una guía de entrevista al personal oficia l
superior encargado de la unidad estratégica acantonada en el área.
Para el análisis documental se usó una ficha de análisis. En esta se procedió
a analizar los documentos en función de las categorías asociadas a los propósitos
del estudio.
Para el llenado de esta ficha se establecieron las unidades de significado por
medio de la revisión del contenido y la identificación de documentos y la posterior
descripción de cada documento en la ficha de análisis.
4.9 Acceso al campo y acopio de información
4.9.1 Acceso al campo
Schettini y Cortazo (2015) señalan que, en una investigación como la aquí
propuesta, entrar al campo comprende afrontar dos miradas de un mismo fenómeno :
la del investigador y la de los otros, con sus propias vivencias asociadas al
fenómeno. En la investigación propuesta, para el acceso al campo, se contó con la
aprobación del jefe del destacamento acantonado en la zona de la cual depende
jerárquicamente la unidad estratégica acantonada en el área. En cuanto al anális is
de documentos, no se requiere permiso alguno, ya que se trata de documentos de
dominio público, a disposición de cualquier ciudadano en la Internet.
4.9.2 Acopio de información
La información se colecto en los correspondientes instrumentos. Se mantuvo
un registro escrito y grabado de las entrevistas, las cuales se analizarán
125
estableciendo categorías a partir de las respuestas. Se transcribió en el informe final
solo las respuestas que cumplieron el objetivo de permitir la comprensión de los
documentos analizados.
4.10 Método de análisis de la información
Schettini y Cortazo (2015) aclaran que por más meticuloso que sea nuestro
análisis no puede pretenderse que sea completo, es imposible abarcar la totalidad
del fenómeno, siempre va a faltar algo, siempre habrá algo oculto. Partiendo de esa
premisa, se procedió a hacer la triangulación señalada, para llevar al mínimo ese
‘punto ciego’ del que hablan esos autores y llegar a una mejor y mayor comprensión
del fenómeno.
Por la naturaleza del estudio, las técnicas de análisis son cualitativas. Para la
entrevista se procedió al establecimiento de categorías a partir de las respuestas de
los entrevistados. Para el análisis de documentos, se hizo uso del anális is
hermenéutico y el análisis cualitativo de contenido.
126
CAPÍTULO V
Análisis y síntesis conclusivas
La realidad de las condiciones en las cuales se encuentra nuestro medio
ambiente a nivel mundial, a consecuencia de las acciones realizadas por la
humanidad , genera desequilibrios constantes los cuales posiblemente no se puedan
subsanar con facilidad en los años venideros, debido a esto es necesario que se
mencione que aún se debe incrementar y proseguir con la determinación que pone
el estado peruano conjuntamente con las FF AA de la nación para abordar , prevenir
y supervisar todos aquellos agentes de contingencia que afectan el entorno natural
, lo cual a su vez generaría repercusiones en los sistemas sociales, culturales y
también educativos.
Es por ello que mediante la implementación de diversos operativos
conjuntos realizados en la Reserva Nacional de Tambopata por parte de organismos
competentes como sería el caso de La Brigada de Fuerzas Especiales, acantonad a
en Madre de Dios, La cual consta de 980 personas en tropa en servicio militar, 80
oficiales reenganchados, 140 oficiales técnicos y Sub Oficiales de los cuales 07 son
mujeres, se logró la cooperación conjunta con otros entes estatales y municipales y
acciones que conllevaron al desarrollo investigacional.
Con relación al ítem número 1, del análisis de la información ofrecida por los
informantes claves, coincidieron en que el Perú se halla frente a la consolidación de
una seguridad ambiental, que obedece a factores como la lucha contra los cultivos
ilícitos y contra el narcotráfico y de la capacidad de las Fuerzas Armadas para
garantizar el orden público y la convivencia que no permita desestabilizar el estado
social de derecho.
Con relación al ítem 2, los informantes claves coincidieron en que es
primordial desarrollar programas de educación conjuntamente con las poblaciones
aledañas. Adicionalmente, el principio de responsabilidad debe ser punto de partida
para las Fuerzas Armadas y estas ser portavoces a su vez para el adecuado manejo
de los recursos naturales.
Con relación al ítem 3, los informantes claves coincidieron que en los últimos
años se ha evidenciado un aumento en la degradación ambiental resultado de la
127
minería ilegal, los cultivos ilícitos, el narcotráfico y de la capacidad institucional de
asumir posiciones. Culturalmente, se hace necesario el trabajo en las comunidades
educando en cultura con propuestas integrales entre los campos con proyectos y
programas contemplados en la educación siempre emergente de la cultura como
forma integral de vida.
Con relación al ítem 4, los informantes claves comentaron que el carácter
integrador de las Fuerzas Armadas ofrece las posibilidades reales de darle una
mirada holística y sistémica a esta situación social real. La manera diferente de ver
las cosas y de afrontar los retos desde el entendimiento, el compromiso y
participación con la naturaleza, permitirán a las FF.AA. el liderazgo compartido y
de manera holística con los demás participantes integrando soluciones reales.
AMENAZAS A LA SEGURIDAD AMBIENTAL DEL PERÚ
Entre las amenazas ambientales más arraigadas, y a menudo dudosas, a la
seguridad nacional de Estados Unidos se encuentran los tan acarreados peligros
transglobales que plantea el calentamiento global, la abertura en la capa de ozono,
la lluvia ácida, la pérdida de biodiversidad genética y la contaminación del aire.
Sin embargo, cada vez más, nuevas y más regionales amenazas ambienta les
se han inmiscuido en la conciencia nacional y han contribuido a que el medio
ambiente como preocupación de seguridad supere el velo levantado por los
escépticos y las que parecen exigir consideración ahora.
Entre estas nuevas amenazas se encuentran los crecientes conflicto s
potenciales por los limitados suministros de agua dulce, la contaminación de las
fronteras, los refugiados ambientales, el terrorismo ambiental y la amenaza del
levantamiento campesino por causas ambientales.
Así como el mundo se torna más interdependiente, bien desde la perspectiva
ambiental como de la económica, sigue aumentando el número de preocupaciones
ambientales transnacionales.
Aunque hasta cierto punto todas estas cuestiones ambientales amenazan al
Perú, son estas últimas las que más se acercan a las amenazas tradicionales a la
seguridad.
128
A medida que el suelo se agota y se deteriora o se filtra, los suministros de
agua fallan y se consumen los bosques y los pastizales, las economías de las
naciones en desarrollo pueden comenzar a tambalearse y a decaer.
Podemos ver rápidamente que los vínculos ambientales con lo que puede
considerarse preocupaciones de seguridad abarcan una amplia gama de cuestiones
diversas. Estos incluyen un contexto amplio que va desde las fuentes primarias de
degradación ambiental hasta los efectos sociales y desde consideraciones de
seguridad más tradicionales hasta las más recientes. Muchos de los efectos, a su
vez, pueden ser la fuente de una degradación adicional en un ciclo destructivo. Lo
que puede comenzar simplemente como una cuestión de calidad de vida puede
transformarse en una amenaza tradicional para la seguridad nacional si la
degradación progresa hasta el punto en que se producen trastornos sociales o
migraciones en masa. Nunca se insistirá lo suficiente en la interconexión de los
sistemas ambientales ni en las respuestas humanas a las presiones ecológicas.
También hemos visto que para evitar la controversia en torno a las amenazas
ambientales específicas y mal entendidas, sin dejar de admitir la importancia de
todo el fenómeno, la tentación de agrupar todas las amenazas ambientales en una
sola categoría es grande. Sin embargo, al enmarcar las preocupaciones de seguridad
ambiental de manera demasiado amplia, limitamos la influencia que el término
transmite a un problema en particular y nuestra capacidad para enfrentar el
problema. Puesto que sostengo que debemos centrarnos en ámbitos específicos si
queremos empezar a abordar los problemas medioambientales, debemos limitar
nuestro ámbito de aplicación a los problemas que se ajustan a criterios específicos
y representan amenazas defendibles. Para ello, en la siguiente sección se
examinarán varias cuestiones ambientales para demostrar cómo solo ciertos
problemas pueden ser expresados como amenazas a la seguridad nacional.
A. PROBLEMAS AMBIENTALES O DE RECURSOS TRANSNACIONALES
QUE AMENAZAN LA SEGURIDAD EN UN SENTIDO TRADICIONAL
Comienzo con algunos ejemplos de amenazas que son más agudas y a
menudo tienen un enfoque regional.
129
Aunque algunos autores consideran los efectos ambientales de la guerra como
una categoría separada y distinta, creo que esto solo confunde la cuestión y que
estas amenazas no deben considerarse separadas de la amenaza impuesta por el
propio conflicto. La guerra es, por definición, una preocupación de seguridad
nacional, y su plétora de amenazas a la seguridad no necesita mayor diferenciac ión.
Aunque el propio ejército y la movilización para la guerra pueden representar
actividades tremendamente contaminantes y, por lo tanto, encajar en la definic ión
de degradación ambiental, es mejor considerarlas como actividades domésticas.
La seguridad nacional es, por definición, una amenaza para la seguridad
nacional cuando carece de estrategias sobre la bioprotección ambiental. De manera
similar, el ecoterrorismo tampoco encaja en el enfoque que he establecido. El
ecoterrorismo per se es terrorismo, y, por ende, es una amenaza para la seguridad
nacional, todo acto que vulnere o amenace de modo particular o no cualquiera de
los diferentes ámbitos que conforman la nación.
La principal preocupación del debate que sigue a continuación se refiere a
cuestiones que han tenido más dificultades para establecerse como amenazas a la
seguridad nacional. Estas son las amenazas ocultas e insidiosas; los subproductos a
largo plazo del pensamiento a corto plazo y la planificación económica deficiente,
en lugar de los actos de agresión manifiestos. Sin embargo, para ser aceptadas como
amenazas a la seguridad nacional, estas cuestiones deben presentarse de tal manera
que se establezcan vínculos causales claros con los objetivos y valores nacionales.
Aunque este breve examen requerirá un análisis mucho más profundo
posteriormente, me limitaré a mostrar cómo el medio ambiente está vinculado a la
seguridad nacional básica con criterios pueden ser demostrados. Esto con el fin de
tener una idea del verdadero alcance y naturaleza de la seguridad ambiental.
1. Contaminación
La contaminación es, sin duda, un fenómeno mundial. El rango de discusión
posible en torno a sus implicaciones en el Perú en general es tan amplio que un
análisis en profundidad requerirá un esfuerzo masivo. Sin embargo, en términos de
identificar algunas implicaciones básicas de la contaminación para la seguridad
ambiental, se pueden encontrar fácilmente algunas impresiones generales. En
130
primer lugar, sin entrar en el debate sobre qué parte del problema puede vincularse
a las industrias que causan gran parte de la contaminación (un tema que sin duda
desdibujará el enfoque de este argumento), debemos concentrarnos en cambio en el
lugar donde los metales pesados, los productos químicos, los materiales
radioactivos, los alquitranes minerales, los productos químicos del petróleo, el
petróleo refinado, los fertilizantes manufacturados y otros productos contaminantes
ingresan o impactan en el Perú que amenazan su seguridad según los criterios
establecidos. O, más claramente, ¿hay casos en los que se pueda demostrar
claramente que los contaminantes que entran o afectan al Perú, son una amenaza y
que no están sujetos a control nacional? Aunque a la larga será necesario realizar
una evaluación exhaustiva de esta cuestión, se destacan algunos ejemplos.
Aunque muchos de los contaminantes transportados por el aire y el mar
presentan serios peligros para la salud y la calidad de vida en el Perú, las zonas
industriales, la minería ilegal, la deforestación, entre otros, son los ejemplos más
claros de una amenaza ambiental relacionada con la contaminación.
Los ríos son un caso especialmente importante. Más de uno está actualmente
asediado por la contaminación. Los metales disueltos, incluyendo el mercurio y el
aluminio, se encuentran rutinariamente en grandes cantidades en el agua del río.
Debido a la descarga de las aguas residuales no tratadas, el río es inseguro durante
aguas abajo de los asentamientos rurales, residenciales e industriales, donde los
niveles de contaminación fecal a menudo exceden, a veces por un factor de cien,
los estándares establecidos para proteger la salud pública.
Dado que los ríos son la fuente principal del agua potable que se usa en las
grandes áreas adyacentes a él, estos contaminantes simbolizan una gran amenaza
para la salud de los residentes, ya sea a través de la ingestión, el contacto con el
agua contaminada o la respiración de productos químicos volátiles a medida que
se evaporan. En diversas áreas se han observado tasas inesperadamente altas de
espina bífida y otros defectos congénitos relacionados con la contaminación como
el principal culpable. Además del riesgo para la salud asociado con el agua potable,
el agua contaminada se toma rutinariamente del río para regar los cultivos. Esto
131
plantea posteriormente una amenaza sanitaria bien para el jornalero agrícola, bien
para los consumidores de productos agrícolas cosechados en esos campos.
En muchos casos el nivel de contaminación del rio es tal que se aconseja a la
gente que ni siquiera se acerque al río en algunos lugares, el agua del río contiene
"todas las enfermedades conocidas en el hemisferio occidental", y se han detectado
más de un centenar de contaminantes tóxicos en las aguas, incluyendo PCB,
cloruro de vinilo y otros productos químicos que son muy tóxicos para los seres
humanos o que son cancerígenos conocidos. Muchos ríos se consideran no aptos
para cualquier uso y que ha sido implicado en la contaminación del océano o de
otros ríos donde descarga su caudal. Todo esto representa una amenaza inmedia ta
y aguda para los ciudadanos peruanos que viven a lo largo o cerca de las orillas de
estos ríos o que consumen productos agrícolas irrigados con sus aguas. Además,
cualquier brote a gran escala de enfermedades que surjan de estos ríos podría
migrar a otras áreas del país. La demanda de la seguridad nacional para abordar la
limpieza de estos ríos rodea principalmente la amenaza inmediata a la seguridad y
calidad de vida de la ciudadanía.
Si se observan otros criterios, aunque es difícil encontrar casos específicos
en los que la estabilidad regional fue claramente socavada por la contaminación, la
noción de que la contaminación es un factor de desacuerdo regional dentro de otros
países del hemisferio occidental se puede ver claramente en las grandes áreas
metropolitanas alrededor de la Ciudad de México, Río de Janeiro y Sao Paulo.
Aunque la contaminación por sí sola no representa actualmente una amenaza
inmediata para la estabilidad en las Américas, su naturaleza contributiva como
efecto desestabilizador regional debe tomarse en serio.
En términos de las amenazas globales a la seguridad del Perú, procedentes
de la contaminación transnacional, esto depende de la amplitud con la que la
política de seguridad nacional esté dispuesta a extenderse para aceptar un área
limitada y un número limitado de personas. A medida que los desechos sin tratar
son vertidos en los ríos amenazando a los ciudadanos, la inmediatez parece
evidente.
132
2. Calidad y escasez del agua
Agravada por la contaminación, el agua dulce representa una clara
preocupación para la seguridad nacional. Aunque las recientes inundaciones
parecen cuestionar el inconveniente de la escasez de agua, es importante señalar
que, si toda el agua de la Tierra cabe en una jarra de un galón, el agua dulce
disponible equivaldría a poco más de una cucharada (menos de la mitad del uno
por ciento del tota1). Aunque las cifras agregadas de agua parecen implicar que el
agua dulce es abundante en el Perú, hay grandes diferencias entre regiones
específicas. Y para el año 2050, algunos piensan que el agua superará al petróleo
como el bien más preciado del mundo.
En las relaciones internacionales, ha comenzado a hablarse de la era de la
"geopolítica del agua". La importancia estratégica de los suministros de agua y sus
implicaciones para la seguridad nacional en el país no es un concepto nuevo.
Por ejemplo, Peter H. Gleick señala que, en la década de 1940, cuando
Estados Unidos y México estaban negociando un tratado sobre los derechos de agua
en torno al río Colorado, ambas partes expresaron gran preocupación por las
implicaciones de seguridad del recurso. En ese momento, los funcionar ios
mexicanos describieron el acceso al río como un interés nacional superior a
cualquier otro, y los californianos que formaban parte del comité del tratado
advirtieron que el tratado daría un golpe mortal a la seguridad nacional del país al
quitarle el agua a la llanura costera del sur de California (énfasis en el origina l).
Dado que los Estados Unidos están obligados por el tratado a suministrar una
cantidad de agua del río Colorado a México, cualquier reducción o degradación del
caudal del río debido a los cambios climáticos o al aumento de la contaminac ión
podría tener ramificaciones inmediatas para la seguridad nacional.
Aunque en la actualidad muchos consideran que la gestión de las aguas
fronterizas entre diversos países pudo resolverse por vías pacíficas, las crecientes
demandas de agua ciertamente exacerbarían las tensiones. Mientras tanto, la
inmediatez de la amenaza depende de otros factores, tales como los cambios
climáticos o el aumento de la degradación del agua antes de que se convierta en un
problema.
133
Sin embargo, en lo que respecta a otros aspectos de la estabilidad regional del
agua dulce, las consecuencias para la seguridad son mucho más graves. De hecho,
Thomas Homer-Dixon considera que incluso es posible identificar ciertas regiones
donde las crisis del agua son una certeza virtual para el año 2025. Aunque se toma
en cuenta la escasez de agua en Oriente Medio y en algunas partes de África, donde
las poblaciones crecen rápidamente y donde el agua ha sido durante mucho tiempo
una fuente de conflictos entre ciertos grupos y sociedades, esto no niega la
posibilidad de que el agua se convierta en un bien público.
Efecto desestabilizador de la escasez de agua en el hemisferio occidental
Además del suministro, la calidad del agua también es una cuestión
importante. Según la Conferencia Interparlamentaria sobre el Medio Ambiente
Mundial de 1990, en América Latina y el Caribe más de 59 millones de residentes
urbanos carecen actualmente de acceso a servicios de saneamiento aceptables. Esto
tiene el efecto de crear condiciones fértiles para la reproducción de organismos
parasitarios transmitidos por el agua que se aprovechan de la población urbana y
que pueden propagarse fácilmente o ser transportados hacia diversos países por la
ola migratoria. Como las represas, la deforestación, los cambios climáticos
mundiales y la contaminación siguen amenazando tanto la calidad como el
suministro de agua dulce en las Américas, los futuros efectos desestabilizadores de
la pérdida de agua dulce abundante y limpia no deben subestimarse.
3. Degradación de los océanos
Los océanos, que cubren más del setenta por ciento de nuestro planeta, son
un recurso complejo y altamente vulnerable. De hecho, las preocupaciones sobre
los recursos oceánicos han existido desde la década de 1890, cuando "una nueva y
melancólica disciplina, la ciencia pesquera" comenzó a llegar a algunas
conclusiones aleccionadoras sobre ciertas poblaciones comerciales de peces en el
Mar del Norte. A pesar del reconocimiento del declive de la pesca hace más de cien
años, las exigencias cada vez mayores que se imponen a la pesca en todas partes
han reducido muchas de las más importantes muy por debajo de los niveles
sostenibles. El ejemplo de la pesquería muestra cómo el mero reconocimiento de
una amenaza, aunque sea bastante temprano, es inadecuado a menos que el
134
reconocimiento corresponda a actitudes y políticas fundamentalmente alteradas en
torno a la degradación. Además, como sugiere el ejemplo de la pesquería, a meno s
que se asuma un compromiso firme para detener la degradación antes de que se
protejan los "niveles sostenibles", pueden producirse daños permanentes con
consecuencias futuras desconocidas.
Actualmente, la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) sitúa el rendimiento sostenible anual de las pesquerías
oceánicas y de agua dulce del mundo en 100 millones de toneladas métricas.
Aunque el umbral de 100 millones de toneladas es solo una estimación, esta
cifra, combinada con otras pruebas, elude el hecho de que las poblaciones de peces
están al borde del colapso. Entre 1950 y 1988, la cantidad de pescado desembarcado
se quintuplicó, pasando de 20 millones a 98 millones de toneladas. En 1987, la FAO
comentó: El tiempo de los aumentos espectaculares y sostenidos de las capturas
pesqueras ha terminado. Casi todas las poblaciones importantes están plenamente
explotadas o sobreexplotadas. Muchas de las poblaciones de especies de mayor
valor están agotadas. Las poblaciones de arrecifes y las de las zonas litorales están
especialmente amenazadas por la pesca ilegal y la contaminación ambiental.
Para el 2030 está previsto que la demanda mundial de pescado aumente a 180
millones de toneladas y que las necesidades anuales alcancen los 240 millones de
toneladas para 2050. Aunque parte de esta demanda podría satisfacerse ampliando
el uso de la acuicultura, a medida que se superen los umbrales o los niveles de
sostenibilidad, especialmente en naciones pobres de América Central y el Caribe,
los pescadores campesinos y en pequeña escala se verán perjudicados como una
fuente clave de proteínas y moneda que se vuelve escasa. El caso de que la
inestabilidad regional se vea agravada por el agotamiento de la pesca en estos países
es alto.
Aunque la cuestión de la pesca es una cuestión de seguridad conmovedora,
no debemos olvidar que los océanos son cruciales para el sistema de soporte de vida
de este planeta y que una gran variedad de vida vive en ellos o depende de ellos
para la alimentación, la recreación y el comercio.
135
Aunque son los enormes accidentes marítimos los que centran la atención
mundial, las zonas costeras del Perú han servido durante décadas como un lugar
conveniente para la eliminación de residuos. Los efectos en términos de la pesca
restringida y el marisqueo, así como la perturbación de las cadenas alimentarias y
la interrupción de las actividades recreativas, pueden interpretarse como amenazas
a la seguridad nacional.
B. PROBLEMAS AMBIENTALES O DE RECURSOS
TRANSNACIONALES QUE AMENAZAN LA SEGURIDAD EN UN
SENTIDO AMPLIO
Además de las amenazas regionales con ramificaciones de seguridad bastante
distintas, existen otros problemas ambientales que plantean riesgos generalizados
para la población, pero con una inmediatez más diluida, incremental o más difíc il
de identificar. Existen otras amenazas ambientales transnacionales "amplias" que
exigen consideración de seguridad nacional.
1. Calentamiento global / Modificaciones atmosféricas y climáticas
El tema del cambio climático global y las modificaciones atmosféricas ha
despertado mucho interés últimamente. Su creciente significancia fue
especialmente destacada en los años ochenta con el descubrimiento de un agujero
sobre la Antártida en la capa de ozono, que protege a la Tierra de los rayos
ultravioleta del Sol, en 1985.
Desde entonces, las comunidades científicas nacionales e internacionales han
alcanzado un amplio consenso sobre el calentamiento global y la degradación
atmosférica y han hecho muchas predicciones nefastas. Esto culminó en una
declaración del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) de las Naciones Unidas que se ofreció:
Estamos seguros de lo siguiente: .... las emisiones resultantes de las acciones
humanas están aumentando principalmente las concentraciones atmosféricas de los
gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbonos
(CFC'c) y óxido nitroso. Dichas acentuaciones aumentarán el efecto invernadero,
implicando un calentamiento adicional de la superficie de la Tierra.
136
Aunque la consecuencia real del calentamiento global no puede conocerse
con certeza, ya que no existe una base histórica para determinar el resultado, la
física de los efectos del efecto invernadero es segura. Son los gases de efecto
invernadero naturales, como el vapor de agua y el dióxido de carbono, los que
mantienen a la Tierra aproximadamente 30 grados Celsius más caliente de lo que
estaría sin su presencia. Y las observaciones de las atmósferas y temperaturas en
otros planetas confirman la teoría. Aunque debido a las incertidumbres de los
papeles que desempeñan muchos componentes del clima.
No se sabe con certeza la velocidad exacta a la que se producirán los cambios
climáticos derivados de un mayor efecto invernadero. Las mejores predicciones de
los impactos que se pueden esperar del calentamiento global nos dicen que, además
de una temperatura media mundial más cálida, se verán afectados muchos sistemas
físicos y biológicos. Esto podría incluir un aumento de la evaporación de los
océanos y un aumento de las precipitaciones, aunque el momento y la distribuc ión
de las precipitaciones pueden ser muy diferentes de los que se observan en la
actualidad.
Además, debido a la expansión térmica del agua del océano a medida que se
calienta y derrite el hielo glacial, es probable que el calentamiento global aumente
el nivel mundial del mar en aproximadamente medio metro. Dado que un tercio de
la población mundial habita a menos de 40 millas del mar, "donde el suelo es el más
rico y la tierra la más baja", a medida que aumenta el nivel del mar, las
implicaciones podrían ser enormes. Las inundaciones que obligan a los refugiados
ambientales, la intrusión de agua salada en los suministros de agua dulce, la
degradación de la agricultura, los bosques, los pastizales y la perturbación del
medio ambiente marino y costero pueden ocurrir tan rápidamente que impedir ían
que nuestra capacidad de adaptación sea lo suficientemente rápida como para
detener el sufrimiento generalizado.
En el peor de los casos, la temperatura de la Tierra aumentaría en 5 grados en
los próximos 100 años. Esto causaría invariablemente un choque drástico al
ecosistema: tal vez causando un derretimiento significativo de la capa de hielo
antártico, cambiando radicalmente las principales corrientes oceánicas, lo que
137
provocaría una alteración de los patrones climáticos; o un efecto invernadero
desbocado si el calentamiento inicial derrite la tundra de las altas latitudes,
causando una repentina liberación de gas metano. "Si se realizara, las
ramificaciones de seguridad de este tipo de catástrofe ecológica serían enormes. La
sequía generalizada, la desertificación, la inanición, las inundaciones y los
refugiados ambientales podrían desbordar nuestra capacidad para hacer frente a
estos problemas. Sin embargo, los costos económicos y los efectos en la calidad de
vida son imposibles de prever con una precisión razonable.
Además del calentamiento global, investigaciones recientes sugieren que una
disminución del 1 por ciento en el ozono estratosférico produce un acrecentamiento
de cerca del 2 por ciento en la incidencia de radiación ultravioleta que causa cáncer
en la superficie de la Tierra. Esto, a su vez, produce un acrecentamiento de
alrededor del 3 por ciento en las tasas de cáncer de piel no melanoma. Aunque esta
amenaza inmediata afecta claramente la calidad de vida de los peruanos, las
consecuencias nocivas de la acentuación de la radiación ultravioleta en los cultivos,
los bosques, el fitoplancton oceánico (que forma la base de la cadena alimentic ia
oceánica) y la salud del ganado pueden tener implicaciones de seguridad aún
mayores.
El grado en que, sin embargo, es imposible de predecir. Tal vez con la única
excepción de promover la democracia, los criterios de seguridad nacional son
perjudicados por esta clase de degradación ambiental. Lo que le está pasando a la
atmósfera hoy en día no es un accidente. Sabemos que las ramificaciones de la
degradación atmosférica podrían ser enormes y, sin embargo, por razones que ya se
han debatido anteriormente, todavía no se ha formulado un mandato amplio de
seguridad nacional para la degradación atmosférica.
2. Pérdida de biodiversidad genética
Otra cuestión ambiental ampliamente citada se refiere a las amenazas
asociadas a la merma de la diversidad de especies vegetales y animales del planeta.
El concepto de biodiversidad abarca prácticamente toda la vida en la Tierra. Y
alterar la composición de cualquier nivel en esta cadena interconectada podría tener
efectos dramáticos en otros eslabones biológicos, incluyendo a los humanos.
138
Aunque dependemos de la diversidad biológica para nuestra supervivencia básica,
el concepto de "biodependencia" dista mucho de ser un principio rector en el mundo
moderno y la relevancia de la biodiversidad genética se suele discutir desde un
punto de vista estrictamente utilitario.
Aunque de alcance mundial, en el hemisferio occidental esta amenaza a la
biodiversidad ha estado más asociada con los bosques tropicales húmedos, donde
generalmente se reconoce que reside la mayoría de las especies de plantas y
animales y, lo que es más importante, su información genética. Aunque esta
información genética es un recurso inestimable, es muy difícil calificar
objetivamente su nivel de amenaza a la seguridad nacional del Perú.
Si consideramos que los científicos calculan de forma conservadora que se
pierden entre 4000 y 6000 especies al año debido a la degradación de los bosques
tropicales, una tasa 10,000 veces superior a la tasa natural de extinción antes de la
aparición del hombre, entonces el mero alcance de la pérdida parece implicar
inmediatamente una amenaza para la seguridad. Sin embargo, por alarmante que
sea el número de especies perdidas, en términos de los criterios de seguridad
nacional el impacto es difícil de rastrear. Aunque la estabilidad regional se ve
amenazada por la reducción de la viabilidad económica de ciertas regiones y de su
biodiversidad, la mayor parte de la reducción de especies está relacionada con la
pérdida de hábitat asociada a las prácticas de desarrollo. Aunque el potencial de
enormes ganancias económicas en medicinas y otros productos vegetales
especializados es grande para las regiones que contienen esta tremenda diversidad
biológica, y en su mayor parte no se realiza, por lo general estos bosques tropicales
son explotados en la actualidad solo por su valor más limitado como madera, tierras
de cultivo o tierras de pastoreo.
El simple hecho es que, aunque la biodiversidad genética es una parte
fundamental de nuestra existencia, hemos aprendido a prosperar utilizando solo una
fracción del potencial biológico del planeta. De las al menos 75,000 especies de
plantas comestibles que existen en el mundo, los seres humanos dependen en gran
medida de solo 20 especies, entre ellas el trigo, el mijo de centeno y el arroz.
139
Mientras se mantenga la diversidad genética de los cultivos, las amenazas a gran
escala para el suministro de alimentos serán bajas.
Aunque las extinciones masivas son deplorables por su absurdo desperdicio
de un enorme potencial para ayudar a la humanidad, no amenazan inmediatamente
al Perú al grado que exige su inclusión como una prioridad de seguridad nacio nal.
Solo cuando la pérdida de biodiversidad amenace los eslabones cruciales de la
cadena alimentaria de la que dependemos, se alcanzará una prioridad a nivel de
seguridad nacional.
Una vez más, sin embargo, dado que no conocemos todos los vínculo s
cruciales entre los niveles de biodiversidad en otras partes del mundo y nuestros
propios sistemas ambientales, es imposible determinar las implicaciones de la
pérdida de biodiversidad para la seguridad nacional. La diversidad de especies y los
ecosistemas más grandes son redes integradas y es necesario conservar sus partes
para conservar el conjunto. El dilema sobre la demanda de demostrar inmediatez
frente a la situación desconocida de esta amenaza se cierne sobre nosotros. La
pérdida de biodiversidad es un problema mundial enorme. Debe ser tratado como
una alta prioridad tanto en los bosques tropicales que quedan como en los océanos,
donde las cadenas alimentarias no son bien comprendidas. Sin embargo, sus
implicaciones para la seguridad nacional están actualmente oscurecidas por la falta
de vínculos causales claros con nuestro propio bienestar económico o social.
3. Deforestación, erosión del suelo y desertificación
La mayoría de las estimaciones de la degradación forestal varían mucho, ya
que hay muchos tipos y grados diferentes de daños. Por lo tanto, en algunos casos,
los bosques pueden recuperarse a través de la reforestación y la regeneración
natural, lo que tiende a oscurecer los límites de las categorías. Además, las imágenes
satelitales para detectar el alcance de la deforestación son mucho menos útiles de
lo que se piensa comúnmente y las imágenes normalmente deben ser apoyadas por
inspecciones terrestres más detalladas.
A pesar de estos problemas para hacer una crónica de la magnitud de los
daños, está claro, por la videncia actual, que el agotamiento de los bosques continúa
a un ritmo alarmante. En términos de amenazas a la seguridad, la deforestación
140
agrava el calentamiento global al destruir plantas que de otro modo habrían
eliminado el dióxido de carbono de la atmósfera.
Igualmente, cuando se queman o talan los bosques y se deja que se
descompongan, se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Especialmente en los
trópicos, donde se está produciendo la mayor cantidad de deforestación, los
ecosistemas frágiles están empezando a desbaratarse. En estos delicados suelos
tropicales, la eliminación de la cubierta forestal interrumpe el ciclo crucial de
nutrientes por encima y por debajo del suelo. La lixiviación de los suelos pobres
reduce su fertilidad y las especies vegetales y animales pierden sus hábitats. Sin la
cobertura que proporcionan los árboles, los suelos restantes son a menudo
arrastrados a los ríos, lo que provoca entarquinamiento e inundaciones. Como
resultado, los costosos sistemas de irrigación e hidroeléctricos a menudo se vuelven
inútiles. Según Jessica Tuchman Mathews, del Instituto de Recursos Mundiales, la
deforestación tropical empobrece a cerca de mil millones de personas debido a sus
efectos en la agricultura, el suministro de energía y los recursos hídricos. Este
patrón es endémico en toda América Central, gran parte de Asia, África
subsahariana y América del Sur.
La degradación del suelo, agravada por la deforestación, es otro motivo
importante de preocupación. Tanto como fuente de disminución en sí misma como
de sus efectos sobre otros tipos de degradación ambiental, la erosión o el daño del
suelo está causando una reducción de la productividad agrícola en casi el 15 por
ciento de la superficie terrestre del planeta. Dado que casi todas las mejores tierras
agrícolas del mundo ya están siendo cultivadas, lo que queda o bien es menos fértil,
no recibe suficiente agua de lluvia, está infestado de plagas, es más difícil de plantar
y, lo que es más importante, es más susceptible a los daños causados por el mal uso.
La combinación de deforestación, sobrecultivo, sobrepastoreo, erosión,
compactación y salinización de las tierras agrícolas contribuyen a la desertificac ión,
que incluye la erosión eólica y los cambios en la humedad del suelo debido a los
cambios climáticos. La desertificación irreversible se cobra anualmente unos 6
millones de hectáreas a nivel mundial, y otros 21 millones de hectáreas se
empobrecen tanto que no son rentables para la agricultura o el pastoreo. En total, el
planeta perderá alrededor de 100 millones de hectáreas de tierra cultivable entre
141
2000 y 2050. Estas enormes pérdidas de tierra significarán una reducción del
potencial económico y exigirán la reestructuración de la tenencia de la tierra en
muchas naciones. Sin embargo, la disminución de las cantidades de tierras
cultivables que exigen una reforma agraria es una de las tareas políticas más
difíciles y a menudo conduce directamente a conflictos.
4. Crecimiento de la población
El tamaño de la población, uno de los motivos subyacentes de la totalidad de
inconvenientes ambientales anteriores, es una variable clave que impulsa la
degradación del medio ambiente. Aunque no es una razón directa de la degradación
del medio ambiente en sí, el crecimiento de la población exacerba las pautas de
consumo que conducen a la degradación. Se puede decir que el crecimiento de la
población se encuentra en el centro de la mayoría de las tendencias ambienta les.
Aunque las estimaciones varían drásticamente, actualmente la población mundia l
está en torno a 6200 millones de personas y quizás en 8500 millones para el 2025.
El incremento de la población significa que se despejan más tierras para la
construcción de viviendas y la agricultura, y que se necesita más energía. Aunque
el daño ambiental basado en la población es a menudo difícil de reconocer porque
tiende a manifestarse localmente, la búsqueda diaria de alimentos, forraje, leña y
agua, especialmente en las zonas rurales pobres, puede traer consigo la destrucción
de los ecosistemas locales muy rápidamente y tal vez de manera irreversib le.
Contribuyendo así a la deforestación, el calentamiento global y otros tipos de
degradación ambiental. Aunque gran parte de las tasas de crecimiento de la
población mundial han disminuido en cantidad de naciones durante los últimos
veinte años, en ciertas naciones más pobladas del mundo esta tasa no está
disminuyendo. Especialmente en las regiones ecuatoriales, donde las consecuencias
ambientales son mayores, el mundo en desarrollo verá el acrecimiento de la
población de la Tierra en su mayor parte.
Con las actuales tasas de crecimiento de la población entre el 2 y el 4%, la
demanda de recursos de la población local se duplica cada veinte años. Sin
aumentos apreciables en el nivel de vida y una economía reorientada que se aleje
de las bases agrarias o extractivas, estas presiones sobre los recursos incrementan
142
la competencia por la tierra y el agua, y continuarán exacerbando la pobreza y el
malestar social.
Según las proyecciones poblacionales del INEI al 2019, Madre de Dios
albergaba una población de 150,015 habitantes, representando esto el 0.50 % de la
población del Estado Peruano.
C. EFECTOS SOCIALES DE LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
Además de las razones explícitas de la degradación ambiental, existen
efectos sociales resultantes que también plantean riesgos para la seguridad
ambiental. Aunque la relación entre las causas de la degradación ambiental y la
seguridad ambiental puede parecer, a primera vista, mucho más urgente que los
efectos sociales, varios efectos son en sí mismos causas importantes de
preocupación ambiental. Aunque es necesario abordar las causas profundas, si
comprendemos los efectos sociales podemos entender mejor qué causa los ciclos
de degradación y, por lo tanto, cómo detenerlos. Esta tesis sostiene que los efectos
sociales de la degradación ambiental también están intrínseca e inevitablemente
ligados a cuestiones de seguridad ambiental en el Perú.
1. Refugiados ambientales
A veces se afirma que la degradación ambiental puede ser un elemento en la
producción de un gran número de refugiados ambientales y que esos refugiados
representan un riesgo potencial para la seguridad nacional.
Sin embargo, el término "refugiado ambiental" puede ser engañoso, ya que
implica que la degradación ambiental es la causa directa y única de los flujos de
refugiados.
Por lo general, sin embargo, la degradación ambiental es solo uno de una
multitud de factores físicos y sociales que interactúan entre sí y que pueden forzar
a la gente a abandonar sus campos. En este sentido, debemos tener cuidado al
categorizar a los migrantes que están motivados principalmente por otros factores
que no sean la degradación ambiental de los refugiados ambientales motivados
únicamente por ella.
143
Aunque las líneas entre los grupos son borrosas, la distinción es válida para
la consideración de la seguridad nacional. Esto no quiere decir, sin embargo, que
los factores medioambientales no sean importantes. En la actualidad, las
motivaciones políticas y la búsqueda de un nivel de vida más elevado son los
principales factores de motivación. En el Perú, la degradación ambiental está
jugando un papel más importante en los problemas económicos, lo que es un factor
que contribuye a la migración hacia las zonas costeras. Los refugiados ambienta les
puros, sin embargo, son cosa del futuro si la degradación ambiental continúa su
curso en gran parte de América Latina.
2. Decadencia agrícola y económica
Como podemos ver en los números anteriores, un efecto importante de la
degradación ambiental es el declive agrícola y económico que puede causar.
Aunque los cambios climáticos y otros casos de degradación ambiental pueden
tener tremendas repercusiones en la productividad agrícola del Perú, debido a su
diversidad económica, los efectos dramáticos a corto plazo de la degradación
ambiental directa en la economía en el país son probablemente significativos y, por
lo tanto, no podría recuperarse de este tipo de degradación ambiental. A menudo,
la riqueza se ve directamente afectada por la menor producción de alimentos y los
movimientos de población causados por la degradación del medio ambiente.
Aunque medir la cantidad real de declive económico debido a la degradación
ambiental en la agricultura no es fácil porque el PNB del estado actual rara vez
cuenta muchos de los recursos que se están degradando, los efectos a largo plazo
sobre las economías del Estado son tremendos. Por ejemplo, dado que la
agricultura es la fuente de gran parte de la riqueza generada por muchas sociedades
pobres de nuestro hemisferio, la degradación del suelo o los cambios climáticos
que afectan a la humedad del suelo podrían tener un efecto devastador en estas
naciones. Aunque se pueden obtener beneficios económicos a corto plazo de la tala
de los bosques en América Central y del Sur, la acentuación de la deforestación en
las naciones en desarrollo ha sido un factor determinante en la reducción de la
pobreza.
144
La escorrentía puede destruir las carreteras, los puentes y otras
infraestructuras valiosas. El entarquinamiento puede destruir ríos y zonas de
desove importantes, así como la capacidad de uso hidroeléctrico o de otro tipo. A
medida que la leña se vuelve más escasa y costosa, las familias pobres necesitan
más del presupuesto familiar para proporcionar combustible para cocinar.
Además del deterioro de la capacidad de estas naciones para mejorar sus
condiciones económicas con fines comerciales con otros países, el potencial de
conflicto regional provocado por el declive económico es grande. Este declive
corroe la confianza en los objetivos nacionales y socava las instituciones
financieras, jurídicas y políticas.
La degradación ambiental de este tipo aumenta las exigencias financieras y
políticas de los gobiernos. Por ejemplo, a menudo se requiere que se gasten grandes
sumas en presas y sistemas de riego para compensar la escasez de agua o programas
de reforestación para compensar la pérdida de suelo debido a la deforestación. La
pérdida de recursos sostenibles, desde peces y tierras fértiles hasta bosques, puede
reducir los ingresos fiscales de los gobiernos locales y nacionales y reducir aún
más la capacidad de los gobiernos para abordar la problemática ambiental.
Especialmente en las naciones en desarrollo del hemisferio occidental, la
agricultura sigue siendo la clave de su seguridad económica. La erosión
generalizada del suelo, la falta de agua, la pérdida de biodiversidad, la
contaminación y la distribución desigual de los recursos productivos disminuyen
la sostenibilidad de la vida rural y urbana.
El calentamiento de los gases de efecto invernadero y el cambio climático
también pueden afectar a la producción agrícola a medida que se modifican los
patrones de precipitación y los niveles de humedad del suelo. Si bien es cierto que
las alteraciones climáticas pueden beneficiar a algunas regiones agrícolas, otras
sufrirán especialmente en las naciones pobres, donde el cambio puede ocurrir
demasiado rápido para permitir una adaptación oportuna.
145
D. EVALUAR LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO UN
PROBLEMA DE SEGURIDAD NACIONAL
Aunque el número y la variedad de cuestiones que rodean el impacto de la
degradación ambiental en la humanidad son inmensos, debe quedar claro que
ciertas cuestiones pueden plantear amenazas legítimas para la seguridad naciona l.
Sin embargo, existen casos de degradación ambiental que deberían considerarse
amenazas a la seguridad nacional, y coexisten con muchas otras cuestiones que no
necesitan ser enmarcadas de esa manera.
Algunas todavía no son amenazas, pero podrían convertirse fácilmente en
ellas en el futuro por sí solas, mientras que otras dependen de factores aún
desconocidos para convertirse en amenazas.
Es importante darse cuenta de que, aunque vagamente comprendidas y
controvertidas, si se definen adecuadamente las cuestiones ambientales y se
sopesan en función de criterios claros, se puede establecer una evaluación de las
amenazas que representan hoy en día las preocupaciones de seguridad nacional.
Aunque no podemos esperar resolverlos todos, lo que es más importante
puede ser abordado y, al hacerlo, estamos mitigando los efectos de arrastre de otras
amenazas y aprendiendo sobre las interacciones ambientales.
Si bien no se trata de una revisión exhaustiva de la política medioambienta l ,
lo que los capítulos anteriores han tratado de proporcionar es un proceso por el cual
las amenazas ambientales pueden ser identificadas, mejor entendidas y explicadas
algunas de las dificultades involucradas con la seguridad ambiental.
No necesariamente una prescripción de seguridad ambiental, sino que este
estudio es una demostración de los procedimientos que deben aplicarse para
establecer una estrategia de seguridad ambiental. Aunque una mirada tan
superficial solo puede proporcionar, en el mejor de los casos, un análisis cualitat ivo
básico, se pueden sacar algunas conclusiones generales.
Por ejemplo, la contaminación es un ejemplo de degradación ambiental que
constituye una amenaza inmediata para la calidad de vida de una parte importante
de la población.
146
En el caso del agua dulce limitada, la inmediatez no es tan crítica, ya que
actualmente se dispone de suministros adecuados y generalmente controlados por
el gobierno nacional. Sin embargo, si estos tenues suministros disminuyeran, las
implicaciones para la seguridad nacional serían inmediatas, desde el enfoque de la
calidad de vida como desde el enfoque económico.
Por lo tanto, los esfuerzos deben centrarse en prevenir la degradación del
suministro de agua. Nuestro enfoque de seguridad nacional se centra aquí en la
planificación de recursos, el almacenamiento y los esfuerzos para negar cualquie r
alteración climática a gran escala.
Además de su impacto, aún desconocido en gran medida, sobre el clima
mundial y otros vínculos ambientales cruciales, la degradación de los océanos
plantea una amenaza inmediata para la seguridad nacional, especialmente en forma
de valiosas pesquerías; su impacto económico y las amenazas asociadas con los
múltiples estados que reclaman los derechos sobre los recursos oceánicos.
Si las tendencias actuales continúan, esta es también una de las pocas
amenazas en las que se observa un claro papel militar. Además de la presión
económica y política, la vigilancia naval y la recopilación de datos en el marco de
la pesca costera es un método apropiado para la gestión de los recursos pesqueros.
Sin embargo, una vez más, la importancia económica y la naturaleza
altamente política de esta cuestión exigen algo más que una respuesta puramente
militar. Si bien la inmediatez de los cambios atmosféricos y climáticos es
ampliamente cuestionada, sus ramificaciones potenciales son tan grandes que
simplemente se exigen medidas preventivas. En este caso, no debemos esperar a
que las implicaciones para la seguridad sean evidentes o los daños sean demasiado
graves como para contrarrestarlos fácilmente. Aunque ya se han realizado muchos
esfuerzos para enfrentar los cambios atmosféricos y climáticos, se necesita un
marco de seguridad nacional a fin de reunir recursos suficientes para eliminar esta
amenaza. Una vez más, la educación, las maniobras políticas, la presión económica
y la asistencia militar son apropiadas y necesarias.
A diferencia de los casos anteriores, la deforestación afecta en general a otras
preocupaciones ambientales. Los esfuerzos para detener la deforestación mundia l
147
carecen de un efecto de demostración por parte del mundo desarrollado y el
esfuerzo político huele a hipocresía.
Por otro lado, las ramificaciones de la deforestación constituyen amenazas si
se produce un declive agrícola y económico significativo como resultado de la
deforestación, un riesgo particular en los suelos tropicales. Debemos centrar
nuestra estrategia de seguridad nacional en evitar el declive agrícola y económico.
Con un vínculo directo mínimo de seguridad, el énfasis debe centrarse en la
educación y en prácticas económicas sólidas para limitar el alcance de la
deforestación y hacer hincapié en el uso sostenible de los bosques. Sin embargo,
influir en el comportamiento del Estado para proteger su medio ambiente puede
resultar muy complicado.
La cuestión de la población es quizás lo más difícil de influenciar. Dado que
exacerba todas las formas de degradación del medio ambiente, es, por lo tanto, una
amenaza para la seguridad nacional. Una vez más, sin embargo, la educación y los
incentivos o la presión económica son los únicos medios apropiados para que el
país influya en el crecimiento de la población. Una vez más, todo se reduce a la
política y la economía. Estrechamente ligados a la superpoblación, los refugiados
medioambientales solo representan una amenaza para los Estados Unidos si su
número aumenta significativamente. Por lo tanto, se necesita una estrategia
preventiva. Una estrategia integral para los refugiados debe abarcar muchas
cuestiones ambientales, pero una vez más se basa en el progreso económico de sus
zonas de origen y en los esfuerzos políticos para limitar la migración. Por lo tanto,
la educación y la asistencia agrícola deberían convertirse en tácticas de seguridad
nacional, así como otros esfuerzos encaminados a mejorar la situación económica
de las naciones emigradas. Esto, junto con la ayuda al desarrollo y la destinada a
un desarrollo respetuoso con el medio ambiente.
El declive de la agricultura debe abordarse, ya que amenaza tanto la
inestabilidad regional como, en última instancia, la revitalización económica.
Cuando el crecimiento económico se ralentiza o se detiene, surgen tensiones
sociales y los sistemas políticos pueden desestabilizarse. A menudo el resultado
son disturbios civiles y violencia absoluta, ya sea dentro de un país o con sus
148
vecinos. En el hemisferio occidental este proceso es de particular interés para la
seguridad debido tanto a la dependencia de la agricultura. En este sentido, en
nuestro país no puede haber prosperidad económica duradera sin un crecimiento
económico sostenido. La seguridad y la paz dependen de la estabilidad y la paz en
las distintas zonas que integran el país. Al hacer de la seguridad ambiental una
prioridad, no solo se ayuda a sí mismo en términos de calidad de vida para las
regiones, sino que, al ayudarlas a su desarrollo también podemos estar
contribuyendo a la estabilidad del país. De este modo, el Perú no solo se protegerá
a sí mismo y a sus mercados, sino que ayudará a prevenir la espiral de degradación
ambiental de los vínculos ambientales y los cambios climáticos que amenazan al
planeta en su conjunto.
Es evidente que el logro de la seguridad ambiental requerirá que otras tácticas
distintas a las militares adquieran una importancia primordial. La degradación del
medio ambiente se siente estética y científicamente, pero sobre todo
económicamente. Aunque el uso militar, la educación y la asistencia para el
desarrollo deben coincidir con la presión política, lo que es más evidente es que la
seguridad económica es la más amenazada. Por extensión, la asistencia y la presión
lograrán los resultados más generalizados.
Además, aunque la prevención de la deforestación y la pérdida de
biodiversidad no deben ser prioridades de seguridad nacional per se, dado que el
declive agrícola y la contaminación están inextricablemente ligados a estas
cuestiones, pasarán a formar parte del plan general. Está en prevenir el declive
agrícola, la contaminación, la degradación atmosférica y el agotamiento de la
pesca, donde debemos centrar los esfuerzos de seguridad nacional. Al establecer
prioridades como estas, se atienden mejor los intereses de la seguridad naciona l.
Este establecimiento de prioridades permite formular y aplicar las tácticas más
eficaces en función de los costos. Además, contar con un marco de trabajo de este
tipo permite establecer prioridades a medida que surjan nuevos problemas
ambientales o que los problemas actuales empeoren.
Aunque la degradación del medio ambiente plantea muchas amenazas a la
seguridad global y transnacional, es aquí donde los problemas de contaminación,
149
la escasez de agua dulce, el declive agrícola, la deforestación, la biodiversidad y el
potencial de refugiados ambientales deben ser solucionados. Dado que el objetivo
de seguridad nacional de la revitalización económica es el objetivo principal, donde
la degradación del medio ambiente afecta más a la economía, debe ser nuestro
objetivo principal.
LOGRAR LA SEGURIDAD AMBIENTAL
La seguridad ambiental es claramente una cuestión cuya solución requerirá
una amplia gama de técnicas y enfoques. Las tácticas incluirán tratados destinados
a mitigar muchos tipos de destrucción ambiental, una reestructuración de las
políticas y programas destinados a frenar la degradación ambiental, promoviendo
al mismo tiempo el desarrollo sostenible (y alejándose de la asistencia puramente
militar), la transferencia de tecnología ambientalmente racional para proporcionar
el impulso para el desarrollo económico, pero con menores impactos ambienta les
de los que podrían lograrse de otro modo.
Lograr la seguridad ambiental requiere que se emplee una multitud de
herramientas y tácticas en las que normalmente no se piensa cuando se considera
la seguridad nacional. Esto no quiere decir, sin embargo, que los militares no
desempeñarán un rol significativo en el logro de la seguridad ambiental.
No hay razón para pensar que los enormes activos disponibles del Minister io
de Defensa no puedan ser utilizados para ayudar a lograr la seguridad ambienta l.
Esto podría incluir, pero no se limita a, equipo de inteligencia y logística y las
habilidades necesarias para abordar cuestiones tales como la caza furtiva, o la
vigilancia y la aplicación de los tratados. El uso del monitoreo naval y la
recolección simple es especialmente útil debido a su "largo alcance geográfico y a
los usos flexibles a los que se pueden destinar los barcos". Además, la capacidad
de construcción de infraestructura de los Batallones de Ingenieros del Ejército
puede ser uno de los más importantes medios eficaces de acuerdo a los costos para
ayudar a lograr la seguridad ambiental. Por supuesto, identificar las amenazas y las
posibles herramientas para hacerles frente es solo el primer paso para lograr la
seguridad ambiental. La aplicación de estas herramientas plantea una serie de
nuevos problemas.
150
A. POLÍTICA AMBIENTAL
Como Steven Sanderson señala, incluso una lista parcial de aquellos
involucrados en tratar de afectar la protección del medio ambiente es bastante
impresionante: El Banco Mundial pone límites ambientales a los proyectos de
desarrollo económico que apoya, tratando de lograr un equilibrio entre el medio
ambiente y el desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo ha desarrollado un Convenio Internacional de las Maderas, una
Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) de 44 países y un
supuesto compromiso con el uso sostenible de los bosques. El Parlamento Europeo
ha declarado su intención de gravar las exportaciones de madera de los países
tropicales que no explotan sus recursos forestales de forma sostenible. Los jefes de
las Naciones Unidas, el FMI y el Banco Mundial se han reunido con la Comisión
Mundial sobre actores nacionales interesados por el medio ambiente y el progreso
en Noruega en la primera cumbre de actores transnacionales preocupados por el
medio ambiente. Por ejemplo, la Cumbre Económica de París de 1989 fue
declarada “Verde”. La conferencia de Estocolmo de 1972 se conmemoró con la
conferencia mundial acerca del medio ambiente y desarrollo, celebrada en Brasil
en 1992.
No obstante, es evidente en todos estos admirables intentos el preocupante
hecho de que "los responsables de la enunciación de políticas llevan a cabo los
programas en ausencia de pruebas convincentes de que lo que proponen tiene
sentido o marca una diferencia, o que, de hecho, se basa en un conjunto convincente
de suposiciones sobre el comportamiento humano". Por ejemplo, el Banco Mundia l
alienta el aumento del comercio para fomentar el desarrollo, aliviar la pobreza y
resolver su deuda. Sin embargo, muchos expertos sostienen que el aumento del
comercio basado en la especialización es particularmente perjudicial para el medio
ambiente. La evidencia anecdótica parece interminable a medida que las
consecuencias no intencionadas de la miríada de iniciativas que tratan de afectar la
protección del medio ambiente se revelan como inútiles, o peor aún, como
resultado de una destrucción adicional.
151
A pesar de la naturaleza confusa, controvertida y divisiva de los temas
ambientales, el alcance de su poder político está creciendo. Aunque actualmente se
carece seriamente de un entendimiento político ambiental con recomendaciones
políticas apropiadas y definitivas, es un precursor necesario para lograr la
seguridad ambiental. A pesar del carácter político inherente a las cuestiones
ambientales, la ausencia de análisis político en la literatura sobre conservación y
desarrollo es sorprendente. Parece que pocos grupos se centran en la naturaleza
intrínsecamente política de los temas o, por el contrario, ponen las herramientas de
la ciencia política al servicio de las cuestiones del medio ambiente. Solo por este
hecho se explica en gran medida por qué tantas propuestas ambientales no se llevan
a cabo y resultan en una continua degradación ambiental.
En el sentido estrictamente político, qué grupo o lado del debate es realmente
correcto importa poco en caso de que ni los especialistas puedan ponerse de
acuerdo sobre muchas de las cuestiones medioambientales más importantes. El
estudio de las políticas ambientales como un conducto crucial hacia la protección
del medio ambiente produce, además de técnicas persuasivas, una manera de medir
qué visión predomina o, al menos, qué opinión es más convincente en un momento
dado. Aunque esto parece una manera ineficiente y tediosa de lograr y monitorea r
la protección del medio ambiente ─a través de la política─ como lo hemos hecho
nosotros mismos.
En vista de que sigue siendo la única manera de lograr una orientación de
seguridad nacional y, por lo tanto, una acción apropiada. Dado que la protección
del medio ambiente rara vez se produce sin presión gubernamental, debe, por lo
tanto, someterse a un filtro político. La naturaleza de la cuestión exige un proceso
de este tipo y, sin embargo, inexplicablemente, muchos defensores del medio
ambiente siguen negando el aspecto político de las cuestiones ambientales. El
estudio de las políticas ambientales no solo contribuye a la comprensión general
de un nuevo componente de las relaciones interestatales, sino que, si se aplica
correctamente, también puede ayudar a acelerar el proceso de reforma ambiental a
medida que surgen nuevas pruebas importantes o, cuando las cuestiones
ambientales son finalmente admitidas como legítimas y no como antidesarrollo o
cuestiones políticas alarmistas. Hasta que eso no suceda una cosa está clara, haya
152
consenso o no, negar los aspectos políticos del movimiento ambiental es negar el
éxito en la protección del medio ambiente.
Las políticas ambientales se preocupan más por el poder y la capacidad de
protección del medio ambiente que por el bien, el mal o la moralidad de la cuestión.
En este sentido, es amoral y no científico, solo político, esperando a su manera
única la certeza y la fuerza del debate para impulsar la acción. La falta de
preocupación política y de análisis sobre la cuestión ambiental es flagrante, en
medio de un enorme esfuerzo en los aspectos científicos de las cuestiones
ambientales. Esto se debe principalmente a la naturaleza extremadamente divis iva
del tema, a las agendas mixtas de los grupos que tratan de implementar el cambio
y a las aspiraciones apolíticas generales de muchos defensores del medio ambiente.
No obstante, dado que la política desempeña un rol intrincado y necesario en el
tema del resguardo del medio ambiente, su inclusión en el panorama ambiental es
esencial.
Específicamente, las consecuencias potenciales de las políticas ambienta les
para América Latina son enormes. Dado que los vínculos entre el comercio, la
estabilización externa, el ajuste estructural interno y el alivio de la pobreza se han
mostrado como culpables de una u otra manera de la destrucción de los recursos
naturales y que todos son temas políticos importantes en América Latina, la
importancia del análisis político ambiental es particularmente relevante. Además,
recientemente la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(Comisión Brundtland) revelaron que, en su opinión, la deuda es la presión
internacional más crítica.
La reducción de la deuda es la primera prioridad del sistema internaciona l.
Dado que la deuda se encuentra entre los problemas políticos más relevantes que
afronta América Latina, se combina con otros factores para exacerbar el debate
político ambiental. Dado que América Latina también contiene gran parte de las
últimas reservas ambientales que quedan, y las más importantes, no es de extrañar
que el espejo ambiental se haya concentrado allí. Esta combinación única de
factores es también la razón por la que América Latina es el punto de vista perfecto
desde el cual examinar las políticas ambientales.
153
B. ECONOMÍA AMBIENTAL
En la Revolución Económica Ambiental, Michael Silverstein afirma: Para
bien o para mal, los intentos de lidiar con los trastornos ambientales provocados
por el hombre que han surgido en este siglo desempeñarán un papel
extraordinariamente importante en la configuración de los acontecimientos durante
el venidero siglo de la historia de la humanidad. En el ámbito económico, este
efecto ecológico ya es perceptible, ya que muchos de los economistas más
importantes del mundo ya están abordando activamente la interacción entre la
economía y el medio ambiente y logrando la reestructuración ambiental de las
instituciones económicas. Los factores relacionados con el medio ambiente están
alterando fundamentalmente la forma en que valoramos los activos, la manera
cómo se elaboran los productos, el material que se utiliza en su fabricación y la
forma en que se utilizan. Esta ecologización representa un conjunto de cambios tan
profundos que algunos economistas consideran que literalmente constituyen una
segunda etapa de la Revolución Industrial. Sin embargo, su segunda etapa sigue
siendo, en gran medida, una realidad del primer mundo. Aunque se están
empezando a realizar en algunas partes de América Latina, las prácticas
ambientalmente poco sólidas siguen siendo la regla.
Si bien las formas específicas en que se está reestructurando ambientalmente
la economía implican una gran variedad de sectores empresariales que alteran la
forma en que se fabrican, envasan y venden los bienes, esta ecologización también
se extiende a la forma en que estos bienes se compran y se venden a países
extranjeros. Dado que el comercio representa uno de los vínculos cruciales para la
revitalización económica y es el secreto para el progreso económico en gran parte
del mundo en desarrollo, la ecologización del comercio es un tema importante
debido a su potencial para influir en la protección del medio ambiente y las
consecuencias resultantes para la seguridad ambiental.
Esta sección es un examen de la economía ambiental y cómo la política y el
uso del comercio pueden ser utilizados para aumentar la prosperidad de los países,
así como para avanzar en los objetivos de seguridad ambiental. Dado que tantos
casos de degradación ambiental en este estudio pusieron de relieve los
154
componentes económicos de la seguridad ambiental, vale la pena seguir
examinando la conexión económica entre la degradación ambiental y la seguridad
ambiental.
155
CAPÍTULO VI
Diálogo teórico-empírico
6.1. Alegatos Finales
Aunque la preocupación mundial por el medio ambiente ha crecido
tremendamente tanto en poder como en alcance en los últimos años, la percepción
específica de cómo la degradación ambiental posee una preocupación viable para
la seguridad nacional sigue siendo fragmentaria y mal enfocada.
El incremento en el poder de los grupos de interés ambiental, ante los
desastres ecológicos como el derrame de petróleo en Prince William Sound y el
accidente de la planta nuclear de Chernobyl, ha ayudado a galvanizar la atención
mundial sobre las cuestiones ambientales. Estos grupos se han hecho escuchar cada
vez más fuerte, toda vez que se ha añadido un mayor sentido de urgencia y
legitimidad, a aquellas voces que, finalizando los años setenta e iniciando los
ochenta, estuvieron pidiendo que las cuestiones ambientales se unan a un concepto
más extenso de lo que representa la seguridad nacional. A pesar de todo esto, el
escepticismo y la dificultad para identificar amenazas específicas continúan
combinándose para limitar la acción preventiva.
La degradación del medio ambiente a gran escala amenaza con socavar la
estabilidad política en muchos países y regiones, muestra cuán profundamente la
preocupación por el medio ambiente ha penetrado finalmente en el pensamiento
sobre la nueva estrategia nacional de seguridad.
Sin embargo, aunque ciertas catástrofes ambientales parecen ser graves en
cuanto a la seguridad nacional, son los ecosistemas los que todavía carecen de una
comprensión clara en cuanto a sus implicaciones para la seguridad nacional. Son
especialmente estos temas poco claros los que caen presa de los escépticos. Son
también estas amenazas, resultado de la modernización, el desarrollo, el
crecimiento de la población, el comercio y una miríada de interacciones
desconocidas, las que simplemente desafían la definición clásica como riesgos de
seguridad bajo las percepciones tradicionales de la seguridad nacional.
Si bien hay signos alentadores de que los puntos de vista sobre el medio
ambiente están empezando a cambiar, incluso entre los más escépticos, la política
156
gubernamental también es notoriamente difícil de revisar. Por definición, las cosas
se mueven muy lentamente. Esto es especialmente cierto en el ámbito de la
seguridad.
Esta tesis intenta conciliar la degradación ambiental como una preocupación
de seguridad nacional examinando el complicado marco de la seguridad ambienta l,
su naturaleza controvertida y su dificultad para ser enmarcada como
preocupaciones de seguridad nacional, y mostrando cómo definiciones y criterios
claros pueden revelar las prioridades de esa seguridad.
Además, puesto que las amenazas medioambientales son fundamentalmente
diferentes de las amenazas militares o ideológicas tradicionales a las que se
enfrentan los países, para contrarrestarlas eficazmente se requiere el desarrollo de
un pensamiento no tradicional. En parte, sin embargo, esto exige que las nociones
de seguridad establecidas desde hace mucho tiempo se dejen de lado por completo
o se modifiquen fundamentalmente. Esto es particularmente difícil de lograr cuando
quedan restos de amenazas tradicionales. En otras palabras, la mera aceptación de
las ramificaciones de seguridad de la degradación del medio ambiente no puede
transferirse inmediatamente a las políticas a menos que el concepto de Seguridad
Multidimensional sea internalizado en nuestros políticos y gobernantes y sean
identificadas como nuevas amenazas los problemas medio ambientales aceptándose
como amenazas no militares o no tradicionales.
Adam Blackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA,
citado por Insulza (2011), señala que en la OEA se afrontan desafíos referentes a la
seguridad del hemisferio desde una perspectiva global, comprendiendo los
problemas de seguridad regional, nacional y local, debido a ello la seguridad
fronteriza se encuentra entre los ejes centrales de nuestra política.
A tales efectos, el concepto de seguridad multidimensional involucra, según
Medina, Angulo y Patiño (2015), la nueva concepción de seguridad que encierra las
amenazas tradicionales y las nuevas amenazas a la seguridad de los Estados, entre
las que están las provenientes de aspectos problemáticos penales de índole
internacional como son: El terrorismo, el problema mundial de las drogas, el lavado
de activos, la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el tráfico ilíc ito
157
de armas y los vínculos entre ellos (pobreza extrema y exclusión social de extensos
sectores de la población, entre otros). Así mismo, incorpora prioridades por atender
de cada Estado, favorece a su vez la consolidación de la paz y al desarrollo integral
y, por ende, a la justicia social, toda vez que está fundamentado en valores
democráticos como el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la
solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional.
Concepto reiterado por Chimone, G. (2017) en su ensayo académico
“Seguridad multidimensional, fundamento de la estructuración de la defensa y
seguridad nacional”, Universidad Militar Nueva Granada, ubicada en Colombia,
quien entre sus citas señala expresamente que:
En la Declaración de México, se trazan lineamentos para hacer viable el
concepto de seguridad multidimensional, tales como los principios de la
Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA, valores
compartidos y enfoques comunes, compromisos y acciones de
cooperación y cuestiones institucionales, orientados a combatir los
desafíos de las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, que
garanticen que la paz sea garantizada, el desarrollo integral y la justicia
social, los valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de
los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la
soberanía nacional. (p.9)
De tal modo que restarles importancia a estas amenazas es otorgar una alta
posibilidad de agravio al ecosistema a través del riesgo a la propia seguridad
nacional, conforme a la incorporación de inquietudes por estos nuevos desafíos que
aportan amplitud al concepto de seguridad a concepto hemisférico de seguridad
acorde con lo enunciado por la OEA, citado por Chillier y Freeman (2005), en cuyo
contenido íntegro expresa que las amenazas, intranquilidades y diferentes retos a la
seguridad en el hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y
la noción y las perspectivas tradicionales tienen que aumentar para englobar
amenazas nuevas y no tradicionales, que circunscriben situaciones políticas,
económicas, sociales, de salud y ambientales.
158
Aunque el pensamiento militar haya empezado a cambiar hasta cierto punto
al menos de manera conceptual, no se puede exagerar que la postura de seguridad
del Perú al igual que la conciencia de una sociedad, cambia solo de manera gradual,
normalmente con el cambio de generación. Por esta razón, es que para el futuro
previsible la estrategia de seguridad nacional seguirá estando más dispuesta a gastar
sus limitados recursos en medidas militares tradicionales que en prevenir o mejorar
los efectos de la degradación ambiental.
Mientras tanto, sin embargo, la población mundial continúa aumentando en
casi 90 millones de personas al año y la cobertura de bosques tropicales en la
Amazonía se pierde cada año. Las implicaciones para la seguridad del país de estos
y muchos otros problemas ambientales deben ser evaluadas y se deben hacer planes
para contrarrestar estas amenazas. Pero, de acuerdo con algunos criterios viables y
dentro de un marco realista que acepta la limitada capacidad de la actual política de
seguridad nacional para adaptarse rápidamente. A partir de este entendimiento, se
pueden crear y poner en práctica planes adecuados para combatir la degradación.
A medida que el Perú formule su estrategia de seguridad, no solo se trata de
cuestiones de actualidad, sino también de las amenazas potenciales que plantean los
umbrales medioambientales que se alcanzan y que desencadenan tremendas
repercusiones en materia de seguridad, que simplemente no pueden ignorarse.
Conceptualmente, al menos, estamos empezando a darnos cuenta de esto. Sin
embargo, al citar los problemas ambientales sin una comprensión adecuada de por
qué son amenazas en primer lugar, nuestra capacidad para formular una estrategia
para abordarlos y hacer poco para preparar al país para manejar las amenazas a
medida que surgen. Evaluar el amplio número de cuestiones para unos pocos que
claramente se ajustan a los criterios de seguridad nacional, y de lo que se puede
tratar y aprender es, por lo tanto, correcto. Por consiguiente, las preocupaciones
deben limitarse a las amenazas actuales que pueden definirse claramente y que se
ajustan a las prioridades nacionales actuales.
6.2. Propuesta
A manera introductoria de esta propuesta podemos señalar que las
preocupaciones ambientales no son nada nuevo, hoy en día se reconoce que el
159
asunto de la degradación del medio ambiente tiene graves consecuencias para la
seguridad nacional.
En las últimas dos décadas, el desarrollo de los grupos de interés ambienta l,
la crisis del petróleo y una serie de desastres ambientales han llevado las
preocupaciones ecológicas y de recursos al frente de la conciencia mundial. Desde
la mitad del siglo XX existe la oportunidad de reevaluar la política de seguridad
nacional para incluir las cuestiones medioambientales.
Desde ese período histórico, a los planificadores de seguridad se les considera
ahora muchas amenazas, incluidas las de la degradación del medio ambiente, que
anteriormente habían estado fuera del análisis de las estrategias de seguridad y
defensa. Al mismo tiempo, sin embargo, la rápida progresión de la preocupación
por el medio ambiente, que ha pasado de ser una cuestión interna secundaria a una
amenaza legítima para la seguridad nacional, se ha visto plagada de una ciencia
incompleta, especulación, intereses y perspectivas contradictorias. La Novena
Política de Estadal del Acuerdo Nacional emanada en el año 2002 y los múltip les
lineamientos políticos en cuanto a Seguridad Nacional que se encuentran tipificados
dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - CEPLAN en el año 2011,
abarcaron la necesidad de salvaguardar la Amazonía.
Posteriormente, aunque se ha aceptado el principio general de la seguridad
ambiental, las implicaciones específicas para la seguridad nacional de diversas
cuestiones ecológicas y de recursos, qué son y cómo combatirlas, siguen siendo en
su mayor parte desconocidas. Cabe señalar, sin embargo, que el concepto de
seguridad ambiental se encuentra todavía en períodos de desarrollo.
Aunque ha tomado una forma perceptible en la literatura reciente de los
diferentes órganos de las Fuerzas Armadas, en la actualidad carece de la definic ión,
consistencia y sofisticación de nociones más maduras de seguridad nacional la
cuestión ambiental. Junto con su naturaleza altamente controvertida, el hecho de
que no todos los casos de degradación ambiental representen una amenaza para la
seguridad nacional de la nación, y de que actualmente no existan criterios
generalmente aceptados para hacer tal determinación, ha significado que la
resolución de cuáles son las amenazas ambientales que constituyen amenazas
160
legítimas para la seguridad nacional y la definición de prioridades entre las mismas
es una tarea difícil.
Aunque la seguridad ambiental ha aumentado en los últimos años, sus
complicados parámetros solo ahora están empezando a emerger. Este estudio
intenta dar organización a este enrevesado concepto mediante la definición de
temas, el establecimiento de criterios de seguridad para valorar los temas
ambientales y el examen de los casos específicos de degradación ambiental en el
hemisferio occidental que constituyen amenazas a la seguridad nacional. La forma
de resolver estas amenazas también se examina con mucho interés al rol que juegan
las políticas ambientales y el comercio interestatal.
Dentro de los desafíos ambientales más trascendentes en el estado peruano
podemos sacar a relucir la necesidad de disminuir la frecuencia la asiduidad de
inconvenientes acarreados por el agua, afecciones diversas producidas por la
contaminación en la atmosfera urbana y en recintos cerrados, y disminuir la
indefensión a las catástrofes de origen natural. Las amenazas ambientales hasta
ahora conocidas ameritan una estrategia actual y efectiva para ser abordadas de
manera práctica y no de modo conceptual.
Esta tesis es un esfuerzo para ayudar a establecer esta estrategia y muestra
cómo las cuestiones ambientales pueden enmarcarse para ser aceptadas como
preocupaciones de seguridad nacional. Sin embargo, para mitigar estas amenazas,
se requiere que la comprensión de lo que constituye la seguridad ambiental vaya
seguida de lo que se puede hacer de manera realista para hacer frente a las
amenazas, dado su carácter único.
Comprendiendo de esta manera que toda esta categorización de flagelos al
ambiente deviene un costo en cuanto a la economía de aproximadamente un 4% del
PBI, y afectan de manera más directa a los estratos más vulnerables de la sociedad.
Gran parte de la problemática emanada se debe principalmente a dos factores:
en primer lugar, hay una falta de conocimiento específico sobre muchas de las
variables interdependientes que intervienen en la degradación del medio ambiente.
Nuestra limitada capacidad para establecer vínculos causales claros entre los
niveles sostenibles de uso de los recursos naturales y el desastroso uso excesivo ha
161
significado que las implicaciones de la degradación ambiental en la biosfera aún no
se han establecido en gran parte de los casos, al menos no con la precisión necesaria
para situarlas inmediatamente como prioridades de seguridad nacional.
A diferencia de las amenazas militares, las amenazas ambienta les
normalmente se desarrollan gradualmente a través de varios años. Los seres
humanos podemos adaptarnos, pero a veces las amenazas de evolución lenta
obligan a los involucrados, a enfrentar el fracaso del pensamiento actual y a
reorientar las acciones.
Debido a que se carece de un entendimiento adecuado de la importancia de
los factores ambientales para la seguridad nacional del Perú, no se han establecido
criterios para evaluar las amenazas de manera realista y políticamente viable.
Aceptamos que existen amenazas, pero la naturaleza de la seguridad ambiental se
ha resistido a los intentos de aplicar soluciones claras.
En el transcurrir de tiempos previos la política de carácter extractivo de la
nación, ha presentado desordenes y fallas en una visión amplia en cuanto al
desenvolvimiento y desarrollo, esto es debido a que esta tiene una cimentación que
emana de manera principal en la adquisición y exportación de componentes primos.
Aproximadamente desde la década de los años 70 se han venido desarrollando
actividades relacionadas con la detección, explotación, y transportación de
materiales extraídos de manera ilícita dentro de la región de estudio, causando a su
paso gran impacto a las poblaciones aledañas que radican dentro de estas zonas en
riesgo biológico.
Los recursos naturales que contiene la vasta y rica región de la Amazonía
peruana han alcanzado el interés de una cantidad de empresas de carácter nacional
y muchas extranjeras motivándolas a invertir en la exploración y explotación de
materia prima.
Este hecho contribuye a un segundo problema: a saber, existe una necesidad
apremiante de un entendimiento adecuado de cómo la degradación del medio
ambiente afecta realmente al comportamiento humano. En otras palabras, donde el
estrés ambiental provoca inestabilidad regional, violencia, refugiados ambienta les
u otras acciones que impactan la seguridad nacional del Perú.
162
. Si bien la mera inclusión de las cuestiones ambientales en la estrategia de
seguridad nacional simboliza un enorme adelanto en el reconocimiento de la
seguridad ambiental como concepto legítimo, las consecuencias de la degradación
ambiental para la seguridad nacional todavía no se comprenden ampliamente. Esto
es evidente en el hecho de que cualquier discusión detallada sobre cómo o dónde
afectan realmente a la seguridad del Perú cuestiones medioambientales específicas,
es poco frecuente.
Cualquier marco ambiental básico tiene que ser lo adecuadamente flexib le
como para consentir que una opinión a favor de la conservación adopte puntos de
vista más realistas y lógicamente científicos, mientras que los escépticos
ambientales se sirven de los aspectos poco probables, esotéricos e interdependientes
de la seguridad ambiental.
Indiscutiblemente la controversia nunca dejará de lado estos temas, para
acelerar la respuesta a las amenazas ambientales ya aceptadas en la actual estrategia
de seguridad nacional y las que se revelan en esta tesis se requiere que se supere la
inacción o la falta de planificación basada únicamente en la incapacidad de definir,
priorizar o enmarcar las amenazas. Si alguna vez lo fueron, las consideraciones
actuales de seguridad nacional no son ni inmaculadas ni rígidas y están dominadas
por amenazas tanto militares como no militares. Sin embargo, este punto de
inflexión fue el final de la Guerra Fría, ya que en la actualidad existe poco consenso
sobre la naturaleza general de una nueva estrategia de seguridad. A falta de estas
directrices, si no se puede hacer referencia a una estrategia ampliamente aceptada,
entonces una perspectiva a largo plazo siempre saldrá perdiendo en las respuestas
a corto plazo.
Dado que muchas de las amenazas medioambientales son particularmente
críticas en cuanto al tiempo, esta falta de una política de seguridad coherente que
incluya las cuestiones medioambientales es especialmente arriesgada.
Simplemente, se deben establecer los elementos ambientales de nuestra estrategia
de seguridad nacional.
De cara a este escenario el Estado debe afianzar a las s entidades a cargo de
fiscalizar y supervisar los accionares extractivos de las mismas así mismo como y
163
la salvaguarda del medio ambiental, brindándole presupuesto y capacidades
técnicas acordes con el devenir de su labor. El ejército se encuentra especialmente
bien preparado para la significativa y productiva tarea de resguardar y proteger el
ambiente amenazado y recuperarlo cuando sea preciso. A nivel mundial, las fuerzas
armadas están muy posicionadas para asumir este nuevo trabajo. Además de
corresponder a los principios tradicionales de los objetivos de seguridad del país,
también deben incluir nuevas nociones de calidad de vida a las que los peruanos se
han acostumbrado. A través de los esfuerzos de enmarcar correctamente la
degradación ambiental como riesgos para la seguridad nacional, las Fuerzas
Armadas, la diplomacia, la asistencia económica y el comercio pueden trabajar para
lograr los objetivos de seguridad ambiental.
Abordando otro planteamiento se puede decir que dentro de las actividades
que impactan y avanzan en mayor escala deteriorando a la Amazonía peruana se
puede mostrar la minería ilegal como uno de los principales elementos focales de
este malestar al ambiente, debido a que está se manifiesta en muchas regiones de la
nación, principalmente en Cusco, Puno y subsecuentemente Madre de Dios.
Mencionando a esta última región podemos acotar que, en esta, la minería
fluvial de materiales como el oro ha dejado a su paso la devastación de miles
hectáreas de bosques y territorio protegido por nuestra constitución, esto ha
generado lagunas y pantanos destruidos, árboles muertos en pie, y un gran
desplazamiento de tierras que vulneran los sistemas de drenaje natural y ocasiona
el apocope biológico de hábitat para diversas especies existentes en el área.
El incremento célere en cuanto a la minería ilegal se refiere, habría +originado
que las exportaciones de materiales como el oro obtenidos de manera ilegal
equiparen o superen en valor al narcotráfico, transformándose entonces en una de
las principales actividades económicas de índole ilícito en el país.
La afrenta de cara a la minería ilegal, la cual busca eliminar de raíz accionares
o conductas de carácter delictivo en relación a esta con la finalidad de proteger el
medio ambiente, demanda mantener la aplicación y ejecución medidas y acciones
específicas que sean coordinadas y gestionadas por parte de los actores implicados
164
en este proceso en pro de la protección de los distintos derechos fundamentales de
estos a hacer usufructo de un ambiente equilibrado y sano.
Por otro lado, es indispensable expandir las labores en concatenación con los
distintos organismos que comprenden las Fuerzas Armadas de la región, la
unificación de agendas en cuanto a asuntos de seguridad se refiere, también el
fomentar un intercambio de experiencias , para que la reyerta a las amenazas que
abarcan a la seguridad internacional y el despliegue del accionar de supervisión y
control de la Amazonía, cuya salvaguarda la cual se ha tornado en tema de interés
mundial respecto a su vasta capacidad de reducir los efectos contrarios provenientes
del cambio climático absolviendo grandes emisiones de dióxido de carbono.
Dado al porcentaje de carácter significativo que representa la Amazonía
dentro del territorio nacional, el estado ha adquirido compromisos de carácter
nacional como internacional, en miras de afianzar las medidas de control y
salvaguarda de esta, de esa manera fomentar el desarrollo y posesión ordenada para
que de esta manera se respeten los ecosistemas y las entidades culturales y sociales
de las comunidades nativas es por ello que se adoptaron los siguiente sistemas como
medida de referencia para la elaboración de las fases estratégicas de esta
investigacion.
6.3. Propuesta metodológica ROAM
Figura 3. Propuesta metodológica
Fuente: Elaboración propia
Fase 1. Preparación y planificación
Fase 3. Resultados de las
recomendaciones
Fase 2. Recolección y
análisis de datos
165
La figura 3 presenta las diferentes fases que comprende la metodología de
evaluación de las oportunidades de restauración (ROAM) y se encuentra delineada
esencialmente para crear contribuciones metódicas oportunas a los procedimientos
administrativos y operativos nacionales y subnacionales, por ejemplo, el avance de
los programas de trabajo identificados con la Estrategia Nacional REDD +
(Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), a un
programa nacional de acción para la adaptación, un sistema y plan nacional de
biodiversidad, o demandas de soporte para el apoyo al desarrollo. Igualmente, en
varias ocasiones ROAM puede proporcionar datos faltantes que son significat ivos
para distintas necesidades nacionales, por ejemplo, progreso rural, seguridad
alimentaria o suministro de energía. Diversas clases de políticas obvian la
capacidad de tierra degradada o supervisada de manera no ideal.
Básicamente, ROAM incluye el uso gradual y continuo de una progresión de
exámenes para reconocer la mejor disposición de las aperturas de RPF relevantes
para el territorio al que se hace referencia. Este procedimiento paso a paso
(mencionado teóricamente en el cuadro 4) se encuentra orientado a ayudar a
responder los tipos de preguntas mencionadas a continuación:
• ¿Dónde es posible restaurar social, financiera y ecológicamente?
• ¿Cuál es el alcance total de la oportunidad de recuperación en la región /
nación / distrito?
• ¿Qué tipos de intercesiones de recuperación son posibles en diferentes partes
de la región / nación / localidad?
• ¿Cuáles son los posibles gastos y ventajas, incluido el almacenamiento de
carbono, relacionados con cada procedimiento y alternativa de
reconstrucción?
• ¿Qué motivadores políticos, económicos y sociales existen o son
importantes para ayudar a la reconstrucción?
• ¿Quiénes son las partes con las que debemos participar?
166
6.3.1 Fase 1: Preparación y planificación
La fase I comprende las siguientes etapas:
Definición del problema
Al comenzar una evaluación, el enfoque más ideal para empezar es reconocer
la metodología de un problema o desafío en particular y una gran cantidad de
objetivos nacionales o subnacionales de un nivel más elevado al que la
reconstrucción del paisaje (RPF) puede contribuir significativamente. Es
concebible que estos problemas ahora se encuentren detallados en documentación
normativa, informes de estudios, etc. Esto incorporaría cualquiera de las tierras
principales utilizadas en su nación que resulten de la degradación de la tierra, la
erosión, la deforestación, la disminución de la rentabilidad de la tierra y los eventos
catastróficos significativos, por ejemplo, inundaciones o períodos de sequía. Es
valioso expresar cómo se identifican los objetivos del FPR con estrategias
nacionales, subnacionales o sectoriales, valorando que el FPR es significativo en
algunas áreas. Ajustar los objetivos del RPF a estas necesidades y recordar que este
arreglo durante todo el procedimiento de evaluación permitirá garantizar que los
resultados sean importantes y necesarios para las organizaciones encargadas de la
toma de decisiones en la nación. La Figura 4 señala cómo el grupo de evaluación
en Ruanda exhibió compromisos potenciales de RPF con los objetivos de avance
nacional identificados con la propagación de bosques, la producción de energía, el
acceso al agua potable, la generación de alimentos, la disminución de la pobreza y
el PIB per cápita. Asegúrese de explicar claramente la presentación del problema y
los objetivos antes de mostrarlos a los jefes. Mantenga una distancia estratégica de
la atractiva opción de aplicar el RPF a cualquier prueba nacional. Es más inteligente
restringir la explicación del problema y los propósitos a largo plazo a los temas que
el RPF puede ayudar a solventar de forma sólida y confiable. Detallados estos, se
encontrará en una mejor situación para distinguir qué actores deben estar asociados
con el procedimiento de evaluación.
167
Figura 4. Contribuciones potenciales de intervenciones de RPF a los objetivos
Fuente: UICN (2014).
Involucramiento de asociados clave
Esta etapa comienza con buscar una condición institucional conveniente para
la evaluación. Es significativo que la obligación institucional de dirigir la
evaluación sea obviamente reconocida. Las necesidades de evaluación precisan una
condición institucional apropiada dentro de una fundación nacional o algunas
organizaciones relacionadas.
Esto es significativo, no exclusivamente para garantizar la validez y el
seguimiento de los hallazgos de la evaluación, sino además para instituir la
combinación institucional en torno a la cual se puede crear la forma multisector ia l
y de múltiples socios para tratar con la aplicación ROAM.
Los organismos implicados podrían ser, por ejemplo, un ministerio de
gobierno (por ejemplo, el Ministerio del Ambiente-MINAM o el Ministerio de
Agricultura y Riego-MINAGRI), una fundación nacional (por ejemplo, la
Autoridad Nacional del Agua), el Ministerio de Defensa y una organización sin
fines de lucro o académica (como un conjunto de expertos de SIG [Geographic
Information System] en la universidad nacional). No puede existir solamente un
ministerio que tenga toda la información fundamental para dirigir la evaluación,
dada la esencia multisectorial del FPR; en ese punto, siempre que dicho conjunto
168
de organizaciones se base en un solo ejemplo legislativo, será fundamenta l
garantizar un esfuerzo coordinado entre los diferentes ministerios y otros
organismos relacionados.
El taller introductorio será una magnífica ocasión para ayudar a construir y
reforzar dichas organizaciones. La creación de un grupo de coordinación y
autoridad para la evaluación. Las personas comprometidas con comenzar la
evaluación deben formar un grupo para organizar y controlar la labor. Dicho grupo
podría incluir a tres o cuatro personas que dirigen la mayoría del trabajo y el estudio,
respaldado por un número más notable de expertos que participen de manera
consistente, creando dirección y orientación acerca de sus materias. Si bien la base
de este grupo central mostrará, claramente, el entorno local, la experiencia muestra
que lo próximo es muy útil:
• Un líder de equipo: un gran entendimiento de los procedimientos de
utilización de la tierra, abarcado el sistema legal, administrativo e instituciona l
general para esto.
• Un economista.
• Un profesional del uso de la tierra con gran información sobre SIG
• Un sociólogo con gran información sobre terrenos formales y
consuetudinarios, derechos sobre la tierra y asuntos de géneros, al igual que
grandes aptitudes de facilitador.
Los diferentes miembros a los que el grupo de evaluación debe buscar para
participar efectivamente podrían ser elegidos dependiendo de sus afiliaciones y
capacidades, envolviendo los siguientes:
• Responsable de la toma de decisiones dentro del Gobierno.
• Representantes de miembros de, por ejemplo, afiliaciones de agricultores y
afiliaciones de comercio local.
• Personal técnico del Gobierno, la sociedad civil o el sector privado con
saberes específicos en, por ejemplo, bosques, recursos hídricos,
biodiversidad, cambio climático, agricultura y tenencia.
169
• Personal de fundaciones de ayuda especializada y universidades con
información, por ejemplo, de SIG y análisis financiero e institucional.
Una vez establecido el equipo de evaluación, debería, en la medida de lo
posible, componer un taller inicial para comunicar a los miembros con respecto al
potencial de RPF y garantizar su ventaja e inversión en el procedimiento ROAM
desde el punto de partida. Ello es fundamental para conseguir una apropiación
política y experta del procedimiento de evaluación y una responsabilidad con sus
resultados.
Obedeciendo al tamaño de la evaluación, el taller se realizará a nivel naciona l
o subnacional. Los visitantes deben incorporar líderes y especialistas de los
ministerios, oficinas y organizaciones gubernamentales, al igual que los técnicos
especialistas de las ONG entes de investigación y el sector privado. Otros miembros
importantes deben ser bienvenidos al procedimiento de evaluación y/o cualquier
actividad posterior, abarcados, por ejemplo, representantes de comunidades y todos
aquellos que trabajan en regiones degradadas contempladas por la evaluación.
Asimismo, incluirse de este grupo primario al componente militar cuyas líneas de
mando permita. La ejecución de los objetivos propios de un taller inicial podría
incorporar ciertos o la totalidad de los siguientes:
• Evaluar las aperturas de RPF en la nación / territorio.
• Compartir datos sobre ejercicios RPF existentes en una nación / zona.
• Compartir una revisión de la región, los parámetros y el plan tal como los
creó el grupo de evaluación.
• Incentivar una serie de aportes sobre estos pensamientos y planes.
• Discutir las alternativas para institucionalizar el FPR en la nación.
• Explorar cómo se puede coordinar la capacidad de RPF en las metodologías
nacionales de REDD +.
Definición de alcance y productos
El significado de los ítems y el alcance de la aplicación ROAM será un
procedimiento incesante en los tiempos iniciales de la evaluación. Implicará debates
170
para el grupo de evaluación, pero además de diferentes especialistas y miembros
durante el taller inicial. En cualquier caso, es significativo que el grupo llegue a
dicho taller con un pensamiento inequívoco de lo que una evaluación puede
producir de manera común, dados los límites de tiempo y recursos; eso permitirá
mantener una distancia estratégica de discusiones ilimitadas sobre temas clave, o la
definición de objetivos demasiado ambiciosos. Productos: En este punto, a partir de
ahora tendrá una explicación del problema y objetivos RPF de largo alcance en su
nación, que se identificarán con las necesidades nacionales. Esta es la oportunidad
ideal para definir los productos para la evaluación, que diferirán entre una actividad
y otra. Así, algunas naciones pueden anhelar solamente ubicar las zonas
primordiales de la tierra degradada, en tanto que otras pueden ir más allá, fijar a
dichas regiones y evaluar los gastos y las ventajas de las intervenciones de
recuperación concebibles. La fijación de los productos tentativos, asimismo, debe
articular cómo se propone que los efectos posteriores de la evaluación provoquen
algunas actividades de seguimiento.
Para la fijación de los objetivos, la siguiente lista podría servir de guía:
• La fijación de un lugar para el discurso institucional acerca de la
reconstrucción del paisaje forestal (RPF)
• La armonización de los proyectos institucionales distintivos concentrados
en RPF
• Establecimiento de zonas de necesidad para la recuperación.
• Una concurrencia acerca de la necesidad de los instrumentos normativos
que hay y acerca de la disposición de los esfuerzos del FPR
• Identificación de alternativas de restauración forestal.
La guía de las regiones posiblemente necesarias para la reconstrucción del
paisaje forestal será utilizada por los entes federales para definir un procedimiento
nacional de RPF; para hacer esto se ajustarán los instrumentos normativos actuales
que impactan en la recuperación de bosques y su efecto se racionalizará y centrará.
Dicha maniobra, cuando se cree, se completará como un instrumento para
171
supervisar los recursos financieros globales y locales para respaldar las actividades
de recuperación obtenidas de la estrategia.
Alcance geográfico
La caracterización de la extensión geográfica de la aplicación ROAM infer irá
la armonía entre el grado y la aspiración de los productos y los puntos de corte de
los recursos y el tiempo, al igual que los tiempos límites. Por ejemplo, a pesar de
que el propósito era cubrir a toda la nación, las restricciones podrían consentir una
evaluación subnacional a partir de ahora. Por otro lado, una evaluación preliminar
de toda la nación se podría hacer con evaluaciones cada vez más definidas en
lugares de necesidad más adelante.
Estratificación del área
La mayoría de las naciones tienen una gran variedad importante con respecto
a la distribución de los atributos físicos, biológicos y financieros. Hay pendientes y
campos, bosques secos y húmedos, regiones frente a la playa y zonas interiores,
territorios campestres y periurbanos, etc. El grupo de evaluación debe elegir cómo
separar el territorio de evaluación nacional o subnacional en subzonas (o estratos),
cada una generalmente parecida en cuanto a sus atributos significativos para la
recuperación. Dicho procedimiento de estratificación será significativo a futuro, ya
que consentirá realizar un estudio para utilizar valores estandarizados (por ejemplo,
tasas de desarrollo de la población, gastos de mano de obra y productividad por
hectárea) para cada subárea. A medida que avanza el procedimiento, las alternativas
de recuperación y las cualidades de cada subárea topográfica se pueden estudiar,
examinarse y refinarse dependiendo de la información obtenida de los actores
importantes. Sea inequívoco sobre los principios determinados para guiar el
procedimiento de estratificación. Las subsiguientes normas pueden ser ventajosas:
• Intente considerar los límites de la región (es decir, abstenerse de aislar el
lugar en unas pocas subregiones), ya que el nivel de la región será en general la
unidad reguladora más pequeña para la que se puede acceder a informac ión
biofísica, institucional y monetaria significativa para la reconstrucción.
• Simultáneamente, intente considerar las zonas agroecológicas (en otras
palabras, abstenerse de aislarlas en algunas subáreas), ya que las condiciones
172
agroecológicas afectarán la pertinencia y eficiencia de las diferentes alternativas de
reconstrucción.
• Limite la cantidad de subterritorios cuando intente capturar solo los
principales contrastes entre las cualidades clave de recuperación, por el contrario,
la evaluación se transformará en un procedimiento complejo. Intente tener entre
cinco y doce subáreas.
• Mejore el tamaño de las subáreas y absténgase de hacer unas muy pequeñas;
garantice que posean un tamaño prácticamente idéntico. Dicha técnica de
evaluación espera mostrar una perspectiva del potencial de recuperación y no un
estudio minucioso de ninguna zona. No se encuentra organizada (ni es apropiado)
para el plan operativo de proyectos de restauración; de allí que no se debería
ejecutar a niveles tan pequeños que no se pueda reconocer la línea entre la
evaluación y el plan de proyecto o de un sitio.
La estratificación es un procedimiento fundamentalmente pragmático que, sin
duda, incluirá hacer concesiones. Los presentes criterios utilizados en la
estratificación se determinarán por la accesibilidad de la información y por los
primordiales atributos de la zona de evaluación, como geografía, uso de la tierra y
razones de la deforestación. Pues cada subárea debe ser predecible y no fielmente
igual a las demás, es recomendable firmemente empezar con aspectos
agroecológicos esenciales, por ejemplo, precipitación, temperatura, altura, tipos
principales de suelo, etc. Así mismo, deben valorarse estos criterios:
• Uso del suelo
• Densidad de la población
• Zonas afectadas sujetas a los recursos naturales
• Nivel de demanda de productos forestales explícitos (excedente / escasez)
Identificación de opciones de RPF
El grupo debe hacer un resumen inicial de las intervenciones de RPF que,
desde el principio, pueda ser el más idóneo para las circunstancias nacionales. La
realización de una cantidad predeterminada de intervenciones de RPF socialmente
aplicable y económicamente razonable demandará algunas fases y esto podría
173
formalizarse cuando los efectos de los estudios biofísicos, económicos e
institucionales (anticipados posterior al procedimiento) y las consultas con las
personas implicadas (y su realimentación) dan los últimos elementos necesarios. Es
posible que se iniciara con un largo y minucioso resumen de las intervenciones,
algunas de las cuales podrían coordinarse y otras eliminarse. Hacia el final del
procedimiento, lo más probable es que se pueda tener un resumen con un rango
entre cinco y quince intervenciones. En este momento inicial del procedimiento, el
enfoque más ideal para entregar su resumen de posibles intervenciones es agrupar
los ejercicios continuos de restauración en su nación de la siguiente forma: (1)
aquellos que ocurrirán fundamentalmente en tierras forestales; (2) los que
sucederán en su mayor parte en el área agrícola; y (3) aquellos que ocurrirán
especialmente para asegurar laderas, arroyos, humedales o territorios costeros.
Señalado en la Tabla 3, el GPFLR ha generado un sistema de siete clases generales
de intervenciones RPF que dependen de tres circunstancias de uso de la tierra; y
puede ser ventajoso iniciar ajustando dicho listado como una razón para la
caracterización de las intervenciones apropiadas. Las siete clasificaciones
incorporan los siguientes:
• Tierra forestal: tierra donde el bosque es la utilización trascendente o se
considera que es. Logra incorporar tanto bosques protegidos como productivos. En
el caso de que la tierra no tenga árboles, tiende a restablecerse mediante la
plantación (categoría 1) o la recuperación natural (clasificación 2). Los bosques
degradados pueden restablecerse mediante la rehabilitación de recuperación y
silvícolas (categoría 3).
• Tierras agrícolas: tierras supervisadas para la generación de alimentos. En
caso de que la tierra se encuentre en una administración permanente, es muy posible
que se restablezca a través de la agroforestería (categoría 4); en el caso de que se
encuentre en administración irregular, puede restablecerse muy bien mediante la
mejora de los barbechos (categoría 5).
• Tierras protectoras y de amortiguamiento: estas son sensibles a fenómenos
climáticos y de diversas clases, o esencial para el resguardo contra desastres.
Aunque la tierra se puede utilizar para la producción agrícola o forestal, igualmente
174
posee un valor especial para garantizar la vida, la propiedad y los servicios del
ecosistema. A menudo, no realmente, está relacionado con los ecosistemas marinos
y de agua dulce. Las intervenciones de RPF pueden incluir la restauración de
manglares (categoría 6) o la protección de cuencas hidrográficas y el control de la
erosión (categoría 7).
Tabla 1. Marco de opciones de RPF
Fuente: UICN (2014).
Identificación de criterios de evaluación
175
Más allá de la cantidad establecida de criterios utilizados para gestionar la
estratificación, el grupo debe distinguir una disposición más amplia de los criterios
de evaluación que pueden utilizarse para estudiar el potencial de RPF dentro de
cada subárea. Es de destacar que dichos criterios tendrían que elegirse por su
utilidad para evaluar los problemas claves de la aplicación ROAM:
• La exigencia de RPF
• Clase y capacidad de ajustar intervenciones RPF
• El aumento y la accesibilidad de la tierra para diferentes clases de
intervención.
• Los gastos y ventajas de las posibles intervenciones de RPF
• Aperturas/impedimentos legales, institucionales, administrativos y
financieros
Los criterios elegidos diferirán según lo indicado por los objetivos
particulares de la evaluación. En este sentido, por ejemplo, si la intención es
distinguir las ocasiones de restauración que dependen del grado de tierra degradada,
los criterios para la degradación de la tierra y el suelo serán suficientes. Por otro
lado, si el diseño es designar necesidades entre las alternativas de RPF, será
importante distinguir más criterios vinculados, por ejemplo, con la disponibilidad a
la tierra y la viabilidad de las ventajas de RPF en estas regiones. La Tabla 4 ofrece
ciertas interrogantes relacionadas con cinco elementos que se pueden ver al
momento de reconocer los criterios de evaluación, en tanto que la Tabla 5 ofrece
otros ejemplos de probables criterios y marcadores. La Tabla 6 indica la disposición
de criterios e indicadores elegidos para la evaluación de México, que se caracterizó
mediante un procedimiento participativo que incluyó dos talleres técnicos
separados. Respecto a México, la elección de los indicadores se fundamentó en la
información cartográfica accesible que reflejara los criterios escogidos.
176
Tabla 2. Preguntas guías para orientar la identificación de los criterios de evaluación
Fuente: UICN (2014).
177
Tabla 3. Algunos ejemplos de criterios e indicadores pertinentes a las evaluaciones de RPF
Fuente: UICN (2014).
178
Tabla 4. Algunos de los criterios e indicadores que pueden emplearse
Fuente: UICN (2014).
Planificación del trabajo
Identificación de datos y necesidades de capacidad
Requisitos de datos
Ahora, podría comenzar a reflexionar sobre qué clase de información se
requerirá. Si bien gran parte de la información debe ser de naturaleza espacial (en
otras palabras, mapas o cartografía simple), lo demás podrían ser informes y
estudios relevantes, particularmente aquellos identificados con enfoques, sistemas
y proyectos, al igual que diferentes tipos de información financiera.
En el caso de que ahora conozca los vacíos explícitos en la información que
necesitará, será importante elegir en caso de que estas logren subsanarse y, si así
179
fuere. Pese al hecho de que es concebible tener en cuenta nuevos trabajos de
recopilación de datos, por ejemplo, encuestas, entrevistas con socios clave o la
interpretación de nuevas imágenes satelitales, esto debe hacerse en el caso de que
sea completamente esencial; ROAM está expresamente diseñado para trabajar con
información existente, independientemente de si están restringidos. Como regla
general, se recomienda la elección de índices informativos menos difíciles o
preparados para utilizarlos; abstenerse de ejecutar ejercicios de examen
significativos si hay preguntas sobre si se pueden terminar a tiempo. Esto tiene una
importancia específica para la nueva información geoespacial y financiera, ya que
tener información que no se crea dentro de los tiempos de corte necesarios podría
impedir la evaluación completa. Además, abstenerse de depender mucho de la
información geoespacial sola.
Una forma cada vez más práctica de abordar la falta de información es la
utilización de encuestas tipo Delphi. Esta clase de estudio incluye la variedad de
evaluaciones de expertos en rondas progresivas con las consecuencias de cada una
de ellas como realimentación para los diferentes miembros de cada encuesta, lo que
les permitirá comentar y mejorar el conocimiento colectivo sobre sus socios.
Además, es adecuado utilizar los valores creados para diferentes regiones con
atributos comparables a los de la región de evaluación, siempre que resulte seguro
que el examen se base, en algún grado, en información de fuentes auxiliares. Por
ejemplo, en la evaluación de Ghana, la información sobre costo-beneficio era poca;
por lo tanto, el procedimiento dependía de una evaluación de los especialistas de
Delphi para crear indicadores sólidos que se puedan utilizar sin verificación por
pares en revisiones financieras formales. Cuanto antes se complete este tipo de
arreglos alternativos, mejor, dado que estas actividades, si bien no demandan
cantidad de horas de trabajo exitoso del personal, incluyen algunas semanas de
espera para reunir las respuestas apropiadas.
Puede ser importante examinar los indicadores sustitutos para una parte de
los criterios que ha elegido, cuando no se pueda acceder a la información inmediata.
Por ejemplo, las variedades en costos de leña natural en el mercado cercano podrían
ser un indicador sustituto de la escasez o abundancia de la misma.
180
Necesidades de capacidad
Cuando piense en los tipos de datos que necesitará y cómo se puede acceder
a mucha información, puede verificar si las capacidades del grupo de evaluación
requerirán reconocer y mencionar información adicional en la nación. Por ejemplo,
es posible que deba garantizar la asistencia de especialistas nacionales para
planificar y estudiar mapas SIG utilizando diversa sucesión de datos espaciales (por
ejemplo, distribución y uso de la tierra, etc.). En cualquier caso, igualmente podría
consultar con académicos clave y a diferentes especialistas en los datos de la nación
sobre la tenencia de tierras y recursos, estándares sociales y conflictos sociales
acerca de la utilización de recursos en el territorio de evaluación.
La cuestión vital clave en esta fase es la forma de armonizar de una mejor manera
el conocimiento de especialistas locales y nacionales ("mejor conocimiento") con
el grupo de datos, mapas y literatura ("mejor ciencia"). En general, una
combinación de información especializada, inclusión de miembros y otras fuentes
de información producirá un resultado ideal.
Planificación del involucramiento de participantes
La siguiente labor del grupo es reconocer el conjunto de miembros
primordiales identificados con RPF en la región de evaluación. Estos se pueden
clasificar de diferentes maneras y, por las razones del manual, se han reconocido
tres clases de miembros (cuadro 9):
• Participantes primarios (o directos) que sienten entusiasmo por el recurso,
ya sea porque confían en él para su trabajo o porque están legítimamente
comprometidos con su utilización. Esta clase de miembros incorpora ganaderos,
agricultores, recaudadores de recursos forestales y empresas privadas que trabajan
en la región para ser evaluados. Ninguno de ellos es un conjunto homogéneo; por
ejemplo, es posible que deba reconocer distintos grupos de agricultores según sus
riquezas, aumento de propiedad o cantidad de cabezas de ganado. Dichos grupos
poseen varios recursos y niveles de dirección comercial y apoyarían regularmente
diversas alternativas de uso de la tierra en cualquier programa de RPF futuro. Los
contrastes de género deben tomarse en cuenta de manera particular.
181
Además, si la región a la que se hace referencia incorpora tierras
comunitarias, se deben incluir sus delegados.
Participantes secundarios (o indirectos) que poseen interés más fuerte, por
ejemplo, aquellos que participan en fundaciones u organismos que se ocupan del
recurso, o aquellos que dependen, en menor grado, del salario o de las ofertas
comerciales ofrecidas por este recurso. Esta clase de miembros podría incorporar
organismos gubernamentales regionales, locales y nacionales con un efecto
increíble en el bosque y la administración de la tierra en el territorio a evaluar.
• Los grupos con cierto interés son esas personas o asociaciones que no están
influenciadas por el procedimiento RPF o que no tienen ningún impacto en él, sin
embargo, tienen un notable entusiasmo por el efecto posterior del RPF. Los mismos
podrían incorporar, por ejemplo, ONG internacionales y nacionales interesadas en
el seguro natural, la preservación de la biodiversidad y la disminución de la pobreza.
Figura 5. Grupos típicos de participantes pertinentes a la aplicación de ROAM
Fuente: UICN (2014).
La Tabla 7 registra una parte de los ejemplos propios de los miembros en
estas tres clases, sus intereses y sus trabajos potenciales identificados con una
evaluación RPF. Los diálogos entre el grupo de evaluación y las diferentes partes
familiarizadas con el territorio a evaluar ayudarán a distinguir los grupos de los
miembros clave para la actividad. En ese momento, el grupo deberá organizar cómo
182
y cuándo quieren elegir e incluir a los delegados de dichos grupos de miembros
durante el procedimiento de evaluación. Se debe hacer una diferenciación razonable
entre los actores que intervienen por voluntad propia y las personas que lo hacen
bajo un mandato legítimo por representar a un grupo de personas. El apoyo ajustado
de los socios es importante para que la evaluación garantice una investigac ión
exhaustiva de la información y la experiencia y considerar las perspectivas de estos
personajes acerca del posible efecto del RPF en sus ocupaciones e intereses.
Preferiblemente, el grupo se pondrá en contacto con los miembros lo antes
posible dentro del procedimiento de evaluación para permitir que su visión y puntos
de vista se incorporen al discurso y el examen junto con diferentes compromisos,
por ejemplo, información lógica. Sea como fuere, a veces, no habrá suficientes
datos accesibles al principio para ser explícitos sobre aterrizar el tablero en zonas
corruptas; por lo tanto, podría ser importante volver a examinar y reconsiderar
normalmente qué miembros adicionales deben recordarse para el procedimiento de
evaluación a medida que se crea.
La decisión de la combinación de organizaciones bajo las cuales se
completará la evaluación afectará la participación de los socios, dado que cada
fundación tiene sus propias asociaciones sectoriales con diferentes actores. Es
fundamental subsanar cualquier patrón que esto pueda implicar, por ejemplo,
mediante la incorporación de actores en el sector agrario si la base principal está
conectada al segmento del sector forestal.
Del mismo modo, el grupo de evaluación debe ser clave y proactivo para
conservar a los miembros clave informados sobre el procedimiento y sus resultados
particulares, a fin de garantizar la absorción de información entre las personas y las
oficinas que serán vitales en cualquier acción posterior (por ejemplo, para cada uno
de estos comprometidos con el Programa de Inversión Forestal de la nación). Ello
podría incorporar, por ejemplo, comunicados por escrito a públicos específicos y
reuniones particulares e invitaciones a los talleres iniciales, analíticos y/o de
aprobación.
Dependiendo del tiempo accesible y del entusiasmo por el FPR en la nación,
el grupo podría presentar informes periódicos sobre el procedimiento a una
183
población cada vez más general. Cuando finaliza la evaluación, los resultados se
pueden distribuir y reportarse a escala nacional y mundial.
El último segmento de este manual da instrucciones sobre las etapas inicia le s
para potenciar la ósmosis de los descubrimientos de la evaluación nacional y las
sugerencias que surgen de ella.
Tabla 5. Intereses y papales potenciales de los diversos grupos de participantes
Categoría de participantes
Grupos de participantes
Participación / Interés Participación potencial en la evaluación de RPF
Categoría Involucrados
primarios (directos)
Grupos de Usuarios de la tierra en los
paisajes
Éstos son los individuos que actual- mente o en el pasado han usado la tierra degradada que se
tiene prevista para restauración.
Participación potencial en la evaluación de
Se deberá identificar e invitar a los representantes a los talleres pertinentes y también se les tendrá que consultar e involucrar de manera regular en los
procedimientos de evaluación. Podría ser necesario llevar a cabo actividades específicas para garantizar que sus opiniones se reflejen de manera adecuada.
Serán los más involucrados en cualquier esfuerzo de restaurar estas tierras y también
quienes más se beneficiarán de ello. Existen muchos tipos diferentes de usuarios de la tierra (cultivadores, ganaderos, mujeres, jóvenes, agricultores ricos/pobres, agricultores a
gran/pequeña escala, etc.)
Terratenientes en los paisajes
Es probable que éstos sean líderes consuetudinarios o autoridades locales que tienen la oportunidad de garantizar que su tierra
se gestione mejor en el futuro. Su papel en el proceso es representar a los propietarios de tierra consuetudinarios o estatutarios y asegurarse de que comprendan las implicaciones de RPF para
ellos como terratenientes. Es importante señalar que, en algunos países, la propiedad podría no estar definida con claridad.
Se tendrán que hacer esfuerzos para revisar si hay un público claramente identificable y/o terratenientes privados en las áreas
degradadas y, si los hubiere, invitarlos a participar en los talleres pertinentes. Al igual que con los usuarios de la tierra, se requieren actividades para comunicar e involucrar a
este grupo a lo largo del proceso de evaluación
Comunidades ubicadas en las
partes bajas de las cuencas
Las comunidades y negocios asentados cuenca abajo en una zona de captación de agua tendrán un interés particular en cómo se gestiona la tierra en un área de donde surge su agua, dado
que la gestión de la tierra puede afectar la cantidad y calidad del agua disponible cuenca abajo.
Se podría invitar a representantes a los talleres pertinentes y/o a las presentaciones a nivel comunitario sobre los resultados de la evaluación.
Involucrados secundarios (directos)
Instituciones Gubernamentales
Instituciones gubernamentales nacionales y descentralizadas responsables de los bosques, la agricultura/desarrollo rural, medio ambiente, gestión de recursos hídricos, gestión de la tierra,
catastro, etc.
Las instituciones clave deberán participar de manera cercana y, de hecho, podrían estar
representadas en el equipo de evaluación. Estos participantes necesitarán ser consultados en puntos de toma de decisiones más avanzados y/o invitados a revisar los
resultados. Se podría invitar a otras instituciones a que envíen representantes a los talleres pertinentes.
Grupos con
interés particular
Expertos
nacionales
Expertos con conocimientos especiales sobre, por ejemplo, el paisaje nacional y/o local, las
técnicas adecuadas de restauración y los costos y beneficios relacionados.
Estos participantes necesitarán ser consultados en puntos de toma de decisiones
más avanzados y/o invitados a revisar los resultados.
ONG nacionales
ONG con un interés en la conservación de la
naturaleza, la protección ambiental o el desarrollo rural.
Estos expertos deberían identificarse e
involucrarse, en especial, para ayudar a cerrar brechas de datos.
Organizaciones internacionales
Organismos internacionales con un interés en,
por ejemplo, la conservación de la naturaleza y la mitigación del cambio climático.
Se les puede invitar al taller inicial y/o de
validación y mantenerlos informados sobre los resultados de la evaluación.
184
Fuente: UICN (2014).
En el anexo 6 puede verse una síntesis de la etapa de preparación y planificación
6.3.2. Fase 2: Recolección y análisis de datos
Esta etapa cubre el período focal de ROAM e incluye la recolección y el
estudio de información. Las labores de recolección de información se presentan en
un primer momento (a pesar del hecho de que, prácticamente hablando, la obtención
de datos e información procederá durante toda la etapa de análisis), seguidas de una
orientación concisa de cinco partes de diagnóstico discretos como es mostrado en
la Tabla 8.
Las representaciones de estos cinco segmentos (o dispositivos) permiten al
usuario considerar y diseñar estos compromisos.
Este es el período de trabajo que más difiere entre una solicitud nacional y
otra en cuanto a los procedimientos utilizados y el procedimiento creado. En
cualquier caso, como regla general, podría ser concebible crear los subsiguientes
productos:
• Un resumen modificado de intervenciones de reconstruir con base en una
revisión de las intervenciones iniciales identificadas.
• Un análisis espacial del potencial de reconstrucción, incluida una progresión
de mapas de oportunidad nacional.
• Una investigación financiera de los gastos y ventajas relacionados con las
intervenciones de restauración distinguidas.
• Una investigación sobre el potencial de secuestro de carbono y sus controles
de beneficios.
• Un análisis de la presencia de los factores clave de logro para la restauración
que analiza las posibilidades y dificultades creadas por condiciones legales,
institucionales, administrativas, normativas, sociales y legales como el límite con
respecto al uso de los recursos y el nivel de motivación entre los actores clave.
• Un estudio de la financiación y el logro de recursos para el uso de las
aperturas de RPF reconocidas.
185
En cualquier caso, independientemente de la forma en que ROAM puede dar
la totalidad de lo mencionado anteriormente, la selección de elementos que
realmente tienen una opción depende de las decisiones nacionales y los recursos
disponibles. La parte positiva de ROAM es que poner recursos en un elemento en
un momento determinado no impide la generación de los demás más adelante.
Tabla 6. Resumen de los componentes analíticos de ROAM
Componente/herramienta Objetivos
Establecimiento de prioridades
entre los involucrados
para intervenciones
de restauración
• Orientar y perfeccionar el análisis de las intervenciones de
restauración.
Cartografía de las oportunidades
de restauración
• Identificar las áreas principales con potencial de restauración dentro
del área correspondiente a la evaluación.
• Categorizar estas áreas de oportunidad (ej. por tipo general de
restauración (gran escala, mosaico, de protección), o bien, por prioridad
(alta, media, baja).
• Evaluar qué intervenciones de restauración serían las más adecuadas
para estas áreas (ej. agroforestería en pendientes pronunciadas, regeneración natural de tierras boscosas).
Valoración y modelo económico
de
la restauración
• Estimar los costos adicionales (marginales) y los beneficios
(financieros, de carbono, medios de vida, biodiversidad, etc.) de cada
uno de los tipos de intervención de restauración que se esté considerando.
• Evaluar qué tan sensibles son estos costos y beneficios a los cambios
en variables clave, tales como precios, tasas de interés y supuestos
biológicos).
Modelo costo-beneficio- carbono
de la restauración.
• Estimar y analizar con mayor detalle los beneficios del secuestro de carbono que podrían obtenerse de: (a) el potencial general de
restauración identificado; y (b) cada uno de los tipos de intervención de
restauración en consideración.
• Estimar el valor neto de los beneficios adicionales esperados por
tonelada de CO2 secuestrado por tipo de intervención de restauración. Diagnóstico de restauración sobre la presencia de factores
clave de éxito
• Evaluar hasta qué punto el país (o la región dentro del país si es que ROAM se aplica a nivel subnacional) está listo para desarrollar
estrategias y programas de restauración.
• Identificar brechas y deficiencias (ej. en los arreglos jurídicos,
normativos e institucionales o en las condiciones del mercado).
• Identificar y analizar las maneras potenciales de abordar estas
brechas y deficiencias.
Análisis de las finanzas y
recursos de la restauración
• Identificar los tipos de finanzas y opciones de obtención de recursos
disponibles para apoyar las estrategias o programas de RPF.
• Evaluar qué tipos de opciones de financiación serían las más
adecuadas para los diversos tipos de intervenciones de restauración.
Fuente: UICN (2014).
Al construir tales elementos, lo más significativo para recordar es esto:
186
• Conservar una armonía entre la información y los puntos de vista de cada
uno de los involucrados en la investigación, incluida la agricultura, la tierra, los
bosques, el agua, el desarrollo económico, la vitalidad, el género, etc.
• Tener en cuenta las exigencias de los clientes finales clave al tiempo que
cree los elementos más convenientes para garantizar en esta etapa. Valorar de forma
periódica si los compromisos que nacen legítimamente abordan las necesidades
nacionales.
• Asegurarse de que todas las personas asociadas con el análisis comprendan
el procedimiento y aclaren las clases de elementos que se espera lograr.
• Asegurarse de que el procedimiento analítico sea tan consistente a nivel
académico y defendible científicamente como podría esperarse bajo las
circunstancias.
• Ser directo cuando se den a conocer los resultados, sobre los sistemas
utilizados y sobre cualquier elección subjetiva asumida (por ejemplo, ponderación
de criterios, fijación de parámetros).
Igualmente, es significativo que el grupo de evaluación explore: (1) los
criterios de evaluación (ver la página 42); y (2) la disposición fundamental de las
alternativas de restauración (ver la página 38) durante la etapa de recolección de
información y de estudio. La explicación detrás de esto son los datos adquiridos
durante la recogida de información y del estudio espacial y económico desafiará
constantemente una parte de las suposiciones que el grupo tomó como razón de su
trabajo durante la etapa preliminar. Por ejemplo, el análisis espacial podría
demostrar que una alternativa de recuperación no es factible debido a que
interferiría de manera directa con la tierra agraria, o que la erosionabilidad puede
no ser un estándar de evaluación útil a la luz del hecho de que la información actual
comprende una región restringida de la región nacional.
Necesidad de establecer prioridades a cuenta de los miembros en la
reconstrucción de las intervenciones.
La recolección de información y el análisis pueden parecer un procedimiento
directo y absolutamente técnico; sea como sea posible, para esta situación requiere
187
una contribución proactiva de los miembros y una revisión consistente de los
supuestos en los que la disposición y la etapa de organización se basaron. Ello es
esencial ya que no es inesperado descubrir vacíos críticos en datos o narrativas no
actuales e incorrectas sobre la degradación de la tierra, los elementos de uso de la
tierra y las estrategias de reconstrucción continua.
En este sentido, el período analítico de ROAM brinda una ocasión rápida y
única de ofrecer una mirada renovada al entendimiento arraigado de la
transformación en el uso de la tierra. El análisis espacial enseña un caso genuino
del alcance de la tierra utilizado en todo el paisaje en un tiempo particular; no
obstante, para entender las ocasiones de recuperación del paisaje forestal en un
entorno más extenso, será importante incorporar personajes locales y diferentes
organismos gubernamentales en el procedimiento de diagnóstico. Dado que la
circunstancia perfecta es acumular todos estos puntos de vista alternativos en un
espacio similar para adquirir su opinión colectiva acerca del análisis preliminar de
la información, la organización de talleres analíticos, bien se trate de un distrito
subnacional o de un tema, es fundamental pieza de esta etapa
Los mismos deberían diseñarse con la intención de obtener la contribución de
una amplia gama de actores y hacer que continúen como lo indican los resultados
temporales que surgen del análisis espacial y la cartografía. Igualmente, dan la
oportunidad de seguir refinando el resumen de las alternativas de reconstrucción y
análisis de sus posibles implicaciones. Se puede observar cualquier problema que
salga mediante el análisis de expertos, por ejemplo, evaluaciones de costos, ventajas
y cálculos de secuestro de carbono para las opciones de reconstrucción distint ivas
reconocidas.
La cantidad y las clases de miembros definitivamente fluctuarán y dependerán
de los objetivos de los talleres. No obstante, es fundamental contar con una
disposición decente de información especializada y los puntos de vista de varios
miembros (y, en particular, mantenerse alejado de una representación exagerada de
expertos en servicios del sector forestal) como un equilibrio de géneros. Entre las
personas que recomendaríamos invitar están los siguientes:
188
• Trabajadores de la entidad forestal (representantes de la toma de decisiones
y personal técnico)
• Representantes del ente administrador de la tierra
• Representantes del ente agrícola
• funcionarios de gobiernos locales
• Autoridades y/o líderes locales
• Agricultores
• Compañías forestales (comerciales y comunitarias)
• Propietarios y aquellos que tengan derechos consuetudinarios acerca de la
tierra o los recursos naturales
• Beneficiarios de los bosques (fabricantes de carbón, recolectores de
productos no maderables, vendedores de leña, etc.)
• Representantes de instituciones no gubernamentales
• Investigadores
• Pueblos indígenas (si existiesen en la zona)
El grupo de evaluación puede pensar que es valioso incluir actores que tengan
un mapa consistente y actualizado de las capacidades aplicables a RPF para la zona
a la que se hace referencia. En una nación con una plenitud de información, a fin de
cuentas, ya debería existir una guía parecida y que el grupo simplemente lo exige y
lo duplica en un formato adecuado (formato póster es ideal).
En otro orden de ideas, si no hay tal guía o mapa en la nación, el grupo debería
exigir la elaboración de una. Las cualidades de una guía o mapa base dependerán
de la región a evaluar. Aquí hay ciertos elementos a valorar:
• La escala debe ser tal que, cuando la guía o mapa se imprime en tamaño de
póster, enseñe el territorio de evaluación con una resolución conveniente.
189
• El mapa o guía debe tener una barra de escala con el objetivo de que los
grupos que laboren en él puedan decidir el tamaño de cualquier territorio durante la
evaluación.
• El tema del mapa debe reforzar la evaluación. Por lo general, es adecuada
una guía que indique los enfoques y el marco de la población sobre una base de
tipos de distribución de tierra, grosor de árboles y vías fluviales. Otros puntos
topográficos destacados son, por ejemplo, las montañas, igualmente deberían
incorporarse en caso de que sean notables.
• El mapa debe ser lo suficientemente preciso y actualizado como para
consentir a los miembros hacer aclaraciones de acuerdo al paisaje.
La minuciosidad de la etapa de diagnóstico dependerá de tener muchos
criterios bien caracterizados que consientan de la exigencia de intervenciones de
recuperación, la accesibilidad y el alcance de la restauración, el tipo y la capacidad
de las intervenciones de restauración apropiadas y los gastos y ventajas de estas
alternativas de reconstrucción, al igual que la existencia de los factores clave de
logro. El grupo de evaluación ya habrá trabajado en dicha tarea. Por lo tanto, el
involucramiento de miembros debe incorporar, como concierne, una revisión de
dichos criterios y una discusión acerca de cualquier cambio o variación importante.
La mejora de los criterios e indicadores para la evaluación parece ocurrir en paralelo
con la mejora de las alternativas de restauración. Para más detalles ver la tabla 9.
190
Tabla 9. Modelo de intervenciones de RPF
Uso
de l
a
tierr
a
Categoría
general
Intervenciones de
restauración
Descripción
Tie
rra
ag
ríc
ola
-
Apta
para
rest
aura
ción a
gra
n e
scala
1. Bosques
sembrados
Plantaciones exóticas Principalmente plantaciones de teca. Se notificaron variaciones en el
incremento anual medio durante los talleres dadas las diferencias en el clima y la productividad del suelo. Período de rotación de 20 años.
Plantaciones energéticas
La duración de la rotación es de 8 años y la regeneración ocurre a través de la generación de vástagos. Los participantes del taller notificaron altos niveles de crecimiento en climas húmedos y en áreas
con suelos ricos.
Plantaciones indígenas Plantaciones de Terminalia ivorensis y meliácea comercial. Las regiones del norte de Ghana podrían incluir plantaciones de tamarindo y otras especies nativas.
2. Regeneración natural
Siembra directa Involucra la preparación del sitio de restauración y la siembra para conectar parches de bosque separados. Otras intervenciones más
costosas en este grupo incluyeron medidas adicionales de prevención de incendios.
Prevención de la sobreexplotación de pastizales
Podría involucrar acuerdos comunitarios para excluir el pastoreo También podría incluir patrullas adicionales en reservas forestales.
Eliminación de maleza Gestión selectiva que favorezca la regeneración natural de especies deseables y limite las perturbaciones.
Prevención de
incendios forestales
Erradicar los incendios en áreas nativas no perturbadas para permitir
la regeneración natural.
3. Silvicultura Prevención de incen- dios en matorrales
Prevenir los incendios en paisajes forestales degradados.
Siembra directa Usar prácticas silvícolas en conjunto con la siembra para conectar parches de bosque degradado.
Plantación de enriquecimiento
Usar prácticas silvícolas con semillas para conectar parches de bosque degradado.
Pastoreo restringido Usar prácticas silvícolas en combinación con restricciones de pastoreo gestionadas por la comunidad.
Tie
rra
ag
ríc
ola
-
apta
para
rest
aura
ció
n e
n m
osa
ico
4. Agroforeste- ría Diversificación con
cultivos alimentarios
Establecer árboles leguminosos a una densidad de 50-150 árboles por
hectárea.
Diversificación de cultivos con cacao
Diversificar cultivos con especies comercialmente valiosas que provean sombra.
Sistemas silvopasto-
riles
Plantar y gestionar árboles leguminosos y/o ricos en proteínas en
pastizales o plantaciones/sistemas de alimentación de establos.
5. Barbecho mejorado
Manejo de laderas Retener hileras de especies de árboles leguminosos y para madera en los contornos de laderas durante la preparación de barbechos con el fin de mejorar la estabilidad del suelo y prevenir la erosión.
Enriquecimiento de
barbechos
Mejorar barbechos a través del establecimiento de baja densidad de
árboles leguminosos y/o la selección de árboles benéficos que crezcan naturalmente.
Manejo de incendios Excluir proactivamente los incendios en áreas de barbecho para optimizar la formación de materia orgánica.
Tie
rra
s p
ro
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ras
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am
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m
angla
res,
pro
tecció
n d
e c
uen
cas
y
contr
ol de e
rosi
ón
6. Apta para restauración de
manglares, protección de cuencas y control de erosión
Gestión mejorada de litorales degradados
Hacer uso de la gestión comunitaria para prevenir que sigan de- gradándose los litorales y promover la regeneración.
Restauración de
litorales
Restaurar litorales degradados y sistemas de manglares usando el
establecimiento directo.
Fuente: UICN (2014).
191
Recolección de datos
En esta sección del trabajo se habrá hecho un resumen de las clases de datos
que se necesita reunir y una más de la información que se sabe que es asequible y
abierta. Deben realizarse esfuerzos para auditar y recopilar toda la informac ión
importante antes del primer taller analítico. Los talleres posteriores crearán además
medidas impresionantes de información opcional, datos y fragmentos de
conocimiento que emerjan de las discusiones de los miembros. Debe permit irse
tiempo para determinar las consecuencias de la evaluación en función de estos
nuevos datos.
La Tabla 10 muestra una parte de los tipos de datos que podrían tomarse en
cuenta para la evaluación.
Tabla 10. Conjuntos de datos potencialmente relevantes para la aplicación de ROAM
Fuente: UICN (2014).
192
Obtención de datos relevantes
Existen tres formas fundamentales para adquirir datos importantes a la
evaluación:
Recolección de datos directamente de especialistas y actores involucrados.
Los talleres, entrevistas y diferentes reuniones que captan el conocimiento y los
puntos de vista de las personas que conocen la región de evaluación.
Uso de la información existente. Solicitud de datos previos de agencias
especializadas, lugares de trabajo estadísticos y fundaciones de investigac ión;
búsqueda en Internet y consulta en bibliotecas particulares; y recolección de
información para mapas significativos y otra información opcional.
Tomar en cuenta nuevos trabajos de recolección de datos. En el caso de que
sea vital, comisionar la ejecución de nuevos ejercicios, por ejemplo, estudios,
imágenes satelitales y figuras para cerrar vacíos de información explíc ita,
comprobar información o actualizar los antiguos.
Recuerde: cuando busque información espacial, céntrese en lo que es
accesible a una escala conveniente para la evaluación.
Datos que sirvan como base para una mirada crítica a las opciones
de restauración
Durante la etapa preliminar, el grupo habrá hecho un listado inicial de las
clases convenientes de intervenciones RPF. Si bien esto puede parecer un trabajo
generalmente fácil, es uno de los pasos básicos de los que depende el logro de la
evaluación. El peligro es que se cree que las intervenciones son las más adecuadas
"a la luz del hecho de que esto se ha completado de manera consistente". Es
fundamental abordar este paso con una perspectiva receptiva y que se asienten en
las presunciones a medida que aumenta la nueva información y el examen.
Una ventaja de utilizar ROAM es que le consiente investigar por qué las
intervenciones anteriores o existentes han fracasado o han resultado poco
fructíferas. Por ejemplo, si los días nacionales de plantación de árboles, a pesar de
muchos años de esfuerzo, apenas han arrojado resultados sustanciales, la evaluación
debería descubrir la explicación. Como cuestión de primera importancia, el último
193
arreglo de intervenciones de RPF precisa experimentar una investigación esencial
de por qué estas son las mejores alternativas para el procedimiento de recuperación
nacional o subnacional.
En vista de esto, la razón de este ejercicio específico es reunir toda la
información sobre las alternativas e intervenciones de RPF, previamente a los
talleres analíticos. Los miembros del taller pueden ayudar a clarificar o completar
esta información y usarla para el estudio, al mismo tiempo que el logro general de
los esfuerzos de restauración presentes o pasados. Eventualmente, la evaluación
debe significar crear un resumen limitado de intervenciones de RPF que se han
evaluado como adecuadas para el entorno nacional y se ven reforzadas por el grado
de detalle técnico y análisis cuantificados suficientes que consientan una evaluación
sólida y razonable de la extensión de tierra que podría favorecerse de estas
intervenciones, al igual que los gastos y las ventajas relacionadas con ellas. Como
pauta confiable, la última evaluación debe comprender alrededor de 5 a 15
intervenciones técnicas y/o geográficamente diversas; en caso de que sean menores,
el estudio será muy genérico; en caso de que sean más, es imposible que los
parámetros relacionados de las intervenciones puedan evaluarse de forma confiable
sin aumentar increíblemente los costos de evaluación.
Datos sobre los costos y beneficios de la restauración
Como punto central de la evaluación nacional del potencial de RPF está el
análisis de los costos y beneficios de cada intervención específica. Ello requerirá
que se recolecten datos sobre valores pertinentes, tales como los precios de los
insumos (ej. semillas, tierra, mano de obra, transporte y equipo) y los productos (ej.
cultivos, leña y madera como combustible, así como servicios específicos brindados
por los ecosistemas restaurados). Los datos de crecimiento de madera para leña,
tales como el incremento medio anual, también serían útiles para estimar el
potencial de la producción de leña y secuestro de carbono.
Siempre que sea posible, se deberán recopilar datos sobre los beneficio s
económicos de la restauración con base en objetivos de RPF a largo plazo
establecidos al principio del proceso de evaluación. Por ejemplo, si uno de los
194
objetivos se relaciona con la restauración de cuencas, el equipo debería intentar
obtener información o estimaciones sobre cómo podría esperarse que la
restauración modifique el flujo de agua en arroyos y afluentes, así como
información sobre cómo el agua se usaría finalmente y quiénes serían los
beneficiarios primarios.
No hay una regla exacta sobre qué datos de costo-beneficio recopilar, pero,
por lo general, los siguientes estimados serán útiles:
• La cantidad por hectárea de biomasa leñosa que crecería en el tiempo
establecido. Siempre que sea posible, los estimados deberán corroborarse con los
datos provenientes de literatura y cuestionarios. Los estimados también tendrán que
ajustarse con base en los niveles esperados de cosecha en el tiempo establecido.
• La cantidad de carbono secuestrado a través de la biomasa leñosa, usando
factores de conversión aplicables del IPCC, que según el programa ONU-REDD
(2010) es una fórmula de ecuación básica aplicada por un grupo intergubernamenta l
de expertos sobre elementos de la biomasa y el cambio climático.
• El valor por hectárea de productos forestales no maderables producido en el
período acordado. Use estimaciones locales si existen; de lo contrario, puede usar
estimaciones generales.
• El incremento del rendimiento de cultivos y la reducción del costo de
fertilizantes por causa de la agroforestería durante el tiempo acordado. En la
evaluación de Ghana, por ejemplo, la ganancia esperada de la productividad de
cultivos se modeló en función de las pérdidas de rendimiento evitadas como
resultado del control de la erosión del suelo.
• El efecto de los cambios en los esquemas de cultivo diversificado en el
tiempo acordado, tales como la transición del cultivo de cacao al sol y el cultivo a
la sombra. Es probable que las estimaciones locales estén disponibles siempre que
una transición semejante sea una consideración importante.
195
• El efecto de la restauración de manglares en el período acordado,
incluyendo, por ejemplo, el efecto combinado de una captura mayor de pescado y
un suministro mayor de materiales de construcción. Es probable que haya
estimaciones locales disponibles donde los manglares sean de importancia. Es
posible que en esta fase sea preferible separar los costos/insumos dependiendo de
si provienen de fuentes públicas o privadas y, también, de si los beneficios
repercuten en la sociedad en general o en ciertos individuos. La razón de ello es que
tales distinciones pueden ser útiles en el futuro para ayudar a definir paquetes
factibles de inversión; por ejemplo, para asegurarse de evitar sugerir esquemas o
intervenciones en las que los beneficios se acumulen de manera centralizada y la
mayoría de los insumos (financieros y de mano de obra) vengan del nivel local o
individual.
Cartografía de las oportunidades de restauración
Este es un elemento clave en todo el proceso de evaluación que involucra el
análisis de datos espaciales y otra información relativa a la restauración que el
equipo haya podido adquirir (datos estadísticos, informes técnicos, etc.) y que
puedan localizarse fácilmente. El enfoque más adecuado a tomar dependerá de la
cantidad y los tipos de datos disponibles. Si existen grandes cantidades de datos de
SIG disponibles y se ha obtenido permiso para usarlos, el equipo de evaluación
podrá llevar a cabo gran parte del análisis espacial usando un enfoque de “mapeo
digital”. Por otra parte, si solo una cantidad limitada de datos de SIG está disponible
para su uso, el equipo necesitará usar un enfoque de mapas de conocimiento. El
mapeo digital es el enfoque clásico de SIG que se basa en una imagen espacial al
combinar capas de información digital y desarrollar algoritmos para probar y
visualizar opciones específicas, tales como “una plantación de laderas con especies
de agroforestería en pendientes mayores a 5% en tierras agrícolas existentes”. Los
mapas de conocimiento, como lo sugiere el nombre, utilizan el conocimiento local
e involucran un enfoque de colaboración masiva, en el que diversos actores
transfieren su conocimiento (y cuestionan sus ideas mutuamente) con respecto a un
mapa base. Cuando dichos actores están de acuerdo con que esto representa su
mejor conocimiento colectivo, este puede digitalizarse y usarse para análisis.
196
6.3.3. Fase 3: Resultados de las recomendaciones
Hasta esta fase, el proceso de ROAM ha atravesado varias etapas de
recolección de datos y análisis espaciales y no espaciales y ha mostrado una
perspectiva general de las oportunidades de restauración del paisaje forestal a nivel
nacional (o subnacional). Los resultados obtenidos se basan en los mejores datos a
los que el equipo de evaluación tuvo acceso y los mejores aportes y conocimientos
en los que pudo basarse. No obstante, los productos son aún de carácter preliminar
y en su mayoría no se han puesto a prueba.
Además, para que la evaluación sea más que un mero ejercicio académico, es
decir, que genere recomendaciones realistas y lleve a un seguimiento de acciones
concretas, necesita presentarse y someterse a discusión con un espectro más amplio
de involucrados y expertos que hayan participado en el trabajo realizado hasta el
momento. Por consiguiente, la fase final de ROAM desempeña un papel crucial
para asegurar que esta sea creíble y tenga un impacto. Los objetivos específicos de
esta fase de evaluación son los siguientes:
• Poner a prueba la validez y la pertinencia de los resultados de la evaluación.
Continuar analizando las implicaciones normativas e institucionales de los
resultados.
• Fomentar el apoyo a los resultados de la evaluación entre los tomadores de
decisión.
• Redactar recomendaciones normativas e institucionales y planificar los
pasos a seguir. Si bien los tomadores de decisión clave debieron haber estado al
corriente de los acontecimientos desde un principio, en esta fase es particularmente
importante que participen con el fin de fortalecer su sentido de responsabilidad por
los resultados de la evaluación y ayudar a preparar el terreno para la asimilac ión
normativa de las recomendaciones que surjan. En Ghana, por ejemplo, el equipo de
evaluación necesitó ser muy proactivo para asegurarse de que personas clave en el
Gobierno se mantengan informadas del proceso en todo momento y participen en
197
la validación de los resultados; esto resultó ser decisivo para lograr el alto nivel de
seguimiento y un interés en los resultados de la evaluación y las recomendaciones.
Esta fase final necesita abordarse y gestionarse para que se enfoque en la
inclusión tangible de los resultados de la evaluación en la implementación de las
prioridades normativas nacionales. El indicador inequívoco de una evaluación
exitosa será que los actores clave avancen en la preparación de políticas, programas
o estrategias de RPF que complementen o ayuden a satisfacer las prioridades
nacionales sobre desarrollo económico, el uso de recursos naturales, la comida, la
seguridad hídrica y energética, la mitigación del cambio climático, etc.
Organización del taller de validación
En términos prácticos, esta fase requerirá que el personal del departamento
de mayor jerarquía, los expertos nacionales líderes y otros actores importantes (ej.
Sindicatos de agricultores locales, cámaras de comercio, federaciones de pueblos
indígenas o comunitarios) se reúnan para evaluar las conclusiones y las
recomendaciones clave. Esto tiende a hacerse de manera más eficaz a través de un
taller de validación en la capital. Dicho taller es de una naturaleza distinta a la de
los talleres precedentes de distrito o temáticos. Debería invertirse menos tiempo en
asuntos metodológicos y de proceso y mantenerse un mayor enfoque en evaluar si
las conclusiones y las recomendaciones generales tienen sentido a nivel técnico,
político e institucional; en otras palabras, se tendrá que validar si estas propuestas
son factibles en las circunstancias nacionales prevalecientes. Los resultados del
taller deberían permitir al equipo de evaluación ya sea continuar con la
documentación y el informe finales, o bien, resaltar elementos específicos de los
análisis espaciales y no espaciales que necesiten repetirse usando supuestos
redefinidos o datos adicionales.
Muy probablemente, el taller de validación necesitará incluir los siguientes
elementos:
• Una descripción breve de los parámetros de evaluación clave,
específicamente los criterios finales de evaluación, las principales intervenciones
198
de restauración, las principales fuentes de datos y los principales supuestos
subyacentes
• Presentación del proceso de evaluación hasta el momento
• Reporte y validación de las principales conclusiones de los análisis
espaciales y del modelaje económico y de costo-beneficio-carbono
• Diálogo sobre las implicaciones normativas y la preparación normativa e
institucional para una estrategia/programa de RPF
• Identificación de brechas en la preparación de la restauración y
recomendaciones para abordarlas
• Valoración sobre si las recomendaciones de la evaluación abordan de
manera adecuada las prioridades y los compromisos nacionales
• Discusión de los pasos a seguir previos al taller de validación, será
importante que el equipo de evaluación prepare los resultados de manera clara y
convincente y en formatos adecuados para facilitar las discusiones con los
participantes. Esto es importante porque ayuda a desarrollar una comprensión y
también porque algunos participantes podrían solicitar hacer uso de los resultados
inmediatamente. El equipo debería tener cuidado de no saturar las discusiones del
taller con demasiados detalles sobre los hallazgos, sino presentar los resultados más
importantes, las intervenciones de restauración prioritarias identificadas y sus
principales implicaciones.
El proceso también debería permitir a los participantes del taller cuestionar
los supuestos de la evaluación. El equipo de evaluación podría considerar el
desarrollo de conjuntos alternativos de resultados bajo diferentes supuestos y,
después, recolectar realimentación sobre el escenario más apropiado durante el
taller de validación.
Este proceso de realimentación mejora el producto de la evaluación y debería
reducir el número de temáticas abiertas a las críticas. Al seleccionar los
participantes que se invitarán al taller, el equipo deberá procurar incluir a los
siguientes:
199
• Personal técnico y normativo de alto nivel de ministerios clave vinculados
al uso de la tierra
• Personal de nivel similar proveniente de los ministerios de finanzas y
planificación económica
• Personal de la oficina del jefe de Gobierno
• Representantes de asociaciones participantes clave, tales como: Cámaras de
comercio, asociaciones de agricultores o asociaciones de pueblos indígenas
• Organizaciones de la sociedad civil
• ONG: Representantes clave del sector privado, Representantes bilaterales
de donantes.
La tabla 24 muestra algunos de los puntos principales de discusión que
deberían abordarse en el taller de validación. Además de abordar estas interrogantes
específicas, el equipo de evaluación debería motivar a los participantes a realizar lo
siguiente:
• Externar inquietudes acerca de resultados confusos, contradictorios o poco
claros; y solicitar una aclaración.
• Identificar cualquier otro trabajo que sea pertinente a la evaluación.
• Solicitar mejoras tangibles a los análisis existentes.
200
Tabla 7. Principales puntos de discusión durante el taller de validación
Elementos de evaluación Preguntas/ Temas a discutir
Intervenciones prioritarias de RPF identificadas
¿Estas son las prioridades reales?
¿Qué usos de la tierra implican?
¿El área geográfica potencial de estas intervenciones tiene sentido?
(es decir, las cinco o seis principales) ¿Qué áreas o distritos pueden ofrecer oportunidades potenciales de acción temprana sobre RPF?
¿Cómo se alinean las intervenciones prioritarias con los planes y programas existentes de los ministerios clave?
Análisis económico
¿Tienen sentido las ganancias esperadas de las intervenciones de restauración?
¿Cómo se compara esto con los costos y beneficios establecidos en otras intervenciones dirigidas a mejorar categorías similares de uso de la tierra?
(costos y beneficios de las intervenciones de RPF prioritarias)
¿Aquellos que asumen los costos reciben una cantidad proporcional de los beneficios?
Análisis del carbono
Dialogar acerca de los beneficios del carbono derivados de intervenciones RPF.
¿Los beneficios estimados de carbono tienen sentido tanto por hectárea como a nivel nacional?
¿Cómo se relacionan las intervenciones prioritarias con las estrategias nacionales REDD+?
Análisis financiero / de recursos
¿Cómo se pueden financiar las intervenciones de RPF usando lo siguiente?:
* Mecanismos de inversión existentes
* Nuevas fuentes de financiamiento
¿Cuáles son las principales prioridades de financiamiento para promover las intervenciones de RPF?
Análisis Político, jurídico e institucional*
¿Qué políticas y otras medidas estipularían la restauración?
¿Qué conocimientos, herramientas, capacidad y finanzas son los más necesarios para promover la RPF?
¿Cómo puede fortalecerse la demanda de restauración a través de los siguiente?:
* Condiciones de mercado mejoradas
* Capacidad mejorada a nivel de distrito
* Pagos directos a los terratenientes
Campaña de concentración
¿Cómo puede mejorar la coordinación entre los diferentes ministerios?
Fuente: UICN (2014).
201
6.4. Justificación de la propuesta
En casi todas las partes del mundo hoy en día, los militares son una fuerza
reconocible política, social y, hasta cierto punto, económicamente. Sin embargo, en
general no se sabe que los militares tienen un papel positivo que desempeñar en la
protección y restauración de nuestro medio ambiente. Por el contrario, hay muchos
que sienten que solo son capaces de destruir de forma gratuita la vida silvestre y la
naturaleza. Esto no es así. De hecho, los militares tienen un papel único, no violento
y productivo que desempeñar en la protección del medio ambiente, creando
patrones de seguridad y sociales basados en la cooperación y no en la confrontac ión.
Tradicionalmente, el papel de los militares es defender la integridad de las
fronteras internacionales del país frente a las agresiones externas y garantizar la paz
interna. Después de la Segunda Guerra Mundial, se añadieron otras dos
dimensiones: el mantenimiento de la paz internacional y el socorro en casos de
desastre. Pero es un hecho aceptado que hoy en día la mayor amenaza para el
planeta es la degradación ambiental galopante que resulta, entre otras cosas, del
efecto invernadero, la perforación de la capa de ozono, la deforestación, la
contaminación de los recursos hídricos y terrestres, la lluvia ácida y el consumismo
desenfrenado. De hecho, los conflictos violentos a menudo se derivan de las
condiciones ambientales en las que las personas más necesitadas están condenadas
a vivir.
Esta investigación sugiere cómo “las espadas pueden convertirse en arados y
rifles para rastrillar, sin embotar el filo de la espada”. En este sentido, la tendencia
mundial es que debería introducirse un nuevo rol a las Fuerzas Armadas en el Perú,
la de la protección y restauración del medio ambiente.
6.4.1 Idoneidad de los militares para la protección del medio ambiente
Los militares están eminentemente capacitados para la importante y
productiva tarea de proteger el medio ambiente en peligro y asegurar su
regeneración cuando sea necesario. Los militares de todo el mundo están bien
situados para asumir este nuevo papel. El personal que realiza el servicio militar
voluntario en nuestras Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército, en muchos
202
casos provienen de un entorno rural y por lo tanto tienen una mejor comprensión
de la red de vida de la naturaleza.
Los militares tienen el liderazgo, la motivación, el entrenamiento y la
disciplina para desempeñar esta nueva función de manera efectiva.
Los militares tienen la infraestructura ─movilidad (incluso con transporte de
animales y a pie), intercomunicación, habilidades médicas y de ingenier ía─
necesaria para tal trabajo.
Las Fuerzas Armadas son observadas con respeto en el país y, por lo tanto,
son un valioso ejemplo.
Cada año, efectivos que integran las Fuerzas Armadas pasan al retiro. Este
gran número de personal capacitado y disciplinado constituye una valiosa fuente de
recursos humanos para las tareas ambientales.
6.5. Sugerencias para la incorporación de los militares a la conservación del
medio ambiente
Luego de un proceso de sensibilización al personal militar activo y en
situación de retiro, pueden introducirse proyectos exitosos. Los párrafos siguientes
son una prueba clara del potencial de las Fuerzas Armadas para la conservación y
protección del medio ambiente.
Los militares tienen un papel importante que desempeñar en la protección de
la tierra y sus recursos naturales. Se orientan para ello en virtud de su estructura
organizativa, formación, liderazgo, motivación, habilidades técnicas, movilidad e
intercomunicación. Este potencial se podría traducir en labores como la forestación,
el uso de fuentes de energía renovables, las medidas contra la contaminación, el
control de la población y la creación de conciencia y economía en el uso de los
recursos, especialmente la energía y el agua.
Todas estas actividades productivas y de construcción nacional por parte de
los militares son posibles en el nuevo escenario mundial. Si es posible recopilar y
difundir información sobre las tareas que los militares de todo el mundo están
realizando en este campo, los resultados serán mayores.
203
6.6. Incorporación del Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional (SIVAN-
SIPAN) a la metodología ROAM.
El Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional (SIVAN-SIPAN) es una
iniciativa estratégica del Estado peruano que consiste en la implementación de un
sistema integral, tecnológico e institucional, para la recolección, sistematizac ión,
análisis y entrega de información del territorio nacional en tiempo real para la toma
de decisiones. El SIVAN-SIPAN busca así integrar, articular, institucionalizar y
modernizar las capacidades hoy existentes en el Estado, evitando una serie de
ineficiencias en el acceso y uso de información generada como consecuencia de la
falta de coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales y de la escasa
credibilidad y acceso oportuno de la información. Los usos potenciales del SIVAN-
SIPAN son innumerables. Gracias al constante monitoreo satelital y aéreo del
territorio nacional, el sistema permitiría, por ejemplo, identificar la localizac ión
exacta de actividades ilegales en la minería y en la tala, el contrabando y la
producción y comercialización de hoja de coca y sus derivados, facilitando la lucha
del Estado contra las actividades ilícitas con efectos directos en el clima de
seguridad nacional y la protección del medio ambiente. (SIVAN, 2014)
La incorporación de la ROAM al SIVAN-SIPAN tendría los siguientes
beneficios:
• Elevaría la inversión privada y la productividad en la agricultura gracias a
su capacidad de identificar de forma certera y temprana la presencia de plagas y la
ocurrencia de desastres naturales, consideradas dos de las principales razones de la
pérdida de cosechas.
• Al contar con la capacidad de localizar desastres naturales en tiempo real,
el SIVAN-SIPAN ofrece al Estado la oportunidad de reaccionar con mayor
prontitud ante sus consecuencias, recortando sustancialmente el tiempo de las
interrupciones y el cierre de las vías de transporte, y evitando poner en riesgo la
seguridad física de los ciudadanos.
• El sistema, inclusive, posee la capacidad de ubicar las especies en extinc ión
y entender la dinámica del calentamiento global en el territorio nacional de forma
204
de perfeccionar las políticas públicas destinadas a la conservación sostenible del
medio ambiente.
6.8. Informe final
En relación al abordaje realizado: se subdividió el tiempo de esta
investigación en tres fases fundamentales adscribiéndose al método ROAM
En la primera fase, denominándola Fase De Intervención se puede hacer notar
que se delimito el lugar y población de estudio estableciendo las comunicaciones
pertinentes con informantes clave habitantes de la localidad en estas operaciones a
proseguir.
El lapso aproximado en esta primera fase fue de catorce días en los cuales se
identificaron ciertos espacios como lo fueron dieciocho entes estadales, luego de la
identificación de dichos espacios se aplicó un instrumento de entrevista la cual
consto de cuatro ítems clave los cuales se muestran en los anexos y se muestran a
continuación los resultados o hallazgos obtenidos después de la sinterización de la
información
La Entrevista:
En cuanto a los hallazgos de las categorías representadas en las dimensiones
de este texto sobre la participación de las FF.AA. en cuanto a la salvaguarda de la
localidad de La pampa, la cual es el nombre que lleva la denominación de un área
geográfica ubicada entre el kilómetro 98 (334) y 115 (315) de la carretera
interoceánica de la provincia de Tambopata localizada dentro de la Reserva
Nacional de Tambopata. Perteneciente al departamento Madre de Dios, luego del
análisis e interpretación de los datos y en base la entrevista que se aplicó a actores
objeto de esta investigación se detalla a continuación:
En correlación al primer ítem desplegado en la entrevista la Mayoría de los
participantes estuvo de acuerdo con que la participación de las FF.AA. en la
protección y defensa de los recursos naturales de la Reserva Nacional Tambopata,
desde lo social debía realizarse partiendo de un punto de ofrecer la presencia de los
cuerpos armados y Haciendo participe a la comunidad aledaña a la zona en las
actividades inherentes a la protección y defensa de los recursos, y lograr la
205
participación activa de todos estos actores del proceso investigativo, incorporando
en su gestión las variables ambientales más relevantes, para contribuir a la
sostenibilidad, esto también constituyendo batallones ecológicos de las FF.AA en
el área natural protegida que alberga a ese valioso ecosistema y que constituye una
de la Áreas naturales protegidas por el Estado peruano esto manejado desde un
enfoque plural y coordinado destinado a la salvaguarda de dichos espacios.
Seguidamente el siguiente ítem dos arrojo que las FF.AA. en la protección y
defensa de los recursos naturales de la Reserva Nacional Tambopata, desde lo
educativo deberían ofrecer programas de capacitación sobre el cuidado de la fauna
y flora silvestre, programas que mediante la realización de charlas, talleres y
materiales educativos sintetizados se pudiesen entregar en las instituciones
educativas con la meta de promover, incentivar y motivar a los estudiantes a
proteger la diversidad biológica y convertirla de esta manera en lo que ha sido
siempre patrimonio esencial de nuestra nación, así mismo contar con un sistema de
recuperación y aprovechamiento de los espacios y los recursos naturales a fin de
que sirvan de apoyo para el cuido del reservorio nacional de Tambopata y como
apoyo a los turistas que frecuentan el área.
Subsecuentemente en el ítem número tres que plantaba la participación desde
un punto de vista cultural se puede reflejar que una gran mayoría de la población
muestra indico que se haría mayor seguimiento en la conservación de la flora, la
fauna y los procesos ecológicos de la zona, con el propósito de que las futuras
generaciones puedan contar con un ambiente habitable, conociendo la importanc ia
de la preservación, cuidado y conservación de los recursos naturales incorporando
a los entes culturales de la región, y creando campañas culturales conjunto a estos
desde la postura de la defensa de la nación. de esta manera se va creando conciencia
de identidad y sentido de pertenencia de que hay especies y recursos que son no
renovables y sin contribución a su conservación estos podrían extinguirse o
agotarse.
En lo que respecta al último ítem de la entrevista se concluyó que existe la
disposición del colectivo en mayoría de apoyar la participación de las FF.AA. a
Incentivar el trabajo interdisciplinario de otros ámbitos tales como el educativo, el
206
médico veterinario, el turismo y otras que estén vinculados con la biodiversidad y
la ecología para de esta manera crear espacios de interacción entre FF. AA y las
comunidades aledañas, fortaleciendo de esta manera las alianzas holísticas con
otros entes gubernamentales, colegios y todos los actores sociales que integran esa
comunidad para lograr la satisfactoria comprensión de los procesos , de esta manera
colaborar con las FF. AA. para denunciar la existencia de posibles delitos
ambientales en la zona y sumar esfuerzos para el despliegue y vigilancia contra la
explotación y tráfico de recursos naturales, la tala, minería ilegal, el tráfico de
especies entre otros delitos conexos.
Adicionalmente en el análisis de los textos se complementó con la siguiente
Información sintetizada que llevo a la elaboración de la propuesta de esta
investigación emanada de sustentación legal:
Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Título II
de las Competencias y Funciones Art N°3 y Art 4.1, 4,2, 4.8
3) El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas efectúa el planeamiento,
preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares
conjuntas de las Fuerzas Armadas, en función de los objetivos de la Política de
Seguridad y Defensa Nacional, a fin de garantizar la independencia, la soberanía y
la integridad territorial de la República.
4.1.) Garantizar a través de las Fuerzas Armadas, la soberanía e integridad
territorial en los espacios aéreo, terrestre, marítimo, lacustre y fluvial de acuerdo
con la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes.
4.2.) Participar en la formulación y ejecución de la Política de Seguridad y
Defensa Nacional.
4.8. Planificar y conducir las operaciones de las Fuerzas Armadas en el marco
del Sistema de Vigilancia de Fronteras, así como ejercer el control y supervisión
del mismo.
Seguidamente encontramos dentro de la Política N.º 34. Ordenamiento y
Gestión Territorial establece que el territorio como el espacio que comprende el
suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre y en el que
207
se desarrollan relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre las
personas y el entorno natural, en un marco legal e institucional; y en el que
convergen los intereses, identidades y culturas de las poblaciones. Así mismo como
establece sus literales D, H y L
d) Generará un sistema de información territorial integral articulado desde las
entidades públicas y accesible a la ciudadanía, para converger a una visión global
del territorio, sus relaciones, conectividad, funcionalidad y dinámicas que permita
la adecuada toma de decisiones públicas y privadas.
h) Fortalecerá las capacidades de gestión territorial en los diferentes niveles
de gobierno, así como las instancias de la gestión integrada del territorio que
permitan establecer controles, incentivos y demás mecanismos que contribuyan a
prevenir, reducir, adaptar o revertir los efectos negativos del cambio climático y a
remediar o compensar cuando sea el caso, los efectos negativos sobre los
ecosistemas derivados de la ocupación y usos del territorio.
l) Desarrollará las zonas de frontera integrándolas a las dinámicas socio-
económicas del país, así como a las de los países vecinos.
Así mismo dentro de la de La Constitución Del Perú en su Capítulo II en su
título llamado Del Ambiente Y Los Recursos Naturales nos indica lo siguiente en
los siguientes artículos:
Artículo 66°. - los recursos naturales, renovables y no renovables, son
patrimonio de la nación. El estado es soberano en su aprovechamiento.
Artículo 68°. - el estado está obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
Artículo 69°. - el estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía
con una legislación adecuada.
Mas adelante también mediante el Decreto Supremo N° 012-2017 el Estado
garantizo la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional,
haciendo a esta de manera pública, integral y permanente, la cual se desarrolla en
los ámbitos interno y externo, ajustado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
denominado Plan Bicentenario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-
208
PCM, el cual incorporó como una de las prioridades del Eje Estratégico 3: Estado
y Gobernabilidad, la “Operatividad y Eficacia del Sistema de Seguridad y Defensa
Nacional” y determinó como uno de sus lineamientos más resaltantes de política en
materia de Seguridad y Defensa Nacional, la optimización y el ejecución eficaz del
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, para defender los intereses permanentes
del Perú.
Sus lineamientos también ejemplifican lo siguiente El deseo de promover
desarrollo de proyectos de energía renovable y limpia, a través de la exploración
y explotación de fuentes alternativas de energía que aseguren el abastecimiento
energético. También motivar al desarrollo de la infraestructura pública de utilidad
estratégica, que contribuya a garantizar la Seguridad Nacional, con prioridad en el
acceso universal al agua potable y al saneamiento. Asegurar la protección y la
conservación del ambiente, la explotación sostenible de los recursos naturales, el
desarrollo y la ocupación ordenada del territorio nacional, en especial de la
Amazonía, con respeto a los usos asignados, los ecosistemas, la diversidad y la
identidad cultural de las comunidades.
A raíz del análisis de los diversos textos y ordenes acatadas y teniendo en
cuenta la legalidad existente se resolvió la decisión de iniciar una serie de operativos
los cuales ayudaran al desarrollo de la investigación a partir de esta misma fase con
un resultado de incautación de lo siguiente reflejado esta tabla:
MOTORES 247
CABALLETE 23
CAMPAMENTOS 73
BALSA DRAGA 27
BALSA 76
DRAGAS 64
TOLVAS 174
209
ALFOMBRAS 3058
TUBOS PVC (M) 7990
MANGUERAS (M) 278
VEHICULOS
MENORES (MOTOS
Y TRICARGAS)
76
VEHICULOS
MAYORES 01
EMBARCACIONES
FLUVIALES 03
Dentro de la Fase numero dos denominada fase de consolidación, se
realizaron una serie de operativos e intervenciones las cuales duraron un
aproximado de ciento ochenta días los cuales permitieron el avance de las
operaciones estratégicas de control en cuanto a la minería ilegal y delitos conexos
se refería, este despliegue de operativos que se dio en la región formo parte de el
plan de muestra de la presencia en el área de las FF.AA. para esto se establecieron
puestos de control y vigilancia y mancomunadamente se llevó a cabo la
identificación de diversos campamentos ilegales destinados a la explotación de
materiales de manera ilegal.
En dichos procesos se incautaron
MOTORES 1202
CABALLETE 209
CAMPAMENTOS 195
BALSA DRAGA 73
BALSA 517
210
DRAGAS 44
TOLVAS 783
ALFOMBRAS 18000
TUBOS PVC (M) 40870
MANGUERAS (M) 18327
VEHICULOS
MENORES (MOTOS
Y TRICARGAS)
173
VEHICULOS
MAYORES 54
EMBARCACIONES
FLUVIALES 08
La tercera fase comprendida de 472 días y comprende de dos partes
abarcando desde el primero de septiembre hasta el veinte de diciembre de ese año
2019 y nuevamente inicio el veinte de enero del 2020 hasta el día 14 del mes de
Junio, esta fase denominada fase de consolidación y sostenibilidad constituyo en la
interdicción , consolidación prosecución y control a los operativos antes
mencionados para erradicar la minería ilegal y su cadena logística, fortaleciendo la
presencia del estado en “La Pampa”, Zona de Amortiguamiento de la Reserva
Nacional de Tambopata. Dejando a su paso la incautación de:
2019
MOTORES 252
CABALLETE 42
CAMPAMENTOS 58
BALSA DRAGA 12
BALSA 218
DRAGAS 20
TOLVAS 203
211
ALFOMBRAS 2834
TUBOS PVC (M) 6061
MANGUERAS (M) 4908
ARMAMENTO 06 RETROCARGAS Y
02 PISTOLAS
VEHICULOS MENORES
(MOTOS
Y TRICARGAS)
62
VEHICULOS
MAYORES 38
EMBARCACIONES
FLUVIALES 04
Asi mismo en el 2020 dejo un balance de incautación de:
2020
MOTORES 179
CABALLETE 112
CAMPAMENTOS 71
BALSA DRAGA 32
BALSA 200
DRAGAS 12
TOLVAS 195
ALFOMBRAS 3318.5 Mts
TRACAS 132
TUBOS PVC (M) 4701 Mts
MANGUERAS (M) 674 Mts
VEHICULOS MENORES
(MOTOS Y TRICARGAS) 45
VEHICULOS MAYORES
(RETROEXCAVADORAS,
VVHH)
09
PETROLEO 4984.5 GLNS
MERCURIO (KG) 200
ORO (GR.) 30.5
ARMAMENTO 02 (ESCOPETA)
212
Subsecuentemente debido a la presencia de operativos permanentes en la zona
y debido también a las diversas actividades como el registro de motos , inscripc ión
de padrón de mineros en concesiones especiales, registro de credenciales ,
identificación adecuada en las rutas de ingreso , reconocimiento de potenciales
campamentos ilegales ,incautación de material para la explotación ilícita de
material primo , desmantelado de campamentos operativos y dragas entre muchas
otras cosas , se pudo observar que la deforestación así como otros delitos conexos
a la explotación ilícita de la región decreció en un grado considerable debido a la
presencia conjunta de las fuerzas armadas lo cual motivo a nuestro equipo a
mantener un accionar significativo y proseguir con la ardua lucha en contra de este
tipo de flagelos a los derechos nacionales así como a las normativas de nuestro país.
Es preciso acotar que la prosecución de estos accionares ajustados a derecho, son
importantes para la región debido a sus condiciones y que todos los seres humanos
somos coparticipes de ese proceso.
Esto se debe a que de no tomar acciones al respecto de la seguridad y
salvaguarda de nuestros recursos estos flagelos vendrán en acrecentamiento lo cual
generara inconvenientes aún mayores en nuestros recursos y patrimonio nacional.
6.9 Conclusiones
En suma, la integración de ambos sistemas, el Sivan Sipan y la metodología
ROAM, podrían contribuir en hacer transitar al Estado desde una postura reactiva
a una proactiva, gracias al acceso de mayor y mejor información territorial con la
que aplicando las fases de ROAM aquí descritas podría combinarse información de
primera mano con relación a los habitantes e interesados en referencia a la
conservación ambiental en donde los militares tendrían un papel protagónico en el
diseño de las políticas y programas ambientales. Es decir, incorporar el elemento
ambiental dentro de los nuevos roles de la Fuerzas Armadas, como una manera de
ejercer soberanía sobre los recursos naturales del Perú y contribución de la defensa
nacional.
La integración de la Metodología ROAM en el Sistema de vigilancia y
Protección Amazónico Nacional SIVAN-SIPAN contribuirán a que el Estado
213
peruano pase de una postura reactiva a una proactiva, gracias al acceso de mayor y
mejor información territorial.
La VI Brig FFEE acantonada en Madre de Dios, se encuentra en la región
cumpliendo un Plan de Operaciones formulado el año 2019 y planteada por el
Ministro de Defensa de ese año.
La VI Brig FFEE, no cuenta con los medios necesarios para realizar un
programa de larga data en este escenario, siendo necesario Drones, vehículos para
empleo en la selva tanto terrestres como fluviales, así como instalaciones
apropiadas para albergar al conjunto de instituciones estatales para poder realizar el
trabajo conjunto.
Debemos internalizar en la mente de los pobladores de las regiones afectadas
que las amenazas ambientales que sufre nuestro país son de largo plazo y que
debemos controlar a tiempo antes de que ocasione daños irreparables a nuestra
Amazonía lo cual afectará al cambio climático y con ello causaría graves problemas
a nuestro eco-sistema.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) proporciona información sobre
las amenazas nacionales, en la cual se considera a la minería ilegal, tráfico de
productos maderables forestales, tráfico de residuos peligrosos, pesca, depredación
de la flora y fauna y otros previstos en el código penal…pero las instituciones
responsables de la vigilancia y protección de la Amazonía no toman las medidas
necesarias a fin de minimizar los efectos a largo o mediano plazo de dichos ilícitos.
En los nuevos roles de la Fuerza Armada no está considerado el cuidado del
Ambiente, por lo que no le permite realizar un adecuado planeamiento.
6.10. Recomendaciones
Elaborar una Política Pública referente a la Seguridad en la cual esté
enmarcada la Defensa del Medio Ambiente con la participación de la PCM, a fin
de brindar cobertura con los diferentes Ministerios y organismos estatales que
coadyuven en minimizar los efectos de los diferentes delitos ambientales, apoyados
mediante la integración de la Metodología ROAM en el Sistema de vigilancia y
214
Protección Amazónico y Nacional SIVAN-SIPAN a fin de enlazar con los medios
que contribuirán al logro de estos objetivos.
Cambiarle de denominación a la VI Brig FFEE o crear una similar que se
encuentre acorde a la misión establecida y le permita brindar realizar un
planeamiento conjunto con las instituciones estatales, ONG`s y privados
enmarcados en una política pública dejando el planeamiento militar como un parte
de un gran planeamiento.
Brindar a la Brigada militar de nuevas capacidades operacionales para el
mejor cumplimiento de su misión.
Concientizar a la población existente en el cuidado y protección de nuestros
recursos naturales desarrollando diversos programas de educación para la
protección del ambiente.
Que las instituciones responsables realicen las acciones necesarias para
vigilar y proteger la Amazonía así como implementar nuevas estrategias con los
diversas instituciones (universidades, gobiernos locales regionales, Ministerio de
Educación) a fin de crear una cultura sobre la consecuencia de las amenazas
nacionales producidas por la depredación de nuestros recursos naturales.
Incrementar dentro de los nuevos roles de la Fuerza Armada el cuidado y
preservación de nuestros recursos naturales como protección a la integridad de
nuestro territorio nacional.
215
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223
Anexos
Anexo 1: Matriz de consistencia
Título: La visión holística de la participación de las Fuerzas Armadas en la defensa
de los recursos naturales en la Reserva Nacional Tambopata
Preguntas de
investigación Objetivos
Justificación e
Hipotesis Observables Metodología
General
¿Cómo se
diseñaría una
propuesta basada
en la visión holística de la
participación las
FF.AA. en la
defensa de los
recursos naturales en la Reserva
Nacional Tambopata?
Específicas
¿Cuál sería la vía
más idónea para
lograr que instituciones de la
Fuerzas Armadas
contribuyan en la
defensa de los recursos naturales
en sectores
determinados del
país?
¿De qué manera se
puede ejercer
control con la
deforestación
indiscriminada y la contaminación
ambiental causada
por la minería
ilegal?
¿De qué manera
lograr una vía más
expedita para
gestionar de forma
sostenible los bienes naturales
como el agua, los
bosques, los
recursos agro-
ganaderos, pesqueros de la
zona?
General
Diseñar una
propuesta basada
en la visión
holística de la participación de
las Fuerzas
Armadas en la
defensa de los
recursos naturales en la Reserva
Nacional
Tambopata.
Específicos
Lograr que
instituciones de la
Fuerzas Armadas
contribuyan en la defensa de los
recursos naturales
en sectores
determinados del
país.
Ejercer control
con la
deforestación indiscriminada y
la contaminación
ambiental
causada por la
minería ilegal.
Lograr gestionar
de forma
sostenible los
bienes naturales como el agua, los
bosques, los
recursos agro-
ganaderos,
pesqueros de la zona.
Se justifica el
presente estudio,
toda vez que es
necesario fortalecer
los programas en defensa de nuestros
recursos naturales
los cuales están
siendo devastados
por acción de actividades ilegales
que se realizan en la
reserva natural de
Tambopata
Realizar una visión
holística de los
problemas es un
aporte al
pensamiento estratégico que rige
las acciones de
defensa del
ambiente de las
FF.AA.
Esta visión
holística permite
una aproximación
completa del problema.
Se podrá
generar y fortalecer
el desarrollo de responsabilidades
en las FF.AA. para
contrarrestar los
efectos causados
por actividades ilegales
Se beneficiaría
a la conservación
de los recursos
naturales alineados con el ODS 15 de la
Agenda 2030 de la
ONU (2016).
1-Participación de
las Fuerzas Armadas
Dimensiones
Social
Cultural
4.Educativa
2- Defensa de los
recursos naturales
en la Reserva
Nacional Tambopata
Dimensiones
Acciones de protección del ambiente
Acciones de defensa de territorio
Acciones de conservación
Enfoque:
Cualitativo
Tipo: Triangulada
Método:
Etnográfico
Método inductivo
Escenario:
CAEN
Objeto de estudio: participación de
las FF.AA. en la
defensa de los
recursos de la
Reserva Nacional Tambopata.
Fuentes de
información:
Leyes / Informantes clave
en la zona
Técnicas de acopio de
información:
Observación y
análisis documental.
Instrumentos de
acopio de
información:
Guía de entrevista
Ficha de análisis
Fuente: elaboración propia
224
Anexo 2: Instrumentos de acopio de información
Anexo 2.1 Guía de entrevista
Estudio: _________________________________________ Investigador: _______________________________________
Estimado oficial de las FF.AA.: Dentro de un proyecto de investigación que tiene como propósito el estudio de la
participación holística de las FF.AA. en la defensa de los recursos naturales de la Reserva Nacional Tambopata, su opinión es de mucho valor. En este sentido, se agradece su colaboración anónima al emitir su opinión a partir de las preguntas
orientadoras:
1 ¿Cómo puede mejorar la participación de las FF.AA. en la protección y defensa de los recursos naturales de la Reserva Nacional Tambopata, desde lo social?
2 ¿En qué sentido mejoraría la participación de las FF.AA. en la protección y
defensa de los recursos naturales de la Reserva Nacional Tambopata, desde lo educativo?
3 ¿En qué sentido mejoraría la participación de las FF.AA. en la protección y
defensa de los recursos naturales de la Reserva Nacional Tambopata, desde lo cultural?
4. ¿Qué propondría usted para que haya una participación holística de las FF.AA.
en la protección y defensa de los recursos naturales de la Reserva Nacional Tambopata?
Gracias por su participación
225
Anexo 2.2 Ficha para análisis documental
Estudio: __________________________________________________________ Investigador: ______________________________________________________
Modelo inicial de Ficha para el análisis documental
OBSERVABLE CATEGORÍAS
DE ANÁLISIS
DOCUMENTO FUENTE
DE
FE
NS
A D
E R
EC
UR
SO
S N
AT
UR
AL
ES
PO
LIT
ICO
Y S
OC
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ACUERDO NACIONAL, POLÍTICA
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Fuente: elaboración propia.
233
Anexo 3: Autorización de acceso de campo
234
Anexo 4: Autorización para el levantamiento de información
235
Anexo 5. Mapa de la Reserva Nacional Tambopata
236
Anexo 6. Resumen de la fase de preparación y planificación
Parámetros claves Algunos elementos a considerar
Definir la problemática y los objetivos de
RPF en el área de evaluación. • ¿Cuáles son los mayores retos de uso de la tierra?
• ¿Cómo puede abordar la RPF estos retos?
• ¿Cómo puede contribuir la RPF a las políticas nacionales sobre, por ejemplo,
el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la gestión de recursos naturales y
la conservación?
Involucrarse con asociados clave. • ¿Qué institución o instituciones serían las más adecuadas para orientar la
evaluación?
• ¿Qué otras instituciones deberían participar de cerca?
• ¿Qué conocimientos y habilidades son necesarios para el equipo de
evaluación?
• ¿Qué individuos locales pueden integrarse en el equipo?
Definir los productos específicos de la
devaluación. • ¿Cuáles son los resultados deseados de la evaluación?
• ¿Qué puede generar la evaluación de manera realista considerando los
límites de tiempo y recursos?
Definir el alcance geográfico de la
evaluación. • ¿A qué nivel se llevará a cabo la evaluación (nacional o
subnacional)?
• ¿Es viable dados los recursos disponibles?
Estratificar el área de evaluación. • ¿Cuáles son las características distintivas (entre las que son relevantes a la
restauración) de las distintas partes del área a evaluar?
• ¿Cuáles son los factores (físicos, sociales, económicos) detrás de esta heterogeneidad?
• ¿Se puede basar la estratificación en las zonas
agroecológicas del área?
Identificar un listado preliminar de las intervenciones potenciales de RPF.
• ¿Qué tipo de intervenciones de restauración conocemos o son factibles en
el área?
• ¿Qué otros tipos de restauración son posibles?
Identificar los criterios e indicadores importantes para esta evaluación.
• ¿Qué factores ecológicos y socioeconómicos pertinentes a la
restauración son interesantes?
• ¿Qué datos espaciales están disponibles sobre estos factores?
• ¿Hay otros datos disponibles que podemos usar como indicadores
sustitutos?
Identificar un listado preliminar de los datos requeridos para conducir la evaluación y hacer
un inventario de todos los datos disponibles pertinentes al ejercicio.
• ¿Dados los criterios e indicadores que se han identificado, ¿qué datos se
necesitan para evaluar el potencial de RPF y asignar prioridades entre las áreas a restaurar (si esto es uno de los productos deseados)?
• ¿Qué datos están disponibles y dónde?
• ¿Qué calidad y alcance tienen? ¿El alcance es acorde al de la evaluación?
• ¿Qué brechas importantes de datos existen?
Identificar la capacidad del equipo de
evaluación y los recursos humanos potenciales fuera del equipo.
• ¿Quién tiene conocimientos sobre los temas o las áreas degradadas, que podrían ayudar al equipo de evaluación?
Identificar a qué partes interesadas se necesita
involucrar, cómo
• ¿Quién tiene intereses en la restauración?
• ¿Cuándo y cómo involucrarlo?
• ¿A quién o quiénes queremos mantener informado(s) acerca del
avance y los hallazgos de la evaluación?
• ¿Cuál es la mejor manera de mantenerlo(s) informado(s)
(reuniones individuales, en un taller, por correo electrónico, por
escrito, etc.)?
Taller introductorio. - • ¿Qué queremos obtener de este taller?
• ¿A quién se debería invitar para lograrlo?
Fuente: UICN (2014).
237
Anexo 7: Cronograma
ACTIVIDADES 2020
FEB MAR MAR - AGO SEPT - DIC ENE -JUN NOV
1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Identificación del Problema X X
Revisión de la literatura X X X X X X X X
Elaboración de la sección
introducción: Situación
problemática, marco teórico
referencial y antecedentes
X X X X X X X
Elaboración de la sección
introducción: Importancia y
justificación de la investigación
X X X X X X X
Elaboración de la sección
introducción: Objetivos de la de la
investigación
X X X X X X X
Elaboración de la sección material y
métodos: Enfoque y diseño de
investigación
X X X X X X X X
Elaboración de la sección material y
métodos: Población, muestra X X X X X X X
Elaboración de la sección material y
métodos: Técnicas e instrumentos
de recolección de datos
X X X X X X
Elaboración de la sección material y
métodos: Aspectos éticos X X X X X
Elaboración de la sección material y
métodos: Métodos de análisis de
información
X X X X
Elaboración de aspectos
administrativos del estudio X X X
Elaboración de los anexos X X X
Aprobación del proyecto X X
Trabajo de campo X X X X X X
Redacción del informe final:
Versión 1 X X X X X X X
Sustentación de informe final X X X
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