analisis comparativo de las leyes estatales de acceso a la información y transparencia con...
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Análisis realizado por CIMTRATRANSCRIPT
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“Análisis Comparativo de las Leyes Estatales de Acceso a la Información y Transparencia con
relación al Artículo Sexto Constitucional Mexicano”.
Elaborado por:
Colectivo CIMTRA Ciudadanos por Municipios Transparentes
www.cimtra.org.mx
Julio 2010
Reporte elaborado dentro del marco del Programa de Consolidación del Colectivo CIMTRA - Segunda Etapa, auspiciado por el Instituto de Sociedades Abiertas (OSI, por sus siglas en inglés).
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Sobre el Colectivo CIMTRA El Colectivo CIMTRA es un grupo de organizaciones civiles de diversas regiones de la República Mexicana en alianza voluntaria desde 2002. Su objetivo es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos locales para mejorar el marco normativo en la materia así como aportar a la consolidación de una cultura cívica de acceso a la información pública. Todo ello mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento. Para más información visite www.cimtra.org.mx CIMTRA, 2010 © Créditos: Coordinador y Elaboración: Jaime Netzáhuatl Colaboradores: Ricardo Jiménez, Ignacio González, José Bautista y Jaime Villasana Dávila Finanzas: Braulio Olvera Diseño Editorial: Erika Patricia Ledezma Barragán
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I. Introducción 4 II. Metodología 7 Fracción I 8 Cuadro 1 9 Cuadro 2 11 Cuadro 3 13 Fracción II 14 Cuadro 4 15 Fracción III 15 Cuadro 5 16 Fracción IV 17 Cuadro 6 18 Cuadro 7 19 Cuadro 8 21 Fracción V 21 Cuadro 9 22 Cuadro 10 23 Fracción VI 24 Cuadro 11 25 Fracción VII 25 Cuadro 12 26 Cuadro 13 27 Cuadro 14 28 III. Conclusiones 29 Cuadro 15 35
Índice
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¿Por qué el colectivo CIMTRA decidió realizar este estudio de carácter jurídico?
¿Qué lo motivó para ver en la elaboración de este análisis un aspecto clave en su
quehacer con los grupos de ciudadanos y organizaciones con los que trabaja?
En el mes de junio de 2007 se publicó el Decreto Legislativo, mediante el cual se
adicionó un segundo párrafo con siete fracciones al artículo sexto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Transitorio segundo
de ese Decreto se estableció que: “La Federación, los Estados y el Distrito Federal,
en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia
de acceso a la información pública y transparencia, o en su caso, realizar la
modificaciones necesarias, a más tardar un año después de entrada en vigor de
este Decreto”.
Es importante anotar que en el decreto aludido se consideró -dentro de los
argumentos que sustentaron la reforma- que la heterogeneidad que presentaban
las leyes de transparencia de las entidades federativas era indeseable, y que
“Justo por tratarse de un derecho fundamental, el acceso a la información no debe tener
modalidades distintas en función de la situación geográfica, del partido que gobierne, de
la entidad federativa o del humor del gobernante en turno1”. Como veremos más adelante,
esta “heterogeneidad indeseable” no ha logrado superarse del todo.
Por lo anterior, dentro de los múltiples objetivos del decreto citado, nos interesa
resaltar para este estudio tres:
1. “Establecer criterios mínimos (principios y bases), obligatorios y generalizables a
todas las leyes de transparencia que se emitan en el territorio mexicano.
Establecer el criterio esencial de publicidad de la información y aplicarlo a
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es
1 Ver Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, de la LX Legislatura del Senado de la República, respecto a la minuta proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo con VII fracciones al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 19 de abril de 2007, (pp. 6 y 7)
I. Introducción
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decir, que la publicidad de la información sea practicada por todo el Estado
nacional mexicano.
2. Obligar a las autoridades garantes del acceso a la información a resolver las
controversias más difíciles privilegiando la publicidad. En otras palabras, las
autoridades del acceso a la información deben conducirse con objetividad y en
caso de duda, inclinarse a favor de la publicidad”2….(subrayado nuestro).
A casi tres años de la publicación del citado Decreto y vencido el plazo para
publicar o adecuar las leyes de las entidades federativas (en junio de 2008), el
Consorcio CIMTRA decidió elaborar este análisis con la finalidad de identificar la
“alineación” existente entre las leyes locales de todas las entidades federativas y
el segundo párrafo del artículo sexto de la carta magna mexicana.
El análisis de dicha alineación tiene una relevancia (por los principios incorporados
en el citado artículo sexto constitucional –que se presentan más adelante- que
pretenden establecer un piso mínimo para las entidades federativas, entre los que
destacan el principio de máxima publicidad, que constituye uno de los ejes
centrales del trabajo y razón de ser del programa de CIMTRA).
Para quienes conformamos CIMTRA, es importante observar, medir e incidir en el
comportamiento de las autoridades y funcionarios municipales para que de
manera proactiva pongan al alcance de cualquier persona, y de manera clara, toda
la información pública que está en su posesión, en un acto contribuya a la
transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos en México.
Por supuesto, el marco general de la transparencia y rendición de cuentas sigue
en construcción, estamos lejos aún de su conclusión pues en años recientes
algunas modificaciones en la escala estatal han representado un claro retroceso
en el tema. Esto significa que las leyes antes de la reforma al 6to. Constitucional
ya era limitadas en sus alcances y tras la reforma (sin hacerla retomando su
esencia) sus alcances quedaron más reducidos o confusos. 2 Ver Dictamen citado, p. 4.
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En este sentido, también hay que ahondar mucho más en la reglamentación
municipal y en un rediseño institucional para que la transparencia sea un aspecto
que no se acote (ni reduzca) a la instalación de módulos desconectados de la
lógica de un gobierno responsable.
Bajo este contexto es importante dotar de argumentos y herramientas a los
ciudadanos que buscan que sus autoridades rindan cuentas. La sociedad civil
organizada debe reforzar con diversas herramientas el ejercicio de su derecho al
acceso a la información pública. Una forma de hacerlo es analizando los
acontecimientos y denunciando públicamente las reformas que las autoridades y
gobernantes han hecho o buscan realizar para limitar este derecho. Otra es
demandar que las reformas al marco legal se realicen con apego al espíritu de la
máxima publicidad. El presente estudio apunta hacia estos cometidos.
Se pretende apoyar a los grupos ciudadanos con los que trabajamos para
identificar aquellos aspectos que se tienen que adecuar a los nuevos tiempos del
Estado de Derecho Democrático las leyes locales en materia de transparencia. De
este modo hacemos frente a un círculo vicioso que debe romperse: limitados o
imprecisos marcos legales impiden el desarrollo del derecho ciudadano a la
información, pero el no ejercicio de este derecho imposibilita mejorar los marcos
regulatorios. En ambas líneas y de forma paralela trabaja CIMTRA; en alianza con
otros actores, en la escala local, siempre vislumbrando en su reflexión la escala
estatal y federal.
Sirva pues este trabajo para todos aquellos interesados en la materia, a las
organizaciones civiles que trabajan a favor de este derecho, a los académicos y
organizaciones empresariales que se ocupan del tema. Y sobre todo a los
ciudadanos que ven en el requerimiento de contar con mejores gobiernos una
necesidad de la vida nacional.
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Para realizar el presente análisis se examinaron las 32 leyes de transparencia y
acceso a la información de las entidades federativas del país, identificando en
ellas los Artículos, Consideraciones y otros apartados en los que estuvieran
contenidas los elementos contemplados en cada una de las siete fracciones que
constituyen las reformas del segundo párrafo del 6° constitucional, de las siguiente
manera:
Fracción I “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”. Fracción II “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes” FRACCIÓN III Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos FRACCIÓN IV “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y decisión” FRACCIÓN V “Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos” FRACCIÓN VI “Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales” FRACCIÓN VII “La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes”
II. Metodología
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Para focalizar aún más el examen de los elementos de cada fracción, se observó
no sólo si éstos están incorporados en las leyes locales, sino además si están
expresados de manera explícita o no y si existen o no algunos aspectos
sustantivos que fortalezcan su certeza jurídica, por citar un ejemplo, si la
protección de datos personales y de vida privada está garantizada no sólo por las
leyes locales de transparencia y acceso a la información sino además por otros
instrumentos jurídicos: códigos, otras leyes específicas o principios internacionales
referentes y a los que se ha comprometido el estado mexicano.
Para facilitar el análisis de los elementos existentes y la manera en que están
expresados, se construyó una matriz en la que se fue incorporando la información
recabada. Cabe señalar que el presente estudio se efectuó de febrero a junio de
2010.
Fracción I
1) Información Pública en posesión de los Sujetos Obligados. Todas las
leyes de las entidades federativas, excepto Tlaxcala, establecen que la
información en posesión de los Sujetos Obligados es pública, sin embargo,
sólo algunos estados presentan mayor certeza jurídica al expresar que la
información pública es aquella contenida en documentos de diversa índole
o material, ya sea producto del propio ejercicio público del funcionario o sea
adquirido; en este sentido entonces, podemos hablar de leyes alineadas
pero que dejan margen de interpretación sobre lo que es un documento y
aquellas que dan mayor certeza jurídica sobre lo que es la información
pública, tanto a las personas que solicitan información como a los Sujetos
Obligados.
En el caso de la ley de transparencia de Tlaxcala, el concepto posesión
aparece cuando se especifica qué es un Documento y cuando habla de la
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protección de los datos personales, pero cuando señala qué es información
pública utiliza otro término: “Todo registro, archivo o cualquier dato que se
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de la entidades
públicas a que se refiere esta ley”.
Cuadro 1 Uso explícito del término información pública en posesión de Sujetos Obligados
Término utilizado
Número de
entidades Entidades
Posesión 31 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Colima, D.F., Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
En poder 1 Tlaxcala Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país Por otro lado, en algunas leyes la definición de quiénes son los sujetos
obligados, es poco clara, esta situación podría llevar a interpretaciones que
limiten el ejercicio del derecho a saber; ejemplo de esto es la ley de Colima,
basta comparar lo asentado en sus artículos 3°, 6° y 9°; el primero de ellos
establece que “… La información creada, administrada o en posesión de los
órganos previstos en esta ley, se considera un bien público accesible a
cualesquier persona…”; el segundo de ellos establece que “Toda
información en poder de cualquier autoridad pública, órgano y organismo
estatal y municipal, es pública…”, mientras que el artículo 9° se fija como
Derecho de acceso a la información pública “La prerrogativa que tiene toda
persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de
las entidades públicas…”. (El subrayado es nuestro)
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Entre las leyes que establecen una mayor certeza jurídica con respecto a
qué es información pública, se encuentran las de Coahuila, Colima, Distrito
Federal, Durango, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco,
porque señalan que la información pública es aquella contenida en
documentos que estén en cualquier medio ya sea escrito, impreso, sonoro,
visual, electrónico, informático u holográfico, incluso en soportes químicos o
biológicos (caso de Sonora y Tabasco), que los Sujetos Obligados generen,
obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título.
2) Información pública reservada. Todas las leyes establecen la existencia
de información reservada, fijan criterios -que se pueden prestar a
interpretación- para determinar qué tipo de información tiene ese carácter e
instituyen el periodo de tiempo en que tal información debe mantenerse con
ese carácter. En algunas leyes el periodo de reserva es hasta por 5 años
mientras que para otros es hasta por 12 años, pudiendo ampliarse, si así lo
deciden los órganos garantes, por un periodo igual. Esta situación abre la
posibilidad de que determinada información pública pudiera permanecer en
algunas entidades como reservada hasta por 24 años, lo cual aplazaría la
rendición de cuentas de los gobernantes sobre ciertos temas. La disparidad
existente entre los periodos de reserva así como la falta de criterios claros
para definir la magnitud de los años de reserva, son elementos que
debilitan el derecho a saber.
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Cuadro 2 Tiempo de reserva de información pública
Periodo de reserva
hasta por (años)
Número de entidades Entidades
5 1 Baja California 6 4 Chiapas, Chihuahua, Michoacán y
Veracruz 7 4 DF, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco
8 2 Coahuila y Sinaloa 9 1 Estado de México
10 7 Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sonora
12 10 Baja California Sur, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas
4 y 7 2 Morelos y San Luis Potosí 7 y 12 1 Puebla
Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país
Cabe señalar que en el caso de las leyes de Morelos y San Luis Potosí el
periodo de reserva es de 4 años para autoridades municipales y Poder
Legislativo, mientras que es 7 años para el resto de los Sujetos Obligados.
Como indicamos más arriba, todas las leyes establecen que los periodos de
reserva pueden ser ampliados si las condiciones que dieron objeto a tal
prescripción aún existen, aunque también señalan que de no existir ya esas
condiciones la información pierde el carácter de reservado incluso si no ha
concluido el tiempo establecido para su reserva.
Un caso que merece atención es el referente al estado de Puebla, la ley
estatal refiere que la reserva no puede ser mayor a 12 años, sin embargo,
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se establece que será asequible al público después del término de 7 años
aunque, si así se valora: “Este termino podrá ser ampliado hasta por otro
periodo igual si subsiste la causa de reserva”, lo cual parece contradecir
que la información no puede ser reservada por más de 12 años.
¿A qué se debe esta heterogeneidad en los plazos de reserva?, ¿Cuál es el
criterio para establecer la temporalidad de la información reservada?, ¿Por
qué la mayoría de los congresos establecen un plazo mayor al periodo de
duración de una administración pública estatal? Son preguntas que tal vez
no encuentren respuesta, pero que los ciudadanos debemos plantear a
nuestros representantes.
3) Criterio de máxima publicidad. El principio de máxima publicidad aparece
en casi todas las leyes estatales, pero sólo en once de ellas se encuentran
elementos que dan mayor certeza jurídica para la aplicación de este
principio. En las leyes de los estados de Guerrero (artículo 5) Quintana Roo
(artículos 4 y 6), Sonora (artículos 4 y 5) y Tabasco (artículos 2, 4 y 6) se
establece la publicidad de la información pública, sin embargo, no aparece
de manera textual el concepto de “máxima publicidad”. En el resto de las
leyes de las entidades federativas sí aparece de manera textual el término
“máxima publicidad”, aunque en el caso de Querétaro aparece en la
sección de Considerando. Si partimos de la idea de que los articulados son
los elementos que dan certeza jurídica a las leyes y reglamentos, entonces
la ley queretana adolece de tal calidad. En el caso de Jalisco el término
utilizado es “máxima revelación”; este término sin embargo, significa: dar a
conocer lo que estaba secreto, oculto o desconocido; divulgar; mostrar,
poner de manifiesto; hacer visible, etc. –Diccionario de Lengua Española
Larousse- por lo que puede utilizarse como sinónimo.
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Cuadro 3 Inclusión del Principio de Máxima publicidad
Término empleado
Número de
entidades Entidades
Máxima publicidad 26
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Campeche, Coahuila, Colima, DF, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz ,Yucatán y Zacatecas.
Máxima publicidad sólo en la sección de
Considerado
1
Querétaro
Publicidad 4 Guerrero, Quintana Roo, Sonora y Tabasco Máxima
revelación 1 Jalisco
* Sólo aparece en la sección de Considerando Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país Es importante señalar que en el caso de la ley de Guerrero se establece en
el artículo 5 que el mal uso que el solicitante haga de la información pública
es su responsabilidad por lo que podrá ser sancionado conforme a las leyes
competentes, no obstante, no se instituye bajo qué criterios se considera
que la información pública sea mal utilizada por lo que esta disposición
podría dar pié a una acción discrecional por parte de los Sujetos Obligados.
Hay leyes que le dan mayor certeza jurídica al principio de máxima
publicidad ya que disponen que en la interpretación de la ley se deberá
atender no sólo lo señalado en la constitución mexicana, sino además otros
instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Convención Interamericana de los Derechos
Humanos, y que en caso de duda deberá privilegiarse la interpretación que
proteja con mayor eficacia el derecho a la información pública, que tal
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principio se aplica para toda la información generada, recabada, obtenida,
adquirida, transformada y/o administrada por los Sujetos Obligados en el
ejercicio de sus actividades, funciones, atribuciones o facultades y que se
encuentre bajo su conservación, custodia, resguardo, posesión o control.
Entre las leyes que incorporan estas consideraciones se encuentran las
correspondientes a los estados de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila,
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala
y Yucatán.
Fracción II 4) Protección a los datos personales y de vida privada.
Todas las leyes examinadas establecen el derecho a la protección de los
datos personales y define que los Sujetos Obligados deben establecer
mecanismos para proteger tal información. Las leyes de Baja California Sur,
Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa se destacan por
establecer criterios de protección sobre información sensible que podría
afectar la vida intima de las personas, por ejemplo, se fija que los Sujetos
Obligados no soliciten ni registren datos que puedan originar discriminación
e intolerancia sobre la persona, honor, reputación y dignidad; en particular,
la información sobre el origen racial, étnico, preferencia sexual, opiniones
políticas, convicciones religiosas y filosóficas, así como la relacionada a su
participación o afiliación a cualquier asociación o agrupación gremial.
Como se observa en el cuadro 4, Colima, D.F., Guanajuato y Oaxaca
cuentan además con ley específica para la protección de los datos
personales.
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Cuadro 4 Marco normativo donde se asienta la protección de datos personales
Marco normativo Número de entidades Entidades
Ley de transparencia y
acceso a la información pública
23
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Campeche, Coahuila, Colima, DF, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz ,Yucatán y Zacatecas.
Ley de transparencia y
acceso a la información pública
y protección de datos personales
3
Coahuila, Morelos y Tlaxcala
Código civil relacionado con
protección de datos personales
2
Jalisco y Querétaro
Leyes de protección de datos 4 Colima, D.F., Guanajuato y Oaxaca
Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país
Fracción III
Acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Todas las leyes establecen la gratuidad en el acceso
(examen, consulta) de la información pública, pero establecen que la reproducción
de la misma o los gastos de envío al solicitante tendrá un costo. En algunos casos
se establece que los Sujetos Obligados deberán buscar la manera de reducir los
costos por la información pública que se reproduce para ser entregada a las
personas solicitantes de la misma. Algunas de las leyes explicitan que los
procedimientos para acceder a la información pública son gratuitos. En el caso de
la ley del estado de Querétaro, es la única que establece que la búsqueda de
información será objeto de cobro.
La ley de Aguascalientes incorpora el concepto en el artículo 4 fracción VII, donde
establece que la ley tiene como objetivo: “Vigilar por los principios de
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transparencia, gratuidad, prontitud y celeridad en el acceso a la información”, pero
en ningún otro lugar vuelve a ser expuesto. En cuanto las leyes de Guerrero y
Zacatecas, éstas no establecen explícitamente el concepto de “acceso gratuito” a
la información pública ni a los datos personales o a la rectificación de los mismos,
pero sí establecen costos por acceder a esa información.
Cuadro 5 Incorporación del principio de Acceso gratuito a la información pública
El marco normativo la
establece explícitamente
Número de entidades Entidades
Sí 29
Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Campeche, Coahuila, Colima, DF, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
No 3 Aguascalientes, Guerrero y Zacatecas Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país
Acceso a la información sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. Las 32 leyes examinadas establecen que los solicitantes podrán
acceder a la información pública sin necesidad de acreditar derechos subjetivos,
interés legítimo o las razones que motiven el pedimento, salvo en el caso de los
datos personales en posesión de los Sujetos Obligados protegidos por la ley.
Por otro lado, cabe destacar que sólo algunas leyes fijan, en el procedimiento para
acceder a la información pública, que las personas solicitantes podrán hacer el
trámite sin aportar datos personales de manera tal que incentive el ejercicio de
este derecho. Esto se observa en las leyes de Aguascalientes (Artículo 33,
fracción I: “Podrá el solicitante requerir la información en calidad de anónimo,
solicitud que deberá tramitarse de conformidad al presente capítulo …”); Baja
California, Chiapas, Chihuahua, D.F. , Sonora (artículo 38, fracción II: “Nombre
completo del solicitante según éste lo haya proporcionado y sin realizar ninguna
17
pesquisa o investigación sobre dicho particular”), y Tamaulipas (artículo 43,
número 1: “b) Datos generales del solicitante, si el mismo desea proporcionarlos”).
Por el contrario, la mayor parte de las leyes norman que los solicitantes deben
proporcionar su nombre y domicilio o un correo electrónico para recibir
notificaciones. Algunas de ellas son más inhibidoras de este derecho, por ejemplo,
la de Querétaro cuyo procedimiento exige al solicitante presentar una
identificación oficial. Caso especial es la ley de Puebla que no dice nada con
respecto al procedimiento que la persona interesada debe llevar a cabo para
acceder a la información pública, lo que puede dar lugar a abusos burocráticos en
contra de los ciudadanos.
Fracción IV Mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. En 17 de las leyes revisadas aparece el término “expedito”, en la
mayor parte de ellas se aplica para el acceso a la información, otras lo aplican
para subsanar el incumplimiento del Sujeto Obligado y sólo en el caso de
Querétaro se aplica para el acceso a la información y para recurso de revisión.
En 15 leyes no aparece el término “expedito”. Cabe señalar que algunas leyes
incluyen la participación de un tercero en los procedimientos de revisión, situación
que bajo los tiempos máximos establecidos por la normatividad pueden llevar a
una resolución, positiva o negativa, en cosa de veinte a treinta días, por ejemplo,
en Baja California Sur y Campeche.
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Cuadro 6 Referencia a Mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos
Aparece el término
Número de entidades Entidades
Sí 17
Aguascalientes, *Baja California, Coahuila, Colima, D.F.; *Durango, Estado de México, Nayarit, *Nuevo León, **Querétaro; Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas
No 15
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán
* Lo establece para subsanar incumplimiento del sujeto obligado; ** Para ambos procedimientos; el resto, incluido Veracruz, sólo lo establecen para el acceso a la información.
Organismos especializados e imparciales. Todas las leyes examinadas
establecen la creación de un órgano garante del derecho al acceso a la
información. En 11 de ellas se instituye que dicho órgano tenga carácter
especializado e imparcial, en 6 sólo se incluye uno de los dos conceptos,
principalmente el de imparcialidad. Por ejemplo, la ley de Aguascalientes acota
que esos atributos deben establecerse para definir las bases técnicas que
sustentan las tareas internas del instituto o para profesionalizar y hacer más
eficientes sus servicios de apoyo mediante la instauración del servicio civil de
carrera. Las leyes de Colima, Guerrero y Quintana Roo, coincide en esto, mientras
que la ley de Nuevo León establece que el objetivo de la ley es el encargado de
conocer y resolver imparcialmente “las controversias que se susciten con motivo
del ejercicio de este derecho”, en el mismo sentido lo establece la ley de Puebla.
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Cuadro 7 Se norma la existencia de órganos especializados e imparciales garantes del Derecho a la información
Establecen órgano garante
especializado e imparcial
Número de entidades Entidades
Ambos conceptos 11
Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, y Yucatán
Sólo uno 6 Baja California Sur, Coahuila, D.F., Sonora, Tabasco y Tamaulipas
Ninguno 15
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas
Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país
Cabe señalar que la ley de Tamaulipas sólo reconoce el carácter especializado del
órgano garante pero no establece explícitamente que deba ser imparcial, mientras
que las leyes de Baja California Sur y D.F., establecen que sus órganos garantes
deberán conducirse con imparcialidad pero no expresa textualmente que sean
órganos especializados.
Por otro lado, el catálogo de definiciones de la ley de Acceso a la información
Pública del estado de Coahuila, menciona que Instituto Coahuilense de Acceso a
la Información Pública es el órgano garante del derecho al acceso a la información
y describe algunas de sus atribuciones así como el tipo de relación que tendrá con
otros Sujetos Obligados, pero es en la Ley del Instituto Coahuilense de acceso a la
Información Pública, (publicada el 4 de noviembre de 2003) en la que sí está
explicitado el principio de imparcialidad aunque no se otorga textualmente la
calidad de órgano especializado, el término utilizado es el de profesionalismo (que
es un concepto diferente al de experto). Asimismo, la normatividad en Jalisco
establece en su artículo 36 que el ITEI “no se encontrará subordinado a ninguna
autoridad para los efectos de sus resoluciones (…)”, lo que podría interpretarse
como autonomía de decisión e imparcialidad (esto se encuentra tanto en la Ley de
Transparencia como en la Constitución del Estado de Jalisco, Art. 9).
20
Son 15 las leyes que no incorporan ninguno de los dos conceptos de:
especializado e imparcial, contemplados en los principios básicos de la reforma al
sexto constitucional, con lo cual se incumple con uno de los aspectos centrales de
los órganos garantes: la autonomía y especialidad en la materia.
Organismos con autonomía de gestión y decisión. De las leyes de
transparencia y acceso a la información pública examinadas sólo en 16 se
establece textualmente que el órgano garante debe tener autonomía de gestión y
decisión, en tanto que son 13 las leyes que caracterizan al órgano garante como
autónomo aunque no dicen explícitamente con autonomía de gestión y decisión.
Las leyes de las entidades de Baja California y Michoacán no incluyen la
autonomía como una de las cualidades de sus respectivos órganos garantes (el
Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, respectivamente); sin embargo, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y el Reglamento Interior
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo, sí definen que el órgano garante tiene autonomía
patrimonial, de operación y de gestión para poder determinar su organización y su
forma de trabajo interna.
21
Cuadro 8 Autonomía de gestión y decisión a órganos garantes del acceso a la información pública
Establecen órgano
garante con Número de entidades Entidades
Autonomía de gestión y decisión
16
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, D.F., Durango, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas;
Autonomía 13
Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán
No lo establece explícitamente
3 Baja California, Coahuila y Michoacán
Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país
Fracción V Preservación de archivos administrados actualizados. Del total de leyes
analizadas en 16 de ellas se establece que los Sujetos Obligados deben actualizar
la información pública pero no indican de manera textual “archivos administrados
actualizados”, en tanto que 14 leyes sí consideran la existencia de sistemas o de
archivos administrativos actualizados, por ejemplo, Nayarit que establece en su
Artículo 26, que “Los sujetos obligados deberán preservar los documentos en
archivos administrativos, organizados y actualizados de conformidad con las
disposiciones
Las leyes de Colima y Tabasco no dicen de manera textual que la información
pública deba estar actualizada ni incluyen el término archivos administrativos.
22
Cuadro 9 Preservación de información pública en archivos administrativos actualizados
Establecen actualización
¿y la preservación?
Número de entidades Entidades
Sí 13
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, D.F., Durango, Michoacán (en el reglamento), Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán
No lo establece explícitamente
o lo refiere sólo a datos personales
19
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora ( no se dice actualizada) Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas y Veracruz
Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país
En el caso de Coahuila es de destacarse que la ley incluye un capítulo exclusivo
sobre archivos administrativos (manejo de archivos y autoridades competentes).
Publicación de indicadores de gestión. En 21 de las leyes examinadas sí se
establece que todos los Sujetos Obligados publiquen sus indicadores de gestión.
En otras leyes la obligación está referida sólo a la publicación de indicadores
relativos a la procuración de justicia (Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Jalisco y Querétaro); a las faltas cometidas al Bando de Policía y Buen
Gobierno (Chihuahua), o a los indicadores de las unidades programáticas
presupuestales del Poder Ejecutivo (Michoacán).
En total son seis las leyes estatales en las que no se contempla la obligación de
publicar indicadores de gestión: Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Sonora y
Tamaulipas.
23
Cuadro 10 Se obliga a la publicación de indicadores de gestión
La ley establece obligación
Número de entidades Entidades
Para todos los Sujetos
Obligados 21
Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, D.F., Durango, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
Sólo para algunos Sujetos
Obligados
6 Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Michoacán Y Querétaro
No lo establece explícitamente 5
Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Sonora y Tamaulipas.
Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país
Publicación del ejercicio de recursos públicos. Todas las leyes de acceso a la
información pública establecen la obligación de publicar el ejercicio de los recursos
públicos; en algunos casos, como Sonora y Tamaulipas, establecen las
obligaciones específicas sobre este tema para algunos de los sujetos. No todas
las leyes utilizan explícitamente el término recurso público ni ejercicio, en su lugar
ocupan presupuesto y avance.
Cabe destacar la ley de Acceso a la información pública de Nuevo León ya que
establece en la fracción XV, que la información relativa a los recursos públicos
deberán ser publicados: “Para al menos los últimos 5 ejercicios fiscales, la relativa
al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes
trimestrales sobre su ejecución y las fórmulas de distribución de los recursos,
federales o estatales, a los municipios”, esta norma es relevante porque permite
comparar históricamente el presupuesto público asignado y ejercido por los
Sujetos Obligados.
24
Fracción VI Sujetos Obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos entregados a sujetos físicos o morales. En doce de las
leyes examinadas sí se establece textualmente recursos públicos entregados a
sujetos o personas físicas o morales; otras leyes (15) fijan que los Sujetos
Obligados deben informar sobre los recursos otorgados indicando destinatarios y
el uso autorizado, cualquiera que sea su destino así como el informe sobre el
ejercicio del mismo, en especial Coahuila lo especifica para el caso de recursos
entregados a los sindicatos.
Las obligaciones al respecto para el caso de las leyes de los estados de Guerrero,
Hidalgo, Estado de México, Tabasco y Tamaulipas, sólo se establecen que los
Sujetos Obligados deben publicar el presupuesto asignado, los informes sobre su
ejecución, (estados financieros), los resultados de auditorías, el padrón de
beneficiarios de programas sociales, la situación financiera de los municipios, los
montos asignados a las dependencias, subsidios y subvenciones y la deuda
pública, lo que significa que no está incluido informar de los recursos entregados a
los sujetos físicos y morales.
Las leyes de Jalisco, Quintana Roo y San Luis Potosí presentan una mayor
certeza jurídica con respecto a este punto, ya que establecen que se deberá dar
cuenta del recurso entregado a cualquier: “persona física o moral, pública o
privada, que recaude, administre, maneje o ejerza recursos públicos, o que tenga
concesionada la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un
servicio público; así como las personas de derecho público y privado, cuando en el
ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados, reciban
subsidio o subvención pública; o manejen fondos integrados por financiamiento,
aportaciones y subvenciones privadas nacionales e internacionales destinadas a
financiar actividades relacionadas con la función pública”.
25
Cuadro 11 Obligación de publicar recursos públicos entregados a sujetos físicos o morales.
La ley establece
Número de entidades Entidades
Explícitamente 12
Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa
Entregados 15
Chihuahua, Coahuila, Colima, D.F., Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
No lo establece explícitamente 5 Guerrero, Hidalgo, Estado de México,
Tabasco y Tamaulipas, Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país
Fracción VII Sanciones a Sujetos Obligados. Todas las leyes establecen que los sujetos
serán sancionados si incumplen con algunas de las disposiciones establecidas;
algunas de ellas tipifican la sanción que se aplicará mientras que otras refieren
que serán sancionadas conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos de la entidad respectiva.
Las leyes de Nuevo León y Tamaulipas parecen ser las que presentan una mayor
certeza jurídica en cuanto al tipo de sanción que se aplicaría a los Sujetos
Obligados que no cumplan con la ley.
Es importante señalar que si bien en la reforma al sexto constitucional no se
menciona nada con relación a la definitividad y el carácter vinculatorio de las
resoluciones de los órganos garantes, es este aspecto el que le daría mayor
fuerza y autoridad a estos órganos.
26
Cuadro 12 Se establecen sanciones a Sujetos Obligados
La ley establece sanciones
Número de entidades Entidades
Sí y las explicita 10
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz
Sí pero remite a otros ordenamientos
17
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, D.F., Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas
Si las explicita pero también las refiere a
otro ordenamiento
5
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán
Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país
Por otro lado, cabe indicar que sólo en cuatro leyes (Coahuila, Durango, Jalisco y
Nuevo León) se establece que las resoluciones de los órganos garantes tendrán
efectos vinculantes para los sujetos obligados.
Fecha última reforma. Salvo las leyes de Baja California, Guerrero e Hidalgo, la
fecha de la última reforma de las leyes de las entidades ocurrieron después de la
última reforma a la ley federal, es decir, después de Junio 2007.
27
Cuadro 13 Fecha de última reforma de las leyes de transparencia y acceso a la información pública Entidad
2005 2006 2007 2008 2009
Aguascalientes 6 de julio Baja California 12 de agosto Baja California Sur 28 de
noviembre
Campeche 15 de julio Chiapas 29 de
octubre
Chihuahua 5 de julio Coahuila 2 de
septiembre
Colima 5 de julio Distrito Federal 28 de marzo Durango 13 de julio Guanajuato 10 de junio Guerrero 14 de octubre Hidalgo 29 de diciembre Jalisco 12 de junio México 24 de julio Michoacán 7 de
noviembre
Morelos 4 de noviembre
Nayarit 25 de marzo Nuevo León 30 de
septiembre Oaxaca 15 de marzo Puebla 18 de julio Querétaro 30 de
diciembre
Quintana Roo 18 de marzo San Luis Potosí 18 octubre Sinaloa 20 de agosto Sonora 14 de agosto Tabasco 26 de diciembre Tlaxcala 17 de
diciembre Tamaulipas 5 de julio Veracruz 27 de junio Yucatán 18 de agosto Zacatecas 30 de agosto
Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país
28
Cuadro 14 Vigencia de leyes, año de última actualización Año última actualización
Número de entidades
Entidades
2009 4 Aguascalientes, Campeche, Nuevo León y Tamaulipas
2008 20
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
2007 5 Baja California Sur, San Lis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas
2006 1 Hidalgo 2005 2 Baja California y Guerrero
Fuente: CIMTRA, elaboración propia con base en las leyes de acceso a la información pública de las 32 entidades del país
29
En una mirada general sobre el grado de cumplimiento e inclusión de los
principios contemplados en la reforma al artículo Sexto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, podríamos anotar que si bien la
mayor parte de las leyes examinadas incorporan las fracciones del segundo
párrafo del sexto constitucional, conceptualmente existe diferencia en la
manera en que éstas se expresan en las leyes de las entidades federativas.
Cuantitativamente los términos más contenidos de manera explícita y un poco
más clara en los marcos normativos examinados son los de:
• Información pública reservada temporalmente; empero, hay una
disparidad importante en el plazo de reserva de la información (que va de 4
hasta 12 años) y en ningún caso se justifica el porqué de ese plazo, por lo
que sería recomendable que cada entidad exponga las razones por las
cuales fija un plazo determinado.
• Protección de datos personales y vida privada; destacan los casos de
Colima, DF, Guanajuato y Oaxaca, ya que cuentan con leyes específicas en
esta materia; algunas leyes no son tan explícitas en cuanto a las
responsabilidades de los Sujetos Obligados en este tema.
• Información pública en posesión; en diez de las 32 leyes revisadas se
emplean los términos en poder o conserven.
• Acceso a la información sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, aunque algunas leyes son explícitas al señalar
que el solicitante no tendrá necesidad de identificarse plenamente para
acceder a la información pública.
III. Conclusiones
30
• Gratuidad, si bien todos la incluyen, destaca el caso de Querétaro que
establece un cobro por la búsqueda de información y que cuatro entidades -
Aguascalientes, Guerrero, Michoacán y Zacatecas- no establecen
explícitamente el acceso gratuito.
• Máxima publicidad, no obstante que en algunos casos falta precisar las
fuentes que contienen la información y que no aparece explícitamente el
término “máxima publicidad”; en tres leyes (Quintana Roo, Sonora y
Tabasco) no aparece el término de manera explícita, aunque sí el de
publicidad.
• Publicación de ejercicio de recursos públicos; aunque no todos utilizan
este término, sino el de presupuesto, por lo que sería recomendable que se
señalara la publicación del presupuesto aprobado y ejercido.
• Recursos públicos entregados a personas físicas o morales, aunque
en cinco leyes no se explicita de esta manera.
En cuanto a los aspectos que están más ausentes, encontramos los siguientes:
• Preservación de archivos administrativos actualizados, todas la
leyes establecen como obligación que se actualice la información, en
algunas de ellas se establecen periodos para ello, pero en dieciocho de
las leyes revisadas no está asentado el término archivos administrativos
actualizados.
• Órganos especializados e imparciales, todas las leyes establecen la
creación de un órgano garante con características particulares de
integración y facultades, en el caso de Coahuila, por ejemplo, tiene un
carácter ciudadano porque las personas que lo conforman son
designadas por universidades públicas y ratificadas por la legislatura
31
local; sin embargo, quince leyes no establecen que dicho órgano deba
ser especializado e imparcial, ni mucho menos que sus decisiones sean
vinculantes, definitivas e inacatables. Otras seis leyes sólo le atribuyen
una de esas dos características.
• Mecanismos de acceso y de revisión expeditos, en quince de las
leyes revisadas no aparece explícitamente este término, y en otras
aparece pero está asociado sólo a los mecanismos que faciliten el acto
de acceso a la información; por otro lado, lo importante es no sólo que lo
contemple la ley sino que los procedimientos administrativos y de
gestión lo establezcan así y se lleven a cabo.
• Sanciones a Sujetos Obligados, aunque todas las leyes señalan que
los sujetos que no cumplan con las obligaciones señaladas serán
sancionados, esta disposición se debilita al no explicitar el tipo de
sanciones que se aplicarán y, en lugar de ello, remiten a otros
ordenamientos estatales.
• Autonomía de gestión y decisión, la mayor parte de las leyes
consideran este elemento, no obstante, en trece de esas leyes sólo se
emplea uno de esos dos términos, además, en tres leyes, Baja
California, Chihuahua y Michoacán, no aparece el concepto de
autonomía.
• Indicadores de gestión, en cinco de las leyes revisadas no aparece el
término y en otras seis está limitada sólo para algunos Sujetos
Obligados; al menos doce leyes no hacen referencia a los poderes:
ejecutivo, judicial y legislativo y de estas, seis no los incluyen; este
aspecto es central para que los ciudadanos puedan evaluar y pedir
cuentas sobre el desempeño de los sujetos obligados en la operación de
programas y proyectos gubernamentales.
32
• Recursos públicos entregados a sujetos físicos o morales; en
quince leyes no se mencionan de manera explícita, lo que puede dar
lugar a evadir esta responsabilidad si consideramos que en todos los
casos las autoridades entregan recursos públicos de manera
discrecional a personas físicas y morales sin explicitar criterios para su
asignación, así mismo, cinco entidades no incluyen esta obligación .
En resumen, la ausencia o el acotamiento de estos últimos aspectos disminuye
la certeza jurídica de los ordenamientos examinados y, por lo tanto, hay una
mayor probabilidad de que los Sujetos Obligados inhiban el derecho al acceso
a la información al tener un margen que les permita interpretar la ley local a
favor de la opacidad.
Los puntos más débilmente incorporados, o ausentes, son centrales para un
ejercicio de rendición de cuentas, por ejemplo: los órganos especializados e
imparciales, los indicadores de gestión, los recursos públicos entregados a
sujetos físicos o morales, entre otros, que son centrales para establecer
acciones de monitoreo, vigilancia y control por parte de los ciudadanos hacia
las autoridades.
La imprecisión o falta de claridad de algunos términos (por la forma en que
están redactados) puede dar lugar a lagunas jurídicas y a un manejo
discrecional de las decisiones en este campo.
Finalmente es necesario señalar unas últimas consideraciones que nos
parecen relevantes:
1. Las entidades federativas de Baja California, Hidalgo, Guerrero y Jalisco
no han actualizado sus respectivas leyes de transparencia y acceso a la
información pública. Esta situación es lamentable y parece ser una señal
33
clara del poco interés que tienen algunos Sujetos Obligados a promover el
derecho al acceso a la información.
2. Las leyes de transparencia y acceso a la información de las entidades
federativas de Guerrero, Hidalgo, Tabasco y Tamaulipas, son las que
presentan mayor ausencia de los aspectos examinados (ver cuadro 14); en
especial la ley de Guerrero carece de 7 elementos: información pública en
posesión de los sujetos obligados, acceso gratuito a la información pública,
mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión
expeditos, órgano especializado, archivos y recursos públicos entregados a
sujetos físicos y morales recursos. Por el contrario, las leyes del DF,
Durango, Nuevo León y Sinaloa, son las que contienen todos los elementos.
3. Este panorama nos lleva a asegurar que en la mayor parte de las entidades
el diseño local para la protección y garantía del derecho al acceso a la
información está no sólo incompleto con relación al sexto constitucional,
sino que mantiene una perniciosa heterogeneidad que no asegura el goce
pleno del derecho a la información, debido a que deja abierta la posibilidad
de la interpretación caprichosa de la ley por parte de las autoridades. Si a
esto le sumamos la falta de voluntad política para fortalecer a los órganos
garantes y los mecanismos que permitan aplicar con plenitud el principio de
máxima publicidad, entonces podemos asegurar que la transparencia es
todavía un reto que debemos afrontar los ciudadanos, organizados o de
manera individual, para construir una verdadera democracia.
4. Es evidente que los congresos estatales tiene una gran responsabilidad al
respecto; la falta de fortaleza de los órganos garantes, las debilidades
existentes en las leyes de transparencia y de acceso a la información y la
ausencia de mecanismos de rendición de cuentas eficientes, son resultado
del diseño institucional que los legisladores locales han juzgado pertinentes
34
con base en visiones y concepciones alimentadas por los temores y cálculo
político más que de conocimiento sobre esta materia.
5. Esperamos que la información de este trabajo pueda servir de base a los
legisladores y organizaciones civiles locales de cada entidad, para elaborar
una agenda legislativa orientada a sintonizar las leyes estatales de
transparencia y acceso a la información con el artículo sexto constitucional.
6. Corresponde a todos los actores interesados aportar elementos que
permitan conocer cuál es el estatus de la transparencia y la rendición de
cuentas en nuestro país, así como incidir para que el diseño institucional al
respecto –federal y local- contengan los elementos necesarios para
garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información. El
colectivo CIMTRA está comprometido con ello.
35
Cuadro 15 Aspectos ausentes del segundo párrafo del artículo °6 constitucional en las leyes de las entidades federativas
Entidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma Guerrero X X X X X X + 6 Hidalgo X X + X X X + 5 Tamaulipas X + X X X 4 Tabasco X + + X X 3 Sonora X + X X + 3 Aguascalientes X + X X + 3 Chihuahua X X + X + 3 México X X X + 3 Baja California X X X + + 3 Guanajuato X X + X + 3 Morelos X X + X 3 San Luis Potosí X X + X 3 Tlaxcala X X + X 3 Michoacán X X + + 2 Zacatecas X X + 2 Veracruz X + X 2 Jalisco X X + + + 2 Puebla X X + 2 Campeche X X 2 Chiapas X X + 2 Oaxaca X X + + 2 Quintana Roo X + X 2 Querétaro X X + 2 Baja California Sur X + + 1 Coahuila + X 1 Colima X + 1 Nayarit X 1 Yucatán X + 1 Distrito Federal + + 0 Durango + 0 Nuevo León 0 Sinaloa + 0 1 0 5 0 3 15 15 3 18 5 5 17 1) Uso explícito del término información pública en posesión de Sujetos Obligados; 2) Tiempo de reserva de nformación pública; 3) Inclusión del Principio de Máxima publicidad; 4) Marco normativo donde se asienta la protección de datos personales; 5) Incorporación del principio de Acceso gratuito a la información pública; 6) Referencia a Mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos; 7) Se norma la existencia de órganos especializados e imparciales garantes del Derecho a la información; 8) Órganos garantes con autonomía de gestión y decisión; 9) Preservación de información pública en archivos administrativos actualizados; 10) Se obliga a la publicación de indicadores de gestión; 11) Obligación de publicar recursos públicos entregados a sujetos físicos o morales; 12) Se establecen sanciones a Sujetos Obligados; (+) Significa que el articulado correspondiente, o la ley en general, considera sólo un elemento de los aspectos considerados en cada fracción del artículo 6° Constitucional, o remite a otro ordenamiento.