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Anuncios de Piñera sobre inversiones y sustentabilidad: unamala señal

Los anuncios presidenciales en materia de inversiones son una mala señal para el país,sus ecosistemas y su gente. Con certeza, ellos incidirán en el incremento de la crecienteconflictividad hoy existente en Chile, generada por proyectos de inversión que atentancontra el medio ambiente y que vulneran los derechos humanos de comunidades localesy pueblos indígenas.

Anuncios presidenciales sobre inversiones y sustentabilidad ambiental ysocial

por José Aylwin

El Mostrador, 24 de mayo, 2018.- El Presidente Piñera hizo días atrás anuncios orientados apromover el desarrollo del país a través de la reactivación de la inversión, en lo que definió como“proyectos sustentables”. Para materializar esta reactivación, el Mandatario firmó, en un acto en LaMoneda, un decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y unproyecto de ley para dar origen a una Agenda Pro Inversión. En la ocasión, el Jefe de Estado afirmó:“Hemos declarado una verdadera guerra a la burocracia excesiva, a la negligencia, a laincompetencia, que muchas veces es lo que tiene a nuestro país paralizado”.

De acuerdo al catastro elaborado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dado a conoceren la oportunidad, se identificaron un total de 203 proyectos de inversión por un monto de 65 milmillones de dólares que, por distintas razones, se encontrarían “estancados o paralizados”, los quepodrían desarrollarse entre 2018 y 2021. De acuerdo a los mismos anuncios presidenciales, deconcretarse dichos proyectos, estos generarían un total aproximado de 250 mil “empleospermanentes”.

Nadie puede cuestionar que un Gobierno, cualquiera sea su orientación política, quiera reactivar la

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economía a través del incentivo de la inversión. La iniciativa anunciada, sin embargo, requiere de unanálisis más profundo para ser evaluada. Ello en particular para determinar las implicancias quedichas inversiones puedan tener, no solo en materia económica sino también en otros planos, comoel medioambiental, el social y el de derechos humanos.

Al hacer este anuncio el Jefe de Estado parece no solo desconocer la grave crisis que el paísvive en materia de aguas, crisis que ha sido generada en parte significativa por laacumulación de derechos de aprovechamiento de aguas en pocas manos –85% de losderechos no consuntivos de aguas se encuentran en poder de unas pocas compañíashidroeléctricas– como consecuencia de Código de Aguas privatista en vigencia, a lo que seagrega la escasez hídrica producto de la proliferación de actividades productivas como laforestación exótica o la contaminación generada por la actividad minera.

En efecto, en lo económico llama la atención que la mitad del monto de las inversiones que elGobierno aspira a materializar en este período –32 mil millones de dólares– sean en el rubro de laminería, en contraste con la inversión prevista, por ejemplo, en la actividad industrial, la que seprevé alcanzará a tan solo 3 mil millones de dólares. De este modo, los anuncios presidencialesapuntan a perpetuar la economía primario-exportadora que ha sido característica del país, la que essabido, además de su fragilidad –al depender de los oscilantes precios de los commodities en losmercados internacionales–, no permite generar un desarrollo económico diversificado al que pordécadas se ha aspirado en el país.

Más allá del análisis económico, la minería por la que el Gobierno de Piñera apuesta es, pornaturaleza, una actividad insustentable, puesto que se basa en la extracción de un recurso norenovable. La actividad minera, además, tiene fuertes implicancias ambientales y sociales,afectando la biodiversidad de los ecosistemas en que se emplaza, así como a las comunidades quehabitan en ellos, las que lejos de beneficiarse con su desarrollo, muchas veces se ven desplazadas yempobrecidas.

No es casualidad que la minería haya sido identificada por la OECD como una actividad económicadeterminante en la presión al medio ambiente, especialmente en la contaminación atmosférica, enla pérdida de la diversidad biológica y en la contaminación del suelo y del agua en el país (OECD,2016). La misma actividad constituye, de acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, unade las principales causas de los alrededor de 100 conflictos socioambientales existentes en el país ala fecha.

Aunque de manera insuficiente aún, el país ha desarrollado progresivamente un marco normativoconstitucional y legal para la protección del derecho al medio ambiente, así como una legislaciónpara la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Además, cuenta con una normativa queprotege los derechos de pueblos indígenas frente a proyectos de inversión susceptibles deafectarles, al obligar al Estado a su consulta en forma previa a su aprobación.

También cuenta con mecanismos judiciales y, desde hace algunos años, con tribunales ambientales,a los que las personas y comunidades que ven sus derechos vulnerados por proyectos de inversión,entre ellos el derecho al medio ambiente, pueden recurrir. Es este marco normativo de protección dederechos, y no la burocracia, la negligencia o la incompetencia a las que refiere el Presidente Piñera,lo que ha determinado que los proyectos de inversión que se pretende reactivar, hayan sidorechazados o su aprobación haya sido demorada.

Es el caso de muchos de los proyectos identificados en el catastro gubernamental, tales como elProyecto La Coipa Fase 7 de SCM Mantos de Oro (Kinross Gold C.) y el proyecto Nueva Unión de GoldCorp y Teck Resources, ambos en la Región de Atacama.

Es por ello que las medidas anunciadas por el Mandatario como parte de su política de reactivaciónde inversiones resultan muy preocupantes. Al promover proyectos que han sido ampliamenterechazados por la ciudadanía, el Gobierno, que participa del proceso de otorgamiento deautorizaciones de dichas inversiones, está vulnerando el principio de objetividad que debe tener

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para garantizar que dichas inversiones no afecten el derecho al medio ambiente y los derechoshumanos. Por lo mismo, lejos de apuntar al fortalecimiento de la institucionalidad de protecciónambiental y social existente en el país, claramente la debilita.

¿Cómo pueden interpretarse, si no es así, los anuncios que el Presidente hizo en La Moneda en laocasión, los que entre otros incluyen “regular la suspensión provisoria de una obra nueva, evitandoque –muchas veces– demandas infundadas paralicen grandes proyectos de inversión,generando un tremendo daño no solamente al inversionista, sino que a la comunidad queacoge esa inversión y al país entero”; “permitir que los planes de prevención ydescontaminación puedan distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes, paraque se puedan concentrar sus esfuerzos de mitigación en aquellas fuentes que son lasmás dañinas y las que mayor perjuicio provocan”; y “facilitar al Servicio de Evaluación Ambiental(SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando estos no están fundados ocuando se encuentran absolutamente fuera de sus competencias, de forma tal de evitaresta verdadera proliferación de opiniones sin fundamentos y –a veces– fuera de suámbito de acción, que a la larga lo único que hace es que a los proyectos de inversión les tomaaños poder lograr los necesarios permisos de evaluación ambiental…?".

Se trata, a todas luces, de medidas regresivas que ponen en peligro los ya frágiles mecanismosinstitucionales a los que recuren las comunidades afectadas por proyectos de inversión para laprotección de sus derechos.

Cabe señalar que la misma visión regresiva llevó a comienzos de año, a quienes luego asumieronfunciones en el Gobierno actual, a considerar la posibilidad de poner término, a través de sudenuncia, a la vigencia del Convenio 169 de la OIT en Chile, a fin de evitar la consulta a los pueblosindígenas de medidas administrativas que pudiesen recaer en proyectos de inversión susceptiblesde afectarles.

Dicha idea fue abandonada por el Gobierno solo luego de que la propia OIT le aclarara que ladenuncia de este tratado internacional podía ser realizada el 2021, al cumplirse nuevamente unlapso de 10 años desde la entrada en vigencia de este tratado en el año 1991, y no el 2018, alcumplirse 10 años de su ratificación por el Estado de Chile, como inicialmente se había pensado.

Igualmente preocupante resulta el anuncio que en la ocasión fue hecho por el Presidente Piñera enLa Moneda en relación con las aguas. Esto, al proponer la creación de “una plataforma digitalpara recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos deaprovechamiento de aguas, que hoy día toman mucho tiempo, son muy engorrosas y, aveces, generan mucha incertidumbre”.

Al hacer este anuncio, el Jefe de Estado parece no solo desconocer la grave crisis que el país vive enmateria de aguas, crisis que ha sido generada en parte significativa por la acumulación de derechosde aprovechamiento de aguas en pocas manos –85% de los derechos no consuntivos de aguas seencuentran en poder de unas pocas compañías hidroeléctricas– como consecuencia de Código deAguas privatista en vigencia, a lo que se agrega la escasez hídrica producto de la proliferación deactividades productivas como la forestación exótica o la contaminación generada por la actividadminera.

Esta propuesta, además, se hace en momentos en que se debate en el Congreso una reforma alCódigo de Aguas para reconocer a las aguas como un derecho humano y para establecer límites afuturo a la acumulación de este recurso y priorizar otros usos, como el consumo humano, oreconocer las funciones ambientales del agua. Se trata de una iniciativa que el gobierno actual no vecon buenos ojos y, por lo mismo, ha anunciado que realizará indicaciones en relación con ella.

Finalmente, llama la atención que el Presidente Piñera no haga referencia alguna a los derechoshumanos como un elemento a tener en consideración en una política de fomento a las inversionesen el país. Ello es paradójico, toda vez que sus anuncios en esta materia se hacen un mes despuésde que su Gobierno conformara el Comité de Ministros para la puesta en marcha del Plan de AcciónNacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Se trata de un plan de Estado de tres años deduración, que pretende el cumplimiento de las directrices internacionales sobre la materia,

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contenidos en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, losque hoy son universalmente aceptados por los estados, así como por muchas empresas.

De acuerdo a estos Principios, sin perjuicio de la responsabilidad que cabe a las empresas en elrespeto a los derechos humanos en el marco de sus actividades, los estados tienen la obligación debrindar protección frente a los abusos de derechos humanos cometidos por las compañías, haciendocumplir las leyes, evaluando periódicamente a estas para asegurar que resulten adecuadas paraestos efectos, y velando por la coherencia de sus políticas internas. Los anuncios aquí comentadosse distancian manifiestamente de estos Principios, algunos de los cuales quedaron expresados en elPlan de Acción Nacional en la materia, con el evidente objetivo de lograr, a cualquier costo, lasmaterialización de las inversiones anheladas.

En síntesis, los anuncios presidenciales en materia de inversiones son una mala señal para el país,sus ecosistemas y su gente. Con certeza, ellos incidirán en el incremento de la crecienteconflictividad hoy existente en Chile, generada por proyectos de inversión que atentan contra elmedio ambiente y que vulneran los derechos humanos de comunidades locales y pueblos indígenas.

---El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y norefleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

----Fuente: ElMostrador: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/05/23/anuncios-presidenciales-sobre-inversiones-y-sustentabilidad-ambiental-y-social/ [1]

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