PUBLICACIÓN BIMESTRAL DE LA COMISIÓN

ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS

Nº ISSN 1390-0293

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editorial

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Desde hace varios años, la Policía Nacional vive la peor de sus crisis: la gente no confía enella. Para las elites conservadoras de la sociedad –como las cámaras de comercio-, esta faltade confianza se debe a su escasa efectividad en el “combate a la delincuencia”, como les gus-ta llamar a lo que debería ser una acción preventiva de los delitos. Estos sectores se enfocanprincipalmente en los llamados “delitos contra la propiedad”.

Pero hay otros sectores –jóvenes, estudiantes, amas de casa, la mayoría de la población endefinitiva-, para los cuales la falta de confianza en la policía se debe a la corrupción, laconstante violación de los derechos humanos y la feroz represión a cualquier ejercicio delderecho a la protesta, por pacífica que sea. Estos sectores se enfocan, en cambio, en los de-litos contra la vida y la democracia, los cuales lamentablemente muchas veces son come-tidos por la propia fuerza pública.

Este número da cuenta de algunas execrables prácticas de la Policía, principalmente las lla-madas “ejecuciones extrajudiciales”, que no son otra cosa que crímenes de Estado, come-tidos especialmente en los años ochenta contra opositores políticos y ciudadanos comunes,y, más recientemente, contra personas con antecedentes penales. A esto habría que sumarlos ciudadanos inocentes, víctimas de las “equivocaciones” policiales, como sucedió en loscasos Fybeca y Rose. Otra práctica común es el mantenimiento de calabozos ilegales, co-mo sucede en la Policía Judicial.

Prácticamente la totalidad de casos de abusos policiales han terminado en la impunidad porla persistencia de las Cortes Policiales, en las que los uniformados se juzgan a sí mismos. Laexistencia de estos fueros ha sido cuestionada por organismos internacionales, como la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

Una arista terrible de la impunidad es la práctica de “premiar” a policías y oficiales acusa-dos de delitos de lesa humanidad –especialmente torturas y asesinatos- con ascensos den-tro de la institución. Por si esto fuera poco, muchos de los represores policiales, después desalir de la institución, se desempeñan como “asesores de seguridad” en importantes empre-sas. Esto significa que la tolerancia a la impunidad no se da solamente en la Policía, sino enla sociedad. Hace poco menos de un año, la Cámara de Comercio de Quito afirmaba, enla revista Criterios No. 69, que “uno de los obstáculos para una eficiente labor policial sonlos mal llamados derechos humanos.”

Esta concepción autoritaria de la labor policial ha hecho que la Policía viva un crecienteproceso de militarización. Los policías son educados como si tuvieran un “enemigo” quecombatir y en esta etiqueta entran los delincuentes, pero también todo actor social que,en opinión del poder, altere el “orden” y la “convivencia”. Entonces, para la policía sonenemigos los estudiantes, los indígenas, los jubilados o cualquier sector social que ejerzasu derecho a la protesta en los espacios públicos, sin consideración de la justicia de su cau-sa o el pacifismo de sus métodos. Desde hace algunos años, la Policía, a la par que recibeentrenamiento con policías extranjeras, viene ejecutando tácticas militares –como em-boscadas- contra la población civil indefensa que se manifiesta.

El deficiente proceso de formación policial (en menos de 9 meses un aspirante está en lascalles uniformado como policía) ha dado como resultado una institución sin identidad ysin autonomía –sólo con una gran capacidad de represión-, que es manoseada y usada porlos gobiernos de turno, en alianza con las elites empresariales y mediáticas, como “fuerzade choque” contra la mayoría pobre de la población, para la cual el eslogan “servir y pro-teger” es tan sólo un mal chiste.◆

La Policía se haconvertido en “fuerza dechoque” para el poder

a arbitrariedad del manejo delpoder y el abuso de la fuerza serefleja en las ejecuciones extra-

judiciales que constituyen una prác-tica constante de los miembros degrupos especiales de la Policía Na-cional durante operativos, en espe-cial, antidelincuenciales. La informa-ción recopilada en la CEDHU, en lasdos últimas décadas, revela que elproblema del uso excesivo de lafuerza y la brutalidad policial, conresultados de muerte, no son nadanuevo sino una pauta de atropellossimilares a lo largo de muchos años.Estas acciones tienen muy pocasrestricciones legales y fiscalizacio-nes, lo cual fomenta la impunidad.La historia reciente y más pretéritanos muestra que en el país la políti-ca de impunidad campea orondafrente al imperativo político y éticode procesar y sancionar a los res-ponsables de violaciones a los de-rechos humanos.

El comandante general de Policía,en el año 2000, afirmó que en elcontrol de la delincuencia, de ene-ro a mayo, durante enfrentamientos“han sido abatidos 35 delincuentesde alta peligrosidad.” En los si-guientes meses, casi se duplicó lacifra de personas ejecutadas. Enese contexto, Ruth Muñoz, delega-da de la Cruz Roja Internacional,opinó: “Una Policía eficiente se mi-de por salvar las vidas de las perso-nas y no por el número de supues-tos delincuentes muertos o por lasbalas que se utilicen.”

Según un reportaje publicado endiciembre 2003, el mayor EduardoGonzález Flores, quien de 1998 a2000 dirigía el Grupo de Inteligen-cia Antidelincuencial, GIA, ha parti-cipado en no menos de cincuentaoperativos. Cuatro de estos opera-

tivos en Babahoyo, Portoviejo yGuayaquil, causaron la muerte de34 personas; incluyendo algunosde los “más buscados” por la poli-cía. Posteriormente, “lo sucedidocon los abatidos en la farmacia Fy-beca, constituyen ejecuciones ex-trajudiciales, realizadas con ensa-ñamiento y elevada crueldad”, diceel informe de la veeduría ciudada-na, de la Comisión Anticorrupción.

En la causa penal por este operati-vo que también fue dirigido por elmayor González, la Corte Distritalde la Policía Nacional absolvió alMayor González y los 19 agentes(algunos del GAO, otros del GIR).Todos los policías implicados en elcaso Fybeca han vuelto a su traba-jo como si nada hubiese sucedido.Incluso quien dirigió el operativofue ascendido al grado de tenientecoronel. Este oscuro acontecimien-to ha reafirmado que existe uncuestionado marco jurídico proce-sal que hace posible la impunidad

cuando se trata de personal de lafuerza pública.

Ejecuciones:práctica constanteLas políticas de “seguridad ciuda-dana”, orientadas a la eliminaciónfísica de personas, se extendió avarias ciudades. En noviembre de2000, los miembros de un grupoespecial antidelincuencial de la PN,detuvieron ilegalmente a Elías Ló-pez, lo torturaron y hasta la fechasus familiares desconocen su para-dero. Luis Shinín, testigo clave delos atropellos a Elías, fue puesto enlibertad, pero luego secuestrado.Sus captores le llevaron en un vehí-culo hasta la vía a Echandía, le dis-pararon y arrojaron a una quebra-da. A pesar de que sobrevivió yfue trasladado hasta el hospital dela ciudad de Guaranda, dos díasdespués hombres armados cubier-tos el rostro con pasamontañas lo

DERECHOS DEL PUEBLO 3

La vida, derecho fundamentalEstela Garzón

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4 DERECHOS DEL PUEBLO

secuestraron y se desconoce su pa-radero.

En abril y octubre de 2001, duranteoperativos de captura a los autoresde dos asaltos a fábricas de la ciu-dad de Quito, ocho presuntos asal-tantes fueron muertos, con disparosa la cabeza, por los miembros delGrupo de Apoyo Operacional, GAOy del Grupo de Intervención y Resca-te, GIR. Durante el año 2005 hubo nomenos de 30 personas muertas enoperativos policiales. Sólo en Quito,de julio a diciembre, 10 personasmurieron a manos de elementos delGAO. Un ejemplo es el operativo“Rose”. Sin embargo, el Ministerio Pú-blico no ha investigado estos he-chos para determinar si huboun enfrentamiento o existióuna ejecución.

Los operativos “Fybeca” y“Rose”, reavivaron el te-ma de las ejecucionesextrajudiciales y revela-ron episodios y prácti-cas siniestras. Un testi-monio gráfico de diarioEl Universo, demostróescenas previas a una de-saparición forzada, que nohan sido explicadas institu-cional, fiscal ni judicialmente.Refiriéndose al entrenamiento mi-litar en polígonos de sombra paraque el “policía profesional pueda pe-gar en la cabeza y con ello ganar máspuntaje”, el jefe de la Policía Judicialde Pichincha, coronel Juan Sosa Ba-rreno, dijo a la prensa: “Si a mi gentele mando al polígono a que dispare800 tiros cada uno, no cree ustedque como los futbolistas que se en-trenan todos los días, han de meterun golcito...”

¿Cómo pretende la policía reclamarlegitimidad para sí misma, respetopara su autoridad, cuando es capazde hacer estas afirmaciones que en-vían el mensaje perverso del despre-cio a la vida y del “gatillo fácil”? Ele-mentos entrenados para matar, servi-dores de políticas inhumanas, gesto-res de crímenes de Estado, actúansin previsión de ninguna especie y

aun violando las garantías civiles queimpone un estado de Derecho.

A inicios de abril de 2006, el gober-nador del Guayas, Guido Chiribogatambién incita al “gatillo fácil”: llamó“falta de valentía de la ciudadanía”porque “no hay nadie que le dispa-re, nadie que le meta un balazo, unpiedrazo o algo, nada ...” cuando ob-serva a alguna persona que delin-que. En el contexto de estas declara-ciones, la policía ejecutó, en doslugares distintos de la ciudad deGuayaquil, a Washington Navas y a

Guillermo Veas Bello por supuestosrobos en la calle y a un local comer-cial. El Gobernador desconoce elprincipio de que, independiente-mente de los delitos que pueda co-meter una persona, ésta debe serprocesada por los tribunales comu-nes y nunca ninguna autoridad pue-de decidir sobre su vida.

Violencia estilo “Noche y Niebla”que burla los muros legales que lahumanidad ha construido para salva-guardar lo más esencial de la digni-dad humana y de la justicia. Cegue-ras deliberadas por el espíritu decuerpo; códigos de silencio y secre-

tismo, rodean las investigaciones so-bre conducta indebida de sus agen-tes y en muchos de los casos se vio-laron las normas internacionales y lasleyes del país. Sin embargo, los pro-cesamientos por uso excesivo de lafuerza en acto de servicio son esca-sos y las declaraciones de culpabili-dad más escasas aún.

La complicidad manifiesta de me-dios de comunicación –sobre todotelevisivo- en el tratamiento sensa-cionalista de hechos delictivos y defalta de seguridad, encarnada des-de el autoritarismo y atizada por lasofertas electorales, alientan unasuerte de terror social, principal-mente en los sectores medios y al-tos. La afirmación preexistentede unos hombres malos yotros buenos, de unos suje-tos para los cuales la vidaexiste como posibilidad ypara otros debe ser nega-da, es la construcción deun lenguaje que avala lamuerte.

Paralelamente, se siem-bran dudas sobre el que-hacer y legitimidad de losdefensores de derechos hu-

manos, y se posibilita que suexpresión pública aparezca se-

ñalada como peligrosa para el or-den establecido. Así se obtieneconsensos que facilitan el controlsocial, la represión y la impunidad.

Muy pocos de los que reclaman lapolítica de “mano dura” para “com-batir la delincuencia”, tienen encuenta la cabal ineficacia y debilidadde la aplicación de esta lógica en so-ciedades marcadas por las extremasviolencias de la exclusión, la concen-tración de riqueza, el desempleo y elsubempleo, la desesperanza queafecta a los jóvenes de los barrios,donde no hay ni siquiera aulas sufi-cientes para la educación básica.Tampoco cuestionan la presión de la“mano dura” y una posición permisi-va de las políticas represivas que sig-nifican “enviar a los agentes a matar”,en nombre del “orden” y la “seguri-dad ciudadana.” ◆

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uito, 4 de noviembre de 2005. Operativo policial enel almacén Rose. Resultado: cuatro muertos, entreellos una mujer que estacionaba su carro en las

afueras de la tienda. En un primer momento, la Policía afir-ma que se trataba de cuatro peligrosos delincuentes, co-mo si ello justificara las muertes, pero la familia de la falle-cida demuestra que no tenía ningún antecedente.

Cajas, 14 de marzo de 2006. Miles de indígenas partici-pan en la movilización nacional contra el Tratado de LibreComercio colocando obstáculos en algunas carreteras.De pronto llega un piquete policial con la consigna de“limpiar las vías”. En pocos momentos, sin mediar ningunaprovocación, el lugar se transforma en una nube de gas la-crimógeno. La policía dispara decenas de bombas y unade ellas, disparada por el Coronel Diego Cruz, impacta enel rostro de Alberto Cabascango, campesino de 45 años,haciéndole perder su ojo izquierdo. Nueve días más tar-de, también en Imbabura, Juan Carlos Puruncajas, de 25años, quien se hallaba en las movilizaciones, perdió el ojoderecho a causa de las balas, de salva pero no por esoinofensivas, disparadas por el Ejército contra la comunaEugenio Espejo.

¿El hecho de que éstos y muchos otros operativos poli-ciales –entre ellos, el caso Fybeca, en que 8 personas fue-ron ejecutadas y tres desaparecidas, y la represión a lapoblación quiteña en abril de 2005, con 568 víctimas- ter-minaran con tan graves efectos es una mera coincidencia?Por el constante número de denuncias recibidas en la Co-misión Ecuménica de Derechos Humanos de este tipo deoperativos, la respuesta es no. “Reprimir” y “disparar” noparecen ser decisiones de unos “cuantos malos elemen-tos”, sino una política institucional que se inicia durante elproceso de formación de los nuevos policías.

Una formación de apenasnueve mesesDespués de pasar por un proceso de selección, dondese privilegian las condiciones físicas (estatura, comple-

xión), el aspirante a policía realiza un curso de formaciónde apenas 9 meses (en otros países dura, como mínimo,un año). El Coronel Alfonso Camacho, director nacionalde Educación de la Policía Nacional, califica a la forma-ción actual de los gendarmes como “profesional, huma-nística, científica y tecnológica.” Esta visión más que opti-mista del Coronel Camacho no es compartida por otrosconocedores del tema. “A los aspirantes les tienen la ma-yor parte del tiempo trotando. El 70 ó 60 por ciento desu formación es física”, asegura Christian Rivera, especia-lista en Derechos Humanos aplicados a los asuntos poli-ciales, quien además ha sido instructor en la Policía.

Durante el período de instrucción, los policías permane-cen en las escuelas de formación, que no son otra cosaque cuarteles, sin posibilidad de salir. Para Rivera, la clave

Con menos de 9 meses de preparación, los nuevos policías yaestán en las calles

Formación policial: licenciapara matar

Gerardo Merino

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Foto:Archivo CEDHU

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os Represión demanifestaciones contra lafirma del TLC

Atropellos contra la vida y la integridad 6 de abril - Cuenca Johnny Montesdeoca, de 17 años, cuando se hallaba frente a la Universidad, recibió unimpacto de bala en la espalda, mientras la unidad antimotines de la Policía Nacional re-pelía con gases lacrimógenos una manifestación de estudiantes contra el TLC. Según tes-tigos, se escuchó varios disparos y tres jóvenes se desplomaron al piso con heridas debala. Jhonny fue llevado a una clínica, donde falleció. W ilson Zurita y Javier Loja se re-cuperaron de las heridas en las piernas. Un informe de la clínica, desmiente la versión deque Johnny llevaba un porta-armas ajustado a su cuerpo. Charles Montesdeoca, dijo ala prensa: “Mi hermano fue un transeúnte víctima. Si está involucrada la Policía, que no sele encubra, ya que hay algunos casos parecidos que no han tenido un buen desenlace.”

Hace cuatro años, en las inmediaciones de la Universidad de Cuenca, durante manifesta-ciones que eran repelidas por la Policía, Damián Peña recibió un impacto de bomba la-crimógena que le causó la muerte. Su madre, Sonia Bonilla, aún reclama justicia. Tampo-co hay sanción para los responsables de la muerte de María Lalbay, de 63 años. El he-cho sucedió, hace dos años, en la comunidad de Shiña, en Azuay, cuando la fuerza pú-blica repelió, con tácticas de guerra, la protesta indígena para demandar al Gobierno delcoronel Lucio Gutiérrez la atención del Estado a las comunidades.

El reciente decreto de emergencia del 21 de marzo (vigente hasta el 8 de abril), suspen-dió garantías fundamentales en tres provincias y dos cantones de Pichincha, en la sierraandina, que fueron declaradas “zonas de seguridad”. Estas zonas constituían el epicen-tro de la protesta indígena nacional, de carácter progresivo, convocada por la Confede-ración de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en desacuerdo con la posiblefirma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. La movilización indígenainició, el 13 de marzo; a pesar de la cruenta represión, ésta se mantuvo durante 12 días.Con el mismo objetivo, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas y Negras(Fenocin), en los primeros días de abril, convocó a nuevas movilizaciones.

Los elementos de la fuerza pública reprimieron con dureza toda manifestación contra lafirma del TLC. Apostados en las ciudades, en las carreteras, recorriendo las vías en convo-yes militares, intentaban desbloquear las carreteras o bajar a los indígenas de los transpor-tes públicos. Penetraron las comunidades, persiguiendo y emboscando en sus propioshogares a los comuneros. Intimidaron a los dirigentes y cercaron dos emisoras locales.

El Gobierno evidenció la repudiable capacidad que tiene un grupo con poder para ex-cluir, discriminar, desvalorizar, difamar o pretender acallar a grupos sociales, por razonesraciales o étnicas. Las aseveraciones y acciones instigadoras de racismo y discriminación,conllevó a los indígenas a disfrazarse y esconder sus atuendos propios; ocultar sus cédu-las con apellidos indígenas; realizar largas caminatas por senderos para poder viajar rum-bo a Quito y de esa manera evitar ser maltratados por los miembros de la fuerza pública.El estilo racista que afloró en algunas autoridades viola el derecho a la igualdad, garanti-zado por la Constitución, el Código Penal y el Pacto de San José. Este deterioro de la re-lación Estado-sociedad, aleja la posibilidad de construir una sociedad intercultural viable.

atropellos

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Derecho a la libertad y al libre tránsito21 de marzo - EsmeraldasCatorce miembros de la organización Awa, que se sumaron a las pro-testas de la CO NAIE, fueron detenidos en San Lorenzo.

2 de abril - AzuayEl presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas,Indígenas y Negras (Fenocin), Pedro de la Cruz y el dirigente W illiamVillota, fueron apresados en el sector El Descanso. Pedro de la Cruz, se-ñaló que los elementos de la Policía que realizaron la detención, teníanuna fotografía suya y al identificarlo lo bajaron del bus. Ambos detenidosfueron llevados al Batallón Militar Cayambe de la ciudad de Cuenca, lue-go al Comando de Policía de Azogues. Aunque el Alcalde de Azoguesconcedió el recurso de habeas corpus, los dirigentes indígenas salieronen libertad, el 3 de abril, por orden del Intendente de Policía.

3 de abril - ImbaburaLos dirigentes nacionales de la Fenocin, Pedro Quimbiamba, EduardoCriollo y Manuel Núñez, junto a 32 indígenas y campesinos de la mis-ma organización fueron detenidos en el control policial de Mascarillamientras participaban en la marcha por la Soberanía y que tenía comoobjetivo llegar a Quito. Los campesinos fueron llevados al cuartel de Po-licía de la ciudad de Ibarra. El recurso de hábeas corpus interpuesto a sufavor fue negado por el Alcalde, quien argumentó la vigencia del estadode emergencia.

4 de abril - CotopaxiEn el sector de Yambo, fue detenido el presidente de la Federación de In-dígenas Evangélicos (Feine), Marco Murillo, junto con otros 13 represen-tantes de la Asociación de Indígenas Evangélicos de Cotopaxi, mientras li-deraba una caminata pacífica que se dirigía hasta Quito. La detención ilegalse produjo luego de una persecución a los indígenas por la carretera y ca-minos vecinales. Algunos indígenas evangélicos fueron golpeados por lospolicías.

5 de abril - QuitoLuis Alberto Andrango,de 17 años, coordinadorde la escuela de forma-ción de líderes jóvenespara el desarrollo localde la Fenocin; Luis Alber-to Sarango, de la mismaorganización y Edwin Na-varrete, fueron ilegal-mente arrestados pormiembros de la PolicíaNacional, en el parque ElArbolito. Los dirigentesse disponían a recibir losproductos agrícolas que traían los miembros de su organización hasta la ca-pital desde distintas ciudades del país, a la Feria por la Soberanía Alimenta-ria, organizada por la Fenocin para mostrar la diversidad alimenticia queexiste en el país, la cual está amenazada con la firma del TLC. ◆

14 y 23 de marzo - Imbabura Alberto Cabascango, agricultor de 44años, casado, tiene 4 hijos. A las seis dela tarde, en el control de Cajas, una de lasbombas lacrimógenas que eran lanzadasal cuerpo de los manifestantes indígenaspor elementos militares, impactó en surostro, causándole la pérdida del ojo.

Juan Puruncajas, chofer, de 27 años, tie-ne 2 hijos y en los próximos días su es-posa dará a luz a su tercer hijo. Setentamiembros de la comunidad, en su mayo-ría mujeres, se hallaban en la visera deCajas, antes de entrar a la comunidad. Alas tres de la tarde, llegó un vehículo mi-litar. Un miembro del Ejército se bajó delcarro, insultó a los comuneros; luego dis-paró hacia el monte. Juan regresó a ver yen ese momento sintió un impacto debala de goma en el ojo. Otros proyecti-les también le impactaron en la espalday otras partes del cuerpo. Juan fue soco-rrido por algunas mujeres, luego fue hos-pitalizado. También, perdió un ojo.

19 de marzo - CañarEn Suscal, miembros de Unión de Pue-blos y Comunas Campesinas Cañaris,Upcc, fueron reprimidos por policías ymilitares, con gases, disparos de armas ytoletes. Mujeres, niños y ancianos fueronlos más afectados. Se violentaron domi-cilios para perseguir a los dirigentes.Magdalena Pulla y Tránsito Zumba su-frieron los efectos de gases lacrimóge-nos, en sus propias viviendas. La violen-cia contra la mujer, consistió en insultosde contenido racista y amenazas a muje-res en estado de gestación: “Si pierdensus hijos, nosotros estamos listos paramandarles poniendo hasta tres guaguas.¡Longas, caras de Rumiñahui! ”

Foto:Archivo CEDHU Juan Puruncajas

Foto:Archivo CEDHU

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de los problemas está allí. “Una vez arrancados de su am-biente, su familia, su barrio y sus relaciones sociales, les cues-ta volver a adaptarse y entonces aparecen los problemas.”

En los cuarteles, los aspirantes son sometidos al típico ré-gimen militar: trotes extenuantes, cánticos, despertadassorpresivas a medianoche, castigos físicos y encierros encalabozos, si es que los superiores consideran que han co-metido una falta. “Esto es aplicar una terapia de shock. Poreso, cuando salen del cuartel lo hacen con la idea de ma-tar. Después del encierro, el policía sale agresivo, ávido dedesquitarse de la sociedad”, dice Rivera.

En los países europeos, los policías no son encerrados du-rante el proceso formativo, sino que asisten a clases con unhorario de universidad. Después de la jornada diaria, vuel-ven a sus casas y así no tienen que romper abruptamentesus relaciones.

La militarización de la PolicíaLa Policía ecuatoriana se parece cada vez más a un ejército.Los gendarmes son educados como si tuvieran un enemigoque combatir. Un ejemplo de ello es el polígono de tiro. Cris-tian Rivera sostiene que la Policía usa el mismo método quelos militares: una silueta negra sin rostro y además sin brazosni piernas, donde obtiene más puntaje quien acierta más ti-ros en la cabeza. “Los militares disparan a siluetas, no les in-teresa el rostro del que está enfrente, porque son formadosbajo la concepción del ‘derecho a matar’...La base de la for-mación policial debe ser el ‘servir y proteger’. Los uniforma-dos deberían tener sus prácticas de tiro bajo el método Gi-raldi: allí se dispara usando imágenes de personas reales, yaque por sobre todas las cosas debe estar la vida, del policíay, no menos importante, la del ciudadano infractor.”

Según Rivera, hace 12 años, la Policía cometió un error his-tórico al incluir el camuflage en sus uniformes. Esta divisaes de uso militar. “La Policía se volvió entonces más repre-siva”, sostiene el especialista. El impacto sicológico que es-to ha traído sobre la población es muy fuerte, ya que la ale-ja aún más de la población civil. En abril de 2005, la Policíamostró nuevos ingredientes en sus acciones: escuadrones

especiales entrenados con tácticas militares –como em-boscadas- contra la población civil; utilización de perrosrottwailer, caballos y motos; también hubo operativoscombinados con el ejército.

Otro aspecto que demuestra la creciente militarización de laPolicía es que sus miembros se “capacitan” con policías depaíses cuya realidad nada tiene que ver con el Ecuador.“¿Por qué los policías ecuatorianos se forman con la Policíamilitar de Israel? pregunta Christian Rivera. La israelita es unarealidad que no corresponde ni lejanamente a la realidad denuestro país. La Policía de Israel está entrenada para matar.”La Policía ecuatoriana también recibió cursos antimotines enFrancia y Estados Unidos, los cuales suponen el uso de ar-maduras negras y tácticas como golpear los toletes contralos escudos para causar un ruido atemorizante.

Para el Coronel Alfonso Camacho, algunas de las virtudesque se logran con este entrenamiento son la “rapidez derespuesta” y la “obediencia”. En el caso de los miembrosde los cuerpos especiales, como el Grupo de Intervencióny Rescate, la autoridad señala que lo más importante esque los policías tengan una “personalidad férrea.” ¿Acasoel adiestramiento que la policía recibe en estas “virtudesprofesionales” es la que hace que después, en la Policía Ju-dicial los detenidos sean golpeados con un bate pintadocon las letras “derechos humanos”, como han denunciadolas víctimas de estos atropellos en la Cedhu? (GM)

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El currículo de la PolicíaEn 9 meses, un aspirante recibe 39 materias. De ellas, nueve se refieren a Cultura Física, Defensa Personal y Depor-tes. Otras materias son: Reglamento Interno de las Unidades Policiales y Reglamento de Disciplina de la Policía Na-cional, Reglamento Orgánico Funcional de las Escuelas de Formación Profesional, Historia de la Policía, InstrucciónPolicial, Código Penal de la Policía Nacional, Ley Orgánica y Reglamento de la Policía, Ley de Personal y Reglamentode la Policía, Instrucción Policial, Conocimiento de Armas, Código de Procedimiento Penal Común y Código de Pro-cedimiento Penal de la Policía, Inteligencia, Mantenimiento del Orden Público, Prácticas de Tiro, etc. En todo el cu-rrículo policial, existe sólo una materia de Derechos Humanos. Posteriormente, los mejores policías, para completarsu formación, reciben materias como Balística y Criminología. Por ninguna parte aparece algo como “Realidad Na-cional”, “Problemas del mundo contemporáneo” o “Historia del Ecuador” (GM). ◆

Foto:Archivo CEDHU

DERECHOS DEL PUEBLO 9

l Estado como espaciode poder tiene un ca-rácter represivo. Para

asegurar su propia existen-cia cuenta con la fuerzapública1, que, junto contodo género de herra-mientas coercitivas, realizauna labor de “control” so-cial. El Estado no sólo ad-ministra, gobierna, hacejusticia sino que, además,reprime.

La policía tiene como objetivos“defender la soberanía nacional, ga-rantizar el orden interno, la seguri-dad individual y social a través dela prevención, disuasión y repre-sión; cumpliendo y haciendo cum-plir las leyes y normas jurídicas ycoadyuvar al desarrollo de la na-ción.” Pero estos objetivos lucensobre todo en la teoría. La policíaecuatoriana funciona a través deDirecciones Nacionales de Servi-cios y Unidades Especiales, queson órganos encargados de con-ducir la acción policial. En lapráctica el cuerpo policial abusade sus funciones y comete exce-sos que muchas veces quedanen la impunidad.

El informe de Amnistía Internacio-nal 2005 menciona: “Además, elmal entendido «espíritu de cuerpo»en la institución policial, con fre-cuencia se traduce en el encubri-miento e ilícita protección a efectivospoliciales presuntos responsables degraves violaciones de derechos hu-manos, poniendo en peligro la inde-pendencia e imparcialidad del Fue-ro Policial. Amnistía Internacional

ha recibido denuncias sobre casos enlos cuales se han ocultado evidenciasy retrasado y desnaturalizado inves-tigaciones.”

Las Unidades de la Policía sondependencias que realizan acti-vidades puntuales y especializa-das con grupos de la sociedadpara atenderlos en problemáti-cas referidas a maltrato, desapari-ciones, medio ambiente y conta-minación, entre ellas están la Di-napen, Odmu y Upma. Otras uni-dades que actúan para delitos,son: La Unidad antisecuestros–UNASE que hace tareas de in-vestigación de personas secues-tradas y aprehensión de rapto-res. La Unidad de InvestigacionesEspeciales –UIES- realiza segui-miento a prófugos e investigacio-nes conjuntas con el MinisterioPúblico para dar con el paraderode dichas personas. Fue creadaen el régimen de Febres Corderoy no rinde cuentas del estilo desus investigaciones a ninguna au-toridad civil.

También existe la Unidad de Equi-tación y Remonta –UER- que

adiestra caballos para per-sonal policial. Esta unidadactúa en aglomeraciones,en eventos masivos. En larepresión de abril en Quito,sin embargo, este grupoacompañó la masiva repre-sión policial para impedirlas movilizaciones contraLucio Gutiérrez.

Los servicios de la policíaen cambio cumplen opera-ciones especiales referidas

al control. La Policía de Tránsito,que regula toda la actividad rela-cionada con automotores y con-ductores, es conocida por la co-rrupción en la entrega de licen-cias, como en el manejo de las in-fracciones. El Grupo de Operacio-nes Especiales –GOE-, el Grupode Intervención y Rescate –GIR- yel Grupo Apoyo Operativo–GAO-, realizan operativos anti-narcóticos y antidelincuenciales.Estos grupos han sido responsa-bles de ejecuciones extrajudicia-les, tortura y otros delitos.

Cuenta además con un servicio ur-bano que coordina otros grupos:El Grupo de Operaciones Motori-zadas –GOM- encargado de pro-teger el sector comercial de lasciudades y de realizar operativoscontra la delincuencia. El GOMtiene la disposición de realizar sutrabajo ubicándose en bancos,centros comerciales y financieras.Sin embargo, el GOM es parte delos efectivos que reprimen mani-festaciones y han realizado de-tenciones de estudiantes secun-darios, sobre todo en Quito.

Del control, la fuerza y su abusoPaulina Ponce

E

1 Meneses Tello Felipe. Círculo de Estudios sobre Bibliotecología Política y Social. Zona Comercial, C. U.C. P. 04511, México, D. F. México

Foto:Archivo CEDHU

10 DERECHOS DEL PUEBLO

El Grupo Antidelincuencial reali-za el control de los delitos en lasciudades. Lo ilógico es que elmismo grupo es el responsablede los operativos antimotinespara manifestaciones y marchas,ya que la protesta social es asu-mida así como un delito. Estegrupo utiliza una cada vez ma-yor dotación de las bombas la-crimógenas en sus diferentespresentaciones. La empresa Ga-sespol de la que es accionista lapolicía, fabrica insumos materia-les para el "negocio" que la re-presión implica.

El discurso de la inseguridad ur-bana se construye sobre la emo-tividad y el autoritarismo2. Bajoestas premisas y con la pretendi-da intención de mejorar las polí-ticas públicas, la Policía Nacionalsostiene el programa Policía Co-munitaria, que cuenta ahora con211 unidades. Pero frente a unadeslegitimación de la imagen dela policía y el fenómeno crecien-te de la seguridad privada, que-dan varias preguntas ¿quién ha-ce seguridad? ¿La policía, lasempresas de seguridad privada,la población? Todos y ninguno,puede ser la respuesta.

La Policía Judicial, es un cuerpoauxiliar del Ministerio Público in-tegrado por personal especiali-zado de la policía nacional pararealizar las investigaciones co-rrespondientes. El reglamentode la Policía Judicial mencionacomo principio fundamentalque: en el desempeño de susfunciones, observará irrestrictorespeto a la Constitución y leyesde la República que consagranlos derechos de las personas, yen especial de las víctimas y delos imputados.

Le está especialmente prohibido:

a) Utilizar cualquier forma demaltrato físico o psicológicosobre las personas; y,

b)Obrar de cualquier manera queimplique la incitación al delitocon el fin de obtener informa-ciones o auto incriminaciones.

Sin embargo este enunciado secontradice con el hecho inconsti-tucional de la presencia de cala-bozos en las instalaciones de laPolicía Judicial, donde se han da-do situaciones de violencia y tor-tura a los detenidos. Tal es el ca-so, que en el documento de con-clusiones y recomendacionesdel Comité contra la Tortura delas Naciones Unidas, se pide alEcuador: El Estado Parte debe

asegurar que se investiguen mi-nuciosamente las alegaciones so-bre el uso excesivo de la fuerzadurante los procesos de investi-gación penal y que se procese alos responsables. El Estado Partedebe asegurar la existencia de lu-gares adecuados para los deteni-dos donde exista vigilancia cons-

tante dentro de los proceso deinvestigación del delito.

El trabajo de control se hacetambién desde los servicios deinteligencia. Actualmente funcio-nan en el Ecuador doce organis-mos de inteligencia, repartidosentre el Ejército y la Policía Nacio-nal. Estados Unidos juega un pa-pel en la producción de la infor-mación estratégica de inteligen-cia. La ayuda no militar de EEUUdirigida básicamente a los servi-cios secretos de la Policía, crecióde 2 millones de dólares en2001, a 25 en 2002 y a 37 en2003, otorgando mayor protago-nismo a las acciones policialescontra el narcotráfico y la guerri-lla de Colombia3.

Se hace necesario frente a estaperspectiva elaborar un diagnós-tico de los espacios policiales enlos que se violan los Derechos Hu-manos, diseñar y aplicar correcti-vos para que la actuación policialno viole los derechos humanos.

Por un lado es importante denun-ciar la participación de la fuerzapública en delitos, pero sobre to-do evidenciar las causas estructu-rales que provocan o puedenagudizar las diversas formas deviolencia en el Ecuador. En unasociedad como la ecuatoriana enla que el conflicto social es perma-nente, la respuesta desde el Esta-do y el Gobierno no puede ser ex-clusivamente la represión, el con-flicto debe procesarse a través dela participación democrática.

El objetivo no puede ser el con-trol por el control, sino que el Es-tado debería orientar su accióna un sentido emancipatorio delorden ciudadano amparado enlos derechos.

2 Sofía Tiscornia.Violencia policial, seguridad ciudadana y derechos humanos. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),Argentina3 Jorge Serrano Torres. Los servicios secretos de Ecuador.

Foto:Archivo CEDHU

ste graffiti pintado en un murode Quito apareció en septiem-bre de 1991, mientras el repor-

te “Arrancados del Hogar” de laComisión Especial de Investiga-ción Internacional estableció queelementos de la Policía Nacional,en enero de 1988, tuvieron a loshermanos Restrepo en las depen-dencias del Servicio de Investiga-ción Criminal de Pichincha, SIC-P yque sus captores, luego de tortu-rarlos y asesinarlos hicieron desa-parecer sus cadáveres en la lagu-na de Yambo. El graffiti que per-manece en la memoria colectiva,nos alerta a los ecuatorianos quela impunidad sigue vigente y queha dado cabida a nuevos atrope-llos que hieren lo más profundode la conciencia humana.

Como efecto de la investigacióninternacional, el SIC quedó al des-cubierto, fue abolido y sustituidopor la Oficina de Investigación delDelito, OID; luego pasó a ser la Po-licía Judicial, PJ. Décadas atrás,también fue derrocado el “ReténSur”. Sin embargo, la eliminaciónde estos centros de tortura y laapertura de nuevas oficinas poli-ciales, si bien significó, en esoscontextos, un avance desde elpunto de vista humano, no logrócambiar las concepciones y prác-ticas que vulneran las raíces mis-mas del respeto a la vida y la con-vivencia humana.

Durante el Gobierno de León Fe-bres Cordero (1984-1988), secrearon grupos especiales, cuyastareas específicas y secretas fue-ron la tortura sistemática, la ejecu-ción extrajudicial, la desapariciónforzada y la cruenta represión. Seorganizaron supuestamente para

DERECHOS DEL PUEBLO 11

combatir la subversión, pero susmétodos represivos se aplica-ron indiscriminadamente a cual-quier persona que fuera deteni-da por la Policía, y aún no hansido desmantelados en elpaís. Igual a lo que ocurriócon las dependencias policia-les, los grupos especiales de laPN, en algunos casos sólo hancambiado sus siglas. Un ejem-plo es el SIC-10 que luego setransformó en la Unidad de In-vestigaciones Especiales, UIES.

En la última década, el incremen-to de métodos militares y de po-líticas que responden a interesesextranjeros, se evidencia en lacreación del Centro especializa-do de control antidrogas delGrupo Especial Antinarcóticos,GEMA, de la PN, ubicado enBaeza, provincia de Napo. Estecentro antidrogas fue financiadopor el gobierno de los EstadosUnidos y sus efectivos recibie-ron instrucción del ComandoSur. “Desde este cuartel especia-lizado, la Policía emprende lasactividades de control de estu-pefacientes en la frontera noro-riental ecuatoriana y tambiéncombatirá otros delitos que sederivan de la insurrección arma-da en Colombia”, indicó el Co-mandante de Policía, Jorge Moli-na, en abril de 2001, durante lainauguración de este estratégicocentro, que nos involucra en elPlan Colombia.

Los ascensos, cargos y el trasla-do administrativo a otras ciuda-des para burlar la justicia, es elmecanismo de impunidad, clara-mente identificable, con que sepaga la participación de algunos

oficiales en políticas represivasde Estado. Algunos miembrosde grupos especiales de la PN, apesar de hallarse involucradosen casos de violación a los dere-chos humanos, han sido promo-vidos a los más altos cargos. Elmayor Edgar Vaca fue Coman-dante General de la Policía Na-cional, al inicio del Gobierno deLucio Gutiérrez. Paco Urrutia, res-ponsable del operativo en quefue asesinado Ricardo Merino enCuenca, llegó a ser Inspector Ge-neral de la Policía. Los represo-res, Vaca y Urrutia integraron elConsejo de Generales de la Poli-cía Nacional. El general MiltonAndrade Dávila, un oficial queinició su carrera como alumnode la Escuela de las Américas, enPanamá, en el año 1985 fue seña-lado por Juan Carlos Acosta, po-co antes de morir, como el res-ponsable de las torturas que lue-go causaron su muerte. A la fe-cha de la desaparición de loshermanos Restrepo, Milton An-drade era el Comandante Gene-ral de Policía. A inicios del nuevomilenio, el general (r) Milton An-drade Dávila, preside la CorteNacional de la Policía.

“Pero,Yambo no desaparece...”

E

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El olvido esimposibleEn la actual cúpula policial se ha-llan algunos destacados represo-res. Este es el caso de la Direc-ción Nacional de Investigacio-nes, DGI-PN, que durante el Go-bierno del coronel Lucio Gutié-rrez estuvo involucrada en espio-naje policial contra opositorespolíticos. Aunque su director,ge-neral Carlos Calahorrano, fue re-movido de su cargo tras la desti-tución de Gutiérrez; pocos mesesdespués, el Presidente AlfredoPalacio condecoró al general Ca-

lahorrano con la “Gran Cruz delOrden y Seguridad Nacional”,por ejercer actualmente las fun-ciones de Jefe de Estado Mayorde la Policía Nacional. El subjefede la DGI, Gerardo Zapata, ac-tualmente es el nuevo jefe poli-cial del Comando del II Distrito,en la provincia de Chimborazo.Tampoco ha recibido ningunasanción el coronel GonzaloMancero, jefe de la Policía delDistrito Metropolitano, quien di-rigió la represión, de abril de2005, a los manifestantes deQuito, que causó la muerte deJulio García.

Con razón el juez español Balta-sar Garzón, señala: “La impuni-dad sigue vigente en tanto y encuanto los autores y sectoresque participaron en su gestacióny desarrollo, o que contribuye-ron a su permanencia, continúanejerciendo directa o indirecta-mente el poder social, mediáti-co, policial, judicial o político,porque esto les permite prote-gerse de cualquier intento inves-tigador y continuar desarrollan-do su actividad ilícita, incompati-ble con la defensa de los dere-chos elementales sobre los quese basa una democracia.” (E.G.)