arteaga y esposito 2006.movimientos sociales urbano populares en bolivia

7/30/2019 Arteaga y Esposito 2006.Movimientos Sociales Urbano Populares en Bolivia

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Avances DE INVESTIGACIN[[[

Movimientossociales

urbano-popularesen Bolivia

Una lucha contra la exclusinsocial, econmica y poltica

Carla Espsito

Walter Artega

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Movimientos Sociales Urbano-Populares en Bolivia:

Una lucha contra la exclusinsocial, econmica y poltica.

Carla Espsito

Walter Arteaga

(Responsables)

UNITAS Programa Desarrollo del Poder Local

La Paz, mayo 2006

[*] Investigacin financiada por el Centro de Estudios para Amrica Latina y la

Cooperacin Internacional. Fundacin Carolina (Espaa).


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AGRADECIMIENTOS

Por su apoyo, sugerencias y solidaridad a lo largo del proceso investigativo:

A la coordinacin del Programa Desarrollo del Poder Local.A todos los equipos tcnicos del Programa Desarrollo del Poder Local.A nuestros compaeros de UNITAS.

Por su profesionalismo en el trabajo:

Janneth Arvalo, Alejandro Miranda, Neyer Nogales, Osvaldo Peafiel, CarlosRevilla, Ernesto Sanabria, Yeshid Serrudo, Amrica Torres.

Por su apoyo en el sondeo:

A Samuel Iporre, Silveria Chuma, Isaac Choque, Yuli Aldana, Eberto Condori,Bertha Chinchilla, Oscar Terrazas, Carla Espada, Ins Apaza, Liborio Espejo,Gustavo Miranda, Pedro Nina, Daro Meneses, Pablo Jacacopa, Mara Supayave,Lus Flores y Eusebio Merlo

Por su apertura, conocimiento y tiempo:

A las y los vecinos de los distritos El Pari de Santa Cruz, 6 y 10 de Tarija, SanCristbal de Potos, Distritos 2 y 3 de Oruro, Sebastin Pagador y Valle Hermosode Cochabamba, Pasankeri de La Paz y 4 de El Alto.

Este proceso investigativo no hubiera sido posible sin el financiamiento de CeALCI-Fundacin Carolina y el apoyo institucional de UNITAS.


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CMO LEER EL DOCUMENTOEl estudio que presentamos a continuacin, concretado en el marco del ProgramaDesarrollo del Poder Local UNITAS y financiado por el CeALCI Fundacin Carolina,tiene como tema de investigacin a los movimientos sociales urbano-populares en Bolivia,y busca responder describir y explicar cul es el carcter que adquieren su(s) lucha(s)contra la exclusin social, econmica y poltica.

Se aborda la exclusin como un fenmeno complejo que forma parte de la experienciaurbana en el marco de los procesos de aplicacin de polticas neoliberales y, se interpretanlas luchas sociales como formas de articularse y/o interpelar al Estado boliviano. En estaperspectiva, se parte de la vivencia de la exclusin en distintos barrios populares de 7distritos municipales en las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Potos, Oruro, Cochabamba, LaPaz y El Alto, respectivamente.

Se toma como eje articulador de las luchas contra la exclusin a las organizaciones vecinalesde base juntas vecinales, y se describe cmo construyen sus demandas y el carcter queadquieren sus acciones colectivas en el mbito barrial. Posteriormente, se ponderan losprocesos de concienciacin referidos a la esfera poltica en especial el sistema de partidospolticos y a la propia esfera organizativa tanto a nivel de las organizaciones de basecomo a las organizaciones mayores que las representan. Finalmente, se comparan lasformas que adquiere la (re)articulacin social a partir de las dinmicas organizativas en losbarrios de los distritos estudiados, su politizacin o no, y se proyectan formas queadquieren sus luchas por incluirse participar e incidir en los procesos de la sociedadmayor.

El documento se estructura en 6 partes: la primera parte es una introduccin que nospresenta el contexto poltico e institucional en el que se desarroll el estudio, as como losobjetivos y metodologa aplicada; la segunda parte problematiza los alcances de lademocracia en Bolivia y su correlato en el clientelismo poltico al que estn sujetos lossectores populares; la tercera parte perfila las caractersticas de las organizaciones en losdistritos y la vivencia de la exclusin en los barrios; la cuarta parte describe los procesosorganizativos vecinales; la quinta parte presenta los casos de (re)articulacin social y suproyeccin en trminos de las luchas contra la exclusin; la ultima parte contiene lasconclusiones; asimismo, se acompaa el texto con recuadros temticos con citas textualesde vecinos y vecinas. Se anexan al informe la estrategia de abordaje metodolgico, las listasde las personas a las que se accedi en el estudio, una sntesis con mayores datos de lascondiciones de vida por distrito y la sistematizacin del sondeo de opinin.

Por ultimo, este estudio se concret a lo largo de un ao en el que la sociedad bolivianaratific en las urnas su cuestionamiento a un sistema poltico que expres ser menos unespacio de articulacin entre la sociedad y el Estado y ms un espacio corporativo que slobuscaba mantener sus privilegios. El estudio recoge este malestar expresado en la nocin deabandono social, empero trata de poner en perspectiva las dificultades que los sectoresurbano-populares tienen para lograr una inclusin plena y equitativa. Esperamos haberloalcanzado.


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CONTENIDOIntroduccin

- Insurreccin popular: la historia reciente de Bolivia................................................ 1- Poder local: desde dnde se mira................................................................................ 4- Objetivo del estudio...................................................................................................... 5- Metodologa.....................................................................................................................6

Democracia y participacin popular: las redes que tejen los procedimientos

- Representatividad formal y poderes reales...............................................................10- Democracia como instrumento.................................................................................12- La propuesta estatal en los niveles locales...............................................................15- La exclusin de los sectores urbano-populares.......................................................17- La clientelizacin de las relaciones entre Estado y sociedad.................................21

Los factores subjetivos y objetivos de la exclusin de las organizaciones urbano-populares

- Caracterizacin de los sectores urbano-populares..................................................26Las organizaciones sociales en los distritos urbanos estudiados...................27Los barrios y sus organizaciones sociales..........................................................28

- La experiencia urbana en el neoliberalismo..............................................................39La percepcin de la exclusin..............................................................................40Perspectivas locales de la exclusin....................................................................49

(Re)construyendo la accin colectiva en el mbito local

- La construccin de la demanda social.......................................................................53- La accin colectiva en el mbito local.......................................................................61- Procesos de concienciacin........................................................................................68

(Re)articulacin social y politizacin de la sociedad boliviana: la vitalidad de lolocal

- Las formas de (re)articulacin social vecinal............................................................74Caso 1: Organizaciones dbilmente articuladas................................................75Caso 2: Organizaciones con procesos inconclusos de (re)articulacin.........77Caso 3: Organizaciones autnomas y procesos fortalecidos de(re)articulacin.......................................................................................................79

- La politizacin de la sociedad.....................................................................................80Anlisis de los casos ..........................................................................................81

Conclusiones..............................................................................................................85

Referencias bibliogrficas..........................................................................................89


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LISTA DE CUADROS, RECUADROS Y FIGURASCuadro 1 Informantes en encuentros y entrevistas. 7

Cuadro 2 Informantes en encuentros. 7Cuadro 3 Informantes entrevistados. 8Cuadro 4 Personas que accedieron al sondeo. 8Cuadro 5 Personas a las que accedi el estudio. 8Cuadro 6 Juntas Vecinales Distrito 4 Santa Cruz. 29Cuadro 7 Juntas Vecinales Distrito 6 Tarija. 30Cuadro 8 Juntas Vecinales Distrito 10 Tarija. 31Cuadro 9 Juntas Vecinales Distrito 4 Potos. 32Cuadro 10 Juntas Vecinales Distrito 2 Oruro. 33

Cuadro 11 Juntas Vecinales Distrito 3 Oruro. 34Cuadro 12 Juntas Vecinales Distrito 8 Cochabamba. 35Cuadro 13 Juntas Vecinales Distrito 14 Cochabamba. 36Cuadro 14 Juntas Vecinales Distrito 4 La Paz. 37Cuadro 15 Juntas Vecinales Distrito 4 El Alto. 38Cuadro 16 Aspectos compartidos en la vivencia de vulnerabilidad laboral en los

barrios de los distritos estudiados. 41

Cuadro 17 Elementos comparativos en referidos a la exigencia de derechoslaborales en los barrios de distritos estudiados. 42

Cuadro 18 Percepcin del acceso a los servicios bsicos en los barrios de losdistritos estudiados. 44

Cuadro 19 Posicin comparada del papel de los partidos polticos en ladiscriminacin de servicios bsicos en los barrios de distritosestudiados. 45

Cuadro 20 Aspectos compartidos del sentido del abandono social en el ejerciciode la autoridad delegada en los barrios de distritos estudiados. 47

Cuadro 21 Ponderacin del ejercicio del poder poltico en los barrios de losdistritos estudiados. 48

Cuadro 22 Elementos centrales identificados como necesidades en los barrios

de los distritos estudiados. 54Cuadro 23 Elementos comparativos referidos a la gestin de la demanda de

acuerdo a la accin de los dirigentes en los barrios de los distritosestudiados. 55

Cuadro 24 Elementos comparativos referidos a la predisposicin a participar enmovilizaciones en los barrios en los distritos estudiados. 63

Cuadro 25 Comparacin entre frecuencia de movilizacin y percepcin delfortalecimiento organizativo en los barrios de los distritosestudiados. 64

Cuadro 26 Elementos comparativos referidos al impacto de la participacin en

movilizaciones locales en los vecinos en los barrios de los distritosestudiados. 66


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Cuadro 27 Comparacin del nivel de concienciacin respecto al sistemapoltico en los barrios de los distritos estudiados. 68

Cuadro 28 Elementos ideolgicos referidos al nivel de concienciacin en losbarrios de los distritos estudiados. 71

Cuadro 29 Dinmicas de las organizaciones matrices y formas de articulacincon las organizaciones vecinales de base en los barrios de losdistritos estudiados. 72

Recuadro 1 A quin sirve la democracia? 14

Recuadro 2 Y quin decide por nosotros? 20Recuadro 3 El mercado de la poltica y el clientelismo. 25Recuadro 4 (a) La experiencia urbana en el neoliberalismo. 43Recuadro 4 (b) La experiencia urbana en el neoliberalismo. 46Recuadro 4 (c) La experiencia urbana en el neoliberalismo. 48Recuadro 5 Pronunciamiento pblico acerca de la mercantilizacin de los

servicios. 57Recuadro 6 La construccin de la demanda social. 59Recuadro 7 La accin colectiva en el mbito local. 66Recuadro 8 La concienciacin. 73Figura 1 Ejes de la (re)articulacin social. 75Figura 2 Caso 1: Organizaciones dbilmente articuladas. 75Figura 3 Caso 2: Organizaciones con procesos inconclusos de

(re)articulacin. 77Figura 4 Caso 3: Organizaciones autnomas y procesos fortalecidos de

(re)articulacin. 79


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INTRODUCCINInsurreccin popular: la historia reciente de Bolivia

Cualquier aproximacin a los procesos de (re)articulacin social en los sectoresurbanos en Bolivia el objetivo de este estudio debe tomar en cuenta las luchas socialesque se expresaron en los ltimos cinco aos1. Estas luchas tienen como primer antecedentela resistencia de los cocaleros en el Chapare2 que, a partir de una memoria y organizacinsindical, dio origen a un movimiento que enfrent los planes gubernamentales para sustituirlos cultivos de coca3, construyendo un instrumento poltico el Movimiento Al Socialismo(MAS) que aprovech la Ley de Participacin Popular, resistiendo tenazmente a laseparacin entre la estructura poltica y el movimiento social4, para acceder electoralmentea la conduccin de los gobiernos municipales de la regin, incorporndose de esa manera ala vida poltica nacional con fuerza creciente.

El ciclo de movilizaciones sociales se inicia con la denominada Guerra del aguaen abril de 2000, que parti del rechazo a un aumento de las tarifas del servicio de agua enun 35% como promedio en el rea urbana del valle cochabambino, y deriv en la accinconcertada de sectores rurales y urbanos articulados en la Coordinadora de Defensa del

Agua y de la Vidaque buscaron y lograron que el gobierno del ex dictador Hugo BnzerSurez, luego de un frustrado estado de sitio, cancele un contrato de administracin ydistribucin del servicio otorgado a un consorcio transnacional Aguas del Tunari y laderogacin de la Ley N 2029 de Servicios Bsicos, Agua Potable y Alcantarillado, quemercantilizaba el agua en reas urbanas, expropiando sistemas de distribucin vecinales yafectando los usos tradicionales de sistemas de riego en comunidades campesinas. Este

conflicto ocurri en medio de bloqueos de caminos protagonizados por campesinos delaltiplano andino, que, cercando el rea metropolitana de La Paz sede de gobiernoimpidieron la provisin de productos agrcolas y ganaderos a sus mercados de abasto, ascomo de un levantamiento de los cuadros inferiores de la polica que reclamaba la mejorade sus sueldos5.

En septiembre de ese mismo ao, en el rea rural del altiplano del departamento deLa Paz, las movilizaciones populares continuaron con un bloqueo de caminos sostenidopor las comunidades aymaras que adheran al lder de la Confederacin Sindical nica de

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, exigiendo el cumplimientode una serie de acuerdos realizados con el gobierno. Los bloqueos se generalizaron amedida que ste no responda a los mismos o reprima las movilizaciones. Los bloqueos seampliaron a otros departamentos del pas y cobran fuerza inusitada entre los aos 2001 y2002. Es importante sealar que si bien el movimiento campesino tena demandasespecficas referidas a las condiciones sociales y econmicas de las comunidades, su fuerzaradica en un substrato de reivindicaciones histricas del movimiento indgena6

Sin dejar de lado la importancia de las movilizaciones campesinas con su fondosectorial y de clase o aquellas de carcter ms indgena, estas movilizaciones expresaron, de

1Crabtree, 2005; Assies y Salman, 2004.2 Regin subtropical en el departamento de Cochabamba, en la que se masific el cultivo de la hoja de coca apartir de mediados de la dcada de los ochenta.3 Stefanoni, 2003; Sanjins, 2004

4 Sanjins, Idem: 2105 OSAL, 2000; Garca, 2003; Gutirrez, 2001; Assies, 20016 Arnold y Spedding, pp. 143-4; Sanjins, 2005; Patzi, 2003.


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manera ms general, la recomposicin de los sectores de la sociedad que pasaron de lasluchas de resistencia a movilizaciones sociales de quiebre y reformas al modelo desdeabajo7; es decir, aquellas acciones que frenaron y modificaron decisiones gubernamentales,poniendo as en cuestin al modelo neoliberal entendido como el causante de la pobreza enel pas.

Este proceso paulatino de rebelin social continu en febrero de 20038, cuando lapoblacin se levant en contra de la creacin de un impuesto a los ingresos a partir de dossueldos mnimos9, con el que se buscaba frenar el dficit fiscal. Esta rebelin se exprescomo un estallido social, en especial en las ciudades de La Paz y El Alto, con quemas deedificios pblicos y sedes de los partidos polticos. Estas acciones movilizaron a lasociedad, forzando al gobierno de Gonzalo Snchez de Lozada a retirar los proyectos deLey que disponan la aplicacin de este nuevo impuesto.

Posteriormente, las organizaciones populares se articularon alrededor de unEstado Mayor del Pueblo, que exigi adems de la renuncia del Presidente y el

Vicepresidente, la realizacin de una consulta nacional sobre la exportacin del gas, la

revisin de la privatizacin de las empresas pblicas y de la participacin de Bolivia en elAcuerdo de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).

En octubre de 2003, la denominada Guerra del gas reafirm, desde distintossectores y organizaciones sociales, la oposicin a las polticas neoliberales y la afirmacin delo nacional a partir de la defensa de la propiedad de los recursos naturales. Estamovilizacin social represent la conflictividad presente entre el gobierno y distintossectores sociales acerca de la exportacin de hidrocarburos a Norteamrica por puertoschilenos a cargo de compaas transnacionales, y tuvo como escenario principal a la ciudadde El Alto, cuyas organizaciones vecinales estaban movilizadas, en ese momento, contra unpotencial incremento de impuestos municipales10. En este contexto, las organizacionessociales, en especial las vecinales, se unificaron bajo la consigna de la recuperacin de los

hidrocarburos (gas para los bolivianos), su industrializacin y el acceso a gas domiciliario paratodos los barrios11.

Las medidas se radicalizaron cuando el gobierno de Snchez de Lozada no cediante el clamor popular y reprimi a los campesinos aymaras que bloqueaban una ruta deacceso a los valles del departamento de La Paz. Este hecho consolid un paro cvico conmovilizacin que impact econmicamente en toda el rea metropolitana y polticamenteen todo el pas. La respuesta del gobierno fue la represin que caus la muerte de ms de60 personas y ms de 400 heridos; estas acciones gubernamentales no lograron quebrar laorganizacin de los ciudadanos alteos y gener adhesiones de sectores de clase media enla ciudad de La Paz adems de un quiebre dentro del propio gobierno, que forzaron alPresidente Snchez de Lozada a renunciar a su cargo y, por tanto, a ceder en su poltica deexportacin del gas. Lo sucedi su vicepresidente, Carlos Mesa.

El resultado de esta lucha se plasm en una agenda cuyas demandas centralesfueron la recuperacin de los hidrocarburos para beneficio de los bolivianos y latransformacin del Estado boliviano a travs de una Asamblea Constituyente. El gobiernode Carlos Mesa centr su mandato en el cumplimiento de esa agenda, pero a partir de una

7 Tapia, 20058 OSAL, 2003;9 Alrededor de Bs. 840, equivalentes en ese entonces a unos 105 dlares americanos.10 La protesta est dirigida a anular la ordenanza municipal que pone en vigencia los formularios catastrales

Maya y Paya convertidos en nuevos impuestos inmobiliarios indirectos para los vecinos alteos. (RamosAndrade, 2004 p, 76)11 Arbona, s/f; Garca Linera, 2005[a]; Mamani, 2005; Rivera, 2004; Quiroga, 2005.


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propuesta de derogar la Ley de Hidrocarburos promulgada por Gonzalo Snchez deLozada en su primer mandato (19931997) de la modificacin de la Constitucin Polticadel Estado para llevar adelante dos medidas importantes: la convocatoria a un referndum

vinculante acerca de los hidrocarburos que permitira aprobar una nueva Ley para elsector y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Es importante sealar que en enero de 2005, un bloque regional surgi con muchafuerza polarizando al pas12. Este bloque estaba encabezado por el Comit Cvico Pro SantaCruz, el departamento que aglutina al empresariado agroexportador13 de Bolivia y que essede de las principales empresas transnacionales que explotan y exportan el gas boliviano.Este bloque logr articular tambin a otros grupos regionales, como el de Tarija(importante regin productora de gas y petrleo), Beni y Pando, que demandaban larealizacin de un referndum que defina la nueva divisin polticoadministrativa del pas,proponiendo para ello un rgimen autonmico departamental.

La ltima movilizacin popular ocurri en mayo y junio de 2005 y demandaba elcumplimiento de lo establecido en el referndum vinculante sobre la nacionalizacin de los

hidrocarburos. El mandato popular, ms all de la ambigedad de las preguntas propuestaspor el gobierno de Mesa iba dirigido a la nacionalizacin, hecho que debera plasmarse en lapromulgacin de una nueva Ley de Hidrocarburos. No obstante, la Ley promulgada14 noplanteaba la nacionalizacin, entendida como expropiacin, ni polticas reales defortalecimiento de la empresa estatal y tampoco modificaba las prerrogativas de lasempresas transnacionales15. Inicialmente, las movilizaciones se centraron en la modificacinde la Ley, afirmando que el gobierno no estaba cumpliendo con el mandato popular, apesar de que los sectores empresariales consideraban aquella como atentatoria a losintereses de los inversores.

El resultado de esta confrontacin fue la renuncia del presidente Carlos Mesa, quedejaba en manos del Congreso su sucesin, la aprobacin del llamado a una Asamblea

Constituyente y del referndum autonmico. La posibilidad de que el nuevo presidentereconstituyera un nuevo pacto entre partidos polticos tradicionales agudiz la movilizacinque, adems de seguir con la premisa de nacionalizacin, demandaba el llamado a la

Asamblea Constituyente. La respuesta del parlamento fue corporativa los partidostradicionales buscaban retomar el poder perdido intentando nombrar como Presidente dela Repblica al Presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, o al Presidente de la Cmarade Diputados, Mario Cossio. Este hecho aument el sentimiento de rechazo popular a lospartidos polticos, al que se sum un discurso antiimperialista. El resultado fue elnombramiento del Presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodrguez Veltz comoPresidente Constitucional, con un mandato bastante complejo: la convocatoria a eleccionesgenerales de Presidente y Vicepresidente (incluida la renovacin total del Congreso), la

eleccin, por primera vez en la historia republicana, de Prefectos departamentales, laconvocatoria a la Asamblea Constituyente16 y al referndum sobre autonomas17.

Es en este contexto que en diciembre de 2005 el MAS result ganador de laselecciones nacionales, con un 53,74%, rompiendo 20 aos de una democracia pactadabasada en coaliciones de los partidos tradicionales.

12 Garca Linera, 2005[a], Prada Alcoreza, 2005.13 Paredes Mallea, 2003.14 Ley de Hidrocarburos N 3058 del 17 de Mayo del 2005.

15 Arce y Poveda, 2005.16 Este llamado se expresa en la Ley Especial N 3091 a la Asamblea Constituyente.17 Garca Linera, 2005; [b]; OSAL; 2005; Arce, 2004.


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Poder local: desde dnde se mira

Este estudio se concret en el marco del Programa Desarrollo del Poder Local,dependiente de la Unin Nacional de Instituciones de Trabajo para la Accin Social(UNITAS), que desarrolla sus acciones en espacios organizativos urbano-populares de

diferentes ciudades de Bolivia: La Paz, El Alto, Oruro, Potos, Cochabamba, Santa Cruz yTarija.

Su propsito es lograr que los sectores urbano populares, en funcin de susintereses colectivos, tengan capacidad de decisin frente a los poderes constituidos yejerzan el poder de manera crtica mediante el manejo de enfoques, mtodos, tcnicas einstrumentos para impulsar procesos educativos y organizativos desde tres lneas de accin:investigacin, comunicacin educativa y educacin.

Las actividades que desarrolla, en contacto directo con vecinos y vecinas, ayudan apotenciar la accin poltica organizada de la poblacin urbano-popular en su bsqueda departicipacin en la vida pblica para superar la exclusin socioeconmica, cultural,

generacional y de gnero. Su objetivo es la construccin consciente de capacidadesautodeterminativas y de influencia poltica en los espacios de toma de decisiones.

Para el Programa, las organizaciones urbano-populares son actores polticos quepueden influir y decidir sobre la poltica y la economa, ampliando las formas democrticas

vigentes; esta ampliacin debe interpretarse como conquistas sociales resultantes de lasluchas por los derechos de las personas. En esta perspectiva, lo local urbano-popular elbarrio es un lugar estratgico para buscar alternativas. Es, a la vez, un conglomerado socialy un espacio poltico para la reivindicacin social.

El trabajo en lo barrial parte de conocer las condiciones que generaron los procesosde expansin urbana producto de migraciones campo-ciudad que responden a procesos

econmicos como resultado de la aplicacin del modelo neoliberal visualizando sucaracterstica heterognea y comprendiendo la construccin de la experiencia urbana.Asimismo, lo urbano expresa el choque cultural y las diferencias sociales generadas por losefectos negativos de los procesos econmicos globales en lo local, por ello es un mbitopoltico estratgico desde el que se construye y busca el cambio. En ese sentido, a partir delanlisis y lectura crtica de esa realidad, el estudio busca generar conocimiento y brindarelementos que cualifiquen el accionar organizativo e institucional.


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Objetivo del estudio

En el marco general de la crisis de la sociedad boliviana durante el periodo 20002005, la emergencia de acciones colectivas puede ser interpretada como una respuestapopular que busca la transformacin de las condiciones econmicas y polticas que generany mantienen la pobreza en amplios sectores sociales. En esta perspectiva, es relevanteconocer los factores que posibilitan el surgimiento de movimientos colectivos, eldesempeo de stos como sujetos de la accin social y poltica en el mbito urbano y suincidencia en las decisiones de inters pblico, sean stas locales o nacionales.

En esta direccin, las grandes preguntas que guan este estudio son las siguientes:Qu motivaciones materiales y subjetivas activan la participacin de la poblacinurbano-popular en acciones colectivas? Qu experiencias sociales acumuladas memoriasoperan en el desempeo de las organizaciones urbano populares y facilitan la emergenciade acciones colectivas? Qu procesos ideolgicos e identitarios de (re)articulacin socialocurren en la base de estas organizaciones a partir de su accionar colectivo? Por ltimo

Qu relacin se establece entre las acciones colectivas y la construccin de nuevoshorizontes polticos desde los sectores urbano-populares?

En funcin a estas preguntas, el objetivo de la investigacin radica en describir lascondiciones de emergencia de los movimientos sociales urbanos y explicar sus formasorganizativas, motivaciones, articulacin con la sociedad y sus interpelaciones al poderestablecido. Para ello, se describen tanto los procesos que dan origen a los movimientossociales urbanos, como las prcticas polticas de las organizaciones urbano-populares en losdistritos estudiados, analizndose las formas de (re)articulacin social, comparandoasimismo los significados compartidos y las construcciones simblicas alrededor de lasacciones colectivas de las organizaciones, ponderando los elementos que facilitan oimpiden que las acciones se transformen en movimientos sociales con proyectos polticosalternativos.

En este entendido, el supuesto que gui el estudio es que el cambio de los procesospolticos en Bolivia, en especial aquellos que priorizan la participacin poltica y ciudadanaa travs de organizaciones territoriales18, est generando nuevas formas de (re)articulacinsocial. Este supuesto llev a que la investigacin se concentre, como objeto de estudio, enlos procesos polticos de (re)articulacin social, fundados en acciones colectivas deorganizaciones sociales urbano-populares.

La hiptesis general que gui el trabajo plantea que de acuerdo al sentido queimpriman las organizaciones populares a sus acciones, las nuevas formas de (re)articulacinsocial pueden derivar en19:

Procesos de integracin social formales, en los que sectores urbano-populares nodeciden sobre los aspectos ms relevantes que transformen sus condiciones de

vida, predominando la integracin social de carcter ms simblico.

Procesos de integracin social precaria, en los que sectores urbano-populares llegana incidir sobre algunos aspectos que transformen sus condiciones de vida,predominando la integracin social de carcter ms simblico.

18 En especial, el proceso iniciado en 1994 con la Ley de Participacin Popular.19 Las nuevas formas de (re)articulacin social tienen relacin directa con los procedimientos de

estructuracin de las demandas e implican, por un lado, la pertenencia y/o adhesin a tramas organizativas yel cuestionamiento al poder poltico as como, en momentos especficos, la afirmacin de distintas identidadespolticas en los sectores urbanos-populares.


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Procesos de integracin social sostenida, en los que sectores urbano-populares llegana incidir y decidir en aspectos que conlleven la transformacin de suscondiciones de vida, cuestionando las formas dominantes de integracin social.

Tanto el objetivo como el objeto y las hiptesis se insertan en el debate acerca delcarcter de las acciones de las organizaciones populares sus alcances y contenidos

centrndose, fundamentalmente, en su posibilidad transformadora de la sociedad.

Metodologa

La metodologa aplicada al estudio remite a la perspectiva del actor, entendidacomo la instancia que articula los condicionamientos estructurales y la subjetividad queestructura la accin colectiva de personas involucradas en las organizaciones urbano-populares. En este entendido, se aborda los procesos de (re)articulacin social a partir delas construcciones subjetivas referidas al hecho organizativo y a la valoracin de la

movilizacin como recurso para transformar las condiciones de vida.La investigacin se concentra en cuatro ejes: i) la participacin de los vecinos en sus

organizaciones; ii) su predisposicin a movilizarse para lograr que sus demandas socialessean atendidas; iii) su identificacin con las acciones de otras organizaciones sociales; y iv)su valoracin de la democracia como espacio que posibilita la transformacin social. Estosejes son analizados a partir de la vivencia de la exclusin en trminos de la significacin quele asignan hombres y mujeres en sus luchas cotidianas, a partir de elementos ideolgicosligados a la afirmacin de identidades y/o creencias respecto de la construccin ciudadana yaprendizajes y tradiciones organizativas.

El estudio prioriza el mbito organizativo como un elemento constitutivo de la

lucha contra la exclusin. Si bien esto puede ser visto como una limitacin, la investigacinmuestra que las organizaciones urbano-populares en especial las vecinales de base son lasunidades de anlisis pertinentes para comprender los alcances y limitaciones de la accincolectiva.

Atendiendo a lo mencionado, se recab un conjunto de informacin centrada enuna serie de enunciados de hombres y mujeres que viven en los barrios de los distritosestudiados y que participan y/o tienen una trayectoria en las organizaciones urbano-populares. Estos enunciados que afirman, describen e interpretan el carcter de las accionescolectivas de sus organizaciones, son el material sobre el cual se logr describir lasdinmicas de las organizaciones y colegir cmo se rearticulan socialmente las mujeres y

hombres pobres de las ciudades y el carcter de sus luchas por la inclusin social. Es dablecolegir que las afirmaciones consideradas como opiniones personales reales yconstrucciones sociales desde una posicin social especfica expresan la opinin efectivade esas personas; esto es, que independientemente de la situacin dada en la interaccin, lasafirmaciones recogidas conciernen y movilizan a la persona y a su grupo social depertenencia.

En este sentido, y como una forma de control de la fuente informativa los sujetosde la accin organizada vecinal, la estrategia de abordaje metodolgico supuso lacaracterizacin de los/as informantes que fueron personas hombres y mujeres que vivenen los barrios de los distritos estudiados y que participan y/o que tienen una trayectoria enlas organizaciones urbano-populares, en especial organizaciones vecinales de base (ver:

anexo 1).


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El nmero total de informantes (hombres y mujeres) al que se accedi con lainvestigacin alcanz a 120 personas (ver anexo 2). La interaccin con los mismos serealiz en dos situaciones: en encuentros de reflexin, en cada distrito, con dirigentes yparticipantes de organizaciones sociales; y, otra, mediante la entrevista que se concret enuna serie de preguntas dirigidas a recolectar informacin general de las variables de la

investigacin.Cuadro 1

Informantes en encuentros y entrevistas

Informantes enencuentros y entrevistasDistrito

Hombres Mujeres Total

Santa Cruz 12 5 17Tarija 9 9 18Potos 14 8 22Oruro 7 8 15Cochabamba 12 7 19La Paz 6 7 13

El Alto 14 2 1674 46 120

Tanto las entrevistas como los encuentros fueron entendidos como una relacinintersubjetiva que busc la intervencin activa y reflexiva de las personas con las que seinteractu. Los encuentros estuvieron a cargo de los investigadores principales y lasentrevistas a cargo de asistentes de investigacin locales, conocedores del medio social yorganizativo de los distritos.

En 7 espacios de reflexin se accedi a 61 personas repartidas de la siguiente forma:

Cuadro 2Informantes en encuentros

Informantes en encuentrosDistrito


Santa Cruz 8 1 9Tarija 4 4 8Potos 10 4 14Oruro 3 4 7Cochabamba 7 3 10La Paz 2 3 5El Alto 8 - 8

42 19 61


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Las personas a las que se accedi mediante las entrevistas alcanzan el nmero de 59,y pertenecen a los siguientes distritos:

Cuadro 3Informantes entrevistados

Informantes entrevistados

Distrito Hombres Mujeres TotalSanta Cruz 4 4 8Tarija 5 5 10Potos 4 4 8Oruro 4 4 8Cochabamba 5 4 9La Paz 4 4 8El Alto 6 2 8

32 27 59

Por otra parte, con el apoyo de vecinos de cada lugar se realiz un sondeo centradoen la percepcin de la exclusin y la valoracin de los movimientos sociales de las personas

que viven en los barrios de los distritos estudiados y que no necesariamente participen delas organizaciones urbano-populares. Este sondeo alcanz a 203 personas, estructurndosede la siguiente manera:

Cuadro 4Personas que accedieron al sondeo

Personas queaccedieron al sondeoDistrito


Santa Cruz 14 13 27Tarija 16 14 30Potos 15 14 29

Oruro 14 13 27Cochabamba 13 18 31La Paz 15 14 29El Alto 19 11 30

106 97 203

En sntesis, el nmero total de personas al que se accedi con el estudio en todoslos distritos alcanz a 333 vecinos y vecinas, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro 5Personas a las que accedi el estudio

Personas a las queaccedi el estudioDistrito


Santa Cruz 26 18 44Tarija 25 23 48Potos 29 21 50Oruro 21 32 53Cochabamba 25 25 50La Paz 21 21 42El Alto 33 13 46

180 153 333

Asimismo, los investigadores observaron distintos espacios de interaccin entre

personas de los diferentes distritos estudiados vecinos/as y dirigentes propiciados por elPrograma. Estos encuentros fueron:


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Encuentro Debate entre organizaciones vecinales La Paz y El Alto realizadoen la ciudad de La Paz el 30 de agosto de 2005.

Encuentro nacional de vecinos La mercantilizacin de los servicios bsicosrealizado en la ciudad de Santa Cruz entre el 1 y 2 de septiembre del 2005.

Encuentro nacional de organizaciones urbanas y rurales, realizado en la ciudadde Cochabamba el 22 y 23 septiembre de 2005.

Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la ciudad de Tarija entre 17 el 18de Octubre de 2005.

Encuentro Inequidad social y presupuestos pblicos realizado en la ciudad deCochabamba del 17 al 19 de noviembre de 2005.

Estos encuentros que renen a vecinos y vecinas de los distritos estudiados, en unnmero aproximado a 150 por encuentro, fueron registrados a partir de los ejesmencionados ms arriba, sumando informacin a la obtenida en los encuentros dereflexin y las entrevistas. Tambin se apelo a las memorias institucionales de los

encuentros nacionales de vecinos y vecinas de los aos 2003 y 2004.Por ltimo, el proceso investigativo fue acompaado por los equipos tcnicos del

Programa que trabajan con las organizaciones sociales de los distritos estudiados, quienesnos brindaron elementos para comprender el contexto y, en especial, lecturas de losprocesos sociopolticos en los distritos, que enriquecieron la construccin de los datos y suinterpretacin.


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Democracia y participacin popular:las redes que tejen losprocedimientosRepresentatividad formal y poderes reales

El modelo democrtico impuesto a partir del ao 1985 en Bolivia respondi a unapropuesta empresarial20, cuyo objetivo fue crear ciertas reglas del juego que acten comomuro de contencin ante las demandas participativas del sindicalismo. Es precisorecordar que en los aos previos a las reformas neoliberales, la mediacin poltica giraba entorno a la Central Obrera Boliviana (COB), principal aglutinadora de las demandassociales21. En ese contexto, el objetivo de las reformas liberales estuvo dirigido a crear una

nueva matriz sociopoltica, acorde con el modelo de libre mercado22

; el resultado de partede estas reformas fue el surgimiento de un nuevo sistema de mediacin entre Estado ysociedad, que busc agregar demandas globales y reivindicaciones polticas de los sujetos yactores sociales a travs de un nuevo rgimen poltico compuesto por una estructura departidos polticos pretendidamente moderna e institucionalizada23. Las reformas del Estadosupusieron una visin eficientistayprocedimental de la democracia24 tendiente a debilitar laaccin colectiva sindical como forma privilegiada del quehacer poltico boliviano25,fortaleciendo, en su lugar, el vnculo institucional.

Esta nueva propuesta se asent ideolgicamente en dos principios: a)responsabilizar de la crisis econmica y poltica a las organizaciones sindicales por suexcesiva politizacin; y b) recuperar el poder del Estado como mando de la sociedad26. As,

el sistema de partidos, las elecciones y la democracia representativa, se constituyeron en losmecanismos por medio de los cuales se define el ejercicio de las facultades ciudadanas27.

Esta propuesta se centra esencialmente en elecciones peridicas28 como principalforma de renovacin de la poltica, en el parlamentarismo como el espacio de resolucin delos conflictos y, en los partidos polticos como el nico y legtimo mediador entre el Estadoy la sociedad29, cuyo fortalecimiento fue inversamente proporcional al debilitamiento delEstado.

Las reformas neoliberales, en el mbito poltico, tericamente se presentaron comoinstrumentos de fortalecimiento de la democracia a travs de la profundizacin de losdiseos institucionales para promover nuevas y mejores formas de participacin y

20 Ver: Mayorga, 1987.21 Ver: Malloy, 1989.22 Ver: Ibez, 1993.23 Ver: Lazarte, 2005.24 Ver: Garca Linera, 2005.25 Ver: Lavaud, 1998.26 Ver: Mayorga, 1987.27 Garca Linera, 2004.28 La idea de cada ciudadano un voto se centra el principio liberal de la igualdad de todos los individuos antela ley, que resulta ser una ficcin jurdica que encubre el hecho real de la desigualdad, ya que el voto siempreest mediado por elementos como el acceso a informacin, el manejo del idioma, la disponibilidad derecursos econmicos, etc. En Bolivia, la distancia entre sectores de la sociedad con acceso a estas condiciones

es muy grande, por lo que las reglas formales planteadas en estos principios no permiten una adecuadarepresentacin ni participacin de vastos sectores de la sociedad.29 Ver: Mayorga, 2001; 2004.


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representacin poltica. Esta concepcin democrtica se plasm en un conjunto de normasa nivel nacional que iban dirigidas a buscar la modernizacin del sistema poltico. Susinstrumentos legales fueron la Ley Electoral y la Ley de Partidos Polticos, cuyo fin fuecrear las condiciones institucionales necesarias para el funcionamiento de una democraciamoderna, enmarcada en la bsqueda de gobernabilidad y basada en un sistema estable de

reglas y una nueva cultura poltica que, idealmente, tendera a generar certidumbre en lasociedad30.

Desde la teora liberal, la funcin de los partidos polticos es vincular los interesesdel pueblo con el Estado, expresar los conflictos y fraccionamientos de una sociedad,cumpliendo para ello funciones de representacin, liderazgo, conduccin y elaboracin deproyectos, propuestas y de administracin del gobierno31; no obstante, en la forma histricade gobernabilidad que se adopt democracia pactada, los partidos no lograron cumplirninguna de estas funciones, debido a que stos son redes familiares y empresariales quecompiten por el acceso a la administracin estatal32 con fines privados y cuya prctica setraduce en la patrimonializacin de los recursos pblicos, en la instrumentalizacin de lademocracia y en la clientelizacin de las relaciones entre Estado y sociedad33.

Incluso, representantes de la corriente institucionalista, que respaldarontericamente el proceso de modernizacin liberal del Estado, califican al sistema departidos polticos como un sistema de partidos cartel34, esto es, que actan de acuerdo auna creciente interpenetracin con el Estado logrando manejar de manera irrestricta susrecursos. Asimismo, se afirma que este tipo de gobernabilidad presupone y refuerza uncapitalismo de camarillas, caracterizado porque los polticos en el poder y determinadosgrupos empresariales, se reconocen, conciertan, y actan como compinches35, alcanzandouna integracin entre poltica y economa en la que las elites de los partidos se integran conlas elites econmicas controlando prebendal, y clientelarmente, a sus partidos,patrimonializando los recursos del Estado y la asignacin de cargos pblicos cuando estn

en funciones de gobierno.As, el objetivo central de las reformas polticas neoliberales, que iban dirigidas a

crear las condiciones institucionales necesarias para el funcionamiento de un sistemapoltico moderno, lejos de alcanzar sus objetivos, consolid un modelo donde gruposeconmicos activos en poltica participan a la vez en el negocio de la banca, de las

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y en los directorios de las empresascapitalizadas36, facilitndose con la poltica beneficios directos como contratos, licitaciones,bajos impuestos y/o evasiones impositivas37.

30 Lazarte, dem.31 Ver: Garretn, 2000.32 Garca Linera, 2004.33 Joan Prats, del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Catalunya, en un anlisis realizado sobre losfundamentos institucionales de la poltica en Bolivia, sostiene que los partidos polticos en Bolivia presentanbajos niveles de institucionalizacin, pues estn sujetos a una fuerte conduccin personalista, a prcticasclientelares y patrimoniales, gran discrecionalidad en el manejo de empleos y fondos pblicos que contradicela posibilidad de lograr una legalidad administrativa. Prats, 2004: 33.34 Mayorga, 2005.35 Ver: Prats, dem.36 La Ley de Capitalizacin, promulgada por el gobierno de Snchez de Lozada (1993-1997), permiti queempresas multinacionales compren el 51% de las acciones de las empresas estatales en sectores estratgicos(hidrocarburos, telecomunicaciones, ferrocarriles, aviacin, transporte de combustibles, entre otras). Fue el

modelo boliviano de privatizaciones, pues estas empresas administraban y se apropiaban del excedentegenerado en sectores como hidrocarburos y telecomunicaciones, fundamentalmente.37 Como ejemplo de la vinculacin entre elites econmicas y polticas, ver: Soliz Rada, 1996.


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El problema de la imbricacin de intereses polticos y econmicos o lasubordinacin de una esfera a la otra38, no debiera reducirse a un tema de ingenierainstitucional, como podra leerse desde la perspectiva institucionalista39. Se trata de algomucho ms complejo. Lo que sucede en la prctica es que los empresarios participan deamplios espacios de poder poltico que generan condiciones favorables para su crecimiento,

pero que deprimen las condiciones de de vida de amplios sectores sociales que seexpresaron polticamente en los ltimos cinco aos rechazando medidas que habanprofundizado la precariedad econmica y la exclusin social.

Consecuentemente, el capitalismo propuesto por el Consenso de Washington resultincompatible con un sistema democrtico participativo que conceda amplios espacios departicipacin a la sociedad. No es posible un capitalismo gobernado por el poder popularen un sistema en el que los espacios que brinda la democracia han sido subordinados a losgrupos econmicos. En la realidad, las reformas de orientacin neoliberal buscaroncomplementarse con un sistema pasivo de ejercicio de los derechos, donde la gente ejerzauna ciudadana limitada, con bajas capacidades de control social que no afecten el intersdel capital40.

Democracia como instrumento

Uno de los elementos que marcan los conflictos sociales ocurridos entre abril del2000 y junio del 2005 se refiere a los lmites de la democracia formal en Bolivia, es decir, laexclusin poltica de los sectores urbano-populares y la subordinacin de los espaciosdemocrticos a los grupos econmicos. Estos lmites pueden ser analizados en tres niveles:la patrimonializacin de los recursos pblicos, la instrumentalizacin de la democracia y laclientelizacin de las relaciones entre Estado y sociedad que conduce a la prdida de la

capacidad de representacin del Estado frente a los sectores populares.As, el parlamento, que se present como el instrumento y el espacio de resolucin

de los conflictos en el nuevo modelo democrtico, qued limitado en sus atribuciones yfunciones en la medida en que la deliberacin y la legislacin, que son su principal tarea, sesubordinaron a la lgica de alianzas interpartidarias, las que responden fundamentalmentea los intereses de los dirigentes de los partidos articulados a intereses empresariales locales ytransnacionales. sta prctica de alianzas trunc la canalizacin de demandas ciudadanas,generando un distanciamiento entre las polticas de Estado y las aspiraciones populares.

Esta realidad es leda por los sectores urbano-populares desde su situacin deexclusin econmica, social y poltica. Para ellos, el modelo democrtico procedimental

demostr ser totalmente intil para mejorar sus condiciones de vida en trminos de salud,educacin, trabajo, vivienda y servicios, lo que se tradujo en una acelerada deslegitimacindel sistema de partidos polticos debido a su complicidad con intereses empresariales y conpolticas claramente regresivas en lo social. As, el significado y alcances de la democraciapara los sectores urbano-populares reposa fundamentalmente sobre los siguienteselementos: la instrumentalizacin de la democracia por los sectores de poder econmico

38 Sobre la relacin entre poltica y economa en el modelo neoliberal y el impacto de las polticas sobre laconsolidacin democrtica, Atilio Born escribe: No es necesario caer en un economicismo desenfrenadopara reconocer que [] el "capitalismo salvaje" que surge de la receta neoliberal tiene, por el contrario,"afinidades electivas" con las formas ms primitivas y despticas del poder burgus. De ah que haya quienestemen que el "xito" de esta propuesta refundacional del capitalismo se convierta en una victoria prrica en

donde la democracia sea una de sus vctimas ms destacadas Born, 2003.39 Ver: Mayorga, 2005; Prats, 2004.40 Maiksins Wood, 2001.


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para beneficio propio y la correspondencia entre las leyes y la pertenencia de clase de lospolticos.

Desde la experiencia de los sectores urbano-populares, la promesa del logro demejores condiciones de vida y mayores espacios de participacin poltica, est pendiente.Para las organizaciones urbanas, en particular, la democracia es percibida como un espacio

restringido, apropiado por grupos de poder econmico que distorsionan su verdaderosentido, gobernando para s mismos a travs de leyes y polticas pblicas que no beneficiana los sectores populares. Esta realidad es vivida como una condicin de exclusin ydiscriminacin que conlleva un notable proceso de concentracin de la riqueza que se hacean ms pernicioso frente a la falta de polticas sociales, primando enfoques asistencialistascomo los programas de empleo de emergencia.

Desde la perspectiva urbano-popular, los espacios democrticos como elparlamento y las elecciones, en los que idealmente debiera expresarse la voz de la pluralidadsocial y superarse los conflictos a travs de la deliberacin, han perdido total efectividad,evidencindose ms bien la claudicacin del Poder Legislativo frente a un Poder Ejecutivo

subordinado a poderes econmicos.La disolucin sistemtica de los compromisos establecidos por el Estado con los

sectores populares, durante los ltimos veinte aos de democracia, es experimentada porstos como una falta de compromiso de los partidos polticos con los pobres, en la medidaen que stos y el Estado no trabajaron para el pueblo, sino para intereses empresariales. Loanterior, en la mirada de las organizaciones, ha convertido a la poltica en una lucha porintereses particulares, que slo se relaciona con la sociedad en cuanto requiere de votos.Este hecho tiene profundas repercusiones en la vivencia de las y los vecinos acerca de lapoltica, traducindose en la nocin de olvido que hace referencia, por un lado, a que lasleyes elaboradas en el marco de la poltica neoliberal no incorporan las aspiraciones de lossectores populares y, por otro que en realidad es su causa a una pertenencia de clase de

los polticos en funcin a la cual actan.El olvido es explicado por las y los vecinos como la actuacin sectaria de los

partidos polticos, cuyas prcticas guardan perfecta concordancia con sus intereses de clase,as como por la existencia de malos gobiernoscaracterizados por la falta de compromisocon los sectores empobrecidos y por prcticas patrimoniales que habran llevado aldespilfarro de las riquezas naturales del pas.

De todo esto podemos colegir que los sectores urbano-populares luchan contra elpoder de clase concentrado en el Estado, pero es una lucha localizada, particularizada yfragmentada. El blanco es el Estado por su creciente complicidad con los interesesempresariales.

La funcin del Estado de representar la voluntad popular expresada a travs delvoto se convirti en una carta abierta para que los polticos manejen con discrecionalidadlos recursos y riquezas del pas, amparados por el poder de las alianzas partidarias democracia pactada. Desde la perspectiva de los sectores urbano-populares, el Estadorepresentara nicamente los intereses de las clases dominantes y los intereses extranjeros,socios de las primeras, lo que provoc, como resultado, que emerja una nueva discursividadnacionalista entre estos sectores.

En los ltimos aos, la prctica poltica del Estado y de los partidos es uno de loselementos que estara en la raz de los procesos de politizacin de la sociedad, que puededefinirse como la capacidad de los sectores populares de impugnar al poder poltico, en la

medida en que no expresa el inters general de la sociedad. Entre los resultados msdevastadores de este proceso est la crisis poltica que encuentra su origen en el


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desencuentro entre el Estado y la sociedad, as como en la deslegitimacin del sistemapoltico, lo que conlleva la prdida de las principales funciones del Estado ante la sociedad

que son las de representacin, arbitraje y decisin y la acumulacin de demandasinsatisfechas que no encuentran salida frente a la ausencia de un espacio de disenso y crticademocrtica. En este sentido, los sectores populares recurren a acciones colectivas fuera de

los espacios y procedimientos previstos por la democracia para lograr el reconocimiento asus demandas econmicas, polticas y sociales.

Recuadro 1A quin sirve la democracia?

De elites,polticos burguesesy gente peor

La democracia que nosotros estamos aplicando realmente ha beneficiado ms a los que tienen dinero y noas a los que no tienen, bueno, no ha llegado todava para la gente humilde, no ha llegado para los pobres,no ha llegado para los indgenas, () lo dems la democracia lo hacen y lo ejercen el parlamento dondehacen lo que quieren, hacen y deshacen. (Hombre dirigente El Alto)

Este sistema que ha impuesto de democracia es un sistema de democracia directamente para la genteburguesa, la democracia no est hecho a nuestra realidad () se ha dado una democracia distorsionada(Hombre dirigente joven: El Alto)

Siempre hemos hablado de la democracia, pero para la gente obrera, campesina no creo que no ha habidola tal democracia (Mujer vecina El Alto).

() Una clase que se aprovecha de la democracia para beneficio propio () una democracia tiene quellegar, si en cuestin de recursos hablamos, a toda la poblacin; tiene que haber una mejor distribucin delas riquezas. Ah vamos a ver una mayor amplitud de la democracia participativa, sino va a ser solamentetambin una democracia representativa, que no se va a querer que participe la comunidad, solamente loselegidos van a tomar la decisin. (Hombre dirigente La Paz).

Las leyes estn manipuladas por sectores elitistas, pequeas elites que quieren manipular las leyes en subeneficio, no podemos entonces adaptarnos a esas leyes. El municipio est mal estructurado, todo est malestructurado; nosotros tenemos que cambiar esto y para eso es la asamblea constituyente. () [La

Asamblea Constituyente] debera apuntar a cambiar completamente la Constitucin Poltica del Estado,para hacer leyes que realmente sean para los bolivianos, para las masas, que no estn conformes con estesistema que tenemos actualmente (Encuentro nacional de vecinos, 2004)

[Los partidos polticos] han visto a su manera o su forma cmo manejar la democracia, no han visto haciatodo el pas (Hombre joven dirigente El Alto)

Malos gobiernos han pasado, como ha habido siempre, corrupcin; como el gas, se lo han regalado,actualmente tantos tubos salen, no sabemos [cunto] sale afuera, se lo han regalado. (Mujer vecina El

Alto).

El instrumento del que se valen los polticos para llegar al poder es la democracia. A las eleccionesmunicipales todo el mundo le dice una fiesta democrtica. La democracia es cuando un grupo de personaselige a una persona que lo va a representar, que va a llevar al gobierno todas sus necesidades, pero no es asen Bolivia; esa persona llega al poder y hace todo lo que quiere en representacin de todos nosotros.(Encuentro nacional de vecinos, 2004)

Yo creo que ahora estn desapareciendo los partidos polticos, porque lamentablemente hay algunaspersonas que se aprovechan de eso, son cinco o diez por ciento de toda la poblacin, en cambio el noventa porciento sufre, gracias a los partidos polticos no? Hay eso, la mayora de la poblacin sufre, solamentealgunos se aprovechan, yo digo que en buena hora estn desapareciendo los partidos polticos (Hombre

joven dirigente Potos).


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La propuesta estatal en los niveles locales

En el afn de crear una nueva forma de relacin entre el Estado y la sociedad, sepropuso una reforma estatal que busc fortalecer el nivel de gobierno municipal. Suespritu planteaba que la cuestin de la gobernabilidad deba estar fundamentalmente

anclada en el espacio local, mbito privilegiado para la revitalizacin de la polticademocrtica, que se plasm en un nuevo marco jurdico destinado a normar laparticipacin social mediante la Ley de Participacin Popular. En ella se reproduce laintermediacin obligatoria de los partidos polticos, los que terminan por estar a cargo delas decisiones municipales.

Articulada a un proyecto internamente coherente de reformas modernizadoras lasegunda generacin de reformas estructurales41 la Ley de Participacin Popular fuepresentada como una poltica emblemtica del gobierno del Movimiento NacionalistaRevolucionario (MNR)42, que compensara el alto costo social del Programa de AjusteEstructural. Pese a que el objetivo de la Ley era articular a las comunidades indgenas,campesinas y urbanas en la vida jurdica y poltica del pas y fortalecer los instrumentos

polticos y econmicos necesarios para perfeccionar la democracia representativafacilitando la participacin ciudadana43, sta fue diseada desde arriba, sin laparticipacin de las organizaciones de la sociedad civil, negando incluso formas locales departicipacin44 a travs del diseo de instrumentos artificiales45 en los que el Estado definelos procedimientos para la participacin: sujetos, momentos, funciones, formas depresentar reclamos y ejercer el control social46. Estos instrumentos responden a una pticamodernizante, que niega la tradicin colectivista de la historia de la participacin social enBolivia, oponindole un modelo en el que el individuo sustituye al actor colectivo.

Los pilares de la Ley estn definidos por un reordenamiento administrativo del pascon base en gobiernos municipales autnomos, la mejora de las condiciones de vida en elmbito local a partir de la descentralizacin de recursos especficos de coparticipacintributaria47, la creacin de nuevos mecanismos de enlace entre el Estado y la sociedad civil:las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y los Comits de Vigilancia48 y la aplicacinde mecanismos de planificacin participativa en la estructuracin de la demanda de loshabitantes del municipio.

Pese a la coherencia interna de los mecanismos creados por la Ley, los logros queinicialmente se supona iba a alcanzar49 fueron limitados con relacin a las

41 Ver: Assies s/f.42 Una revolucin democrtica destinada al fortalecimiento de la democracia, o un intento de construirel Estado de abajo hacia arriba Barbery, 2004. Para ampliar esta visin, ver: Varios 1997. Para una visincrtica de populismo neoliberal boliviano, ver: Lagos, 2001.43 Ley de Participacin Popular, artculo primero.44 Como los cabildos y asambleas comunales.45 Las OTB son un modelo de organizacin territorial que no tienen antecedente histrico en Bolivia. Ver:Ayo, 2003.46 Assies, dem; Torrico, 2003.47 La suma alcanza -para todos los municipios- al 20% de la coparticipacin tributaria, en tanto el otro 80%contina en manos del Estado. Este 20% resulta poco si se compra con el 44% de los recursos estatalesdestinados al pago de la deuda pblica: jubilaciones de las antiguas empresas del Estado para que lascapitalizadas queden sin ningn tipo de deuda. Ver: Fernndez, 2003.48 Estructuras representativas de las OTB, constituidas como sistemas de control de la gestin municipal -en

especial de la inversin de los recursos de coparticipacin-.49 A momento de aplicarse la Ley -aos 1994 y 1995- hubo un crecimiento en los recursos municipales quegener expectativas de inversin social en reas y lugares antes impensados.


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responsabilidades asignadas a los municipios50. Los escasos recursos ya sean propios, decoparticipacin o prstamos no les permiten impulsar el desarrollo local. El problemaradica en que los gastos de inversin para dinamizar la economa local y alcanzar sus metassociales, no pueden ser cubiertos nicamente con los ingresos municipales51, es por ello quelos municipios recurren a prstamos de fuentes internas y externas, endeudndose52.

Con relacin a la mejora cualitativa de las posibilidades de participacin social, debesealarse que la Ley cre un sistema de participacin altamente restringida, centrada en losespacios locales, que limit a las organizaciones sociales su capacidad de incidir en losniveles estatales meso y centrales. De igual forma, la planificacin participativa, que sepresent como una novedosa manera de combinar la democracia directa con larepresentativa, confin la demanda social al mbito local, fomentando la competencia porel acceso a porciones del presupuesto municipal para pequeas obras que, mas all defomentar la participacin, generaron la fragmentacin de las organizaciones53.

Al reconocer a las OTB como intermediarias legtimas de la sociedad frente alEstado, la Ley cerr los espacios de participacin y decisin a las organizaciones

funcionales, ligadas ms al mundo del trabajo; esta situacin proscribi del Estado a lasorganizaciones sindicales, quitndoles definitivamente la facultad de intermediacinpoltica, concentrando sta en manos de los partidos polticos. De la misma manera,intent desactivar las acciones comunitaristas a travs de la imposicin de una serie demecanismos que introducen una nueva racionalidad burocrtico estatal54, que puede serinterpretada como parte del proceso civilizatorio colonialista55.

En este sentido, los partidos monopolizan la administracin pblica en el mbitolocal, que tiende a ser apropiada por las elites locales que crearon pequeas fortalezas depoder legitimadas y articuladas sobre una densa red de relaciones clientelares y decooptacin poltica56. En este entendido, la Ley de Participacin Popular funciona como unsistema clientelar estructurado desde el Estado para controlar a travs de los partidos

polticos hasta el ltimo confn del pas.Sin embargo, este sistema tiene resquicios que son aprovechados por fuerzas

sociales emergentes y por las organizaciones campesinas57. Esto se hace patente en elincremento del nmero de concejales campesinos e indgenas representantes de susorganizaciones que accedieron por voto al poder municipal58 en municipios histricamentedominados por los partidos tradicionales59.

En sntesis, los avances institucionales en trminos de participacin social en elmbito local no se han correspondido con las demandas polticas que manifiestan lanecesidad de proyectar su influencia a nivel nacional. En este sentido, no super el modelode la democracia representativa, ni incorpor plenamente elementos de democracia

50 Entre las responsabilidades de los municipios se cuentan el mantenimiento y/o inversin en los sectores desalud, educacin, deporte, cultura y saneamiento bsico. Asimismo cubrir, con distintas fuentes definanciamiento, el seguro Universal Materno Infantil. Ver: Control Ciudadano, 2003.51 CEDLA, 2003: 452 Ayo, 2003: 12753 Muchas organizaciones socio-territoriales grandes recurren a la estrategia de dividirse en OTB para accedera recursos municipales Torrico, dem,54 Estos mecanismos son las cumbres municipales, Planes Operativos Anuales, los Planes de DesarrolloMunicipal, los Planes de Desarrollo Distrital, que reformulan el lenguaje y los espacios de la participacin.Ver: Garca Linera, 2003.55 Garca Linera, 2001.56 Varios, 2003[b]

57 Alb y equipo CIPCA, 1999.58 El caso que ms destaca es el de las 6 Federaciones de Colonizadores del Trpico de Cochabamba.59 Assies, s/f.


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participativa a nivel local, menos elementos de una democracia deliberativa. Este proceso,por tanto, no recuper para la democracia boliviana las demandas histricas de losmovimientos sociales tradicionales por una democracia participativa en la gestin delEstado.

Pese a los esfuerzos de modernizacin, la pulcritud de las normas y la coherencia

interna de los mecanismos creados, los logros que inicialmente se supona iba a alcanzarfueron limitados. As, lo que se logr, fue el despliegue de un modelo caracterizadoesencialmente por una democracia formal y procedimental, que privilegi las formas ymecanismos democrticos por encima del contenido verdaderamente participativo y social.De esta forma, los esfuerzos de construccin de la democracia se agotan en la creacin delas instituciones polticas60 que plantean la resolucin de la conflictividad socialconcentrndose en procedimientos que lleven a la gobernabilidad y la eficaciaadministrativa, vaciando de contenido la poltica.

La exclusin de los sectores urbano-populares

Inicialmente, el estudio muestra que los diseos institucionales creados por lademocracia formal representativa, pese al discurso participativo y democrtico que lossostuvo, slo lograron mantener y reproducir la exclusin poltica de las organizacionesurbano-populares en concordancia al modelo econmico neoliberal. Esto, al interior de lasorganizaciones, se vive esencialmente como una dificultad permanente para integrar susdemandas en las instancias estatales, as como la imposibilidad de decidir acerca de losaspectos centrales que hacen al desarrollo de la sociedad.

Si bien el Estado con las reformas neoliberales abri nuevos espacios de

participacin, el principal obstculo es que stos estuvieron restringidos estrictamente almbito municipal territorial, con lo que se produjo un estrechamiento de los espacios dedecisin y una ruptura con los niveles nacionales, para los que no se dise mecanismoalguno de relacin, acceso o influencia, excepto a travs del voto que delega las grandesdecisiones a los partidos polticos.

La centralidad que cobra el voto en este modelo deja entrever que la formalizacinde la participacin se propici a partir de criterios de democracia procedimental, esto es,sobreponiendo los temas de procedimiento a los de calidad en la participacin, tanto en elrecojo de demandas como en la resolucin de conflictos. Este criterio devino en unaexcesiva burocratizacin de la cuestin pblica, que convirti a la participacin en unasunto de especialistas, creando las condiciones para la proliferacin de todo tipo de

intermediarios conocedores de esta nueva maquinaria procedimental, entre los que estndirigentes, partidos y organizaciones no gubernamentales (ONG).

La burocratizacin de la cosa pblica implic la complejizacin tanto de las vaslegales para el reconocimiento de las demandas sociales como de los mecanismos estatalesde resolucin de conflictos, sobre todo en mbitos municipales, donde se crearon rutasinterminables de ida y vuelta entre el Estado y las organizaciones que difcilmente seconcretan en respuestas, mediadas, como estn, por fuertes redes clientelares.

Los conflictos, generalmente son resueltos a partir de una rutina poltica definidacomo una serie de procedimientos formales e informales por los cuales las organizacionessociales logran incidir en determinadas instancias del poder, que pueden ser el propio

60 Born, 2003


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Estado central o sus instancias descentralizadas como municipios y prefecturas. Esta rutinase caracteriza por la presencia de permanentes obstculos para el reconocimiento de lademanda que terminan desalentando a las organizaciones.

Usualmente, el establecimiento de espacios de negociacin, de compromisos ygeneracin de polticas pblicas son activados a partir de mecanismos de presin social, que

cumplen una funcin dinamizadora de un procedimiento largo y burocrtico. Lainteraccin conflictiva entre el gobierno y las organizaciones supone, desde la experienciade los dirigentes, el incumplimiento permanente de los compromisos asumidos por elprimero, generando el descreimiento en la palabra del Estado, hecho que obliga muchas

veces a otras instituciones como la Iglesia o el Defensor del Pueblo a intervenir comogarantes y/o facilitadores.

En la burocratizacin de los mecanismos de recojo de la demanda social, influye demanera decisiva la forma vertical que el Estado asumi para relacionarse con la sociedad,que se traduce, primero, en la imposicin de una serie de mecanismos de planificacinparticipativa (Planes Operativos Anuales, Planes de Desarrollo Distrital PDD, Planes de

Desarrollo Municipal PDM), llenos de vericuetos y totalmente ajenos a lasorganizaciones, donde predomina el castellano y la jerga tcnica como cdigo deentendimiento y, segundo, en el reconocimiento vertical, decidido unilateralmente por elEstado, de las organizaciones territoriales de base (OTB) creadas para sustituir y/odespolitizar a los sindicatos como interlocutores con el Estado. Tales mecanismos trajeroncomo resultado ms procedimientos a cambio de menos participacin.

Con los procesos de distribucin del presupuesto, si bien las organizacionesterritoriales lograron algunos espacios de decisin sobre una porcin de recursos delEstado, en la mayor parte de los casos, ms que fortalecer las capacidades de lasorganizaciones, lo que realmente se logr es la atomizacin de la demanda social. Lasorganizaciones pierden la capacidad de agregar sus demandas, las que al mismo tiempo se

ven empobrecidas en su calidad y alcances en la medida en que su proyeccin estdelimitada por el hecho concreto de las restricciones presupuestarias y territoriales,conduciendo al empobrecimiento del contenido, visin y calidad poltica de laparticipacin.

Estas formas de relacin establecidas entre las organizaciones sociales y lainstitucionalidad estatal local, a travs de los partidos polticos, no potencia la participacinde las organizaciones sociales; por el contrario la desmotiva, en la medida en que las y los

vecinos ven truncada la posibilidad de tomar decisiones autnomas, quedando lasprincipales funciones de su vida organizativa en manos de las dirigencias vecinales ligadas alos partidos polticos.

Es dable afirmar que uno de los logros ms notables de la Ley de ParticipacinPopular fue el debilitamiento de las organizaciones frente al municipio, ya sea debido a susdivisiones internas debidas a luchas por acceder a recursos o por influencia de las redesclientelares con las que el municipio media su relacin con las organizaciones. Sea cual seala razn, el hecho central es que este debilitamiento tiene influencia directa en la capacidadde las organizaciones para integrar sus demandas en las instancias estatales.

El obstculo ms grande en la lucha de las organizaciones por integrar susdemandas en el Estado es el accionar de los partidos polticos. stos tienen participacindirecta en las Alcaldas a travs de las decisiones en los Concejos Municipales para laejecucin de presupuestos y toma de decisiones respecto a su gasto. En este sentido, deberesaltarse que, si bien una parte de los recursos de coparticipacin tributaria son utilizadospara el mejoramiento de los servicios y la infraestructura de los barrios, no todas las zonasson beneficiadas de igual manera. Esto es as porque el manejo de los recursos est


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supeditado a la racionalidad de los partidos polticos, es decir, los recursos estn destinadosa financiar la poltica. Una de las razones por la que existe una ausencia de compromiso yresponsabilidad de las autoridades electas y los funcionarios pblicos, es que el desempeode los municipios est centrado fundamentalmente en el cumplimiento de las demandasbajo un criterio clientelar.

Al uso poltico de los recursos debe agregarse la poca eficacia de los mecanismos decontrol social creados por la Ley. Es preciso resaltar que, si bien uno de los aciertos mspublicitados de la Ley de Participacin Popular fue el diseo de nuevos mecanismos de

vigilancia social que daban atribuciones de control a las organizaciones sobre los recursos,stas no tienen atribuciones de fiscalizacin sobre fondos y donaciones que son manejadosa discrecin por los partidos en las alcaldas, tampoco tienen la atribucin de definir eldestino de fondos pblicos, ni participan en las decisiones sobre deudas que contraen losmunicipios. A lo anterior se suma el problema de que los Comits de Vigilancia losrganos de control creados por el Estado estn integrados en las redes clientelares delmunicipio, anulando su funcin de vigilancia ciudadana. De esta manera, el rol del controlsocial asignado por Ley a las organizaciones como parte de sus derechos ciudadanos, queda

limitado.Esto disminuye an ms las posibilidades de administrar los escasos recursos con

los que cuentan los municipios y determinan que queden fuera de sus prioridades laconstruccin de ciertas obras que, aunque importantes, sobrepasan las capacidades del lospresupuestos municipales, frustrando las expectativas sociales de las organizaciones acercade la solucin de su problemtica cotidiana, en especial la referida a los servicios bsicos.

Las limitaciones de esta normativa, traducidas en burocratizacin, clientelizacin delrecojo de las demandas y bajos presupuestos, es vivida como una condicin deimpermeabilidad del Estado y de sus instancias descentralizadas para incorporar y hacercumplir sus demandas. En este escenario no resulta extrao que frases como no nos

escuchan, no hacen caso, no nos hacen valer se convierten en el comn denominador deldiscurso de las y los vecinos cuando se refieren a su relacin con los municipios.


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Recuadro 2Y quin decide por nosotros?La exclusin de las decisiones

La exclusin de las decisiones

Nosotros, como dirigentes permanentemente estamos en las oficinas y no hay atencin siempre de formainmediata, a veces ni siquiera nos dan curso para darnos una atencin como debera ser. (Hombredirigente El Alto).() si entendemos la participacin social como participacin en temas vitales de la vida poltica del pas,tenemos que concluir que no hay una real participacin en Bolivia, porque siguen decidiendo por nosotros entemas clave, como la propiedad de los hidrocarburos, como la poltica econmica (Encuentro nacional devecinos, 2004).En muchos de los casos se han firmado convenios, acuerdos, pero una vez firmados estos acuerdos, tantolas autoridades responsables de la solucin no han podido solucionar los problemas, porque la mayor partede las reclamaciones inevitables estn relacionadas con cuestiones de carcter econmico. (Hombre dirigenteOruro)

He visto cmo se han elaborado los POA [programacin de operaciones anual], y ah se ve claramentecmo la gente simplemente votaba por un pavimento, por un empedrado o una canchita en su barrio, perosolamente vean hasta ah nada ms, desgraciadamente lo que el gobierno ha querido con esta ley [de

participacin popular], ha sido minimizar, que no veamos ms all de nuestras narices, nadie se da cuentade qu es lo que pasa a nivel local, qu es lo que pasa a nivel departamental, mucho menos nacional, nosestn tapando la vista completamente. (Encuentro nacional de vecinos, 2004)La participacin es muy poca de la gente y prcticamente son los de la junta directiva y hay unos cinco maslos que toman las decisiones del barrio, y es por eso que el esfuerzo que tambin existe insatisfaccin en lamayora de los que forman parte el barrio y del distrito, [] no hay temticas ms all del asfalto, de las

jardineras que divide un barrio con otro, entonces la participacin casi es nula, al menos por parte de lasmujeres. [Yo] no estoy participando en la organizacin barrial, uno porque no me motiva la participacin,he ido a una sola reunin y en esa reunin son dos o tres los que toman las decisiones (Mujer vecina

Tarija)En la mayora de las ciudades grandes no se tiene control sobre nada en realidad, ni sobre el comit devigilancia, ni sobre licitaciones, ni nada por el estilo. (Encuentro nacional de vecinos, 2004).El comit de vigilancia nunca llama a reuniones para conocer las necesidad y sin saber eso elabora elPOA [programacin de operaciones anual] () Quin elige al comit de vigilancia? Es una camarilla,compuesta por la Federacin de Juntas Vecinales y son dirigentes eternos que no quieren moverse, en Potossiete aos que est el comit de vigilancia () hay una rosca increble, pero tiene que haber un momento enque vamos a tener que deshacer; para eso pido que el comit de vigilancia baje a las bases para informar.(Hombre dirigente Potos)En mi barrio [Cochabamba. D14] por ejemplo, las autoridades no dan ningn apoyo, no nos toman encuenta, realmente somos marginados, no tenemos ayuda de casi ninguna clase. (Encuentro nacional devecinos, 2004)

Las obras se hacen en el centro, por eso es que los vecinos de la periferia no pueden reclamar, si realmentelos dirigentes iran a socializar a esos barrios, yo creo que las cosas seran muy diferentes y cada cualreclamara por los servicios bsicos, que hacen falta en diferentes sectores (Memoria encuentro nacional devecinos, 2004).


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La clientelizacin de las relaciones entre Estado y sociedad

La experiencia urbana de las organizaciones barriales est profundamentecondicionada por el clientelismo poltico61. Si bien el clientelismo poltico siempre fue unaparte del carcter de las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales62, a partir de

las reformas neoliberales las redes clientelares se extienden y fortalecen convirtindose en elprincipal mecanismo de relacin entre el Estado y las organizaciones sociales de base. Elaumento de la migracin, la pobreza, el desempleo y la precariedad de las condiciones de

vida en las ciudades, hicieron vulnerables, y muchas veces dependientes, a los sectorespopulares de los partidos polticos, quienes empezaron a operar como los nicosfacilitadores para el acceso a recursos materiales y servicios municipales63.

Al mismo tiempo que las reformas econmicas profundizaban la vulnerabilidad delas condiciones de vida de los sectores urbano-populares, la nueva institucionalidad creadaa partir de la Ley de Participacin Popular fortalece a los partidos polticos, otorgndoles laatribucin de administrar, en caso de ser electos, los recursos de coparticipacin tributaria(RCT), idealmente, en beneficio de las organizaciones de base. Sin embargo, este poder yacceso a recursos es utilizado, prioritariamente, para el mantenimiento y reproduccin de lapoltica y de nuevos poderes y cacicazgos locales mediante un uso poltico del dinerodestinado a la creacin de densas redes clientelares. Estas redes operan desde losmunicipios a travs de la cooptacin de los dirigentes de las organizaciones vecinales, elintercambio de cargos (empleos) en el sector pblico, incentivos econmicos y obras acambio de lealtades polticas, que hacen del clientelismo el principal articulador entre lospartidos polticos y las organizaciones vecinales. En los barrios populares estudiados, lacooptacin de dirigencias y la manipulacin de las demandas sociales mediante el usopatrimonial de los bienes y recursos del Estado son los principales mecanismos dedominacin de los partidos polticos.

Antes de abordar el tema de la cooptacin, debe decirse que, desde el punto devista de la vida organizativa del barrio, los dirigentes cumplen un rol decisivo en las tareasde articulacin organizativa, recojo de demandas y movilizacin social. Su influencia seafirma en distintos elementos, en unos casos, avalados por la presencia de estructurasorgnicas que respaldan el rol dirigencial frente a las bases y, en otros, a partir derepresentaciones sociales que perfilan la figura del dirigente como una imagen casi paternal,que les otorga gran autoridad y responsabilidad ante sus bases sociales64; asimismo, losdirigentes logran desarrollar un manejo de cdigos culturales, relacionados con lo urbano65,que les permiten realizar tareas de intermediacin66 entre lo poltico institucional y lobarrial; este tipo de intermediacin posibilita a las dirigencias acumular un capital social y

61 El clientelismo poltico puede ser definido como un mecanismo de dominacin poltica aplicado a travs deun conjunto de prcticas asimtricas fundadas en una relacin cara a cara, contactos personales y formas deinteraccin social, que se sostienen en una red de intercambios desiguales pero mutuamente beneficiososrealizados entre partidos, un conjunto de intermediarios polticos y las organizaciones urbanas, cuya finalidades asegurar el control de la conflictividad en mbitos locales, as como la creacin de lealtades polticas a partirde la incorporacin, en forma subordinada, de los sectores marginales al sistema poltico. ver: Farinetti, 2000y Auyero 2003.62 Caldern y Laserna, 199563 Ver: Quisbert Quispe, 2003.64 Este es un principio de la autoridad comunitaria de la organizacin social andina. Ms informacin ver:Varios 2003[b].65 Esos cdigos se refieren al buen manejo de la lengua castellana y el conocimiento del mundo burocrtico yadministrativo que se requiere para relacionarse con la Alcalda.

66 La intermediacin refiere a la centralidad de la autoridad en el proceso de gestin de las demandas de sugrupo ante instancias institucionales, que supone recursos y conocimientos que lo distinguen del resto de losvecinos. Varios 2003[b]: 27-28.


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poltico67 que facilita su influencia sobre las y los vecinos de base creando, muchas veces,relaciones de dependencia con ellos. Estos atributos hacen de la figura dirigencial elpotencial nodo de las redes clientelares y les brinda la posibilidad de convertirse enintermediarios de los partidos polticos.

Los procesos de cooptacin dirigencial en la generacin de adhesiones polticas son

esencialmente ideolgicos. El estudio muestra los mecanismos de cooptacin dirigencialpuestos en marcha en los barrios, principalmente dos: la manipulacin a partir de ladependencia del empleo pblico y la compra directa de dirigentes en momentos deconflictos.

En un contexto en el que la carencia de trabajo es un eje estructurante de lasociedad68, la distribucin del empleo pblico en los municipios opera como el principalmecanismo de cooptacin de dirigentes de base, situacin que se transparenta con todaclaridad durante periodos eleccionarios, cuando los polticos toman contacto directo condirigentes de base convirtindolos en sus intermediarios, ya sea mediante el ofrecimiento dealgn beneficio para la zona o de puestos de trabajo a cambio de los votos de las personas

que forman parte de sus crculos de influencia. El intercambio desigual de bienes materialesa cambio de bienes simblicos lealtad poltica reproduce la condicin de desigualdad delos sectores populares en la arena poltica.

No obstante, el manejo de las organizaciones a travs del clientelismo poltico no seagota en periodos eleccionarios, sino que es un tema de tensiones permanentes en la vidacotidiana de las organizaciones. Los cargos de decisin vecinal tienen gran importanciaporque desde stos los dirigentes adquieren visibilidad frente a los partidos polticos y lamunicipalidad, de quienes reciben frecuentes ofrecimientos que, muchas veces, funcionancomo trampoln poltico para acceder a cargos pblicos.

El ofrecimiento de fuentes de trabajo es un gran movilizador poltico. La

imposibilidad de los municipios de crear empleos en reas productivas, convierte a lafuncin pblica en el botn de los partidos que ganan las elecciones. Esta prcticausualmente diluye los compromisos establecidos entre los partidos y las organizaciones enfuncin a la promesa de crear fuentes de trabajo, generando beneficios nicamente en elcrculo de la clientela poltica.

El mecanismo de cooptacin de las dirigencias supone la creacin de un tipo defidelidad personalizada y de subordinacin comprada de los dirigentes al partidobenefactor, obstruyendo las posibilidades de autonoma poltica de las organizaciones,entendida sta como la capacidad de generar un proyecto poltico propio, independiente delEstado, o de adherir libremente a una corriente poltica. En el marco del clientelismo, estasposibilidades son inexistentes, en tanto la incorporacin de los sectores populares en la

poltica se da en condiciones de desigualdad econmica, cultural y social. De esta manera,tanto los dirigentes de las organizaciones como los miembros de base son concebidoscomo un mercado electoral al que se puede acceder a travs de la manipulacin de susnecesidades sociales bsicas. En este escenario, el elector no tiene garantizadas las mnimascondiciones de vida y su voto est condicionado por la necesidad de sobrevivencia, hecho

67 Este capital social y poltico refiere fundamentalmente a la posesin de contactos y conocimiento quelos dirigentes antiguos adquieren en la propia prctica del ejercicio dirigencial. Ver: Varios[b], 2003.68 De las 143.508 personas ocupadas en el total de distritos estudiados, el 50% son obreros o empleados, 38%trabajadores por cuenta propia, slo son 4% patrones o socios y 3% trabajadores familiares sin remuneracin.

Es decir, el 91% de la poblacin est ocupada en actividades precarias, desprotegidas de la Ley y con bajaremuneracin. Datos del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de 2001 / Instituto Nacional deEstadstica.


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que institucionaliza un circuito de intercambio entre desiguales que hecha por tierra laigualdad jurdica de los ciudadanos69.

El resultado es la degradacin de la confianza de las y los vecinos en su dirigencia,en tanto sta no responde a las expectativas de cumplimiento cvico que la poblacinespera de ellos. El establecimiento de este tipo de prcticas produce, como consecuencia,

un debilitamiento del vnculo orgnico, principalmente porque la relacin directa dealgunos dirigentes con los partidos polticos diluye su capacidad de convocatoria frente a labase social. Las prcticas clientelares normalmente se ven reflejadas en el desencuentroentre las demandas de las bases y la respuesta de sus direcciones, en la medida en que losdirigentes terminan respondiendo ms a los intereses del partido del caudillo local que almandato de las organizaciones, llegando a actuar de manera autoritaria e individualista, esdecir, buscando el logro de beneficios personales sobre el colectivo, a partir de privilegiar larelacin con los jefes polticos.

Los espacios preferidos de consolidacin del vnculo clientelar no sonnecesariamente los espacios organizativos, sino otros, como reuniones sociales70

convocadas por alcaldes y autoridades municipales y las fiestas patronales o aniversariosbarriales. Si bien las fiestas son espacios de fortalecimiento de la cohesin e identidadesbarriales, tambin constituyen espacios donde se expresa la conflictividad poltica del barrioy el terreno en el que los polticos e intermediarios organizan sus redes y compromisospolticos71. De esta forma, la cooptacin dirigencial adquiere una connotacin ritualestablecindose una forma de compromisos que encubren el pragmatismo de la relacinclientelar, creando lealtades con la poblacin que apelan a la tradicin, la cultura y el afectopara legitimarse.

La Ley de Participacin Popular facilit, a tr

arteaga y esposito 2006.movimientos sociales urbano populares en bolivia

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