Las tragedias suceden de im-proviso y si no hay previsión, peor aún. El terremoto de 7.9

grados de magnitud que destruyó parte de nuestra historia al sur de Lima un 15 de agosto del 2007, dejó una secuela de muertos y damnifi cados cuyas heridas hasta el momento continúan abiertas. Allí murieron aproximadamente 600 personas y resultaron heridas cerca de 100 personas y más de 440,000 damnifi cados.

Ante ello, el gobierno declaró en estado de emergencia las zonas afectadas por el terremoto y ca-nalizó la ayuda externa e interna a través del Sistema Nacional de Defensa Civil. A este sistema, el gobierno optó por adicionar una estructura denominada FORSUR, creada por la Ley N° 29078(1), de

fecha 28 de agosto de 2007, como unidad dependiente de la PCM.

Se hicieron anuncios y se formu-laron promesas, sin embargo los muertos y damnifi cados todavía gritan “No más esteras Alan”. Mi-les de familias damnifi cadas viven en carpas en medio de escombros, los servicios de agua y desagüe son casi inexistentes, de los casi 65 mil inmuebles destruidos solo un 15% ha solucionado dicha carencia y el casi desconocido Ministro de Vi-vienda ha señalado que para este año solo contempla la edifi cación de otras 10 mil casas.

En conclusión, no se ha tenido en cuenta la magnitud del desastre para asumir responsabilidades por parte del Ejecutivo; no se tomó en cuenta la participación de los

sectores afectados y su respectiva institucionalidad; no se ha desti-nado adecuadamente los fondos necesarios para la reconstrucción, que más bien al parecer, están enriqueciendo a unos cuantos; no hubo un plan de reconstrucción que señale una ruta estratégica de actuación; los bonos de recons-trucción de seis mil soles no han servido para nada; no se efectuó un estudio de suelos por parte de personal especializado; se eviden-ció la carencia de políticas de pre-vención; y la inefi cacia comproba-da de organismos suprarregionales creados especialmente para la re-construcción.

Por eso nos reafi rmamos en lo in-dicado líneas arriba: Aquí no pasa nada señores del gobierno.

(1) Ley que crea el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007, denominado “FORSUR”.

¿DÓNDE RADICA EL ORIGEN DE ESTA INVESTIGACIÓN?

En que hay una presunción sobre defi ciencias en el cumplimiento de normas y procedimientos, ya que no existe información certera sobre los recursos captados y dispuestos por el Estado para afrontar la atención de las víctimas y las obras de la reconstruc-ción del sismo del Sur.

No se tiene certeza de los montos recibidos y/o ad-ministrados por el FORSUR y no hay claridad sobre las transferencias efectuadas a los diversos niveles del Estado.

También, no existe precisión de los proyectos apro-bados e iniciados, ni los niveles de fi scalización so-bre el estado de los mismos y por último, las obras concluidas no representan ni el 25% de las proyec-tadas.

¿Y SOBRE LA EFICACIA EN LA RESPUESTA DEL ESTADO?

Si bien existe un levantamiento ofi cial de los daños humanos y materiales, no existe precisión respecto al impacto ocasionado en todas las zonas afectadas; hay un caos en lo que respecta a las responsabilidades de las autoridades locales, regionales y nacionales en cuanto a la atención de las víctimas; y por último, existe la presunción de actos de corrupción e irregu-laridades que detallaremos en nuestro informe fi nal.

Además, la falta de un manejo intersectorial y de una unidad de mando, la inexistencia de previsión, las intenciones non sanctas de algunos funcionarios, el desconocimiento adrede del DS 081-2002-PCM y de la Ley 28201 del 2004, que tratan sobre la prevención y atención de desastres, nos llevan a la conclusión que el desastre solo ha servido para el enriquecimiento de unos cuantos en detrimento de muchos.

Corrupción campea después del terremoto

ENTREVISTA A JOSÉ VEGA ANTONIOPresidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría

“Nuestra Comisión obtuvo las facultades de Comisión Investigadora, con la intención de auscultar sobre la

asignación, uso y ejecución de los recursos económicos destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas en el sur del país por el sismo del 15 de agosto del 2007 y las razones por las cuales, después de dos años, se habría

avanzado la reconstrucción en no más del 25%. Luego solicitamos una ampliación de dos meses para continuar

nuestra investigación.

Preocupado Alcalde de Pisco, Juan Mendoza Uribe ante Comisión Investigadora

Congresistas Renzo Reggiardo, Pedro Santos y Presidente de la Comisión de Fiscalización y

Contraloría, José Vega Antonio

Congresistas José Vega y Cayo Galindo en visita al CE Santa Ana de Chincha

Deplorables servicios higiénicos en centro educativo de Chincha

La Constitución Política establece en el Artículo 96º que cualquier congresista “puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Se-guros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.” Añadiendo además, que si bien el pedido debe ceñirse al Reglamento del Congreso, la falta de respuesta por parte de las autoridades requeridas, da lugar a las responsabilidades de ley.

Con ello, la Carta Magna está estableciendo la información como base del principio democrático, que la publicidad debe ser la base de toda actuación de los Poderes Públicos y que ésta debe ser la regla general, mientras que el secreto debe ser la excepción en casos claramente defi nidos constitucionalmente (p.ej. casos de seguridad nacional o de intimi-dad personal). Al mismo tiempo, otorga a la investidura parlamentaria la capacidad para acceder, requerir y fi scalizar, en representación de la ciudadanía, el cumplimiento del principio democrático de publicidad de la gestión estatal.

Recordando aspectos constitucionales

Una realidad contundente

Congresistas Renzo Reggiardo, Jorge Foinquinos yJosé Vega, en visita a zonas del siniestro

Una avenida en Pisco, F. Tanguis, que agoniza ¿Rehabilitando Pisco?

Audiencia pública en Ica, el 16 de setiembre del 2009

En el Artículo 97º, la Constitución Política señala que “el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigacio-nes, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fi nes, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.”

En este caso, se está reconociendo la capacidad de investigación parlamentaria, a través de comisiones que reciban, para tal efecto, la delegación del Pleno; cuyo mandato les permita tener los apremios correspondientes (por ejemplo, para hacer comparecer de grado o fuerza) y para acceder a información constitucionalmente protegida como el secreto bancario o tributario, de personas naturales o jurídicas.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional , las investigaciones del Parlamento sólo son referenciales, más no incriminatorias; ya que no tiene facultades de juzgamiento penal y, como tal, sus conclusiones y recomendaciones no tienen carácter obligatorio o vinculante para las autoridades judiciales.

Una realidad contundente

Ministerio de EducaciónExisten indicios razonables de la comisión de deli-tos de incumplimiento de obligación y contra la fe pública, por parte del Ministro de Educación porque tendría la responsabilidad en la demora de ejecución de las obras, al no haber dispuesto la utilización de los fondos destinados a atender la emergencia cau-sando grave perjuicio al sector Educación que ha te-nido fondos inactivos que provienen del 2007, por la suma de S/. 2’287,552 y del 2008 por la suma de S/. 17’589,765, respectivamente. Además, hay hechos pendientes de aclarar, sobre la donación efectuada por parte de profesores de México.

Ministerio de SaludExcesiva lentitud en el uso de fondos transferidos. Así tenemos que de S/. 16’262,690 recibidos para la eje-cución de proyectos, solamente utilizó S/.2’427,211, que representa el 15% en la ejecución de proyectos de Salud.

Por otro lado, el uso de los S/. 2’771979 para fi nan-ciar la ejecución de 29 proyectos de reconstrucción y rehabilitación de Centros y Puestos de Salud en Lima y Huancavelica, a la fecha aún no han sido im-plementados; la donación de la AECID de España por S/. 8’860,000 para contribuir a la construcción del Hospital Santa María del Socorro de Ica, se dice que está en la etapa de estudios y de igual manera se en-cuentra la habilitación urbana del Hospital San Juan de Dios de Pisco.

Asimismo, es necesario mencionar que el titular del pliego no alcanzó información sustentatoria sobre obras de reconstrucción.

Creación del FORSURLa creación del Fondo de Reconstrucción del Sur como autoridad autónoma responsable de la recons-trucción de las zonas afectadas por el sismo, no ha logrado las metas y objetivos propuestos en su plan de trabajo debido a su lentitud, burocratización, desidia, inefi cacia y falta de profesionalización.

EMAPICA S.A.Existen indicios razonables de la comisión de deli-tos por parte de Alfredo Quijandría Ramos, gerente general de EMAPICA S.A., en la obra “Rehabilitación integral de las redes de agua potable y alcantarilla-do en Manzanilla y Botijería Angulo Sur de Ica”, San Joaquín, 1ra y 2da etapa y en el cercado de Parco-na, por el monto de S/. 8’687,550. Además, EMAPICA S.A. aceptó cartas fi anza por concepto de adelantos emitidas por Cooperativa de Ahorro y Crédito de Mo-quegua, pese a que dicha entidad fi nanciera no se encontraba operativa por parte de la SBS para emitir dichas garantías.

Algunas conclusiones

Ministerio de ViviendaExisten indicios razonables de presunta responsabili-dad penal por parte del Ministro de Vivienda, Cons-trucción y Saneamiento y del Comité Especial encar-gado del proceso especial exonerado Nª 001-MVCS “Elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra rehabilitación de la línea de conducción Cu-chilla Vieja al RA2” adjudicado al Consorcio Pisco por S/ 22’696,883.48. Este Comité Especial era presidido por Sonia Beatriz Cajahuanca Chavarría, Carlos Ga-marra Lora y Adolfo Quispichuco Taico.

F

Así está la educación en el Sur

Ministerio de Agricultura-PSIHay indicios razonables del delito de peculado y co-lusión contra Jorge Zúñiga Morgan, Lucio Velarde Huarcaya, Jorge Luis Díaz Muñoz, Fernando Elizalde Chávez y Jorge Miranda Cabrera, al haber utilizado caudales cuya administración y custodia le estaban confi ados, dándoles un uso distinto a los bienes, los cuales habrían sido destinados a terceras personas: El consorcio San Jacinto.

Rehabilitación y mejoramiento de la Av. Fermín TangüisHay indicios razonables de la comisión de delito de peculado en agravio del Estado atribuido al alcalde

provincial de Pisco Juan Mendoza Uribe, quien debió supervisar el proceso de adjudicación y ejecución de la obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. Fer-mín Tangüis” cuya inversión asciende a la suma de S/. 11’037,004, por cuanto utilizó recursos a favor de terceras personas, ocasionando perjuicio a la admi-nistración pública. Se ha materializado esta utiliza-ción indebida a favor del representante del Consorcio San Gallán y de Wiconsa.

Asimismo estarían involucrados Enrique Quintanilla Martínez, Pedro Neyra Tataje, José Aparcama Reyes, Alberto Uribe del Aguila y Marcelo Pasache Palacios, integrantes del Comité Especial de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Pisco.

Habilitación Urbana-Tambo de Mora-ChinchaEl proceso de exoneración Nº 01-2009-MPCH llevado a cabo para realizar la habilitación urbana de Tambo de Mora por S/. 3’879,133, evidencia indicios razo-nables del delito de colusión. Aquí estarían compro-metidos además, Miguel Flores Torres, Jorge Anteza-na Villar y Augusto Yáñez Andia.

También hay evidencia de delito en la adquisición de palos de eucalipto para construcción de viviendas por el monto de S/. 1’186,786.50, donde tendría res-ponsabilidad Javier Gálvez Palomino como gerente municipal.

Congresista José Vega, Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, comprobando

fragilidad del asfalto

Congresistas Renzo Reggiardo y José Vega en visita inspectiva al Sur del País

La 3ra. Sala Penal Especial de Lima ha progra-mado para el 7 de abril, el juicio a los 25 ex funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS)

que se coludieron con empresarios para defraudar al Estado y benefi ciarse con el dinero destinado a los damnifi cados del terremoto en el sur. La acusa-ción comprende al ex vice ministro de Salud José

Gilmer Calderón Iberico; el ex administrador José Vega Díaz; el ex jefe de Planeamiento y Desarro-llo Ricardo Corcuera Rodríguez y el empresario Luis Pascencia Romero de la empresa Plamol, por delitos contra la administración pública, malversación de fondos, colusión desleal, omisión de funciones y fal-sedad ideológica.

Cárcel para negociantes del dolor

Congresista Pedro Santos denuncia que no se conoce el destino de 125’579,789 millones de dólares en ayuda internacional para víc-

timas del terremoto en Ica.

Denuncia además, que tampoco se sabe de la ayuda del BID ($ 10’484,601), Programa Mundial de Alimen-tos ($ 9’200,000), Comunidad Europea ($ 4’320,000), OPS ($ 2’909,940), PNUD ($ 2’662,884), UNICEF($ 2’077,350), CAF ($ 403,000) y BM ($ 374,200).

Se esfuman las donaciones

Congresistas Pedro Santos y José Vega en Chincha

Para la Comisión de Fiscalización y Con-traloría, el movimiento telúrico sucedi-do en el sur del país es una gran lección

que debería de servir para desarrollar una cul-tura de la prevención y no para aprovecharse del fenómeno natural.Teniendo facultades de Comisión Investiga-dora, se ha culminado la investigación que mereció, dada la magnitud del trabajo desa-rrollado, un plazo adicional para culminar con el estudio de la información recibida. Estos resultados se presentarán en la segunda se-mana de abril, oportunidad en la que se de-terminará las responsabilidades y recomenda-ciones a las instituciones comprometidas con la reconstrucción, en clara señal del control político que corresponde al grupo de trabaajo que dirige el Congresista José Vega Antonio.

BOLETÍN N° 1 ALERTA Director : José Vega Antonio Asesor : Raúl Díaz Pérez Editor : Ismael Oliva Viguria Diseño : Silvia Vásquez Trujillo

Lima, 30 de marzo del 2010

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA Plaza Bolívar. Av. Abancay s/n.

Telf.: 311-7777 anexo 7788 Fax: 311-7789http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2009/fi scalizacion.htm

Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Congresista José Vega Antonio, en sesión ordinaria para ver uso de

recursos en el sur del país

Control político en marcha