2º cuatrimestre2º cuatrimestre/2012/2012

¿Cómo está la cosa en fi lo?La acreditación de las carreras ante la CONEAU es un proceso mediante el cual se le otorga (o se le deniega) a un título la validez a nivel nacional. Me-diante este proceso se viola la autonomía universitaria ya que, para empezar, la validez de un título (con todo lo que ello implica) es decidida por un grupo reducido de personas en el que no existen representantes de to-dos los actores involucrados en el proceso educativo. Esto es de por sí un hecho antidemocrático. Sin embargo, la acreditación es mucho más que eso. Concretamente, en aquellas carreras que ya han acreditado, los intereses privados encuentran una vía para entrometerse directamente en las universidades a través del fi nanciamiento (en la UBA, Monsanto fi -nancia investigaciones en la Facultad de Agronomía, Techint lo hace en Ingeniería, Bayer y Unilever en Farmacia y Bajo La Alumbrera en varias universida-des del país). Así, las empresas privadas no sólo en-cuentran el modo de sacar de las universidades una ganancia concreta (como las investigaciones especial-mente dirigidas a laboratorios privados en Farmacia y Bioquímica y los estudios de impacto ambiental en el caso de la minera) sino que, a la vez, condicionan y modifi can el contenido disciplinar de las carreras y de las investigaciones, convirtiéndolas en servido-ras del desarrollo capitalista y el enriquecimiento de las grandes empresas. ¿Qué pasa en concreto con las carreras que se dictan en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA? Des-de hace siete años las autoridades de casi 30 faculta-des humanísticas, incluida la nuestra, se reúnen en la ANFHE (Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación), que es el organismo que actualmente se encarga de diseñar los criterios de evaluación para la acreditación de las facultades de Humanidades. Esto quiere decir que el proceso de acreditación ya se inició en nuestra facultad, con prioridad para los profesorados de Geografía, Histo-ria, Letras y ahora también Filosofía. Pero ¿qué ganancias, qué negocio podría hacerse con las carreras humanísticas? La ANFHE propone, en principio, aumentar las horas del campo de formación de práctica profesional docente así como también un aumento de las horas de formación general y de for-mación pedagógica. Tenemos, entonces, un doble pa-norama para los profesorados universitarios: por un lado, un aumento de las horas de práctica, que equi-valdría a trabajar gratis varios años escolares comple-tos. Por el otro, un aumento en la formación gene-ral y pedagógica, lo cual derivará indudablemente en una disminución de las horas de formación disciplinar específi ca, a menos que se busque alargar los años de

Los pasados 19 y 20 de marzo se realizó la XIX Reunión de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE). La gestión de la Facultad viene participando de este espacio, sin haberlo decidido siquiera en el Consejo Directivo, y no avisó de la reunión de la ANFHE al masivo de los estudiantes por los diversos medios que tiene. La falta de información sucede desde que comenzó el proceso de acreditación de nuestras carreras, aun cuando éste nos afecta directamente.Desde la Comisión contra la Mercantilización, lla-mamos a movilizar a la reunión para mostrar nuestro rechazo hacia el espacio y las acreditaciones de nues-tras carreras. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo denunciamos como dina-mizador de los procesos de acreditación de los pro-fesorados universitarios de las facultades de humani-dades. Esta asociación, frente a la denuncia de los/as estudiantes del país, pretende mostrarse como ajena a los procesos de acreditación de las carreras de las facultades de humanidades, y ajena a las políticas edu-cativas que se derivan de la Ley de Educación Supe-rior. Sin embargo, es tema central de las reuniones de la ANFHE de los últimos dos años el desarrollo de los parámetros para la acreditación de los profesorados de las humanidades, fundamentalmente, Historia, Geo-grafía y Letras. En palabras de la propia asociación, las facultades que participan de la ANFHE “están abocadas entre otros temas [al] proceso de autoeva-luación y futura acreditación de los profesorados”1

1 XVI Reunión Plenaria de la Asociación de Facul-tades de Humanidades y Educación - Universidad Nacio-nal de San Juan- Facultad de Humanidades y Artes. San Juan, diciembre de 2010.

cursada. Con el paso de estos contenidos específi cos a los posgrados arancelados obtenemos el negocio completo: ahorro de dinero de salarios docentes para el Estado y contenido disciplinario pago. Ejemplos concretos de estas políticas pueden encontrarse en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de Gral. Sarmiento.

en los procesos de acreditación. Estos parámetros ya fueron entregados al Ministerio de Educación junto con el CUCEN. Un caso paradigmático de su rol en el proceso de acreditación son los fondos PROHUM, que reparte el Ministerio de Educación a través de la asociación. Las facultades que los reciben los utilizan para palear el défi cit presupuestario, atándose al pro-ceso de acreditación.Además, nuestro rechazo se funda en que mediante la acreditación se reglamente la injerencia de actores ex-ternos en la organización de las carreras y la investiga-ción de la universidad. En los hechos, la acreditación de las carreras signifi có la intromisión de intereses económicos privados en la organización, planifi cación y transformación tanto de diversos proyectos de inves-tigación como de los planes de estudio de las carreras acreditadas, como Ingeniería Química y Farmacia en la UBA, como el convenio UTN-Volkswagen, entre muchas otras. Así, la educación universitaria quedó subordinada a las necesidades de intereses privados cuyo fi n es el lucro, haciendo real la defi nición de la Ley de Educación Superior por la cual la educación es considerada un servicio y no un derecho.En tercer lugar, denunciamos el carácter antidemocrá-tico del espacio, que pretende determinar los conteni-dos y las estructuras de los planes de estudio a espaldas de la comunidad de estudiantes, docentes, graduados, no docentes e investigadores de las distintas faculta-des. Como dijimos, la participación de FFyL ni si-quiera fue decidida o consultada en los órganos de cogobierno de la misma. En este sentido, el trabajo y los proyectos de la Asociación están completamente viciados por su carácter antidemocrático y funcional a las políticas educativas que van en consonancia con los intereses económicos de empresas y sectores priva-dos, políticas que aún hoy continúan implementán-dose bajo el marco jurídico de la legislación neoliberal de los ’90. Por lo anterior, en Marzo movilizamos a la casa de la provincia de San Juan, donde se realizó la ANHFE, para dejar sentada nuestra postura a través de un documento en el que explicamos en profundi-dad nuestros argumentos en contra de la acreditación. Como respuesta, nos encontramos con un cordón policial y la puerta cerrada. Los/as participantes de la ANFHE ni siquiera nos dijeron a la cara que no nos dejarían pasar o dejar dicho documento, aun cuando quienes lo exigíamos somos representantes estudianti-les en Junta Departamental y en Consejo Directivo.En este contexto, entendemos que todos/as los/as estudiantes debemos informarnos, tomar posición y exigir ser parte de las decisiones de nuestras carre-ras. Desde la comisión contra la mercantilización del CeFyL, consideramos a la acreditación de las carreras como una forma de privatización de nuestras carreras y de la educación pública en general y una forma de mercantilización del conocimiento, al considerar la educación como algo cuantifi cable e intercambiable como si fuese un bien y no un derecho.

PROHUM: Proyecto de Apoyo a las Ciencias Humanas. Programa de fi nanciamiento de la política de Secretaría de Políticas Universitarias (SPU, Ministerio de Educación) para Educación, Filosofía, Historia, Letras e Idiomas.

Entre sus objetivos, apunta a fi nanciar los proyectos de au-toevaluación a través del relevamiento de datos de alumnos y graduados (Componentes A.1 Gestión y Seguimiento de Alumnos; y A.2 Gestión y seguimientos de Graduados) y la discusión sobre reformas de planes de estudio y prácticas pre-profesionales (Componente A.4 Reformulación de es-tructuras de contenidos y prácticas pedagógica: “Eliminar la posible sobrecarga de actividades y de contenidos excesi-vos que contribuyen a incrementar la duración real de los estudios” ).

El 2 de febrero de 2010, a través de la resolución Nº22 del Consejo Superior se aceptaron los fondos del PROHUM que incorporan la suma de $465.113 al Presupuesto de la Universidad. Ese monto fue utilizado en el transcurso de 2010 y primer semestre de 2011 en hacer fundamentalmen-te un relevamiento de datos sociodemográfi cos y académicos de estudiantes de las cuatro carreras (comprendido dentro del componente A.1 - Gestión y seguimiento de alumnos), de un relevamiento de datos sobre la inserción laboral de graduados (comprendido en A.2 - Gestión y seguimiento de graduados), capacitaciones de personal no docente y es-pecialización en cursos y pasantías de docentes y profesores, cuestiones de orden administrativo (digitalización de planes de estudio y de documentación del departamento de Le-tras), la creación de un Área Interdisciplinar de Formación Docente, en el dictado de seminarios de Metodología de la Investigación (en Letras), publicaciones electrónicas de las carreras, mejoramientos de infraestructura (biblioteca, equipamiento informático para el departamento de Letras) y en destinar una parte para el Encuentro Nacional de Estu-diantes de Letras (ENEL). Este dinero se ejecutó en 2010. Según la “Síntesis de acciones PROHUM 2010-2011”, de las actividades des-critas en el párrafo anterior, todas se encuentran en curso salvo la relacionada al ENEL, ya que no se resolvió a qué destinarlo y sí en cambio se abrió un proceso de debate entre los estudiantes en torno a la pertinencia de la utilización de dichos fondos en el marco de la acreditación. Si bien ni el Formulario ni el informe parecen aportar información explícita relacionada a los procesos de acreditación o sus pasos previos (autoevaluación, evaluación externa), sabe-mos que el PROHUM está relacionado con la acreditación

¿PROHUM?

y en particular con la ANFHE por lo dicho en las actas arriba citadas, además de lo expresado por la Universidad Nacional del Nordeste. Sabemos, además, que la gestión de nuestra facultad venía participando de la ANFHE desde el año 2008 (año desde el cual se vinculó con el proceso de autoevaluación) y, en particular, de las comisiones de Eva-luación y Acreditación y de Articulación con el CUCEN.

LES (Ley de Educación Superior): apro-bada en 1995, en pleno furor neoliberal, siguiendo los lineamientos del Banco Mundial. Impone la subordinación de las universidades al gobierno al tiempo que achica los contenidos de grado y ahoga presupuestariamente generando política de recursos propios.

CONEAU (Comisión Nacional de Eva-luación y Acreditación Universitaria): eva-lúa y acredita las carreras comprendidas en el art. 43 de la LES. Está compuesta por autoridades universitarias y mayoría de representantes gubernamentales.

ANFHE (Asociación Nacional de Facul-tades de Humanidades y Educación): des-de hace 7 años reúne a autoridades de alrededor de 30 facultades humanísticas (incluida FFyL-UBA), muchas de las cuales se sumaron cuando comenzó el “auge acreditador”. Se encarga de diseñar los criterios de evaluación para las facul-tades de Humanidades, y actúa articula-damente con el CUCEN y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) que la fi nancia. CUCEN (Consejo Universitario de Cien-cias Exactas y Naturales): Asociación análoga a la ANFHE que participa ac-tivamente en el delineamiento de los criterios a evaluar por los organismos externos, desde que en 2008 solicitó al CIN la acreditación por art. 43 de sus profesorados.

PROHUM (Proyecto de Apoyo a las Ciencias Humanas): programa de fi -nanciamiento de la Secretaría de Políti-cas Universitarias (SPU, Ministerio de Educación) para Educación, Filosofía, Historia, Letras e Idiomas. Apunta a reformular estructuras de contenidos y prácticas pedagógicas.

Pequeño diccionario de acreditación

División de las carreras en ciclos y posgrados aran-celarios siguiendo lineamientos del Ministerio de Educa-ción, con un ciclo general de conocimientos básicos de 2 años. En los hechos sacan contenidos específi cos de las ca-rreras y los pasan a posgrados arancelarios. Un ejemplo de esto son las Universidad de Quilmes y la Universidad de Gral. Sarmiento. Otro muy importante es la carrera de Le-tras de la Universidad Nacional del Nordeste, que habiendo acreditado recorto drásticamente su carrera de grado gratui-ta, pasando la formación en investigación a posgrados pagos y convirtiendo el ciclo gratuito en formación de profesores para escuelas medias.

La LES sostiene al ahogo presupuestario y el au-tofi nanciamiento: establece en su artículo 59 la generación de recursos propios y el cobro de aranceles como parte del fi nanciamiento universitario. La CONEAU ha felicitado a facultades, como la Facultad de Medicina de Córdoba, que cobran aportes o aranceles a los alumnos.

En el espíritu del conocimiento como mercancía de la CoNEAU, se pueden observar políticas que responden a los laboratorios farmacéuticos, asociadas a sectores con in-tereses particulares dentro de Farmacia y Bioquímica en la UBA, como farmacología Cátedra 3, al servicio de Bagó. En esta facultad, la CoNEAU eliminó materias importantes (Química Orgánica III) a la vez que incrementó las PPO (Prácticas Profesionales Obligatorias) del último año de la carrera. Las PPO no son más que trabajo gratuito en empre-sas como Farmacity donde los estudiantes se desempeñan como repositores. A cambio de esta entrega del plan de estu-dio al servicio de las empresas, la gestión obtiene suculentos “recursos propios” (ingresos privados) que manejan a discre-ción y sin control alguno.

La LES impulsa restricciones al ingreso y la regula-ridad. Los artículos 2, 35 y 50 de la LES establece restriccio-nes para el ingreso y la regularidad de los estudiantes. En la Argentina, el examen de ingreso restrictivo y la regularidad se ha implementado principalmente en las carreras de me-dicina. También se han implementado en facultades de in-geniería, agronomía, humanidades y otras. Por ejemplo, en Ingeniería de la UBA aprobaron en el 2010 un reglamento de regularidad que dejó cerca de 2000 estudiantes afuera.

La política de la LES en los hechos:

Si bien la LES fue, efectivamente, sancionada durante el menemismo y de forma acorde a sus polí-ticas, hay que tener presente que su mayor y más efec-tiva aplicación fue durante el transcurso del período 2003-2011: la mayor cantidad de carreras acreditadas fue llevada a cabo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En la actualidad, la Ley Nacional de Educación Superior (LeNES) es un proyecto de ley con el que el kirchnerismo pretende modifi car la LES. Tanto el anteproyecto original (2009) como la última versión (presentado en abril de 2011) fueron desarrollados por Adriana Puigróss, docente de la FFyL de la UBA. Según sus propios lineamientos y objetivos, esta nue-va ley tiene por objetivo romper con la imagen de un “universidad isla”, encerrada en su propia lógica cor-porativa. Al mismo tiempo, mientras la LES se impul-saba transformaciones siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, la LeNES lo hace bajo los lineamien-tos de la UNESCO (que a su vez es fi nanciada por el BM). Sin embargo, lejos se encuentra este proyecto de “poner a la universidad al servicio de los intereses y el pueblo”. Una vez más, las ambiciones de grupos particulares se presentan como los intereses de la “so-ciedad en general”. De esta manera, la relación entre sociedad y universidad busca resolverse por un “servi-cio de prácticas productivas de la educación superior”, mediante “acuerdos y convenios con instituciones del sector productivo” (art. 8 inciso h), la “articulación de la formación con el sistema productivo” (art. 56 inciso d). El “problema a resolver” a la hora de diseñar las políticas universitarias, como lo señala claramente el texto en su fundamentación, son “las demandas del sistema productivo” (página 31). La subordinación de la formación universitaria a los requerimientos del aparato productivo y, por tanto, a los intereses econó-micos hegemónicos en la actual etapa de acumulación pueden rastrearse a lo largo del texto (artículos 5, 8, 22, 26, 56, entre varios otros). El mecanismo para llevar a cabo esta subor-dinación es sorprendentemente similar al que existía en el marco de la LES: las carreras de “interés públi-co” deben acreditar ante un organismo externo (antes CONEAU, próximamente CENAEES: Consejo Edu-cativo Nacional para la Acreditación y la Evaluación de la Educación Superior). En este caso, este organis-mo ejecuta los criterios establecidos en un organismo de mayor centralización, dependiente del Ministerio de Educación: el Consejo Nacional de Educación Su-perior (CNES). Si bien este organismo centralizado incorpora representantes gremiales (uno por el gremio

La LeNES

docente, uno por el no docente, y uno estudiantil de-signado por la FUA), la capacidad de ingerencia so-bre las decisiones es nula: el CNES se compone de 18 miembros. Se repite, a su vez, la reglamentación acer-ca de los órganos de cogobierno de la Universidad, estableciendo por ley que el claustro de profesores debe contar con “la mayor representación relativa de la totalidad de sus miembros”, aunque aclara que nin-gún claustro puede tener la capacidad (por número de representantes) de tomar por sí mismo las decisiones. Sin embargo, es claro al determinar que el claustro de profesores tiene la mayoría relativa respecto de los demás, conservando así el “voto ponderado”. La novedad radica en la incorporación del personal no docente como parte del cogobierno con voz y voto. (Artículo 45). Aún cuando ya es llamativo el alto nivel de le-gislación sobre la vida y la organización universitaria, el proyecto de ley de la diputada Puigróss pretende legislar también sobre la organización de los centros de estudiantes, estableciendo por ley que los repre-sentantes de las organizaciones gremiales estudiantiles se eligen por voto secreto, universal y obligatorio. De esta manera, se busca que ya no sea decisión de los estudiantes cómo nos organizamos: la RES de la di-putada Puigróss lo resuelve legislando sobre ello.

Autofi nanciación Si bien la ley establece la gratuidad de los cursos de grado, la responsabilidad del Estado para la fi nanciación de las Universidades y propone un piso presupuestario para las mismas, mantiene el disposi-tivo neoliberal por el cual las instituciones de la edu-cación superior pueden generar recursos propios, y el arancel en los cursos de posgrado. De esta manera, los frutos de la actividad universitaria devienen mercan-cías (posgrados, cursos de idiomas, investigaciones), conservando el espíritu de la LES neoliberal. Además, establece que un piso (bastante bajo) del 10% de los recursos propios debe ser destinado a “becas, présta-mos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estu-diantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para fi nanciar gastos corrientes” (Artículo 49, inciso c). Cualquier semejanza con el Artículo 59 inciso C de la LES, no es mera coinciden-cia, sino pura consecuencia.

Universidad y mercado La LeNES plantea una vinculación de la educa-ción superior con el sistema productivo y una “auto-nomía responsable”: desde el primer artículo y hasta el último capítulo del anteproyecto fi gura la vinculación

de la educación superior con el sistema productivo, el desarrollo productivo, el bienestar social, la justi-cia social, el desarrollo de la Nación, utilizando todos estos términos de forma ambigua, disfrazando bajo la apariencia de “necesidades del pueblo” un contenido que no es otra cosa que los requerimiento de los capi-tales productivos y extractivos. Por otro lado, el acceso de los estudiantes a las becas se encadena al requisito de un elevado desarrollo académico: de esta manera, no cumplen la función de garantizar el derecho a la educación para aquellos estudiantes con difi cultades sociales y económicas para acceder a la universidad, sino que se presenta bajo la lógica del “intercambio” y de “premios y castigos”, sin operar sobre las des-igualdades materiales con las que ingresan los es-tudiantes a la facultad. En esta misma dirección, establece en nume-rosos artículos la vinculación de la universidad con la sociedad en términos de devolución de una deuda: si la sociedad paga la universidad con sus impuestos, la universidad debe producir para retribuir la deuda; si la producción del conocimiento se rige por la lógica del mercado entonces la universidad deberá adaptarse a esa lógica para desendeudarse con la sociedad. Fren-te al mito de la “universidad isla” se perfi la la “uni-versidad agente del mercado”: vendedora, fl exible, funcional, infl uenciable, débil, re-productiva: dócil.

Al calor de las luchas de los estudiantes del 2010 y, en particular, de la toma de nuestra facultad surgieron numerosas comisiones de base. La lucha por un edifi cio para todxs, destinado fundamentalmente a las carreras de grado, construido en forma armónica con el ya existente, además de la exigencia de condiciones de seguridad y de cursada dignas, generó la necesidad de ahondar también en el desarrollo de la lucha en contra de otras formas en las que la educación pública es vulnerada y desmantelada sistemáticamente con la complicidad y la iniciativa de los diferentes gobiernos. Así, la Comisión de lucha contra la mercantilización del conocimiento surge con el espíritu de profundizar en el análisis y en la instalación de la lu-cha contra la concepción del conocimiento y la educa-ción como una mercancía, en las distintas maneras en las que esto se manifi esta. Esta problemática aparece desde un primer momento como un tema urgente a tratar dado que los profesorados universitarios fueron declarados de interés público (con prioridad para Geografía, Historia y Letras), iniciándose así el proceso a mediano plazo de acreditación en nuestra facultad. Este tema, cocinado a es-paldas del movimiento estudiantil, nos obligó y nos obliga a estar alertas a los movimientos que se han hecho, que se están haciendo y que se harán al respecto. Como comisión entendemos la mercantilización fundamentalmente en dos sentidos: el primero de ellos, es el del conocimiento concebido como una mercancía, es decir, como un bien estático que puede ser intercambiado. Este primer sentido se manifi esta en las ideas de excelencia académica (que simboliza al conocimiento como un bien de las elites), en las formas de enseñanza (lo que Paulo Freire denomina “educación bancaria”, en donde el co-nocimiento es algo que se deposita en el estudiante como se deposita un objeto en un recipiente) y en las formas de producción del conocimiento (donde prima la lógica de la competencia, la presentación automatizada de papers sin un contenido desarrollado, la búsqueda de acumula-ción de puntajes y de líneas de curriculum), entre otras. El segundo de los sentidos de la mercantilización es el conocimiento al servicio del desarrollo y la acumulación del capital, lo cual se materializa en la organización de los contenidos y objetivos de la educación y la investigación en estrecha relación con el mercado: el fi nanciamiento de investigación por parte de empresas privadas y la posterior compra de los derechos sobre las patentes resultantes, el dictado de materias destinadas exclusivamente a la inser-ción de los estudiantes en determinadas empresas. Este segundo sentido que va de la mano de las reformas a los planes de estudio que se impulsan desde la CONEAU y en sintonía con la Ley de Educación Superior. Desde la comisión entendemos que es apremien-ta la lucha contra la acreditación y la implementación de las leyes que amenazan a la educación pública y cualquier posibilidad de desarrollar la educación tal como la de-seamos. Sin embargo, más allá de los ataques visibles, es fundamental estar alerta frente al desarrollo subterráneo de política y prácticas educativas que, en lo cotidiano, corroen la posibilidad de desarrollar a la educación y el conocimiento como una herramienta de liberación.

¿Qué es e so de la mercant i l i zac ión de l conoc imiento?

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