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Caracas, 06 de octubre de 2014.

Ciudadana:

Doctora Luisa Ortega Daz

Fiscal General de la Repblica Bolivariana de Venezuela.

Su despacho.-

Nosotros, Sergio Ramn Aranguren Carrero, Hctor Antonio Aranguren

Carrero y Ricardo Rafael Reyes Rincn, venezolanos, mayores de edad,

portadores de la Cdula de Identidad N V-6.082.652, V-6.082.651 y V-4.540.269,

respectivamente; actuando en nuestro carcter de APODERADOS JUDICIALES y

DEFENSORES PRIVADOS de la ciudadana JALOUSIE FONDACCI DE

GAMARRA y SOLNGEL DEL VALLE LVAREZ DE RENDN, acudimos ante su

competente autoridad y exponemos:

En fecha 17 de Septiembre del ao en curso, la Doctora Evelyn Osuna Juez

de Juicio 1 de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Estado

Anzotegui, decreta la INTERRUPCIN de la causa: EXP-2009-3808, por

ausencia de testigos, expertos y otros rganos de prueba por su incomparecencia

por ms de diecisis (16) das hbiles y no por lo que en realidad sucedi, es

decir: Los representantes del Ministerio Pblico, y las partes (acusadas,

defensores y acusadores particulares, no asistiendo las vctimas indirectas) en

fecha 29 de Abril del ao en curso, en plena audiencia oral y pblica manifestaron

que desde el 14 de Abril del 2013 a la fecha (29 de Abril del 2014), de manera

continua se estaban violando y vulnerando Principios Constitucionales en forma

flagrante y por el abuso de autoridad y funciones de la juez prenombrada.

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Asimismo, solicitamos de esta honorable comisin su intromisin con el fin de

obtener la Tutela Judicial Efectiva del Estado Venezolano.

Ciudadano Presidente de la Comisin, honorable diputado, en virtud que el

espritu de los legisladores del ao 99, recogieron el sueo de los precursores

libertarios y el pensamiento del pueblo soberano. El Derecho Civil era y es

irrenunciable, mas aun los principios de Libertad. Con esta decisin del tribunal de

juicio prenombrado, se observa la forma abrupta y sin ningn acto motivado

decretar la interrupcin del juicio. (EXP-2009-3808). Como se observa despus de

haber transcurrido un ao y nueve meses del inicio de la fase juicio (14 de febrero

del 2013), sumando todo el tiempo sin un justo juicio oral y pblico; las acusadas

se encuentran privadas de su libertad por casi seis (06) aos, ocasionando con

ello un gran dao a los Derechos Fundamentales y Humanos, y debido proceso en

concordancia con el Art. 49 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de

Venezuela (C.R.B.V). En tal sentido solicitamos la Revisin de la Medida Cautelar

de Privacin de Libertad y Otorgamiento de Medida Sustitutiva a las ciudadanas

JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA y SOLNGEL DEL VALLE LVAREZ DE

RENDN, formulada ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en

funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Anzotegui, con sede en

Barcelona.

I

CULPABILIDAD DEL INOCENTE

A la Dra. Jalousie Fondacci de Gamarra se le seala, como autora

determinadora de un homicidio calificado por envenenamiento (autora intelectual),

mientras que a la autora material Solangel lvarez de Rendn se le imputa la

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ejecucin del hecho punible, quien en ese momento (17 de Noviembre del ao

2008), funga como Secretaria del hoy occiso (Rubn Gamarra), cometiendo el

envenenamiento por medio del caf que ella serva al empresario en las maanas,

en presencia de sus escoltas. Hechos narrados en la acusacin fiscal por los

fiscales Jos Jess Capote y Jimmy Goite con competencia nacional y auxiliar,

hechos que carecen de todos los elementos de conviccin para individualizar un

hecho donde medicamente el hoy occiso muere de un infarto al miocardio,

conclusin esta expresada por la Dra. Marlene Castro de Lpez, Patlogo Forense

para el momento de la firma del acta de defuncin

La Dra. Jalousie Fondacci de Gamarra, cnyuge del empresario fallecido,

en el momento de su muerte, se encontraba en la Repblica del Per por razones

de salud. El Fiscal Nacional la incrimin en el hecho por diligencias probatorias

carentes de nexos lgicos, entre ellas: El nmero de llamadas telefnicas entre la

cnyuge y su secretaria (Per-Venezuela y viceversa) el da de su fallecimiento.

Un mensaje conmemorativo de aniversario de bodas (17 de noviembre del ao

2008), plasmado en una tarjeta enviada al empresario, a travs de un ramo de

flores lo cual signific para el Fiscal Nacional un elemento ms de culpabilidad, al

deformarlo en su texto y contexto real, como aderezo de su escrito de inculpacin.

A la secretaria, se le incrimin por haberle dado el caf al empresario, el

cual contendra la sustancia letal determinante del infarto y de la muerte sbita.

Sin embargo, el Fiscal Nacional obvi que el veneno encontrado en las vsceras

del cadver era diferente en su naturaleza (propiedades) al veneno hallado en la

residencia de la secretaria. Asimismo, el Fiscal Nacional soslay que el veneno

encontrado en las vsceras del cadver era de accin inmediata, segn indicaron

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los expertos en Toxicologa y la misma Anatomopatlogo, lo cual significa que el

caf ingerido por el empresario en la oficina a manos de su secretaria, no contena

el veneno, puesto que de haber sido as, el empresario una vez ingerido el caf,

hubiese muerto instantneamente en el mismo sitio o en un sitio adyacente, o

cercano. Desde otra perspectiva cartesiana, puesto que el veneno encontrado en

las vsceras del cadver era de accin inmediata, fcil era inferir que al empresario

lo envenenaron muy cerca del sitio donde empez a convulsionar y caer exnime,

y no en su oficina por medio del caf que haba tomado.

La viuda y su secretaria estaban predestinadas por el Fiscal Nacional como

determinadora y autora material del homicidio por envenenamiento, lo cual explica

la direccin nica de la investigacin desarrollada por este funcionario y la serie de

arbitrariedades an impunes- que cometi.

Es un hecho cierto, probado objetivo- que el empresario, despus de

haber ingerido el caf en su oficina, anduvo con sus escoltas durante dos horas y

media visitando varios sitios, para despus sufrir convulsiones y fallecer por un

infarto al miocardio.

II

EXTRAVO DEL MINISTERIO PBLICO EN SUS FUNCIONES

DURANTE LA INVESTIGACIN PENAL

El Fiscal Nacional dej en absoluta impunidad la accin ilegal de los socios

del fallecido, por lo menos la mantuvo intocable en cuanto a la autora de uno de

ellos y la de su amigo comn por la ruptura de la cadena de custodia de las

evidencias colectadas, al mantener contacto directo, no autorizado, con las

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vsceras extradas del cadver, adems de tomar fotografas de la autopsia y del

cadver.

Para asumir el control absoluto de la investigacin, el Fiscal Nacional

suplant la fecha y el sitio en las dos actas de entrevistas que habra sostenido

con el socio y con el amigo del fallecido, en cuyos textos aparecen claramente

confesadas las acciones concernientes a la manipulacin de la materia de prueba

vsceras- y a la incursin y toma desautorizadas, no fiscalizadas ni supervisadas

de fotografas en el interior de la morgue.

El Fiscal Nacional, sin haber imputado previamente a la secretaria, a quien

haba aprehendido luego de allanar su vivienda, la present ante el Tribunal de

Control, cuya titular una vez que advirti la falta de imputacin previa, suspendi la

audiencia de presentacin y al margen de su competencia y de los Derechos y

Garantas Constitucionales de la detenida- indic al Fiscal Nacional que deba

imputarla previamente para despus presentarla al Tribunal. El Fiscal Nacional

esperara el decurso del fin de semana para presentarla al Tribunal. El da lunes

present a la detenida, imputada formalmente ante la Juez de Control, quien

reanud la malograda Audiencia de presentacin; al finalizar la audiencia dict

auto de privacin de libertad a la detenida, con base en un acervo de inconexas

diligencias probatorias aportadas por el Fiscal Nacional. Con respecto de la viuda,

el Fiscal Nacional sigui el mismo proceder. Sin imputarla previamente, la

present al Tribunal de Control, cuya Juez, acto seguido dict el auto de privacin

de libertad

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III

HECHOS ENCUBIERTOS POR EL MINISTERIO PBLICO EN SU

INVESTIGACIN PENAL

Existen hechos encubiertos por el mismo Ministerio Pblico no sealados,

entre ellos:

1) Los escoltas del empresario fallecido no fueron investigados por el

Fiscal Nacional, a pesar de que ellos anduvieron con l durante el recorrido que

realiz ese da, y porque eran las personas que estaban con l para el momento

en que sufri las convulsiones y posterior infarto al miocardio.

2) Los socios del fallecido no fueron investigados, a pesar de tener un

suspicaz inters en que al cadver se le practicara la necropsia legal. Conocan

extraamente del envenenamiento antes de que hubiese una necropsia que lo

determinara o exmenes toxicolgicos que lo confirmaran. Adems adeudaban al

fallecido considerables cantidades de dinero y fueron las personas que proveyeron

de sus escoltas.

3) La actitud de la Anatomopatloga al emitir un dictamen apresurado

sobre la causa de la muerte: Apreci en el cadver intoxicacin orgnica sin que

hubiese exmenes toxicolgicos que avalaran su prejuicio; ignor la historia clnica

del fallecido: Hipertenso, diabtico y con lceras gstricas sangrantes. La relacin

afectiva amorosa- de la Anatomopatloga con uno de los socios del fallecido el

influyente en la necropsia- nunca fue expuesta en la investigacin.

4) El veneno encontrado en las vsceras extradas del cadver era de

accin inmediata segn declaracin de la misma Anatomopatloga, lo cual

significaba, por lgica elemental, que el caf que acostumbraba el empresario a

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recibir de la secretaria no contena esa sustancia letal, pues de haber sido as el

empresario hubiese fallecido inmediatamente en la oficina o en sus cercanas, y

no dos horas y media despus, en un sitio distante y en compaa de sus dos

escoltas.

5) El veneno hallado en la casa de la secretaria era un simple rodenticida

(veneno para ratas), cuya naturaleza es diferente a la del veneno encontrado en

las vsceras extradas del cadver.

Atribuir a la viuda el envenenamiento de su cnyuge tiene como nica

finalidad defenestrarla de su privilegiado sitial de Presidenta Ejecutiva de las

empresas que diriga el fallecido, mxime la intencin colateral es la de excluirla

de su cualidad de heredera. Bajo el estigma de la autora del homicidio, inserta en

el proceso judicial penal y la condena propincua, la cnyuge perdera su cuota-

parte hereditaria por indignidad. La secretaria, por su parte, ha servido para el

Fiscal Nacional de artilugio para poder inculpar a la viuda, con base en diligencias

probatorias de las que slo podra derivar algunos sofismas, nunca relaciones

causales.

Esta breve relacin histrica la respalda la base objetiva conformada por las

actas del expediente cursante en el Juzgado Primero (1) de Primera Instancia en

funciones de Juicio del Estado Anzotegui, hasta donde fue llevado el proceso

judicial por radicacin- que cursaba originalmente en el Estado Bolvar. En la

jurisdiccin del Estado Anzotegui slo hay una Corte de Apelaciones cuyos tres

jueces controlaran todas las decisiones de los Tribunales de Primera Instancia,

sean de Control, de Juicio o de Ejecucin.

8

IV

ANTECEDENTES:

IRREGULARIDADES JUDICIALES EN LAS

FASES DE INVESTIGACIN E INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL

INICIADO EN PUERTO ORDAZ Y RADICADO

AL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ANZOTEGUI

1) La investigacin se inici y se desarroll, hasta su culminacin, con

violacin reiterada al Derecho constitucional a la Defensa de la subjdice y al

principio de la legalidad de la prueba consagrado como garanta del Debido

Proceso e inserto en el contexto del Derecho Constitucional a la Defensa (Articulo

49 ordinal 1 de la Constitucin Nacional).

2) Las diligencias probatorias estuvieron expuestas, desde los albores de

la investigacin, al contacto directo de personas con claro inters (socios del

fallecido), al margen de las normas que rigen la cadena de custodia y la secretitud

de la investigacin con respecto de terceros, por lo que no hubo control ni

fiscalizacin de ellas por parte del Ministerio Pblico y sin pronunciamiento alguno

por parte del rgano Judicial al respecto.

3) Se desprende de las actas procesales, que el Tribunal en funciones

de Control, trasgredi el ordenamiento jurdico, cuando con su actuacin

convalid la incorrecta manipulacin de las evidencias fsicas, por parte de

terceras personas que tuvieron intervencin en la evacuacin de determinadas

experticias, sin que el Ministerio Pblico las hubiese ordenado, con la

circunstancia ms grave para el proceso, que el mismo representante fiscal, las

incorpor de una manera ILEGAL e IRREGULAR en franca violacin al principio

9

constitucional del Debido Proceso, en lo atinente a la obtencin e incorporacin

de los rganos de prueba, siendo posteriormente admitidos estos medios de

prueba por el Tribunal en Funciones de Control, incumpliendo con su deber de

pronunciarse sobre la legalidad, necesidad y pertinencia de los mismos o lo que

es lo mismo, omitiendo el deber de evaluar situaciones que imperaron al margen

de la ley para la obtencin de los medios de pruebas empleados por el Ministerio

Pblico para incriminar FALSAMENTE a nuestra defendida.

4) Se dict Orden de Aprehensin en contra de la subjdice, sin que

previamente el Ministerio Pblico, las hubiese citado para su comparecencia ante

el despacho fiscal; sin que se desprenda de las actas procesales que se requiriera

la aprehensin de la misma, por extrema necesidad y urgencia tal como lo

establece el ltimo aparte del artculo 250 del Cdigo Orgnico Procesal Penal;

estando en conocimiento el Ministerio Pblico sobre su ubicacin exacta, por lo

que no estaba acreditada tampoco su condicin de contumaz para que el Tribunal

de Control actuara bajo la proteccin de cualquiera de estos supuestos.

5) La ciudadana JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA fue presentada

ante el tribunal de control sin que previamente hubiese sido formalmente

imputada, circunstancia esta que transgrede y lesiona la garanta constitucional

del Debido Proceso y por ende el Derecho a la Defensa.

6) La mal llamada Audiencia de Presentacin, realizada a la ciudadana

JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA, se encuentra signada por una serie de

irregularidades, imputables al rgano Jurisdiccional, en tal sentido, es importante

acotar que nuestra defendida se present en fecha: 27 de Febrero del ao 2008

VOLUNTARIAMENTE ante el Tribunal de Control Tercero del Circuito Judicial

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Penal del Estado Bolvar, Extensin Puerto Ordaz, siendo que este Tribunal

permiti la detencin de nuestra defendida por parte de los funcionarios del

Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas, quienes se

apersonaron en la sede del Tribunal y detuvieron a nuestra defendida sin que esta

hubiese logrado tener acceso a las actas del expediente, negndole su derecho a

la defensa, materializndose la aprehensin con la anuencia del tribunal, quien

dispuso de manera irregular que el Ministerio Pblico procediera al acto de

imputacin de nuestra defendida, invadiendo la esfera de competencias del

Ministerio Pblico.

7) El Tribunal de Control de manera irregular, procedi a dar inicio a la

audiencia de presentacin, permitiendo que el representante del Ministerio

Publico, expusiera sus argumentaciones, sin permitirle a nuestra defendida

tener pleno conocimiento sobre las actuaciones de investigacin,

desconocindosele y negndole su derecho a la defensa, ya que para poder

defenderse tena que previamente tener acceso al expediente y conocer las actas

del expediente, sin embargo, la ciudadana abogada Ququ Quintana, Jueza de

Control Tercera del Circuito Judicial Penal del Estado Bolvar, extensin Puerto

Ordaz, una vez iniciada la audiencia y oda la exposicin de las partes, decide

finalizar la misma ordenndole al Ministerio Pblico que procediera a realizar el

acto de imputacin de nuestra defendida, subvirtiendo completamente el orden

procesal, en claro desconocimiento de las normas de orden pblico que enmarcan

el proceso penal. Es decir, nuestra defendida se puso a derecho ante el Tribunal

de Control, solicit la revisin de las actas del expediente y el rgano

Jurisdiccional no le dio acceso a las actas del expediente, orden al fiscal del

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Ministerio Pblico la realizacin del acto formal de imputacin sin que nuestra

patrocinada, se enterara por lo menos, cuales haban sido las consideraciones de

derecho que a la luz de la investigacin fiscal, sopesaban para hacer efectiva su

detencin, todo esto en perjuicio a su derecho a la defensa.

8) La subjdice JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA, una vez detenida,

fue trasladada a la sede del Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y

Criminalsticas a los fines de proceder con la resea de ley; siendo posteriormente

trasladada en fecha 28-02-2009, hasta la sede del Ministerio Pblico con la

finalidad de concretar el acto formal de Imputacin fiscal, aun sin conocer las

actas del expediente.

9) En fecha: 28-02-2009, el Fiscal Primero del Ministerio Pblico de la

Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, realiz el acto formal de imputacin de

nuestra patrocinada, exponiendo una serie de circunstancias relacionadas con la

muerte del ciudadano RUBEN GAMARRA, las cuales se expusieron de una

manera genrica, sin hacer alusin al elemento de conviccin que serva de

fundamento y sin discriminar la relacin que debe existir entre cada sealamiento

hecho a nuestra patrocinada y cada elemento de conviccin, haciendo por

consiguiente, un acto de imputacin ambiguo, oscuro, impreciso y carente de

soporte probatorio serio, lesionando el derecho a la defensa de nuestra

patrocinada, ya que al desconocer los soportes probatorios de cada sealamiento

incriminatorio, le es imposible sostener argumentos de defensas lgicos al

respecto.

10) Durante la investigacin seguida a la subjdice se solicitaron

diligencias de investigacin que no fueron practicadas por el despacho fiscal, lo

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que convalida la violacin de derechos que le asiste a la misma como su derecho

a la defensa, circunstancia sobre la cual omiti el rgano Jurisdiccional emitir

pronunciamiento alguno, incumpliendo su funcin legal.

11) La subjdice fue detenida ilegalmente por haberse dictado en fecha:

12-12-2008 una orden de aprehensin por el Tribunal Segundo de Control del

Circuito Judicial Penal del Estado Bolvar, extensin Puerto Ordaz y llevada ante

el Tribunal Cuarto de Control del mismo Circuito Judicial Penal para la realizacin

de la audiencia de presentacin. Se desarroll la mal llamada audiencia de

presentacin ante un Tribunal de Control distinto a aquel que haba dictado la

orden de aprehensin, subvirtindose de forma palmaria los principios y garantas

constitucionales referidos al Juez Natural, ya que el tribunal que decret la medida

de privacin de libertad en contra de nuestra patrocinada, es un Tribunal de

Control diferente al que se pronunci indebidamente sobre la misma en fecha:

01-03-2009.

12) El Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado

Bolvar, en franca violacin de la ley, desestim la solicitud de la defensa de

nuestra patrocinada sobre la declinatoria de competencia para resolver un asunto

cuyo trmite y conocimiento le corresponda al Tribunal Segundo de Control del

Circuito Judicial Penal del Estado Bolvar, extensin Puerto Ordaz, por haber sido

el que primero previno sobre este asunto; no obstante, esta consideracin de tipo

legal no fue suficiente para que el rgano jurisdiccional subvirtiera el derecho de

nuestra representada y declarase sin lugar dicho pedimento.

13) El Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado

Bolvar, extensin Puerto Ordaz, al finalizar la audiencia de presentacin de

13

nuestra representada, decidi que el procedimiento de investigacin se realizara a

travs de las normas que rigen el Procedimiento ordinario, ignorando que esa

investigacin adelantada por la Fiscala Primera del Estado Bolvar ya haba sido

iniciada bajo secuela del Procedimiento Ordinario, fundamentando tal decisin en

el Artculo 373 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, como si la detencin de la

ciudadana JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA, se hubiese producido en

Flagrancia.

14) El Tribunal de Control; en forma irregular admiti una acusacin llena

de vicios, admitiendo los elementos de prueba en forma conjunta a dos acusadas,

cuando corresponde pronunciamiento por separado de cada una de ellas, es decir

el Tribunal de Control al admitir la acusacin fiscal, debi hacer pronunciamiento

en forma particular de cada elemento de Conviccin empleado por el Ministerio

Pblico, para sostener la incriminacin de SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE

RENDON (co-imputada en esta causa) y de nuestra patrocinada JALOUSIE

FONDACCI DE GAMARRA, con sus elementos de prueba personales, esto a los

fines de poder ejercer una adecuada e idnea defensa tcnica.

15) El Tribunal de Control en un pronunciamiento carente totalmente de

legalidad admite en la presente causa la acusacin fiscal y la acusacin privada,

ignorando totalmente cual de las acusaciones presentadas a las imputadas o cual

de las querellas fue las que admitieron, circunstancia que deja muy entre dicho la

imagen de este rgano jurisdiccional perteneciente al poder judicial, y que

requiere la revisin por parte de la Sala de Casacin Penal de ese Tribunal

Supremo de Justicia.

14

16) Iguales consideraciones merece, la inexplicable decisin del Tribunal

de Control al admitir las pruebas de la fiscala sin un mnimo pronunciamiento

sobre elementos de prueba cuya ilegalidad se evidencia de la misma narrativa de

dicho funcionario y cursante en las actas procesales.

17) El Tribunal de Control omiti pronunciamiento sobre la admisin o no de

algunos elementos de prueba ofrecidos por la defensa, haciendo un

pronunciamiento genrico y, limitando en este aspecto la actividad probatoria de

una de las partes al principio de la comunidad de la prueba, el cual es inherente al

proceso adems que no fue solicitado por la defensa, que present en forma

expresa diferentes elementos de prueba.

18) El Tribunal 4 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del

Estado Anzotegui, ha realizado actuaciones procesales y tomado decisiones

judiciales sin que haya recibido de los Tribunales de Control del Estado Bolvar, el

expediente original de la presente causa, motivo por el cual, cursa por ante el

referido rgano Jurisdiccional copia simple del expediente, escapndose del

conocimiento de la defensa si ha sido remitido al mismo su totalidad, o solo parte

de las actas procesales.

SEGUNDA PARTE

En cuanto a la subjdice SOLANGEL DEL VALLE LVAREZ DE RENDON,

quince (15) vicios procesales permanecen ilesos e irresueltos, a saber:

1) La investigacin se inici y se desarroll, hasta su culminacin, con

violacin reiterada al Derecho Constitucional a la Defensa de la acusada, y al

principio de la legalidad de la prueba consagrado como garanta del Debido

15

Proceso e inserto en el contexto del Derecho Constitucional a la Defensa (Artculo

49 ordinal 1 de la Constitucin Nacional).

2) Las diligencias probatorias estuvieron expuestas, desde los albores de la

investigacin, al contacto directo de personas con claro inters (socios del

fallecido), al margen de las normas que rigen la cadena de custodia y la secretitud

de la investigacin con respecto de terceros, por lo que no hubo control ni

fiscalizacin de ellas por parte del Ministerio Pblico, ni pronunciamiento alguno

del rgano Jurisdiccional al respecto, como corresponda.

3) Se desprende de las actas procesales, que el Tribunal en funciones

de Control, trasgredi el ordenamiento jurdico, cuando con su actuacin

convalid la incorrecta manipulacin de las evidencias fsicas, por parte de

terceras personas que tuvieron intervencin en la evacuacin de determinadas

experticias, sin que el Ministerio Pblico las hubiese ordenado, con la

circunstancia ms grave para el proceso, que el mismo representante fiscal, las

incorpor de una manera ILEGAL e IRREGULAR en franca violacin al principio

constitucional del Debido Proceso, en lo atinente a la obtencin e incorporacin

de los rganos de prueba, siendo posteriormente admitidos estos medios de

prueba por el Tribunal en Funciones de Control, incumpliendo con su deber de

pronunciarse sobre la legalidad, necesidad y pertinencia de los mismos

4) Se dict Orden de Aprehensin en contra la subjdice, sin que

previamente el Ministerio Pblico, la hubiese citado para su comparecencia ante

el despacho fiscal; sin que se desprenda de las actas procesales que se requiriera

la aprehensin de ella, por extrema necesidad y urgencia tal como lo establece el

ltimo aparte del articulo 250 del Cdigo Orgnico Procesal Penal; estando en

16

conocimiento el Ministerio Pblico sobre su ubicacin exacta y habiendo

comparecido a declarar en la investigacin como testigos, por lo que no estaba

acreditada tampoco su condicin de contumaz para que el Tribunal de Control

actuara bajo la proteccin de cualquiera de estos supuestos.

5) La ciudadana SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE RENDON fue

presentada ante el Tribunal de Control sin que previamente hubiese sido

formalmente imputada, circunstancia esta que transgrede y lesiona la garanta

constitucional del Debido Proceso.

6) La mal llamada Audiencia de Presentacin realizada a la ciudadana

SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE RENDON, est llena de vicios e

irregularidades imputables al rgano Jurisdiccional, que afectan la validez de la

misma, en tal sentido, esta fue realizada inicialmente el 14 de Diciembre del ao

2008, siendo suspendida la misma por decisin del Juez en Funciones de

Control, para que se realizara el acto formal de Imputacin, para posteriormente

concluirla en una supuesta Continuacin de la audiencia de Presentacin,

violando el debido proceso y tomando decisiones en la misma que no son propias

a dicha audiencia, desnaturalizando la misma, la cual est prevista por el

legislador a los fines establecidos en el artculo 250 del Cdigo Orgnico Procesal

Penal, relacionada con el mantenimiento o no de la Medida Judicial Preventiva de

la Libertad previamente decretada, subrogndose en las atribuciones que le son

propias a las partes, e incurriendo en el vicio de la extrapetita.

7) La subjdice SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE RENDON, una vez

detenida, fue puesta a la orden del Tribunal de Primera instancia en funciones de

Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolvar, Extensin Puerto Ordaz y

17

este, inici la audiencia sin que previamente se hubiese realizado el acto de

imputacin formal, con la gravsima circunstancia, que suspendi este acto, para

que el Ministerio Pblico en el intermezzo, procediera a imputar formalmente a

nuestra patrocinada y reanudando nuevamente la audiencia en cuestin, y

concluyendo la misma dos das despus de haber dado inicio, todo esto en franca

violacin del orden procesal y de las normas, principios y garantas del debido

proceso en perjuicio de nuestra representada.

8) En fecha 15 de diciembre de 2008, el fiscal del Ministerio Pblico de la

Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, procedi a realizar el acto formal de

imputacin de la subjdice, exponiendo una serie de circunstancias relacionadas

con la muerte del ciudadano RUBEN GAMARRA, las cuales se present de una

manera genrica, refirindose a una serie de hechos sin hacer alusin al

elemento de conviccin que serva de fundamento y sin discriminar la relacin que

debe existir entre cada sealamiento hecho a nuestra patrocinada y cada

elemento de conviccin, haciendo por consiguiente, un acto de imputacin

ambiguo, oscuro, impreciso y carente de soporte probatorio serio, lesionando el

derecho a la defensa de nuestra patrocinada, ya que al desconocer los soportes

probatorios de cada sealamiento incriminatorio, le es imposible sostener

argumentos de defensas lgicos al respecto.

9) Durante la investigacin seguida a nuestra defendida se solicitaron

diligencias de investigacin que no fueron practicadas por el despacho fiscal, lo

que convalida la violacin de derechos que le asisten a las mismas como su

derecho a la defensa, circunstancia sobre la cual omiti el rgano Jurisdiccional

emitir pronunciamiento alguno, incumpliendo su funcin legal.

18

10) El Tribunal de Control, acord por solicitud fiscal, la suspensin de la

audiencia preliminar fijada para la subjdice SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ

DE RENDON, argumentada la misma en el hecho que se haba detenido a otra

persona presuntamente involucrada en la causa, permitiendo lo inaceptable y que

no es otra cosa que, retardar el proceso de una persona privada de su libertad,

para esperar el desarrollo y conclusin de la investigacin de otra persona, lo cual

caus y causa a nuestra defendida SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE

RENDON, un retardo injustificado en su camino por demostrar su inocencia,

extendiendo su privacin judicial preventiva de libertad sin justificacin legal

alguna, adems que evidencia una errada actuacin del Tribunal de Control, el

cual en franco desconocimiento de la ley, acumul causas que estaban en

distintas etapas procesales, en franca contravencin a la ley y a la jurisprudencia

de nuestro alto Tribunal de la Repblica (Sentencia N 507 del 9 de octubre de la

Sala de Casacin Penal)

11) El Tribunal de Control; en forma irregular admiti una acusacin llena

de vicios, admitiendo los elementos de prueba en forma conjunta a las dos

investigadas, cuando corresponde pronunciamiento por separado de cada una de

ellas, con sus elementos de prueba personales, esto a los fines de ejercer una

adecuada e idnea defensa.

12) El Tribunal de Control en un pronunciamiento carente totalmente de

legalidad admite en la presente causa la acusacin fiscal y la acusacin privada,

ignorando totalmente que en la presente causa existen diferentes acusaciones

fiscales y privadas para las dos personas acusadas en la misma, no

evidencindose de tan irregular pronunciamiento, cul de las acusaciones fiscales

19

o privadas presentadas a las investigadas fue admitida, circunstancia que deja

muy entre dicho la imagen de este rgano jurisdiccional perteneciente al poder

judicial y que requiere la revisin por parte de la Sala de Casacin Penal de ese

Tribunal Supremo de Justicia.

13) Iguales consideraciones merece, la inexplicable decisin del Tribunal

de Control al admitir las pruebas de la Fiscala del Ministerio Pblico sin un

mnimo pronunciamiento sobre elementos de prueba cuya ilegalidad se evidencia

de la misma narrativa de dicho funcionario y de las actas procesales, y la omisin

en cuanto al pronunciamiento de la prueba de la defensa, limitando la actividad

probatoria al principio de la comunidad de la prueba, el cual no fue solicitado por

la misma.

14) En la presente causa, la presentacin de la subjdice se realiz ante un

Tribunal de Control diferente al que acord la Privacin Judicial Preventiva de

Libertad y su correspondiente Orden de Aprehensin, ambos Tribunales del

mismo Circuito Judicial Penal del Estado Bolvar, violndose con ello el Principio

del Juez Natural.

15) El Tribunal de Cuarto 4 en Funciones de Control del Circuito Judicial

Penal del Estado Anzotegui, ha realizado actuaciones procesales y tomado

decisiones judiciales sin que haya recibido de los Tribunales de Control del

Estado Bolvar, el expediente original de la presente causa, motivo por el cual,

cursa por ante el referido rgano Jurisdiccional copia simple del expediente,

escapndose del conocimiento de la defensa si ha sido remitido al mismo la

totalidad de este, o solo parte de las actas procesales.

20

V

FASE DE JUICIO

INICIO 14 DE FEBRERO DEL AO 2013

A LA FECHA DE SU INTERRUPCIN

17 DE SEPTIEMBRE DEL AO 2014

El da 17 de Septiembre del ao en curso, el Ministerio Pblico comparte y

reconoce que hay un total desorden procesal y vulneracin de los derechos

Constitucionales en el proceso, presentado en los siguientes actos: Recusaciones,

incidencias judiciales, revocaciones, apelacin de autos, decaimiento, prorroga de

la privacin de la libertad, dilaciones indebidas, abandono de la defensa, abuso de

poder y funciones, igualdad entre las partes, violacin al debido proceso (art.49

C.R.B.V), privacin ilegtima de la libertad, fraccionamiento de las audiencias

orales y pblicas, violacin de los Principios de Continuidad e Inmediatez,

concentracin, registros, publicidad, poca idoneidad en el conocimiento procesal

penal y por ltimo decreta la interrupcin falseando uno de los tems de la

suspensin para interrumpir. Obviando claramente y en forma arbitraria que las

acusadas Jalousie Fondacci de Gamarra y Solangel lvarez de Rendn, continen

privadas de la libertad (casi 6 aos ambas) por hechos que no son imputables a

ellas mismas donde la torpeza y poca idoneidad de la juez Evelyn Osuna, una vez

ms ha demostrado y a pesar de la constante revisin exigida a la juez, en

relacin a otorgar medidas menos gravosas a nuestras defendidas simplemente

no decide dejando una vez ms claro el delito de denegacin de justicia y

privacin ilegtima de la libertad. Por ltimo, es bueno recordar que los elementos

de conviccin que en su momento sirvieron para imputar a nuestras defendidas,

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en relacin: al modo, tiempo y lugar han cambiado, originando con esta situacin

que obligatoriamente para las acusadas es imperante decretar una medida menos

gravosa de libertad e iniciar nuevamente la fase de juicio con un nuevo juez que

no est contaminado, conozca el proceso penal y mantenga los prlogos que

corresponden a un juez y que solamente deba obediencia al Derecho, a la Ley y

sobre todo a la Justicia.

Agradeciendo de antemano, la atencin que pueda usted prestarle al caso y

ordenar la correspondiente investigacin, permanecemos prestos para consignarle

cualquier documentacin al respecto o alguna aclaratoria, nos despedimos de

usted:

DEFENSA PRIVADA

Fdo. Dr. Sergio Ramn Aranguren Carrero

C.I. V-6.082.652. INPRE 51.303

Fdo. Dr. Ricardo Rafael Reyes Rincn

C.I. V-4.540.269. INPRE 60.858

Fdo. Dr. Hctor Antonio Carrero

C.I.V-6.082.651. INPRE 41.791

Escritorio Jurdico Aranguren, Gonzlez, Duarte y Asociados Torre El

Limonero, PH N 03, Parroquia Santa Rosala, Municipio Libertador del Distrito

Capital de Caracas. Telf. 0212. 542.33.03 y 542.34.07.