cartilla de lineamientos para la operación de las comisiones

Lineamientos para la operación de las C

omisiones Regionales de M

oralización

LINEAMIENTOSpara la operación de las Comisiones

Regionales de Moralización

Libertad y Orden

Libertad y Orden Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Comisión Nacional de Moralización



“Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadaspero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.”

(Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia).

Delegados de integrantes de laComisión Nacional de Moralización

Secretaría de TransparenciaRafael María Merchán Álvarez

Procuraduría General de la NaciónAlejandro Ordóñez Maldonado

Contraloría General de la RepúblicaSandra Morelli Rico

Fiscalía General de la NaciónLuis Eduardo Montealegre Lynett

Corte Suprema de JusticiaRuth Marina Díaz Rueda

Consejo de EstadoAlfonso Vargas Rincón

Cámara de RepresentantesHernán Penagos Giraldo

Senado de la RepúblicaJuan Fernando Cristo Bustos

Auditoría General de la RepúblicaLaura Emilse Marulanda Tobón

Defensoría del PuebloJorge Armando Otálora Gómez

Ministerio de JusticiaAlfonso Gómez Méndez

Ministerio del InteriorAurelio Iragorri Valencia

Equipo NEXURA Internacional S.A.S.

Coordinador del Proyecto/ Camilo Alberto Valencia B.Asesor en Comunicación/ Nelson Cadavid OssaDiseño y Diagramación/ Gustavo Adolfo Gómez Salazar

Rafael María Merchán Álvarez, Secretario de TransparenciaAsesores de la Secretaría de TransparenciaIván Eliécer Casas RuizDaniel Andrés García CañónCamilo Andrés Cetina Fernández

El artículo 65 de la Ley 1474 de 2011 –Estatuto Anticorrupción- dio vida a las Comisiones Regionales de Moraliza-ción, con el propósito de brindar al Estado Colombiano una instancia en la que se coordinen, en cada uno de los 32 departamentos del país, los esfuerzos de los organismos encargados de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. Desde entonces, funcionarios de los organismos de control y la rama judicial en todo el territorio nacional han venido adelantando un esfuerzo importante por instalar estas Comisiones, por organizar su trabajo y por fortalecer sus procesos de diálogo con la ciudadanía.

La Comisión Nacional de Moralización, a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, ha adelantado un seguimiento a la labor que vienen realizando las distintas Comisiones Regionales de Moralización, lo que le ha permitido identificar los logros y avances resultantes del trabajo conjunto entre las entidades, pero también las condiciones que han dificultado su operación.

Tras este ejercicio de diagnóstico, y mediante el diálogo con todas las entidades integrantes de la Comisión Nacional de Moralización, -así como con representantes de las distintas Comisiones Regionales de Moralización del país-, fue posible construir los nuevos lineamientos para la operación de las Comisiones Regionales de Moralización que se documentan en esta cartilla.

Esperamos que este material suministre a los funcionarios las herramientas necesarias para planificar y estructurar el trabajo de las Comisiones, para hacer seguimiento a la ejecución de sus tareas y para reportar y dar a conocer al país los resultados del trabajo que vienen adelantando para luchar contra el flagelo de la corrupción y promover la transparencia e integridad en todas las entidades públicas.

Sabemos que la implementación de estos lineamientos y la adopción de los instrumentos contenidos en la cartilla no será un ejercicio fácil. Será necesario ajustar los actuales reglamentos internos de las Comisiones, adelantar un proceso de revisión de sus planes de acción, preparar semestralmente informes de la gestión adelantada y reportar periódicamente para su difusión, las actividades desarrolladas por cada Comisión. No obstante lo anterior, pode-mos garantizarles a los funcionarios representantes de las entidades integrantes de las Comisiones Regionales de Moralización, que no estarán solos en este propósito. Desde la Comisión Nacional de Moralización -y a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República-, se dispondrán las acciones necesarias para brindar un acompañamiento técnico permanente a los distintos departamentos, con el fin de brindarles el apoyo necesario para el desarrollo del reto que hoy se impone.

A nombre de la Comisión Nacional de Moralización quiero invitar a los Contralores Departamentales y Municipales, Procuradores Regionales, Fiscales Seccionales, Presidentes de los Consejos Seccionales de la Judicatura, y Gerentes Regionales de la Contraloría General de la República a estudiar, discutir y poner en marcha estos lineamientos a partir de la fecha, y a dedicar la energía y los esfuerzos que sean necesarios para que su adopción mejore el desempeño de las Comisiones Regionales y les permita arrojar los resultados efectivos en materia de lucha contra la corrupción y transparencia que tanto demanda la ciudadanía en los distintos departamentos del país.

Presentación Rafael Merchán Álvarez, Secretario de Transparencia - Presidencia de la Republica

Tabla de ContenidoCapítulo Página

PRESENTACIÓN 5INTRODUCCIÓN 7

1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES 9 Corrupción 9 Ciudadanía organizada 10 Coordinación Interinstitucional 11

2. POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN 16 Diagnóstico 18 Problema Central 19 Objetivos 23

3. LA COMISIÓN NACIONAL DE MORALIZACIÓN 24 Historia 26 Gestión de la Comisión Nacional de Moralización 28

4. LAS COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN 30 Antecedentes 31 Panorama Actual 32

5. LINEAMIENTOS PARA LAS COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN 35 Misión de las Comisiones Regionales de Moralización 35 Objetivos y Actividades de las Comisiones Regionales de Moralización 35 Pautas para la Operación de las Comisiones Regionales de Moralización 36

6. HERRAMIENTAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN 41 Modelo de Reglamento Interno para las Comisiones Regionales de Moralización 41 Guía para la elaboración del Plan de Acción Anual 46 Guía para la elaboración de los Informes Semestrales de Gestión de las Comisiones Regionales de Moralización 51 Guía para el Desarrollo de Audiencias con Ciudadanía Organizada 52 Guía para la Gestión Documental 55 Formato de Listado de Asistencia para las reuniones efectuadas por la Comisión Regional de Moralización 57 Sitio Web de las Comisiones Regionales de Moralización 58

BIBLIOGRAFÍA. 60

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓNde las Comisiones Regionales de Moralización

7

En el año 2010 el Gobierno Nacional fijó como una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo la formulación de una política integral en materia de lucha contra la corrupción, que involucrara al sector privado y la sociedad civil y que con-templara mecanismos de evaluación y seguimiento. El Plan indicaba que las acciones del Estado para la lucha contra la corrupción debían orientarse hacia: 1) El fortalecimiento de mecanismos y estrategias que prevengan actos de corrupción; 2) El mejoramiento de la capacidad de investigación y sanción de actos de corrupción, y la adopción de instrumentos que obstaculicen, disminuyan o eliminen las causas y manifestacio-nes de la misma; y 3) La promoción de mecanismos de lucha contra la impunidad.

En materia de mejoramiento de la capacidad de investigación y sanción de actos de corrupción, se propuso entre otros as-pectos, trabajar en la generación de condiciones para la coor-dinación interinstitucional y entre los órdenes nacional y territo-rial, a través de la consolidación de las respectivas instancias y mecanismos que involucren a la Rama Ejecutiva, los órganos de control y la Rama Judicial. Con este fin, se incluyeron den-tro del proyecto de ley presentado al Congreso de la Repúbli-ca para la expedición del nuevo Estatuto Anticorrupción, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Moralización, la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrup-ción y la creación de Comisiones Regionales de Moralización en cada uno de los 32 departamentos del país.

El presente documento contiene un conjunto de lineamientos y herramientas formuladas por las entidades integrantes de la Comisión Nacional de Moralización, con el propósito de forta-lecer el trabajo de las Comisiones Regionales de Moralización, y de brindarles a estas instancias los insumos necesarios para afrontar la lucha contra la corrupción de manera articulada. La cartilla presenta también, para conocimiento de los integrantes de las Comisiones Regionales de Moralización, un resumen de las líneas estratégicas de la Política Pública Integral Anticorrup-

ción, cuyo marco orientará también en adelante el trabajo de las Comisiones.

La cartilla está dividida en seis capítulos. El primero, presenta y clarifica algunos conceptos importantes para el trabajo que deben realizar las Comisiones Regionales de Moralización. El segundo, esboza de manera breve el contenido y alcances de la Política Pública Integral Anticorrupción, cuyos ejes de traba-jo orientarán también la labor de las Comisiones.

En el tercer apartado se realiza un recuento sobre la gestión y proyectos adelantados por la Comisión Nacional de Moraliza-ción. El cuarto capítulo expone los antecedentes de las Comi-siones Regionales y presenta un diagnóstico sobre la forma en que vienen operando estas instancias departamentales.

El quinto capítulo presenta los Lineamientos definidos y apro-bados por las entidades integrantes de la Comisión Nacional de Moralización, para la operación de las Comisiones Regio-nales. El sexto capítulo contiene una serie de herramientas diseñadas para mejorar los procesos de gestión de las Comisiones: un modelo de reglamento interno que incorpora los lineamientos fijados por la Comisión Nacional de Moralización para las Comisiones Regionales de Moralización, un modelo para la formulación de Planes Anuales de Acción, un modelo para la presentación de Informes Semestrales de Gestión, una Guía para la Gestión Documental de la Comisiones, una Guía para la elaboración de las actas de reunión y finalmente una Guía para la realización de las reuniones de las Comisiones con la ciudadanía organizada. Con la puesta en marcha de estos lineamientos y herramientas, se espera promover la coordinación interinstitucional que debe existir entre las entidades pertenecientes a las Comisiones Regionales de Moralización y mejorar su desempeño.

Introducción

Aproximacionesconceptuales

1CAPÍTULO


9

CORRUPCIÓNDentro del proceso de formulación de la Política Pública Integral Anticorrupción, la Secretaría de Transparencia adelantó una revisión exhaustiva de las distintas aproximaciones y definiciones sobre el fenómeno de la corrupción, realizadas tanto desde la academia como desde las distintas instituciones del Estado. A partir de la observación de este estado del arte, se definió la corrupción como “el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado”1.

Se señaló además que la corrupción es un fenómeno complejo y multidimensional, que incide negativamente en los ámbitos económico, social, cultural, político y ético de una sociedad y que además afecta las condiciones de vida de los ciudadanos y sus capacidades para el desarrollo humano. Comprender la gravedad de este fenómeno y la magnitud de sus efectos es fundamental para que todas las institucio-nes del Estado –y en especial aquellos organismos y entidades con competencias directas en materia de lucha contra la corrupción–, como las entidades integrantes de las Comisiones Regionales de Moralización, articulen esfuerzos e implementen medidas concretas para combatirlo.

1 Aproximaciones conceptuales

1- Documento CONPES 167 de 2013. Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción. Página 12.


10

CIUDADANÍA ORGANIZADALa Constitución y las leyes colombianas han creado diferentes espacios, mecanismos e instancias orientadas a que los ciudadanos incidan y participen en las decisiones que los afectan.

El mecanismo de participación por excelencia para el ejercicio de la vigilancia y el control social de los asuntos públicos es la veeduría ciudadana –reglamentada por la Ley 850 de 2003– por lo que se estima que estas organizaciones deben ser especialmente reconocidas e impulsadas por las Comisiones Regionales de Mo-ralización en los distintos departamentos del país, y deben ser convocadas a las reuniones trimestrales que la Ley 1474 ordena realizar a las comisiones, con el fin de responder sus peticiones, inquietudes, quejas y denuncias.

No obstante lo anterior, se considera que la convocatoria y participación en estas audiencias no debe limitarse exclusivamente a los ciudadanos representantes de veedurías. Las Comisiones Regionales deben hacer un esfuerzo por identificar y convocar en cada departamento a ciudadanos integrantes de distintos tipos de instancias, mecanismos, organizaciones, sectores y gremios, incluidos representantes de los medios de comunicación local y la academia.


11

2- Documento CONPES 167 de 2013. Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción. Página 41. 3- Ver Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción -MESICIC. (2003). Informe sobre la implementación en Colombia de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la primera ronda. Acceso en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_col.pdf4- Molano, D., & Franco, J. (2006). La coordinación interagencial: el arma secreta de la segurida democrática. Obtenido de http://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/744

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALLa Constitución Nacional insta a los diferentes órganos del Estado a colaborar armónicamente para la realización de sus fines (Art. 113, CPC).

A partir del diagnóstico adelantado para la formulación de la Política Pública Integral Anticorrupción, se encontró que uno de los factores determinantes de los altos niveles de impunidad en actos de corrupción en Colombia, es la escasa coordinación entre entidades encargadas de prevenir, controlar e investigar la corrupción2. Vale resaltar que la necesidad de fortalecer esta coordinación ha sido identificada también por los distintos mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción suscritas por Colombia, en especial por el mecanismo de seguimiento a la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción3.

Puede entenderse por coordinación interinstitucional el “proceso mediante el cual se concertan y se sincronizan medios y esfuerzos de dos o varias instituciones o agencias que buscan generar valor en la gestión pública, para lograr objetivos definidos”4. La literatura especializada en materia de coor-dinación señala que es fundamental para el ejercicio de la misma fijar una misión, unos objetivos y unas metas claras entre las entidades coordinadas. Es esencial, además, que se definan los procesos y procedimientos mediante los cuales las entidades interactuarán y tomarán decisiones conjuntas, así como los instrumentos a través de los que planearán, monitorearán y evaluarán sus acciones.

Sin excluir los demás mecanismos de coordinación que puedan existir entre las entidades con competencias en materia de lucha contra la corrupción en el nivel territorial, se considera que las Comisiones Regionales de Mora-lización son la principal instancia creada por ley para el ejercicio de esta coordinación, razón por la cual la Comisión Nacional de Moralización ha dispuesto dentro del presente documento, una serie de orientaciones e instru-mentos para facilitar este ejercicio.

¿CUÁL ES LA LABOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN?

Encargada de sancionar disciplina-riamente a los funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones co-meten diferentes faltas, incurren en prohibiciones y en la violación del régimen de inhabilidades, incompa-tibilidades y conflicto de intereses.

Ejerce vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desem-peñan funciones públicas, inclusive los de elección popular, ejerce pre-ferentemente el poder disciplinario, adelanta las investigaciones corres-pondientes e impone las sanciones disciplinarias de acuerdo a la ley (Art. 277 CP).

¿CUÁL ES LA LABOR DE LACONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA?

Ejerce vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particu-lares o entidades que manejen fon-dos o bienes del Estado. Establece la responsabilidad fiscal de los servi-dores públicos (Art. 267 CP).

Se encarga de emitir fallos de res-ponsabilidad fiscal cuando encuen-tra que existió un manejo irregular de los recursos públicos. El control ejercido por esta entidad es poste-rior a la ejecución de los hechos, es decir su labor no es preventiva.

¿CUÁL ES LA LABOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN?

Ejerce la acción penal y realiza la investigación de los hechos que re-vistan las características de un delito (Art. 250 de la C.P.). Su principal función es la investigación y acusa-ción de los presuntos responsables de la comisión de delitos, de acuer-do con lo establecido en la ley 906 de 2004.

¿CUÁL ES LA LABOR DE LAS CONTRALORÍASMUNICIPALES?

Encargadas de realizar vigilancia fiscal dentro de la entidad territorial (municipio) correspondiente. Su con-trol se ejecuta de forma posterior y selectiva. Se encuentran contralorías municipales en los municipios clasifi-cados en categoría especial, prime-ra, segunda y tercera, aunque no todos los municipios clasificados en estas categorías cuentan con contra-lorías municipales.

¿CUÁL ES LA LABOR DE LAS CONTRALORÍAS DEPARTAMENTALES?

Realizan la vigilancia de la gestión fiscal en sus departamentos, de for-ma posterior y selectiva. Son sus sujetos vigilados todas las entidades de la administración pública, entida-des descentralizadas, empresas de servicios públicos mixtas, privadas, y los particulares que administren bienes y fondos del Estado.

Los municipios que no cuenten con contralorías municipales, serán vigi-lados por las Contralorías departa-mentales.

¿CUÁL ES LA LABOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA?

Administra la rama judicial, examina la conducta y sanciona las faltas cometidas por los funcionarios judiciales o los aboga-dos. Los magistrados que componen este alto órgano, son elegidos por un período de ocho años. Está dividido en dos salas:

Administrativa: Compuesta por seis magis-trados, uno elegido por la Corte Constitu-cional, dos por la Corte Suprema de Justi-cia y tres por el Consejo de Estado.

Jurisdiccional disciplinaria: Compuesta por siete magistrados, todos elegidos por el Congreso de la República.

El Consejo Superior de la Judicatura, cuen-ta con Consejos Seccionales, con lo que se busca facilitar la labor de esta corporación.

CONPES 167de 2013

2CAPÍTULO


17

En el marco de la formulación de la Política Pública Integral Anticorrupción, es-tablecida mediante el documento Conpes 167 de 2013, el Gobierno Nacional adelantó un diagnóstico sobre los principales problemas y retos que enfrenta el país en esta materia. A partir de dicha problemática se definieron los temas en los que las instituciones públicas del país, de los distintos órdenes, deberían trabajar para contribuir a disminuir la incidencia del fenómeno. Si bien las acciones definidas por el documento Conpes son responsabilidad de entidades del orden nacional, la política incluye una dimensión territorial, bajo la cual se busca que las autoridades locales y las organizaciones sociales de todos los departamentos del país, repliquen y promuevan acciones y actividades en torno a los ejes de la política, provocando así un efecto multiplicador de la misma.

A continuación se presenta un breve resumen de los problemas identificados y de los objetivos fijados por la Política Pública Integral Anticorrupción, que busca motivar su estudio y promoción por parte de los integrantes de las Comisiones Regionales de Moralización. Por ser este también un instrumento emanado de la Comisión Na-cional de Moralización, se considera fundamental que su estructura y sus propósitos orienten la labor que estarán llamadas a desarrollar las Comisiones en los distintos territorios del país.

2 Política Pública Integral Anticorrupción


18

Diagnóstico

INEFICACIADE LAS HERRAMIENTASY MECANISMOS para la

prevención, investigación y sanción de la corrupción.

Debilidades del control social en la prevención de la

corrupción.

Escasos resultados de la promoción de la

integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad.

Alta impunidad en actos de corrupción.

1

2

3

45


19

PROBLEMA CENTRAL

Ineficacia de las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción

A pesar de los esfuerzos normativos y las iniciativas empren-didas tanto por la rama ejecutiva como por los organismos de control del país para combatir la corrupción, se señala desde la política que las estrategias diseñadas no han arrojado los resultados esperados, lo que demuestra un problema de inefi-ciencia de las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción.

A partir del diagnóstico realizado, la política señala que los principales factores relacionados con el problema de la inefica-cia de las herramientas y mecanismos para la prevención de la corrupción se relacionan con un deficiente acceso y calidad de la información, deficiencias en algunas herramientas de gestión pública, debilidades del control social y escasos resultados de la promoción de la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad. En cuanto a la investigación y sanción, el factor principal de la ineficacia corresponde a los altos niveles de impunidad en actos de corrupción.

PRINCIPALES PROBLEMAS

A) Deficiente acceso y calidad de la información pública para la prevención de la corrupción

Se evidencian en el país insuficientes estándares de calidad de la información pública, un acceso limitado a la información pública para prevenir la corrupción y escasa información espe-cializada respecto al fenómeno de la corrupción.

Los resultados del Índice de Gobierno Abierto de la Procuradu-ría General de la Nación, han cuestionado la calidad y canti-

dad de información reportada por las entidades públicas. Por otro lado, y no obstante la existencia de la ley 594 de 2000 -que estableció reglas y principios generales para la función ar-chivística del Estado-, se evidenció un amplio desconocimiento de la ley y sus principios por parte de los servidores públicos en las consultas realizadas para la formulación de la política.

La información existente en el país sobre el fenómeno de la corrupción es escasa todavía. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación lideró en el año 2012 la creación de un Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, cuyo desarro-llo y difusión fue encargado a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y actualmente se encuentra en operación.

Las dificultades para acceder a la información pública en el país hacen ineficiente el control social y crean un escenario propicio para la ocurrencia de actos de corrupción.

El país cuenta con un avance reciente en esta materia: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública –la cual busca regular el derecho de acceso a la información–, establece los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho a la publicidad de la información, así como las respectivas excep-ciones.

B) Deficiencias en herramientas de gestión pública para la prevención de la corrupción

En Colombia se presentan deficiencias en la integración de los procesos de planeación y gestión de las entidades públicas, in-suficientes mecanismos de transparencia en el acceso a cargos públicos, persistencia de corrupción asociada a la contratación pública, presencia de corrupción en algunos trámites adminis-trativos, debilidades del control interno en la prevención de la corrupción, poca transparencia de la participación de actores no estatales en las decisiones públicas y por último, insuficien-cia de estrategias sectoriales para prevenir la corrupción.


20

Las entidades territoriales deben presentar alrededor de 136 reportes sobre sus políticas de desarrollo administrativo (según información IGA, 2011 – 2012), en periodos que van desde lo trimestral hasta lo anual. De acuerdo con el DAFP, algu-nos de estos informes contienen la misma información, lo que se traduce en duplicidad de esfuerzos para las entidades. La mayor parte de los municipios ha manifestado no contar con la capacidad técnica y de personal para responder a tales demandas.

Se evidencia la existencia de nóminas paralelas en las entida-des estatales en todos los órdenes, lo que facilita la vinculación de personal por lazos de amistad, personales y familiares, ha-ciendo muy bajo el acceso al servicio público por meritocracia.

Las oficinas de control interno, quienes buscan mitigar los riesgos y optimizar los procesos para el logro de resultados, cumplen de manera parcial con su misión, dado que los res-pectivos jefes, son elegidos para periodos fijos de cuatro años, ejerciendo la mitad en el gobierno en el cual son nombrados y la otra parte en el gobierno siguiente.

A pesar de las normas formuladas en el país en materia de con-tratación, relacionadas con publicidad de documentos, acceso a la información y objetividad en la selección de contratistas, las oportunidades para materializar riesgos de corrupción en la contratación persisten. De acuerdo con el IGA 2010-2011 en promedio las entidades territoriales no están publicando en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) más del 64% de los contratos que deben estar en dicho sistema, y el 33% de las alcaldías no reportaron ni un solo contrato. El mismo índice para el periodo 2011-2012, reportó que 21 gobernaciones se encuentran por debajo de los 50 puntos en la categoría de visibilidad del SECOP.

Por otra parte, es necesario hacer cumplir la obligación que tiene cada entidad territorial del orden nacional, departamen-tal y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que conten-ga, entre otros elementos, el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y la rendición pública de cuentas.

C) Debilidades del control social en la prevención de la corrupción

En Colombia no existe la información necesaria y la capaci-dad para el ejercicio del control social en la prevención de la corrupción, hay aplicación limitada del mecanismo de audito-rías visibles como instrumento de control social para promover la transparencia en la gestión pública y, no se encuentra sufi-cientemente consolidada la rendición de cuentas en todos los niveles del Estado.

Gran parte de la ciudadanía colombiana desconoce los meca-nismos y los escenarios con los que cuenta para ejercer control social sobre las entidades públicas5. Ejemplo de ello son las auditorías visibles, mecanismo de control social diseñado por el Gobierno Nacional para fomentar la participación ciuda-dana en la ejecución de obras y proyectos de inversión, que a pesar de haber demostrado su utilidad y efectividad, no ha logrado convertirse en una herramienta de uso masivo.

Al igual que las auditorías visibles, los procesos de rendición de cuentas y el ejercicio de veeduría ciudadana son subuti-lizados por la comunidad. Aunque el proceso de rendición de cuentas es obligatorio de los servidores públicos hacia la ciudadanía, éste no es realizado en debida forma y en algu-nos casos, para las entidades territoriales, no se visibiliza su realización6.

5- 72% de los colombianos desconocen los mecanismos y un 57% no conoce ningún espacio de participación, de acuerdo con la Encuesta de Cultura Política del DANE, 2011.6- IGA 2011 – 2012, Categoría de rendición de cuentas.


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D) Escasos resultados de la promoción de la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad

Sobre este problema identificado por la PPIA, se señala que en el país hay insuficientes herramientas que promuevan el comportamiento íntegro de los funcionarios públicos, pocas herramientas para identificar conflictos de interés para preve-nir la corrupción, debilidades en la promoción de los temas de integridad y cultura de la legalidad en el sistema educativo, insuficiente oferta de información ciudadana sobre integridad y cultura de la legalidad, insuficiente corresponsabilidad de los partidos y movimientos políticos para la prevención de la corrupción y por último, no hay suficiente corresponsabilidad del sector privado para la prevención de la corrupción.

Los servidores públicos no cuentan con las herramientas pro-picias para la promoción de comportamientos que incentiven valores éticos; adicionalmente se identificó falta de control administrativo dentro de las entidades donde los servidores públicos trabajan8.

La Política Pública Integral Anticorrupción identificó también que para la promoción de la integridad y la cultura de legali-dad, el Ministerio de Educación en conjunto con otras entida-

des diseñó e implementó programas dirigidos a estudiantes en colegios, tales como “Adiós a las Trampas” y “Currículo de la Legalidad”, pero estas iniciativas no lograron perdurar en el tiempo y en la actualidad no se ejecutan.

El artículo 79 del Estatuto Anticorrupción (ley 1474 de 2011), dejó sentadas las bases para la pedagogía de competencias ciudadanas. De esta forma, los establecimientos de educación básica y media, dentro de los Proyectos Educativos Institucio-nales, deben incluir estrategias para el desarrollo de “com-petencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la parti-cipación y la responsabilidad democrática, y la identidad y valoración de la diferencia, lo cual deberá verse reflejado en actividades destinadas a todos los miembros de la comunidad educativa”9. Así, se pretende orientar la educación hacia la consolidación de la cultura de la legalidad y el cuidado de los bienes comunes.

Con relación a la actividad realizada por los partidos y mo-vimientos políticos, a pesar de los cambios provenientes de la reforma política de 2009 –con la que se mejoró la reglamen-tación sobre el financiamiento de campañas y su respectivo se-guimiento, se incorporó la rendición pública de cuentas sobre el volumen, origen y destino de los recursos utilizados en las campañas políticas–, Colombia aún debe implementar y forta-lecer algunas medidas y condiciones. Sistemas que permitan el control de carácter fiscal para los partidos y movimientos políticos son una carencia que debería subsanarse.

Sobre el compromiso del sector privado para no incurrir en prácticas que propicien la corrupción, la Política Pública in-corporó datos10 que evidencian que el soborno sigue siendo común en las operaciones de negocios entre el sector privado y el público –con el ánimo de agilizar trámites–. Ante esta situación el documento CONPES expone que en el país:

“Si bien es el Estado quien debe articular el trabajo conjunto alrededor de la lucha contra la corrupción, a través de sus políticas y programas, es transversal a todo este proceso el posicionamiento de valores y principios relacionados con la promoción de la integridad, la cultura de la legalidad y el cuidado de lo público, tanto en los ciudadanos como en los funcionarios públicos y demás actores sociales”7.

7- Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción. CONPES 167 de diciembre 2013. Pág. 34.8- EDI 20129- Ley 1474 de 2011, artículo 79.10- ‘Tercera Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas, realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia en el 2012.


22

• No se cuenta con prácticas eficientes para prevenir el soborno en las entidades públicas. • Tanto los órganos de control interno como las auditorías en las mismas empresas privadas pequeñas son débiles. • No se presentan sanciones contundentes frente al soborno.

Desde el punto de vista legal, se encuentra que no hay regulación detallada para la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ni tampoco incentivos positivos por parte del gobierno, para que las empresas presenten buen desempeño11.

E) Altos niveles de impunidad en actos de corrupción

Aunque la corrupción y la impunidad son fenómenos diferentes, esta última lleva a que la sociedad pierda credibilidad en la denuncia penal y se afecta la reputación del sistema judicial. De este modo, se crea un nicho donde las denuncias son ausen-tes, lo cual, a su vez, propicia la corrupción12.

El diagnóstico de la PPIA evidenció debilidades en el proceso de denuncia de los actos de corrupción, inadecuadas herramientas de investigación, juzgamiento y sanción de actos corruptos, escasa coordinación entre entidades encargadas de prevenir, controlar e investigar la corrupción y por último, debilidades del control fiscal territorial.

La falta de conocimiento en la sociedad sobre las formalidades que se deben tener en cuenta para presentar denuncias, hace que muchas de ellas no continúen su curso al carecer, por ejemplo, del debido sustento fáctico y probatorio que permita adelantar las indagaciones a que haya lugar por parte de la entidad responsable. De igual forma, hacen falta sanciones ejemplarizantes que incentiven a la sociedad a denunciar.

Sobre la inexistencia de adecuadas herramientas de investigación, juzgamiento y sanción, se señala que los delitos de corrupción no tienen un método especial para su investigación como sí los tienen, por ejemplo, delitos asociados al narcotráfico y el terrorismo.

Frente a los problemas de coordinación entre entidades con competencias en ma-teria de lucha contra la corrupción, se resalta la necesidad de poner en marcha y hacer efectivo el trabajo de las Comisiones Regionales de Moralización a partir de los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización.

11- Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción. CONPES 167 de diciembre 2013. Pág. 38.12- Ibíd. P. 38


23

Resulta indispensable que las Comisiones Regionales de Moralización conozcan el contenido completo de la Política Pública Integral Anticorrupción y del documento CONPES 167 de 2013, que se encuentran disponibles en el sitio web: www.anticorrupcion.gov.co/paginas/lineamientosCRM.aspx

Objetivos

Mejorarlas herramientas

de gestión pública para prevenir la corrupción.

FORTALECERLAS HERRAMIENTAS Y MECANISMOS para la prevención, investigación y

sanción en materia de lucha contra la corrupción en los ámbitos públicoy privado, con incidencia nacional

y territorial.

110 ACCIONES

Mejorar el acceso y la calidad de la

información pública para la prevención de la corrupción.

Aumentar la incidencia del control social en la

prevención de la corrupción.

Promover la integridad y la cultura de la

legalidad en el Estado y la sociedad.

Reducir la impunidad en actos de corrupción.

1

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La ComisiónNacional deMoralización

3CAPÍTULO


25

HISTORIA

Con el fin de propiciar una adecuada coordinación y colaboración de estas entida-des en materia de lucha contra la corrupción la Ley 190 de 1995 crea la Comisión Nacional de Moralización, integrada por: “1. El Presidente de la República; 2. El Ministro de Gobierno; 3. El Ministro de Justicia y del Derecho; 4. El Procurador General de la Nación; 5. El Contralor General de la República; 6. El Presidente del Senado; 7. El Presidente de la Cámara de Representantes; 8. El Fiscal General de la Nación; 9. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y 10. El Defensor del Pueblo”. (Ley 190 de 1995, Art. 68)

Tras su creación, la Comisión Nacional de Moralización se vería sometida a varias reformas de tipo reglamentario: durante el gobierno del Presidente Ernesto Samper, a través del Decreto Ley 1681 de 1997, se fusiona la Comisión Nacional Ciuda-dana para la lucha contra la corrupción con la Comisión Nacional para la Morali-zación (Art. 1) y se indica que para todos los efectos legales la Comisión Nacional para la Moralización sustituirá a la Comisión Ciudadana (Art. 3).

Por su parte el gobierno de Andrés Pastrana, mediante Decreto 978 de 1999, reestructuró la Comisión Nacional de Moralización, la instituyó como organismo adscrito a la Presidencia de la República, y la dividió, para su operación, en dos subcomisiones: Subcomisión Institucional y Subcomisión Ciudadana (Art. 2).

La mencionada norma indicaba que la Subcomisión Institucional estaría integrada por: “1. El Presidente de la República; 2. El Vicepresidente de la República; 3. El Ministro del Interior; 4. El Ministro de Justicia y del Derecho; 5. El Procurador Gene-ral de la Nación; 6. El Contralor General de la República; 7. El Fiscal General de la Nación; y 8. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.” (Art.3)

Respecto a la Subcomisión Ciudadana, la norma señalaba que estaría integrada por doce (12) comisionados, representantes de distintos tipos de gremios y organi-zaciones sociales (Art.6)13. Se establecía además que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Moralización y de las dos subcomisiones, sería ejercida por el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción (Art.13).

3 La Comisión Nacional de Moralización

13- De acuerdo con el Decreto 978 de 1999, la Subcomisión Ciudadana estaba integra por doce (12) comisionados de la siguiente manera: “1. Un representante de las Organizaciones Sindicales; 2. Un representante de los Gremios Económicos; 3. Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la lucha contra la corrupción; 4. Un representante de las Etnias; 5. Un representante de las Cámaras de Comercio; 6. Un representante de las Universidades; 7. Un representante de los Medios de Comunicación; 8. Un representante de las Iglesias; 9. Un representante de la Organizaciones de Mujeres; 10. Un representante de las Veedurías Ciudadanas; 11. Un representante de las Juventudes; 12. Un representante del Consejo Nacional de Planeación.”


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En el año 2011 el nuevo Estatuto Anticorrupción –Ley 1474– retoma la figura de la Comisión Nacional de Moralización como una instancia integrada por las cabezas de las ramas del poder público y los organismos de control, separada de la figura –también rediseñada por el Estatuto– de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción (Ley 1474 de 2011, Art. 62 al 71).

La nueva Comisión Nacional fue instalada el 6 de marzo de 2012 y ha concentra-do sus esfuerzos en cuatro temas específicos: 1) La formulación y aprobación de la Política Pública Integral Anticorrupción, 2) La revisión de los avances del proyecto de Ventanilla Única de Denuncias, 3) La revisión de los avances del proyecto del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción y 4) El seguimiento y construcción de lineamientos para las Comisiones Regionales Moralización.

El Presidente de la República.

El Procurador General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación.

El Contralor General de la República.

El Defensor del Pueblo.

El Auditor General de la República.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El Presidente del Consejo de Estado.

El Presidente del Senado.

El Presidente de la Cámara de Representantes.

El Ministro del Interior.

El Ministro de Justicia.

El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Integrantes de la ComisiónNACIONALde Moralización


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A. Velar por el cumplimiento de la aplicación de la presente ley y de la ley 190 de 1995.

B. Coordinar la realización de acciones conjuntas para la lucha contra la corrupción frente a entidades del orden nacional o territorial en las cuales existan indicios de este fenómeno.

C. Coordinar el intercambio de información en materia de lucha contra la corrupción.

D. Realizar propuestas para hacer efectivas las medidas contempladas en esta ley respecto de las personas políticamente expuestas.

E. Establecer los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia obligatorios para la administración pública, y los mecanismos de su divulgación.

F. Establecer las prioridades para afrontar las situaciones que atenten o lesionen la moralidad en la Administración Pública.

G. Adoptar una estrategia anual que propenda por la transparencia,la eficiencia, la moralidad y los demás principios que deben regir la Administración Pública.

H. Promover la implantación de centros piloto enfocados hacia la consolidación de mecanismos transparentes y la obtención de la excelencia en los niveles de eficiencia, eficacia y economía de la gestión pública.

I. Promover el ejercicio consciente y responsable de la participación ciudadana y del control social sobre la gestión pública.

J. Prestar su concurso en el cumplimiento de las acciones populares en cuanto tienen que ver con la moralidad administrativa.

K. Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados con la ética y la moral públicas, los deberes y las responsabilidades en la función pública.

L. Mantener contacto e intercambio permanente con entidades oficiales y privadas del país y del exterior que ofrezcan alternativas de lucha contra la corrupción administrativa.

M. Prestar todo su concurso para la construcción de un Estado transparente.

N. Darse su propio Reglamento.

FUNCIONES Artículo 64, Ley 1474


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GESTIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MORALIZACIÓN

Política Pública Integral Anticorrupción

En la primera reunión de la Comisión Nacional, celebrada el 06 de marzo de 2012, se expuso la creación de la PPIA, y se organizó la Hoja de Ruta que tendría el proceso y su forma de construcción, a través de un documento CONPES, con el propósito de definir responsables, recursos, metas e indicadores de evaluación.

Este proceso de construcción de la PPIA, inició el 14 de mar-zo de 2012 en el taller “Hacia la construcción de una Política Integral Anticorrupción”, organizado por la Presidencia de la República, la Unión Europea, el Centro de Recursos An-ticorrupción U4 y las Agencias de Cooperación de Suecia, Canadá, Reino Unido y Alemania.

Por sugerencia del señor Presidente de la República, las en-tidades que integran la Comisión designaron un funcionario para acompañar de forma permanente la construcción de la política.

Finalmente, y después de un año de trabajo, la Comisión Nacional de Moralización aprobó las líneas estratégicas de la PPIA el 6 de marzo de 2013, tras lo cual se procedería a la promulgación del Documento CONPES 167.

Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

En el año 2012, se inicia el proyecto para implementar el Observatorio de Anticorrupción y de Integridad, el cual esta-ría en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. El proyecto, después de ser avalado por el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en reunión de la CNM, entró en operación en julio de 2012. Para septiembre del

mismo año, el Observatorio fue entregado a la Secretaría de Transparencia, fecha desde la cual esta entidad se encarga de su administración y operación.

El proyecto fue diseñado con el objetivo de generar insumos para que tanto las entidades del Estado (nacionales y territo-riales), como las instancias de la sociedad civil, el sector pri-vado, el mundo académico, la comunidad internacional y la ciudadanía en general, tengan mayores y mejores elementos para la toma de decisiones en la implementación de políticas públicas eficaces en materia de lucha contra la corrupción y promoción de la integridad. En la primera etapa la Procura-duría logra avanzar en la generación de indicadores sobre el número de sanciones penales, disciplinarias y fiscales por municipios y departamentos, además de construir una herra-mienta web que permite a la ciudadanía hacer cruces y gene-rar comparaciones entre estos datos. En esta primera etapa se incorpora también al Observatorio el Índice de Gobierno Abierto –IGA–, el cual recoge la información de todos los municipios y departamentos sobre el cumplimiento de normas anticorrupción.

A partir del año 2013 la Secretaría de Transparencia pone en marcha una nueva fase del Observatorio, orientada al fortalecimiento de sus indicadores y al posicionamiento de su trabajo a nivel nacional. Con el propósito de mejorar la calidad de la información a partir de la cual se calculan los indicadores de sanciones fiscales y contractuales del Obser-vatorio, se inicia un trabajo de articulación interinstitucional encaminado a explorar los sistemas de información de la Auditoría General de la República y del Registro Único Em-presarial y Social –RUES– de la Confederación de Cámaras de Comercio –CONFECÁMARAS–. Se encuentra que la in-formación de la Auditoría General puede complementar de forma adecuada los datos entregados por el SIRI de la Procu-raduría General de la Nación para el cálculo de las sancio-nes fiscales en el país. En el mismo sentido se encuentra que la información recopilada por el RUES sobre las sanciones y multas impuestas a contratistas, servirá también para com-plementar los datos entregados por el SIRI sobre sanciones


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contractuales. Por tal razón, se inicia la construcción de un protocolo para el intercambio de información con estas dos entidades.

Se adelanta un estudio técnico y metodológico que permite la construcción, implementación y actualización de seis nuevos indicadores compuestos de transparencia y anticorrupción para el Observatorio:

•IndicadordecumplimientodelasComisiones Regionales de Moralización. •IndicadordeCulturadelaLegalidad. •IndicadordeRendicióndeCuentas. •IndicadordeMapasdeRiesgodeCorrupción. •IndicadordeOfertayDemandadeInformación Pública. •IndicadordeTransparenciaenelSectorPrivado.

Se avanza también en el diseño metodológico de una nueva batería de indicadores orientados a monitorear los avances de los objetivos, estrategias y acciones de la Política Pública Integral Anticorrupción. Esta herramienta permitirá a la ciuda-danía y a las entidades contar con un tablero de control para medir los logros en cada uno de los cinco ejes de la política.

Proyecto de creación de la Ventanilla Unificada de Denuncias

La Comisión Nacional de Moralización ha impulsado y he-cho seguimiento al proyecto de la Ventanilla Unificada de Denuncias –VUD–,solución tecnológica que permite a la ciu-

dadanía registrar en un portal web, de manera anónima o con plena identificación, información relacionada con actos de corrupción o hechos que atenten contra la administración pública.

El propósito de la VUD es facilitar un único punto de contacto para poder hacer seguimiento y conocer las respuestas de las denuncias interpuestas ante las distintas entidades que la conforman: Contraloría General de la República, Procuradu-ría General de la Nación, Auditoría General de la República y Fiscalía General de la Nación. De este modo se hace más eficiente el proceso para el ciudadano a través de la integra-ción de los diferentes sistemas de información de las entida-des que hacen parte.

La VUD, por cada denuncia, genera un código único que facilita la trazabilidad y seguimiento, integrando los sistemas de información de los entes de control, con el fin de minimi-zar esfuerzos de los ciudadanos en la presentación y segui-miento de sus solicitudes y agilizar y minimizar los trámites entre estas entidades en la atención a los denunciantes.

Seguimiento a las Comisiones Regionales de Moralización por intermedio de la Secretaría de Transparencia

La Secretaría de Transparencia asume por encargo de la Comisión Nacional de Moralización la labor de hacer se-guimiento a las 32 Comisiones Regionales de Moralización, además de entablar un diálogo con cada una de estas ins-tancias con el propósito de fijar los lineamientos de la CNM para las Comisiones Regionales.

La información recolectada sobre los logros y avances de la Comisiones Regionales, y sobre las dificultades que han enfrentado en el desarrollo de sus actividades permitió a las entidades integrantes de la CNM avanzar en la construcción de la presente cartilla de lineamientos.

Los instrumentos, herramientas e indicadores desarrollados están disponibles para consulta de la ciudadanía en el nuevo portal web del

Observatorio de Transparencia y Anticorrupción: www.anticorrupcion.gov.co

Las Comisiones Regionales de Moralización

4CAPÍTULO


31

ANTECEDENTES

En desarrollo de los numerales 3, 4, 5, 6, y 7 del artículo 70 de la Ley 190 de 1995, la Comisión Nacional de Moralización, en reunión del 22 de julio de 2003, tomó la decisión de implementar una estrategia territorial, con el propósito de pro-mover la generación y adopción de políticas, planes y programas orientados a la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción en el nivel local. De este modo, se crearon las Comisiones Regionales de Moralización.

El anterior Programa Presidencial para la Lucha Contra la Corrupción (hoy Secre-taría de Transparencia), promovió y coadyuvó en la creación de estas Comisiones Regionales con el apoyo de aliados estratégicos en el nivel territorial, como las Cámaras de Comercio.

Estas Comisiones Regionales estaban integradas por:

4 Las Comisiones Regionales de Moralización

Directores Seccionales de Fiscalía y C.T.I.

Procurador Regional.

Contralor Departamental.

Gerente Departamental de la Contraloría General de la República.

Defensor del Pueblo.

Director Seccional del Consejo Superior de la Judicatura.


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PANORAMA ACTUAL

La operación de las Comisiones Regionales como las conocemos hoy en día es establecida por el artículo 65 de la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. El diagnóstico elaborado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República14 sobre la operación de la Comisiones permitió identificar las siguientes dificultades que enfrentan estas instancias en su operación, además de un conjunto de buenas prácticas que deberían promoverse y replicarse.

Dificultades

• Alta rotación de funcionarios de las entidades integrantes de las Comisiones Regionales.

•Falta de concurrencia de la totalidad de los integrantes establecidos por la norma a las reuniones ordinarias de las Comisiones Regionales y problemas para coordinar agendas.

• Falta de claridad legal y reglamentaria sobre las funciones y responsabilidades específicas de las Comisiones Regionales de Moralización.

• Preocupación por invadir e interferir en las funciones y competencias de otros organismos.

• Falta de articulación entre los propósitos y metas establecidos por las distintas Comisiones en sus planes de acción.

• Falta de claridad sobre los propósitos y la metodología a utilizar en las audiencias con ciudadanía organizada ordenadas por la ley.

• Resistencia a la convocatoria y el trabajo con veedurías ciudadanas y organizaciones de control social.

• Dificultades para motivar la participación activa de los ciudadanos en las audiencias de las Comisiones, originada por la apatía e incredulidad sobre la labor de los organismos de control.

14- Además del diálogo directo adelantado con distintas Comisiones Regionales de Moralización del país, la Secretaría de Transparencia desarrolló el día 03 de marzo de 2014 en la ciudad de Bogotá el “Encuentro de Presidentes y Secretarios Técnicos de las Comisiones Regionales de Moralización”, evento que permitió identificar de mejor manera obstáculos y buenas prácticas de estas instancias.


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•Preocupación por la baja calidad de las denuncias presentadas por la ciudadanía.

• Temor de los ciudadanos a denunciar por las repercusiones que este acto pueda tener sobre la seguridad e integridad del denunciante.

Buenas Prácticas

• Un número importante de Comisiones Regionales cuentan con un reglamento interno y un plan de acción anual.

• Algunas Comisiones Regionales han logrado resultados efectivos mediante la priorización y revisión conjunta de casos relevantes de corrupción de los departamentos.

• El intercambio de información entre las entidades integrantes de la Comisión sobre casos de corrupción ha agilizado y complementado las investigaciones.

• Se identifican Comisiones que han solucionado los problemas de concurrencia y agenda mediante la institucionalización de reuniones.

• Se evidencia un esfuerzo importante de algunas Comisiones por promover la capacitación y cualificación de funcionarios y ciudadanos a través de la organización de cursos, seminarios y diplomados.

• Algunas Comisiones han logrado cualificar las denuncias ciudadanas mediante la orientación al denunciante sobre las competencias de cada entidad y la elaboración de formatos para la presentación de denuncias.

• En algunos departamentos las Comisiones Regionales de Moralización han logrado alianzas estratégicas con medios de comunicación, lo que les ha permitido divulgar de mejor manera sus logros y actividades.

•En varios departamentos, las Comisiones Regionales dedican un espaciode las audiencias con ciudadanía organizada a presentar un informe sobre su gestión y resultados.

Lineamientos para las Comisiones Regionales de Moralización

5CAPÍTULO


35

Identificadas las principales dificultades experimentadas por las Comisiones Regionales de Moralización en los distintos departamentos del país y los aspectos en los que debe mejo-rar la operación de estas instancias, las entidades integrantes de la Comisión Nacional de Moralización formularon y apro-baron los siguientes lineamientos, que a partir de la fecha deberán ser adoptados por las 32 Comisiones Regionales de Moralización:

MISIÓN DE LAS COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓNLa Comisión Regional de Moralización es la instancia depar-tamental encargada de aplicar y poner en marcha los linea-mientos de la Comisión Nacional de Moralización en mate-ria de política pública integral anticorrupción, promoción de la transparencia y la participación ciudadana, así como de coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES REGIONALES A) Apoyar y fomentar la implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción en el territorio.

•Vigilar el cumplimiento de las leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011. •Promover la aplicación de las estrategias de la Política Pública Anticorrupción.

•Promover y vigilar el cumplimiento de las políticas de legalidad e integridad.

B) Coordinar acciones estatales en el nivel territorial para el intercambio de información y el desarrollo de acciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción. •Priorizar casos y/o temas de corrupción a abor-dar de manera coordinada por parte de las entidades inte-grantes de la Comisión. • Intercambiar información y conocimientos entre las entidades integrantes de la Comisión. • Coordinar y desarrollar acciones conjuntas de prevención de la corrupción.

C) Promover y velar por la transparencia y el acceso a la información pública en el nivel territorial.

•Hacer seguimiento y análisis de los indicadores de integridad, eficiencia, eficacia y transparencia del Estado. •Adoptar y promover estrategias para la promo-ción de la Transparencia y el cumplimiento de las normas sobre Transparencia y acceso a la información pública por parte de todas las entidades del Estado.

D) Promover la participación ciudadana y el ejercicio del control social a la Gestión Pública. • Realizar actividades de promoción de la partici-pación ciudadana para el control social.

5 Lineamientos para las CRM


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PAUTAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS COMISIONES REGIONALES

Sobre los integrantes

Las Comisiones Regionales de Moralización están integradas por representantes regionales de:

•La Procuraduría General de la Nación. Participa-rá en la Comisión en todos los casos quien ejerza como Pro-curador(a) Regional. •La Contraloría General de la República. Participa-rá en la Comisión en todos los casos quien ejerza la presiden-cia de la Gerencia Colegiada de la Contraloría General en cada departamento. •La Fiscalía General de la Nación. Participará en la Comisión quien ejerza como Fiscal Seccional. •El Consejo Seccional de la Judicatura. Participará en la Comisión quien ejerza como Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura. •La Contraloría Departamental. Participará en la Comisión quien ejerza como Contralor Departamental. •Las Contralorías Distritales y Municipales. Partici-parán en la Comisión quienes ejerzan como Contralores(as)Distritales y Municipales.

La asistencia de los anteriores integrantes a la reunión men-sual de la Comisión Regional de Moralización es obligatoria e indelegable. Podrán participar también en estas reuniones, en el caso en que la Comisión lo considere necesario, los Procuradores Provinciales, Gerentes Colegiados de la Con-traloría, Vice Contralores territoriales y demás funcionarios de las entidades integrantes de la Comisión.

Podrán ser convocados y/o invitados a las reuniones de las Comisiones en cada departamento:

El Defensor del Pueblo, los personeros municipales, los cuer-pos especializados de policía técnica, el Gobernador y el Presidente de la Asamblea Departamental. Para estas enti-dades, la asistencia no es permanente ni tiene el carácter

de obligatoria. En los casos en los que la Comisión requiera tomar decisiones, los funcionarios que asistan en calidad de invitados contarán con voz pero no con voto.

Sobre el ejercicio de la Presidencia

Con el ánimo de evitar la duplicidad de cargas y funciones entre las entidades integrantes de las Comisiones Regionales de Moralización, se ha determinado que las funciones que han venido siendo ejercidas por Secretarios Técnicos y Pre-sidentes, sean realizadas a partir de la fecha por la entidad que asuma la Presidencia de la Comisión. Cada Comisión nombrará un Presidente, que ejercerá sus funciones por un periodo de un año. El presidente de la Comisión podrá desig-nar a algún funcionario de su entidad para que lo asista en el desarrollo de las funciones de Secretaría Técnica, elabora-ción de actas y convocatoria a reuniones.

La presidencia de las Comisiones Regionales debe escogerse entre:

a) Procurador(a) Regional b) Presidente de la Gerencia Colegiada de la Contraloría General de la República c) Director(a) Seccional de Fiscalías del Departamento d) Magistrado(a) presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Departamento e) Contralor(a) Departamental f) Contralores(as) Distritales y Municipales

Las entidades que tienen el carácter de invitadas a las reuniones, no podrán ejercer la presidencia de la misma. El presidente de la Comisión podrá ser reelegido si los demás integrantes de la misma así lo determinan.

En los casos en que la Secretaría Técnica de la Comisión sea ejercida por las Cámaras de Comercio, el Presidente de la Comisión solicitará a estas entidades la entrega de la infor-mación necesaria para continuar a partir de la fecha con el ejercicio de las funciones de seguimiento y secretaría técnica asignadas a los Presidentes en los presentes lineamientos.


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No obstante lo anterior, las Comisiones Regionales de Moralización podrán invitar a las Cámaras de Comercio, Universidades Públicas y Privadas, y demás organiza-ciones cuyo objeto social esté enfocado en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción, a participar como socios estratégicos de las Comisiones, para el desarrollo de las audiencias con ciudadanía organizada y demás activida-des fijadas en su Plan de Acción Anual.

Las decisiones que adopten las Comisiones Regionales, siempre quedarán consig-nadas en las actas de reunión.

Sobre las Reuniones Ordinarias de las Comisiones Regionales

Las Comisiones Regionales deben reunirse, de manera obligatoria y con participa-ción de los representantes de las entidades que las conforman de manera indelega-ble, una vez al mes.

Se recomienda que durante el primer mes del año las Comisiones definan las fechas en las que se realizarán sus reuniones mensuales, o institucionalicen la realización de sus reuniones para un día y hora fijos de cada mes. Lo mismo deberá hacerse con las fechas de las audiencias con ciudadanía organizada.

Se estima conveniente que durante el primer mes de cada año de trabajo la Comi-sión se concentre en la formulación y/o actualización de su Plan de Acción Anual. La presente cartilla contiene una guía que orientará a las Comisiones en la construc-ción de este plan.

Una vez formulado este instrumento, el objetivo principal de las reuniones ordina-rias mensuales de las Comisiones deberá ser la coordinación de acciones para el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Acción Anual. Dentro de la formu-lación del Plan es indispensable fijar una meta clara respecto al número de casos de corrupción que la Comisión priorizará y estudiará de manera articulada. El inter-cambio de información y la acción coordinada de las entidades frente a los casos de corrupción de mayor relevancia en los departamentos es, desde la óptica de la Comisión Nacional de Moralización, la primera y la más importante de las tareas ejecutadas por las Comisiones Regionales de Moralización, y por ende debería ser la labor a la que mayor tiempo se dedique en las reuniones mensuales y demás espacios de interacción de la Comisión.

Ejemplo: La reunión ordinaria de la CRM Quindío se realizaráel segundo miércoles de cada mes, a las 8:00 a.m. en el salón de juntas de la entidad que ejerce la Presidencia.

Se ha dispuesto que el año de trabajo y los respectivos planes de acción de las CRM irán del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año.


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Sobre la articulación de las CRM con la Ciudadanía Organizada

Las audiencias con ciudadanía realizadas por las Comisiones Regionales de Mo-ralización en los departamentos del país, han sido desarrolladas hasta ahora bajo distintos tipos de metodologías y enfoques. Con el fin de unificar criterios y lograr que estas audiencias cumplan con la función para la cual fueron creadas, la Comi-sión Nacional de Moralización ha incluido dentro de esta cartilla una Guía para la realización de las audiencias, que incluye una serie de recomendaciones para su desarrollo. Es preciso reiterar que si bien estos encuentros pueden concentrarse en el estudio de casos, temas o sectores en particular, el objetivo principal de las mismas -y por ende una actividad que no puede dejarse de lado en su desarrollo-, es la aten-ción y respuesta a las peticiones, inquietudes, quejas y denuncias de la ciudadanía, respecto a casos de corrupción o situaciones que afecten la transparencia de las entidades del Estado. Debe garantizarse además que a estas audiencias asista un público diverso y representativo de los diferentes sectores sociales y comunidades presentes en el departamento, priorizando la participación de los ciudadanos y organizaciones dedicadas al ejercicio del control social.

Herramientas e instrumentos para la operación de las CRM

Con el fin de dar cumplimiento efectivo a los Objetivos y Actividades fijadas en los presentes lineamientos, la Comisión Nacional de Moralización ha dispuesto como obligaciones de las Comisiones Regionales de Moralización:

•La adopción de un Plan de Acción Anual, de acuerdo con el modelo diseñado por la Comisión Nacional de Moralización e incorporado en la presente cartilla.

•La elaboración de un informe de Gestión Semestral, que permita eviden-ciar el desarrollo de las actividades fijadas en el Plan de Acción Anual, de acuerdo con el modelo diseñado por la Comisión Nacional de Moralización e incorporado en la presente cartilla.

•La realización de reuniones trimestrales con la Ciudadanía Organizada, siguiendo las recomendaciones de la Guía para el Desarrollo de las Audiencias con Ciudadanía Organizada, incluida en esta cartilla.


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•El correcto archivo y custodia de los documentos y actas generados por la Comisión, de acuerdo con la guía sugerida en la presenta cartilla. Estos docu-mentos deberán ser transferidos anualmente, a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el tiempo en que la Comisión Regional realice cambio de Presidente.

Sobre el reporte de información a la Secretaría de Transparencia

Las Comisiones Regionales de Moralización deberán enviar a la Secretaría de Transparencia la siguiente información, de acuerdo con los tiempos establecidos:

• Plan de Acción Anual: Antes del 31 de julio de cada año. Este documento será publicado por la Secretaría de Transparencia, en el sitio web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, www.anticorrupcion.gov.co

•Informes Semestrales de Gestión: Antes del 31 de diciembre y del 30 de junio de cada año. Estos documentos serán publicados por la Secretaría de Trans-parencia, en el sitio web del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

•Actas de Reuniones Mensuales y de Audiencias con Ciudadanía Orga-nizada realizadas cada semestre: Antes del 31 de diciembre y del 30 de junio de cada año. Estos documentos serán archivados por parte de la Secretaría de Trans-parencia.

En el capítulo de ‘Herramientas’ (Capítulo 6), se encuentran las guías y formatos que deberán utilizar las Comisiones para el reporte de la información anteriormente señalada.

Herramientas para la operación de las Comisiones Regionales de Moralización

6CAPÍTULO


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6 Herramientas para la operación de las CRM

Con el fin de hacer operativo el trabajo de las Comisiones y facilitar el desarrollo de los lineamientos establecidos en el presente documento, fueron diseñadas las siguientes herramientas:

MODELO DE REGLAMENTO INTERNO PARA LAS COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE _____________________

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE _____________________

CONSIDERANDO

Que la ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, establece, en su Capítulo V, los orga-nismos especiales para la lucha contra la corrupción.

Que en virtud del artículo 65 de la Ley 1474 de 2011, se crean las Comisiones Regionales de Moralización y se define su composición.

Que el artículo 65 de la Ley 1474 de 2011, determina que las Comisiones Regio-nales de Moralización deben velar por la aplicación y puesta en marcha de los lineamientos definidos por la Comisión Nacional de Moralización y la coordinación en el nivel territorial de las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción.


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ACUERDAN

ARTÍCULO 1. MISIÓN. La Comisión Regional de Moralización es la instancia depar-tamental encargada de aplicar y poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización en materia de Política Pública Integral Anticorrupción, promoción de la transparencia y la participación ciudadana, así como de coordi-nar en el nivel territorial las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción.

ARTÍCULO 2. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES. Tendrá como objetivos y actividades las siguientes:

a) Apoyar y fomentar la implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción en el territorio.

• Vigilar el cumplimiento de las leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011.• Promover la aplicación de las estrategias de la Política Pública Anticorrupción.• Promover y vigilar el cumplimiento de las políticas de legalidad e integridad.

b) Coordinar acciones estatales en el nivel territorial para el intercambio de información y el desarrollo de acciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción.

• Intercambiar información y conocimientos entre las entidades integrantes de la Comisión.•Priorizar casos y/o temas de corrupción a abordar de manera coordinada por parte de las entidades integrantes de la Comisión.•Coordinar y desarrollar acciones conjuntas de prevención de la corrupción.

c) Promover y velar por la transparencia y el acceso a la información pública en el nivel territorial.

•Hacer seguimiento y análisis de los indicadores de integridad, eficiencia, eficacia y transparencia del Estado.•Adoptar y promover estrategias de promoción de la Transparencia.

d) Promover la participación ciudadana y el ejercicio del control social.

•Realizar actividades de promoción de la participación ciudadana para el control social.


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ARTÍCULO 3. INTEGRANTES. Los integrantes permanentes de la Comisión Regional son:

•Procurador(a) Regional•Presidente de la Colegiatura Regional de la Contraloría General de la República•Director(a) Seccional de Fiscalías del Departamento•Magistrado(a) presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Departamen-to•Contralor(a) Departamental•Contralores(as) Municipales

Parágrafo 1. Pueden ser convocados y/o invitados a las sesiones de las Comisiones Regionales las siguientes entidades:

•La Defensoría del Pueblo.•Las Personerías Municipales.•Los Cuerpos Especializados de policía técnica.•El Gobernador.•El Presidente de la Asamblea Departamental.

Para estas entidades, su asistencia no es permanente ni tiene el carácter de obliga-toria. Podrán tener voz en las reuniones de la Comisión Regional de Moralización. Sus aportes para afrontar los casos de corrupción deben ser tenidos en cuenta por los integrantes permanentes para la toma de decisiones. No podrán tener voto den-tro de las reuniones en las que participen.

ARTÍCULO 4. PRESIDENCIA. La Comisión nombrará entre sus integrantes permanen-tes al presidente de la misma. Serán funciones de la presidencia:

•Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, de conformidad con el presente reglamento.•Sistematizar las tareas que resulten de las reuniones de la Comisión y hacer se-guimiento a las mismas.•Coordinar la elaboración y presentación del Plan de Acción Anual, los informes de gestión semestrales y demás informes requeridos a la Comisión.•Preparar la agenda y circular los documentos de trabajo necesarios para cada una de las sesiones ordinarias de la Comisión.•Ejercer la relatoría de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión. •Llevar la vocería de la Comisión Regional de Moralización ante los medios de comunicación y la ciudadanía.Parágrafo 1: El presidente de la Comisión podrá designar a un funcionario de su


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entidad para que lo asista en el desarrollo de sus funciones.

Parágrafo 2: El presidente de la Comisión podrá ser reelegido si los demás integran-tes de la misma así lo desean.

ARTÍCULO 5. PERIODICIDAD Y LUGAR DE LAS SESIONES ORDINARIAS. La Comisión Regional de Moralización se reunirá una vez al mes en la sede que sus miembros definan. Las reuniones deberán celebrarse entre los integrantes fijos de la Comisión Regional de Moralización. Las entidades que tienen el carácter de invitadas, asisti-rán a las sesiones a las que sean invitadas por el Presidente.

Parágrafo 1. Sesiones ordinarias: La Presidencia de la Comisión convocará por lo menos con 10 (diez) días calendario de anticipación a las sesiones ordinarias de la Comisión, mediante comunicación escrita en la cual se señalarán los temas a tratar.

Parágrafo 2. Sesiones extraordinarias: La Presidencia convocará por lo menos con 5 (cinco) días calendario de anticipación a las sesiones extraordinarias de la Comi-sión, por solicitud de cualquiera de sus miembros.

Parágrafo 3. Agenda de Reuniones: En la primera sesión del año la Comisión defi-nirá las fechas en las que se realizarán las reuniones ordinarias y las reuniones con ciudadanía organizada de la correspondiente vigencia.

ARTÍCULO 6. REUNIONES CON CIUDADANÍA ORGANIZADA. Trimestralmente la Co-misión Regional realizará reuniones con la ciudadanía organizada, para atender y dar respuesta a sus peticiones, inquietudes, quejas y denuncias.

La convocatoria a las reuniones con ciudadanía organizada, será extendida a la ciudadanía en general, pero se hará un esfuerzo especial por promover la partici-pación de representantes de veedurías ciudadanas y organizaciones dedicadas al ejercicio del control social.

La convocatoria deberá realizarse con un mínimo de 20 días calendario de antici-pación a la realización de la audiencia y deberá acudirse a los medios de comuni-cación disponibles en el departamento y en el respectivo municipio donde se llevará a cabo la audiencia, para su difusión.

Se buscará hacer uso de los siguientes medios para la difusión del evento: publicación en sitios web de las entidades públicas territoriales; publicación en sitios web de las entidades integrantes de la Comisión Regional; comunicado a medios de comunica-ción (prensa, radio y televisión); comunicado publicado en las carteleras de las enti-dades públicas territoriales y de las entidades integrantes de la Comisión Regional.


45

ARTÍCULO 7. PLAN DE ACCIÓN. A mediados de año, la Comisión Regional de Morali-zación adaptará y/o actualizará su Plan de Acción Anual, que incluirá el conjunto de objetivos, actividades y acciones que desarrollará la Comisión durante su vigencia.

Luego de construido el Plan de Acción anual, la Comisión Regional de Moralización lo enviará a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Moralización, con el fin de que sea publicado en el sitio web de la Comisión Regional de Moralización, incluido en el portal del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

ARTÍCULO 8. INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN. La Comisión Regional de Morali-zación, enviará cada semestre un informe de la gestión realizada a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con el fin de que sea publicado en el sitio web de la Comisión Regional de Moralización, incluido en el portal del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción.

Este informe contendrá:

a) Actualización semestral de los integrantes de la Comisión Regional. b) Resumen ejecutivo de las actividades adelantadas por la CRM en el último semestre. c) Número de reuniones con Ciudadanía organizada, con la fecha de reunión, el tema abordado y el lugar donde se realizó. d) Reuniones internas de las Comisiones Regionales de Moralización. e) Avance en el cumplimiento del Plan de Acción. Parágrafo 1. El informe será enviado en los meses de enero y julio de cada año.

ARTÍCULO 9: GESTIÓN DOCUMENTAL. La Comisiones Regionales de Moralización contarán con su propio esquema de gestión documental, de acuerdo con lo estable-cido en la Cartilla de Lineamientos para la operación de las Comisiones Regionales de Moralización.

Ciudad y fecha

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN REGIONALNOMBRECARGO

Este modelo de reglamento interno puede ser descargado en el siguiente enlace:www.anticorrupcion.

gov.co/paginas/lineamientosCRM.aspx


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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Con el fin de estandarizar y facilitar el proceso de formulación de los Planes de Acción Anuales de las Comisiones Regionales de Moralización, la Comisión Nacional de Moralización diseñó el modelo que se presenta a continuación, y que estará disponible para ser descargado y diligenciado por todas las Comisiones Regionales de Moralización en el siguiente enlace:

www.anticorrupcion.gov.co/paginas/lineamientosCRM.aspx

El modelo para la formulación de los Planes Anuales de Acción está compuesto por seis casillas de planeación (Objetivos, Actividades, Acciones, Metas, Indicadores y Fuentes) y por dos casillas para el reporte de avances (Semestre 1 y Semestre 2).

A continuación se presenta una explicación del contenido a diligenciar en cada uno de los campos:

Paso 1. Objetivos:Corresponden a los objetivos fijados por la Comisión Nacional de Moralización para las Comisiones Regionales de Moraliza-ción. Las Comisiones deben incluir en el Plan de Acción por lo menos una actividad, acción y meta para dar respuesta a cada uno de los cuatro Objetivos:

a) Apoyar y fomentar la implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción en el territorio. b) Coordinar acciones estatales en el nivel territorial para el intercambio de información y el desarrollo de acciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción.


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c) Promover y velar por la transparencia y el acceso a la informa-ción pública en el nivel territorial. d) Promover la participación ciu-dadana y el ejercicio del control social.

El formato del Plan de Acción incluye dos celdas adicionales con el fin de que las Comisiones tengan la posibilidad de formular más de una actividad, acción y meta por objetivo. En todo caso, el formato fue diseñado para que las co-misiones se fijen un máximo de 6 activi-dades, acciones y metas durante el año.

Paso 2. ActividadesCorresponden a las actividades defini-das por la Comisión Nacional de Mo-ralización, con el fin de que las Comi-siones Regionales de Moralización den respuesta a los objetivos propuestos.


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Paso 3. Acciones priorizadas por la ComisiónCorresponden a las acciones específicas que la Comisión Regional ejecutará con el fin de dar respuesta a los objetivos y acti-vidades fijadas por la Comisión Nacional de Moralización. Se han definido 17 acciones tipo que se considera contribuyen al desarrollo de los objetivos y las actividades propuestas. En la formulación de sus Planes de Acción, cada Comisión Regional seleccionará dentro de estas 17 acciones un máximo de 6 acciones a ejecutar durante el año, cada una de las cuales irá acom-pañada de una meta, un indicador y una fuente de verificación de la información.


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Paso 4. Metas e indicadoresFrente a cada acción, las Comisiones deben formularse metas numéricas, medibles y realizables. Las magnitudes de las metas serán definidas por cada Comisión y deberán tenerse en cuenta para su definición factores como el número de entidades o municipios del departamento o el número de casos relevantes de corrupción evi-denciados. El indicador de cada meta será definido de manera automática por el formato, de acuerdo con el tipo de acción seleccionada.

Ejemplo:

Paso 5. FuenteCorresponde a la entidad responsable del desarrollo de las actividades y acciones fijadas en el Plan. Si existe más de una entidad responsable de la acción, se seña-lará como fuente a la Comisión Regional de Moralización.


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Paso 6. Reporte de Avance de actividades (semestral)Las casillas de reporte de avances de actividades y acciones por cada semestre son un insumo para que las Comisiones hagan seguimiento a la ejecución de sus metas. Esta información es también un insumo para la elaboración del informe semestral de gestión de la Comisión, cuyo formato se presenta más adelante. Las Comisiones deben señalar en estas casillas de reporte cuánto han logrado avanzar durante el semestre en el desarrollo de la metas fijadas (casos revisados, jornadas desarro-lladas, ciudadanos vinculados, etc). Una vez diligenciada la casilla de reporte de cada meta, el formato presentará de forma automática el porcentaje de avance de la Comisión frente a esa meta.

Transcurrido el primer semestre de ejecución del Plan de Acción, las Comisiones deberán diligenciar la casilla de avance para cada una de las metas y revisar de manera conjunta sus resultados.

Ejemplo:


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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE GESTIÓN DE LAS COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN

El informe semestral de gestión de las Comisiones está compuesto por los siguientes campos: un espacio para la actualización de información de los integrantes de la Comisión Regional de Moralización; un resumen ejecutivo de las actividades y acciones adelantadas por la Comisión durante el semestre; una relación de las reuniones ordinarias adelantadas por la Comisión Regio-nal de Moralización; una relación de las reuniones adelantadas por la Comisión Regional con la ciudadanía organizada; un reporte de avance cuantitativo (semestral) respecto a las metas fijadas por la Comisión para cada uno los objetivos, actividades y acciones de su Plan de Acción Anual y, finalmente, un reporte de avance cualitativo donde se explique la gestión desarrollada por la Comisión para dar cumplimiento a las metas detalladas en el Plan de Acción.

En el sitio web: www.anticorrupcion.gov.co/paginas/lineamientosCRM.aspx las Comisiones podrán descargar el Formato de Informe Semestral de Gestión aquí expuesto, para su respectivo diligenciamiento.


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GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS CON CIUDADANÍA ORGANIZADA

Con el propósito de mejorar y orientar la realización de las audiencias con ciudadanía organizada que deben realizar trimestralmente las Comisiones Regionales de Moralización, se recomienda seguir las siguientes orientaciones:

Desarrollo de las Audiencias

• La presencia, permanencia y participación acti-va de todos los integrantes de las Comisiones Regionales de Moralización durante el desarrollo de las audiencias es fun-damental para generar confianza en la ciudadanía.

•Es aconsejable que las entidades integrantes de las Comisiones inicien las audiencias aclarando a los asisten-tes, de la forma más clara y sencilla posible, las diferencias entre las funciones y competencias de cada una de las enti-dades integrantes de la Comisión.

•Se recomienda que durante los encuentros se de-dique un espacio a la rendición de cuentas de las Comisiones Regionales hacia la ciudadanía. Es ideal que las Comisiones informen sobre los resultados del trabajo conjunto que han realizado las entidades para afrontar los casos de corrup-ción de mayor relevancia en el departamento, especialmente frente a los casos que han sido puestos en conocimiento de las comisiones en anteriores encuentros. Deben presentarse además las acciones en las que ha avanzado la Comisión, en cumplimiento de los lineamientos señalados por la Comi-sión Nacional de Moralización y de las metas fijadas por las Comisiones en sus Planes Anuales de Acción.

•Si bien en las reuniones con la comunidad es usual que los ciudadanos busquen expresar su inconformidad fren-te al desempeño y actuaciones de funcionarios y entidades, es clave que los integrantes de la Comisión sepan identificar si la situación expuesta por los ciudadanos hace referencia a un posible caso de corrupción, o si se trata de otro tipo de hechos y actuaciones cuya solución no es competencia de los

organismos de control. En cada caso es recomendable que se informe a la ciudadanía sobre los pasos que debe seguir, y sobre las entidades a las que deben acudir para dar respues-ta a la problemática expuesta.

•Para las intervenciones de la ciudadanía, deben preestablecerse tiempos, con el ánimo de que las personas intervinientes no extiendan sus exposiciones, buscando así que sean concretos. Si lo que el ciudadano expone en su intervención no pertenece al objeto de la reunión, se le solici-tará que la enfoque en el tema para no ser interrumpido.

ConvocatoriaPara la realización de las audiencias, las Comisiones Regio-nales de Moralización deben convocar al mayor número de ciudadanos posible. Para esto se recomienda a la Comisión consolidar un directorio que incluya nombres, teléfonos, di-recciones físicas y de correo electrónico de:

•Veedurías ciudadanas y organizaciones dedica-das a actividades de control social. •Gerentes y directivos de empresas privadas. •Representantes de gremios, directores y reporte-ros de los principales medios de comunicación. •Rectores, decanos y docentes de universidades y colegios de la región. •Servidores públicos. •Representantes de las corporaciones públicas de elección popular: Asamblea Departamental y Concejo del municipio donde se realice la audiencia pública. •Juntas Administradoras Locales. •Representantes de las Juntas de Acción Comunal del municipio donde se realizará la audiencia. • Integrantes de Consejos Territoriales de Planea-ción, Asociaciones de Usuarios y demás mesas, comités e instancias de participación ciudadana.

La convocatoria deberá realizarse con un mínimo de 20 días calendario de anticipación a la realización de la audiencia y deberá acudirse a los medios de comunicación disponibles en el departamento y en el respectivo municipio donde se llevará a cabo la audiencia para su difusión.


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Se recomienda contar con:

•Publicación en sitios web de las entidades públicas territoriales. •Publicación en sitios web de las entidades integrantes de la CRM del departamento. •Comunicado a medios de comunicación (prensa, radio y televisión). •Comunicado publicado en las carteleras de las entidades públicas terri-toriales y de las entidades integrantes de la CRM del departamento. •Oficios de Invitación a funcionarios.

Recepción de DenunciasEs indispensable que las entidades integrantes de la Comisión dispongan del per-sonal necesario para la recepción de las denuncias y demás comunicaciones de la ciudadanía en las audiencias. Es recomendable que cada entidad ubique un módulo en el que un funcionario reciba las denuncias y demás documentación que la comunidad considere deben ser materia de estudio e investigación, en materia fiscal, judicial, disciplinaria o penal. El funcionario responsable del módulo debe establecer contacto directo con el ciudadano y orientarlo sobre la forma en que debe enfocar y presentar las denuncias, con el fin de que su trámite resulte efectivo.

Fisc

alía

Proc

urad

uría

Cont

ralo

ría


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Trabajo articulado entre CRM y Redes Institucionales de Apoyo a Veedurías CiudadanasLas entidades integrantes de la Comisión Regional de Moralización que a su vez pertenecen a la Red Institucional de Apoyo Veedurías Ciudadanas (Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo) promoverán la articulación de esfuerzos entre estas dos instancias, con el fin de incrementar el impacto y efectividad de las activi-dades que las mismas desarrollen.

Se considera que las Comisiones Regionales de Moralización y las Redes Institucio-nales de Apoyo a las Veedurías ciudadanas en los departamentos pueden generar escenarios de trabajo articulado en procura de:

•Promover la vigilancia y la evaluación de la gestión pública. •Capacitar a las organizaciones de veeduría y los servidores públicos en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. •Impulsar la conformación de veedurías ciudadanas y sus redes. • Lograr que la información recolectada por las veedurías ciudadanas tenga eco en la labor de los organismos de control.


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GUÍA PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL

La ley 594 de 2000, (Ley General de Archivo), establece que el objetivo del archivo de documentos es tener a disposición la información de manera organizada en cualquier tiempo que se requiera para su consulta y/o análisis histórico.

En ese sentido, las Comisiones Regionales de Moralización deben contar con un sistema de gestión documental que per-mita el correcto archivo de sus documentos, y su transferencia entre las entidades que ejerzan la presidencia.

En el diagnóstico adelantado por la Secretaría de Transpa-rencia se identificó que en algunas Comisiones no hay una continuidad en los procesos de gestión documental. Cuan-do se efectúan las respectivas rotaciones de directivos de la Comisión, en ocasiones no se realizan procesos de empal-me adecuados, lo que hace que se pierda continuidad en el trabajo que se venía ejecutando, y permite que documentos tales como actas, informes y reglamentos, se extravíen, te-niendo así que iniciar procesos nuevamente para dar cumpli-miento a las disposiciones normativas.

Para el desarrollo de su gestión documental, las Comisiones Regionales deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

15- Para el correcto desarrollo de los puntos que a continuación se disponen, se recomienda a las Comisiones Regionales de Moralización consultar el Acuerdo 005 de 2013 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, “Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y se dictan otras disposiciones” (http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=8261&download=Y)16- El siguiente apartado explica la ordenación de documentos.

Comisión Regionalde Moralización de _________________

100Presidencia

110

Clasificación de Documentos

Para realizar la clasificación de documentos se deben iden-tificar tres aspectos15: procedencia, estructura y funciones.

Se propone a las Comisiones Regionales articular un pro-ceso de tablas de retención documental sencillo y práctico, teniendo en cuenta la siguiente estructura orgánica:

Los documentos realizados por la Comisión Regional en ple-no, responderán a la guía de clasificación ‘100’, más la subserie de acuerdo al tipo de ordenación documental16.

Los documentos hechos por la Presidencia, deberán llevar el dígito ‘110’, más la subserie.

Indistintamente de la entidad que ejerza la presidencia de las Comisiones Regionales, la clasificación documental será la misma, para que así perdure en el tiempo.


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Ordenación de documentos

De acuerdo con los lineamientos esta-blecidos por el Archivo General de la Nación, la ordenación documental per-mite el establecimiento de secuencias para los documentos emitidos por una entidad, de acuerdo con los grupos o categorías definidas en la clasificación.

Teniendo en cuenta que las Comisiones Regionales de Moralización no se rigen por un modelo de retención documen-tal que les permita clasificar y ordenar sus documentos, la Comisión Nacional de Moralización propone para las Co-misiones el siguiente modelo de serie y subserie para la correcta ordenación y posterior archivo de sus documentos:

Archivo de documentos

La gestión documental de las Comisiones Regionales de Moralización será archivada por la entidad que ejerza la presidencia de la misma. Culminado cada año de ejercicio de las Comisiones Regionales de Moralización, la documentación producida deberá ser enviada de manera física a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a través de correo certificado. La entidad que ejerza la presidencia de la Comisión deberá hacer una copia en medio magnético de esta documen-tación, antes de proceder a enviarla a la Secretaría de Transparencia.

Comisión Regionalde Moralización de _________________

100Plan de

Acción Anual

100,02Informes

100,03Informes

Semestralesde Gestión

100,04

ReglamentoInterno

100,05Actas

100,06Listados

de asistencia

100,07

Presidencia

110Informes

110,02

SERIES Y SUBSERIES


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En el enlace: www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/LineamientosCRM.aspx lasComisiones podrán descargar el Formato de Listado de Asistencia, para su diligenciamiento en las reuniones.

Cuando se realice cambio de presidencia en la Comisión, la entidad saliente reali-zará un empalme con la entidad entrante y la instruirá sobre el manejo de la gestión documental, además de hacerle entrega de la documentación producida durante la vigencia anterior en medio magnético.

La Secretaría de Transparencia, de la Presidencia de la República, como entidad a cargo de la preservación de los archivos de las Comisiones Regionales de Morali-zación, tendrá las siguientes responsabilidades:

•Recibir, ordenar y archivar según técnicas o normas preestablecidas, los documentos públicos que hacen parte de la Comisión Regional de Moralización. •Clasificar y mantener actualizado el archivo de cada Comisión Regional, de acuerdo con el sistema de manejo y organización de archivos. •Archivar y salvaguardar los archivos que le sean entregados por las diferentes entidades pertenecientes a la Comisión Regional de Moralización, según las técnicas y normas sobre custodia y conservación de archivos y documentos.

FORMATO DE LISTADO DE ASISTENCIA PARA LAS REUNIONES EFECTUADAS POR LA COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN


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SITIO WEB DE LAS COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN

La Comisión Nacional de Moralización ha creado dentro del portal web del Observatorio de Transparencia y Antico-rrupción (www.anticorrupcion.gov.co) un espacio para hacer visible la gestión de las 32 Comisiones Regionales de Mo-ralización del país. La página creada para cada una de las Comisiones cuenta con un espacio para la presentación de:

•Los integrantes de la Comisión. •El Plan de Acción Anual. •El Reglamento Interno de la Comisión.

•Los Informes Semestrales de Gestión. •Noticias. •Fotos. •Videos. •Agenda de Eventos.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Repú-blica, en su rol de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Moralización, será la entidad encargada de la administra-ción y actualización de las páginas web de las Comisiones Regionales de Moralización. Es necesario que los presidentes de las Comisiones Regionales designen a un funcionario que se encargue de remitir de forma periódica los contenidos para el sitio web.

Para la actualización de su sitio web, las Comisiones deberán enviar información al correo electrónico: [email protected]


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• Convenciónde lasNacionesUnidas contra laCo-rrupción, 2003.

• ConstituciónPolíticadeColombiade1991.

• Ley131de1994.Porlacualsereglamentaelvotoprogramático y se dictan otras disposiciones.

• Ley134de1994.PorlacualsedictannormassobreMecanismos de Participación Ciudadana.

• Ley190de1995.Porlacualsedictannormasten-dientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

• Ley594de2000.PormediodelacualsedictalaLey General de Archivos y se dictan otras Disposiciones.

• Ley599de2000.CódigoPenalColombiano.

• Ley610de2000.Porlacualseestableceeltrámitede los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

• Ley734de2002.PorlacualseexpideelCódigoDisciplinario Único.

• Ley741de2002.PorlacualsereformanlasLeyes131 y 134 de 1994, reglamentarias del voto programático.

• Ley850de2003.Pormediodelacualsereglamen-tan las veedurías ciudadanas.

• Ley906de2004.PorlacualseexpideelCódigode Procedimiento Penal.

• Ley 1450de2010. Por la cual se expide el PlanNacional de Desarrollo, 2010 – 2014.

• Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normasorientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, inves-tigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

• Ley1712de2014.PormediodelacualsecrealaLey de transparencia y del Derecho de Acceso a la Informa-ción Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

• DecretoPresidencial2160de1995.Porelcualsedictan normas para el funcionamiento de la Comisión Nacio-nal para la Moralización creada por el artículo 67 de la Ley 190 de 1995.

• DecretoPresidencial1681de1997.Porelcualsefusiona la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha con-tra la Corrupción a la Comisión Nacional de Moralización.

• Decreto Presidencial 978de1999. Por el cual sereestructura la Comisión Nacional para la Moralización.

Bibliografía


61

• DecretoPresidencial4632de2011.Pormediodelcual se reglamenta parcialmente la ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.

• Conpes 3654 de 2010. Política de Rendición deCuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.

• Conpes167de2013.EstrategiaNacionaldelaPo-lítica Pública Integral Anticorrupción.

• Acuerdo004de2013.ConsejoDirectivodelArchi-vo General de la Nación.

• Acuerdo005de2013.ConsejoDirectivodelArchi-vo General de la Nación.

• Corporación Transparencia por Colombia. Colec-ción Documentos Observatorio de Integridad N. 13: Índice de Transparencia Nacional- Resultados 2008-2009. ISSN 1692 -1887 Bogotá, Colombia – Febrero 2011.

• ArchivoGeneral de laNación. Cartilla de Clasifi-cación Documental / Julia Godoy de Lozano y Maria Imelda López Ávila. Editores Gráficos Colombia Ltda: Bogotá. 2001.

• ArchivoGeneral de laNación.Ordenación Docu-mental / Gladys Jiménez González. Editores Gráficos Colom-bia Ltda: Bogotá. 2003.

• ArchivoGeneraldelaNación,SistemaNacionaldeArchivos. Guía para la Implementación de un Programa de Gestión Documental. Bogotá: 2005.

• LineamientosyRecomendacionesparaElaborarPo-líticas Territoriales de Lucha Contra la Corrupción. Anexos. Corporación Transparencia por Colombia, Departamento Na-cional de Planeación y Unión Europea. Bogotá: 2013.

• Instrumentos para la Ejecución, Seguimiento y Eva-luación del Plan de Desarrollo Municipal, Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones, Presupuesto, Plan de Acción y Programa Anual Mensualizado de Caja. Departamento Nacional de Planea-ción – USAID. Bogotá: 2007.

• INTEGRA, Herramienta de Fortalecimiento para laGestión Preventiva. Procuraduría General de la Nación – Ban-co Interamericano de Desarrollo – Centro Nacional de Consul-toría. Bogotá: 2013.

Lineamientos para la operación de las C

omisiones Regionales de M

oralización



Libertad y Orden

Libertad y Orden Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Libertad y Orden

Comisión Nacional de Moralización

cartilla de lineamientos para la operación de las comisiones

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