caso: mesa de ordenamiento ambiental del golfo de...

“Ordenamiento Marino y Pesca Sostenible en el Pacífico Norte Del Chocó”.

CASO:Mesa De Ordenamiento Ambiental Del Golfo De Tribugá

Territorios de Aprendizaje:

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La CORPORACIÓN PROCASUR, con apoyo de la Fundación Activos Culturales Afro – ACUA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA y la participación activa de iniciativas lideradas por la comunidad afrocolombiana de Nuquí y Bahía Solano al norte de la costa pacífica en el departamento del Chocó - Colombia, adelantaron los primeros pasos para desarrollar un Territorio de Aprendizaje a partir de la experiencia exitosa de ordenamiento y uso sostenible de los recursos marino costeros que se viene consolidado por más de dos décadas en esta región.

La iniciativa surge del acompañamiento que la Fundación ACUA prestó durante el 2014 en estos municipios del Pacífico, en donde identificó un escenario potencial de aprendizaje a partir de los resultados, experiencias y buenas prácticas frente al ordenamiento marino costero y la promoción del uso y manejo sostenible de los recursos naturales asociados, principalmente la pesca artesanal.

En el Territorio de Aprendizaje confluyen experiencias exitosas relacionadas con proceso de articulación público-privada para el ordenamiento marino costero, de asociatividad comunitaria y desarrollo de cadenas de valor para la pesca y consumo responsable, y otras vinculadas a la visión de desarrollo sostenible que se promueve en la región por parte de sus habitantes y actores locales. En conjunto, evidencian un proceso integral de concientización en la población local sobre el impacto positivo que las prácticas de pesca artesanal y otras asociadas a tradiciones culturales de aprovechamiento de los recursos marino costeros ejercen sobre la conservación de la biodiversidad y la disponibilidad del recurso.

Este documento hace parte de los resultados de sistematización participativa de las experiencias exitosas identificadas para el diseño técnico del Territorio de Aprendizaje, ejercicio realizado entre febrero y junio de 2015 por el equipo técnico de la Corporación PROCASUR con los líderes y talentos locales representantes de las organizaciones seleccionadas en los municipios de Bahía Solano y Nuquí.

¿Qué es un Territorio de Aprendizaje?

Un Territorio de Aprendizaje es una herramienta de gestión del conocimiento local, conducida y facilitada por talentos locales en un territorio determinado (país, región, distrito) y con una temática concreta (microfinanzas, emprendimiento rural etc.), que busca generar, diseminar y replicar soluciones innovadoras en diversas áreas del desarrollo rural.

Los principales protagonistas de estos Territorios de Aprendizaje son los talentos locales, quienes ofrecen e intercambian sus conocimientos y aprendizajes acumulados en las experiencias de sus familias, comunidades, asociaciones y territorios.

CASO:Mesa De Ordenamiento

Ambiental Del Golfo De Tribugá.

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1. ¿Qué es la Mesa de Ordenamiento?

La Mesa de Ordenamiento Ambiental del Golfo de Tribugá es una instancia de articulación y planificación para la toma de decisiones sobre el manejo territorial de las actividades humanas de uso y manejo de recursos naturales. Cuenta con la participación y reconocimiento de los distintos actores públicos, privados y comunitarios del municipio de Nuquí.

Se crea en septiembre de 2013, como resultado de un proceso de participación y concertación comunitaria, gestado en el territorio desde hace unos 10 años y fortalecido a partir de la formulación del Plan de Etnodesarrollo y el liderazgo del Consejo Comunitario Mayor Los Riscales y demás Consejos Menores en el territorio.

La Mesa se constituye, de manera formal, con el objeto de crear y poner en marcha una plataforma compartida de toma de decisiones para el ordenamiento y planificación del territorio, con aplicación en las distintas actividades humanas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Desde entonces, participan de manera directa en la Mesa las distintas autoridades con responsabilidad en el territorio: la Alcaldía como autoridad Municipal, el Consejo Comunitario Los Riscales como autoridad étnico territorial, la Corporación Autónoma Regional CODECHOCÓ como autoridad ambiental, la Capitanía de Puerto como autoridad militar y la AUNAP, en tanto autoridad pesquera.

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También, apoyan y participan otros actores como la Empresa Prestadora de Servicios Agropecuarios (Epsagro Agropacífico), Delegados del Manglar, el PNN Utría, el colegio de Nuquí, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), el subsector pesquero artesanal del municipio, la Fundación MarViva y otras ONG con presencia en la zona. En este sentido la Mesa como espacio de toma de decisiones representa la unión de autoridades, pero también la corresponsabilidad en el manejo de los recursos y del territorio marino costero.

“En la Mesa de Ordenamiento hemos logrado trabajar coordinados con las distintas autoridades del territorio y tomar decisiones de acuerdo a los intereses comunitarios que definimos en el Plan de Etnodesarrollo”.

Yerson González Murillo, Presidente Consejo Comunitario Local de Jurubirá.

La visión intersectorial de la Mesa (que incluye las múltiples actividades humanas) aporta un enfoque de integralidad al manejo y ordenamiento del territorio, incluyendo problemas de la pesca industrial, la necesidad de cuidar los manglares, como también el ordenamiento integrado del territorio marino-costero del golfo de Tribugá. La Mesa adquiere gran relevancia para la conformación del Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI “Golfo de Tribugá Cabo Corrientes”, ya que se configura como el espacio técnico, normativo y comunitario para establecer un área marina de manejo especial en la región.

2. ¿Cómo está organizada la Mesa de Ordenamiento?

“… este es un proceso que lleva más de 20 años, desde que Fundación Natura con el PUR (Programa Utría Regional) nos capacitó a los miembros de la comunidad que hoy están liderando los principales procesos comunitarios. Los mismos Consejos Comunitarios fueron apoyados mucho tiempo por la Fundación Natura. Fue un proyecto que realmente nos ayudó mucho”.

Jorge Enrique Murillo, Vicepresidente del Consejo Comunitario

General Los Riscales.



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La Constitución Política de Colombia de 1991, la suscripción del Convenio 169 de la OIT mediante la Ley 21 de 1991, y la Ley 70 de 1993 que desarrolló el artículo transitorio No. 55 de la Constitución, constituyen el marco político y normativo general en el país que garantizan los derechos de las comunidades negras, en la delimitación de sus territorios, al igual que a utilizar, conservar y administrar sus recursos naturales.

La garantía de estos derechos se logró en Colombia gracias a un fuerte movimiento social afro colombiano, que exigió el reconocimiento de la diferencia étnica y cultural y su autonomía, estrechamente ligada a los derechos a la propiedad colectiva de la tierra y del territorio.

“… la Ley 70 y la titulación colectiva nos permitió tener control sobre el territorio, ser reconocidos como dueños y decidir en los Consejos Comunitarios cómo queremos usar nuestros recursos, organizarnos y hacer valer nuestros derechos como comunidades étnicas”.

Oscar Saya, Representante de la Alcaldía de Nuquí

Mesa de Ordenamiento Ambiental.

El reconocimiento de estos derechos, parte del principio de que la comunidad negra posee una cultura propia, una historia compartida, tradiciones y costumbres propias dentro de sus relaciones sociales y productivas, lo cual revela y conserva conciencia de identidad que la diferencia de otros grupos étnicos.

La promulgación de la Ley 70 de 1993, o ley de negritudes, reconoció formalmente los derechos colectivos de propiedad, demarcación y titulación, creando escenarios políticos de negociación con las comunidades, bajo criterios de respeto por los recursos naturales. Es a través de esta normatividad constitucional que se ha logrado la titulación colectiva de grandes extensiones de tierra (alrededor de 5 millones de hectáreas que corresponden el 5% del territorio nacional) sobre todo en el pacífico colombiano. Además, se han creado mecanismos para la protección de la identidad cultural de las comunidades afro colombianas, impulsando el desarrollo económico y social propio. Esta misma Ley establece la creación de los Consejos Comunitarios y prevé mecanismos para la conciliación y resolución de conflictos.

En materia de medio ambiente, el Artículo 76 de la Ley 99 de 1993 ratifica lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política: “la explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica (...) de las comunidades negras tradicionales, de acuerdo con la ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán previa consulta a los representantes de tales comunidades”.

Para el caso de la Mesa en Nuquí, el proceso de organización inició en 1995 con la conformación de los Consejos Comunitarios Locales, correspondientes con los nueve corregimientos del municipio. En 2001 se constituye el Consejo Comunitario General Los Riscales como representación colegiada de todos los consejos locales.

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En esta época, los trabajos adelantados por la Fundación Natura, que promovieron la conservación, el uso y manejo sostenible de ese territorio1, dejando capacidades instaladas en las comunidades, las cuales fueron apropiadas rápidamente por el Consejo Comunitario Los Riscales, que en 2002 logra el título colectivo de 31.000 hectáreas y, entre el 2003 y el 2006, se concentra en la formulación de su Plan de Etnodesarrollo visión 2020, el cual contó con el apoyo de la Embajada de Holanda, del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico –IIAP y de SwissAid.

En el 2007 y en el marco del Programa Mosaicos de Conservación impulsado por el Fondo de Patrimonio Natural con recursos del GEF, se impulsó la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, conformada por representantes de la junta directiva del Consejo General Los Riscales, el Instituto Nacionalizado Litoral Pacífico, el PNN Utría, la WWF, Fundación MarViva, CODECHOCÓ y Patrimonio Natural. Esta mesa a lo largo del proceso se fue ampliando sumándose otros actores como el IIAP, la Fundación SwissAid, las organizaciones indígenas y la Alcaldía Municipal, las instituciones educativas y Plan Internacional.

“… el Plan de etnodesarrollo fue construido con la comunidad, logramos una participación amplia de personas de cada corregimiento y representa la visión de lo que queremos lograr en nuestro territorio… siempre lo tenemos como referencia para trabajar con las distintas instituciones y ONG’s, por eso los resultados que vemos hoy de ordenamiento en el territorio responden a lo que definimos en el plan de Etnodesarrollo”.

Jorge Enrique Murillo, Vicepresidente del Consejo Comunitario General Los Riscales.

Teniendo en cuenta la existencia del Plan de Etnodesarrollo, los procesos previos de diagnóstico y la necesidad de avanzar hacia la implementación de acciones sustentadas en alianzas y coordinación institucional, al igual que el apoyo y referencia del proceso de articulación del Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal GIC-PA; desde la Mesa se realizaron diálogos de aproximación para alcanzar un real análisis situacional del Golfo de Tribugá, incluyendo aspectos estratégicos relacionados con los ecosistemas marinos y recursos hidrobiológicos, las relaciones inter étnicas en el territorio y el manejo de los recursos, los procesos culturales relacionados con la etnoeducación e interculturalidad, y otras actividades productivas de la economía propia de las comunidades negras.

Estos conversatorios tuvieron una amplia acogida por las comunidades e instituciones invitadas, permitieron compartir y profundizar los diagnósticos y, en consecuencia, evidenciar cuales acciones, son necesarias para lograr articular esfuerzos entre la comunidad y los actores institucionales. Su resultado fue la firma de acuerdos de voluntades y la constitución de mesas de trabajo específicas: Mesa de Manglares, Mesa de Pesca y Mesa de Turismo.

El 28 de agosto de 2013, se llevó a cabo una jornada de trabajo en la ciudad de Bogotá con los miembros de las Mesas de pesca y la Mesa de Manglares, el Alcalde de Nuquí, el Presidente y secretario del Consejo General Los Riscales, un representante de los Delegados del manglar del Golfo de Tribugá, el Presidente del GIC-PA, INVEMAR, CODECHOCÓ, Conservación Internacional, Patrimonio Natural, MarViva y Parques Nacionales Territorial Pacífico. En esta reunión se presentaron y discutieron los puntos de avance y resultados del proceso de articulación territorial. 1 Programa Utría Regional – PUR, “Comunidades indígenas y negras: desarrollo regional para la conservación de los recursos naturales en el Chocó biogeográfico”. Proyecto ejecutado por Fundación Natura entre 1996 – 2000, con financiación del gobierno de Holanda, el Fondo Mundial para la Naturaleza y Ecofondo.



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El principal foco de trabajo se centró sobre la iniciativa de declaratoria para una nueva Área Marina Protegida y su delimitación, a partir del análisis ecológico y socioeconómico de la zona, así como de la cartografía temática y la priorización de los objetos de conservación presentes en la región. También, se avanzó en la propuesta de una ruta metodológica para la primera socialización y discusión comunitaria de los posibles escenarios para el ordenamiento de esta área marino–costera en el sur del Golfo de Tribugá, que vincularía a las nueve comunidades del municipio de Nuquí.

“Con el resultado de la ZEPA en Bahía y Juradó, sabíamos que en Nuquí debíamos hacer algo también para proteger la pesca artesanal. Pero la propuesta fue hacerlo más participativo para que desde los corregimientos se identificara con la comunidad los intereses y expectativa de conservación, esto generó una propuesta más amplia vinculando también otros intereses como el manglar y el corredor de conservación propuesto desde el plan de Etnodesarrollo”.

Luis Perea, Presidente GICPA.

Uno de los mecanismos propuestos en esta jornada de trabajo para avanzar en la socialización y delimitación del Área Marina Protegida en el Golfo de Tribugá, así como, para generar una decisión comunitaria en cuanto a la figura de uso y conservación, fue la conformación de una Mesa de Ordenamiento Ambiental. Entendida esta Mesa de Ordenamiento como una instancia de decisión y de liderazgo, reconocida y legítima en el diseño, establecimiento y declaratoria de figuras regionales y/o estrategias comunitarias de conservación en la región, donde confluyeran también las iniciativas de planes de manejo ya avanzadas como las de pesca y de manglar.

Mapa de Actores en la Mesa de Ordenamiento Ambiental del Golfo de Tribugá

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Para hacer realidad esta propuesta, se realizó un encuentro en Nuquí los días 13 y 14 de septiembre de 2013. Durante la primera jornada se concertó la conformación de la Mesa de Ordenamiento Ambiental del Golfo de Tribugá, como una alianza de integración interinstitucional y comunitaria para generar estrategias de trabajo, fortalecer los procesos existentes (mesa de pesca, mesa de manglares, planes de manejo del manglar, corredor de conservación) y articularlos al proceso actual de creación del área de conservación y uso sostenible.

Desde entonces, la Mesa de Ordenamiento Ambiental del Golfo de Tribugá es reconocida e integrada por las distintas autoridades, instituciones y actores del territorio como el espacio de concertación y planificación, liderando principalmente el proceso de declaratoria del DRMI y la formulación de su plan de co-manejo.

En este sentido el principal aporte de la Mesa como instancia de coordinación local es la relación horizontal que se logra establecer entre las distintas autoridades territoriales, confluyendo la Alcaldía como representación del Gobierno nacional, CODECHOCÓ como autoridad ambiental regional y el Consejo Comunitario como autoridad étnico-territorial, las tres en igualdad de condiciones y tomando decisiones por consenso. Esto hace que los demás actores confluyan en apoyo a las disposiciones adoptadas en la Mesa y se maneje igualmente un equilibrio de poder que proteja los intereses de la comunidad.

En términos operativos la Mesa puede ser convocada por cualquiera de las autoridades que la conforman y se apoya en una Secretaria que hasta ahora ha sido asumida por el representante de la Alcaldía. Los planes de trabajo y decisiones tomadas en la Mesa son vinculantes para todos sus miembros y es reconocida, igualmente, como la instancia decisoria para todos los temas de ordenamiento ambiental del territorio.

3. ¿Cuáles son los principales aprendizajes?Los aprendizajes de este caso se pueden organizar en los siguientes puntos claves:

3.1 Empoderamiento y participación comunitaria para la gestión de los recursos marino costero.El plan de Etnodesarrollo es el eje sobre el cual la comunidad logra determinar un uso y manejo sostenible de los recursos naturales en el territorio. A partir del plan de Etnodesarrollo se derivan procesos de consenso y decisión para definir un ordenamiento: como es el caso de los planes de manejo de manglares y, en particular, los procesos de manejo para los recursos pesqueros.



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“… fue mediante la consulta y trabajo de zonificación y mapeo que se trabajó en todos los corregimientos que realmente tomó sentido la propuesta de un DRMI, ya que la idea inicial era hacer una ZEPA, pero el interés de la comunidad en conservar otros recursos, como el caso del manglar, y de tener una zona más amplia para las prácticas de pesca artesanal, hicieron que la Mesa se replanteara la propuesta y presentara más opciones, que finalmente fue validado por la misma comunidad para decidir en crear el DRMI ”.

Oscar Saya, Representante de la Alcaldía en la Mesa de Ordenamiento Ambiental.

Para la construcción y aprobación de los planes de manejo, se realizaron asambleas de concertación en todas las comunidades del territorio (una a una), para llegar a acuerdos. Igualmente, se validó información en recorridos por las zonas y se trabajaron mapas de cartografía social para la caracterización, zonificación y establecimiento de reglamentos.

Para el caso de los recursos pesqueros, se realizó de manera sistemática entre 2010 y 2014, un proceso de monitoreo participativo de la actividad de pesca artesanal con el propósito de conocer y determinar los resultados de la actividad pesquera y los factores que condicionan su sostenibilidad ambiental y social. Este ejercicio se realizó con base en las faenas realizadas por los pescadores artesanales, con el fin de contar con datos relacionados con los recursos pesqueros, artes de pesca, volúmenes de captura, localización de los caladeros y otros aspectos de esta actividad económica. Además, de conocer las dinámicas de pesca en el Golfo de Tribugá, el monitoreo permitió contar con información relevante para apoyar la declaratoria del DRMI en la zona.

Este tipo de actividades, con una amplia participación comunitaria, ha permitido que se reconozcan y diferencien las prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales, en relación a su conservación y disponibilidad. Con ello, las decisiones de ordenamiento y manejo responden a la prelación de las actividades reconocidas por la comunidad como “amigables” con el medio ambiente, al igual que se establece un control social con un claro criterio frente a otro tipo de actividades que atenten contra el mantenimiento y conservación de los recursos.

“Iniciamos nuestro camino en la comunicación con la formación y la realización de videos y programas radiales para nuestra emisora comunitaria… Trabajamos en pro de recuperar nuestra cultura y en el desarrollo territorial… Nos encargamos de visibilizar las problemáticas, sirviendo como antena de todos los sectores sociales, dándoles participación a los jóvenes a los adultos y a los niños… Unidos para trabar en red por nuestro municipio y nuestros corregimientos del pacífico colombiano”.

Mirna Angulo, Coordinadora Colectivo EN PUJA.

Con esta misma lógica, los distintos grupos que lideran las mesas de ordenamiento ambiental, han realizado valiosos procesos de sensibilización a la comunidad y a distintos actores con presencia en el territorio. Se ha enfatizado la importancia de conservar y hacer un uso sostenible de los recursos, ampliar la participación comunitaria en los planes de manejo y establecer compromisos colectivos en la implementación de buenas prácticas ambientales para su aprovechamiento.

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Se ha definido como esencial la producción de material audiovisual, informativo y educativo, que con apoyo de instituciones aliadas, se ha desarrollado como soporte a estos procesos. En particular, la creación del colectivo de comunicaciones EN PUJA del Consejo Comunitario Los Riscales, liderado por jóvenes de la comunidad, ha sido de gran ayuda para lograr una comunicación asertiva con las comunidades.

Además, con miras a orientar las prácticas comunitarias de uso y aprovechamiento sostenible de los recursos, la Mesa de Ordenamiento ha establecido espacios formales de diálogo y gestión con los diferentes actores del territorio, facilitando la cooperación y articulación y el acceso a recursos, infraestructura y capacitación para la comunidad. Esto ha cambiado la visión asistencialista, frente a las fuentes y fondos de cooperación y financiación, hacia una mirada más estratégica para el establecimiento de alianzas y partenariados con actores públicos y privados.

“Al estar organizados como comunidad, con propuestas validadas y construidas participativamente, hemos logrado aprovechar mejor los recursos y proyectos de las instituciones. También se hace más difícil que las entidades intervengan el territorio sin tener en cuenta a la comunidad y sus intereses… Hoy sabemos decir NO y negociar para que no nos utilicen”.


Reflejo de ello, es el reconocimiento y vinculación directa de la comunidad y sus organizaciones de base en la ejecución de proyectos y convenios con las instituciones de apoyo y cooperación tanto nacionales como internacionales. Esto evidencia igualmente un nivel de fortalecimiento y generación de capacidades en líderes y promotores de la comunidad que representan y velan por los intereses que se han establecido en los procesos de planeación y ordenamiento del territorio.

3.2 Roles y funciones de primera línea de las autoridades territoriales y comunitarias.La Mesa de Ordenamiento Ambiental del Golfo de Tribugá, en tanto instancia de participación mixta, democrática y autónoma, posee una relación estrecha con las autoridades étnicas representadas por los Consejos Comunitarios. Es decir, su razón de funcionamiento y decisión, tienen vínculo directo con los Consejos y estos con el gobierno local, como una estrategia de protección de los intereses comunitarios en las acciones que se definen para su gestión.

Igualmente, procesos como la consulta previa, exigen una participación activa de los Consejos Comunitarios para validar y aprobar las diferentes intervenciones que desde la Mesa de Ordenamiento se proponga realizar. Es importante señalar que las funciones adquiridas por la Mesa, no reemplazan las competencias y funciones de los Consejos Comunitarios. La Mesa instrumentaliza los espacios de diálogo y decisión sobre el ordenamiento del territorio y el aprovechamiento de



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sus recursos, blindando (inclusive) las decisiones de los cambios que por cuestiones políticas o de relevo directivo pudieran afectar la continuidad de los procesos, ya que es una instancia en donde el Consejo debe concertar con las demás autoridades.

En este sentido, hay una complementariedad de roles y funciones entre la Mesa y los Consejos, que facilitan una gestión más eficiente y especializada para los temas concretos de ordenamiento ambiental, permitiendo establecer un equilibro de poder entre las diferentes autoridades del territorio, pero sin perder la autonomía y liderazgo de la comunidad.

3.3 Generación de alianzas público-privadas a favor de los intereses de las comunidades rurales.La Mesa de Ordenamiento Ambiental del Golfo de Tribugá es un mecanismo que contribuye a fortalecer la capacidad de las comunidades rurales para articular sus intereses sobre los recursos y activos del territorio con actores públicos y privados. Es útil para definir y avanzar en la ejecución de acciones conjuntas de gestión y manejo para el aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio.

A través de la Mesa, los Consejos Comunitarios han establecido canales efectivos de comunicación, planeación y decisión, en los que se lograron identificar problemáticas e intereses comunes con actores institucionales. Se logró hacer incidencia política para ejecutar planes de acción conjuntos basados en las visiones colectivas definidas en el Plan de Etnodesarrollo.

La Mesa de Ordenamiento Ambiental es un espacio de articulación capaz de construir y fortalecer el capital relacional con instituciones públicas, como la Alcaldía, CODECHOCO, Gobernación y los diferentes institutos y autoridades con presencia en el territorio, impulsando proyectos en los que los distintos actores participan de manera coordinada. El resultado más representativo de esta dinámica de trabajo articulado es la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado “DRMI - Golfo de Tribugá Cabo Corrientes”, donde la comunidad ha logrado hacer realidad la propuesta de establecer un área de manejo especial que permitiera proteger los recursos a la vez que promover sus prácticas tradicionales de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

3.4 Estrategias de incidencia política.La Mesa de Ordenamiento Ambiental del Golfo de Tribugá es concebida como una instancia de concertación entre los distintos actores y autoridades del territorio para tomar decisiones y acciones que deriven en un ordenamiento ambiental para el uso y manejo de los recursos naturales, buscando establecer, tanto modelos productivos como prácticas de conservación, que sean favorables a la visión de desarrollo sostenible.

La articulación de actores que conforman la Mesa de Ordenamiento permite incidir de manera directa en las políticas de desarrollo del territorio, que si bien, dada su reciente formación sólo ha tenido la oportunidad de trabajar con la actual administración pública, las subsiguientes tendrán que tomar como referencia los avances y directrices que desde esta instancia se definan. Desde la perspectiva de la incidencia política, el hecho de que la Mesa sea resultado de un proceso comunitario de largo plazo, contrarresta su reciente creación, aportando solidez y sostenibilidad a los procesos que allí se emprendan.

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De manera específica, la Mesa ha incidido en todo el proceso político para la declaratoria del área de manejo especial DRMI “Golfo de Tribugá Cabo Corrientes”, liderando la organización de los diferentes colectivos en los corregimientos para identificar sus activos naturales, caracterizar las prácticas productivas relacionadas con el uso de recursos naturales y consolidar las intenciones de ordenamiento comunitario del territorio.

“La Mesa de Ordenamiento ha logrado un proceso de incidencia política muy importante, no sólo por coordinar las autoridades territoriales y las principales instituciones en el proceso de declaratoria del DRMI, sino al demostrar su nivel de movilización con las comunidades. Esto se evidenció en el proceso de consulta previa, donde la misma comunidad identificó las prioridades de conservación, el polígono del área y el modelo de ordenamiento que quería. Nosotros como actores en la Mesa hemos servido de puente para hacer esto realidad”.

Luis Perea, Presidente GICPA.

La Mesa cumple, en sentido estricto, la función de puente entre los intereses de la comunidad y las instituciones políticas y privadas, para incidir en decisiones de fondo, como fue el establecimiento del polígono del área, la inclusión del modelo de co-gestión para el desarrollo del plan de manejo y, en general, surtir todo el proceso legal y administrativo para la formalización del DRMI como parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas.

Recientemente y articulado con el GIC-PA, la Mesa de Ordenamiento ha participado en un esfuerzo conjunto con actores comunitarios, académicos y políticos en la redacción de un proyecto de ley que reforme la ley actual de pesca, Nº13 de 1990, logrando que el proyecto tome un foco en la pesca artesanal y de pequeña escala. Este proceso ha contado con el apoyo de Fundación ACUA en el marco del Convenio FIDA I-R-1369 dentro del componente de incidencia en la agenda pública afro descendientes y, en particular, en la agenda legislativa2.

Todos estos procesos dan cuenta de cómo las organizaciones de base comunitaria y sus líderes hacen una buena gestión aprovechando los instrumentos legales y normativos para formalizar acciones de impacto en lo local acorde con sus intereses.

2 Como parte de este componente, se plantea la idea de participar en un esfuerzo conjunto con actores comunitarios, académicos y políticos en la redacción de un proyecto de ley que reforme la ley actual de pesca, Nº13 de 1990. El proyecto fue radicado con el número 198 de 2014, en Senado. El texto se puede consultar, junto con la exposición de motivos, en su sitio web: http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2013%20-%202014/PL%20198-14%20PESCA%20Y%20ACUICULTURA%20-%20MOTIVOS%20Y%20ARTICULADO.pdf



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4. ¿Qué Factores han facilitado el desarrollo de la experiencia?• La participación y el apoyo

interinstitucional.Lograr la participación y consenso de los diferentes actores que inciden en el ordenamiento territorial es sin duda el principal logro de la Mesa. Las decisiones tomadas en esta instancia son acogidas por el conjunto de autoridades que lo trasladan de manear directa en los procesos de ordenamiento territorial de su competencia.

• Continuidad y sostenibilidad de los procesos.

Las distintas autoridades territoriales que conforman la Mesa han apropiado este espacio en su estructura como una instancia externa y autónoma para definir participativamente el ordenamiento ambiental del territorio, logrando superar los problemas de continuidad que muchas veces presentan estos procesos al ser dependientes de la dirección política de turno en una sola institución. Con la representatividad y validez que tiene la Mesa de Ordenamiento del Golfo de Tribugá, el proceso puede proyectarse a mediano y largo plazo construyendo referentes que las instituciones retoman independientemente de sus cambios internos.

“… la ventaja con la Mesa de Ordenamiento es que no depende de una sola institución, por el contrario, exige a las distintas autoridades del territorio a trabajar coordinadas y en igualdad de condiciones”.

Oscar Saya, Representante de la Alcaldía en la Mesa de Ordenamiento Ambiental.

• La legitimidad de las iniciativas con origen en decisiones comunitarias.Aunque los actores que participan en la Mesa de Ordenamiento son variados y representan distintos intereses institucionales, hay un claro liderazgo comunitario que se impone, soportado por una parte en el marco legal que otorga autonomía a las comunidades negras sobre su territorio y, por otra, en la participación constante por más de 15 años de líderes locales que vienen promoviendo la conformación de este espacio, que responde además a las directrices ya establecidas en el plan de Etnodesarrollo. Esto hace que la comunidad apropie y valide las actuaciones derivadas de la Mesa y se facilite su aplicación en las distintas localidades del territorio.

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“… las medidas de manejo que propone la Mesa de Ordenamiento responden a lo que las comunidades definimos en el Plan de Etnodesarrollo”.


• Reconocimiento de los procesos de ordenamiento ya existentes.Lo primero que hace la Mesa de Ordenamiento es reconocer los procesos y resultados ya adelantados por otras instancias que de manera específica venían trabajando en el territorio para ordenar algunas de las prácticas tradicionales. Es el caso de la Mesa de Manglares, la Mesa de Pesca Artesanal, los grupos de Turismo y el mismo GIC-PA, que encuentran reconocimiento dentro de esta Mesa de Ordenamiento desde un contexto más amplio, pero donde no pierden sus avances, sino por el contrario, aportan su experiencia para lograr construir una visión más integral de desarrollo articulándose con los demás sectores.

“… el liderazgo de los Delegados del Manglar y el plan de manejo que hemos desarrollado en Tribugá es ejemplo para todo el litoral pacífico”.


• Relevo generacional.Las distintas intervenciones y acompañamientos institucionales que ha tenido la zona en los últimos 20 años han dejado capacidad instalada de ciudadanía activa, que no sólo se mantiene y crece en los líderes que han permanecido a lo largo de todo el proceso, sino que ha logrado vincular a los jóvenes. El territorio presenta una activa y constante participación de jóvenes en los procesos comunitarios y productivos, por tanto, encontramos relevo generacional en los cargos de dirección en los Consejos Comunitarios, en los emprendimiento y en las organizaciones de productores. Recientemente se ha conformado el Colectivo de Comunicaciones EN PUJA, iniciativa de las y los jóvenes del municipio de Nuquí que lideran las acciones de comunicación y divulgación dentro del Consejo Comunitario Los Riscales.

“… es evidente que los jóvenes estamos participando en el desarrollo de nuestro territorio… los delegados del manglar la mayoría son jóvenes, Yerson es el presidente del Consejo en Jurubirá, Jeferson es el presidente de FEDEPESCA, y en el Colectivo EN PUJA somos más de 10 jóvenes del municipio trabajando activos ”.

Mirna Angulo, Coordinadora Colectivo EN PUJA.



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5. ¿Qué dificultades ha enfrentado la experiencia?• Intereses de la pesca industrial.Los intereses de explotación industrial del recurso pesquero han estado contrapuestos a los de la pesca artesanal, lo cual ha supuesto una serie de contraposiciones para establecer los parámetros de ordenamiento ambiental del recurso marino costero que se han tenido que dirimir con argumentos que no terminan de estar completamente validados o soportados con investigaciones de fondo. Han sido de apoyo los resultados de procesos como el monitoreo participativo, pero hace falta investigaciones más concluyentes que permitan argumentar las decisiones de conservación y manejo del recurso relacionado con las prácticas industriales de extracción.

• Altos costos de operación.Desde la perspectiva operativa y funcional de la Mesa los costos de movilidad para realizar las acciones con cobertura en todo el municipio supone la consecución de recursos económicos significativos, las fuentes de financiación hasta ahora han estado ligadas a proyectos de apoyo con ONG´s, pero se entiende esto como una situación coyuntural y exige pensar en fuentes más estables para garantizar su sostenimiento.

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6. ¿Cuáles son los desafíos?

• Establecer el mecanismo de administración compartida o co-manejo en el DRMI. La figura de co-manejo que supone el DRMI para su administración recae directamente en la Mesa como instancia para su definición e implementación, para lo cual realmente existen muy pocas referencias que permitan su desarrollo o apropiación de manera sencilla. Definir este modelo y lograr una participación amplia y representativa de los distintos actores en su implementación, sobre la base de un plan de manejo concertado y validado por la comunidad, representa tal vez el reto más importante al que se enfrenta la Mesa de Ordenamiento del Golfo de Tribugá.

• Monitoreo, vigilancia y control de pesca industrial. Si bien ha habido un avance significativo en el monitoreo, vigilancia y control de las prácticas de pesca artesanal, no ocurre lo mismo con la pesca industrial. Esta supone mayores esfuerzos desde la perspectiva operativa, en la medida que son actividades que se realizan mar adentro y, por tanto, mayores esfuerzos económicos. Pero más allá de las dificultades de operación y financiación, el reto más exigente es lograr vincular y comprometer los actores de este tipo de pesca para que sumen al proceso de ordenamiento y permitan la realización de Monitoreos a sus prácticas extractivas.

En este sentido, el avance en declarar el DRMI ha permitido acercar las relaciones y espacios de diálogo con los actores de este sector, en la medida que su actividad ahora se desarrolla en un área marina protegida y deben por tanto asumir las condiciones de manejo que allí se decidan.



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• Necesidad de investigación sobre espacies comerciales del pacifico colombiano.Existe un vacío de investigación sobre varias de las especies comerciales que se encuentran en el pacífico colombiano, por tanto no se han establecido, por ejemplo, las tallas medias de madurez sexual y otros aspectos que son fundamentales para poder definir planes de manejo y uso de estas especies. Vincular estas necesidades en la agenda de investigación del sector debe ser una tarea que se lidere desde la Mesa.

• Sustitución de artes de alto impacto. Aunque se ha identificado la relación directa del impacto negativo en el recurso marino pesquero por el uso de artes de pesca no selectivas, como el trasmallo, la sustitución de estas prácticas no responde a un tema de prohibición sino de facilitar que los pescadores puedan adquirir los insumos y herramientas adecuadas y permitidas para la pesca sostenible. Esto implica pensar y financiar un programa de sustitución de artes de alto impacto que facilite la incorporación de prácticas responsables de pesca, al igual que promover la vinculación del pescador a las organizaciones asociativas de base que se están fortaleciendo en el territorio. Esta labor debe estar acompañada de actividades que permitan profundizar en la sensibilización de la comunidad sobre las temáticas de uso y manejo del recurso y de generación de ingresos a través de otras alternativas productivas que diversifiquen la economía local.

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