caso putis. realidad nacional
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION
CURSO: REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
TEMA: EL CASO DE LA MATANZA EN PUTIS
PROFESORA: MAG. SILVIA MUNÁRRIZ O'PHELAN
ALUMNAS: ANA MARIA MAMANI CHIPANA 1988-7141
CINTHIA TORRES QUISPE 2010-34821
FRANCIS MAGDALENA MERMA CHAMBE 2010-34840
AÑO: TERCERO
TURNO: NOCTURNO
FECHA: MIÉRCOLES, 05 DE DICIEMBRE DEL 2012
“La matanza en putis”5 de
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TABLA DE CONTENIDOINTRODUCCION..............................................................................................................................3
1. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD PUTIS...................................................................................4
2. CONTEXTO SOCIOPOLITICO....................................................................................................5
3. INSTALACIÓN DE LA BASE MILITAR.........................................................................................6
4. ACCION DEL ESTADO PERUANO..............................................................................................7
4.1. INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.........................................................................8
4.2. INVESTIGACION DE LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION (CVR):....................8
4.3. RESPUESTA DEL MINISTERIO DE DEFENSA.......................................................................10
4.4. INTERVENCION DEL EPAF..................................................................................................11
4.4.1. EXHUMACION...............................................................................................................11
4.4.2. IDENTIFICACION DE LOS RESTOS...................................................................................13
5. REGISTRO DOCUMENTARIO DE LOS DESAPARECIDOS:.........................................................16
5.1. Por el registrador civil Cesar Méndez................................................................................16
5.2. Por el registrador voluntario de la comunidad, Gerardo Fernández.................................17
6. TESTIMONIOS DE LOS SOBREVIVIENTES...............................................................................19
7. CONSECUENCIAS...................................................................................................................23
8. JUDICIALIZACION DEL CASO PUTIS........................................................................................24
8.1. Jurisprudencia Internacional.............................................................................................25
9. EL ENTIERRO.........................................................................................................................26
10. RESUMEN..........................................................................................................................27
CONCLUSIONES.............................................................................................................................29
FUENTES DE INFORMACIÓN.........................................................................................................32
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INTRODUCCION
Si el coche bomba en la calle Tarata (1992) y la masacre de Lucanamarca (1983) se encuentran entre los peores actos criminales cometidos por los miembros de Sendero Luminoso y ordenados por Abimael Guzmán, la matanza de Putis (provincia de Huanta, región Ayacucho), ocurrida hace casi 28 años, es uno de los sucesos considerados de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante las dos últimas décadas.
Lo que ocurrió el 13 diciembre de 1984 vivirá en la mente de los comuneros familiares de los desaparecidos que sobrevivieron a la masacre. Lo que sucedió en el hoy conocido como el “Rincón de los muertos” fue la ejecución extrajudicial de más de un centenar de campesinos de Putis por parte de los miembros de la base militar instalada en la zona quienes habían ordenado a los comuneros que cavaran una fosa para la instalación de una piscigranja y la construcción de algunas viviendas. Luego reunieron a las mujeres y las ultrajaron. Posteriormente les ordenan a todos ubicarse en torno a las fosas, para seguidamente dispararles a quemarropa, una modalidad utilizada por la Alemania nazi para exterminar a los judíos. Las cifras hablan de 123 víctimas, entre hombres, mujeres y niños. En agosto de 2009, 92 cuerpos fueron entregados a sus familiares para darles sepultura definitiva.
Putis es una zona muy pobre al igual que muchos lugares de la sierra del Perú, y como tal la intervención del Estado en el desarrollo y progreso es muy escaso, y más cuando se trata de asumir responsabilidades en temas de Derechos Humanos. Para poder conseguir justicia y reparación, los deudos al igual que en muchos casos, debieron acreditar primero la muerte de sus seres queridos conforme a las normas dispuestas por el Gobierno.
Actualmente el Ministerio Público no ha podido formalizar la denuncia para enjuiciar a los responsables porque el Ministerio de Defensa no entrega información oficial y adecuada que permita identificar a los autores.
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EL CASO DE LA MATANZA EN PUTIS
1. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD PUTIS
Putises un caserío rural al sur del Perú. Se localiza en el Distrito de Santillana, Provincia de Huanta en el departamento de Ayacucho. Ayacucho fue uno de los tres lugares más pobres del país y el más afectado por la violencia política que padeció el país en los años de 1980 a 2000.
Hasta setiembre de 1984, la comunidad de Putis estuvo conformada por cerca de 150 familias, con una población total de 800 habitantes. Después de la matanza, los sobrevivientes huyeron del lugar, pero regresaron en 1997. En noviembre del 2001, el movimiento de retorno a la quebrada altoandina de Putis, a 3,600 metros de altura sobre el nivel del mar, convenció a unas ocho de retornar a Putis. Hacia el año 2002 diez familias vivían en Putis.
Putis es conocido por haber sido el lugar de una fosa común en la década de 1980, donde 123 personas, entre hombres mujeres y niños, fueron asesinados.
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2. CONTEXTO SOCIOPOLITICO
La tragedia se remonta a 1984, durante en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El problema más grave que enfrentó el gobierno de Belaúnde fue el accionar de la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso, dirigida por Abimael Guzmán. Este grupo declaró la guerra al Estado peruano en el departamento de Ayacucho en mayo de 1980, empobrecido debido a siglos de explotación colonial y esclavitud en Perú.
De 1980 a 1982 el PCP-SL desarrolló en Ayacucho una estrategia combinando acciones tales como amenazas, asesinatos, sabotajes y propaganda política organización con el fin de constituir Comités Populares, destruyendo el sistema de autoridades locales existente.
En 1982, por ejemplo, el alcalde de Ayahuanco, distrito cercano a la comunidad de Putis, tuvo que renunciar porque había sido amenazado por el grupo subversivo.
El 12 de octubre de 1981, el Gobierno decretó el Estado de Emergencia en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo. En enero de 1983 se estableció el Comando Político Militar en Ayacucho.
De 1983 a 1985, la provincia de Huanta quedó bajo el control de la Marina de Guerra. Mientras que en las zonas más altas como el distrito de Ayahuanco y algunas comunidades de Santillana (Putis entre ellas), patrullaban efectivos del Ejército. De esta manera, en 1983 se llevaron a cabo varios operativos contrasubversivos en diversas comunidades altoandinas de Huanta.
El PCP-SL en Huanta
A partir de 1983, Sendero Luminoso intensificó su campaña, imponiendo un terrorífico régimen de violencia extrema asesinando indiscriminadamente a miles de campesinos, profesionales, comerciantes y autoridades locales. El PCP-SL realizaba proselitismo, amenazas e incluso asesinatos selectivos contra los que se les oponían, uno de estos crímenes se perpetró contra el teniente
gobernador de Putis, Santos Quispe Saavedra, asesinado en junio de 1983 por una
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columna senderista, sobre su pecho se halló que decía “...si alguien se levanta en nuestra contra será exterminado”, haciendo alusión a los que por ese entonces empezaron a formar e integrar las rondas en algunas localidades alto andinas.
Entre los diversos actos senderistas ocurridos en 1983 se puede mencionar la quema de casas del poblado de Huancas (julio), asesinato de tres pobladores de Cayramayo (agosto), donde los subversivos fueron guiados por pobladores de los anexos de Musuccllaccta y Parobamba (de la comunidad de Putis). Como respuesta a este hecho, llegó una patrulla militar que empadronó a los habitantes de la zona.
En 1983 el temor de la población a la presencia senderista era tal que en noviembre de ese año no se realizaron las elecciones municipales en ninguno de los distritos de Huanta, ni siquiera en la misma capital de la provincia. La zona era considerada como de alto accionar subversivo, esto debido mayormente a que era el corredor natural a través del cual se podía conectar fácilmente la sierra con la selva ayacuchana y de allí movilizarse hacia el Valle del Río Apurímac y el departamento de Junín.
En setiembre de ese mismo año miembros del PCP-SL regresaron a Cayramayo, rodearon a la población y asesinaron a las autoridades en una asamblea popular, entre ellas al agente municipal Zacarías Curo Vargas, al secretario Rodrigo Díaz, al teniente gobernador Benito Madueño Linares, al ex presidente de la comunidad Herminio Vargas y a un comunero de nombre Julián Quispe Fernández.
La presencia del PCP-SL en la zona se volvió constante. Además se obligaba a los comuneros a vivir permanentemente en la parte más alta de los cerros para evitar que tengan contacto con los efectivos militares que ocasionalmente llegaban. Se les advertía, que los miembros de las fuerzas del orden los matarían si los descubrían. Muchos de los campesinos entonces abandonaron sus viviendas por orden de los senderistas. Todo ello determinó en gran parte que los pobladores de Putis fueran vistos por los militares como colaboradores o integrantes del PCP-SL.
3. INSTALACIÓN DE LA BASE MILITAR
En 1984, se incrementó el accionar subversivo. Las alturas de Santillana se había convertido en una zona de activa presencia senderista, los cuáles ingresaban constantemente solicitando apoyo a los campesinos, e instándolos a participar en su lucha armada. Frente a tal situación se instalaron bases militares en la comunidad de Putis y la capital del distrito de Ayahuanco, las cuales comenzaron a operar a partir de noviembre de ese año.
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Los militares convocaron a la población que estaba dispersa en las partes más altas, como Rodeo, Vizcatánpata, Rumichaca, Sayhuallamacniyocc, Pampahuasi, Huancas, Orccohuasi y Cayramayo, con la intención de convencerlos para que se mudaran a la comunidad de Putis. La propuesta de los militares fue que fijaran su residencia en la parte baja, para ofrecerles una mejor protección contra los grupos subversivos.
Los pobladores cansados de vivir acosados, tanto por los subversivos como por las fuerzas del orden, aceptaron la propuesta y trasladaron todas sus pertenencias a Putis.
Los efectivos recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en el local donde funcionaba el colegio, juntándolos con otros pobladores a quienes los soldados habían sacado de sus viviendas. Les aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población. Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas.
Sin embargo, cuando estuvo lista, los militares reunieron a las mujeres, las violaron frente a los varones, después ubicaron a todos en torno a las fosas y les dispararon a quemarropa, una modalidad utilizada por la Alemania nazi Finalmente los sepultaron a todos en la poza.
En realidad para los militares, los pobladores eran sospechosos de apoyar e integrar los grupos subversivos. Otra razón por la cual se asesinó a los comuneros fue para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado ovino, vacuno, caballar, mulas, chanchos, llamas y alpacas y cuyes propiedad de los campesinos que, luego de los hechos, pasaron a poder de la base y fueron comercializados en Marccaraccay.
Los militares cubrieron los cadáveres que se encontraban en la fosa con tierra y piedras. Otra parte de las víctimas habría sido sepultada al interior de un aula en la escuela.
4. ACCION DEL ESTADO PERUANO
En diciembre de 1984 el diario Expreso publicó una nota periodística, basada en información oficial provista por personal policial. En ella se daba cuenta de un presunto
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enfrentamiento entre efectivos militares y miembros del PCP-SL en la comunidad de Putis, a la que por error señalaron como “Yutis” no existe ninguna referencia sobre una comunidad ayacuchana con dicho nombre. Se dio cuenta de que al menos unos 22 presuntos subversivos perdieron la vida.
Un reportaje publicado en el Diario La República también denunció el hecho. En noviembre del 2001 el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Heriberto Benitez Rivas, demandó a la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, que investigue de oficio la existencia de una fosa común con los restos de un centenar de comuneros de Putis, a raíz de este reportaje.
4.1. INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El 3 de diciembre de 2001, la Fiscalía Mixta de Huanta del Departamento de Ayacucho resolvió abrir investigación fiscal en contra del General EP (r) Adrián Huamán Centeno y el Comandante EP Edmundo Obregón Valverde por delito de homicidio calificado. A partir del 2003, esta misma investigación continúa a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada de Huamanga.
4.2. INVESTIGACION DE LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION (CVR):
La Comisión de la Verdad y Reconciliación logró establecer que en diciembre de 1984, no menos de ciento veintitrés personas (hombres, mujeres y niños de las localidades de Cayramayo, Vizcatampata, Orccohuasi y Putis, en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, Ayacucho) habían sido asesinados víctimas de una ejecución arbitraria llevada a cabo por efectivos del Ejército situados en la comunidad de Putis. Se sabía que 19 de ellos eran menores de edad y que los comuneros fueron reunidos por los militares con engaños, obligados a cavar una fosa y luego acribillados.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación identificó dos fosas comunes en Putis, una a la espalda de la iglesia y la otra dentro de la escuela. Algunos habitantes de Putis sobrevivieron a la masacre permaneciendo
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en las montañas, en donde se quedaron hasta que algunos de ellos retornaron en 1997.
Lo que sabía la CVR es que los efectivos habían cometido dicho crimen porque consideraban que los campesinos estaban vinculados con el PCP-SL, debido al constante transitar del grupo terrorista por la zona donde vivían las víctimas. Además, de que los efectivos tenían la intención de adueñarse del ganado vacuno, porcino y caprino de los pobladores asesinados.
Además se supo que la sospecha de subversión que tenían los militares fue fortalecida por algunos pobladores de la comunidad vecina de Marccaraccay que colaboraban con ellos, quienes les aseguraron que los campesinos de Putis pertenecían al movimiento subversivo.
Fosas comunes en Putis
La Comisión de la Verdad y Reconciliación estuvo en la comunidad de Putis en dos oportunidades.
La primera en noviembre del 2001 y la segunda en febrero del 2003, para realizar una inspección preliminar en el lugar donde se señala estarían los cuerpos de las víctimas. Se hallaron dos fosas de regulares proporciones. La más grande se encontró detrás de la Iglesia, la otra en un aula de la escuela.
a) Fosa Putis 01. Se ubicó en la parte lateral izquierda (al sureste) de la escuela y en la parte posterior (al este) de la iglesia. El área fue ubicada entre las coordenadas 12° 35´582 sur y 074° 10´517 oeste y a una altitud aproximada de 3446 metros sobre el nivel del mar. La fosa presenta forma rectangular alargada con una longitud aproximada de 8 m. De largo por unos 4 m. De ancho. Se observó dos depresiones las que habrían sido remociones contemporáneas por donde se observaron ropas y huesos humanos además se verificó que los cuerpos habrían sido cubiertos con tierra y por piedras planas procedentes de un muro adyacente que delimitaba el colegio.
b) Fosa Putis 02. Se ubicó a unos 20 m. de la fosa 01, en el aula ubicada en el ángulo norte de la escuela de Putis, entre las coordenadas 12°
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35´571 sur y 074° 10´513 oeste y a una altitud aproximada de 3445 metros sobre el nivel del mar. La fosa fue cavada al parecer a lo largo de todo el recinto con un largo de 4m. por 2m. de ancho. Se pudo observar un costal de polietileno, un fragmento de chompa y pantalón en la parte central del recinto el cual se presentaba removido, pues las rocas fuero movidas exponiendo las prendas: No se observó la presencia de huesos ni se intento rebuscar entre las rocas pues, no contábamos con la presencia de las autoridades que lo permitieran.
4.3. RESPUESTA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
La Comisión de la Verdad y Reconciliación solicitó al Ministerio de Defensa, mediante oficio Nº 156-2003-CVR-P del 17 de marzo del 2003, que se identifique al jefe de la base militar de Putis, así como al resto del personal destacado en dicho lugar, así como la fecha y tiempo durante el cual funcionó la base de Putis. Mediante el oficio N° 12574 MINED/K-6/CVR, del 12 de mayo del 2003, el secretario general del Ministerio de Defensa, vicealmirante Gonzalo Gambirazio Martín, respondió que en Putis se instaló una base temporal entre el 8 de abril y el 3 de diciembre de 1988, indicando que no se ha encontrado ninguna relación del personal que prestó servicios en dicha base.
El director adjunto de Paz y Esperanza, Germán Vargas, denunció falta de ayuda oficial para aclarar el episodio. “La CVR solicitó en su momento información al Ministerio de Defensa. Sin embargo, no se proporcionó, con el argumento que siempre se usa en estos casos: que no hay información porque se trató de una base itinerante. Desde nuestro punto de vista hay intención de encubrir responsabilidades criminales que venían del ejército”, dijo Vargas.
Sin embargo, fueron abundantes y unánimes las declaraciones de los habitantes de la zona que afirman que en 1984 hubo una base militar en dicho lugar. Además la publicación del Diario Expreso de diciembre de ese año corrobora que existió una base militar en dicho lugar.
La Comisión de la Verdad tomó conocimiento que frente a un requerimiento similar realizado por la Fiscalía Mixta de la Provincia de Huanta, el Preboste del Ejército Peruano, mediante oficio N° 236-CP-PREBOSTE-2B/29.02.01, informó al Ministerio Público que en sus
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archivos no existía ninguna relación de personal de oficiales, técnicos, sub oficiales y tropa que hubieren prestaron servicio en la Base Militar de Putis durante el año 1984 y que también se desconoce la identidad de los oficiales conocidos con el nombre de “Teniente Lalo”, “Capitán Barreta” y “Comandante Oscar”.
4.4. INTERVENCION DEL EPAF
4.4.1. EXHUMACION
En mayo de 2008, un grupo de investigadores forenses empezó tardíamente la exhumación de las fosas comunes de Putis (instalando un laboratorio muy rudimentario en la zona), siguiendo la recomendación que la Comisión de la Verdad y Reconciliación hiciera en 2003 de investigar todos los lugares donde puedan haber ocurrido tales masacres. Cerca de 50 familiares de las personas asesinadas se sumaron a los investigadores para presenciar la recuperación de los restos de sus familias.
De los 92 cuerpos investigados, el 45% correspondía a jóvenes menores de 17 años, según el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).
En la ciudadanía existe la convicción de que hay más fosas comunes que guardan restos de miles de desaparecidos que deben ser ubicados y entregados a sus deudos, la CVR comprobó que habían 4,664 sitios de entierro en todo el país.
Entre el 3 al 6 de julio los peritos del Instituto de Medicina Legal dirigidos por la fiscal Cristina Olazábal a cargo de las investigaciones, exhumaron los restos de otras 18 presuntas víctimas de agentes del Estado, entre ellos, los cuerpos de cinco niños asesinados durante la masacre de Qenhuahuaycco, perteneciente al centro poblado de Putis.
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Qenhuahuaycco es la tercera fosa que se exhuma en la jurisdicción de Putis, pues un mes antes de otra fosa, ubicada en la localidad de Moyo Orcco, se recuperaron los cuerpos de 10 personas, entre ellas, cinco menores de edad que ahora deberán ser estudiados para conocerse cómo murieron y posterior reconocimiento.
El 18 de junio se reiniciaron las diligencias de exhumación, en la llamada “segunda fase”, que comprendió excavaciones de las fosas rotuladas como la tercera, cuarta (ubicadas en un aula y cocina de los restos de la escuela) y la quinta (debajo de la derruida iglesia). Esa vez se logró arrancar a la tierra los cuerpos de 98 peruanos, muertos a mansalva el 13 de diciembre de 1984.
Henry Mercado, abogado de Paz y Esperanza que auspicia a los deudos de las víctimas de Putis, recordó que muchas de las víctimas de la masacre de Qenhuahuaycco al igual que las detectadas en otros puntos de Putis, se encontraban en la zona huyendo de Sendero Luminoso.
En diálogo con La Primera, precisó que con el retorno de
sobrevivientes a la zona se permitió establecer que existirían más de
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18 fosas de la que se creía regadas por los 13 anexos que conforman Putis que contendrían los restos de comuneros asesinados, algunas veces por agentes del Estado y, otras, por los terroristas durante el conflicto interno que soportó el país.
El alcalde de la municipalidad de Putis, Gerardo Fernández, quien casi a gritos y sin poder olvidar la absurda pérdida de sus seres queridos, denunció que aún quedan por arrancarle a la tierra más de 300 personas enterradas en 18 fosas ubicadas alrededor de las 15 comunidades del Centro Poblado de Putis, razón por la que demandó la urgente intervención del Ministerio Público para continuar con las exhumaciones.
4.4.2. IDENTIFICACION DE LOS RESTOS
En el lugar donde estalló el conflicto hoy quedan recuerdos, fosas con huesos desconocidos o alguna fotografía de muertos y desaparecidos por entre 1980 y 2000.
Según José Pablo Baraybar, director ejecutivo del EPAF, del total de 15 mil desaparecidos en el Perú durante la época de la violencia, solo fueron encontrados 769 restos, de los cuales se identificaron 238.
Esos rastros no alcanzan para acreditar el nacimiento de alguien o para probar su muerte violenta y el derecho de sus familiares a la reparación prevista por la ley.
Con los testimonios de los deudos se han rescatado los nombres de 58 personas cuyos restos estarían enterrados en las fosas de Putis
Relación inicial de víctimas
Pago Vizcatanpata
1) Ramón Condoray Quispe (papá)
2) Monga Huallasco Huamán (mamá)
3) Reynalda Condoray Huayllasco (hermana) (3 años)
4) Urbano Condoray Huayllasco (hermano) (2 años)
5) Juliana Condoray Huayllasco (hermana)
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6) Wilfredo Condoray Huayllasco (hermano) (1 año)
7) Elberto Condoray Huayllasco (hermano)
8) Apolinaria Quispe (abuelita)
9) Amadeo Condoray Quispe, tío
10) Sabina Condoray Quispe, tía
11) Ciriano Condoray Quispe, tío
12) Epifania Condoray Quispe, tía
13) Rosa Condoray Quispe, tía
14) Félix Condoray Quispe
15) Benito Flores
16) Demesia Curo Soto
17) Mauro Condoray Curo
18) Lucio Condory Curo
19) Justina Lonasco
20) Marcelino Soto Lonasco
21) Un niño apodado "Otopo" (8 años)
22) Encarnación Coronado
23) Octavio Condoray Ccente (30 años)
24) Dominga Quispe Coronado
25, 26, 27) Tres menores hijos de Octavio Condoray y Dominga
28, 29, 30) Rogelio Condoray Ccente y dos hijas
31) Emilia Huallasco
32) Fortunato Condoray Huallasco
33) Pastor Condoray Huallasco
34) Rita Condoray Quispe
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Pago Cayramayo
1) Guillemo Fernández Quispe
2) Albertina Fernández Quispe
3, 4) Dos hijos de Guillermo y Albertina
5) Ciprián Fernández Quispe
6, 7) Oderón Quispe Saavedra y un hijo
8) Saturna Fernández Huallasco
9) Constantino Quispe Gamboa
10) Odilia Vargas Quispe
11) Juan Quispe Calderón
12) Antonio Quispe Mendoza
13) Herminio Quispe Calderón
14) Andrés Ccente Calderón
15) Antonio Quispe Fernández
16) Felícita Curo Quispe
17, 18) Dos hijos de Antonio Quispe y Felícita Curo
19) Sofía Curo Quispe
20) Marcelino Fernández Quispe
21) Filomena Madueño
22, 23, 24) Tres hijos de Marcelino Fernández y Filomena Madueño
En octubre del 2006 el Gobierno de Alan García instaló el Consejo de Reparaciones, órgano de la PCM presidido por la ex comisionada de la verdad Sofía Macher e integrado por Pilar Coll y otros destacados miembros de la sociedad civil, con el objetivo de registrar nominalmente a las víctimas y deudos de la violencia política en el Registro Único de Víctimas, a fin de permitirles acceder a
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reparaciones individuales. Una medida recomendada por el informe de 2003 de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación.
5. REGISTRO DOCUMENTARIO DE LOS DESAPARECIDOS:
5.1. Por el registrador civil Cesar Méndez
A cualquiera que se pregunte en San José de Secce, capital de Santillana, tiene un familiar muerto en el conflicto. El registrador civil local, César Méndez, uno de los pocos funcionarios estatales en este lugar, explica que en sus archivos sólo están consignados dos certificados de defunción durante la guerra interna.
La guerrilla no sólo tenía como blanco a las autoridades locales sino cualquier vestigio de la presencia del Estado: la municipalidad, la prefectura y el registro civil. Los registradores eran asesinados o se fugaban de sus aldeas, y centenares de libros de actas de nacimientos y defunciones fueron quemados por los senderistas. “Por miedo, por falta de recursos o por desconocimiento los pobladores no registraron la muerte de sus familiares”, explicó Méndez. “Si no se ha registrado el fallecimiento de esas personas, es como si nunca hubieran existido. Es como no tener partida de nacimiento: no hay registro de haber venido al mundo”.
Para evitar que los libros acabaran en las llamas, el registrador de Santillana los escondió por años bajo tierra. Terminado el conflicto, buena parte de ellos habían sido devorados por la humedad.
“Hemos comenzado a reconstruir los libros, pero es un trabajo de muy largo aliento”, explicó Méndez. “Hay mucha gente que no tiene partida de nacimiento y tampoco certificado de defunción. Sus familiares vienen con sus fotografías, pero eso no es suficiente para acreditar que una persona existió. Eso es lo que dice la ley”. Obtener esos documentos implica un trámite arduo aquí.
La población campesina, que sólo habla quechua y tiene poca o ninguna instrucción escolar, es obligada a realizar trámites en español. Los pobladores del medio centenar de aisladas comunidades de Santillana, como Putis o Marccaraccay, deben viajar hasta la capital del distrito para solicitar los documentos, y no pueden costear el viaje y la estadía.
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“El registrador de Aranhuay, una comunidad en la que Sendero y el ejército cometieron atrocidades contra la población, sólo hace trabajo voluntario. No tiene sueldo. Además, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil lo capacitó en español cuando él es quechua hablante, como la mayoría”, explica a IPS1Raquel Reynoso, de la no gubernamental Asociación SER.
La Asociación coordinó en Santillana un programa de reconstrucción de registros civiles afectados por la guerra con financiación de la organización internacional Oxfam.
De los 193 libros de registros que existieron en Ayacucho durante el periodo de violencia, la mitad resultó total o completamente dañado, dijo Raquel Reynoso. En San José de Secce y Aranhuay, donde ella trabajó en la recuperación de documentos, encontró 867 partidas de nacimiento parcial o totalmente destruidas.
“Hemos proyectado el número de pobladores afectados por la destrucción de los registros civiles en Ayacucho y la cifra alcanza a 45.000, lo que implica un desafío para el proceso de reparación de las víctimas”, afirma.
Por eso la angustia de la guerra se prolonga en tiempos de aparente paz.
1 Inter Press Service (IPS) es una agencia mundial de noticias, comprometida con el ejercicio de periodismo independiente y especializada en reportajes y análisis sobre procesos y acontecimientos económicos, políticos, sociales, artísticos y culturales.
5.2. Por el registrador voluntario de la comunidad, Gerardo Fernández
Gerardo Fernández, vecino de la comunidad de Putis, casi barrida por insurgentes y militares, ha comenzado a registrar por su
cuenta en unos cuadernos los nombres de las víctimas. Su lista llega hasta ahora a 380 personas, entre muertos y desaparecidos. “Todavía me falta recoger muchos más casos. ¿Cómo se les va a reparar a esa gente si en ninguna parte están registradas sus muertes?”, se pregunta este hombre
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enjuto y cetrino. “Los senderistas mataban a las autoridades y después a los que según ellos colaboraban con los militares y las autodefensas. Y si no encontraban a los que tenían en su lista, en venganza mataban a sus familiares, niños o adultos”, relata Fernández. “Después venían los del ejército con una lista negra y mataban a los que supuestamente eran senderistas o colaboraban con ellos”.
Fernández mismo es un sobreviviente. El ejército secuestró a su madre, Catalina Mendoza Quispe, de 42 años, y a su hijo, Raúl Fernández Ccente, de sólo tres años. Nunca aparecieron.
“Fue el 19 de abril de 1985. Los responsables son el capitán ‘Bareta’ y el teniente ‘Lalo’”, afirma. El ejército se niega a informar qué oficiales se ocultaban bajo esos alias.
En 2001, Fernández informó a los gobernantes de Ayacucho del hallazgo de tres fosas comunes con restos de pobladores asesinados por los militares. Pero nada ocurrió. En octubre encontró dos fosas más en Putis, pero las autoridades le han dicho que no cuentan con recursos para hacer la exhumación. “No entendemos cómo se pretende reparar o indemnizar si ni siquiera se han investigado las tumbas clandestinas. Nos piden certificado de defunción, pero allí están los huesos para que verifiquen”, dice con honda tristeza.
Los restos corresponden a 117 pobladores de nueve comunidades que en diciembre de 1984 escapaban del acoso de los senderistas y fueron conducidos por el ejército hasta Putis. Allí los militares les hicieron excavar zanjas para construir viviendas. Pero lo que cavaron eran tumbas: los campesinos fueron fusilados bajo cargo de pertenecer a Sendero.
“Nadie ha sacado partidas de defunción. En Putis mataron a familias completas: a los Condona Quispe, a los Centeno Chávez, a los Gamboa Ccente, a los Madueño Curoi, a los Condoray Huallasco. ¿Quién va a reclamar por ellos si todos están muertos?”, se pregunta Fernández.
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La socióloga Sofía Macher, ex integrante de la CVR y presidenta del flamante Consejo de Reparaciones, reconoció a IPS que la falta de certificados de defunción hará difícil la tarea de retribuir a las víctimas. Pero se excusa de dar mayor información porque el organismo se encuentra evaluando qué hacer al respecto.
Fernández lamentó que pese a ser una de las comunidades más golpeadas por la violencia política, no hayan recibido apoyo del Gobierno Regional de Ayacucho ni del Gobierno Central.
“En Putis hay muchas necesidades. Faltan postas médicas y escuelas. Queremos que las autoridades nos apoyen y reparen a los familiares de las víctimas”, agregó.
Fernández refirió que como consecuencia de la violencia política en Putis hay más 280 viudas, cada una con hijos que viven en “precarias condiciones y abrumados por el factor económico”.
6. TESTIMONIOS DE LOS SOBREVIVIENTES
La República halló a la única sobreviviente de la matanza de toda su familia, cometida en 1984 por una patrulla militar en las alturas de Putis.
Han pasado 28 años desde que toda la familia de "Florabel" fue ejecutada por efectivos militares en las alturas huantinas del centro poblado de Putis, sin embargo, ella recuerda cada detalle, cada grito, como si hubiera ocurrido ayer.
Tenía apenas 10 años y se salvó porque los militares la dieron por muerta y la dejaron junto a sus familiares en la quebrada de Ccenhuahuaycco, cuyos cuerpos fueron exhumados hace unos días.
La República la halló en la puerta del Ministerio Público de Huamanga, hasta donde llegó para indagar sobre la investigación que realiza la fiscal Cristina Olazábal Ochoa, para identificar a los asesinos de su familia y hacer justicia.
"Florabel" no quiere ser identificada, teme por su seguridad, pues es testigo clave, que podría ayudar a reconocer a los miembros del Ejército que participaron en la masacre, y que se presume habrían estado sirviendo en la base militar de Ayahuanco.
A pesar de todo el tiempo transcurrido aún no entiende por qué mataron a toda su familia, cuando trataba de huir de las constantes amenazas de Sendero Luminoso.
EL ÉXODO
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En quechua, "Florabel" relató que los comuneros se encontraban en medio de dos fuegos, por un lado Sendero luminoso y por otro las fuerzas armadas. Los subversivos convirtieron en zonas liberadas los pequeños pueblos y caseríos ubicados en las zonas altoandinas de Putis. Días antes de que ocurra la masacre, los senderistas incursionaron en su pueblo y les dijeron: Retírense. Si siguen aquí los mataremos por soplones y si los militares vienen igual los van a matar.
Entonces decidieron huir, llevando las pocas cosas que podían cargar. Pero a las 7 de la mañana del 10 de diciembre, 25 efectivos militares llegaron a Ccenhuahuaycco y sacaron de las casas a todos los comuneros, quienes descansaban para continuar con su travesía.
EMPEZÓ LA MATANZA
“Florabel” se encontraba junto a su madre, Felicitas Quispe Curo, y sus hermanos Crisanto, Serafina y Narciza.
Contó que los militares sacaron a los varones, mujeres y niños y los hicieron caminar hasta un desolado lugar, a donde llegaron a las 9 de la mañana. "Nos hicieron formar y nos dispararon con sus fusiles diciendo: ¡Ustedes son terrucos!".
“Era como un sueño. Nos vendaron con trapos y empezó la balacera. A mí me impactó la bala en el hombro derecho y caí al suelo. Quedé desmayada. Estaba como muerta junto a los cadáveres de mi madre y hermanas. Después de siete horas recobré el conocimiento y vi los cuerpos de mis seres queridos. Todos estaban muertos, tirados en el piso y en suelo, en medio de charcos de sangre”, rememoró.
“A pesar del miedo que sentía, caminé dos horas hasta llegar a Punkuraccay y conté a mi tío, Luciano Quispe, lo que había pasado: ¡Han matado a mi mamá y a mis hermanas! ¡Todos están muertos!”
Su tío, su vecino Gerardo Fernández y cuatro pobladores más acudieron de inmediato al lugar y encontraron los cadáveres. Al día siguiente, los seis comuneros cavaron dos fosas grandes y los enterraron.
Fernández es actualmente alcalde del centro poblado de Putis, y acompaña a "Florabel" en la búsqueda de justicia. Recordó que "los cadáveres tenían orificios de bala en la cabeza y abdomen. Unos estaban tirados al costado de una choza y otros adentro. Encontramos los cadáveres de tres chicas desnudas y violadas”.
Este caso se suma a la matanza de más de un centenar de pobladores cometida por efectivos militares en el mismo poblado de Putis el 5 de diciembre de 1984. Ambos casos están en el Ministerio Público en espera de justicia.
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Urge identificar a todas las víctimas de Ccenhuahuaycco
"Florabel pide que se identifique los cuerpos exhumados a inicios de julio en la zona, pues entre ellos estarían su madre, Felícitas Quispe Curo; sus hermanos Crisanto, Serafina y Narciza; Su abuelo, Pablo Quispe; su abuela, Mercedes Curo; y su tía, María Quispe Curo.
También estaban sus primas Lucía, Guillermina, Margarita y Marcelino Fernández Quispe; así como su cuñada Teodora Condoray Curo con sus hijitos Víctor y Santos Salinas Condoray.
También estaban sus vecinos Teodora Condoray Soto, Agustín Condoray Curo y su esposa Maximina Chávez Ccenta, con sus dos hijos. Además, de Alejandro Condoray Curo, Julián Calderón Curo, María Fernández Quispe y sus tres hijos.
Marina Quispe conforme a un medio de comunicación escrita recuerda:
“Los militares nos buscaban y por eso nos escapábamos al monte en las noches”. “Mi hija Rita vino a Putis y la mataron. Era mi única hija. Luego se llevaron los animales y nos quedamos sin casa, sin nada. Mi esposo fue muerto después por la guerrilla. De mi casa lo sacaron los subversivos a las cinco de la tarde y lo mataron en el campo”.
Sobrecogedor relato de un efectivo militar testigo de la matanza
Lo vi con mis propios ojos
Un soldado de la base militar de Putis, en servicio activo cuando se produjo la matanza de setiembre de 1984, prestó a La República el siguiente testimonio. A su solicitud nos reservamos su identidad. A continuación su versión textual:
No hay persona que haya visto con sus propios ojos como yo. Hubo un llamado de pacificación, vengan, no va a pasar nada, por eso estamos acá. Se recogió a la gente de todos los cerros. Ellos han venido con todas sus cosas a Putis para formar un centro poblado, porque pensaban que iban a estar más tranquilos al lado de la base.
Cada uno tenía ganado de 60, 70, 80 cabezas. Entonces, los jefes militares, mayores, comandantes, vieron por conveniente vender 40 toros, 50 toros de los inocentes y obtener regular dinero.
Tenían siete clases de animales para comercializar: ovejas, vacunos, caballos, mulas, chanchos, llamas y alpacas.
Había gente conocida de Marccaraccay que trabajaba con la base militar y que dijeron por qué no matamos a esa gente y declaramos que son terrucos. Todos esos animales los venderíamos y tendríamos plata. Había unos cinco de Marccaraccay, pero la verdad
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yo no los conozco por sus nombres. Ellos a cada rato venían a la base trayendo el ganado que encontraban por acá, por allá.
Cuando íbamos de patrulla encontrábamos un montón de ganado, ese ganado lo traíamos a Putis. La gente de Marccaraccay se llevaba todo ese ganado. Vieron por conveniente matar a esa gente inocente y quitarle su ganado y venderlo con la gente de Marccaraccay.
Los trajeron por la mañana y los pusieron en ese caserón. Los engañaron, les dijeron vamos a hacer una piscigranja. Acá vamos a hacer un cuadrado de tanto por tantos metros. Fueron más de tres horas. Todos los varones hicieron su propia fosa, ellos mismos. Tiene una profundidad de cerca de dos metros.
Los comenzaron a matar de seis en seis. Una parte de los efectivos estaba más a menos a cuarenta metros, vigilando por donde podrían escapar. El corralón donde los reunieron era el centro educativo. No pretendieron escapar porque estaban acorralados.
Eran 99, pero al final sólo enterraron a 98. Una criatura se metió en un hueco de la construcción, no lo vieron y lo encontraron después de haber cerrado totalmente la fosa. El jefe dijo no, ya no, ya no quiero matar más. Fue un varón de la familia Calderón. Lo llevaron a Marccaraccay, su madre lo reconoció y se lo devolvieron.
Habla Gerardo Fernández Mendoza (43), el comunero de Cayramayo que localizó la fosa mayor de Putis en diciembre del 98.
-Sobre esta fosa concreta, ¿qué sabes? ¿Quién la hizo: los militares o los propios comuneros?
-Los propios comuneros. Desde las seis hasta las 10 de la mañana.
-¿Hicieron hoyos individuales o un gran hoyo grande?
-Un gran hoyo.
-¿De qué profundidad?
-No sé.
-¿Cuántas personas crees que están enterradas?
-Hablaban de tres fosas.
-¿Cuándo encontraron esta fosa (mayor)?
-El 98, en diciembre.
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-Antes de enterrar a las víctimas, ¿qué hicieron con ellas según los testigos?
-Las torturaron. Uno por uno les metieron bala. A las señoritas se las llevaban a cada una y las violaban.
-¿En esta fosa habría personas solamente de la comunidad de Putis?
-De la comunidad Putis como treinta personas. De Vizcatanpata como cuarenta, de Cayramayo como treinta, de Rumichaca como diez tantos, de Rudio como veinte. Todos pertenecían a la comunidad de Putis, todos estaban buscando tranquilidad.
-¿Las comunidades guardan listas de sus víctimas?
-Cada comunidad tiene sus sobrevivientes. Ellos sabían la relación, pero de los niños ya nos estamos olvidando. De los mayores sí se sabe.
-¿Conoces alguien que logró escapar y observó la matanza?
-Maura Fernández, vive en San Gerardo, antes vivía en Huanta. También mi prima Heli Condoray Huallasco.
-¿Ellos cómo se salvaron?
-En ese rato volvían de Marccaraccay.
-¿Recuerdas los nombres de algunos sobrevivientes?
-Aquí tiene a este comunero. De él ha muerto toda su familia, con dos nomás se ha quedado.
-¿Cómo se llama él?
-Leoncio Condoray Huallasca (ver lista).
Publicado en el diario La República, Lima 27 de noviembre del 2001
7. CONSECUENCIAS
De las más de 10.000 víctimas civiles de Ayacucho, una mayoría de 22 por ciento vivían en Huanta de la que es parte Santillana, un archipiélago de comunidades indígenas situadas entre los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sólo en este distrito la CVR estimó que los actores armados mataron a más de 1.000 pobladores.
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A cualquiera que se pregunte en San José de Secce, capital de Santillana, tiene un familiar muerto en el conflicto. Pero sólo están consignados dos certificados de defunción durante la guerra interna según César Méndez.
En el distrito de Santillana, parte de la provincia de Huanta en la sureña región de Ayacucho, donde Sendero Luminoso inició su insurrección, la gente todavía vive en estado de angustia. Santillana estuvo a punto de desaparecer del mapa por los ataques de la guerrilla y la represión del ejército y las paramilitares autodefensas. Los que sobrevivieron temen que el Estado los margine del Plan Integral de Reparaciones, un programa de retribución e indemnización para quienes sufren las consecuencias del conflicto.
Las comunidades andinas de Santillana tampoco han mejorado sus condiciones de vida. Siguen tan pobres y excluidas como en 1980, cuando Sendero comenzó la guerra.
En noviembre del 2001 unas ocho de retornaron a Putis. Hacia el año 2002 diez familias vivían en Putis.
Fernández refirió que como consecuencia de la violencia política en Putis hay más 280 viudas, cada una con hijos que viven en “precarias condiciones y abrumados por el factor económico”.
8. JUDICIALIZACION DEL CASO PUTIS
La matanza de empezó a ser investigada judicialmente, tras haber admitido el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima la denuncia formulada por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho contra Wilfredo Morí Orzo, Juan Briones Dávila, Carlos Celso Soto Mesinas y Luis Oscar Grados Bailetti, por homicidio agravado, en uno de los crímenes más bárbaros registrados durante el conflicto armado interno en nuestro país.
Para el Juez Penal, existen “ … muy graves y fundados elementos de convicción que sustentan con alto grado de verosimilitud la comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud”, lo cual se concluye luego de evaluar toda la evidencia que obra en la investigación fiscal como testimonios de los familiares de las víctimas, de los propios militares, de los comuneros que participaron como guías militares, de las autoridades comunales de esa fecha, los informes periciales de la exhumación de los restos de las víctimas, entre otras.
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Señala, igualmente, el magistrado, que “… existen fuertes elementos de convicción que vinculan a los imputados con los cargos jerárquicos militares en la zona y tiempo de la masacre de Putis...”, esto debido a que el Gral. Morí Orzo en su condición de Jefe Político Militar de la jurisdicción militar de Ayacucho era quien formulaba los planes y operaciones teniendo como base la información brindada por el Oficial de Inteligencia G-2, en este caso Carlos Celso Soto Mesinas; en tanto Juan Briones Dávila como Jefe del Estado Mayor Administrativo-JEMA era quien supervisaba la situación administrativa de las operaciones y el entrenamiento de las unidades contrasubversivas y tenía bajo su mando al oficial de Logística G-$ quien equipaba a las patrullas; por otro lado, Luis Oscar Grados Bailetti como jefe de operaciones G-3 comandaba la compañía “Los Linces”, que era un equipo especializado para apoyo a operativos militares; todos ellos al mando de Mori Orzo.
8.1. Jurisprudencia Internacional
Tomando en cuenta la jurisprudencia que se ha venido desarrollando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: casos Barrios Altos y Cantuta, el Estatuto de Roma, La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de Lesa Humanidad, y el Tribunal Constitucional, el Juez Penal expresa que: “… por su especial naturaleza deben ser considerados como delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.”
Para el Dr. Milton Campos, abogado de Paz y Esperanza, institución que patrocina a los familiares de las víctimas, “la judicialización del caso Putis aviva la confianza en los familiares de las más de cien víctimas de esta masacre, quienes esperan que las autoridades judiciales reconozcan su derecho a la justicia y a la verdad, investigando minuciosamente este acto de barbarie, y sancionando ejemplarmente a los responsables.”
Con la apertura del proceso penal a los denunciados, el órgano jurisdiccional les ha impuesto restricciones tales como su concurrencia al Juzgado cada 30 días, impedimento de variar su domicilio sin autorización del juzgado, e impedimento de salir del país. Asimismo, ha dispuesto la realización de las declaraciones de todos los involucrados, testigos, peritos y otras diligencias durante el mes de septiembre.
Testigo clave en el caso Putis
Nolberto Lamilla, director de la Asociación Paz y Esperanza de Ayacucho, reveló el 22 de agosto de 2008 la existencia de un testigo ocular de la
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matanza de Putis que ha declarado ante la 2da Fiscalía Supraprovincial de esa región que puede identificar a los oficiales del Ejército que dirigieron esa matanza.
Vio cómo se produjeron los asesinatos y se borraron huellas.
Nolberto Lamilla reveló que un testigo ocular declaró ante la 2da Fiscalía Supraprovincial de esa región que puede identificar a los oficiales del Ejército que dirigieron esa matanza, el 13 de diciembre de 1984 en la provincia de Huanta.
"Este testigo ha expresado ante la fiscalía que ese día, desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, los militares fueron matando a las personas en grupos de seis, en medio de gritos y llantos desgarradores de la población que estuvo reunida y acordonada por el Ejército peruano", manifestó Lamilla. La identidad del testigo está en reserva, para evitar que sea silenciado.
El testigo refirió que los militares regresaron al día siguiente a Putis para intentar borrar las huellas de su crimen, circunstancia en la que los vio que retiraban los cuerpos de seis niños.
9. EL ENTIERRO
Esta actividad estuvo respaldadas por un Acuerdo de Consejo Regional que declaró Duelo Regional Laborable, el 27 de agosto en conmemoración a las 92 víctimas exhumadas de la Comunidad de Putis, distrito de Santillana, provincia de Huanta.
También se dispuso el izamiento del pabellón nacional a media asta en todas las instituciones públicas en memoria de todas las víctimas de la violencia política del departamento de Ayacucho.
La congresista Elizabeth León que preside la Comisión de Pueblos Indígenas, tuvo que ir personalmente a la gobernación para requerir el Pabellón Nacional, que el gobernador rehusaba entregar.
El gobernador de Ayacucho Eduardo Morales pretendió interrumpir la romería y el velorio de los restos de comuneros asesinados, en la localidad de Putis.
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Eduardo Morales puso como condición que la congresista firme un acta para dejar en claro que la bandera iba a ser izada en contra de su voluntad.
Luego del incidente, los féretros fueron cargados en hombros por representantes de instituciones públicas y estudiantes, que espontáneamente dieron el pésame a los familiares de las víctimas de la masacre.
El cortejo fúnebre ocupó dos cuadras del jirón 9 de Diciembre y en él participaron importantes autoridades regionales y locales como el alcalde provincial, consejeros
regionales, representantes de la Defensoría del Pueblo entre otros.
Mientras tanto en Lima, la congresista ayacuchana Juana Huancahuari presentó una queja en el pleno del Congreso para que el Parlamento solicite al Ministro del Interior informe por qué el gobernador Eduardo Morales desairó a los deudos y a las personas que querían rendir homenaje a las víctimas.
Increíblemente, los Congresistas se enfrascaron en un ardoroso debate donde exhibieron sus contradicciones sobre los desaparecidos de Putis, sus autores y las causas que originaron la violencia en el país.
10. RESUMEN
Acontecimientos
Presencia de Sendero Luminoso
Según el informe preparado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a principios de los años 80, los campesinos eran acosados constantemente por el grupo armado obligándolos a apoyar su lucha.
En 1983, Sendero Luminoso asesinó al teniente gobernador de Putis, Santos Quispe Saavedra, y llevaron a cabo actos similares de violencia en las localidades cercanas; como resultado, los pobladores de Putis se vieron forzados a buscar refugio en las montañas.
Presencia del Ejército Peruano
Al conocer la acción senderista, en noviembre de 1984 se instaló una base militar en Putis, con la finalidad de realizar operativos de ubicación y captura de los sediciosos.
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Como parte de su estrategia, los militares convocaron a la población, que se había retirado en las alturas, y se les convenció a que regresaran a Putis a cambio de protección y seguridad. Sin tener otra salida, los campesinos de las comunidades de Putis, Cayramayo, Rumichaca, Rodio, Pampahuasi, Vizcatán Pata, Sayhuallamniyocc y Sinhuamachayniyocc aceptaron la propuesta. Una vez en el campamento, los comuneros fueron reunidos por los militares y obligados a abrir un enorme hueco en el suelo con la finalidad de hacer una “piscigranja” que supuestamente serviría a la comunidad. Luego, sin más razones fueron asesinados, el 13 de diciembre de 1984, por simples sospechas sobre la posibilidad de que fueran colaboradores de Sendereo Luminoso, siendo acribillados por los Agentes del orden.
Responsables directos
De acuerdo con los relatos de sobrevivientes de la zona se sabe que los oficiales que dirigieron el operativo responden a los apelativos de “capitán Baretta”, “comandante “Óscar” y “teniente Lalo”. El jefe político-militar de la zona de Ayacucho era por entonces el general Wilfredo Mori Orzo.
La denuncia está formulada por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho contra Wilfredo Morí Orzo, Juan Briones Dávila, Carlos Celso Soto Mesinas y Luis Oscar Grados Bailetti, por homicidio agravado, en uno de los crímenes más bárbaros registrados durante el conflicto armado interno en nuestro país.
Personas afectadas
Campesinos y familiares pertenecientes a las comunidades de Putis, Cayramayo, Rumichaca, Rodio, Pampahuasi, Vizcatán Pata, Sayhuallamniyocc y Sinhuamachayniyocc.
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CONCLUSIONES
La matanza de Putis ocurrida hace casi 28 años, es uno de los sucesos considerados más crueles cometidos por agentes del propio estado durante las dos últimas décadas.
La presencia del PCP-SL en la zona se volvió constante debido el corredor natural donde se conectaban la selva ayacuchana, el Valle del Río Apurímac y el departamento de Junín.
El asesinato de los pobladores de Putis se pudo deber a 2 razones principales: eran sospechosos de apoyar e integrar los grupos subversivos y para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado de los campesinos.
El poblado de Putis se vio ensangrentado por la contienda las fuerzas del orden y las subversivas, ambas lo presionaron durante años con violencia hasta mermar casi por completo con el lugar y comunidades aledañas.
El hecho de que ejército peruano se rehúse a dar una explicación sobre el caso, aduciendo de que toda la documentación relacionada fue quemada e informando al Ministerio Público que en sus archivos no existía ninguna relación de personal de oficiales, técnicos, sub oficiales y tropa que hubieren prestaron servicio en la Base Militar dificulta la investigación, hace que la responsabilidad y la pena recaigan en las autoridades de mayor rango implicados: Wilfredo Morí Orzo, Juan Briones Dávila, Carlos Celso Soto Mesinas y Luis Oscar Grados Bailetti. Más no en los asesinos directos (miembros de la base militar que se estableció en Putis)
Los miembros del Ejército habrían acusado a los pobladores de Putis de apoyar a Sendero Luminoso; sin embargo, la mitad de las víctimas eran menores de edad, Además, se acusa a los militares de la violación de adolescentes, e incluso, mujeres gestantes.
Lo que sucedió en Putis y en otras zonas de Ayacucho no está libre de verse como un acto de exterminio con rasgos racistas. Los restos encontrados en Putis muestran huellas de torturas, los campesinos tienen los cráneos perforados, lo que confirman que fueron asesinadas a sangre fría, o están despedazados, lo que indica la posibilidad de que algunas hayan sido víctimas de explosiones.
Las víctimas y deudos de Putis continúan sin encontrar justicia y sus asesinos siguen gozando de la impunidad debido a un aletargado Poder Judicial, todo a puertas de cumplirse 28 años de la masacre de Putis.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Páginas Web http://www.noticiasser.pe/27/08/2012/ayacucho/despues-de-27-anos-se-
judicializa-caso-putis http://es.wikipedia.org/wiki/Putis http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/
2.14.%20putis.pdf http://www.diariolaprimeraperu.com/online/especial/putis-el-rincon-de-los-
muertos_118200.html ttp://www.diariolavozdehuamanga.com/ http://www.noticiasser.pe/29/09/2010/retablo/entrevista-gerardo-fernandez-
alcalde-de-putis-ayacucho http://www.larepublica.pe/23-08-2008/aparece-testigo-clave-en-caso-putis Documentos:
Caso Putis: un análisis a los ocho años de la entrega de los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) por Henry J. Mercado Salazar.Videos:
Reportaje de Cuarto Poder sobre matanza del Ejército en 1984. - https://www.youtube.com/watch?v=gLaBr_wg-zQ - https://www.youtube.com/watch?v=vOPnpRCDqnc
Reportaje sobre la masacre de Putis en el programa periodístico "El Perro del Hortelano"- https://www.youtube.com/watch?v=8bu2cDVDgWA
Documental “El entierro” narra la peregrinación de un grupo de familiares de más de 120 personas asesinadas por el Ejercito Peruano, con el fin de enterrar a sus seres queridos cuyos cuerpos han recobrado después de veinticinco años. La cinta nos invita a reflexionar sobre la historia última de nuestra república y nuestro sentido de nación. - https://www.youtube.com/watch?v=R7ZSDFiOQtY
Video de decenas de familiares de las víctimas de la matanza ocurrida en la localidad de Putis, Ayacucho, velaron los restos de 92 comuneros en una emotiva ceremonia celebrada el jueves en la ciudad de Huamanga. - https://www.youtube.com/watch?v=5EZDmpbigB0
Videos de la exhumación de las fosas de Putis (EPAF)https://www.youtube.com/watch?v=1NtNhdUw2AMhttps://www.youtube.com/watch?v=MWrlOm-c22o
Parte del documental "If I Don't Come Back, Look for Me in Putis" donde habla Gerardo Fernándezwww.youtube.com/watch?v=GsUyDCGLrpo
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