chiquimula 2013-2018
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CHIQUIMULA
2013-2018
Anuarios Prensa Comunitaria
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Contenido
Asesinan a luchador social que dedicó su vida a defender la vida ..... 3
Autoridades maya ch´orti´ expresan preocupación por la muerte de
uno de ellos ........................................................................................ 8
Antimonio: el veneno de la comunidad Ch’ortí ............................... 10
Otra agresión contra la periodista Norma Sancir ............................. 14
Atentan contra coordinador de la Asociación Nuevo Día en
Chiquimula ........................................................................................ 14
Pobladores de Carboneras se organizan contra minera ecocida ..... 16
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Asesinan a luchador social que dedicó su vida a
defender la vida
9 Marzo 2013
Por: Redacción Prensa Comunitaria
Nuevamente la sociedad organizada, las comunidades que luchan, están conmocionadas
e indignadas, pues pareciera que defender la vida, el agua y el territorio significa perder la
propia vida. ¿A quiénes les interesa que luchadores sociales dejen de existir? ¿A quiénes
les interesa disminuir y callar las voces de quienes denuncian que el saqueo y robo del
agua, la tierra, los minerales afectan la vida de todos y todas?
Organizaciones sociales locales y nacionales denunciaron en conferencia de Prensa en
Chiquimula el asesinato del luchador social y sindicalista Carlos Hernández Mendoza y
exigieron a las autoridades su esclarecimiento inmediato. El hecho ocurrió este ocho de
marzo a las 8:30 de la mañana, en El Florido -Camotán- en el km 210, cuando se dirigía
hacia Chiquimula. Desde hace un año según denuncian familiares se encontraba
amenazado[1].
Quién era Carlos Hernández Mendoza
Carlos Hernández Mendoza fue dirigente del sindicato de salud, trabajó en el Centro de
Salud de Camotán siendo encargado de las actividades de Cultura y Deportes por el
departamento de Chiquimula. También fue parte de la Asociación Campesina
Camoteca, miembro de la Comisión Política y de la Coordinadora de Organizaciones
Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPIISCO) e
integrante del Frente Nacional de Lucha.
“Reconocido líder comunitario en Camotán, defensor de los derechos del pueblo Ch´orti´,
luchó incansablemente por la defensa de los bienes naturales y de el territorio, en contra
de las industrias extractivas, hidroeléctricas y mineras en la región oriente defendiendo el
derecho a una vida digna y la salud de las comunidades.”[2] “Su único delito fue luchar por
la justicia social por darle un gran amor al prójimo.”
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Amenazas en el territorio Ch´orti´
Esta región en la que habitan los pueblos Ch´orti´s -principalmente en los municipios de
Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, Olopa en Chiquimula y la Unión en Zacapa-, ha vivido
en medio de alarma en los últimos años, debido a que forma parte de lo que el gobierno y
organismos internacionales han denominado Corredor Seco, porque los problemas que ha
enfrentado su población como consecuencia de la sequía son innumerables. También ha
sido evidente el impacto de los problemas históricos de saqueo y despojo, que
han traído consigo niveles de pobreza que, sumada a la sequía, han llevado desnutrición
crónica y aguda dejando muerte y enfermedades.
Ahora resulta que sumado a esta situación, los gobiernos abren las puertas a la inversión
extranjera lo cual evidencia no solo una gran irresponsabilidad histórica y política pues
muestra el desinterés por resolver los problemas del país, sino que además solo
beneficiarán a las empresas a costa de la vida de la población.
En esta región existen planes de construcción de tres plantas hidroeléctricas: El Puente y
El Orégano en Jocotán y el proyecto Caparjá en Camotán. Todo esto forma parte del
Sistema de Interconexión eléctrica para los países de América Central -SIEPAC- y el
Corredor Tecnológico, que afectará a varios municipios y por su puesto a la población [3].
Uno de los problemas importantes a señalar es que, como ocurre en todo el país, la
población no ha sido informada por las autoridades ni ha sido consultada sobre estos
proyectos que evidentemente les afectarán.
El proyecto de construcción de la Hidroeléctrica El Orégano es desarrollado por la
empresa Desarrollo de Generación Eléctrica y Recursos Naturales Las Tres Niñas, que a
su vez forma parte de American Trans Group. Eststará ubicado entre Zacapa y Chiquimula,
en Jocotán en particular, afectando a las comunidades Las Flores, Guareruche, Orégano,
Tierra Blanca, Morrito, Santa Bárbara y Guaraquiche. Esta empresa instalará otro de sus
proyectos en Camotán.[4]
Coincidentemente el día que asesinan a Carlos Hernández se iba a realizar una consulta
comunitaria en la aldea Las Flores. Era muy especial, pues servía para que el Registro
de Información Catastral - RIC- aceptara que la población sea declarada como comunidad
indígena. Eso permite el ejercicio de su derecho histórico sobre su territorio y que sea
realice una medición colectiva de las tierras, entrando en disputa con los intereses de dicha
empresa. En esta consulta se haría en presencia de personas del RIC y del Concejo
Municipal y se levantaría un acta. La actividad no se llevó a cabo pues sólo asistieron
miembros del Concejo más no el RIC.
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Otro caso de criminalización de la lucha
Las organizaciones sociales del área Ch´orti´, sindicatos de salud y otras organizaciones,
hacen un llamado de emergencia a la comunidad nacional e internacional. También lo
hacen los pueblos a lo largo y ancho del país, ante la amenaza de un nuevo despojo y el
uso de la violencia indiscriminada en contra de quienes defienden con legitimidad sus
derechos a vivir en estas tierras y a proteger la naturaleza y la vida.
Una de las estrategias que están usando tanto las empresas como el gobierno es la
criminalización de la lucha, que va desde la estigmatización, la persecución penal, el
encarcelamiento, llegando al asesinato, tal y como ocurrió hoy con Carlos Hernández
Mendoza. Dirigentes sindicales en conferencia de prensa denunciaron que “hay una
estrategia en contra del movimiento popular que va desde coartar o comprar y sino asesinar
a los dirigentes[5]”
“El asesinato de Carlos Hernández es una amenaza a la sociedad guatemalteca porque
están asesinando a defensores de derechos humanos, aquellas personas que hablan por
las mayorías que no se atreven o tienen miedo a hablar” Fue criminalizado, encarcelado y
judicializado, tal como lo denuncian sus compañeros: "es algo que no se puede obviar",
pues era muy activo en su actividad como luchador social.
“Este crimen es el resultado de la campaña de estigmatización, criminalización y
judicialización de las luchas sociales en favor de los derechos del pueblo en Guatemala.
Esta campaña negra que pretende deslegitimar la protesta social contra el hambre, el
desempleo, la destrucción de los bosques, el robo de los ríos, el despojo de tierras
comunales y el saqueo de los bienes naturales que sustentan la vida de nuestros
pueblos".[6]
Y es que en Guatemala con mucha facilidad se acusa de terrorismo a cualquier persona
que defiende sus derechos más elementales. Las empresas, a través de sus operadores o
representantes, pueden acusar con lujo de impunidad a cualquier persona, e
inmediatamente las fuerzas de seguridad del Estado y sistema de justicia se prestan para
garantizar la inversión de capitales para el despojo y el saqueo al perseguir y encarcelarles.
En este mecanismo perverso, que lamentablemente se hace cada vez más común, los
medios de comunicación corporativos juegan un papel clave, pues reproducen este
discurso y van creando condiciones subjetivas en la población para justificar este tipo de
actividades injustas y muchas veces ilegales. Este discurso culpabilizador queda claro en
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las declaraciones que diera Adolfo Vásquez, gerente de la mancomunidad Copán-
Chortí acusando a los líderes sociales diciendo que “manipularon a los campesinos de
varias comunidades, asegurándoles que el alcalde de Jocotán se había fugado a los
Estados Unidos con el dinero de la venta de la tierra tras emborrachar a los participantes
en una manifestación.” [7]
Algunos hechos
El 30 de marzo del 2010 hubo una concentración pública en que la población de esta región
manifestó su oposición a los proyectos de interconexión eléctrica.
El 12 de octubre del 2010 hubo una concentración masiva, a la vez hubo una serie de hechos que
concluyeron en la quema de la Municipalidad de Jocotán. Los medios de comunicación corporativos
nacionales señalaron de estos hechos a Carlos Hernández, Omar Jerónimo e incluso a la iglesia
católica; mientras Saul Oswaldo Rodríguez, el Síndico de Jocotán, les acusó de “mal informar a la a
la población sobre el corredor tecnológico, lo cual fue utilizado para incitar a los pobladores a
quemar la municipalidad y otros edificios". [8].”
Carlos Hernández Mendoza había recibido desde entonces constantes amenazas, vigilancia e
intimidaciones incluso de grupos armados, lo cual motivó el acompañamiento internacional de
instancias de derechos humanos como Brigadas de Paz.
El 13 de octubre se emitieron órdenes de captura en contra de Carlos Hernández y Santos Vásquez.
Los medios de comunicación les habían señalado por los hechos ocurridos el día anterior y se le
acusó de haber quemado la municipalidad de Jocotán. Sin embargo miembros de la Asociación
Campesina Camoteca denuncian que fue encarcelado por haber participado en una manifestación
que había ocurrido meses antes.
El 15 de noviembre de 2010 fueron detenidos Carlos Hernández junto a Santos Vásquez, acusados
de actividad en contra de la seguridad interior de la nación, reuniones y manifestaciones ilícitas.
El 16 de noviembre de 2010 fueron liberados. El juez los ligó a proceso, fijó una fianza y arresto
domiciliario, teniendo que presentarse al juzgado cada 15 días y les prohibió "promover o participar
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en actividades ilícitas." Esto muestra cómo el enjuiciamiento es una estrategia de criminalización
que pretende frenar las luchas sociales legítimas.
Abril de 2011 se otorgó la licencia para la instalación a la empresa Las Tres Niñas S.A.
2011 El Frente Nacional de Lucha puso un recurso de exhibición personal para Carlos Hernández,
sin embargo las autoridades nunca constataron ni investigaron nada al respecto.
La población Ch´orti´, organizaciones sociales y sindicales y los pueblos en general en
Guatemala, exigen a gritos que cese la persecución y la criminalización de las luchas
sociales y que se respete la vida y el territorio, pues estamos viviendo momentos difíciles
en donde parece que por encima de la vida están los intereses económicos. Estamos ante
un nuevo despojo y una ola de violencia que es preciso detener.
Escuche el audio de la Conferencia de Prensa realizada en el
departamento de Chiquimula, Guatemala en relación al asesinato de
Carlos Hernández, líder campesino, indígena y sindical de la región:
“Al pueblo Chortí le hacemos un llamado para fortalecer la unidad para la defensa
del territorio frente a las grandes amenazas de hidroeléctricas y minería para
salvaguardar la vida, los bienes naturales y la cultura, para no olvidar el trabajo
realizado por el compañero Carlos Hernández que dio su vida por el bien del
pueblo.” Omar Jerónimo dirigente campesino e indígena.
Escucha el audio de las declaraciones de Omar Jerónimo dirigente
campesina e indígena:
Declaraciones de Luis Lara del FNL sobre el asesinato de Carlos
Hernandez:
http://www.prensacomunitaria.org/wp-admin/post.php?post=242&action=edit
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Autoridades maya ch´orti´ expresan
preocupación por la muerte de uno de ellos
Fotografía: Norma Sancir
La Central de Organizaciones
Indígenas Ch òrti ` Nuevo Día y
las 72 Comunidades Indígenas
Ch`orti ` y sus Autoridades
Ancestrales.
Expresan su profunda Preocupación
por la muerte inesperada del
Principal de la Comunidad Indígena
de La Prensa Olopa, Chiquimula.
El día 20 de noviembre a las 11.30
de la noche la esposa del principal de la Autoridad Indígena de la Comunidad la Prensa lo
encontró muerto en su habitación, colgado con un soga al cuello.
El principal había dejado de ver televisión a esa hora y pidió a su esposa cocinara para cenar,
en el trascurso de los 30 minutos que su esposa estaba en la cocina al regresar a la habitación,
ella encontró la puerta cerrada, la cual logro abrir y quiso prestarle auxilio, pidiendo también
a los vecinos que lo auxiliaran.
Esa tarde Elizandro Pérez, Principal de la comunidad de la Prensa, había salido a visitar a su
papá y fue informado que personas lo estaban esperando con armas en el camino y pretendían
darle muerte. En el trascurso de la noche se pudo ver a personas desconocidas rondar la zona
por la cual está ubicada su vivienda.
Elizandro es uno de los defensores de Derechos Humanos que había emprendido una lucha
por dos años para lograr el cierre del proyecto minero “El Manantial”, Propiedad de la
Empresa ENCAMIN S.A. Un conglomerado de al menos 7 empresas que se dedican a
diferentes actividades económicas y que explotan en Olopa una mina de Antimonio sin tomar
ninguna medida de protección ambiental y de manera inconsulta y en tierras municipales.
Por esta defensa de su comunidad, su territorio y medio ambiente, Elizandro había sido
amenazado de muerte varias veces de manera directa y muchas ocasiones vía telefónica. En
las últimas dos semanas antes de la muerte de Elizandro, las comunidades habían logrado
que diputados del congreso de la república citaran al Ministro de Energía y Minas y Ministro
de Medio Ambiente, logrado que visitaran las instalaciones mineras para verificar la forma
ilegal de las operaciones de esta.
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Trabajadores de la empresa intensificaron las amenazadas de muerte y difamaciones en
contra de al menos 11 principales de 11 comunidades indígenas de Olopa y en especial en
contra de Elizandro, a tal punto que en los últimos dos días antes de su fallecimiento las
llamadas eran constantes, con amenazas de muerte, además rumores y difamaciones se
escuchaban cada momento siendo diseminados por diferentes trabajadores del proyecto
Minero “El Manantial”.
Esa tarde aunado a la persecución que fue sometido Elizandro se pudo observar que el
proyecto Minero lejos de esperar el informe de los ministerios para saber si podían seguir
operando, introdujeron mas maquinaria, incluso acompañados por una radio patrulla de la
policía Nacional Civil.
El día del deceso de Elizandro, por la madrugada se informó al Ministerio Publico y a la
policía Nacional civil, las cuales tardaron en llegar para reconocer el cuerpo y recolectar
pruebas, se solicitó que trasladaran el cuerpo a la morgue para que hicieran la necropsia
medica y estas autoridades se negaron aduciendo que no lo harían porque las personas de la
comunidad se oponían y que habían cientos de comunitarios y tenían miedo que los
retuvieran, lo cual los comunitarios informaron que era falso ya que por cuestiones de
seguridad solo habían algunos vecinos y familiares en la casa de Elizandro lo cual no eran
mas de 20 personas.
Hasta como las 16 horas una radio patrulla traslado el cuerpo al INACIF de Chiquimula, lo
cual pueda hacer que se pierdan algunas pruebas subtanciales para aclarar la forma de la
muerte de Elizandro.
En los últimos dos años todo el territorio Chorti` de los municipios de Jocotan, San Juan
Ermita, Camotan, Olopa y la Unión Zacapa han sido constantemente amenazados y
hostigados por empresas extractivas, actores y gobiernos locales por defender su tierra y
medio ambiente.
En este sentido, pedimos al Ministerio Publico que de manera inmediata aclare la muerte del
Principal de la Comunidad Indígena de la Prensa Elizandro Pérez, y pueda dar con las
personas que constantemente lo perseguían y amenazaban de muerte.
Al ministerio de Ambiente que de forma inmediata emita el informe de resultado de la
evaluación ambiental hecha al proyecto Minero “Canteras el Manatial”.
Al Ministerio de Energías y Minas que de forma inmediata proceda al cierra de dicho
proyecto minero por no cumplir con lo establecido en las normas vigentes de exploración y
explotación Minera y por no contar con la licencia social, ya que este proyecto Minero no
fue consultado a las comunidades Indígenas Ch’ orti’.
Y a la municipalidad de Olopa que proceda a la reclamación de la propiedad municipal en la
cual opera de manera ilegal dicho proyecto Minero.
Ixmulew, Waqib` Kej 5134, 6 Aj. Guatemala, 03 de diciembre, 2018
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Antimonio: el veneno de la comunidad Ch’ortí
Fotografía: Incamin S.A
Por Stef Arreaga
09 de noviembre de 2018
Autoridades ancestrales, el Consejo
Indígena Ch’ortí, la Central de
organizaciones Indígenas Ch’ortí y la
municipalidad de Olopa, Chiqimula,
solicitaron la cancelación de la
licencia de una minera que contamina
sus territorios.
La empresa y las denuncias
INCAMIN, SA, es una empresa creada en el 2013, que explota sulfato de bario en Rabinal,
sulfato de bario en Baja Verapaz, piedra caliza en Palencia y antimonio en Olopa y
Esquipulas, en el departamento de Chiquimula. La minera ostenta un terreno privado de
aproximadamente de 2 kilómetros cuadrados, denominado “Cantera los Manantiales”, en
donde se encuentran reservas de antimonio de hasta 300 mil TM (toneladas métricas). Esta
empresa se presenta como un proyecto multidisciplinario, con expertos en exploración y
explotación minera, comprometidos a la preservación del medio ambiente. Sin embargo, hay
datos de poblaciones enteras con problemas de salud a consecuencia de este proyecto minero,
dada la contaminación de ríos y bosques.
Las actividades de esta empresa afectan específicamente a las comunidades La Prensa,
Amatillo, Carrizal, Laguna de Cayur, El Cerrón, Paternito, La Cumbre, Piedra de Amolar,
Tuticopote y Tituque. Los pobladores de estas comunidades aseguran que esta empresa no
cumple con los requisitos estipulados por la legislación guatemalteca y los convenios
internacionales, desarrollando así una sistemática violación a los derechos de los pueblos
originarios.
Las comunidades aseguran que desde que esta empresa se encuentra en Olopa, ha habido un
clima de violencia que rompe la armonía y la unidad de los comunitarios. La no aceptación
del proyecto minero en las comunidades es general y ha sido rechazada en asambleas
comunitarias con un rotundo NO.
Antimonio y los efectos en la salud
El antimonio (Sb), es elemento químico número 51. Elemento semimetálico que actualmente
se utiliza como retardante de llamas; aumenta la dureza del plomo, se usa en la fabricación
de micro chips para tecnología digital y dispositivos electrónicos. La extracción del mismo
puede ser tan contaminante como la extracción de oro y plata.
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El consejo comunitario de la Aldea Carboneras en Chiquimula, solicitó en el mes de octubre
a la jefatura del área de salud de Chiquimula, que realice un estudio in situ de las condiciones
de la población en relación a los contaminantes que deja a su paso esta empresa
extractiva. Muestran gran preocupación, pues se han percatado que el agua de Río Jupilingo
que abastece a la comunidad, está severamente contaminada. Esta agua, durante su trayecto
natural, llega hasta el Río Grande Zacapa. Es decir que contamina un gran número de
comunidades, plantaciones, animales y a miles de personas.
Documento de petición del Consejo Comunitario
Aldea Carboneras, Esquipulas. Fotografía :
Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día[/caption]
Algunos de los líderes comunitarios con quienes
pudimos conversar, nos comentaron que los árboles
frutales están sin hojas y los más pequeños se han
secado: “las gallinitas, cerdos y vacas para comercio y
sustento comunitario, están enfermos y con problemas
para reproducirse. Ya no es como antes, pero el
principal problema es la piel de todos, sobre todo de los
niños. El agua que usamos para bañarnos o para tomar,
está tan contaminada, por más que se ponga al fuego,
provoca ronchas y úlceras”.
Bebé de 3 meses de la comunidad con problemas de
piel. Fotografía: Comunitario Aldea Carboneras
Chiquimula
El antimonio en su fase gaseosa, se dispersa en el aire, provoca irritación e infecciones en los
ojos, mucosas y piel. Al ser ingerido puede provocar daños irreversibles en el estómago,
intestinos e hígado, pero lo peor que su presencia en el cuerpo puede causar, es un descenso
del sistema inmunológico. Lo último coincide con el aparecimiento de nuevas enfermedades
en la población, como el Púrpura Trombocitopénica y el síndrome de Guillián Barré, ambas
enfermedades causadas por un
descenso radical de glóbulos rojos,
plaquetas y Niño de 11 años con
Púrpura Trombocitopenica.
Fotografía: Stef Arreaga[/caption]
Las peticiones para el cese de
operaciones
El pasado 30 de octubre, las
autoridades ancestrales, el Consejo
Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa y la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas
Ch’orti’ "Nuevo Día", solicitaron en una reunión en el Congreso de la República, la
suspensión y cancelación de operaciones de la empresa minera. La comisión encargada, de
la bancada UNE, citó a su vez a representantes de Ministerio de Energía y Minas (MEM),
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Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), así como al alcalde municipal de
Olopa, Fredy Urrutia.
En esta citación el viceministro de Ambiente, Julio Recinos, declaró que el 1 de marzo del
2017, la fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público, solicitó a la Dirección
de Control Ambiental, que se realizara una inspección y monitoreo en esas instalaciones.
Días más tarde, la delegación responsable en Chiquimula, realizó una inspección en la
Cantera los Manantiales, que en teoría estaba abandonada; sin embargo, se hallaron indicios
de que seguía habiendo algún tipo de extracción. La inspección determinó que la cantera no
estaba cumpliendo con ninguno de los compromisos ambientales que había asumido cuando
solicitaron el estudio de impacto ambiental. “Lo que corresponde es presentar una denuncia
por incumplimiento y posteriormente el cese de operaciones por la misma razón”, dijo el
viceministro.
En esta misma reunión, el ministro de Energía y Minas, ignoraba detalles de esta mina,
argumentando que “le dieron mal el nombre”. Había algunas letras cambiadas, por lo que no
tenía ninguna información. Posteriormente, al pedirle información por teléfono, informó
generalidades y detalles superficiales de la misma. Quizá la más alarmante es que la licencia
fue otorgada en el año 2007 pero vence en 2032.
El alcalde municipal Fredy Urrutia, interesado en la cancelación de dicha empresa, mostró
documentos en donde ya había puesto una denuncia ante la Fiscalía de delitos contra el
ambiente. Aseguró a los citados, que esta empresa continúa en labores de extracción y que la
municipalidad en ningún momento ha recibido regalías por parte de INCAMIN SA, ni
tampoco se ha hecho algún trabajo de infraestructura en el municipio.
A pesar de la notable falta de voluntad del ministro de Energía y Minas, el viceministro de
Ambiente propuso que todas las partes realicen una inspección in situ de las condiciones
actuales de la "Cantera los Manantiales", ríos y aldeas cercanas, el 8 de noviembre del
presente, esto sumado a las denuncias previas y a los delitos a los que posiblemente la
empresa está incurriendo. Con todo lo recabado, el ministro podría emitir la suspensión de la
explotación minera por parte de la empresa Reunión en el Congreso de la República.
Fotografía: Stef Arreaga
Causas de suspensión de operaciones
mineras:
Previa comprobación, el Ministerio de
Energía y Minas, con base en el dictamen
del estudio, ordenará al titular, por medio de
una resolución, la suspensión de las
operaciones mineras, en los casos
siguientes:
1. a) Cuando existiere el riesgo o peligro inminente para la vida de las personas o sus
bienes.
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2. b) Cuando no se cumplan las disposiciones de seguridad en el trabajo, de conformidad
con las leyes de la materia.
3. c) Cuando contravengan las leyes reguladoras del medio ambiente.
4. d) Cuando no se pague el canon de superficie, de conformidad con esta ley y su
reglamento.
5. e) Cuando no se paguen las regalías correspondientes, de conformidad con esta ley y
su reglamento.
6. f) Por incumplimiento de la causal invocada en el artículo ochenta y cinco de esta ley.
7. g) Por negarse a rendir los informes obligados de conformidad con esta ley.
8. h) Cuando exista una manifiesta desproporción entre las reservas probadas de mineral
y el volumen de explotación, y esta desproporción no pueda ser justificada
debidamente.
Una vez establecida la causal de suspensión del derecho minero, la Dirección de Control
Ambiental concederá audiencia al interesado por quince días, para que se pronuncie al
respecto y aporte las pruebas que estime pertinentes. Concluido el plazo, con su contestación
o sin ella, se resolverá lo procedente.
http://www.prensacomunitaria.org/wp-admin/post.php?post=33882&action=edit
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Otra agresión contra la periodista Norma Sancir
7 Noviembre 2018
Por redacción Prensa Comunitaria
Norma Sancir trabaja en Camotán, Chiquimula como comunicadora en la Central de
organizaciones indígenas campesinas ch'orti' Nuevo Día, también es corresponsal de Prensa
Comunitaria. El 5 de noviembre por la noche, recién entrando a su casa después de trabajar,
escuchó que alguien entró por el portón. Minutos después un hombre estaba vigilándola por
la ventana. Ella gritó y salió pidiendo auxilio. El hombre huyó minutos después. También
llamó a la policía, ya que tiene medidas perimetrales de seguridad.
Cuando sus compañeros fueron por ella, había un hombre en una moto vigilándoles, y además
dio varias vueltas alrededor del parque. Esta es la tercera agresión que vive en menos de un
mes.
http://www.prensacomunitaria.org/wp-admin/post.php?post=33790&action=edit
Atentan contra coordinador de la Asociación Nuevo
Día en Chiquimula Fotografía: Nelton Rivera
Por: Simón Antonio
25 mayo 2018
Varios miembros de la Asociación
Indígena Campesina Ch´orti´ “Nuevo
Día” del departamento de Chiquimula en
la región Nororiente del país, han sido
víctimas de intimidación, amenazas de
muerte y vejámenes en los últimos días,
debido a los acompañamientos que dan a las comunidades en defensa de sus tierras y de sus
derechos colectivos.
El último hecho sucedió la madrugada del martes 22 de mayo, cuando fue baleado el vehículo
propiedad de la asociación. Omar Jerónimo, coordinador de la Asociación señaló “Como a
las tres menos diez minutos –de la mañana- me levanté a revisar el carro, que tenía que viajar
a hacer unas actividades a ciudad de Guatemala y por costumbre reviso el carro antes de
tomarlo, y noté que tenía un agujero en la puerta del pasajero, entonces, me puse a avisar a
la policía y al Ministerio Público para que pudieron ver que era y luego encontramos en el
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patio de mi casa unos recortes de prensa como que eran algún tipo de letras recortadas pero
no se entendían muy bien, estas las avaluó el Ministerio Público para poder leer realmente lo
que ellos decían”.
Dos semanas atrás se interpuso una denuncia en el Ministerio Público por amenazas de
muerte a cinco integrantes de la Asociación y de Omar Jerónimo. Estas amenazas pueden
venir por parte de varios actores molestos por el trabajo de la Asociación Nuevo Día.
“Nosotros creemos que es todo un proceso de intimidación por varias resistencias que el
pueblo Ch´orti´ tienen en el territorio” denunció el coordinador general de Nuevo Día.
En los últimos dos años en la región ha habido una resistencia más articulada, según Omar
Jerónimo, debido a hace un año la Corte de Constitucionalidad (CC) devolvió varias
caballerías de tierras a la comunidad de los Ch´orti´.
Las comunidades se mantienen en resistencias porque las hidroeléctricas se construyen con
procesos legales irregulares. Las tierras que fueron devueltas a las comunidades por la CC,
se le habían dado en usufructo a la empresa las Tres Niñas que subsidia la hidroeléctrica El
Orégano.
El martes 22 de mayo, los miembros de la Asociación “Nuevo Día” denunciaron en la
Fiscalía de Derechos Humanos, planes de atentados contra la organización por partes de
grupos militares, esto por acompañar a 72 comunidades en cuatro municipios de Chiquimula,
por defender sus tierras y derechos.
http://www.prensacomunitaria.org/wp-
admin/post.php?post=30543&action=edit
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Pobladores de Carboneras se organizan contra
minera ecocida
Asamblea Las Carboneras.
Fotografía: Norma Sancir
Por Stef Arreaga
06 de diciembre de 2018
No es novedad que las
comunidades ch'orti' de
Chiquimula se están viendo
gravemente afectadas por la
contaminación del Río
Jupilingo, que desemboca en el
Río Grande en Zacapa, a causa
de la mina “Los Manantiales”,
que en teoría tiene una licencia de extracción de antimonio y otros metales sin haber hecho
una consulta previa. Ayer, la comunidad Carboneras se autoconvocó para llevar a cabo una
asamblea en donde quedarían escritas en acta las inconformidades, uno de los asistentes fue
Odiliio Guzmán, representante de la empresa.
Las comunidades en su desesperación, por las consecuencias de este proyecto de
extracción, se han organizado para mostrar su inconformidad ante la presencia de esta mina
ecocida (no solamente los pobladores se han visto afectados, sino también los animalitos que
tienen para su subsistencia y las siembras que hacen que sean comunidades autosostenibles).
Carboneras, que es una aldea del municipio de Esquipulas, en el departamento de
Chiquimula, colinda con Olopa (municipio) en el que por lo menos 11 de sus aldeas se
oponen radicalmente a la minería. Estas comunidades ch'orti' se han visto afectadas por la
contaminación del agua, ya que son comunidades por las que pasa el río en el que
desembocan los contaminantes de la extracción de antimonio y otros elementos de "Los
Manantiales"
Ayer se convocó en Carboneras una asamblea de la comunidad, a la que llegaron al menos
300 personas, con el objetivo de crear acuerdos y una acta en donde conste su desacuerdo en
dos puntos principales: el rechazo de la minería y las consecuencias de esta hacia la
comunidad, y su desacuerdo por la presencia de trabajadores (seguridad) de la empresa en el
área que, según testimonios de vecinos, se han presentado armados provocando intimidación.
Se solicitó la presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) a esta asamblea, la
cual no se hizo presente por ausencia de personal. Sí llegó, sin embargo, la Policía Nacional
Civil (PNC) para cerciorarse de que no hubiera ningún conflicto en la comunidad y de que
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dicha actividad no se malinterpretara, como en otras oportunidades, acusando detención
ilegal, cuando son actividades de organización comunitaria. De igual manera las autoridades
indígenas de Olopa acompañaron a la comunidad, haciendo el acta en donde consta que todo
se ha estado llevando a cabo con normalidad en esta asamblea comunitaria. También se
solicitó la presencia del representante de la empresa (INCAMIN S.A.) Odilio Guzmán, quien
expresó: “si tengo que salir con mis trabajadores lo voy a hacer”, ¿serán solamente palabras
con efecto placebo en la población?
Odilio Guzmán
(señor alto de
sombrero) presente
en asamblea en
Carboneras.
Fotografía: Norma
Sancir[/caption]
Uno de los
problemas más
grandes es la división
de la comunidad.
Algunas personas
están a favor de
este proyecto
minero, también se
ha sabido que la
empresa ha querido
comprar voluntades incluso de algunas organizaciones sociales que apoyan las luchas de
estas comunidades. El Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) no es la excepción, se
encuentra dividido (quien tiene el libro de actas no se quería hacer presente). En conferencia
de prensa, las autoridades de las comunidades chortíes expresaron esta semana su gran
preocupación por la intimidación a líderes comunitarios y pobladores de las aldeas afectadas
por la mina. Es importante recordar que Elizandro Pérez (autoridad comunitaria) falleció
hace poco de forma misteriosa, después de haber estado bajo constante persecución e
intimidación por parte de trabajadores de la empresa.
http://www.prensacomunitaria.org/la-no-tan-misteriosa-muerte-de-elizandro-perez-
autoridad-del-pueblo-chorti/
Los mismos trabajadores de Los Manantiales, han dicho a los pobladores que si son víctimas
de algún ataque por parte de la comunidad, ellos los buscarán “hasta por debajo de las
piedras” para vengarse. Por esa razón que se pondrán las denuncias correspondientes por
estas amenazas e intimidaciones.
http://www.prensacomunitaria.org/wp-
admin/post.php?post=34755&action=edit