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Cómo el neoliberalismo enjauló a México

El contexto de los siglos xx y xxi y la alternativa de un ecosocialismo democrático

México | 2018

Alejandro Álvarez Béjar

Cómo el neoliberalismo enjauló a México

El contexto de los siglos xx y xxi y la alternativa de un ecosocialismo democrático

Diseño de interiores y portada: Jimena Olguín Blanco

Dibujos de Rim Templetón en <rini.Art.org>

D.R. © 2018, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, Ciudad Universitaria, 04510, México, D. F.

Primera edición: 9 agosto de 2018

ISBN: 978-607-30-0694-1

"Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier mediosin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales"

Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico.

Universidad Nacional Autónoma de México

Enrique Luis Graue Wiechers Rector Leonardo Lomelí Vanegas Secretario General Leopoldo Silva Gutiérrez Secretario Administrativo Alberto Ken Oyama Nakagawa Secretario de Desarrollo Institucional Javier de la Fuente Hernández Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria Mónica González Contró Abogada General

Facultad de Economía

Eduardo Vega López Director Mario Alberto Morales Sánchez Secretario General María Carmen Aguilar Mendoza Secretaria Administrativa (Encargada del Despacho) Juan M. M. Puig Llano Coordinador de Publicaciones

“Es mejor tratar en forma imperfecta

lo que es sustancial,

que llegar al virtuosismo en el tratamiento

de lo que no importa.”

Paul Baran, (1957), Economía Política del

Crecimiento, México, Fondo de Cultura Económica.

“... los Estados se deben colocar en el centro de la expli-

cación sobre cómo se construyó el capitalismo global.”

Leo Panitch y Sam Gindin, (2012), The Making of

Global Capitalism: the Political Economy

of American Empire, Londres, Verso.

“Cuando Marx dijo —lo que cobró gran fama— que

no era marxista, tenía en mente que para él, contra

el parecer de los autodenominados ‘marxistas’, no

todo tenía una ‘explicación económica’ ni todo ‘estaba

dado’ si no dependía de la lucha de clases.”

A. Levine, “usa”, abril de 2017.

Contenido

Siglas 15Definiciones técnicas 21Prólogo 25Agradecimientos 37

Primera Parte | El Estado y las reformasen la construcción de la jaula neoliberal 39

Capítulo Uno | Auge y desgaste de las reformasestructurales neoliberales en México 41 1.1 Introducción 41

1.2 Un rápido recuento histórico:

del cardenismo al neoliberalismo 43

1.3 Dos generaciones de reformas estructurales neoliberales 48

1.4 Criterios para identificar el desgaste neoliberal

y políticas alternativas 50

1.5 Contexto histórico nacional e internacional reciente 52

Capítulo Dos | Reubicando al Estadoen un nuevo régimen de acumulación global 59 2.1 Introducción 59

2.2 Antecedentes del entorno económico

internacional: la década de 1980 y la de 1990 63

2.3 El despliegue de las crisis financieras

y las reformas estructurales 66

2.4 Del ajuste económico al

cambio político programado y pactado 69

2.5 La “modernización” del sistema político:

la alternancia electoral bipartidista 70

2.6 Del fraude electoral panista a

la guerra contra las drogas y los jóvenes 73

Segunda Parte | Desmantelando el “Estado social incompleto”para refundarlo como “Estado oligárquico” 77

Capítulo Tres | Políticas y transformaciones forzadasdesde el Estado para desmantelar el “Estado socialincompleto”: la educación 79 3.1 Introducción 79

3.2 La exitosa síntesis política entre crisis

económica y cambio estructural neoliberal 82

3.3 Las políticas de austeridad presupuestal 85

3.4 De la descentralización de la educación

a la centralizada educación por competencias 87

3.5 La educación en crisis: la evaluación estandarizada,

el discurso de la calidad y la segunda fase de la

“descentralización centralizadora” 88

3.6 Reforma laboral disfrazada de reforma educativa 90

3.7 Los ejes del desmantelamiento de la salud pública 93

Capítulo Cuatro | Acumulación financiarizada,segmentación estatal y universalismo demagógicosobre la salud y la seguridad social 97 4.1 Introducción 97

4.2 De la “focalización” al “enfoque universal”

de los servicios de salud 98

4.3 El deterioro salarial: ventaja comparativa construida

desde el Estado, con implicaciones sobre el sistema de salud 101

4.4 Fabricación de millonarios y multiplicación de los pobres 113

4.5 El manejo de las pensiones: todo el poder al capital financiero 107

4.6 Avanza la concentración de capital sobre los fondos

de pensiones y la demagogia de las “pensiones universales” 113

Capítulo Cinco | Abuso político de medios decomunicación y presidencialismo acotadocon la segmentación del poder estatal 119 5.1 Introducción 119

5.2 La descentralización y la concentración

del poder federal, herramienta clave 121

5.3 La alternancia y sus resultados: los gobernadores

regresan al pri el poder federal 124

5.4 Los pactos tripartitos y el “Pacto por México” 124

5.5 Violencia estatal contra opositores democráticos:

otra herramienta poderosa 126

5.6 Cambios en la relación capital-trabajo asalariado 128

5.7 Asociaciones publico-privadas, otro impulso

al parasitismo financiero 131

5.8 Las instituciones “autónomas”, acotamiento

del presidencialismo extremo, segmentando el poder estatal 135

Capítulo Seis | Recuento histórico del neoliberalimso global:sus bases teóricas, sus mitos y la crisis de hegemonía 137 6.1 Introducción 137

6.2 El neoliberalismo: reaparición del liberalismo

de los siglos xviii y xix 139

6.3 Un nuevo régimen de acumulación

con dominación financiera 141

6.4 La caída del “socialismo real”, inesperado

empujón ideológico a favor del neoliberalismo 143

6.5 Democracia formal y práctica del autoritarismo real 145

6.6 Teoría e impulsos institucionales

y culturales del neoliberalismo 145

6.7 La Gran Crisis Global de 2008-2009

y el derrumbe de los mitos del neoliberalismo 151

Tercera Parte | De la Gran Crisis Globala la crisis civilizatoria 157

Capítulo Siete | Cambio climático (cc),transición energética, seguridad y soberanía nacional 159 7.1 Introducción 159

7.2 Antecedentes de preocupaciones

con el medio ambiente y el clima 163

7.3 Las relaciones entre el cc, la seguridad

y la doble transición energética 164

7.4 La seguridad: interacciones entre población,

geografía y economía 166

7.5 Integración económica, energía y neoliberalismo 167

7.6 Comercio binacional e integración energética eu-México 170

7.7 Visiones de seguridad nacional a largo plazo

vs cortoplacismo neoliberal 172

7.8 Integración, libre comercio y agricultura

bajo el neoliberalismo 175

7.9 Los mayores peligros a la seguridad

y a la soberanía nacional 175

Capítulo Ocho | Donald Trump y el populismoautoritario-militarista: orígenes y consecuenciassobre eu y México 179 8.1 Introducción 179

8.2 Recuperando tradiciones:

¿retorno del populismo de derecha? 183

8.3 Un gabinete oligárquico y cambios

mediante decretos ejecutivos 184

8.4 Antecedentes del vuelco autoritario y fascistizante 185

8.5 aspan e Iniciativa Mérida: instrumentos para

“armar al tlcan” 187

8.6 Impactos e interlocuciones de Trump en eu y México 190

8.7 Trump ¿un populismo de derecha para

liberar a eu de los candados del tlcan? 194

Capítulo Nueve | Donald Trump: consecuenciasy resistencias sociales en eu y México 197 9.1 Introducción 197

9.2 Logros políticos y tareas tras el fracaso

de la candidatura presidencial de Bernie Sanders 200

9.3 Antecedentes de los movimientos sociales dentro de eu 201

9.4 Los “indignados”, referente que se recoge

en la Gran Crisis de 2008-2009 203

9.5 La llegada de Donald Trump

y la agenda neoliberal en México 204

9.6 El gasolinazo y la sincronización de las

crisis políticas en eu y México 206

9.7 La nueva estrategia neoliberal:

¿reforma fiscal sin subir impuestos a los ricos? 208

9.8 La agenda neoliberal pendiente en México 210

Cuarta Parte | Integración económica:el trabajo asalariado, precarizado, enjauladoentre la regionalización y la globalización 215

Capítulo Diez | El tlcan y la experienciamexicana de integración regional 217 10.1 Introducción 217

10.2 ¿Qué es y qué buscaba el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (tlcan)? 220

10.3 La integración económica eu-México:

un proceso histórico de varias etapas 221

10.4 Impactos del tlcan en la región y sobre México 224

10.5 Como contraste, ¿qué balance podemos hacer

de la integración latinoamericana? 226

10.6 La izquierda mexicana ante el neoliberalismo

y la integración regional 228

10.7 Cambios interrelacionados: empleo y migración,

claves de la integración 231

10.8 La poderosa y castigada integración

de los mercados laborales 233

Capítulo Once | Secuelas de la gran crisis global:cambios laborales, desempleo estructural,precarización y polarización de ingresos 237 11.1 Introducción 237

11.2 ¿Cómo busca el neoliberalismo

reformar los mercados laborales? 238

11.3 El asalto contra los trabajadores del sector público 242

11.4 ¿Por qué el desempleo es enorme

y se ha vuelto estructural? 243

11.5 Raíces del persistente desempleo estructural 244

11.6 La lógica promonopólica de los acuerdos

macrorregionales de libre comercio 247

11.7 De la crisis al impulso de la democracia

radical participativa 251

Capítulo Doce | De la crisis civilizatoria a unaalternativa de ecosocialismo democrático 255 12.1 Introducción 255

12.2 El calentamiento global,

expresión de una crisis civilizatoria 257

12.3 La Gran Crisis Global de 2008-2009

puso en crisis a la globalización 259

12.4 Un rasgo común a todas las etapas:

el desmantelamiento del Estado de Bienestar

y la centralización del capital 260

12.5 El neoliberalismo y su venenosa regla:

“demasiado grande para dejarlo caer” 264

12.6 Cuatro etapas de la Crisis Global anticipan

el giro global a la derecha 265

12.7 ¿De regreso a otra recesión

internacional sincronizada en 2018? 267

12.8 El verdadero peligro global:

la burbuja financiera en el sector energético 269

Capítulo Trece | Conclusiones 275

Bibliografía y Hemerografía 295

Iniciales y siglas económicas

Afore: Administradoras de Fondos para el Retiroafsc: American Friend Service CommitteeAlba-tcp: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblosalca: Área de Libre Comercio de Las Américasamlo: Andrés Manuel López Obradoranad: Asociación Nacional de Abogados Democráticosapp: Asociaciones publico-privadasaspan: Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norteat&t: American Telephone and TelegraphBanamex: Banco Nacional de México Banorte: Banco Mercantil del NorteBanxico: Banco de Méxicobnp: Banque Nationale de Parisbpi: Banco de Pagos Internacionales brics: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfricacaceps: Centro de Análisis de la Coyuntura Económica, Política y Social

cafta: Central America Free Trade Agreementcalc: Cumbre de América Latina y el Caribecc: Cambio climáticocce: Consejo Coordinador Empresarialcelac: Comunidad de Estados Latinoamericanos y CaribeñosCeneval: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superiorceta: Comprehensive Economic and Trade Agreementceu: Consejo Estudiantil Universitario cfc: Comisión Federal de Competenciacfe: Comisión Federal de Electricidad cgh: Consejo General de Huelgacia: Central Intelligence Agencycide: Centro de Investigación y Docencia Económicascndh: Comisión Nacional de los Derechos Humanoscne: Comisión Nacional de Energía cnh: Comisión Nacional de Hidrocarburoscnn: Cable News Networkscnte: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la EducaciónConacyt: Consejo Nacional de Ciencia y TecnologíaConafor: Comisión Nacional ForestalConago: Coordinadora Nacional de GobernadoresConapo: Consejo Nacional de PoblaciónConeval: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo SocialConsar: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el RetiroCop: Conferencia de las PartesCoparmex: Confederación Patronal de la República Mexicana cre: Comisión Reguladora de Energíacupe: Canadian Union of Public Employees

dpc-sg: Dirección de Protección Civil de la Secretaria de Gobernaciónenigh: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogaresenoe: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleoepa: Environmental Protection Agencyeu: Estados Unidosfangs: Facebook, Amazon, Netflix, Google y SpotifyFed: Federal Reserve System Femsa: Fomento Económico Mexicanofmi: Fondo Monetario InternacionalFobaproa: Fondo Bancario de Protección al AhorroFovissste: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado gatt: General Agreement on Tariffs and Tradegei: Gas de efecto invernadero giei: Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes gnp: Grupo Nacional ProvincialHc: Hidrocarburosied: Inversión extranjera directaiep: Inversión extranjera de portafolioieps: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ifai: Instituto Federal de Acceso a la Informaciónife: Instituto Federal Electoral ift: Instituto Federal de Telecomunicacionesime: Industria maquiladora de exportaciónimss: Instituto Mexicano del Seguro Socialine: Instituto Nacional Electoralinee: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educacióninegi: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Infonavit: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadoresinm: Instituto Nacional de MigraciónIntc: Instituto Nacional de Telecomunicaciones (capítulo 5)ioe: Industrialización orientada a la exportaciónioi: Industrialización orientada a importar ipcc: Intergovernmental Panel on Climate Changeisi: Industrialización por sustitución de importacionesisis: Islamic State of Iraq and Syriaisr: Impuesto Sobre la Rentaissste: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estadoitam: Instituto Tecnológico Autónomo de Méxicoiva: Impuesto al Valor Agregadolp: Licuado del petróleoMercosur: Mercado Común del SurMipymes: Micro, pequeñas y medianas empresasmit: Massachusetts Institute of TechnologyMorena: Movimiento de Regeneración Nacionalnoaa: National Oceanic and Atmospheric Administrationocde: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicoogms: Organismos genéticamente modificadosomc: Organización Mundial del Comerciootan: Organización del Tratado del Atlántico Nortepan: Partido Acción NacionalPanal: Partido Nueva Alianzapea: Población económicamente activa Pemex: Petróleos Mexicanospib: Producto Interno Bruto

Pidiregas: Proyectos de inversión de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto públicopie: Productores Independientes de Energíapiie: Peterson Institute for International Economicspfp: Policía Federal Preventivapgr: Procuraduría General de la Repúblicapnb: Producto nacional brutoprd: Partido de la Revolución Democráticapri: Partido Revolucionario InstitucionalPronasol: Programa Nacional de Solidaridad pt: Partido del TrabajoPymes: Pequeñas y medianas empresasRedem: Red de economía mundialrusi: Royal United Service Institutesar: Sistema de Ahorro para el RetiroSemarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos NaturalesSener: Secretaria de Energíasep: Secretaría de Educación PúblicaSepla: Sociedad de Economía y Pensamiento Crítico Latinoameri-canoshcp: Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoSida: Síndrome de Inmunodeficiencia AdquiridaSiefore: Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro sme: Sindicato Mexicano de Electricistassnte: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaciónssa: Secretaría de SaludSura: Afore SuramericanaTelevisa: Compañía mexicana de medios de comunicaciónTelmex: Teléfonos de México

tics: Tecnologías de la información y la comunicacióntina: There Is No Alternativetisa: Trade In Services Agreementtlcan: Tratado de Libre Comercio de América del Nortetpp: Trans-Pacific PartnershipTrife: Tribunal Federal Electoralttip: Transatlantic Trade and Investment Partnershipue: Unión Europeauccs: Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedadunam: Universidad Nacional Autónoma de MéxicoUnasur: Unión de Naciones Suramericanasus: United Statesusd: United States Dollar

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Definiciones técnicas

Inversión extranjera directa: es la que realizan personas naturales o ju-rídicas no residentes en el país donde se efectúa la inversión; puede hacerse mediante la compra de acciones o participaciones de una empresa establecida o constituida en el país con ánimo de perma-nencia (regularmente se usa para hacer referencia a la inversión ex-tranjera productiva).

Tasa de desempleo abierto: las personas dentro de la fuerza laboral que no tienen empleo y a pesar de estar disponible para trabajar no lo encuentran, aun habiendo tomado medidas concretas para encon-trar ya sea un empleo asalariado o un empleo independiente. En este desempleo existe la disposición plena de las personas a trabajar.

Población no económicamente activa: personas que durante el período de referencia no realizaron ni tuvieron una actividad económica, ni buscaron desempeñar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista.

Reservas monetarias: conjunto de fondos expresados en dinero o similares guardados como previsión de eventuales necesidades eco-nómicas, de mercado o por razones legales o contractuales. Una clase importante de reservas, son las reservas monetarias internacionales.

22 • Alejandro Álvarez Béjar

Volatilidad financiera: es una medida de la frecuente intensidad en los cambios del precio de un activo. Definido como la desviación es-tándar de dicho cambio en un horizonte temporal específico. Con frecuencia se usa para cuantificar el riesgo de un instrumento.

Salario real: representa la cantidad de bienes y servicios que el tra-bajador puede adquirir con la cantidad de dinero que percibe. Cons-tituye su poder adquisitivo o de compra.

Salario contractual: es el salario que se otorga a trabajadores bajo un contrato colectivo de trabajo, y que responde regularmente a las denominadas “prestaciones” salariales.

Acciones: título emitido por una sociedad que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social; le confiere a su titular ciertos derechos políticos y económicos dentro de la empresa.

Bonos: instrumentos financieros de deuda (títulos de deuda, ren-ta fija o variable) utilizados tanto por entidades privadas como de gobierno. Pueden ser emitidos por instituciones públicas, privadas y supranacionales con el objetivo de obtener fondos. El emisor se com-promete a devolver el capital principal junto con los intereses.

Derivados: instrumentos financieros cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo del que depende se denomina activo subya-cente. Los subyacentes utilizados pueden ser muy diferentes, desde acciones, materias primas a condiciones climáticas.

Inversión extranjera de portafolio: inversión que hacen los agentes de una economía en bonos, acciones y otras participaciones financieras, y que no constituyen inversión extranjera directa ni reservas inter-nacionales.

Especulación: consiste en la compra (o venta) de bienes con el único propósito de reventa, cuyo motivo es la expectativa de obtener una

Cómo el neoliberalismo enjauló a México … • 23

ventaja de las fluctuaciones de los precios, afectados con respecto al precio dominante y no la ganancia derivada de su uso, o de algún tipo de transformación o de la transferencia entre mercados distintos.

Dólares corrientes: define los precios de los bienes y servicios según su valor nominal y al momento en el que son considerados.

Pesos constantes: define los precios que, perteneciendo a periodos distintos, son corregidos el uno con respecto del otro mediante un factor, normalmente la inflación.

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Prólogo

La larga crisis económica estructural que se desplegó en la economía del mundo, entre 1961 y 1983, es un referente clave para México, porque la década de 1970 marcó, den-

tro del bloque en el poder, el veloz ascenso hegemónico del capital financiero del país (esencialmente bancario); ascenso tan rápido como efímero, puesto que en 1983 sucumbe ante el peso abruma-dor del capital financiero global (expresado entre otras cosas, en el sobreendeudamiento público y privado de México con bancos norteamericanos y japoneses, de modo que, ante las amenazas de insolvencia de grupos industriales para proteger el pago de sus préstamos, forzó la estatización de la banca, que en ese entonces era de capitalistas mexicanos).

Tras ese episodio y otros más en la economía mundial, se presentó un crecimiento espectacular de los bancos articulados como grupos financieros y de los instrumentos financieros como tales, acciones, bonos, pagarés, títulos, más adelante derivados financieros, fondos de cobertura de riesgos, en manos de los grandes intermediarios finan-cieros, pero también en manos de las tesorerías de las grandes empre-sas trasnacionales y grandes fondos de inversión.


Pronto la financiarización se generalizaría como la expresión de una extraordinaria imbricación de capitales bancarios, industriales, comerciales y de servicios globales, con peso extraordinario, hasta dar lugar a que ese fuera el rasgo más importante de la economía capitalista mundial desde hace varios años (Chesnais, 2016: 13).

En el otro polo de la sociedad mexicana, la clase obrera industrial que aparecía entonces como eje del bloque de los dominados, al calor de la crisis y de las políticas neoliberales, ha visto trastocado su peso económico, social y político, por cargar con los costos de la violenta rearticulación de las ganancias para recuperar la acumulación de ca-pital a través de una reorganización de la producción y las finanzas, forjada en México tras un largo caminar mediante condicionamien-tos del Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Mundial, imposición de políticas de austeridad presupuestal, programas de cambio estructural y “candados” sobre las políticas públicas.

En ese largo proceso vivimos en paralelo la emergencia política de los sectores medios proletarizados, de la población indígena y el cam-pesinado depauperado y migrante, así como de los trabajadores urba-nos no asalariados. Y junto a una progresiva feminización creciente de la fuerza laboral, se profundizó el fenómeno de la proletarización, la inequidad o la exclusión económica de las mujeres, o ambas cosas.

También tenemos que, con el pretexto del combate a las drogas decidido en 2006 por el gobierno panista de Felipe Calderón, se im-puso la criminalización de los jóvenes tras haberse expandido como nunca antes el capitalismo criminal (cultivo y trasiego de drogas, de personas, extorsiones, secuestros, lavado de dinero, etc.), al punto de que un estudio del Congreso mexicano calcula que esas actividades llegan recientemente a 10% del pib (o sea, un negocio de alrededor de 60,000 millones de dólares), ocupan a casi medio millón de per-


sonas del campo y las ciudades, incluyendo altos funcionarios de la administración pública federal, de los estados, personajes de los gran-des grupos monopólicos y miembros de las fuerzas de seguridad. La impunidad hoy se refuerza con los narcopolíticos y configura plena-mente los rasgos de un Estado criminal.

En medio de ese complicado entorno, en México maduraron las dos clases fundamentales en toda sociedad mercantil: el capital (aho-ra bajo la hegemonía de la forma financiera) y el trabajo (asalariado, aunque mucho de él encubierto bajo la “informalidad”). Y con ellas, maduró toda la formación social capitalista en México, que transitó de Estado-Nación soberano a neocolonia norteamericana en la re-gión de América del Norte, mediante reformas estructurales pactadas con el fmi y el Banco Mundial primero (construyendo la jaula), lue-go con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) y finalmente con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (aspan), la Iniciativa Mérida y una segunda gene-ración de reformas estructurales, impusieron varios candados sobre esa jaula.

Además, esa maduración capitalista trajo reformas del Estado que fueron dando “autonomía” a las instituciones de poder real, por eso también podemos decir que, si las reformas estructurales fueron una jaula, el candado más fuerte y escondido fue la separación y segmen-tación cuidadosa de los espacios reales de poder.

La estructura del libro trata de esclarecer esas mudanzas econó-mico-políticas entre 1983 y 2017, y es muy sencilla, pues el libro está dividido en trece capítulos, agrupados en cuatro partes: en la Primera Parte, hacemos dos recuentos panorámicos fundamentales sobre las “reformas estructurales”, uno nacional, el otro desde una perspectiva política internacional, para mostrar la importancia del “consenso bi-


partidista” entre Partido Revolucionario Institucional (pri) y Partido Acción Nacional (pan) para imponerlas.

En el capítulo Uno está la reconstrucción panorámica de las inte-racciones económicas y políticas neoliberales en México, del origen a su auge, hasta llegar al desgaste político por pérdida de credibilidad, abriendo lo que hemos llamado una “crisis de hegemonía”, esto es, la pérdida relativa del proceso de dirección de la sociedad por el capi-tal financiero, básicamente por la erosión acelerada del consenso y la recurrencia sistemática a la coerción y la fuerza sobre las clases subalternas.

En el capítulo Dos analizamos la dinámica del cambio estructural en México a partir de una intensiva acción estatal y buscando expli-car la recurrencia de las crisis financieras, al colocar al Estado en un entorno global: desregulando y privatizando actividades a favor de los grandes capitalistas y la élite financiera, poniendo en sus manos el verdadero poder político.

En la Segunda Parte analizamos en tres capítulos la compleja transición del “Estado social incompleto” al “Estado oligárquico”. Para ello, en el capítulo Tres, mostramos las políticas que usaron para desmantelar lo que en el capitalismo desarrollado se identifica como el Estado de Bienestar, pero que nosotros hemos rebautizado para México como “Estado social incompleto” por sus peculiares carac-terísticas, enfocando los mecanismos políticos concretos: la descen-tralización, la austeridad, la privatización (subrogación de servicios, asociaciones publico-privadas para construir infraestructura, cobro de cuotas a los estudiantes y la represión, usados contra el sector de la educación pública.

El capítulo Cuatro explora la vinculación estrecha entre la acu-mulación financiarizada, la segmentación del poder estatal real y las


proclamas de un demagógico universalismo en la salud y la seguridad social, al tiempo que las élites refuerzan la preferencia oligárquica por destruir sindicatos (primero los independientes y luego anulando los sindicatos “charros”), abrir negocios energéticos y usar los fondos de pensión para aumentar la acumulación financiera.

El capítulo Cinco muestra cómo, a partir del juego entre federa-lismo y centralismo, se produjo el refuerzo del autoritarismo presi-dencialista neoliberal, para evolucionar paralela y silenciosamente a un “presidencialismo acotado”, y destacando la trascendencia de descalificar en los medios de comunicación a los sindicalistas como “privilegiados y con intereses sectarios”.

En el capítulo Seis examinamos a fondo las experiencias interna-cionales neoliberales, las bases teóricas de sus planteamientos y los mitos que crearon en el imaginario popular, mismos que derribó la Gran Crisis Global de 2008-2009, acentuando la crisis de hegemonía del neoliberalismo a nivel global. O sea que el desgaste de la estruc-tura social, de las instituciones, la cultura y la explotación intensiva y extensiva de la fuerza de trabajo, al final no permite abrir nuevos cauces a la acumulación ampliada de capital, prolongando en el tiem-po la crisis de credibilidad del sistema como un todo.

En la Tercera Parte, después de haber mostrado las conquistas ne-fastas del neoliberalismo en México y el mundo, cambiamos el enfo-que para ofrecer en tres capítulos una reconstrucción de los ejes de la gran mudanza que se ha producido, tras de que la Gran Crisis Global de 2008-2009 dejó al descubierto las dimensiones de toda una crisis civilizatoria.

Para ello, en el capítulo Siete, presentamos una visión de los vín-culos entre cambio climático, transición energética, seguridad y sobe-ranía nacional en México. Luego, ensayamos una caracterización de


los cambios económicos y políticos en la potencia imperial, Estados Unidos, inducidos desde el gobierno antes de la llegada de Donald Trump.

De modo que en el capítulo Ocho hacemos el recuento directo de las consecuencias politico-sociales que ha traído, para Estados Uni-dos y para México, el neoliberalismo estrenando, como discurso nue-vo, el “populismo” autoritario militarista (protofascista) de Donald Trump.

Y en el capítulo Nueve tratamos de detallar las consecuencias que ha traído el ascenso de Trump sobre las resistencias sociales en Amé-rica del Norte, para explicar las semejanzas y diferencias de lo que ocurre en los dos países, en la coyuntura reciente y en términos de movilizaciones de masas contra el neoliberalismo.

En la Cuarta y última Parte retomamos las tensiones generadas por la regionalización y la globalización financiarizadas, como doble jaula neoliberal desplegada sobre los asalariados en un área econó-mica ampliada, justo para que el capital estadounidense pueda luchar por la hegemonía financiera en la economía mundial. Lo hacemos partiendo de que, a nivel global, identificamos tres disputas clave entre las grandes economías capitalistas: la comercial y de inversión, la sectorial centrada en los servicios (financieros y generales), pero sobre todo enfatizando la forma de resolver la confrontación poli-ticos-ocial ‒esa tercera‒ a escala nacional, unos imponiendo y otros luchando contra las políticas de austeridad.

Integramos esta última parte con cuatro capítulos: en el capítulo Diez hay un balance de las implicaciones del tlcan sobre la región de América del Norte y en concreto sobre México, para esclarecer los equívocos provocados por las maniobras discursivas de Trump,


y para extraer enseñanzas globales de la regionalización en América del Norte.

En el capítulo Once tratamos de reconstruir las secuelas de la Gran Crisis Global de 2008-2009, enfocando el análisis en los cam-bios laborales, el desempleo estructural, la precarización y la polari-zación en los ingresos como problemas cruciales.

El capítulo Doce intenta una reconstrucción de los grandes de-safíos que ya tenemos en el presente y seguiremos teniendo en el fu-turo inmediato: que el capital globalizado pretende ignorar la crisis civilizatoria, extendiendo irracionalmente la economía de la energía fósil porque “hay enormes riquezas sin explotar”; porque, en realidad, trata de resolver, no los problemas de la economía mundial, sino los de su deterioro hegemónico, de rentabilidad de sus inversiones y am-pliación de sus mercados, enarbolando el nacionalismo, practicando un autoritarismo descarnado, buscando utilizar a fondo la suprema-cía militar sin importar si se llega a una Tercera Guerra Mundial.

En el capítulo Trece hacemos un recuento de las conclusiones que creemos más relevantes y significativas.

Reivindicamos este libro dentro de la corriente teórica marxista de la Crítica de la Economía Política, continuando la exploración de la ruta de la economía entendida como expresión de una determina-da correlación social de fuerzas. Nos empeñamos en articular el cuá-druple dominio de la política, la historia, la economía y las relaciones sociales (Álvarez, 1987).

Y muy especialmente sostenemos que, a todo lo largo del período neoliberal (1983-2017), destaca la importancia de la política sobre la economía, la relevancia de la cultura y el cambio de carácter de la hegemonía del bloque dominante, así como la crisis de hegemonía en la formación social mexicana y en la economía mundial.


Es importante remarcar que no somos partidarios de llenar los textos con citas marxistas para adscribirnos cómodamente a esa co-rriente de pensamiento. Georg Lukács, el destacado marxista hún-garo, planteó hace mucho tiempo que, dentro de ella, la ortodoxia está en el método. Eso es lo que reivindicamos aquí: la relevancia del método de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto, para contar finalmente con una totalidad ricamente articulada y ex-plicada.

Buscamos contar con una visión dinámica y analítica de la for-mación social mexicana, concreta, madura en términos mercantiles, basada en el accionar del Estado y la lucha de clases, e inserta en la economía mundial dominada por el capital financiero global.

Eso lo hacemos tratando a la economía mundial no como simple suma de sus partes, sino ―como decía François Chesnais basándose en Marx― como un todo orgánico, como “una totalidad jerárquica-mente diferenciada”. Y sostenemos que el tratamiento conjunto de las relaciones entre Estados Unidos y México ayuda a mostrar elementos analíticos válidos para el resto de la economía mundial.

Este es un material escrito con la idea de apoyar la formación política de los jóvenes –especialmente los llamados millennials, los nacidos entre 1990 y 2014, que son varios millones y forman la ge-neración más educada–, y ayudar a los no tan jóvenes que han vivido grandes cambios económicos, políticos y sociales, pero aún no cuen-tan con una visión sistematizada de las raíces de lo que vivíamos ni el sentido en que hemos ido cambiando.

Es, pues, un intento de balance y comunicación transgeneracio-nal, compartiendo estudios, reflexiones, trabajo científico y políti-co, académico, polémicas y debates, haciendo cuentas con el pasado de la gran corriente histórica de la izquierda mexicana, pero como


ejercicio para superar la cultura neoliberal que nos confundió como colectivo desde principios de la década de 1980. Hay algunos que no estaban confundidos: sabían lo que buscaba el neoliberalismo y su objetivo de enriquecer a unos pocos.

Con toda responsabilidad explicitamos que en este libro no te-memos reconocer que, como izquierda militante, debemos remon-tar viejos prejuicios y asumir que hemos vivido durísimas derrotas materiales y políticas: en movilizaciones de trabajadores, huelgas, lu-chas guerrilleras, luchas electorales, sindicales, barriales, estudiantiles, campesinas, populares, todo ello en experiencias a menudo traumá-ticas; aunque no hemos vivido una derrota moral porque el neolibe-ralismo a muchos confundió, pero no pudo cooptarnos ni rendirnos a todos.

Eso ha sido clave, pero a estas alturas ya es insuficiente, porque la complejidad de la situación actual radica también en que tenemos que avanzar sobre las experiencias colectivas e individuales, ejercitar en serio la tolerancia de las voces discrepantes, y aprender a escuchar en las polémicas, respetar a los diferentes, practicar la igualdad de géneros y dentro de las comunidades, respetar la tradición, pero de-fendiendo la importancia del cambio cultural y político, empujando como alternativa una democracia participativa radical.

Es que crecimos entre los prejuicios de la cultura burguesa domi-nante: el corporativismo (“no existes si no controlas masas” o sectores sociales, o ambos, pues sólo existe lo que está organizado y lo que el Estado reconoce como “representativo”); el autoritarismo (“sólo se atienden las demandas sociales si no hay presión” y si legitiman al poder); la misoginia (“esas viejas no entienden nada”); el individualis-mo (primero yo, luego yo y después yo); el consumismo (la felicidad existencial reposa en los anaqueles de los centros comerciales y el úl-


timo modelo de teléfono “inteligente”); el sectarismo (todas las fuerzas deben subordinarse a la nuestra, sin reclamar ningún espacio adicio-nal que el que les asigne, su “fuerza de masas”); la intolerancia (no se aceptan discrepancias, cuestionamientos, autorrepresentaciones); la homofobia (el machismo no se cuestiona, el patriarcado menos, “aquí no se puede ser débil, ni maricón ni ambiguo”); el racismo (“es un naco, un pinche indio”, un pobre jodido); el pragmatismo (“no hace falta estudiar la realidad”, menos analizarla, sólo hay que acomodarse a lo que sigue la mayoría); la política de principios es un estorbo (la política “moderna” es negociación y “el que no tranza no avanza”)…

Entonces, hoy no dudamos en comenzar enfatizando las com-plicaciones que representa construir una militancia cultural que sea capaz de asimilar los problemas de la humanidad, del Estado nacio-nal, de las clases subalternas, pero también los de género, de etnia, de orientación sexual, así como entender la especificidad nacional en una etapa de transición en que, por un lado, vemos cómo se mul-tiplican los peligros de guerra mundial con el recrudecimiento de guerras regionales y, por el otro, con la militarización del combate a las drogas y los desplazamientos masivos nacionales para controlar recursos naturales, vemos cómo nos imponen cambios estructurales escondiendo los contenidos y las formas de la disputa del capital por espacios urbanos y rurales que comprenden tierras, aguas, minerales, energéticos y la biodiversidad contenida en territorios de indígenas, comuneros o campesinos. O vemos también cómo intentan cambios en las reglas de los mercados laborales, a la vez que bloquean una len-ta y complicada reconstrucción de las identidades binacionales (como la que se desarrolla entre México y Estados Unidos).

Asumimos la tremenda dificultad que tiene desentrañar la diná-mica de las poderosas fuerzas capitalistas que erosionan, por todos


los rincones, una cultura milenaria comunitaria, para abrirle paso y generalizar la cultura apenas centenaria del hiperindividualismo y el consumismo primitivo.

Este es, en muchos sentidos, un recuento politico-cultural del neo-liberalismo en México, que recurrió, como nunca antes, a cambios politico-culturales, económicos, ideológicos, teóricos, instituciona-les, movilizando a su favor los poderosos recursos de los medios de comunicación y del Estado para desorganizar las viejas conquistas laborales, contener las luchas sociales y disgregar a las llamadas por Gramsci “clases subalternas”.

El sistema capitalista en que vivimos es, por su propia naturaleza, explotador, inequitativo, concentrador de la riqueza y multiplicador de la pobreza. Pero también es un sistema que hace y rehace perma-nentemente sus fuentes de “legitimidad”, depura sus instituciones para consolidar su poder, y cambia las reglas legales para contener las discrepancias y los desafíos al orden existente. Por eso no se cae, no se derrumba: hay que quitarle su poder sobre las masas.

El gran físico teórico, Albert Einstein, identificaba el socialismo como el intento de “superar y avanzar sobre la etapa predatoria del desarrollo humano”. Siguiendo esa línea, hoy reforzada por la urgen-cia ante la perspectiva de cambios caóticos asociados al calentamien-to global, aún al admitir que, por ausencia de condiciones objetivas o subjetivas, no estuviéramos frente al Ecosocialismo Democrático como inmediatez, la tarea clave seguiría siendo liberar al pueblo de-predado y aprisionado en la cárcel del neoliberalismo, para perfilar un horizonte de época que despliegue una nueva cultura ecológica planetaria, comunitaria, socialista, democrática, equitativa, tolerante de la diversidad.


Generacionalmente, rompimos en forma definitiva con el mito de la Revolución Mexicana tras la masacre del 2 de octubre en Tlatelol-co que, a casi 50 años de distancia, conseguimos que sea un referente histórico para millones de mexicanos, sin estar formalmente en los libros de Historia. Por eso, este libro está dedicado a la memoria de Raúl Álvarez Garín, un luchador comunista infatigable, dirigente en el movimiento estudiantil popular de 1968, estratega político revolu-cionario, matemático experto en lo que la izquierda ha reivindicado como “el análisis concreto de la situación concreta”, que no es otra cosa, diría Marx, sino “la síntesis de múltiples determinaciones”.

Usando siempre el lenguaje llano y directo del pueblo, pero basán-dose en poderosas abstracciones, durante una vida de lucha plena de sencillez, ayudó a orientar las acciones de masas y fijar los problemas teóricos y prácticos más relevantes para todos. Si el libro cumplió su función, como diría él… “En la lucha nos veremos”. “2 de octubre, ¡No se olvida!”.

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Agradecimientos

La visión que presentamos en este libro fue sistematizada a partir de reflexiones compartidas, y a veces generadas, con los compañeros sobrevivientes del quinceañero y hace

años desaparecido semanario Corre la voz, con los del “Comité 68 Pro-Libertades Democráticas” y los de la “Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública”, y también con los compañe-ros del Centro de Análisis de la Coyuntura Económica, Política y Social (caceps) de la Facultad de Economía de la unam, con los miembros de la Red de Economía Mundial (Redem) y con los com-pañeros de la Sociedad de Economía y Pensamiento Crítico Lati-noamericano (Sepla).

Pero sin duda, durante estos años, siempre avanzamos gracias a la amistad, la experiencia de investigación, el trabajo concreto y la mentalidad crítica de muchos, por eso personifico, a riesgo de omitir a grandes amigos, mi agradecimiento a Gabriel Mendoza Pichardo, María de la Luz Arriaga, Ana María Muñoz, Nora Lina Montes, San-dra Martínez, Josefina Morales, Arturo Guillén, Gregorio Vidal, Ge-noveva Roldán, Federico Manchón, Mónica López, Zaida Vázquez, Carolina Verduzco, Pedro Martínez, Víctor Moreno, Raúl Jiménez,


Magdalena y Carmen Galindo, Antonio Vital, Patricia Pozos, María Ramos, María Emilia Caballero, Cristina Laurell, Félix Hernández Gamundi, Edur Velasco, Lourdes Velasco, María Fernanda Campa, Edmer Santín, Aída Hernández, Noemí Levy, Andrés Barreda, Ana Alicia Peña, Octavio Rosas Landa, Luis Arizmendi, Miguel Ángel Vázquez, Rodolfo Basurto, Germán Sánchez Daza, María Eugenia Martínez, Gerardo Mendiola, Eduardo Zepeda, Diana Alarcón, Ri-chard Roman, Mel Watkins, Stephen Clarkson, Marjorie Cohen, Scott Sinclair, Jim Sinclair, Greg Albo, Gordon Laxer, Teresa Healy, Aylin Topal, Peter Baird, Ed McCaughan, Maylei Blackwell, Devra Weber, David Bacon, Tony Platt y Susan Jonas. Por supuesto, todos están exentos de cualquier responsabilidad por errores u omisiones presentes en este texto, de los cuales asumo la total y exclusiva res-ponsabilidad.

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Primera ParteEl Estado y las reformas

en la construcciónde la jaula neoliberal

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Capítulo UnoAuge y desgaste de las

reformas estructuralesneoliberales en México

1.1 Introducción

Como sabe la gente que las vivió y quienes las han estu-diado, las reformas neoliberales llegaron a México al ca-lor de la grave crisis de la deuda externa que vivimos en

1982-1983, al comienzo del régimen de Miguel de la Madrid. Esas reformas cambiaron de ropaje, pero mantuvieron la misma lógica, a lo largo de más de tres décadas: primero las presentaron como


“programas de estabilización y reordenamiento económico”, lue-go como “programas de ajuste estructural”, después como tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y finalmente como aspan (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Amé-rica del Norte), cuando se impuso descarnada la agenda de la segu-ridad nacional de eu (Estados Unidos). Al final se ha hablado sin ambages de “segunda generación de reformas estructurales”.

Tuvieron su tiempo de implantación, su auge, y hoy decimos que el neoliberalismo vive una crisis de hegemonía, porque en la articu-lación del Estado tiende a dominar más la fuerza que el consenso (Gramsci, 2001), porque ya no convencen sus fórmulas políticas ni económicas, porque ha dejado a la economía en una senda de creci-miento mediocre y grandes desequilibrios, enriqueciendo de manera obscena a unos pocos.

Como primer saldo y el más contundente, los cambios acabaron empeorando nuestra relación con la naturaleza, acentuando la de-predación de recursos y la contaminación del medio ambiente en tierra, agua y aire, en el campo y las ciudades. Por eso y por ser parte de un fenómeno global, decimos que vivimos una crisis civilizatoria.

La fórmula clave que amalgama las reformas neoliberales fue apli-car dosis sucesivas, corregidas y aumentadas de “apertura al exterior, privatización y desregulación en todas las actividades económicas”. Siempre se nos dijo que eran reformas supuestamente “inevitables e imprescindibles” para pagar las deudas de los bancos y del Estado, sa-near las finanzas públicas, estabilizar los precios, mejorar la eficien-cia general, aumentar la competitividad y recuperar el crecimiento económico.

Por esos problemas, el ingrediente central más agresivo fue la apli-cación de políticas de austeridad en el gasto social del Estado (edu-


cación, salud y seguridad social), mismas que se impusieron en un ambiente político general marcado por la destrucción de sindicatos y organizaciones sociales, empresas estatales y servicios públicos, hasta bajar las remuneraciones de todos los asalariados urbanos y rurales, disminuyendo su participación en el ingreso nacional al tiempo que éste también se reducía por la carga de la deuda.

Las comunidades indígenas se vieron agobiadas por el azote de la pobreza extrema, la marginalidad y el desempleo, el asedio a sus bie-nes comunales y a su patrimonio identitario y cultural, exacerbando las necesidades de migrar.

En este capítulo hacemos primero un recuento histórico desde el cardenismo hasta el neoliberalismo, explicando logros y problemas no resueltos por el capitalismo en ese trayecto; en seguida, abordamos las que se reconocen como primera y segunda generación de refor-mas estructurales neoliberales. En la siguiente sección y como enlace con el capítulo dos, tratamos de cruzar las tendencias nacionales con las internacionales, en el intento de explicar integralmente elementos económicos, políticos y sociales.

1.2 Un rápido recuento histórico:del cardenismo al neoliberalismo

Desde los tiempos de Lázaro Cárdenas y hasta fines de la década de 1970, el modelo económico nacional estaba orientado a impulsar el mercado interno, implicaba una fuerte intervención estatal en la eco-nomía y se desplegaba bajo un esquema de industrialización por sus-titución de importaciones (isi), logrando tasas de crecimiento de 6.5% promedio anual durante varias décadas.


El cambio estructural neoliberal, por lo contrario, buscaba: impul-sar una industrialización orientada a la exportación (ioe), cambiando la economía a una intervención estatal “mínima” mediante las privati-zaciones, a fin de pasar de una economía “cerrada” ‒mediante arance-les proteccionistas‒ a una “abierta” a los flujos de comercio e inversión procedentes del exterior. El objetivo era desregular las diversas activi-dades económicas para despejar el camino al nuevo modelo.

Los que defienden las reformas neoliberales siempre reivindican la mejora aparente de la estabilidad macroeconómica (lo que signi-fica que, desde fines de la década de 1980 hasta febrero de 2017, la inflación ha crecido menos de 5% promedio anual, el déficit fiscal ha oscilado alrededor de 1% del pib, la deuda pública externa perdió sig-nificación hasta hace un par de años).

Enfatizan también el impresionante crecimiento de la inversión extranjera directa (ied) (aunque en 30 años se distingan fases de ma-yor y menor crecimiento); también resaltan el peso creciente de las exportaciones (crecieron tres y media veces en los últimos 25 años), y el aumento de la importancia de las manufacturas en el total de ex-portaciones (su peso se duplicó en los últimos 25 años), así como el aumento, aunque limitado, de la productividad manufacturera en el sector moderno de la economía.

Pero los aumentos de productividad en la manufactura no se tra-dujeron en aumentos salariales concomitantes: hemos tenido un cre-cimiento económico mediocre (en 30 años, el promedio anual no pasa de 2.5%); en tanto que el salario mínimo, desde 1976 (año de su máxi-mo histórico), ha perdido las ¾ partes de su poder adquisitivo. Es el ingreso más bajo en América Latina y dentro de los países de la ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).


La exagerada concentración ha permitido que surjan 17 multi-millonarios con más de 2,000 millones de dólares cada uno, según los listados de la revista Forbes, y como contraparte, el ingreso de los hogares sólo representa 28.3% del pib; en el mismo sentido de agravar la desigualdad, tenemos que 10% de los hogares más ricos del país dis-ponen de más de 40% del ingreso total y, comparativamente, 10% de los hogares más pobres apenas recibe 1.6% del ingreso total (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares [enigh]-Instituto Na-cional de Estadística y Geografía [inegi], 2014).

En 2017, el país tiene una población económicamente activa de 53.7 millones de personas, de las cuales oficialmente hay 1.82 millo-nes desempleados (lo que representa una tasa de desempleo abier-to de 3.4%, que seguro se quintuplicaría si se midiera bien); pero lo más grave es que el desempleo pesa más sobre los más jóvenes, los más educados y las mujeres. El Gobierno reconoce a 37 millones de personas como población económicamente no activa, de la cual 27 millones son mujeres (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo [enoe]-inegi, 2017-I).

Tenemos un deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las grandes masas trabajadoras de la ciudad y del campo, por el agra-vamiento del desempleo estructural, la caída salarial y las nuevas for-mas de contratación sin prestaciones, y por tiempo parcial (empleos precarios), además de que la informalidad tiene hoy un peso que es superior al del sector formal.

En este largo proceso, el crecimiento del empleo en los servicios y en la manufactura fue anulado por la pérdida de empleos en la agri-cultura (entre 1990 y 2008, se perdieron más de 2.5 millones de em-pleos, y más de seis millones de personas han abandonado el campo, muchos de ellos migrando a Estados Unidos).


Por la quiebra de productores y la ruptura de cadenas agroali-mentarias, hoy importamos 80% del arroz, 35% del maíz, 60% del trigo, 20% del frijol, 35% de la carne bovina y 48% de la porcina, pero tenemos 20 millones de desnutridos, y muchos millones más mal nu-tridos por exceso de grasas, refrescos, harinas, que han sido los gran-des negocios de empresas trasnacionales y nacionales, dando pie a la mundialización y estandarización de la comida chatarra (Bartra, 2013: 35).

El aumento en la inversión extranjera y el de la productividad manufacturera se ha restringido a algunas ramas productivas, a po-cas regiones y a segmentos de la población. Una cuarta parte del cre-cimiento de las exportaciones a Estados Unidos ha sido desplazado o está amenazado de serlo por la competencia china. Enfocándonos sólo en términos de empleo, algunos expertos hablan de que hemos construido realmente un modelo orientado a exportar fuerza de tra-bajo: pasamos de 200,000 a 300,000 y luego a 500,000 mexicanos mi-grantes en promedio anual a Estados Unidos, durante las décadas de 1980, 1990 y 2000 (Delgado, 2006).

Las reservas monetarias del Banco de México (Banxico) se han vaciado periódicamente, en episodios de volatilidad financiera, y los ingresos petroleros o se han dilapidado en gasto corriente (Fox), o en simple corrupción pública y privada (Fox, Calderón, Peña Nieto). La inversión pública ha caído dentro del total (Peña Nieto) y, contra lo esperado, la inversión privada no ha sido el motor capaz de sacar a la economía por una senda de crecimiento alto y sostenido.

Por eso, en lugar del “Estado mínimo” que presumen los teóricos neoliberales, nosotros decimos que tenemos instaurado un “Estado oligárquico” y promonopólico.


Por si fuera poco, al final registramos un retroceso generalizado en los espacios públicos: en las finanzas del Estado (a comienzos del sexenio de Peña Nieto, se combinaban un aumento del peso del ser-vicio de la deuda en el gasto público y el desbordamiento de la deu-da de muchos estados de la República, silenciosamente empujados a volverlos rehenes de los banqueros); pero, en general, padecemos un peso creciente del parasitismo del capital financiero profundizando la carga de las deudas por negocios rescatados o “saneados” para pri-vatizarlos, y la generalización de las “asociaciones publico-privadas” (app). La misma receta se aplicó siempre: privatizar las ganancias, so-cializar las pérdidas.

Sobre todo, vivimos un deterioro impresionante de la salud y la educación públicas (mucha de la infraestructura hospitalaria se cae a pedazos, no hay medicamentos, los servicios de laboratorio están saturados, los médicos y trabajadores de la salud están agobiados por sobrecargas de trabajo, los derechohabientes sufren humillados la desatención y el agravamiento de sus enfermedades).

En la educación pública, los “modernizadores” regalan equipos de ipad a los alumnos de primaria que estudian en escuelas sin baños, sin agua, con vidrios rotos y mesabancos derrengados; pero para el régimen la última “solución” ha sido ofrecer esa infraestructura (que es responsabilidad pública) como negocio de los grandes empresarios mediante colocación de bonos, enésima maniobra a favor del capital financiero especulativo.

De la seguridad social, destaca la polarización vigente, pues por un lado está el aprovechamiento de los fondos de pensión por parte del capital financiero (aprovechan casi un tercio del total del finan-ciamiento con esos fondos), y por el otro las pensiones que no son de


nivel gerencial o para altos funcionarios se distinguen por miserables: de ahí las protestas recurrentes de pensionados y jubilados.

Tenemos un agravamiento de la pobreza (hoy afecta a alrededor de 60 millones de mexicanos) y de la pobreza extrema (casi 20 millo-nes), a pesar de décadas de programas de “atención a la pobreza” (por la obvia inclinación de los programas a instrumentar un manejo elec-toral de los pobres). Las reformas neoliberales, pues, nos han dejado un panorama de devastación social, descontento y frustración colec-tivos, retrocesos organizativos y políticos, violencia y militarización creciente de la vida nacional.

1.3 Dos generaciones dereformas estructurales neoliberales

Hemos dicho que en México, la primera mitad de la década de 1980, fue el arranque de las políticas de cambio estructural, luego en la dé-cada de 1990 se firmó el tlcan como forma de “encadenar” esas re-formas estructurales (una jaula con candado).

En una primera generación de reformas estructurales, en la déca-da de 1980, vivimos el ajuste brutal de las finanzas públicas, mediante el recorte al gasto social en educación, salud y seguridad social; vivi-mos una primera secuencia de desregulaciones en la agricultura, la industria y el transporte carretero y aéreo; además, una apertura al exterior en comercio, finanzas y telecomunicaciones.

Y disminuyó el papel directo del Estado en la economía, mediante el desmantelamiento de su participación en algunas actividades indus-triales (autos, acero, minería), pero sobre todo, dándole “autonomía” al Banco de México para restarle peso a la influencia del presidente de la República. De 1994 en adelante, codificado en el tlcan, hemos


tenido el “encadenamiento” de esa primera generación de reformas y su profundización debido a la crisis financiera de 1994-1995.

Una segunda generación de reformas estructurales llegó precedi-da, a comienzos del siglo xxi, por un complejo manejo de las migra-ciones de México a Estados Unidos: la política neoliberal de guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y la migración “ilegal”, implicó el montaje de un complicado modelo de militarización de la frontera con Estados Unidos y de varias regiones del país, especialmente reco-rriendo la frontera estadounidense desde el Norte de México hasta el extremo Sur, y sellando la frontera de México con Guatemala.

Además, al calor de eso se ha impuesto políticamente una crimi-nalización de los jóvenes, de los migrantes y de los luchadores sociales que critican y resisten políticas sectoriales neoliberales. Se ha encar-celado, desaparecido, vejado o asesinado a dirigentes sociales y a pe-riodistas por todos los rincones del país.

Vivimos, pues, una etapa profunda de ajustes en los mercados laborales y una delicada etapa de graves violaciones a los Derechos Humanos, en lo que algunos hemos llamado “la guerra contra los jóvenes” bajo el pretexto del combate al narcotráfico (con saldos brutales: 30,000 desaparecidos). El autoritarismo, la impunidad y la antidemocracia se volvieron así rasgos centrales del Estado oligárqui-co y promonopólico en México.

En eu, los derechos de propiedad son capitales y anulan a los laborales. Las reglas de inmigración también anulan los derechos laborales. En México, la Constitución da a los trabajadores el dere-cho de huelga, pero, en una inmensa mayoría de casos, el gobierno ha utilizado a la policía y hasta al ejército para romper huelgas e in-cluso sindicatos y resistencias estudiantiles, como hizo Ernesto Ze-dillo contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma


de México (unam), Felipe Calderón contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (sme) o contra la huelga minera en Cananea, Sonora, y como ocurrió contra los mineros de Lázaro Cárdenas en Michoacán con Vicente Fox (2006), o en el caso de Enrique Peña Nieto contra el pueblo oaxaqueño solidario con el magisterio, en Nochixtlán en 2016. Así se debilitó o destruyó la resistencia de los trabajadores a los ajustes neoliberales.

Desde mediados de la década del 2000 y hasta la fecha, la segunda generación de reformas ha incluido la laboral, la educativa, la finan-ciera, la de telecomunicaciones, una reforma electoral y la reforma energética del Partido Revolucionario Institucional (pri), el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido de la Revolución Democrática (prd), aprobadas en el Congreso al inicio del gobierno de Peña Nieto.

El práctico desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (cfe), para abrir ambas institu-ciones a los grandes capitales privados nacionales y extranjeros, y el cuestionamiento abierto y encubierto a los derechos constitucionales de propiedad de la nación sobre el subsuelo, y la escandalosa entrega de la soberanía nacional, todo ello impuso luchar en el corto plazo por la consulta nacional rechazando la reforma energética, aunque con resultados políticos pobres, por entrar a la campaña con fuerzas divididas.

1.4 Criterios para identificarel desgaste neoliberal y las políticas alternativas

Sostenemos que las políticas neoliberales, el libre comercio, la des-regulación y las privatizaciones están muy desgastadas en México porque, alegando trato igual para empresas, naciones e individuos,


en realidad han profundizado la desigualdad no sólo en México sino en el mundo.

La desregulación tiene debilitada su credibilidad porque las crisis financieras se multiplican en gravedad y duración por todo el mundo, y amenazan con agravar el desempleo, el hambre, las enfermedades, las guerras, y la contaminación. Las privatizaciones han llegado a ex-cesos irracionales como el de intentar privatizar el agua, amenazan-do la vida sobre la tierra, poniendo en peligro bienes comunes por la explotación desmedida, por el desperdicio y la irresponsabilidad de los saldos negativos de los procesos productivos, utilizando intensi-vamente hidrocarburos y guiados sólo por el móvil de la ganancia privada.

La alternativa básica es muy clara y sencilla para México: es de-seable y posible el desarrollo colectivo de nuestras capacidades pro-ductivas, pero se requiere tener en cuenta no sólo ‒y sólo hasta cierto punto‒ los intereses y las decisiones de los grandes agentes producti-vos monopólicos, sino sobre todo la regulación y el compromiso co-mún para el desarrollo social. Sobre todo, requerimos una defensa radical del entorno ecológico. Por eso necesitamos una alternativa ecológica.

Contra el autoritarismo y la antidemocracia que quieren enraizar con mano militar, hay que insistir en que necesitamos el oxígeno para nuestra alternativa: democracia y profunda transparencia electoral, vigilancia y control popular sobre las prioridades y la marcha de la economía. Por eso requerimos democracia representativa y radical-mente participativa.

Requerimos derecho a la libre información y a un empleo pro-ductivo, a la educación y capacitación, a la salud universal y a la soli-


daridad transgeneracional (por eso requerimos un acceso libre a los medios de comunicación).

Necesitamos una gran unidad popular que excluya sólo al capital monopolista y financiarizado, porque queremos un país productivo, soberano, independiente, solidario e internacionalista, y que participe en igualdad de circunstancias en el espacio geográfico común que son las Américas.

1.5 Contexto histórico nacionale internacional reciente

México (y el mundo) atravesamos desde 2008-2009 una delicada cri-sis económica, y una específicamente política y todavía otra social; y esas tres dimensiones se expresan en un profundo deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas de la ciudad y del campo, que han sufrido un estancamiento virtual de la actividad económica que ya lleva casi tres décadas, más la caída prolongada del poder adquisitivo de los salarios reales, un agobiante desempleo cuyos impactos hemos insistido en que se concentran en los más jó-venes, en las mujeres y los adultos mayores de 40 años, y que además está acompañado de un alarmante aumento de la informalidad (seis de cada diez ocupaciones son informales).

En efecto, la llegada al gobierno federal, electoralmente contro-vertida, de Enrique Peña Nieto, dejó caer en cascada lo que algunos llaman la segunda generación de reformas estructurales: la reforma laboral, la educativa, la fiscal, la financiera y la energética.

Además de su alcance global y regional, la crisis económica tie-ne hoy claras raíces locales, porque hay una agenda de cambios es-tructurales orientados por la doctrina del libre comercio ‒impulsada


por Estados Unidos y los grandes países desarrollados agrupados en la ocde‒, que en México se ha expresado desde 1983 precisamen-te como imposición de una agenda de reformas estructurales, que han traído beneficios sólo para los grandes monopolios, nacionales y extranjeros. En un entorno nacional de poco más de 5.6 millones de empresas, 25 grandes grupos económicos producen casi 50% del Producto Interno Bruto (pib) de México.

Debemos ahora referirnos a las movilizaciones sociales, que tie-nen como referente histórico reciente la lucha estudiantil popular de 1968, que fue brutalmente reprimida por el Estado bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz el 2 de octubre en Tlatelolco, masacre que para todos era importante que no volviera a ocurrir.

Acorralado por la acción popular, el régimen de Luis Echeverría Álvarez repitió la represión sangrienta en 1971, y siguió, durante buena parte de la década de 1970, recurriendo al uso de fuerzas mili-tares y cuerpos policíacos con paramilitares que, en acciones irregu-lares, llevaron a definir la etapa como la de la “Guerra Sucia”.

Ahí se generaron y multiplicaron graves violaciones al Estado de derecho por parte del gobierno mexicano, pero también se dosifica-ron las opciones para abrir cauce a la protesta social mediante refor-mas institucionales. Las tensiones sociales se acumularon por todos los rincones del país, pues las circunstancias a que daban lugar la ad-ministración y la política públicas llevaron a una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza del país.

En el fondo de esa respuesta, combinando reformas y represión, estaba el desgaste de un modelo económico que, desde la década de 1940, estuvo orientado a la expansión del mercado interno, que se había fundado en un gran “Pacto Social” incluyendo intereses par-ciales de segmentos de las clases trabajadoras, sobre un esquema de


gobierno profundamente presidencialista, autoritario y de control corporativo, intolerante frente a la disidencia y con tremenda habili-dad para cooptar a los disidentes, corromperlos o reprimirlos.

La apertura al comercio y la inversión extranjera, la privatización y la desregulación de los más variados mercados, se usaron como herramientas para romper la trama productiva y el tejido social, y cambiar el sistema político, perjudicando brutalmente a las clases trabajadoras, los sectores medios urbanos y rurales, y hasta sectores empresariales.

Los agravios económicos se profundizaron por el desmantela-miento de instituciones que atendían necesidades de sectores popu-lares, especialmente para los pobres de la ciudad y del campo: por eso, la resistencia social se ha vuelto más amplia, densa, aguerrida y socialmente diversa.

Paradójicamente, la ideología supuestamente más emprendedora, el neoliberalismo, se utilizó para destruir los negocios de millones de microempresarios y de los pequeños y medianos. Con ella, dejaron sin opciones de vida y de trabajo a millones de mexicanos, que no tuvieron más remedio que caer en las actividades informales o expo-nerse a migrar hacia el norte, de modo que en pocos años, el flujo de migrantes se transformó en torrente; pero como no se quiere recono-cer el origen económico del fenómeno, se promueve la militarización de las vías para contener ese flujo, al que se añadía ya el procedente de los países centroamericanos, sujetos a la misma lógica, pero en condiciones de economías con mucha mayor debilidad.

El tlcan, que entró en vigor en 1994, explica que ese mismo año registráramos la histórica rebelión de muchas comunidades indíge-nas en la Selva Lacandona de Chiapas, lo que forzó temporalmente a una salida negociada del conflicto; pero, al final, el gobierno in-


cumplió lo pactado, traicionó a los dirigentes indígenas y desconoció en el Congreso la iniciativa de ley que reconocía los derechos de los pueblos indios, mostrando así sus intereses de largo plazo. Y como corolario del ascenso oligárquico, por esos tiempos y tras la crisis fi-nanciera de 1994, la Suprema Corte de Justicia ratificó la legalidad del anatocismo [ἀνατοκισμόϛ, “a través de la usura”], autorizando a la banca a cobrar a sus deudores intereses sobre los intereses vencidos.

Más adelante, se ejecutó fríamente la masacre de indígenas chia-panecos en Acteal en 1997, cuyos responsables fueron liberados años después gracias a una acción de la Suprema Corte de Justicia, que no encontró “fundamentos legales” para mantenerlos en la cárcel. Otro hito en la cadena de agravios que perdura hasta nuestros días (Her-nández, 1998).

Es importante explicitar que el tlcan se diseñó también para sortear los peligros de la llegada de “gobiernos populistas” al poder federal (el populismo entendido como políticas en beneficio de los trabajadores), pues en las elecciones de 1988 se percibió, expresado en votos, el tremendo malestar de la amplia población con el “ajuste estructural neoliberal”, lo que obligó al gobierno a forzar la caída del sistema electrónico de conteo de votos y negar el triunfo al candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas. Fue una primera rebelión electoral ciudadana a nivel nacional.

Los fraudes electorales ciertamente trajeron cambios importantes en las reglas y las instituciones responsables del proceso, pero la di-námica política ha seguido siendo sistemáticamente excluyente, pues los partidos han manipulado las instituciones supuestamente ciuda-danas al nombrar y renovar a sus consejeros; y el sistema de partidos quedó con fuerte financiamiento público y contribuciones encubier-tas privadas, desnivelando el terreno de juego hasta extremos que han


repetido situaciones de crisis electoral en 1988, 2006, 2012 y 2017, y muy probablemente reaparezcan en 2018.

En 2012, evocando la represión de San Salvador Atenco en 2006 (coludidos el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente Vicente Fox), los estudiantes de la Universidad Ibe-roamericana lo reclamaron en una visita a la Ibero del candidato presidencial Peña Nieto y, luego, junto con estudiantes de universida-des públicas y privadas, alertaron al pueblo sobre la amenaza de pro-fundización de las llamadas “reformas estructurales”. Ese movimiento se conoció como “#yosoy132” y abrió una aguda crisis de legitimidad del presidente, del sistema electoral y del sistema de partidos.

También, desde los eventos de la noche de Iguala a finales de sep-tiembre de 2014 hasta los meses que corren de 2017 (treinta meses), se abrió una crisis política sin precedentes por la muerte de cuatro estudiantes más, dos gentes que pasaban por el lugar, además de la desaparición de los 43 “estudiantes normalistas” de Ayotzinapa, que han sido factores clave para que todo el país repudiara la violencia que ha ensangrentado no sólo al estado de Guerrero, sino a todo Mé-xico, así como para que creciera el repudio a las reformas estructura-les neoliberales que se han impuesto sin consulta y encima sin dar el derecho a cuestionarlas, especialmente la educativa y la energética.

Peor todavía: más de tres años después, el gobierno de Peña Nieto seguía empeñado en defender su absurda “verdad histórica” de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero en Cocula, Gue-rrero, y no atiende los reclamos de los padres de los 43 normalistas (verdad histórica que, por cierto, fue desmontada entre el accionar político de los familiares y el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei) (Informe Ayotzinapa, 2015).


Los hechos de Ayotzinapa abrieron una enorme crisis de credibi-lidad en el gobierno y las instituciones de justicia, dando paso a una oleada recurrente de movilizaciones de masas en repudio al gobierno, que quedó en bajísimo nivel de aceptación.

Resumiendo: con el tlcan, la inmensa mayoría de los mexicanos no ha vivido más que una estabilidad financiera que fue posible por el estancamiento económico, un peligroso aumento de la desigualdad, la informalidad y el desempleo, la pobreza, pero también, la antide-mocracia, el autoritarismo y las políticas represivas, que dan conti-nuidad a un modelo económico profundamente elitista y excluyente. La prosperidad prometida, nunca ha llegado al pueblo.

Bajo el neoliberalismo, la combinación de acciones gubernamen-tales y del capital privado depredó los recursos naturales de México, comenzando por la mano de obra sometida a salarios de hambre o condenada a la migración forzada y llena de peligros. Pasó lo mis-mo con los recursos petroleros, los hidráulicos, la biodiversidad, los bosques, los recursos minerales, los manglares y las zonas coralífe-ras naturales, atentando contra la vida misma y su reproducción en comunidades a todo lo largo y ancho del país. Eso ha generado una crisis ecológica de enormes proporciones.

Por eso también, la resistencia social cruza por diversos sectores, actividades, etnias, regiones, grupos sociales y actores políticos, per-filando la gran aspiración de un cambio institucional pacífico, con una amplia participación democrática, centrado en las capacidades nacionales y en la reivindicación de la soberanía nacional, pero sin exclusivismos ni aislacionismos que nos separen del resto de los tra-bajadores de las Américas.

• 59 •

Capítulo DosReubicando al Estado en un nuevo

régimen de acumulación global

2.1 Introducción

Está ampliamente documentado que la rica y compleja expe-riencia de cambio estructural neoliberal en México se des-plegó de acuerdo a las condiciones impuestas, en la década

de 1980, por el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Mundial, y que estuvieron asociadas al predominio hegemónico del capital financiero, el cual desplazó a la burguesía industrial en el bloque dominante.


La ganancia financiera especulativa, el interés y la renta au-mentaron su relevancia y dejaron la ganancia industrial en segundo plano, soslayando que es la fundamental; pero por su despliegue con-dicionaron, con la “financiarización”, el funcionamiento del conjunto del sistema (Bellamy, 2007). Esa situación se mantuvo en la década de 1990, en la del 2000 y en los años que corren hasta nuestros días en el siglo xxi.

Así, la financiarización ha significado, literalmente, la explosión de los más diversos instrumentos financieros (acciones, bonos, títu-los y “derivados”, como fondos de cobertura de riesgo, vehículos de inversión, etc.), instrumentos que han sido palanca para la condensa-ción del poder conjunto de grandes bancos globales y corporaciones financieras, de empresas trasnacionales industriales y de servicios, de gigantescas empresas comerciales, todo ello en un proceso de empo-deramiento que sigue su marcha a través de la centralización de ca-pitales vía fusiones y absorciones de los competidores, pero también haciendo quebrar a los más débiles a través de las políticas públicas, de factura visiblemente promonopólica.

En la década de 1990 y después, la estrella polar del cambio es-tructural fue el tlcan, que entró en vigor con fuertes protestas socia-les masivas en 1994, y que apenas en 2016 ha sido cuestionado por el gobierno de Donald Trump. ¿Qué tipo de integración buscó eu con México? Una integración profunda binacional primero y trinacional después, montada sobre la producción compartida de valor, repar-tida geográficamente para aprovechar ventajas comparativas de los territorios de esos tres países. Con eso se perfiló para México una condición neocolonial.

Esas dos pinzas, la del fmi con el Banco Mundial y la del tlcan, deben considerarse siempre para entender a fondo la dinámica del


cambio político y económico en México, que es una de las economías “emergentes” con mayor significación global en la semiperiferia, pero cuyo “éxito” se ha fundamentado deliberadamente en varios equívocos.

Aquí mostraremos que la remodelación de la relación abstracta entre Estado y mercado, orientada por la tesis del “Estado mínimo”, en los hechos ha sido una reforma rígida y minuciosamente mani-pulada precisamente por el Estado. Los gobiernos neoliberales, a lo largo de casi 35 años, han hecho esto argumentando que los sistemas institucionales regulatorios eran obsoletos; sin embargo, las nuevas reformas no resolvieron viejos problemas y han provocado tensiones y recaídas institucionales.

Hemos dicho que hubo dos orientaciones estratégicas que domi-naron las políticas de reforma estructural: una, promover la integra-ción rápida y profunda de la economía de México con la de Estados Unidos; dos, desmantelar las históricamente precarias instituciones de lo que llamamos “Estado social incompleto”, para colocar en su lu-gar el famoso “Estado mínimo”, pregonado por los intelectuales neo-liberales, pero que ha derivado en realidad en un “Estado oligárquico”.

El altísimo costo que ha pagado el país va desde la prevalencia de una mediocre tasa de crecimiento promedio anual del pib (2.28% a lo largo de 34 años, y en el régimen de Peña Nieto más o menos 2%), pasando por una inestabilidad financiera recurrente y varios resca-tes bancarios, hasta colapsos en la producción y la desintegración de las cadenas de producción nacionales, junto con el pillaje de recursos naturales como el petróleo, más el empeoramiento de la polaridad económica y de la marginalidad social, y una amplia degradación institucional, que incluye una singular crisis del sistema de partidos, y nuevos desafíos planteados por actores políticos emergentes como las comunidades indígenas, que al defender sus territorios cuestionan,


política y moralmente, la “falsa modernidad” detrás las reformas neo-liberales.

En este capítulo y para analizar esos cambios, primero vamos a considerar el entorno económico internacional de las décadas de 1980 y 1990 hasta el 2000, luego vamos a enfocar la lógica de la lla-mada “transición política democrática” a través de una alternancia electoral pactada entre pri y pan para sacar al país del “régimen de partido de Estado”, que amenazaba colapsarse, dejando en manos del gobierno de Vicente Fox los principales desafíos de la etapa de transi-ción, siempre asegurando un consenso bipartidista para las reformas estructurales neoliberales.

Se trataba de reformar para sostener con estabilidad política, la orientación hacia una “segunda generación de reformas estructurales neoliberales” (la laboral, la educativa, la hacendaria, la de seguridad y la energética), que implicaban varias modalidades de integración pro-funda con Estados Unidos (en seguridad y migración, con la aspan ‒Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, 23-III-2005‒ y la Iniciativa Mérida ‒30-VI-2005).

Más adelante, hacemos un balance breve de la dinámica de la pri-mera generación de reformas estructurales (la apertura comercial, la desregulación y las privatizaciones impuestas para “aliviar las presio-nes sobre las finanzas públicas en crisis”), tratando al mismo tiempo de arrojar luz sobre las causas de las recurrentes crisis financieras en México.

Especialmente interesa llamar la atención sobre un hecho nota-ble: que las tres crisis financieras que despejaron el camino al neolibe-ralismo y al tlcan (1982, 1987, 1994) dejaron de ocurrir en México cuando se pactó lo que llamamos una transición política del unipar-tidismo al bipartidismo. Y reaparecieron en 2001, 2008-2009 pero ya


en Estados Unidos, aunque esa economía nunca dejó de vivir sacudi-mientos periódicos.

En seguida, destacaremos los resultados del proceso de integración en términos de los “patrones de especialización” y los costos pagados por los mexicanos con el libre comercio y la llamada industrializa-ción orientada a exportar. Al final del capítulo, haremos algunas re-flexiones sobre el avance y los obstáculos de las llamadas reformas estructurales de segunda generación, respecto a la naturaleza de la transición política encarrilada hacia un régimen de alternancia elec-toral bipartidista entre pri y pan.

2.2 Antecedentes del entorno económicointernacional: la década de 1980 y la de 1990

Podemos caracterizar internacionalmente la década de 1980 por el asentamiento de la globalización, la maduración de la regionalización en Europa y los gérmenes de la regionalización formal en América del Norte, además del estallido de dos graves crisis financieras interna-cionales: la crisis de la deuda de los países latinoamericanos en 1982, el crack del mercado de valores de Estados Unidos en 1987.

Estas crisis impusieron un entorno internacional de bajo cre-cimiento, liquidez limitada y fuertes presiones inflacionarias, que acompañaron las largas y complicadas negociaciones respecto a la reestructuración de las condiciones y montos de pago de las deudas de los gobiernos, incluido especialmente el de México (pero también los de Brasil y Argentina).

Un efecto que emanó de la gravedad de esos eventos, y que se pro-longó desde la década de 1980 hasta el 2016, fue la paulatina creación de grandes bloques comerciales regionales en la economía mundial,


unos formalizados, otros sin formalizar: los primeros en Europa, en América del Norte y los no formalizados, en Asia-Pacífico.

Adicionalmente, el entorno económico internacional estuvo suje-to a una creciente competencia, primero entre las tres grandes eco-nomías desarrolladas Estados Unidos, Alemania y Japón, luego entre Estados Unidos, Alemania y China, que son los jugadores globales que operan hasta hoy en día como referentes clave (aunque no únicos) en la economía mundial.

Si queremos caracterizar las condiciones internacionales durante la década de 1990, de acuerdo a la dinámica de las relaciones entre los centros desarrollados y la periferia subdesarrollada (el segundo referente clave en la economía mundial), otro asunto relevante es la confluencia de nuevos factores, lo mismo en las economías centrales que en las periféricas y semiperiféricas.

Esta confluencia incluye un cambio mayor en la forma de opera-ción y la dirección de la economía global y las regiones, debido a la implantación de un régimen de acumulación “financiarizado”, el des-pliegue exponencial del libre movimiento del capital, la centralización espectacular del capital mediante fusiones y absorciones, así como el aumento de la capacidad de sometimiento por parte de las economías centrales sobre las sendas de reforma permitidas a las economías pe-riféricas y semiperiféricas, a través de los organismos internacionales como el fmi y el Banco Mundial.

También debemos reconocer que el entorno económico interna-cional, esto es, el desarrollo y el cambio estructural global, han estado determinados en general por el comportamiento monetario fiscal, la evolución de la productividad y los cambios institucionales en la rela-ción trabajo asalariado-capital.


Entre las economías desarrolladas, junto con una baja tasa de cre-cimiento, las tendencias a una baja inflación, y las tasas de interés muy bajas tras la crisis de la deuda en 1983, impusieron que las condicio-nes generales en la década de 1990 cambiaran de escasez a una abun-dancia de liquidez –o sea, a una disponibilidad de fondos para usos externos– debido a la aparición de los “inversionistas institucionales” y las innovaciones financieras.

Recordemos que la inversión extranjera de portafolio (iep), en La-tinoamérica, saltó de 2,464 mil millones de dólares en 1990 a 5,232 mil millones de dólares en 1995, quedando en 12,211 mil millones en 2005, para alcanzar en 2010 los 41,157 mil millones de dólares y quedar en 15,684 mil millones de dólares corrientes en 2015 (Banco Mundial [bm], 2016). Para México, Banco de México (Banxico) regis-tró al primer trimestre de 2016 un total de 56,304 millones de dólares corrientes.

Del lado de las economías emergentes como México, la culmina-ción de la primera generación de reformas estructurales, centradas en la corrección de desajustes financieros y cambios básicos encamina-dos a la apertura comercial y financiera de la economía, seguidos de las primeras privatizaciones y desregulaciones sectoriales, permitió altas tasas de retorno a las inversiones extranjeras directas y de porta-folio, mientras las políticas monetarias rígidas mantenían la inflación bajo control.

Ambos factores explican que las economías latinoamericanas se hayan convertido “naturalmente” en importantes receptores de in-versiones extranjeras, y que hayan quedado expuestas a la problemá-tica desestabilización recurrente, primero al entrar en forma masiva esos flujos, y después, por aversión al riesgo, al eventualmente salirse los capitales externos (sobre todo, de iep).


Los hechos contundentes que han contribuido, hasta hoy en día, a la inestabilidad financiera son pues: primero, la generalización de los ataques especulativos recurrentes sobre cualquier moneda que se muestre débil y ofrezca ganancias fáciles y rápidas a los grandes espe-culadores cambiarios, dentro del contexto de lenta configuración de un sistema monetario internacional bipolar (dólar-euro); en segundo lugar, los desastres productivos derivados de las enormes oscilaciones en los valores de las monedas, y por último el alto costo fiscal de los rescates bancarios recurrentes.

La inestabilidad financiera se vio acentuada por la condicionali-dad que las organizaciones financieras ataron a los esquemas de “res-cates” y “ayuda”, lo que ha implicado la muerte virtual del derecho de los pueblos a intentar diferentes estrategias nacionales de desarrollo, como lo muestra ampliamente la experiencia mexicana y otras en el plano internacional.

Es verdaderamente significativo para la experiencia mexicana el hecho de que la profundidad y la frecuencia de las crisis financieras, en las décadasa de 1980 y 1990 (1982, 1987, 1994), de un lado pro-longó en el tiempo los “programas de ajuste estructural”; y del otro precipitó las negociaciones entre Estados Unidos y México, para pro-fundizar la agenda de reformas económicas neoliberales y reestruc-turar a modo el sistema político electoral nacional.

2.3 El despliegue de las crisis financierasy las reformas estructurales

No hay duda de que la economía mexicana experimentó, especial-mente en las décadas de 1980 y 1990, un doble proceso de ajuste y cambio estructural, en medio de un bajísimo crecimiento, combina-


do con hiperinflación (crecimiento del Índice General de Precios de 65.1% promedio anual en la década de 1980 y 18.3% en la década de 1990) y una seria y recurrente inestabilidad financiera.

A lo largo de ese período, hemos insistido en que la dirección es-tratégica de la economía mexicana apuntaba a una mayor integra-ción con la de Estados Unidos. Ese proceso, al final, quedó codificado en el tlcan, que tenía como propósito central “encadenar” las refor-mas estructurales e impedir la definición de una estrategia autocen-trada de desarrollo nacional.

Dos elementos centrales de los programas de ajuste y cambio es-tructural, creados luego con el tlcan, fueron: uno, la generalización sistemática y prolongada de la caída de los salarios reales. Bajo el pre-texto de las recurrentes crisis financieras, se aplicaron rígidas políticas públicas sobre el papel del Estado en la regulación y la administración de los mercados laborales, en los que fueron cruciales la disciplina y la centralización de sindicatos corporativos y corruptos, más el comba-te rabioso a los sindicatos independientes, para imponer el deterio-ro sistemático de los salarios mínimos y los salarios contractuales de la industria manufacturera, hasta convertirla en la principal ventaja comparativa de México.

Y dos, la tenaz “disciplina fiscal” que “limpió” las finanzas públi-cas de gastos productivos y sociales, para concentrarse en atender las necesidades del capital financiero y de los banqueros. Los cambios estructurales, no tan paradójicamente, implicaron que en sucesivas crisis y reestructuraciones se condensaran ciclos de “estatización” (1983), reprivatización (1989), estatización encubierta de los bancos (Fondo Bancario de Protección al Ahorro [Fobaproa] en 1995) y otra vez privatización, pero ahora con plena dominación de la inversión extranjera sobre el sistema financiero.


Antes de 1982, los bancos extranjeros sólo accedían a 1% de los activos financieros de México. En 2001, ya controlaban 82%. En 2016, sólo el Banco Mercantil del Norte [Banorte] puede decirse “banco mexicano”.

Los resultados más significativos fueron la disminución de las in-versiones en infraestructura de alto impacto social, y el estrangula-miento financiero de las de por sí precarias instituciones de bienestar: la educación, la salud y la seguridad social, aparte de que disminuyó así el crecimiento del empleo.

En este esquema económico, los ingresos petroleros de un país que comenzó a ser exportador de crudo desde la segunda mitad de la dé-cada de 1970, funcionaron como “red de seguridad” del capital tras-nacional, al garantizar los pagos de la deuda externa y posibilitar la reducción de la carga fiscal del sector privado monopolista doméstico.

Esto implicó, a largo plazo, cambiar las fuentes y el monto del fi-nanciamiento disponible para el gasto público, además de auspiciar la privatización, cierre o fusión de las empresas públicas. Por esas dos razones, México se proyectó como exitoso modelo mundial de la aplicación de las reformas estructurales neoliberales.

Pero, a pesar del “éxito”, a la larga quedaron evidenciados dos grandes problemas: uno, que las altas tasas de interés, para atraer la llegada masiva de capitales extranjeros, periódicamente lleva al creci-miento excesivo del endeudamiento externo, público y privado. Dos, que con el mercado doméstico ‒sobreexpuesto a las oleadas masivas de importaciones debido a la “apertura comercial”‒ se erosionaba la base productiva de la economía, prolongando los costos del ajuste so-bre las finanzas públicas y sobre la población trabajadora, además de que llevaba a recurrentes crisis financieras.


2.4 Del ajuste económico alcambio político programado y pactado

La reestructuración política comenzó buscando caminos para rede-finir las relaciones de poder entre la autoridad del Poder Ejecutivo y la del Legislativo (desde entonces hasta hoy en día, dominados por la alianza pri-pan), entre los gobiernos estatales y el federal, entre elec-tores y partidos, hasta redefinir el significado mismo del voto, com-prometiendo todas las fuerzas con el neoliberalismo.

Eso explica la victoria electoral del panista Vicente Fox en julio del 2000, que a la postre resultó una fecha de gran significación po-lítica para los mexicanos, pues fue la culminación de un largo proce-so de transición de un sistema de partido único (el pri) que se pudo sostener sin interrupción por más de 70 años, pero que, sin reformas, amenazaba con un colapso político.

Con la llegada de Vicente Fox se produjo el ascenso al poder de un grupo social con perspectiva claramente empresarial, en lugar de la orientación populista precedente. Fox entró reivindicando: “mi go-bierno es de empresarios, por empresarios, para empresarios.”

La ideología y las posiciones programáticas de este grupo fueron profundamente conservadoras: pensaban reducir el tamaño del Es-tado, consideraban al sector privado como motor de la economía, y elevaron la propiedad privada a un predominio completo sobre la propiedad pública.

Más en general, veían la realización personal como un proceso que ocurre a través de estructuras intermedias entre el Estado y el Individuo ‒aunque entonces todavía reconocían el papel legítimo de la autoridad estatal en la promoción de la justicia social‒, siempre y cuando se realizara a través de políticas subsidiarias (Middlebrok,


2001). Para ellos, las políticas públicas se definían como temporales, transicionales y de perspectiva limitada, hasta que los que pudieran beneficiarse con ellas fueran capaces de encontrar sus propios medios “para resolver sus problemas”.

2.5 La “modernización” del sistema político:la alternancia electoral bipartidista

Tenemos que recordar que las organizaciones financieras internacio-nales, y el gobierno de Estados Unidos, rápidamente se congratula-ron por la “democratización” del sistema electoral mexicano. Se trató de un proyecto de democratización en el que se pactó un esquema de alternancia electoral bipartidista al estilo estadounidense, el cual se había ensayado cuidadosamente en los estados (sobre todo del cen-tro-norte de México) en la década de 1980.

El esquema comenzó, en medio de grandes conflictos, propiciando arreglos de alternancia pri-pan a nivel de estados y municipios en la primera mitad de la década de 1980, hasta que finalmente fue aceptado por todas las élites económicas cuando, en 1988, el candidato oficial a la Presidencia, Carlos Salinas de Gortari, fue objetivamente derrotado por una sorpresiva coalición social de centro-izquierda, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la Presidencia.

Esta Coalición, que luego evolucionó a Partido de la Revolución Democrática, buscó inicialmente opciones a la aplicación despiadada de las reformas neoliberales mientras desafiaba el esquema electoral bipartidista. Como dijimos, las elecciones de 1998 fueron la primera insurgencia electoral ciudadana, que puso en jaque al modelo neoli-beral y precipitó a nivel nacional la alternancia bipartidista pri-pan.


Y se rubricó votando juntos todos los cambios legislativos que reque-rían las reformas estructurales.

Pero lo más importante fue que las promesas huecas y difusas de “grandes cambios económicos” de Vicente Fox, hechas en el 2000, pronto se vieron opacadas por la continuación de las mismas políticas neoliberales, abriendo para el pan una enorme brecha de credibilidad entre sus promesas y la realidad de sus políticas públicas.

Especialmente, hay que recordar que Fox intentó redefinir las re-laciones entre los pueblos indígenas y el Estado, entre las comunida-des indígenas y el resto de la sociedad, formalmente reconociendo el multiculturalismo, la libre determinación, la consulta y los acuerdos, mediante el fortalecimiento del sistema federal y la descentralización, por un lado, y la búsqueda de la sustentabilidad, por el otro.

Pero al final, lo estratégico fue que se negaron derechos territo-riales a los pueblos indígenas, para dar a los empresarios, nacionales y extranjeros, derechos de explotación de la biodiversidad y de los recursos naturales estratégicos, sin atender al posible daño a los te-rritorios de las comunidades indígenas.

Y conste que Fox trató de reforzar su retórica ambientalista y desarrollista promoviendo el Plan Puebla Panamá, ofrecido como ambiciosa e innovadora “estrategia de desarrollo regional” sobre una amplia zona que incluyó a los estados del sureste mexicano y los paí-ses de América Central, cuando en realidad sólo buscaba extender las políticas neoliberales que se aplicaban en el resto del país.

El plan incluyó un despliegue de modernas autopistas y ferroca-rriles en un sistema de transporte multimodal interoceánico, redes de telecomunicación, modernización y creación de puertos y aeropuer-tos, precisamente en la región de México que concentra el grueso de los recursos petroleros, petroquímicos, hidráulicos, de biodiversidad


y el mayor porcentaje de población indígena (seis de un total de 10 millones), la mayor cantidad de pobres y los más altos niveles de mar-ginalidad (Álvarez, 2007a y Álvarez, 2007b).

Pero esos planes tuvieron que volverse a esconder de la atención pública, pues se ejecutaron sin la más mínima consulta y sin propor-cionar información fidedigna a los habitantes de la región, por lo que muy pronto levantaron fuertes cuestionamientos sociales.

Un tema conexo es el de la desregulación energética y la apertu-ra al capital privado nacional y extranjero, presentado muchas veces por Fox como panacea y que llevó a una controversia constitucional con el Congreso, que fue resuelta por la Suprema Corte decretando inconstitucional la iniciativa del presidente de los “contratos incen-tivados”. Y como lo demostró ampliamente en su sexenio, donde Fox fue más efectivo es en que promovió la segunda generación de refor-mas estructurales neoliberales, dirigidas al desmantelamiento total de los pilares del que llamamos “Estado social incompleto”: los servicios públicos de educación, salud y seguridad social.

Contando como viento a favor con altos precios del petróleo, Fox llevó al país a vivir de los ingresos petroleros, los ingresos por turismo y las remesas de los trabajadores migrantes (en su sexenio, y como promedio anual, salieron a Estados Unidos casi 450,000 trabajadores mexicanos), aunque la cuenta externa total siempre fue deficitaria porque propició la oleada masiva de importaciones, igual que ocurrió en los años del “auge petrolero” durante el sexenio del priista José López Portillo, en la segunda mitad de la década de 1970.

De modo que hasta entonces, en tiempos de Fox, el Estado real-mente no había retrocedido tanto en su actividad económica, sino que cambió sus orientaciones estratégicas para propiciar la interna-cionalización de la economía mexicana, facilitando la privatización


de sectores clave como el energético, el desmantelamiento de las ins-tituciones del “Estado de Bienestar” y la destrucción progresiva de las economías locales aun a costa de propiciar la migración hacia Estados Unidos, que tiene por razones demográficas importantes re-querimientos de mano de obra barata y no calificada, y la urgencia de anclar a la baja los salarios en su economía.

2.6 Del fraude electoral panistaa la guerra contra las drogas y los jóvenes

Finalmente debemos destacar que la polarización política y social, exacerbada desde el poder con las políticas neoliberales, alcanzó otro punto crítico de rechazo popular durante el controvertido proceso electoral de 2006, en el que el candidato del pan, Felipe Calderón, supuestamente ganó por 0.58% de los votos al candidato de la cen-tro-izquierda del prd, Andrés Manuel López Obrador.

Esta fue una segunda rebelión electoral ciudadana, que el régimen contuvo mediante una combinación de maniobras de fraude, con ele-mentos económicos y políticos, incluida la manipulación cibernética de los resultados, contando con asesoría de organizaciones de eu y España, lo que abrió una importante crisis de legitimidad y marcó la profundización de la tendencia a la militarización del combate a las drogas como refuerzo de la autoridad electoralmente cuestionada y como cortina de humo para combatir las resistencias populares (Ál-varez, 2007b).

Por todo eso, el ascenso del panista Felipe Calderón muy pronto fue seguido de una declaratoria formal de guerra contra el narcotrá-fico, que realmente llevaba la intención de generalizar un clima de miedo en todo el país, imponer la visión de un presidente con autori-


dad fundada en las fuerzas armadas, y desplegar una verdadera “gue-rra contra los pobres” y reprimir a los jóvenes como “sospechosos”. Pronto se fue identificando entre las miles de víctimas, a luchadores sociales, ecologistas populares, periodistas, dirigentes políticos locales y simples ciudadanos que estaban “en el lugar equivocado en el mo-mento equivocado”.

Al declarar la guerra contra el narco, Felipe Calderón no sólo vio-lentó la Convención de Palermo, que fija el combate militar como úl-tima opción y sólo en caso excepcional, sino algo peor: alentó la venta de armas a México desde Estados Unidos, al punto que hoy proceden de ese país 70% de las armas aseguradas por la policía y el ejército en nuestro país. Según estimaciones del American Friend Service Com-mittee (afsc), la venta legal de armas alcanzó 3,500 millones de dóla-res entre 2012 y 2015, casi diez veces lo adquirido entre 2000 y 2012 (Saxe, 2017). Por supuesto, también cayeron miles de jóvenes ligados al narcomenudeo por falta de opciones de empleo y educación.

Se colocó al Estado en un contexto global, negociando entre las élites no sólo las reformas económicas estructurales, sino la renova-ción del sistema político, obligando a una transición a un régimen de alternancia electoral bipartidista, para salvar el riesgo de un colapso priista a manos de la izquierda. La crisis política que derivó tras la gestión del pan, sin embargo, movió al Estado en la dirección de un peso creciente de los militares en instituciones como la Procuraduría General de la República (pgr), utilizando como pretexto el combate contra las drogas.

Pero debemos insistir en que la interacción entre reformas estruc-turales y cambios en el sistema político, especialmente en el esquema de partidos, se ejecutó poco a poco, desde los estados hasta conseguir una pacífica transición pactada desde el poder federal, dando paso a


dos períodos presidenciales del pan, aunque luego, la sorpresa fue el regreso del pri, que en forma errónea algunos suponían había termi-nado su vida al ser desplazado del poder presidencial en el 2000.

La anomalía de esta transición política hacia un consenso de cen-tro-derecha está en que, por un lado, hubo dos rebeliones electorales ciudadanas cargadas hacia la izquierda y, por el otro, ese hecho in-trodujo un sorpresivo actor político partidista de centro-izquierda (el prd), que complicó un tiempo la evolución de la transición electoral, aunque finalmente, y siguiendo la larga tradición de partidos paraes-tatales en el sistema electoral mexicano, la autonombrada “izquierda moderna” logró hundir al prd en el marasmo de las componendas, quedando dividido de muerte en 2017 al perderse en las insólitas alianzas con el pan, que son contrarias al programa y los estatutos del prd y, además, van en contra de la decisión que ya había tomado su Congreso Nacional en el sentido de buscar una alianza de las izquier-das y no hacer una alianza nacional con el pan.

En la Segunda Parte (capítulos tres, cuatro y cinco), regresaremos al examen detallado de las fórmulas políticas utilizadas para asegurar la dominancia financiera e imponer el desmantelamiento de la edu-cación, la salud y la seguridad social, pilares de lo que hemos llamado “Estado social incompleto”.

• 77 •

Segunda ParteDesmantelando al “Estado social

incompleto” para refundarlo como “Estado oligárquico”

• 79 •

Capítulo TresPolíticas y transformacionesforzadas desde el Estado paradesmantelar el “Estado social

incompleto”: la educación1

3.1 Introducción

Comenzaremos evocando algunas de las tesis centrales de Alonso Aguilar Monteverde (Aguilar, 1968; Aguilar, 1970; Aguilar, 1973; Aguilar y Carrión, 1974), que a diferencia

de nosotros, como clave, insistía en distinguir entre capitalismo

1 Como hicimos en el escrito original que sirvió de base a este capítulo, lo de-dicamos a la memoria de Alonso Aguilar Monteverde, maestro, camarada y amigo… que también se adelantó.


de Estado y capitalismo monopolista de Estado. Para Aguilar, el primero surgió cuando algunos países estaban en la fase premo-nopolista y el imperialismo empezaba a desarrollarse. El segundo, cuando ya se estaba en la última fase de la etapa imperialista.

El capital monopolista, público y privado, nacional y extranjero, es clave por ser el centro del poder económico y político de la nación, porque controla todas las ramas de la economía mexicana. Hemos mostrado ya que, con la fórmula sistémica de “abrir, privatizar y des-regular” ‒en una compleja práctica politico-social real‒, fue como se aseguró, desde el Estado, una dinámica de cambios instituciona-les incrementales, hasta cambiar estructuralmente el capitalismo en México.

Los mexicanos superricos, con el neoliberalismo ya tienen una destacada presencia global, en primer lugar como resultado directo de políticas públicas como las privatizaciones de empresas estatales, pero también por el disfrute de regímenes fiscales especiales, de con-tratos de obras públicas, de ampliación de los términos de las con-cesiones mineras y forestales, de la imposición de caídas salariales, de la destrucción de la capacidad de contratación colectiva, y de la destrucción de los sindicatos mismos, pero además, por la utilización discrecional de los fondos de pensión de los trabajadores.

La herramienta fundamental, cuidadosamente escondida, para hacer retroceder globalmente los intereses de los trabajadores, ha sido la multiplicación de los desempleados, debido a la generalización de las políticas de libre comercio y las aplicaciones crecientes de las tec-nologías de la información.

Pero, en rigor, el desempleo mundial rampante ocurre tras la in-tegración de China y la India al mercado global de fuerza de traba-jo, pues con millones de personas como ejército industrial de reserva


global del gran capital trasnacional, y un cambio tecnológico profun-damente ahorrador de mano de obra, colocaron en posición tremen-damente defensiva a los trabajadores de todo el mundo, incluyendo en primer lugar a los de México, retaguardia laboral de Estados Unidos.

En este capítulo haremos primero el recorrido por las políticas clave en el desmantelamiento de las precarias instituciones del Esta-do de Bienestar “a la mexicana”, que por eso hemos llamado “Estado social incompleto”: a partir de la liga política entre crisis y cambio estructural neoliberal.

En seguida, mostraremos la relevancia política que ha tenido la construcción del consenso conservador acorde con el proyecto de re-forma electoral bipartidista, sumando las bases legislativas del pri y el pan; más adelante, ubicaremos el desplazamiento del poder centralis-ta construyendo alianzas regionales con oligarquías desplazadas del poder federal pero poderosas localmente, que incluyeron en la par-ticipación a fuerzas populares sin experiencia en el manejo de esos esquemas de gobierno compartido vía la descentralización.

Después nos referiremos a la utilización de las políticas de austeri-dad presupuestal como estrategias disciplinarias y de aseguramiento de la hegemonía financiera, que auspiciaron el encogimiento de las instituciones públicas con vocación social.

Al final, veremos cómo provocaron derrotas de la izquierda, entre la maraña de la reforma política, los fraudes electorales y la división, represión y cooptación de los opositores. Se utilizó primero la des-centralización como herramienta dispersora de los opositores a la re-forma neoliberal en educación, y cuando se trataba de fijar directivas nacionales e imponerlas a todo el magisterio, no hubo empacho en que el Estado recurriera de nuevo a la centralización.


El despliegue del discurso de la calidad, que se originó en los países desarrollados, en México entró asociado al dogma de la “evaluación estandarizada”, y llegó para responsabilizar al magisterio por la crisis de la educación, persistiendo en esa agenda hasta llegar a la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (inee), una institu-ción “autónoma”, debidamente acotada por el poder presidencial.

Mostraremos también cómo llegó una reforma laboral disfraza-da de reforma educativa, para imponer el proyecto transnacional de la “educación por competencias” a golpe de despidos (más de 600 en 2016) y represalias masivas contra los maestros (casi a dos mil). Final-mente, veremos que el Estado “focalizó” a los extremadamente ricos, para enriquecerlos; y a los extremadamente pobres, para manipular-los electoralmente.

3.2 La exitosa síntesis política entrecrisis económica y cambio estructural neoliberal

La “Crisis de la deuda externa de 1983” sirvió en México como justi-ficante de situaciones excepcionales que obligaban a tomar “medidas duras pero necesarias”, pues implicaban cambiar un modelo econó-mico que se decretaba “desgastado” (el de industrialización por sus-titución de importaciones), que se había construido históricamente con base en un gran pacto social y que condensaba una determinada correlación de fuerzas entre las clases fundamentales de la sociedad, el capital y el trabajo asalariado.

En México, los “rescates financieros” de monopolios industriales al borde de la bancarrota, y con riesgo de comprometer a los gru-pos bancarios con los que estaban ligados, negociaron el apoyo de las instituciones financieras internacionales, el fmi, el Banco de Pagos


Internacionales (bpi) y las autoridades financieras de Estados Unidos (Departamento del Tesoro), además de practicarlos mediante rene-gociaciones de pagos.

Y todo con cargo a las finanzas públicas del Estado mexicano, de tal forma que la recurrencia de las crisis financieras fue reforzando, por un lado, el soporte estatal al capital privado nacional e internacio-nal; y, por otro, permitió introducir y asentar la noción de la “inevi-tabilidad del cambio estructural”, pero ya en el sentido de transitar obligadamente por la senda del cambio neoliberal.

Así, la síntesis política discursiva, de ligar crisis y cambio neoli-beral en la década de 1980, se hizo para justificar ideológicamente la imperiosa necesidad de “disminuir el tamaño del Estado”, sacri-ficando el gasto social (en educación, salud y seguridad social), pero siempre con un discurso que formalmente sostenía la necesidad de defenderlo.

También se usó para concentrar todo el poder financiero estatal a favor de los grandes monopolios, afianzando así el largo proceso histórico de ascenso político de los grandes empresarios, agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (cce), que por su parte, desde la década de 1960, hacían esfuerzos para dotarse de una nueva base social entre las “clases medias” urbanas. Por eso, al comenzar el año 2000, vimos que Vicente Fox pudo decir con pasmosa precisión, que su gobierno era de “empresarios, por los empresarios y para los em-presarios”.

En definitiva, ese alarde hegemónico de los intereses empresariales era un reflejo de que en México ya habían cambiado sustancialmente tres cosas: las bases del sistema político, la relación Estado-empresa-rios y la operación misma del sistema partidista, pues algunos grupos empresariales trasnacionales (de Estados Unidos) aliados a poderosos


grupos de poder regional, opositores históricos al poder central del país (como los de Monterrey, Chihuahua, Tabasco y Chiapas), aca-pararon desde la década de 1980 los capítulos locales de los partidos políticos (así crecieron también el falso “Partido Verde” en Chiapas y el “Movimiento Ciudadano” en Jalisco), escogiendo a empresarios del pan para doblegar la fuerza histórica del pri, que se había desarrolla-do como “Partido Oficial”.

Los priistas reaccionaron seleccionando también empresarios como candidatos, borrando así las diferencias entre pri y pan, asun-to que colocó las bases objetivas de un nuevo ejercicio bipartidista para la cristalización de las mayorías en los Congresos locales y en el Congreso de la Unión, alianza estratégica que perdura hasta nues-tros días, perfilando a largo plazo la reproducción nacional de un tipo de bipartidismo al estilo estadounidense. Fenómeno sumamente útil para sus beneficiarios en las curules y sus clientelas porque, insisti-mos, todas las reformas estructurales neoliberales han sido votadas en las Cámaras por el pri y el pan. Y peligroso para ellos mismos: porque ahora el desprestigio corroe a los dos partidos.

El prd, sin haber sido nunca una fuerza partidaria nacional (en el mejor de los casos se puede decir que fue y sigue siendo, si acaso, multirregional), ensayó también la incorporación de empresarios o políticos priistas resentidos como sus candidatos en algunos estados (especialmente Guerrero, pero también Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y el Distrito Federal); lo hizo mucho más claramente desde la llegada de Felipe Calderón en 2006 hasta el final de su mandato en 2012; y en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto ha optado por esa senda de las alianzas parlamentarias alternativas con pri-pan, o ambos, para aprobar las reformas neoliberales.


La parte novedosa y más reciente es que la dirección del prd se incorporó al mecanismo del “Pacto por México”, un acuerdo de las cúpulas de los tres partidos más grandes, para impulsar la agenda de reformas estructurales del presidente Peña Nieto, quien aseguró así un control corporativo sobre el Congreso y sobre las bases de los tres partidos.

De manera que, con el sometimiento de los partidos a la agenda neoliberal y al poder presidencial en turno, el fortalecimiento político de los grandes empresarios acentuó el poder de los monopolios en la economía, al cargar la fuerza del Estado siempre a su favor, has-ta impulsar que se desborde el endeudamiento interno como fuente de acumulación del capital financiero, primero sólo nacional y lue-go trasnacional (aunque ha oscilado en el tiempo, ya que en los años recientes poco más de la mitad de los bonos de deuda del gobierno federal se encuentra en manos de iep).

Con ello, de paso se acentuó el parasitismo del capital financie-ro sobre las finanzas públicas, convirtiéndolas en su coto privado de caza, esto es, asegurando altas ganancias más allá de las vicisitudes del ciclo económico. Por todo eso lo hemos llamado “Estado oligárquico”.

3.3 Las políticas de austeridad presupuestal

Con las políticas de austeridad presupuestal se fue limitando y recor-tando el gasto social (el de educación, salud y seguridad social, a tal punto que entre 1982 y 1989 el ingreso promedio del magisterio tuvo una caída neta de 52%), mientras que comenzaban a operar, como nuevas prioridades dentro del presupuesto, el pago del servicio de la deuda y el gasto en defensa.


Esta es una tendencia de tres décadas, ya que, aún en el proyecto de presupuesto de egresos de 2012, los recursos para seguridad as-cendieron a 162,000 millones de pesos constantes de 2008, con un aumento de 12.4% respecto al 2011 (Velasco, 2012). Y ha seguido cre-ciendo ese gasto militar, al calor de la “Iniciativa Mérida”, con fondos de Estados Unidos pero esencialmente con fondos mexicanos.

Los recortes presupuestales sobre el gasto social se hicieron siem-pre planeando neutralizar o desorganizar la base social de los secto-res disidentes, específicamente las acciones de quienes rechazaban la lógica de la austeridad.

El resultado visible e inmediato fue una tremenda acumulación de derrotas politico-sociales populares (especialmente entre los asala-riados urbanos, pues los campesinos simplemente se vieron dispersos y forzados a migrar), lo que estrechó también la base consensual del régimen dominante, igual que la de las fuerzas de oposición, reflejado todo como caída de la votación libremente emitida a su favor (por eso la tendencia creciente a la “compra de votantes” cada vez más sofisticada: la penúltima evidenció el uso de tarjetas de monedero electrónico de Banca Monex, en 2012, cuando llegó al poder Enrique Peña Nieto.

Con ese largo accionar de las políticas de austeridad, los neolibera-les al final lograron cristalizar en el imaginario popular la aceptación de dos nociones clave: una, la de que el Estado “no tiene recursos”, y dos, la versión empresarial de que “ya no podemos esperar todo de papá gobierno”. De modo que la austeridad que se suponía era “tem-poral” por la gravedad de la crisis, se acabó convirtiendo en perma-nente, pero sólo para los sectores del bloque de los dominados.

Los grandes monopolios mantuvieron ganancias incrementales a largo plazo con las llamadas app, las prebendas fiscales, y si tuvieron


fracasos “empresariales” siempre eran cubiertos con fondos públicos (dos veces hubo rescates de la banca, tres de las autopistas concesio-nadas, cuatro de los ingenios azucareros, dos de las aerolíneas, etc.).

Digamos que “papá gobierno”, bajo el pretexto de la gravedad de la crisis financiera, se concentró en atender las necesidades de sus hi-jos más dilectos: los grandes empresarios monopolistas, nacionales y extranjeros, aunque sin lugar a dudas son los actores relevantes.

3.4 De la descentralización de la educacióna la centralizada educación por competencias

A todo lo largo de la etapa inicial y nuevamente a partir de 2013, la austeridad presupuestal fue la herramienta favorita de los neoli-berales, aplicada puntualmente contra todo el sector educativo, pero usando la descentralización primero en el ámbito de la educación primaria y la secundaria como hermana inseparable, en un inten-to por alejar las protestas de la capital del país y concentrar en los gobernadores las negociaciones con las diferentes secciones del Sin-dicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte), algunas de las cuales amenazaban con tomar la dirección nacional del sindicato agrupadas en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-cación (cnte).

Con Peña Nieto, los empresarios creyeron que ya estaban ma-duras las condiciones para privatizar la educación básica, jugoso ne-gocio al que aspira controlar una poderosa coalición conservadora en la que se cuentan los Slim, los Azcárraga Jean, los Salinas Pliego, los González Obregón, la jerarquía de la Iglesia Católica (mediante poderosas órdenes religiosas) y los negociantes de la ocde, además de los grandes capitales de Estados Unidos como la Fundación Gates,


la familia Walton, los Bloomberg, los hermanos Koch, Rockefeller y otros.

Así se condensa hoy la doble presión, privada nacional e inter-nacional, sobre la educación mexicana, pues sienten maduras las condiciones para introducir y generalizar con rapidez el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación pública, mediante dispositivos electrónicos en televisión, telefonía y telecomunicaciones o mediante la venta de paquetes de “software para formar docentes”, además de la configuración de una especie de concordato entre el Estado y la Iglesia, para impartir valores reli-giosos como parte de la educación básica, y la promoción de valores empresariales individualistas, desde la primaria hasta la universidad.

La presión privatizadora sobre la educación pública es global y particularmente intensa en América del Norte (en Estados Unidos, México y Canadá), y por eso también tiene un profundo carácter antisindical (aunque en México, por historia, las cosas se complican porque el snte es un reducto laico, un valor cultural arraigado en la sociedad mexicana, formalmente autodefinida como “católica”).

3.5 La educación en crisis: la evaluaciónestandarizada, el discurso de la calidad y la segunda fase de la “descentralización centralizadora”

El 25 de febrero de 2013, Enrique Peña Nieto promulgó una “reforma educativa” en cuyo centro estaba un esquema de evaluación magiste-rial, montada sobre mensajes televisivos que anunciaban la llegada de “nuevos tiempos de transparencia y calidad”. Se prometió, a muy corto plazo, la aprobación de la legislación secundaria (ley reglamen-


taria) que daría las pautas operativas de lo que era una reforma cons-titucional.

Se enfatizó que, a partir de entonces, sólo se podría ingresar al magisterio, permanecer y ascender como maestro, director o supervi-sor, mediante mérito profesional. Se votó en el Senado que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee) no sólo tendría plena autonomía, sino que sus sistemas de evaluación serían homo-géneos y obligatorios para todos los maestros, pero sobre todo que tendrían un peso específico en la evaluación del trabajo del docente.

Casi al final del mandato de Peña Nieto, ni la tercera parte de los docentes habían sido evaluados. Pero así se había montado una triple maniobra política: se colocaba la evaluación como requisito, la for-mación docente como responsabilidad individual, no del Estado, y la privatización de la formación, abriendo el espacio para los negocios educativos de los docentes, con la promoción de las “modernas” apli-caciones electrónicas.

La detención de Elba Esther Gordillo fue una acción profunda-mente antisindical, porque era un golpe que declarativamente bus-caba “recuperar para el Estado el control de la educación”, cuando realmente buscaba derogar la bilateralidad en el ingreso, promoción y permanencia del magisterio, por eso apostaba al sometimiento o la partición (o ambas cosas) de todo el sindicato magisterial, el snte.

Peña Nieto, pregonando con su proyecto de reforma la autono-mía de la gestión de las escuelas, en realidad anunció la segunda fase de la descentralización iniciada en 1993 por Carlos Salinas de Gor-tari, pero esta vez sin darle espacios políticos a la burocracia sindical del snte.

Es importante destacar que el golpe presidencial peñanietista fue asumido como propio y cobijado por las cúpulas de los partidos po-


líticos nacionales, el pri, el pan, el prd, el Verde Ecologista y hasta el Partido Nueva Alianza (Panal), mediante el mecanismo del “Pacto por México”, que esencialmente sirvió, en el caso de la educación, para imponerle una agenda al Poder Legislativo (arrancándole la facultad de examinar, discutir, procesar y cambiar las iniciativas legislativas), para someter a los gobernadores que tienen complicaciones políticas con la disidencia magisterial (y por lo tanto tienden a pactar) y para satanizar a “los disidentes de siempre”, los miembros de la cnte, en sus grandes reductos de la Ciudad de México y del Pacífico Sur: Chia-pas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

La tal discusión de las leyes reglamentarias, supuesto espacio para “consultar con el magisterio”, se convirtió en una farsa que fue des-montada por la movilización mayoritaria y la realización de foros educativos de los maestros. En ninguna parte fueron realmente escu-chados sus reclamos, por eso no hay que subestimar el colapso de la imagen política del Congreso Federal y de los Congresos Locales, que se han transformado en aplaudidores de las iniciativas peñanietistas y, por eso y su sordera, cargan ahora un desprestigio monumental.

3.6 Reforma laboral disfrazadade reforma educativa

La llamada “reforma educativa” de Peña Nieto, en rigor, fue una reforma laboral unilateral para todos los trabajadores magisteriales del sector público, que se disfrazó de “educativa” porque, en su nú-cleo mayoritario, los destinatarios eran trabajadores de la educación y eso incluye en el snte a todos: los llamados “institucionales” y los “disidentes”, pero en el resto del sector educativo también a los tra-bajadores universitarios y politécnicos, que pronto comenzaron a ver


en cuestión la “definitividad”, los mecanismos de ingreso y de pro-moción, además de otros derechos laborales adquiridos con base en luchas largas y difíciles.

Con la reforma “laboral educativa” se buscaba romper el papel del sindicato en la gestión de las escuelas, para dar paso a fundacio-nes y empresas privadas en la canalización de los recursos públicos, que van a priorizar la compra de materiales educativos, sobre todo informáticos.

La nueva Ley enfatizaba la búsqueda de la “calidad de la educa-ción”, por estar centrada en la generalización de los exámenes estan-darizados para profesores, pero también para los estudiantes, vía el organismo privado Centro Nacional de Evaluación para la Educa-ción Superior (Ceneval), de modo que, con todo ello, confían que se pueda “medir” el desempeño de maestros, escuelas y estudiantes.

Pero, en el fondo, la pretensión es que, basándose en los resulta-dos de esos exámenes, podrán justificar despidos, cierre de escuelas, recorte de fondos públicos, reducción de temas, materias y conoci-mientos científicos para dejar todo el espacio presupuestal libre para la compra de las “tecnologías informáticas” y el negocio educativo privado.

Encogiendo las contrataciones en la educación pública y precari-zando los nuevos ingresos, se pretende redefinir un sector que es cla-ve en la identidad nacional. Se trata de una batalla por la mente de los mexicanos, cuya suerte apenas está echada, pero que ya dejó secuelas terribles: contra la población de Nochixtlán, Oaxaca, que apoyaba la huelga magisterial en 2015, la Policía Federal Preventiva apoyada por la policía estatal, masacró a sus habitantes dejando ocho muertos, más de un centenar de heridos, 80 de ellos por arma de fuego, y dece-nas de detenidos, quedando sin castigo los responsables del Gobierno


federal, encabezados por Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, y del gobierno estatal, encabezado por el panista-perredista Gabino Cué.

Hagamos un paréntesis para insistir en que el terrible aconteci-miento contra los combativos estudiantes de la Normal “Isidro Bur-gos” de Ayotzinapa, que produjo seis asesinados (cuatro estudiantes y dos personas que pasaban por el lugar), más la desaparición de 43 estudiantes normalistas a finales de septiembre de 2014, intersecta el aspecto más brutal de la reforma educativa (empeño gubernamental en el cierre de las Normales Rurales, bajo la justificación, pregonada por Elba Esther Gordillo, de que son “nidos de guerrilleros”) con el de la reforma energética, al punto de abrir una grave crisis de credi-bilidad del régimen y de las instituciones de justicia, que termina por entrecruzarse con la crisis de legitimidad que quedó de las controver-tidas elecciones de 2012.

En fin, se trataba de un gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, que había llegado al poder con minoría del total de votos, pero mediante el “pacto por México” se reubicó como ejecutor de la “vo-luntad mayoritaria”.

Esa debilidad original, más la estructura piramidal del sistema po-lítico mexicano, que coloca al presidente como eje dominante entre los Poderes de la Unión (el Ejecutivo, por encima del Legislativo y el Judicial), es lo que deja a punto de desbordarse un autoritarismo militarista, con fachada civil.

Y ha sido la movilización de los contingentes de todos los niveles del sector educativo, también afectados en derechos fundamentales, la que se ha encargado de ahondar la crisis de credibilidad y de legi-timidad, tanto nacional como internacionalmente, colocándonos en una situación inédita: el desprestigio internacional del régimen, que


es un logro político de los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

No es extraño entonces, que el Gobierno federal haya respondido, a los cuestionamientos de la reforma laboral-educativa, con el juego de las dos caras: por un lado, la supuesta cara negociadora del secre-tario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (que controla la Policía Federal Preventiva ‒pfp‒ y la Gendarmería), y, por el otro, con la careta de político torpe, pero autoritario e intransigente, Aure-lio Nuño Mayer, como Secretario de Educación, lo que incluyó actuar con brutalidad frente a la lucha de los normalistas y que, todavía en 2017, se recurriera a la policía, el ejército, y a la misma dirección sin-dical del snte, tratando de imponer a toda costa la evaluación a los docentes del magisterio.

Por eso no hay que olvidarlo: la lucha de Enrique Peña Nieto contra la cnte es para destruirla; como intentó Felipe Calderón al agredir al Sindicato Mexicano de Electricistas (sme) en busca de la desaparición del sindicato más antiguo, nacionalista y de los más combativos de México.

3.7 Los ejes del desmantelamientode la salud pública

Parte central del proyecto de reducir las funciones del Estado afec-tando el gasto social se gestó y desarrolló bajo la pauta de desmante-lar la infraestructura pública, con el argumento de que los servicios sanitarios y los servicios sociales son, en rigor, actividades netamente económicas y, por eso, deben quedar sujetas a las leyes del mercado; vale decir, por eso se debía rediseñar el presupuesto federal con un criterio en que “los costos” sean una verdadera guía, toda una clave


para unas finanzas públicas que se busca estén al servicio del gran ca-pital, sin importar si al final las dejan en crisis permanente, y las obras salen costando más caras.

El gran cambio conceptual estratégico fue: convertir la salud en una mercancía, primero echando abajo la noción histórica de un ser-vicio de salud no completamente universal, pero solidario, intergene-racional y de inspiración distributiva, que había entrado en crisis por un conjunto de factores que van desde los demográficos, pasando por los puramente económicos (la caída de los salarios reales, el deterioro del trabajo formal, el aumento de la pobreza urbana y rural), hasta los factores médicos por los cambios ocurridos en el perfil epidemio-lógico del país.

A todo eso también hay que añadir la administración pésima y corrupta de los sistemas públicos, y de los fondos para la seguridad social y las pensiones. Así, se preparaba el terreno para pasar, de un “Estado social incompleto” al “Estado mínimo neoliberal” (Laurell, 2013).

Los pasos políticos seguidos por los neoliberales fueron, en conse-cuencia: montar programas focalizando segmentos de población con criterio por marginalidad (pobres urbanos, rurales, indígenas, muje-res, madres solteras), además de cambiar lentamente los derechos de los trabajadores formales, de orientación solidaria a individualizada, transformando a los usuarios de “derecho-habientes” en “consumi-dores” y, eventualmente, usando los ahorros de los trabajadores, me-tidos en fondos de pensión, para multiplicar los recursos disponibles por el gran capital financiero, manejándolos a través de las Adminis-tradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y las Sociedades de Inver-sión de Fondos para el Retiro (Siefore).


Pero además, poco a poco fueron recurriendo a la transferencia financiera de los servicios de salud (financiamiento de nuevos hos-pitales y clínicas), y a la subrogación de los servicios de guarderías (cuyo fracaso se exhibió en la tragedia de los 49 niños quemados en Hermosillo, Sonora) y de atención médica a hospitales priva-dos, de laboratorios de producción de vacunas, de almacenes, de áreas de mantenimiento y de vigilancia, a grandes inversionistas privados (como Carlos Slim y los hermanos Vázquez Raña).

Ese proyecto no podía avanzar sin degradar la infraestructura existente mediante políticas de reducción presupuestal y de restric-ción de la inversión pública. Así, las autoridades de salud desapare-cieron áreas clave, como investigación, y transformaron las áreas de supervisión en oficinas de capataces, para controlar mejor a los tra-bajadores de base.

Las sobrecargas de trabajo, por aumento de usuarios y falta de recursos, llevaron de inmediato a un choque cotidiano de los trabaja-dores de la salud con los derechohabientes de los servicios, acentuan-do el clima de opinión adverso a las instituciones de salud públicas.

De ahí en adelante, quedó la mesa puesta para recurrir a nuevas formas de financiamiento de la infraestructura hospitalaria, con par-ticipación privada creciente, apuntando a la verdadera “asociación publico-privada”, que era un modelo de negocios originado en Ingla-terra en los tiempos de Margaret Thatcher (1992), y que se adoptó alegremente como fórmula de negocios propios por los gobiernos neoliberales priistas y panistas.

Como hemos podido observar en este capítulo, los recursos com-partidos entre grandes empresarios, Gobierno federal y Gobiernos estatales, sorprendieron a las fuerzas populares por recurrir a esque-


mas nuevos, que provocaron fuertes derrotas. En el capítulo siguiente, veremos en detalle lo ocurrido con el sector de la salud y las pensiones.

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Capítulo CuatroAcumulación financiarizada,

segmentación estatal y universalismodemagógico sobre la salud

y la seguridad social

4.1 Introducción

Para mostrar el largo camino recorrido por los regímenes neoliberales expropiando a los trabajadores hasta de su fondo de reproducción social, primero regresaremos sobre

las tendencias privatizadoras en el sector de la salud con políticas de control electoral disfrazado, pero pronto ofreciendo demagó-gicamente una “cobertura universal” que nunca tuvo en México


el “Estado social incompleto”. Después hablaremos de los fallidos intentos formales de cambiar la cultura laboral, para luego avanzar en eso por la vía de la represión, asentando la cultura de la vejación y el sometimiento.

En seguida, retomamos la idea de que las reformas también focali-zaron a los extremadamente ricos, para mostrar la larga gestación de la apertura del sector energético como jugoso negocio, para concluir con un examen de la utilización y depredación financiera abusiva de los recursos de los fondos de pensión, política que colocó a los asala-riados todos en un retroceso de proporciones históricas.

4.2 De la “focalización” al “enfoque universal”de los servicios de salud

La llegada de los regímenes panistas, en el 2000, enfatizó el discurso del “aseguramiento universal de salud”, pero mediante dos instru-mentos de control electoral disfrazado: el Plan Nacional de Salud y el llamado “Seguro Popular”, en el que la focalización se coordinaba en los tres niveles, federal, estatal y municipal, todo montado sobre la credencialización de los usuarios y el pago de una cuota solidaria anticipada por el gobierno federal, una cuota social a cargo de los gobiernos estatales y otra cuota “voluntaria” por parte de los benefi-ciarios. La ausencia de los empresarios, como aportadores de fondos, siempre fue notable, anotándose una ganancia adicional.

Pero por razones de “debilidad de las finanzas estatales”, en la atención de Segundo Nivel (hospitales) se garantizó solamente un paquete de “servicios esenciales” con cinco especialidades básicas (medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y ge-


riatría). En la atención de primer nivel sólo se garantizaron médicos y algunos medicamentos (Cota, 2008).

La lógica fue sencillamente brutal: se rasuraron primero los dere-chos y prestaciones, para luego dar rienda suelta a la demagogia de ofrecer “cobertura universal de los sistemas de salud”.

De esa forma, la “racionalidad” económica neoliberal ha ido re-creando la atención a la salud como un jugoso negocio para el sector privado, que alcanza en México entre el cuatro y 7% del pib para sa-lud (si sumamos gasto público y privado), esto es, un negocio de más de 30,000 millones de dólares.

Y de paso, otra herramienta de manipulación electoral y de enga-ño social, pues se habla de esquemas de salud “universales”, cuando previamente se han rasurado el alcance y cobertura real de los ser-vicios de salud. La base de la propuesta de “universalización” está en un argumento sin demostración: que hay “duplicidad en los sistemas de salud”.

Entre priistas y panistas favorecieron la privatización, de manera tan consistente, que el último empujón en ese sentido lo dio el gobier-no priista de Enrique Peña Nieto, quien atestiguó en abril de 2016 la firma del flamante “Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud”, sobre la base de conseguir que un paciente tenga acceso a los servicios que requiere, independientemente de la institución de salud o de seguridad social a la que pertenezca.

Hasta los dirigentes sindicales priistas repudiaron el sentido de dicha propuesta, con el simple argumento de que es todo un engaño ofrecerlo en un momento en que cada institución no ha podido resol-ver muchos de los problemas de sus derecho-habientes y se le recor-taron miles de millones de pesos al Seguro Popular: cayó de 84,511 millones de pesos en 2015 a 75,437 millones de pesos en 2016.


Pero visto como reducción del gasto por persona, la caída es más impresionante, pues, según datos de la Secretaría de Salud (ssa), el Seguro se inició en 2006 atendiendo 5.1 millones de afiliados, con un gasto de 4,872 pesos por persona; pero en 2016 atendía a 57.9 millo-nes de personas con un gasto de 1,302 pesos por cada una y mediante un paquete limitado: de modo que, para estos asegurados, acceder a la “universalización” representaría costos adicionales muy signifi-cativos. Es que, según el Banco Mundial, para 2014, sumando gasto público y privado en salud, México invierte 677 dólares per cápita; Noruega es quien más aporta, con 9,522 dólares por persona.

Compartir derechohabientes, en esas condiciones, equivale nada más a compartir miserias, pues la realidad del sistema de salud públi-co en su conjunto es que está totalmente saturado (Leal, 2017), y eso se explica muy sencillamente: no se han creado las plazas que requiere cada sistema, y los sistemas de salud estatales han contratado traba-jadores individualmente y sin las prestaciones de ley, porque quieren avanzar aceleradamente en la precarización de los empleos públicos, que es lo que exigen las normas laborales recomendadas por la ocde.

Por eso también la clave estará, durante largo tiempo, en exigir que termine el manejo discrecional, por empresarios, gobiernos lo-cales y dirigentes espurios, de los fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro (sar), las jubilaciones y pensiones. Y no se podrán ofrecer servicios de salud de calidad sin ampliar la plantilla de personal, basi-ficarlo, profesionalizarlo y, además, cerrarle el paso a la tendencia a la precarización de los empleos públicos.


4.3 El deterioro salarial: ventaja comparativaconstruida desde el Estado, con implicacionessobre el sistema de salud

La generalización de las actividades informales de baja productividad (seis de cada 10 empleos en el país son informales), sobre todo en los espacios urbanos, no sólo sembró las bases de la precarización labo-ral, sino que además produjo el efecto de que se generalizara, entre una parte importante de la población esencialmente trabajadora, la ilusión de ser “empresarios independientes”, produciendo un fenó-meno de desclasamiento a tono con el proyecto de que ser empresa-rio constituye la máxima aspiración social.

Así, la promoción del “emprendedurismo” en universidades y cen-tros educativos no es sino la santificación de la falta de responsabili-dad empresarial y estatal con la creación de empleos.

Este es un asunto global: el emprendedurismo, como construcción ideológica, está montado en la falacia de que los trabajadores “son empresarios autónomos de su fuerza de trabajo”, “gestores de su pro-pio capital humano”. La realidad es que Estado y empresarios dejan a los trabajadores, calificados y sin calificación, a merced de los vai-venes de las condiciones de crisis de una economía capitalista fuerte-mente monopólica. Objetivamente, hay trabajadores independientes que son empresarios pobres, cuyos ingresos no provienen de la venta de su fuerza de trabajo, ni son una forma disfrazada de salario. Su problema: que no tienen ni conciencia de clase ni idea de a qué bloque social pertenecen.

Los neoliberales borraron de la memoria obrera aspectos clave del impacto de la hiperinflación en sus salarios, haciendo valer el cuento de que se deben otorgar aumentos salariales con base en la “inflación


esperada” que fija el Banco de México, lo que convirtió al deterioro salarial en una constante, y a los bajos salarios en la principal “ventaja competitiva” que hasta la fecha ofrece la economía mexicana al capi-tal privado nacional y extranjero.

De ahí se derivó otra conclusión política muy negativa para los reclamos salariales: el que pida aumentos por encima de la inflación esperada, atiza la inflación y atenta contra la estabilidad macroeco-nómica del país, haciéndose acreedor no sólo de una sordera patronal ante sus reclamos sino, en caso necesario, de una represión guberna-mental directa.

Eso es lo que explica que, si en 1981 las remuneraciones de los trabajadores representaban 37.5% del pib, con la crisis de la deuda la caída fue fulminante y brutal, de modo que en 1986 apenas repre-sentaron 28.4% del pib. En la década de 1990, la participación más baja de las remuneraciones a los trabajadores se registró en 1996, con sólo 28.9% del pib; en 2003, la participación alcanzó 31.4%, y en 2011 registraron la más baja participación de treinta años del periodo neo-liberal: 27.6% del pib. Entre 1981 y 2011, las remuneraciones a los trabajadores habían perdido 10 puntos porcentuales, un logro que no consiguió ni el régimen de Pinochet con el golpe de Estado contra Salvador Allende.

Los salarios mínimos se convirtieron en una pesada ancla sobre los salarios contractuales, dejando a los trabajadores inermes, pues el sindicalismo independiente fue arrasado (así lo confirman en la década de 1980 las derrotas de las automotrices, de los trabajadores de aviación, de los minero-metalúrgicos, de los refresqueros, de los trabajadores de la salud y de la educación, de los universitarios, de los trabajadores textiles, de los electricistas, de las huleras, vidrieras, etc.), y el sindicalismo oficialista ha seguido de cómplice, inmoviliza-


do por los compromisos de sus dirigentes con las políticas neolibera-les del pri.

Pero con pérdidas de plazas y con salarios deteriorados, con la saturación y descuido de sus instalaciones, con el robo o utilización para otros fines de los fondos de los trabajadores, el financiamiento de los sistemas de salud quedó vulnerado. Ésa fue la puerta que abrió el camino para su desmantelamiento y privatización progresiva.

4.4 Fabricación de millonariosy multiplicación de los pobres

Como dijimos en el capítulo anterior, se recurrió a la focalización de los extremadamente pobres, para “racionalizar los subsidios” y, de paso, convertir a los pobres en base social electoral, alternativa a las corporaciones tradicionales (sindicatos industriales, de servicios y organizaciones campesinas), que fueron base histórica en la configu-ración de un singular y prolongadamente estable sistema político de control corporativo, destinado a declinar en tiempos de ajustes neo-liberales.

Fue Carlos Salinas de Gortari, con su Programa Nacional de So-lidaridad (Pronasol), el que creó y usó la principal herramienta legi-timadora del neoliberalismo entre los pobres, al igual que las jugosas privatizaciones que organizó fueron herramienta para legitimarse él personalmente entre los ricos, al volverlos “empresarios de clase mun-dial” (Carlos Slim, Jorge Larrea, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean, esencial aunque no exclusivamente, puesto que con bendiciones estatales poco antes se internacionaliza-ron con rapidez varios grandes grupos industriales, como los de Bim-


bo, Cemex, Gruma, Alfa, Femsa [Fomento Económico Mexicano], Desc y Vitro) (Vidal, 2002).

Para favorecer a los extremadamente ricos, desde el Plan Nacio-nal de Desarrollo, de Miguel de la Madrid en adelante, se aprovecha-ron los cambios al Artículo 28 Constitucional, abriendo espacio legal para alianzas de Pemex con el capital privado en la Petroquímica, rama que para 1997 recibía 30% de la inversión extranjera directa (ied) de Estados Unidos.

Se privilegiaron los acuerdos de inversión en el sector productivo de petróleo y gas vía subcontratación y convenios especiales, com-prando asistencia técnica en exploración, recibiendo créditos del ex-tranjero y equipo petrolero de segunda mano, como si fuera nuevo.

No sólo eso: el gobernador priista de Tabasco, Roberto Madrazo, promovió en 1995 asociaciones de inversión con los gobernadores de los estados norteamericanos que dan al Golfo de México (Alaba-ma, Florida, Luisiana, Misisipi, Texas), agrupando a las contrapartes mexicanas (Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Vera-cruz), lo que nos habla de un antecedente operativo estratégico de lo que después fue racionalizado, con Vicente Fox, como el Plan Puebla Panamá, cuyos rescoldos andan todavía por ahí cubriendo sus ver-güenzas, disfrazado de “Plan de Desarrollo Mesoamericano”.

Y así es como podemos decir, con absoluta propiedad, que la pri-vatización energética no llega con Vicente Fox, Calderón o Enrique Peña Nieto: con ellos nomás se asienta a plazo más largo, y abriendo la explotación de los hidrocarburos no convencionales en yacimien-tos de aguas profundas del Golfo de México y del gas shale (gas de luti-ta, gas esquisto, gas pizarra) en tierra firme de los estados del Noreste.

Ciertamente se trata de una apertura al capital privado en escala corregida y ampliada, pues las reformas a los artículos 25, 27 y 28


Constitucionales, aprobadas por pri y pan a finales de 2013, han deja-do a las actividades energéticas de petróleo y electricidad sin exclusi-vidad estatal, transformándolas en actividades mercantiles comunes y corrientes.

Hablemos resumidamente del largo proceso de privatización de Pemex, la empresa estatal que puede considerarse la “joya de la coro-na”, que comenzó cambiando su orientación en un entorno de precios internacionales muy altos, para dirigir su producción a la exportación (1977-1982), mediante un doble proceso de endeudamiento externo para financiar la extracción y exportación, y la exacción del exceden-te quitándole el Estado sus ganancias.

Ese proceso continuó entre 1982 y 1993, en un entorno de res-tricciones financieras para Pemex por el peso del endeudamiento externo y de la caída de los precios del petróleo. Así, la continuidad del proceso desregulatorio combinó un ataque violento contra la di-rección del sindicato tras la derrota del pri en las elecciones de 1988, la reconversión de Pemex como holding (controladora), y su fragmen-tación vertical en cuatro subsidiarias según sus especialidades: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquí-mica Básica, y Pemex Petroquímica.

En 1989 se hicieron cambios profundos en las leyes secundarias y en las reglamentarias, para despejar el camino a la privatización de la petroquímica básica. En 1994 estalló una grave crisis financiera; para enfrentarla, el gobierno solicitó un paquete de apoyo financiero por 51,000 millones de dólares a un grupo de instituciones financieras internacionales que incluyó a la Federal Reserve System (Fed) esta-dounidense, al Banco de Canadá, al Departamento del Tesoro Esta-dounidense, al fmi y al bpi. Como compromisos, quedaron: sostener


la orientación exportadora, y colocar los ingresos petroleros de Pe-mex como garantía de pago de la deuda.

No resulta extraño pues, que apenas entrando Zedillo en 1995, se cambiara la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, para permitir que el sector privado construyera, operara y tuviera en pro-piedad sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural.

Otros cambios importantes vinieron incluidos en el tlcan, pero el inicio de la participación directa de empresas privadas nacionales y extranjeras en la industria petrolera mexicana se plasmó median-te la transferencia que hizo Pemex Exploración y Producción, a in-versionistas privados, de actividades de exploración, perforación y construcción de plataformas, quedando ella como “administradora de contratos”.

Así dio inicio un complejo mecanismo financiero en el que, con recursos conseguidos por Pemex en el mercado financiero interna-cional (bajo supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-blico [shcp] y operativamente a través del Pemex Master Trust en (eu), las empresas privadas desarrollaban los llamados “Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público” (Pidiregas) (Montes, 2007), de costo altísimo y en be-neficio de inversionistas nacionales y extranjeros. Ese fue el comienzo de las llamadas asociaciones publico-privadas en el sector energético.

Pero los costos políticos están en que se trastocó la naturaleza y estructura del Estado Mexicano: se quitó al Estado su exclusividad en áreas estratégicas, se quitó al Congreso la capacidad de supervisar políticas energéticas, se quitó al Poder Judicial la exclusividad en la re-solución de disputas comerciales; pero sobre todo, se puso un extraor-dinario poder en manos del presidente de la República, como único


capaz de decidir sobre los negocios en materia de energía. Se trata de tremendos cambios conceptuales, con implicaciones de corto, me-diano y largo plazo. Aquí vemos de qué manera el poder presiden-cial se amplía sustancialmente, pero ya hablaremos en los siguientes capítulos de cómo, con otras reformas, el poder presidencial ha sido “acotado”.

Sobre el otro polo de la sociedad, y gracias a las construcciones tecnocráticas de Santiago Levy, el programa de “Oportunidades” se convirtió en la herramienta neoliberal más preciada, porque permitió quitarle al pri controles territoriales sobre los pobres, para dárselos al pan, en localidades con importante población indígena como Chiapas y Oaxaca, o para afianzarlos en lugares como el Estado de México.

Los pobres se convirtieron así en base social de apoyo a los gobier-nos neoliberales, cualquiera que fuera su procedencia, priista, panista o perredista (como ha ocurrido con los pobres urbanos de la enorme zona noreste del DF, ahora CdMx). El cambio ha sido estratégico.

4.5 El manejo de las pensiones:todo el poder al capital financiero

En México, la reforma del sistema de pensiones bajo el neoliberalis-mo ha sido un proceso complejo, largo y por cierto siempre cuestio-nado, pues sólo 40% de los mexicanos tiene esperanza de alcanzar una pensión raquítica y 60% restante quedó de plano sin posibilidad de contar con ella.

Así y como parte de los grandes cambios políticos, gobiernos como el de la Ciudad de México, bajo el mando del prd, auspiciaron un programa de minipensiones para “adultos mayores”, buscando


ganar clientela política y “abaratar” costos dando migajas a los “vie-jitos”, como población abierta.

De los priistas, Carlos Salinas de Gortari se sacó de la manga el “Sistema de Ahorro para el Retiro”, y Ernesto Zedillo inventó las Afo-res; de los panistas, Vicente Fox modificó la Ley del imss (Instituto Mexicano del Seguro Social) para cambiar las pensiones, y Felipe Calderón cambió la Ley del issste (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) para hacer lo mismo con las de los trabajadores del Estado.

El país tiene hoy 4.7 millones de pensionados (Comisión Nacio-nal del Sistema de Ahorro para el Retiro [Consar], 2015) y estamos entrando en una fase crucial, porque ya estalló en varios estados, y en algunas universidades estatales, una crisis de pago de pensiones: los fondos no alcanzan para pagarlas porque hubo robos descarados en los fondos, por usos indebidos de las reservas, y hemos dicho que por otras limitaciones asociadas a la pérdida e informalización de los empleos.

Hay tres argumentos que pretenden explicar esa crisis: que las pensiones son muy costosas, que la gente se retira muy joven, y que representan un fuerte gasto para el Gobierno (13.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2017) (shcp, 2017). Pero nunca dicen que las pensiones de la alta burocracia son las realmente caras, por-que esas no se tocan.

Por lo demás, si el costo general de las pensiones lo medimos como porcentaje del pib, resulta que en México apenas representa 3.15% del pib, cuando en España es 9.8%, en Grecia 12.2% y en Italia 14.4% del pib.

El Gobierno federal es responsable del pago de las pensiones so-lidarias acumuladas, pero divulga la versión de que no tiene dinero


para pagarlas, y ello con el fin de encubrir los robos sobre dichos recursos. Por lo mismo, las propuestas centrales que hoy hace son: posponer la edad en que los jubilados pueden empezar a cobrar su ju-bilación, y aumentar las cuotas que aportan los asalariados (hasta que representen 17% de su ingreso), comenzando por incorporar en ellas los depósitos de la subcuenta de vivienda (administrados por el Fon-do de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [Fovissste] y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores [Infonavit]), o sea, quitando a los trabajadores otro derecho, el de vivienda.

Peor todavía, exageran el problema para el futuro, manipulando los datos sobre la población adulta mayor: según Consar, en 2050 la población con más de 65 años será el 25% del total. Pero según el Consejo Nacional de Población (Conapo), serán sólo 24.2 millones de personas, esto es, 16% del total de la población estimada para 2050. Además, ¿cómo se atreven a proponer que los trabajadores aumenten su aportación, si el salario real ha perdido casi ¾ partes de su poder adquisitivo bajo el neoliberalismo? (Martínez, 2017).

¿Y la responsabilidad empresarial? Bien, gracias. No aceptan ya ninguna responsabilidad en la seguridad social, pero, eso sí, quieren utilizar con más libertad los fondos de pensión de los trabajadores. El gobierno federal, por su parte, se niega a gravar más al capital, pese a que, según datos de la ocde, en México los ingresos tributarios como porcentaje del pib no llegan ni a 20%, cuando en Chile alcanzan 20.2%, en Brasil 36.7% y en Argentina 37.2% del pib.

Vale entonces preguntar: ¿Cómo ha hecho el Gobierno para fi-nanciar el presupuesto federal sin afectar a los grandes monopolios? Usando los ingresos petroleros por exportación, recortando el gasto social y el de inversión, subiendo el precio de las gasolinas y descar-


gando la persecución fiscal sobre las micro, pequeñas y medianas em-presas (MiPymes), asegurando así los ingresos del Impuesto Sobre la Renta [isr], Impuesto al Valor Agregado [iva] más Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (ieps), y contratando más deuda, inter-na y externa (que en total representaba 36% del pib en 2010 y, ya en 2017, alcanzó poco más de 50% del pib). Por todo eso lo recalificamos como “Estado oligárquico”.

Veamos un poco la historia de las reformas pensionarias: con la reforma del imss, aprobada en 1995 bajo el gobierno de Zedillo, im-pusieron las cuentas individuales, y con ellas dejaron la administra-ción privada de los fondos de pensiones en las Afores como negocio exclusivo del capital financiero, bajo el pretexto de “fortalecer el aho-rro interno”, quebrantado tras la crisis de 1994.

Se introdujo el derecho mercantil en la seguridad social para transformar la forma de financiamiento de las pensiones, dando lu-gar a que la seguridad social fuera acotada por el otorgamiento de seguros, lo que modificó también los requisitos para acceder a las pensiones, y así poder reorganizar completos los servicios de salud (Ramírez, 2009), bajo la promesa de que el ahorro propiciaría la in-versión y el empleo, desembocando supuestamente en el feliz creci-miento de la economía.

La reforma de 1997 (todavía con Zedillo) modificó el sistema de pensiones con el pretexto de otorgarle “viabilidad financiera”, ya que el sistema existente amenazaba con convertirse gradualmente en una gran presión sobre las finanzas públicas, debido a una combinación de factores: la caída de los salarios reales impuesta en beneficio del capital nacional y trasnacional; la precarización de los empleos nue-vos (entre 2004-2012, aumentaron en 8.9 millones los empleos que pagan de uno a tres salarios mínimos, mientras bajaron en 3.9 millo-


nes los empleos que pagan entre más de tres y más de cinco salarios mínimos).

Otro factor está en una tendencia demográfica en la que cada vez hay menos personas económicamente activas por cada traba-jador pensionado (situación que es la más frecuentemente exaltada por los neoliberales); y, sobre todo, por el déficit del sistema de repar-to del imss, que al momento de la reforma se estimó era superior a 40% del pib y que se autoinviabilizó a falta de un conjunto de medidas que detuvieran los beneficios injustificados del retiro anticipado (que alentaron muchas empresas para facilitar la introducción de nuevas tecnologías y mejorar su perfil en la Bolsa de Valores), por estipendios excesivos y por bajas contribuciones (Ham, Ramírez y Valencia, 2017: 54) de sindicatos corporativistas y otros grupos de poder.

Privilegios fueron esos mediante los cuales el régimen obtenía su respaldo al orden político dominante, pero luego se proclamaron como “financieramente insostenibles” en el tiempo y que, de no mo-dificarse, acabarían por “restringir” las funciones del Estado al res-pecto de otros compromisos —se argüía— de igual relevancia, como el combate a la pobreza y la provisión de servicios de salud y educa-ción (la tonada más recurrente en el discurso oficial).

No tan paradójicamente, los servicios de educación y salud fueron progresivamente privatizados, cayendo justo en la limitación de fun-ciones que aparentemente se decía querían evitar. Y siguió el vacia-miento de los fondos de pensiones.

En 2007, bajo el régimen panista de Felipe Calderón, entre el pri y el pan impusieron una “Nueva Ley del issste” para asaltar las pen-siones de los trabajadores al servicio del Estado, mediante la cual el ahorro propio, esto es, el monto de dinero que estaba en el fondo, se hizo trasladable ante la posibilidad de un cambio de empleo.


Las cuentas individuales del sistema de pensiones, siempre ope-rando exclusivamente con una sesgada visión financiera del asun-to público (Leal, 2014: 108), permitieron un esquema fondeado que resolvió el problema de inviabilidad financiera del modelo anterior, garantizando ciertamente a la clase trabajadora la preservación de los derechos de propiedad individual sobre sus recursos, pero, por el contrario, redujo el monto de los mismos, al compararse las pensio-nes de la nueva generación esperada de jubilados (2021) con las del régimen suplantado (Leal, 2009).

La realidad es que las proyecciones que se hacían no dejaban duda sobre lo que iba a ocurrir: bajo un “escenario muy optimista” donde un trabajador recibe un salario mínimo y aporta a su fondo de pen-sión, sin interrupción durante 40 años, se esperaría como pensión una “tasa de reemplazo” de 67.4% del valor de su último salario, mien-tras que para quien haya ganado dos salarios mínimos y aportado el mismo número de años, la aspiración quedaría aproximadamente en una tasa de reemplazo de sólo 52% del valor de su último salario (Ham et al., 2017: 57).

De este modo, ya bajo el sistema de gestión de las Afores, el ni-vel de pensiones esperado para más de la mitad de los pensionados se aproxima a sólo un salario mínimo. Y conste que los “escenarios previsibles” se montaban bajo heroicos supuestos de nivel de salarios, porcentajes de aportación (integrado por 6.5% de base, más una cuota social que varía en función del nivel de salario), años de aportación y una tasa de interés optimista de 3.5% por encima del nivel de infla-ción objetivo.

Para ver lo que ocurre en la realidad, tómese en cuenta que el Ban-co de México estimó para 2017 una inflación anual superior a 5%, lo que implicaría rendimientos con tasas reales negativas solamente


para este año. Por lo demás, no hubo consideración alguna para que las Afores se obligaran a proporcionar un nivel efectivo de beneficios por cada cuenta individual, planteándose la posibilidad de riesgo en tanto los recursos acumulados fuesen exiguos para proporcionar un nivel de vida justo a los pensionados.

Conclusión: las pensiones ya son y serán miserables para los tra-bajadores que están hoy en activo y cotizando. Pero eso todavía tiene otro problema adicional: que dadas las condiciones de desempleo y la volatilidad de los empleos existentes tras la Gran Crisis Global de 2008-2009, se dio autorización para que los trabajadores usaran par-te de su fondo de pensión como seguro de desempleo.

4.6 Avanza la concentración de capital sobrelos fondos de pensiones y la demagogia de las“pensiones universales”

En septiembre de 2013, Peña Nieto propuso y las dos Cámaras apro-baron la Ley de Pensión Universal, con lo cual quedó asentada la demagogia en ese tema. Pero veamos también la realidad del poder acumulado por el capital financiero: en febrero de 2017, las cuentas administradas por las Afores ascienden a un total de 57,362,418 pesos, de los cuales 47.7% están en manos de sólo dos empresas, xxi Banorte y Banamex (Banco Nacional de México).

El total de recursos alcanza los 2,816,953 de millones de pesos corrientes, pero de éstos, 69.3% se encuentra administrado por sólo cuatro Afores, las dos antes mencionadas más Sura (Suramericana) y Profuturo gnp (Grupo Nacional Provincial) (Consar, 2017a).

El provecho que saca el capital financiero del “ahorro” de los tra-bajadores no tiene pierde: a pesar de las reformas consumadas a la se-


guridad social, sólo 40% de la población económicamente activa (pea) está cubierta, y únicamente la quinta parte de la población de 65 años y más está pensionada (Ham et al., 2017: 53).

Hay varias consideraciones adicionales que tenemos que hacer: en primer lugar, que el proyecto de reforma del imss no vinculó ade-cuadamente el sistema de ahorro con la realidad del empleo, puesto que, al basarse en trabajadores que ganaban poco, podrían aportar realmente poco al sistema de retiro (Leal, 2009).

En segundo lugar, las reformas de las pensiones se organizaron e instrumentaron en un contexto de bajo crecimiento económico y baja creación de empleo asalariado, todo inmerso en una estructura económica en la cual seis de cada 10 empleos eran informales.

Y en tercer lugar, que, a su vez, el ahorro generado por los tra-bajadores ni siquiera parece haber coadyuvado significativamente a apuntalar los flujos de inversión productiva, y si algo han hecho las reformas es sacrificar beneficios laborales sustantivos, lo que, aunado a las bajas cuotas de empresarios y trabajadores, se ha convertido en causales del desfinanciamiento en el que se hallan los seguros de salud administrados por el imss.

Si, como hemos visto, al menos los niveles salariales de la mayo-ría de trabajadores son menores a cuatro salarios mínimos, se podrá entender la dimensión de un problema que afecta tanto a la forma y ritmo del crecimiento económico, como a la distribución del ingreso.

Por otro lado y sin que sea un asunto menor, la gestión financiera de los recursos proyecta saldos inexactos basados en supuestos irrea-les, como el de movilidad salarial, el efecto de las comisiones, las tasas de interés y el nivel de los rendimientos, o bien encontramos que el cálculo se hizo suponiendo la imposibilidad de “minusvalía” por tur-bulencia bursátil (Leal, 2009).


Lo más importante para entender está en que no sólo es innece-saria la estructura de comisiones e intermediación financiera, sino que implica además un mayor parasitismo sobre las finanzas públicas, considerando que 53.6% de los fondos se invierten en valores guber-namentales (Consar, 2017b) a título de deuda pública, y que resultan en una obligación financiera para el Estado; de suerte que la dife-rencia más sustancial del sistema de pensiones vigente, con respecto al anterior, es que en el más reciente tenemos a un sector financiero expoliando los recursos a cambio de nada.

Por tanto, el debate sobre las pensiones no debe ni puede limitar-se a la necesidad de obtener mayores aportaciones, sino que también debe centrarse en determinar si el diseño del sistema podrá dar los beneficios que se esperan por los trabajadores después de años de trabajo.

Así, si de un lado las privatizaciones auspiciaron la emergencia de mercados con grandes capitalistas, en el caso de las pensiones propi-ciaron el fortalecimiento de otros, especialmente el capital financiero, que ha crecido sin cesar, redistribuyendo a su favor los excedentes del trabajo y los ingresos del Estado.

Este último ha pretendido evadir su responsabilidad sobre la se-guridad social al justificarse alegando una “falta de ingresos”, misma que es deliberada en atención al reducido gasto público sostenido principalmente por la contribución de personas físicas y de las pe-queñas y medianas empresas, mientras que las grandes empresas que generan 64.1% de la riqueza nacional (inegi, 2014) no sólo no pagan impuestos, sino inclusive se les regresan contribuciones a modo de “incentivos” por hechos que no han terminado de concretarse.

Así, los problemas de seguridad social, y el resto de las dimensiones básicas para la vida, se han ido trasladando desde la dimensión pú-


blica a la vida privada. Mientras se hace abstracción de la determina-ción de lo estructural, se privatiza la destrucción de la economía y se atomiza colectivamente la responsabilidad de sus secuelas.

Este no es sólo un fenómeno nacional, pues a nivel mundial 23 países de América Latina y Europa del Este adoptaron las mismas re-formas privatizadoras, de las cuales por lo menos en 11 ya se han re-vertido total o parcialmente por el desastre que han implicado (Ham et al., 2017).

Si en México, sobre el anterior sistema de pensiones se argumentó que no era viable financieramente, del sistema actual podemos de-cir que no ha dado respuesta al desafío social y demográfico, como refieren algunos estudiosos del tema (Leal, 2014), y tampoco se apre-cian los anticipos de una política sectorial integrada que enfrente el desafío de la mayor longevidad de la población. En manos del capital financiero, los fondos de pensión de los trabajadores nos dirigen con certeza a depredar aún más la fuerza laboral.

¿No hay nada que hacer? Sí y mucho: los trabajadores deben or-ganizarse para hacer sus propias auditorías internas y, además, exigir auditorías externas e independientes sobre el sar, para seguir la situa-ción de viviendas y jubilaciones, pero sobre todo para denunciar con fundamento contundente las condiciones miserables en que realmen-te operan hospitales y clínicas de imss-issstessa. Se puede visualizar una propuesta de fondo, para que las pensiones no sirvan a la especu-lación y fortalezcan al sector público. La universalización del servicio de salud tiene que partir de mejorar el actual, y luego extenderlo, en la medida de las posibilidades de financiamiento.

En el siguiente capítulo, veremos el juego montado entre un po-der presidencial excesivo y la descentralización como herramienta de distracción política, además de analizar la segmentación del poder


presidencial creando organismos “autónomos” como mecanismos si-lenciosos para acotar el poder del presidencialismo, cuestión crucial en caso de que el dique electoral eventualmente se reviente y acceda al poder alguien no deseado por la oligarquía.

• 119 •

Capítulo CincoAbuso político de medios de

comunicación y presidencialismoacotado con la segmentación del

poder estatal

5.1 Introducción

El uso intensivo y coordinado de los medios de comuni-cación de masas resultó herramienta formidable para los neoliberales. Ya hemos referido que en casos específicos,

en la ejecución de las reformas neoliberales, siempre se utilizaron a favor del poder los medios fuertemente monopolizados en televi-sión, radio y prensa, por haber crecido históricamente como con-cesiones a la sombra del Estado.


Y muy tempranamente vimos que, gracias a las oportunas inver-siones de muchas de esas empresas de medios de comunicación en casas investigadoras de encuestas de opinión, nos comenzaron a sa-turar con el uso político de la herramienta científica de “las encues-tas”, especialmente útiles para tratar de que se aceptara sin chistar la miseria porcentual del electorado “que merecía la izquierda” y su contrario, la “amplia base de apoyo” con que cuentan los partidarios de las políticas neoliberales. Pero hubo otra dimensión del accionar mediático que debe destacarse.

Con mucha habilidad política, en medio de un clima objetivo de privilegios para unos cuantos superricos, en cada episodio de cam-bio político neoliberal y contra los actores sociales en resistencia, se recurrió a la fórmula simplista de presentarlos ante la sociedad, a través de los medios de comunicación, como “privilegiados” que sólo trataban de defender intereses parciales, cuando los problemas del país o de instituciones clave en educación, salud o seguridad social, auguraban crisis cada vez más graves y, por eso mismo, se planteaba la necesidad de tomar en cuenta los “intereses de todos”.

Hay una larga lista de ejemplos de agresivas campañas mediá-ticas: recordemos que así se impuso la reforma a las pensiones del imss, la de las pensiones del issste, así fueron desplegados los intentos de reforma financiera en la unam con Jorge Carpizo, con Francisco Barnés de Castro y hasta el “rescate” realizado por Juan Ramón de la Fuente, etc., así como los ataques contra la cnte en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal, al igual que contra los tra-bajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (los del sme).

La intransigencia en la aplicación de las políticas neoliberales, la ausencia de diálogos democráticos, se colocó siempre como “virtud”


de gobernantes que estaban dispuestos a “sacrificar el aplauso fácil” en aras de lograr “los cambios que necesita el país”.

La intransigencia y el autoritarismo se siguen repitiendo hasta nuestros días, lo mismo por Peña Nieto que por los gobernadores pa-nistas y perredistas. El sacrificio de la “democracia participativa”, una preocupación que se asienta por todos los rincones del país, es algo que un Estado gobernado por los monopolios está tentado a perpe-trar una y otra vez, pues ahora el neoliberalismo se aplica a fuerzas y su agenda no está a discusión. El peligro asociado: el uso creciente de la policía y el ejército en contra de la población trabajadora, del campo y la ciudad.

En este capítulo revisaremos, primero, la fórmula del federalismo que combina descentralización estatal con concentración del poder federal; en seguida, veremos el significado real de la alternancia elec-toral; más adelante, revisaremos el alcance y significado de los “pac-tos”; después, los objetivos y el uso reiterado de la violencia estatal contra los opositores, más el análisis de los cambios en la relación trabajo asalariado-capital.

Cerraremos las reflexiones mostrando a las asociaciones publico- privadas (app) como extensión del parasitismo financiero, y a las ins-tituciones “autónomas” como segmentación para ampliar el poder central y, a la vez, “acotar el presidencialismo”.

5.2 La descentralización y la concentracióndel poder federal, herramienta clave

El capitalismo en México históricamente había tenido, por lo menos desde la tercera década del siglo xx, una matriz de fuerte centraliza-ción estatal bajo un federalismo formal y un corporativismo férreo


sobre las organizaciones sociales, incorporando en sus orígenes in-cluso a los organismos empresariales y organizaciones sindicales pe-culiares, como el snte.

Por eso, entre las políticas públicas que implicaron toda una refor-ma institucional, y que tuvieron un papel estelar en la desregulación así como en la consecución de la agenda política de las élites locales (y que han sido poco reconocidas por la izquierda como políticas pro-blemáticas, seguramente porque se autopresentaron como sinónimo de “democratización”), está sin duda la política de descentralización.

Llegó entendida como transferencia de capacidades de planea-ción, de decisión y de autoridad administrativa del gobierno federal a las unidades estatales y municipales; arrancó en el gobierno de Mi-guel de la Madrid y se ha mantenido, con variantes, hasta nuestros días (Topal, 2015).

Ciertamente, podemos identificar varias fases en ella: en la década de 1980, las políticas de descentralización sirvieron para implantar la austeridad en el gasto social, al tiempo que se buscaba reterritoriali-zar la estructura del Estado.

A eso apuntaba la “reforma municipal” de 1983, que ciertamente sirvió para que en los grandes municipios aumentara la autonomía financiera vía manejo del impuesto predial, de las tarifas de servicios públicos y de las transferencias federales, además de usar la capacidad para endeudarse a fin de contar con facultades para planear su pre-supuesto (asunto que, ya en 2015, acabó por colocar a la mayoría de los estados en una importante crisis financiera, dejándolos a merced de los banqueros, con una deuda conjunta que rebasaba en 2013 los 376,000 millones de pesos corrientes).

En el nuevo esquema descentralizado, algunas facultades federales se reubicaron a los estados, otras a los gobiernos municipales. Pero,


políticamente, hemos dicho que la descentralización educativa fue pieza clave para aliviar las presiones de la disidencia sindical sobre la corrupta dirección del snte, y sobre todo para imponer las líneas de austeridad presupuestal sobre el magisterio a lo largo de la década de 1980.

En esa década, las políticas de descentralización fueron ingre-diente clave para la operación efectiva del tlcan, al recomendar el establecimiento de “asociaciones publico-privadas” a nivel local para apuntalar la noción de “gobernanza” (gobernabilidad), tan cara a los tecnócratas del Banco Mundial.

Pero fueron los ideólogos del “Tec” de Monterrey los que diseña-ron las primeras app locales como modelo de involucramiento em-presarios-autoridades-ciudadanos. Otras iniciativas corrieron por cuenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Co-parmex), para “construir ciudadanía” en temas de seguridad pública y formar agrupamientos ante el aumento de la criminalidad.

El “Nuevo federalismo” de Ernesto Zedillo, abrió una etapa pro-funda de la descentralización en 1996: con ello se perjudicó nueva-mente los rubros de educación y salud pública, en infraestructura contra la pobreza, en los planes de desarrollo rural, sobre utilización de recursos naturales y asuntos ambientales, en programas para la construcción de caminos rurales y específicamente en programas de desarrollo turístico, además de comenzar a proponer que los estados se involucraran en un sistema nacional de seguridad pública, todo mediante transferencias primero a través del “ramo 26” y luego usan-do el “ramo 33” para transferir fondos para infraestructura social de estados y municipios.


5.3 La alternancia y sus resultados:los gobernadores regresan al pri al poder federal

A partir del 2000, ya con el liderazgo de los gobiernos panistas que desplazaron al pri del gobierno federal, se estableció un nuevo equi-librio de poder, alimentado con el uso central cuidadoso de los crite-rios sobre las políticas de desarrollo regional, y dando nuevo peso a los gobernadores en la estructura de poder nacional (la mayoría de los cuales eran priistas), como resultado de generosas transferencias federales, que fueron posibles gracias a los altos ingresos de la expor-tación petrolera.

Sin lugar a dudas, eso es lo que permitió el cómodo retorno del pri a la Presidencia de la República en 2012, pues lo hizo sobre la base de una sólida mayoría de gobernadores de los estados, con influencia potenciada a través de la Conago (Coordinadora Nacional de Gober-nadores), otra construcción política diseñada para “generar consen-sos” transpartidistas en una instancia informal, pero poderosa (Felipe Calderón se dio el lujo de abrir espacio a los gobernantes perredistas de la ciudad de México, poniéndolos como líderes sobre cuestiones de seguridad en la Conago).

5.4 Los pactos tripartitos y el “Pacto por México”

Los “pactos” se convirtieron en otra de las herramientas de cohesión política entre las cúpulas de las organizaciones empresariales y de sectores de los trabajadores de la ciudad y del campo, al supuesta-mente fijar y comprometer a trabajadores, empresarios y Estado con metas comunes de “reforma estructural”.


Desde los pactos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gor-tari, pasando por el Nuevo Federalismo de Zedillo hasta el Pacto por México de Enrique Peña Nieto, “los pactos” han sido instrumentos políticos privilegiados para remontar diversas variantes de crisis de legitimidad después de procesos electorales cuestionados, o simple-mente para darle estatuto de legitimidad a políticas claramente anti-populares, recurriendo a actores controlados corporativamente.

Por supuesto, esos pactos han sido claves para proseguir en la im-plantación de las llamadas “reformas estructurales”, precisamente por su escaso apoyo social. Y lo que antes era basamento ideológico nodal, la noción del “nacionalismo revolucionario”, que se usaba como refe-rencia central de las organizaciones sociales dentro de las estructuras corporativas, poco a poco se fue abandonando en el discurso oficial.

Y su referencia ideológica se ha ido sustituyendo con el discurso de la “participación ciudadana” en México, y la colaboración cada día más estrecha con el Gobierno de Estados Unidos: ya hemos visto que pan y pri compitieron en ofrecer “candidaturas ciudadanas”, en abrir sus puertas a la participación del ciudadano común, en la promoción de proyectos de desarrollo que estaban “atentos a las necesidades ciu-dadanas”, pero siempre y cuando que estuvieran alineados con va-lores empresariales e hicieran uso de las “consultas populares” para impulsar sus agendas. Está estrictamente ausente, desde entonces, cualquier mención antiimperialista en las relaciones México-Estados Unidos.


5.5 Violencia estatal contra opositoresdemocráticos: otra herramienta poderosa

La represión fue política crucial para imponer en forma implacable las políticas neoliberales y fue usada en forma selectiva, tanto para individuos como para contingentes sociales disidentes. Aquí pode-mos destacar lo acontecido para empujar la privatización descarada del sector energético, específicamente el caso de la agresión contra el sme, ejecutada a sangre fría y en forma alevosa arrojando a la calle a 40,000 trabajadores y sus familias, para asentar la onda larga de privatización en el sector eléctrico, en un proceso que ya había va-ciado parcialmente el contenido estatal al abrir espacio a los produc-tores independientes de energía (pie), cosa que hizo Carlos Salinas de Gortari.

Está también el caso de la represión a las luchas de los trabaja-dores mineros (2006, en Lázaro Cárdenas) y la obsesiva persecución y hostigamiento del líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, hasta obligarlo a exiliarse en Canadá, para poder ampliar las jugosas concesiones a las compañías mineras (mexica-nas, canadienses, norteamericanas y chinas) y para extender a esas actividades los esquemas de subcontratación y de pagos por hora que comenzaron en la industria maquiladora de exportación.

Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero más impor-tante, ha sido hábil para sobrevivir políticamente como dirigente, aunque exiliado, pero hay que reconocer que eso fue posible, primero, por el apoyo incontestado de los trabajadores mineros mexicanos, y luego, gracias a la acción solidaria de las organizaciones y centra-les sindicales de Estados Unidos y Canadá, lo que indica también la emergencia de un nuevo fenómeno de transnacionalización de la


solidaridad obrera, que deberá aumentar significativamente en los próximos años.

Pero, sin duda, ha sido la guerra contra las drogas, iniciada brutal-mente bajo el régimen de Felipe Calderón y prolongada hasta nues-tros días, la violencia que ha empujado a una profunda degradación politico-social, y al deterioro institucional de las fuerzas de seguridad y de justicia, y ha abierto el camino para una militarización encu-bierta de la vida nacional, que tiene como primer y más preocupante saldo la criminalización de los jóvenes, agobiados por el desempleo, por la falta de oportunidades educativas, de salud, de esparcimiento, arrinconados por la pérdida de futuro (en el país se reconocen oficial-mente siete millones de jóvenes entre 14 y 29 años que ni estudian ni trabajan, peyorativamente llamados “ninis”).

Igual de importante es constatar que con las llamadas “políticas de seguridad”, pese a encubrirse como atención a evidentes problemas de seguridad pública (secuestros, robos, asesinatos), el hecho real es que dichos problemas se han multiplicado por la devastación social que generan las políticas neoliberales y que, sin duda, preocupan a numerosos y variados segmentos de la sociedad mexicana.

Pero, en realidad, lo que vivimos es la implantación de estrategias políticas y de acciones relacionadas con el combate preventivo sobre contingentes sociales, estrategias y acciones que adoptan como pro-pias las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos.

Y por cierto, no se pueden entender cabalmente fenómenos ate-rradores como las masacres de migrantes en el norte de México y la descomposición institucional del Instituto Nacional de Migración (inm) y de la Policía Federal Preventiva (pfp), sin la paramilitariza-ción que auspicia Estados Unidos, con sus intentos de controlar a toda costa los flujos migratorios, que se desbordan periódicamente


por la aplicación y multiplicación de los Tratados de Libre Comercio por todo Centro y Sudamérica, pues dejan un cementerio de quiebras de micro, pequeñas, medianas y hasta grandes empresas.

Por eso, no es raro que los cuestionamientos al uso del ejército y la marina en el combate contra las drogas hayan crecido por todos los rincones del país, pues antes crecieron los casos de flagrante violación de elementales Derechos Humanos, al multiplicarse las evidencias de matanzas ocurridas contra personas inermes, rendidas o simplemen-te presentes en los lugares de incautación de drogas: las masacres de Apatzingán (2007), Tlatlaya (2014), Tanhuato (2015), Ostula (2015), Tepic (2017) y otras han sido emblemáticas.

El esquema de masacrar narcotraficantes, usado por la marina y el ejército, normaliza en el espacio social y político la utilización de una violencia militar que no tiene ningún respeto por los Derechos Humanos y busca aniquilar a los “enemigos internos”. Aunque por supuesto, formalmente, los altos mandos de la Marina y el Ejército proclaman un respeto total a los Derechos Humanos. Pero en los he-chos, funcionan como brazo armado de carteles de droga igualmente transnacionalizados. No olvidemos el caso Irán-contras de Nicara-gua, donde el dinero de la droga sirvió al gobierno de eu para armar a la contra en Nicaragua.

5.6 Cambios en la relacióncapital-trabajo asalariado

Regresemos sobre el hilo de las políticas de reforma laboral, para vi-sualizar la combinación de la represión con las reformas neoliberales implantadas, primero, en terreno virgen, y luego, extendidas a todo el país: desde la década de 1970 ya éramos, pero ahora lo somos más


claramente, un país de trabajadores, aunque algunos se visualicen a sí mismos como “emprendedores” o como “empresarios independien-tes” por sus actividades informales, o simplemente se autorrefieran como “empleados”, nunca como “trabajadores”.

Esta es la realidad: en México hay 5.6 millones de establecimien-tos, pero 0.2% de ellos concentran 64% del pib (peor aún, 1,000 em-presas grandes concentran 56% del pib y 28.8% del personal ocupado), en tanto que 246,000 Pymes (pequeñas y medianas empresas) aportan 25.1% del pib, y 31.4% del personal ocupado. El dominio monopólico es una aplastante realidad, fortalecido por la centralización del capi-tal.

Así pues, y como recoge Josefina Morales en un trabajo recien-te, México es ciertamente un país de trabajadores: en 2012 teníamos 45.8 millones como población ocupada, de los cuales 61.4% eran asa-lariados; 22.5% eran trabajadores por cuenta propia y 6.6% eran tra-bajadores no remunerados.

Esos trabajadores se ocupaban así: 6.7 millones en actividades agropecuarias, siete millones en actividades manufactureras, 3.4 mi-llones en la construcción, y 28.7 millones en el sector terciario (esto es, los servicios ocupan hoy a 61.3% del total ocupado, entre los cuales están 3.3 millones de trabajadores del transporte) (Morales, 2013).

Sobre ese contexto de maduración de los asalariados como clase fundamental, hablemos un poco de las modificaciones en el terreno de la relación trabajo asalariado-capital provocadas por el neolibera-lismo: una relación moldeada primero, mediante un largo despliegue del antisindicalismo militante; luego por la proliferación de la sub-contratación, el pago por horas y la contratación sin prestaciones en la industria maquiladora de la frontera norte, que fue anticipo de la desregulación nacional que en seguida nos impuso el tlcan. Uno de


sus saldos más notorios ha sido la precarización del trabajo, por un lado, y, por el otro, el avance arrollador de la informalidad (Álvarez y Martínez, 2016).

La precariedad del trabajo que hoy prevalece en el país es simple-mente brutal: la mayoría de los trabajadores trabajan sin prestaciones y sin organización sindical real, y encima sin seguridad social. Sólo 34.9% del personal ocupado tiene acceso a instituciones de salud. Más de dos tercios de los trabajadores apenas si reciben hasta tres salarios mínimos, que no alcanzan a cubrir la canasta básica, y los que reciben más de cinco salarios, son solamente 8.5% de los trabajadores (y ahí están incluidos los empleados y los ejecutivos de alto nivel) (Morales, 2013).

Sin duda, las interacciones entre la retracción de la inversión pú-blica por las políticas de austeridad y la insuficiencia de la inversión privada por la proclividad a la especulación y la ganancia financiera, además del combate a sangre y fuego contra las diversas variantes de sindicalismo independiente, tuvieron en conjunto un papel estelar en ese proceso de precarización e informalización laboral.

Pero no cabe duda de que el gran salto cuantitativo fue la última reforma laboral practicada apenas en 2013, pues significó un vuelco histórico al dejar a los asalariados sin red de protección legal frente a la voracidad del capital, que quiere aligerar los costos de la contra-tación, el empleo y el despido de los asalariados, así como asegurar el disfrute privado de los multimillonarios fondos de pensión.

Y no sólo eso: también detrás de la cortina de la periódicamen-te recurrente verborrea antiinmigrante, está la realidad de un gran mercado laboral regional en América del Norte, que aprovechaba, de un lado, el impulso de muchos a migrar (para contar con las remesas como recurso interno) y, del otro lado, se benefició de que alternaba


la tolerancia de un flujo indocumentado calculado con precisión pri-mero, para después militarizar la frontera para contenerlo.

Así se hizo posible el aumento exponencial de los migrantes in-documentados de México a Estados Unidos, que cubrieron doble función: servir de válvula de escape para las presiones sociales en México, y como ancla de los salarios dentro de Estados Unidos.

Eso fue la base de sustentación del gran acuerdo entre las élites monopólicas binacionales: para unos, la migración representaba un alivio de tensiones en el mercado laboral mexicano, además de que prometía el uso de las remesas en la elevación del consumo local, cada vez más compuesto de importaciones.

Para los otros, los empresarios del lado estadounidense, la mi-gración sin documentos servía como mecanismo para rigidizar el piso salarial en la economía de Estados Unidos, y debilitar la otrora poderosa presencia de los sindicatos, lo que permitía hacer variar la estructura de la economía norteamericana, asediada por los compe-tidores globales, asiáticos y europeos.

5.7 Asociaciones publico-privadas,otro impulso al parasitismo financiero

No cabe duda de que las políticas neoliberales acentuaron el parasi-tismo del capital financiero en México (y en el mundo). Aquí, los pro-yectos de desarrollo regional, local y federal se convirtieron en carne de cañón para el despliegue de las asociaciones publico-privadas (app), que permitieron prolongar el peso del parasitismo financiero sobre las finanzas públicas, al empujar los programas multianuales de inversiones públicas en beneficio de los grandes monopolios, na-


cionales y extranjeros, garantizándoles flujos de fondos a muy largo plazo (asegurando cómodamente sus inversiones).

En varios sentidos, podemos decir que la simbiosis entre el Estado y el gran capital secuestró las finanzas públicas en beneficio de los capitalistas, acentuando una desigualdad que tiene profundas raíces históricas en México, al punto de haberlo caracterizado desde hace muchos años como una sociedad tremendamente desigual, como la viera en sus tiempos el barón Alexander von Humboldt.

Y hoy que se agravan las perspectivas económicas globales por las complicaciones financieras y de crecimiento en Estados Uni-dos, Europa y Asia, los que se proclamaron campeones de retraer la intervención estatal en la economía reaparecen en escena, sin el menor empacho, planteando lo que podemos llamar propiamente, siguiendo a Alonso Aguilar Monteverde, como “un capitalismo mo-nopolista de Estado”.

Así, sin mediaciones, nos quieren llevar, del liberalismo económi-co extremo, al “nuevo” capitalismo administrado, aquel en que se ba-saron siempre los acuerdos de libre comercio de fines del siglo xx. El problema es que renuevan el discurso, pero no han renunciado a sus dogmas mercantiles: más bien, sólo quieren oficializar que el Estado nacional debe servir todavía más a la clase capitalista.

El ocaso de la globalización que floreció en la década de 1980, 1990 y la primera década del 2000, parece transitar en la segunda década del siglo xxi a un uso intensivo de los gobiernos nacionales por parte de los grandes monopolios, para que les despejen nuevos y más rentables espacios de acumulación capitalista.

Y para seguir con ello, los neoliberales están dispuestos a contener las presiones democratizadoras y mantener el control en ámbitos de extremo interés público, pervirtiendo las instituciones apenas recién


formadas. Este aserto lo queremos probar, mencionando la suerte co-rrida por tres instituciones clave y de reciente operación: el Instituto Federal Electoral (ife), la Comisión Federal de Competencia (cfc) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai).

Recordemos: el colapso de legitimidad ocurrido cuando se cayó el sistema de conteo de votos, en 1988, comenzó porque el proceso electoral estaba en manos de la Secretaría de Gobernación, lo cual llevó a la creación del ife y luego al Tribunal Federal Electoral (Tri-fe), con lo que supuestamente se aseguró el predominio “ciudadano”, sólo para quedar en 2006 y 2012 en una grave crisis de credibilidad, por tolerar a los partidos neoliberales la utilización de recursos mi-llonarios en campañas, exhibir parcialidad en la presentación de re-sultados electorales, practicar selectividad sobre la pertinencia de los procedimientos de queja y de resolución de disputas, y concluir con sanciones por rebase de topes de campaña justamente contra los que dispusieron de menores recursos reales.

La reforma para crear el Instituto Nacional Electoral (ine), que sustituyó al ife, fue en rigor una simple asimilación de los ife locales en una misma estructura y con mayores recursos, pero sin que estos últimos ganaran un pelo en transparencia ni confiabilidad, pese a contar con burocracia altamente especializada. De modo que los epi-sodios electorales recientes mostraron las viejas estructuras intactas y la cómoda asimilación de la nueva estructura. Por eso, el desprestigio del ine está al orden del día.

La Comisión Federal de Competencia (cfc), que quedó un buen tiempo trabada en el ámbito de la disputa por las concesiones en te-lecomunicaciones entre los grandes monopolios de televisión y tele-fonía, ahora en el 2017 está de regreso por sus fueros, reclamando la “dominancia” de Televisa y Telmex (Teléfonos de México) en te-


levisión abierta y en telefonía, respectivamente, ante la presión de los competidores extranjeros (American Telephone and Telegraph [at&t], Telefónica).

Pero durante varios años su silencio operó claramente de manera unánime a favor de la privatización de la fibra óptica, que hoy podía tener uso público a través de la Compañía de Luz y Fuerza del Cen-tro, por eso la agresión alevosa y demoledora contra los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (sme).

Y el Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai), hoy en la mira de los nuevos controles del pri, toleró que los nuevos gober-nantes priistas se dieran baño de transparencia al asumir el poder en 2012, permitiéndoles que presentaran sus datos personales, en abs-tracto, de manera que pudieran esconder su riqueza en propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias y fondos de inversión: como quien dice, permitió que los lobos se disfrazaran con piel de ovejas.

Pero el mismo ifai guardó un silencio imperdonable frente al he-cho gravísimo del interés de Felipe Calderón de poner en reserva, por muchos años, los datos relativos a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que nadie pudiera cuestionar a fondo las falacias admi-nistrativas en que se fundó el decreto de extinción.

Total: que la autonomía, la credibilidad, equidad y transparencia son ciertamente nociones que hoy tienen fuerte apoyo popular en nuestro país, por eso se han adoptado como recomendaciones tecno-cráticas “para la buena gobernanza”; pero cuando el gran capital mo-nopólico se ve desafiado, no tiene empacho en anular la autonomía, pisotear la credibilidad, para reinstalar la inequidad y la opacidad como mecanismos de gobierno, sobre todo cuando se trata de poner al descubierto acciones controversiales del presidente de la República.


5.8 Las instituciones “autónomas”, acotamientodel presidencialismo extremo, segmentandoel poder estatal

Paso a paso, las reformas neoliberales han ido remodelando la rela-ción Estado-economía y la relación Estado-sociedad; pero –no me-nos importante– modelaron también los equilibrios entre las élites, expresados a través de los partidos políticos, que han ido propiciando cambios fundamentales en el sistema político, concentrando el poder de decisión sobre los grandes negocios en manos presidenciales.

Lo hicieron alterando la relación entre los empresarios y el Esta-do, lo que provocó ajustes en la relación del Poder Ejecutivo y el Le-gislativo, entre el Ejecutivo y el Judicial, pero –sobre todo– segmentó espacios políticos clave, disponiéndolos ahora como “organismos au-tónomos”, gobernados por órganos colegiados que se renuevan con un esquema que parece calcado de la Junta de Gobierno de la unam, aunque acá nombrados por las mayorías de alguna de las cámaras legislativas, al tiempo que le entregan al Ejecutivo la facultad de pro-poner miembros o aplicar el veto, explícito o encubierto. La parti-docracia al servicio del presidente en turno. Para extraer de ahí un presidencialismo silenciosa y discretamente “acotado”.

Nos referimos a que, así, ha replanteado la oligarquía toda una segmentación del poder estatal en aspectos cruciales para el gran ca-pital monopólico: la política monetaria (dando autonomía a Banxi-co) y la política hacendaria (separada en manos del SAT [Servicio de Administración Tributaria] y de Hacienda), más la organización elec-toral (ahora en manos del ine), y la política de los Derechos Humanos (ahora en manos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [cndh]), la regulación de la competencia (cfc) y la de las telecomuni-


caciones (Instituto Federal de Telecomunicaciones [ift]), el acceso a la información (ifai), la evaluación de la educación (inee), la política energética (Comisión Reguladora de Energía [cre]), y hasta el com-bate a la pobreza (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval]).

Está además la reciente sustitución de la pgr por una Fiscalía Ge-neral de la República, cuyo responsable gozará de una gestión am-pliada al doble de años que antes, asunto que hizo crisis en 2017. Y la Secretaría de Gobernación, ahora como poder ampliado y sustentado en la Gendarmería y la Policía Federal Preventiva (pfp), cuyos miem-bros han crecido como hongos. Y, por si fuera poco, los neoliberales han vulnerado hasta la independencia del inegi.

Demasiado poder en pocas manos, como reflejo fiel de lo que ocu-rre con una economía crecientemente dominada por el peso de los grandes monopolios. Pero, sobre todo, el mensaje es clarísimo: nada de veleidades populistas con el verdadero poder del Estado: lo que interesa de veras tiene que estar a buen recaudo, fuera del alcance de cualquier “recién llegado” al poder nacional. Por eso se propició la construcción de entidades autónomas, con una larga y difícil reno-vación de su estructura de poder. Esos son los verdaderos candados internos de la jaula neoliberal, impuestos en contra del regreso del “populismo”.

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Capítulo SeisRecuento histórico del

neoliberalismo global: sus basesteóricas, sus mitos y la crisis

de hegemonía

6.1 Introducción

Con la caída de la ex Unión Soviética, los neoliberales brin-caron de felicidad, pues sus mitos sobre las inviolables leyes del mercado aparentemente demostraban la inuti-

lidad de la planificación social, y la desgracia que supuestamente significaba la ausencia de consumo masivo de bienes. Pero cuando


la Gran Crisis Global de 2008-2009 derribó muchos de los más preciados mitos neoliberales, como los gatos con sus excrementos, corrieron a esconder sus implicaciones, para seguir medrando por todo el mundo con sus recetas.

En este capítulo, haremos primero una reconexión histórica en-tre liberalismo y neoliberalismo; en seguida, recuperaremos algunas implicaciones del ascenso global del régimen de acumulación finan-ciarizado; más adelante, mostraremos el empujón que recibió el neo-liberalismo con la caída del “socialismo real”. Como a éste ya se le achacaban la ausencia de democracia electoral al estilo occidental y los excesos autoritarios de regímenes salidos de la Segunda Guerra Mundial, fácilmente se redondeó la imagen del fracaso total del so-cialismo.

Luego, reconstruiremos las condiciones del paso de la democracia formal al autoritarismo real, para después adentrarnos en los impul-sos teóricos, institucionales y culturales del neoliberalismo. Al final, trataremos de condensar en qué sentido y con qué consecuencias, la Gran Crisis Global de 2008-2009 derribó varios de los mitos más im-portantes del neoliberalismo.

El neoliberalismo, nos dice Harvey (2005), es una teorización eco-nómica que combina ciertas prácticas políticas autoritarias a las que se considera necesarias para liberar las capacidades individuales y potenciar las libertades empresariales, fortaleciendo un entorno ins-titucional que asegure fuertes derechos de propiedad privada, el libre comercio y unos mercados libres de regulaciones, empujando al mis-mo tiempo una gran hostilidad a toda forma de solidaridad social, hasta cambiar el balance del gobierno entre el uso de la coerción y la búsqueda de consenso, entre el poder del capital y el interés de los trabajadores y los movimientos populares, entre el poder Ejecutivo y


el Judicial respecto al poder Legislativo, entre el ámbito de lo público y lo privado, ahondando las asimetrías de poder entre las corporacio-nes privadas y los individuos. No es extraño pues, que como “hoja de ruta” para la reorganización estatal, haya logrado implantarse por todo el mundo.

6.2 El neoliberalismo: reaparicióndel liberalismo de los siglos xviii y xix

Planteado como respuesta frente a la caída de la rentabilidad del ca-pital de los grandes países desarrollados, y ante la pérdida del poder de clase del sector financiero, problemática ya exacerbada desde los años setenta del siglo xx, el neoliberalismo llegó combinando viejos aportes teóricos del liberalismo económico de los siglos xviii y xix, así como las nuevas experiencias de gobiernos nacionales y organismos internacionales en transferir a sectores populares los costos de los de-sastres financieros privados y públicos.

El neoliberalismo ha sido muy exitoso en restaurar el poder de la oligarquía, pero no en asegurar la fluidez de la acumulación de capi-tal, lo que ya cuestiona su viabilidad económica, política y social en el largo plazo.

El neoliberalismo se pensó como estrategia para cambiar la co-rrelación social de fuerzas, manipulando la desocupación para minar el poder de los sindicatos; tampoco hay duda de que se fraguó al calor de la lucha de clases, al imponerse como discurso e intereses hege-mónicos la prevalencia del capital financiero dentro de los diversos bloques estatales y productivos.

Así llegó a depurarse un proyecto ideológico avasallador, un dis-curso hegemónico con enorme capacidad de penetración cultural,


debido entre otras cosas a la contundente simpleza de sus fórmulas económicas básicas: reformar las relaciones económicas y el sistema en su conjunto sobre tres principios económicos: abrir, desregular y privatizar.

Aunque es ideología global, el neoliberalismo también fue pro-ducido en una matriz doméstica por los ideólogos de las escuelas privadas de economía, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam), pero llegó a México desde arriba, como imperativo condicionado por los organismos financieros internacionales, frente a la urgencia de resolver la grave crisis de la deuda externa, ocurrida en 1982.

A esas alturas ya era un proyecto global que buscaba cambiar tres relaciones fundamentales en las economías capitalistas: la relación entre el trabajo asalariado y el capital, la relación del Estado con el mercado y la relación entre el Estado y la sociedad.

Por eso los principales referentes cronológicos de irrupción del neoliberalismo están esparcidos por el mundo: el primero, es el golpe militar de Augusto Pinochet en 1973 en Chile, que pronto reformó la economía asesorado de cerca por los temibles “Chicago Boys”, egre-sados de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago.

El segundo, y no menos importante, fue el anuncio hecho por Deng Xiaoping de que en el curso de los dos decenios siguientes Chi-na pasaría de ser una economía “cerrada” a una “abierta”, modelo que luego se aplicaría sin cortapisas para las economías de Latinoamérica tras la crisis de la deuda.

Un tercer referente fue planteado por Margaret Thatcher en 1979, al anunciar el combate frontal al estancamiento con inflación, desregulando la economía.


Y en el mismo año, un cuarto referente fue introducido por Paul Volcker en la política monetaria de la Reserva Federal estadouni-dense (Federal Reserve System, Fed), rompiendo abiertamente con el objetivo del “pleno empleo” como tarea del Banco Central, y virando exclusivamente a la lucha contra la inflación, al elevar las tasas de interés sin ninguna consideración con respecto a sus impactos en el nivel de desempleo.

Un referente más se tuvo en 1980, cuando se despliega por parte de Ronald Reagan (pero ya como consenso entre republicanos y de-mócratas) una agresiva política antisindical combinada con fuertes impulsos a la desregulación de la industria, el transporte aéreo, las comunicaciones, la agricultura y la extracción de recursos naturales, al tiempo que se avanzaba hacia la liberalización de las finanzas na-cionales, pero con la mira puesta en la proyección y el dominio esta-dounidense sobre las finanzas globales.

El neoliberalismo y la globalización financiera se reforzaron en espiral ascendente: ésta creció como resultado del progreso tecnoló-gico (tecnologías de la información y la comunicación [tics]) en las comunicaciones y el transporte; aquél, como forma de ampliar a es-cala global un nuevo régimen de acumulación financiarizada (Ches-nais, 2016).

6.3 Un nuevo régimen de acumulacióncon dominación financiera

El neoliberalismo, bajo la hegemonía cultural y el poder económico estadounidense ―aunque ya en franco deterioro en casi todos los te-rrenos, menos en el militar―, irrumpe asociado al predominio de los intereses del capital financiero dentro del bloque dominante, mismos


que se habían desbordado con el reciclaje de petrodólares durante el primer “shock petrolero” internacional (1974-1975) y aprovechando el despliegue del euromercado de dólares a mediados de los años se-tenta del siglo xx.

A partir de entonces el interés, la renta y las ganancias especu-lativas en apariencia quitaron relevancia a la ganancia productiva industrial, con lo cual condicionaron el funcionamiento del conjun-to del sistema económico, al convertir la “financiarización” en rasgo mundial predominante y en brújula de la rentabilidad. Entre 1973 y 2007, las ganancias del sector financiero en Estados Unidos pasaron de 16 a 41% del total de las ganancias corporativas domésticas.

La riqueza que concentra y maneja hoy el sector financiero le ha permitido detentar un poder político colosal, que se ha ido acrecen-tando en los últimos 25 años hasta otorgarle la capacidad de veto so-bre el contenido de las políticas públicas. Ello, gracias en parte a los giros provocados inicialmente en la política monetaria ―donde el alza de las tasas de interés hizo más lucrativo el comercio acciona-rio y cambiario―, a la desregulación y las innovaciones financieras ―que abrieron avenidas nuevas para que florecieran los mercados financieros― y a que la titularización disparó el número de transac-ciones y el dinero que se podía ganar con ellas.

Los excesos asociados a este gran cambio estructural internacio-nal están presentes hasta hoy en día, sólo que ahora en forma de un retroceso del crecimiento de la economía global, una disminución del comercio global, la reducción significativa de los flujos de inversión y con las realidades de una recesión global que ocurrió sincronizada, que fue desencadenada por la crisis financiera sistémica, con epicen-tro en Estados Unidos, ocurrida en 2008-2009, y de la que no ha sido posible salir completamente por el exceso de endeudamiento del go-


bierno, y el apalancamiento excesivo de las empresas y los hogares por varios rincones del mundo.

Así que la “era de las finanzas” o de la “economía casino”, según popularizaron otros autores, es una transición en la economía global, de la que con certeza sólo podemos decir que será compleja, incierta y larga.

6.4 La caída del “socialismo real”, inesperadoempujón ideológico a favor del neoliberalismo

La caída de la Unión Soviética, a finales de la década de 1980, fue el evento que consolidó este ciclo a favor del neoliberalismo, al cristali-zar, ante los ojos de todo el mundo, lo que se percibía como el fracaso de la planificación socialista y el castigo brutal por haber negado la supuesta supremacía de los mercados. Decimos supuesta porque, die-ciocho años después, la crisis financiera global de 2008-2009 es, para el neoliberalismo, lo que fue la caída de la Unión Soviética para el socialismo real: una debacle económica, política e ideológica.

En realidad, la rigidez de la economía centralmente planificada, la pobreza en el desarrollo del sector productor de bienes de consumo durables y no durables, así como el dominio de la burocracia del Par-tido Comunista (la “nomenclatura”) que restringía la representación y la acción democrática en la ex Unión Soviética, que algunos atribu-yen a las concepciones leninistas y la praxis autoritaria del estalinis-mo, ahora podemos verlas más como secuelas de una economía de guerra montada en un país atrasado, con una cultura centenaria del poder despótico de los zares y los años de guerra civil, seguida por la Gran Guerra Patria contra el nazismo.


Con los giros cruciales que impuso en las prácticas estatales de países desarrollados, y aprovechando el fracaso de las experiencias planificadoras socialistas o estatizadoras de los países atrasados, el neoliberalismo combatió en la década de 1980 a tres enemigos ideo-lógicos: el Estado de Bienestar (que en México hemos llamado “Es-tado Social Incompleto”), a los trabajadores con sus sindicatos y al socialismo real, que tenía muchos rasgos de un capitalismo de Estado.

Los neoliberales pasaron, de la connotación negativa del Estado y el sector público, a postular la búsqueda de un nuevo y supuesta-mente neutral “Estado mínimo”, reducido convenientemente a las funciones de policía y buen gobierno, que permitiera la “operación eficiente” de los mercados.

Así, al final de la Guerra Fría, junto al disparo del desempleo, la pobreza, la economía informal, los mercados negros y el narcotráfi-co en los países neoliberalizados, llegó un nuevo discurso del Banco Mundial sobre los sistemas políticos y la gobernanza (gobernabili-dad), para empujar globalmente el neoliberalismo, con base en la consideración de que la globalización neoliberal sólo podría exhibir un éxito si creaba un ambiente de “sólida gobernanza y democrati-zación”.

De manera que, desde principios de la década de 1990, el alegato a favor de “menos Estado” fue poco a poco sustituido por el llamado a un “mejor Estado”, esto es, un funcionamiento mejor y más transpa-rente de lo que quedaba del Estado, así como la democratización en calidad de tarea permanente, dada la inmadurez política, la corrup-ción y la ineficiencia de las administraciones estatales que precedie-ron la llegada del neoliberalismo.

De ahí el énfasis formal que han dado desde entonces a la separa-ción de poderes, al respeto del estado de derecho, a la vigencia de los


Derechos Humanos, a la relevancia de la transparencia institucional y hasta a la existencia de un sistema multipartidista basado en elec-ciones libres. Todas ellas, cosas que se han cumplido siempre parcial-mente, al menos en México.

6.5 Democracia formal y prácticadel autoritarismo real

No es por casualidad que el discurso de la democratización neoliberal llegara y buscara asentarse como impulso despolitizador de la econo-mía, pues la democracia electoral se ofrecía como vía al poder, justo cuando el Estado ya contaba con un programa económico inamovi-ble y habían sido derrotados, uno a uno, los discursos nacionalistas, estatistas, comunistas y socialdemócratas.

En esas condiciones, el saldo real de más de treinta años que nos deja el neoliberalismo en el terreno del Estado es: la consolidación de un peligroso Estado oligárquico, un Estado orientado por y a fa-vor de los intereses de unos pocos acaudalados. Toda una regresión histórica: como diría Norbert Lechner (Lechner, 2004), de un lado nos dieron la despolitización de la economía y, del otro, nos dejaron la política colonizada con la idea de la “racionalidad de los merca-dos”. Así cambió en todo el mundo la relación Estado-mercado y Es-tado-sociedad.

6.6 Teoría e impulsos institucionalesy culturales del neoliberalismo

En el despliegue teórico del neoliberalismo en el mundo, convergen figuras intelectuales conservadoras como los economistas de la escue-


la austríaca Frederick Hayek y Ludwig von Misses, Milton Friedman de la Universidad de Chicago y el filósofo alemán Karl Popper.

Para nuestro país, probablemente sea Friedman, el padre del mo-netarismo, el más influyente a través de la Escuela de Economía de Chicago. En Estados Unidos, Gran Bretaña y México, los think tanks conservadores, y los departamentos de economía de algunas univer-sidades, potenciaron el impacto y ampliaron el consenso.

Pero fueron los banqueros suecos, a través del Premio Nobel de Economía, los que dieron a la teoría económica cuantitativa neoclá-sica no sólo autoridad académica y respetabilidad universal, sino que la elevaron al rango de única ortodoxia legítima en método y técni-cas: en concreto porque esa corriente se asentaba sobre la base de que el sistema económico per se tiene un orden (no se interesaba en los desórdenes del mismo), confiaba en los mercados abiertos, postula-ba la competencia como noción articuladora del mundo económico, y la primacía del individuo como valor supremo. Al ejercerse como profesión, la teoría se colocaba convenientemente ajena a cualquier noción de contrato económico o social.

En economía, la escuela neoclásica tiene como eje la “teoría del equilibrio competitivo general”. Con sus altos niveles de abstracción del mundo real, esa teorización ha sido útil en la práctica para ar-gumentar dos cosas: que la intervención del Estado sólo se justifica cuando es necesario cubrir “externalidades del mercado”, y que una política proteccionista ofrece siempre un resultado inferior al libre mercado.

Con la sofisticación teórica y el conservadurismo implícito tras la idea de que el sistema reposa en un “orden natural”, la teoría del equilibrio competitivo general tiene por lo menos tres debilidades: primera, que la existencia de un recurrente y crónico desempleo ma-


sivo choca de frente con cualquier noción de equilibrio, sobre todo en entornos donde hay un enorme debilitamiento sindical.

Segunda, que las empresas siempre tienen sus ventas limitadas por los ingresos de los consumidores demandantes, y no porque ellas dispongan de la supuesta voluntad de producir sólo cuando hay un cierto nivel de precios (idea importante para entender la persistencia del ciclo económico).

Y tercera, que tras la evidente complejidad de los cálculos implí-citos en la teoría, está el equívoco de suponer que las empresas y los individuos son entes “totalmente racionales” (la realidad muestra siempre lo contrario).

Los gobiernos, organismos internacionales y economistas de todo el mundo utilizan en su trabajo modelos de equilibrio general com-putables, que no sólo descansan en algunos supuestos irreales, sino tienen la enorme ventaja de que siempre dan como resultado el re-fuerzo de la tesis de que la liberalización económica es condición in-superable.

Desde la Crisis de los años treinta (1929-1932) con John Maynard Keynes, la macroeconomía se pensó para que, mediante las políticas fiscal y monetaria, se cambiara el comportamiento de toda la eco-nomía, como algo distinto a la suma total de los comportamientos individuales que producen por sí mismos los agentes económicos. Fue Keynes quien formuló la idea contraintuitiva de que “lo que es racio-nal para los actores individuales puede no serlo para la economía en su conjunto” (Shaikh, 2004).

Keynes sostenía que el gobierno debería hacer, deliberadamente, lo contrario de lo que hacen los agentes económicos: gastar cuando ellos no gastan, para evitar que caiga la demanda agregada; y reducir


su gasto y aumentar los impuestos, cuando se trata de evitar que la demanda rebase a la oferta agregada.

Utilizado apropiadamente, el Estado puede ser la fuerza que di-rige un sistema individualista en direcciones socialmente deseables. Así, sigue enfatizando Shaikh, donde los neoclásicos minimizan cual-quier consideración sobre los desórdenes del sistema, Keynes y los poskeynesianos enfatizan ese desorden para probar que hace falta que el Estado regule los negocios, el empleo, el producto agregado y el ambiente general (Shaikh, 2004).

Desde los años treinta hasta los setenta del siglo xx, el principal fin de las políticas macroeconómicas fue reducir la magnitud de las oscilaciones en el ciclo de negocios, enfatizando especialmente la im-portancia de mantener un nivel de “pleno empleo”.

Con el ascenso neoliberal, la versión monetarista cambió eso radi-calmente: para ella, la estabilidad de precios, y no el nivel de empleo, es el fundamento de la prosperidad económica; y la disciplina mo-netaria, el objetivo básico de los bancos centrales. Friedman alegaba que “la inflación es una forma de aplicar impuestos sin necesidad de legislar”, y sostenía que los precios subirán siempre que haya dema-siado dinero circulando, ante una suma dada de bienes y servicios (Chang, 2008).

Hasta antes de la Gran Crisis Global de 2008-2009, después de varios desastres notables, los banqueros centrales triunfaron en la lucha contra la inflación, confundiendo eso con que “habían doma-do el ciclo económico”, lo que generó enorme consenso intelectual alrededor de dos ideas: una, que “el” objetivo del banco central era la estabilidad de precios; y dos, que “la” herramienta clave era la tasa de interés a corto plazo.


En México, el conservadurismo económico “nativo” estuvo his-tóricamente asentado en el Banco de México, cuyos estudios domi-naron las investigaciones desde la década de 1930 hasta la década de 1950; el Banco pronto optó por enviar a muchos de sus profesionales a realizar estudios de posgrado en Harvard, Yale, el Massachusetts Institute of Technology (mit) y la Universidad de Chicago.

En la década de 1970, salieron becados por el Banco de México a Yale, Leopoldo Solís y Gustavo Petriciolli, que después aparecieron como prominentes profesores del itam. Por influencia de ellos y a partir de la década de 1970, Francisco Gil Díaz, Miguel Mancera y Pedro Aspe, alumnos y profesores del itam, se proyectaron como al-tos funcionarios del Banco Central y de la Secretaría de Hacienda (Babb, 2003), formados en la corriente monetarista de Chicago.

Pronto, el Banco Central optó por formar sus cuadros desde la licenciatura en la carrera de economía del itam, apoyada por ban-queros; entonces la carrera combinaba economía, administración y negocios.

Por supuesto, las conexiones reales fueron más variadas: el Co-legio de México primero, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) después, también fueron formadores de grupos de élite para el sector público. Para las décadas de 1970 y 1980, el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) apuntaló ese proceso con un importante programa de becas para que alumnos de esas instituciones se fueran a las universidades de Estados Unidos, política que coronó al introducir, como prueba de excelencia de los economistas, que publicaran sus investigaciones en revistas estadou-nidenses “arbitradas” y dentro de un “índice de citas” establecido con base en ellas.


Pero el factor crucial fue la decisión estatal de reclutar el más alto nivel, para todas las áreas relacionadas directamente con la econo-mía, entre los egresados de estas instituciones.

Para asegurar cohesión, disciplina y lealtad, elevaron los sueldos de todos los mandos superiores y medios, no sólo de los economistas. Todo esto contrarrestó la influencia de las ideologías nacionalistas e izquierdistas (keynesianas y desarrollistas) prevalecientes dentro de los economistas formados en la unam, cuyos egresados fueron al mis-mo tiempo, crecientemente excluidos de los mandos altos y medios.

A lo largo del siglo pasado, el empirismo estadounidense, como raíz histórica característica de sus ciencias sociales, derivó desde la década de 1980 en una imbricación cada vez más compleja de la eco-nomía con las matemáticas, cuyo saldo fue la tecnificación extrema de los economistas, bajo el supuesto de que cuanto más matematiza-dos, más convenientemente alejados de las ideologías.

Así fue como se incubaron en nuestro país las condiciones para un prodigioso salto del nacionalismo económico liberal al neoliberalis-mo, lo que ciertamente también era parte de un proceso global.

Por otro lado, la teoría neoclásica, desde el siglo xix y hasta la primera mitad del siglo xx, postuló la noción de que había un solo conjunto de leyes económicas que “se aplican para todos los países en todos los tiempos”.

Esa idea de un pensamiento único era una mezcla del “liberalismo económico” de Adam Smith y David Ricardo, del “monetarismo” de Friedman, la teoría de “las expectativas racionales” de Robert Lucas, la “elección pública” de James Buchanan y Gordon Tullock, más el enfoque de “economía de la oferta” de Arthur Laffer, que en conjun-to sirvieron para popularizar la idea de que la intervención estatal constituía el problema, más que la solución, y que una política mone-


taria estable, combinada con recortes fiscales a favor de los grupos de altos ingresos, producirían una economía saludable para la actividad empresarial, al darle los incentivos correctos (Blyth, 2002).

Quienes criticamos ese poderoso consenso conservador, lo hi-cimos siempre reivindicando en el estudio de la economía, el com-promiso social y el espíritu crítico: primero dijimos que hay que conocer la historia, después incorporar la política, porque sin ella no se entiende el carácter general del Estado y el sentido de sus acciones; debemos usar la sociología, para entender la dinámica de las orga-nizaciones sociales; la antropología, para tender los puentes con el ámbito de la cultura y la civilización; y por supuesto, las matemáticas, para procesar las regularidades estadísticas y aprovechar el poder del pensamiento probabilístico en una ciencia que no conoce procesos ni resultados lineales. O sea, reivindicamos la interdisciplina.

6.7 La Gran Crisis Global de 2008-2009y el derrumbe de los mitos del neoliberalismo

En la ciencia, los mitos son siempre difíciles de desentrañar, porque suman prejuicios culturales que interactúan con el llamado “imagina-rio popular”. Siempre tienen un grano de verdad, pero les queda una parte sobreestimada y otra artificialmente simplificada y hasta dis-torsionada, de modo que no siempre coinciden con las evidencias his-tóricas, y al final, esto incluso acaba hasta por no importar. Como, por ejemplo, el mito de que el libre comercio ha sido una política aplicada por todos los países hoy desarrollados no tiene respaldo histórico y, a pesar de eso, se sigue vendiendo como tal (Chang, 2002).

Hay dos mitos fundacionales para el neoliberalismo: uno es el de la superioridad del libre comercio en la maximización de la eficiencia


y del bienestar económico; el otro es que, en todas las actividades eco-nómicas, los resultados producidos por los mercados siempre serán superiores a cualquier resultado socialmente predeterminado, pese a que hay fuertes evidencias en contrario (Dunkley, 2004; Hart-Lands-berg, 2006; Chang, 2008).

Hagamos pues un rápido recuento de los mitos neoliberales que ya se han colapsado. El primero, lo socializó Margaret Thatcher con su desplante autoritario: tina, There Is No Alternative (No hay alterna-tiva) o sea, no hay de otra más que las políticas neoliberales de abrir, privatizar y desregular. Está probado que, en política fiscal y moneta-ria, en la industrial, la agrícola, en política científica y tecnológica, en política educativa, por lo menos, hay muchísimas más opciones que la receta neoliberal “unitalla”.

El mito de que la intervención estatal en la economía es negativa, porque los mercados se ajustan solos, se vino abajo cuando en 2008 George Bush Jr. y Henry Paulson se vieron forzados a ensayar, en el espacio breve de tres meses, nacionalizaciones de hipotecarias y asegu-radoras en problemas, compras parciales de activos bancarios, después de dejar caer bancos con larga historia como Lehman Brothers, para, finalmente, instrumentar un plan de rescate financiero general por 750,000 millones de dólares, en lo que, de pasada, una cantidad signi-ficativa, y por intermediación del Congreso, fue a parar en manos de las tres grandes empresas automotrices, bajo el argumento de que su quiebra podría “desencadenar un enorme potencial disruptivo”.

Con ello, se derrumbó también otro mito muy importante: el de que “la desregulación es el camino directo para fomentar la eficiencia de los mercados financieros globales”. Y no sólo ése, también cayó por los suelos la idea de que “no hay que proteger a la industria nacional”, pues la experiencia estadounidense dice que todo es recomendable,


si se trata de las grandes empresas del sector industrial de Estados Unidos.

Se vino abajo, también, el mito de que la teoría neoliberal había domado el ciclo económico. Como lo plantea con crudeza Paul Krug-man (2009): dos premios Nobel de economía, y el entonces banquero central de Estados Unidos, habían decretado en diversos momen-tos la muerte de la depresión económica, como problema teórico y práctico.

Milton Friedman cuando recibió el Premio Nobel, Robert Lucas (otro Premio Nobel) en un discurso que pronunció en 2003, y Ben Bernanke al entrar como miembro de la Reserva Federal (Fed) en 2004, hablaban con desenfado sobre cómo había sido domado el ciclo económico, y de que las recesiones severas “ya eran cosa del pasado”.

La crisis financiera de 2008, y la severa secuela recesiva de la eco-nomía mundial en 2009-2010, indican que el ciclo no sólo estaba vivo y coleando, sino que, como advirtió Krugman, esta crisis tenía cada uno de los componentes malos que habíamos visto antes, pero ahora todos a la vez.

En concreto, quedamos ante evidencias de la ineficacia de la polí-tica monetaria, cuando vemos que la Reserva Federal estadounidense (Federal Reserve System, Fed) prácticamente ya cayó en lo que Key-nes llamaba “la trampa de la liquidez” (una situación en la que el ban-co central no puede activar el crédito general durante una recesión, después de que ha llevado la tasa de interés a cero, lo que significa que su herramienta clave, la manipulación de la tasa de interés, quedó cerca de estar anulada).

El mito de que las tecnologías informáticas y los modelos mate-máticos podían volver segura toda inversión financiera, manejando probabilísticamente el riesgo, fue cayendo de mal en peor: primero


fue el caso de Long Term Capital Management, una empresa de fon-dos de cobertura de riesgos con base en Connecticut, que en 1994 había contado entre sus directivos a dos premios Nobel de economía, Myron Scholes y Robert Merton (de este último, Robert Lucas alar-deaba que era “el Newton de las finanzas”), los cuales crearon porta-folios de acciones basados en sofisticados modelos matemáticos que analizaban datos históricos, “asegurando” un alto rendimiento con un riesgo mucho menor al general.

Pero como sus modelos de cómputo no anticiparon una ocasional perturbación severa del mercado, llegado el caso no pudieron impedir que la empresa quebrara al término de ese decenio, ni que tuviera que rescatarla la Fed, poniéndola en manos de otro grupo de grandes inversionistas.

Posteriormente está el caso del fondo de cobertura de riesgo “Bearns Hedge Fund”, del banco Bearn Sterns, en su momento uno de los cinco bancos de inversión más grandes de Estados Unidos, que vio el colapso de sus fondos de cobertura en marzo de 2008, más la Reserva Federal (Fed) y el Tesoro concurrieron, no a salvarlo, sino a salvar las contrapartes perjudicadas (por eso fue vendido al J. P. Mor-gan Chase en esa fecha).

Finalmente, está el caso destacado por Krugman como inicio de la crisis financiera actual, ocurrido el 9 de agosto de 2007, cuando suspendieron los retiros de tres fondos de la Banque Nationale de Paris (bnp Paribas), de Francia. La respetabilidad por contar con va-rios premios Nobel detrás de sus innovaciones financieras permitió a los inversionistas tomar posiciones hasta 100 veces mayores que su capital. Pero se esfumó dicha respetabilidad cuando esas novedades se evidenciaron como vehículos para perder mucho dinero.


Está también el derrumbe del mito de que los grandes interme-diarios financieros se regulan solos, y que los mercados financieros desregulados se ajustan también por sí solos. La experiencia de 2008, con la práctica desaparición del segmento de la banca de inversión, que creció en Estados Unidos desregulada, indica que no había nada parecido a la autorregulación.

Hay finalmente otro mito a conveniencia, pues ha multiplicado por el mundo la anomalía de que haya entidades económicas “dema-siado grandes para dejarlas caer”. De modo que, al entrar en graves problemas, las grandes empresas y bancos se rescatan con cargo al Estado, y se acaban convirtiendo en todavía más grandes y más pode-rosas, capaces de bloquear las reformas que urgentemente se necesi-tan en el sistema financiero.

La fórmula que quedó más a la mano ha sido la experimentada en México: que los rescates bancarios se hagan con cargo a los contribu-yentes, de modo que los platos rotos los pagamos todos, sin siquiera la posibilidad de imponer una regulación que afecte a los grandes ju-gadores financieros. El problema es que eso amenaza con agravar la crisis sistémica mundial, y que objetivamente secuestra las finanzas públicas para beneficio del gran capital financiero. En el siguiente ca-pítulo, vamos a examinar con detalle las bases de lo que hemos llama-do crisis civilizatoria, pues contiene la crisis financiera, la productiva y la crisis ecológica que las reformas neoliberales han exacerbado.

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Tercera parteDe la gran crisis globala la crisis civilizatoria

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Capítulo SieteCambio climático, transición

energética, seguridady soberanía nacional

7.1 Introducción

Para la mayoría de los científicos agrupados en el Panel In-tergubernamental sobre Cambio Climático (Intergover-nmental Panel on Climate Change [ipcc por sus siglas en

inglés]), está clara la amenaza más fuerte que hoy enfrenta la hu-manidad por el calentamiento global: una catastrófica degradación ecológica por el alza de las temperaturas de la tierra (un aumento


mayor a 2° C, derivado de una alta concentración en la atmósfe-ra de partículas de dióxido de carbono, esencialmente (aunque no el único) el gas de efecto invernadero (gei) al nivel de 400 partes por millón, que ocurre por primera vez en más de tres millones de años, y que eventualmente desencadenará procesos geofísicos y ambientales impredecibles (Socker y Quin, 2013).

Y la realidad es que los indicadores empeoran, en lugar de mejo-rar: el CO2 medido en el Observatorio de Cambio de Línea de Base Atmosférica de Mauna Loa, Hawai, ya alcanzó 405.1 partes por mi-llón en 2016, como lo publicó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration [noaa por sus siglas en inglés]).

Ese indicador marca cinco años consecutivos de aumento del CO2, tasa de crecimiento sin precedentes (de 100 a 200 veces más rápido que lo que experimentó la tierra desde la última glaciación) (Waldman, 2017).

Los gases de efecto invernadero (gei) más concentrados global-mente, son producto mayoritario del uso de combustibles fósiles (por supuesto, eso también es clave en México), porque constituyen la base del consumo energético primario más importante a nivel mundial, que es de alrededor de 83% (Montes, 2017): de ahí la relevancia del debate sobre la transición energética de los combustibles fósiles a otras fuentes de energía.

Pero partimos de que, con el cambio climático, vivimos realmente una crisis multidimensional, esto es, una crisis civilizatoria (que in-cluye una crisis ambiental, económica, política, social y cultural), pues se genera en los patrones energéticos de nuestras formas de vida ur-bana, pero, además, en los patrones generales de producción, distri-bución, consumo y acumulación de capital y de crecimiento.


Los expertos atribuyen el calentamiento global a la acción del hombre, dado que los otros “sospechosos” de ser responsables (la ra-diación solar incidente en la tierra o los cambios de la órbita terrestre, o la actividad volcánica), muestran en sus mediciones una estabilidad a lo largo de miles de años. Por eso han caracterizado esta crisis como “antropogénica”. De acuerdo con eso, vivimos la crisis civilizatoria de una economía mundial basada en los hidrocarburos, que se ha des-bordado contra la naturaleza, comandada por la acumulación priva-da de capital.

Como, al mismo tiempo, podemos decir que mundialmente hemos pasado el “pico petrolero” (esto es, el punto en el que cada vez será más difícil encontrar grandes yacimientos de hidrocarburos conven-cionales), aunque los países en lo individual pueden contar con más o menos reservas, el problema de la transición energética involucra un aspecto clave de seguridad: ¿con qué combustibles contamos o ten-dremos que contar para que funcione la economía mundial o nacio-nal ―o ambas― cuando se agoten los hidrocarburos? O como dijo el Premio Nobel de Química, Mario Molina, “y si antes de eso ¿se nos agota el aire que respiramos?”

En México, por circunstancias propias de la dinámica política neoliberal, ha habido pocas discusiones sistemáticas sobre la transi-ción y la seguridad energética del país; uno de los pocos debates se dio en el marco de discusión de la primera reforma energética explícita, en un foro legislativo ocurrido en 2008 y cuyo saldo principal (Co-misión Nacional de Hidrocarburos [cnh], 2017) ―aunque no único porque, a partir de ahí, se creó la cnh como organismo desconcen-trado de la Secretaría de Energía (Sener) para regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, excluyendo el resto de eslabones de la cadena productiva― comenzó apenas a


sentirse en 2010 con los primeros contratos para la exploración y ex-plotación de diversas áreas por parte de privados, nacionales y sobre todo internacionales.

En efecto, ello ocurrió con la promoción por parte del gobierno de Felipe Calderón de los “contratos de petróleo incentivados” (el “incen-tivo”, son los rendimientos para el sector privado, dependiendo de los recursos que se encuentren y puedan explotar), legalizados con cam-bios en leyes secundarias, pese a que estaban todavía formalmente prohibidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, misma que finalmente se modificó en 2013 bajo el gobierno priista de Enrique Peña Nieto.

Incluso considerando la secuela de la Gran Crisis Global de 2008-2009, la discusión energética más relevante en México quedó asocia-da sólo lateralmente al problema de la caída del nivel de reservas de hidrocarburos, porque siempre se destacaron más las implicaciones fiscales de la comercialización (nacional e internacional) y de los de-rechos asociados al petróleo, de los que aún siguen dependiendo los ingresos fiscales del Estado; ello, no obstante su importante descenso, de alrededor de 30-35% en la década de 1980 e incluso hasta princi-pios de este siglo, a 10% en 2017 (la evolución reciente fue así, 2014: 11.1%; 2015: 10.0%; 2016: 16.3%, 2017: 10%) (Montes, 2017a y Mon-tes, 2017b).

También hasta hace relativamente poco tiempo, la problemática del cambio climático (cc) no había estado muy presente en los deba-tes de política pública en México, entre otras cosas porque los de la reforma energética y otros temas ambientales habían captado mayor atención, como el de la gravedad de que la relación entre las reservas y la producción cayera de casi 40 años en 1997 a sólo 8.9 años en 2016, según Montes basada en las estadísticas de British Petroleum (Mon-


tes, 2017c), en contraste con los cálculos de la Secretaría de Energía (Sener), que estima para ese mismo año reservas para 15.7 años, esto es, plantea un valor 76% más alto.

Aquí vamos a presentar, primero, algunos antecedentes de las preocupaciones ambientales y sobre el calentamiento global, lue-go ubicaremos la doble transición energética que vive México y los problemas de seguridad, en seguida veremos la doble problemática derivada de la integración con Estados Unidos y el neoliberalismo, para discutir en seguida las alternativas que los neoliberales siguen negando que existen.

Y finalmente, trataremos de valorar los riesgos de que se entro-nicen, en toda América del Norte, los proyectos de megaminería y energéticos (de alto costo ambiental, como la “fracturación hidráuli-ca” (hydraulic fracking) para sacar el gas shale, y que han dado lugar a resistencias sociales nacionales e internacionales).

Cerraremos este capítulo, destacando la importancia de pasar del reconocimiento de que el calentamiento global es un producto “antropogénico”, para ubicarlo más como producto generado por el capital, “capitalogénico” (Altvater, 2016). Pues, del otro lado, la llega-da del equipo económico de Donald Trump, crudamente empresa-rial, ha colocado todo el negocio energético bajo un perfil totalmente desregulado, como si fuera la máxima aspiración, no sólo de Estados Unidos, sino del capital en todo el mundo.

7.2 Antecedentes de preocupacionescon el medio ambiente y el clima

Como antecedente, recordemos que en México fue en realidad a par-tir de los ochenta del siglo pasado cuando cobró fuerza un debate


sobre el problema de la calidad del aire en las tres grandes zonas me-tropolitanas del país: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; atendido mediante programas de certificación de emisiones de los autos, que han ido evolucionando positivamente en el tiempo, más el inicio del establecimiento de estándares ambientales para las in-dustrias.

Así que por fin en 2010, y debido a que México fue sede de dos grandes reuniones internacionales, la de la Conferencia de las Partes (Cop-16) en Cancún y la Cumbre Mundial de Alcaldes, Líderes Lo-cales y Regionales sobre cambio climático en la Ciudad de México, el tema del cc y algunas de las cuestiones de seguridad asociadas al problema, comenzaron a cobrar mayor visibilidad, con lo que sirvie-ron de base para que las fuerzas políticas y las organizaciones sociales tomaran posición al respecto.

7.3 Las relaciones entre el cc,la seguridad y la doble transición energética

Partimos de la base de que, sin ser uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero (gei) en el mundo, por la profundidad y complejidad de su proceso de integración económica con América del Norte (con Estados Unidos y en mucho menor medida con Canadá), México tiene no sólo algunas actividades manufactureras intensivas en energía, como la producción de cemento y la siderurgia, sino sobre todo un comercio transfronterizo intensivo en energía, por la movi-lidad constante que exige la producción maquiladora entre México y Estados Unidos y las exportaciones agrícolas, manejadas fundamen-talmente a través de transporte carretero.


Por supuesto, también cuenta el abanico de posiciones que los países de América del Norte tienen respecto a las políticas sobre el cambio climático (cc); éstas, en conjunto, han oscilado desde negar e ignorar el problema o tomar medidas de alcance limitado, pasando por enfatizar como salida las “soluciones de mercado”, hasta argu-mentar que el cc es positivo porque permitirá acceder a la explota-ción de recursos naturales hasta antes inalcanzables (como los del Ártico, que Canadá reclama).

Esto, por supuesto, sin dejar de considerar que, en los tres países, hay acciones sumamente importantes que se están desarrollando al nivel de localidades respecto al calentamiento global, gracias a las re-acciones de la población, sobre todo de las grandes ciudades.

En este apartado desplegamos una reflexión sobre esos temas a partir de cuatro ideas centrales: en la primera, reiteramos que vivi-mos globalmente una crisis civilizatoria (ambiental, económica, polí-tica, social y cultural), y en México eso está relacionado con el abuso de los hidrocarburos en la matriz energética nacional.

Segunda, que en materia de cc, los sucesivos y más recientes go-biernos en México pretendieron tener un papel activo, pero realmente siempre estuvo delimitado por la subordinación a los criterios del po-deroso socio comercial que es Estados Unidos como “jugador global”.

Tercera, que, por ello, sus alcances más bien se han restringido en el plano internacional y son parciales en el plano doméstico, aunque con eso al menos se ha logrado que se reconozca que somos un país con importantes riesgos de seguridad ante el calentamiento global. Y cuarta, que, aunque han hecho poco, hasta ahora los gobiernos suce-sivos al menos siguen reiterando su “compromiso de actuar”.


7.4 La seguridad: interacciones entre población, geografía y economía

Comencemos por decir que, entre los riesgos de seguridad, hay que contar no sólo el tamaño de su población (México tiene poco más de 125 millones), sino su condición geofísica (está expuesto a sis-mos de alta intensidad por varias fallas geológicas a lo largo de la trinchera del Pacífico, y por la existencia de un eje volcánico trans-verso activo), además de que casi 1/3 de sus habitantes están con-centrados en un territorio comparativamente pequeño de los valles del Altiplano Central, mientras 60 de las 77 ciudades más grandes del país se encuentran sobre las líneas costeras, por lo cual tienen alta vulnerabilidad ante los huracanes un aproximado de 37 millo-nes de personas (Dirección de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación [dpc-sg], 2010).

Todo lo anterior está agravado, además, por la realidad de que el país ha sufrido la pérdida de casi 65% de los manglares (Comisión Nacional Forestal [Conafor], 2013), porque tenemos una sociedad en la que prevalece una aguda polarización socioeconómica (casi ¾ par-tes de la población se encuentran en alguna condición de pobreza) y porque 85% de su territorio es árido o semiárido, y la porción boscosa sufre un acelerado proceso de deforestación (según el inegi, la pro-porción de la superficie nacional cubierta por bosques y selvas pasó de 35.3% en 1993 a 33.8% en 2011) (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat], 2016).

De modo que por razones geográficas, pero cada vez más por ra-zones socioeconómicas, en México estamos fuertemente expuestos a los impactos de sismos, huracanes, sequías, inundaciones por lluvias,


incendios forestales, migraciones masivas, brotes de descontento so-cial y elevación del nivel del mar.

En este sentido, estamos siendo el más vivo ejemplo de la crisis de todo un paradigma civilizatorio, “la economía de los hidrocarburos”, aunque eso no se admite en todas sus implicaciones, ni se plantean medidas correctivas y urgentes, frente a los serios aspectos que se vie-nen presentando.

7.5 Integración económica,energía y neoliberalismo

En ese contexto, entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a que en México vivimos una doble transición energética? Conside-ramos que, en el marco global, es claro que en México ya estamos en el fin de la era de los hidrocarburos y, según muchos expertos, el país ya vive su propio “pico petrolero”, reflejado en la caída drástica a sólo 8.9 años de la relación reservas-producción de petróleo, lo que nos obliga dentro de la transición energética global a buscar esquemas de ahorro de energía (comenzando por bajar drásticamente las exporta-ciones de petróleo crudo), mecanismos tecnológicos para aumentar la eficiencia energética (que se enfatizó desde 1974-1975 y hoy sigue como recomendación), entrar en la promoción de esquemas agrícolas sostenibles, más allá del gas natural y la energía nuclear, que aunque incluidas en esta categoría, nosotros consideramos que no cumplen con tal criterio.

Pero, además, hay que decir que México vive otra delicada tran-sición de su sector energético, el cual ha sufrido la presión de las reformas estructurales neoliberales y los intereses empresariales na-cionales y extranjeros, y se ha movido, lenta pero sistemáticamente,


de un esquema histórico de empresas públicas integradas, a otro de fragmentación y privatización de amplios segmentos de la cadena de valor energética, mientras van quedando detrás (pero también se perfilan hacia el futuro) altísimos costos sociales por la depreda-ción de los recursos, la destrucción del medio ambiente y la extrema dependencia respecto de los hidrocarburos como fuente de energía primaria, además de tener un solo socio comercial (Estados Unidos), todo ello para los aspectos clave de sus necesidades energéticas (de tiempo atrás, el abasto de gas natural y sobre todo de petrolíferos: gas lp [Licuado del Petróleo], gasolina y diesel).

En ese proceso, entre amplios sectores de la opinión pública mexi-cana y las más variadas fuerzas políticas y sociales, se siguen deba-tiendo hoy en día, a veces en forma abierta otras subrepticiamente, delicados aspectos de seguridad y soberanía nacionales, que reflejan la preocupación por eso, y la existencia de una mayoría de la pobla-ción en contra de la privatización y desnacionalización de los recur-sos energéticos.

Aquí interesa formular al menos alguna respuesta a dos preguntas muy sencillas, pero extremadamente importantes para orientarse en condiciones de redefinición de las relaciones internacionales frente a un recurso claramente estratégico: ¿Qué implica para México es-tar dentro del programa de seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Puede y debe haber una política propia de seguridad energética para México?

Recordemos que Estados Unidos es el más grande demandante de energía a nivel mundial, pues con menos de 5% de la población global, su uso de energía primaria (en la que se incluye, los hidrocarburos, la energía nuclear, la hidráulica y las energías renovables) alcanzó 17.1%, y su generación de electricidad 17.5% del total global en 2016


(su papel o participación es preferible expresarlo como generación, dado que el consumo expone a errores de estimación, pues las pér-didas son tan variables entre países, que oscilan entre 6% y cerca de 50% (Montes, 2017c).

Por eso además, reiteramos la segunda pregunta: ¿Puede y debe haber una política propia de seguridad energética para México? Si partimos de que la vecindad geográfica y el peso de las asimetrías de poder nos dejan expuestos a la voracidad energética del más grande consumidor de energía en el mundo, lo que tiende a retroalimentar una peligrosa condición de extrema dependencia para México en el largo plazo, coincidiremos en que es un asunto que va mucho más allá de una simple perspectiva comercial.

La integración plasmada en el “modelo comercial” del tlcan ha sido, sin duda, depredadora: mientras las ventas mexicanas de petró-leo crudo al exterior, en los comienzos del tlcan, crecieron 61% en-tre 1990-2000, en los tiempos de la transición del tlcan a la aspan (2000-2008) lo hicieron en 210%, para caer a 44% entre 2008-2011, básicamente debido al descenso de la producción y de las reservas.

Pero lo más importante y significativo es que el porcentaje de las exportaciones petroleras mexicanas a Estados Unidos, respecto a la producción, tendió a mantenerse prácticamente constante, con un promedio de 53% para el período completo de vigencia del tlcan (Montes y Álvarez, 2008). Si en la negociación del tlcan no firma-mos, como Canadá, una cláusula de proporcionalidad energética (la sección 605), que los obliga a exportar un porcentaje determinado de su petróleo, lo cierto es que cumplimos como si la hubiéramos firma-do (Laxer, 2015).

En rigor, desde hace por lo menos cincuenta años, el desarrollo energético de México ha estado íntimamente ligado a las necesida-


des energéticas de Estados Unidos, hasta llegar a la situación actual, en la que no sólo es comprador primordial de combustibles y petro-químicos, además de que abastece de capital, tecnología y bienes de consumo al sector energético mexicano. Como en Canadá, en México públicamente no se discute mucho la problemática de la seguridad energética nacional, pese a que es un problema crucial.

7.6 Comercio binacional e integraciónenergética Estados Unidos-México

De modo que tenemos que reconocer que la integración económica de México con Estados Unidos tuvo en el comercio energético una de sus palancas iniciales más importantes, debido al objetivo estadouni-dense de “regionalizar” sus abastos de energía desde la primera mitad de los años setenta del siglo xx.

Y 25 años después, en Estados Unidos se sigue destacando como preocupación la caída de las cantidades disponibles de petróleo crudo pesado mexicano para las refinerías estadounidenses de la costa del Golfo (us [United States] Senate, 2012: 5). No les falta información, pues entre 2002 y 2016 la producción de crudo pesado de México ha disminuido en 49.2% (Montes, 2017c).

Por eso, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos ha buscado atrapar unilateral y más profundamente a sus vecinos, Mé-xico y Canadá, como abastecedores más “confiables”, para que Esta-dos Unidos pudiera desestabilizar sin problemas la región de Medio Oriente (Irak, Irán, Libia, Siria), donde se concentra el grueso de las reservas mundiales de hidrocarburos (Hc). Al mismo tiempo, ha bus-cado proyectar globalmente a México como modelo de privatización de las empresas estatales energéticas.


Así que sostenemos que no sólo es posible, sino extremadamente importante, que México deje de explotar irracionalmente sus recur-sos petroleros, que puede y debe caminar en la dirección de aumentar la eficiencia energética de la economía, que debe impulsar políticas de conservación y promover, mediante sólidas políticas públicas, las fuentes de energía renovables, pero no a costa de las empresas públi-cas estatales.

La transición energética, en ese sentido, implicará para el país pasar de la matriz energética que hoy sigue, totalmente dependiente de los hidrocarburos y de un poco de energía nuclear, a otra en que exista una sólida canasta de energías renovables, excluyendo definiti-vamente la opción nuclear, por ultrapeligrosa, sucia y cara.

También sostenemos que es posible, necesario y urgente dejar atrás los criterios empresariales de la ganancia rápida y a corto plazo en la explotación de los recursos petroleros, para poder enfrentar con eficacia la decadencia de los hidrocarburos convencionales, trazando políticas que protejan el interés nacional con visión estratégica y de largo plazo, diversificando las relaciones comerciales, tecnológicas y financieras, a la vez que se desarrollan las capacidades de investiga-ción y de formación de personal altamente calificado.

Y finalmente, advertimos que la transición energética ofrece hoy en día tres falsas salidas que podrían tener serias implicaciones para México: una es la de los agrocombustibles, que exacerban la tensión entre alimentar hombres o máquinas (Álvarez y Montes, 2014). Otra, es el uso de la energía nuclear, pues desde Estados Unidos se proyec-ta una fuerte presión para extender el uso de esa energía, ignorando las evidencias de desastres como los de Chernobyl y Fukushima. Y la tercera, la explotación creciente del gas shale, mediante la ambien-talmente costosísima técnica de la “fracturación hidráulica” (hydrau-


lic fracking), sobre todo en un país con gran “estrés” hídrico como México.

De entrada, insistimos en que la confusión deliberada de los térmi-nos “energías alternativas”, “energías renovables” y “energías limpias” (imprecisión que se extiende hasta en los informes del Intergovern-mental Panel on Climate Change, ipcc por sus siglas en inglés), ha permitido la incorporación oficial de esas tres vías, como supuestos “caminos para frenar la emisión de gases de efecto invernadero (gei)”, subestimando totalmente los costos ambientales al incluir, entre las dos primeras categorías, el gas natural y la energía nuclear.

7.7 Visiones de seguridad nacionala largo plazo vs cortoplacismo neoliberal

El tema del calentamiento global está directamente ligado al asunto de la transición y la seguridad energéticas, porque implica, en un sen-tido, adaptarnos a la realidad del “pico petrolero”; pero, por el otro, significa asumir la urgencia de transitar hacia una sociedad de verdad sostenible, construyendo una forma de crecimiento económico sano y duradero, donde se usen los recursos naturales con una perspectiva de largo plazo, se reduzca la generación de desperdicios, se haga un manejo adecuado de la basura y del agua, y se utilicen eficientemente los recursos energéticos.

Para el caso específico de México, se reconoce que el problema del cambio climático está cruzado con varios otros muy importantes: el ambiental, el del alto nivel de consumo de energía incluso en condi-ciones de bajo crecimiento económico, el de la eficiencia energética con la que se genera la producción, se define el tipo de bienes que se consumen, y se realiza su distribución.


Simplemente como un ejemplo, se puede citar la experiencia del estado de California, que emplea la mitad de la energía promedio en Estados Unidos, gracias a medidas de eficiencia que fueron adoptadas después de la crisis petrolera de la segunda mitad de la década de 1970. Cosa que en México no ha ocurrido ni cuando más se hablaba del tema del cambio climático (cc), bajo el gobierno de Felipe Calde-rón, después del año 2005.

En México, únicamente el agua se ha reconocido ya como un asunto estratégico de seguridad nacional, pero sólo para promover esquemas de privatización; sin duda, el asunto del cc tiene muchas otras dimensiones que tenderán a caer dentro de la problemática de la seguridad nacional, si se entiende como tal la sostenida en los pila-res de la estabilidad social y política.

Siguiendo las evidencias de un detallado y preciso informe ela-borado ya hace casi siete años (Royal United Service Institute [rusi], 2009), podemos ver que desde entonces se han llegado a concretar como principales los siguientes impactos del cc para México: que tenderá a exacerbar las divisiones socioeconómicas y la presión so-bre la distribución de recursos, bienes, servicios e infraestructura es-casos; que los impactos tenderán a ser muy diferenciados, dadas las desigualdades preexistentes, pero muy probablemente serán más ne-gativos para las actividades agrícolas en general y para las forestales en particular, para las grandes urbanizaciones, para las áreas coste-ras y para las poblaciones ribereñas.

En ese contexto, los impactos del cc sobre México se pueden vi-sualizar de inmediato: el aumento de la variabilidad meteorológica (aumento de frecuencia e intensidad de las lluvias y las sequías), que afectará todo el territorio por el aumento de la eventual erosión de los suelos y de la desertificación, pero que también perturbará pro-


fundamente la diversidad biológica del país (con el agravante de que estamos considerados como un país megadiverso), porque –sobre todo en las dos últimas décadas–, bajo la impronta del neoliberalis-mo, los patrones de crecimiento económico están asociados a fuertes variaciones en el uso de los suelos para macroproyectos mineros, tu-rísticos, agropecuarios, energéticos y urbanos.

Más en general, es especialmente delicado el asunto de la expan-sión de la megaminería y los proyectos energéticos promovidos por la inversión extranjera directa y la nacional, ya que 90% de la población indígena del continente americano se concentra en Mé-xico, Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile (sin olvidar que hay etnias muy importantes en Estados Unidos y Canadá, también per-judicadas).

Y es precisamente en sus territorios donde se está expandiendo la minería, utilizando enormes volúmenes de agua, el desarrollo de la infraestructura energética que contamina ríos, lagos y cabeceras de cuencas, que vulnera derechos colectivos como los de los pueblos, que provoca desplazamientos forzados, militariza los territorios y crimi-naliza las protestas indígenas (como el caso de Standing Rock en Es-tados Unidos en 2016-2017). Eso es lo que provoca el predominio de los intereses de la búsqueda de la ganancia privada en el corto plazo, al explotar con frenesí los recursos naturales no renovables.


7.8 Integración, libre comercioy agricultura bajo el neoliberalismo

Es importante referir también, en específico, otros dos elementos cruciales de la realidad de la agricultura en México que deben tenerse muy presentes en estas implicaciones del cambio climático (cc). Uno es que, tras la aplicación de la apertura comercial, el país depende fuertemente de las importaciones para cubrir las necesidades de maíz, trigo y arroz (granos básicos) y hasta casi 90% del consumo interno de oleaginosas; en el mismo sentido, hay que considerar que, en la agricultura mexicana, aproximadamente 80% de la tierra cultivada se dedica a producir maíz, sorgo y frijol.

Y dos, que en México distan mucho de estar generalizados los sistemas eficientes de uso del agua, además de que la pobreza extre-ma en el país es un fenómeno esencialmente rural que sufren abru-madoramente las poblaciones indígenas, lo que significa que las más dañadas por el cc serán las unidades comunales agrícolas de subsis-tencia, que tienen un promedio de menos de cinco hectáreas y que dependen fuertemente del ciclo de las lluvias. No por otras razones, el propio Banco Mundial ha documentado que, en los últimos 15 años en México, han abandonado las actividades agrícolas un total de 6.2 millones de personas, lo que ha provocado una verdadera hemorra-gia migratoria.

7.9 Los mayores peligros a la seguridady a la soberanía nacional

Varias conclusiones merecen destacarse de lo que hemos dicho hasta aquí: las vertientes que más vulneran la seguridad y la soberanía na-


cional están en la persistencia de una matriz energética dominada por los hidrocarburos, la apertura al capital privado de las cadenas de valor energéticas, el desmantelamiento progresivo de las empresas públicas y los macroproyectos mineros y energéticos que ya tienen prioridad de uso del suelo sobre terrenos de comunidades indígenas.

Pero la parte más trascendente, relacionada con nuestro socio co-mercial más importante, es que en Estados Unidos se han utilizado las políticas de desregulación, apertura y privatización del sector energé-tico mexicano, como palanca para avanzar en la desregulación de las actividades energéticas propias, acentuando los riesgos de accidentes con altísimo costo ambiental (recordemos el caso del accidente en el Golfo de México, relacionado con la plataforma Blue Horizon). Sin lugar a dudas, la agenda de las resistencias sociales tiene que apuntar a una estrategia trinacional (México, Estados Unidos y Canadá), con perfiles suficientemente claros, para luego incluir las resistencias en todas las Américas.

Ha costado mucho que se reconozca el calentamiento como un producto global “antropogénico”, y ahora nos amenaza un retroce-so mayúsculo, porque el gobierno de Donald Trump “no cree” en el cambio climático, y ya empezó a tomar medidas para desmantelar la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency [epa por sus siglas en inglés]), una institución extremadamente impor-tante en el seguimiento a los daños del modelo civilizatorio basado en los hidrocarburos. En seguida, ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París, suscrito por Barack Obama.

Tenemos pues que caminar con firmeza en la identificación más precisa de la agenda del calentamiento global, probando que se trata de un producto típicamente “capitalogénico”, esto es, que es el capital privado el que amenaza la continuidad de la vida sobre la tierra, y que


eso se agrava cuando un presidente ofrece dar rienda suelta a la ex-plotación de una riqueza energética que estiman, dentro de Estados Unidos, en 50 millones de millones de dólares (50 trillions estadouni-denses, 50 billones en español) (Álvarez, 2017a).

La tarea esencial es restablecer el control nacional soberano de México, a través de organismos públicos, que rindan cuentas y actúen con escrupulosa transparencia, en la explotación y aprovechamiento racional de los recursos patrimoniales naturales, respetando los de-rechos laborales y comprometiendo a los trabajadores y técnicos en el cuidado de su conservación: tarea esencial y, hasta donde vemos, parte de la utopía que debe inspirarnos. En el capítulo siguiente, pre-tendemos examinar con más detalle las consecuencias que ya tiene y tendrá, para Estados Unidos y México, la llegada de Donald Trump a la Presidencia del vecino del norte, pues augura una multiplicación de las tensiones nacionales, regionales y globales.

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Capítulo OchoDonald Trump y el populismo

autoritario militarista: orígenesy consecuencias sobre eu y México

8.1 Introducción

El proceso electoral de Estados Unidos en 2016 quedó mar-cado por una grave crisis política y, en rigor, su resultado forma parte de un ciclo largo de derechización, asentado

en varias decisiones tomadas como acuerdo bipartidista desde los tiempos de Ronald Reagan en los ochenta del siglo xx, que fijaron el arranque del neoliberalismo en los centros de poder mundial.


Tras el resultado de las elecciones de 2016, una franja del electo-rado, una porción del que apoyó a Bernie Sanders y Hillary Clinton, pareció repuntar parcialmente transmutada en resistencia civil, lo que configuró un novedoso despliegue de masas que configura una agenda tan amplia como variada: cuestionar la credibilidad y legi-timidad del proceso electoral, defender los derechos de las mujeres, preocuparse por el medio ambiente y el calentamiento global, defen-der la vida de los jóvenes de color, repudiar los ataques contra los mi-grantes y contra la diversidad religiosa en Estados Unidos, rechazar la homofobia y la xenofobia alentados desde el poder.

Eso es lo que mostraron de inmediato las manifestaciones de mu-jeres en más de 150 ciudades de eu, entre las que se destaca la que se realizó el 21 de enero de 2017 en Washington, que reunió tres veces más gente que la que asistió a la ceremonia de ascenso de Trump a la Presidencia.

En este capítulo veremos primero las tensiones políticas sobre la economía estadounidense, luego veremos detalles del llamado “popu-lismo de derecha” (protofascista) que enarbola Trump, después nos referiremos a su gabinete, más adelante mostraremos la lógica explí-cita al gobernar mediante decretos, luego veremos las raíces recientes del autoritarismo y el militarismo en Estados Unidos, para ubicar en ese entorno la propuesta de la Alianza para la Seguridad y la Prospe-ridad en la América del Norte (aspan) primero, y la Iniciativa Mérida después. Cerraremos el capítulo explicando el porqué de los ataques al tlcan y la obsesión con el muro fronterizo. Mostramos que el go-bierno de Trump, como el de Peña Nieto, padecen versiones distintas de una crisis de legitimidad y de credibilidad.

Es que la economía de Estados Unidos sigue acumulando ten-siones sobre la cauda de la Gran Crisis Global de 2008-2009, y deja


una economía semialetargada por las políticas de austeridad (incluso el presupuesto de Estados Unidos para 2017 trae el primero de un recorte que alcanzará 10 millones de millones de dólares [10 billo-nes] para la próxima década), de modo que, con la llegada de Donald Trump a la Presidencia, asistimos a una conflictiva mudanza polí-tica de la oligarquía globalizadora, profunda y explícita en el hecho de que los más poderosos muestran ahora sus preferencias por una suerte de populismo autoritario militarista, que en el caso de Estados Unidos daría para hablar de una “fase superior del neoliberalismo”, pues, interna y externamente, los capitalistas se muestran más procli-ves al acceso directo al poder y al uso de la fuerza para imponer sus intereses y restaurar su poder hegemónico, erosionado por la crisis financiera.

Estados Unidos, visiblemente emparejado ahora con la realidad electoral mexicana (en cuanto a la manipulación de encuestas y el desgaste del sistema bipartidista), muestra también evidencias de des-gaste agudo de su anticuado sistema electoral: hay un cuestionamien-to masivo a la existencia de un Colegio Electoral dominado por las élites, porque se confirmó masivamente que anula el principio básico de la democracia representativa: “que gane quien tenga la mayoría de votos de los electores”.

Es un sistema que, esta última vez, acumuló evidencias de un frau-de peculiar (eliminar electores de las listas en varios de los estados con fuerte población negra y pobre o latina, como en Misisipi, Alabama, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Texas y Arizona) (Berman, 2016 y Tobin, 2016), lo que se tradujo en que llega a la Presidencia un candidato no sólo cuestionado en su legitimidad, sino montado en un sistema electoral doblemente cuestionado en su credibilidad y legitimidad, de un lado, por parte de la Central Intelligence Agency


(cia) al difundir supuesto hackeo por agencias de Rusia y, del otro, por la población que no acepta que el predominio de los intereses oligár-quicos, dentro del Colegio Electoral, esté por encima de los resultados del voto popular.

En rigor, la supresión de votantes y no el “hackeo ruso” fue el pro-blema más fuerte o, si se prefiere, la modalidad preferida del fraude electoral en Estados Unidos. Aunque en los medios, fue sobre todo el primer problema lo que se consideró menor, ocasional o simplemente problema “local”. Y es el segundo asunto el que apunta a utilizarse, por fracciones de la oligarquía, como piedra de toque de una eventual “crisis constitucional” que destituiría a Donald Trump.

Una tendencia muy recurrente, en las últimas elecciones, es que los gobernadores y las legislaturas locales le están haciendo a los elec-tores más difícil votar (hablamos de restricciones tales como imponer leyes para tener identificación de votante, aplicar cortes anticipados de votantes, hacer cortes sobre el tiempo para el registro de votan-tes, hacer una nueva división por distritos para fragmentar grandes distritos o juntar pequeños en uno grande, etc.), medidas y trampas todas ellas que en esta última elección ocurrieron en por lo menos 14 estados.

En 2016, hubo 868 menos lugares para votar (pasaron de 200 a 60 en Fénix, Arizona; entre 2012 y 2016, Texas ha cerrado más de 400 casillas, muchas de ellas en distritos dominados por población latina; en Carolina del Norte, igual. En Luisiana y Misisipi, lo mismo. So-bre todo en los estados del Sur, con tradición de supresión de casillas electorales). Y los republicanos demuestran que son campeones expe-rimentados en el tema. Resultado inmediato de todo eso: queda una doble crisis de credibilidad y de legitimidad.


8.2 Recuperando tradiciones:¿retorno del populismo de derecha?

Tomemos en cuenta que el “populismo de derecha”, racista, nacio-nalista y xenófobo, tiene raíces históricas dentro de Estados Unidos desde los siglos xix y xx, pero en el siglo xxi se junta hoy globalmente como una opción electoral que busca desviar el descontento popular por la crisis, enfocándolo sobre objetivos manipulables por las oli-garquías.

Conviene aclarar que recurrimos a la categoría de populismo (de izquierda y de derecha), a sabiendas de que es una categoría contro-versial y despreciada por muchos analistas de izquierda, recordando que decía Arnaldo Córdova “es considerada como una categoría an-fibológica (ambigua) y genérica, que muy a menudo se usa para de-signar realidades sociales profundamente diferentes” (Córdova, 1973: 34). Pero aunque sea así, nos permite identificar la especificidad de algunas formas políticas antiguas, que asume el nuevo discurso con-servador y el progresista en Estados Unidos.

Porque además, respecto al populismo de derecha está ocurriendo lo mismo en Estados Unidos que en Inglaterra, en Hungría que en Francia, en Argentina que en Brasil, porque las élites financieras glo-bales han apostado por esquemas neoliberales disfrazados de “com-bate contra la corrupción” y “contra el establishment y los políticos profesionales” para confundir, desviar y contener el descontento con-tra la globalización, canalizándolo como odio contra los migrantes, desconfianza contra los extranjeros, atizando una falsa lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de derecho, levantando el na-cionalismo como identidad justificadora de tropelías contra grupos


minoritarios y, sobre todo, para negar derechos laborales y humanos a los trabajadores migrantes.

En esta etapa, desde luego que la defensa de la supuesta “magia neoliberal del mercado” no ha desaparecido, la globalización menos: las élites sólo las han recubierto con nacionalismo y unilateralismo, para abrir espacios al capital usando el puño de hierro de gobiernos oligárquicos, unilaterales y prepotentes, pues son la verdadera fuerza de los mercados en el capitalismo.

Específicamente en el caso de Estados Unidos, es el puño de hierro que amenaza a migrantes mexicanos, centroamericanos y musulma-nes, el que hoy también hace sonar los tambores de guerra entre su-perpotencias, cercando militarmente a Rusia con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan) y a China con la Séptima Flota, en la primera con el pretexto de Ucrania y a la segunda con el de Corea del Norte.

8.3 Un gabinete oligárquico y cambios mediante decretos ejecutivos

Pero no sólo eso: el gabinete de un presidente cuya fortuna personal se forjó asentada en los negocios inmobiliarios, de la construcción y la hotelería, en la infraestructura energética, quedó repleto de ban-queros (hay seis, asociados a Goldman Sachs, y uno de ellos, Steven Munchin, quedó ni más ni menos que al frente del Departamento del Tesoro); de multimillonarios petroleros (entre los que se destaca el ex líder corporativo de Exxon-Mobil, la petrolera más grande del mun-do, Rex Tillerson, al frente del Departamento de Estado); a lo que si-guen militares con fama de duros y prepotentes, colocados en puestos


de seguridad exterior e interior (la cia y el Homeland Security De-partment [Departamento de Seguridad del Suelo Patrio]).

Ese liderazgo presidencial con Trump, hoy día, cuenta además con que el Partido Republicano es mayoritario en la Cámara de Repre-sentantes y en el Senado, y controla la Suprema Corte, de tal forma que lo único que puede presagiarse es la mano dura por todos lados, dentro y fuera de Estados Unidos, con una gran cohesión (confabula-ción, complicidad) entre millonarios oligarcas.

Ese formidable control republicano se basa en las grandes petro-leras, los bancos y los dueños de las grandes empresas de la industria química, la ultrapoderosa industria farmacéutica: por eso quedaron representadas en el gabinete de Donald Trump y aprobaron su es-tilo de gobernar mediante “decretos ejecutivos”, esto es, saltándose intencionalmente al Congreso (que vive también una enorme crisis de credibilidad).

Ciertamente, parecen haber quedado fuera de la coalición gober-nante algunas de las cadenas de medios de comunicación y las lla-madas fangs tecnológicas (iniciales de las empresas dirigentes en Wall Street: Facebook, Amazon, Netflix y Spotify), sin posiciones explícitas en el gabinete y por eso, hasta cierto punto, confrontadas con el go-bierno de Trump, sobre todo en el tema de la migración. Pero con todo, ¿puede alguien decir que con Trump estamos ante el fin de la globalización o el fin del neoliberalismo?

8.4 Antecedentes del vuelco autoritarioy fascistizante

En un primer paso analítico, recordemos las líneas maestras de esa historia que subyace en el ascenso de Donald Trump. El giro autori-


tario, nacionalista y fascistizante en Estados Unidos, cobró impulso extraordinario después del ataque a las Torres Gemelas el 9-XI-2001, cuando el gobierno de George Bush puso como enemigo número uno al terrorismo, un pretexto adecuado para imponer dentro de Estados Unidos el autoritarismo, la persecución y la violación de los derechos civiles, propagando por todo el mundo la violencia militarista.

Se impuso dentro de Estados Unidos el “Acta Patriota”, que im-plicó la supresión de derechos individuales y la violación de derechos humanos, la legitimación de la tortura, detenciones sin derecho a asistencia legal, incomunicación indefinida como con los presos en la cárcel de Guantánamo, criminalización de los migrantes como presuntos terroristas, endurecimiento del control y ampliación de las fronteras.

Sobre el resto de América del Norte pagamos también nuestra cuota: con la ampliación del perímetro de seguridad de Estados Uni-dos hasta la frontera sur de México, y compromisos para militarizar la frontera México-Guatemala y la de Estados Unidos-México, mul-tiplicación de los agentes de la patrulla fronteriza, multiplicación de las legislaciones estatales antiinmigrantes en los diversos estados de Estados Unidos, razzias y deportación masiva de migrantes mexica-nos y centroamericanos, cuando la migración se desplazaba a todos los estados de Estados Unidos, alentada por las quiebras domésticas que precipitaron en las economías más débiles las políticas de abrir, desregular y privatizar.

También se dio impulso al equipamiento militar de la policía es-tadounidense, que trajo la generalización de los asesinatos policíacos de jóvenes negros bajo pretextos banales, y con impunidad rayana en el cinismo. El gobierno de México, adoptó como propia la decisión de que el ejército mexicano “ejerciera control efectivo sobre todo el te-


rritorio nacional”, con el pretexto de que en, unos casos, los territorios estaban controlados por el narco y, en otros, por grupos guerrilleros como el EZLN, emergente en 1994.

8.5 aspan e Iniciativa Mérida:instrumentos para “armar al tlcan”

Interesa detallar la propuesta formal que se hizo de “armar al tlcan”, pues bajo ese propósito llegó la Alianza para la Seguridad y la Pros-peridad de América del Norte (aspan), pero ya no como “Acuerdo” o “Tratado” sino como simple arreglo político entre los poderes ejecuti-vos de los tres países (2005), lo que significaba que sólo tendrían que ponerse de acuerdo entre ellos y luego dar línea a sus ministros.

Siguiendo esa lógica, en 2008 se puso en funcionamiento la “Ini-ciativa Mérida”, que es un esquema de seguridad similar al que fue utilizado en Colombia contra el narco y la guerrilla (Plan Colombia), que dejó un brutal saldo de “falsos positivos”, muertos, heridos y des-plazados por la intensidad de la violencia.

En 2008, con el panista Felipe Calderón (que dijimos antes que había quedado cuestionado en 2006 en su legitimidad electoral), se tomó a nivel presidencial la decisión estratégica de combatir el narco militarmente, dejando las puertas abiertas del flujo de dinero ilícito y del marco legal.

Eso fue el comienzo de una espiral de violencia que pronto fun-cionó sobre todo criminalizando a los jóvenes, también a muchos militantes de izquierda, todo bajo el paraguas de la “guerra contra el narco”. En balance contundente, el presidente en turno de la Aso-ciación Nacional de Abogados Democráticos (anad-México), Raúl Jiménez Vázquez, destacó:


Ese conflicto armado interno ha provocado un holocausto, una magna tragedia humanitaria: más de doscientas mil vidas huma-nas segadas, más de treinta mil desaparecidos, más de doscientos mil desplazados, más de veinte mil huérfanos. Trágico saldo que es considerablemente superior al de la guerra de Vietnam. ‘Salvo unos cuantos, nadie dice nada’ (Con negritas en el original.) ( Ji-ménez, 2017b).

En Estados Unidos, se proclamó la “guerra contra el terrorismo”, y acabaron matando a negros y migrantes, violando masivamente los Derechos Humanos; en México se proclamó la “guerra contra el narco”, y acabaron violando también masivamente los Derechos Humanos, además hacer de morir a muchos luchadores sociales. La complementariedad de las políticas públicas de seguridad, en Estados Unidos y México, es notablemente convergente en sus diseños milita-ristas y sus resultados catastróficos en Derechos Humanos.

En 2009, Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz por su decisión de continuar el acuerdo sobre misiles estratégicos con Rusia, lo que se esperaba ayudaría a “tener un mundo libre de armas nuclea-res” (Pilger, 2016).

Pero hay una realidad contundente: detrás de la imagen de sereno y prudente, hombre de hogar con fama de orador hábil y convincente en la escena pública, Obama fue uno de los presidentes más violen-tos de Estados Unidos. Después de recibir el Nobel, Obama ordenó modernizar el arsenal nuclear de Estados Unidos, desarrollar una nueva minibomba nuclear, para asegurarse de que su uso no fuera más “impensable”. En esa modernización, pensaba utilizar un millón de millones de dólares (a trillion dollars, un billón de dólares) y ese


proyecto ha sido retomado tal cual por Donald Trump, lo que prueba las continuidades estratégicas entre demócratas y republicanos.

Obama montó la más grande construcción militar sobre las fron-teras de Rusia desde los tiempos de la Guerra Fría, colocando escudos de misiles en Rumania y Polonia, alentando además la confrontación militar en Ucrania, poniendo a Europa en riesgo de ser el escenario de una primera confrontación militar global.

Obama ordenó también un silencioso cerco militar sobre China, recurriendo en amplitud a la Séptima Flota, al tiempo que cuestiona-ba la soberanía de China sobre las islas Spratly, en su Mar del Sur. Trump añadió el cuestionamiento a uno de los ejes básicos para los líderes chinos: la política de “una sola China” (no dos, con la China continental y con Taiwán). Y más recientemente, con el pretexto de controlar “las locuras” del gobernante de Corea del Norte (al que no dejan de provocar con masivos ejercicios militares), empezó a colo-car un escudo antimisiles en Corea del Sur, amenazando directa-mente a China.

El recuento apenas empieza: Obama alentó golpes militares en Paraguay, en Honduras, en Venezuela (cosa que retomó de inmediato Trump), en Brasil. Impulsó cambios de régimen por medios violentos en Irak, Libia y Siria. Obama fue campeón en deportaciones masi-vas de migrantes (en 2010[=] a 469,398; entre enero y septiembre de 2016[=] a 164,433; en total en esos años a dos millones y medio), y toleró la mayor cantidad de agresiones mortales contra la población negra a manos de la policía, proceso tan indignante que llevó a la formación del movimiento “Black Lives Matter”.

Hillary Clinton, operadora de Obama en muchas de las agresio-nes externas, como secretaria de Estado encabezó, desde 2012, una campaña por la intervención militar de eu contra Siria, aun a riesgo


de ir a la guerra contra Irán y Rusia, e impulsó la idea de imponerle a Siria una “zona de exclusión de vuelos”. Y hoy, dentro del equipo de Donald Trump, hay funcionarios militares que son partidarios de lo mismo, pero a partir de un desconocimiento del acuerdo nuclear de Estados Unidos y otros cuatro países con Irán.

Conclusión: el giro derechista en la política estadounidense, in-terna y externa, abarca a republicanos y demócratas, viene de los tiempos de George W. Bush Jr., y cubre completos los dos periodos de Barack Obama. O sea, las políticas públicas de todos esos presiden-tes son expresión del “consenso conservador” de las élites de Estados Unidos, lo que no quiere decir que sean idénticas.

Y aunque ahora parecen ahondarse las fracturas entre republica-nos y demócratas, con la llegada de Trump se acentúa, en forma no-table, la derechización general que viene de más de dos décadas atrás. Para México, el proceso equivalente viene de los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, aunque, en el despliegue del neoliberalismo, las cotas las fijaron al hilo Miguel de la Madrid, Car-los Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

8.6 Impactos e interlocucionesde Trump en eu y México

Hoy, Estados Unidos y el mundo vivimos un parteaguas histórico: por un lado, los medios de comunicación de masas impulsaron la cober-tura de la campaña del republicano Donald Trump, un personaje al que muchos calificamos de populista de derecha y protofascista. Se le desdeñó primero como “payaso”, luego como “loco” y finalmente se le acabó viendo como un peligro real, incluso para el establishment americano y el mexicano.


Los medios de comunicación de masas, en provecho propio para ganar audiencia, durante la campaña electoral de 2016 destacaron los aplausos a sus chistes y comentarios racistas, su misoginia de-clarada, su homofobia rampante, su burla de los discapacitados, sus amenazas de prohibir la entrada de musulmanes y deportar a millo-nes de mexicanos, sus desplantes que evocaban a un luchador en el exclusivo y ultrapoderoso “ring” de la política, y las decisiones frívolas sobre delicados temas internacionales centrados en la guerra y la paz.

Para muchos, Trump se volvió desconcertante por criticar de frente el tlcan como “el peor tratado comercial que haya firmado Estados Unidos”; más cuando declaró muerto el Acuerdo Transpací-fico (Trans-Pacific Parternship [tpp por sus siglas en inglés]), cuando criticó a China como “manipuladora de su tipo de cambio”, cuando se cebaba sobre México festinando la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera y, sobre todo, amenazando con que “sería pagado por los mexicanos”.

Ya como presidente electo y en funciones, debemos destacar va-rios aspectos que van más allá de su personalidad perturbadora: se declaró “no creyente” en el cambio climático, amenazó (y lo va cum-pliendo) con abolir la Environmental Protection Agency (epa), apoya a fondo la idea de recortar impuestos para los ricos y recortar servi-cios al resto de la población ―especialmente los servicios de salud―, retiró unilateralmente a eu del Trans-Pacific Partnership (tpp) que, por cierto, es un Tratado que contenía restricciones sobre cualquier medida de protección del ambiente, en beneficio del capital privado.

Su doble discurso en el caso de México sigue siendo notable, al insistir en que “México manda a Estados Unidos a lo peor de sus gen-tes, los violadores, narcotraficantes, criminales”, mientras se refería al gobierno de Peña Nieto como “un equipo de muchachos simpáticos


y buenos”. Del lado contrario lo mismo hemos oído: Luis Videgaray (en función de Secretario de Relaciones Exteriores) y hasta el multi-millonario Carlos Slim coincidieron en caracterizar a Trump como “negociador y amigable”.

Al principio, algunos medios le celebraron a Trump su audacia contra la idea de ser “políticamente correcto”, y la simpatía que ge-neraba por ser multimillonario y supuestamente “no necesitar dinero de nadie para financiar su campaña”. Pero los grandes medios poco visibilizaron cuál era el fondo social que quería explotar esas simpa-tías: una parte importante del discurso nacionalista y revanchista de Trump estaba dirigido a millones de trabajadores blancos afectados por el “libre comercio” (recordemos que los empleos manufactureros cayeron 36%, de 19.3 millones en 1979 a 12.3 millones en 2015, cuan-do la población total de Estados Unidos aumentó 42%, pasando de 225 millones a 321 millones) (Álvarez, 2015c).

Por eso también, Trump insistió mucho en criticar “los destructi-vos acuerdos de libre comercio” (que tanto defienden las organizacio-nes empresariales estadounidenses), porque impulsan a las compañías a salirse de Estados Unidos (usando extensivamente el out-sourcing, el abastecimiento desde afuera de las empresas pero ligado a ellas). El aparente abandono del discurso globalizador vino junto al hecho de que el nacionalismo económico comenzó así a cobrar carta de natu-ralización en la nueva política presidencial de Estados Unidos.

La propuesta proteccionista que Trump ha formulado con más insistencia, obligar el pago de aranceles de 35% contra quienes están “aprovechándose” comercialmente de Estados Unidos al llevarse sus inversiones al extranjero, en el caso concreto de la industria automo-triz, es bastante cuestionable en relación con su supuesto beneficio a favor de la clase obrera blanca su país.


Si alguna empresa es forzada a regresar a Estados Unidos para generar empleos, lo que veremos será cómo se profundiza la roboti-zación de sus actividades, para ahorrar los elevados costos de mano de obra, con el resultado de aumentar el desempleo tecnológico. Con-tradictorio como es, así montó Trump su demagogia populista.

Con su estilo coloquial, barato y “directo”, como candidato Trump hasta criticó el excesivo gasto militar de Estados Unidos (los caros aviones), los costosos rescates bancarios con dinero público para be-neficio de Wall Street, mientras los responsables de la crisis financie-ra eran premiados con bonos millonarios y los pobres perdían sus casas y sus empleos; criticó los esquemas para garantizar ganancias a las aseguradoras.

Pero al final, como hemos visto, ha puesto en su gabinete a banque-ros, petroleros y militares. Y, sobre todo, ha anunciado un espectacu-lar aumento al presupuesto militar, “para atender la modernización del ejército y volver a ganar las guerras”. Ese es el objetivo y el conte-nido real de las propuestas populistas: engañar al pueblo, predicando una cosa y haciendo la contraria.


8.7 Trump ¿un populismo de derechapara liberar a Estados Unidosde los candados del tlcan?

Como dijimos, pese al ruido político sobre un “recortado” presupues-to para 2017, siempre se ven claramente dos prioridades de Trump: el gasto en infraestructura y el gasto militar.

Las ideas al respecto fueron trazadas en su “Plan de Acción para los primeros 100 días”, en el que destacaban: una congelación de to-das las plazas de empleados federales, para reducir por desgaste la fuerza de trabajo federal, exceptuando al ejército, la seguridad públi-ca y la salud pública; la exigencia de que, por cada nueva regulación que se imponga, se tienen que eliminar dos regulaciones; renegociar el tlcan o abandonarlo bajo el artículo 2205; abandonar el Trans-Pa-cific Partnership (tpp); colgarle la etiqueta al gobierno chino de “ma-nipulador del tipo de cambio”.

Pero por encima de todo: levantar las restricciones “para la pro-ducción de una riqueza equivalente a 50 billones (trillions) de dóla-res”, explotando las reservas energéticas americanas del petróleo y de gas natural shale, además de impulsar la explotación del “carbón lim-pio”; levantar los bloqueos que hicieron Obama y Clinton, y permitir que avancen los proyectos vitales de infraestructura energética como el “Oleoducto Keystone”; cancelar los miles de millones de dólares en pagos de Estados Unidos a los programas de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y utilizar ese dinero “para recuperar el agua y la infraestructura ambiental de Estados Unidos”.

Contra los candados que implica el tlcan sobre México, para que gobiernos sucesivos no pudieran echar atrás las reformas, Trump destacó, en su programa para los primeros 100 días, “cancelar cual-


quier acción Ejecutiva inconstitucional, Memorándums y Ordenes emitidas por el presidente Barack Obama”; cancelar todos los fondos federales para las ciudades que se han declarado “santuario” para los migrantes; comenzar a expulsar a los más de dos millones de “cri-minales” inmigrantes ilegales, y cancelar la emisión de visas para los nacionales de países que no acepten a sus deportados. Terminar con el acta de inmigración ilegal, dotando de fondos la construcción del muro, en el entendido de que México deberá reembolsar a Estados Unidos su costo completo; y restaurar el Acta de Seguridad Nacional, expandiendo la inversión militar (Trump, 2016).

Trump estuvo dirigiendo su discurso al objetivo de ganarse a los trabajadores industriales blancos que experimentaron la pérdida de los buenos empleos con las políticas neoliberales plasmadas en el tl-can, para alimentar entre ellos dos grandes ideas: una, que Trump regresará a Estados Unidos los tiempos de la bonanza industrial, y dos, que los migrantes y México se han quedado con los buenos em-pleos que ellos perdieron. Por eso lo siguieron con simpatía masas de población de las zonas desindustrializadas, de los barrios de blancos pobres, de los pequeños poblados semirrurales: es decir, construyó una base electoral en las áreas económicamente desestructuradas y desesperanzadas de Estados Unidos (Frank, 2016). De ahí saltó a pro-yectar las cosas como si toda la población de Estados Unidos fuera igual a sus contados seguidores.

El suyo fue claramente un discurso populista de derecha, monta-do para manipular y explotar el hecho contundente de que, bajo las orientaciones neoliberales, la participación del trabajo en el pnb (Pro-ducto Nacional Bruto), con respecto al porcentaje que fue al capital, cayó en Estados Unidos de 68.8% en 1970 a 60.7% en 2013.


Pero los votantes por la derecha no son estúpidos: están resenti-dos con el neoliberalismo y la globalización, y ni Trump pudo ignorar ese descontento, aunque no haya tratado nunca de abrirle cauce po-sitivo. Lo estratégico: Trump refuerza con su discurso la cultura del miedo al desempleo, apuntalando la tendencia cultural a generalizar el temor al “otro”, al “extranjero”, buscando atraer el descontento y el resentimiento del trabajador blanco, para manipularlo políticamente contra los migrantes mexicanos que son, sin duda, el escalón más bajo de la escala salarial en Estados Unidos, y los que hacen los trabajos que los blancos rechazan (Edsall, 2016 y Remnick, 2016).

Esa es la función de las visiones racistas y chovinistas del nacio-nalismo económico: explotar el miedo racista, la amenaza de usar la fuerza militar, el chauvinismo regional y el nacionalismo nostál-gico, expresado tras la divisa de “hacer nuevamente grande a Estados Unidos”. Pero que no quepa duda, por contradictorio que parezca: Trump es un neoliberal aguerrido contra los trabajadores, y en co-mercio es un globalizador nato, y eso lo comprueba la estrategia de relanzar el tlcan con nuevos temas y restricciones, además del equi-po de gobierno que formó y las maniobras geopolíticas globales que está ejecutando.

• 197 •

Capítulo NueveDonald Trump: consecuencias

y resistencias sociales enEstados Unidos y México

9.1 Introducción

Tenemos que hablar del otro nuevo fenómeno de la crisis política que hoy se vive en eu y, más concretamente, de la rebelión ciudadana que impulsó el ascenso del senador

y precandidato demócrata a la Presidencia, Bernie Sanders, que irrumpió captando la atención sobre todo de los jóvenes votantes, los llamados millennials, atraídos con lo que algunos han tipifica-


do como un discurso populista de izquierda, otra de las tradiciones del sistema político estadounidense sobre las que se asentaron, en términos históricos, los planteamientos internacionales típicos de los socialdemócratas.

Porque esa es otra de las tendencias que es probable que tengan un papel importante en la salida de la crisis política que vive Estados Unidos, como ya se mostró con las marchas de las mujeres del pasado 21 de enero de 2017.

No cabe duda de que la candidatura de Bernie Sanders fue toda una revolución política desde el espectro de la izquierda institucio-nal demócrata, porque en su campaña estuvo llamando claramente a actuar contra la “oligarquía financiera” de Wall Street, a repudiar la práctica electoral de los financiamientos multimillonarios de bancos y empresas a las campañas. Y se definió como “socialista” en el país en que esa palabra está prácticamente proscrita desde los tiempos del senador Joseph McCarthy.

El fenómeno Sanders ha sido igualmente complejo de asimilar dentro y fuera de Estados Unidos, porque es un personaje crecido dentro de la política institucional, pero que ha sido un disidente toda su vida, y ha sido, sin variación, consecuente con ello. Y en las con-diciones que prevalecen de crisis mundial, ha sido un personaje que pugna por hacer regresar la política progresista al centro de las nece-sidades sociales, pese a que ha tenido en contra a toda la oligarquía financiera. Su largo desempeño como alcalde, diputado y senador en el estado de Vermont lo muestra así.

No ha sido, ni antes ni en esta última campaña, un izquierdista radical, pero introdujo un factor sorprendentemente nuevo en Esta-dos Unidos, recogiendo de los movimientos sociales la agenda más clara hasta ahora: habló contra los rescates públicos para beneficio


de las élites financieras en bancarrota, contra la creciente concentra-ción del ingreso, contra la destrucción de empleos, contra los créditos estudiantiles, contra los tratados de libre comercio, contra la guerra, contra el fracking (la perforación hidráulica contaminante) de la industria gasera y petrolera, contra la política de encarcelamientos masivos de latinos y negros; a favor de la educación pública gratuita, de un sistema nacional de salud pública, de la equidad de género, de impuestos más altos para los ricos, de atención prioritaria al cambio climático (Ferguson, 2016).

Para examinar las consecuencias de la llegada de Trump, vistas desde la perspectiva de las resistencias sociales que generó antes, durante y después de la campaña presidencial de 2016, primero ha-remos un recuento de los logros de Bernie Sanders; luego recons-truimos algunos antecedentes importantes que explican el peso que alcanzó su candidatura, después nos concentramos en la trascenden-cia particular que tuvo el movimiento de “los indignados”; en seguida examinamos lo que ocurre en el lado mexicano desde la perspectiva de la agenda neoliberal que se mantiene vigente en el país, para ex-plicar por qué la resistencia asume la forma de lucha contra “el ga-solinazo”, de modo que al final se observe la convergencia de ambos presidentes en sigilosos proyectos de “reforma fiscal”, con los que in-tentan enfrentar tensiones de sobreendeudamiento en los dos países. Para cerrar el capítulo hacemos un recuento de la agenda neoliberal pendiente en México.


9.2 Logros políticos y tareas tras el fracaso de la candidatura presidencial de Bernie Sanders

Es importante hacer un recuento explícito de los logros políticos de Sanders, pese a que perdió la postulación de la candidatura demó-crata a manos de Hillary Clinton: movilizó a millones de activistas electorales, y logró un financiamiento popular para su campaña; lla-mó a una revolución política; usó un lenguaje clasista para dirigirse al sector obrero; expandió la calidad política del debate electoral (mar-cadamente soso y personalista cada vez que se dio entre candidatos presidenciales); focalizó la trascendencia de la lucha de 99% contra 1% más rico; criticó de raíz el sistema electoral, por la desigualdad brutal en el financiamiento de las campañas; planteó explícitamente romper con el neoliberalismo; colocó el socialismo democrático en los grandes medios de comunicación; se colocó explícitamente como populista keynesiano.

Demandó el Medicare para todos (hoy es un programa de co-bertura de seguridad social para personas mayores de 65 años o más jóvenes pero discapacitadas, tiene cuatro partes, un seguro hospita-lario, un seguro médico, los medicamentos recetados, y un plan es-pecial llamado “avanzado”), también exigió enseñanza gratuita hasta la universidad. Hizo grandes concentraciones de masas en todas las grandes ciudades de Estados Unidos, ganó 13 millones de votos en las primarias de 33 estados y rompió récord de pequeñas donaciones para su campaña, mostró que los jóvenes millennials (que se suponía eran 100% neoliberales y apolíticos) prefieren el socialismo al capi-talismo; evidenció el descrédito del “libre comercio” como práctica imperial de las grandes corporaciones.


Está, pues, medianamente claro que para los estadounidenses, como dijo en su momento Noam Chomsky, después de la eliminación de Sanders, el gran esfuerzo tendrá que ir más allá de las elecciones de 2016, para desarrollar y consolidar un movimiento popular que per-manezca, que aglutine otras fuerzas, que pueda resistir los embates de la oligarquía y empujar y avanzar más lejos, consolidando alianzas sociales dentro y fuera de Estados Unidos (Polychroniou, 2016).

La lucha de Sanders, representó, en lo nacional y lo internacional, un punto de quiebre de la hegemonía ideológica neoliberal biparti-dista y un estratégico vector unitario de luchas diversas, locales, re-gionales y globales.

9.3 Antecedentes de los movimientossociales dentro de Estados Unidos

Las posiciones de Sanders no fueron un rayo en cielo sereno. Por eso tenemos que hablar de algunos antecedentes de protesta social, ju-venil, de estudiantes y trabajadores, que son claves para entender la evolución política reciente dentro de Estados Unidos.

Uno de los referentes más importantes es que en septiembre de 2011, en Nueva York, se dio una movilización de alrededor de veinte mil jóvenes que, debido al bloqueo de la policía, acabó estableciendo un campamento en una plaza aledaña al sector financiero, y su lucha fue conocida como “Occupy Wall Street”, porque quedó colocado a un par de cuadras del epicentro financiero global.

Se trataba de una protesta contra las corporaciones financieras (movimiento del cual hubo réplicas dentro de Estados Unidos y ver-siones externas que se propagaron por el mundo, la principal fue la de


Madrid, pero también se dieron en Toronto, en Fránkfurt, aunque en México no tuvo la resonancia que se esperaba).

Esa movilización tuvo dos rasgos que eran enormes virtudes: una, que era contundentemente anticapitalista y no planteaba ninguna demanda específica que se exigiera al gobierno estadounidense, el fe-deral, el estatal o de la ciudad de Nueva York, una “solución” a algo en concreto.

Y dos, que logró condensar, en una frase, el sentido de la furia antioligárquica que venía emergiendo por todo el mundo, después de los programas de rescate financiero mediante “compra de activos tóxicos de los bancos”, tras la Gran Crisis hipotecaria financiera de 2008-2009, con lo que popularizó una poderosa consigna: la cues-tión que nos unifica, decían los manifestantes, es muy clara y sencilla, “somos 99% que lucha contra la codicia y la corrupción de 1% de la población”.

En resumen, las protestas se reprodujeron en Madrid, en Boston, Chicago, Seattle, Filadelfia, Los Ángeles y San Francisco; en Washing-ton, con participación muy significativa, se repudió además la guerra en Afganistán y la maquinaria de guerra que representa Wall Street. Y muy rápido aparecieron otras dos vertientes de confluencia entre los manifestantes, una era el rechazo a los alimentos basados en se-millas genéticamente modificadas y otra, la urgencia de luchar contra la pobreza y la desigualdad que estaba dejando como secuela la crisis económica.

Los sindicatos de trabajadores de Nueva York, así como los sin-dicatos del transporte público de la misma ciudad se unieron a las protestas; y a nivel nacional los apoyaron las iglesias católica y bau-tista, y los grupos ambientalistas, que expresaron su solidaridad con el movimiento juvenil. La protesta abarcó 45 de los 50 estados de la


Unión Estadounidense, se reprodujo en la mayoría de las más impor-tantes ciudades y, por increíble que parezca, incluyó muchas localida-des rurales.

9.4 Los “indignados”, referente quese recoge en la Gran Crisis de 2008-2009

El fugaz viento fresco de su presencia social, y luego su aparente des-aparición del centro del escenario, no puede llevarnos a despreciar las resistencias de los jóvenes “indignados”, que, utilizando las redes sociales, monitorearon y denunciaron los abusos de autoridad, con-vocaron a acciones en la calle para cuestionar esta apabullante rea-lidad de una auténtica oligarquía financiera que tiene secuestradas las políticas públicas y periódicamente nos hace pagar sus excesos, al recortar los gastos sociales.

Las respuestas gubernamentales frente a los indignados han sido también claves a nivel global, justo por ser idénticas: la criminaliza-ción de los movimientos a partir de un uso intensivo de los medios de comunicación masiva, más la aplicación de dispositivos policíacos de contención que derivaron en un número importante de heridos y detenidos.

La propia dinámica de la crisis económica está, pues, marcando las especificidades de las movilizaciones, el contenido de sus deman-das concretas, la política de alianzas sociales y los caminos futuros de organización: entre ellas, destaca la realidad del desempleo masi-vo (en la región de América del Norte, tras la Gran Crisis Global de 2008-2009, hubo no menos de 15 millones de desocupados), junto al profundo deterioro de los salarios.


Ahora el desempleo se acompaña de una crisis de endeudamiento (en México, en 2017, la caída del salario real es de casi 60%, y crece la cartera vencida del crédito al consumo otorgado por los bancos). No es todo: en Estados Unidos también hubo una pérdida de viviendas por imposibilidad de cubrir las hipotecas vencidas y la merma de las pensiones, por haberlas incluido en el juego perverso de los mercados financieros.

Es evidente que, dentro y fuera de Estados Unidos, las agendas de lucha incluyen un amplio abanico de preocupaciones sociales y medioambientales: desde la pérdida de contrapesos y balances ins-titucionales en las formas de gobierno, el agravamiento del calenta-miento global debido a la generalización del fracking (la perforación hidráulica) en la extracción de petróleo y gas, pasando por la falta de respeto a los acuerdos de inviolabilidad de las tierras de las naciones indígenas, el rechazo a las políticas privatizadoras de la educación, la salud y la seguridad social, hasta las preocupaciones por la injusticia racial, las amenazas de retrocesos en los derechos de la comunidad LBGT por la generalización de los discursos oficiales homofóbicos, racistas y xenófobos, además de los peligros de guerras regionales que lleven a escenarios de guerra mundial.

9.5 La llegada de Donald Trumpy la agenda neoliberal en México

Donald Trump ha tenido, como candidato y ya como presidente, a México y los mexicanos como su sparring favorito, denigrando con arrogancia nuestros referentes culturales al asociar la nacionalidad con el crimen, el narcotráfico, el robo y la pérdida de empleos, tras-tocando la realidad del tlcan, al que presenta como el peor tratado


comercial que haya hecho Estados Unidos y a México como el más beneficiado, justo lo contrario de lo que en realidad ocurrió.

Resulta que el cuestionado arribo de Donald Trump al poder, en Estados Unidos, coincide en México con el desgaste y la doble cri-sis de credibilidad y legitimidad que arrastra el régimen neoliberal de Enrique Peña Nieto, quien coincidió en el 2017 con un desborde de masas en contra del “audaz paso” que dio para adelantar, ese año, la apertura al capital privado, nacional y extranjero, del mercado de pe-trolíferos en México, originalmente programada para 2018.

La propuesta la concretó mediante la elevación hasta en 24% del precio de la gasolina, el gas natural, el diésel y la electricidad (ecos del ascenso al poder de los “petroleros” en Estados Unidos, pero en México cuestionado popular y masivamente como “el gasolinazo”) (Álvarez, 2017b).

La movilización contra el gasolinazo se prolongó por casi dos me-ses y abarcó a la mayoría de las principales grandes ciudades de todo el país (Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Culiacán, Querétaro, Zacate-cas, Chihuahua, Monterrey, Saltillo, León, Guadalajara, Cuernavaca, Acapulco, Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, Oaxaca, Campe-che, Cancún, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, etc.).

Se trató de una protesta ciudadana espontánea, de intensidad asimétrica, articulada pero sin liderazgos centralizados, ajena a los partidos políticos y a los sindicatos y organizaciones sociales, muy propicia para que toda la politiquería profesional quisiera montarse en la ola, por lo que proliferaron ONGs que querían reducir los recla-mos a una “lucha contra la corrupción”, cuando por todos lados lo que se expresaba era el repudio a las reformas estructurales neolibe-rales, especialmente la energética.


Por eso también, hasta la Secretaría de Hacienda reconoció que era “política” la decisión que tomó de suspender el segundo aumento de precios tras el inicio de la apertura, y dejar que entrara en acción la tercera fase con una baja ridícula de dos centavos de peso en el precio de las gasolinas.

Hablemos un poco de la estrategia complementaria desplegada por el gobierno priista de Peña Nieto tras el gasolinazo, ya que los go-bernadores y la policía federal se dedicaron a esparcir rumores para controlar a la población mediante el terror.

O hacían declaraciones para mostrar ante el mundo que en Méxi-co no hay ningún problema social ni desestabilización política por las reformas estructurales. Pese a lo delicado de la situación, el silencio de las fuerzas armadas sobre el tema y la protesta fue notable, pero se ex-plica justo porque en el Poder Legislativo esperaba turno su exigencia de una legislación de Seguridad Interior “que regularice” su presencia en las calles, lo que implica primero, que aceptan que ha sido “ilegal” hasta ahora, pero como quieren avanzar en la institucionalización de un Estado de excepción para aplicar la “mano dura” contra las pro-testas sociales, prefirieron permanecer en segundo plano durante este episodio (Jiménez, 2017).

9.6 El gasolinazo y la sincronizaciónde las crisis políticas en Estados Unidos y México

Este episodio del gasolinazo añade varios rasgos nuevos a la crisis política en México: ante esta protesta, se saturaron las redes sociales con mensajes espurios, audios y noticias falsas, exacerbando la pro-testa pero para generar temor, confusión y división sobre la tácticas populares, pues al mismo tiempo se hacían llamados a la población


a que permaneciera en su casa, buscando que los rumores de hechos violentos de atracos sobre centros comerciales y los ataques reales –por hombres armados por manos gubernamentales o por priistas– contuvieran a la población sin sumarse a las protestas.

Los saqueos a comercios, los hechos más violentos y las campañas más incisivas ocurrieron en el Estado de México, en Veracruz y en Nayarit (tres reductos priistas). Los rumores con impactos más pro-fundos, en Tapachula, Chiapas (frontera con Guatemala). Y también hay que recordar cuáles son los procesos electorales que estaban en puerta en 2017: los del Estado de México, Veracruz y Nayarit.

Así, el gobierno cambió temporalmente la correlación de fuerzas respecto a los manifestantes, pues logró generar alguna división y confusión, entre los participantes de las protestas, sobre cuál era la mejor táctica de lucha, y hasta provocó una cierta crisis de credibi-lidad de las redes sociales, que no se profundizó más porque la ciu-dadanía pronto evidenció sitios de las redes que lanzaban miles de tweets y de mensajes de facebook y whatsapp espurios y escurridizos en cuanto a su origen, logrando aclarar las maniobras oficialistas.

Hay lugar, entonces, para hacer varias preguntas pertinentes: ¿Por qué el gobierno de Peña Nieto decidió adelantar la liberalización del precio de los energéticos? Oficialmente se dice que porque el gobierno ya no tiene dinero para subsidiar a los consumidores. Pero, en rigor, se trataba de adelantar el primer gran paso en la apertura al capital privado, nacional y extranjero, para que disputen entre ellos el merca-do interno de petrolíferos, un negocio que ronda los 70,000 millones de dólares anuales. Y, sobre todo, buscaba anticipar el estallido des-organizado de la protesta social antes del proceso electoral de 2018.

El siguiente paso de la desregulación energética es la apertura di-recta de sus propias estaciones de servicio privadas, ya sin el com-


promiso de cargar con el nombre de Pemex: por eso se insiste desde ahora en que debe permitirse la apertura de al menos 12,000 estacio-nes de gasolina adicionales, que ya exhibirán los logos de Esso, Che-vron, Shell, etc.

El director de Pemex, Antonio González Anaya, ha dicho que la empresa enfrenta “una subinversión por 15,000 millones de dólares en logística y abastecimiento de gasolinas, debido a que Pemex se ha enfocado en la extracción”, de lo cual concluye que ahora “ambos rubros ofrecen oportunidades para que empresarios hagan inversio-nes”.

¿Por qué se decidió hacerlo en un entorno internacional de alza de precios del petróleo y un entorno nacional de dólar encarecido, con esquema de alzas tan fuertes en los precios? Para sembrar la confu-sión sobre el origen de la maniobra, pues cruzan el alza del precio internacional del petróleo como si fuera motor de un alza del precio de la gasolina.

Pero la propia Administración de Información Energética, del Departamento de Energía de Estados Unidos, documentó que la ga-solina en la región de Houston (desde donde se abastecen las que se venden en México) tuvo en 2016 el precio más bajo de todo eu y el precio más bajo desde 2004. Así, la maniobra quedó expuesta a la mirada crítica de la población.

9.7 La nueva estrategia neoliberal:¿reforma fiscal sin subir impuestos a los ricos?

Hemos estado y ahora seguiremos pagando la gasolina mucho más cara que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, con el esquema nue-vo de alza de precios, hoy recaudará el gobierno federal, a través del


impuesto especial sobre producción y servicios (ieps) y del impuesto al valor agregado (iva) por la venta de las gasolinas, casi 300,000 mi-llones de pesos adicionales; pero además, se está beneficiando en lo inmediato a grandes grupos monopólicos privados nacionales y algu-nos extranjeros. ¿Cómo?

Recordemos que, cuando se planteó la reforma energética, el ar-gumento justificador usado en televisión por Enrique Peña Nieto era que así “ya no iba a haber más aumentos en la gasolina” (lo dijo cuan-do los aumentos eran cuestionados ampliamente y eran de nueve centavos por mes, política que se prolongó de 2010 a 2015); y además dijo que iban “a bajar los precios del gas lp, de la gasolina y de la luz”. Y que ya no iba a ser necesario aumentar las exenciones fiscales, “gra-cias a las bondades de la reforma hacendaria”.

De manera que el deterioro de las condiciones políticas y econó-micas dentro de Estados Unidos, tras las elecciones de 2016, se jun-tó con el atraco sobre los bolsillos de la población mexicana en un contexto nacional de sobreendeudamiento público y privado, con crisis de las finanzas de los estados, recortes presupuestales masivos en 2015, 2016 y 2017, más desempleo rampante aunque escondido, deterioro del salario real y magro crecimiento económico, al que aho-ra deberemos sumar una oleada inflacionaria atizada por la depre-ciación aguda del tipo de cambio. Así, México y Estados Unidos se sincronizan no sólo en el ciclo económico, sino también en el político.

Hasta aquí, dejemos evidenciados los tres regalos que ya ha dado Peña Nieto al equipo de Donald Trump: el primero fue que lo recibió como presidente cuando aún era candidato, y con una candidatura que en ese momento estaba declinando.

Dos, le ofreció el regalo de colocar a Luis Videgaray como secre-tario de Relaciones Exteriores, con quien el yerno de Trump ya lle-


vaba una relación “amistosa”. Y tres, que, al apresurar el gasolinazo para que los negocios comunes en energéticos entren en una etapa de asentamiento, ha buscado desgastar la resistencia popular a la refor-ma energética para repartirse cómodamente el pastel.

Como todos sabemos, el tiro les salió por la culata, y hoy tenemos en América del Norte severamente cuestionados a los dos gobernan-tes más abiertamente neoliberales y derechistas: Donald Trump y En-rique Peña Nieto.

9.8 La agenda neoliberal pendiente en México

La de México es una crisis política en medio de un proceso de dete-rioro que será largo: por eso recordemos que la agenda neoliberal en el país está clarísima, y que consta de seis ejes articuladores: en pri-mer lugar, tenemos la presión para hacer que los oligarcas acumulen más ganancias según van despojando más a las mayorías, en escala masiva, a costa de territorios de comunidades indígenas, terrenos eji-dales, comunidades agrícolas, recursos forestales, hídricos, pueblos, escuelas y proyectos educativos, para dar paso a la explotación de la megaminería, las hidroeléctricas, el petróleo y el gas shale mediante la destructiva y contaminante técnica de la “fracturación hidráulica”, y los proyectos de infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria.

En segundo lugar, asistimos al intento de desmantelar organiza-ciones, derechos laborales y prestaciones entre los trabajadores al ser-vicio del Estado: esencialmente trabajadores estatales y municipales, magisterio y universitarios, trabajadores de la salud, la privatización de las pensiones y, en general, despejar el camino a la privatización de todos los servicios públicos, multiplicando el esquema de negocios de las eufemísticamente llamadas asociaciones publico-privadas (app).


En tercer lugar, están en marcha agresivas políticas de austeridad presupuestal, que han sido utilizadas para golpear a los sectores so-ciales en resistencia, además de servir como herramientas para des-mantelar instituciones públicas de educación, salud y seguridad social mediante la disminución del tamaño de sus poblaciones atendidas, y para abrir espacios al capital privado en todos los niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal).

El cuarto eje está en el despliegue legal y operativo de una milita-rización creciente de la vida nacional, que ha ido asignando a solda-dos, marinos, policías federales y gendarmería funciones de ejército de ocupación, además de asumir controles políticos en zonas de com-bate contra el narco, asumiendo paulatinamente las funciones de se-guridad policíaca, votadas ya en el Congreso como “Ley de Seguridad Interior”, que ni en el título esconde la factura de los peores regímenes autoritarios (Jiménez, 2017a).

Si en Estados Unidos Trump gobierna mediante el expediente de los “decretos ejecutivos” fascistoides, en México Peña Nieto ensaya la aplicación de legislaciones de excepción, la segmentación de los controles sobre instituciones clave y su control transexenal, que van desde la creación de una Fiscalía General que sustituye a la pgr, hasta la designación de funcionarios con períodos de funciones transexe-nales en el Tribunal Federal Electoral, y en la Secretaría de la Función Pública (delimitando los alcances de la transparencia), extendiendo los poderes del ine.

El quinto eje, que también en los dos países tenemos que denun-ciar y contrarrestar, es la sistemática utilización de los medios de comunicación como herramienta para desprestigiar personalidades, combatir organizaciones sociales, aislar políticamente las resisten-


cias, y alentar entre la población abierta actitudes contrarias al cam-bio social de izquierda.

Medios de comunicación que dejan sin cubrir las luchas más em-blemáticas o potencialmente más aleccionadoras para las clases sub-alternas. O que se resisten a los planes gubernamentales y por eso ahora son satanizadas, como el caso de cnn (Cable News Network) (que no es precisamente de izquierda), pero están también en Estados Unidos los comediantes de televisión y el New York Times. De los pro-gramas de radio, en México, el de Carmen Aristegui.

El sexto eje está en que hay que reconocer que la llegada de Trump al poder, y el cuestionamiento del gobierno de Peña Nieto, nos ponen de cara contra el hecho escueto de que ya entramos, evidentemente, en la etapa de la descomposición política y social del neoliberalismo.

Por eso y más, tenemos que seguir, con paciencia y cuidadosa observación, todo lo que va ocurriendo, y mantener una política de principios, ajenos a componendas y pactos sin claridad política e ideo-lógica, conscientes de que no estamos solos en nuestras resistencias, y de que hoy se extienden por lo menos a toda América del Norte.

Debemos y podemos hacer de la regionalización, que se constru-yó por más de 20 años comandada por el gran capital y plasmada en el tlcan, una opción de lucha regional sin tlcan y más allá de un tlcan “recargado”, que sea poderosa palanca de cambio progre-sista para trabajadores hombres y mujeres, empleados, agricultores, estudiantes, profesionistas, indígenas y pequeños y medianos empre-sarios.

En este capítulo hemos recogido las claves de las resistencias so-ciales en Estados Unidos y en México, y hemos mostrado las espe-cificidades de cada país en función de la coyuntura política que ha marcado el neoliberalismo en su fase de descomposición. En el que


sigue, revisitaremos la estrategia de regionalización que implicó in-tegrar el tlcan, para refutar paso a paso las falacias de la posición de Donald Trump, en el sentido de que fue un mal acuerdo para Estados Unidos y que México fue supuestamente su gran beneficiario.

• 215 •

Cuarta ParteIntegración económica: el trabajo asalariado, precarizado, enjaulado

entra la regionalizacióny la globalización

• 217 •

Capítulo DiezEl tlcan y la experiencia mexicana

de integración regional

10.1 Introducción

Podemos comenzar diciendo que mundialmente, desde sus orígenes hasta nuestros días, la competencia intercapitalista ha pasado por varias globalizaciones, pero la globalización

de finales del siglo xx se distingue de las anteriores por manifestar-se claramente en cuatro dimensiones: la económico financiera, la tecnológica, la política y la ideológico cultural (Guillén, 2005: 28).


La dimensión económico financiera queda esencialmente marca-da por la reivindicación de políticas públicas fundadas en tres princi-pios muy simples que ya hemos detallado en capítulos previos: abrir, desregular y privatizar todos los espacios económicos. La dimensión tecnológica queda claramente asociada a la irrupción, expansión y generalización del cambio técnico derivado de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas tics.

La dimensión política está marcada por el deterioro del poder hegemónico de Estados Unidos, y el proceso global de desmante-lamiento de las llamadas instituciones del “Estado de bienestar” (la educación, la salud, la seguridad social y el seguro de desempleo en los países desarrollados). La dimensión ideológico cultural se refiere al predominio general del individualismo posesivo y del hiperconsu-mismo.

Las cuatro dimensiones se generalizaron entre finales de los se-tenta del siglo xx, y quedaron cuestionadas tras la Gran Crisis de 2008-2009, que tuvo su epicentro en Estados Unidos pero articulaba, a nivel mundial, el eje económico del Atlántico (integrado por Estados Unidos y Europa).

Ese proceso de globalización no era simétrico y tenía en sus bases una regionalización compuesta por tres grandes áreas económicas multinacionales, articuladas alrededor de las economías con mayor poder de atracción gravitacional: Estados Unidos en las Américas, Alemania en Europa, y en Asia primero Japón y luego China.

El poder de atracción gravitacional está fundado en el peso de la producción y la complejidad del aparato productivo de la nación de que se trate, y en la capacidad y radio de acción de sus agentes eco-nómicos (empresas transnacionales), el carácter de sus sectores eco-nómicos líderes, el peso de su poder financiero y militar, así como su


influencia política y cultural. No está de más, reconocer que, en el caso de América Latina, la situación era excepcional, porque hemos tenido a Estados Unidos como un hegemón regional que se proyecta con fuerza a nivel global.

En los años ochenta del siglo xx, la integración económica entre los países desarrollados y su periferia (Estados Unidos y América La-tina) se encadenó a través del llamado sistema de “condicionalidad cruzada”, esto es, la imposición de progresivas reformas estructurales neoliberales, condicionada a la supervisión de organismos financie-ros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Mundial, que fueron creados por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Tras la Gran Crisis Global de 2008-2009, la regionalización en el mundo se relanza, para remodelar la Unión Europea y para frenar el deterioro de la hegemonía estadounidense con una integración seg-mentada (incluyendo sólo algunos países) en la Cuenca del Pacífico.

En este capítulo, para desarrollar las ideas más importantes, ex-ponemos primero el contenido y los objetivos del tlcan; en seguida examinamos las diversas etapas que recorrió el proceso de integra-ción entre México y Estados Unidos; después intentamos un balance de los impactos del tlcan sobre México, para rebatir la tesis de que México fue el supuesto gran ganador de dicho tratado; luego hace-mos un recuento de los procesos de integración en Latinoamérica, para brindar un contraste.

En la parte final, desplegamos dos balances imprescindibles: uno, relacionado con los aportes críticos de la izquierda sobre la integra-ción de México con Estados Unidos, y el otro, un breve balance de las tendencias y los cambios, primero en empleo y migración, y luego en la dinámica de la integración de los mercados laborales de América


del Norte, tratando de ubicar su significado para la clase trabajadora mexicana.

10.2 ¿Qué es y qué buscaba el Tratado deLibre Comercio de América del Norte (tlcan)?

El tlcan es un acuerdo comercial regional que codifica las reglas eco-nómicas, comerciales y financieras, de seguridad e institucionales a favor del gran capital financiarizado de Estados Unidos, incluyendo los de Canadá y México, y empezó yendo en pos de siete objetivos complejos: primero buscaba, número uno, frenar el ingreso de com-petidores desde terceros países, para luego, competir como región ampliada, inicialmente contra Alemania y Japón, y más adelante con-tra China (Álvarez, 2014).

Es la condensación de un proyecto que intentaba aprovechar y asentar las evidentes asimetrías y complementariedades económi-cas entre Estados Unidos, Canadá y México, a favor de las empresas más grandes, formalizando preferencias comerciales de supresión de aranceles, para, número dos, desplegar una especialización produc-tiva que aprovechara mejor los recursos de los socios comerciales de la región, expandiendo las “economías de escala” y frenando así a los competidores de fuera de la región.

Es también un proyecto que buscaba, número tres, forzar, con la regionalización, la implantación de nuevas reglas comerciales en los organismos multilaterales, como el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (General Agreement on Tariffs and Trade [gatt por sus siglas en inglés]), que dio paso al nacimiento de la Organización Mundial de Comercio (omc).


Pero sobre todo, el tlcan comenzó como una estrategia para, nú-mero cuatro, superar debilidades competitivas que mostraba Estados Unidos en la economía mundial: asegurarle un abasto petrolero cer-cano, abundante y barato; y destrabar las negociaciones dentro de la llamada Ronda Uruguay del gatt, que impedía a los estadounidenses generalizar sus propuestas comerciales.

El tratado buscaba, número cinco, “encadenar” las reformas es-tructurales neoliberales en México y bloquear el peligro de un retorno del populismo y el nacionalismo de izquierda, además de aprovechar su mano de obra joven, abundante y barata.

Número seis, se proponía profundizar el desmantelamiento en México del “Estado social incompleto”, mediante la aplicación de sucesivas modificaciones estructurales en los sectores de educación, salud y seguridad social.

Finalmente, número siete, el tlcan perseguía profundizar la in-tegración de las tres economías de América del Norte, para mostrar una ruta y eventualmente ampliar la integración al resto de América Latina, con el mismo esquema pero con otro nombre: “Área de Libre Comercio de Las Américas (alca)”.

En resumen, era un proyecto de integración regional que encerra-ba toda una ofensiva del capital contra el trabajo en los tres países y para el continente americano en su conjunto (Roman y Velasco, 2013).

10.3 La integración económica eu-México:un proceso histórico de varias etapas

Cuando funcionaba la economía mexicana bajo el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones (isi), entre 1945-


1970, nos fuimos integrando con Estados Unidos a través de podero-sas tendencias productivas binacionales y trinacionales, debidas a la multiplicación de la inversión extranjera directa (ied), del desarrollo de relaciones comerciales (a través de la importación de bienes inter-medios y bienes de capital desde Estados Unidos), pero, no menos im-portante, por compartir flujos laborales (exportando parte de nuestro ejército industrial de reserva del campo mexicano, para trabajar en actividades productivas y de servicios en Estados Unidos).

La segunda etapa, que ocurrió entre 1965 y 1990, registra la expan-sión de la industria maquiladora de exportación (ime) en la frontera común, y también una integración financiera a través del endeuda-miento público y privado de México con los estadounidenses, y aun un vínculo más fuerte a través de la exportación masiva de petróleo, que comenzó bajo el gobierno de José López Portillo (1976-1982) y prosiguió luego con el desmantelamiento de las empresas públicas, y la desregulación industrial y la apertura a las importaciones redu-ciendo los aranceles. Las relaciones se complicaron en 1988, cuando Estados Unidos se volvió cómplice del bloqueo al cambio electoral en México.

Entre 1994 y 2000, se da una tercera etapa en que se destaca la en-trada en vigor del tlcan, sobre la que podemos decir que la integra-ción con Estados Unidos asentó el cambio de modelo económico, esta vez ―y paradójicamente― dando como resultado no una orienta-ción a exportar sino, más bien, una industrialización orientada a im-portar (ioi) (porque las exportaciones tienen un altísimo componente importado), pero, sobre todo, revela que ha asentado en México una especialización productiva como plataforma de exportación de ma-nufacturas (autos y electrónica), otra especialización como importa-dor de granos básicos, y una más como exportador masivo de mano


de obra y de petróleo crudo, al punto de depredar las reservas, como vimos en el capítulo siete.

Con el tlcan, la integración se amplió a la esfera política, con la instrumentación pactada de un sistema de alternancia electoral bi-partidista en México ―supuestamente Pri-pan―, para asegurar la aprobación de las reformas estructurales en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, más el compromiso del gobierno mexica-no de contener la migración procedente de Centroamérica.

La cuarta etapa, que va de 2000 a 2009, se puede caracterizar por la ruptura de dos burbujas financieras en Estados Unidos (la de las empresas punto.com, ocurrida en 2001, y la de las hipotecas sub-pri-me, que sucedió en 2008-2009), lo cual provocó dos recesiones pro-fundas y devastadoras también en México, que ya había sufrido las recesiones de sus propias crisis financieras de 1983 y 1994.

En esa cuarta etapa, Estados Unidos atrapa a Centroamérica en las redes del libre comercio, mediante la firma del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Central America Free Trade Agree-ment [cafta por sus siglas en inglés]), como palanca específica desti-nada a integrar a Centroamérica al tiempo que busca segmentar los mercados laborales de migrantes.

Con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (aspan) en 2005 y la Iniciativa Mérida en 2008, la integración se profundizó en los temas de militares, extendiendo su perímetro hasta la frontera de México con Guatemala y, por ende, con Centro-américa.

La Iniciativa Mérida marcó el comienzo de la militarización del combate contra las drogas en México, lo que dejó a la sociedad, como hemos dicho antes, atrapada entre la violencia del Estado y la del narco. Al fraude electoral para volver realidad la alternancia pactada,


se añadió entonces la gravedad de una crisis humanitaria por la mili-tarización del combate a las drogas.

Entre 2012-2017, vivimos una última etapa, marcada por la vio-lencia para imponer las reformas neoliberales de segunda generación (la laboral, la educativa, la energética, la fiscal, la financiera, la de te-lecomunicaciones y una reforma política que, tras el señuelo de dar una nueva Constitución a la Ciudad de México, en realidad ha colo-cado a la misma en manos del capital financiero inmobiliario).

10.4 Impactos del tlcan en la regióny sobre México

Con el tlcan aumentaron muy fuerte los flujos de comercio e in-versión, pero eso no mejoró ni el empleo ni el crecimiento de la eco-nomía a largo plazo. Fue evidente que fortaleció sobre todo a las grandes empresas de Estados Unidos y de México, pero agravó los problemas de depredación ambiental y aceleró la tasa de quiebras de las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas.

No cabe duda que, dentro de los tres países de la región, y entre ellos, aumentó la desigualdad del ingreso por la participación mayor de las ganancias en el ingreso nacional total. De tal forma que, en lu-gar de convergencia, aumentó la disparidad en ingresos per cápita de los tres países. En general, tampoco hubo convergencia en niveles de productividad.

Y podemos percibir, en los tres países, una auténtica devastación social: por aumento del desempleo, y por apertura de empleos peor pagados y más inestables, sin prestaciones, con salarios a la baja, y por mayor pobreza absoluta y relativa, más las migraciones masivas del Sur al Norte.


Sobre México, específicamente, los impactos fueron demoledo-res: un crecimiento económico mediocre (2.5% promedio anual en los últimos 25 años). En concreto, el empleo manufacturero creció a menos de la mitad de las necesidades que la tasa de crecimiento de la población exigía (Blecker, 2014; también Zepeda, Wise, Gallagher, 2009, figuras 1, 4 y 5).

Ya hemos visto que la depredación del petróleo mexicano llevó la relación reservas-producción a sólo 8.9 años, cuando en Canadá es de 55 años. Ese mismo saqueo promovió el desmantelamiento de las empresas estatales que articulan el patrimonio nacional, ahora con redoblada presión sobre las dos más grandes del país y de importan-cia estratégica, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (cfe), esto es, las energéticas.

Pero además, la militarización del combate contra las drogas, cuando hipócritamente se permite el lavado de dinero en los siste-mas financieros de eu y de México, multiplicó la violencia en el país, llenando de luto a miles de hogares, y extendió y agravó las viola-ciones a los Derechos Humanos, añadiendo al saldo brutal decenas de periodistas, defensores de esos derechos y militantes de izquierda asesinados.

Por eso, aunque los expertos no se atreven a colgarlo en los saldos del tlcan, podemos adjudicarle también el contubernio trinacional al menos en dos fraudes electorales flagrantes: el de 2006 y el de 2012. Y Trump quiere engañar a la población de Estados Unidos y a la de México, insistiendo en que el tlcan fue el peor acuerdo comercial ―para la oligarquía estadounidense― jamás firmado, y que México fue “el gran beneficiario”. Insistimos pues: eso es el corazón del po-pulismo de derecha, una manipulación política que deforma la reali-dad para explotar resentimientos sociales sobre ideas mal fundadas,


mientras que, en la manipulación del populismo de izquierda, lo que hay es una focalización en demandas particulares de las clases.

10.5 Como contraste, ¿qué balance podemoshacer de la integración latinoamericana?

Aunque con dificultades, los procesos de integración económica han seguido avanzando en la economía mundial, algunos con acuerdos o tratados muy formales, otros simplemente por la vía de los hechos. Y por supuesto, hasta los organismos internacionales se pueden para-lizar por las discrepancias internas, como el caso de la Organización Mundial del Comercio (omc), que está bloqueada desde que ocurrie-ron las negociaciones sobre políticas de desarrollo, de la llamada “Ronda de Doha” (por el lugar donde se dieron, la capital de Qatar, en la Península Arábiga, en la costa del Golfo Pérsico).

En contraste, en América Latina y en el último decenio, práctica-mente después de la derrota de la propuesta estadounidense del Área de Libre Comercio de Las Américas (alca), ocurrida en 2005, pode-mos observar un mosaico geopolítico de proyectos de integración, complementarios unos, y otros, competitivos entre sí.

En la segunda década del siglo xxi, Estados Unidos recurrió al Trans-Pacific Partnership (tpp) como una especie de ampliación seg-mentada del tlcan, ya que propuso añadir a Chile, Perú y Colombia (que ya tenían acuerdos de libre comercio firmados con Estados Uni-dos), pero significativamente excluyendo a Brasil.

De otro lado, podemos observar que el Mercosur (Mercado Co-mún del Sur, integrado entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y muy recientemente Venezuela) se entrecruza con la Unasur (Unión de Naciones del Sur, que incluye 12 países) y la celac (Comunidad de


Estados Latinoamericanos y Caribeños) derivada de la Cumbre de América Latina y el Caribe (calc).

Está además el proyecto del Alba-tcp (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pue-blos, que incluye a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia). Todos con perspectivas y alcances distintos, y enfrentando problemas políticos diversos.

Para contextualizar esos proyectos, recordemos que, tras la crisis global de 2008-2009, la baja del crecimiento de los países desarro-llados ha afectado a todo el mundo, a las tres grandes regiones y a la periferia cercana de cada una de ellas. Tomemos también en cuenta que, hoy día, los principales socios comerciales de América Latina son Estados Unidos, la Unión Europea y China, por eso no es raro que lo que ocurra en ellos repercuta directamente entre nosotros.

Y es que, en el auge previo a dicha crisis, con los altos precios de las materias primas, entraron en juego los llamados “regímenes pos-neoliberales”, con políticas sociales activas y distanciamiento político respecto a Estados Unidos. No es extraño, entonces, que desde 2012 Estados Unidos respondiera a los regímenes adversos con políticas desestabilizadoras.

Y es de llamar la atención que, en medio de la Gran Crisis Global de 2008-2009, Estados Unidos se diera a la tarea de diseñar y a ne-gociar en secreto las nuevas reglas de tres acuerdos macrorregionales de libre comercio: el Trans-Pacific Partnership (tpp), el Transatlan-tic Trade and Investment Partnership (ttip) y el Trade In Services Agreement (tisa).

A las alturas del 2017, América Latina lleva más de cuatro años de bajo crecimiento, con flujos de comercio e inversión débiles, caída del precio de las materias primas, presiones inflacionarias encontra-


das (en unos países a la baja, en otros, con precios al alza por una especulación brutal), además de un deterioro de la cuenta corriente de la balanza comercial (donde se registra el flujo de exportaciones e importaciones de mercancías, indicando saldos negativos).

De todos los casos, el peor es el de Venezuela, que además ha sido objeto de una agresiva y sofisticada campaña de desestabilización concertada desde Estados Unidos, y que ahora sumó a los gobiernos neoliberales de México y Colombia.

Otro asunto relevante por destacar es que ha persistido la ten-dencia integradora a la economía internacional mediante la agroex-portación, la maquila y la minería. Esos intereses persisten, con el agravante de que ahora Estados Unidos impulsa (en Argentina y Brasil) un populismo de derecha que lo acompaña a nivel regional y global, con sus ingredientes de apertura financiera extrema, racis-mo, xenofobia, presiones para desmantelar diversas versiones del “Estado social incompleto” imponiendo políticas de austeridad presu-puestal, pero sobre todo buscando imponer las reformas neoliberales por la fuerza.

10.6 La izquierda mexicana anteel neoliberalismo y la integración regional

La izquierda en México incluye hoy movimientos sociales que han resistido, y resisten, las reformas neoliberales a nivel sectorial, y nu-merosos colectivos políticos locales y regionales, además de pueblos indígenas con proyectos de autonomía, y un ejército revolucionario, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); a ello se añaden al menos tres partidos políticos, el Movimiento Regeneración Na-cional (Morena), el Partido de la Revolución Democrática (prd) y el


Partido del Trabajo (pt), y aun periódicos y revistas independientes, y activistas religiosos, intelectuales, artistas y profesionales, que forman una corriente cultural con referentes nacionales e internacionales.

Sus claves ideológicas están en un amplio abanico que incluye desde la socialdemocracia, el nacionalismo, el antiimperialismo, el anticapitalismo, la crítica o la defensa de la modernidad como prin-cipio básico del accionar político, la identificación prioritaria con agendas sectoriales (luchas de las mujeres, de los trabajadores, de los indígenas, de la comunidad lésbico-gay), junto con presencia parla-mentaria o extraparlamentaria, y con independencia política en unos y subordinación de otros respecto de alianzas electorales tan amplias que incluyen a fuerzas de la derecha (como el pri o el pan) a nivel local, estatal o nacional.

Colectivamente, podemos decir que la izquierda tiene el mérito de haber socializado primero las críticas al neoliberalismo, las críticas a la integración asimétrica con Estados Unidos, y las críticas al tlcan desde diferentes contingentes sociales: desde las luchas estudiantiles, como hicieron los estudiantes del Consejo Estudiantil Universitario (ceu) en 1987-1988 contra la “reforma financiera” de la unam; con el poderoso mensaje del levantamiento zapatista en Chiapas en 1994; mediante la lucha estudiantil que encabezó el Consejo General de Huelga (cgh) contra el aumento de cuotas en la unam en 1999; des-pués con las movilizaciones de los estudiantes de la zona metropolita-na de la Ciudad de México en 2012-2013, que se reconocieron como #yosoy132. Y el rechazo a la privatización energética, refrendado con movilizaciones de masas en la Ciudad de México por el Sindicato Mexicano de Electricistas (sme) entre 1988 y 2006; y, en defensa de la educación pública, las movilizaciones nacionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte) entre 1981 y 2017.


Ubicada en espacios culturales y sociales diferenciados, debemos hablar un poco de la crisis de la izquierda en dos dimensiones: por un lado, la crisis político organizativa de la izquierda “social” o mo-vimientista, que, tras cometer serios errores de valoración del alcan-ce del neoliberalismo, sufrió fuertes golpes represivos en sindicatos, organizaciones populares, comunidades indígenas, universidades, coordinadoras magisteriales y populares, etc.

La otra, es la crisis moral de la izquierda partidista de orientación socialdemócrata, por pactar alianzas con fuerzas de derecha (pan y pri), a cambio de espacios económicos y de poder político institucional.

Hablemos finalmente un poco sobre la agenda neoliberal, presen-te hoy en día en las luchas sociales y en los episodios electorales. Viene con fuerza el nacionalismo económico, que es fácil que confunda a muchos personajes de la izquierda mexicana, también están las defi-niciones frente a la profundización de la estrategia del capital avan-zando en la “acumulación por desposesión”, que perjudica sobre todo a pueblos indígenas y comunidades campesinas.

Es igualmente agresiva la estrategia neoliberal contra los emplea-dos públicos, y la tendencia dentro del sector público a precarizar los nuevos empleos que se van abriendo. No olvidemos que la precari-zación lleva dedicatorias especiales contra los trabajadores del sector industrial, pero eso no implica que los demás estén a cubierto.

Antes hablamos de la grave problemática recurrente de la “aus-teridad presupuestal” para disminuir junto, con el gasto presupuestal, el tamaño de las instituciones de salud, seguridad social y educación. Ahora podemos añadir que, hasta en las versiones “alternativas”, hay quien insiste en que los problemas de las finanzas públicas se pueden resolver con una “austeridad republicana”.


No es menor la problemática nacional derivada de la milita-rización creciente, pues no sólo se han ido cerrando las puertas del cambio electoral, sino que ahora se busca cerrar con las fuerzas ar-madas las posibilidades de un cambio participativo de la sociedad en los asuntos nacionales. Por supuesto, nada que no pueda remontarse, pero en todos los casos requerimos un reconocimiento completo de las ideas neoliberales clave en esta etapa y sus formas, para frenarlas primero y revertirlas después, especialmente la guerra contra las dro-gas y la militarización.

10.7 Cambios interrelacionados: empleoy migración, claves de la integración

Para ubicar localmente la problemática de la migración de México a Estados Unidos, podemos referir recuentos significativos en materia de empleo en México, siguiendo la información oficial de algunas edi-ciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) (2012).

Ahí veremos que el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) dejó un balance desastroso: para empezar, el crecimiento económico pro-medio anual fue de menos de 2%, lo que implicó que se abrieran me-nos de un promedio anual de un millón de empleos, y, de ésos, sólo 4.2% fueron empleos industriales. La inmensa mayoría de los nuevos empleos (82%) se crearon en el comercio y los servicios.

Pero el cambio tal vez más importante es que, en el mismo perío-do, se perdieron 1.87 millones de empleos de más de tres y de más de cinco salarios mínimos generales. Y 66% de los nuevos empleos crea-dos no tuvieron seguridad social ni prestaciones. Poco más de la mi-tad del total de nuevos empleos se abrieron en el sector de “hogares”


y las microempresas aportaron poco menos de 30% de esos puestos de trabajo.

Y con Peña Nieto las cosas no fueron mejores: el promedio anual de crecimiento no llega a 2%, pero él insiste en que se ha reducido la desocupación y que vivimos “el sexenio del empleo” porque hay más asegurados en el imss, cuyos datos contrastan con la información de la enoe del primer semestre de 2017, que señala que los nuevos em-pleos creados entre 2015-2017 tenían ingresos máximos de dos sala-rios mínimos generales, en tanto que se perdieron 2.03 millones de empleos que pagaban más de tres y más de cinco salarios mínimos generales.

Más de la mitad (54.9%) de los nuevos empleos creados ocurrie-ron en microempresas, y sólo la mitad de los nuevos empleos (50.6%) pueden acceder a los servicios de salud. Hay un poco más de asegura-dos, pero el bajo nivel de ingreso que implican condiciona su calidad (Martínez, 2017). Pese a todo, se insiste en que no sólo se ha reducido la desocupación, sino que vivimos “el sexenio del empleo” porque hay más asegurados en el imss.

Así que en materia de empleos, entre las más recientes, podemos identificar las dos tendencias a largo plazo más significativas: la des-trucción de empleos relativamente mejor pagados, y la creación de empleos con ingresos relativamente más bajos.

El dato oficial es contundente: en 2006, esto es al inicio del go-bierno panista de Felipe Calderón, había en el país 12.85 millones de empleos que pagaban más de tres y más de cinco salarios mínimos generales; hacia 2015, ya bien entrados en el gobierno de Peña Nieto, sólo había 10.2 millones de esos empleos.

En otro capítulo hemos hablado de que, tanto en el gobierno de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto (pan y pri respec-


tivamente), ha habido manipulación de las cifras de desempleo, por la forma de calcularlo (aunque en rigor, esa es una tendencia que viene de mucho más atrás).

Pues bien, si leemos con cuidado los datos de la enoe, tendremos que concluir que la cifra de desocupación real en México es de alrede-dor de 14.5 millones de personas (sumando los 2.2 oficialmente “des-ocupados”, más los 5.9 millones disponibles “que han perdido interés en buscar trabajo”, más 2.6 millones que declararon “interés bajo por un contexto que les impide hacerlo” y más 3.7 millones que aparecen como “trabajadores sin ingresos”) (Martínez, 2017).

Interesa destacar que, para disimular la desocupación en el sexe-nio de Peña Nieto, se ha trasladado la cifra de 3.6 millones de mexi-canos a la población económicamente no activa, los no disponibles porque están “sin interés por trabajar”, además de 2.97 millones de mexicanos que trabajan menos de 15 horas semanales y 1.16 millo-nes clasificados como “ausentes temporales”, que sin duda, juntos, dan otro perfil al problema de la desocupación en México (Martínez, 2017).

10.8 La poderosa y castigada integraciónde los mercados laborales

Hemos visto que la integración económica entre Estados Unidos y México ha sido un proceso muy largo y complejo, que atravesó por varias etapas. La migración no ha sido diferente, pero queremos lla-mar la atención sobre un conjunto de tendencias que debemos co-nocer con detalle, y que diversos estudios del Consejo Nacional de Población (Conapo) (2010) reconocen desde antes de la segunda dé-cada del siglo xxi.


Es un proceso clave, pues de ahí tenemos la más fuerte singulari-dad de la clase trabajadora mexicana de los siglos xx y xxi: que está geográficamente dividida en dos territorios, con un poderoso núcleo en Estados Unidos y otro un poco mayor dentro de México. Es una clase trabajadora binacional, que reclama derechos como trabajado-res y como ciudadanos en los dos países.

En los estudios de Conapo arriba mencionados, se puede ver que los patrones de migración mexicana a Estados Unidos han cambiado radicalmente desde la década de los setenta del siglo xx a la primera década del siglo xxi y hasta nuestros días: cambiaron la magnitud, los perfiles sociodemográficos de los migrantes, la intensidad y las mo-dalidades de la migración.

Unas variaciones corresponden a los cambios por la reestructu-ración económica dentro de Estados Unidos, lo cual ha provocado cambios en la estructura ocupacional por sectores para los migran-tes, donde ya predominan las ocupaciones en el sector de los servicios y en la industria de la construcción.

Pero también están otros factores económicos, como las crisis re-currentes de la economía mexicana (1982-1983, 1988-1989, 1994-1995, 2001-2002, 2008-2009), el aumento de la población en edad de trabajar, la incapacidad estructural para dar empleos formales que acabamos de ver antes, y las políticas migratorias restrictivas aplica-das por los gobiernos de Estados Unidos, con fuerza en las adminis-traciones de Barack Obama y Donald Trump.

Así, tenemos que, por ejemplo, la Ciudad de México es fuerte ex-pulsora de fuerza de trabajo después de 2008: registró 70,288 migran-tes entre 2009 y 2014, seguida por los estados de Michoacán (65,298 migrantes) y Guanajuato (63,519 migrantes), cuyos trabajadores mi-grantes fueron expulsados en el mismo período (Pozos, 2017: 3).


En primer lugar, debemos reconocer que ha habido saltos impre-sionantes respecto a la magnitud de los flujos, pues pasamos de un saldo migratorio neto del orden de 175,000 personas promedio anual en la década de 1970, a un promedio anual de 500,000 personas en el primer quinquenio del siglo xxi (bajo el gobierno panista de Vicente Fox).

Pero las estadísticas revelan una tendencia a la disminución de los flujos migratorios desde la segunda mitad de la década, debido al endurecimiento de las legislaciones contra los migrantes, las redadas contra ellos en grandes y pequeñas ciudades y poblados de Estados Unidos, y también a causa de la militarización creciente de la fronte-ra y las condiciones propias de una crisis económica, que ha asentado un alto desempleo estructural por la combinación de las tendencias que mencionamos anteriormente (Martínez, 2014).

Hay mayor presencia de las mujeres en el total de los flujos migra-torios: eran entre cinco y 10% del total en los setenta del siglo xx, y subieron de 12 a 26% en la década del 2000-2010; se percibe además que la migración mayoritaria tiene como motivación la búsqueda de empleo.

Otra tendencia es que se han diversificado los lugares de origen y de destino de los migrantes: hoy salen de todas las entidades federa-tivas, y se dirigen prácticamente a todo Estados Unidos. Se registra también una tendencia a mayor participación de los migrantes pro-cedentes de ciudades y centros urbanos.

Y como era de esperarse, debido al endurecimiento de los contro-les fronterizos, hay un aumento de los costos y los riesgos de emigrar a Estados Unidos: se ha reducido el número de cruces por Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, para desviarse hacia municipios de


Sonora como Agua Prieta, Sásabe (extraoficialmente llamado “el Sá-sabe”), Sonoyta, Naco y otros del noreste del estado.

Igualmente significativas son las tendencias a que disminuya la migración indocumentada, a que se multiplique la población residen-te en Estados Unidos pero nacida en México, a que una parte impor-tante de la migración circular (ida y vuelta) cambie a migración lineal (de ida y estancia permanente), lo que empuja a consolidar familias mexicanas dentro de territorio estadounidense.

Finalmente, otra tendencia es que disminuya la ocupación de los migrantes en la agricultura y la manufactura, a cambio de que par-ticipe más en los servicios y la construcción, con ocupaciones poco calificadas, bajos salarios y, mayoritariamente, sin prestaciones.

La clase obrera mexicana vive, pues, la realidad de los mercados laborales altamente integrados de América del Norte, unificada bajo la dura realidad de que, en ambos espacios nacionales, cubre la escala salarial y ocupacional más baja, pero, sin duda, representando un sec-tor de mucha militancia y fuerte potencial de sindicalización.

Por eso Trump les tiene miedo a los migrantes mexicanos. En su ambivalencia, los necesita y los desea, pero fuertemente controlados y disciplinados. Para eso, en la renegociación del tlcan que arrancó en el segundo semestre de 2017 (Álvarez, 2017), Trump paradójicamen-te ofrece retomar criterios del tpp, buscando manejar la migración con base en un Programa de Trabajadores Temporales Invitados que reedita el Programa Bracero, y que ha sido ampliamente usado ya por Canadá (Gobierno de Canadá, 2016).

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Capítulo OnceSecuelas de la Gran Crisis Global:

cambios laborales, desempleoestructural, precarizacióny polarización de ingresos

11.1 Introducción

Con la prolongación y persistencia de la Gran Crisis Global de 2008-2009, se han reiterado globalmente las políticas de austeridad presupuestal, para desmantelar la educa-

ción pública y la salud pública, así como los esquemas solidarios de seguridad social. Pero tras la crisis de la deuda en Europa, en 2012-2013, se ha profundizado y universalizado la receta de que


se necesita “reformar los mercados laborales, para que vuelvan a crearse empleos y las economías recuperen competitividad”.

Por eso, es especialmente relevante para nosotros examinar pri-mero dos vertientes significativas de la aplicación de las reformas la-borales neoliberales, que buscan redefinir en los hechos, y en las leyes, la relación fundamental en todas las sociedades mercantiles capitalis-tas: la relación trabajo asalariado-capital.

Luego, para desplegar nuestros razonamientos sobre los ejes del asalto neoliberal en la etapa actual, vamos a hablar de la problemática de los trabajadores del “sector público”; en seguida, examinaremos las raíces del desempleo estructural, más adelante revisaremos las pro-puestas de acuerdos macrorregionales de libre comercio, ya que, pese a los discursos oligárquicos en contra, como el de Trump, pensamos que encuadran perfectamente la agenda que buscará instrumentar el gran capital global.

Por ejemplo, China sustituye a Trump reivindicando la globali-zación, Japón reivindica el Trans-Pacific Partnership (tpp), Canadá firmó con la Unión Europea (ue) el Comprehensive Economic and Trade Agreement (ceta), etc. Finalmente, explicitamos como pro-puesta el ejercer alternativamente una democracia radical, para en-frentar esa agenda y plasmar las aspiraciones de los trabajadores.

11.2 ¿Cómo busca el neoliberalismoreformar los mercados laborales?

Tomemos por caso los modelos de las reformas laborales recientes de Francia y México, que ilustran con claridad las tendencias globales: en el caso de Francia, la Ley Laboral más derechista fue promovida, votada el 20 de julio de 2016 y aplicada por el gobierno “socialista”


de François Hollande, pese a las protestas masivas y a una huelga ge-neral contra lo que representa el ataque más serio contra el Código del Trabajo, que era una compilación histórica de regulaciones que estructuraron, a nivel nacional, la relación empleados-empleadores a lo largo de todo el siglo xx (Benatouil, 2016).

El Código del Trabajo anterior tenía, como principio subyacen-te, “adaptar el trabajo a la gente” sobre la base de un reparto diario de 3x8 (ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de sueño). La reforma de François Hollande se fundaba justo en el principio contrario: “la necesidad de adaptar a la gente a las necesidades de las compañías”.

Para ello, implantó la Ley Laboral tras imponer en la esfera pú-blica el estado de emergencia, con el pretexto de ataques terroristas atribuidos a la organización terrorista islámica Islamic State of Iraq and Syria (isis), como dijimos antes, cuando esta organización estaba al borde de la debacle militar en Siria.

Esa Ley Laboral neoliberal cambia las reglas de la jornada de trabajo, abriendo la posibilidad de extender el tope legal de horas de trabajo (en Francia tenían 35 horas laborables con hasta 10 horas adicionales distribuidas entre los días o un total máximo de 48 horas por semana. La nueva Ley subió a 12 horas el máximo legal diario). La Ley Laboral también da poderes al Ministerio del Trabajo para aumentar el límite semanal, temporalmente, hasta 60 horas, “si las condiciones excepcionales lo requieren”.

Pero lo más grave: permite a las empresas cortar tasas salariales u horas de trabajo, dándoles derecho a negociar acuerdos directos con los representantes sindicales, “siempre que a éstos los apoye al menos 30% de la fuerza de trabajo”. Esto equivale a auspiciar que cada em-presa arme su propio código laboral, siempre que cuente al menos


con un tercio de la representación sindical (que es lo mismo que está ocurriendo en la proporción de votos que se reparten los partidos en la esfera de las elecciones nacionales, en las que llegan al poder fuer-zas políticas que no alcanzan más de un tercio del total de los votos, pero deciden a nombre de toda la sociedad).

En México, la reforma laboral fue planteada por el gobierno dere-chista de Felipe Calderón, llegado al poder bajo las banderas del pan, quien envió al Congreso una iniciativa de ley que, como “iniciativa preferente”, fue recogida por el priista Enrique Peña Nieto y votada al comienzo de su sexenio, la cual resultó aprobada por pri y pan.

Esa nueva Ley cambió las formas de contratación y de despido, abrió la posibilidad de las contrataciones individuales, sin prestacio-nes sociales, y la posibilidad del salario por horas. En contraste con Francia, en México esa reforma fue débilmente cuestionada por los sindicatos, en parte porque pensaron que no los iba a afectar, pues al-gunas de esas nuevas reglas ya estaban vigentes en el país, pero sobre todo en la industria maquiladora y en las ramas intensivas en mano de obra (textiles, alimentos, calzado). Como eran actividades produc-tivas sin grandes organizaciones sindicales, todo mundo pensó que su vigencia se limitaría justo a dichos casos.

En resumen: en Francia, la reforma laboral implica el alargamien-to de las jornadas, el recorte empresarial de tasas salariales y de horas de trabajo, la negociación contractual con sindicatos por empresa, y la fragmentación sindical al bajar a un tercio del total la representa-ción entre los trabajadores.

En México, implica nuevas formas de contratación para imponer contratos individuales, sin prestaciones, con la posibilidad del pago por horas, además de formas más baratas de despido de los trabaja-


dores. En ambos casos: se construye una “flexibilidad total” a costa de los derechos ganados por los trabajadores.

Por otro lado, hemos visto los problemas a que da lugar el endu-recimiento creciente de las políticas migratorias de Estados Unidos y Canadá, asunto crucial para controlar un mercado laboral regional-mente integrado, con papel central que desempeña la mano de obra migrante, pero también sin que pueda contar con poderosas organi-zaciones sindicales.

De tal forma que, en América del Norte, las políticas neoliberales han seguido provocando una devastación social enorme, aunque asi-métrica, expresada en la desigualdad del ingreso y el deterioro de la educación pública, de los servicios de salud y de la seguridad social, lo mismo que en la precarización laboral a través de reformas laborales “de facto”.

Es decir, las empresas impulsan en sus espacios la violación unila-teral de las negociaciones contractuales, la reducción o eliminación de las prestaciones sociales, el retroceso de las contrataciones de tiempo completo a las de tiempo parcial, la generalización del out-sourcing (contratación externa) y la subcontratación, en lo que se imponen nuevas reglas para contratar y despedir trabajadores, lo mismo del sector privado que del público, además de generalizar los bajos salarios.

En el caso de Francia, eso se acompañó de la promoción del racis-mo y la histeria antiinmigrante, de un lado contra los procedentes de las ex colonias francesas que viven hacinados en los suburbios de las grandes ciudades de la antigua metrópoli, pero del otro, exacerbando la xenofobia contra los refugiados de las guerras en Medio Oriente, donde por cierto, el gobierno francés fue partidario de los bombar-deos que desplazaron a millones de personas.


11.3 El asalto contra los trabajadoresdel sector público

Para los empleados públicos en América del Norte, la estrategia an-tilaboral de las reformas neoliberales busca minar la alta tasa de sin-dicalización que todavía tienen (que está alrededor de 35% del total en Estados Unidos, mientras que en el sector privado se sitúa justo debajo de 8% del total).

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (Canadian Union of Public Employees [cupe por sus siglas en inglés]) también es muy fuerte en Canadá; y en México, ha sido brutal la embestida del ca-pital contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte), de manera que la estrategia a largo plazo busca reemplazar a los empleados públicos con un uso intensivo de las tecnologías de la información y la promoción de las asociaciones publico-privadas (app), en educación especialmente, pero en todo el sector de los servi-cios públicos, lo que se ejecuta reasignando y recortando presupues-tos públicos, para facilitar la privatización.

En México, el snte, que con millón y medio de miembros es de los sindicatos más grandes de América Latina, está férreamente con-trolado por una burocracia sindical oficialista, y por eso en su seno hemos visto, en el capítulo tres, que se han desarrollado poderosas co-rrientes sindicales democráticas, que en 2016 sostuvieron una huelga de casi tres meses en al menos nueve estados del país, en lucha contra una “reforma educativa” (que era en estricto sentido una extensión de la reforma laboral) que fue diseñada para expulsar disidentes, casti-gar rebeldías y controlar contenidos formativos de los alumnos y los maestros a tono con los criterios del “Acuerdo de Bolonia” impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico


(ocde) en la Unión Europea: educar por competencias, usando inten-sivamente los “conocimientos básicos” y la divisa de “aprendiendo a hacer”. Mucha práctica infinitesimal, cero formación, cero cultura y, por ende, cero crítica.

La necesidad de desmantelar la resistencia sindical a los cambios en la contratación colectiva de los maestros quedó desde hace años en la agenda neoliberal, pero para encubrir el ataque propiamente laboral, la llamaron “reforma educativa”.

Las reformas neoliberales también dañan a los trabajadores y las instituciones del sector de la salud, mediante el expediente de abara-tar los servicios de salud (reforma que ahora en México ofrece, como vimos en el capítulo cuatro, “acceso universal” a la salud, cuando en realidad la han ido degradando y acotando en sus “paquetes de inter-venciones”), reduciéndole la cobertura que antes proporcionaban a los trabajadores, o simplemente dejada caer por el deterioro provo-cado en la infraestructura, por los presupuestos limitados o de plano, por los sistemáticos recortes o el subejercicio presupuestal.

11.4 ¿Por qué el desempleo es enormey se ha vuelto estructural?

En esta crisis parcialmente resuelta y que se prolonga desde 2009 hasta la fecha, el desempleo se desborda por el triple peso del cre-cimiento económico lento y errático, las políticas de “consolidación fiscal” (es decir, los recortes presupuestales sistemáticos para ordenar las finanzas públicas) y la aplicación de nuevas tecnologías.

Todo esto hace que gravite el desempleo con especial virulencia sobre los más jóvenes y los más educados, al tiempo que se estrechan las oportunidades de trabajo para la población de edad media, y se


aterroriza a los trabajadores activos en edad de jubilarse, con la ex-tensión de las edades de jubilación y el deterioro de los esquemas de pensiones.

Como efecto directo de la Gran Crisis Global de 2008-2009 y las políticas de rescate bancario, más los programas de estímulos econó-micos, tenemos y padecemos un aumento notable en la concentra-ción de la riqueza, mientras persistente el alto desempleo (en la cima de la recesión, Estados Unidos tenía 10% de tasa de desempleo abier-to, pero en la “recuperación” nunca ha estado debajo de 4.5%). Y hay evidencias de altos niveles de subempleo.

En términos absolutos, tuvimos un alto desempleo global (había 202 millones de personas desocupadas en el mundo en 2013), con los jóvenes como el sector más afectado: 33 millones desocupados en seis países seleccionados, pero en términos relativos la de los jóvenes en el mismo año era casi el doble de la tasa de desempleo general (en Estados Unidos, 15.8%, Canadá 13.8%, México 9.4%, pero en España con 57.3%, Francia 23.7%, Brasil 13.6%; como se puede ver, las cifras de México están claramente subestimadas, por la forma oficial de cal-cularlo) (Álvarez y Martínez, 2016).

11.5 Raíces del persistente desempleo estructural

Un factor que ha estado pesando mucho para la existencia de un des-empleo estructural es el despliegue de la automatización, que empuja en paralelo la robotización y la precarización laboral, y abre el sector de los servicios públicos como campo privilegiado de expansión de la acumulación del capital privado, para dejar la educación pública en convergencia con la robótica, intentando reproducir estudiantes “que sólo tengan habilidades y destrezas para hacer”, no para pensar.


Por eso, sostenemos que, mientras la mayoría de los políticos de-rechistas en el mundo y especialmente el de Estados Unidos, Donald Trump, gritan contra los migrantes como causantes del desempleo, vale la pena rescatar, escondida en el último Informe Económico de Barack Obama al Congreso en febrero de 2016, una delicada sección referente al futuro de la robótica sobre la fuerza de trabajo, donde menciona que un Reporte del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca ve una Mediana de 0.83% de probabilidad de que se automaticen los trabajos basados en salarios de hasta 20 dólares (usd, United States Dollars) la hora, lo que en un cálculo grueso implica que pueden estar en riesgo 62% de los empleos estadounidenses, y que los más perjudicados serían las ocupaciones de manejo de comidas fritas, los de centros de llamadas y, poco más adelante, los choferes de transporte, los trabajadores sanitarios, los de servicios financieros y los de otros servicios (Weller, 2016 y Nissen, 2013).

Sobre la experiencia histórica del capitalismo, los economistas ortodoxos neoclásicos (y algunos neoschumpeterianos) suscriben como verdad irrefutable la idea de que la tecnología siempre tiende a destruir trabajos e incluso industrias completas, pero al final aca-ba por crear nuevas industrias y ocupaciones mejor pagadas y más productivas.

Eso hoy está todavía por verse, lo que es claro es que el desempleo, el subempleo y la población excedente de las economías emergen-tes ponen una extraordinaria presión hacia abajo sobre los salarios globales, las condiciones de trabajo, las prestaciones sociales y la es-tabilidad de los empleos en todo el mundo. Un gigantesco ejército industrial de reserva, inactivo, presiona los salarios a la baja y hasta permite que los ataques de los organismos financieros internaciona-les califiquen a los trabajadores ocupados como “privilegiados”. Y no


sólo no se hace nada contra eso, sino que se despeja el camino para que se profundicen los efectos.

Porque hoy asistimos a los primeros despliegues de una nueva revolución tecnológica en la producción y los servicios, por la con-fluencia tecnológica de varios desarrollos: las tecnologías digitales de la información y la comunicación, que permiten imprimir en tres dimensiones (3D), las aplicaciones de la robótica y el internet; los nue-vos materiales que sobre todo se expresan en la biotecnología (con las nanotecnologías), y los nuevos procesos (con una producción basada en datos conducidos, inteligencia artificial y la biología sintética), in-tegradores de una tendencia que se convertirá, en el futuro no lejano, en el mayor problema y el más grande desafío para los trabajadores y los sindicatos (Therborn, 2015).

Finalmente, aunque la llegada de Donald Trump parece haber borrado de un plumazo los megaacuerdos regionales de libre comer-cio que proponía Estados Unidos durante la administración Obama, nosotros insistimos en que eso es sólo en apariencia, pues, como di-jimos antes, sus ideas seguirán inspirando la escena principal aun-que en manos de otros: China ha proclamado la bandera del “libre comercio”, Japón recogió el Trans-Pacific Partnership (tpp), Canadá firmó el Comprehensive Economic and Tarde Agreement (ceta) con la Unión Europea, y sigue su marcha el Trade in Services Agreement (tisa), aparte de que en la renegociación del tlcan, el Secretario de Comercio de Trump anunció que recuperaría muchos de los criterios negociados en el tpp y que Estados Unidos supuestamente “abando-nó” en enero de 2017.

No es ocioso entonces reivindicar, aun en las nuevas condiciones, que muchas de las ideas plasmadas en los acuerdos macrorregionales de libre comercio, en realidad no son soluciones para crecer, sino más


bien representarán problemas nuevos para los trabajadores, porque seguirán en la agenda del capital global y porque buscan fortalecerlo.

11.6 La lógica promonopólica de los acuerdosmacrorregionales de libre comercio

Insistimos en que fue desde Estados Unidos, y en alianza con la Unión Europea, de donde salieron las propuestas de acuerdos macrorregio-nales de libre comercio, por eso es en eu y Europa donde más se de-batieron sus probables impactos, y se movilizaron grandes masas de trabajadores y ambientalistas en contra.

Recordemos que la administración de Barack Obama, en 2013-2014, publicó una “Estrategia global”, que estaba comprometida a apoyar una integración económica multirregional segmentada, ahondando los programas de libre comercio a través de varios ins-trumentos legales y políticos: el Trans-Pacific Partneship (tpp), el Transatlantic Trade and Investment Partnership (ttip) y el Trade in Services Agreement (tisa) (Álvarez, 2016a).

En otro momento sostuvimos que eran acuerdos “segmentados”, porque el tpp pretendía incluir sólo 12 países en la Cuenca del Pací-fico, y dejar fuera poderes globales como China, y regionales (en Lati-noamérica) como Brasil. A las negociaciones del tpp se sumó Estados Unidos en 2008, Canadá fue aceptado en 2012, y México un poco después (Sinclair-Trew, 2015).

Para entender mejor lo que decimos, podemos ver más cuidadosa-mente el contenido y la realidad de esos proyectos de comercio mul-tirregional:


• El Gobierno de Estados Unidos pretendió utilizar los acuerdos regionalizados para “encadenar” nuevas reglas de inversión y de comercio, que luego pudieran expandirse a nivel global.

• El tpp, como el tlcan, fue diseñado para “encadenar” refor-mas neoliberales y acuerdos previos. Con ello, la élite empre-sarial, financiera y gubernamental de eu quería impedir que las privatizaciones fracasadas derivaran en un retorno de los activos a manos de los Estados.

• Su principal objetivo era imponer mayor liberalización de los servicios públicos (en educación, salud, seguridad social y pensiones).

• Trataba de preservar para sí los mercados más abiertos de América Latina (México, Colombia, Perú). Y los mercados más fuertes de Asia-Pacífico ( Japón, Australia, Nueva Zelan-da y Canadá). En Canadá, todo ocurriría a expensas de los empleos del sector manufacturero.

• Buscaba desarrollar “nuevas reglas cualitativas” para armoni-zar las regulaciones en servicios financieros, reglas de inver-sión, comercio por internet, estándares de salud y seguridad, educación, derechos de propiedad intelectual, regulación so-bre mecanismos de controversias.

• En especial, quería imponer un mecanismo de resolución de disputas inversionistas-Estados, favorable a las corporacio-nes.

• Y por último, pero no menos importante, quería extender es-tas reglas primero a la región de Asia-Pacífico y luego a la Organización Mundial de Comercio (omc).

Todo esto explica la tremenda secrecía que esa cúpula riquísima de Estados Unidos impuso en las negociaciones. Pero no es todo, veamos algunos otros aspectos particularmente significativos:


• El tpp comprometía ahora todos los niveles de gobierno (fede-ral, provincial, estatal y municipal).

• Segmentaba el acceso a internet (de una forma similar a como hoy lo hace la televisión por cable, respecto de la televisión abierta), limitando el acceso libre.

• Extendería el período de vigencia de los derechos de propiedad intelectual, lo que encareció las medicinas debido a la exten-sión de la prueba de datos y volvió más difícil la existencia de licencias obligatorias (que son la vía a través de la cual, hoy, el sector público produce los medicamentos retrovirales genéri-cos para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida [Sida]).

• El tpp abriría la posibilidad de patentar los productos deriva-dos de organismos genéticamente modificados (ogms), o sea, la posibilidad de patentar la vida misma y los procedimientos que hicieron posibles esos productos.

• El tpp buscaba facilitar el uso de los trabajadores migrantes para que entraran en áreas que ya tienen una sobreoferta de mano de obra.

• Y en el área de energía, buscaba reforzar los esquemas de pri-vatización, por eso la insistencia en la reforma energética mexicana.

Para Canadá, en sus inicios los expertos advirtieron que veían altos riesgos, particularmente para los sectores de “oferta administrada” (lácteos, leche fresca, huevo y avicultura para alimentación). Tam-bién, que el tpp podría erosionar las protecciones culturales cana-dienses (que hoy previenen la posibilidad de propiedad extranjera en radiodifusión y publicaciones).

Un debate crucial sigue siendo el siguiente: ¿eran acuerdos para promover el crecimiento? Algunos expertos estimaron que el tpp ha-


ría crecer a la economía de eu apenas un 0.13% y sólo hacia 2025 (Stiglitz, 2016).

No sorprende entonces que las mismas orientaciones estratégicas estén detrás del ttip y del tisa:

• Ambos incluyen sensibles actividades de servicios, y compren-den medidas con impactos particularmente devastadores sobre los trabajadores del sector público en todo el mundo, porque el tisa ha sido negociado con más de 50 países.

• Abarcan los servicios financieros, las reglas de inversión, los derechos de propiedad intelectual, la logística, los me-canismos de resolución de disputas favoreciendo a las cor-poraciones contra los Estados, las reglas sobre compras gubernamentales.

En esta lógica, vemos que los acuerdos de libre comercio buscan en-raizar nuevas reglas de inversión y comercio, en las que las decisiones más importantes se tomarán siempre de acuerdo con los intereses de la minoría más rica (Karlin, 2016).

Así pues, se ha evidenciado que la regionalización, aún en crisis en la Unión Europea y en América del Norte, es la “segunda opción mejor” (second best) para el gran capital, que apostó todo por la glo-balización, por eso la estirpe acaudalada y políticamente poderosa de Estados Unidos buscaba segmentar geográficamente la economía mundial y, sobre todo, fijar las reglas en el sector de los servicios, que son la cereza del pastel de la economía del siglo xxi. Pero, sobre todo, pretendía encadenar las nuevas reglas para evitar que existieran “go-biernos alternativos” con posibilidades de revertir las reformas. Eso


explica que, para renegociar el tlcan, Trump haya orientado a su secretario de Comercio a fin de que recupere las ideas del tpp.

11.7 De la crisis al impulso de la democraciaradical participativa

Para cerrar nuestros argumentos, digamos que en México tenemos la convergencia de la crisis económica, la crisis política de legitimidad y la de credibilidad en las reformas estructurales, las políticas neolibe-rales y el régimen político de Enrique Peña Nieto.

Por eso, hoy, las resistencias sociales recorren una amplia gama de espacios: desde la defensa de la educación pública, laica y gratuita, pasando por el reclamo del derecho a la salud –una salud pública bien equipada y bien surtida, y desde luego bien atendida)– y la defensa de las pensiones, hasta las luchas electorales, sin olvidar las resistencias locales y regionales a los proyectos de megaminería, presas e infraes-tructura de transporte, hasta incluir las luchas dentro de las empresas productivas, de servicios, incluyendo en la agricultura lo mismo las exigencias de contratos colectivos y salarios dignos, que el combate contra la utilización de los transgénicos. Ciertamente no son en sí mismos reclamos radicales, pero dada la lógica neoliberal, sí lo son.

Como dijimos, para los tres países de la región de América del Norte se perfila hacia adelante el riesgo de otra recesión internacional sincronizada, que derive en una más larga depresión de la economía mundial, más políticas de austeridad y con continuidad de las políticas neoliberales. Es que el “auge petrolero” que vivió Estados Unidos, y al que arrastró a Canadá desde 2009 hasta el 2015, creó otra espectacu-lar burbuja especulativa, ahora en el sector energético, que tenderá a reventar tarde o temprano, cuando se instrumente la normalización


de las políticas monetarias de la Reserva Federal estadounidense (la Federal Reserve System, o Fed), cosa que ya comenzó en 2017 bajo el gobierno de Trump (Álvarez, 2016b).

Ese riesgo de otra crisis financiera, de mayor amplitud y compleji-dad, incluye desde ahora un autoritarismo, basado en la agenda neo-liberal, para despejar el camino a la continuación de las estrategias privatizadoras de la energía. Con los cambios en los precios interna-cionales del petróleo, podemos esperar mayores ajustes en las deudas de las corporaciones y de las finanzas públicas, e intentos de rematar activos públicos.

Y a pesar de todo esto, no hay lugar al pesimismo. No lo hay por-que, en los tres países, hay una resistencia masiva y creativa que se expresa: en la lucha electoral, en la protesta social, en nuevas formas de articular redes de solidaridad. Pero necesitamos cambiar nues-tros acercamientos tradicionales a los problemas de la crisis: tenemos que diseñar nuevas opciones, construir alianzas sociales más am-plias, provocar cambios electorales, cambios en los centros de traba-jo, cambios en barrios y colonias, en el campo y en las ciudades. En suma: ejercer la democracia radical participativa. Sin olvidar que el capital hace hoy que la democracia esté en peligro, por las recurrentes crisis financieras, el militarismo, los acuerdos de libre comercio y las políticas de austeridad.

La solidaridad internacional, el impulso a la participación de los jóvenes en la batalla por el empleo digno, el salario y las prestaciones sociales, por la equidad social, contra el cambio climático y los pro-blemas medioambientales, son temas y tareas que tendrán que estar muy alto en nuestra agenda política de hoy y de mañana.

En el siguiente y último capítulo, haremos una revisión de las ten-dencias prevalecientes en la economía global, para mostrar que el


autoritarismo y el militarismo, son en realidad formas de esconder la atención que requieren las crisis financieras recurrentes. Para conti-nuar forjando al rojo vivo el espacio social que requieren las reformas neoliberales, el capital global ha decidido generalizar la implantación de las mismas recurriendo a la fuerza. La barbarie se está cebando ya sobre las clases dominadas.

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Capítulo DoceDe la crisis civilizatoria a unaalternativa de ecosocialismo

democrático

12.1 Introducción

Comencemos por decir que no debe olvidarse que las ideas que conforman este capítulo, y cierran la cuarta parte del libro, no son pronósticos: son tendencias y escenarios a

partir de hechos estructurales que pueden o no llegar a configu-rarse plenamente.


Hay que insistir en que aquí queremos poner a debate, sobre la economía mundial, asuntos que están en claves económicas, políticas y sociales, y que permiten destacar las tendencias más estructu-rales y las perspectivas que enfrentamos en el futuro inmediato, je-rarquizando de paso los problemas que tienen particular relevancia para México.

Para desplegar los razonamientos rearticularemos lo que lleva-mos dicho en los capítulos precedentes, tratando primero de recoger la significación más profunda del calentamiento global. En seguida, incorporaremos la crisis de la globalización retomando los impactos de la Gran Crisis Financiera de 2008-2009.

Después, fijaremos las etapas que ha atravesado dicha crisis para mostrar la tozuda continuidad de las políticas neoliberales, en aras de profundizar el desmantelamiento de las instituciones de bienestar y aumentar la centralización del capital, pero también para explicar por qué hay un ascenso de la derecha a escala global.

La parte siguiente aborda el problema económico, político y so-cial más delicado impuesto por el neoliberalismo al eliminar la po-sibilidad de quiebras, bajo la falacia de que las corporaciones son “demasiado grandes para dejarlas caer”.

Dos secciones cierran el capítulo, una examina los riesgos de otra recesión internacional sincronizada, y la última focaliza el verdadero peligro: el estallido de otra burbuja financiera, esta vez en el vector que cruza el sistema financiero con el sector energético global. Al fi-nal, ofrecemos algunas conclusiones generales y otras específicas para México.


12.2 El calentamiento global,expresión de una crisis civilizatoria

Hemos dicho que, con el cambio climático, vivimos realmente una crisis multidimensional, esto es, una crisis ambiental, económica, po-lítica, social y cultural (Toledo, 2015), pues se genera en los patrones energéticos de nuestras formas de vida urbana, y en las formas gene-rales de producción, distribución, consumo y acumulación de capital y crecimiento.

Es la crisis civilizatoria de una economía mundial basada en los hidrocarburos, en el desbordamiento contra la naturaleza de la acu-mulación privada de capital. Por ello, decimos además que la lucha contra el calentamiento global tendrá que ser esencialmente una lu-cha contra el capital privado, pues está poniendo en peligro la exis-tencia de la vida sobre la tierra.

Y dejamos constancia de que, paradójicamente, esa crisis civiliza-toria nos enfrenta simultáneamente a la posibilidad de la abundan-cia y al horror de la insuficiencia y la escasez.

Por un lado, está el reforzamiento de la centralización del capi-tal en una escala planetaria, asunto que, ligado a la emergencia de la Cuarta Revolución Científico-Técnica, acerca al mundo a la po-sibilidad de una abundancia de bienes con muy poco trabajo huma-no, gracias a los avances que hemos detectado por la confluencia de tecnologías digitales (impresión en 3D, robótica, internet de las cosas) con la fabricación de nuevos materiales (biotecnológicos y nanotec-nológicos), al igual que el desarrollo de nuevos procesos (producción basada en la conducción de datos, inteligencia artificial, biología sin-tética).


Pero al mismo tiempo, y por el otro lado, ese enorme potencial de cambio tecnológico nos coloca, en el presente y el futuro, frente al peligro de la guerra nuclear o del apocalipsis ecológico por el ca-lentamiento global, la acidificación de los océanos, el deshielo de los glaciares, las sequías e inundaciones, ya que, confiada en el poder co-rrectivo de la tecnología, una poderosa minoría está queriendo llevar el planeta más allá de sus límites físicos, y todo en aras de la acumula-ción privada de capital (Therborn, 2016).

Por eso también confiamos en que el agravamiento de la realidad, y la acción coordinada de indígenas y ambientalistas, campesinos, ha-bitantes de las ciudades, jóvenes, estudiantes y profesionales, acabará por mostrar y denunciar la raíz capitalista del problema, porque cier-tamente las resistencias sociales están aumentando, especialmente las movilizaciones para frenar los oleoductos, la última contra el Dakota Pipeline en Estados Unidos (White Wolf Pack, 2016), los gasoductos (Keystone Pipeline), los corredores de transporte, por ejemplo el de Morelos, México, o los campos de explotación donde se está usando la fracturación hidráulica o fracking (lo mismo en Pensilvania, que en la Sierra Norte de Puebla).

Las resistencias se vuelven más complejas, las alianzas más am-plias, las agendas tienden a converger en el campo y las ciudades (To-ledo, 2016), aunque para nosotros también es claro que se avanza muy despacio y de manera insuficiente en relación con la gravedad del problema.


12.3 La Gran Crisis Global de 2008-2009puso en crisis la globalización

No hay duda de que, con la problemática financiera de 2008-2009, se evidenció una crisis de la globalización, manifiesta en la caída del crecimiento general, del producto industrial global, en la contracción del comercio internacional y en la persistencia de altos niveles de desempleo con creciente distancia entre riqueza y pobreza globales (WBG, 2016 y UNCTAD, 2016), además de las presiones proteccionis-tas de gobiernos como el de Trump, cuestiones que hacen temer otra gran recesión internacional sincronizada.

Pero el primer punto a debate es si la Gran Crisis Financiera de 2008-2009 ha concluido o no. Sostenemos que no ha concluido, de-bido al efecto combinado de cuatro factores: el lastre de un excesi-vo apalancamiento de las deudas en el sistema financiero privado; el peso de los rescates bancarios y de los programas de estímulo econó-mico con cargo a las finanzas públicas; el freno de la demanda global debido al impacto de la concentración de la riqueza y del ingreso, y los efectos de las políticas de austeridad por los más diversos rincones del mundo, especialmente en las economías desarrolladas, con eu en primer lugar.

De modo que en la economía mundial coexisten hoy, paradójica-mente: una burbuja financiera masiva, reflejada en el abultamiento y la volatilidad de los mercados de valores y de bonos, con una eco-nomía productiva de bajo crecimiento y baja productividad pese a la profundización del cambio técnico (lo que contradice el “optimismo tecnológico” neoliberal), además de caídas del comercio y la inversión globales por la recesión productiva.


Por eso llevamos ya nueve años en que la crisis se despliega por la economía global, cambiando de ejes territoriales y económicos, des-tacando sucesivamente los siguientes rasgos: primero, el predominio de la parte financiera y bancaria (en Estados Unidos primero y en Europa inmediatamente después); luego, la caída productiva en una recesión internacional sincronizada (prácticamente todo el mundo entró en recesión, excepto China); más adelante, el predominio de los problemas con la deuda pública en Europa (crisis de la Unión Euro-pea y del euro); después, una recuperación económica relativa en Es-tados Unidos, con profundización de la concentración de la riqueza y persistencia de altos niveles de desempleo.

Esa recuperación relativa estuvo comandada por un auge petro-lero en Estados Unidos y luego frenada por el hundimiento de los precios internacionales del petróleo, debido a la sobreproducción re-lativa prevaleciente en el mercado petrolero debido al auge del petró-leo y gas shale en Estados Unidos.

En suma: la recuperación posterior a la Gran Crisis Global de 2008-2009 ha sido débil y desigual en los países desarrollados. Esen-cialmente, la debilidad del consumo se debe a la debilidad del creci-miento de los ingresos de los hogares, sobre todo por la disminución del crecimiento de los salarios, y el peso del endeudamiento de los hogares y los consumidores (oecd, 2016: 27-28).

12.4 Un rasgo común a todas las etapas:el desmantelamiento del Estado de Bienestary la centralización del capital

En América del Norte, pero también en Europa, las políticas neolibe-rales de austeridad siguen provocando una devastación social enorme,


aunque asimétrica, expresada en el empeoramiento de la desigualdad del ingreso y el deterioro de la Educación Pública, de los Servicios de Salud y de la Seguridad Social, lo mismo que en la precarización labo-ral a través de reformas laborales “de facto”, con la reducción o elimi-nación de las prestaciones sociales (entre ellas la precarización de las jubilaciones), el retroceso de las contrataciones de tiempo completo a las de tiempo parcial, la generalización del out-sourcing (contratación de abastecedores de insumos fuera de la firma principal) y la subcon-tratación (descomponiendo funciones, para darlas a contratistas ex-ternos a la firma principal), imponiendo nuevas reglas para contratar y despedir trabajadores, lo mismo del sector privado que del público, además de generalizar los bajos salarios y los empleos precarios.

En especial, dentro de la etapa más reciente, puede observarse que, para los empleados públicos, la estrategia antilaboral global busca minar la alta tasa de sindicalización que todavía tienen (hemos dicho antes que está alrededor de 35% del total en eu, mientras que en el sector privado está justo debajo de 8% del total).

Dijimos en el capítulo tres que el Canadian Union of Public Em-ployees (cupe) también es muy fuerte en Canadá, de manera que la estrategia a largo plazo busca reemplazar a los empleados con un uso intensivo de las tecnologías de la información, en educación espe-cialmente, pero en todo el sector de los servicios, lo que se ejecuta re-asignando y recortando presupuestos para facilitar la privatización.

En México vimos que la reforma educativa laboral fue diseña-da para “encoger” el tamaño de la educación pública, aprovechando para expulsar disidentes, castigar rebeldías, como paso previo para controlar y minimizar los contenidos formativos de los alumnos, a tono con los criterios europeos explicitados en el “Acuerdo de Bolo-nia” impulsado por la ocde: educar por competencias, reduciendo las


materias a los “conocimientos básicos”, éstos a su mínima expresión y para que los alumnos se centren en “aprender a hacer”. De pasada, disminuyendo el tamaño y el poder del sindicato, el snte, pero más todavía el de su corriente democrática, la cnte.

Han cambiado las expresiones y la espacialidad geográfica y sec-torial de las crisis, y sin embargo se mantiene firme la receta de abrir, privatizar y desregular, supuestamente como “solución” a la crisis, pese a las múltiples evidencias de que dichas fórmulas operan justo en sentido contrario.

Pero además, macroeconómicamente se ha forzado la sobreex-tensión de las políticas monetarias recurriendo a la “facilidad cuan-titativa ampliada” (un mecanismo especial, usado por los bancos centrales, de comprar instrumentos de deuda del Tesoro para acti-var la economía), la cual, si formalmente las autoridades monetarias de los países desarrollados declararon concluida a finales de 2013 y principios de 2014, lo hicieron al costo de provocar la salida masiva de inversión extranjera de portafolio (iep) desde países emergentes hacia los desarrollados.

No les importó que con ese movimiento, por ejemplo, se colocaba de nuevo a la Argentina al borde de la bancarrota, sacudida por la intención de derribar la legislación sobre reestructuración de deudas soberanas, en aras de atender los reclamos de los llamados “fondos buitres” del capital financiero global.

Aquí debemos destacar otro rasgo estructural clave, aunque, para-dójicamente, parece cuestionar la idea misma de que la globalización está en crisis: y es que, durante las crisis económicas, se multiplican aceleradamente los reacomodos en la centralización del capital, au-mentando a escala megagigante el tamaño de las corporaciones a través de un ordenado proceso de compras, fusiones y absorciones,


proceso que sigue su curso como ley básica del sistema capitalista, creando poderosas estructuras oligopólicas globales.

Por ejemplo, tras la Gran Crisis Global de 2008-2009, de 36 ban-cos que había en Estados Unidos en la década anterior, sólo quedaron diez megabancos: el JP Morgan, el Bank of America, el Wells Fargo, el Citigroup, el Goldman Sachs, el us Bank Corp, el Morgan Stanley, el Bank of New York Mellon, el PNC Financial Services y el Capital One Financial, a los que se les han aplicado detalladas “pruebas de stress” para medir su resiliencia tras la crisis.

Los bancos de la Unión Europea quedaron con 900,000 millones de euros de créditos incobrables en la crisis de 2008-2009. Y el más transnacionalizado, el Deutsche Bank, quedó en grave crisis y ha de-bido cerrar todas sus oficinas en Latinoamérica.

Eso no es todo: también en el ámbito financiero, ha sido noticia importante el anuncio reciente de proyectos de fusión entre las Bolsas de Fránkfurt y Wall Street, lo que de entrada anunciaba problemas para la City de Londres, que es donde se negocia 41% del total del mercado de divisas, lo cual incluye destacadamente al yuan chino y al peso mexicano y que globalmente, para tener una idea precisa, es un comercio de divisas que desde 2013 ha sido expresión de un tre-mendo dinamismo financiero (en el mismo año, se negociaron 5.3 millones de millones de dólares diarios, según el Banco de Pagos In-ternacionales (bpi), lo cual contrasta con el crecimiento aletargado del sector productivo (Rozo, 2016).

Hay también en curso megafusiones en hotelería, lo mismo que en las ramas de alta tecnología, de la química y las telecomunica-ciones. De todas, dos destacan recientemente (entre julio y octubre de 2016): una, porque podría ser base de una gran reestructuración de la agricultura global, a través de la fusión de seis gigantes agrícolas


compartiendo producción de semillas, pesticidas químicos y biotec-nología (hablamos de las fusiones Bayer-Monsanto, Dupont-Dow Chemical, Syngenta-China National Chemical Corp.) que están en vías de transformarse en tres corporaciones separadas, cada una con enorme poder global (Purdy, 2016).

Está también el caso de at&t al adquirir Time Warner (octubre 22, 2016), lo que incluye asumir 24,000 millones de dólares de la se-gunda (Vidal, 2016). En total, una operación por 85,400 millones de dólares. Lo relevante y significativo es que at&t tiene la mayor red móvil de América del Norte, con contenidos para distribuir en todo el continente.

Eso encara muy seriamente a América Móvil y Televisa, dos po-derosas trasnacionales mexicanas, dominantes en el mercado nacio-nal de telecomunicaciones (una en telefonía fija y móvil, la otra en televisión), que reaccionarán agrediendo las conquistas de los traba-jadores en sus empresas.

12.5 El neoliberalismo y su venenosa regla:“demasiado grande para dejarle caer”

Hay que tomar en cuenta que, mientras unas corporaciones se hacen más poderosas, otras instituciones financieras se tambalean, como el caso del Deutsche Bank, al que Estados Unidos reclamaba, por fraude, 14,000 millones de dólares, lo cual provocó que sus acciones sufrie-ran una significativa caída a principios de octubre de 2016 (cayeron debajo de 10 euros por acción, su nivel más bajo desde 1983), tras di-vulgarse la noticia de que se habían salido de ese banco 10 fondos de cobertura de riesgo (Mansfield y Clements, 2016).


Como antecedente al respecto: el fmi en junio de 2016, advirtió que “el Deutsche Bank pareciera ser el contribuyente neto más im-portante al riesgo sistémico del sistema financiero global”. Se deben entonces considerar seriamente los reclamos del Tesoro de Estados Unidos contra el Deutsche Bank, como respuesta política a la resis-tencia europea a firmar la Alianza Trans-Atlántica de Comercio e Inversión o ttip, y a la decisión alemana de exigir a Apple el pago de 13,000 millones de euros de impuestos no pagados.

Tras de esos desacuerdos, que alarman por la confrontación su-bida de tono, pareciera que se incuba, no sólo el riesgo de una gue-rra monetario financiera y económica, sino el riesgo de otra debacle bancaria en los centros de la economía mundial, y aun los peligros de desencadenar una dinámica militar que coloque al escenario europeo como primer espacio de confrontación debido a la previa instalación por Estados Unidos de un “escudo antimisiles” (Beams, 2016).

12.6 Cuatro etapas de la crisis globalanticipan el giro global a la derecha

Desde 2008 y hasta 2017, la crisis había recorrido cuatro etapas, con duración promedio de dos años cada una, y con evidencias de que, de hecho, ya entramos en una quinta etapa. Como se verá, es importante que detallemos las características de esta última: en 2016 y para 2017 enfrentamos una fuerte tendencia recesiva, por el predominio de las políticas de austeridad en todo el mundo, y el debilitamiento del auge petrolero en Estados Unidos.

Pero, políticamente, esta etapa vino acompañada con moviliza-ciones y desplantes electorales de la derecha a nivel mundial, con la pretensión de capitalizar el descontento social para desviarlo contra


gobernantes “incómodamente progresistas”, o con el propósito de mover a los electores a la derecha y reconstruir la base social del neo-liberalismo, acercándolo peligrosamente al fascismo.

Tres casos notables: el impulso mediante referéndum del Brexit (British exit, salida británica de la Unión Europea), el ascenso del Frente Nacional de Marie Le Pen en Francia, y el impulso mediático a la candidatura Republicana de Donald Trump, hasta volverlo pre-sidente de Estados Unidos.

Esta última es una etapa compleja, pues conlleva una nueva olea-da deflacionaria de los precios de las materias primas, pero también tendencias inflacionarias en algunas de las economías desarrolladas (y hasta no tan desarrolladas, sea Venezuela como caso extremo y Mé-xico como caso “leve”), y aun mayor volatilidad cambiaria y tensiones financieras geopolíticas globales, por la dificultad de pagar deudas que alcanzaron niveles excesivos (por eso, otros arriesgan el juicio de que se entró en un “círculo vicioso”), pues la realidad es que cubrir el servicio de las deudas frena el crecimiento global, y eso impide el desapalancamiento financiero (WBG, 2016 e IMF, 2016).

Esta última etapa resultará más peligrosa por la convergencia de tres factores políticos: primero, porque, desde el poder, el autoritaris-mo va en ascenso a nivel mundial, y busca imponer por la fuerza las políticas de austeridad sobre toda la sociedad.

Segundo, porque el neoliberalismo está políticamente “quebrado”, pero dentro de Estados Unidos y la Unión Europea hay fuerzas po-líticas que insisten en reflotarlo con triunfos electorales, atrayendo votantes hacia la ultraderecha; de tal modo que, estructuralmente, nos movemos al asentamiento de una plutocracia autoritaria y mi-litarista.


Tercero, porque, silenciosa y a veces ruidosamente, la pretensión de la reingeniería social, como meta del gran capital global, nos colo-ca en el riesgo de militarizar la vida de sociedades completas, al costo de eventualmente desencadenar el estallido de una Tercera Guerra Mundial, tras el potencial agravamiento de conflictos regionales en áreas estratégicas como Medio Oriente, Europa, el Lejano Oriente y América Latina (Venezuela y México).

De hecho, hay marxistas como Elmar Altvater que sostienen que el siglo xxi ya abrió la era de la guerra mundial robotizada a través de los “drones asesinos” (usados con amplitud y brutalidad por Estados Unidos en Afganistán, Pakistán, Somalia, Irak, Yemen y Siria, y por Israel en Palestina).

Esa tendencia fue precedida por la globalización de la “sociedad de la vigilancia planetaria”, urbana y rural, con drones que vigilan sobre ciudades de todo el mundo (sin duda, hace tiempo están cum-pliendo esa función en muchos espacios de Estados Unidos y Méxi-co), y que, además de ser hoy urbes repletas de cámaras, en ellas se ha generalizado la utilización creciente de registros antropométricos en carnets de identificación y en pasaportes, sistemas de vigilancia sobre celulares y correos electrónicos, etc. (como lo han probado ex-haustivamente las filtraciones de Wikileaks), todo precisamente para identificar y contener, golpeando selectivamente, el descontento so-cial generado por la crisis.

12.7 ¿De regreso a otra recesióninternacional sincronizada en 2018?

El temor de que ocurra, en la economía mundial, otra recesión gene-ral sincronizada se basa en el agravamiento de problemas no resuel-


tos en los países desarrollados, que son ejes de la economía mundial: no hay crecimiento alto y sostenido, pese a inyecciones formidables de liquidez por los bancos centrales.

Persiste y se ahonda la desigualdad extrema, por efecto de las mis-mas políticas de austeridad y el deterioro salarial, pese a reconocer que se viven serios problemas de demanda global, aunque en Estados Unidos hayan mejorado el salario y el empleo, y Trump haya anun-ciado un programa de gasto en infraestructura y rearme para todo su mandato, pues está ya vigente el alza de las tasas de interés, y el anuncio de la Reserva Federal de eu de que eso ocurrirá sistemática aunque paulatinamente en 2017 y 2018, lo que nos pone al comienzo de una probable reversión de la larga tendencia bajista de las tasas de interés.

Las tensiones por el desempleo, el subempleo y la informalidad se acumulan en los mercados laborales globales, presionados además por las reformas neoliberales y las políticas de austeridad. Los orga-nismos y muchos expertos internacionales ven también el riesgo de recaída en la recesión por la desaceleración de las “economías emer-gentes” o brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Sobre todo China, aunque Brasil y Rusia han tenido breve y leve mejoría y sólo la India parece “crecer bien” (cualquier cosa que signifique eso para una economía con centenares de millones de pobres, carencia de infraes-tructura sanitaria y graves problemas ambientales); y lo más notable es que la economía china ha decaído (se esperaba un crecimiento de 6.6% en 2016 y 6.2% en 2017).

No es broma, por desgracia, pero ilustramos los problemas men-cionados con sólo citar el título de una presentación reciente en el Pe-terson Institute for International Economics (piie) de David Stockton:


“La Economía Global: un auto sin conductor y por el carril de baja velocidad” (Stockton, 2016).

12.8 El verdadero peligro global:la burbuja financiera en el sector energético

Queremos insistir en que el verdadero peligro está hoy en que la pro-ducción de hidrocarburos, que hemos dicho que es la columna ver-tebral del modelo civilizatorio, y el centro de los negocios del sistema financiero internacional en el modelo de acumulación financiarizada, es el eje de la crisis, o si se prefiere el epicentro del estallido eventual de una burbuja financiera, que cruza justo por esas tres coordenadas.

Tengamos presente pues, la probabilidad del estallido de una nue-va burbuja financiera por la acumulación de deudas impagables en diversos países petroleros y no petroleros (Estados Unidos, Inglate-rra, México, Grecia, Venezuela, Francia, Alemania, etc.), además de las deudas asimétricas de empresas, bancos y hogares (aunque, en Esta-dos Unidos, las deudas de los hogares, y el desapalancamiento de los bancos, han mejorado mucho desde 2008-2009).

Por eso también, enfatizamos más aquello de lo que se habla muy poco: que fue Estados Unidos, su cúpula financiera y empresarial y política, quien forzó un cambio en el mercado petrolero global, explo-tando sus abundantes reservas de petróleo y gas shale, minimizando las graves consecuencias mundiales y regionales para el medio am-biente global por usar la “fracturación hidráulica”.

Y por supuesto, insistimos en que también ha contado, para esa saturación relativa, la respuesta de Arabia Saudita (igualmente su cú-pula) al desafío competitivo estadounidense, aumentando su produc-


ción aun a costa de fracturar irremediablemente a la OPEP (tendencia revertida parcialmente en 2017).

El auge del petróleo y el gas shale en Estados Unidos fue nota-ble: en 2015 produjo 11.6 millones de barriles diarios, más que los 11.5 que produjo Arabia Saudita. Cuatro factores fueron clave en ese auge: la desregulación de 2005, que hizo a un lado el Acta de Agua Limpia; parte de los recursos del “paquete de estímulo económico” con el que entró Obama al gobierno (2009-2010); el alza de precios internacionales, que, a niveles de 105 dólares por barril, hicieron via-ble la “fracturación hidráulica” y la “perforación horizontal”.

Pero, sobre todo, hubo una gran colocación de títulos fuertemente apalancados (en 2009-2011, 41% del total de la inversión no residen-cial iba a energía. El número de bonos de alto rendimiento aumentó nueve veces entre 2004-2014; los contratos de derivados aumentaron cuatro millones de millones de dólares ―cuatro billones― que, aho-ra, son pérdidas potenciales o ya reconocidas).

Por la sobreproducción existente, y la complicidad del gobierno mexicano con las ambiciones de la oligarquía petrolera estadouni-dense, en México se insiste sólo en que hay “un cambio estructural en el mercado petrolero global”, pero se oculta que Estados Unidos tiene una enorme burbuja financiera a punto de reventar dentro de su sistema bancario, cosa que, como dijimos, podría ocurrir a medi-da que se normalice la política monetaria y la Reserva Federal (Fed) aumente las tasas de interés (Álvarez, 2016b).

Debemos tomar en cuenta que fueron varios de los grandes ban-cos de Estados Unidos (Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo y Bank of America) los que concentraron el grueso de la venta de aquellos bonos y derivados financieros, y finan-ciaron a cientos de Pymes (por cierto, Pymes muy grandes, como co-


rresponde al tamaño de los negocios energéticos y al de la economía estadounidense).

En 2014, los inversionistas compraron 312,000 millones de dó-lares de bonos. Antes de 2008-2009, la compra fue de sólo 146,000 millones de dólares. Pues bien, en 2015, la tasa de incumplimiento de los bonos fue de 2.5%, y ese incumplimiento incluye las 44 empresas que fueron clave en el auge (pues su producción conjunta alcanzó 2.5 millones de barriles diarios en 2015).

La parte esencial de la construcción del auge fueron los préstamos a deudores riesgosos, lo que hizo que el volumen de créditos corpora-tivos fuera 14% más alto que en la Gran Crisis Global de 2008-2009. La parte crucial en una crisis financiera: que debajo de 80 dólares por barril, la producción de petróleo shale no es rentable para todos ellos, y será muy difícil que se sostengan con vida.

Y para enfrentar los precios bajos, dichas empresas disminuyeron sus flujos de efectivo, sus gastos, y requirieron financiar sus deudas en los mercados de capital. Horizonte que, según parece, no cambiará a mediano plazo, como tampoco cambiará rápido el fuerte endeuda-miento de las empresas productoras.

Ya podemos, entonces, arribar a una primera conclusión general: aun con la globalización y la regionalización en crisis, no debemos olvidar que siguen siendo opciones a la mano para el gran capital, por eso Estados Unidos ―su élite financiera, empresarial y políti-ca― buscará segmentar geográficamente la economía mundial.

Y sobre todo, con o sin acuerdos macrorregionales de libre co-mercio, buscará fijar las reglas en el sector de los servicios (sector que ocupa, dentro de Estados Unidos, a 85% del total de la fuerza labo-ral, y se desglosa como sigue: 24% se ocupa en servicios de negocios, 27% en servicios personales, 15% comercio al mayoreo y menudeo,


16% gobierno, y 3% transporte y almacenamiento), pues muchos de los servicios son crecientemente transables y constituyen la cereza del pastel de la economía del siglo xxi. Pero, sobre todo, esa cúpula estadounidense buscará encadenar las nuevas reglas, para evitar que haya “gobiernos alternativos” que reviertan las reformas.

También tenemos una segunda conclusión general: como se prue-ba con el ascenso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Uni-dos, políticamente la “tercera mejor opción” para el gran capital es el rescate del neoliberalismo con el nacionalismo, entremezclado con racismo, homofobia, islamofobia y xenofobia, para plantear acciones estatales nacionales directas y unilaterales. Así es como ese discur-so está queriendo atrapar a las élites financieras y corporativas de todo el mundo, a costa de confrontaciones politicosociales y militares (Morales, 2017).

Como conclusiones específicas válidas para la etapa actual en este escenario global, podemos simplemente dejar anotadas dos: en México, tenemos la convergencia de la crisis económica y la crisis política (que hemos tipificado como doble: la de legitimidad y la de credibilidad en las reformas estructurales, las políticas neoliberales y el régimen político de Enrique Peña Nieto).

Por eso, hoy, las resistencias sociales abarcan: desde la defensa de las empresas energéticas y la soberanía nacional, hasta la defensa de la educación pública, laica y gratuita, el derecho a la salud, la defensa de las pensiones, y hasta las transparencia de las luchas electorales, pasando por las resistencias locales y regionales a los proyectos de megaminería, presas e infraestructura de transporte, y también hasta las luchas dentro de las empresas productivas y de servicios, incluyen-do en la agricultura lo mismo las exigencias de contratos colectivos y salarios dignos (como lo han exigido los trabajadores agrícolas indí-


genas de San Quintín en el Valle de Ensenada), que el combate contra la utilización de los organismos genéticamente modificados (ogms) (que ha reclamado con fundamentos científicos la Unión de Científi-cos Comprometidos con la Sociedad [uccs]).

Como dijimos, para los tres países de la región de América del Norte, y para la economía global, se perfila hacia adelante el riesgo de otra recesión internacional sincronizada, que derive en una más larga depresión de la economía mundial, con políticas de austeridad y continuidad de las políticas neoliberales. La crisis capitalista ha au-mentado exponencialmente los riesgos a escala global, sobre todo con la negación del cambio climático, y la amenaza de la militarización y de la guerra mundial.

Pero no hay nada fatal: como lo prueba la versatilidad política del neoliberalismo, el accionar político y, en particular, la fuerza del Es-tado son cruciales para empujar y para resistir y redirigir la trayecto-ria de la economía.

El camino ha sido largo y será mucho más difícil: comencemos por identificar de dónde venimos y en dónde estamos parados, para identificar también a dónde queremos llegar. Lo único claro es que no llegaremos más que a la debacle civilizatoria, si se imponen el au-toritarismo y la militarización a nivel global. Como a principios del siglo xx, pero con matices claves, ahora, a principios del siglo xxi, la divisa seguirá siendo “Ecosocialismo democrático o barbarie”.

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Capítulo TreceConclusiones

Nuestra primera conclusión es que, pese a que la resis-tencia popular al neoliberalismo ha sido amplia, soste-nida y masiva en México, como no siempre estuvo bien

sustentada en lo político, permitió el aislamiento y se sufrieron grandes derrotas, que dejaron a las fuerzas populares atomizadas, dispersas. Lo más grave, fue el autolimitarse políticamente, estan-do siempre en actitud defensiva para, supuestamente, salvar con-


quistas previas. Por ello el alcance organizativo de la oposición de la gente fue limitado, y los intentos unitarios, incipientes.

En todas esas resistencias ha habido dirigentes, líderes, incluso caudillos, que han sido claves y luego han perdido significación y fuerza. Lo que persiste siempre es el esfuerzo colectivo, masivo, enér-gico y generoso. Esto es lo que necesitamos a corto, mediano y largo plazo: sostener, con claridad política, la organización y la moviliza-ción de masas.

Por esas resistencias democráticas masivas, y porque el neolibe-ralismo no ha resuelto los grandes problemas económicos naciona-les, asentando un estancamiento económico, tras un largo auge de la ideología neoliberal –basado en una jaula construida con las re-formas neoliberales–, ha seguido una fase de crispación política, des-composición social, deterioro regional, nacional y global, que derivó en una crisis de la hegemonía neoliberal.

Esta compleja situación nacional y global, vista en perspectiva histórica, tenderá a resolverse por tres vías principales: una, la mili-tarista, que impone el nacionalismo por la fuerza, entroniza el poder corporativo a través de un auténtico capitalismo monopolista de Es-tado, sustentado en la oligarquía financiera, con una ideología de de-recha que convierte todos los bienes públicos en negocios privados, y que agudiza los impulsos guerreros –subyacentes en el uso extendido de las fuerzas armadas– en una mezcla de capitalismo criminal que deja asentado un narco Estado. Esta salida autoritaria y militarista implica, hoy, la profundización de la crisis civilizatoria.

Dos, la vía de una eventual reforma progresista del capitalismo, fundando un nuevo pacto social con importante contenido labo-ral, de atención a las urgencias de mitigar y adaptar la economía al cambio climático, que atenderá además demandas parciales, dará


un respiro crucial a la clase trabajadora. Esta vía se daría sobre la base de grandes acciones de masas y coaliciones sociales que incluyan hasta empresarios medianos y pequeños, apostando a una transición relativamente pacífica, siguiendo pautas electorales y cambios ins-titucionales evolutivos, como lo intentaron en México tres grandes rebeliones ciudadanas en 1988, 2006 y 2012, situación que muy pro-bablemente se volverá a presentar como cuarta rebelión en 2018.

Tres, una abierta transición del capitalismo neoliberal al ecoso-cialismo democrático, que permanece hasta ahora como vía comple-tamente inédita, pero que sería producto del accionar radicalizado de masas urbanas y rurales, con amplitud y variedad multiclasista, y acciones solidarias de la clase trabajadora global, especialmente la de América del Norte.

Así lo indica la resistencia que incluyó, durante 35 años, a diver-sos sectores económicos, clases sociales, etnias, regiones, grupos so-ciales y actores políticos, que fueron perfilando, entre todos y como aspiración casi común (exceptuando la importantísima insurrección indígena zapatista en 1994), un cambio institucional pacífico, evolu-tivo pero profundo, mediante la participación democrática centrada en defender los derechos de los trabajadores, campesinos, comunida-des indígenas, maestros y estudiantes, en defender los bienes públicos, las capacidades nacionales y la soberanía nacional.

La crisis de los años treinta del siglo xx así se resolvió: países como Alemania, Japón, España, Italia se orientaron fuertemente por el fascismo. En los países escandinavos, eu, Francia y otros lugares de Europa, se dio una reforma progresista con pactos sociales laborales. Y en Rusia, los países del Este de Europa y en Asia, la ruta escogida fue un socialismo históricamente estatista, centralizado, burocratiza-


do y con participación de capas de la burguesía, a la postre con déficit democráticos, en un entorno de guerra mundial.

Hoy, el impulso vital radica en la gravedad de la crisis económi-ca y las urgencias de la crisis civilizatoria que impulsan la búsqueda por retomar el sentido de una acción estatal sistemática y decidida a favor del pueblo, comenzando una nueva etapa de carácter ofensi-vo, mediante los siguientes elementos: aplicar una reforma fiscal que grave el gran capital sobre el principio de que pague más quien más tenga; y empujar el gasto público como palanca para generar empleos y activar el mercado interno; y desarrollar la infraestructura de alto impacto social, atender las carencias en educación, salud y seguridad social, respetando el principio de que debe haber “bienes comunes”, y desplegando la más amplia actividad correctiva, reguladora y restau-radora del medio ambiente, para expropiar los bienes nacionales hoy concesionados irregularmente a los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Segunda conclusión: La inestabilidad financiera recurrente en 1982 y 1987, con su secuela de empobrecimiento popular relativo, llevaron en 1988 a una rebelión electoral ciudadana contra el pri y sus giros neoliberales en ese último año, lo que puso en la agenda de la oligarquía, nacional y extranjera, la relevancia de pactar una tran-sición del sistema de “Partido único” a un esquema de alternancia electoral bipartidista pri-pan.

Dijimos que eso implicaba colocar al Estado mexicano en un en-torno global. La rebelión electoral ciudadana en 1988, más la irrup-ción de la rebelión armada indígena zapatista en Chiapas en 1994, no hicieron sino reforzar para la oligarquía la trascendencia de acelerar a nivel federal, una transición pactada entre las élites, que culminó


con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, como empresario y militante panista.

Así se precipitó, en los hechos, la configuración de una transición real tripartidista (pri-pan-prd), que se forzó fuera del esquema pacta-do, porque la izquierda accedió al gobierno de la Ciudad de México, catapultando su presencia nacional, y propiciando una segunda rebe-lión electoral ciudadana en 2006, con Andrés Manuel López Obrador (amlo), y nuevamente en 2012, con el regreso del pri al poder me-diante otro fraude escandaloso contra amlo.

El accionar de masas ciudadanas, urbanas y rurales, indígenas y mestizas, ha quebrado en diversos episodios de lucha económico social a la cúpula neoliberal, y la credibilidad de su discurso, pero, en otro plano, rompió también el esquema oficial de bipartidismo, y puso en grave crisis de credibilidad el sistema electoral (incluyendo el ife y el Trife), junto con el sistema de partidos (al mostrar al prd como fuerza contemporizadora con el pan).

Tercera conclusión: Si hasta ahora la población mayoritaria bus-ca un cambio electoral, pacífico, que modifique el modelo económico, y que permita acceder a los representantes mayoritarios al poder es-tatal, no resulta tan paradójico que esa misma mayoría de votantes desconfíe de casi todos los partidos políticos y del sistema electoral, porque para ello le son claramente insuficientes su comportamiento en las elecciones y en el gobierno, aunque contradictoriamente ten-gamos un retraso en desarrollar estructuras de vigilancia propias, ciudadanas, para cuidar el proceso electoral, sanear al sistema de elecciones y depurar a los partidos que, contando con financiamien-to oficial, siempre pueden esconder su crisis terminal.

Para salir de la crisis de la deuda de 1983, la estrategia del capi-tal contra los trabajadores, mediante duros programas de austeridad,


consistió en desmantelar las instituciones del llamado “Estado so-cial incompleto”: la educación y la salud públicas, la seguridad social solidaria. Así fue cómo, además, la élite gobernante y financiera lo transformó en un “Estado oligárquico”, pues en él ya sólo cuentan los intereses del gran capital nacional e internacional.

Cuarta conclusión: Utilizar las políticas de austeridad presupues-tal como estrategias disciplinarias, y para asegurar la hegemonía fi-nanciera, propició que se desmantelara el “Estado social incompleto”, al punto de que, mediante la descentralización y el encogimiento de las instituciones públicas con vocación social, metieron a las fuerzas de izquierda en un esquema de conciliación y autolimitación perma-nente, cuando entraron a predominar los proyectos antipopulares.

De modo que, en conjunto, la jaula de hierro neoliberal se cons-truyó con la austeridad presupuestal, la reforma política y los fraudes electorales, y también con la división, la represión y la cooptación de los opositores a las reformas educativa, de salud y de la seguridad so-cial. Las privatizaciones y la desregulación culminaron el entramado de la jaula.

En el sector educativo, las armas de la oligarquía fueron muchas y variadas: la descentralización, la segmentación política de las re-formas por nivel (educación básica, media-superior y superior), los recortes presupuestales, el discurso de la “calidad”, la amenaza de la evaluación estandarizada para homogeneizar y facilitar los despidos, la construcción de una institución autónoma de la Secretaría de Edu-cación Pública (sep) para evaluar al magisterio, el desplazamiento del liderazgo de la burocracia sindical oficialista, la criminalización de las normales rurales, la imposición de una reforma laboral disfraza-da de educativa, y la represión violenta y masiva contra la población


solidaria en Oaxaca (Nochixtlán), con despidos selectivos contra di-rigentes combativos y honestos.

Pronto se vio que la estrategia del proyecto educativo global era meter a toda costa la “educación por competencias”, que implica: concentrarse sólo en enseñar paquetes de “conocimientos básicos”, que se pueden adquirir mediante tecnologías informáticas y “aho-rrarse” todo los demás, que sale sobrando cuando se trata de hacer un sistema educativo “barato” y abierto a la inversión privada.

Quinta conclusión: Al ahorrar eliminando la filosofía, la historia, el civismo y otras materias “innecesarias”, para concentrarse en de-sarrollar entre los alumnos las habilidades genéricas: que sepan leer y escribir, hacer cuentas, resolver problemas y conocer el inglés, los neoliberales han confesado su gran pecado: que la pugna estratégica es por usar el sistema educativo como reproductor de valores em-presariales y de una ética forjada con conceptos religiosos, además de erosionar la identidad nacional por conveniencias trasnacionales.

El magisterio democrático ha resistido heroicamente todas las maniobras, incluso ha desarrollado visiones educativas propias en defensa de la diversidad regional y la importancia de dar vida a las lenguas indígenas. Pero hay que reconocer que esos proyectos se co-nocieron escasamente entre la población, incluso la del propio sector educativo, de modo que el costo político de la resistencia ha sido ex-tremadamente alto, porque poco pudo hacer contra el desprestigio gubernamental montado desde los medios de comunicación.

Sexta conclusión: También para “ahorrar”, los neoliberales mon-taron programas focalizando segmentos de población con criterio por marginalidad (pobres urbanos, rurales, indígenas, mujeres, ma-dres solteras), con la intención de cambiar lentamente los derechos sociales, especialmente el de pensión de los trabajadores formales, pa-


sándolos de orientación solidaria a individualizada, transformando a los usuarios de “derechohabientes” en “consumidores”.

Pero el verdadero propósito estratégico ha sido usar los ahorros de los trabajadores, metidos en los fondos de pensión, para multipli-car los recursos disponibles por parte del gran capital financiero. Sin embargo aquí, como en otros campos, la oligarquía financiera tam-poco pudo imponer 100% sus planes originales.

El desmantelamiento de las instituciones de salud se hizo poco a poco y combinando varias acciones: el recorte presupuestal, la intro-ducción de los seguros privados entre los trabajadores de más altos in-gresos, el aumento de las cargas de trabajo de médicos y enfermeras, la subrogación de algunos servicios al sector privado (marcadamente transformando en jugoso negocio las guarderías y la construcción de nuevos hospitales y clínicas) a través del Plan Nacional de Salud y el Seguro Popular, para otorgar servicios pero a cambio de una “cre-dencialización” que focalizaba a los pobres con propósitos electorales.

Más adelante se juega con la “universalización” de los servicios de salud, aunque acotados a ciertos rubros en el primero y segundo nivel, por la cruda realidad de unas “finanzas públicas en crisis”.

Séptima conclusión: También usaron la lógica de la “focaliza-ción” para los extremadamente ricos, a los que les cocinaron a fue-go lento el negocio energético (desregulando al sector petrolero y el eléctrico, primero con reformas a leyes secundarias y luego mediante reformas constitucionales). Se colocó al presidente de la República como fiel de la balanza en los negocios energéticos, y se quitó capa-cidad de decisión al Poder Legislativo y al Judicial, para fraguar la fundición de las joyas de la corona: la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (cfe).


La acumulación financiarizada en México entró por la puerta grande, cuando los poderosos grupos financieros decidieron la lar-ga marcha para asaltar el régimen de pensiones: primero se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (sar), luego se inventaron las Admi-nistraciones de Ahorro para el Retiro (Afores), después se cambiaron las pensiones del imss, luego las del issste, para concluir con que las pensiones “son insuficientes” y ahora nos digan que eso será peor en pocos años, proponiendo alargar la edad para el retiro, aumentar los aportes individuales y que el gobierno aporte a ese fondo la subcuenta de vivienda de los trabajadores.

Octava conclusión: El neoliberalismo ha sido muy exitoso en res-taurar el poder de la oligarquía, pero no en asegurar la fluidez de la acumulación de capital, lo que ya cuestiona su viabilidad económica, política y social en el largo plazo: vivimos un estancamiento con re-lativa estabilidad financiera. El éxito político más sonado: que a los actores sociales en resistencia, a los opositores de los neoliberales, se los denostó a través de los medios de comunicación, como “privilegia-dos” que trataban de defender intereses parciales. Eso implicó aislar (o intentar hacerlo), del resto de la sociedad, a las fuerzas que resistían las reformas neoliberales.

La intransigencia en la aplicación de tales políticas se colocó siem-pre como “virtud” de gobernantes que estaban dispuestos a “sacrificar el aplauso fácil” en aras de lograr “los cambios que necesita el país”, idea que se ha venido abajo al quedar las promesas de prosperidad general insatisfechas. Y así como hemos vivido un proceso en que se profundiza el uso creciente de la policía y el ejército en contra de la población trabajadora, del campo y la ciudad, también han surgido, por varios rincones del país, las fuerzas de autodefensa comunitaria,


sobre todo en las comunidades indígenas más castigadas por el neo-liberalismo, por el narcotráfico y por la impunidad policíaco militar.

La paradoja: que en la “guerra contra las drogas”, los mecanis-mos de combate al lavado de dinero fueran institucionalmente tri-viales, dejando cifras fabulosas circulando en el negocio de las drogas a través del sistema financiero (los negocios del narco se estiman en 50,000 millones de dólares por año).

Novena conclusión: La descentralización estatal implicó toda una gran reforma institucional, y tuvo un papel estelar para la desre-gulación, entre otras cosas porque llegó como sinónimo de “democra-tización”, pues implicaba transferencia de capacidades de planeación, decisión y autoridad administrativa que interesaban a muchas fuer-zas locales: pero como eran tiempos de austeridad presupuestal, sólo se repartió la miseria.

Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia en tiempos de altos precios del petróleo, los priistas pasaron a controlar la mayoría de los estados, para los que arrancaron generosas transferencias federales, consolidando su poder territorial, para con eso regresar a la primera magistratura más adelante. Pese a ello, la última presidencia priista arrastra una grave crisis de legitimidad y credibilidad.

Para cohesionar a las cúpulas empresariales y la burocracia po-lítica, vimos que recurrieron además a la construcción de consensos, mediante la firma de “Pactos”, otra herramienta política que permi-tió subordinar a los partidos de “oposición”, y construir artificiosos “consensos nacionales” para darle piso social a las reformas estructu-rales de segunda generación.

Y para los que quedaban fuera del espectro de esos “consensos”, el recurso fue recurrir al uso de la fuerza pública, directa o indirecta-mente: por eso golpearon al dirigente del sindicato minero, intenta-


ron destruir totalmente al Sindicato Mexicano de Electricistas (sme), agredieron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-ción (cnte), a los estudiantes normalistas.

Décima conclusión: La apertura, la desregulación y las privati-zaciones no podrían tener éxito mayor sin cambiar la relación ca-pital-trabajo, que está universalizada en la sociedad mexicana y dominada por los grandes monopolios de un lado y del otro, por poco más de 45 millones de trabajadores (el grueso repartidos entre, 28.7 millones trabajando en los servicios y el transporte, siete millones en el sector agrícola, siete millones en la industria).

La reforma laboral, para cambiar la relación capital-trabajo, tra-jo de la mano la precarización de los empleos, la informalidad y un desempleo masivo, lo que, sumado al golpeteo contra los sindicatos, dejó inermes a los trabajadores urbanos, al cambiar de tajo las con-diciones de contratación y despido, basadas en lo numerosísimo, lo masivo de la subcontratación. La salida de la migración corrió con la misma suerte, al militarizarse las fronteras y agravar las legislaciones antiinmigrantes en eu.

Undécima conclusión: La atención “modernizadora” a la rendi-ción de cuentas, y al ejercicio de la democracia electoral, llevaron a crear nuevas instituciones (Instituto Nacional Electoral, ine; Instituto Federal de Acceso a la Información, ifai; Comisión Federal de Com-petencia, cfc), pero no a cambiar las prácticas institucionales de suje-ción y sometimiento a los intereses del presidente en turno, haciendo reformas cosméticas que dejaban intacto el poder presidencial: polí-ticas de descentralización para cambiar las instituciones del “Estado social incompleto”, profundizando por otro lado la centralización económica, financiera y de poder militar a nivel federal y en manos del presidente.


Pero vimos también que no dieron un cheque en blanco al poder presidencial, pues al colocar todos esos y otros más como “organis-mos autónomos”, le acotaron las posibilidades de cambiarlos. En Mé-xico, bajo el neoliberalismo, ha habido una detallada segmentación del poder estatal, dejando a los poderes reales a buen recaudo respec-to de los ciclos electorales: hablamos del Banco Central; el Servicio de Administración Tributaria, SAT; el Instituto Nacional Electoral, ine; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, inee; el ifai, la Comisión Reguladora de Energía, cre; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cndh; el Instituto Federal de Telecomunicacio-nes, ift; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-llo Social, Coneval; el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, inegi, y la Fiscalía de la República.

Duodécima conclusión: La experiencia global del neoliberalis-mo consiguió cambiar la correlación social de fuerzas a favor del ca-pital, rompiendo las bases del Estado de bienestar y manipulando la desocupación para minar el poder de los sindicatos; impuso, como discurso e intereses hegemónicos, los del capital financiero dentro de los diversos bloques estatales y productivos. Y derivó en un proyecto ideológico avasallador por la simpleza de sus tres postulados econó-micos fundamentales: abrir, desregular y privatizar.

Dijimos que en México el neoliberalismo tuvo matrices institucio-nales locales para desarrollarse, cosa que ocurrió en paralelo al as-censo de los intereses financiarizados de la oligarquía, que sentaron las bases para romper el Pacto Social de la Revolución de 1910-17, sin renunciar a los pilares del “corporativismo”.

Décimo tercera conclusión: El ciclo neoliberal global recibió un inesperado impulso tras la caída de la Unión Soviética, que en todos los medios se planteó como la prueba palpable del fracaso estrepito-


so de quienes pretendieron ignorar la “lógica de los mercados”. Esa caída puso en crisis mundial a la izquierda, pues ya no sólo había que explicar el fracaso de la planificación centralizada, sino el vínculo poderoso que tuvo con el burocratismo y la falta de libertades demo-cráticas.

Consolidado el peligroso Estado oligárquico, el neoliberalismo quedó libre de defender a fondo los intereses de unos pocos mega-rricos. Había conseguido despolitizar la economía con la idea de la “racionalidad de los mercados”, y popularizar tres ideas: una, que la intervención estatal era el problema más que la solución; dos, que una política monetaria estable, combinada con recortes fiscales a favor de los grupos de altos ingresos, producirían una economía saludable, al darle los incentivos correctos a la actividad empresarial; tres, que el ciclo económico (las crisis) había pasado a mejor vida.

Décimo cuarta conclusión: La crisis financiera global de 2008-2009 ha sido, para el neoliberalismo, lo que fue la caída de la Unión Soviética para el socialismo real: una debacle económica, política e ideológica. Se derrumbaron los principales mitos neoliberales: la “su-perioridad del libre comercio”, el mito de que “no hay otra opción”, el de que “los mercados se ajustan solos”, que “la intervención esta-tal siempre es negativa”, que hay entidades económicas “demasiado grandes para dejarlas caer” y, por supuesto, el mito de que los ban-queros centrales “habían domado” el ciclo económico (sus crisis) y que “la depresión económica era cosa del pasado”.

Décimo quinta conclusión: Comprobamos que la más grave amenaza para la humanidad está en el calentamiento global. Y que, por eso, el cambio climático ha despejado lo que vivimos como una crisis civilizatoria, que contiene la crisis financiera, la productiva, la crisis ecológica y la cultural.


Esa crisis civilizatoria tiene sus orígenes en los patrones de la eco-nomía de los hidrocarburos, lo que incluye formas de producción, de consumo, de distribución, de crecimiento económico y, por supuesto, nuestras formas de vida. Nuestra crítica de fondo está en que, más que reconocer al cambio climático como “antropogénico”, debemos ubicarlo como “capitalogénico”, asociado al predominio de los intere-ses del capital privado.

Décimo sexta conclusión: De la transición energética, adverti-mos que, en el caso de México, ni siquiera se ha discutido a fondo esa problemática, pues la atención se ha desviado a la privatización contenida en la reforma energética, y a la “necesidad” de acabar con la dependencia fiscal de los ingresos por el petróleo. Nuestra crítica de fondo está en que, a medida que México se integra más con la América del Norte “energívora”, y vivimos con una matriz energética abrumadoramente dominada por los hidrocarburos, la crisis civiliza-toria nos llega más a fondo.

También por eso tenemos delicados problemas de seguridad ener-gética, que no sólo no se atienden, sino que la inercia política los va dejando en manos de Estados Unidos. Y para colmo, la renegociación del tlcan, que se inició en agosto de 2017, ha colocado el sector ener-gético en un apartado fuera de la vista de la opinión pública.

No sólo planteamos la necesidad de diversificar las relaciones energéticas, sino especialmente apostamos por una canasta de ener-gías renovables y alternativas, excluyendo la opción nuclear. Respec-to a la supuesta alternativa del gas shale, fijamos la posición de que es ambientalmente riesgosa, y grave para condiciones generalizadas de falta de agua.

Décimo séptima conclusión: Para el caso de México, advertimos que el problema del cambio climático está cruzado con otros muy


importantes: el ambiental, el del alto nivel de consumo de energía: aun en condiciones de bajo crecimiento económico, prevalece el pro-blema de la eficiencia energética con la que se genera la producción, se realiza la distribución y el tipo de bienes que se consumen.

Por eso concluimos que las vertientes que más vulneran la seguri-dad y la soberanía nacional están en una matriz energética dominada por los hidrocarburos, la apertura al capital privado de las cadenas de valor energéticas, el desmantelamiento progresivo de las empresas públicas, y los macroproyectos mineros y energéticos que ya tienen prioridad de uso del suelo sobre terrenos de comunidades indígenas.

Décimo octava conclusión: Son extraordinariamente importan-tes la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Nor-te (aspan) y la Iniciativa Mérida, porque muestran la convergencia de las tendencias en Estados Unidos de combate contra el terrorismo, con el impulso en México a la “guerra contra las drogas”, proceso que ha ensangrentado al país como en ningún otro lugar del mundo. Con la renegociación del tlcan, Donald Trump no busca sino reforzar y ampliar las sujeciones sobre el gobierno de México, especialmente para explotar nuestro sector energético (especialmente el gas shale) y mantener la militarización del combate contra las drogas.

Décimo novena conclusión: La accidentada ascensión de Trump al poder dejó entrever, en Estados Unidos, una crisis política delica-da, con dos vertientes, una de las cuales puede derivar en una crisis constitucional, y la otra es ya, en sí misma, una crisis de credibilidad en el sistema electoral. Exploramos un poco más la crisis de credibi-lidad, porque los anticuerpos de la derechización se mostraron tam-bién mediante el empuje y fuerza del precandidato demócrata Bernie Sanders, que tuvo cuatro méritos innegables: fijar toda una agenda de cambio antioligárquico y antineoliberal, apoyada por más de 13


millones de votos en 33 estados de la Unión Estadounidense; rompió además dos mitos: que estaba prohibido hablar de socialismo en eu, y que los jóvenes millennials eran totalmente afines a los neoliberales.

En sincronía con las movilizaciones sociales contra Trump, hici-mos un recuento de las tensiones sociales en México, a propósito del “gasolinazo” que puso a México en sintonía objetiva (que no planifi-cada) con las protestas de Estados Unidos. Alertamos también sobre las tendencias a la militarización de la vida pública en México, ten-dencia que empata con el peso creciente de los militares dentro del gabinete de Trump, encargados de la seguridad interna y externa.

En Estados Unidos y en México, los neoliberales quieren enfren-tar la crisis de las finanzas públicas sin subirle los impuestos a los ri-cos, con base en puros recortes presupuestales y privatizando más los sectores de educación, salud y seguridad social.

Vigésima conclusión: La agenda neoliberal en México está cla-rísima y tiene seis ejes articuladores: uno, la acumulación por des-posesión en escala masiva, afectando territorios de comunidades indígenas. Dos, el intento de desmantelar organizaciones, derechos laborales y prestaciones entre los trabajadores al servicio del Estado (educación y salud). Tres, seguir con las agresivas políticas de aus-teridad. Cuatro, una militarización creciente de la vida nacional, mediante la aplicación de legislaciones de excepción. Cinco, la siste-mática utilización de los medios de comunicación como herramienta para desprestigiar personalidades, combatir organizaciones sociales, aislar políticamente las resistencias, alentar entre la población abier-ta actitudes contrarias al cambio social de izquierda. Y seis, que, en la etapa de la descomposición política y social del neoliberalismo, los grandes empresarios prefieren asumir directamente el poder, apoya-dos en los militares.


Vigésimo primera conclusión: Un balance de las implicaciones del tlcan, dentro de la región de América del Norte y en concreto sobre México, muestra lo que ocurre cuando hay procesos de integra-ción asimétrica como éste, que incluyó, durante 23 años, a dos países desarrollados y uno en vías de desarrollo, con gran distancia en tér-minos de riqueza y de capacidades productivas y tecnológicas.

De las múltiples etapas por las que atravesó la integración, desta-camos como fuertemente problemáticas dos cuestiones: una, el inten-to de construir con el pri y el pan un sistema bipartidista a semejanza del estadounidense. Y dos, la inclusión de la seguridad como tema central (primero con la aspan y después con la Iniciativa Mérida, pues Estados Unidos preparó así la utilización de la guerra contra las drogas como estrategia política para militarizar el país, destrozar la vida de miles de jóvenes arrastrados por el narco, y eliminar a mili-tantes de izquierda y luchadores sociales.

Mostramos en el balance del tlcan las luces y sombras: fuerte au-mento del comercio y la inversión, pero con alta concentración de los beneficios en las grandes empresas de los tres países, especialmente en las de Estados Unidos. Crecimiento económico mediocre, débil creación de empleos, ruptura de las cadenas de valor nacionales, au-mento de la depredación ambiental.

Específicamente para el caso de México, registramos depredación laboral, de recursos naturales y medioambiental. Y, para colmo, la complicidad de la cúpula estadounidense ―y beneficiarios― con graves violaciones de Derechos Humanos y escandalosos fraudes electorales, perpetrados para evitar la “llegada del populismo”.

De las tendencias integradoras en curso, registramos dos especial-mente problemáticas: una, la degradación laboral, ambiental, social y política de la vida de las comunidades de la frontera norte. Y dos,


que, por la dinámica migratoria, la clase trabajadora mexicana de los siglos xx y xxi está geográfica y emocionalmente dividida en dos te-rritorios, con un poderoso núcleo en Estados Unidos y otro un poco mayor dentro de México. Es una clase trabajadora binacional, que reclama derechos como trabajadores y como ciudadanos de primera, en los dos países.

Vigésimo segunda conclusión: Las secuelas de la Gran Crisis Global de 2008-2009, enfocando el análisis en los cambios labora-les, el desempleo estructural, la precarización y la polarización en los ingresos como problemas cruciales, confirman, mediante la revisión de dos experiencias clave de reforma laboral (México y Francia), una tendencia globalmente exacerbada por la prolongación de la crisis en el tiempo: la reforma de los mercados laborales bajo el pretexto de recuperar “competitividad nacional”.

Vigésimo tercera conclusión: La reconstrucción de los grandes desafíos que ya tenemos en el presente y seguiremos teniendo en el futuro inmediato ―el cambio climático y la crisis civilizatoria― muestra que el capital globalizado pretende ignorar ambos, y exten-der irracionalmente la economía de la energía fósil, argumentando que “hay enormes riquezas sin explotar”; en realidad, hace así porque trata de resolver, no los problemas de la economía mundial, sino los de su deterioro hegemónico, de la rentabilidad de sus inversiones y de la ampliación de sus mercados, enarbolando el nacionalismo, practi-cando un autoritarismo descarnado, y buscando utilizar a fondo la supremacía militar sin importar si llegamos a una Tercera Guerra Mundial.

Respecto a la parte económico financiera de la Gran Crisis Glo-bal de 2008-2009, no sólo sostuvimos que puso en crisis la globaliza-ción precedente y agravó las desigualdades entre ricos y pobres, sino


que, en estricto sentido, ha quedado como una crisis inconclusa, que ha atravesado por varias etapas, territorios y sectores económicos, dejando sin resolver varios problemas: un endeudamiento y apalan-camiento excesivos, finanzas públicas constreñidas por el peso de los rescates bancarios, los programas de estímulo económico y los recortes fiscales, el deterioro del consumo por la caída del empleo y los salarios reales, el alto nivel de desempleo aun en condiciones de “recuperación”. Y en gran contraste: una altísima concentración de la riqueza en manos de menos de 1% de la población.

Vigésimo cuarta conclusión: Las tendencias dominantes en todo el mundo son: el desmantelamiento de las instituciones del “Estado de bienestar”, la “precarización laboral” (pérdida de prestaciones socia-les), la construcción mediática de un ambiente social profundamente antisindical, una revolución tecnológica que incluye el uso de las tec-nologías de la información y la comunicación para desplazar traba-jadores, la perpetuación de las políticas de austeridad presupuestal, y el poderío reconcentrado de las empresas mediante la centralización de capital (mediante fusiones y absorciones) aprovechando el espacio perdido por competidores.

Insistimos en que la última etapa de la crisis económica (2016-2017) llegó acompañada de una nueva estrategia de la derecha a ni-vel global, que trata de mover a los trabajadores y la clase media en apoyo de una renovación del fascismo. Pero, sobre todo, los gobiernos derechistas han colocado en la mira a todos los luchadores sociales que resisten el neoliberalismo.

Alertamos sobre el verdadero peligro global en estos años: el es-tallido de otra burbuja financiera, esta vez asociada con el sector energético, especialmente el de producción de petróleo y gas shale. Y sostuvimos que, pese a estar en crisis, la globalización, y sobre todo


la regionalización, siguen estando a la orden del día de los grandes países centrales.

Pero para que esos proyectos maduren, requieren una base social nueva, de ahí los esfuerzos por construir, para los proyectos regiona-les, una base neoliberal basada en el nacionalismo, para tener como chivos expiatorios de la crisis a los migrantes, a los diferentes ya sea por religión, cultura, género u orientación sexual; y también el racis-mo, la homofobia, la xenofobia, que regresan a la escena del mundo desarrollado para combatir a la masa de migrantes que fueron des-plazados de las economías en desarrollo precisamente con las políti-cas y las reformas neoliberales.

Vigésimo quinta conclusión: En México y en Estados Unidos, con sus peculiaridades, hoy se despliegan la crisis económica y va-riantes de una crisis política, y se abre el espacio para una confluencia de resistencias sociales en toda América del Norte y en las Américas en general. La brújula de ese cambio está en la construcción de un Socialismo ecologista, un Ecosocialismo democrático que atrape la imaginación de los jóvenes, de los trabajadores, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los diferentes, desplegando la democracia de masas cuyo anhelo bulle por todos los rincones. Tenemos que lograr que la lógica de la lucha nacional, la regional y la global, confluyan creativamente al calor de la construcción de una alternativa a la jaula de hierro del capitalismo neoliberal.

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Cómo el neoliberalismo enjauló a México. El contex-to de los siglos xx y xxi y la altarnativa de un ecoso-

cialismo democrático fue editado por la Facultad de Economía de la unam y se terminó de imprimir el 17 de

agosto de 2018 en LitoRoda S.A. de C.V. Escondida núm. 2, Col. Los Volcanes, Tlalpan, México, C.P. 14640.

Se usaron fuentes Crimson 18/10/9 y Myriad Pro 12/10/9. 312 páginas impresas en offset

en papel cultural de 90 gramos, en tamaño 21 x 14 cm, encuadernación cosido y

pegado en hotmelt. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Juan M.

M. Puig Llano, Eladio Periañez César y Jimena Olguín Blan-

co. Tiraje de 500 ejem-plares

cómo el neoliberalismo enjauló a méxico€¦ · 6.2 el neoliberalismo: reaparición del...

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