colombia: ley anti-monopolios móviles perjudicaría consumidores
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El análisis realizado por Signals Telecom Consulting explica que la imposición de un tope máximo de participación en ingresos para los servicios móviles pondría en peligro la expansión y modernización de la infraestructura de redes móviles en localidades de bajo poder adquisitivo de Colombia. Además, daría paso a un entorno competitivo con poca variedad tarifaria para los usuarios.TRANSCRIPT
P e r j u d i c a r í a C o n s u m i d o r e sLey Anti-Monopolios Móviles
En Signals Telecom Group tenemos entre nuestros objetivos principales informar a nuestros
lectores sobre las últimas tendencias del mercado latinoamericano de telecomunicaciones, y las
implicaciones que se derivan para cada uno de los actores del sector. Gracias a este esfuerzo, nos hemos
posicionado como empresa de referencia para el análisis sobre el desarrollo de esta industria en la región, contribuyendo, por medio de colaboraciones de algunos de los principales expertos regionales, al
debate constructivo de temas tan importantes como planes de conectividad,
iniciativas público-privadas o administración del espectro radioeléctrico.
Dentro del mercado de telecomunicaciones de la región, Signals Telecom Group se posiciona como un ente neutral, por eso en cada uno de nuestros análisis nos esforzamos en dar a conocer el
abanico variopinto de las perspectivas que existen respecto a los principales temas de discusión. En este sentido, intentamos mostrar las posibilidades
reales de adopción de nuevas tecnologías, y el impacto que puede llegar a suponer
para un país la aprobación de una nueva regulación, entre otros temas.
Debido a que nos sentimos responsables de continuar con el trabajo que hemos desempeñado por casi una década, hemos decidido publicar, a través de nuestra
unidad de negocios Signals Telecom Consulting, nuestras reflexiones sobre un tema controversial que actualmente protagoniza gran parte de la discusión
sobre telecomunicaciones en COLOMBIA, y que está siendo observado
con atención por actores de otros mercados de la región: la propuesta de Ley que estudia el Congreso colombiano para imponer un 30% de tope de participación en ingresos para los servicios móviles.
Nuestro objetivo no es identificar qué sector del mercado colombiano tiene razón en esta discusión, pues creemos cada uno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones que operan en el país andino tienen personas capacitadas que, en su momento, expondrán su punto de vista sobre esta regulación con explicaciones y aportaciones válidas para todos los gustos. Por el contrario, lo que
queremos es compartir nuestra perspectiva sobre el impacto que tendrá la aprobación de esta medida sobre el principal protagonista del mercado:
EL CONSUMIDOR.
Ley Anti-M
onopolios Móviles
El proyecto de ley que actualmente está en fase de estudio
por el Congreso colombiano impone un límite de cuota de mercado del 30% en los ingresos por servicios
móviles. Además, el texto de esta propuesta afirma
que dentro de este porcentaje de cuota de mercado se contabilizarían los ingresos directos e indirectos.
Los defensores de esta regulación argumentan que su
aprobación ayudaría a fomentar la competencia y, por lo tanto, beneficiaría a los consumidores. Por nuestra parte,
nos proponemos exponer en estas líneas otros escenarios a los que quedarán expuestos los usuarios colombianos,
para que usted lector pueda forjarse una idea más amplia
sobre las repercusiones que esta normativa
tendría para el consumidor, no sólo en cuanto al servicio de telefonía móvil, sino también para otros servicios vinculados como la extensión de redes y el
transporte de datos.
Hace más de 200 años el político británico Edmund Burke, dijo
una de las frases más famosas de la humanidad: “Los que no conocen la historia están destinados a repetirla.” Aunque
estas palabras fueron dichas en un contexto político totalmente
diferente, parecen proféticas en lo que respecta al análisis
de algunas iniciativas de políticas públicas propuestas por algunos de los gobiernos de América Latina. Aún
teniendo las mejores intenciones para intentar beneficiar a los
consumidores, imponer objetivos a corto plazo, muchas veces
impulsados por discursos nacionalistas, podría resultar peligroso si la combinación de estos elementos se convierte en
el principal ingrediente para promulgar una nueva ley.
Una de los sectores que se ha visto afectado por esta ola de mal informadas buenas intenciones es la industria de
las telecomunicaciones latinoamericana, pero esto no es
un fenómeno nuevo. Hace aproximadamente diez años ya
afirmábamos que:
“es un hecho histórico que a mediados de la década de 1990 un gran
número de mercados de telecomunicaciones en América Latina
evolucionaron de estar completamente centralizados
a manos de monopolios públicos hacia un entorno competitivo liberalizado
y que en muchos casos esto permitía capital privado total o parcial en las
empresas públicas. Los efectos inmediatos de esta ola de “privatización-
liberalización” fueron un fuerte aumento en inversión extranjera,
modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, expansión
de la cobertura de la infraestructura existente, despliegue de nuevas
tecnologías, reducción de tarifas, lanzamiento de nuevos servicios y
ofertas, y un rápido incremento de los niveles de penetración de servicios
de telefonía fija y móvil.
Sin embargo, el colapso de la burbuja de las telecomunicaciones junto
al deterioro de las condiciones financieras en toda la región llevó a la
desaceleración de la inversión y a un inmenso letargo en el crecimiento
económico. Esta situación se agravó con los descubrimientos de corrupción
por parte de funcionarios del Gobierno y de políticos locales - unos bien
intencionados, otros oportunistas - inmediatamente gritaron contra la
privatización, ya que era la caja de Pandora que impulsó la recesión,
la devaluación monetaria y el drástico aumento en el desempleo. Así, el
discurso político más eficaz incluyó un grito contra la globalización, así
como la nostalgia de los tiempos anteriores a la privatización.
Con el tiempo, este resurgimiento del discurso populista ha repercutido en
el sector de las telecomunicaciones de otras maneras, al dejarlo a merced
de:
• funcionarios electos que buscan impulsar la aprobación popular de su
gestión;
• funcionarios electos con la popularidad decreciente que desean mejorar
su imagen frente a sus electores”;
• funcionarios de gobierno con una agenda social que obvia el impacto de
la inversión y los beneficios que esta brinda a la población en general.
Algunos argumentarán que en diez años muchas cosas han cambiado en
la industria de las telecomunicaciones de América Latina y que los retos
son completamente diferentes. En nuestra opinión, esta afirmación
es parcialmente correcta, porque no hay que olvidar que la esencia del populismo todavía se mantiene fuerte en toda la región, y ha
evolucionado para no limitarse a medidas de sustitución de importación o
nacionalización de empresas privadas; una de las nuevas manifestaciones
del populismo se enfoca en difundir la idea de que los consumidores son víctimas de una despiadada explotación de empresas extranjeras que no se preocupan por ellos.
En contrapartida, en Signals Telecom Consulting creemos que es muy
importante diferenciar entre un escenario en el que los entes reguladores
exigen a los operadores de telecomunicaciones incrementar su cobertura y mantener parámetros mínimos de calidad de servicio como requisito de su concesión, y otro en el que se utiliza el beneficio a los consumidores como una excusa para aprobar leyes que deterioran
el entorno competitivo del mercado.
En la actualidad, Colombia cuenta con el mejor ejemplo de una
propuesta de Ley que, en la opinión de algunos, resulta bastante peligrosa para el sano desarrollo del mercado móvil local , pese a que desde algunos partidos políticos se asegura
que beneficiará a los consumidores y que permitirá la creación de un escenario de competencia nivelada entre las empresas operadoras de estos servicios. El proyecto de Ley, que
actualmente está en la fase de estudio por el Congreso colombiano,
impone un límite de cuota de mercado del 30% en los ingresos por
servicios móviles, en el que se contabilizarían ingresos directos e
indirectos.
Para evitar el rechazo popular de esta nueva medida, los impulsores de esta Ley argumentan que su aprobación ayudaría a fomentar la competencia y, por lo tanto, beneficiaría a los consumidores.
Sin embargo, un análisis más cercano de esta normativa revela consecuencias que podrían ser devastadoras para el consumidor colombiano , pues su aprobación sería el catalítico
necesario para la creación de un oligopolio de tres proveedores de
servicios móviles con un 30% de mercado cada uno, cuyo efecto más
inmediato sería la drástica reducción en la inversión de los operadores móviles en las zonas rurales y remotas del país para
la expansión de cobertura, l imitándose la misma a cumplir con los
requisitos impuestos por el Gobierno, que, según el texto analizado
por el Parlamento, se reduciría a la oferta de servicios en todas las
cabeceras municipales.
Es por esta razón que, según nuestra opinión, antes de decantarse a favor o en contra de esta propuesta de Ley, es importante
evaluar un escenario más amplio sobre su impacto. Por ejemplo,
la imposición de un tope de ingresos para el segmento móvil del
30% tendría a corto plazo como principal afectado al operador de
telecomunicaciones Claro Colombia . Este operador es propiedad
de América Móvil y en la actualidad devenga más del 60% de los
ingresos del sector móvil del país. Según lo estipulado en la futura
normativa, Claro tendría un período de dos años para reducir su cuota de mercado en ingresos a 30% o menos, por lo que es
de esperar que, de aprobarse el texto actual, el operador tomará
medidas inmediatas para cumplir con la Ley.
Al tercer trimestre de 2012, Claro Colombia contaba con 29.962.000
millones de líneas móviles en todo el territorio, de las cuales
5.195.000 (17,3%) corresponden a líneas por contrato y las restantes
24.767.000 (82,7%) a l íneas prepago. De acuerdo al análisis realizado
por Signals Telecom Consulting, estos datos reflejan que los ingresos
que Claro Colombia devenga de sus clientes por contrato serían
suficientes para superar el 30% de tope en ingresos del mercado; en
otras palabras, de ser aprobado el proyecto de Ley, es de esperarse que Claro se incline por retener a sus clientes de mayores ingresos (o para utilizar la jerga del mercado de telecomunicaciones:
ARPU) y comience a evolucionar su oferta para posicionarse como un
operador de servicios postpago Premium, en detrimento de su actual
base de clientes prepago.
Debido a que el operador se vería forzado a reducir en más del 50% sus ingresos de telefonía móvil en un plazo máximo de 24 meses, es altamente factible que una de sus primeras medidas sea frenar la venta de nuevas líneas móviles para el segmento prepago, y dejar que el
recambio natural de líneas por medio de CHURN tome su curso. Teniendo en
cuenta que al tercer trimestre de 2012 el CHURN agregado de Claro Colombia
era de 4%, vemos que al cabo del primer año el operador perdería sólo 11.604.280 de líneas (en su gran mayoría prepago) lo que no sería
suficiente para cumplir con los requisitos de la norma. En este sentido, es
de esperar que el operador aplique otras medidas que puedan acelerar la deserción de sus clientes prepago: eliminación de promociones y
de subsidios de terminales, establecimiento de tiempos más cortos para
desactivar líneas sin uso e incremento en el saldo mínimo de recarga.
Asimismo, ante la tácita prohibición de vender nuevas líneas, es posible que
el operador proceda a cerrar un alto número de locales de venta de sus teléfonos (sean directos o indirectos), y a reducir el número de puntos
de recargas que tiene alrededor del país.
Otro impacto indirecto de la nueva medida es que eliminaría los incentivos que pueda tener actualmente Claro Colombia para expandir su red a aquellas zonas en donde actualmente no existe ningún proveedor de telecomunicaciones, pues las mismas seguramente son pobladas por
individuos de bajo poder adquisitivo que, en su gran mayoría, sólo pueden
acceder a planes prepago. Es importante mencionar que actualmente más del 10% de los usuarios móviles de Colombia tienen a Claro como el único proveedor de servicios móviles en su localidad.
Un reformulado Claro Colombia centrado en clientes
Premium sólo tendría incentivo para ofrecer cobertura en
áreas que sean requisito de concesión y, fuera de éstas,
en aquellas que sean visitadas frecuentemente por sus
usuarios; no obstante, debido a que en el nuevo marco
de regulación móvil de Colombia se contempla el roaming
nacional obligatorio, Claro podría continuar ofreciendo
servicio a sus usuarios utilizando la red de otro proveedor
del mercado.
Como parte de su restructuración, Claro Colombia tendría
que analizar en qué zonas le es económicamente más rentable mantener infraestructura, y definir
qué hacer con los equipos que posee en aquellas regiones
donde ya no cuenta con clientes directos, siendo las
principales alternativas venderla o relocalizarla a
puntos donde el operador tiene una gran concentración
de usuarios. Otra de las consecuencias relevante que
impactarían directamente en la oferta de servicios de Claro
Colombia es la disminución de usuarios, lo que implicaría
también una reducción en los niveles de congestión de
su red y minimizaría la necesidad de desplegar infraestructura adicional para poder mantener los
requisitos de calidad exigidos por el Gobierno.
Así, la necesidad de incrementar la inversión en infraestructura sería
menor para un operador como Claro Colombia que pasaría de tener
casi 30.000.000 de líneas a menos de 5.000.000 en menos de 24 meses,
aunque en términos financieros significaría mejores márgenes de
ganancia en el mercado. Además, la reducción en congestión de redes
le permitiría a esta empresa liberar suficiente espectro para –de haber
equipos comercialmente disponibles– hacer un despliegue de LTE en
las bandas que ya opera en el país, pues el marco regulatorio existente
asegura a los operadores la neutralidad tecnológica al momento de
decidir cuál tecnología desplegar para ofrecer servicios.
Es preciso añadir que esta nueva red LTE sería dirigida a atender las
necesidades del nuevo Claro Premium, por lo que quienes se beneficiarían
de la inversión en innovación (mayormente en la parte de contenidos y
en nuevos dispositivos) que haría en los próximos años este operador,
serían aproximadamente el 10% de todos los usuarios colombianos de
servicios móviles.
EL EFECTO DOMINÓLa disminución de clientes de Claro Colombia tendría un impacto
directo en el crecimiento de los otros operadores del mercado como Tigo y Movistar, que, gradualmente, incrementarían su participación
en los ingresos del mercado hasta alcanzar el límite de 30%
establecido por Ley. Una vez se alcanza este techo de participación,
el comportamiento de ambos operadores emularía al de Claro Colombia, pues tanto Tigo como Movistar se enfocarían en atender la
demanda de sus clientes de alto valor o intentar robar clientes de este
perfil a los otros operadores del mercado, y comenzar a cerrar puntos
de venta y disminuir su red de distribución de tarjetas prepago para
eliminar aquellas zonas que han dejado de ser rentables.
Bajo este nuevo esquema, ninguno de estos operadores tendría incentivos suficientes para continuar la expansión de sus redes en zonas rurales del país que no sean parte de sus compromisos de concesión;
por el contrario, el impacto positivo para ambos operadores sería tener
que invertir menores cantidades de dinero en infraestructura, logística
y expansión de redes mientras se adecua la oferta para atender a un
perfil específico de clientes lo que implica ahorros en CAPEX y OPEX,
teniendo como consecuencia mayores márgenes de ganancia.
La reducción en inversión por parte de los tres principales operadores móviles del
país tendría consecuencias sumamente negativas para el resto del ecosistema
de telecomunicaciones de Colombia, principalmente aquel representado por los
proveedores de transporte de datos que verían una fuerte caída en la demanda de sus servicios. Por ejemplo, el énfasis de los operadores en
concentrar sus esfuerzos de despliegue en zonas urbanas o semi-urbanas reduciría
enormemente la necesidad de colocar radio bases en zonas donde los servicios
de backhaul y de transporte sean atendidos por empresas como Promitel o
Internexa, que se verían obligadas a reformular su estrategia de crecimiento para
los próximos años.
Así, otro de los principales problemas de esta propuesta de
Ley es que de su redacción se asumen varios supuestos que son incorrectos; por ejemplo, se infiere del texto
que sus redactores no han contemplado el hecho de que
el 10% de los ingresos del mercado de telefonía móvil no
se traduce en 10% del total de líneas móviles del mercado,
sino un porcentaje mucho mayor que oscila entre el 20% y
el 30% del total de líneas de Colombia (entre 10.000.000 a
15.000.000 de líneas) que corresponden a usuarios de bajo
ARPU. Estos usuarios, en su mayoría, viven en las zonas
rurales donde en muchas ocasiones reciben servicios de
uno o dos de los participantes en el mercado móvil; no
obstante, si los operadores móviles están obligados a un
límite máximo de ingresos, no van a estar interesados
en ofrecer servicios a estos consumidores; es una simple
ecuación de costo / beneficio:
¿por qué invertir cientos de millones de dólares en subscriptores de bajo ARPU si se puede llegar al 30% de cuota de ingresos con sólo prestar servicios en las zonas urbanas?
Este enfoque, basado en el sentido común, tiene un beneficio adicional para los tres
protagonistas del oligopolio creado por el Gobierno: mayores márgenes de ganancia como resultado de su menor inversión.
Es evidente que si los tres principales operadores de redes móviles de Colombia carecen
de incentivo para atender las necesidades de los clientes de bajo ingreso, la misma
recaería en los otros proveedores que cuentan con infraestructura de redes móviles
en el mercado: Avantel y UNE. El problema es que actualmente ninguno de estos operadores cuenta con una red propia que les proporcione presencia nacional en
los 32 departamentos de Colombia, y mucho menos en los 1.123 municipios con los que
cuenta el país.
Este inconveniente podría solucionarse por medio de acuerdos de roaming o por medio
de un mayor número de operadores virtuales (MVNOs por sus siglas en ingles) que
consideren atractivo atender a clientes que de otra forma quedarían fuera del mercado;
en este sentido, los operadores móviles virtuales ya establecidos en el mercado –Uff, Metrotel, UNE (para servicios HSPA+), ETB y Telebucaramanga– incrementarían
sus opciones de atraer clientes, mientras que empresas que han mencionado su interés en
entrar en el mercado local como MVNO –Éxito, Emcali y Virgin Mobile, entre otros–
podrían acelerar sus planes. Asimismo, una nueva licitación de espectro podría ser observada con nuevos ojos por empresas como el Grupo Salinas (accionistas en
TotalPlay Colombia) y DirecTV (que participó sin éxito de la subasta de 2010).
El problema que desde Signals Telecom Consulting observamos en relación a la posición de los operadores móviles virtuales es que si el 30% de participación de
mercado de ingresos incluye –como dice la propuesta– a aquellos generados de forma
indirecta por los operadores, entonces éstos no tendrían incentivos para alojar MVNOs en sus redes, lo que podría perjudicar a aquellas empresas MVNOs que no tienen
una relación accionaria con el operador de redes que las aloja (como es el caso de UNE y
ETB con Tigo o de Metrotel y Telebucaramanga con Movistar). La única alternativa viable
sería que el Estado colombiano surja como inversor para el despliegue de infraestructura
en estas comunidades, ampliando grandemente los planes originales de cobertura e
inversión gubernamental originalmente trazados en la iniciativa Vive Digital.
Para sintetizar, antes de tomar partido a favor o en
contra de la aprobación de esta Ley, es importante que
se consideren todas las posibles consecuencias de su
aplicación, y que van más allá de fomentar la competencia:
• Pondría en peligro la expansión y modernización de la infraestructura de redes móviles en localidades de bajo poder adquisitivo en el país;
• Desaceleraría la difusión de innovaciones tecnológicas por los segmentos de estratos bajos: a menor estrato económico, más tardaría la innovación tecnológica en ser adoptada;
• Impondría barreras de entrada artificiales a aquellas empresas interesadas en ofrecer servicios como operadores móviles virtuales;
• Desaceleraría el crecimiento del mercado de transporte de datos impactando negativamente a los proveedores de estos servicios en el país;
• Eliminaría la presión competitiva para competir en el mercado al asegurársele una fuerte participación de mercado a cada uno de los operadores;
• Daría paso a un entorno competitivo con poca variedad tarifaría o de promociones centradas en precio en un marco donde ya ninguno de los operadores del mercado estaría sujeto a regulación asimétrica.
Es importante resaltar un dato sumamente importante y
que parece ha sido obviado por los redactores del proyecto
de Ley: el monto de ingresos que se percibe de la oferta de un servicio no es algo estático; esto implica
que si hay una reducción en el número de clientes de zonas
rurales, los ingresos que éstos generan simplemente dejan
de ser contabilizados al momento de imponer el máximo
de cuota. Esto abre la peligrosa posibilidad de que muchas
comunidades rurales colombianas sean simplemente
ignoradas por los operadores del mercado, pues un menor
tope significa que el mismo se puede cubrir más fácilmente
con clientes localizados en zonas urbanas.
Basado en lo expuesto anteriormente,
Signals Telecom Consulting considera que el proyecto de Ley que está siendo
analizado por el Congreso de Colombia
puede estar bien intencionado y, a
primera instancia, puede resultar
atractivo para muchos; pero que de
llegar a aprobarse los principales beneficiarios del mismo no serían los consumidores colombianos, sino los operadores que ya controlan
el mercado. Además, creemos que
la aprobación de esta medida para
servicios móviles abriría el camino
para la proposición de proyectos
similares enfocados a otros servicios
del mercado de telecomunicaciones
colombiano, como son la telefonía fija,
la TV de pago y la banda ancha fija.
Pero la opinión más importante es la que pueda forjarse usted mismo. Como sociedad, debemos
analizar el alcance y consecuencia real
de la aplicación de esta medida para el
mercado móvil colombiano, antes de
posicionarnos a favor o en contra de
ella. A partir de ahí, deberemos hacer las
propuestas oportunas para garantizar
que la nueva norma pueda beneficiar
realmente la sana competencia y los
intereses DEL CONSUMIDOR.
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