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Síntesis local 14 de Julio de 2014.

Columnas

OTRO PAÍS *GUERRERO, ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL Diario: El Sur (Tomás Tenorio Galindo) Después de las balaceras que dejaron un saldo de 14 muertos, los habitantes de Chilapa describieron la semana pasada a su ciudad como un escenario de guerra. Pero para el infortunio general, no es sólo Chilapa sino el estado entero el que está convertido en zona de guerra. Al contrario de lo que han declarado funcionarios del gobierno federal, como el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el coordinador nacional antisecuestros, Renato Sales Heredia, las ejecuciones y los secuestros continúan imparables en el estado. El brote de violencia que golpeó a Chilapa, el secuestro y asesinato de una joven de 22 años de edad el sábado en Teloloapan y la violación y homicidio de una niña de diez años en Zihuatanejo, ocurrido hace tres semanas, son unas cuantas muestras recientes del infierno que vive Guerrero. Hasta hoy, todas las estrategias puestas en marcha en el estado para combatir a las bandas del narcotráfico han fracasado y quizás sea momento no sólo de rediseñar esos planes, sino de reajustar la óptica y tomar conciencia de que la violencia en Guerrero es ya un asunto de seguridad nacional. La situación es ahora aquí tan grave como lo era en Chihuahua en su peor momento. Por contradictorio que parezca, ni Tamaulipas ni Michoacán, estados emblemáticos de la violencia que se abate sobre el país y en los cuales el gobierno federal ha desplegado su mayor interés, manifiestan síntomas tan profundos como los que se observan en las ciudades guerrerenses. En las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero figuraba hasta abril con 37 secuestros denunciados en la Procuraduría General de Justicia a partir de enero. En mayo aparece con 49 secuestros, 12 más. Pero en los datos de mayo no aparecen los casos de los 35 secuestrados que fueron liberados el 13 de ese mes por efectivos de la Marina en las cercanías de Tlalchapa. Están borrados de las estadísticas oficiales, pero si esos 35 casos se suman, la estadística arrojaría 84 secuestros en los primeros cinco meses del año. Son muchos secuestros, y no puede encontrarse consuelo ni justificación en el hecho de que Guerrero no sea el estado que más plagios registra. Pero sin matiz alguno, el estado se mantiene a la vanguardia en el país por el número de homicidios dolosos, con 677 entre enero y mayo. Otra vez, estados que parecieran más emproblemados sufren en realidad menos ejecuciones:

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Tamaulipas 315, Michoacán 464, Sinaloa 484, Chihuahua 489, y el estado de México 838 (para asimilar las cifras mexiquenses debe recordarse que este estado es cuatro veces más poblado que Guerrero, por lo que en proporción la incidencia resultante allí es inferior). No es cosa solamente de cifras y estadísticas de la violencia, sino también de fenómenos vinculados a los hechos de violencia. Pues ¿cómo explicar esos datos sino como consecuencia de un patrón criminal que se ha cumplido puntualmente en los últimos años? ¿Cómo explicar este cuadro catastrófico sin llegar a la conclusión de que detrás de todo ello existe negligencia gubernamental, y en el peor de los casos complicidad de algunas autoridades? ¿Cómo? De acuerdo con la versión oficial, en Chilapa se desarrolla una sangrienta disputa entre los grupos delictivos de Los Rojos, Los Ardillos y Guerreros Unidos. Lo que no explica el gobierno es cómo pudieron llegar a esa ciudad tales grupos en medio de las extremas medidas de seguridad que supuestamente se aplican en todo el estado. Alguien debe hacerse cargo de que si los grupos criminales pueden operar, y operar a sus anchas, es porque consiguen protección. Pero el gobierno no ha querido asumir este hecho, y aunque de dientes para fuera declara que investiga a los alcaldes, a funcionarios y hasta a diputados locales, simplemente no actúa contra nadie. El empresario Pioquinto Damián Huato denunció al alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, públicamente y en la averiguación previa abierta por el atentado en su contra, por sus presuntos nexos con las bandas que en la capital transitan como por su casa, y el gobernador mismo se apresuró a exonerarlo. Por otra parte es un dato documentado formalmente por la Procuraduría General de la República que la banda de Los Ardillos es dirigida por familiares nada menos que del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, y nadie da señales de interés o perturbación por semejante información. Tampoco se ha aclarado el señalamiento que aún pesa sobre el diputado local priísta Olaguer Hernández Flores de tener o haber tenido vínculos con delincuentes, y ni siquiera ha sido explicado el mecanismo por el cual pudo salir a salvo del secuestro del que fue víctima hace dos meses, suerte de la que han carecido muchas otras víctimas de plagio. En Chilapa, la violencia de la semana pasada estuvo antecedida de acontecimientos como la desaparición de un regidor del PT, Cleto Mendoza, y la detención del oficial mayor del ayuntamiento, por acusaciones de mantener tratos con una banda delictiva, pero a pesar de que este clima toca al alcalde del PRI, no parece existir indagación oficial al respecto. Se dirá que pedimos milagros, pero es hora de que el gobierno deje de voltear para otro lado, finja normalidad y siga atribuyendo la violencia al choque de los cárteles de las drogas, pues lo que sucede en Guerrero involucra además, y activamente, a autoridades que están encargadas precisamente de combatir a la delincuencia. Las calles desiertas de Chilapa, el temor cotidiano que se vive en Chilpancingo, los secuestros masivos en Tierra Caliente, y sobre todo la impunidad que suele

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asociarse a estos hechos, son síntomas evidentes de desgobierno. Ya no se trata solamente de combatir la violencia, sino de recuperar márgenes razonables de la gobernabilidad perdida en Guerrero. Sin tantos muertos como aquí, en Michoacán resultó que el secretario de Gobierno y un hijo del propio ex gobernador Fausto Vallejo tenían nexos con Servando Gómez La Tuta. Al final ¿sucederá lo mismo aquí? Sólo es una pregunta.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL *OCEANOGRAFÍA: LA IMPOSICIÓN PRESIDENCIAL Diario: El Sur (Raymundo Riva Palacio) Mario Ávila, un administrador de empresas y distribuidor de automóviles en Campeche, tuvo la fortuna de haber sido amigo de la familia Mouriño, cuya figura más pública, Juan Camilo, lo metió al servicio público y a la política. Tras su muerte en un accidente, su padre y su hermano siguieron impulsándolo con el presidente Felipe Calderón, que al respaldarlos entró al escándalo de Oceanografía y a sus contratos millonarios con Pemex, al ser el responsable directo de haber puesto a Ávila a manejar discrecionalmente parte de los tesoros de la paraestatal. Este episodio inicia en 2009, cuando a los pocos días de asumir la dirección de Pemex en septiembre, Juan José Suárez Coppel recibió la visita de Patricia Flores, jefa de Oficina de la Presidencia de Felipe Calderón, que tenía como único propósito trasmitirle la petición del Presidente para que nombrara a Ávila, que recién había perdido la elección de gobernador en Campeche, en la Subdirección de Operaciones Marítimas de Pemex Exploración y Producción. Suárez Coppel, dijeron personas que conocen de esa reunión, le respondió que haría una contrapropuesta. Flores, no muy a gusto, aceptó. Cuando volvió Flores a la Torre de Pemex, Suarez Coppel le propuso nombrarlo en una subdirección menos sustantiva. Por la subdirección pedida por Calderón pasan los contratos más importantes en volumen y dinero de Pemex, y donde siempre se había designado a un ingeniero que conociera a fondo el negocio petrolero, y nunca nadie inexperto como Ávila. Flores, sin estar del todo a gusto, llevó la contrapropuesta a Los Pinos, y regresó con la respuesta: no; tiene que ser Ávila. La Subdirección de Operaciones Marítimas de PEP está considerada dentro de Pemex como la más delicada y sensible. Es totalmente operativa y se encarga de impedir que las tareas diarias de exploración y producción petrolera se detengan. Para que eso suceda, contratos hasta por 100 millones de dólares –aproximadamente mil 300 millones de pesos–, pueden ser firmados por el subdirector e inclusive por un gerente de esa área. Contratos hasta por 200 millones de dólares, van al comité de adquisiciones de PEP. Y cuando son superiores en monto o rebasan la vigencia de un año, los revisa el comité de adquisiciones de Pemex. Es decir, todos aquellos menores a 100 millones de dólares, pasan desapercibidos en la estructura de Pemex en México. Suárez Coppel, que había sido previamente director de Finanzas de Pemex, entendía lo delicado del cargo. Le dijo a Flores que acataría la orden de Calderón, pero la aplazó. De acuerdo con grabaciones de los consejos de administración de Pemex –todas esas reuniones son grabadas–, Suárez Coppel y el ex director de

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PEP, Carlos Morales Gil, se oponían al nombramiento, al igual que el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Flores, en forma irregular, fue al consejo de Pemex a defender la imposición del ex Presidente. El entonces director de Pemex se resistía. “Le fue dando largas al nombramiento hasta que en un acuerdo, el Presidente le preguntó porqué no lo había nombrado”, reveló un ex funcionario. “Calderón le dijo que era lo único que le había pedido la familia Mouriño después de la muerte de Juan Camilo, y se los iba a cumplir”. “Nómbralo ya, le exigió Calderón a Suárez Coppel”, dijeron los ex funcionarios, con lo que finalmente el director de Pemex lo nombró en febrero de 2010. En ese periodo, los proveedores de Pemex mejor preparados para dar servicios de plataforma, transporte y mantenimiento, resultaron altamente beneficiados con contratos. Oceanografía fue la más favorecida por Ávila, cuyos protectores, la familia Mouriño, era propietaria de Transportes Especializados Ivancar (acrónimo de Iván, como llamaban a Juan Camilo y Carlos, el nombre de su padre y hermano), que tenía pipas y gasolineras. Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, aseguró en una conversación con esta columna, que nunca hubo ningún acto ilegal en la relación con Ávila, y que la única razón por la que ganaba el mayor número de licitaciones era que su empresa estaba mejor preparada, con barcos y mejor tecnología, para hacer frente a las demandas de Pemex. Personas que han hablado con Morales Gil, que fue su jefe en PEP, señalan su convicción de que Ávila no hizo cosas indebidas. Ávila, sin embargo, sigue en el centro de las sospechas de corrupción. El primer acto de autoridad de Emilio Lozoya al asumir la dirección de Pemex el 1 de diciembre de 2012, fue despedir a Ávila y a toda su estructura operativa, al tiempo de reactivar una serie de auditorías sobre su gestión, que habían sido congeladas durante el gobierno de Calderón. La investigación sobre el protegido de los Mouriño fue congelada por el actual gobierno ante la amenaza del PAN de que no aprobarían ninguna de las reformas de Peña Nieto si continuaban en esa línea. La PGR dejó de investigar y detuvo a sus agentes ministeriales para que realizaran averiguaciones en Ciudad del Carmen. Evitó colocar en medio de la investigación a la familia Mouriño y salvar al ex presidente Calderón, de dar explicaciones sobre porqué impuso a una persona sin preparación para el cargo por razones personales, en un puesto de tanta responsabilidad y tanto dinero involucrado. Las peticiones a Calderón para que respondiera estas preguntas, por cierto, no fueron respondidas. [email protected] twitter: @rivapa

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PLAN B ¿CIA O TRAFICANTE DE ARMAS? Diario: El Sur (Lydia Cacho) Andrew Tahmooresi es un sargento de la marina norteamericana de 25 años que estuvo en la invasión de Afganistán. Después se mudó a San Diego, California, desde donde comenzó a viajar a Tijuana, ciudad en que se involucró con una mexicana. A fines de marzo Andrew cruzó la frontera en su camioneta, reservó y pagó??en efectivo una habitación en el hotel Nelson. Se fue a California para volver a Tijuana horas más tarde; pero esta vez las autoridades de la aduana El Chaparral descubrieron que intentaba entrar con armas de uso exclusivo del Ejército mexicano, las traía a la mano, cargadas y con municiones extras. Miembros del Ejército supervisaron las armas y la detención. En ese momento llegó también Inés García editora del renombrado periódico ZETA; la reportera documentó los hechos. Las cámaras de la frontera tenían grabadas las múltiples entradas del soldado americano, lo mismo que el momento en que se detectaron las armas; él hizo una llamada de emergencia al 911 norteamericano diciendo que “por error se había metido a México” y lo habían detenido. Por desgracia para Tahmooresi la reportera de ZETA siguió las pistas y publicó un reportaje sobre las constantes visitas del sargento a Tijuana; habló con testigos que lo han visto en esa ciudad con su pareja mexicana y demostró que había estado en el Nelson y pagado la habitación horas antes de ser detenido. Desde su arresto el sargento ha sido tratado como una víctima, no como un traficante de armas descubierto en flagrancia. El secretario de Estado John Kerry y la senadora Hillary Clinton operan para que sea liberado; han conseguido cantidad de privilegios para el joven y su familia. Si éste hubiera sido un soldado mexicano llamado Andrés, moreno, con armas de alto calibre cruzando a Estados Unidos, Clinton y Kerry habrían celebrado que se cumpliera la ley contra los traficantes. El 9 de julio la colega Inés García estuvo con otros reporteros en el juzgado, allí fue amenazada, hostigada y golpeada por Len Newcomb, detective privado californiano que trabaja para la defensa con Phil Dun. El abogado de Andrew Tahmooresi es Fernando Benítez, el mismo que defendió a Jorge Hank Rohn por acopio de armas y a quien la propia DEA señaló por corrupto. Benítez opera como un perito en la integración de la averiguación previa, manipula el expediente y tiene vínculos con mafias de Tijuana. Dos cosas llaman la atención: la primera es que de acuerdo con el Plan Mérida tanto Hillary Clinton como John Kerry han sido promotores de que se fortalezca el Estado de derecho en México, sin embargo apoyan la liberación del soldado con presión diplomática. Esto se da en un contexto en que los amigos del detenido han dicho en Tijuana que Tahmooresi trabaja para la CIA y será rescatado de la cárcel (lo cual parece una bravuconada). La segunda es que Newcomb el hombre que amenazó, golpeó y hostigó a la colega periodista frente a testigos, iba acompañado de un escolta armado que trabaja para la familia del soldado preso.

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Inés García documentó cómo se respetaron los derechos humanos del detenido, incluso se le dejó su teléfono celular; atestiguó cómo la madre de Andrew ha pasado largos ratos a solas con su hijo, privilegio imposible para acusados de delitos graves como tráfico de armas. Fue Inés quien evidenció las múltiples entradas del soldado a Tijuana y la reserva del hotel, y esto sucede mientras las redes de corrupción del abogado de Hank Rohn operan activamente en esa ciudad. Todo esto pone en gran riesgo la vida de Inés; de allí que organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión manifiestan su solidaridad con la periodista. Este caso evidencia de nuevo la doble moral norteamericana y las agresiones a la prensa por revelar la verdad. Me pregunto quién asesora a la señora Clinton que tanto se indigna frente la impunidad mexicana y la violencia contra la prensa. @lydiacachosi

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PÁGINAS DE ATOYAC *EL SECUESTRO DE FIGUEROA (SEXTA PARTE) Diario: El Sur (Víctor Cardona Galindo) En el segundo comunicado fechado el 10 de junio de 1974 el Partido de los Pobres confirma que tiene en su poder al “senador burgués, millonario y explotador Rubén Figueroa Figueroa y que lo dejaremos en libertad cuando la burguesía y el gobierno federal cumpla las peticiones revolucionarias que les haremos, después del retiro de tropas y policías, tal como lo indicamos en el primer comunicado. Hasta el momento, las tropas y policías no se han retirado, por el contrario nos están persiguiendo arriesgando así la vida del que dicen querer salga vivo; de tal situación y de lo que venga, responsabilizamos a Hermenegildo (Pinochet) Cuenca Díaz”. “A la burguesía y a sus funcionarios que afirman que hemos tendido una trampa a Rubén Figueroa, les decimos: es cierto. Y recuerden señores burgueses carrancistas que ustedes tendieron otra peor contra Emiliano Zapata; ustedes señores de la trampa y del crimen, llamaron a Zapata a Chinameca para unírsele en su causa redentora y lo recibieron a balazos; allí murió la esperanza del pueblo y por eso hoy haremos la revolución socialista”. “Ustedes señores criminales del pueblo, con López Mateos prometieron a los campesinos que seguían a Rubén Jaramillo, para que éste se pacificara dejando las armas; él se creyó; se pacificó y al poco tiempo lo asesinaron soldados bestias cobardes con ráfaga de ametralladora. Ustedes señores delincuentes del gobierno, el año pasado fueron a los poblados de El Quemado y de El Camarón, dijeron que Echeverría los mandaba a entregar dinero del banco a los campesinos y éstos se reunieron en la escuela de cada lugar; pero era una verdadera trampa del gobierno contra el pueblo, porque enseguida el ejército criminal bestializado rodeó las escuelas, comenzó las golpizas y torturas contra los hombres y mujeres, conduciéndolos presos hasta Acapulco donde personalmente los golpeó el comandante de la zona militar: en estas torturas murió don Ignacio Sánchez con otro campesino, mientras el anciano Maximiliano de la Cruz está convaleciente. Estos hechos son traiciones del PRI y del gobierno contra el pueblo mexicano. ¿Por qué se espantan ahora con la trampa que les hicimos a ustedes los tramposos? Nosotros somos los justos; ustedes son los verdugos asesinos; nosotros no torturamos ni traicionamos al pueblo”, decía el comunicado. Desde los primeros días de junio la presencia y el número de militares se intensificó, patrullaba todos los pueblos y recorría los cerros más altos. Por todos los caminos había emboscadas esperando a los guerrilleros y las detenciones arbitrarias de campesinos inocentes se multiplicaron. Por ejemplo Domitilo Barrientos Peralta salió de su casa en El Rincón de las Parotas el 10 de junio de 1974. Su hijo de 5 años, cuando oía un ruido de carro subía rápidamente a un árbol de guayabas para ver las camionetas que pasaban hacia la sierra. Esperaba que en una de ellas viniera su padre. Nunca llegó, sigue desaparecido, por eso el niño después de llorar varios días murió de tristeza.

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El 15 junio se reunió la brigada en una asamblea general y esa fecha también bajó una comisión encabezada por Gorgonio, para llevar las negociaciones con la familia del senador secuestrado, ya para esta fecha sobrevolaban la sierra dos luminosos aviones de guerra. La gente recuerda que eran muy veloces, pasaban rumbo al Río Chiquito y regresaban hacia el puerto de Acapulco. El gobierno intentaba cortarles el paso a los rebeldes, porque el 16 la guerrilla se movió hacia el Río Chiquito. Rubén Figueroa le contó a Luis Suárez que “Estaban a unos cuatrocientos metros de un poblado, del que se oían ladrar los perros y el canto de los gallos. Le dijeron a Figueroa que se trataba del barrio Río Chiquito. Toda la fuerza guerrillera eran unos cien hombres, divididos en dos columnas. Setenta y tres formaban la Brigada de Apoyo, de la que sólo veían diariamente a algunos de sus miembros, para intercambiar alimentos e instrucciones. Allí estuvieron unos cuatro o cinco días”. Como he venido diciendo, al cerrarse el cerco militar se les termina la alimentación y ante el hostigamiento aéreo del que estaban siendo objeto, se consideró que el grupo era muy grande. Por eso del primer campamento en el Río Chiquito salieron 35 guerrilleros de los 103 que para ese entonces integraban la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. El 18 de junio en una asamblea de toda la Brigada, se les informó que se les concedía permiso “a todo aquel que quisiera asumir sus propios riesgos, ya que todas las salidas de los municipios de Tecpan, San Jerónimo, y Atoyac estaban sitiadas, pues se decía que en estos municipios habían sido concentrados más de 20 mil efectivos del Ejército y la policía política, así como las demás corporaciones policiacas, así que con toda esa información pidieron permiso 35 compañeros de los cuales la mayoría salió bien de la sierra”, rememora un guerrillero en el libro Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres. Una experiencia guerrillera en México. Las corporaciones policiacas actuaban sobre los pueblos, ese 18 de junio de 1974 la Policía Judicial del Estado detuvo en la comunidad de Los Valles al campesino Maurilio Castro Castillo. La judicial lo entregó al Ejército que lo llevó al Campo Militar Número Uno, donde fue visto por Lucio Castillo Gervasio quien también fue apresado dos días después. Lucio Castillo fue liberado mientras Mauricio Castro está desaparecido. Desde la sierra por medio de cartas Rubén Figueroa intentó influir sobre la convención del PRI. En una misiva dirigida al profesor Victórico López y otra al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero Rosalío Wences Reza, el 19 de junio, les pide que medien ante el priísmo para que se pronuncie por la libertad de los presos políticos. En una parte de ese texto se lee lo siguiente: “Considero que las negociaciones emprendidas por el Partido de los Pobres para obtener la liberación de presos políticos, puede encontrar rápida solución si en la Convención del PRI próxima a celebrarse en la ciudad de Chilpancingo, el domingo 23 de mes en curso… aprueba aceptar o acelerar esa negociación”. Ese mismo día 19 de junio envía otra misiva al presidente de la República Luis Echeverría Álvarez en la que dice: “consideró imperativamente necesario solicitar a Ud. muy respetuosamente, ordenar a donde corresponda, en su carácter de

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Jefe Nato del Ejército Nacional, suspender toda persecución en contra del grupo armado del citado Partido de los Pobres, a fin de poder salir de las recónditas selvas donde nos encontramos, a zonas cercanas a los centros de comunicación que nos permitiría dos objetivos fundamentales: preservar nuestra precaria salud, a punto de zozobrar y agilizar las gestiones del arreglo ya que los correos podrían tener una movilidad que al propio tiempo es deseable”. La Brigada Campesina de Ajusticiamiento ese mismo día 19 envió el tercer comunicado donde da a conocer sus demandas económicas para la liberar al senador Figueroa. Por su lado, el Ejército estrecha más el cerco y detuvo a los guerrilleros que en el medio urbano estaban encargados de negociar con la familia. Ese tercer comunicado se discutió en el primer campamento cerca de El Río Chiquito. Al debatir el contenido la dirección de la Brigada no logró el consenso, entonces se llevó al pleno de todos los brigadistas, donde ganaron las propuestas de Lucio Cabañas, como pedir la libertad de todos los presos comunes en el estado. Porque Lucio argumentaba que en la cárcel únicamente estaban los pobres. “Ese comunicado se discutió como cinco veces y lo aprobó la Brigada porque la dirección no se puso de acuerdo. Ese es el comunicado donde se pide la libertad de todos los presos comunes”, dice Pedro Martínez. Otro guerrillero recuerda que fue en ese primer campamento cerca de El Río Chiquito donde se hizo el tercer comunicado. Aquí comenzaron a “lloverle críticas a Lucio por parte de los disidentes encabezados por los miembros de la dirección. La discusión era principalmente sobre dos puntos: donde se exigía la libertad de todos los presos comunes y la exigencia de la solución a los problemas de las obreras de Medalla de Oro… Lucio argumentaba que los asesinos no se encontraban en las cárceles, que estos generalmente eran mandados a las Islas Marías y que, en la cárceles, la mayoría de la gente estaba ahí era por haber robado algo, que esa gente cuando era detenida no se la preguntaba cuántos días llevaba sin comer, que cuánta familia tiene que mantener”. Lucio sabía sensibilizar a la militancia tanto que al final quedaron íntegras sus propuestas y el comunicado se escribió. Una vez que estuvo listo salió una comisión para darlo a conocer y después de eso la guerrilla cambió su campamento, al norte de El Río Chiquito. Ese tercer comunicado está fechado el 19 de junio de 1974, pero salió a la luz pública el 25 a través de la prensa, radio y la televisión. A cambio de la libertad de Figueroa Figueroa el Partido de los Pobres pide al gobierno federal: 50 millones de pesos, 100 fusiles M-1, con dos cargadores de 30 tiros cada uno; 50 pistolas calibre 9 milímetros; la liberación de los presos políticos; que los beneficios del Instituto Mexicano del Café pasen a manos de los campesinos; el cese del comandante de la policía de Acapulco Wilfrido Castro y que ese jefe policiaco liberara a los presos que tenía en su poder, pues para ese tiempo muchos campesinos inocentes habían caído en manos de la policía judicial y se sabía que estaban en cárceles clandestinas.

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De este comunicado llamó mucho la atención que el grupo guerrillero pidiera al gobierno del estado “que se abran todas las cárceles del Estado de Guerrero después que el gobierno federal libere a los presos políticos; así quedarán en libertad todos los presos comunes”, por eso muchos llegaron a dudar de su autenticidad. Recordaba Figueroa que una madrugada, la comisión de custodia y los detenidos partieron, siguiendo la margen del río Tecpan y que encontraron gente que al parecer era de Sinaloa y que unos amapoleros les prestaron unas bestias a los guerrilleros para trasladarse. “Desde el 30 de mayo hasta el 25 de julio estuvimos en cuatro campamentos, recorrimos la selva guiados por los hombres de la amapola y la mariguana, que dominaban esas grandes áreas”. El 28 de junio El Heraldo informaba: “Más de 18 mil soldados cercaron la zona de las sierra en que se supone se encuentra Lucio Cabañas, y a través de todos los medios avanzan hasta lo más recóndito en su intento por rescatar al Senador Rubén Figueroa y sus acompañantes (…) Todas las vías de acceso hacia la zona cercada se encuentran bajo el control militar. Nadie puede salir ni entrar sin ser registrado y plenamente identificado. Las barreras impuestas han arrojado un sinnúmero de detenidos, así como el decomiso de miles de armas. Muchas de alto poder como metralletas y rifles M-1”. “Las tropas iniciaron su avance hacia la sierra desde las ciudades de Chilpancingo, Iguala, Arcelia, así como de los poblados de Tierra Caliente, Tecpan, Atoyac, Petatlán, La Unión y el puerto de Acapulco. Las acciones se encuentran reforzadas por personal de la Policía Judicial del Estado y del Servicio de Inteligencia Militar, quienes se han apostado en las laderas de la sierra”, escribía ese 28 de junio Arturo González enviado especial de El Heraldo. La voz de un guerrillero participante en esa acción dice: “En los últimos días de junio salimos de ese campamento y nos fuimos mucho más arriba, hicimos campamento, permanecimos varios días ahí (…) comenzamos a sentir la dureza de la represión, poco a poco los campesinos llevaban menos alimentos, la ración se fue aminorando: té en la mañana, una o dos tortillas a medio día y té en la noche. Llegan al poblado del Río Chiquito 3 mil soldados, abastecidos por tres helicópteros, dos grandes y uno chico, que diariamente aterrizaban hasta 3 o 4 veces. Empiezan a registrar los montes aledaños al pueblo, agarran de guías a los compañeros campesinos, quienes los conducían a montes contrapuestos a donde nos encontrábamos”. “La zona era muy espesa de monte, se nombró una comisión que diariamente se encargaba de vigilar con los lentes los movimientos de los guachos desde un punto donde se dominaba todo el barrio; cualquier movimiento era sabido inmediatamente en el campamento. Ahí nos vimos obligados a recurrir a las raíces de los árboles como alimento, descubrimos que una palma peluda era comestible, así cruda, pero unos compañeros la hirvieron y sabía mejor”. La palma de la vida como le llamaron los guerrilleros los estuvo sustentando por un buen tiempo, hasta Rubén Figueroa se vio obligado a comérsela. No había de otra.

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LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS ¡ASÚSTAME, PANTEÓN! Diario: El Sur (Humberto Musacchio) El 13 de junio, un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, hicieron una fiesta nocturna. El asunto no tendría nada de particular de no ser porque la pachanga fue dentro del panteón de Dolores, más precisamente, en la Rotonda de las Personas Ilustres. El citado cementerio está en la delegación Miguel Hidalgo que malgobierna Víctor Hugo Romo, quien suele autorizar reventones diversos en esa área que todos los mexicanos deberíamos respetar. El delegado en dos ocasiones dio su permiso para que se empleara la Rotonda como escenario teatral, otras veces ha dado su firma para que ahí se graben telenovelas del duopolio y anuncios de marcas comerciales. Suman 54 los permisos otorgados por la delegación para actividades fotográficas profesionales y rodaje de películas, aunque en este caso corresponde a la Comisión de Filmaciones del DF extender la autorización. Pese a la abundancia de antecedentes, hasta ahora no habían intervenido ni las autoridades de la capital ni la Secretaría de Gobernación, responsable de la multicitada Rotonda y del culto cívico a los mexicanos notables. Un caso de necrofilia familiar Esta vez las cosas fueron demasiado lejos. Para celebrar el jolgorio, dentro del panteón se colocó una enorme carpa bajo la cual se acomodaron sofás y otros muebles para el centenar de invitados, quienes aparecen en las fotos con sus tragos en la mano, felices por la música que interpreta un mariachi contratado para la ocasión. Circulan en internet tomas de la selecta concurrencia tomando la copa, bailando y sonriendo sobre las lápidas, pues debieron situarse un poco más arriba de donde se celebró un rally de motocicletas, las que corrieron entre las tumbas de los próceres. La razón es que una tal Claudia Cervantes, a quien se tilda de actriz, decidió celebrar su cumpleaños en compañía de difuntos tan célebres como Ignacio M. Altamirano, Gabino Barreda, Manuel M. Ponce, Amado Nervo, Julián Carrillo, Diego Rivera, Da-vid Alfaro Siqueiros, Rosario Caste-llanos, Juan Álvarez, Ponciano Arriaga, Carlos Chávez, Salvador Díaz Mirón, Ricardo Flores Magón y un centenar más. Para más señas, en estos días se publicó que la señito de la fiesta es sobrina de Felipe Calderón Hinojosa, el más grande productor de muertos del México moderno. Necrofilia familiar, pues. Murió Fernando Gou El sábado falleció Fernando Gou, un apasionado del cine. Su familia fue dueña del cine Río y él mismo promovió la creación del programa Tiempo de cine que pasaba por Canal Once. Durante años acudió a la tertulia de las tardes en el Perro Andaluz y los sábados a mediodía se le veía en Libros Escogidos, la librería de Polo Duarte, a la que llegaban Emilio García Riera, Pepe de la Colina, Francisco Sánchez y varios escritores y cineastas. Más tarde acudió a los desayunos sabatinos de La Veiga y después en la cafetería de la Cineteca Nacional. Gran amigo de Felipe Cazals y de otros realizadores con los que colaboró, Gou también fue director de Divulgación del Centro Nacional de

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Productividad, donde éramos sus colaboradores Ludwik Mar-gules, Gerardo de la Torre, Alejandro González Durán, Elsié Méndez y el autor de esta columna. Fue un gran compañero. Lo recordaremos. Más de Maruán Soto Antaki Se entrevistó Maruán Soto Antaki con el procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, quien le informó al escritor que la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan ya dejó citatorios en la empresa Bell Autopartes, dueña al menos de uno de los vehículos de los que bajaron feroces guaruras a golpearlo. El funcionario dijo que si los agresores no atienden el primer citatorio se les enviará un segundo y si tampoco hacen caso se enviará por ellos, pues con suerte y hasta los encuentran. Como el asunto va para largo, Maruán ha decidido continuar con sus actividades, y mañana martes, a las 19:30 horas, ofrecerá una conferencia con el tema Narrativa Cinematográfica en la Literatura. La cita es en el Foro del Tejedor de la librería El Péndulo de Álvaro Obregón 86, colonia Roma, de México, DF. Premio de novela de 26 mil euros El ayuntamiento de Palma de Mallorca convoca a concursar por los premios Ciutat de Palma de Novela y Poesía. El Premio Llorenc Villalonga de novela (de 150 a 300 cuartillas) está dotado con 26 mil euros (unos 200 mil pesos mexicanos) y el Joan Alcover de Poesía (de 300 a 800 versos) tiene un premio de 12 mil euros (cerca de cien mil pesitos). El certamen está abierto a cualquier persona que presente a concurso obras en castellano o catalán, originales, inéditas y de tema libre que no hayan recibido otro premio. Deberán enviarse en sobre cerrado por triplicado, encuadernadas o engrapadas, a doble espacio y por una cara en 12 puntos del tipo Times New Roman, acompañadas de un ejemplar en PDF, al Ayuntamiento de Palma, Negociado de Cultura, Calle de Almudaima 7 A, 07001 Palma de Mallorca, España. En el sobre se indicará en qué premio se pretende concursar y el nombre de la obra, así como nombre y apellidos del concursante, número fiscal de España –si lo tienen, suponemos–, dirección y teléfono. Si se quiere guardar el anonimato deberá anexarse un sobre con los datos del autor y en la parte exterior el título de la obra y el lema o seudónimo del concursante. El plazo de admisión se cierra el 29 de agosto próximo. Los premios se entregarán durante las fiestas de San Sebastián de 2015 y los premiados se comprometen a presentarse en el acto de entrega de los premios. Los gastos correrán por cuenta de los ganadores, quienes deberán presentar certificado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales en España o, en su caso, en su país de origen. Mayores informes en [email protected] Antiintelectualismo en Nayarit El pasado jueves, en Tepic, cuando iba a inaugurar un Centro de Educación Artística, un grupo de intelectuales nayaritas intentó entregar a Rafael Tovar y de Teresa una denuncia por malos manejos de fondos federales a cargo del gobierno local, especialmente de Catalina Ruiz Ruiz, la inepta presidenta del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. El gobernador Roberto Sandoval Castañeda, indignado, canceló el acto con el presidente del Conaculta y echó a sus guaruras contra los intelectuales, contra los que ha hecho repetidas declaraciones.

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UNA GUERRA SIN FIN Diario: El Sur (jesús Mendoza Zaragoza) *Es previsible que estemos ante una guerra sin fin,ante un juego o una farsa. En fin, ante una simulacaión que la clase política ha montado para mantener el control del país aunque siga creciendo la lista de muertos y desaparecidos. Han puesto al Ejército mexicano en las calles; también a la Marina Armada y a la Policía Federal. También a las policías estatales y hasta las municipales Han metido toda la carne al asador. Ya van para ocho años en las calles y en los caminos del país. Y… nada. Ha sido un montaje y un espectáculo para el consumo público. ¿Qué han logrado, qué podían lograr? Los resultados los tenemos a la vista. Una guerra que no tiene fin y que nos está malacostumbrando a verla como parte del escenario cotidiano y permanente del país. En Guerrero las cosas se complican. Repuntan las acciones violentas en Acapulco. Las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente viven tiempos de crisis. Las fuerzas armadas y las policías cumplen tareas de bomberos: mitigan incendios y se van; van de región en región al ritmo que les macan las organizaciones criminales. Pero en ninguna región se ha logrado la limpieza que pregonaban las autoridades. Sencillamente porque esta guerra parece más un juego o una farsa. Es una guerra que ha decepcionado a muchos y que está cansando a otros más, por absurda e irracional. Cada vez se deja ver la simbiosis que hay entre el crimen organizado y diversas instituciones públicas del Estado. Porque quienes han salido perdiendo son las organizaciones ciudadanas que han tomado iniciativas para darse seguridad donde el Estado no lo ha hecho o no lo ha querido hacer. Las autoridades han mostrado una extraña dureza contra las organizaciones ciudadanas, tales como las autodefensas michoacanas, la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Guerrero y las policías ciudadanas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). En Michoacán lograron cooptar a amplios sectores de las autodefensas en una Policía Rural domesticada que está diseñada como auxiliar de las corporaciones de seguridad pública, de dudosa confiabilidad. Y las autodefensas que no quisieron alinearse están en prisión. Y las organizaciones criminales, aunque diezmadas, siguen vivas. Y en Guerrero, la Policía Comunitaria fue envenenada y dividida con dinero desde el poder, el cual desconoce al sector que está más vinculado con sus comunidades y que ha dado la pelea a la delincuencia con sus propios y escasos recursos. A lo mejor de la CRAC se le ha arrinconado al terreno de una supuesta ilegalidad con el fin de desactivarla y se ha metido a la cárcel a algunos de sus representantes. Y la Policía Rural, como alternativa para la seguridad de las comunidades, no parece despegar. Y las organizaciones criminales siguen protagonizando sainetes con las corporaciones públicas de seguridad.

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El caso es que no parece haber experiencias exitosas de seguridad en el país que hayan sido promovidas desde el poder público. Dan más que decir, en este sentido, las experiencias de la CRAC histórica. Y todo porque para las autoridades, incluir a los ciudadanos es muy riesgoso. Para ellas, incluir significa cooptar y desciudadanizar. Solo saben controlar y no saben nada de coordinar o colaborar. Así quedan ocultas todas las disfuncionalidades de las estrategias de esta guerra sin fin. Es un verdadero insulto a la inteligencia la idea de que el país va a superar la apabullante violencia solo con militares y policías. Por demás, la experiencia de estos años lo demuestra y la simulación continúa. Porque todos los factores de las violencias diversas, siguen intactos. ¿Cómo no va a generar violencia un modelo económico excluyente como el nuestro en el que los negocios del crimen organizado han llegado a ser una vertiente de la economía de mercado? El espíritu del mercado neoliberal, como el lucro, la especulación, la mercantilización de todo, la explotación del ser humano, el consumismo, ha dado origen y respaldo a los grandes negocios de los criminales. ¿Y cómo no van a generar violencia una gran parte de las instituciones públicas como los partidos políticos, tan ocupados de las cosas del poder que han abandonado su identidad en un sistema democrático y se han vuelto mercaderes de cuotas políticas al mejor postor? Y nuestros gobiernos están tan ocupados en armar negocios para los privilegiados con reformas que reparten migajas y amontonan más riquezas en pocas manos. La espantosa corrupción pública que sigue amparando negocios, así sean legales o ilegales, es la mejor aliada del crimen organizado. Pero como esto no se combate con policías y militares, no hay nada que hacer. Por todo esto, es previsible que estemos ante una guerra sin fin, es decir, ante un juego o una farsa. En fin, ante una simulación que la clase política ha montado para mantener el control del país. Se han dedicado a administrar la violencia, a repartir territorios, a meter en prisión a ciudadanos que se atreven a participar, a castigar selectivamente a grupos criminales y a cosechar sus respectivas ganancias. No hay que dudar en que la lista de los muertos y desaparecidos seguirá creciendo estrepitosamente y que seguiremos padeciendo de miedo, enojo y depresión mientras los ciudadanos sigamos pasivos con una cantaleta de lamentos. Lo que preocupa es la suerte del país, de modo que en la medida en que se desplacen hacia el futuro las soluciones de fondo relacionadas con la violencia y con la delincuencia organizada, en esa medida persisten condiciones para crisis de mayor calado y de mayor alcance que aumenten la alicaída gobernabilidad que ya tenemos e impacten en situaciones de zozobra económica peores de las que tenemos. Y, sobre todo, preocupa que se consolide una cultura de la ilegalidad y un declive moral en la población porque los gobiernos no toman decisiones responsables y serias en torno a las violencias que padecemos hoy, atacando desde sus raíces los factores que las generan.

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CUMPLIENDO A MEDIAS Diario: La Jornada Guerrero ( EDITORIAL) Si bien la entrega de viviendas a damnificados de la tormenta Manuel en Tixtla constituye un avance del programa de reconstrucción que lleva a cabo el gobierno federal, no satisface plenamente a los afectados por varias razones. Dicho sea de paso, ninguna de las casas entregadas en el barrio tixtleco del Santuario, tiene servicios de luz eléctrica, agua y drenaje, razón por la cual varios de los beneficiarios se negaron a recibirlas. En este caso, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregó 10 de 22 viviendas construidas de un total de 103 proyectadas. Ayer, el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, entregó 100 nuevas viviendas del Programa de Reconstrucción de Guerrero, en los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y Tlapehuala, en la zona de Tierra Caliente. El 26 de mayo pasado, el presidente Enrique Peña Nieto entregó a afectados de La Pintada, ubicada en la región de la Costa Grande, 10 de 125 casas programadas. Grande ha sido el despliegue de la publicidad llevado a cabo dando como un hecho que La Nueva Pintada ya ha sido concluida cuando en la realidad no ha sucedido así. Según declaraciones del mismo Ramírez Marín, serán más de 10 mil las viviendas que como parte de la reconstrucción se edificarán este año. La incredulidad entra en escena cuando una simple suma da 132 casas construidas a nueve meses del temporal, es decir 1.32 por ciento del total, lo cual lleva a deducir que en los próximos cinco meses y medio que le restan al año habrán de levantar 9 mil. Eso sólo por cuanto a viviendas se refiere. El mismo 26 de mayo, el presidente de México entregó en Tierra Caliente el puente Altamirano-Coyuca de Catalán a lo que le advirtieron que son 25 los que se tienen, independientemente de los que faltan en Costa Grande, a lo cual habría que añadir carreteras y caminos rurales. Resumiendo el tema, resulta que la reconstrucción camina a paso lento, entregando los raquíticos logros mal y a medias, adornado todo con anuncios espectaculares de que el gobierno federal está cumpliendo a los guerrerenses tal como se lo prometió, lo cual no deja de ser una fantasía

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RECONSTRUCCIÓN Diario: La Jornada Guerrero ( ROBERTO RAMÍREZ BRAVO) no falta mucho para que se cumpla un año del desastre causado por los meteoros Manuel e Ingrid. La reconstrucción, mientras tanto, es un asunto que avanza a marchas forzadas, y en medio de una ostentosa ineficiencia o clara corrupción. De acuerdo con la publicidad del gobierno federal, parecería que los daños solamente ocurrieron en un lugar del estado de Guerrero, en el poblado de La Pintada, municipio de Atoyac, donde un cerro se desgajó y sepultó a más de 70 pobladores y prácticamente devastó a todo el pueblo. Por eso los promocionales sobre la construcción de la Nueva Pintada son exhibidos en todo lo que es posible. Sin embargo, ni fueron los daños sólo en La Pintada, ni es La Pintada una muestra visible de eficacia en la reparación de los daños. Para empezar, las nuevas viviendas se construyeron en otra zona de riesgo, como en su oportunidad lo dio a conocer La Jornada Guerrero; las nuevas casas se repararon –sólo que ahora coloridas– en los mismos lugares donde otras fueron dañadas. Eso ocurrió en lo que es la joya de la corona. Pero en La Montaña, en la sierra, en la Tierra Caliente y en Acapulco parece que no hay mayor interés de la Federación. En Cochoapa el Grande, por ejemplo, una de las zonas más pobres de América Latina, en la comunidad de San Miguel Amoltepec, y en Malinaltepec, en el campamento Unión de Las Peras, por mencionar sólo dos sitios, la población indígena que resultó damnificada vive en condiciones prácticamente de supervivencia, en viviendas improvisadas altamente vulnerables, donde parece que la única opción es regresar a las tierras donde ocurrió la desgracia, porque el gobierno federal no ha cumplido su promesa de reubicarlas en áreas seguras. En Atoyac, científicos han investigado al cerro de Pie de la Cuesta y han determinado que podría venirse abajo como en La Pintada, y la gente tiene que seguir viviendo ante el riesgo latente porque simplemente no hay quién le ayude a reubicarse. En Acapulco, donde tanto ruido se hizo con una supuesta investigación sobre el otorgamiento de licencias, y donde se suponía que el presidente Enrique Peña Nieto había centrado su atención, lo único que ha cambiado es que las viviendas

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inundadas ya se secaron, pero obviamente se volverán a inundar en cuanto vuelva a llover. ¿Dónde quedó la responsabilidad de las empresas que, a sabiendas que construían en zona inundable, hicieron pingües negocios, en contubernio con funcionarios del Infonavit, Fovissste, Semarnat y Conagua? Para agravar las cosas, en todo el proceso ha salido a lucir la corrupción, desde el hecho de que en bodegas de Protección Civil y del DIF estatal se echaron a perder despensas embodegadas sin que se hicieran llegar a los damnificados, hasta el que las famosas tarjetas para compra de muebles se repartieron a diestra y siniestra por funcionarios que se quedaban con una comisión por cada plástico entregado. En Tixtla, donde el Presidente ofreció reubicar a toda la ciudad, simplemente el tema pasó al olvido, y la gente ha tenido que volver a levantarse en el mismo sitio donde se inundó el año pasado. La reconstrucción viene, si lo hace, a pasos muy lentos y por caminos tortuosos, un tanto despistada, y mirando hacia todos lados, menos hacia donde se requiere. La parte más intensa de la temporada de lluvias apenas comenzará. Si se revisan los datos, los daños mayores ocurrieron a mediados y finales de temporada. El huracán Boris, en 1996, ocurrió a finales de junio; la tormenta Henriette, en 2007, golpeó el 31 de agosto; Manuel e Ingrid lo hicieron el 15 de septiembre, y el Pauline, el 19 de octubre. Entonces, si lo peor podría estar por venir, queda una duda gigante: por qué tanta pasividad del gobierno federal, como si diera por hecho que una vez ocurrida una desgracia ésta no se puede repetir al año siguiente

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COYUNTURAS POLÍTICAS. LA VIOLENCIA ES COMO UNA OLA Diario: Pueblo (Rafael Solano) Desde mediados de la semana anterior, la otrora pacífica y cordial Chilapa se vio envuelta en una dinámica de violencia, producto del enfrentamiento presunto (porque todavía no se conoce la versión oficial), entre bandas de maleantes que han extendido sus operaciones desde las ciudades a las comunidades y pueblos cercanos. Los reportes alusivos indican que todavía las actividades cotidianas no se restablecen y eso se advierte en las calles vacías y la escasa actividad comercial. Como para incitar al retorno a la cotidianidad interrumpida por la metralla, el alcalde Francisco Javier García González emitió un comunicado este domingo, avalado por los integrantes del cabildo chilapense, en donde lamenta (como lo hizo en su oportunidad el jueves de la semana anterior), los hechos de violencia del martes 8 y miércoles 9, reconociendo que “propiciaron temor en la ciudadanía, afectado la economía, y cambiado de manera temporal la imagen pacífica de la histórica ciudad de Chilapa en los contextos internacional, nacional y estatal”. El pasado viernes, tuvo que aclarar ante un noticiario radiofónico que no había toque de queda, como lo publicaron algunos periódicos, sino que simplemente sugirió evitar salir de noche “de no ser necesario”. En el nuevo comunicado, pide al gobernador “continúe reforzando las acciones de seguridad hasta restablecer por completo la paz y tranquilidad social (…) celebramos que las estrategias implementadas por las corporaciones de seguridad estén dando resultados, hasta este momento la situación está controlada, logrando que la confianza en la ciudadanía este regresando, reincorporándose a sus actividades diarias y reactivando la economía local, Chilapa está volviendo paulatinamente a la normalidad”. El alcalde de Chilapa ya no culpó a nadie de la situación; aquella vez, aseguró que los hechos “son provenientes de una ola de violencia que se extiende desde la capital del estado, y han empañado el clima de tranquilidad y paz social del municipio de Chilapa de Álvarez”.

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SURREALISMO POLÍTICO. CHILAPA DIARIO: PUEBLO (MARTÍN MARTÍNEZ OLVERA) [email protected] Una de las ciudades más antiguas en que está asentado el territorio guerrerense es Chilapa. Ubicada estratégicamente en un paso obligado para arribar a La Montaña alta, saluda el cruce de La Montaña baja y el Centro del estado. Su historia es surrealista. La presencia del clero en el lugar, hay que reconocerlo, elevó el nivel cultural de la población que recibía estudiantes del resto del estado para ser formados sólidamente. La intensa participación cultural de sus habitantes le merecería ser llamada la Atenas del Sur. Poseedora de uno de los tianguis más antiguos del país, la hacía recibir cada domingo turistas que apreciaban el predominante trueque que sustentaba con dignidad a las familias del entorno. Pero tanta belleza no duró y por increíble que parezca, no habría de ser producido el cambio por la mano de la naturaleza, sino por la del hombre que al no poder controlar la invasión al tianguis de vendedores piratas, determinó sacarlo del centro donde muchos se cansaron también de tenerlos en sus aceras, aunque fuera un solo día. Y la historia cambio. La población que paraba actividades los días jueves para prestar servicio el domingo, hasta de oficinas de gobierno, miró como cerrarían internados, un nuevo mercado que no ofrecía ya atractivo turístico sino que compite ahora con otros cuya mercadería artesanal les hace tener visitas fuera de la población convencional, y empezó un proceso de reestructuración hasta de partidos políticos. La población creció, el rebozo artesanal dejó de ser una producción que generaba empleos, la Iglesia dividió el asentamiento de la Diócesis para atender mejor la zona Centro, se olvidó la participación de personajes valiosos en la etapa independentista y revolucionaria, y abrió paso a la violencia en un silencioso proceso por los “apoyos” que finalmente compraban la complicidad en un disfraz de ayuda. Diversos sucesos violentos se habían dado, incluso secuestros, hasta de un misionero extranjero que no aparece, señalamientos hacia la policía municipal, pero pocas acciones claras para solucionar de fondo la problemática local, incluso de apreciación de que algo se hacía. La violencia dejó escuchar más fuerte su voz y cobró víctimas. Varios días que hicieron suficiente la condición de olvido en que se creía estaba la población. Pero no se vislumbra que la irrupción de las fuerzas federales sean la solución más rápida, porque el proceso electoral está tocando las puertas y con ello los señalamientos mutuos de los partidos políticos sobre la responsabilidad que cada cual ha tenido en la nueva Chilapa, que dejó de oler a santidad. ¿Surrealismo?

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TRANSFORMAR APARATO DE JUSTICIA Diario: Pueblo (José Luis Ayala) En apretada votación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha declarado como requisito constitucional el hecho de saber leer y escribir que permite acceder a la representación popular, teniendo como referente lo que fue considerado por la mayoría del pleno de la Corte como restricciones provenientes desde lo preceptuado en el artículo 69, de la Constitución del Estado de Durango, que conllevo a reformar Está bien, considero, si se busca mejorar el accionar legislativo, pero me parece que el simple hecho de reformar la ley no garantiza mejoría, si no va acompañada de una cultura por la internalización, es decir, como forma de vida y no sólo porque lo establece la ley o se lleva al plano discursivo solamente. A la par de lo anterior, también se requiere que el mensaje que se dirige hacia quien busca la representación popular, vaya en el sentido de transformación de una realidad imperante en el poder Judicial mexicano. Es imposible obviar lo que ha enlodado a ese poder. Vive en la memoria colectiva el nombre de Merle Yuridia Mondain Segura, secuestrada, abusada sexualmente y asesinada en 1986, en Acapulco, por Alejandro Braun Díaz, donde demostraron que una justicia torcida lo liberó en primera instancia. A los seis años de la tragedia, la madre de Merle Yuridia, Luz María Segura sufrió la muerte de su esposo, a causa de un infarto para, enseguida, ir la cárcel, ya sin su vivienda, acusada de despojo de un predio en Lomas de Costa Azul de Acapulco, reclamado por familia ligada a integrantes de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Por la muerte de la niña, la familia de Braun se movió a través del abogado Enrique Fuentes León, arquetipo de abogado que encarna el desaseo, que afirman logró desmarcarse de la denuncia que sobre él pesaba por cohecho en ese caso. Pero el que no esquivó la acción de la justicia fue su contacto, el Ministro de la Suprema Corte, Ernesto Díaz Infante, en 1988, por gestionar a través de dos magistrados la liberación de Braun Díaz. Infante fue detenido en Estados Unidos y luego encarcelado en México. Ahora, el Consejo de la Judicatura Federal dio entrada a un procedimiento administrativo en contra del magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, por presuntas ligas con el crimen organizado, cuando despachaba en el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, cuya sede está en la capital del país. Las investigaciones se extienden hacia la familia del togado suspendido. Por lo que se ve, la necesidad de cambios no está sólo en el exterior, sino, que al interior también.

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CUBA REMASTERIZADA Diario: Pueblo (Germán Espíndola León) [email protected] Quienes piensan como Enrique Calderón Alzati (¿Qué pasa con la educación?, La Jornada, 12/VII/2014), que reformar a las sociedades modernas es pan comido, harían bien en asomarse a La Habana para ver los aprietos que están pasando en un proceso de reformas que iniciaron hace seis años, cuatro antes del Pacto por México y donde el presidente Raúl, sucesor de Fidel Castro, su hermano, acaba de renovar su promesa para alcanzar un crecimiento económico de cinco por ciento, hasta hoy entumecido en 0.6 por ciento. Como en la isla sólo existe un partido, el comunista, fundado en 1965, no hubo necesidad de un pacto tripartidista, al estilo mexicano, para arrancar en 2008 su impulso reformador, cuando Raúl Castro abrió la economía con el libre acceso a los hoteles, renta de automóviles y la venta de celulares. Más tarde al modificar la ley de seguridad social, eliminar el tope salarial, autorizar el “pluriempleo” y el Internet. Hacia 2010 permitir actividades privadas y con ello crear nuevos empleos. Para 2011 nuevas reformas económicas para iniciar un acoplamiento al nuevo escenario mundial. Sin embargo, el crecimiento esperado y la prometedora unificación monetaria no llegan. Estos frenos provocan reacciones adversas y la disidente Yoani Sánchez asegura que las reformas son originadas más por la necesidad que por la voluntad política de los gobernantes. (El Nuevo Herald, 9/VII/2014) El país necesita unos dos mil 500 millones de dólares anuales para mantener el modelo económico y el programa reformador, que sólo podrán obtener desde afuera. El Nuevo Herald argumenta que el centro del problema radica en que Castro “intenta salvar su dictadura socialista con tímidas concesiones a la economía de mercado” (7/VII/2014). Y en este contexto, apenas el 11 de julio el presidente ruso, Vladímir Putin, aterrizó en La Habana con los maletines repletos de planes y dólares para afianzar su posición continental. Inició con la condonación a Cuba de 35 mil millones de dólares, contraídos con el régimen soviético, pero que hoy espera que sirvan para incursionar en el sector energético caribeño y ampliar posiciones hacia Argentina o Brasil. Cuba necesita reformarse como lo está haciendo México, Argentina o Chile. Particularmente deseo que la isla caribeña quede tan bien remasterizada como “Amor sin esperanza” de Celio González con la Sonora Matancera o el “Rigoletito” de Acerina y su Danzonera; pero sólo podrá hacerlo si su estado es más pacticio y se abre más al mundo.

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