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CRONICA AMBIENTAL 2013-2015
Marco Octavio Ribera Arismendi
INDICE
P Gobierno no entiende el derecho a la consulta 2
La voracidad del sector petrolero: el Plan de exploración de YPFB 2011-2020 8
Luz verde al avasallamiento de las áreas protegidas 11
La perversa Ley 337 y la falacia de la restitución de los bosques en nuestro país 17
El Mutún y la pesadilla del carbón vegetal 23
Más desatinos ambientales, el paso del DAKAR 26
La trascendencia de descolonizar las palabras 29
Mi voto transgeneracional en contra de las plantas nucleares 31
Conflictos indígenas y extractivismo en la Amazonía 33
Liquimuni y los Derechos Indígenas del Pueblo Moseten 55
La TCO Moseten y las incertidumbres de la perforación del pozo Liquimuni 60
Nuevo conflicto en la Organización Indígenas del Pilón lajas 67
Fracking: una tecnología de enorme riesgo socioambiental toca las puertas de Bolivia 73
Las inundaciones extremas del 2014 y los riesgos de las megarepresas
existentes o previstas 90
Megapesadilla-las megarepresas en el río Beni 109
Desastre ambiental en la cuenca Katari y Bahía de Cohana. Resumen y Actualización 126
Minería en tierras bajas: la gran ecoregión de Guarayos, Chiquitanía, Chaco y Pantanal 144
Bolivia bajo la maldición de la energía nuclear 192
2298, de mala fe 206
Celebrando el día de la Biodiversidad con el Decreto 2366 214
Colapso de las áreas protegidas en Bolivia 221
Obsesión TIPNIS 245
Una Cumbre con sabor a glifosato 249
Conflicto en el Chaco por el decreto 2366 y división de la APG 262
Takovo Mora y vulneración al Derecho a la consulta 268
Situación de los conflictos socioambientales en el Norte de La Paz 273
El Niño 2015 286
Glaciares, cada vez más amenazados 292
Intensificación del extractivismo en Bolivia 297
Cronología Ambiental de Bolivia 311
Nota.- Marco Octavio Ribera Arismendi. Es Biólogo y activista ambiental. El presente trabajo es una continuidad de la Cronica Ambiental 2007-2011 publicado por el autor; es presentado de forma independiente y todas las opiniones o aseveraciones son de absoluta responsabilidad del autor y no comprometen a ninguna institución.
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Gobierno no entiende el derecho a la consulta
Marco Octavio Ribera Arismendi Abril 2013
En relación al tema de la consulta, es importante mencionar que se constituyó en un
punto álgido de debate y conflicto desde el año 2008, considerando las posiciones del
Gobierno, de YPFB y de las empresas, de reducir su relevancia, simplificarla y hasta
eliminarla del todo, llegando a contradecir la Constitución Política y las normas
internacionales con vigencia legal en el país. Uno de los puntos de reivindicación de los
movimientos indígenas fue el derecho a la consulta previa, libre e informada,
reivindicada en el texto constitucional.
Otro elemento relevante, es el relacionado al Decreto 29033 o Reglamento de
Consulta y Participación de pueblos indígenas en actividades hidrocarburíferas,
aprobado el año 2007, pero cuya efectividad y aplicación, fueron casi nulas. No se
conoce ni un solo antecedente de aplicación efectiva y completa de dicha norma, hecho
atribuible a la escasa voluntad de la autoridad competente, es decir el Ministerio de
Hidrocarburos, para lograr su cumplimiento. A lo largo de seis años de vigencia, se
dieron múltiples procesos de consulta, distorsionados y sin ningún apego u observancia
a la normativa, tanto en el Chaco, como en Liquimuni en el norte de La Paz. Uno de los
más recientes se dio en relación al proyecto de Sísmica 3D a cargo de PETROBRAS en
la zona de campo Sábalo en Tarija.
Reglamento de Consulta y Participación para actividades hidrocarburíferas
Decreto Supremo Nº 29033 2007
Aspectos relevantes:
Primer momento.- Fase para la licitación, autorización contratación, convocatoria y aprobación de las
medidas, obras o proyectos hidrocarburiferos y antes del EEIA.
Segundo momento.- Previa a la aprobación del EEIA e incorporación de los resultados de la consulta en
dicho estudio.
El Ministerio de Hidrocarburos o autoridad competente (AC) es responsable de la ejecución del
proceso. La Autoridad Ambiental competente AAC, es una instancia de coordinación.
La AC convoca por escrito a la Instancia Representativa del Pueblo Indígena, adjuntando toda la
información pública de la AOP, a una reunión informativa preliminar.
La Instancia Representativa del Pueblo Indígena en coordinación interna con sus diversos niveles,
elabora y presenta una propuesta escrita para la realización de la consulta.
La AC fijará una reunión en el área de influencia del proyecto, para analizar la propuesta y la
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contrapropuesta de la AC, para llegar a acuerdos y aprobar un acta de entendimiento que garantice la
ejecución de la consulta.
El proceso de Consulta y Participación será financiado con cargo a la AOP hidrocarburífero.
El proceso de consulta será ejecutada por la AC en coordinación con la Instancia Representativa del
Pueblo Indígena, dando cumplimiento al acta de entendimiento suscrita.
Los resultados de la consulta concluirán con un documento de validación de acuerdos y un Convenio
suscrito entre la AC y la Instancia Representativa del Pueblo Indígena
Las observaciones, sugerencias, complementaciones y recomendaciones concertadas, en la consulta,
deberán ser consideradas como criterios fundamentales para la elaboración y aprobación del EEIA
analítico integral de la AOP.
A solicitud de la Instancia Representativa del Pueblo Indígena, la Autoridad Ambiental Competente
podrá iniciar proceso administrativo a la empresa consultora encargada de elaborar el EEIA y al
representante legal de la AOP, cuando no se incorporen debidamente los resultados del proceso de
consulta y participación.
El proceso de consulta ser nulo en caso de incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos
en el presente reglamento y en particular, cuando:
La información o parte de la misma presentada por la AC fuere falsa o contradictoria.
La consulta fuera realizada alterando totalmente el procedimiento establecido en el presente
reglamento.
El proceso de consulta y participación sea realizado sin considerar el Acta de Entendimiento
suscrito.
La firma del convenio de validación de acuerdos, fuere logrado por presión, amedrentamiento,
soborno, chantaje o violencia y no cuente con el acuerdo mutuo.
Al respecto, caso de la Sísmica 3D a cargo de PETROBRAS, una nota de prensa (El
Deber, 11 marzo 2013) mencionaba que la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu
(APG IG) “trabó el proyecto de exploración sísmica 3D”, del bloque San Antonio
(megacampo Sábalo) por considerar que el proceso de consulta del Gobierno y la
brasileña PETROBRAS, está viciado de nulidad. “La petrolera pide reiniciar el proceso
de consulta” y el Ministerio de Hidrocarburos mantiene silencio. El 20 de mayo de
2011 la empresa PETROBRAS, rechazó toda negociación sobre la base de haber
recibido "instrucciones de las autoridades de Gobierno" que determinaban que la
empresa "no estaba facultada para realizar acuerdos de ninguna naturaleza" con la
organización. De acuerdo a la APG, el proceso impulsado por PETROBRAS, es una
prueba flagrante de una práctica de mala fe y que imposibilita toda posibilidad de
utilización del derecho de consulta. La Gerencia de exploración de PETROBRAS,
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solicitó posteriormente una reunión con la APG para dar viabilidad al proceso de
consulta y participación, pero fue rechazada por ser improcedente.
Mientras tanto, el medio de prensa se lamentaba de que tal acción frenaba la
optimización para encontrar futuros pozos productores de gas y petróleo en el
megacampo y ponía en tela de juicio el aumento de las reservas de gas en el país y que
las regiones del país no se beneficien con mayores ingresos de regalías e impuestos.
Nótese la absoluta incongruencia y manejo arbitrario del proceso, mientras la AC, que
es el Ministerio de Hidrocarburos y tiene la responsabilidad de liderar el proceso,
“guarda silencio” (y da instrucciones a la empresa….). Por su parte, la empresa asume el
lugar de la AC (de acuerdo al Decreto 29033, la empresa no debe asumir ninguna
acción, salvo el otorgar los recursos económicos para el proceso de consulta). Sin
embargo, convoca al proceso y pide, después del conflicto, el reinicio “para dar
viabilidad al mismo. Una muestra concreta del papel decorativo del Reglamento 29033
y de la falta de voluntad del Ministerio de Hidrocarburos para hacerlo cumplir.
Otro elemento irregular respecto del proceso de consulta y que pasó del todo
desapercibido se refiere a la sanción de leyes que autorizan contratos de exploración
y explotación de hidrocarburos en tierras indígenas. Tal es el caso de la sanción o
aprobación legal por el pleno de la Cámara de Senadores en mayo del 2012, de las dos leyes de contratos de servicios petroleros para la exploración y explotación de las
áreas reservadas a favor de YPFB: Sanandita en Tarija, empresa China EASTERN
PETROLEUM y GAS, y Azero, entre Santa Cruz y Chuquisaca, TOTAL E&P Bolivia y
GAZPROM (La Razón, 13 mayo 2013), es importante considerar que dicho proceso,
contradice la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas (Artículo
19) que dice, que “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Similar situación establece el
Convenio 169 como un derecho: A ser consultados de buena fe, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, respecto de decisiones administrativas o legislativas, así como planes de desarrollo. Para dichas
aprobaciones en el pleno de la Asamblea plurinacional, el Estado no desarrolló ningún
de proceso de consulta, por cuanto podrían ser considerados como procedimientos
ilegales y de mala fe.
A lo largo del año 2012 y hasta inicios del 2013, el Gobierno impulsó la elaboración de
la propuesta de Ley de marco de Consulta, a fines de marzo y después de una supuesta
socialización con organizaciones sociales afines, convocó a un evento de presentación y
validación, conjuntamente con la representación de las Naciones Unidas. Todo el
proceso había sido duramente criticado por las organizaciones indígenas originarias,
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afirmando que “el Gobierno nacional y el Sistema de Naciones Unidas montaron un “encuentro” ilegítimo para validar un proyecto de ley de Consulta elaborado a espaldas de las organizaciones de los pueblos y naciones indígenas, supuestamente elaborado en consenso”.
Al evento realizado el 22 de marzo, no fueron invitadas las organizaciones
legítimamente elegidas y reconocidas como la CIDOB, CONAMQ y la APG, y solo
estaban presentes las representaciones reconocidas por el Gobierno como los
interculturales y las organizaciones paralelas fomentadas por el Gobierno (Bolpress,
25 marzo 2013). Las dirigencias legítimas de la CIDOB, APG y CONAMAQ exigieron
ingresar al evento y presentaron un pronunciamiento de cuatro páginas, en el que
denunciaron que el proceso de elaboración del anteproyecto en cuestión está viciado
por la mala fe del Gobierno, ya que no ha considerado las propuestas presentadas
oportunamente por nuestras organizaciones CIDOB, CONAMAQ y APG; ha generado
división al interior de las organizaciones indígenas y no ha respetado nuestras
estructuras orgánicas. En el pronunciamiento se enfatizó el rechazo a todo el proceso
de elaboración del anteproyecto de ley marco de Consulta, formulado por el Gobierno
en complicidad con una supuesta “Comisión Nacional” y los recursos y medios
proporcionados por las Naciones Unidas que fueron mal utilizados por el Gobierno para
la división y manipulación del movimiento indígena originario de Bolivia (Bolpress, 25
marzo 2013). El pronunciamiento de las organizaciones sociales, también denunciaba
que la propuesta tiene una intención clara de mantener una política extractivista y de
entrega a las transnacionales, facilitando que las empresas privadas sigan ampliando e
intensificando sus proyectos, especialmente sobre territorios indígenas, con los
consiguientes impactos negativos sociales, culturales y medioambientales. El Gobierno
se vio obligado a suspender el proceso de validación y bajo presión de los movimientos
sociales el tema quedo en cuarto intermedio hasta lograr una mayor participación y
consenso.
En términos generales, la propuesta gubernamental del proyecto de Ley Marco de
Consulta es llamativamente confusa y tendenciosa. Por ejemplo, el controversial
artículo 6, inciso g, que exime de la consulta: No son objeto de consulta…..las medidas legislativas y reglamentarias mediante las cuales se aprueban contratos de la industria extractiva.
Para empezar, este inciso del artículo 6, por su carácter genérico y abierto, entra en
franca contradicción con varios artículos del cuerpo normativo que establecen la
consulta previa en espacios indígenas tradicionales, por ejemplo, el Artículo 18, o el
Artículo 16, que dice: Las naciones y pueblos indígenas originarios, tienen el derecho a la consulta, de buena fe cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente sus derechos colectivos en su Tierras Comunitarias de origen. Curiosamente, las medidas más atentatorias a los derechos
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colectivos indígenas en su Tierras Comunitarias de origen provienen precisamente de
las industrias extractivas. En opinión de las organizaciones sociales, separar de la
consulta a las actividades de las industrias extractivas implica ignorar el hecho de
que los pueblos y territorios ancestrales indígenas están afectados por actividades
mineras y de hidrocarburos. Contradice la Declaración de los Derechos Indígenas de
las Naciones Unidas (lo cual resulta paradójico considerando el apoyo brindado al
gobierno por las oficinas de Naciones Unidas en Bolivia), que en su artículo 19 dice: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Nótese además la ambigüedad del texto de
la propuesta, pues hace referencia a medidas “reglamentarias”. También contradice
expresamente el Convenio 169 que establece el derecho: A ser consultados de buena fe, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, respecto de decisiones administrativas o legislativas, así como planes de desarrollo.
Las organizaciones indígenas originarias han observado el hecho del uso arbitrario del
concepto “vida digna”, en el artículo 6, pues vulnera la libre determinación de los pueblos y
naciones indígena originarias, quienes deben definir qué es la vida digna y cuál es el
horizonte de desarrollo que desean. El concepto es absolutamente ambiguo, pero
además es reduccionista e incluso tendencioso, puesto el hecho de que el gobierno o las empresas
fácilmente pueden argumentar que la construcción de un camino, un ducto o una planta industrial,
contribuye a la vida digna de las comunidades locales., y no requerir de consulta. Esto parece
claramente ser una mala lección aprendida del TIPNIS.
En relación al principio de consentimiento previo, libre e informado, la propuesta
asume un enfoque unidireccional al asumir que el Estado deberá lograr el
consentimiento, vale decir que la finalidad de la consulta previa es lograr el
consentimiento de la Naciones y Pueblos indígenas, bajo una lógica “si o si”, que
desconoce el derecho al veto y el concepto mismo de la palabra “consentir” o
consentimiento.
El pronunciamiento de las organizaciones sociales menciona que: Nunca ell derecho Internacional relativo a la Consulta Previa propuso que hubiera materias que no requirieran ser consultadas.
En todo este asunto, queda lamentar la complicidad de la representación de las
Naciones Unidas en Bolivia.
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Fuentes
Propuesta de Ley Marco de Consulta de la Asamblea de Pueblo Guarani APG. 2013
Propuesta de Ley Marco de Consulta de CIDOB – CONAMAQ. 2013
Propuesta de Ley Marco de Consulta. Ministerio de Gobierno. 2013
Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia. 2009
Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas. DS.
29033. 2007.
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La voracidad del sector petrolero: el Plan de exploración de
YPFB 2011-2020
Marco Octavio Ribera Arismendi Abril 2013
El Plan de exploración de YPFB 2011-2020, presentado por YPFB Corporación, consta
de cuatro capítulos, de los cuales el capítulo 2 (Situación Socio ambiental) y el 4,
referido a las estrategias de apoyo a la gestión de exploración, incluyen aspectos que
concitan especial preocupación por la intencionalidad expresa de YPFB (y el sector
petrolero en general) de allanar y facilitar los proceso de vulneración de áreas
protegidas y avasallamiento de los espacios tradicionales indígenas. Dicho Plan que no
puede se encontrado en formato digital, aun cuando el link y referencia se ubica en la
página oficial de YPFB, además de ser bastante difícil encontrarlo en formato físico,
aspecto indicativo del escaso nivel de transparencia del sector oficial de
hidrocarburos.
El análisis de Situación ambiental y Ambiental del mencionado Plan, se refiere al
problema de superposición de los bloques petroleros con áreas protegidas de alta
sensibilidad ecológica, donde el otorgamiento de Licencias Ambientales no ha
prosperado en al menos cuatro casos considerados actualmente como “fuerza mayor”
desde hace varios años. El documento reconoce expresamente, la potestad
institucional del SERNAP para rechazar un proyecto, si las actividades a desarrollar
no son compatibles con los objetivos de creación del área.
El mismo, hace referencia a la existencia de áreas protegidas cuya creación es
posterior a la actividad petrolera, creadas en zonas tradicionales de explotación de
hidrocarburos. Es posible que se haga referencia al caso Aguaragüe (se menciona a los
campos Caigua y Monos como libres de fuerza mayor), pero además YPFB concluye:
…….”que en estos territorios, continuar con la actividad petrolera probablemente no
genere mayor conflicto al que existe actualmente”…..
Entre las áreas con problemas de “fuerza mayor” por causa ambiental figuran el caso
del Madidi (bloques Río Hondo y Tuichi) y el caso Amboró (zona Espejos). En el caso de
Madidi, el Plan de YPFB reconoce al área protegida Madidi, como de alta biodiversidad
y sensibilidad ecológica, y donde existe la imposibilidad de realizar proyectos ya que,
“las comunidades de la zona conllevan un sentimiento de apropiación de las áreas y sus
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recursos por factores tradicionales, ambientales y culturales”. Similar situación de
alta biodiversidad y sensibilidad ecológica, y de gestión social sobre los recursos, se
da sin duda en la Reserva y TCO Pilón Lajas, vecina al Madidi. También se hacer
referencia como de “fuerza mayor” al campo Churumas, sobrepuesta totalmente a la
Reserva de Tariquia. Se hace además referencia a la imposibilidad de emprender
operaciones en el sector del Aguaragüe bajo la categoría de Parque Nacional, pero la
posibilidad de sí lograr exploraciones en el Aguaragüe, en las zonas bajo la categoría
de Área de Manejo Integrado (ANMI) y donde existen importantes porcentajes de
cobertura de las áreas de exploración Aguaragüe Centro, Aguaragüe Sur A y
Aguaragüe Sur B. También se menciona el caso de los conflictos del pozo Timboy X-2,
que dificultan el proyecto petrolero, pero olvidándose mencionar los graves impactos
socioambientales sobre las fuentes de agua, como el “chorro”, por la apertura del
camino a la planchada y que dejo casi sin agua a varias familias de la zona.
Se mencionan también, la superposición parcial del Bloque Acero con el área protegida
Iñau y “convenio de estudio” Madre de Dios, superpuesta a la Reserva Manuripi.
El Plan de exploración de YPFB, se refiere a problemática social y la superposición de
los proyectos petroleros con espacios tradicionales de Naciones y Pueblos Indígenas
Originario Campesinos, que implican frecuentes retrasos por conflictos y en algunos
casos a inviabilidad. YPFB alude aspectos relacionados a las exigencias y posiciones
intransigentes por compensación y a una “débil y difusa política de relacionamiento
comunitario practicado por las empresas petroleras”. Se hace especial referencia al
área o sector sur del Aguarague, considerado como de difícil acceso por lo ambiental y
social.
La opinión de YPFB, es que “con la normativa actual” los casos de superposición con
áreas protegidas son complicados de liberar del causal de fuerza mayor.
Es interesante analizar la estrategia socio ambiental del Plan, referente al apoyo a la
gestión de exploración. El objetivo de dicha estrategia “es levantar las causales de
fuerza mayor fundadas en aspectos sociales y ambientales”, con el fin de garantizar el
desarrollo de los proyectos de exploración, y acortar los tiempos de los
procedimientos de tramitación de las autorizaciones ambientales.
En el caso de la viabilización de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas
bajo causal de fuerza mayor, la estrategia de YPFB menciona: “Agotadas las opciones
fuera de áreas protegidas y áreas de alta sensibilidad ecológica y de acuerdo a los
diferentes análisis desarrollados para las áreas, desde el punto de vista económico,
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técnico y legal, en los que exista la consideración de que es fundamental la explotación
de hidrocarburos en áreas protegidas, comprendiendo que estas acciones ya no
dependen exclusivamente de YPFB sino de instancias superiores y tomando en cuenta
las consecuencias políticas, sociales, ambientales que podrían causar el ingreso a estas
áreas”……. YPFB considera que se deberían realizar determinadas acciones, entre las
que resaltan: a) Comprometer al Gobierno Nacional para el establecimiento de
lineamientos políticos de acción a las diferentes instancias involucradas (MHE, MMAA,
SERNAP) para viabilizar el ingreso a las áreas protegidas; b) viabilizar los proyectos
hidrocarburíferos en áreas protegidas en cumplimiento al Artículos 356 y 348 de la
CPE, referidos al carácter estatal y de utilidad pública que adquieren los Recursos
Naturales, c) Promover la elaboración de instrumentos que falten en las áreas
protegidas como Evaluación ambiental Estratégica, Plan de Manejo, Zonificación.
Finalmente se menciona un programa de agilización de los procesos de autorizaciones
ambientales, que se basa esencialmente en cambios en la normativa o marco legal, con
el fin de agilizar la emisión de la Licencia Ambiental, buscando eliminar instrumentos
como la Ficha Ambiental y la Categorización respectiva.
En cuanto a la viabilización de actividades hidrocarburíferas en áreas socialmente
sensibles, implica en el Plan de YPFB, el acercamiento oportuno con actores
involucrados, que incluye la implementación voluntaria de proyectos de inversión social
estratégico en las zonas de operación petrolera; la generación de alianzas
estratégicas con autoridades ambientales, “entidades encargadas de la seguridad de
los bienes del Estado” (Policía), otras entidades gubernamentales).
Queda por demás manifiesta la tendencia de impulsar a como de lugar la expansión de
la frontera petrolera, sin tomar con mínima seriedad las limitaciones ecológicas y
socioculturales que revisten las áreas protegidas y los espacios indígenas en el país,
para lo cual se plantea el ejercicio de prácticas de cooptación, uso de la fuerza pública
o el involucramiento de las autoridades superiores de gobierno, además no solo
haciendo una interpretación y uso plenamente antojadizo de la Constitución Política
del Estado, sino además vulnerándola.
Fuentes
Plan de exploración 2011-2020. YPFB Corporación, 2010.
Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia. 2009
CEADESC. 2008. Atlas de contratos petroleros en tierras Comunitarias de Origen
y Municipios de Bolivia. Geoespacio. 200 p.
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Luz verde al avasallamiento de las áreas protegidas
Marco Octavio Ribera Arismendi 24 de Mayo 2013
Con motivo del III Congreso Internacional Gas & Petróleo (Encuentro anual de YPFB-
AFKA) realizado a fines de mayo del 2013, el Vicepresidente García Linera anunció
públicamente que YPFB ingresará a parques nacionales para explorar y explotar
recursos hidrocarburíferos, porque son áreas “altamente petroleras y gasíferas”,
mencionando “que dichas tareas, estarán acompañadas por una política de mitigación
de daños ambientales” (La Razón, 24 mayo 2013), en clara alusión de las áreas
protegidas Madidi y Pilón Lajas. Algunas insólitas declaraciones del segundo
mandatario del país, emergieron en dicho encuentro: “Una buena parte de esa franja
gasífera y petrolera con seguridad ha sido conocida por ingenieros hace mas de 20 o
30 años….y no, por casualidad, en una buena parte de esas zonas altamente petroleras
y gasíferas se han ido declarando en los años parques, para que no los exploremos,
para que guardemos seguramente para alguien”. Como parte del discurso desarrollista
se mencionó, la debida capacidad mitigadora de los impactos ambientales, con el
debido cuidado para preservar la estructura natural de los bosques, de los cerros y de
los ríos, “gastando la cantidad de dinero que sea necesario para garantizar esa
mitigación; nos toca a los bolivianos usar esa riqueza”.
Desde la Gerencia Nacional de Administración de Contratos de YPFB, “se garantizó
ayer que las consultas a los pueblos indígenas en tareas exploratorias no serán
retiradas” y que para ello, se trabajará con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas.
Según YPFB, se trabajará en una “metodología de cómo ingresar, pero preservando en
lo posible, el medio ambiente y la biodiversidad”. El personero de YPFB ponía como
supuesto ejemplo los “logros ambientales” que Petrobras hizo en el Amazonas. YPFB
realizó en dichas fechas un acercamiento con autoridades del SERNAP y directores
de las áreas protegidas, en Santa Cruz, con el fin allanar el camino y viabilizar el
ingreso de las petroleras.
Es posible que una salida de YPFB y las empresas, sea el elaborar conjuntamente el
SERNAP, Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) y de esta manera viabilizar el
“levantamiento de fuerza mayor”, tal como lo prevé el Plan de Exploración 2011-2020
de YPFB. Es pertinente recordar que el año 2011, el Ministerio de Medio Ambiente y el
SERNAP, promovieron la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica del
TIPNIS, y de nada sirvieron las conclusiones y recomendaciones de dicho estudio, el
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cual puso de manifiesto la fragilidad socio-ambiental de la región y el elevado riesgo
de pérdida de valores culturales y ambientales si se persistía con el escenario de la
ruta cruzando el área.
Estas nuevas alusiones a abrir y avasallar las áreas protegidas del norte de La Paz,
podrían ser parte de la necesidad de recuperar terreno en los aspectos de exploración
petrolera, donde YPFB ha tenido muy magros logros en los pasados años, o por un
lógico sentido demagógico y pre electoral. Pero también puede emerger como parte de
la estrategia del Plan de Exploración 2011-2020 de YPFB, y también, como parte de la
emergencia de la salida del apoyo financiero de PDVSA a PETROANDINA (YPFB),
situación que ya se había previsto que podía ocurrir. Algo a comentar, es el escaso
entendimiento de la importancia del rol de las áreas protegidas por la cúpula
gubernamental, además de que sus apreciaciones están profundamente contaminadas
por prejuicios tendenciosos que desembocan con frecuencia en alusiones paranoides y
de doble sentido, direccionadas a cuestionar la extraordinaria importancia ecológicas
de áreas protegidas como el Madidi o el Pilón Lajas. La mención vicepresidencial de se
“…….han ido declarando en los años parques, para que no los exploremos, para que
guardemos seguramente para alguien”….raya en el cinismo, y muestra una vez más el
doble discurso, pues lo que precisamente pretende el actual Gobierno es entregar las
áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas, a un grupo de consorcios transnacionales,
entre estas nada menos que a la REPSOL.
Por otra parte cuando se mencionan las supuestas intenciones de buen cuidado con el
ambiente y de “……“gastar la cantidad de dinero que sea necesario para garantizar esa
mitigación; nos toca a los bolivianos usar esa riqueza”….., la lógica gubernamental se
reduce al economicismo de las inversiones económicas para mitigar los impactos, en el
fondo la simple lógica que usa el capitalismo y la economía ambiental a su servicio. Por
supuesto que en dicha dialéctica no ingresa el principio precautorio, los derechos de la
naturaleza o que la lógica crematística no se aplica a determinados bienes de la
naturaleza y los pueblos indígenas. Finalmente, el discurso desarrollista de las cúpulas
de Gobierno, como es de costumbre, busca ampararse en un supuesto sentimiento
materialista de la pluralidad de los bolivianos de usar y gastar la riqueza
Las declaraciones del gerente de administración de contratos de YPFB, sobre el buen
desempeño de PETROBRAS, son risibles, pues existen numerosos reportes de daños
socio ambientales ocasionados por esta transnacional brasilera en todos los países
donde operó o sigue operando, como Bolivia, e incluyendo casos en el Brasil, ello a
pesar de que en ese país existen marcos normativos más rigurosos.
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ALGUNAS MUESTRAS DEL PERFIL AMBIENTAL DE PETROBRAS EN
SUDAMERICA
PETROBRAS está presente en Argentina desde 1993 con tareas de exploración y producción
de gas y petróleo. La adquisición durante 2003 de la empresa PECOM ENERGÍA posicionó a
Petrobras como la segunda productora de petróleo de Argentina. Existen varios casos en que
la empresa brasileña ingresó a comunidades, donando grandes cantidades de dinero para
diferentes motivos, como reparar una escuela primaria o patrocinar proyectos educativos, y
así neutralizar las quejas en su contra. En abril de 2004, la Fundación Patagonia Natural
realizó el relevamiento del yacimiento Medanitos y su informe difundido dos meses después
sostiene que en el pozo 1536 se observó suelo con petróleo”, el petróleo fluye a la superficie
cada vez que llueve, lo que muestra de que el saneamiento no ha sido adecuado”, y el
repositorio, o zona de sacrificio con residuos hidrocarburados, permanece sin alambres en
parte del predio (servindi.org/actualidad 19 noviembre 2012).
En Colombia, zona petrolera de Campo Guando, en la Cuenca del Valle Superior del Magdalena,
PETROBRAS se desempeñaba como empresa operadora y su desarrollo ha ocasionado el
malestar y el descontento de las poblaciones aledañas. El Movimiento de Trabajadores y
Comunidades de Melgar (MTC) señaló que “la explotación irracional del recurso ha traído procesos acelerados de destrucción de nuestras fuentes de agua y agrícolas”. Según registró
el diario El Tiempo, en el 2004, la alcaldía de Melgar, buscó aplacar las críticas y denuncias
hacia PETROBRAS pidiendo a la misma brindar ya no sólo pequeñas ayudas “como la instalación de sanitarios, cableados eléctricos y dotación de escuelas” sino patrocinando
además proyectos de mayor dimensión (servindi.org/actualidad 19 noviembre 2012).
En el Perú, la historia de PETROBRAS, también es conocida por sus intenciones de extraer
petróleo en áreas de reserva territorial para indígenas en situación de aislamiento voluntario;
es el caso del Lote 110 adjudicado para exploración a la firma brasileña y que ocupaba gran
parte de la Reserva Territorial Murunahua. El año 2006, la estatal PERUPETRO licitó el Lote
117 a PETROBRAS ENERGÍA PERÚ, sobre el territorio ancestral de los pueblos Kichwa,
Sekoya y Huitoto, en los distritos de Teniente Manuel Clavero, Putumayo, Torres Causana y el
Napo, región de Loreto. El territorio concesionado también comprende la Zona Reservada
Güeppi. La Organización Kichwaruna Wankurina del Alto Napo (Orkiwan) denunció la falta de
consulta a su pueblo, por parte de PETROBRAS y el Estado peruano (servindi.org/actualidad 19 noviembre 2012).
En el Ecuador, a orilla del río Napo en la comunidad de Chiru isla, asentada a la mitad de la
ruta fluvial entre Coca y Nuevo Rocafuerte, en la Amazonia, existe fuerte malestar pues
PETROBRAS, construirá un oleoducto para la explotación del Bloque 31, que está dentro del
Parque Nacional Yasuní. Existe el antecedente de que la mencionada comunidad presentó una
denuncia el 28 de septiembre del 2004, al Ministerio de Energía y Minas, en contra de
PETROBRAS por un derrame de crudo cerca del río Yuturi, en un sitio a siete kilómetros del
centro poblado (http://www.biodiversityreporting.org/ octubre 2004).
El 29 de noviembre del 2004, se inicia una acción conjunta entre la sociedad civil de Brasil y
Ecuador, en contra de PETROBRAS; mujeres militantes de Acción Ecológica y la sociedad
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civil brasilera liderada por la Red Brasilera de Justicia Ambiental (RBJA), inician un proceso
de negociación con PETROBRAS, la denuncia realizada conjuntamente por ambas
organizaciones, se relaciona con las acciones de la transnacional, al instalarse en un área de
protección ambiental ubicada en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, aún cuando en Brasil
no está permitido explotar áreas consideradas como protegidas
(http://daypachamama.blogspot.com 1 mayo 2007).
En Bolivia, se conoce que el gasoducto Santa Cruz-Corumbá impulsado principalmente por
PETROBRAS, presentó serias contravenciones ambientales y sociales (Suárez et al.2000, en
tanto que Coello (2009), se refiere al accionar de PETROBRAS en la construcción de un túnel
de alto costo ambiental, el cual atravesó parcialmente el Parque Nacional y Área de Manejo
Integrado Serranía del Aguaragüe en más de 2000 metros, siguiendo posteriormente los
ductos por la Quebrada Los Monos (enterrados en su lecho) hasta la salida del área
protegida. La operación ocasionó perturbaciones hidrológicas en las venas de los acuíferos de
la zona, considerada de alta fragilidad ecológica y proveedora de agua para toda la región.
También existe alta incertidumbre sobre las situaciones de grave intoxicación con mercurio
ocurrida el año 20120 en el megacampo San Alberto y que afecto a varios trabajadores,
ocasionando un conflicto en el cual la transnacional pretende eximirse de responsabilidades.
El 7 de noviembre del 2011, se denunció un derrame de extracción ocurrido en el Brasil, en el
yacimiento petrolero Frade, a 370 kilómetros de las costas de la Mata Atlántica, en un pozo
operado por la petrolera estadounidense CHEVRON (considerada una empresa con
antecedentes criminales). El supuesto “accidente” provocó que se filtraran 3.700 barriles de
crudo desde 6 grietas del lecho oceánico. El 4 de abril del 2012, PETROBRAS que hasta esa
fecha no se había manifestado respecto al derrame causado por CHEVRON, declaró que no
concuerda con el valor de 20 mil millones de reales (11 mil millones de dólares aprox.) de
indemnización pedido por el Ministerio Público Federal (MPF – Fiscalía). Según la evaluación
de sus abogados de la transnacional brasileña “el valor no era razonable y era
desproporcionadamente alto” (www.rebelion.org/noticia 3 septiembre 2012).
El 2013 se ocasionó un derrame de petróleo bajo responsabilidad de PETROBRAS, que
contaminó con una densa marea negra las playas de la región de San Sebastián en la Mata
Atlántica del Brasil. El departamento del Ambiente de la municipalidad de San Sebastián,
multó a la compañía por sólo 50.000 reales, por el daño al ecosistema, según los
ambientalistas, “la multa es simbólica, no es suficiente para compensar las pérdidas”, declaró
y no descartó la aplicación de nuevos cargos. Por su parte, la Compañía Ambiental de Sao
Paulo (CETESB) multó por 10 millones de Reales a PETROBRAS. CETESB anunció que
formalizará una denuncia a PETROBRAS ante el Ministerio Público del Estado (MPE) por
delitos ambientales (http://www.lagranepoca.com 9 abril 2013).
Siguiendo la línea de intenciones del Gobierno de avasallar las áreas protegidas, a
fines de mayo del 2013, el Canciller David Choquehuanca anunció que se había
encomendado a YPFB PETROANDINA, realizar las gestiones necesarias ante las
instituciones estatales y las comunidades indígenas que habitan el TIPNIS para
15
cumplir con un acuerdo de exploración. El Canciller recordó, “al ser un tema interno de
Bolivia la suspensión de actividades de exploración por la falta de licencias
ambientales y la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro
Sécure en el bloque Sécure, Madidi y Chispani, YPFB Petroandina, deberá continuar las
gestiones ante las instituciones estatales para la solución del mismo y obtener las
autorizaciones” (La Razón, 26 mayo 2013). Por una parte, llama la atención que sea el
Canciller del Estado, quien emita estas declaraciones tan específicas y técnicas sobre
el tema petrolero, aun cuando se dieron con motivo de la II Reunión de la Comisión de
Integración Conjunta entre Bolivia y Venezuela, por otra se hacen más visibles,
algunas de las intenciones que el Gobierno tenía cuando impulsó la maniobrada consulta
en el TIPNIS.
La estrategia socio ambiental del Plan exploración de YPFB 2011-2020, presentado por
YPFB Corporación, referente al apoyo a la gestión de exploración, tiene como uno de
sus objetivos “.. levantar las causales de fuerza mayor fundadas en aspectos sociales y
ambientales”, con el fin de garantizar el desarrollo de los proyectos de exploración, y
acortar los tiempos de los procedimientos de tramitación de las autorizaciones
ambientales.
La estrategia de YPFB además menciona: “Agotadas las opciones fuera de áreas
protegidas y áreas de alta sensibilidad ecológica y de acuerdo a los diferentes análisis
desarrollados para las áreas, desde el punto de vista económico, técnico y legal, en los
que exista la consideración de que es fundamental la explotación de hidrocarburos en
áreas protegidas, comprendiendo que estas acciones ya no dependen exclusivamente
de YPFB sino de instancias superiores y tomando en cuenta las consecuencias políticas,
sociales, ambientales que podrían causar el ingreso a estas áreas”……. YPFB considera
que se deberían realizar determinadas acciones, entre las que resaltan: a)
Comprometer al Gobierno Nacional para el establecimiento de lineamientos políticos
de acción a las diferentes instancias involucradas (MHE, MMAA, SERNAP) para
viabilizar el ingreso a las áreas protegidas; b) viabilizar los proyectos
hidrocarburíferos en áreas protegidas en cumplimiento al Artículos 356 y 348 de la
CPE, referidos al carácter estatal y de utilidad pública que adquieren los Recursos
Naturales, c) Promover la elaboración de instrumentos que falten en las áreas
protegidas como Evaluación ambiental Estratégica, Plan de Manejo, Zonificación.
Queda por demás manifiesta la tendencia de impulsar a como de lugar la expansión de
la frontera petrolera, sin tomar con mínima seriedad las limitaciones ecológicas y
socioculturales que revisten las áreas protegidas y los espacios indígenas en el país,
16
para lo cual se plantea el ejercicio de prácticas de cooptación, uso de la fuerza pública
o el involucramiento de las autoridades superiores de gobierno, además no solo
haciendo una interpretación y uso plenamente antojadizo de la Constitución Política
del Estado, sino además vulnerándola.
Fuentes
La Razón, 24 mayo 2013. Vicepresidente de Bolivia anuncia ingreso de operaciones
petroleras a las áreas protegidas.
La Razón, 26 mayo 2013. Canciller boliviano declara sobre operaciones petroleras
en el TIPNIS
YPFB. 2010. Plan de exploración 2011-2020.
Constitución Política del Estado, 2009.
Coello, J. C. 2008. Desafíos de la gestión ambiental ante emprendimientos de
exploración y explotación petrolera en Bolivia. 39-57 p. En Belpaire, C. M y Ribera,
A. M. O. Eds. : Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2007-2008. LIDEMA. La
Paz, Bolivia.
servindi.org/actualidad 19 noviembre 2012
servindi.org/actualidad 19 noviembre 2012
http://www.biodiversityreporting.org/ octubre 2004
http://daypachamama.blogspot.com 1 mayo 2007
www.rebelion.org/noticia 3 septiembre 2012
http://www.lagranepoca.com 9 abril 2013
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La perversa Ley 337 y la falacia de la restitución de los
bosques en nuestro país
Marco Octavio Ribera Arismendi Enero 2013
Existen varios antecedentes que establecieron el clima favorable para la emisión de la
norma 337, todos tienen que ver con la expansión de la frontera agropecuaria y los
intereses del sector agroindustrial. Por ejemplo, en febrero del 2011 (Bolpress, 5
febrero 2011), el máximo representante de la ANAPO, Demetrio Pérez, mencionó
textualmente el siguiente pedido al gobierno: "flexibilizar la normativa de reversión
de tierras por causal de desmontes ilegales, y permita la expansión de la frontera
agrícola. Algunos productores desmontaron áreas para sembrar más, pero han sido
declarados ilegales. Nosotros pedimos flexibilizar las normas para, de alguna manera,
regularizar ese desmonte y no recortar la producción”. Estas declaraciones tuvieron
como base los acercamientos del gobierno al sector agroindustrial ya realizados el año
2010, cuando se hablaba de una “alianza productiva” y el diseño de un plan estratégico
conjunto para garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno
(SENA, 2011).
No se puede dejar de mencionar, que en enero del 2011 (www.padep.org.bo, 23 enero
2011) el Presidente Evo Morales, al posesionar a la Ministra de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, le confió la tarea de “ampliar la frontera agrícola en el país” y echar a
andar la Empresa Azucarera de San Buenaventura, (en definitiva, un megaproyecto
agroindustrial absolutamente improvisado y con elevadísimo costo socio ambiental).
En julio del 2012 (Cambio, 23 Julio 2012), el jefe de Estado, Evo Morales, durante la
clausura del ampliado de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz,
anunció que se modificará la Ley Forestal para que los pequeños productores no tengan
problemas con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra o
ABT. Una afirmación inaudita e inconcebible del primer mandatario fue: “Ésta es la
responsabilidad de los dirigentes nacionales, del movimiento campesino indígena
originario, tenemos que cambiar lo más antes posible la Ley Forestal (porque) mientras
haya Ley Forestal seguirán molestándonos, cualquiera que sea la autoridad”.
En septiembre del 2012 (El Deber 1-septiembre 2012), esta sintonía entre un gobierno
y la voraz agroindustria del oriente, desembocó en una terrible alianza, cuando se
anunció en varios medios de prensa que “el Gobierno y la dirigencia agropecuaria de
18
Santa Cruz, avanzaron en la búsqueda de consenso para dos proyectos de ley que
permitirán realizar nuevas inversiones privadas e incrementar la frontera agrícola”. En
propias palabras del segundo mandatorio del país, “hay un avance del 90% en dos
proyectos de ley, uno para ampliar el periodo de tiempo de la revisión de la Función
Económica Social (FES) de dos a cinco años, y el otro, relacionado a los desmontes y la
seguridad jurídica que reclaman los productores para sembrar más”. Obviamente, todo
esto camuflado por la gran mentira de querer favorecer la seguridad alimentaria del
país, pero en plena concordancia con la consigna con las políticas desarrollistas ciegas
del gobierno, de ampliar la frontera agropecuaria a como de lugar. No solo se
brindaron financiamientos para la devastación ecológica del país por la agroindustria
(por el FINPRO de la Ley de Revolución Productiva), sino que se pretendía ya entonces
brindarle apoyo y seguridad legal.
También la Ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo integral para vivir
bien), sirve de antesala para la Ley 337, pues refleja claramente el afán productivista
y desarrollista del Gobierno; en resumidas cuentas, es una Ley que busca intensificar
la producción y es “regeneracional”, pues también enfatiza muy llamativamente en la
regeneración de los componentes de la madre tierra post-explotación, antes de prever
su protección o la aplicación de medidas de control, o más aún, en muchos casos, la
decisión de “no uso” y conservación debido a su fragilidad. Toda la Ley 300 habla de
generar condiciones para “el uso y aprovechamiento”, incluso en los artículos que
tienen que ver exclusivamente con la conservación. De esta forma, la protección y
conservación de los ecosistemas están subordinadas a la explotación de estos y luego
considerar su posible regeneración, en previsión de los impactos y daños ocasionados.
Respecto al uso masivo de variedades transgénicas por la agroindustria, ya la Ley de
Revolución Productiva (Nº 144), al autorizar la producción y comercialización de
productos transgénicos, desbarató la Ley Corta sobre los Derechos de la Madre
Tierra, que la Asamblea Plurinacional aprobó a fines del 2010, y que en su Artículo 7,
menciona que la Madre Tierra tiene derecho, ”a la preservación de la diferenciación y
la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados
genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial”. El gobierno no
dio explicación alguna sobre esta absurda contradicción.
El 2012, el Gobierno vuelve a ingresar en su habitual y asombrosa dinámica de
contradicciones jurídicas, cuando la Asamblea plurinacional aprobó la Ley Marco de la
Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, Ley Nº 300 (una versión muy
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diferente a la trabajada por el Pacto de Unidad y sus movimientos-organizaciones
sociales), y caracterizada por su profunda visión productivista. A pesar de este
enfoque desarrollista, que a decir verdad, no busca la protección de la Madre Tierra
que tanto ha pregonado el Gobierno, dicha Ley incorporó dos menciones precautorias
referidas a los transgénicos. El Artículo 24, inciso 7, menciona: “Desarrollar acciones
de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la
introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas
genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las
que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el
patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud
humana”. En tanto que el inciso 8 del mismo Artículo dice: “Desarrollar acciones que
promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados
autorizados en el país a ser determinada en norma específica”.
Como se puede suponer, dichas menciones en la Ley Marco de la Madre Tierra,
causaron fuerte perturbación y rechazo en el sector agroindustrial soyero, y al mismo
tiempo, son un útil eslabón en la cadena de fortalecimiento de las alianzas del
Gobierno y dicho sector, puesto que en enero del 2013, el propio presidente Morales,
se comprometió a “modificar la Ley Madre Tierra referente al uso de transgénicos y
apoyar con financiamiento a la producción de la soya genéticamente modificada” (El
Día, 15 Enero 2013). En dicho evento, Evo Morales, dejó ver con claridad las
verdaderas intenciones del Gobierno al declarar: “la producción de soya con
transgénicos seguirá adelante,…… mientras los defensores de los cultivos ecológicos
no garanticen la seguridad alimentaria del país” (El Dia, 15 Enero 2013).
Respecto a la norma 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Reforestación de
Bosques, el Artículo 1 de la Ley 337, define el objeto de dicha norma en cuanto a
establecer un régimen de excepción para el tratamiento de predios con desmontes que
se hayan realizado sin autorización (desmontes ilegales) entre el 12 de julio de 1996 y
el 31 de diciembre de 2011, cuyos beneficiarios se acojan al “Programa de Producción
de Alimentos y Restitución de Bosques”.
Mientras que la finalidad de la mencionada Ley (Artículo 2) tiene por finalidad:
incentivar, en predios que hubieren sido objeto de desmontes sin autorización
(ilegales), la producción de alimentos para garantizar el derecho fundamental a la
soberanía y seguridad alimentaria y la restitución de áreas de bosques afectadas.
20
Llama la atención, que tanto el objeto, como la finalidad, hacen énfasis, en: a) el
régimen de excepción para los infractores o desmontadores ilegales entre 1996 y el
2011, es decir la “legalización de un delito ambiental”, es decir de legitimar los
desmontes no autorizados, y b) la producción de alimentos, es decir la producción
agropecuaria, que en definitiva implica necesariamente mas desmontes, sean de
bosques primarios o secundarios en sucesión. La restitución de bosques, es algo que
figura claramente como secundario y solo para ”suavizar” o “adornar” la crudeza de la
norma emitida (“para dorar la píldora”). Dicha restitución implica solo un 10 % de los
predios deforestados, lo cual en términos generales, tiene un escaso nivel de
significancia ecológica, en comparación con las superficies de las zonas desmontadas
ilegalmente, y que están destinadas a ser nuevamente habilitadas para producir
alimentos.
No solo se premia a los infractores con la abrogación o legitimación del delito, y la no
reversión, o sea, el reconocimiento de la Función Económico y Social en terrenos
desmontados ilegalmente, sino que se les permite producir y volver a desmontar. Esto,
por supuesto, beneficia en poco a un pequeño productor que puede haber desmontado
ilegalmente o sin autorización, una o dos hectáreas, pero si en mucho a un gran
productor que desmontó sin autorización (ya sea en su predio o en tierras fiscales)
cientos o incluso miles de hectáreas. Para estos últimos fue hecha la norma 337.
Considerando la dinámica ecológica sucesional, entre 1996 y 2013, varias de las zonas
desmontadas ilegalmente en el país, luego de uno o varios ciclos de producción, ya
podrían estar cubiertas de bosques secundarios (bajo una restitución denominada
sucesión secundaria), pero que con la 337, pueden volver a ser desmontadas para
“producir alimentos”, al menos en un 90%, dejando solo el 10% para restitución.
Otra falencia de la norma, va de la mano de la falta de registros detallados y precisos
de los desmontes a lo largo de 15 años, cuando las Superintendencias Agraria y
Forestal presentaban acuciantes signos de ineficiencia institucional, a lo cual se
suman actualmente las limitaciones operativas de la ABT. Ante este vació y debilidad
de fiscalización e información, los propietarios de predios, pueden fácilmente aducir
un desmonte hecho recientemente, por ejemplo, el 2012 (o incluso del 2013), como si
fuera del 2009 o del 2010, o antes, con lo cual existe el riesgo de un avance neto de
las fronteras agropecuarias. Por otro lado, pueden haber propietarios con
colindancias a tierras boscosas íntegras, que talen superficies los siguientes años y las
declaren como de años anteriores. Es de esta manera que los grandes productores
parecen haber entendido la norma 337, cuando el presidente de la Cámara
21
Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, comentó que, “con esta disposición se
podrá legalizar las propiedades que están con desmontes ilegales, viabilizando para
seguir realizando derribes y seguir ampliando la frontera agrícola” (El Día, 15 Enero
2013).
En definitiva, la norma 337, no tendrá, de ninguna manera, un impacto positivo en
la restitución de los bosques, sino todo al contrario. Claramente, es de flexibilización,
y es absolutamente incoherente, ambigua y contradictoria. Adicionalmente es
perversa, no solo por el incentivo al aumento de la expansión de la frontera agrícola,
sino por el aval al sector agroindustrial exportador, uno de los que mayor depredación
ecológica ha ocasionado al país, que genera divisas volátiles, que paga impuestos
irrisorios, que no genera renta a pesar de los exorbitantes ganancias, que recibe una
generosa subvención de carburantes, y que además abre gustosamente las puertas a la
extranjerización de la tierra.
No en vano el propio Evo Morales afirmó respecto de la Ley 337: “Con esta normativa
tratamos de apoyar la producción en el oriente boliviano, ampliado más la frontera
agrícola que tiene el país y garantizando la seguridad alimentaria”. En la misma línea
(El Día, 15 Enero 2013), la Ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, manifestó
que “mediante esta norma se ampliará la frontera agrícola lo que repercutirá en
garantizar la seguridad alimentaria”.
Adicionalmente, el hecho de que Evo Morales, entregara a mediados de enero la Ley
337, en manos de Julio Roda (El Día, 15 Enero 2013), presidente de la Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO), tiene un tremendo significado simbólico y
reconfirma las proyecciones del desarrollismo agroindustrial, abiertamente anti
ecológico, que impulsa el actual gobierno. Definitivamente, no es el pequeño productor
el que se beneficiará más de esta norma, sino los medianos y grandes productores,
incluidas las empresas y cooperativas agropecuarias.
Con esta norma y otras afines, el actual gobierno se aleja aún mas de los verdaderos y
legítimos intereses del pueblo y de las masas que siguen empobrecidas en el campo y
en las ciudades, y se acerca más a las grandes corporaciones agroindustriales del
oriente. Este “perdonazo” a los desmontes ilegales es similar a la Ley que legalizó
cientos de miles de autos ilegales o “chutos”, y muestra nuevamente la falta de
seriedad en el manejo normativo que tiene este gobierno. Adicionalmente, el mal
precedente implica un incentivo a que los productores agroindustriales asuman una
actitud de “confianza”, en que al final de cuentas, se legitimará lo ilegal, es decir que
22
pueden seguir talando ilegalmente, total…., luego de unos años volverán a lograr otra
Ley que los exima de responsabilidades.
Fuentes
Castañón,E. 2013. Comunidades campesinas en territorio agroindustrial:
Diferenciación social y seguridad alimentaria en el municipio de Cuatro Cañadas”,
en Fundación Tierra, ¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra y
producción de alimentos en Bolivia.
Ribera,A.M.O. 2013. Actualización 2010-2013, de los 16 estudios de caso (temas
priorizados en LIDEMA el año 2008): Estudio 11-Expansión del modelo
agroindustrial Soya-oleaginosas, biocombustibles y transgénicos.
Sheriff,E.H. 2013. Impacto del Sector Soyero en la Economía Boliviana.
Documento de Trabajo 2 ESB. LIDEMA.
ANF, 12 enero 2013. Se aprueba la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
(www.padep.org.bo 23 enero 2011) Instrucciones oficiales para ampliar la frontera
agropecuaria.
Cambio, 23 Julio 2012. Anuncio oficial de intención de cambios en la Ley forestal
para favorecer a la agropecuaria.
El Deber, 1 septiembre 2012, Gobierno y la dirigencia agropecuaria de Santa Cruz,
avanzan en proyecto para incrementar la frontera agrícola”.
El Día, 15 Enero 2013. Evo Morales se compromete a modificar la Ley Madre
Tierra referente al uso de transgénicos y apoyar la producción de la soya
genéticamente modificada”
El Día, 15 Enero 2013. Evo Morales, entrega la Ley 337, en manos de Julio Roda
Presidente de la CAO.
El Día, 15 Enero 2013. Julio Roda, de la CAO, declara que la Ley 337, viabiliza
seguir realizando derribes y seguir ampliando la frontera agrícola.
23
El Mutún y la pesadilla del carbón vegetal
Marco Octavio Ribera Arismendi 29 de Mayo de 2014
A fines del año 2011, a pocos meses de la salida definitiva de la JINDAL, la falta de
gas hacia el Mutún, abría nuevamente la opción del uso de carbón vegetal, poniendo en
riesgo a las ecoregiones de bosques secos del Chaco-Chiquitanía circundantes al
megaproyecto minero-siderúrgico, como potenciales proveedoras de maderas duras, o
para desbosques y albergar plantaciones de eucalipto y otras maderas para elaborar
carbón. Esto significa retornar a la idea de la empresa brasilera EBX.
Entre los años 2008 y 2010, en los estudios se identificó al megaproyecto minero
siderúrgico del Mutún como uno de los de mayor riesgo socio ambiental en el país por
la gran dimensión de las operaciones mineras y siderúrgicas y las mega
infraestructuras viales asociadas. El año 2014, luego de las evaluaciones realizadas
entre 2010-2013, se verificó el elevado riesgo socio ambiental del megaproyecto,
precisamente en uno de los temas más sensibles que fuera alertado, cual es el uso de
carbón vegetal para la siderurgia de reducción del hierro.
La muy expectada nueva adjudicación a la transnacional JINDAL eliminó el riesgo del
uso de carbón vegetal, planteando la alternativa en el proceso siderúrgico de
reducción directa del hierro (DRI) a partir del metano del gas natural, como
alternativa. Sin embargo, desde el año 2008, el gas nunca fluyó a la zona de
explotación y transformación de hierro del Mutún y gran parte del conflicto entre el
Gobierno y la JINDAL fue por la falta de aprovisionamiento de gas y el hecho de solo
producir y exportar concentrados como materia bruta en forma de mineral triturado.
YPFB nunca dio atención a la necesidad de gas para el proceso reductivo ni el
funcionamiento de la planta, en las últimas etapas del conflicto, ofertó 2,5 mmcd
(millones metros cúbicos por día), de los 10 mmcd que requería el proceso integral de
transformación del hierro. Recientemente el nuevo presidente de la Empresa
Siderúrgica del Mutún (ESM), L. Alberto Padilla reveló que YPFB ofreció 2,5 mmcd,
pero esto recién se daría el 2016 con el objetivo de iniciar una “miniacería” de
laminados. El dilema del Mutún, muestra la real dimensión del extractivismo en el que
se mueve el país, enfatizando la exportación de materias primas y postergando los
procesos de industrialización.
A fines del año 2011, a pocos meses de la salida definitiva de la JINDAL, la falta de
gas hacia el Mutún, abría nuevamente la opción del uso de carbón vegetal, poniendo en
riesgo a las ecoregiones de bosques secos del Chaco-Chiquitanía circundantes al
megaproyecto minero-siderúrgico, como potenciales proveedoras de maderas duras, o
24
para desbosques y albergar plantaciones de eucalipto y otras maderas para elaborar
carbón. Esto significa retornar a la idea de la empresa brasilera EBX.
Como antecedente preocupante, desde antes del 2007, en esta región funcionaban y
funcionan predios con autorizaciones forestales y agrarias, así como ilegales, que
elaboran carbón, para su venta al Brasil. También existe una importante extracción de
maderas duras del Chaco (p.e. sectores Cabezas, Gutierrez, Charagua) con destino al
Brasil para elaboración de carbón en el vecino país y su uso en las siderurgias de
hierro como es el caso de Urucum (Ribera, 2010).
Ya el año 2012 se comentó desde la ESM la posibilidad de utilización de carbón
vegetal “con tecnología limpia y programas de reforestación”, previéndose además que
el carbón “se compraría o importaría del Brasil” (La Razón, 30 octubre 2012). En este
un punto álgido se argumentó el año 2010 la paradoja de que al menos una parte del
carbón que se comercializa en el Brasil proviene de regiones del Chaco de Bolivia, con
lo cual estaríamos comprando nuestro propio carbón.
Es en abril del 2014 que el ingeniero químico Saul J. Escalera realiza en la Plataforma
Energética una denuncia formal y con amplio fundamento técnico, sobre la
discrecionalidad con la que la ESM viene actuando respecto del problema del uso del
carbón vegetal. En dicho texto se menciona que el presidente de la ESM Luis Alberto
Padilla declaró a la revista Energy Press: “La ESM tiene previsto utilizar los hornos
que dejó la empresa brasilera EBX en la frontera con Brasil el año 2006”. Adquirir
dichos hornos es una prioridad y que su uso será diferente porque será controlado con
procedimientos que “no tengan impacto ambiental negativo” para la región. Para esto la
ESM ha comenzado “una agresiva campaña entre los comunarios de las zonas
colindantes con el Mutun para interesarles a producir carbón vegetal para la planta”;
asimismo ya se estarían “definiendo zonas de reforestación y el tipo de tecnología a
ser aplicado para producir carbón vegetal” (Energy Press No. 683, Febrero 2014).
También se conoce que el presidente de la ESM reveló que se negocia con la EBX para
adquirir los hornos que permitan concretar la industrialización, argumentando que de
lo contrario significaría postergarla (El Deber, 27 abril 2014).
Escalera alerta que no es difícil imaginar que la extensiva y masiva explotación de la
madera de árboles para producir carbón vegetal para la metalurgia del fierro
aumentará enormemente la tasa de deforestación en las zonas, produciendo un
descalabro forestal y desertizando estas zonas de alta fragilidad y con la presencia
de al menos cuatro importantes áreas protegidas y un sitio RAMSAR, algo que desde
el LIDEMA se viene recalcando desde el año 2008. Escalera adiciona un dato
importante sobre una nuevo avance tecnológico en el uso del gas, dado por el Ing.
Lucio Alejo – investigador de la UMSS en Cochabamba – quien ha desarrollado un
25
novedoso proceso para producir “gas de agua” utilizando un reactor de lecho fijo a
T=380ºC y una presión de 1,0 atmósfera con catalizador de niquel. Con este proceso,
se ha logrado producir hierro esponja de buena calidad en base al mineral de del
yacimiento de Changolla en Cochabamba.
Algo que llama profundamente la atención es que dicha opción del uso del carbón
vegetal, totalmente anti ecológica y fuertemente atentatoria en contra de la Madre
Tierra, fue un argumento importante para que el año 2006, el Gobierno anulára la
licitación que se había adjudicado la empresa brasilera EBX, la cual había instalado
grandes hornos en la zona aledaña a Puerto Suárez.
Es muy penosa la inconsistencia del Gobierno y las empresas estatales en el manejo de
temas estratégicos tan delicados como es el caso del Mutún. El nuevo Presidente del
ESM utiliza una suerte de chantaje emocional, al argumentar que si no se utiliza el
carbón vegetal y los hornos de la EBX, estamos condenados a la no industrialización y
seguir produciendo y exportando materia prima a bajo precio, sin considerar ni
remotamente la alternativa del gas natural. Nuevamente se desestima el principio
precautorio y el afán desarrollista hace uso arbitrario de simplismos y falacias
pseudo-ecológicas, como que “tenemos que convencer a Bolivia de que el carbón
vegetal no será dañino”. Este tipo de actitudes, tendrá mucha incumbencia en el
descalabro ambiental de una de las regiones de mayor relevancia ecológica del país, y
esto debería tener responsabilidad histórica.
El Gobierno debería seguir analizando la posibilidad del uso de gas natural para la
industrialización del hierro, incluso sacrificando algunos volúmenes que por ahora
acapara la exportación al Brasil y la Argentina y no permitir que la ESM asuma
actitudes en extremo temerarias y nada responsables. Eso sería una clara señal en la
protección efectiva de la Madre Tierra.
Fuentes
Ribera,A.M.O. 2013. Actualización 2010-2013, de los 16 estudios de caso (temas
priorizados en LIDEMA el año 2008): 6.-Explotación del hierro en el Mutún,
siderurgia y megaproyectos viales y energéticos relacionados.
Escalera, J.S. 2014. Previsto el uso de carbón en el Mutún. Plataforma energética.
CEDLA.
La Razón, 30 enero 2014. Ministerio no presentó plan para un gasoducto al Mutún.
La Razón, 12 febrero 2014. Wegsa planifica 4 plantas para hierro en el Mutún
Energy Press No. 683, Febrero 2014. Declaraciones de la Presidencia de la ESM
sobre el uso de carbón vegetal.
26
Más desatinos ambientales, el paso del DAKAR
Marco Octavio Ribera Arismendi Enero 2014
El DAKAR es una tropelía irresponsable a los valores ambientales y socio culturales, un
aventurismo tecnológico millonario supeditado a los caprichos y veleidades de una
figura corporativa transnacional (denominada ASO: Amaury Sports Organization) que
promueve e impulsa este nefasto show pseudodeportivo. A los promotores del DAKAR
les importa un pepino los impactos a los países y zonas por donde pasa, a ellos les
interesa es la millonada recaudación y la imagen.
El DAKAR en el mundo, incluida en África, donde nació por el delirio de un aventurero
francés, dejó una estela de impactos y daños irreversibles a los ecosistemas, la fauna
silvestre, los valores arqueológicos y geológicos de los lugares por donde pasó, y ya se
enlista a este evento como uno de los agentes de mayor perturbación a ecosistemas de
muy alta fragilidad por donde pasa, principalmente desiertos, punas y salares. El
DAKAR es un atentado en contra de la Madre Tierra, es una clara efervescencia del
mundo capitalista y una forma más de colonialismo.
El hecho de que el DAKAR haya sido recibido en Bolivia con tanto entusiasmo por los
altos jerarcas del Gobierno, es una clara muestra de la absoluta ignorancia e
indiferencia acerca de los temas ambientales. También es una muestra de la
temeridad, sin ápice de principio precautorio, con que los responsables del Estado
abrazan ciertas novedades tecnológicas, como es el caso del Fracking o la energía
nuclear.
En todo esto, además prima la improvisación, un indicativo es la total disparidad y
generalidad (superficialidad) de los mapas por donde pasará esta competencia,
asombran las declaraciones de autoridades del Ministerio de Culturas que mencionan
que el detalle de la ruta recién se dará a conocer días de antes del inicio de la
competencia. Típicamente los diversos tipos de motorizados del DAKAR, no respetan
rutas y prefieren tramos abiertos como dunas y salares de manera aleatoria y
circunstancial, en otras palabras van por donde les da la gana o el instinto. Esto
ocasiona tremendos impactos a los ecosistemas, algo parecido a lo que
desafortunadamente ocurre en ciertas zonas de la Reserva Eduardo Abaroa (Laguna
Colorada) por las a las rutas abiertas de los motorizados de las empresas de turismo.
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Hace algunos años en el país, se criticó el denominativo de “caravana ecológica” de
“quadratracks”, que pretendía atravesar varias áreas protegidas del país, y que
afortunadamente no pasaron por dichas zonas y posteriormente, y en honor a la
verdad, se quitaron el rotulo de “ecológica”. Es triste que algunios medios de
comunicación difundan la falacia de que con el Dakar se “descubrirá la geografía de
Bolivia”; ningún descubrimiento se puede hacer corriendo como enajenados a más de
80 Km por hora.
Los efectos en las zonas o “rutas” del Salar de Uyuni por donde atravesará la tropelía
de motorizados, serán devastadores, dado que en un tipo de ecosistema
extremadamente frágil. Dichos tramos perderán su enorme calidad visual y escénica, y
la plena restauración de su estructura de polígonos por efecto de soliflucción, podría
durar incluso siglos, si es que se da. En otras zonas fuera del salar, se esperan
impactos severos sobre ecosistemas frágiles de punas y arenales, daños a la vida
silvestre y doméstica por atropellamientos, ruido excesivo y ahuyentamiento de la
fauna silvestre, además de una monumental contaminación por basura. Ser
interesante, aunque penoso, realizar las evaluaciones y monitoreos post evento y de
alguna manera documentarlas para exigir responsabilidades, ahora, o históricamente
más adelante. En todo esto, si hay algo que deberíamos alegrarnos, es que la tropelía
no pasará por la Reserva Eduardo Abaroa y Laguna Colorada (aunque con seguridad se
les pasó por la cabeza), algo que hubiera sido el crimen ambiental perfecto. Algo que
debería ser también investigado, es la denuncia de transferencia de fondos de
atención médica pública en Cochabamba, al evento DAKAR.
En el imaginario de los adeptos de la cultura urbano-céntrica y del propio Gobierno,
absolutamente divorciados de las problemáticas o temas socio-ambientales y
ecológicos, el DAKAR es una maravilla. En el fondo, con el DAKAR el Gobierno asume la
figura de “pan y circo”. El camuflaje perfecto ha sido la propaganda de promover el
turismo en el país, pero ¿qué tipo de turismo?, a claras vistas, un turismo aventurero,
motorizado, de muy escasa responsabilidad ambiental y que su paso solo deja un
poquito más que montones de basura y daños a los ecosistemas. Es triste, que en
ningún momento a lo largo de estos años, se haya visto asomo de entusiasmo, como el
que derrochan por el DAKAR, por parte del Gobierno o sus Ministerios de Culturas o
de Medio Ambiente, para promover el ecoturismo en el país. A esta falencia, se suma
la ironía de las declaraciones del Viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad
(supuestamente la Autoridad Ambiental Competente), de estar tramitando la “licencia
ambiental para el paso del DAKAR”, además de una palabrería inútil e insustancial
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sobre las medidas de mitigación y remediación que se realizan, lo cual es absurdo,
puesto que ni siquiera se conoce la ruta en detalle, total, esta instancia da licencias
ambientales para todo y sin chistar. Lo del DAKAR ha sido un desatino más en la larga
lista de desaciertos ambientales de los últimos años en los países sudamericanos.
Queda en todo esto, ponderar positivamente la posición de las autoridades
ambientales del Ecuador, de rechazar el paso del DAKAR por los riesgo ecológicos y
culturales inherentes, y la posición de instancias académicas de Chile, que han
criticado y lamentado el paso del DAKAR por su país.
Nota.- El Paso del Dakar que cruzó el Salar de Uyuni el año 2015, generó fuertes impactos de
contaminación por residuos y mecánicos a la frágil superficie del Salar por el paso de decenas
de motorizados de competencia y apoyo. El Ministerio de Medio Ambiente solo mencionó que no
hubo impactos y que se realizaron controles, sin embargo, al momento no se conoce un informe
público de las acciones de control y monitoreo.
Fuentes
Antonio Pérez. 2014. El Rally Dakar: Invasión motorizada y neocolonialismo deportivo.
Pukara Nº 89.
María Soledad Ramati. 2011. Rally Dakar: La encrucijada entre la competitividad y el medio
ambiente. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año
V.
Boris Bernal Mansilla. 2014. Por qué no debe pasar el Dakar por Bolivia. Bolpress.
Marcelo Higueras Saavedra. 2013. Análisis de Consecuencias Ambientales del Rally Dakar
para Bolivia. wordpress.com/2013/05/19.
La Razón Digital, 31 de mayo de 2013.
http://www.lagranepoca.com/30279-dakar-2014-argentina-bolivia-chile-surge-entre-
denuncias-impunidad
http://eju.tv/2013/12/quitan-recursos-de-hospital-para-pobres-y-lo-dan-al-dakar/
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La trascendencia de descolonizar las palabras
Marco Octavio Ribera Arismendi Mayo 2014
El afán de “descolonizar” entre los fervientes servidores del gobierno, parece no
tener límites. Resulta que con motivo de afinar los reglamentos de la Ley Marco de la
Madre Tierra (Ley 300), que valga la aclaración es una ley esencialmente expoliativa y
que por ello el antropólogo Pablo Villegas la ha definido como una “Ley para sacarle la
madre a la Tierra”, las luminarias que definieron los conceptos ambiguos, como zonas
de vida y sistemas de vida, habían realizado tal propuesta bajo la asombrosa lógica de
cambiar el concepto científico de “ecosistema”, debido a que es “neoliberal”. La
primera reacción fue de de asombro ante tamaña fruslería, pero luego se ve que la
trascendencia del tema es inmensa, e incluso da para poder anecdotizar al infinito.
El concepto de ecosistema en su forma más simple se refiere a una comunidad de
seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí, y su etimología se basa
en la palabra griega "oikos" que significa casa y del latín "systêma" que significa
normas, procedimientos. Se desconoce cuan “neoliberales” eran las intenciones o
afanes de Clapham y Tansley, los botánicos que en los años 30 del siglo pasado,
acuñaron el vocablo.
Ante tanta trascendencia en el cuestionamiento del vocablo Ecosistema, no podemos
sino sumarnos para dar algunos aportes de cambio a algunas palabras “neoliberales” de
las cuales está plagada la literatura científica universal. Por ejemplo, resultará
incomodo decir “célula”, por lo cual sugiero utilizar la palabra compuesta “cosita
invisible que vive”, también la palabra bosque-forest, puede resultar incomoda,
entonces se pude decir “montonera de árboles” y obviamente el concepto “forestal”,
que además viene del inglés forest, debería decirse algo como referido a “persona o
disciplina que estudia montoneras de árboles”. La tarea puede llegar a ser ciclópea,
dada la abundancia de términos neoliberales. Por ejemplo “Fotosíntesis”, es un gran
desafío, pero se puede simplificarla para salir de la trampa neoliberal, como “energía
que se que se hace con luz”. El concepto de biodiversidad, desde lejos muy
“neoliberal”, por su acerbo biodiversity, se la puede trastocar simplemente a
“montonera de cosas vivas”. En el caso de la terminología digital la cosa es más difícil,
pero “Facebook”, palabra hiper-neoliberal desde luego, la podemos redefinir en
castellano como “cara de libro”, con Skype y twitter estamos realmente en figurillas. Y
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así, podemos pasarnos media vida en una tarea de tanto trascendentalismo que nos
puede emocionar hasta las lágrimas.
Tendremos, sin duda algo más, dificultad en trastocar vocablos que no sabemos si son
neoliberales o no, muchos suenan y saben mal, esto en función a la enorme aceptación
que tienen en todas las esferas y oficinas del gobierno. Por ejemplo, “Dakar”,
“Fracking y Shale gas”, “REPSOL”, “agroindustria o agrobussiness”, “telecentros”,
“teleférico”, “hidroeléctricas”, “geotermia”, “siderurgia”, etc.
Realmente impresiona que la tecnocracia al servicio del actual gobierno invierta su
tiempo en semejantes majaderías, no es el hecho en sí de que el concepto ecosistema
pretenda racionalmente ser mejorado, puesto que llegaría a ser un ejercicio científico
per se, lo inaudito es que se la pretenda sustituir bajo un argumento falaz y de una
inconsistencia del todo risible.
Fuentes
FSP. 2006. Ecología y Medio ambiente. Nº 44. Centro de Ecología Fundación
Simón I. Patiño. Santa Cruz, Bolivia. 24 p.
Jiménez,H.L., HIGÓN T.F. 2003. Ecología y economía para un desarrollo
sostenible. Ed.La NAU solidaria. Univ.Valencia, España. 218 p.
Margalef,R. 1993. Teoría de los Sistemas ecológicos. Univ. Barcelona. España. 290
p.
Ribera,A.M.O. 2008. Glosario de temas y conceptos ambientales. LIDEMA. 2ª ed.
corregida y actualizada. La Paz, Bolivia. 253 p.
Ribera,A.M.O. 2011. Primera aproximación a un inventario de Unidades
Ecoregionales Amenazadas en Bolivia. Cartografía-SIG: Roberto Daza von Boeck.
LIDEMA. La Paz, Bolivia. 309 p.
Sarmiento, F.O. 2000. Diccionario de Ecología: Paisajes, conservación y Desarrollo
Sostenible para Latinoamérica. UNU/CLACS/NSF/AMA/ABTA-YALA/CAF.
Quito, Ecuador. 225 p.
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Mi voto transgeneracional en contra de las plantas nucleares
Marco Octavio Ribera Arismendi Octubre 2014
Soy biólogo y activista ambiental, vengo trabajando en el campo ambiental desde hace
más de treinta años. Pero eso no es lo más relevante en mi vida, lo realmente
importante es que soy padre de dos hijos hermosos y abuelo de una nieta y dos nietos,
más hermosos aún.
Pienso en ellos trabajando y creciendo confiados, en un país que día a día se va
tornando más triste y riesgoso en lo ambiental. Ya no son únicamente los desaciertos
ambientales, como Cohana y el Lago menor convirtiéndose en una cloaca, o las ingentes
cantidades de metales pesados en ríos del país, o miles de hectáreas arrasadas para
sembrar soya transgénica, o explotaciones mineras y petroleras dentro de las áreas
protegidas y tierras indígenas. No, ahora quieren jugar con el uranio y la energía
nuclear en nuestro país (aunque lo viene anunciando desde el 2008). Para los espíritus
tan superficiales y ávidos de desarrollismo que nos gobiernan, qué lejos está el
recuerdo nefasto de Fukushima, evidentemente pretenden seguir ignorando lo
ocurrido y lo que ocurre actualmente. Con que soltura y liviandad anuncian las futuras
exploraciones y explotaciones de uranio y para colmo, con una soltura fenomenal,
anuncian la instalación de plantas nucleares con la ayuda de sus “amigos” rusos. A ver
si se enteran de que una falla en una planta nuclear no es como el siniestro del horno
de la Planta fundidora de Karachipampa o las fallas del teleférico.
A pesar de eso, sigo soñando con un país gobernado con cordura, con responsabilidad,
sin temeridades amparadas en la ignorancia, la tozudez o la pendejada, donde mis
hijos, mis nietos y sus hijos, vivan bien, vivan sanos, cobijados por una Madre Tierra no
apaleada.
Por eso principalmente, voy a votar en nombre de mi nieta y mi nieto, y de sus hijos y
nietos también, y voy a votar en especial, en contra de las ideas demenciales de
introducir innecesariamente la energía nuclear en un país que rebosa de fuentes
alternativas de energía limpia. Voy votar en contra de la más peligrosa contaminación
sobre el planeta, la radiactiva, voy a votar en contra del riesgo de cáncer en los
huesos o en la sangre de los bolivianos, en contra del padecimiento de niños con
deformidades congénitas desde el vientre de sus madres. En contra del dolor y la
impotencia de esas madres. Voy a votar en contra de Evo.
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Ojo, también voy a votar en contra del silencio y pusilanimidad de las otras tienduchas
políticas, porque no dijeron ni esta boca es mía ante las declaraciones atroces, por
supuesto, están en la misma onda, lo ambiental, como a los que están de turno, les es
un estorbo y con seguridad tienen las mismas o peores ideas.
Fuentes
Erbol, 31 octubre 2013: “Sería un salto tan importante no solamente por razones energéticas sino por razones medicinales, y hemos trabajado casi calladito, con Argentina y Francia, y vamos a avanzar, no estamos lejos, tenemos materia prima,
dijo Evo Morales”.
El Nacional (Tarija), 25 mayo 2014: El discurso más falso de Evo
La Razón, 23 enero 2014: El Presidente Evo Morales aseguró que el proyecto
atómico es una prioridad estatal y figura entre las megaobras que el Gobierno
boliviano se ha fijado en el marco de la Agenda Patriótica 2025.
Hoybolivia.com/28 junio 2014: El presidente Evo Morales confirmó la utilización de
energía nuclear en Bolivia hacia 2020.
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Conflictos indígenas y extractivismo en la Amazonía
Marco Octavio Ribera Arismendi Diciembre 2013
La exploración del bloque Liquimuni y el conflicto en la TCO Mosetene
El proceso de Liquimuni se inicia en agosto del 2008, con la firma del convenio entre
los Gobiernos de Bolivia y Venezuela, creando la empresa PETROANDINA SAM, una
sociedad anónima mixta (SAM) entre YPFB de Bolivia y Petróleos de Venezuela S.A.
(PDVSA).
Ese acuerdo incluye la exploración y explotación de los hidrocarburos del norte de La
Paz, con una inversión de 600 millones de dólares. El año 2008, el Bloque Liquimuni fue
concesionado a YPFB y puesto bajo operaciones de PETROANDINA. El Bloque
Liquimuni abarca las provincias de Caranavi, Larecaja, Sud Yungas; se encuentra en la
zona de influencia inmediata de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas y se
superpone a las TCOs Mosetene y Leco Larecaja. La exploración sísmica de Liquimuni
se inició a fines del 2008 y culminaba el año 2010, habiéndose realizado más de
40.000 registros sísmicos sobre 6.500 Km2. El proceso exploratorio sísmico estuvo a
cargo de GEO KINETICS, una empresa de Estados Unidos, subcontratada por
PETROANDINA.
En términos generales, la aplicación de los instrumentos de gestión y regulación
ambiental fueron en extremo deficientes, la Ficha Ambiental elaborada para
PETROANDINA, presentaba importantes inconsistencias respecto de los posibles
impactos a los ecosistemas y las alternativas para su reducción. Asimismo, el Estudio
de Evaluación de Impacto Ambiental tuvo una bajísima calidad técnica y marcada
superficialidad, así como notables vacíos en el tratamiento de aspectos sociales y
culturales; en tanto que el proceso peor encaminado fue el de la consulta. Ésta fue en
extremo deficiente y consistió en procesos informativos superficiales y en ningún
momento se aplicó el Reglamento de Consulta Participativa según el Decreto Supremo
29033.
Los reportes locales y las evaluaciones en terreno, verificaron que la exploración
sísmica 2D, indujo impactos socio ambientales en los ecosistemas de las frágiles zonas
de serranías subandinas, tanto por la apertura de brechas en zonas fuertemente
inclinadas, pero especialmente por las múltiples detonaciones del proceso, tanto en
laderas como en cabeceras de cuenca de arroyos, afectando la disponibilidad hídrica
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en algunas comunidades. Otros impactos se dieron por ahuyentamiento de fauna y
deterioro de zonas de cacería y recolección, además de impactos a cultivos frágiles,
como platanales, por perturbación mecánica de las aspas de los helicópteros.
Los impactos socio culturales ocasionados por el ingreso de las operaciones petroleras,
fueron comparativamente devastadores, ocasionando un profundo debilitamiento de la
organización indígena regional OPIM (Organización del Pueblo Indígena Mosetene) y
de las propias comunidades. La actividad petrolera polarizó las posiciones al interior
de las comunidades, unas a favor y otras en contra del ingreso de la empresa. La
consulta, en vez de convocar a la instancia representativa o estructura organizacional
de la Nación Mosetene, es decir a la presidencia y directorio de la OPIM
(Organización del Pueblo Indígena Mosetene), tal como lo establece el Decreto 29033
de Consulta Participativa, la Constitución Política del Estado y el Convenio 169,
procedió a generar situaciones de “consultas aisladas” entre las diversas comunidades,
fue cooptativa y prebendalista, ofertando obras como arreglos de plazas, arreglo de
caminos, sedes sociales, etc., a cambio del apoyo al proyecto petrolero de exploración.
Es decir, fue de mala fe y procurando favorecer los intereses de la empresa. Al
respecto el máximo dirigente de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia), Adolfo Chávez, denunciaba el año 2010, que el conflicto en el Norte de La Paz
se produjo debido a la inexperiencia de los funcionarios públicos que no supieron
dialogar con las autoridades locales y comunales de dicha región. En opinión de este
líder indígena, “el error de las autoridades del sector y la empresa petrolera, fue no
consultar con las máximas autoridades de la organización indígena y optar por
consultas aisladas a líderes menores o incluso familias, al obviar el mecanismo
aprobado por norma, no se respetó la estructura organizacional y se cometieron
manipulaciones. Se dedicaron a hacer churrascos para que la comunidad acepte, a
cambio de obras que hasta el momento no han llegado” (Reporte Energía, febrero,
2010; Ribera, 2010).
En julio del 2011, la Agencia oficial de noticias del gobierno (AN) y YPFB, informaron
que el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el Presidente Evo Morales y
representantes de PETROANDINA, en un acto público realizado en Covendo,
entregaron obras sociales “que benefician a 334 comunidades del norte paceño”, en el
marco de la política del “Vivir Bien”. El Alcalde de Palos Blancos, Nazario Escobar,
destacó la entrega “de un sinfín de obras”. Unas semanas después, en una verificación
en terreno, se observó que el mencionado sin fin de obras significaba, en Covendo, una
sede social y el arreglo de la plaza. Una de las obras, de supuesto “beneficio” para la
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comunidad de Covendo, fue el arreglo de la pista de aterrizaje. Varios pobladores
indígenas mencionaron al respecto, “nunca hemos volado, ni tendremos recursos para
hacerlo, esa pista fue para que llegue el Presidente y para la empresa”.
A lo largo del año 2011, se advertían posiciones encontradas, entre los máximos
líderes de la OPIM, algunos contrarios al accionar de la petrolera y otros a favor de
esta. Por su parte, los líderes de varias comunidades, como Covendo o Villa Concepción,
fueron favorables al accionar de la empresa, aunque al interior de las comunidades
existían posiciones divididas. En general, a fines del 2011, se percibía un pronunciado
debilitamiento de la OPIM, la cual, ya no contaba con el apoyo evidente de las
comunidades y bases. En términos culturales, un proceso de consolidación de dicha
organización indígena, que significó varias décadas de esfuerzos, se desbarató en
menos de un año por las acciones mal encaminadas y de mala fe, de la empresa
petrolera y un Gobierno que había proclamado defender los derechos indígenas.
La perforación del pozo Liquinuni
Posterior a la exploración sísmica, la exploración de perforación ya fue anunciada
desde fines del año 2010, como una operación casi inmediata, sin embargo,
posteriormente se adujo que la interpretación de los datos sísmicos demoraría varios
meses. En marzo del 2011, se anunciaba que PETROANDINA alcanzó el 80% en la
interpretación de los trabajos de sísmica en el bloque Liquimuni, de acuerdo al
Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, el trabajo de
interpretación concluiría en junio del 2012, luego de lo cual se prepararían los estudios
para iniciar la perforación que demandaría una inversión de hasta 40 millones dólares.
A fines del 2011, desde la Presidencia de YPFB, se declaraba que en el segundo
trimestre del 2012, se debería iniciar la perforación de ese pozo exploratorio. Las
perforaciones petroleras en el bloque Liquimuni llegarían a 4.000 metros de
profundidad, ingresando al reservorio principal ubicado en la formación geológica
Tomachi del Devónico superior (ANF, La Paz, 15 abril 2012).
Un elemento llamativo, a fines del año 2011, fue el anuncio oficial (Los Tiempos, 25
octubre 2011) a partir de datos de la sísmica 2D, de la existencia de grandes reservas
de petróleo y gas en el bloque Liquimuni: 1 TCF de gas y 50 millones de barriles de
petróleo, noticia criticada por expertos petroleros, como infundada, puesto que en
ausencia de la perforación exploratoria, es imposible hacer tal afirmación. Esto fue
interpretado como un ardid mediático con intenciones políticas para reducir el
protagonismo de la llegada a la ciudad de La Paz, de la octava marcha indígena en
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defensa del TIPNIS y recobrar algo del enorme apoyo perdido a lo largo del penoso
conflicto. En julio del 2013, se seguía manejando esta ficción (AN-YPFB, 14 julio 2013)
incluso con una asombrosa mayor precisión, mencionando, la cifra de 51,2 millones de
barriles de petróleo; causa asombro semejante exactitud, sin haber perforado un
metro y solo en base al análisis de la exploración sísmica.
Finalmente, en junio del año 2012, se anunciaba que la interpretación de los resultados
de la sísmica 2D, permitió identificar dos centros importantes (Liquimuni Centro y
Liquimuni Norte) sobre alrededor de 156 kilómetros cuadrados, con potencial para la
perforación exploratoria. La zona de perforación del primer pozo exploratorio en
Liquimuni, había sido ubicada en el sector de Sararía, entre los municipios de Alto Beni
y Teoponte (La Prensa, 26 junio 2012). El camino de acercamiento a la zona de
perforación Sararía-Colonia 22 de julio, significó la mejora de 54 kms., de vía, desde
el cruce Bella Vista hacia Suapi y San Luís, que se desarrolló con la participación de la
Fuerza Binacional Bolivia-Venezuela.
A fines de junio del 2012, desde el Viceministerio de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos, (UCOM /MHE, Bolivia - UPSTREAM) se informaba de una nueva fecha
para la perforación, la cual recién se iniciaría el primer trimestre del 2013. Se
informaba también, que no se descartaba la posibilidad de realizar otras
perforaciones de pozos de exploración en el bloque, para conocer la verdadera
magnitud de la estructura, su ubicación, su dimensión y cálculo de reservas.
PETROANDINA anunció, a fines de junio del 2012, que se había abierto un camino de
cuatro a cinco kilómetros desde la Colonia 22 de julio, hasta la zona de la planchada y,
que ya se había construido la plataforma (La Prensa, 26 junio 2012). Esta noticia del
todo infundada, resultó no ser cierta, puesto que, en agosto del 2012, una evaluación
en dicha zona permitió verificar que recién se estaban abriendo sendas para el
proceso de topografía del trazo del camino de ingreso hasta la futura planchada y
campamento (en realidad, hasta mediados del 2013, no había ni camino, ni planchada).
Según pobladores colonos de la zona 22 de Julio, próxima al sitio de perforación,
estos carecían de información sobre los planes de la empresa petrolera y que no
fueron consultados, es decir no participaron en la supuesta consulta pública que
anunció el gobierno. La única información dada por ingenieros de la empresa petrolera
que pasaron por la zona, era que “no debían preocuparse por nada, que no había ningún
peligro”.
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En agosto del 2012, se visitó la zona de perforación prevista por PETROANDINA,
ubicada al oeste del polígono norte de la TCO Moseten, al oeste del río Beni (zona
Muchanes-Inicua), al norte de la población de Sararía y este de las colonias 22 de
Julio y Delicias. Se pudo verificar que no existía actividad preparatoria alguna para los
anunciados procesos de perforación.
Posteriores evaluaciones mostraron que hasta marzo del 2013, no existía la planchada
o plataforma de perforación en el margen este del río Beni. La zona de
establecimiento de la planchada del pozo Liquimuni se ubica en el margen oeste del río
Beni, unos kilómetros aguas abajo de la comunidad de Meserere, en una ladera
fuertemente inclinada, cubierta de vegetación secundaria, barbechos recientes y
cultivos. La posible zona de la planchada se superpone a una zona agrícola colona con
cultivos y barbechos. En dicha zona se observó señalización rústica, no había letreros
propiamente, solo unas escarificaciones en tablas y árboles que decían “planchada”, así
como numeraciones pintadas y cintas plásticas de YPFB. Se observaron desbroces de
las líneas de la exploración sísmica y varios pozos no cubiertos, donde se realizaron las
detonaciones. Existen reportes de fuerte ahuyentamiento de fauna en toda esta zona.
En abril del 2013, en la zona de Sararia se verificaba, la apertura de una oficina de la
empresa PETROANDINA y el ingreso de 17 camiones de alto tonelaje que
supuestamente transportaron equipos para el proceso de perforación. En julio del
2013, desde PETROANDINA, se anunciaba que el camino hasta la planchada deberá
tener una longitud de 10 kilómetros, y que hasta mediados de dicho mes se había
logrado la apertura de la senda en un 87% y la construcción del camino a nivel de
rasante en los dos primeros kilómetros (AN-YPFB, 14 julio 2013), situación que se
verificó como cierta. El camino ingresará en una zona de elevada fragilidad ecológica
por los suelos y topografía, pero no se ha mencionado en ningún momento, la aplicación
de instrumentos de gestión ambiental y la adopción de medidas preventivas y de
resguardo ambiental.
En abril del 2013, se mencionaba que las operaciones de PETROANDINA en la zona,
como empresa mixta, habrían quedado en suspenso e incluso paralizadas del todo,
debido al anuncio de la empresa venezolana PDVSA, de suspender el apoyo en Bolivia,
debido a la muerte del Presidente Hugo Chávez y el evento eleccionario de Venezuela.
Desde YPFB, se informaba que la firma venezolana participaría sólo en asesoría
técnica y ya no con recursos y, que Petróleos de Venezuela S.A. cumplió con aportes
que llegan al 40% de su participación en PETROANDINA, correspondiendo ahora a
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YPFB, invertir más de 320 millones de dólares para alcanzar el 60% que le
corresponde (El Deber, 12 abril 2013).
La salida de PDVSA, como ente de apoyo financiero, puede evidentemente significar
un estancamiento de las operaciones petroleras, no solo en Liquimuni, sino en diversas
operaciones de exploración que la empresa mixta PETROANDINA tenía previstas de
realizar en el norte de La Paz (p.e. Chepite, Chispani, Madidi) y en el Chaco, en especial
si YPFB no asume la totalidad de las inversiones comprometidas. Un riesgo percibido,
fue que YPFB comience a buscar socios estratégicos entre empresas Chinas, rusas o
de otro país, que estarían proclives a ocupar el vacío dejado por PDVSA. Otro
elemento de riesgo es, que ante dicho estancamiento de la empresa mixta, YPFB
comience a acelerar acciones en otros bloques del norte de La Paz y el Beni, con
empresas transnacionales, con las cuales tiene contratos de operación.
En junio del 2013, se percibía que YPFB y PETROANDINA eran puestas bajo presión,
respecto del pozo Liquimuni, por sectores cívicos del departamento de La Paz y de la
Gobernación, a raíz de los eventos de revisión y presentación del “Pacto por La Paz”,
referido a un plan de desarrollo del departamento, a cargo de la Gobernación de La
Paz (a decir verdad, un plan con muchas deficiencias y vacíos), en el cual, se priorizó la
mesa de trabajo del sector hidrocarburos y en especial el tema de la exploración
petrolera. Dicho evento dio apoyo unánime al proyecto Liquimuni, agendando además, la
exploración, explotación e industrialización hidrocarburífera de todo el norte de La
Paz (AN-YPFB, 14 junio 2013). A raíz de la presión ejercida por el “pacto”, desde la
presidencia de la empresa PETROANDINA, se informaba que se iban a acelerar los
trabajos para la perforación del primer pozo exploratorio del bloque Liquimuni, cuya
fecha estaría prevista para el 15 de diciembre de 2013 (La Razón, 20 junio 2013),
situación ratificada por el Presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, (AN-YPFB, 14
julio 2013).
Como no podía ser de otra manera, las contradicciones entre los poderes del estado
afloran con alarmante frecuencia, incluso entre partes de la misma tienda política. A
fines de julio del 2013, el gobernador del departamento de La Paz, César Cocarico,
dijo que la perforación del pozo Liquimuni recién se podría iniciar el año 2014, pues la
falta de recursos estaría retrasando el proceso. Dicha autoridad confirmó que
“PDVSA dejó de invertir en el proyecto de exploración de petróleo en la zona de Liquimuni y que YPFB comprometió 131 millones de dólares para explorar el primer pozo, sin embargo, esto no es suficiente, ya que los estudios indican que se necesita más de trescientos millones” (Radio noticias, 22 julio 2013).
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En septiembre del 2013 se conocía a partir de los reportes del monitor indígena de la
zona Moseten en el río Beni, que el camino y la planchada, habían ingresado a la zona
del río Beni (punto de georeferenciación: 19 L 0660845 S 14m / UTM 83037767 346-
250 msnm).
Respecto al mencionado pozo exploratorio, al momento y después de tantos anuncios
de arranque de operaciones y obras como el camino y la planchada, no se ha informado
sobre la elaboración de los instrumentos de regulación ambiental, como la Ficha
Ambiental, o el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, ni la emisión de la
Licencia respectiva. Tal pareciera que el proceso se estaría desarrollado en los años
80. De cualquier forma, y sin conocimiento de la existencia de los instrumentos de
regulación ambiental, hacia fines de agosto del 2013, pobladores Mosetenes del río
Beni, reportaban que el camino de acceso a la planchada había llegado cerca del río
Beni y también había comenzado la habilitación de la planchada en el margen oeste del
mencionado río.
El líder Mosetene y ex-presidente de la OPIM, Marcelino Chayriqui, a fines de agosto
del 2013, realizó una grave denuncia, respecto al intento de atropello a la TCO
Moseten (Bloque Santa Ana – Muchanes) por parte de la empresa PETROANDINA, la
cual solicitó al “Alcalde de Palos Blancos” un terreno de 20 hectáreas en la misma TCO
(frente a la zona de la planchada), en el margen este del río Beni, para la instalación de
una supuesta “refinería”. Ante este intento de avasallamiento, varias comunidades de
la TCO expresaron su pleno rechazo, incluso frente a la posición del cuestionado
Presidente de la OPIM, Rubén Chambi, quien estaba de acuerdo con la intención de la
empresa, pero otros líderes de las comunidades manifestaron la necesidad de conocer
más información sobre esta intención de la empresa, para tomar decisiones. Incluso,
se percibió el intento de socavar la posición de una de las comunidades (Inicua bajo)
para que acepte de manera aislada la ocupación de las tierras de la TCO por la
petrolera.
Se pueden destacar varios elementos, por una parte, el conflicto interno de la OPIM y
comunidades de la TCO Moseten, se vuelve a reactivar en torno a la pretensión de la
empresa, al mismo tiempo, que se advierte un conflicto potencial entre los indígenas
(TCO) y la empresa, incluso podría darse un conflicto anexo entre la TCO y la Alcaldía
de Palos Blancos, todo por la intromisión irresponsable de la empresa. Por otra parte,
se debe resaltar que, ni el Ministerio de Hidrocarburos, ni la empresa, tuvieron la
voluntad de realizar la consulta participativa según el Decreto 29033 en la TCO, a
40
pesar de la contigüidad de la zona de perforación y realizaron “cabildos” con tinte
político. Es más ni siquiera en estos procesos cuestionables, que pretenden reemplazar
a la consulta, participaron los dirigentes y líderes de la OPIM y el pueblo Moseten. Se
considera, que el atropello que pretende hacer PETROANDINA, es una plena
vulneración a las normas ambientales y a todo el artículo 30 de la Constitución Política
del Estado y Convenios Internacionales firmados por Bolivia. Incluso, se nota un
absurdo, o una intencionalidad velada, al argüir las pretendidas tierras para la
“refinería” cuando ni siquiera se ha hecho la perforación, ni se ha comprobado la
existencia de hidrocarburos.
La consulta de la fase de perforación del pozo Liquimuni
En julio del 2011, LIDEMA alertó, que el proceso exploratorio de perforación requería
de una nueva Ficha Ambiental y un nuevo Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental,
ya que los realizados para la sísmica, con todas las deficiencias que además tuvieron,
no sirven para la fase de perforación. De igual manera, se observaba que debía
realizarse una nueva consulta, incluyendo la Consulta participativa del Decreto 29033,
dada la estricta colindancia de las comunidades indígenas a la planchada. Se instaba, a
proceder de buena fe, respetando la estructura organizacional y considerando a los
representantes legítimos de la organización indígena de la TCO Moseten (OPIM),
situación que lamentablemente fue pasada por alto en el proceso de la sísmica.
A fines del 2011, se conocía, de acuerdo a denuncias de altos dirigentes de la OPIM y
CPILAP, que el mismo tipo de consulta distorsionada que se realizó en la fase sísmica,
estaba volviendo a ser reeditado por el gobierno, con motivo de facilitar la fase
exploratoria de perforación. Se denunció concretamente que altas autoridades como
el Canciller del Estado o el Vicepresidente, visitaron algunas comunidades con el fin de
“sensibilizar” a los pobladores sobre el proceso petrolero, y que algunos caciques de
dichas comunidades, fueron invitados a la ciudad de La Paz para negociar el ingreso de
la fase de perforación. Un resultado de este proceso fue que la organización de
colonos (interculturales), “decidió que en la consulta no participen las
representaciones indígenas, como CPILAP, OPIM o la CIDOB” (ANF, 13 noviembre
2011), en una clara muestra de impostura y desacato a la Constitución Política del
Estado, ante la pasividad del Gobierno.
En noviembre del 2011, medios de prensa anunciaron que la Gobernación del
Departamento de La Paz, inició en el cantón de Sararía el proceso de “socialización y
consulta” para dicha exploración, el mismo que contaba con la aceptación de los
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interculturales o colonos de la zona, así como de Lecos y Chimanes
(www.fmbolivia.com.bo/noticia nov.2011). No fue posible obtener más información al
respecto.
A mediados de julio del 2012, se conocía de otro evento organizado nuevamente por la
Gobernación de La Paz, bajo la modalidad de “cabildo”, asegurando, de forma del todo
contradictoria, que "con la consulta previa, como establece la Constitución Política del
Estado”, se comenzará con la exploración de los pozos petrolíferos en la región (ABI,
15 julio 2012). Mientras tanto, dirigentes del sector intercultural de La Paz,
expresaron su respaldo a la consulta y al proyecto de exploración en la región. La
Gobernación, por su parte, ejercía una acción cooptativa, comprometía la
rehabilitación del camino Sararía – Mayaya – Kilómetro 52, mencionando que "esta es
la oportunidad que tienen los hermanos y los Lecos, que pedían puente y arreglo de
caminos” (ABI, 15 julio 2012). De esta forma, el “cabildo-consulta” fue una forma de
proselitismo político.
El 15 de julio de 2012 (ANB-ABI, 2012), el Gobierno informó que la perforación del
pozo exploratorio Liquimuni, tenía la autorización de 20 sectores sociales y “de los
representantes de los indígenas Chimanes, Lecos y Mosetenes” (generalidad que no
hacia mención a la OPIM). Dicha autorización se basaba en la “resolución del cabildo”
que señalaba que “todos los habitantes de los municipios de Alto Beni, Palos Blancos y
el norte de La Paz apoyamos el proyecto de exploración y explotación del pozo
Liquimuni.” A mediados del 2012, desde la presidencia de la empresa PETROANDINA,
se anunciaba, respecto a la consulta previa y la licencia ambiental, que el proceso se
encontraba en su etapa final. “Hemos concluido la consulta que se realizó con todos los
actores…debo aclarar que no es consulta y participación, sino solo consulta, la cual se
concluyó, y se ingresó la ficha ambiental para su categorización, aprobación” (La
Prensa, junio 26 2012). La finalización de la consulta pública “con todos los actores”,
fue desmentida por líderes indígenas Mosetenes, los cuales mencionaron que la
organización representativa y autoridades de las comunidades aledañas a la zona de
perforación fueron excluidas y que la supuesta consulta fue realizada solo con colonos
y grupos de indígenas que no tienen representatividad organizacional. En relación a lo
desarrollado en Sararia, se puede observar una evidente inconsistencia y falta de
entendimiento sobre el manejo del instrumento de consulta. Una situación de
distorsión, donde ni siquiera hubo consulta pública, además de una omisión en la
aplicación del Decreto 29033 de Consulta y participación a las comunidades indígenas
del río Beni, adyacentes a la zona de la planchada.
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Mas aún, en junio del 2013, se conocía otras fallas garrafales en las declaraciones de
la Presidencia de PETROANDINA, como decir que “la locación del pozo Liquimuni no
cae en territorio indígena y campesino, por lo tanto no hemos sido forzados a la
consulta”, (La Razón, 20 junio 2013), y además, se hacía referencia a los aportes de la
empresa, en los cuales se habría destinado 1,5 millones de dólares en inversión social
para proyectos, como postas sanitarias, un hospital de primer nivel con su quirófano,
aulas escolares y puentes colgantes, para la gente del lugar. Al respecto, la mención de
la empresa falta a la verdad, puesto que la localización del supuesto pozo cae en
terrenos con cultivos y barbechos de un campesino de apellido “Concha”, además se
encuentra en estricta contigüidad a la TCO Mosetene (bloque Santa Ana-Inicua-
Muchanes). Aquí es importante considerar que, si bien el pozo puede estar
propiamente a unos cientos de metros, fuera de la TCO Moseten, con seguridad el
reservorio, si existe, bien podría estar bajo la TCO.
Se denota también, la política cooptativa de la empresa, caracterizada por otorgar
dádivas y obras espureas, como alternativa a una consulta de buena fe, tal como
ocurrió en la exploración sísmica. Una muestra de ello, es lo que ocurrió en Santa Ana
de Mosetenes. Hasta fines del año 2012, las autoridades de la comunidad Santa Ana
de Mosetenes (próxima a la zona de perforación del pozo Liquimuni), se mantenían
renuentes o recelosas, a las anunciadas operaciones de perforación petrolera de
PETROANDINA en la zona de Sararia, vecina de la TCO Mosetene. A inicios del año
2013, se anunciaron actividades de ingreso de la empresa petrolera a la población de
Sararia, con la instalación de una oficina, anuncios de contratación de personal y
transporte de equipos y maquinaria. En dicha etapa, nuevamente primó la lógica
cooptativa cuando autoridades de la empresa Petroandina y YPFB-MHE, se
contactaron con las autoridades tradicionales de Santa Ana de Mosetenes, para
concertar el apoyo a las operaciones de perforación exploratoria, a cambio de una
donación para la posta de salud de Santa Ana. Desafortunadamente, la posición de las
autoridades originarias de Santa Ana fue concordante con la presidencia de la OPIM,
a cargo del colono Rubén Chambi, proclive a los planes petroleros en la región. Sin
embargo, la posición fue criticada por diversas familias de las comunidades y fue otro
motivo para profundizar la división de las comunidades de la TCO en torno al tema
petrolero. Líderes opuestos a la decisión a favor de la empresa petrolera,
manifestaron que la dadiva del gobierno fue una miseria (una cama y un lote de
vendas), además, que el tema de salud era algo que el gobierno debió ya atender hace
varios años, como una responsabilidad emanada de la nueva Constitución Política, y no
como un regalo a cambio de la sumisión a la empresa petrolera.
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Es importante mencionar que, para el caso de la TCO Moseten, la consulta pública, que
a estas alturas ya es obsoleta y muy parcial, además de superficial, no era lo más
adecuado (aunque irónicamente, en realidad, tampoco se la hizo y fue reemplazada por
un “cabildo”). En este caso, el Gobierno, a partir del MHE, debió desarrollar la
Consulta previa obligatoria, como manda la nueva Constitución Política del Estado, dado
que es un derecho de los pueblos indígenas, originario campesinos. Dependiendo de la
interpretación de la norma, dicha figura, incluso debería contemplar a los campesinos
colonos de la región de Sararia.
Sin embargo, yendo mas lejos, debido a que la planchada se encuentra en una zona muy
próxima o de inmediata contigüidad a la TCO de la OPIM, el gobierno debió proceder a
aplicar el Reglamento de Consulta Participativa del sector hidrocarburos para Pueblos
Indígenas (DS 29033) aprobado el año 2006, por el actual Gobierno.
Independientemente que se hubiese desarrollado la consulta pública o la participativa,
entre la información clave respecto de la perforación del pozo Liquimuni, que debió
brindar la Autoridad Competente (MHE), pero no así la empresa, debió figurar la
siguiente:
La planchada o sitio de perforación, implica el desmonte de varias hectáreas de
bosques o de tierras agrícolas, en un terreno montañoso de alta fragilidad por la
inclinación del terreno, lo cual supone además el movimiento de importantes
volúmenes de tierras.
También el camino de acceso a la planchada significa un alto riesgo de impactos
dada la fragilidad de las tierras montañosas de la serranía subandina de la región.
Este supone la toma de recaudos respecto a quebradas cuerpos de agua y sitios de
mayor vulnerabilidad.
La exploración de perforación implica en muchos casos la apertura de más de un
pozo, por ejemplo en la fase de dimensionamiento del yacimiento o la apertura de
pozos de alivio.
La perforación implica la utilización de grandes volúmenes de agua de fuentes
locales en relación al uso de los lodos de perforación. Una perforación hasta 1.500
metros de profundidad puede consumir hasta 500.000 litros de lodos de
perforación. Por tanto, los volúmenes de lodos utilizados pueden alcanzar hasta
5.000 metros cúbicos, dependiendo de la profundidad de perforación.
El uso de lodos de perforación, implica el uso de varias sustancias (refrigerantes,
abrasivos, adelgazantes, aceites, biocidas, sales, trazadores, etc.) muchas de ellas
con alto poder contaminante.
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Tanto en la fase de perforación de pozos exploratorios como los de producción, los
lodos salen mezclados con un tipo de agua fósil sedimentaria o agua de formación.
Estas aguas y sedimentos disueltos pueden contener muchos elementos pesados y
hasta radiactivos, además de tener un elevado nivel de salinidad. En la perforación
de un pozo exploratorio se puede generar más de 80.000 litros de aguas de
perforación contaminantes a las que se suman “recortes minerales” extraídos del
pozo.
Los lodos y aguas de formación, tienen que ser depositadas en piscinas o fosas que
deben tener un recubrimiento interno de geotextil e incluso estar cubiertas para
evitar que animales de la zona caigan o beban el agua contaminada.
Los lodos y aguas de formación no pueden ser liberadas a los cuerpos de agua.
Muchos accidentes de contaminación se producen por rebalses desde las piscinas o
fosas por efecto de las lluvias o incorporación de volúmenes extraordinarios. Estas
agua residuales para ser liberadas, deben recibir tratamientos para reducir al
mínimo su toxicidad; muy rara vez son reinyectadas.
Al momento de alcanzar el reservorio sale gas natural el cual debería ser re-
inyectado al subsuelo, sin embargo es regularmente liberado y quemado, generando
contaminación y riesgos de incendios extendidos. Otro riesgo que tiene el escape
de gas natural es la presencia de mercurio altamente tóxico, en especial para los
trabajadores de la obra.
La liberación accidental o intencional de hidrocarburos líquidos o condensados al
momento de alcanzar el reservorio ocasiona severos impactos de contaminación por
la elevada toxicidad de sus componentes.
También se debe brindar información en relación a impactos locales sobre suelos y
vegetación, como ser la apertura de planchadas, caminos, campamentos.
Otro aspecto a ser informado para la fase de perforación, es que la magnitud de
contrataciones o generación de empleos locales, es mucho menor que en la fase de
exploración sísmica, de esta manera no se generan expectativas sobre
dimensionadas, como se lo viene haciendo al momento.
En abril del 2013, se informó, desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, que se
realizó la socialización del proyecto Perforación pozo exploratorio Lliquimuni, en la
población de Teoponte (UCOM/MHE Bolivia-UPSTREAM 10 abril 2013). Se reportó
que en el evento participaron representantes del Ministerio de Hidrocarburos y
Energía, YPFB y de PETROANDINA, el Alcalde de Teoponte y el Presidente del
Concejo Municipal, el Presidente del Consejo Regional Indígena Leco (CRILL), y el
Presidente “no orgánico” (desconocido por las organizaciones) del CPILAP, José Ortiz.
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Como se puede notar, en estos eventos, que nada tienen que ver con la consulta, no
participaron los representantes de la OPIM (R.Chambi y E.Huasna, supuestamente
afines al gobierno), tampoco representantes de las comunidades Mosetenes del río
Beni, que están cerca a la planchada de perforación; tampoco los representantes de
PILCOL (organización LECO Larecaja legítima).
Agudización de conflictos indígenas en el norte de La Paz
Los conflictos del norte de La Paz, tienen estrecha relación con la problemática del
TIPNIS y los eventos de la octava y novena marcha por la defensa de este Territorio
Indígena y Parque Nacional. Durante la octava marcha, las representaciones de las
organizaciones afiliadas a la organización matriz, la CPILAP: CIPTA, CIPLA, PILCOL,
OPIM, CRTM, participaron de forma militante en la movilización, hasta llegar a La Paz,
luego de haber sufrido la represión de Chaparina por parte del Gobierno.
Los primeros meses del 2012, empezó la novena marcha indígena por la defensa del
TIPNIS, como respuesta a la ambivalencia y falta de cumplimiento por parte del
gobierno a la Ley 180, que había reconocido su intangibilidad y paralizado la
construcción de la polémica carretera y la intención de reemplazar por otra Ley (Nº
200) que promovía una consulta fraudulenta y de mala fe. Parte del esquema del
gobierno para debilitar al movimiento indígena y romper la novena marcha, fue la firma
de convenios denominados “agendas programáticas conjuntas”, lo cual empezó en
marzo del 2012, con la cooptación de dirigentes de las organizaciones regionales
afiliadas a la CIDOB, que apoyaban la novena marcha. Por ejemplo, se firmó un
convenio con dirigentes de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia
(CIRABO) que agrupa a los pueblos Tacana, Araona, Chacobo, Cavineño entre otros,
bajo el supuesto de “mejorar la calidad de vida y sacarlos de la exclusión” (ABI, 21
marzo 2012). Posteriormente las dirigencias y bases de la CIRABO reunidas en una
asamblea extraordinaria, desconocieron y rechazaron dicho acuerdo con el Gobierno.
El Gobierno también buscó debilitar y dividir a la CRTM del Pilón Lajas, cuando el
Ministro de la Presidencia cooptó al entonces Presidente de dicha organización,
Germán Nate, para firmar un acuerdo, con el fin de restarle apoyo a la Novena Marcha
y replegarse de la movilización. Debido a esto, en julio del 2012, los líderes de las
comunidades del Pilón Lajas, desconocieron a Nate y lo destituyeron, conformando una
nueva directiva del CRTM, a cargo de Mauricio Saravia y Clemente Caimani.
El Gobierno, con motivo del ingreso de la exploración sísmica a cargo de la empresa
PETROANDINA, también promovió por diversos medios, la división y debilitamiento de
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la Organización del Pueblo Indígena Moseten OPIM. A inicios del 2012, un grupo
cooptado por el Gobierno quiso tomar de facto la Presidencia de la OPIM,
pretendiendo desconocer a Marcelino Chairiqui, legítimo representante de la
organización y crítico al accionar autoritario del Gobierno y la empresa. Un indicador
de la división del pueblo indígena Moseten en la región de Alto Beni – OPIM, era la
situación observada en Covendo a fines de agosto del 2012, donde el primer Cacique,
Teodoro Huasna (a favor del Gobierno y la empresa petrolera), estaba en abierta
confrontación con el segundo Cacique de las misma comunidad, Donato Miro, quien
apoyaba al entonces Presidente de la OPIM, Marcelino Chairiqui, quien denunciaba la
intromisión abusiva de PETROANDINA. Similares figuras se veían en otras zonas
comunidades del pueblo Moseten.
Se conocía en abril del 2012 (La Razón, 12 abril 2012) que en la localidad de San Borja
(Beni), punto de paso de la novena marcha, el Presidente Evo Morales firmó un
“convenio programático” con el Gran Consejo Tsimane, que aglutina a 140 comunidades
de esta etnia en el sudeste del Beni. El acuerdo establecía acciones en materia de
inclusión social y proyectos de desarrollo. La firma del convenio se dio tras la
inauguración de un albergue indígena para 200 personas, de esta forma, la
organización Chimane decidió no apoyar la novena marcha.
Como antecedente, ya el año 2011, el Gobierno, a raíz de la exploración sísmica de
Liquimuni, había promovido el debilitamiento y división de la organización del pueblo
Leco de Larecaja (PILCOL), formando una organización paralela, la CRIL
(Confederación Indígena Lecos de Larecaja).
También, a inicios del 2012, la agencia oficial de informaciones ABI, informó que el
Gobierno, suscribió un acuerdo con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)
para ejecutar proyectos productivos y educativos que mejoren la calidad de vida de
las comunidades de esa región. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, pretendió
explicar los alcances del convenio: “…..es el resultado de un "esfuerzo conjunto" entre
el Ejecutivo y esa organización, para construir una agenda programática de
desarrollo”. Recordó, “que en el norte de La Paz algunas Tierras Comunitarias de
Origen (TCOs) deben culminar su proceso de saneamiento, que forma parte de la
agenda concertada con CPILAP”. En este convenio firmaban, por parte del Gobierno
los Ministros Carlos Romero y Juan Ramón Quintana y, por parte de la CPILAP, el
entonces Presidente de dicha instancia, José Ortíz de origen Leco. Como resultado
directo de este convenio, a fines de abril del 2012, se las organizaciones indígenas del
Norte de La Paz (CRTM, CIPTA, PILCOL), que forman parte de la regional CPILAP,
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llegaron temporalmente a retirar el apoyo a la novena marcha en defensa del TIPNIS,
siguiendo las instrucciones de la CONISUR (Consejo Indígena del Sur) del TIPNIS,
favorable al plan de la carretera impulsado por el Gobierno.
A inicios de junio del 2012, la CPILAP llevó a cabo un ampliado departamental, en el
cual los representantes de los Pueblos miembros de la organización regional, evaluaron
y destituyeron al presidente José Ortiz y al Vicepresidente Freddy Limaco Navi del
pueblo Josesano (CEJIS, junio 2012), “por desobedecer el mandato y principios de los
pueblos y por tomar decisiones unilaterales y separatistas sin el consentimiento de las
bases, violando de esta manera el Estatuto y Reglamento interno de la CPILAP,
habiendo participado a la convocatoria anti orgánica e ilegal, convocada por la
Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y el Consejo Indígena del Sur
(CONISUR)”.
El convenio cooptativo fue observado y rechazado por las dirigencias regionales de los
distintos pueblos por las siguientes características: a) fue inorgánico, por cuanto el
principal ejecutivo indígena José Ortíz (entonces Presidente de la CPILAP) no
consultó con las representaciones de los pueblos que conforman la CPILAP, siendo que
se trataba de un tema de gran importancia; b) se establecieron compromisos
relacionados al temas salud, educación y autonomías, los cuales para cumplirse no
necesitaban de un convenio, puesto que son obligaciones del Estado y están dadas por
la nueva CPE y otras normas; c) se explicitan ofrecimientos prebendales, como cabinas
telefónicas y una movilidad. Algo irónico pero revelador, se conocía en septiembre del
2012, por referencias de los propios indígenas de la región, respecto de la “movilidad”
otorgada por el gobierno, la cual fue un automóvil usado y en malas condiciones de
funcionamiento, que no pudo completar un viaje desde los Yungas hacia la ciudad de La
Paz.
Se puede interpretar, que en el caso de la región de Liquimuni y otras del Norte de La
Paz (Madidi, Pilón Lajas), el convenio firmado entre el gobierno y la CPILAP, tenía
además claras implicancias destinadas a debilitar la cohesión del movimiento indígena
y facilitar los diversos planes de exploración petrolera.
Ante esta situación, las organizaciones del CPILAP determinaron que se convoque a un
nuevo encuentro, en tanto, se nombró una Presidencia interina a cargo del Mosetene
Edwin Miro, determinando además la incorporación inmediata de las ocho
organizaciones miembros de la CPILAP, a la columna de la novena marcha, respaldando
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plenamente al Presidente de Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y
Amazonía Boliviana CIDOB, Adolfo Chávez y su Directorio.
Los primeros días de agosto 2012, en el encuentro programado, se conoció que se
había elegido al nuevo directorio de la CPILAP y que la Presidencia estaba a cargo de
Celin Quenevo, líder Tacana. En tanto, que la “CPILAP oficialista”, inorgánica o
ilegítima y apoyada por el Gobierno, seguía funcionando a cargo del Leco José Ortiz,
pero con escaso apoyo de las bases y resto de dirigencias.
Similares intentos de división por parte del Gobierno ocurrieron en diversas
organizaciones indígenas de Santa Cruz y del propio TIPNIS, culminando este penoso
accionar con la división de la máxima organización indígena de tierras bajas de Bolivia,
la CIDOB, que dio como resultado a una CIDOB inorgánica e ilegítima a cargo de Melva
Hurtado. Esta es una situación inédita, nunca antes vista en la historia contemporánea
del país, en la cual se buscó dividir las organizaciones indígenas para fines
eminentemente políticos.
Por su parte, el conflicto interno de la CPILAP, continuó profundizándose a inicios del
2013, debido al debilitamiento de su directiva, elegida después de la destitución de
José Ortiz. El debilitamiento de la dirigencia máxima de la CPILAP, reconocida como
legítima, a cargo del Tacana Celin Quenevo, se propició en parte, por la falta de
recursos para viajes, manutención básica de los dirigentes de la organización matriz o
el pago de alquileres de la oficina en la ciudad de La Paz, ante lo cual varios de los
dirigentes se vieron obligados a replegarse a sus regiones, dejando prácticamente sin
dirección a la CPILAP orgánica. De cualquier forma, Quenevo siguió liderando la
organización matriz hasta abril del 2013. La falta de recursos económicos para la
operatividad básica de las organizaciones indígenas contradice las versiones
infundadas del gobierno, en sentido de que las organizaciones contrarias a las
proyecciones desarrollistas, tienen pleno apoyo de ONGs o de oficinas de cooperación
de determinados países.
En tanto, la CPILAP ilegítima, a cargo de José Ortíz, siguió recibiendo apoyo del
gobierno hasta inicios del 2013 y figurando como la organización representativa de los
pueblos indígenas de La Paz en diversos eventos, generando malestar e incertidumbre
entre las organizaciones y sus bases. En este clima de profunda desorganización, a
fines del 2012, se definió la realización de una asamblea consultiva de las diversas
organizaciones del CPILAP en la región de Apolo, con el fin de contar con un informe
de actividades de la CPILAP a cargo de C.Quenevo, y definir la situación dual (legítima
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versus ilegítima). En dicha consultiva la dirigencia de Quenevo fue ratificada
nuevamente. El 18 de abril del 2013, una nueva Asamblea del CPILAP, eligió al Leco
Ángel Durán, como presidente de dicha organización indígena. Sin embargo, esto no
duró mucho. El Gobierno siguió reconociendo la ilegítima presidencia inorgánica del
CPILAP a cargo de José Ortiz, después del nombramiento de Ángel Duran. En mayo
del 2013, la situación del CPILAP empeoró, cuando en una reunión improvisada en
Caranavi y con apoyo del Gobierno, nuevamente el Leco José Ortíz, retomó de facto la
presidencia del CPILAP, con lo cual se retrocede al escenario irregular e inorgánico
del principio. Días después, esta presidencia inorgánica, convocó a la presentación de
la Agenda Estratégica 2013-2016, elaborada con el apoyo de la Fundación Construir.
Tanto el CRTM, como el CIPTA, rechazaron dicha convocatoria por carecer de
legitimidad. Los planes del Gobierno, de debilitar y dividir a las organizaciones
indígenas del Norte de La Paz y Beni, al momento vienen funcionando a la perfección.
Situación de la OPIM
La OPIM también fue interferida y manipulada por intromisiones de personas
alineadas con los planes petroleros del Gobierno. Los primeros días de septiembre del
2012, finalizaba la gestión de Marcelino Chairiqui, como Presidente de dicha
organización y se daba el nombramiento del nuevo Directorio y de los nuevos Caciques
de las comunidades. Algo desconcertante fue la elección, impulsada por gente adepta
al Gobierno, como Presidente de la OPIM a Rubén Chambi, que no es indígena
Mosetene, sino un colonizador o intercultural (bajo matrimonio interétnico), lo cual, de
cualquier forma resulta inorgánico, pues contradice el estatuto de la OPIM. Varios
líderes Mosetenes observaron, que la Presidencia de la OPIM, esté a cargo de un
colonizador (“un tercero” de acuerdo a la denominación local) el cual apoya plenamente
las operaciones petroleras que impulsa el Gobierno; una figura sin duda llamativamente
“sui generis”, pero que permitió que el Gobierno tenga plena ingerencia sobre la
organización indígena de la región. En resumen, se ha logrado profundizar aún más la
división del pueblo Mosetene. Sin embargo, se denotaba, a lo largo del 2013, un
creciente malestar hacia la presidencia de Rubén Chambi, por parte de los Caciques de
las comunidades indígenas, así como de pobladores y jóvenes con aspiraciones de
liderazgos, tanto por la escasa atención a las problemáticas de la TCO (p.e. conflictos
por tierras con colonos), como por la situación irregular de la presidencia de la
organización indígena OPIM, en manos de un colono. En septiembre del 2013, de
acuerdo a declaraciones de miembros del pueblo Moseten, Rubén Chambi manifestó su
malestar por la poca atención del Gobierno y la empresa petrolera a las demandas
50
planteadas, desembocando la OPIM en una creciente inacción y débil protagonismo
regional.
El conflicto OPIM/indígenas con la petrolera, fue coyuntural y en términos generales,
poco significativo, en comparación con el conflicto suscitado al interno de la
organización y el pueblo Mosetene, el cual perdura y se profundiza, amenazando
inclusive la pervivencia cultural de la etnia en la región. El debilitamiento de la
organización Moseten, en la región Alto Beni, implica incluso el incremento de la
vulnerabilidad de la TCO ante las proyecciones expresas de los colonos o
interculturales, de revertir la TCO y ocupar sus tierras. La intromisión de la petrolera
influyó también en agudizar el conflicto crónico y recurrente entre indígenas y
colonos. El año 2013, los indígenas reclamaron la presencia de los concejales en la
Alcaldía de Palos Blancos y el reconocimiento de cuatro distritos municipales indígenas
en el territorio municipal, aspecto que fue rechazado por el asesor legal del actual
Gobierno municipal (desconociendo de pleno el artículo 284 de la CPE), lo cual fue
rebatido por la dirigencia indígena Mosetene, dando lugar a otra situación de potencial
conflicto.
Algo a denotar, es que, ante la casi total ausencia operativa de la OPIM ante las
necesidades del pueblo Mosetene (como la exigencia de presencia de concejales en la
Alcaldía), la Organización de Mujeres Mosetenes (OMIM) tomó la iniciativa de
defensa de la TCO y la Gestión territorial, por ejemplo, convocando a inicios de
diciembre del 2013 a un evento para generar insumos por parte del pueblo Mosetene
hacia la Carta Orgánica que viene preparando el Municipio. Este es un elemento inédito
en la Amazonía del norte de La Paz, emblemático del creciente rol de las mujeres en el
desarrollo y defensa de la gestión territorial indígena.
Fortalecimiento del CRTM
La organización indígena CRTM (Consejo Regional Tsimane Mosetene) del Área
Protegida y TCO (Territorio Comunitario) Pilón Lajas, se encontraba a inicios del 2102,
enfrentado varios conflictos que amenazaban debilitarla.
El principal conflicto interno que enfrentaba el CRTM del Pilón Lajas, tenía como raíz,
la división y figura dual o de suplantación de la legítima representación, situación
promovida por el Gobierno a partir de las marchas de defensa del TIPNIS. El CRTM y
las comunidades del Pilón Lajas, apoyaron masivamente las dos marchas indígenas del
TIPNIS, pero, con motivo del Novena Marcha en defensa del TIPNIS, el entonces
Presidente de la CRTM, Germán Nate, llegó a firmar un acuerdo cooptativo con el
51
Ministerio de Gobierno, por el cual, abandonaba la marcha indígena y se ponía del lado
del Gobierno. Ante esta situación irregular, los líderes de las comunidades del Pilón
Lajas, desconocieron a Germán Nate en julio del 2012 y los destituyeron, conformando
una nueva directiva del CRTM, a cargo de Mauricio Saravia y Clemente Caimani. A
pesar de este rechazo mayoritario de las comunidades, el destituido G.Nate, siguió
figurando como máximo dirigente de la CRTM “paralela”, hasta febrero del 2013, y
apoyando la figura del CPILAP, también ilegitimo a cargo de José Ortiz.
Otro elemento paradójico es el profundo distanciamiento que se produjo en estos años
con el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), revirtiendo todo el
acercamiento positivo de años anteriores, hacia una gestión compartida y una alianza
estratégica efectiva. Es importante recordar que la TCO indígena Pilón Lajas, tiene
una superposición total con la Reserva de Biosfera, por tanto, una condición de gestión
dual, por lo que el desarrollo de la gestión se había venido realizando de manera
conjunta y coordinada. A partir del año 2010 y con motivo de las marchas en defensa
del TIPNIS, la relación TCO-área protegida empezó a deteriorarse. Progresivamente,
el SERNAP a partir de la Dirección del Área Protegida, empezó a reconocer la
representación del destituido de Germán Nate y marginar a la legítima directiva del
CRTM a la cabeza de Mauricio Saravia.
Otro claro ejemplo de la intención del gobierno, vía SERNAP y la Dirección del área
protegida, de deteriorar o debilitar el movimiento indígena de la TCO, fue la
conformación del nuevo Comité de Gestión del Área protegida y TCO, en el cual, el
CRTM (o la TCO) quedó reducido a una minoría con una sola representación, frente a
una mayoría de representación de tres organizaciones de colonos o interculturales de
la región, mas el Municipio de Palos Blancos (eminentemente colono), lo cual significaba
un debilitamiento absoluto de la TCO y su organización representativa. Otros
elementos críticos, orquestados desde el SERNAP en la dinámica de dejar de lado a la
organización indígena, fueron: a) la aprobación de construcción de infraestructura
turística en la zona de la Laguna Azul, de forma inconsulta con la organización CRTM y
las comunidades, aun cuando dicha zona tiene condición intangible y carácter de Sitio
Sagrado; b) la aprobación del SISCO (Sistema de Cobros por Turismo) por el
SERNAP, también, de manera inconsulta y sin coordinación alguna con la organización
representativa y las comunidades. Lo llamativo de esta situación es que para dichas
aprobaciones, el SERNAP recurrió a la firma de Germán Nate (como si fuera
representante del CRTM), ignorando al directorio del CRTM legítimamente
reconocido. Esta imposición vertical y de sometimiento de una organización indígena
52
por parte del Estado, vía SERNAP, es absolutamente reaccionario e inédito en la
historia del Sistema de Áreas Protegidas. De acuerdo a las denuncias de la
organización de la TCO, todas estas acciones fueron instrumentadas por el anterior
Director de la Reserva (V.H. Frías), siguiendo instrucciones del SERNAP y del
Gobierno. Todas estas acciones contradicen de pleno el Artículo 385, inciso II, de la
nueva Constitución Política del Estado, además, así como todo el Artículo 30 de los
Derechos Indígenas, poniendo a la TCO y el CRTM en una condición de fuerte
vulnerabilidad y plena desventaja, e incrementando los riesgos de avasallamiento de
instancias, como los colonos o interculturales, que promueven abiertamente el
desconocimiento de las TCOs y la toma de tierras indígenas.
Adicionalmente, se percibe una clara intención del gobierno (vía SERNAP en este caso)
de aniquilar cualquier viso de resistencia u oposición a las incursiones desarrollistas,
en especial en el tema petrolero, pues condice con la proyección de las acciones de la
estrategia de YPFB en el Plan de exploración 2011-2020 (YPFB Corporación, 2010), y
los anuncios del Gobierno en julio del 2013, de “viabilizar el ingreso de las operaciones
petrolera a las áreas protegidas y otras zonas de Fuerza Mayor”. Esto además tiene
concordancia con el abierto rechazo del actual gobierno al tema ambiental y de las
áreas protegidas, que ha resultado en una profunda crisis y colapso institucional del
SNAP y el SERNAP, por tanto, en el debilitamiento agudo de la gestión de las áreas
protegidas.
Entre el 22 y 25 de febrero del 2013, se realizó en la localidad de Rurrenabaque un
gran encuentro organizado por el CRTM. El objetivo de dicho encuentro fue afianzar
el fortalecimiento organizacional del CRTM frente a los conflictos y problemáticas
suscitadas, así como facilitar el diálogo e intercambio de información y conocimientos
entre los liderazgos de la CRTM y de las comunidades de la Reserva -TCO Pilón Lajas,
sobre los impactos y amenazas de los procesos extractivos y megaproyectos, incluido
el tema del debilitamiento de la coordinación y gestión conjunta con el SERNAP. El
evento contó con el apoyo del proyecto NEBE de LIDEMA y de las organizaciones
CEJIS y FOBOMADE.
Asistieron 129 líderes, entre corregidores y otros representantes, de un total de 23
comunidades, así como comunarios interesados. El evento contó con la participación
efectiva de más de 200 habitantes de la TCO Pilón Lajas. Las comunidades convocadas
y representadas fueron: Carmen Florida; Real Beni, San Antonio de Sani, Embocada
del Quiquibey, El Charque; Paraíso, Dos de Agosto, Bajo Colorado, Alto Colorado, Rio
53
Hondo, Eden, San Jose, Yacumita, Puente Yucumo, Motacusal, Asunción del Quiquibey,
Gredal, Bisal, Corte, San Bernardo, San Luis Chico, San Luis Grande y Bolsón.
La dirigencia del CRTM presentó un extenso informe de actividades al plenario de
dirigentes, planteándose los problemas que enfrenta la organización y la TCO, como
ser la aparente doble representación del CRTM y el deterioro de las relaciones con el
SERNAP. El pleno de la asamblea de corregidores decidió convocar al dirigente
Germán Nate. El 24 de febrero del 2013, la Asamblea de Corregidores del Pilón Lajas
reunido en el evento, ratificó de forma unánime a la Dirigencia legítima a cargo de
Mauricio Saravia y Clemente Caimani, desconociendo nuevamente a Germán Nate e
instándolo a su alejamiento para no interferir con el desarrollo de las proyecciones de
la TCO y del Consejo, ante lo cual G.Nate aceptó alejarse de la organización paralela
que había promovido el Gobierno.
También se convocó al SERNAP, para que informara respecto a los temas del Comité
de Gestión, el cobro por ingreso del turismo y los albergues de la Laguna Azul
(procesos irregularmente impulsados). En el amplio debate los dirigentes fustigaron y
criticaron la posición del SERNAP y el Gobierno, incluso emergió la amenaza de la toma
de las oficinas del SERNAP, lo cual no procedió por la acción conciliatoria del
directorio orgánico. Se puso de manifiesto el artículo 385 de la Constitución Política
del Estado, dejando en claro que dichas acciones llegaban a ser absolutamente anti
constitucionales, pues contradicen el Artículo 385, inciso II de la nueva Constitución
Política del Estado, que dice: Donde exista sobreposición de áreas protegidas y
territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con
sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena
originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas. Con esto
quedó en evidencia que las acciones realizadas por el SERNAP eran susceptibles de
ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional.
Unos meses después, los dirigentes máximos del CRTM informaron, que como
resultado del evento de fortalecimiento organizacional, el SERNAP, en las
negociaciones posteriores, aceptó una nueva conformación del Comité de Gestión con
una estructura favorable a la TCO y las comunidades indígenas, en tanto que los
procesos del cobro por turismo y los albergues, se reorientaron con la participación
del CRTM. En resumen, el encuentro de corregidores tuvo repercusiones altamente
favorables, en términos de fortalecer la gestión de la TCO y del área protegida.
54
Sin embargo, en mayo del 2013, nuevamente el Gobierno, a partir del SERNAP y la
figura de José Ortíz (que sigue reconocido por el Gobierno como Presidente de la
CPILAP), siguió interfiriendo en la organización del CRTM, pretendiendo reconocer
nuevamente al destituido Germán Nate y buscando llevar la situación a la inestabilidad
del principio. Se percibe que esto, está relacionado con la decisión y anuncios del
Gobierno de ingresar con las exploraciones petroleras al Pilón Lajas y al Madidi, para
lo cual precisa tener organizaciones sumisas, divididas y los escenarios sociales
debilitados.
Fuentes
YPFB Corporación, 2010. Plan Exploratorio 2011-2020.
Paz, S.P. 2005. Territorios Indígenas y Empresas Petroleras. CESU, CEJIS,
CENDA. Cochabamba, Bolivia.
Ribera,A.M.O. 2008. El Norte de La Paz en la línea de fuego. Estudio de caso Nº 5.
LIDEMA. La Paz, Bolivia. 120 p.
Ribera,A.M.O. 2008. El Norte de La Paz en la línea de fuego. Estudio de caso Nº 5.
LIDEMA. La Paz, Bolivia. 120 p.
Ribera,A.M.O. 2010 c. Sector Hidrocarburos: Análisis general, Zona Tradicional,
Norte de La Paz. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre
Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 220 p
Ribera,A.M.O. 2013. Informe sobre conflictos indígenas e hidrocarburos en el
norte de La Paz. LIDEMA- PROYECTO NEBE-COCOON.
Oliva,A.E.,Nina,F.Ch. 2012. Aproximación socio ambiental a las operaciones hidro-
carburíferas en el norte de La Paz, bloque Liquimuni, área de influencia de
cooperativa agroecológica El Ceibo. PRODENA. CAH-LIDEMA. La Paz, Bolivia.
55
Liquimuni y los Derechos Indígenas del Pueblo Moseten
Marco Octavio Ribera Arismendi Mayo 2014
El proceso de exploración sísmica del bloque Liquimuni, situado en el subandino
amazónico del norte de Bolivia, empezó el año 2008 y culminó a inicios del 2010. La
aplicación de los instrumentos de gestión y regulación ambiental fueron en extremo
deficientes, la Ficha Ambiental elaborada para PETROANDINA, presentaba
importantes inconsistencias respecto de los posibles impactos a los ecosistemas y
notables vacíos en el tratamiento de aspectos sociales y culturales. Asimismo, el EEIA
o Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental tuvo igualmente una baja calidad
técnica y marcada superficialidad e inconsistencia en la información presentada.
A fines del 2008 se realiza la elaboración de la Ficha y el Estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental para la exploración sísmica 2D (dos estudios separados, uno para
el sector colono- y otro para las TCOs indígenas Moseten y Leco). Técnicos del
Viceministerio de Medio Ambiente convocan a LIDEMA para que apoye con la mayor
celeridad posible en la revisión de los EEIA. El Ministerio de Hidrocarburos vulnera el
tiempo de revisión del EEIA dado por norma, aludiendo que es “prioridad nacional” y da
24 horas para su aprobación al Viceministerio de Medio Ambiente. Se detectan
profundas falencias e inconsistencias en los EEIA, los cuales además no están
acompañados por los resultados de la Consulta como establece la norma 29033. A
pesar de las críticas y observaciones, los EEIA son aprobados y el Viceministerio de
Medio Ambiente y Biodiversidad otorga la Licencia Ambiental en tiempo record, bajo
presión del Ministerio de Hidrocarburos.
En tanto, que el proceso peor encaminado a fines del año 2009, fue el de la consulta.
Es importante recordar que no se realizó consulta alguna, ni con indígenas, ni con
colonos, para la adjudicación del bloque Liquimuni a la empresa Petroandina, (consorcio
YPFB-PDVSA), vulnerando los mandatos del Convenio 169 y de la Declaración de los
Derechos Indígenas de las Naciones Unidas.
Posteriormente, la consulta para el inicio de operaciones, fue en extremo deficiente,
no se aplicó el reglamento del Decreto 29033 (Reglamento de Cosnulta participativa
para Pueblos Indígenas) y se vulneró la Constitución Política del Estado, así como el
Convenio 169 y la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas. La
empresa Petroandina y el Ministerio de Hidrocarburos, no actuaron de buena fe,
dejaron a un lado a la Institución representativa de los Mosetenes u OPIM
56
(Organización de Pueblo Indígena Moseten) y realizaron ofrecimientos cooptativos de
obras y dotaciones de bienes a las comunidades indígenas. La actividad petrolera
dividió a las comunidades y los liderazgos, unas a favor y otras en contra del ingreso
de la empresa, lo cual repercutió en el profundo debilitamiento de la organización
indígena regional OPIM. En opinión de líderes indígenas de la CIDOB legítima u
orgánica, “el error de las autoridades del sector y la empresa petrolera, fue no
consultar con las máximas autoridades de la organización indígena y optar por
consultas aisladas a líderes menores o incluso familias, al obviar el mecanismo
aprobado por norma, no se respetó la estructura organizacional y se cometieron
manipulaciones. Se dedicaron a hacer churrascos para que la comunidad acepte, a
cambio de obras que hasta el momento no han llegado”.
Los impactos ecológicos de la exploración sísmica 2D, cubrieron una extensa región,
las afectaciones fueron mayormente localizadas, sin embargo, se evidencian daños en
la vegetación de zonas frágiles en laderas, existiendo recurrentes reportes de daños
en cabeceras de cursos de agua, o hundimientos del sustrato. De cualquier forma,
fueron muchos más graves, los impactos socio-culturales, que debilitaron
especialmente la estructura organizacional.
La octava marcha indígena y noticias infundadas.
En agosto del 2011 se inicia la octava marcha indígena en defensa del TIPNIS. Dirigentes
y Líderes del pueblo Moseten participaron activamente denunciando las intromisiones y
tropelías petroleras en su territorio, y sufren la represión de Chaparina. A fines del 2011,
llega la octava marcha a la ciudad de La Paz y tiene un recibimiento multitudinario. En esta
etapa se produce el anuncio oficial, a partir de la sísmica 2D, de la existencia de grandes
reservas de petróleo en el bloque Liquimuni (1 TCF de gas y 50 millones de barriles de
petróleo), noticia infundada, en ausencia de la perforación exploratoria. Esto fue
interpretado como un ardid con intenciones políticas para reducir el protagonismo de la
octava marcha y recobrar algo del enorme apoyo perdido a lo largo del penoso conflicto.
Al respecto, Hugo del granado, analista en el tema de hidrocarburos sostuvo que…”es totalmente irresponsable anunciar hallazgos sin haber perforado un solo pozo, no se ha hecho la perforación de un primer pozo y por lo tanto no pueden hacerse estimaciones de las potencialidades que todos sabemos que existen en La Paz. Pero, el hecho de que anuncien el descubrimiento, la producción e incluso la existencia de regalías para el departamento es una irresponsabilidad porque con datos de estudios sísmicos no se puede hacer ese tipo de afirmaciones”.
Varios meses después de que culmine la exploración sísmica, la zona de perforación
(Pozo Liquimuni X-1) prevista por Petroandina, quedó ubicada en el borde del polígono
norte de la TCO Moseten (zona Santa Ana-Muchanes-Inicua), al oeste del río Beni y
57
sobre una zona pedemontana próxima a la población de Sararía y al este de las colonias
22 de Julio y Delicias.
En julio del 2011, LIDEMA alertaba, que el proceso exploratorio de perforación
requería de una nueva Ficha Ambiental y un nuevo Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental, ya que los realizados para la sísmica, con todas las deficiencias que además
tuvieron, no sirven para la fase de perforación. De igual manera, se observaba que
debe realizarse una nueva consulta pública, considerando la convocatoria a los
representantes legítimos de la Organización indígena de la TCO Moseten (OPIM), es
decir, de buena fe y respetando la estructura organizacional, de acuerdo a diversas
normas vigentes al respecto (incluida la actual Constitución Política del Estado),
situación que lamentablemente fue pasada por alto en el proceso de la sísmica.
El 2011 se anuncio oficialmente “la finalización de la consulta pública para la
perforación con todos los actores”, evento que se realizó en Sararia. Este aspecto fue
desmentido por líderes del pueblo Moseten, los cuales mencionaron que la organización
representativa y muchas comunidades indígenas fueron excluidas y que la supuesta
consulta fue realizada solo con los colonos. La consulta realizada en Sararia, consistió
simplemente en un cabildo con ofrecimiento de obras y alto contenido de proselitismo
a favor de las operaciones petroleras.
En ningún momento hasta ahora, se dio a conocer la Ficha Ambiental, ni se socializo el
EEIA, es más, se duda la existencia de dichos instrumentos, lo cual implica que todo el
proceso vulneró las normas ambientales vigentes en el país; a pesar de ello, el año
2013, se instalo la planchada de perforación y se construyo el camino de acceso. Las
lluvias extremas y las inundaciones del 2014, dañaron ambas infraestructuras y desde
luego, Petroandina buscaba otro lugar.
Líderes del pueblo Moseten de la región afectada por el bloque Liquimui, denunciaron
en agosto del año 2013, un intento de atropello a la TCO Moseten en la zona de Santa
Ana – Muchanes-Inicua, por parte de la empresa Petroandina, la cual “solicitó a través
del Alcalde de Palos Blancos” un terreno de 20 hectáreas la interior de la TCO, en el
margen este del río Beni, para la instalación de una supuesta “refinería”, es decir, al
otro lado del río, donde estaba la planchada del pozo Liquimuni X-1 (que está fuera de
la TCO). Ante este intento de avasallamiento, varias comunidades de la TCO Moseten
expresaron su pleno rechazo, pero se denunció la intención de socavar la posición de la
comunidad de Inicua Bajo, para que acepte de manera aislada la ocupación de las
tierras de la TCO por la petrolera. Se denunció una fuerte presión del sector de
58
colonización para abrir el camino desde Inicua Alto. Posiblemente se analizaba una
alternativa más fácil para el ingreso de la maquinaria pesada y el taladro. De cualquier
forma, el conflicto interno de la OPIM y comunidades de la TCO Moseten, se vuelve a
reactivar en torno a la intromisión irresponsable de la empresa petrolera
(Petroandina) y de YPFB.
La Gobernación presionó a YPFB-Petroandina para que se respeten los planes originales
de acceso a la planchada, lo que significa la mejora de varios caminos desde Brecha T
y Sararia hasta la zona de Delicias.
Nuevamente, en referencia a lluvias extremas del 2014, el camino de acceso que
construyo Petroandina quedo inutilizado, en tanto que la planchada virtualmente
desapareció por la inmensa riada e inundación que asoló la zona. Medios de prensa en
mayo del 2014, publicaron el anuncio de YPFB, de construir otro camino hasta la zona
de perforación de Liquimuni sin dar mayores detalles. De fuentes no oficiales, corría
el rumor de la intención de construir el nuevo camino y planchada en el zona de
Meseré, al interior de la TCO Moseten, mientras que otra alternativa para el nuevo
tramo hacía referencia a la zona de Bajo Inicua que también está dentro de la TCO
Moseten y bajo fuerte presión de avance de la colonización. Precisamente se
mencionaba en la región que existe una fuerte presión de los interculturales para
extender el camino desde de Alto Inicua (tramo Sapecho-Sillar) a la zona Moseten de
Bajo Inicua y que dicha expectativa está siendo aprovechada por la petrolera.
Todo este tema está siendo manejado por YPFB-Petroandina de la manera más
subrepticia y poco transparente, siendo que no existe indicio de proceder con una
consulta seria y de buena fe (Previa y obligatoria y de acuerdo al DS 29033), ni en
cuanto el manejo de instrumentos de gestión ambiental como la Ficha o el EEIA. La
empresa está apostando por una parte a usar la presión del sector colono o
intercultural en la región, en contra de los indígenas, y por otra parte, a la vieja
táctica ya utilizada, de seguir dividiendo a los indígenas.
Todo esto se considera una vez más, un atropello por parte Petroandina y YPFB a os
Derechos Indígenas que están amparados en el artículo 30 de la Constitución Política
del Estado y los Convenios Internacionales firmados por Bolivia; es además, una franca
vulneración a las normas ambientales.
59
Fuentes
FUNDACIÓN TIERRA. 2010. Territorios Indígena Originario Campesinos en
Bolivia. Entre la Loma Santa y la Pachamama. ICCO/EED/TROCAIRE/GIZ
Von Stosch,K. 2014. Campesinos e Indígenas de Alto Beni. Diferentes visiones en
torno a tierra, territorio y recursos naturales. Fundación Tierra.
YPFB Corporación, 2010. Plan Exploratorio 2011-2020.
Paz, S.P. 2005. Territorios Indígenas y Empresas Petroleras. CESU, CEJIS,
CENDA. Cochabamba, Bolivia.
Ribera,A.M.O. 2008. El Norte de La Paz en la línea de fuego. Estudio de caso Nº 5.
LIDEMA. La Paz, Bolivia. 120 p.
Ribera,A.M.O. 2008. El Norte de La Paz en la línea de fuego. Estudio de caso Nº 5.
LIDEMA. La Paz, Bolivia. 120 p.
Ribera,A.M.O. 2010 c. Sector Hidrocarburos: Análisis general, Zona Tradicional,
Norte de La Paz. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre
Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 220 p
Ribera,A.M.O. 2013. Informe sobre conflictos indígenas e hidrocarburos en el
norte de La Paz. LIDEMA- PROYECTO NEBE-COCOON.
Ribera,A.M.O. 2011. Crónica Ambiental. 2007-2011. Retrospectiva y actualización
de problemáticas ambientales priorizadas. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 338 p.
Oliva,A.E.,Nina,F.Ch. 2012. Aproximación socio ambiental a las operaciones hidro-
carburíferas en el norte de La Paz, bloque Liquimuni, área de influencia de
cooperativa agroecológica El Ceibo. PRODENA. CAH-LIDEMA. La Paz, Bolivia.
60
La TCO Moseten y las incertidumbres de la perforación del pozo
Liquimuni
Marco Octavio Ribera Arismendi Noviembre 2014
El riesgo ambiental sobre el territorio indígena Moseten en la región de Alto Beni se
ha incrementado a fines del 2014, por los anuncios de YPFB y el Ministerio de
Hidrocarburos de la próxima perforación del pozo Liquimuni. El proceso tuvo una
dilación de varios años. Las riadas y la gran inundación de inicios del 2014, barrieron
las incipientes obras para la perforación (caminos de acceso y planchadas) realizadas
el 2013. Unos meses antes de las elecciones nacionales de octubre, el proceso fue
acelerado y se construyó la nueva planchada y los caminos de acceso al sitio de
perforación exploratoria, esta vez a cargo de la empresa China SINOPEC, indicativo
de la disolución forzosa del acuerdo YPFB-PDVSA o PETROANDINA, aunque
nominativamente siga figurando. La perforación ha sido anunciada para diciembre del
2014.
Existen indicativos de que el proceso para la perforación exploratoria de Liquimuni ha
sido muy improvisado, la consulta pública de Sararia se redujo a un “cabildo” con la
población colona, con cariz político y basado en ofrecimientos de arreglos de caminos.
Representantes de PETROANDINA, manifestaron el año 2013 que la consulta indígena
al pueblo Moseten no procedía puesto que la infraestructura de perforación estaba
fuera de los límites de la TCO.
La perforación de pozos petroleros, como el de Liquimuni, con una profundidad de más
de 4.000 metros, conllevan elevados riesgos ambientales, en especial por escapes o
derrames de aguas de formación y crudo propiamente. El sitio de perforación se
encuentra muy próximo al río Beni, divisoria tenue entre la zona de operación
petrolera y la TCO Moseten en el este. Cualquier accidente o accionar negligente por
parte de la empresa operadora de la perforación, puede liberar sustancias de alto
poder contaminante al río Beni, en cuyas riberas habitan varias comunidades indígenas
de la TCO Moseten, las cuales dependen en gran medida de este ecosistema para sus
medios de vida, como agua y alimento (pesca). Es por esta razón que argumentamos que
era importante realizar la consulta participativa indígena de acuerdo al DS 29033
para la fase de perforación. Los dirigentes indígenas de la OPIM manifestaron no
tener ninguna información sobre el proceso de perforación del pozo Liquimuni y existe
una gran preocupación sobre los eventuales impactos ambientales.
61
En cuanto a la construcción de caminos de acceso a las zonas de operación petrolera,
es algo ya comprobado que estos son abiertos de una manera bastante improvisada, sin
estudios detallados ni medidas de control o mitigación de impactos. Esto tiene
mayores efectos en zonas de alta fragilidad ecológica por el relieve montañoso, como
es el caso de la región subandina de Sararia y Alto Beni. Al mismo tiempo promueven
nuevos asentamientos desordenados en zonas con escasa aptitud para usos
agropecuarios.
A fines del 2013, antes de que ocurran las fuertes inundaciones, un grupo de líderes
indígenas de la TCO Moseten, intentaron visitar la zona de la planchada del pozo
Liquimuni. Alegando la cercanía del sitio de perforación a su TCO, pero los guardias de
seguridad y técnicos de Petroandina impidieron su ingreso. A mediados del 2014, otro
grupo de líderes indígenas del pueblo Moseten y personal de LIDEMA, esta vez
tuvieron que fingir ser estudiantes y docentes de ingeniería petrolera del Chaco,
pudieron ingresar a la zona de la planchada y obtener alguna información. Otro
ejemplo de la falta de transparencia del sector petrolero estatal y de las empresas.
En esta oportunidad los visitantes camuflados manifestaron que se les informó, que
YPFB tiene prevista una exploración sísmica 3D en la región. Esta información no ha
sido comprobada y no existen referencias públicas al respecto; es posible que se
hiciera referencia a la sísmica 3D prevista en Madre de Dios, pero también cabe la
posibilidad de que existan expectativas de hacer una 3D en la zona Alto Beni,
considerando que SINOPEC tiene amplia experiencia en este tipo de operaciones.
Ya se manifestó en otros informes que nunca se anunció la realización de los
instrumentos de gestión ambiental como la Ficha o el EEIA, sí se hablo el año 2013 de
la tramitación de las Licencia Ambiental, pero nunca se la presentó, ni socializó. La
organización del Pueblo Moseten exigió en varias oportunidades la entrega de dichos
instrumentos, incluso a través de la Defensoría del Pueblo a mediados del 2014, sin
obtener respuesta alguna. Al respecto el Ministerio del Medio Ambiente, también
guarda silencio. Todo hace suponer que para la perforación del pozo Liquimuni no se
elaboró ninguno de estos instrumentos de recaudo ambiental, lo cual dejaría el
proceso en el marco de plena ilegalidad.
No solo se anuncia la pronta perforación del pozo Liquimuni, tal como si estuviéramos
en los años 80, cuando no existía normativa ambiental alguna, sino que aparentemente
se proyecta ahora una sísmica 3D, la cual afectaría la TCO Moseten. Los
representantes y líderes indígenas de la OPIM Moseten, manifestaron en una reunión
efectuada en sus oficinas en Palos Blancos, que la empresa China ya tiene una oficina
62
en dicha localidad y que funcionarios de YPFB y la empresa sostienen que las nuevas
operaciones petroleras (sísmica 3D) procederán de facto, puesto que ya cuentan con
un “convenio” que se firmó el año 2009 con los indígenas.
En alguna oportunidad se han calificado a las operaciones desordenadas de YPFB, como
“tropelías petroleras”, atropellos, avasallamientos, abusos. ¿Cuál convenio aluden los
funcionarios petroleros? Sin duda hacen referencia al de la Sísmica 2D que fue
distorsionada y de mala fe, vulnerando los derechos indígenas, vulnerando su
organización representativa legítima y haciendo a un lado a su líder máximo Marcelino
Chayriqui, contradiciendo el Convenio 169 y la nueva Constitución Política del Estado,
cooptando líderes y comunidades, haciendo firmar actas de “acuerdo” incluso a niños
de 10 años. No existe dicho “convenio” o acuerdo, si se lo hizo, fue engañando y
dividiendo al Pueblo Moseten. Fue una tropelía en la cabalidad del término.
Se ha alertado a la dirigencia indígenas y líderes de la TCO Moseten, que no existen
convenio alguno, y si existiera, no tiene ninguna validez para autorizar o permitir el
ingreso de las nuevas operaciones petroleras. De pretender ingresar a la TCO una
nueva operación sísmica u otra perforación a parte de la de Liquimuni, se ha alertado,
que no se puede repetir la mala fe de la “consulta” falsa de la sísmica 2D, que se debe
realizar una consulta de acuerdo al Decreto – Reglamento 29033, respetando a la
organización representativa y no haciendo ofrecimientos comunidad por comunidad. Se
ha alertado que la sísmica 3D, es más impactante a los ecosistemas y los medios de
vida, por su cuadrícula más cerrada de líneas sísmicas y el mayor número de
detonaciones por superficie, que por tanto requiere de una Ficha y Estudio de
Impacto Ambiental más rigurosos y exigentes, que además deben estar acompañados
de los resultados de la consulta, de acuerdo al DS 29033.
Recuperación de la representatividad
El debilitamiento progresivo de la organización indígena OPIM, se mantuvo a lo
largo de dos años, en los cuales proliferaron las críticas a la situación del
intercultural Rubén Chambi como presidente de la OPIM, cuestionando además las
escasas acciones tendientes al fortalecimiento de la organización y de las
comunidades en cuanto a consecución y desarrollo de proyectos para la TCO.
Paralelamente este presidente de la OPIM estaba a favor de las operaciones
petroleras, esta vez en el entorno inmediato de la TCO, con la perforación del
pozo Liquimuni en la zona de Delicias –Sararia sobre el río Beni. En tanto se
conformó un grupo de jóvenes líderes y liderezas de la TCO buscando
empoderarse y capacitarse para poder lograr la reconformación de la directiva de
63
la organización indígena. En agosto del 2014, habiendo finalizando su gestión el
intercultural Rubén Chambi, se reconformó el directorio de la OPIM, con la
elección del Lider Mosetén Olver Canare Josesito como cabeza de la OPIM y un
retorno a la legitimidad cultural y el cuestionamiento de actividades extractivas
en el territorio indígena.
Al momento no se conoce el EEIA del pozo Liquimuni ni la Licencia ambiental,
presumiéndose de su inexistencia. Personal de la planchada del pozo Liquimuni, ha
informado de manera informal que se realizará una sísmica 3D en la TCO.
Este nuevo conflicto sucede en un escenario de debilitamiento y división de las
organizaciones indígenas, situación promovida por el gobierno para favorecer el
ingreso e intensificación de actividades extractivas. Cuando ocurrió el ingreso de la
sísmica 2D el año 2009, la organización indígena OPIM, que exigía transparencia y
cumplimiento de las normas, contó con el apoyo decidió de la organización matriz
CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz), que agrupaba a varios Naciones
Indígenas de la Amazonía del Norte de La Paz. El desarrollo de la sísmica antecedió a
la octava marcha en defensa del TIPNIS y cuando esta se produjo, los dirigentes de
la CPILAP, así como de sus diversas organizaciones, incluida la OPIM Moseten,
participaron activamente en la marcha y soportaron la represión de Chaparina. Dos
años después varias organizaciones indígenas de la Amazonía y tierras altas, fueron
divididas por intromisiones directas del gobierno, creando figuras paralelas no
legítimas, tal es el caso de la CIDOB, CPILAP o la propia CONAMAQ. Actualmente la
OPIM al igual que el resto de organizaciones regionales (PILCOL, CRTM, CIPTA) no
tienen el apoyo de una instancia indígena regional pues la CPILAP, en la práctica ha
dejado de existir como instrumento de defensa de los derechos indígenas, ya no es
reconocida por los pueblos y organizaciones indígenas y está cooptada por el gobierno
desde el año 2012.
En este nuevo escenario, sin embargo, los dirigentes, líderes y liderezas y la población
indígena en general, de la TCO Moseten, ya no están en la misma situación que el año
2009. La nefasta experiencia de la sísmica 2D, caló hondo en el pueblo Moseten,
muchos de sus habitantes y líderes manifiestan abiertamente que la actividad
petrolera no les trajo ningún beneficio, sino mas bien impactos a las nacientes de agua,
además de rencillas y debilitamiento como cultura y organización. La mayoría de los
líderes y liderezas Mosetenes, cuentan ahora con información sobre las
características y consecuencias de las operaciones petroleras, incluidos los riesgos de
la perforación de pozos. Tienen conocimientos más concretos sobre sus derechos
64
acuñados en la Constitución Política y otros instrumentos legales, y sobre la consulta.
Muchos líderes y liderezas, manifestaron que el año 2009, no tenían conocimiento de
cómo debía hacerse la consulta y reconocen que fueron engañados por YPFB y la
petrolera (PETROANDINA), pero han manifestado que necesitan más información y
que ésta llegue al conjunto de las comunidades de la TCO.
Es importante mencionar, que el malestar sobre las consecuencias de la sísmica 2D,
también ha sido manifestado por pobladores colonos o interculturales, en especial de
comunidades donde las líneas sísmicas y las operaciones asociadas de ingreso de gente
y desmontes, ocasionaron impactos a los cuerpos de agua y los medios de vida locales.
Esto ha sido manifestado, a pesar de la aceptación tipo consigna política del sector
colono hacia los planes petroleros del gobierno.
Análisis de escenarios futuros
Persiste una discusión técnica sobre la potencial existencia en el subandino del norte
de La Paz, de reservas de hidrocarburos económicamente rentables, más allá de las
noticias infundadas que fueron difundidas a fines del 2012. Se conoce que en muchas
zonas de las serranías subandinas existen emanaciones naturales de hidrocarburos y
los arroyos que reciben dichas emanaciones son conocidos con el nombre de arroyos
“querosen” (al menos en cuatro lugares diferentes del norte de La Paz y sudeste del
Beni). Existe información geológica de que dichas emanaciones naturales serían
indicativas de presencia de areniscas y esquistos bituminosos. Esto nos podría llevar a
uno de los peores escenarios, puesto que estas rocas bitumosas pueden indicar la
presencia de Shale-gas o Shale-oil (hidrocarburos de esquistos) y propiciar que YPFB
impulse la fractura hidráulica o fracking.
De acuerdo a opinión de expertos petroleros, es altamente dudoso que se encuentren
depósitos de interés comercial en el subandino bajo actual exploración, recordatorio
de esto son las fallidas perforaciones ya realizadas en años anteriores, incluida la de
Yariapo en el borde del subandino de Madidi. También se debe considerar como un
elemento de análisis, el poco entusiasmo que demostraron desde el año 2002, las
transnacionales REPSOL, PETROBRAS y TOTAL, respecto de sus bloques en las zonas
del Madidi y Pilón Lajas.
Algunos expertos suponen la existencia de campos de hidrocarburos (mayormente gas)
más al norte (posiblemente en el Madre de Dios) y en concordancia con la faja de
Camisea en el Perú. Como sea, y descontando la poca seriedad de la noticia sobre los
65
50 millones de barriles de petróleo y 1 TCF de gas, persiste la incertidumbre sobre la
existencia de reservas explotables en el norte de La Paz.
Uno de los escenarios futuros, posiblemente el mejor de todos, especialmente desde
el punto de vista socioambiental, es que se encuentren hidrocarburos, lo cual es muy
posible, pero que los depósitos no sean rentables, ni atractivos para las empresas. Si
se da esta situación, va ser interesante ver como lo explican a la opinión pública y en
especial en la región. Puede ser que YPFB opte por profundizar las exploraciones, como
ser la perforación de otros pozos, o incluso recurrir a una sísmica 3D, si esto procede
al interior de la TCO Moseten, el proceso nos lleva al mismo escenario (casi peor) de
conflictividad que se dio el año 2009 y que continúa hasta ahora.
En el caso de que la actual perforación proyectada diese resultados positivos de
hallazgo de hidrocarburos con potencial de rentabilidad, se iniciaría la fase de
desarrollo, que implica mas perforaciones para el dimensionamiento del campo y las
reservas, proceso que normalmente implica un tiempo prolongado de hasta varios años,
lo cual recién conduce a la fase de producción, que también implica otro período
importante de tiempo y mayores operaciones, como la instalación de campamentos,
plantas, estaciones de compresión, ductos, etc. Estas etapas implican un elevado
compromiso en lo ambiental, en especial por los riesgos de contaminación de las
perforaciones y operaciones asociadas, y la conflictividad socioambiental derivada. Si
YPFB o sus operadoras, pretenden manejar en este posible escenario, que es uno de
los peores, un proceso de esa dimensión, en la misma forma en que manejaron la
consulta y el manejo de instrumentos ambientales en la sísmica 2D y la perforación
actual, mal lo tenemos, pues los impactos ambientales y los conflictos se amplificarían
notablemente.
Un escenario futuro mejor, no sabemos cuán probable o utópico pueda ser, implicaría
un cambio radical (de 180 grados) de actitud y concepto por parte del Ministerio de
Hidrocarburos, YPFB y las empresas petroleras operadoras, dirigido a una observación
y respeto real y efectivo de las normas ambientales y de los derechos indígenas
incluidos los procesos de consulta, con equidad, con responsabilidad sincera en el
respeto de la Madre Tierra.
66
Fuentes
Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia. 2009.
Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas. DS.
29033. 2007.
FUNDACIÓN TIERRA. 2010. Territorios Indígena Originario Campesinos en
Bolivia. Entre la Loma Santa y la Pachamama. ICCO/EED/TROCAIRE/GIZ
Von Stosch,K. 2014. Campesinos e Indígenas de Alto Beni. Diferentes visiones en
torno a tierra, territorio y recursos naturales. Fundación Tierra.
YPFB Corporación, 2010. Plan Exploratorio 2011-2020.
Paz, S.P. 2005. Territorios Indígenas y Empresas Petroleras. CESU, CEJIS,
CENDA. Cochabamba, Bolivia.
Ribera,A.M.O. 2008. El Norte de La Paz en la línea de fuego. Estudio de caso Nº 5.
LIDEMA. La Paz, Bolivia. 120 p.
Ribera,A.M.O. 2008. El Norte de La Paz en la línea de fuego. Estudio de caso Nº 5.
LIDEMA. La Paz, Bolivia. 120 p.
Ribera,A.M.O. 2010 c. Sector Hidrocarburos: Análisis general, Zona Tradicional,
Norte de La Paz. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre
Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 220 p
Ribera,A.M.O. 2013. Informe sobre conflictos indígenas e hidrocarburos en el
norte de La Paz. LIDEMA- PROYECTO NEBE-COCOON.
Oliva,A.E.,Nina,F.Ch. 2012. Aproximación socio ambiental a las operaciones hidro-
carburíferas en el norte de La Paz, bloque Liquimuni, área de influencia de
cooperativa agroecológica El Ceibo. PRODENA. CAH-LIDEMA. La Paz, Bolivia.
67
Nuevo conflicto en la Organización Indígenas del Pilón lajas
Marco Octavio Ribera Arismendi Octubre 2014
Antecedentes
A fines del año 2011, el principal conflicto interno que enfrentaba el Consejo Regional
Tsimane Mosetene (CRTM) del Pilón Lajas, tenía como raíz, los intentos de división y
creación de una figura dual (suplantación de la legítima representación), situación
promovida por el Gobierno, como reacción en contra de las organizaciones indígenas
que apoyaban las marchas de defensa del TIPNIS. Con motivo del Novena Marcha en
defensa del TIPNIS, el entonces Presidente de la CRTM, Germán Nate, quien
participó en dicho evento de resistencia, llegó a firmar un acuerdo cooptado con el
Ministerio de Gobierno, por el cual, abandonaba la marcha indígena y se ponía a favor
de los planes de construcción de la carretera por el TIPNIS. Ante esta situación
irregular, en julio del 2012, la Asamblea de Corregidores del Pilón Lajas, desconoció a
Germán Nate y lo destituyó (inf.personal C.Caymani), conformando una nueva directiva
del CRTM, primero a cargo de Edwin Miro y posteriormente de Mauricio Saravia y
Clemente Caymani.
A pesar de este rechazo mayoritario de las comunidades, el destituido G.Nate, siguió
figurando como máximo dirigente de la CRTM “paralela”, hasta febrero del 2013, y
apoyando la figura del CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz) a cargo de
José Ortiz, también ilegitimo y desconocido por diversas organizaciones indígenas
(Ribera, 2013). En este período, la Dirección de la Reserva y el SERNAP,
paradójicamente, reconocieron y recurrieron a la parcialidad de Germán Nate,
haciendo a un lado a la organización legítima. Se produjo entonces un profundo
distanciamiento entre el SERNAP y el CRTM orgánico o legítimo, revirtiendo todo el
acercamiento positivo de años anteriores, hacia una gestión compartida y una alianza
estratégica efectiva.
Entre el 22 y 25 de febrero del 2013, el CRTM legítimo, bajo la presidencia de
Mauricio Sarabia y Clemente Caymani, organizó en la localidad de Rurrenabaque un
gran encuentro con el objetivo de afianzar el fortalecimiento organizacional del CRTM
frente a los conflictos y problemáticas de divisionismo, suscitadas por la organización
paralela. También buscaron facilitar el diálogo e intercambio de información y
conocimientos, entre los liderazgos de la CRTM y de las comunidades de la Reserva -
TCO Pilón Lajas, sobre los impactos y amenazas de los procesos extractivos y
68
megaproyectos, incluido el tema del debilitamiento de la coordinación y gestión
conjunta con el SERNAP. Asistieron 129 líderes, entre corregidores y otros líderes
representantes de un total de 23 comunidades. El 24 de febrero del 2013, la
Asamblea de Corregidores del Pilón Lajas reunido en el evento, ratificó de forma
unánime a la Dirigencia legítima a cargo de Mauricio Saravia y Clemente Caymani,
desconociendo nuevamente a Germán Nate e instándolo a su alejamiento para no
interferir con el desarrollo de las proyecciones de la TCO y del Consejo, ante lo cual
G.Nate aceptó alejarse de la organización paralela que había venido promoviendo el
gobierno.
Situación reciente
A inicios de octubre del 2014, empezó a esbozarse nuevamente el conflicto interno del
CRTM, y esta vez en función del denominado Plan Patujú.
El Plan Patujú fue instaurado a inicios del año 2014, por el gobierno, como una medida
de emergencia de recuperación y prevención ante los desastres ocasionados por las
inundaciones extremas en la llanura amazónica de Bolivia. Dicho plan, contempló una
gran variedad de proyectos de desarrollo productivo, reconstrucción de poblados y
defensivos. Sin embargo, derivó en proyecciones de alto riesgo ambiental, siendo que
uno de sus principales impulsores para su aprobación fue la fuerte demanda de
atención del sector ganadero, en especial la Federación de Ganaderos del Beni. Dicho
plan, suspendió el cumplimiento de la Función Económica y Social en las regiones
afectadas y abrió la posibilidad de autorizar desbosques extraordinarios (a través de
un Decreto: DS 1954) en zonas elevadas libres de inundación para albergar los hatos
ganaderos. Esto significa la ampliación de la frontera agropecuaria y la eliminación de
bosques de zonas de alturas, conocidos por su elevada riqueza biológica y forestal.
En agosto del 2014, el plan fue anunciado en el municipio de Rurrenabaque, concitando
gran expectativa en las comunidades colonas e indígenas. Dicha implementación del
plan Patujú fue aprovechada por algunas personas interesadas o con fines dirigidos,
para intentar dividir al Consejo Regional Tsimane Mosetene que detenta la gestión de
la TCO Pilón Lajas. La persona identificada como promotor de la división del CRTM fue
Emar Raldes, sin filiación o reconocimiento alguno en las organizaciones indígenas
regionales, pero con supuesta relación con la CIDOB no orgánica (a cargo de Melba
Hurtado). Dicha persona se encargo de soliviantar a las comunidades indígenas del
Pilón en la zona de la carretera Yucumo-Rurrenabaque en contra del CRTM legítimo,
69
realizando ofrecimientos de proyectos derivados del Plan Patujú. Estos intereses,
cooptaron nuevamente al ex presidente del CRTM Germán Nate (destituido por la
Asamblea de Corregidores por firmar un convenio con el gobierno y retirar el apoyo a
la novena marcha por la defensa del TIPNIS). En una reunión con personeros de
gobierno para analizar el Plan Patujú, los directivos del CRTM legítimo demandaron y
obtuvieron su reconocimiento como instancia representativa para coordinar los
proyectos de dicho plan en la TCO Pilón Lajas conjuntamente la Federación de
Campesinos Agroecológicos de Rurrenabaque (FECAR). A pesar de este
reconocimiento, el proceso de desestabilización y división del CRTM ya estaba en
marcha y se inicio una campaña de difamación del actual Consejo Directivo o
Directorio del CRTM, argumentando malos manejos e ineficiencia en la consecución de
proyectos productivos. Este grupo, a la cabeza de German Nate, se autoproclamó
como representantes del CRTM, desconociendo a la legítima organización liderada por
Mauricio Sarabia y Clemente Caymani y dando lugar a una división de facto. De
acuerdo a reportes locales, la directiva inorgánica de Nate fue posesionada por Melba
Hurtado cabeza de la CIDOB no legítima o inorgánica al servicio del gobierno.
Estas acciones de desestabilizar al Directorio del CRTM se concentraron
especialmente en la zona de la carretera, donde 13 corregimientos y comunidades
reconocieron a la organización no legítima en una asamblea realizada en dicha zona.
Mientras tanto, 10 comunidades del rio Quiquibey (de las 23 del total de la TCO) se
reunieron en otra Asamblea, que reconoció al Directorio legítimo, pero definió que en
el mes de diciembre del 2014 se convoque a una nueva asamblea en la cual se re elija a
un nuevo directorio unificado, esto a pesar de que el Directorio legítimo tiene su
mandato, según el estatuto de la organización del Pilón Lajas, hasta junio del 2015. El
actual directorio legítimo acepto dicha posición y mandato de adelantar la elección de
un nuevo directorio con vistas a una reunificación de las comunidades y de la TCO.
De acuerdo a información dada en esta asamblea, los representantes de la CRTM
paralela y varios dirigentes – corregidores de las comunidades de la carretera,
viajaron en primera instancia a la ciudad de Santa Cruz para mantener reuniones con
la CIDOB inorgánica de Melba Hurtado y posteriormente a la ciudad de La Paz para
reunirse con personeros de gobierno y negociar proyectos de apoyo para las
comunidades. De acuerdo a miembros del CRTM legítimo, los fondos para solventar
estos viajes provinieron del gobierno.
70
Móviles petroleros
Los miembros del directorio legítimo u orgánico sostienen que la organización apócrifa
o no legítima, ha desarrollado el proceso de suplantación, obedeciendo a los intereses
del gobierno de facilitar el ingreso de las exploraciones petroleras al interior del Pilón
Lajas, como una continuidad del intento de cooptación y copamiento del año 2010. En
dicho año, se denunció una clara intención del gobierno (vía SERNAP) de aniquilar
cualquier viso de resistencia u oposición a las incursiones desarrollistas, en especial en
el tema petrolero, lo cual coincidía con la proyección de las acciones de la estrategia
de YPFB en el Plan de exploración 2011-2020 (YPFB Corporación, 2010), y los anuncios
del Gobierno en julio del 2013, de “viabilizar el ingreso de las operaciones petrolera a
las áreas protegidas y otras zonas de Fuerza Mayor”. Esto además tenía concordancia
con el abierto rechazo del actual gobierno al tema ambiental y de las áreas protegidas,
que ha resultado en una profunda crisis y colapso institucional del SNAP y el SERNAP,
por tanto, en el debilitamiento agudo de la gestión de las áreas protegidas en todo el
país.
Existe el riesgo de que el proceso de consulta indígena para las exploraciones sísmicas
en el Pilón, procedan de la misma forma distorsionada en que fue realizada para la
sísmica de Liquimuni en la TCO Moseten (OPIM), vale decir de forma prebendal,
cooptativa y de mala fe, ocasionando un conflicto interno y división de las
comunidades, además de impactos ambientales que no tuvieron el debido seguimiento
ni control social.
Una posición de algunos directivos del CRTM y dirigentes de las comunidades del río
fue que si el gobierno y las petroleras quieren negociar y coordinar, debería ser con la
Directiva legítima o una nueva pero elegida orgánicamente y no solo con la parcialidad
de la carretera.
Posibles escenarios
Un análisis más profundo de esta problemática, deriva en tres posibles escenarios,
derivados de la asamblea a realizarse en diciembre:
1. Posible unificación bajo la figura de ratificación del directorio legítimo, hasta julio
2015, o incluso para una nueva gestión en los siguientes años, promoviendo la
defensa del territorio y de los derechos indígenas, y exigiendo recaudos
ambientales y responsabilidad en temas de proyectos de desarrollo.
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2. Un nuevo directorio, elegido por la mayoría de las comunidades de la carretera (13
de las 23 de la TCO), que está a favor de los planes del gobierno y el accionar de
las empresas petroleras vía cooptaciones y figuras prebendales.
3. Desmarque de las comunidades del río Quiquibey (10 en total) y conformación de
una nueva organización indígena, antagónica al CRTM de la carretera y en conflicto
interno con esta. Se ha sugerido que esta nueva organización pueda ser un Comité
o Frente de defensa del Pilón Lajas, que se enmarque en la defensa del territorio
frente a la amenaza petrolera o de megaproyectos y el avance de la colonización.
Conclusión
En resumen, la situación actual del conflicto interno del Pilón Lajas es la siguiente:
Existen dos CRTMs, una, la legítima u orgánica, representando a 10 comunidades del
río Quiquibey y manteniendo su posición de defensa del territorio frente a las
anunciadas incursiones petroleras (REPSOL, PETROBRAS-TOTAL), y la otra, no
legítima (inorgánica), desconociendo a la primera y reclamando su validez, con apoyo de
13 comunidades de la carretera, y con una posición de apertura al gobierno en procura
de proyectos de desarrollo y buscando negociar el tema del ingreso petrolero a la
TCO.
Un elemento que debe ser analizado, es la marcada diferencia que existe entre las
comunidades indígenas de las tierras interiores de la TCO, relacionadas con el Valle
intramontano del río Quiquibey, y las comunidades, también indígenas, de la zona de la
carretera Yucumo-Rurrenabaque, es decir en la periferia de norte de la TCO. Las
comunidades indígenas de la zona de la carretera presentan notorios elementos de
aculturación y adopción de costumbres, alimentación y formas de producción, que son
propias de los pobladores colonos, y que en la práctica son colindantes y los rodean.
Esta zona de contacto, colonización-carretera, hace además que las comunidades
indígenas estén más adscritas a los circuitos de mercado y ritmos más intensivos de
explotación de la tierra. Además, mantienen una expectativa de ocupar zonas al otro
lado del muro de serranías en el valle interior, que son pedemontanas y colinadas de
suelos notablemente frágiles. Contrariamente, las comunidades asentadas a lo largo
del río Quiquibey, mantiene elementos de la visión tradicional indígena, en términos de
costumbres, alimentación y escalas o ritmos de los procesos productivos. Desde luego
esto significa diferentes percepciones sobre el territorio y su gestión, mientras las
comunidades del río tienen mayor proyección hacia su protección efectiva y una
gestión armónica y sustentable, las de la carretera tienen una visión de desarrollo más
72
afín con los entornos de colonización. La existencia de estas diferencias es percibida
y aceptada por los habitantes indígenas de ambas zonas.
Fuentes
NEBE-LIDEMA. 2014. Reportes de monitoreo de conflictos en la TCO Pilon Lajas y
la organización CRTM.
NEBE-LIDEMa. 2014. Infomes de Talleres comunales participativos.
NEBE-LIDEMA. 2014. Base de Datos de conflictos socioambientales Amazonía-
Chaco.
73
Fracking: una tecnología de enorme riesgo socioambiental toca
las puertas de Bolivia
Marco Octavio Ribera Arismendi Julio 2015
Los denominados “Tight Gas” y “Shale Gas”, son tipos de gas natural no convencional,
el primero, atrapado en sedimentos de baja porosidad (limo o arenas) muy compactos y
de baja permeabilidad, en tanto que el Shale gas se encuentra entrampado al interior
de rocas o esquistos, como pizarras, areniscas o lutitas, en forma de microscópicas
burbujitas. También existe el gas natural encerrado en sedimentos de carbón
(“Coalbed Methane Gas”).
El gas no convencional, conocido como “Shale Gas”, es gas natural encerrado dentro de
las rocas como pizarras, lutitas o areniscas en la roca madre en forma de millones de
burbujitas. A diferencia del Shale gas, el gas convencional o normal, se encuentra en
grandes depósitos o reservorios, que son bolsones o trampas de gas o petróleo líquido,
como los de los grandes campos gasíferos de los cuales se extrae el gas que Bolivia
exporta y usa (campos Sábalo, Margarita, San Antonio, etc.). El gas no convencional o
shale gas se encuentra encerrado normalmente en la roca madre subyacente o por
debajo de los reservorios o trampas de gas y/o petróleo convencional.
El gas no convencional, al estar encerrado en rocas de baja porosidad y baja
permeabilidad, está en menor concentración, por lo que las superficies de terreno y
subterráneas a cubrir son mucho mayores que en las explotaciones de gas convencional
donde la extracción se concentra en el reservorio. La extracción del shale gas se
realiza entonces a partir de una tecnología cuyo uso se difundió desde los años 80 en
varias regiones de los Estado Unidos , denominada “fracking” o fractura hidráulica, la
cual es compleja, más cara y tiene mucho mayor costo ambiental y social.
Este proceso, consiste en penetrar a gran profundidad en la formación rocosa que
encierra el shale Gas y producir múltiples fracturas, mediante la introducción a gran
presión de agua, arena, perdigones de acero y diversos aditivos químicos, varios de
gran toxicidad. El proceso se inicia con las perforaciones a gran profundidad hasta
llegar a las formaciones rocosas deseadas, usando la perforación horizontal o vertical,
lo cual depende del grosor de la roca madre, Luego se procede a realizar una serie de
detonaciones a gran profundidad a fin de “inducir” la fractura, posteriormente se
inyectan los grandes volúmenes de las mezclas industriales. La inyección letal se
74
dispersa serpenteando en todas direcciones y produciendo miles de fracturas en la
roca. A partir de estas múltiples fracturas, que es como una demolición subterránea
de enormes volúmenes de rocas a gran profundidad, el gas entrampado en la roca se
libera, fluye y puede ser atrapado por la red de fisuras y tuberías que se instala. La
explotación de un depósito de shale gas, implica numerosas perforaciones de inyección
y extracción, muchas más que un campo de gas convencional.
Ya en las perforaciones del fracking, como en el caso de aquellas convencionales,
existe el riesgo de ruptura y contaminación de las venas de aguas subterráneas, tanto
superficiales, como más profundos, especialmente en zonas de serranías y de recarga
de acuíferos. La diferencia es que en el fracking las perforaciones en general son
muchas más numerosas. Existe por tanto, una alta probabilidad de que se ocasionen
masivas pérdidas de flujos de agua subterránea y consecuentes carencias hacia las
vertientes y ríos en las zonas impactadas, afectando la disponibilidad para los
ecosistemas y la gente. El proceso de inyección a gran presión requiere grandes
volúmenes de agua, ésta solo puede ser recuperada en menores porcentajes para
someterla a procesos de tratamiento, pero en general no es recuperada ni
reinyectada, y esto conduce a la acumulación de aguas residuales del proceso con
varias sustancias tóxicas y aguas de formación (hipersalinas, con restos de
hidrocarburos y metales pesados). También requieren grandes volúmenes de “áridos”,
en este caso arenas. Si en una zona hay numerosos pozos de exploración frackinera,
también hay un alto número de piscinas con estas aguas residuales tóxicas, y la
probabilidad de accidentes y derrames, también es mayor.
Fallo judicial anti fracking en Estados Unidos
Urgente24 (Argentina) / 2 mayo 2014
http://www.urgente24.com/
Cuando en noviembre de 2008 Lisa Parr empezó a padecer migrañas y vómitos no
se imaginaba que la veintena de pozos para la extracción de gas que rodean su
casa, en Decatur, Texas (EE UU), podían tener algo que ver con sus problemas de
salud. Sarpullidos, hemorragias y fiebres se sumaron a la larga lista de síntomas
que durante los siguientes dos años la forzaron a ingresar varias veces en el
hospital. Su marido, Robert, y su hija, Emma, también enfermaron. En 2011 la
familia Parr demandó a la petrolera ARUBA PETROLEUM. El pasado 22 de abril,
casualmente el Día de la Tierra, un tribunal condenó a la empresa a indemnizar con
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2,9 millones de dólares (2,1 millones de euros) a la familia porque considera que
sus dolencias están relacionadas con las operaciones de fracking de los pozos de
Aruba. El veredicto contempla el pago del equivalente a 198.000 euros por pérdida
de valor de la propiedad de los Parr, 180.000 por futuras consecuencias para su
salud, otros 288.000 por daños psicológicos y 1,4 millones por los problemas
médicos causados hasta ahora.
También existe alto riesgo de contaminación de los acuíferos por los escapes de gas y
reflujos de aditivos y materiales subterráneos, ya han sido comprobados, en especial
si los “cases” o fundas de tuberías, tienen fisuras o están mal instaladas. En las
regiones bajo presión de fracking en Estados Unidos, se han reportado situaciones de
intensa contaminación de gas (en especial metano) de hasta 17 veces por encima de lo
normal, a los sistemas de agua potable de poblaciones y el aire circundante (Stephen,
G. et al. 2011; Schanger, 2012). El gas se mezcla con el agua potable y ha llegado a
producir explosiones y llamaradas en los grifos de las casas. La exposición constante al
metano ocasiona severos problemas en la salud de la gente y hay reportes de ganado
que enferma y muere. La película “Gasland” ha expuesto de manera documental esta
problemática (Gasland, Josh Fox, 2010). Los suelos se vuelven tóxicos, la vegetación
protectora reduce su cobertura, la desertificación avanza y hay pérdidas de
biodiversidad (Souther, S et al. 2014). Las personas que recibieron sumas de dinero
para arrendar sus campos a los pozos de fractura, vieron morir sus tierras y acabarse
tarde o temprano su dinero.
Pasos o etapas de la extracción no convencional, a través del fracking, en un
pozo de shale:
Fuentes
Bertinat,P., Eduardo D Elia,E., Ochandio,R., Swampa, M., Vial,E. 2014. 20 Mitos y realidades del
fracking. Observatorio Petrolero del Sur. 1a ed. - Buenos Aires : El Colectivo Colecc. Chico Mendez.
http://www.opsur.org.ar/blog/2015/06/11/20-mitos-y-realidades-del-fracking/
RED AIDA/ aportes especiales de Eduardo D’Elia, Roberto Ochadio, y Oscar Vanegas
Los pozos comienzan a perforarse verticalmente, tal como en yacimientos convencionales. A
relativamente poca profundidad, se atraviesan formaciones de agua dulce, las que se aíslan
mediante cañerías de acero “sostenidas” a las paredes del pozo con cemento.
76
Una vez aisladas estas formaciones, se continúa perforando hasta llegar a un punto de
inflexión denominado KOP (Kick-Off Point), en donde la perforación, en la mayoría de los
casos, deja de ser vertical. A partir del KOP, la perforación se dirige a la formación de shale,
tratando de atravesar la mayor extensión posible de la misma. Esta perforación, vertical,
inclinada u horizontal dentro del shale, permite maximizar el contacto con esta roca, rica en
hidrocarburos, pero de muy baja permeabilidad. Una vez realizada la perforación, se introduce
otra cañería hasta el final del pozo y se inyecta cemento en el espacio anular existente entre
las paredes del pozo y la propia cañería.
Resulta importante añadir que en la actualidad la industria asume que el pozo es
perfectamente vertical, la cañería de entubación está perfectamente centrada, y el anillo de
cemento es suficiente para aislar todo tipo de pérdidas. Sin embargo, éste es raramente el
caso.
El paso siguiente es “punzar” la cañería de entubación para permitir la comunicación con la
formación rocosa. La operación se realiza mediante cargas explosivas transportadas hasta el
fondo del pozo mediante un ‘cañón’ de punzamiento. Las explosiones abren agujeros en la
cañería, penetrando la cementación y la formación rocosa. Este procedimiento es común a
todos los pozos, convencionales y no-convencionales.
Sin embargo esto no es suficiente para permitir la extracción del hidrocarburo en un pozo no-
convencional dado que la roca tiene muy baja permeabilidad y no permite el flujo del gas o
petróleo. Además de punzar la cañería es necesario, ahora, fracturar la roca. Para ello, se
inyectan en el pozo grandes volúmenes de agua a alta presión con arena y productos químicos,
que buscan salida a través de los punzados y hacen que la roca se fracture en millones de
partes. Estas fracturas se abren gracias a la gran presión ejercida y a la ayuda de los
productos químicos utilizados. Para que las fracturas sigan abiertas una vez que la presión
vuelva a la normalidad, la arena o material de sostén se aloja dentro de las grietas y evita que
estas se cierren.
Las fracturas vinculan a los pequeñísimos poros en donde los hidrocarburos se encuentran
alojados, permitiendo que circulen hacia el pozo y de ahí se extraigan a la superficie.
Inmediatamente después de efectuada la fractura, al disminuir la presión de los equipos de
bombeo, el gas y petróleo así liberado sale a la superficie arrastrando con ellos gran parte de
los fluidos inyectados. Dependiendo de las condiciones de la locación del pozo y del tipo de
hidrocarburo, este fluido de retorno (flowback) puede volcarse directamente a piletones de
superficie excavados al efecto, o a tanques colectores.
Este fluido de retorno es un desecho que no consiste sólo de agua sino de un coctel de todos
los productos químicos usados en la fractura, más los que naturalmente se encuentran en la
77
formación y son arrastrados hacia la superficie. Todos estos productos se ‘purgan’ en los
piletones designados hasta que el gas o petróleo sale limpio como para enviarlo a las plantas de
procesamiento.
El último paso es la colocación de un cabezal de pozo (llamado árbol de navidad), que está
diseñado y calibrado a una presión nominal específica para la operación de fracturación. La
vida productiva estimada de un pozo no-convencional es de 6 años, con una marcada caída de
producción de forma inmediata. Al cabo del primer año la producción puede caer hasta un
70%. Un campo de fracking-shale puede tener varias plataformas y las plataformas pueden
tener múltiples pozos, a su vez cada pozo puede tener múltiples fracturas.
A pesar del monitoreo que se hace en superficie para controlar la evolución de las fracturas,
no se puede evitar que algunas de ellas alcancen zonas porosas y permeables, por fuera de la
formación a fracturar. Tampoco se puede evitar la comunicación de las tremendas presiones a
través de cañerías o cementaciones defectuosas. Como consecuencia, tanto los fluidos de
fractura como los hidrocarburos de formación pueden comunicarse con las capas de agua
dulce o incluso con la superficie. Por estas razones se califica a la fractura hidráulica como
una ‘técnica experimental’.
El fracking tiene una raíz perversa, como lo demuestra el investigador John Saxe-
Fernández (9 octubre 2013). Los promotores de la explotación del shale gas, vía
fracking, no detallan las características del proceso, como el consumo de energía para
producir un barril de petróleo o un btu de gas, tampoco mencionan los impactos y
costos sobre el entorno inmediato, la salud de la población, fauna y flora o el ambiente
global. En general no se menciona que cada pozo de fracking requiere entre 20 a 30
millones de litros de agua, la cual contiene hasta cuatro toneladas de cientos de
sustancias químicas, muchas de ellas altamente tóxicas, mutagénicas y cancerígenas.
Esa “mezcla” tóxica, es un “secreto corporativo” legalizado en Estados Unidos,
durante el gobierno de Bush y promovida por la infame corporación HALLIBURTON
(que aprovechó la guerra de Irak para especular con diversos rubros), por lo que se la
conoce como “The Halliburton Loophole” (“rendija legal”). Cada firma elabora su propia
y secreta fórmula, a la cual no tienen acceso ni siquiera las oficinas ambientales, a
pesar de este hermetismo perverso, hasta el momento se han identificado cerca de
519 sustancias de las mezclas tóxicas que se usan en los procesos de fracking”. Se
mencionan, ácidos, bactericidas y/o biocidas, estabilizadores de arcilla, inhibidores de
sarro y corrosión, disolventes, reticulantes, reductores de fricción, agentes
gelificantes, controladores de metal y surfactantes. A esto se suma la salida de
materiales geológicos almacenados durante millones de años, que incluyen materiales
78
radiactivos, como radón, radio o uranio. Toda la mezcla emergente después del
fracking tiene un alto potencial mutagénico y cancerígeno. Otra raíz perversa en la
aplicación del fracking se evidencia en la presencia de corporaciones como la
CHEVRON (ex TEXACO), una transnacional con amplio prontuario anti-ambiental.
Por si todo lo anterior fuera poco, existen indicios de que las explosiones, en la
profundidad de la roca, pueden provocar temblores y movimientos de tierra. Un
estudio, publicado en la revista científica Geology, ha relacionado al fracking con un
seísmo de magnitud 5,7 ocurrido en Oklahoma (Estados Unidos) el año 2011, que dejó
heridos, 14 casas destruidas y carreteras dañadas (Katie M. Keranen. et al. 2012).
Tras 18 años inyectando sin incidentes los fluidos a gran presión, el 5 de noviembre de
2011 los movimientos sísmicos empezaron a asustar a los habitantes de la zona,
acostumbrados hasta entonces solo a los tornados. Al día siguiente se produjo el
terremoto de magnitud 5,7, de acuerdo al equipo de científicos, el mayor de los
relacionados con el Fracking.
Por todas estas razones, el fracking es calificado como una tecnología nociva para el
ambiente y la gente, también, ha sido considerado, como “una herida mortal en el
corazón mismo de la Madre Tierra”.
79
Fuente: Shale Gas Fracking - WaterWorldwww.waterworld.com)
Aplicación del fracking a nivel mundial y latinoamericano
Hasta fines del 2014, la tecnología del fracking, está siendo utilizada en países como
Estados Unidos, Inglaterra, Polonia y España, en tanto que países, como Francia y
Canadá, han establecido moratorias para su uso, debido a los riesgos que implica.
En diciembre del 2010, la empresa YPF de Argentina (entonces todavía controlada por
REPSOL) anunció el descubrimiento de un mega-reservorio de “Shale gas” en la
formación Vaca Muerta, en Neuquén. La compañía estimó el potencial del yacimiento en
4,5 billones de pies cúbicos (TCFs). Poco después, el gobierno provincial aclaró que esa
era “la punta del iceberg”, ya que en el subsuelo de la provincia se alojarían 257 TCFs,
es decir, un tercio del potencial de gas de yacimientos no convencionales de la
Argentina (http://www.opsur.org.ar/blog/ 2012/10/23). Como resultado del anuncio,
las autoridades públicas y el sector empresario de la Argentina, presentaron al gas no
convencional como la única alternativa para superar la crisis energética de dicho país
y proclamaron el comienzo de una era dorada para los combustibles fósiles en la
Argentina. La “buena nueva” era respaldada por un estudio de la Administración de
Información de Energía de Estados Unidos. Las proyecciones son escalofriantes, en
80
los próximos cinco años, se perforarían 2500 pozos en yacimientos no convencionales,
según el Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de esa provincia. Esos
trabajos demandarían 50 millones de metros cúbicos de agua, a razón de 20 mil
metros cúbicos por pozo; dicho volumen por pozo, es la capacidad de almacenamiento
de agua que tiene la ciudad de Cutral Có de Neuquen, para abastecer diariamente a su
población de 35 mil habitantes.
La empresa YPF de la Argentina, ha empezado el año 2013, a partir de varios socios
como CHEVRON, TOTAL, APACHE, PETROBRAS, PANAMERICAN ENERGY, etc., a
desarrollar esta tecnología anti-ecológica, para explotar yacimientos de Shale gas en
el gran Yacimiento de Vaca muerta, que abarca las Provincias de Neuquén, Rio Negro,
La Pampa y sur de Mendoza. Una de las alianzas que hizo YPF de Argentina, fue nada
menos que con la transnacional CHEVRON, la sucesora de la eco-etnocida TEXACO,
responsable de devastar la Amazonía del Ecuador hace algunas décadas. Otros países
latinoamericanos con iniciativas de fracking son México, Colombia y, también Brasil
que se sumó a fines del 2013, en su región sureste, donde 72 de los 240 bloques
ofrecidos en licitación fueron adjudicados para fines de fracking (La Mañana, Neuquén
Argentina/29 noviembre 2013).
De acuerdo a un reporte de prensa de la Argentina (Clarín, 7 de septiembre de 2013)
el Fracking avanza sobre las chacras del Alto Valle de Río Negro y Neuquén dejando a
su paso una huella que se volverá imborrable, porque allí donde se instala un pozo
difícilmente vuelva a crecer un árbol de frutas. Empresas como APACHE, TOTAL y
CHEVRON, entre otras, alquilan chacras a los productores para realizar trabajos de
exploración y extracción. Los pequeños productores del Alto Valle, apretados por las
deudas y al borde del remate, no dudan en firmar un contrato que sentenciará para
siempre la calidad de su tierra. Según reportes locales, las petroleras… “están
haciendo negocios con personas cansadas, endeudadas que llevan años de pérdidas,
una vez que entraron a tu propiedad ya no los podés sacar y cuando se van el campo no
te sirve para nada”.
En mayo del 2014, se conocía la noticia preocupante de las operaciones de perforación
vía Fracking por la empresa TOTAL de Francia, al interior del Área Natural Protegida
Auca Mahuida en Neuquen (perforación de un pozo en la fecha de la denuncia), como
parte de las acciones en la región de Vaca Muerta (Censat/Observatorio Petrolero
Sur, 2014). Se denunciaba también que la Secretaría de Ambiente de esa provincia
permitió la realización del pozo antes de que la Dirección de Área Naturales
81
Protegidas diera su aprobación, como lo establece la Ley. Se mencionaba también, en
estos medios, la doble moral de la política Francesa, pues la ley en ese país, prohíbe el
uso de la fractura hidráulica para proteger a la salud de las poblaciones y del
ambiente, pero el gobierno francés no hizo nada para frenar el desarrollo del Shale
gas fuera de sus fronteras y es mas apoya a su empresas en sus operaciones en
ultramar.
Desde septiembre del año 2013 y a lo largo del 2014, se dieron diversas reacciones,
tanto en los Estados Unidos, como en la Argentina, buscando desvirtuar las críticas e
incertidumbres en torno al Shale gas y el Fracking, y mostrarla como una tecnología
responsable y de bajo impacto socioambiental, para lo cual se prestaron algunas
agencias y organizaciones de investigación, así como geólogos y expertos petroleros de
visión ecléctica o interesada (Argenpress, 2013; Orlowski, 2014.). Esta reacción de la
millonaria industria petrolera, era totalmente predecible, considerando los ambiciosos
horizontes de inversión y ganancia, que están en juego. Esta dialéctica científica
tendenciosa y cooptada, está por supuesto muy alejada de la ética y del principio
precautorio.
Respecto del fracking en la Argentina es una pena que revistas de altísimo prestigio
como National Geographic (Versión Latinoamérica-Argentina), que siempre tuvieron
una posición firme en defensa de la naturaleza y el medio ambiente, abrieran sus
páginas publicitarias primero y de reportajes de difusión después. Dicha revista
destinó una edición especial completa, financiada por YPF, para exponer la
“grandiosidad” de las operaciones de YPF en Vaca Muerta y difundir las supuestas
bondades y beneficios del fracking en Neuquén (ver el artículo Viaje al Centro de Vaca
Muerta). Esto muestra una vez más el poder económico del sector petrolero. Como
alguien mencionó con sorna, National Geographic, se vendió por cuatro mangos.
Llama la atención en dicha edición especial, el nuevo léxico tecnocrático que YPF usa
en dicha revista par mimetizar el impacto del fracking, cuando denomina la demolición
subterránea de la fractura hidráulica con el eufemismo de “inducción hidráulica”, y
como minimiza la dimensión de las mezclas de aditivos químicos, cuando se menciona un
0.49% del volumen total de aguas de inyección y a los productos, que se utilizan
habitualmente en la vida cotidiana, como sales de borato y sílica (se les olvido
mencionar el Shampoo…!!).
Es importante hacer un balance entre las necesidades reales de energía en forma gas
o hidrocarburos líquidos que tiene los países y los intereses corporativos de
82
determinadas empresas. Entre estas figuran Halliburton, Schlumberger, Baker &
Hughes, C&J Energy Services, Parex Resources, Weatherford, y muchas otras más,
que lo que más les interesa es acomodar sus tecnologías y secretos industriales del
fracking y hacer negocios e incrementar sus ganancias, independientemente si un país
tiene campos promisorios convencionales, o si necesita realmente el gas no
convencional derivado de esquistos shale. En todo caso, cuentan con poderosos aliados
privados y estatales en los países donde incursionan.
Un factor que influyó para que en diversas partes del mundo se utilice la tecnología
del Fracking, fue la falta de aplicación por parte de los Estados, del Principio
precautorio. Este Principio se refiere a que las decisiones sobre problemas
ambientales y en favor de la protección ambiental o la salud, deben tomarse aún
cuando no existan investigaciones o pruebas concluyentes sobre la gravedad de una
actividad, obra o proyecto que implique amenazas de daños graves e irreversibles.
Dicho de otra forma, las decisiones de paralizar o no aprobar un proyecto que implica
situaciones críticas y de elevado riesgo, deben tomarse a fin de precautelar el
bienestar común y sin la excusa de que no hay información al respecto (Ribera, 2009).
El principio precautorio es una manera efectiva de combinar ciencia y ética, como
correctivo necesario para hacer frente al estilo de crecimiento desarrollista confiado
y poco responsable que domina la economía global. Forma parte de la Declaración de
los Principios de la Cumbre de la Tierra o Río 92 (Principio 15).
Fracking en Bolivia
A fines del 2010, se daba a conocer que en los años 90 y por mandato de YPFB, la
empresa OCCIDENTAL, programó y perforó el pozo Pando-X1 (región Madre de Dios),
que resultó en el descubrimiento de un yacimiento de petróleo de buena calidad, pero
que por su baja producción, no justificaba la explotación frente a los altos costos de
transporte (www.hidrocarburosbolivia.com 2010). El pozo quedó cerrado y en reserva
hasta el día de hoy. En base a la información obtenida, estudios e investigaciones
posteriores de universidades especializadas, encontraron que la cuenca Madre de Dios
tiene un manto rocoso en profundidad de 500 metros de espesor que reuniría las
condiciones para albergar gas no convencional o “Shale Gas”, y así lo publican en sus
conclusiones (Shale Gas Potential Worldwide, 1990).
En julio del 2011, Carlos Sánchez, presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de
Santa Cruz, sugirió la conformación de un equipo de investigación que en mediano plazo
desarrolle tecnologías adecuadas para explotar los yacimientos de Shale Gas
83
existentes en el país, haciendo alusión directa a la empresa Schlumberger,” que tiene
vasta experiencia en el desarrollo de la tecnología”. Según Sánchez, es gracias al
desarrollo de técnicas como la perforación dirigida y la Fracturación Hidráulica
(fracking) que países como Estados Unidos consiguieron hacer del gas no convencional
una fuente alternativa de energía. Sin embargo, mencionó que la aplicación de la
tecnología no era prioritaria por el momento en Bolivia. (Energypress, 18 julio 2011).
Organizaciones ambientalistas como FOBOMADE, LIDEMA y CEDIB, se pronunciaron
en contra de la propuesta del colegio de ingenieros, por los elevados riesgos
ambientales que implica y argumentando que no existen “tecnologías adecuadas” que
reduzcan los severos impactos de la fractura hidráulica de sedimentos profundos.
A lo anterior se suma un dato oficial publicado por el Departamento de Energía de los
Estados Unidos titulado: “Recursos mundiales del Shale gas, una evaluación inicial en
14 regiones fuera de Estados Unidos”, que daba cuenta de la existencia de 47 TCF
(Trillones de pies cúbicos) ubicados en los esquistos devónicos del sur del país
(básicamente las serranías del Chaco de Tarija). Según estos estudios, Bolivia pasaría
a ocupar el sitial número 17 entre los países con mayores volúmenes de gas no
convencional. En mayo del 2013, la prensa nacional vertía nuevamente información de
YPFB, sobre un informe elaborado por la Administración de Información Energética de
Estados Unidos que indicaba que Bolivia ocupa el quinto lugar en Sudamérica con
potencial de reservorios de gas no convencional o shale gas.
La temeridad en las decisiones de las autoridades del sector petrolero en Bolivia,
respecto del fracking, se hizo manifiesta a inicios del 2013, pues se anunció desde la
Vicepresidencia de la Administración, Control y Fiscalización de YPFB, (La Razón, 7
febrero 2013), que dicha empresa estatal iniciará los estudios preliminares para
establecer el potencial de reservas del “shale gas” o gas no convencional, en el país. Se
informó que: “la Unidad de Geología y Geofísica ha sacado una carta instruyendo a
todas las empresas (operadoras y subsidiarias) que cuando perforen pozos saquen
muestras de la formación Los Monos, que es una formación donde se presume hay
shale gas, para estudios posteriores”, y que la formación Monos de Tarija, cuenta con
datos de geoquímica sobre yacimientos de shale gas
(http://ventanapetrol.blogspot.com/2013).
Unos meses después, YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos, manifestaron la intención
de explorar y explotar vía fracking posibles reservorios de gas shale, con
asesoramiento de la empresa Argentina YPF, para lo cual se anunció la preparación de
84
un acuerdo ente YPFB y YPF de la Argentina (AN-YPFB, 23 mayo 2013). En junio del
2013, YPFB Bolivia y YPF Argentina, firmaron cinco acuerdos, dos de ellos en
cooperación técnica para estudiar la potencialidad de recursos no convencionales o
shale gas, vía fracking en Bolivia (La Razón, 12 de junio de 2013). Como antecedente,
se conoce que directivos de YPFB visitaron Vaca Muerta, el gigantesco yacimiento de
hidrocarburos no convencionales del suroeste argentino (Energy Press, 20 mayo 2013).
El presidente de YPF Argentina, Miguel Galuccio, realizó declaraciones del gran
potencial de gas shale que tendría Bolivia con motivos de la firma del acuerdo de YPFB
con la empresa YPF Argentina, la cual dicha empresa, se sumaba como socio en el
desarrollo de áreas de exploración y además, en la asistencia al desarrollo de “Tight o
Shale gas’” en Bolivia. Este acuerdo significa para Bolivia, tener en las espaldas a la
nefasta transnacional CHEVRON, socia de YPF Argentina.
Toda esta actividad en torno a los intereses empresariales y corporativos, y el
proceso mediático que lo acompañó, no han considerado que las zonas de serranías
subandinas y del pie de monte chaqueño, son la fuente principal de agua para las
comunidades indígenas y campesinas, así como de pueblos y ciudades intermedias en
toda la región que vive bajo el signo de la sequía y las limitaciones de agua.
De acuerdo a información de YPFB, los depósitos se encontrarían en las rocas de
algunas regiones, como la formación geológica Los Monos del Chaco, que incluye a la
serranía del Aguaragüe en Tarija y otras zonas serranas del subandino de Chuquisaca,
como el Ingre, además de formaciones geológicas adyacentes, según YPFB (La Razón,
28 mayo 2013).
Pero el riesgo del fracking en Bolivia abarca numerosas otras regiones, en las cuales
hay evidencias y referencias de emanaciones naturales (“manaderos”) de
hidrocarburos, donde se forman arroyos oleosos que en muchas zonas se denominan
genéricamente arroyos “querosén”. Estas zonas geológicamente se relacionan con
esquistos, areniscas o lutitas bituminosas, las cuales son utilizadas como indicadores
de la presencia de gas o petróleo de esquisto. La presencia de estas zonas ha sido
utilizada como argumento para desarrollar operaciones petroleras convencionales, por
ejemplo, en el Norte de La Paz, con el bloque Liquimuni.
Otro elemento de riesgo, representan las concesiones dadas a YPFB en años
anteriores en la frontera con el Paraguay, zona de Fortín Paredes al este de la
quebrada Abaroa, Llama mucho la atención que dichas concesiones se encuentra en la
zona de la formación geológica devoniana Monos (que se extiende desde las sierras
85
subandinas) y que podría contener roca madre con presencia de shale gas. Dicha zona
concesionada a YPFB se encuentra en la zona de influencia de las áreas protegidas Kaa
Iya y Otuquis, una zona casi prístina en su estado de conservación y uno de los últimos
reductos de grupos Ayoreode en aislamiento voluntario. Un eventual exploración y
explotación vía fracking en dicha zona sería absolutamente desastrosa.
Infografía con fuente del Ministerio de Hidrocarburos-YPFB (La Razón, 28 mayo 2013)
mostrando las zonas de emanaciones naturales de hidrocarburos como fuentes
potenciales de Shale Gas.
86
Algo más alarmante aún, y que muestra la temeridad de YPFB, se reportó a inicios de
junio del 2013, en referencia a una “minifractura” o “fracking” realizada en el pozo
Ingre X-2 (Chuquisaca), por YPFB, y que según la fuente, permitió descubrir “Tight
oil” en reservorios con baja porosidad y permeabilidad con contenido de petróleo,
donde se inyectó “material” (no se menciona cual) para darle permeabilidad artificial y
se pudo recuperar petróleo con los equipos disponibles en el país (CBHE - Reporte
Energía, 6 junio 2013). La zona explorada forma parte de la formación Tupambi, entre
1.640 a 1.650 metros de profundidad; se debe recordar que las exploraciones
anteriores en el pozo Ingre X-2, resultaron negativos.
El entusiasmo de YPFB por el tema de gas no convencional y su tecnología de
obtención, el fracking, ha involucrado a todo el sector petrolero, como se observa del
informe de resultados del taller “Recursos Gasíferos Convencionales y No
Convencionales” realizado en noviembre en Santa Cruz. De acuerdo a YPFB, “los
especialistas quedaron admirados de la gran potencialidad que tiene la faja plegada
subandina de Bolivia”. Según YPFB, en dicho evento se discutieron los desafíos en la
exploración, explotación, distribución y “manejo sustentable” de reservorios gasíferos
convencionales y no convencionales (AN-YPFB, 12 noviembre 2013). Diversos expertos
tiene opiniones diferenciadas (Energy Press, 13 enero 2014), por su parte, Reynaldo
Irahola, ex gerente de Explotación de YPFB, estima que “Bolivia estaría a diez años de
desarrollar el fracking, pues lamentablemente en Bolivia el shale gas está a mucha
profundidad, lo cual significa que al momento, aplicar la tecnología sería
antieconómico, pero esta situación puede cambiar al futuro si se encuentran
yacimientos mas someros”. Ramiro Moreno, consultor y experto internacional opina que
“el país podría necesitar gas a partir del 2017, por lo cual cuanto más temprano se de
inicio al programa de desarrollo del shale gas, sería mejor y YPFB debería darle una
operatividad inmediata al tema”. Esto muestra la exacta dimensión de la voracidad y
temeridad del sector petrolero del país, que vine promoviendo que YPFB acelere la
aplicación de la tecnología del fracking en Bolivia.
En todo este proceso, y como ocurre en muchos temas, la mayor parte de los medios
de prensa tuvieron un rol opaco y polarizado hacia la simple difusión de los
comunicados y declaraciones del sector petrolero, sin indicios de una investigación
seria en el tema o abrir el debate, democratizando las opiniones hacia los sectores
ambientales que tienen serias observaciones al fracking.
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De esta manera, se ha abierto en Bolivia, un nuevo frente de riesgo socioambiental de
las actividades petroleras, considerando que, sin el “fracking”, el riesgo de las
operaciones convencionales ya es muy alto, especialmente en las serranías subandinas
de Aguaragüe y otras vecinas por su fragilidad, a lo cual se suma la poca
responsabilidad con que el sector petrolero y el Gobierno toman el tema ambiental.
Ciertamente, una de las causas para que en Bolivia, el gobierno y los sectores, acepten
con tanta facilidad procesos tecnológicos de muy alto riesgo socioambiental, como el
fracking o los planes de energía nuclear, es la falta de importancia que se da al
Principio precautorio. Por otra parte, a la incertidumbre sobre la dimensión real de las
reservas futuras de gas, se suma la fuerte reducción de las reservas actuales por el
efecto de exportación masiva a países vecinos, lo cual ha influido también para que se
vea al Fracking como una alternativa. Sin embargo, existe una situación de fondo que
influye para que dar paso a la temeridad e improvisación en el tema energético, y es la
falta de un análisis y debate serio sobre la matriz energética, algo que se ha señalado
como fundamental desde hace ya varios años, lo cual ha dado lugar a otros mal pasos
en lo energético, como abrir posibilidades a la energía nuclear o las megarepresas.
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las petroleras frackineras.
90
Las inundaciones extremas del 2014 y los riesgos de las
megarepresas existentes o previstas
Marco Octavio Ribera Arismendi 2014-2015
Varias organizaciones, entre ellas LIDEMA, alertaron desde el año 2007, sobre los
riesgos de la fuerte alteración hidrológica de la cuenca del río Madeira a partir de la
construcción de las megarepresas Jirau y San Antonio en el Brasil. San Antonio se
encuentra a unos 180 kilómetros de la frontera con Bolivia (muy cerca de la ciudad
brasilera de Porto Velho) y Jirau, a escasos 85 kilómetros del territorio boliviano.
En los siguientes años se realizó un seguimiento detallado de las diversas situaciones
relacionadas al desarrollo de dichos megaproyectos, desde los cuestionados estudios
de impacto y los otorgamientos de licencias, hasta los severos impactos a los
ecosistemas y a la gente campesina ribereña del Brasil.
Entre la información generada y sistematizada en los últimos tres años, figuraba el de
las acciones competitivas de los consorcios empresariales de Jirau y San Antonio, para
ir progresivamente aumentando sus potencias de generación de energía. Por ejemplo el
año 2010, Jirau obtuvo el permiso de la Agencia oficial de energía del Brasil, para
aumentar 6 turbinas más, a las 44 del diseño original. A fines del 2012, Jirau obtenía
además, la autorización para una nueva altura del reservorio (y del dique), por encima
de los 74,8 metros originalmente establecidos, con lo que el embalse aumentaría de de
350 km² a 430 km², y un aumento de potencia de energía de 3.300 a 3750 MW. Por
su parte, el año 2013, el consorcio de San Antonio, fue autorizado en el aumento de
turbinas, la elevación del dique y de la altura de su reservorio, por lo que el área de
inundación aumentó de 350 km2, inicialmente previstos, hasta 421 Km2, aumentado su
potencia original de 3.150 a 3.570 MW.
La mayor preocupación de los consorcios energéticos de ambas megarepresas, se
centró y se sigue centrando en las pugnas sobre las alturas de los reservorios, y evitar
perjuicios mutuos en la generación de energía, y no en torno a los efectos adicionales
que este juego competitivo podría tener sobre la hidrología del río, los ecosistemas y
la vida de la gente de la región. En este sentido, se advirtió a mediados del 2013, que
una mayor manipulación de la hidrología del río Madeira, podía llegar a ocasionar
procesos de mayor retención de aguas e inundaciones anómalas, especialmente en años
excepcionalmente húmedos, como las que habían ocurrido el 2007 y 2008.
91
Considerando toda la información generada por activistas ambientales en Brasil y
Bolivia, hacia fines del 2013, todo parecía indicar que los elementos para un gran
desastre ambiental estaban listos.
La evaluación de LIDEMA de los años 2008 y 2010, hacía referencia a los elevados
riesgos ambientales en la Amazonía boliviana por efecto de las megarepresas
brasileras, riesgos que se evidenciarían especialmente bajo fenómenos climáticos
extremos.
Desde los años 2007 y 2008, cuando se produjo la alternancia de los fenómenos Niño-
Niña (ENSO), la Amazonía boliviana no se volvió a sufrir impactos de semejante
magnitud, hasta hora. A mediados del 2013, se advertía desde LIDEMA en los
estudios de actualización del tema de la megarepresas del Brasil, que existía el riesgo
de que en los siguientes años, podían ocurrir eventos climáticos de pluviosidad
extrema en toda la región, con alta probabilidad de estar asociados al cambio
climático, incluso bajo ausencia de los fenómenos Niño-Niña. Es lo que
desafortunadamente ha sucedido, bajo figura de ENSO neutral, se han producido las
precipitaciones e inundaciones mas desastrosas, posiblemente en los últimos cien años.
Al momento, es aún objeto de debate las causas del período de extremas lluvias entre
diciembre 2013 y febrero 2104, y aunque pareciera ser lo más fácil echarle la culpa al
calentamiento global y el cambio climático, todo parecería señalar que efectivamente
habría influido sobre un comportamiento anómalo de la ITCZ (Zona de Convergencia
Intertropical), los centros de baja presión en la línea ecuatorial y el comportamiento
de los vientos alisios, que son los transportan la lluvia a la Amazonía. Se ha manejado la
hipótesis del fenómeno TUTT (Tropical upper tropospheric trough) o vaguada superior
de la troposfera tropical (White, 2008), consistente en el incremento de anomalías
observadas en las alturas de las superficies de presión, asociadas al reforzamiento de
la cuña anticiclónica oceánica en los niveles troposféricos bajos y medios, así como la
mayor frecuencia y persistencia del anticiclón en la troposfera alta, lo que conduce a
grandes movimientos de masas de vapor hacia el sur-suroeste.
Otra explicación al extremo climático del 2013 (fines) y primeros meses del 2014,
bajo ENSO neutral, fue dada por Espinoza et al. (2014), en relación al sobre
calentamiento de la denominada SST (South Atlantic Sea Surface) en el Atlántico
Sur, por la presencia de una gran corriente denominada “wave train”,
excepcionalmente caliente, que surgió del océano Pacífico-Indico hacia el sur de
Sudamérica, anomalía que se tornó ecuatorial al cruzar los Andes, ocasionando un
92
inmenso transporte vertical de vapor hacia la tropósfera y las consiguientes lluvias
extremas al migrar más hacia el sur hacia el pie de los Andes.
Dejando a un lado las especulaciones climatológicas, la realidad es que tenemos un
desastre de magnitudes apocalípticas, que está afectando, tanto a la Amazonía de
Bolivia, como del Brasil, con el riesgo de que lastimosamente no será un hecho aislado
en la historia, sino que puede repetirse periódicamente bajo diversas modalidades.
Un elemento adicional que aumenta el nivel de riesgo en los eventos extremos de esta
naturaleza, es desde luego la deforestación, la cual sigue teniendo elevadas tasas en
Bolivia y el Brasil, y acarrea efectos, tanto en la emisión de gases y aporte al
calentamiento global, como en un mayor escurrimiento de las aguas.
Llama la atención, las declaraciones de algunos expertos en Bolivia, respecto a que las
aguas del represamiento o reservorio de Jirau, no subirán hasta la zona de Cachuela,
menos a Trinidad, lo cual es lógico, considerando los gradientes de altitud. Sin
embargo, el problema este año y los siguientes de alta incertidumbre climática, no es
que el agua suba, sino que, el agua de las grandes inundaciones no baje como debería
bajar, y se retarde el drenaje ocasionando llenuras anómalas (como la de Riberalta),
que es exactamente lo que parece estar sucediendo, especialmente en el norte
amazónico del país, por la alteración severa de la dinámica hidrológica del río Madeira.
La misma lógica simplista que usa desde el Servicio Geológico del Brasil, donde se
afirma “que las represas no retienen el agua, y que toda el agua que entra, sale”. Claro
que sale, pero tarda más en salir y se reduce la velocidad de las inmensas masas de
agua en curso. A mediados de marzo llegó el golpe de agua a la ciudad de Guayaramerin
e inundo amplias sectores de esta pequeña urbe amazónica, sin embargo, eso no es un
hecho demasiado extraordinario, pues Guayaramerin se inundó en las grandes
inundaciones de los años el año 1992 y de los años 2007 y 2008, y con seguridad
muchas veces a lo largo de la historia, con la diferencia que entonces, el río no estaba
represado. El problema actual, es como la inmensa masa de aguas concentrada en el
norte Amazónico de Bolivia y la frontera con Brasil, responde a la presencia de las dos
megarepresas. Es decir, el problema no radica tanto en la llenura propiamente, sino
con qué rapidez o lentitud se evacua el agua de la inundación y el nivel elevado del río,
o si se dan reflujos o no. Los datos de Hidrología Naval de Bolivia y de la Armada en
dicha zona, serán de gran valor en términos comparativos.
La altura de las aguas en el Madeira llegó a 18.23 metros, superando todas las cotas
de años anteriores, algo nunca visto históricamente. Para tener un referencia más
93
exacta, el Madeira en febrero del 2013, había registrado 13.3 metros. Su caudal
habría excedido los 40.000 m3/seg. Este comportamiento anómalo el 2014, tiene
obviamente relación con las lluvias agigantadas, pero también, con un rio que tiene
ahora dificultades para evacuar sus aguas. Según el ecólogo brasilero Fearnside, el
área inundada por Jirau alcanzará la frontera con Bolivia, y las amenazas son bastante
obvias: "Cuando el río entra en el reservorio de Jirau, la velocidad disminuye
brutalmente, provocando la caída de los sedimentos al fondo, formando una montaña
de sedimentos",…. y, "…..con el tiempo, dicha montaña de sedimentos actúa como una
segunda barrera para detener el flujo de agua, y el nivel del río sube, inundando
partes de Bolivia ".
De cualquier forma, los reservorios de las represas, no se forman de un año para el
otro, la represa Samuel, en la región de Rondonia, fue puesta en funcionamiento el año
1989, con un reservorio previsto de de 560 Km2, sin embargo, después de varios años,
llego a formar un gran lago que duplicó la superficie original, otra represa en la
Amazonia del Brasil, Balbina, fue puesta en operación, también el año 1989, con un
reservorio previsto para 2.360 Km2, pero la superficie del embalse a lo largo de los
años, supero más de dos veces la cifra prevista, extendiéndose a más de 160 Km.,
aguas arriba.
Desde el 2010, se insistió, que existía el riesgo de que las represas Jirau y San
Antonio, ya en pleno funcionamiento a fines del 2013, podrían actuar como “el tapón de
la bañera”, dificultando los procesos normales de escurrimiento y transporte de aguas,
ocasionando llenuras anómalas tempranas o prematuras, y haciendo más graves los
“golpes de agua” o bajada de los caudales de las partes superiores de la cuenca, hacia
la llanura amazónica del norte. Precisamente es lo que está ocurriendo ahora. En otras
palabras, el Madeira es un río embozado o “entupido” como se dice en portugués. Esta
realidad es patente, a pesar de las negativas de los responsables de las empresas y de
las propias autoridades brasileras, de negar que las mega-represas tengan algo que ver
con las inundaciones actuales por desbordes del Madeira, contradiciendo el sentido
común general. Es más que obvio que las inundaciones de las zonas más altas, como
Caranavi, Rurrenabaque, Reyes, incluso las de Trinidad, no tiene que ver con las
represas y es el resultado de las lluvias extremas y desbordes de ríos, pero la de
Riberalta o Cachuela Esperanza, son especialmente llamativas y podrían ya estar
asociadas con modificaciones en la velocidad de evacuación de las masas de agua y
fenómenos de reflujos por efecto de las represas.
94
Diversos medios de noticias del Brasil, dieron a conocer que el consorcio de Jirau
exigió que la usina San Antonio abra sus compuertas para reducir el reservorio en la
montante entre Jirau y San Antonio, esto en función a reducir el potencial daño en las
estructuras y la disminución de la potencia de producción. La usina San Antonio abrió
temporalmente sus compuertas a inicios de febrero, para prevenir daños a su propia
sala de maquinas y otras infraestructuras, con el riesgo de empeorar las inundaciones
y la erosión de barrancos hacia la zona de Porto Velho. Como se puede observar, lo
único que les importa a los consorcios empresariales, son sus intereses económicos,
además procurando desligar cualquier responsabilidad en el desastre.
La llanura amazónica de Bolivia, desde las zonas del Ichilo y Trinidad, hasta el norte
amazónico, como es Riberalta, han recibido fuertes llenuras prematuras o tempranas
(fines de enero-febrero), producto de las lluvias extremas. Dicha agua en exceso, ha
afectado también, toda la cuenca del Madeira en el Brasil, inundando varias
comunidades y la ciudad de Porto Velho. Aun cuando disminuyan las lluvias o incluso,
ojalá, deje de llover, las crecidas o golpes de agua “normales” hacia el norte
amazónico, es decir desde Riberalta o Guayaramerin, aguas abajo, no llegaran sino
hasta los meses de marzo y abril, es decir que una gran parte del agua que ahora
inunda la llanura central de la Amazonia de Bolivia, bajará en las próximas semanas.
Las aguas de la inundación temprana ya tienen dificultad para ser evacuadas por el río
Madeira y con seguridad enfrentan un retardo de salida, y se sobrecargará con los
golpes de agua posteriores.
La misma zona de Cachuela Esperanza ha sufrido fuertes inundaciones por los
desbordes del río Beni. LIDEMA, también advirtió que de construirse la megarepresa
Cachuela Esperanza, lo impactos se sinergizarían con los de las usinas brasileras, es
decir que los impactos se magnificarán aún más que si los efectos de las presas
actuaran solas o aisladas. La pesadilla estaría completa, si los gobiernos del Brasil y
Bolivia se ponen de acuerdo para construir la mega represa binacional Riberâo en el río
Madeira, al norte Guajaramirin. Otra pesadilla es el megaproyecto de El Bala, que en
un escenario climático extremo como el actual, la inundación llegaría hasta las parte
más altas del Alto Beni y de la cuenca del río Kaka.
A la luz de lo que está aconteciendo, el Estado boliviano tiene la obligación, bajo el
principio precautorio, de hacer un replanteamiento de sus políticas energéticas en
cuanto la construcción de megaproyectos hidroeléctricos, como El Bala o Cachuela
Esperanza, o de otros de alto riesgo ambiental (caso energía nuclear), puesto que
incrementan las probabilidades de desastres socio-ambientales mayores.
95
Bolivia está aún en posición de exigir una auditoría ambiental a nivel internacional, para
la evaluación del impacto actual y de los riesgos y consecuencias actuales y futuras de
la alteración de la hidrología del río Madeira, por las megarepresas del Brasil.
Consecuentemente, también se debería comenzar a analizar las posibilidades de exigir
indemnizaciones por los enormes daños y pérdidas económicas.
De cualquier forma, aun cuando se compruebe la responsabilidad del daño ambiental
por las mega represas y eventualmente, el Brasil reconociese una posible
indemnización, la pregunta, es que pasará al futuro, a sabiendas que este evento
climático no es una cosa aislada y puede repetirse por ciclos o de un año para el otro.
Es más, varios centros meteorológicos a nivel mundial ya han advertido una alta
probabilidad de la afluencia del fenómeno de El Niño a fines del 2014.
Es por demás evidente, de que Bolivia debería contar con un Plan rector a nivel
nacional de Gestión de Riesgos (si es que ya existe, no se lo ha dado a conocer) con
fuerte énfasis en el tema de las grandes inundaciones, pero sería necesaria una
actualización en función a lo que viene aconteciendo. Se debe exigir mayor
transparencia y prontitud en el manejo de información. Por una nota de prensa (Los
Tiempos, 21 febrero 2014) nos enteramos que el 2013, un grupo de expertos había
realizado un estudio bajo encargo de la cancillería, con el fin de definir los niveles de
probable influencia de las megarepresas del Brasil sobre el territorio boliviano, el
mismo que no fue socializado, ni difundido a nivel técnico. Creemos que es momento de
hacerlo.
Notas del 2014 y 2015
En julio del 2014 en el Taller Nacional de Lecciones Aprendidas sobre las inundaciones
2014, organizada por Defensa Civil y el Programa DIPECHO (programa de preparación
ante desastres de la Comisión Europea), responsables del Servicio de Hidrología Naval
de Bolivia, expusieron datos de las inundaciones del 2014 y el efecto de retardación
de la bajada de las aguas en la Estación de Nueva Manoa, por la influencia de reflujos
ocasionadas por las megarepresas del Brasil en el rio Madeira, mencionándose además
la tendencia de alturas anómalas del nivel del río durante el 2013. Esto ya había sido
reportado por técnicos
En relación a las enormes inundaciones del 2014, Bustamante (SENA 2015) hace
referencia a la mala calidad de los Estudios de Impacto Ambiental de las
megarepresas Jirau y San Antonio, lo cual quedó manifiesto en las grandes
96
inundaciones que afectaron severamente a las regiones del Abuná, Villa Bella y
Guayaramerin.
Bustamante cita una de las conclusiones del estudio de Vauchel (2014) sobre las
crecidas del río Madeira: “podemos deducir que el nivel en Abuná aumentó de más o
menos un metro de nivel que hubiera tenido en ausencia de la represa de Jirau”….. “el
aumento de nivel en porcentaje puede parecer poco, pero un aumento de un metro de
nivel puede representar una superficie inundada muy importante que sería bueno
evaluar de forma precisa”. Bustamante, también cita a Castillo O. (2014) respecto del
estudio elaborado para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, del tramo cachuela
Madera y Santo Antonio, quien entre sus conclusiones afirma que el efecto del
remanso hidráulico provocado por la presa Jiraú afecta de forma directa a la
inundación del tramo binacional, siendo que el incremento máximo total producido al
inicio del tramo binacional fue de 2,15 m y de 0,50 m en Cachuela Madera.”
Queda por demás documentado que en las inundaciones del Madeira con una raíz de
fenómenos climáticos continentales, probablemente asociados al cambio climático, las
megarepresas del Brasil sí tuvieron un efecto importante en la acumulación y
evacuación dificultada de las aguas de inundación, incluidos los efectos de remanso
hidráulico. Llama la atención que los estudios encargados por el Ministerio de Medio
Ambiente no hayan tenido una mayor difusión dada la incertidumbre que generó la
catástrofe. El estudio de Castillo que menciona Bustamante no figura en la RED ni en
la WEB del MMAA. Cabe preguntarse si el estudio habría llegado al escritorio del
Ministro de Energía e Hidrocarburos.
Estas observaciones tienen relación con las noticias emitidas en marzo del 2015,
donde se informa que el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez,
se refiere a las expectativas favorables del gobierno hacia los megaproyectos
hidroeléctricos de Cachuela Esperanza y la “binacional” en el rio Madeira (en este caso
Riberâo)(La Razón, 16 marzo 2015), existiendo un preacuerdo con el Gobierno de
Brasil para realizar los estudios de viabilidad, diseño y construcción de los proyectos
hidroeléctricos binacionales. Para dicho fin, el ministro boliviano de Energía visitó
Brasil para reunirse con su colega, Eduardo Braga, y con el jefe de la empresa
eléctrica brasileña Electrobras (El Día, 24 marzo 2015).
Todo parece indicar que existe un franco desconocimiento, o una total subestimación,
de las inundaciones catastróficas del año 2014, y del efecto que tuvieron las
97
megarepresas del Brasil. Desde luego, el Principio precautorio, aun cuando existen
antecedentes conclusivos, no está en la agenda de las autoridades ni por asomo.
Desde luego, al Brasil le conviene impulsar megaproyectos hidroeléctricos fuera de
sus fronteras, sea en Perú o en Bolivia, después de los desastres de socioambientales
de la cuenca del Madeira por sus megarepresas y el conflicto, además de la mala
imagen, por Belo Monte, es más cómodo y estratégico para el Brasil, influir para que
sus vecinos más pobres y débiles construyan represas, como el Bala o Cachuela
Esperanza o Iñambari, a la espera de una compra de energía a precios irrisorios o vía
acuerdos binacionales, onerosos para el país pobre, como es el caso de Paraguay y la
megarepresa Itaipu.
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CRONOLOGÍA DEL COMPLEJO DE MEGAREPRESAS DEL MADEIRA
Actualización a mayo 2015
TIEMPO DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES Y EVENTOS
Década de
los años 70
Evaluaciones del Ministerio de Minas y Energía del Brasil identifica a la
Cachoeira Jirau y otras (p.e. Riberao, Teotonio), como de alta potencialidad
para proyectos hidroeléctricos.
1991 Se formaliza en el Brasil el Movimiento de afectados por las Represas o MAB
(Movimento de Atingidos por Barragens).
2000 El BID y el gobierno del Brasil, presentan la iniciativa IIRSA en la cumbre de
Brasilia, la que es aprobada por los 12 Presidentes sudamericanos.
2001 Se proyecta el inventario hidroeléctrico del río Madeira por el consorcio
FURNAS y Odebretch, como parte del complejo hidroeléctrico.
2003
Comisiones del Brasil, realizan sondeos en instituciones del país sobre el
desarrollo del Complejo Madeira.
99
2004
Furnas y Odebretch realizan el Inventario Hidroeléctrico del Madeira, asumido
como una “evaluación estratégica”.
2004 Consorcio solicita al gobierno de Bolivia autorización para realizar estudios en
los ríos de Bolivia, en proyección a las represas binacional y de Cachuela
Esperanza, la solicitud es rechazada.
Diciembre
2004
El gobierno de Bolivia insta al Brasil a conformar una comisión binacional para el
tema de represas, pero no recibe respuesta oficial.
2005
Elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental del complejo Madeira. Furnas
y Odebretch es el consorcio responsable.
2005 En Bolivia se aprueba el DS 28389 que suspende la otorgación de licencias en
materia hidroeléctrica en la Cuenca del Madera, hasta no contar con estudios
hidroenergéticos.
2005 Fuertes críticas generalizadas a los estudios de Furnas-Odebretch, por parte
de movimientos sociales, ONGs e instancias científicas en Brasil y Bolivia.
2005 El consorcio solicita la aprobación del estudio y otorgación de la Licencia Previa
(LP).
2006 Primer pedido del IBAMA (Instituto Brasilero del Medio Ambiente) al
consorcio, de complementación de estudios y realización de audiencias públicas.
2006
Fuertes críticas al estudio, en cuanto al análisis de la dinámica sedimentológica.
El consorcio contrata un consultor internacional (S. Alam) para analizar el caso
de la sedimentación en San Antonio.
Noviembre
2006
El gobierno de Bolivia, a través de su Cancillería, manifiesta mediante nota al
Brasil su preocupación por los probables impactos de las represas del Madeira.
Brasil responde en sentido de que no habrá impactos en Bolivia.
2007 El IBAMA rechaza el estudio del consorcio por su inconsistencia y paraliza la
otorgación de la Licencia Previa, recomendando un nuevo estudio. Fuerte
malestar del gobierno del Brasil y sectores interesados en contra del IBAMA.
Existen presiones para la otorgación de la Licencia Previa y los altos directivos
del IBAMA son destituidos.
2007 Diversos análisis y evaluaciones de las mega-represas, tanto en Brasil, como en
Bolivia, prevén severos impactos de desaparición de peces y reducción de la
100
pesquería, grandes inundaciones por cambios hidrológicos y aumento de
enfermedades.
Enero 2007 Se lanza oficialmente el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) del Brasil, el
cual asume, de forma central, las inversiones en el sector energético.
Enero –
febrero
2007
Bolivia vuelve a insistir oficialmente sobre su preocupación en el tema de las
represas. El Brasil responde que el tema de las represas es un asunto de
soberanía y que el proceso no es revisable. Convoca a una reunión bilateral en
Río de Janeiro, donde Bolivia presenta una posición débil que permite la
conciliación de procesos, en el marco de una integración energética binacional.
La delegación boliviana recibe fuertes críticas por parte de organizaciones
ambientalistas.
Abril 2007 El CONAMA del Brasil, recomienda la realización de estudios complementarios
más profundos, considerando los posibles daños a países fronterizos.
Abril 2007 La reunión del Grupo Técnico del Eje 4 del IIRSA, en Lima, sigue considerando
como centrales los proyectos hidroeléctricos Cachuela Esperanza y el complejo
hidrovial por los grandes ríos de Bolivia y Perú.
Mediados
2007
Se conforma el Comité Interinstitucional Boliviano a cabeza del Viceministerio
de Biodiversidad y la Cancillería. El mismo realiza varias reuniones técnicas en
las que participan diversas instancias púbicas, universidades, ONGs.
Agosto
2007
Se realiza una reunión técnica bilateral, en Sao Paulo, donde la posición de la
delegación boliviana es fuerte y rebate los argumentos de la parte brasilera que
afirman que no habrá impactos en territorio boliviano, se acuerda la realización
de otra reunión binacional en Bolivia.
Agosto
2007
Los sectores de energía y obras públicas del estado boliviano, realizan
reuniones por separado (sin considerar al Comité inter-institucional ni las
acciones de la Cancillería) con el fin de proyectar la potencialidad
hidroeléctrica de los ríos de Bolivia.
Julio 2007 Se aprueba el DS 29191, por el que se declara de interés y prioridad nacional el
aprovechamiento de la cuenca del río Beni y se instruye proceder a los estudios
para el diseño final de la represa de El Bala, bajo responsabilidad de ENDE
(Empresa Nacional de Electricidad).
Julio 2007 El IBAMA, por presión gubernamental, aprueba la otorgación de la Licencia
Previa del Complejo Hidroeléctrico del Madeira, condicionando el ajuste de 33
101
puntos observados. Se levanta una nueva ola de críticas en ambos países.
Septiembre
2007
La Cancillería de Bolivia reitera su persistente preocupación y dudas sobre los
impactos de las represas, mismas que no fueron absueltas en la reunión de
agosto en Sao Paulo.
Octubre
2007
En respuesta a la nota de Cancillería, el Brasil sugiere que el equipo boliviano
concrete preguntas sobre los impactos, con el fin de que la parte brasilera
pueda contestar. La sugerencia es interpretada como dilatoria y con poco
sentido.
Finales
2007
El Comité Interinstitucional de Bolivia, conforma tres subcomisiones técnicas y
elabora un set de preguntas para el equipo técnico de Brasil. Se recibe una gran
documentación como respuesta, la que carece de consistencia y efectividad.
Octubre-
diciembre
2007
Licitaciones públicas para la adjudicación de la construcción de las represas
Jirau y San Antonio, y subasta o “Leilao” para la adjudicación de la construcción
de la Represa San Antonio.
Diciembre
2007
El Presidente del Brasil visita Bolivia y se concretan apoyos en términos
hidrocarburíferos y viales. El Presidente boliviano hace declaraciones públicas a
favor de las represas que planea construir el Brasil. Activistas que se
manifestaron en contra de las represas son reprimidos y detenidos.
Enero 2008 El Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, realiza declaraciones públicas a
favor de los megaproyectos hidroeléctricos y de apoyo concreto a la
construcción de represas en Cachuela Esperanza y Riberâo.
Inicios 2008 La empresa Madeira Energia S.A., subsidiaria de una de las concesionarias de la
Usina San Antonio, presenta el Plan Básico Ambiental, que es un requisito para
la aprobación de la Licencia de Instalación (LI). Se da una fuerte presión del
gobierno y sectores interesados en la construcción de las represas sobre el
IBAMA. La experta Leanne Farrel, realiza fuertes críticas al Plan Básico
Ambiental presentado.
Inicios 2008 Pueblos indígenas y comunidades campesinas de la cuenca del río Madera
(Bolivia), interponen una demanda al gobierno del Brasil ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Mayo 2008 Subasta o “Leilao” para la adjudicación de la construcción de la Represa Jirau.
102
Mayo 2008 Violenta represión policial y de las fuerzas de seguridad de las corporaciones
hidroeléctricas al MAB en el Brasil. Activistas indígenas de Bolivia son
arrestados y deportados.
Mayo 2008 La Ministra de Medio Ambiente del Brasil, Marina Silva, renuncia presionada
por los sectores económicos y su propio gobierno, debido a que se oponía
radicalmente a las represas del Madeira.
Junio 2008 Se realiza en Bolivia el Seminario sobre “Políticas Nacionales de Energía y
Medio Ambiente”, y se habla de un posible acuerdo binacional para impulsar
megaproyectos hidroeléctricos en la frontera común, además de posibles
medidas de compensación por daños eventuales.
Julio 2008 Fuerte oposición de organizaciones sociales y ambientalistas a la posibilidad de
un acuerdo o convenio binacional energético con el Brasil.
Agosto
2008
El Brasil, con un año de retraso, da respuesta a la solicitud de reunión bilateral
en Bolivia. Se califica la situación planteada por el Brasil como extemporánea. El
Comité Inter-institucional prepara los materiales de presentación y discusión.
Agosto
2008
El IBAMA otorga la Licencia de Instalación (LI) de la Represa San Antonio.
Agosto
2008
El consorcio Eletrobras-Odebretch-Furnas (más CEMIG y Andrade Gutierrez)
se adjudica la construcción y operaciones de Jirau. El consorcio GDF Suez-
Eletrosul-Chef, autodenominado “Energía Sustentable”, se adjudica la
construcción y operaciones de generación de San Antonio.
Agosto
2008
La Cancillería boliviana envía una carta a su homólogo del Brasil, reclamando
sobre el Plan Básico Ambiental para la Licencia de instalación, el cual prevé
realizar estudios en los ríos de Bolivia sin que exista un pedido formal de
autorización.
Agosto –
Septiembre
2008
El Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia y ENDE, dan inicios a la
prospección y diseñó de la Represa Cachuela Esperanza en el río Beni,
contratando una empresa canadiense (Tecsult-Aecom).
Octubre
2008
Se otorga la Licencia Ambiental final para la construcción de la represa San
Antonio y se inician las obras.
30 y 31 de
octubre
Reunión técnica bilateral Bolivia-Brasil en La Paz, no se conoce resultados
favorables, debido a que la delegación brasilera no contaba con representantes
técnicos, que equilibraran el debate. La delegación boliviana realizó un
103
2008
“monólogo” técnico.
Noviembre
2008
Se otorga la Licencia Ambiental final para la construcción de la Represa Jirau, a
pesar de que el consorcio decidió mover la ubicación de la presa 9 kilómetros
respecto de su ubicación original.
26 de
diciembre
2008
El inicio de la construcción de la represa San Antonio por el “grupo Madeira”
(Odebretch, Andrade Gutierrez, Furnas y Cemig), ocasionó la mortandad de 11
toneladas de peces por manipulación del curso del río y el consorcio fue multado
por el Ministerio del Ambiente de Brasil.
Finales
2008
El reporte de seguimiento que realiza LIDEMA al tema de las mega-represas
del Madeira, incluido el caso de Cachuela Esperanza y el de Riberâo, es puesto
en la WEB. Su contenido advierte de los riesgos socio ambientales sobre la
Amazonía boliviana. Otros estudios y reportes en Bolivia tienen apreciaciones y
previsiones coincidentes.
2009 Se denuncia procesos de desalojo de pobladores ribereños brasileros sin la
existencia de planes habitacionales consolidados.
2009 En la región de Porto Velho y Madeira aguas arriba, se reporta un notable
incremento de 63% de la incidencia de la malaria.
Mayo 2009 Se realiza la última reunión bilateral en Brasilia. Los brasileros admiten
oficialmente, por primera vez, que las represas pueden ocasionar daños a la
Amazonía boliviana.
Agosto
2009
Se cancela la Comisión Interinstitucional y el Viceministerio de Medio
Ambiente, tanto como la Cancillería argumentan la “Agenda Positiva” Bolivia-
Brasil y la instrucción de no interferencia a las relaciones bilaterales.
Octubre
2009
Posicionamiento de LIDEMA en contra del proceso hidroeléctrico del Madeira y
los planes de Bolivia en torno al megaproyecto Cachuela Esperanza.
Inicios 2010 Jirau empieza a ser construida en la cachoeira Caldera del Infierno, a 9
kilómetros respecto de su ubicación original, en la cachoeira Jirau.
Inicios 2010 Ambos consorcios solicitan a la ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica)
el aumento del número de sus turbinas, de 44 a 50. Ambos son autorizados.
104
2010 El Consorcio San Antonio solicita a la ANEEL aumentar su potencia de 3.150
MW a 3.570 MW, lo que implica aumentar la altura de la represa y la cota del
reservorio de 70 a 71.3 metros, dando lugar a una inundación mayor por la
ampliación del embalse (más de 70 Km2).
2010 El Consorcio Jirau interpone una demanda por el aumento de la cota de San
Antonio, argumentando perjuicio en la generación de potencia.
2010 El Consorcio Jirau solicita a la ANEEL incrementar su potencia de 3.300 MW a
3.750 MW, lo que implica aumentar la altura de la represa por encima de 74.8
metros, dando lugar a una inundación adicional de más de 80 Km2.
Finales 2010 El reporte de seguimiento de LIDEMA a las megarepresas advierte sobre los
potenciales impactos en la Amazonía boliviana, debido a la distorsión hidrológica
de la cuenca media del Madeira.
Marzo 2011 Violentos conflictos laborales en la construcción de Jirau paralizan la
realización de la obra.
Junio 2011
Se desvía el río Madeira y se inicia su represamiento para poner a punto las
operaciones de la usina San Antonio.
Junio 2011 Altos funcionarios de la Cancillería de Bolivia manifiestan “profunda
preocupación por los posibles y graves impactos socio ambientales y económicos,
como consecuencia de la construcción y funcionamiento de las megarepresas en
el Madeira”. La declaración fue criticada por organizaciones ambientalistas,
como totalmente extemporánea e inconsecuente con la memoria histórica.
Julio 2011 El movimiento Resistencia desde el Ecologismo de los Pobres, y la Novena
Romaria Da Terra e Das Águas de Rondônia, se pronuncian en contra de la lógica
perversa de los megaproyectos hidroeléctricos del Madeira.
Septiembre
2011
Se desvía el rio Madeira e inicia el represamiento para poner a punto las
operaciones de la usina Jirau.
Finales 2011
En el Brasil se denuncia severos impactos socio-culturales relacionados con el
aumento de la criminalidad, abusos a menores, prostitución y vulneración de los
derechos humanos en general, hecho atribuible a la aglomeración humana e
inmigración masiva ocasionada por los megaproyectos hidroeléctricos.
Enero 2012 En la cuenca del Madeira en el Brasil se denuncia la disminución y desaparición
de peces, con una notable reducción de las pesquerías. El Estado abre una línea
105
de indemnización para los pescadores afectados.
Inicios 2012 La megarepresa San Antonio es inaugurada y puesta en funcionamiento en fase
de prueba. La corriente generada en la salida del reservorio ocasiona una
intensa erosión de los bancos ribereños aledaños a Porto Velho. Muchas
comunidades ribereñas son afectadas y obligadas a desalojar las zonas
impactadas por la corriente.
Inicios 2012 Brasil pretende inscribir los megaproyectos Jirau y San Antonio en el mercado
de créditos de carbono a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). La
situación es calificada de paradójica y fuera de lugar, considerando que las
mega-represas son mega-emisoras de gases de efecto invernadero.
Octubre
2012
ANEEL autoriza al Consorcio Jirau la elevación de su potencia y reservorio,
IBAMA dio la licencia, a pesar de que el proceso careció de Estudio de Impacto
Ambiental. Se suscitan fuertes críticas y malestar entre las organizaciones
sociales y ambientalistas.
Septiembre
2013
ANEEL autoriza al Consorcio San Antonio la elevación de su potencia y
reservorio, IBAMA dio la licencia respectiva (tampoco tuvo Estudio de Impacto
Ambiental).
Julio 2013 Se confirman las denuncias de disminución de peces y reducción de la pesquería
en más del 50% en la región norte de Bolivia, con la casi desaparición de algunos
peces.
2013 El Ecólogo Fearnside advierte sobre los efectos de las inundaciones anómalas en
el Brasil, como resultado de la acumulación de una “montaña” de sedimentos en
la montante de la mega-represa Jirau.
Octubre
2013
Las autoridades municipales de Guayaramerín manifiestan su preocupación por
los indicios de afectación hidrológica y ecológica del rio Mamoré y el curso alto
del río Madeira (reducción de pesca y retenciones anormales de aguas altas en
playas).
Noviembre
2013
El reporte de actualización del seguimiento a las megarepresas del Madeira, que
realiza LIDEMA, advierte sobre los riesgos de grandes inundaciones,
especialmente en años de lluvias extremas asociadas a las distorsiones del
cambio climático.
Diciembre El Alcalde de Riberalta, Mauro Cambero, minimizó el efecto de las
106
2013 megarepresas del Brasil y desestimó las alertas de los ambientalistas.
Diciembre
2013
A finales de diciembre se inicia un período de lluvias fuertes en gran parte de
las tierras bajas húmedas y subandino de Bolivia.
Enero 2014
El periodo de lluvias extraordinarias en toda la región de yungas, subandino y
tierras altas de Bolivia, se reportan crecidas de ríos e inundaciones en varias
regiones del pie de monte y llanura central del Beni.
Febrero
2014
Picos de extrema pluviosidad con cifras de hasta 700 mm en pocos días, golpes
de gua del Rio Beni y del Ichilo Mamoré, inundan la llanura amazónica boliviana.
Se reportan crecidas extraordinarias en el río Madeira con inundaciones que
afectan varias poblaciones incluida la ciudad de Porto Velho. El Madeira
sobrepasa los records históricos de altura y caudales cercanos a los 50.000
m3/seg.
Finales
febrero
2014
Debido a las inundaciones extremas, Bolivia declara situación de Desastre a
nivel nacional y el Brasil situación de Calamidad pública. Los efectos de llenuras
extremas en el norte amazónico de Bolivia, el tramo binacional del Madeira y las
zonas de las represas en el Madeira en el Brasil, se relacionan con el efecto del
daño hidrológico ocasionado por las mega-represas. Amplio despliegue de la
prensa en Bolivia y Brasil.
Marzo 2014 El Gobierno de Bolivia decide autorizar 10% de desmontes en regiones de la
llanura amazónica para habilitar zonas altas y paliar el daño a la ganadería. Con
esto se incentiva el avance de la ganadería de reemplazo en las zonas de límite
bosque sabana y en islas de bosques, dentro y fuera de áreas protegidas.
Marzo 2014
Las corporaciones responsables de las megarepresas del Madeira desligan
responsabilidades con las crecidas extremas del Madeira (al mismo tiempo que
se acusan mutuamente), al igual que el Servicio Geológico del Brasil. El Ministro
de Medio Ambiente de Bolivia, también afirmó que las megarepresas no tienen
efecto en las llenuras de la Amazonía boliviana, al igual que un experto francés.
El Ministerio de la Presidencia, manifiesta, sin embargo, preocupaciones por el
posible reflujo de aguas del Madeira hacia el norte de la Amazonia de Bolivia
por efecto de las represas.
Marzo 2014
Varias organizaciones ambientalistas en Bolivia y Brasil se manifiestan en
cuanto a los efectos que las mega-represas pueden estar ocasionando en
empeorar las inundaciones en el norte amazónico d Bolivia y en el Brasil.
También expertos ambientales y sociales de Brasil (como Fearnside, Darwich,
Strasser, Tundisi, Moret, Monteiro, Aranha) han señalado a las megarepresas
107
como un factor de aumento del riesgo e impacto socio ambiental.
Marzo 2014 Se anuncia la llegada del Canciller brasileño a Bolivia para tratar, temas
bilaterales, como la compra del gas y el de las represas. Brasil es importante
acreedor de Bolivia y el principal comprador de gas boliviano. Se anuncian
evaluaciones del tema de posible efecto de las represas por una comisión
técnica binacional.
Marzo 2014 Se establece medida judicial de culpabilidad de las represas del Madeira y de
sus consorcios en el Brasil, por los impactos registrados el 2014. El criterio
técnico que sustentó la decisión legal se baso en que las represas provocaron
una acumulación excesiva de agua estancada sobre el lecho del río Madera, lo
cual se agravó con las intensas lluvias, desnaturalizando su remanso natural
hasta provocar el desastre en la gigantesca cuenca que abarca importantes
poblados ribereños de Brasil y Bolivia. La decisión judicial implicó una multa, la
obligación de indemnizar a los afectados y la realización de nuevos estudios de
impacto ambiental.
14 de marzo
2014
Un “golpe de agua” llega a Guayaramerín e inunda barrios de la ciudad y varias
comunidades del municipio. Esta situación no es un hecho inusual, pues esta
región sufrió graves inundaciones en otros años, como en 1992 o en el 2007. Si
bien es una situación de desastre, actualmente, el problema no radica en la
llegada de la inundación propiamente, sino la prontitud o lentitud en la que se va,
considerando el doble represamiento del inmenso río y la conformación de las
barreras de sedimentos.
30 de marzo
2014
Casi ya no se habla de las inundaciones y las megarepresas, los medios de prensa
de todas partes, luego del frenesí sensacionalista, ya no cubren noticias sobre
las regiones afectadas por el desastre. Tampoco se menciona el tema en torno a
la próxima visita del Canciller brasileño, siendo el tema de la venta del gas el
centro de atención. No se conoce información alguna sobre la evaluación
realizada por las instancias técnicas del Ministerio de Medioambiente de
Bolivia.
2014 Un estudio de Castillo O. (2014) elaborado para el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, del tramo cachuela Madera y Santo Antonio, da cuenta sobre
el efecto del remanso hidráulico provocado por la presa Jiraú afecta de forma
directa a la inundación del tramo binacional. En tanto el estudio deVauchel
(2014) del IRD sobre las crecidas del río Madeira, menciona que “el nivel en
Abuná aumentó de más o menos un metro de nivel que hubiera tenido en
ausencia de la represa de Jirau”…..Estas conclusiones coinciden con las
observaciones del Servicio de Hidrología Naval de Bolivia sobre las anomalías de
108
retención de aguas del rio Madeira en la zona de Nueva Manoa.
2015 El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, anuncia que
existe un preacuerdo con el Gobierno de Brasil para realizar los estudios de
viabilidad, diseño de los megaproyectos hidroeléctricos de Cachuela Esperanza
y la “binacional” en el rio Madeira (en este caso Riberâo). Todo parece indicar
que existe un franco desconocimiento, o una total subestimación, por parte de
las autoridades del sector energético sobre las inundaciones catastróficas del
año 2014.
109
Megapesadilla-las megarepresas en el río Beni
Marco Octavio Ribera Arismendi Junio-julio 2015
El proyecto de la represa de El Bala es obsoleto, se remonta a la década de los años
50, en la que fue impulsado a partir de estudios aún más antiguos realizados por la
Universidad de Berlín (Plataformaenergetica.org, 26 abril 2011), una época donde la
importancia del tema ambiental aún pasaba desapercibido. La idea del megaproyecto
fue reactivada a fines de los años 80, cuando diversos gobiernos de turno privilegiaron
la idea y la elevaron incluso a rango de Ley como prioridad nacional. A fines de los años
90, bajo el signo del neo liberalismo y del gobierno del exdictador Hugo Banzer, el
megaproyecto fue activamente promovido por el ex prefecto del departamento de La
Paz, Luis Alberto Valle. Existen datos de dicha época, sobre la disposición de la China
a ejecutar el Proyecto Hidroeléctrico de El Bala y que para ello envió una misión
técnico-comercial que tenía auspicio del Banco Central Chino, bajo la idea del gobierno
de Banzer de impulsar llave en mano la obra (El Diario, 21 de agosto del 2011).
La Propuesta inicial planteaba una altura coronamiento de 205 mts., longitud 400 mts.,
ancho coronamiento 7.5 mts., ancho de base total 90 mts. Posteriores correcciones y
una nueva propuesta realizada por el consorcio ICE-CBP el año 1995: mencionaba una
altura de caída de 169 metros, para una generación de 2.460 MW. En los años 90, la
prefectura del departamento de La Paz presentó la propuesta de G.Morris (1990)
como una alternativa que consideraba dos represas en el río Beni, una en El Bala y
otra en el Chepite (70 y 90 mts), juntas generarían 1.800 MW.
Entre 1967 y 1998 se realizaron diversos estudios (cartografía, aerofotogrametría,
hidrología) y propuestas de diseño del megaproyecto. El 2010 se realizó un estudio
geodésico y topográfico aerotransportado (consultora SGT Ltda), del cual no se
conoce información alguna.
En los años 90, dificultades políticas y económicas del momento, así como la
resistencia de los movimientos sociales, ambientalistas y académicos, además de la
atención puesta por revistas internacionales como National Geographic, hicieron que el
megaproyecto de tan elevado riesgo ambiental quede archivado hasta mediados del
año 2007.
En julio del 2007, ocurrió la gran paradoja, el gobierno del MAS que ya pregonaba en
los foros internacionales el respeto a la Madre Tierra, emitió el Decreto Supremo
110
29191, por el cual se reeditaba el proyecto de la megarepresa de El Bala, dándole
nuevamente rango de prioridad nacional.
En el caso de El Bala, como en varios casos de planteamiento de proyectos (por
ejemplo, exploraciones petroleras o la construcción de la carretera por el TIPNIS) el
gobierno ha incumplido, la Constitución Política y los Convenios internacionales, puesto
que emitió-impulsó-adoptó-aplicó, el año 2007 una medida legislativa (Decreto 29191)
sin la realización de una consulta a los pueblos indígenas y sociedad civil en general
como lo estipulan los convenios internacionales de protección de los derechos
indígenas y la propia Constitución.
La Constitución Política del Estado (CPE) en su Artículo 30, Inciso 15, establece el
Derecho de los Pueblos Indígenas, a ser consultados cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Como se puede ver, esto en
plena concordancia con los Convenios antes citados.
El convenio 169 del OIT–NNUU sobre pueblos indígenas, establece como un Derecho:
A ser consultados de buena fe, toda vez que el Estado impulse decisiones
administrativas o legislativas, así como planes de desarrollo. En tanto que la
Declaración de la ONU del año 2007, en su artículo 19 sobre los derechos de los
pueblos indígenas, dice: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe
antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten.
Es importante recordar que el Convenio 169 fue ratificado el año 1991 por la Ley 1257
y la Declaración de la ONU fue ratificada en noviembre de 2007 por la Ley 3760.
Ambos Convenios y sus Leyes de ratificación son parte del Bloque constitucional
(Artículo 410 de la CPE) y junto con la Constitución son las normas de mayor relevancia
del país. Esto significa que en sentido estricto, el impulso a la megarepresa, sin
consulta previa ha vulnerado la Constitución y Leyes relacionadas, por tanto tendría
visos de ilegalidad o nulidad.
A partir de entonces, El Bala fue agendado por ENDE y siguieron apareciendo un sinfín
de comunicados relativos a las proyecciones de expansión energética del país,
juntamente con los megaproyectos Cachuela Esperanza y la binacional de Cachuela
Riberâo.
El último comunicado hace referencia a la enorme preocupación del primer mandatario
del Estado, respecto al empantanamiento y no avance del megaproyecto, recalcando la
decisión oficial de impulsar su concreción (La Razón 16 de abril de 2015). En dicha
111
nota, se hace referencia a la exorbitante inversión, de 7.000 millones de dólares y la
supuesta generación de 4.000 MW, lo que significaría con seguridad un terrible
endeudamiento. La reactivación del proyecto es un hecho consumado y se plasma en la
licitación realizada por ENDE para el Estudio de Identificación del Proyecto con un
costo de casi 25 millones de bolivianos. A inicios de julio del 2015, el gobierno
adjudicó dicho estudio a la empresa Geodata Engineering SA. Las expectativas de
ENDE y el proyecto es producir entre 1.600 y 4.000 megavatios. Esta adjudicación
que implica un acto administrativo–legal, no está respaldada por una consulta previa e
informada a los habitantes indígenas de le región, contradiciendo la Constitución
Política del Estado y los Convenios Internacionales relacionados a la protección de los
Derechos indígenas.
De acuerdo a información preliminar de Geodata-ENDE, la última versión de propuesta
(septiembre 2015) sería un complejo de megarepresas “en cascada”, en el Bala, en Beu
y Chepite.
Impactos previstos
La megarepresa de El Bala, o las múltiples represas que se pretenden construir en el
río Beni, tendrían un efectos devastador por sobre los ecosistemas, especialmente
ribereños, las culturas indígenas que los habitan y sus medios de vida.
112
Un modelo digital de elevaciones, muestra en color celeste las zonas más bajas y
vulnerables a inundaciones en los valles intramontanos de los ríos Beni, Quiquibey,
Tuichi y Hondo. A partir del modelo digital se simuló la inundación del reservorio de la
megarepresa hasta una cota de 350 msnm., (150 metros por encima del nivel del rio en
la época seca).
113
Todos los valles intramontanos de estas cuencas, desaparecerían bajo decenas de
metros de agua.
Las zonas por encima de 350 mt, formarían “islas“ emergentes y dispersas de bosques,
en las cuales, sin lugar a dudas, ocurrirán procesos de extinción local de especies de
flora y fauna.
Nivel máximo del agua de inundación (350 mts) si la altura de la represa es de 150 metros
Todas las comunidades indígenas que ocupan mayormente las riberas de los ríos,
desaparecen en la inundación del reservorio.
Las áreas protegidas más espectaculares y de mayor riqueza natural y cultural del
país: el PNANMI Madidi y la RB-TCO Pilón Lajas, recibirían el mayor impacto de
inundación del megaproyecto hidroeléctrico. Se afectaría hasta un 80% del valle
intramontano del Pilón Lajas (rio Quiquibey) y un 50% del valle del Tuichi. Ambas
áreas protegidas en las cuencas de los ríos Beni, Tuichi, Hondo y Quiquibey son
territorio y hogar tradicional de las culturas indígenas Tacana (Josesano), Tsimane,
Mosetene y Esse Eja, además de comunidades campesinas interculturales. Esto
significaría que más de trescientas familias indígenas y campesinas de dichas zonas,
serían expulsadas de sus bosques y tierras tradicionales, las cuales quedarían bajo el
agua, al final de cuentas, sería una forma de genocidio. A esta crítica situación se
114
suma la posible existencia de una parcialidad indígena Moseten en aislamiento
voluntario que habitaría las remotas encañadas del Beu-Chepite.
Según Dino Caymani, corregidor de la comunidad Asunción, “la represa será un
monstruo que acabará con todo”
La vida apacible de las comunidades indígenas y campesinas que actualmente están
inmersas en el vivir bien, será trastornada.
115
Todas las naciones indígenas que habitan la región a ser afectada por las
megarepresas son minorías con bajos números poblacionales, por tanto bajo condición
de amenaza, consecuentemente, justificar la megarepresa argumentando una baja
cantidad de habitantes sería un terrible error. El desalojo y relocalización de las
familias a otras regiones significará una eliminación de las comunidades y una parte
fundamental de las culturas que la CPE realza y prioriza.
La amenaza de la megarepresa en la región del río Beni está haciendo que la gente
indígena no pueda vivir bien, pues existen indicios de cuadros psicológicos de angustia,
ansiedad, depresión y tristeza ante el futuro de devastación. Algunas personas incluso
se están enfermando.
Varias familias del pueblo Chimane al interior del Pilón Lajas han manifestado que no
abandonaran sus tierras y que prefieren morir amarrados a los árboles cuando llegue
la inundación del reservorio.
116
Muchas zonas en los valles de Quiquibey, Tuichi, Hondo o Beu, sin ocupación humana
directa, como pueden ser comunidades, viviendas, cultivos (en el mapa con círculos
rojos grandes) no son espacios baldíos, asumir esto sería caer en el error del mito del
vacío amazónico, pues son lugares de frecuente actividad tradicional, en especial de
cacería por la abundante presencia de vida silvestre, pero también de recolección y
pesca, además de integrar sitios sagrados, por tanto, son de enorme importancia para
la supervivencia de las culturas indígenas de la región.
Además de la pérdida cultural, morirían miles de plantas y animales silvestres, se
provocarían extinciones locales y posiblemente extinciones totales de algunas especies
que aún ni siquiera conocemos. Debido a la estructura fisiográfica de los valles de los
ríos Quiquibey y Tuichi que comprende además de las planicies, colinas y pequeñas
serranías, la inundación del reservorio crearía un sistemas de “islas“ emergentes y
dispersas de bosques, en las cuales ocurrirán los procesos de extinción local de
especies como ha sido comprobado en sitios como el Canal de Panamá (Robinson, 1999).
Un reciente estudio realizado en la Amazonía del Brasil en torno a los efectos de la
represa Balbina (Benchimol y Peres, 2015) muestra un alto grado de extinciones
117
locales de mamíferos y aves a lo largo de las islas de bosque remanente que dejaron
las inundaciones del reservorio.
Diversos estudios indican que las zonas a ser impactadas al interior del Madidi, Pilón
Lajas y Alto Beni en la región Moseten, contienen los mayores niveles de biodiversidad
de la región subandina de Bolivia y figuran entre las de mayor riqueza biológica en
Sudamérica. La zona a ser impactada alberga aproximadamente: 200 especies de
mamíferos; 800 especies de aves; 180 especies de reptiles; 200 especies de anfibios;
300 especies de peces; 5.000 especies de plantas. Esto es más del 60% de la
representatividad de especies de Bolivia. Además este enorme conjunto, la región
alberga numerosos endemismos y más de 100 especies de fauna fuertemente
amenazadas a nivel país.
Todas las actividades de ecoturismo que se desarrollan, o podrían desarrollarse en
dichas zonas, quedarían eliminadas, así como los demás emprendimientos sostenibles
(más de 60 emprendimientos de diversa índole).
A la construcción de la represa, pueden sumarse eventos de lluvias extremas, que
pueden darse bajo fenómenos Niño-Niña o ENSO (como en 2007-2008) o por otros
fenómenos climáticos globales fuera del Niño-Niña (ENSO neutral), como los del
2013-2014, cuando un“wave train” o masa de vapor sobrecalentada del océano
Pacífico-Indico (Espinoza et al, 2014) interfirió con el TUTT-Tropical Upper
118
Tropospheric Trough o vaguada. La amplificación de una gran inundación como la del
2014, ocasionaría escenarios de desastres mayores en la cuenca del río Beni y sus
tributarios. Los efectos de las inundaciones se extenderían río arriba hasta la región
de Alto Beni por más de 150 Km. de curso fluvial, pudiendo afectar incluso las zonas
de Muchanes, Inicua, Sararia o Santa Ana de Mosetenes.
Si en vez, ó además de El Bala, se llega a considerar la alternativa de una o más
grandes o medianas represas (“en cadena”) en los estrechos del Bala, Chepite y Beu,
situación que ya fue considerada en los años 90, los impactos de inundación podrían
ser menores en comparación a si se construye únicamente la mega represa de El Bala.
Sin embargo, los efectos para los ecosistemas ribereños y las comunidades indígenas
que los habitan serían igualmente devastadores, y en especial bajo situaciones de
expansión de los reservorios por eventos climáticos extremos, podrían extenderse a lo
largo del río Alto Beni y afectar muchas comunidades ribereñas (Inicua, Muchanes,
Sararia, Santa Ana) e incluso poblaciones mayores como Sapecho o Palos Blancos.
Como referencia, se debe considerar el caso de las represas brasileras que no son muy
grandes, como Balbina o Samuel, pero que han ocasionado severos impactos ecológicos,
en las cuales, la dimensión originalmente prevista de los reservorios en los estudios de
impacto, se duplicó en el curso de los siguientes años. De hecho, se prevé que las
dimensiones de los embalses previstos originalmente para las dos megarepresas Jirau
y San Antonio en el Madeira, superarán ampliamente en los próximos años las
previsiones de los proyectos originales.
119
REPRESA BALBINA
Cerca de Manaus, sobre el río Uatuma
Implementada en 1989
250 MW
El EIA preveía 1230 Km2 de reservorio
Actualmente la superficie del reservorio es
de 3.129 Km2, más del doble de lo
proyectado por el EIA
REPRESA SAMUEL
Rondonia, sobre el rio Jamari
Instalada en 1989
215 MW
El EIA preveía 560 Km2 de reservorio
Al 2013 la superficie del reservorio
casi triplicaba las proyecciones del EIA
El inconsistente enfoque de que el inmenso lago formado por la represa serviría para
fines de turismo, posiblemente se aplique para un turismo desinformado y poco
exigente, que no le importaría navegar en un lago putrefacto, hediondo y criadero de
millones de mosquitos, pero no para un ecoturismo mínimamente responsable. En este
caso hay otro problema de principios, pues este lago artificial, además de eliminar una
extraordinaria riqueza de biodiversidad, sería un mega emisor de gases de efecto
invernadero, especialmente metano y contribuiría con mucho al calentamiento global,
aspecto ya comprobado para otras grandes represas de la Amazonía. Esto significa
que la pretensión de asumir que las megarepresas constituyen fuentes de energía
limpia, es una total falacia y desvirtúa la realidad.
Aguas abajo, la represa impediría el flujo natural del río Beni, y si bien se reduciría el
riesgo de inundaciones, la represa y la modificación del curso del río, afectaría la
dinámica reproductiva de los peces, con la posible desaparición del recurso y la
actividad de pesca en los siguientes años, ocasionando un considerable daño económico
a la región. La reducción del caudal del río, especialmente en la época seca, ocasionaría
problemas a la navegación, en especial en los años más secos. Pero la megarepresa
interrumpiría además, un proceso o dinámica ecológica natural a partir de la cual
evolucionó la Amazonía, pues dejaría de arrastrar y depositar los lodos ricos en
minerales que fertilizan cada año o cada evento grande de inundación, los suelos de
muchas zonas de selvas y pampas, lo cual afectaría negativamente, a mediano y largo
plazo, a los ecosistemas y a la producción agrícola y ganadera de indígenas y
campesinos que viven aguas abajo. El argumento del gobierno y los partidarios de la
megarepresa, en sentido de que se logrará un control de las inundaciones, no justifican
en absoluto la enorme perturbación de la dinámica hidrológica y el resto de
devastaciones ecológicas y culturales que se ocasionarán.
Los riesgos socioambientales no terminan aquí y es curioso que los estudios geodésicos
realizados no hayan manifestado esta situación. En el margen derecho del estrecho de
El Bala, es decir en la pared rocosa oriental o este de la serranía subandina, se puede
120
observar una falla tectónica que indica un fenómeno antiguo de una gran remoción o
corrimiento en masa y posiblemente deslizamientos más recientes, lo cual merecería
una especial atención y más detallados análisis geológicos. Esto indicaría que la pared
de la serranía del este, no es estable y esencialmente incorporaría un elemento de
inseguridad en la construcción.
De realizarse la construcción, a pesar del riesgo, (lo cual no sería una sorpresa), y aún
más, si se llega a abaratar los costos de construcción, el riesgo futuro de un colapso
de la mega estructura se torna mucho más probable. Si un desastre de esta
naturaleza llegará a ocurrir, el vaciamiento del reservorio y la inmensa y súbita
inundación consecuente, ocasionaría una gran catástrofe que devastaría las
poblaciones y comunidades del río Beni. Considerando estos elementos, sería muy
importante un análisis de gestión integral de riesgos para el nefasto megaproyecto de
El Bala.
Tomando en cuenta todas estas consideraciones, ahora más que nunca, se debe exigir
que el gobierno asuma el principio precautorio, el cual establece que se deben asumir
decisiones responsables de paralizar o no aprobar un proyecto (aun cuando no existan
información concluyente de su gravedad) que puede ocasionar daños devastadores e
irreversibles. Si el gobierno reactiva la megapesadilla de El Bala, con lo cual se abrirá
un conflicto que podría superar al del camino que quiere partir en dos al TIPNIS.
121
Al igual que otros temas energéticos de gran dimensión (energía nuclear, fracking,
operaciones petroleras en áreas protegidas), El Bala ha sido reeditado sin un análisis
serio, participativo y plural de la matriz energética del país, tampoco se ha hablado de
una evaluación ambiental estratégica regional o un análisis de gestión de riesgos.
Como en casi todos los casos impulsividad e improvisación.
Un desastre ambiental y cultural de la magnitud que ocasionaran las represas en el río
Beni, y los decisores que impulsaron el megaproyecto causante, deben tener
responsabilidades históricas al futuro.
Aspectos económicos
Considerando las proyecciones oficiales de generación de energía en Bolivia con varias
iniciativas que no tienen tanto costo, ni económico, ni socioambiental, el país va
asegurando su abastecimiento interno e incluso un margen de exportación. Pero bajo la
visión extractivista de exportar en grande (en este caso muchos megavatios) El Bala
resulta atractivo a las políticas del gobierno y a las corrientes tecnócratas
reaccionarias.
Balance energético actual de Bolivia: Generación actual SIN: 1.350 MW. Capacidad potencial de generación actual: 1.642 MW Demanda-consumo interno: 1.200-1.400 - MW Demanda proyectada a 10 años: 2.900 MW Alrededor de 15 proyectos de generación de energía hidroeléctrica (pequeñas),
termoeléctrica y otras alternativas, generarían alrededor de 2.000 MW adicionales, en los siguientes 10 años.
La demanda - consumo de Guayaramerín, Riberalta, Cobija, Rurrenabaque y otros poblados amazónicos menores, no supera los 24 MW
Expectativa gubernamental exportadora a 10 años: 6.000 MW
Ya se ha hablado de que la exportación de energía estaría dirigida al mercado del
Brasil, considerando los costos de transmisión y la fluctuación del precio del kilovatio
en el país vecino, es muy posible que el balance resultante sea tan negativo, que para el
caso de Cachuela Esperanza. Según el diseño realizado en años anteriores, Cachuela
generaría energía a un costo 65 $US MW/hora y que el proyecto sería rentable, “con
la condición de que más del 95% de la energía generada se exporte al Brasil”. La
energía de las represas Jirau y San Antonio es comercializada entre 20 y 40 $US por
MW/hora a las empresas distribuidoras del Brasil, el hidrólogo Jorge Molina se
pregunta al respecto: ¿Tiene sentido suponer que Brasil estará dispuesto a pagar por
122
la energía generada en Cachuela Esperanza a un precio mayor de lo que pagará por la
energía de sus hidroeléctricas?
Si existen expectativas de que algo de la energía producida se quede en la región del
norte de La Paz y el Beni, estarían contrapuestas a la voracidad exportadora, y en
caso de quedar un remanente para la población local, sería una energía más cara que la
que actualmente pagan los vecinos de Rurrenabaque o San Buenaventura, tal como está
ocurriendo en el río Madeira en el Brasil.
….En la comunidad relocalizada “Nueva Jerusalem”…..Batista recibió cuentas de
electricidad por importes hasta en un 100% más elevados que antes de la instalación
de las represas. Es irónico. Las personas más afectadas por la construcción de una de
las mayores centrales hidroeléctricas del país se ven obligadas a pagar los precios más
altos por la luz, además de pagos extras por el alumbrado público (Ribera, 2013:
Fuente: Brasil.- Vidas en Tránsito en el Río Madera. Ana Aranha/Amazonía Pública,
2012).
En cuanto a los futuros negocios con el Brasil, valdría la pena recordar lo que
aconteció con la megarepresa Itaipú en las décadas anteriores. Las empresas
brasileñas y argentinas, se beneficiaron de la energía binacional (Brasil-Paraguay) en
los últimos 25 años, pagando al Paraguay un costo no mayor a 10 $US/MWhora; es
decir, el 4 a 8% del precio del mercado internacional (40 - 80 $US/MWhora.).
Actualmente Itaipú tiene una potencia instalada de 14.000 megavatios (MW). La
planta responde por el 75% de la energía consumida por Paraguay y el 17% de la
demandada por Brasil. Otro dato revelador muestra la incertidumbre de los “grandes
negocios” energéticos: Itaipú arrastra una deuda de 13.000 millones de dólares, que
terminará de pagar el año 2023 (ABC Color-Paraguay, 8 mayo 2014).
Adicionalmente, considerando que el río Beni es el más “barroso” (arrastra la mayor
cantidad de sedimentos) de la cuenca del Madeira, el tiempo de vida útil de la
megarepresa sería relativamente corto por la acumulación de arenas, lo cual pone en
duda su viabilidad económica.
Con todos estos antecedentes, seguir impulsando El Bala parece únicamente un
capricho. Un capricho destructor de la Madre Tierra.
Si se construye esta megarepresa, con una altura cercana a los 150 metros en el
estrecho denominado El Bala, formaría un reservorio de agua que inundaría de más de
200.000 hectáreas (2.000 Km2) en los valles del los ríos Beni, Tuichi, Hondo y
123
Quiquibey, los cuales desparecerían bajo el agua, luego de los tres años previstos para
el llenado total del reservorio. Las áreas protegidas más espectaculares y de mayor
riqueza natural y cultural del país, el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado
Madidi y la Reserva de Biosfera y TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Pilón Lajas,
recibirían el mayor impacto de inundación del megaproyecto hidroeléctrico de El Bala.
El mayor impacto se daría en la Reserva-TCO Pilón Lajas, donde se afectaría hasta un
60 % de su superficie.
Reacción de las comunidades a ser afectadas
Las Comunidades del rio Beni y rio Quiquibey, ubicadas al interior del Parque Madidi y
la Reversa de la Biósfera y TCO Pilón Lajas (Comunidad Carmen Florida, Real Beni, San
Miguel, San Antonio del Sani, La Embocada, Asunción del Quiquibey, Gredal, El Corte,
San Luis Chico y San Luis Grande, Torewa y Villa Alcira), convocadas por la
Mancomunidad de Comunidades, reunidas en el encuentro realizado en la ciudad de
Rurrenabaque, los días 23 y 24 de mayo de 2015, preocupados por las acciones que el
Gobierno está asumiendo respecto a la construcción del mega Proyecto Represa del
Bala; emitieron el siguiente voto resolutivo:
Que las Comunidades del rio Beni y rio Quiquibey y comunidades afectadas: Carmen Florida, Real Beni, San Miguel, San Antonio de Sani, Embocada, Asunción del Quiquibey, Gredal, El Corte, San Luis Chico, San Luis Grande, Torewa, Villa Alcira, Bolsón, Bisal, San Bernardo, Charque, San José de Uchupiamonas, no estamos de acuerdo con la construcción de la represa del Bala.
Que con la Información recibida y ya conocida, la mega Represa del Bala ocasionará una total y gran destrucción de los Ecosistemas y sus recursos, que las comunidades indígenas y campesinas seremos expulsadas de nuestras tierras y nuestras culturas y por ende enfrentamos un riesgo de desaparecer. Con este Mega Proyecto se viola el Derecho Constitucional que tenemos a vivir en un Medio Ambiente Saludable.
Que en nuestra región a ser afectada, se han realizado muchas inversiones públicas y privadas, por ejemplo en el Ecoturismo, en la Gestión de las Áreas Protegidas, en los Saneamientos de Tierras, en Emprendimientos Sostenibles Agroforestales, siendo que existen muchas más alternativas de Desarrollo Sostenible amigable con la Madre Tierra que se perderían de construirse el Mega Proyecto del Bala.
Que existen oportunidades energéticas que benefician a la región en su totalidad, que no causen un daño tan grande e irreversible y que el Gobierno y sus Instituciones tendrían la obligación de implementarlas de acuerdo a la Constitución Política.
124
Que la Mega Represa del Bala no constituye una modalidad de energía limpia, por cuanto sería una enorme fuente emisora de Gases de Efecto Invernadero que aumentan el Calentamiento Global y enfermedades a causa de la acumulación de mosquitos.
Que nuestras inquietudes y acciones no son guiadas por intereses egoístas, ni colores políticos, ya que nuestra preocupación se constituye como defensa de nuestros Derechos reconocidos constitucionalmente por el Estado Boliviano.
Manifestamos que nuestros espacios extensos de Naturaleza, bien conservada, no son espacios vacios o baldíos, pues constituyen nuestra reserva de recursos con los cuales vivimos bien y sin los cuales nuestros sistemas culturales pueden desaparecer.
Exigimos al Gobierno Nacional Información detallada y sus repercusiones sobre el Mega Proyecto del Bala, y la Consulta Previa, de buena fe, con las comunidades directamente afectadas, así como el Derecho del consentimiento libre, previo e informado establecido por la Declaración de Derechos Indígenas, por las Naciones Unidas y ratificada por nuestro Gobierno en la ley 3760 del año 2007.
Fuentes
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forest islands created by a mega dam. Biological Conservation, 187 (61-72)
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south-western Amazon basin: the role of tropical-subtropical South Atlantic SST
gradient. Rede Clima, Brazilian National Institute of Science and Technology (INCT) for
Climate Change.
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provide a springboard for rethinking a supposedly “clean” energy source. Climatic Change:
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MOLINA, J.C. 2000. Análisis técnico y ambiental del proyecto El Bala. FOBOMADE. La
Paz, Bolivia. 40 p.
Molina,J., Defilippis,D. 2000. La Represa El Bala. FOBOMADE. La Paz, Bolivia. 26 p.
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Ribera,A.M.O. 2013. Actualización 2010-2013, de los 16 estudios de caso (temas
priorizados en LIDEMA el año 2008): Tema 15. Megaproyecto represa El Bala (Norte de La
Paz).
Robinson,W.D. 1999. Long-Term Changes in the Avifauna of Barro Colorado Island, Panama,
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Agosto. 2009
125
FM Bolivia. 16 Junio 2012. Evo Morales anuncia reactivación de proyectos para
construcción de hidroeléctricas en La Paz.
La Razón, 16 abril 2015, El Bala tendría un costo de 7.000 millones de dólares.
Plataformaenergetica.org, 26 abril 2011. Estudios sobre El Bala de los años 50.
ABC Color-Paraguay, 8 mayo 2014. El 90% de la energía generada por Itaipú fue para el
Brasil
126
Desastre ambiental en la cuenca Katari y Bahía de
Cohana. Resumen y Actualización Marco Octavio Ribera Arismendi Mayo 2015
En el país todo está tendiendo a lo “mega”, megarepresas, megaminería, megacultivos
agroindustriales. En el caso de las bahías de Cohana, y otras aledañas (lago Menor del
Titicaca) la tendencia es clara a una mega contaminación debido a los inmensos y
permanentes volúmenes de aguas contaminadas que ingresan por el río Katari. El
deterioro de la calidad ambiental ha aumentado en los últimos siete años e invadido
progresivamente las aguas interiores de las bahías, habiendo llegado las manchas de
contaminación a la zona de las islas como Pariti, Suriqui, Taquile, así como a Bahías
alejadas como Khehuaya o Patapatani. El escenario empeora a lo largo de varios años,
ante la ausencia de acciones efectivas de las diversas autoridades del Estado para dar
una solución estructural al problema, a pesar del inusitado optimismo de la Autoridad
del Lago Titicaca el año 2015.
127
La gran contaminación de aguas contaminadas domésticas y de uso industrial, proviene
de la ciudad de El Alto y sus conurbaciones como Laja y Viacha (en total más de un
millón de habitantes) las cuales desembocan por los ríos Seco, Seque y otros menores,
al río Pallina que alimenta al río Katari. Todas las bahías aledañas a Cohana y la llanura
del rio Katari, se hallan extremadamente contaminadas por aguas clase D (D extrema),
la contaminación ya ha alcanzado la zona de las islas interiores (Pariti, Suriqui,
Taquiri), y avanza a otras bahías de la región, como Puerto Pérez o Taraco. En la zona
se han producido cambios en la vegetación, con la proliferación masiva de algas y
algunas hidrofitas, como la lenteja de agua (Lemna sp.) o el berro (Hydrocotyle sp.), y
la progresiva debilitación y reducción de los totorales por la contaminación y sobre
extracción para forrajes del ganado vacuno. Además la mayoría de especies de peces
han desaparecido. Se observa que solo prosperan aves y artrópodos (insectos y
crustáceos) generalistas y con alta resistencia a medios contaminados. Es una zona de
desastre ambiental y de conflicto social latente. Al respecto es importante recordar
que ya el año 2004 se aprobó la Ley 2798, que declara las cuencas de los Ríos
Quellkata, Tujsahuira, Pallina y Katari, como Zonas de Desastre Ambiental y de
Emergencia Hídrica. A pesar de existir esta norma y que pudo ser aprovechada para
movilizar recursos y capacidades, en ninguna de las gestiones de gobierno se hizo algo
al respecto y es otra norma inerte, como muchas otras existentes en el marco jurídico
del país.
Esta hiper-contaminación afecta a unas 5.000 familias en la cuenca lacustre y del río
Katari, las cuales han visto deteriorados sus sistemas de producción y medios de vida,
han perdido sus recursos pesqueros, muchos suelos están salinizados en extremo, y
existe una tendencia a un sobre poblamiento de ganado vacuno como salida económica,
lo que significa una mayor contaminación por deyecciones y una mayor presión sobre
los totorales que son sobreexplotados para obtención de forraje.
128
La situación es crítica para el Lago Menor, el cual tiene mayor vulnerabilidad y
fragilidad ecológica por su menor profundidad, siendo que la actual tendencia es a la
reducción de su volumen por los efectos del cambio climático. Existe el riesgo
adicional, por la enorme y creciente eutrofización, de que la zona se esté convirtiendo
en un gran emisor de metano y otros gases de efecto invernadero, contribuyendo al
calentamiento global. La porción boliviana del Lago Titicaca fue declarada Sitio
RAMSAR el año 1997 y fue propuesto como una de las maravillas del mundo. Estos
elementos, de alta relevancia, han sido escasamente tomados en cuenta por las
políticas públicas relativas a la gestión ambiental.
La contaminación incluye además, los desechos de miles de industrias de diverso tipo
(la mayor parte al margen de cualquier control ambiental y ni siquiera con registro),
así como el arrastre masivo de basura acumulada en las cañadas y que no llega a ser
recogida por al empresas de aseo, así como los lixiviados del botadero de Villa Ingenio.
La escasa captación de alcantarillado en los distritos de El Alto es otra de las causas
de la creciente contaminación hacia los ríos que desembocan al Katari.
También, la planicie aluvial del río Katari está significativamente eutrofizada por los
fuertes desbordes estacionales de dicho cuerpo de agua que desemboca en la bahía
Cohana, y por los arrastres de basura.
Adicionalmente, la planta de Puchukollo a cargo de EPSAS, no funciona desde hace
muchos años, a pesar de las inversiones realizadas y las proyecciones fallidas de
ampliación, y sus tubos emisores descargan al río Seco, aguas con mayor grado de
contaminación que las propias aguas del rio receptor. Las proyecciones iniciales para la
mejora de la planta de tratamiento datan del año 2009 y se preveía la instalación de
14 torres de filtros percoladores (de las cuales apenas se llegaron a instalar 2) y tres
piscinas anaeróbicas hasta ahora inexistentes. A pesar de estas falencias, las
incipientes ampliaciones fueron inauguradas en dos oportunidades generando falsas
expectativas de solución del problema de contaminación del río Katari y Cohana.
La inoperatividad de la planta de Puchukollo, fue manifestada por LIDEMA desde el
año 2009, aunque existen reportes locales del no funcionamiento de la planta desde
antes del año 2003. Esta situación fue comprobada por LIDEMA los años 2010 y 2011,
con respaldo de rigurosos análisis de laboratorio por el Laboratorio de Calidad
ambiental del Instituto de Ecología. El año 2011, el Viceministerio de Medio Ambiente
y Biodiversidad, negó por escrito, que las aguas de Puchukollo estuvieran contaminadas
y que solo el nitrógeno “estaba un poco alto”. Al año 2015, dicha planta es del todo
129
inoperante y las aguas que salen de su tubo emisor continúan con mucha mayor carga
de contaminación que el propio Rio Seco donde desembocan. Las imágenes goggle earth
revelan como las aguas oscuras del tubo emisor de la planta, ingresan al rio seco (aguas
grisáceas) y literalmente lo “contaminan”. Esta situación fue denunciada por LIDEMA
los años 2010 y 2011, con respaldo de rigurosos análisis de laboratorio por el
Laboratorio de Calidad ambiental del Instituto de Ecología, sin embargo, la situación
de alta contaminación fue negada por el Viceministerio de Medio Ambiente en junio
del 2011, asegurando que las aguas de Puchukollo se encontraban “normales”.
El problema de Cohana y el Lago Menor obedece esencialmente a la absoluta inacción
de las autoridades del nivel central (varios gestiones de Gobierno, hasta el actual), de
la gobernación y las alcaldías de las localidades emisoras de la mega-contaminación, en
especial de El Alto, en cuanto a la aplicación de normas de prevención, control y
tratamiento de las emisiones de aguas residuales.
Las diversas acciones paliativas desarrolladas en años anteriores por la entonces
prefectura de departamento y el ALT, como el recojo de la lenteja de agua o de lodos
contaminados, no han tenido efecto alguno en la solución del problema, por su efecto
temporal y muy localizado. Hasta fines del año 2014, predominaba entre las diversas
instancias del Estado una lógica de desentendimiento del problema, lo cual impedía
coordinar y asumir responsabilidades, y no se manifestó de forma oficial la necesidad
de una solución estructural e integral.
No se han realizado suficientes esfuerzos para aportar con una solución estructural a
esta problemática. Como antecedente se tiene que en junio del año 2009, se conformó
un Comité interinstitucional, el cual comprendía a varias instituciones de la sociedad
civil, con el MMAA como cabeza de sector (Comité Interinstitucional para la Bahía de
Cohana) y bajo la coordinación del Viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad y
del Viceministerio de Cuencas, la cual dejó de funcionar a fines del año 2011. Los años
2010 y 2011, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas impulsó dos proyectos,
Implementación de la Cuenca Pedagógica del Río Katari a cargo del Viceministerio de
Recursos Hídricos y Riego y la Estrategia para la Recuperación Integral de la Bahía de
Cohana – Cuenca Katari, a cargo del Viceministerio de Medio Ambiente y
Biodiversidad, con un notorio escaso nivel de coordinación y complementariedad, y de
los cuales, los resultados no han sido dados a conocer públicamente.
130
Las aguas de la planta depuradora de Puchukollo contamina el Rio Seco
Al momento el tema de la hiper-contaminación de la región de Cohana, es un claro
indicador del nivel de marginalidad y postración de la gestión ambiental en el país.
LIDEMA desde el año 2007, ha insistido en diversos eventos y en publicaciones de los
estudios realizados, que son necesarias soluciones estructurales integrales y el
tratamiento del problema no puede reducirse a medidas paliativos, como las campañas
de limpieza. Soluciones estructurales implicarían plantas depuradoras en los diversos
distritos de El Alto, una reingeniería a fondo de la planta de Puchukollo, sistemas de
depuración alternativa (por ejemplo plantaciones de totora) y el ordenamiento del
parque industrial de El Alto y Viacha. Desde luego el problema ha crecido en todos
estos años y esto significa grandes inversiones.
Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
reconoció el 2011, que las zonas más contaminadas del Lago Titicaca son, la Bahía
Cohana y los ríos Pallina, Seco y Katari en Bolivia; mientras que en el Perú, es la bahía
131
de Puno, el río Torococha y Coata. Dichas bahías y ríos contaminados, son las cinco
mayores amenazas para el lago Titicaca, además del calentamiento global; el acelerado
crecimiento demográfico y la urbanización descontrolada; y la sobrepesca, que hay en
ambos países.
La Contraloría General del Estado (CGE) realizó el año 2013 una Auditoría ambiental
de la cuenca Katari y Bahía de Cohana, confirmado la gravedad de la situación
ambiental, evidenciándose además la notable inacción de las diversas instancias del
Estado para buscar una solución integral al problema. No se conocen reacciones por
parte de las diversas autoridades de oficinas del Estado ante el informe de la
Contraloría.
En junio del 2014 se realiza la Primera Conferencia Internacional – Observatorios de
Lagos Transfronterizos, organizada por el IRD y la UMSA, en el cual se pone de
manifiesto el tema de la gran contaminación de la Bahía de Cohana y la necesidad de
que las diversas instancias del Estado coordinen y realicen esfuerzos conjuntos para
atender el tema.
Después de más de dos años del anuncio del proyecto, en julio del 2014, autoridades
de la Alcaldía de El Alto, vuelven a anunciar la construcción de la planta de Tacachira.
Se alega que el retraso en su construcción se debió a la oposición de vecinos para su
instalación; se menciona un financiamiento de 52 MD. En abril del 2015 el proyecto aun
no había empezado.
El malestar social en la zona afectada va en aumento. En agosto del 2014, habitantes
de la isla Parití y de puerto Pérez, llevaron a cabo un ampliado extraordinario en la
provincia los Andes y decidieron declararse en estado de emergencia y pedir un
informe a las autoridades, sobre las acciones realizadas para la descontaminación del
lago Titicaca. Se citan los estudios realizados por LIDEMA que alertaron
reiteradamente sobre el creciente problema. En septiembre del 2014 se da un hecho
inaudito cuando el Secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Carlos Taja
declara que la contaminación del Lago en la zona de Cohana se debe a las explotaciones
mineras y las actividades agrícolas de los pobladores de islas del lago, como Pariti y
Suriqui. Estas declaraciones absurdas muestran el total desconocimiento del
problema por un alto funcionario de la gobernación.
132
Es importante mencionar que las actividades mineras en la cuenca son relevantes,
especialmente en Viacha a partir de ingenios de procesamiento (wólfram, estaño,
plomo), así como por los pasivos de la zona cordillerana de Milluni. Sin embargo, al
momento el aporte de metales pesados no es significativa, a excepción del hierro; así
concluyen los estudios tanto de Vargas (2013), como los del Laboratorio de Ingeniería
Ambiental de la UMSA (IISA, 2013). Por tanto, el mayor impacto de contaminación
proviene de aguas domésticas e industriales (además de hospitalarias y cárnicas, así
como residuos sólidos y sus lixiviados), principalmente de El Alto y sus conurbaciones.
A esto se suman las deyecciones del hato ganadero en expansión. En tanto que las cada
vez más reducidas poblaciones de las islas, serían un aporte insignificante al cuadro de
contaminación de la región.
En septiembre del 2014, la Gobernación del departamento de La Paz presentó hoy un
proyecto para descontaminar el lado boliviano del Titicaca, que consistiría en una
planta de tratamiento de aguas en una superficie de 26 hectáreas a orillas del
Titicaca (El Día, 3 septiembre de 2014). La planta purificadora tendría un costo de
45,5 millones de bolivianos (unos 6,5 millones de dólares) que deberá financiar el
Ministerio de Medio Ambiente. Por su parte, desde dicho Ministerio se manifestó que
no disponen de dicho presupuesto, lo cual muestra la inconsistencia de la idea.
En abril del año 2015, (Prensa, 22 abril 2015) se realizaba una nueva denuncia de
avance de la contaminación hacia el sector Pata Patani (en la península de Cohana) con
el enturbiamiento de las aguas hacia un color gris verduzco y la muerte de decenas de
133
ranas del Lago (Telmatobius culeus). Ya mediados del 2014, la contaminación había
alcanzado a la isla Taquile cerca de la frontera lacustre con el Perú.
En mayo del 2015, el matutino Pagina Siete (Editorial, 12 mayo 2015) rompe el silencio
informativo en torno temas ambientales críticos con su editorial titulado La
contaminación del lago Titicaca, donde hace referencia al conflicto en ciernes por el
creciente malestar de los pobladores de las zonas afectadas por la elevada
contaminación quienes exigen al Gobierno soluciones concretas. Se hace referencia a
un informe de la Autoridad del Lago Titicaca, en el que se concluye que "la situación es
controlable y no es alarmante”. Llama la atención el desmedido optimismo que parece
subestimar la problemática por falta de conocimiento pleno del problema. El editorial
de Página Siete, observa que no existe una estrategia nacional que pueda ser aplicada,
se adiciona que existe un diagnóstico del Ministerio de Medio Ambiente, pero no una
hoja de ruta con pasos a seguir. Se recuerda, que la enorme contaminación ha sido
advertida muchas veces sin que eso apurara una reacción de parte del Gobierno. Dicho
editorial concluye que no es creíble que se busquen con seriedad alternativas y/o
respuestas, en tanto se está promoviendo el paso del Dakar por el Lago Titicaca, lo
cual aumentaría los impactos al entorno del ecosistema lacustre.
Ante el clima de conflicto, el informe de la Contraloría General, los informes del
Instituto de Ecología sobre Patapatani y la presión mediática, a mediados de mayo del
2015, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAA) se anunciaba la
realización de trabajos de limpieza de los afluentes de la Bahía de Cohana para
“frenar” la contaminación del lago Titicaca (Página Siete, 13 mayo 2015). La fuente
indicaba que en dicho ministerio hay conciencia de que se necesitan soluciones
estructurales, pero que se empezaran con acciones inmediatas de limpieza. Es
alentador que desde dicha instancia se reconozca la necesidad de soluciones
estructurales, pero es importante recordar que dicha limpieza no frenará la
contaminación, solo la paliará un poco. El MMAA saca una convocatoria pública muy
escueta y genérica de proyectos y estudios que aporten a la elaboración de una
estrategia integral de recuperación de la cuenca Katari y Cohana. 50 instituciones e
instancias envían propuestas y se selecciona 17 en total. A fines de mayo del 2015 el
MMAA organiza un evento para la presentación de la Estrategia de recuperación de la
cuenca Katari y bahía de Cohana, así como de las ideas-proyectos que respondieron a
la convocatoria de dicho Ministerio. Se conforma la Plataforma interinstitucional para
la recuperación de la cuenca Katari y bahía de Cohana, a la cabeza del MMAA. Se
134
desconoce el plan de coordinación e integración de las diversas iniciativas y
propuestas en la Estrategia elaborada por el MMAA,
Fuentes
Castillo,I.Ch. 2012. Cartilla de Difusión: Problemas socioambientales de la Bahía de
Cohana. LIDEMA /Trocaire. La Paz, Bolivia.
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Bolivia.
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LIDEMA. La Paz, Bolivia.
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en la calidad dee vida del área de influencia. Instituto de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, UMSA.
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caso Nº 1. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 86 p.
Ribera,A.M.O. 2010. La Bahía de Cohana. Actualización 2009-2010. Serie de
Estudios de Caso sobre Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz,
Bolivia. 73 p.
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Cohana. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 11 p.
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hacia el Río Seco y al Lago Menor (Cohana), LIDEMA. La Paz, Bolivia.
Ribera,A.M.O. 2013. Actualización 2010-2013, de 16 estudios de caso (temas
priorizados en LIDEMA el año 2008): 1.- La mega-contaminación de la Bahía de
Cohana.
Ribera,J.I.EDR. 2010. Video documental: Cohana la cloaca de El Alto.
ECA/LIDEMA. La Paz, Bolivia.
Ribera,A.M.O. 2011. Crónica Ambiental. 2007-2011. Retrospectiva y actualización
de problemáticas ambientales priorizadas. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 338 p.
Vargas,B.W. 2013. Evaluación de la ecotoxicidad de las aguas del río Pallina de La
Paz. II Simposio Internacional del Lago Titicaca – TDPS. Puno-Perú.
PNUMA. 2011. GEO Titicaca. Perspectivas del Medio Ambiente en el Sistema
Hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopo-Salar de Coipasa (TDPS). Ed.Novo art,
Colombia. 184 p.
PNUMA. 2011. GEO Titicaca. Perspectivas del Medio Ambiente en el Sistema
Hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopo-Salar de Coipasa (TDPS). Ed.Novo art,
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Informes del Proyecto de prevención del conflicto y mejora de gobernanza, con
énfasis en género, en torno a la contaminación de las Bahías del Lago menor y
cuenca Katari, 2010-2012. LIDEMA con apoyo de TROCAIRE.
135
Proceso de seguimiento (monitoreo) socioambiental en el tema priorizado
Contaminación de la Bahía de Cohana y cuenca Katari. 2008-2014. LIDEMa con
apoyo de DANIDA.
El Día, 3 septiembre 2014. Proyecto de la Gobernación de La Paz para
descontaminar las aguas del Lago Titicaca.
El Día, 3 septiembre 2014. Secretario de la Madre Tierra de la Gobernación de La
Paz asume que la contaminación se debe a minería y pobladores de isla Suriqui.
Prensa. 22 abril 2015. Contaminación en Patapatani mata a las ranas gigantes del
Lago.
Pagina Siete, 12 mayo 2015. Editorial: La contaminación del lago Titicaca.
Mapa mental de la problemática socioambiental de Cohana y la cuenca Katari
136
CRONOLOGÍA DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE COHANA
Marco Octavio Ribera Arismendi 2015
ETAPA -TIEMPO DESCRIPCIÓN
1989 Diseño y Construcción de la planta de depuración de Puchukollo (SAMAPA) para
una población de 400.000 habitantes
1991 Planta de depuración de Puchukollo entra en funcionamiento –SAMAPA. Su
capacidad ya fue sobrepasada por el crecimiento de El Alto.
1992 Censo nacional en el Alto: 406.000 habitantes. Las proyecciones indicaban un
incremento poblacional asintótico en los siguientes diez años.
Antes de 1992 No se tiene referencia concreta sobre la contaminación de la bahía, de
cualquier forma, de existir esta debió aún ser leve y/o el ecosistema lacustre
tenía aún la capacidad natural de asimilación-mitigación.
1992 Aprobación de la Ley 1333 del Medio Ambiente
1995 Aprobación de los Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente, incluido el
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica.
1997 Capitalización de SAMAPA, se crea la empresa Aguas del Illimani-AISA
(subsiduaria de SUEZ) y asume el manejo de la Planta de Puchukollo, casi con la
misma capacidad con la que inició SAMAPA
2001 Censo de población: El Alto tiene 647.350 habitantes.
2001 Tesis de Froilan Chiqui sobre la contaminación del Río Pallina en la zona de
Viacha. Se advierte sobre arrastre de contaminación hacia el Lago Menor.
2001-2002
Noviembre-Febrero)
Grandes rebalses y aluviones del Río Katari por lluvias agigantadas (Fenómeno de
El Niño 2001-2002). Se reporta la llegada de gran cantidad de agua contaminada
a la Bahía de Cohana. Preocupación en la zona y atención de la prensa al
problema.
2002 Pobladores de la Bahía de Cohana denuncian a la prensa acumulación y aumento
de la contaminación traída por el río Katari.
2003 Creciente malestar de los pobladores de las riberas del Lago menor por la
contaminación arrastrada por el río Katari. Las autoridades del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Prefectura, muestran desconocimiento del problema.
2003 Se conforma la Mancomunidad de Municipios del Lago Titicaca, agrupando a los
municipios afectados por la creciente contaminación. Se incrementan las quejas
137
de pobladores locales.
2003 La prensa verifica y difunde la problemática. La prefectura realiza las primeras
inspecciones y constata la gravedad de la contaminación. Se menciona la
insuficiencia de la Planta de Puchukollu.
2003 (octubre) Se menciona en prensa una idea-proyecto de una gran planta de tratamiento de
aguas metropolitana para La Paz y El Alto, en Río Abajo (megaproyecto muy
criticado).
2004 (agosto) Ante el creciente problema del incremento de la contaminación, se emite la Ley
2798 que declara las cuencas de los Ríos Quellkata, Tujsahuira, Pallina y Katari
que desembocan en el Lago Titicaca, como Zona de Desastre Ambiental y de
Emergencia Hídrica.
2005 Escasa atención al problema creciente. Pobladores denuncian desaparición de
peces, mortandad de totorales y aparición de enfermedades.
2006 Progresivamente se trastornan los sistemas productivos. Se reduce la actividad
agrícola por salinización de suelos en planicies de la pampa Cohana, en el lago va
desapareciendo la actividad pesquera y aumenta la cría de ganado como una
estrategia obligada de subsistencia, principalmente en base a totora, lo cual
implica la ingesta directa de contaminantes.
2006 (primeros
meses)
Se inicia el conflicto con los pescadores del lago, poco después se suman los
pobladores de Laja y Pucarani, bloqueo de varios días exigiendo soluciones al
tema de la contaminación. Autoridades ministeriales minimizan el problema y
llegan a negar la existencia de contaminación. Se finaliza el conflicto con varios
puntos acordados (que no se llegan a cumplir).
2006 Ministerio de Medio Ambiente y Prefectura se echan la culpa mutuamente del
problema. Posteriormente, el Viceministerio de Planificación Territorial,
reconoce la existencia de la severa contaminación y sindica a los municipios de
incumplimiento de funciones. Gran atención de la prensa. Se busca transferir la
responsabilidad del problema a la planta de Puchukollo.
2006 Varias instituciones realizan y completan estudios y evaluaciones rápidas
(SENHAMI, IBTEN, FT-UMSA, ALT, OPS) que verifican y concluyen sobre la
severa contaminación de la Bahía por aguas domésticas, industriales, residuos
hospitalarios y basura. Se menciona más de 3.000 industrias sin registro ni
licencia ambiental. Lixiviados del vertedero de Villa Ingenio aumentan la
contaminan del río Seque. Reactivación de operaciones mineras en Milluni y
Viacha (procesadoras) también son identificadas como fuente de contaminación.
2006 Se realiza la limpieza de la lenteja de agua, mayormente por parte de los
pobladores afectados de la bahía, con apoyo de la Prefectura y ALT. La medida
138
se califica como un simple paliativo temporal.
2006 ALT prepara una propuesta que es enviada a las cancillerías e Bolivia y Perú.
También la prefectura habla de una propuesta a ser apoyada por el Banco
Mundial.
2006 Auditoría a AISA, efectuada por la empresa Pozo y Asociados determina el
incumplimiento de varios puntos del contrato por la empresa, falta de
inversiones y ausencia de mejoras en la Planta de Puchukollo.
2006 El Banco Mundial realiza inspecciones y abre la posibilidad de financiar un
proyecto.
2007 Sale la empresa AISA, se forma EPSAS en calidad de Empresa Social. Debe
asumir situaciones acumuladas de varios años de inacción de AISA.
2007 Baja la atención por el tema de Cohana. Algunos artículos de prensa aislados
recuerdan la problemática.
2007 LIDEMA asume el problema socioambiental de la Bahía de Cohana como un tema
priorizado de atención, se inicia un proceso de sistematización de información
relacionada y un programa de monitoreo del avance de la contaminación junto
con el Instituto de Ecología de la UMSA.
2008 (primeros
meses)
La prensa vuelve a reflejar el malestar y decepción de los pobladores locales,
por las promesas y acuerdos incumplidos por las autoridades.
2008 La prefectura con apoyo de USAID, realiza nuevos análisis de aguas en la Bahía
(“verifica” el alto grado de contaminación), destina fondos para diversas
medidas paliativas como la limpieza de lodos, drenaje de ríos, aereadores y
pozos de agua potable. Se observa que
2008 Se prueba el Proyecto “Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca”, bajo crédito
del Banco Mundial, el cual contempla entre muchos otros temas, la
contaminación ambiental del Lago.
2008 El Proyecto “Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca”, está a cargo del
Ministerio de Pequeña Industria (Viceministerio de Turismo) y se orienta
mayoritariamente a atender iniciativas de turismo. Las medidas ambientales se
centran en los municipios de la Mancomunidad del Lago Titicaca, que no toma en
cuenta el Municipio de El Alto. El tema de depuración de aguas de esta urbe
queda fuera del programa.
2008 (junio-
septiembre)
La Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados, inicia un
proceso de investigación sobre la contaminación minera en Viacha y extiende la
tarea de evaluación al tema de la Bahía de Cohana, redundando en la toma de
muestras y análisis.
139
2008 (octubre-
noviembre)
Una vez más, la Prefectura de Departamento y ALT, unen esfuerzos para
“descontaminar” la Bahía de Cohana a través de acciones de limpieza de
sedimentos y lenteja de agua. La opinión generalizada que es una mitigación
temporal y parcial, hasta que emerja la posibilidad de soluciones estructurales.
La población local observa que los esfuerzos se dirigen a los efectos y no a las
causas del problema.
2008 (diciembre) La Prefectura declara a través de la prensa que carece de fondos para continuar
con la limpieza de la Bahía.
2009 (enero) LIDEMA publica el trabajo de sistematización de información, monitoreo y
análisis de la problemática de Cohana.
2009 (marzo) El Monitoreo del avance de la contaminación a zonas circundantes de la Bahía
(LIDEMA-IE) muestra que la contaminación se está extendiendo hacia la Isla
Suriqui y Puerto Pérez. Se proyecta un estudio hidrológico para comprender el
comportamiento de transporte de la contaminación que se daría a partir de los
“pulsos de aluvión”.
2009 (marzo) Se anuncia públicamente el proceso de ampliación de Puchukollo en cuatro
etapas hasta el año 2035. Críticas en la prensa sobre la efectividad del proceso
a corto – mediano plazo. Se observa la imposibilidad de depuración de aguas
fluviales contaminadas de los río Seco, Seque, CiarJawira, Wilake, Huancane,
que cruzan zonas de expansión y conurbación de El Alto.
2009 Se postula que la contaminación generada por la cría intensiva de ganado en la
zona afectada contribuye de gran manera a la contaminación del Lago. Se asume
que dicha cría intensiva es el resultado de un cambio en los sistemas productivos
ocasionado por la contaminación. Se advierte que es necesario estudios al
respecto.
2009 (mayo) Taller interinstitucional sobre la problemática de la Bahía de Cohana, MMAA
presenta varios proyectos de atención a la problemática en curso, varios
proyectos en la zona coinciden en coordinar esfuerzos.
2009 (junio) Se conforma un comité interinstitucional con el MMAA como cabeza de sector
(Comité Interinstitucional para la Bahía de Cohana) y bajo la coordinación del
Viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad y del Viceministerio de
Cuencas.
2009 (julio) La Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados prepara un
proyecto de ley que declara la cuenca Titicaca-Poopó como Reservorio Natural
del país. El objetivo es hacer sostenible la preservación del área y mitigar su
contaminación.
2009 (Septbr) ALT anuncia proyecto de descontaminación vía aprovechamiento de la lenteja de
agua para lombricultura y producción de humus. Un proyecto con apoyo de
140
USAID se enfoca en el tema de biodigestores para reducir la contaminación por
excretas del ganado vacuno.
2009 (Septbr) El Instituto de Ecología a través de un estudio identifica que la lenteja de agua
utilizada como forraje para la cría vacuna en algunas zonas, contiene altas
concentraciones de metales pesados.
2010 inicios Se menciona la captación de fondos para ampliación de la planta de Puchukollo.
2010 marzo Se oficializa el anuncio de la ampliación de la planta de Puchukollo (en cuatro
etapas hasta el año 2035) con una inversión de casi 8 millones de dólares en una
primera fase.
2010 agosto Se finalizan las acciones de la primera fase de ampliación de la planta de
Puchukollo con la instalación de los tanques de sedimentación y filtros
reactores.
2010 Octubre A partir de una evaluación y muestreos, además del análisis del Laboratorio de
Calidad Ambiental del Instituto de Ecología-UMSA, se comprueba que el tubo–
canal emisor de Puchukollo vierte aguas extremadamente contaminadas al río
Seco, es decir, la planta no funciona. El principal contaminador de los ríos
Palllina-Katari es el canal emisor de Puchukollo. Todos los parámetros analizados
se encuentran muy por encima (8 a 10 veces) de los límites permitidos por las
normas del Reglamento de Medioambiente.
2010 Diciembre Última reunión taller del Comité interinstitucional para la Bahía de Cohana, que
tenía como cabeza de sector al MMAA.
2011 inicios LIDEMA publica el estudio de caso actualizado al 2011 sobre Cohana. Se
denuncia la inoperatividad de la planta de Puchukollo. Se postula además la
hipótesis de que las Bahías contaminadas del Lago menor son un “mega-emisor”
de metano y otros gases de efecto invernadero.
Mayo 2011 Se vuelve a comprobar que el canal emisor de Puchukollo sigue emitiendo aguas
extremadamente contaminadas, los diversos parámetros están entre 8 y 10
veces por encima del límite permitido por la norma, esto se comprueba después
de 8 meses del ritmo monitoreo y reporte. Las aguas emitidas por el tubo de
Puchukollo están entre 3 y 4 veces más contaminadas que las aguas del propio
rio seco donde se vierten. Se envía una carta al Viceministerio de Biodiversidad
y Medio Ambiente, denunciando el no funcionamiento de la planta de Puchukollo
en base a las evaluaciones realizadas.
Junio 2011
El Viceministerio de Biodiversidad y Medio Ambiente y EPSAS, envían una nota
de respuesta a LIDEMA, manifestando que las aguas del canal emisor de
Puchukollo, se encuentran por debajo de los niveles máximos permitidos, lo cual
estaría basado en análisis realizados por la empresa SGS.
141
Agosto 2011 LIDEMA rechaza el informe del Viceministerio de Biodiversidad y Medio
Ambiente, por su evidente falta de veracidad. En julio del 2011 se realiza una
evaluación y muestreo en las zonas donde supuestamente se obtuvieron las
muestras analizadas por SGS. La verificación ocular y los testigos fotográficos
tomados, muestran una hiper contaminación de las aguas de salida de Puchukollo.
Un nuevo análisis de las muestras en el Laboratorio de Calidad Ambiental del
Instituto de Ecología-UMSA, verifican la falsedad del informe enviado por el
Viceministerio de Biodiversidad y Medio Ambiente y EPSAS, mostrando
elevados niveles de contaminación de varios parámetros, muy por encima de los
límites máximos permitidos.
Agosto 2011 El Viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad impulsaba la Estrategia
para la Recuperación Integral de la Bahía de Cohana – Cuenca Katari, en tanto
que el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, elaboraba el proyecto
Enfoque Estratégico para la Implementación de la Cuenca Pedagógica del Río
Katari. Ambos procesos fueron desarrollados sin coordinación entre las partes
responsables.
Septiembre 2011 El Gobierno Municipal de El Alto anuncia la licitación de la planta depuradora de Tacachira, destinada al tratamiento de aguas servidas del Distrito 7, con un financiamiento de 30 millones de bolivianos provenientes de la CAF. Una segunda Planta de Tratamiento, cubriría los distritos municipales 5, 6, 7 y 14 de El Alto, con el propósito de reencausar los ríos Seco y Seke hacia esta planta.
Noviembre 2011 La Comisión interinstitucional conformada a mediados del 2009, en la práctica
no existe y el tema tiene un tratamiento marginal al interior del MMAA.
Marzo 2012 Fuertes lluvias ocasionan un gran desborde de las aguas contaminadas del río
Katari.
Marzo 2012 En oportunidad del Día Mundial del Agua, las organizaciones sociales de la zona
boliviana ante la grave crisis ecológica que vive esa parte del lago, pobladores de
la región declaran a la Bahía de Cohana como zona de emergencia internacional.
Mayo 2012 Las emisiones de la Planta de Puchukollo siguen altamente contaminadas, la
planta no funciona.
2013 El ISSA de la UMSA publica el estudio Valoración de metales pesados en la
cuenca del rio Katari, se menciona que estos elementos no están por encima de
los límites permitido para aguas clase C.
Febrero 2013
Grandes crecidas y desbordes del rio Katari inundan con aguas contaminadas la
Pampa Cohana y las bahías.
Marzo 2013 Se presenta el Proyecto “Eutiticaca: Nuevas herramientas para el monitoreo de la Bahía de Cohana”, desarrollado por diversos institutos de investigación de las
universidades de La Paz y Cochabamba, con apoyo del IRD, en el II Simposio
142
Internacional del Lago Titicaca – TDPS, realizado en Puno.
Mayo 2013
Se constata que la planta de Puchukollo sigue sin funcionamiento y sus emisiones
continúan más contaminadas que las aguas del río Seco.
Junio 2013 Se anuncia que la Gerencia de Evaluaciones Ambientales de la Contraloría
General emprenderá un nuevo estudio en la cuenca del Katari, “para determinar
si existe o no contaminación”.
Septiembre 2013
El diputado Lucio Huaycho denuncia que la falta de voluntad y conciencia de las
autoridades, además de presupuesto, impide dar solución al problema de
contaminación en la bahía de Cohana.
Diciembre 2013
Fuertes lluvias ocasionan el desborde del río Katari y gran invasión de aguas
contaminadas a la Pampa Cohana y Bahías.
Diciembre 2013 LIDEMA publica la actualización 2010-2013 sobre Cohana, como parte de los
Estudios de Caso sobre las problemáticas socioambientales de Bolivia.
Enero 2014
La Contraloría General del Estado, emite su Informe General 2013, en el cual
menciona resultados preliminares de la evaluación de la auditoria al rio Katari,
confirmando el elevado nivel de contaminación de la cuenca.
Junio 2014
Primera Conferencia Internacional – Observatorios de Lagos Transfronterizos, organizada por el IRD-UMSA. Se pone de manifiesto el tema de la gran contaminación de la Bahía de Cohana y la inacción del Estado para atender el tema.
Julio 2014 Se vuelve a anunciar la construcción de la planta de Tacachira. Se alega que el
retraso en su construcción se debió a la oposición de vecinos para su instalación.
Se menciona un financiamiento de 52 MD.
Julio – Agosto 2014
Los habitantes de la isla Parití y de puerto Pérez, llevaron a cabo un ampliado
extraordinario en la provincia los Andes y decidieron declararse en estado de
emergencia y pedir un informe a las autoridades, sobre las acciones realizadas
para la descontaminación del lago Titicaca. Se citan los estudios realizados por
LIDEMA que alertaron reiteradamente sobre el creciente problema.
Septiembre 2014 Inaudito: El Secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Carlos Taja
declara que la contaminación del Lago en la zona de Cohana se debe a las
explotaciones mineras y las actividades agrícolas de los pobladores de islas del
lago como Pariti y Suriqui.
Septiembre 2014 La Gobernación del departamento de La Paz presenta un proyecto para
“descontaminar” el lado boliviano del Titicaca, consistente en la construcción de
una planta de tratamiento de aguas en una superficie de 26 hectáreas a orillas
del lago. Según la Gobernación, la planta costará 45,5 millones de bolivianos
(unos 6,5 millones de dólares) y deberá ser financiada por el Ministerio de
143
Aguas y Medio Ambiente boliviano, precisó el responsable de la Madre Tierra.
Desde el Ministerio mencionado se anunció que dicho financiamiento requerido
no está presupuestado.
Abril 2015
Creciente malestar social en la región de Cohana y zonas aledañas por la elevada
contaminación y la inacción del gobierno y otras instancias, amenaza un conflicto.
Medios de prensa denuncian el avance de la contaminación en la zona de
Patapatani y muerte de cientos de ranas gigantes del lago. El Ministerio demedio
Ambiente reacciona anunciando la realización de una estrategia de remediación.
Mayo 2015
Ante el clima de conflicto y la presión mediática, la ministra de Medio Ambiente,
Alexandra Moreira anuncia que se realizará la limpieza de la bahía de Cohana
para “frenar” la contaminación. Pero reconoce la necesidad de una estrategia y
solución estructural al problema. El MMAA saca una convocatoria pública de
proyectos e ideas que aporten a la elaboración de una estrategia integral de
recuperación de la cuenca Katari y Cohana. 50 instituciones e instancias envían
propuestas y se selecciona 17 en total.
Mayo 2015 A fines de mayo del 2015 el MMAA organiza un evento para la presentación de
la Estrategia de recuperación de la cuenca Katari y bahía de Cohana, así como de
las ideas-proyectos que respondieron a la convocatoria de dicho Ministerio. Se
conforma la Plataforma interinstitucional para la recuperación de la cuenca
Katari y bahía de Cohana, a la cabeza del MMAA.
144
Minería en tierras bajas: la gran ecoregión de Guarayos,
Chiquitanía, Chaco y Pantanal Marco Octavio Ribera Arismendi y Carmen Miranda Larrea Octubre 2014
La minería desde un enfoque ecoregional
Las ecoregiones o grandes regiones ecológicas comprenden mosaicos de ecosistemas
relativamente afines o parecidos, que se interrelacionan estructural y funcionalmente.
Son extensos grupos de paisajes, usualmente de varios cientos de miles de hectáreas,
con similares condiciones fisiográficas, geológicas, topográficas, climáticas y
ecológicas en general. Su afinidad está definida por similitudes de geografía,
topografía, suelos, clima, vegetación, usos de la tierra, culturas y otros aspectos
afines. Se da gran importancia a los bosques de galería, manchones de bosques e islas
de bosques, al ser corredores de biodiversidad, pues favorecen la conservación de los
flujos de biodiversidad y las dinámicas evolutivas.
Las ecoregiones no son solamente un mosaico o agregación de diversos tipos de
ecosistemas, sino además, una sumatoria de una gran diversidad de funciones (o
servicios) ecosistémicas, como ser, la provisión de agua; control de inundaciones o
riadas; control y amortiguación climática; recursos y medios de vida; provisión de
controladores de plagas; sentido de pertenencia e identidad cultural. En las
ecoregiones tiene gran relevancia los paisajes culturales, que son mosaicos de
ecosistemas rurales o agrosistemas e incluyen restos de ecosistemas naturales,
producto de armoniosos procesos de modificación a lo largo de períodos históricos y
con base de ancestralidad cultural evidente. Los paisajes culturales, constituyen en
general ambientes rurales pintorescos, cargados de historia y costumbres locales
remanentes, como es el caso de los antiguos centros misionales chiquitanos y guarayos.
Ejemplos de extensas ecoregiones en las tierras bajas de Bolivia son: Guarayos, la
Chiquitanía, Chaco y Pantanal, cada una, formada por decenas de tipos de ecosistemas.
El presente análisis considera este conjunto de ecoregiones, como un inmenso
complejo macro – ecoregional, caracterizado por su alta diversidad ecosistémicas, una
elevada riqueza biológica, funciones ecológicas claves e interrelacionadas, ecosistemas
en buen estado de conservación hasta pristinos, y gran diversidad étnica. La gran
riqueza o diversidad de elementos en las ecoregiones (mosaicos de ecosistemas y sus
transiciones o ecotonos) aumenta la capacidad de resiliencia y estabilidad del sistema
145
ecoregional. Por tanto, una ecoregión se debe definir, como la unidad de mayor
potencialidad y viabilidad de conservación de ecosistemas y funciones ecosistémicas.
Sus límites no se corresponden con los límites geopolíticos sino más bien con factores
ecológicos o biogeográficos, se la puede describir en función a la interrelación de
variables biofísicas e impactos socioeconómicos. Se considera la unidad ideal para el
desarrollo de procesos de Ordenamiento territorial, la planificación o evaluación
ambiental estratégica a gran escala, o la planificación de corredores de conservación.
Existen áreas protegidas que por su dimensión tienen una escala ecoregional: PNANMI
KaaIya de Gran Chaco; ANMI San Matías; PNANMI Otuquis. Las áreas protegidas
municipales, departamentales, privadas, se convierten en conectores (“corredores”)
ideales de las áreas protegidas de nivel nacional.
El gran complejo ecoregional de tierras bajas en Santa Cruz
Características ecológicas de la gran región
146
El gran complejo ecoregional Guarayos-Chiquitanía-Chaco-Pantanal, comprende una
gran diversidad de tipos de ecosistemas y múltiples transiciones o ecotonos, los cuales
presentan un conjunto de rasgos similares tipificantes. Tres aspectos son
predominantes en lo que concierne a dar una relativa uniformidad a la gran ecoregión,
las características fisiográficas, la estructura geológica y las condiciones climáticas.
Estos tres aspectos condicionan la distribución de los suelos, la vegetación y los
paisajes en los diversos ámbitos.
La fisiografía de esta gran ecoregión corresponde a extensas planicies onduladas
que alternan con colinas de mediana elevación (en especial hacia la región de
Guarayos) y con elevadas serranías hacia la Chiquitanía. Hacia el Chaco y el
Pantanal predominan extensas planicies.
Los sustratos geológicos predominantes corresponden a diversas formaciones de
datación precámbrica bajo la forma de elevadas serranías y afloramientos del
escudo, lo cual da lugar a suelos mayormente superficiales y ácidos, y esto a su
vez, determina muchas formas particulares de vegetación y de distribución de las
especies.
Toda la gran ecoregión tiene un clima mayormente seco con algunas transiciones a
subhúmedo (hacia Guarayos) y predomina un rango pluviométrico entre 800 y 400
mm/año, con promedio de temperaturas, superiores a los 23ºc y máximas extremas
que superan los 40 ºc., rasgos propios de un centro atmosférico continental de
baja presión. Entre junio y septiembre se producen períodos cortos de descensos
bruscos por efecto de frentes fríos del sur.
Este espectro climático hace que la gran ecoregión presente en general marcados
déficits hídricos anuales y altos niveles de evapotranspiración. Esto se relaciona
directamente con los tipos particulares de vegetación notoriamente xerofíticas y
con notables adaptaciones al régimen seco y cálido.
En la última década especialmente, la gran ecoregión viene soportando una gran
presión por sequías recurrentes, lo cual ha derivado en una marcada reducción de
la disponibilidad hídrica.
Una característica ecológica muy relevante del complejo ecoregional Guarayos-
Chiquitanía-Chaco-Pantanal, es su carácter de remanente biogeográfico a nivel
continental. Esto significa que muchos de los ámbitos ecológicos de este extenso
147
mosaico son únicos, como es el caso Guarayos, que corresponde a una compleja
transición cerrado-amazónica. En el caso de los Cerrados de la Chiquitanía, la
devastación en el lado brasilero de similares ambientes ecológicos, hace que en Bolivia
existan remanentes aun en buen estado de conservación (aunque también bajo fuerte
amenaza). Similar situación se da en los casos del Chaco (devastado en la mayor parte
del Paraguay y Argentina) e incluso del pantanal brasilero. Esta condición de reductos
o remanentes, hace que la gran ecoregión en Bolivia sea muy importante en términos
de conservación de la biodiversidad en un continente donde los procesos de desarrollo
tienen rasgos expoliativos extremos.
Problemática ambiental general de la gran ecoregión
La gran ecoregión Guarayos-Chiquitanía-Chaco-Pantanal, enfrenta varias presiones
ambientales que han venido generando los últimos años, una fuerte modificación y
degradación de los ecosistemas.
El elemento tensor, posiblemente más crítico por la escala de afectación es el
avance de las fronteras agroindustriales (mayormente soya) y de la ganadería de
remplazo, que ha arrasado en los últimos diez años varios cientos de miles de
hectáreas de bosques naturales.
La construcción de vías camineras importantes, como el corredor bioceánico Santa
Cruz-Puerto Suárez, así como vía sucedáneas secundarios, han ocasionado un
intenso proceso de ampliación de la frontera agrícola por ocupación o colonización
de tierras, además de intensificar procesos extractivos, incluidos los de la minería.
El avance de las fronteras agroindustriales, de ganadería y de la colonización,
inciden directamente en la proliferación de incendios extendidos (focos de calor)
en la época seca, con drásticos impactos en los ecosistemas.
Finalmente, una de las problemáticas más críticas, posiblemente no por el impacto
actual inmediato, sino mas bien por sus proyecciones en los siguientes años, es el
de la minería, tanto por la proliferación de numerosas operaciones pequeñas de
cooperativistas y pequeñas empresas, como por la implementación de varios
megaproyectos bajo la modalidad de cielo abierto u “open pit”, muchos de ellos al
interior de áreas protegidas.
El año 2014, en el departamento de Santa Cruz, específicamente en la región de
Guarayos se dio un singular conflicto entre la minería del oro y los grandes
productores agropecuarios de dicha zona, quienes denunciaron la invasión de sus
tierras por las operaciones extractivas. Singular, porque existe una gran contradicción
148
inherente. Las operaciones mineras y en especial las del oro, son efectivamente muy
degradantes de los ecosistemas, a esto se suma la contaminación por mercurio, sin
embargo dichos impactos tienden a ser bastante localizados, y la magnitud del impacto
aumenta si proliferan en gran número, Lo contradictorio es que sean precisamente los
agroindustriales y ganaderos (ganadería de reemplazo) que han devastado decenas de
miles de hectáreas de los bosques de Guarayos y la Chiquitanía, los que vindiquen a la
minería. Esto no significa minimizar el efecto de la minería o justificarla, ciertamente
es indeseable, pero la denuncia resulta paradójica y es necesario aclarar las cosas.
La minería en las tierras bajas de Bolivia
La llanura y sierras Chiquitanas, así como las sierras, ondulaciones y planicies de
Guarayos al norte, comprenden importantes yacimientos y reservorios de minerales,
como oro, cobre, hierro, niquel, cobalto, platino, tierras raras, piedras semipreciosas,
cuarzos y calizas.
A lo largo de varios años, el tratamiento del tema minero y de sus consecuencias
ambientales y sociales se ha concentrado a las tierras altas, donde evidentemente se
han generado numerosas operaciones y enormes impactos en comparación con las
tierras bajas donde las acciones del sector y sus efectos han sido más modestos. Sin
embargo, en las tierras bajas, principalmente en Santa Cruz, se han empezado a
configurar escenarios hacia una explotación a gran escala, en especial a lo largo del
bloque de serranías precámbricas de Guarayos y Chiquitanía.
Antecedentes e historia
De acuerdo a menciones dispersas en crónicas misionales (……) la explotación de
minerales en las tierras bajas de Santa Cruz, en especial del oro, se remontaría a
épocas precolombinas, las que habrían estado concentradas especialmente a ciertas
regiones, como las Sierras de San Simón (en el este del Beni), los entornos de San
Ramón y de la actual mina Don Mario. Dichas actividades se habría relacionado tanto
con las culturas de sabana y selva, como con la expansión incaica. Esas actividades,
continuaron a lo largo del período misional, para tener continuidad de forma muy
incipiente en el período republicano.
La explotación aurífera más reciente data de inicios del siglo XX, esto es entre los
años 1910 y 1930, se concentró en la zona de Santa Rosa de la Mina, entre San Ramón
y San Javier, reportes históricos mencionan más de mil familias dedicadas entonces a
la minería artesanal de oro. En la actualidad dicha zona y los entornos de San Ramón,
149
siguen concentrando operaciones mineras del oro, bastante localizadas pero de gran
impacto ambiental.
El año 1975 se promovió el “Proyecto Precámbrico” por GEOBOL (Servicio Geológico
de Bolivia) y la Misión Geológica Británica, con fines de estudios de exploración y
mapeo, para lo cual se promulgó un Decreto supremo declarando toda la región
Chiquitana y Guarayos, hasta la zona San Simón del Beni, como reserva fiscal. Dicho
proyecto exploratorio duró entre 1976 y 1985 (Kieffer, 1995). Esta condición o
medida legal frenó durante varios años el ingreso de operaciones mineras a la región,
pero fue posteriormente levantada entre los años 1986 (para la región norte) y en
1991, para la región sur (Kieffer, 1995).
A pesar del esfuerzo del Proyecto Precámbrico, hasta 1995, gran parte de los
denominados recursos mineralógicos de la Chiquitanía, Guarayos y Chaco, estaban
intocados (Kieffer, 1995). Por ejemplo la franja “greenstone” (franja de rocas verdes
auríferas) de San Julián, así como zonas de San Ramón y San Javier, no habían sido
exploradas a fondo, pero se menciona que la Misión Sueca con GEOBOl, realizaron el
año 1993 a 1995, estudios geofísico y de reconocimiento aéreo de la zona de los
“green stone” y de las sierras chiquitanas.
El año 1995 se reportaba (Kieffer, 1995) el arranque en fase explotación del proyecto
minero aurífero de COMSUR en el cerro Puquio Norte cerca de San Ramón, en la
misma región, se mencionaba el proyecto Paula Cecilia que era un joy-venture entre
JORDEX y AMERICAN BARRICK, con capitales nacionales, en proceso de exploración
con perforación de diamantina. En la región de Guarayos, el mismo año, se mencionaba
a un consorcio europeo (TANGANIKA) que realizaba estudios prospectivos y de
perforación. Otro proceso prospectivo con perforación de diamantina en la década de
los 90, fueron “El Lente” al noreste de San Ramón, a cargo de RENISON GOLDFIELD
y LOS ANDES.
Kieefer el año 1995, menciona la zona de Rincón del Tigre como poco explorada,
aunque el Proyecto Precámbrico ya había detectado años antes, niquel y cromo. Se
hace referencia al gran cuerpo estratificado ultramáfico (rocas ultrabásicas) de más
de 700 kilómetros cuadrados, con potencial de platino, vanadio, paladio, titanio, etc.
Se menciona que la empresa minera EMICRUZ realizó, sin resultados, estudios de
geoquímicos y de perforación con diamantina. Se menciona en ese entonces que en la
misma formación geológica una empresa sudafricana (GENCOR, citada como una de las
más grandes productoras de platino a nivel mundial) realizaba exploraciones. Este
150
mismo autor menciona que en el Proyecto Precámbrico, se había reportado Tierras
Raras como miobio, lantanio y tantalio (carbonatitas del Cerro Manomo).
Kieffer (1995) habla sobre el yacimiento de hierro del Mutún, y de las ventajas de la
reducción directa usando gas, a partir de la línea de gas natural que entonces se
proyectaba hacia el Brasil.
En 1995 (Kieffer) menciona a la región de San Juan de Chiquitos, donde la empresa
EMICRUZ, había identificado en la fase exploratoria, depósitos de plomo, plata y zinc.
El año 1995 se menciona a la Mina Don Mario, en procesos de exploración y explotación
desde el año 1991, (Cantón San Juan de la Provincia Chiquitos), propiedad de
COMSUR, como la operación minera mas importante en las tierras bajas de Santa
Cruz, haciendo referencia a sus esquistos metamórficos con cobre, plata y oro. En la
misma región, la empresa minera La Rosa en sociedad con la BILLITON, realizaron
trabajos de exploración con perforación de diamantina y circulación reversa, con
resultados exitosos.
En 1986, COMSUR solicitó dos concesiones mineras en la zona entre San Ramón y San
Javier con el propósito de buscar “la fuente del oro aluvional”. Durante los 90, dos
compañías mineras, COMSUR y EMSA incursionaron con exploraciones en la zona de
San Ramón, un área conocida históricamente por su producción de oro aluvional
(Tejada, 2012).
Finalmente, en 1995 (Kieffer, 1995) hace referencia a las explotaciones de piedras
semipreciosas, como amatistas, amatista bicolor, ametrinos, (Kieffer para dicha época
no menciona a la bolivianita), considerando la operación más importante a la concesión
Anahí (empresa MINERALES Y METALES) en proximidades de la laguna Gaiba.
En relación a las expectativas que el gobierno boliviano abrió en torno al uranio y la
energía nuclear desde el año 2018, aparecieron notas de prensa mencionando a la
compañía canadiense MEGA URANIUM, que habría llegado al país como resultado de
un joint venture con otra firma, la INTREPID MINES CORPORATION, las cuales
desee el 2006, realizaron trabajos de prospección en el Precámbrico boliviano,
arrojando resultados satisfactorios y que hacen prever existencia del metal.
Promoción y fomento de la minería en tierras bajas
Con frecuencia y a lo largo muchos años, diversos expertos e analistas en minería y
economía minera, algunos de ellos, ex autoridades ministeriales del ramo, han realzado
151
las riquezas mineralógicas de las tierras bajas y promovido su explotación, pero sin
considerar en ningún momento la fragilidad ecológica, hidrológica y socio cultural de
esta gran región (como Raúl Kieffer, Dionisio Garzón, Salomón Rivas, Henry Oporto,
Ricardo Cardona, entro otros).
Kieffer (1995), mencionaba entonces la gran potencialidad del oriente boliviano para
atraer inversiones y el apoyo gubernamental en lo normativo, con base a lo que era el
proyecto de nuevo Código de Minería. Concordante con su época, pero en anacronía a la
realidad actual, Kieffer mencionaba además: “También se deberá manejar con
extremo cuidado la temática de los pueblos indígenas, pues su descontrol podría
generar problemas insalvables para la actividad minera.“ Claramente se observa, que
las palabras de Kieffer se deberían dar la vuelta, es decir, extremando cuidados de
las operaciones mineras a fin de no generar “problemas insalvables” a los pueblos
indígenas. Sin embargo, desafortunadamente, la lógica que enarbolaba este experto
minero en los años 90, continúa hoy en plena vigencia.
En referencia a la promoción del Precámbrico como zona promisoria para la minería, el
año 2007, Salomón Rivas publica “Las Maravillas del Precámbrico” en tres tomos, con
datos generales y específicos sobre el potencial geológico de esta región. Como otros
estudios en el tema minera, el análisis es unidimensional y estrictamente dirigido a
mostrar el potencial minero.
En años recientes, el interés del enfoque minero se ha orientado a las tierras bajas de
Bolivia, en especial el precámbrico de las regiones Guarayo - Chiquitana y sus
transiciones, como se puede ver en los siguientes reportes.
En agosto del 2010, desde el Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero
Metalúrgico, una vez más se hacían públicas, declaraciones sobre el potencial minero
de la Chiquitanía y el Pantanal, con referencias específicas al yacimiento de hierro del
Mutún, de zinc, de oro en Rincón del Tigre, y piedras preciosas de la Gaiba. Se
menciona que el oro es el principal generador de regalías departamentales (aunque se
conoce que son exiguas y que la mayor parte de este oro sale al Brasil de contrabando
y no genera beneficios para el país).
El año 2013, el especialista en minería y ex Viceministro de Minas, Héctor Córdova
señalaba que las prospecciones y exploraciones satelitales abrieron un panorama
extraordinario para la minería en tierras bajas, haciendo especial referencia a los
recursos mineralógicos del precámbrico. En septiembre del 2013, se mencionaba la
floreciente producción minera en Santa Cruz, basada en el oro, cobre y bolivianita,
152
haciendo referencia a las grandes empresas son PAITITÍ, consignataria de ORVANA
MINERALS (Don Mario) y la empresa MINERALES Y METALES DEL ORIENTE, que
está a cargo de la explotación de la Bolivianita (energypress.com.bo).
Principales operaciones y zonas mineras en las tierras bajas
En septiembre del 2014, Dionisio Garzón (exministro de Minería) comentaba que
Bolivia debe ingresar a las “ligas mayores” de la minería, haciendo referencia a nla
necesidad de megaproyectos con inmensas inversiones y en especial al caso del Mutún,
quien sostiene que para lo cual se debe dotar al sector minero con estabilidad
económica, jurídica y política.
En esta línea de poner en relevancia el potencial minero de las tierras bajas, en
septiembre del 2014, con motivo del II Simposio Internacional Geología y Metalogenia
del Precámbrico boliviano el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN) informaba que
sólo el 20% de toda el área minera del Precámbrico fue explotada, haciendo mención
a posibles reservas de oro, uranio y tierras raras. En dicho evento se hizo referencia
a los yacimientos descubiertos de Puquío Norte y San Simón, de oro orogénico; Don
153
Mario, de cobre-oro, relacionado a granitos intrusivos y cizallas, y la mina Miguela, de
sulfuros masivos volcanogénicos (cobre-oro).
No deja de llamar la atención el inusitado entusiasmo de algunos analistas del tema
minero como Ricardo Cardona quien el año 2010 mencionaba el logro de haber
detectado a través de expertos bolivianos, como Salomón Rivas, que en el precámbrico
boliviano se encuentran grandes depósitos y yacimientos de aquellos metales raros
componentes de los aceros especiales caros, como manganeso, niobio, tantalio, wólfram
o tungsteno, vanadio y otros, lo cual favorecería la investigación y las inversiones en el
precámbrico.
En relación con las reiteradas referencias que se han hecho en los últimos años al
precámbrico y las tierras raras, las expectativas de nuevas operaciones mineras se
han dirigido incluso a la explotación al interior del Parque Nacional Noel Kempff
Mercad, un área protegida considerada como un icono en el departamento de Santa
Cruz y por esta razón casi “intocable” hasta ahora.
El Servicio Geológico y Minero (SERGEOMIN) tiene previsto realizar un nuevo
estudio geofísico aerotransportado del área del Precámbrico con el objetivo de
identificar blancos de prospección minera en esta zona. La propuesta se concretó en
el II Simposio Internacional Geología y Metalogenia del Precámbrico boliviano,
organizado por SERGEOMIN, Colegio de Geólogos y COMIBOL, en el distrito minero
de San Ramón del departamento de Santa Cruz (Reporte energia, Nº 131, octubre
2014).
En términos generales, el incremento de la demanda y los precios de los minerales en
los últimos ocho años y la reactivación de numerosas operaciones mineras, ha hecho
que en el imaginario general del país, Bolivia sea nuevamente visto como un país
esencialmente minero, esto a pesar de la exiguas retribuciones tributarias que brinda
el sector, por ejemplo, en comparación con los hidrocarburos. El imaginario de la
riqueza minera se ha extendido claramente a las tierras bajas de Bolivia,
especialmente a las regiones de Guarayos, Chiquitanía y el Pantanal, aunque el Chaco no
está exento, como se analiza más adelante. Desde el año 2006, se han incrementado
notablemente las expectativas de exploración y explotación minera a diversas escalas,
lo que se ha traducido en la entrega y habilitación de numerosas concesiones mineras y
de proyectos de mediana y gran magnitud en zonas de alta fragilidad ecológica al
interior de áreas protegidas, como ser Kaa Iya, Tucabaca y San Matías.
154
En concordancia con este panorama, las políticas del gobierno actual, así como de
anteriores gestiones de gobierno (antes del año 2006), han sido y son abiertamente
pro-extractivistas y propician el avance de las operaciones mineras, marginando los
temas ambientales, las áreas protegidas y los derechos indígenas.
Es difícil compartir dicho entusiasmo de los diversos analistas del sector, cuando se
sabe que estarían en serio riesgo, componentes muy relevantes del Patrimonio Natural
remanente del país, como el Área Natural y Manejo Integrado (ANMI) San Matías, El
Pantanal, la Reserva Tucavaca, e incluso el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (un
auténtico icono emblemático del Departamento de Santa Cruz). Además de conocer el
desapego a respetar las normas ambientales, que tienen las empresas mineras, así
como el laxo accionar de los mecanismos de regulación ambiental por parte del Estado.
Extractivismo y minería en Bolivia 2013
El modelo económico boliviano basado en las exportaciones y el modelo primario
exportador, tiene estrecha dependencia con el extractivismo de los hidrocarburos y la
minería. En los últimos años, esta situación se mantuvo incluso durante la etapa
afectada por la crisis económica mundial de fines del 2008, intensificándose
notablemente a partir del año 2009.
Este modelo primario exportador tiene como motor impulsor más importante a las
corporaciones transnacionales, bajo el tenor de la ganancia rápida, como medida
definitiva de las decisiones corporativas, con total prioridad sobre el bienestar
comunitario, la salud de trabajadores, salud pública en general, la calidad del ambiente
e incluso, la seguridad de las naciones
Algunos rasgos característicos de la intensificación del extractivismo han sido: a) el
aumento de la demanda internacional de materias primas y en especial por parte de
grandes países emergentes, como la China, India, Brasil o Korea del Sur; b) la
intensificación y progresivo incremento de los volúmenes de explotación y
exportación; c) la mayor atención a yacimientos mineros de baja ley y depósitos
petroleros encerrados en esquistos (“shale gas”); d) la tendencia a megaproyectos por
la magnitud de las operaciones e inversiones; e) el aumento del poder y prerrogativas
de grandes transnacionales mineras o petroleras o de semillas transgénicas e insumos
como Monsanto; f) la diversificación de las oportunidades de inversión, al margen de
las fuentes tradicionales (p.e. los organismos multilaterales como el Banco Mundial),
provenientes de países como China, Rusia, Korea. India, Brasil; g) el rezago crónico en
los procesos de industrialización (Verdum, R. 2010; Gudynas,E. 2012; Zibechi,R. 2010).
155
A inicios del 2012, se observó en Bolivia, un afianzamiento cada vez más fuerte del
patrón extractivista en el modelo de desarrollo, impulsado por el Gobierno, producto
de una mayor intensificación, dimensión y tipo de operaciones, haciéndose evidente el
tránsito de un extractivismo relativamente modesto, por ejemplo, imperante antes del
2005, a un extractivismo altamente depredador, especialmente en el sector minero.
Esto ha implicado una tendencia, cada vez más atentatoria del medio ambiente, las
áreas protegidas y en especial de los derechos indígenas, lo cual va en paralelo a la
creciente debilidad e inconsistencia en el cumplimiento y aplicación efectiva de las
normas e instrumentos de gestión ambiental.
La nueva Ley de minería
La nueva Ley de Minería, promulgada por el gobierno el año 2014, abre un nuevo frente
de mayor riesgo ambiental en Bolivia, por la expansión de nuevas operaciones mineras
y la notable flexibilización del tema ambiental, incluida la permisividad de ingreso de
operaciones mineras al interior de las áreas protegidas y el uso discrecional del
recurso agua, contradiciendo abiertamente el espíritu de la Constitución Política del
Estado.
Antes de su aprobación y promulgación de la Ley, la posición de los movimientos
sociales fue: El proyecto de la Ley de Minería, tal como se lo plantea, profundizará el
saqueo de los minerales a favor de las empresas transnacionales, no beneficia a las
organizaciones sociales, pueblos indígenas originarios y a la población boliviana en
general. Parece ser solo la imposición de las empresas mineras y algunos sectores.
Promueve la privatización del agua, el uso y aprovechamiento indiscriminado del agua y
por consecuencia aumentará la contaminación.
Según expertos en el tema minero ambiental, la nueva Ley minera deja sin opción
alguna al ejercicio del control ambiental de parte de las instituciones privadas,
instancias subnacionales (gobernaciones, municipios, universidades) y pueblos
indígenas. La consulta previa admite el proceso en el lugar donde se desarrolla la
actividad, pero no el contexto territorial afectado. La versión del proyecto de Ley de
Minería de julio del 2013, en el que, si bien se reconocía el derecho a la consulta
previa a quienes pudieran verse afectados por la ejecución de una obra en el subsuelo,
sus disposiciones anulan la validez vinculante y de consentimiento libre, previo e
informado de ese mecanismo y manteniendo la figura de que la consulta es para
facilitar la realización de un determinado proyecto.
156
En concordancia con la propuesta de Ley Marco de Consulta, la Ley Minera dice que en
caso de que se realice una consulta previa y no se logre un acuerdo con los afectados,
"la última instancia de decisión es el Ministerio de Minería y Metalurgia en
representación del Estado", la consulta sólo se aplicará a los nuevos proyectos y los
procesos de exploración no requieren de consulta. En la Ley aprobada, las menciones
se relegan al acápite de Disposiciones transitorias donde figuran dos mandatos: a) El
procedimiento previsto en el Título VI de consulta previa en materia minera,
concordará con la norma general sobre Consulta Previa, Libre e Informada, una vez
publicada la misma, y b) El Ministerio de Minería y Metalurgia, deberá elaborar el
reglamento sectorial específico sobre consulta previa en materia minera.
En resumidas cuentas, con un Ministerio de Minería y Metalurgia convertido en la
única entidad con la misión de supervisar, definir y regular toda la actividad minera,
incluso en el tema de las licencias y fichas ambientales, la nueva Ley minera deja sin
opción alguna al ejercicio del control ambiental de parte de las instituciones privadas,
instancias subnacionales (gobernaciones, municipios, universidades) y pueblos
indígenas. De acuerdo a la organización PROBIOMA, con esta ley, el Ministerio de
Minería es convertido en una especie de juez y parte, por lo que el control ambiental
será insignificante ante una seria amenaza para el país sobre todo en las zonas bajas
donde se expandirá la explotación no tradicional y los recursos hídricos serán
seriamente afectados. En el caso de Santa Cruz y el Precámbrico, el peligro es aún
mayor para los recursos hídricos. Con esta ley no hay restricción alguna con la
explotación minera. Por ejemplo, una empresa aurífera de oro consume 20 mil litros de
agua por hora, el mismo que consume en un año una familia de cinco miembros. La nueva
norma autoriza el uso del agua no solo en el sitio de la concesión sino en todo el
entorno afectando directamente a las comunidades.
Corrientes de opinión especializada que han criticado la nueva Ley Minera, manifiestan
que el hecho de declarar área fiscal a todo el territorio nacional hace que cualquier
intervención en el campo sea sujeto de concesión de parte del Estado.
La Ley apuesta a profundizar la exportación de minerales ampliando las zonas de
explotación de la franja tradicional hacia las tierras bajas, sobre todo el Precámbrico
con una canasta mayor de minerales no tradicionales y estará básicamente orientada a
la explotación del oro y el tantalio.
Una de las últimas versiones del proyecto de Ley mencionaba que los actores
productivos mineros, no podrán realizar actividades en áreas protegidas a partir de la
157
vigencia de la presente ley, respetándose derechos adquiridos o preconstituidos. Las
actividades en el rubro se regirán a la Constitución Política del Estado y normas
ambientales. Posteriormente en la versión aprobada, oficialmente el Artículo 220,
sobre Actividades Mineras en Áreas Protegidas (inciso I) eliminaba este sentido
precautorio definiendo: Los actores productivos mineros podrán realizar actividades
mineras en áreas protegidas y forestales previo cumplimiento de la normativa
ambiental y conexa específica, y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento
de los objetivos de protección del área.
Escenarios y operaciones actuales
Los futuros escenarios socioambientales para las tierras bajas de Bolivia,
considerando la presión de la minería, son muy preocupantes. El escenario actual se
caracteriza por una notable promoción e impulso a las operaciones mineras,
especialmente por autoridades y expertos del sector.
En los últimos años han sido frecuentes las menciones de la presencia de tierras raras,
como torio e itrio, cerio, lantanio, especialmente en la fosfata-monazita (roca
fosfática) del cerro Manomó. Otro elemento referido es el coltan (Columbina
Tantalita), mineral estratégico para fines tecnología de punta, existiendo reportes de
su explotación en la Chiauitanía y Guarayos, sin regulaciones, ni control.
El experto Marco Gandarillas del CEDIB, denunció a fines del 2013, que en la zona
chiquitana y de Guarayos, se explota de manera masiva pero manual el coltan
(Columbina Tantalita), no se conoce los volúmenes de producción y este mineral va
asociado al oro (con uso de mercurio) en menos concentraciones y se la explota con
arenas como producto final, es una explotación manual. El precio tiende a descender
de 300 bolivianos a sólo 100 bolivianos el kilo, en solo unos meses, lo cual hace que sea
un recurso casi marginal. De acuerdo al CEDIB, la explotación del tantalio dijo que se
realiza a cielo abierto bajo un sistema de tratos verbales entre los dueños del la mina
o concesión y los trabajadores mineros en su mayoría del occidente. El CEDIB
denunció que las empresas buscan otros lugares donde se produzcan en peores
condiciones tanto sociales como laborales para que el producto sea barato y sin ningún
tipo de responsabilidad social ni económica
Tejada (2012) cita como los principales depósitos minerales de las tierras bajas en
Bolivia a: Mutún (hierro, manganeso), Rincón del Tigre (Platino, cromo, osmio, iridio,
paladio, rutenio, rodio), Don Mario (oro, plata, cobre), Miguela (oro, cobre). Un
estudio realizado por el Museo de Historia natural Noel Kempff Mercado concluyó el
158
año 2009 que aparte de Puquio Norte y Don Mario no se han encontrado hasta ahora
otros prospectos auríferos de un tamaño similar en el Precámbrico” (Tejada, 2012).
También se menciona la zona de Ascensión de Guarayos por sus depósitos de estaño
aluvial.
De acuerdo a Tejada (2012), en cinco provincias del departamento de Santa Cruz que
ocupan las regiones de Guarayos, Chiquitanía, Chaco y Pantanal (Velasco, G.Busch,
Chiquitos, Guarayos y Ñuflo Chavez), existían hasta el 2012, 171 concesiones en
10.230 cuadrículas y ocupando una superficie de 174.302 hectáreas.
Provincia Concesiones Cuadrículas Superficie (has.)
S.I. Velasco 24 388 9.700
G. Busch 102 3.940 98.500
Chiquitos 45 3.731 93.275
Ñuflo de Chavez 69 1.286 32.150
Guarayos 21 985 24.625
TOTAL 171 10.230 174.302
De acuerdo a Tejada, once empresas tiene cuadrículas que superan las 5.000 has,
sumando un total de 9.101 cuadrículas y 227.525 has., es decir el 65,18% de la
superficie concesionada por el gobierno en el departamento de Santa Cruz. En
contraposición, el Estado detenta sólo 4,69% del total.
Las nuevas disposiciones legales y derivadas de la Constitución Política, establece que
las concesiones migraran a “contratos”; como nuevo mecanismo de otorgación de
derechos, así como la declaración de reservas fiscales a todo el territorio nacional.
Las empresas que iniciaron este proceso de conversión a contratos de operación son
(Tejada,2012): GLOSOBYK S.A. (7.550 has. 7,30%), NARE S.R.L. (6.100 has. 13,97%)
y TAYOY LTDA.(4.425 has. 10,14%).
Entre las situaciones de riesgo ambiental de creciente magnitud provenientes de la
minería, para las tierras bajas de la Chiquitanía, Chaco y Pantanal están: el
megaproyecto minero-siderúrgico Mutún, Montecarlo, Kileno, Sidereste en las sierras
Chiquitanas del área protegida Tucabaca; EMKI en la zona de calizas de quebrada
Abaroa en llanura del Chaco (área protegida Kaa Iya); Concesiones de Votorantins y
Glosobik en la región chiquitana de Rincón del Tigre (área protegida San Matías-TCO
Ayorea Guaye); Mina Don Mario (ORVANA-Paititi) en la zona de influencia inmediata
del área protegida San Matías; San Ramón, Miguela, Puquio Norte, Santa Rosa de la
159
Mina, y alrededores, en la región de Guarayos, afectada por múltiples operaciones
auríferas. Otras operaciones que generan impactos mayormente localizados son la
cantera de caliza en Yacuces (proyecto Itacamba) en la transición Chaco-Chiquitanía, y
las exploraciones del Cerro Rojo (depósitos ferrosos) en el borde norte del área
protegida Otuquis.
Otra incursión minera en la región chiquitana, citada por Tejada el año 2012, es la
Golden Eagle International Inc. Bolivia, de capitales Coreanos, que actualmente realiza
actividades de exploración y explotación de estaño en el departamento de Santa Cruz,
entre los municipios de Urubichá y Ascensión de Guarayos, con 692 cuadrículas que
abarcan 17.300 hectáreas (Tejada 2012). Destacan además, Golden Hill SRL. y la
Laguna; cada una con una concesión pero con 4.431 Has.(14,63%) y 4.050 Has.(13,37%)
respectivamente.
La investigación Minería en las tierras bajas de Bolivia realizada por Alicia Tejada el
año 2012 reveló que las empresas transnacionales ORVANA (Canadá), VOTORANTIM
(Brasil) y GLOSOBYK (capital inglés) controlan la actividad minera en tierras bajas
abarcando cerca del 49%o de las concesiones mineras entregadas por el gobierno
sobre una extensión total de 496.478 hectáreas (A.Tejada, 2012-CEDIB). Las
superficies concedidas al Proyecto Don Mario (ORVANA-Minera Paitití S.A. - EMIPA),
y a las COMPAÑÍA IMPERIAL MINING y LAS TOJAS S.A. (juntas suman 36.600
hectáreas), totalizan 106.700 hectáreas, un 23,2% del total concesionado en el
departamento de Santa Cruz (460.528 has.).
Como se puede observar muchas de las operaciones mineras de mayor magnitud e
impacto suceden o se proyectan al interior de las áreas protegidas.
Con frecuencia se cita a la serranía de San Simón en el conjunto de zonas mineras de
las tierras bajas. Se encuentra íntegramente en el noreste del departamento del Beni
sobre la cuenca del rio Itenez y comprende al menos una gran operación de
explotación de oro, bajo figuras notablemente controversiales.
A fines de septiembre del 2014, se conocía que la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL) preparaba acciones de exploración de uranio en Bolivia (ABI, OXIGENO,
27 sept.2014). Voceros de la COMIBOL informaron que cuentan con fondos parciales
para la prospección de las reservas confirmadas de uranio en el cerro Manomó (San
Ignacio de Velasco, cerca de la frontera con Brasil), al noreste de Santa Cruz, pero
que se encuentran en búsqueda de mayores financiamientos (La Razón, 28 sept.2014).
Las prospecciones previstas, serían una continuidad de las realizadas en el proyecto
160
del Precámbrico. A estas operaciones mineras de exploración y explotación minera del
uranio, que ya comprenden graves riesgos ambientales, algo que al gobierno y a las
actuales autoridades del sector les trae sin cuidado, se suman las proyecciones de
instalación de una planta de energía nuclear con apoyo del gobierno de Rusia,
maximizando de esta manera el nivel de amenaza ambiental.
El Mutún
El Cerro Mutún es el más occidental de un grupo de enormes mesetas de tipo planalto,
que se elevan varios cientos de metros sobre la planicie y sistemas de humedales que
las rodean, las que se encuentran a una altitud menor a los 200 msnm. Las mesetas son
remanentes erosionados de una formación ferruginosa precámbrica. La falla principal
que se observa en la región es la “Falla Mutún”, determinante para la formación de
bloques del mineral hematita – jaspilita.
El Cerro Mutún es parte del complejo de serranías relacionadas al escudo precámbrico
y famoso por los yacimientos de hierro y manganeso que alberga. El área mineralizada
o mega-yacimiento Mutún se encuentra en un área de 65 kilómetros cuadrados, con
colinas cuya altitud varía entre 200 y 800 metros y es colindante con el macizo de
Urucum en territorio brasileño, donde existe una activa explotación de hierro hace
varios años. El Mutún tiene reservas estimadas de hierro son superiores a las 40.000
millones de toneladas, en las formas de hematita y magnetita principalmente. El
yacimiento del Mutún es la segunda reserva importante en Sudamérica y la séptima del
mundo.
El Yacimiento del Mutún fue descubierto en 1848 y en 1956 fue prospectado
geológicamente por COMIBOL Y GEOBOL. En los años 70, a partir de la empresa
Empresa Metalúrgica del Oriente, subsidiaria de COMIBOL, llegó a explotar 350.000
toneladas de concentrados que fueron industrializados en Argentina y Paraguay, sin
embargo el proceso se paralizó, por limitaciones en la tecnología, la provisión
energética y costos de transporte. Cuarenta años más tarde, el gobierno de Bolivia,
entregó la explotación del yacimiento férrico a la transnacional india JINDAL,
proceso que quedo trunco el año 2013. Entre el 2010 y 2012, las inversiones fueron
muy escasas y el único proceso desarrollado fue el procesamiento del material bruto y
no se llegó siquiera a la peletización.
Independientemente si hubiese sido la JINDAL, cualquier otra empresa, o el propio
Estado, la explotación del Mutún en la magnitud prevista, implica una acumulación de
diversos impactos ambientales, muchos de ellos a una escala ecoregional. El mayor
161
riesgo en la región de la Chiquitanía-Chaco-Pantanal, que alberga al Parque Nacional
Otuquis y el Sitio RAMSAR del Pantanal boliviano, se deriva sin duda del
megaproyecto minero y siderúrgico del Mutún, el cual ha adquirido un cariz de mucho
mayor riesgo el año 2014 (después de la salida de la JINDAL y la paralización eventual
del proceso de mineración), debido a la amenaza de uso de carbón vegetal para la
reducción del hierro, al no existir disponibilidad de gas natural, figura impulsada por la
Empresa Estatal del Mutún (ESM). A esta figura de alto riesgo ecológico por el uso de
carbón vegetal par la reducción del hierro, se sumaba hace unos años, el proyecto
Montecarlo, el cual pretendía ingresar a la serranía de Tucabaca.
Otras graves amenazas en la región por este megaproyecto, provienen del uso
expoliativo de grandes volúmenes de agua y del conjunto de mega infraestructuras
viales entre Mutún y Puerto Busch.
De acuerdo al proyecto y su Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, el
movimiento de tierras o restos de material de mina (ROM), representaría en total 25
millones de toneladas métricas (MTM) por año, con proyección de un incremento a 51
(MTM), lo cual significa la remoción de 83.000 Ton ROM/día (toneladas de material
por día). Comparativamente, la mega minera San Cristóbal, en Potosí, mueve cerca de
50.000 Ton ROM/día).
La falta de gas significó que la JINDAL no realice la siderurgia por reducción del
hierro con gas natural y solo procese material de hierro semi-triturado, El Estado
boliviano tenía que dotar gas al megaproyecto y existía el compromiso de subsidiar el
precio del gas a ser utilizado por la JINDAL. El megaproyecto preveía el consumo de
entre 4.5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural (MMmcd) el 2014 y 10
(MMmcd) el año 2017, tanto para la reducción de hierro, como para abastecer la
termoeléctrica de más de 500 megavatios (MW).
Otro conjunto de grandes impactos en curso y amenazas potenciales para la región se
deriva de la construcción de mega obras viales y otras infraestructuras asociadas
para favorecer la exportación del hierro y acero del Mutún.
En septiembre del 2014, el gobierno de China dio al gobierno boliviano la conformidad
para concretar créditos de un fondo de 10 mil millones de dólares, para proyectos de
infraestructura vial, férrea y de industrialización de hierro del Mutún. Voceros del
gobierno de Bolivia sostuvieron que se va a tomar la oferta de China y poder
aprovechar el máximo dichos instrumentos de financiamiento.
162
Cerro Rojo
La zona del Cerro Rojo forma parte de las formaciones de cerros y colinas con
material ferroso y hematítico del Mutún-Urucum. Existe un reporte de exploración,
del año 2011, realizado por la firma Ferrum Americas Mining Inc., en el cual se
menciona que en dicha zona existen tres concesiones y 21 reclamos mineros,
totalizando 53 cuadrículas en 1.325 has., mencionándose a la Empresa Minera Rolando,
La Sociedad Camila Mines S.A y la Empresa Minera Surumi S.R.L., en el cual se
verifica la superposición paracial de las concesiones con el área protegida Otuquis.
Otro informe exploratorio proviene del “Iron Ore Programme – Eastern Bolivia”,
realizado por la compañía Rio Tinto Mining and Exploration Limited, Sucursal
Argentina, realizada el año 1999. Reportes en la región relacionaron las concesiones
bajo exploración el año 2012 con la familia Llorenti. Una primera exploración ya se
había dado el año 2007, cuando se abrió el camino central de ingreso a la zona. Al
momento dicho proyecto minero está abandonado y se han suspendido las operaciones
de exploración.
Reserva Tucabaca
Otra zona de la Región Chiquitana, de enorme importancia ecológica y socioambiental
por las funciones ecosistémicas que brinda es la Reserva Departamental Valle de
Tucabaca en la zona de Santiago de Chiquitos, municipio de Roboré), la cual viene
enfrentando desde ya hace unos años, diversas amenazas de proyectos mineros de
explotación del hierro a gran escala.
Una de ellas, fue la empresa y proyecto KYLENO (Reporte Energía noviembre 2009),
que buscaba explotar hierro en la concesión minera La Esperanza. Las consultas
públicas para los planes iniciales de exploración de magnetometría y perforación no
pudieron ser realizadas debido al masivo rechazo social al proyecto de las
comunidades locales y el propio Municipio de Roboré. El proyecto fue paralizado y la
posición de rechazo por parte de las organizaciones sociales locales se mantiene.
Otra empresa, SIDERESTE, pretendió realizar la explotación de hierro a cielo
abierto, pretendiendo obviar el proceso de consulta pública. SIDERESTE buscaba
explotar las concesiones mineras ubicadas al pie de la serranía de Santiago (Proyecto
Naranjos: 94 cuadrículas, 2.350 has.), una de las zonas de mayor valor ecológico y
paisajístico del área protegida Tucabaca, afectando a las comunidades de San
Lorenzo, Candelaria y Naranjos. En octubre del 2010, SIDERESTE volvió a insistir en
su proyecto minero obviando nuevamente las limitaciones impuestas por el área
163
protegida y la fragilidad de la región. El rechazo social de la región nuevamente hizo
que este proyecto quede paralizado.
El año 2012, se denunció el avance de otro proyecto de exploración y explotación de
hierro, esta vez por el grupo empresarial MONTECARLO en el yacimiento “Claudia”.
Este proyecto proponía realizar los estudios necesarios, diseño de obras de ingeniería,
montaje de plantas de procesamiento, construir una infraestructura de transporte
terrestre, puerto de carguío y transporte fluvial. Dicho proyecto, pretendía
consolidar la producción de mineral de hierro, en volúmenes superiores al millón de
toneladas métricas (TM) mensuales, con una ley estándar de 63% a 65% de contenido
de hierro. Toda esta producción sería destinada a la exportación de por lo menos, un
millón de TM mensuales de mineral de hierro de 64% de Ley, y a la producción de
Arrabio en un volumen de unas 800.000 TM anuales. El proceso De MONTECARLO
acarreaba el riesgo ambiental de la reducción del hierro a partir del uso de carbón
vegetal y desestimaba el proceso de reducción del hierro a partir del gas por
considerarla como una tecnología no disponible.
En mayo del 2014, se denunciaba que el proyecto MONTECARLO implicaba la compra
ilegal de una concesión minera de 7.500 hectáreas, y tráfico de influencias por parte
del actual Vicepresidente del Estado boliviano. Los habitantes de Santiago de
Chiquitos y las comunidades de la región y reactivaron el voto resolutivo que aprobaron
en mayo de 2012 en un cabildo en el que resolvieron que no se permitirá la explotación
minera en la zona por Montecarlo o cualquier otra empresa, por considerar dicha
actividad atentatoria contra las reservas de agua que están en el valle de Tucabaca.
Rincón del Tigre y el área protegida San Matías
Evaluaciones realizadas por el SERNAP el año 2011 (SERNAP, 2011), dan cuenta de un
inventario general de 70 concesiones para toda la región del ANMI San Matías y sus
zonas de influencia. Al 2011 se conocía la existencia de 39 concesiones inactivas,
principalmente en la región sur y sureste del área; 22 concesiones activas de
exploración, que corresponden a AVENTURA-MINERVA, 3 a la empresa GLOSOBYK
(Salitral, Domingo, Nona) y las 19 concesiones (denominadas Tigre I-XIV) de la
empresa brasilera VOTORANTIM METAIS.
VOTORANTIM es una gigantesca transnacional con múltiples inversiones y negocios
en diversos ramos además de la minería. Tiene presencia en Bolivia a través de sus
concesiones en el Precámbrico (región Rincón del Tigre), entre los municipios El
Carmen Rivero Torres, de la provincia Germán Busch, y San Matías, de la provincia
164
Ángel Sandoval, al interior del área protegida ANMI San Matías y en superposición al
territorio indígena Ayoreo Guayé. Las concesiones de esta empresa suman 19, que
abarcan 2.834 cuadrículas y un total de 70.850 has., con el objetivos de explotar
probables reservas de platino y níquel.
La empresa minera GLOSOBYK S.A., es una transnacional de capitales ingleses,
brasileños y bolivianos; comenzó trabajos de exploración y prospección minera
dirigidos a yacimientos de platino y níquel en Santa Cruz, antes del ingreso de
VOTORANTIM. En dicho inicio, fracasó un intento de sociedad entre ambas
empresas, y VOTORANTIM terminó acaparando la mayor parte de la región con sus
concesiones cercando y desplazando a la GLOSOBYK (Tejada. 2012), la cual detenta
95 cuadrículas en 2375 hectáreas, el 5% del total de la región. Hasta hace unos años
continuaba con sus tramitaciones para conseguir más superficies de concesión para la
exploración de níquel.
En 1990 la transnacional inglesa minera RÍO TINTO, realizó exploraciones mineras en
la región chiquitana de Rincón del Tigre. El año 2001, la transnacional SOLITARIO
RESOURCES Corp, con sede en Denver, realizó perforaciones en ocho pozos del
complejo ultramáfico (Rocas ígneas con bajo más de un 90% de minerales básicos y
muy bajo contenido de sílice, típicas del manto terrestre) de metales del grupo platino
de Rincón del Tigre; la perforación se concentró en la zona Palmarito.
El otorgamiento de las concesiones a las empresas VOTORANTIM y GLOSOBIK, fue
realizado hacia fines del año 2006, sin que exista un proceso de consulta con las
organizaciones y comunidades indígenas en la región para dicho otorgamiento,
contradiciendo las disposiciones ambientales y el Convenio 169. Años después de
acuerdo a información del área protegida San Matías, la empresa VOTORANTIM
habría realizado una consulta entre las comunidades de la zona con alto nivel de
ofrecimiento de supuestos beneficios derivados de la minería, éstas aceptaron la
presencia de la minera frente a las expectativas generadas. Desde el año 2006
VOTORANTIM detenta 19 concesiones en las cuales mantiene las expectativas de
exploración y explotación de los yacimientos de níquel y platinoides del Rincón del
Tigre, en tanto que GLOSOBYK proyecta desde el 2006, la perforación de 350 pozos
en busca de depósitos de níquel y platino en las concesiones otorgadas. Se sabe que el
año 2009, VOTORANTINS comenzó a efectuar trabajos de prospección general de la
concesión otorgada.
165
En julio del año 2010 representantes de la Federación de Trabajadores Campesinos e
Indígenas de la Chiquitanía, amenazaban con un bloqueo de la carretera Pailón- Puerto
Suárez, por la entrega irregular de 19 concesiones a la empresa siderúrgica brasileña
“VOTORANTIM METAIS” en una superficie de más de 50.000 has., para fines de
explotación de níquel, denunciando además que el Viceministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad y Cambios Climáticos, había aprobado cuatro fichas ambientales a la
transnacional brasileña.
En la actualidad sigue siendo llamativo el caso de otorgamiento de concesiones a la
empresa brasilera VOTORANTIM METAIS al interior de un área protegida, las cuales
se superponen además a tierras tradicionales indígenas Ayoreodes (TCO Guayé)
aumentando el costo socioambiental, además de estar en el rango de prohibición de
ocupación de empresas extranjeras por proximidad a la frontera según la Constitución
Política del Estado. En todos estos años, no se conoce ninguna documentación de la
posición oficial por parte del SERNAP o del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en
relación al otorgamiento de las concesiones mineras al interior del área protegida. El
año 2011, el SERNAP encargó la realización de un diagnóstico y la elaboración de un
Plan de Acción de seguimiento de las operaciones mineras en el ANMI San Matías, en
la que se verificó el estado de la documentación para la obtención de Licencia
Ambiental de actividades en minería, hidrocarburos, infraestructura y caminos dentro
del AP (Villegas, K. 2011).
En cuanto la explotación de piedras semi-preciosas al interior del área protegida San
Matías, las evaluaciones realizadas por el SERNAP realizadas el año 2011,
comprobaron la existencia de 9 concesiones activas en explotación en el sureste del
área protegida: Anahí I y II, Anay, Yurutí, Penúltima, La Rica, Lajita, Ayoreita, La
Pampa.
De acuerdo al reporte del SERNAP, la explotación de piedras preciosas, es
mayormente localizada y en veta, la proliferación de operaciones, incluyendo la red de
caminos y sendas, representa un importante impacto acumulativo sobre suelos y
vegetación. A esto se suman los impactos de contaminación por la disposición
desordenada de materiales estériles y colas, en torno a las zonas de operación, así
como la acumulación de restos de reactivos, aceites, chatarras, y residuos sólidos. Se
ha reportado también, (caso Concesión La Pampa) la caza de especies silvestres
amenazadas por parte de trabajadores de la empresa. El ruido de las operaciones, y la
presencia de personal y vehículos, es un elemento de perturbación y ahuyentamiento
de la fauna. Otro riesgo para la vida silvestre, es la presencia de pozas abiertas de
166
depósitos de aguas de perforación, las cuales tienen materiales contaminantes, y
donde algunas especies de fauna pueden abrevar o incluso caer.
La mina Don Mario
La mina Don Mario tiene estrecha relación con una de las transnacionales con mayor
presencia en las tierras bajas de Bolivia, la canadiense ORVANA Minerals Corp.,
vinculada históricamente a COMSUR y la Gemini Ernest & Young, de Toronto.
COMSUR hasta el año 2003, explotaba el complejo aurífero Puquio Norte cerca de
San Ramón. De acuerdo a Tejada (2012) la vinculación COMSUR-ORVANA (además del
Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional IFC, entidad
prestataria de empresas privadas) permitió la explotación del área denominada LMZ
(Zona Mineralizada Inferior) del reservorio de la Mina “Don Mario”, la cual fue
además favorecida por la criticada conexión de un ramal del gasoducto a Cuiabá
(Brasil). Cabe recordar que la construcción del ducto privado no estaba establecida en
el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del gasoducto a Cuiabá, como
tampoco la válvula lateral que permite la conexión a la mina, sin embargo obtuvo
licencia ambiental el año 1999. La mina Don Mario se llama así por la unión de los
nombres de Don French y Mario Mercado, iniciadores del proyecto.
En septiembre del año 2005, ORVANA y COMSUR constituyeron la empresa filial
PAITITÍ S.A., asumiendo el manejo total del Proyecto Minero Don Mario a partir de
esta figura empresarial operadora.
El año 2011, la empresa ORVANA, iniciaba la explotación a cielo abierto de la
estructura mineralizada superior (UMZ) de la mina Don Mario, así como la instalación
de la planta de flotación en base a cianuro, incrementado los impactos y riesgos
ambientales. Las reservas minerales de oro alcanzan cientos de miles de toneladas,
tanto en la superficie, como en niveles inferiores, además de reservas de plata y
cobre (8 millones de onzas de plata y 200 millones de libras de cobre). ORVANA
realizó un estudio de factibilidad preliminar sobre reservas de cobre en la mina Don
Mario, proyectando producir 875 mil toneladas por año. El proyecto se está previsto
para la estructura UMZ. Sin embargo, la concreción de este proyecto dependerá de un
permiso del Ministerio de Minería para producir acido sulfúrico, necesario para el
procesamiento de cobre (http://reporteenergia.com. 3 noviembre 2010).
167
Proyecto EMCKI - Parque Nacional KaaIya
El área se encuentra en el municipio de San José de Chiquitos e inmediaciones de la
TCO Santa Teresita. El año 2010, se abre la expectativa en torno a un proyecto de
mediana a gran magnitud, para la explotación de calizas a cielo abierto, al interior del
Parque Nacional Kaa Iya (sudeste y zona este de su área de influencia directa,
Quebrada Abaroa), inicialmente perfilado por intereses y capitales cruceños en la
región ligados a la producción de cemento y que posteriormente derivó a una figura de
“empresa social” con la incorporación de grupos de indígenas ayoreos y guaranies,
claramente cooptados y soliviantados por los intereses empresariales foráneos al área
protegida. Desde un inicio este proyecto tuvo un abierto y fuerte rechazo por el área
protegida y las organizaciones ambientales y las organizaciones indígenas legítimas de
la región, debido a su carácter expoliativo y devastador de los ecosistemas únicos al
interior de una de las áreas protegidas de mayor relevancia del Sistema Nacional.
El año 2011, se anunciaba la conformación de la empresa minera comunitaria Kaa Iya, la
cual contaba con apoyo del asambleista indígena Bienvenido Zacu, y bajo el argumento
de escasez de cemento en el país (Erbol, 23 febrero 2011). En mayo del 2011 los
representantes privados e indígenas de dicha empresa se reunieron con el Presidente
de Bolivia Evo Morales quien manifestó interés y complacencia por la iniciativa.
El año 2013, el empresario cruceño Rosendo Barbery Paz (principal accionista con el
34,4% de las acciones), hizo oficial el nacimiento de la empresa comunitaria Kaa-Iya y
el megaproyecto de calizas, previsto a arrancar el año 2015, para abastecer los
intereses de la industria de cemento de los empresarios que han impulsado el proyecto
minero, haciéndose referencia la necesidad de contar con provisión de gas natural (en
un inicio 11 millones de metros cúbicos/día) para dicho proceso industrial. El
empresario cruceño hacía referencia que la industria ya contaba con licencia ambiental
(vía documentación “certificada” por el Alcalde de Charagua), estudios de exploración
y factibilidad, registro en Fundempresa, un directorio con ocho representantes
legales, contratos con una empresa para provisión de equipos e incluso, el ”visto bueno”
del Presidente Evo Morales.
De acuerdo al reporte de Sergeotecmin (2012), existen 5 concesiones mineras en un
total de 962 cuadrículas asignadas (24.050 hectáreas), de las cuales 3, con 845
cuadrículas asignadas (21.125 hectáreas), se encuentran dentro del Kaa Iya. El
conjunto de cuadrículas al interior del área protegida es la siguiente: Empresa Minera
168
Caliza Santa Cruz S.A., con 794 cuadrículas asignadas en 19.850 hectáreas; Granada
con 14 cuadrículas en 350 hectáreas, Santiago con 37 cuadrículas en 925 hectáreas.
Las 2 concesiones en el área de influencia directa son, El Trebol con 40 cuadrículas
1.000 hectáreas y Por Fe con 77 cuadrículas en 1.925 hectáreas. Las 3 concesiones
mineras al interior del área protegida tienen antigüedad mayor a 4 años y las 2
concesiones del área de influencia directa datan desde el año 2011. Todas fueron
adjudicadas después de la creación del área protegida y sin proceso de consulta.
Los minerales de los yacimientos de dichas concesiones corresponden a caliza o
carbonato de calcio y horizontes de calizas puras, calizas dolomitas, arcillas puzolanas
y areniscas calcáreas, eventualmente calizas cristalizadas. El proyecto minero está
ligado a los intereses de establecer una industria de cemento en San José de
Chiquitos por actores privados regionales.
El proyecto minero se deriva a partir de la concesión Empresa Minera Caliza Santa
Cruz S.A., que tiene 794 cuadrículas en 19.850 hectáreas, concesión que data del año
2006, once años después de la creación del área protegida. El proyecto fue impulsado
por los capitales regionales, utilizando a grupos comunitarios indígenas, mayormente
ayoreos, para dar lugar a una figura de “Empresa Minera Comunitaria” Kaa Iya S.A.
(EMCKI S.A.), donde los actores privados tienen un 51% de acciones y la parte
indígena (Alto y Bajo Izozog – Guaraníes, la CCICH Turubó – Chiquitanos y la TCO
Santa Teresita – ayoreos) un 49%.
La EMCKI ha elaborado y presentado el 2011 a la autoridad competente, el Proyecto
Exploración Caliza Santa Cruz – Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico
Específico que corresponde a la categoría II según RPCA y en años siguientes se
encontraba gestionando su aprobación para consecuente emisión de la Declaratoria de
Impacto Ambiental (DIA) o Licencia Ambiental por la Autoridad Nacional Competente.
Nótese que de acuerdo a las normas ambientales vigentes, cualquier actividad, obra o
proyecto mayor, dentro de áreas protegidas, debe tener categoría I.
El proyecto minero a cielo abierto demandaría una inversión de 160 millones de dólares
americanos, en tanto que en la exploración se tenía prevista una inversión de un millón
de dólares. Según informe del directorio de dicha empresa, las reservas de caliza
soportarían una explotación superior a 100 años.
La exploración realizada implicó la implementación de campamentos temporales,
apertura de brechas y sendas para ingreso de camiones y maquinaria de perforación
de pozos, levantamiento topográfico, geofísica, excavación de 18 pozos y 6 adicionales
169
posibles y estudio de biodiversidad. El proceso generó un fuerte impacto ambiental a
los ecosistemas frágiles y particular de la zona de Quebrada Abaroa.
Una evaluación de consultoría realizada el año 2013, advertía que la implementación
del proyecto y sus sucesivas fases, muestran fuertes contradicciones con las normas
ambientales, incluyendo el Reglamento General de Áreas Protegidas, quedando incluso
en la ilegalidad, la dotación de las concesiones mineras varios años después de la
declaración legal del área protegida.
Características del impacto y amenaza por minería
La prensa nacional reportaba en octubre del 2013, los impactos ocasionados por la
exploración minera del proyecto EMCKI al interior del área protegida Kaa Iya, los
cuales fueron denunciados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
Entre las distintas actividades de desarrollo, las operaciones mineras en sus diversas
sus modalidades son consideradas como las que ocasiona mayores impactos
socioambientales. La magnitud de los impactos y amenazas se incrementa
notablemente en función al tamaño y número de las inversiones, y la modalidad de
170
explotación. Algunos de los rasgos más relevantes de las operaciones y proyecciones
de la minería en la gran ecoregión Guarayos-Chiquitanía-Chaco-Pantanal son:
Las modalidades en socavón son en general, menos impactantes, pero dependen de
la dimensión de remoción de tierras y los tipos de procesamiento y separación, que
normalmente requieren grandes volúmenes de sustancias reactivas (ácidos,
xantatos, cianuros, mercurio, etc.), todas con alto poder contaminante. Los
grandes proyectos mineros ya no consideran atractiva la modalidad de socavón,
debido a la menor tasa de rendimiento económico. Un caso concreto se dio en la
mina Don Mario donde ORVANA-PAITITI migraron de la explotación de socavón a
la de cielo abierto.
La modalidad de explotación minera (“open pit”) a cielo abierto ha reemplazado en
la última década a las explotaciones de tipo socavón en el mundo, en directa
correlación con la proliferación de grandes inversiones y megaproyectos. Es una
modalidad de carácter devastativo a gran escala, pues implica la destrucción total
de los suelos, vegetación, cuerpos de agua y acuíferos de las zonas bajo
explotación. Esta modalidad facilita la remoción de grandes volúmenes de tierras y
el procesamiento de minerales en similar magnitud. Los volúmenes de sustancias o
reactivos, por ejemplo el cianuro para el oro, son igualmente elevados.
La explotación del oro por pequeñas o medianas cooperativas y empresas, pueden
proliferar de forma concentrada en superficies relativamente reducidas,
ocasionando un efecto de cielo abierto en numeroso puntos. Los efectos son más
localizados en general y de menor superficie que las grandes operaciones, pero son
igualmente devastativas para los ecosistemas, adicionándose la intensa
contaminación por el uso de mercurio.
Los procesos siderúrgicos como el del hierro-acero, implican el descarte de
grandes volúmenes de residuos (por ejemplo manganeso y fósforo) ocasionando
impactos de contaminación a cursos de agua y suelos. También la electrólisis del
Cobre requiere grandes volúmenes de ácido sulfúrico, lo que implica serios riesgos
de contaminación en cuerpos de agua y aire.
En general, todas las operaciones mineras, pero en especial los megaproyectos,
tienen un consumo de enormes volúmenes de aguas, con serias deficiencias en su
reutilización. Esto es mucho más crítico para regiones de régimen climático
mayormente seco y con marcados déficits hídricos, como de la gran ecoregión de
Guarayos-Chiquitanía-Chaco-Pantanal. La situación se agrava por la reducción de la
disponibilidad hídrica, fenómeno relacionado con los efectos del cambio climático.
171
Las operaciones y en especial los megaproyectos afectan cursos de agua y zonas de
recarga de acuíferos esto particularmente críticos en las ecoregiones con mayor
déficit hídrico como en el Chaco. El caso más preocupante es el de la Quebrada
Abaroa en el sudeste del Kaa Iya, que es un curso estacional fuertemente
amenazado por la anunciada explotación de calizas a cielo abierto por la empresa
EMCKI.
Todas las operaciones mineras tienen efecto en los ecosistemas del sitio de
explotación y circundantes (es más crítico en megaproyectos). La construcción de
caminos, instalación de campamentos y habilitación de espacios anexos a las
operaciones, además del ruido, tránsito de vehículo y presencia de personas,
genera impactos de perturbación y contaminación sobre suelos y vegetación y
también de ahuyentamiento de la fauna silvestre o eventos de caza furtiva.
Muchas operaciones mineras tienen impactos o generan riesgos sobre formaciones
de vegetación y especies muy particulares, como es el caso de las zonas de suelos
de zonas calcáreas en el Kaa Iya, amenazados por la explotación de la caliza, o los
cerrados del planalto de Rincón del Tigre amenazados por las operaciones de
VOTORANTINS y otras empresas.
Todas las operaciones mineras y en especial los megaproyectos, tienen efectos
socioambientales críticos sobre los medios de vida de las poblaciones locales y
comunidades indígenas. Los recursos más perturbados suelen ser las fuentes de
agua y la fauna silvestre. Otros efectos críticos provienen del contacto con suelos
y aguas o aire contaminados.
Una forma de impacto socioambiental es la cooptación y prebendalismo de pueblos
y líderes indígenas o campesinos por parte de intereses empresariales mineros e
industriales. Las empresas mineras, como en diversos rubros del extractivismo,
aprovechan los vacíos de la cobertura social y económica (que es una obligación del
Estado en todos sus niveles), para brindar beneficios en temas de salud, educación,
empleo o desarrollo productivo, para lograr la aceptación del proceso minero, tal es
el caso de la mina Don Mario en la zona chiquitana. Algo similar, con ribetes de
mayor participación se dio en el caso de la empresa EMCKI que adquirió la
condición “comunitaria” como una forma de estrategia empresarial para ingresar al
Parque Nacional Kaa Iya.
En relación al punto anterior, las operaciones mineras generan múltiples conflictos,
en los cuales las poblaciones o comunidades locales rechazan y resisten dichas
actividades. Un último estudio sobre conflictos mineros realizado por la Fundación
UNIR, da cuenta de 13 puntos de conflicto en el departamento de Santa Cruz,
concentrados mayormente en las regiones de Guarayos y la Chiquitanía.
172
Una particularidad del sector minero en general (para todo el país) es el
hermetismo y ausencia de transparencia en el manejo de información, que debería
ser socializada y ponerse a disposición del público, tanto por parte de las empresas
como del Estado.
Es válido mencionar que existen operaciones mineras a baja escala, altamente
especializadas y mayormente artesanales, que se realizan en socavón y con
perturbaciones bajas en superficie, como es el caso de algunas explotaciones de
piedras semi-preciosas, como Anahí, al interior del área protegida San Matías. Se
puede decir que es la única forma de aprovechamiento minero que puede acercarse
a la compatibilidad en áreas protegidas de la categoría de Área de Manejo
Integrado.
Escenarios de impacto y amenaza en la gran ecoregión Guarayos-
Chiquitanía-Chaco-Pantanal
La explotación del oro se ha incrementado de manera extraordinaria en muchas
regiones de Bolivia y las tierras bajas no son la excepción. Una región donde se
concentran operaciones de explotación aurífera es Guarayos, especialmente en el
entorno de San Ramón, por ejemplo Santa Rosa de la Mina con antecedentes
históricos desde inicios del siglo pasado, o Puquio Norte que fue explotada durante
varios años por COMSUR.
Explotación de oro en la zona de San Ramón, Guarayos
173
Otra zona de explotación es la mina Don Mario (ORVANA-PAITITI) en la región
Chiquitana. En esta región existen reportes de explotación asociada al oro, de Coltan,
también a cielo abierto. Los escenarios futuros son de muy alto riesgo ambiental,
debido a la posibilidad de una proliferación de operaciones pequeñas y medianas
(mayormente para explotar oro, pero además coltan u otros minerales), en especial a
partir de cooperativas. Las políticas del gobierno y el tenor anti-ambiental de la nueva
Ley de Minería, tornan muy probable esta figura.
Como se vio en un punto anterior, la atención del sector minero está particularmente
centrada en el precámbrico y en especial en la región chiquitana. Uno de los puntos de
especial interés es el Cero Manomó (en realidad un conjunto de cerros de mediana
elevación cerca de la frontera con el Brasil), donde existen indicios de la presencia de
tierras raras (torio, itrio, cerio, lantanio), además de uranio. La eventual explotación
de tierras raras se daría sin duda a partir de modalidad a cielo abierto con los
consabidos impactos devastativos. La posible explotación de uranio es mucho más
crítica por los impactos inherentes de contaminación por residuos radiactivos. De
cualquier forma, la existencia de uranio en volúmenes que pudiesen justificar su
extracción es del todo hipotética.
Al respecto, en octubre del 2014, voceros de la COMIBOL informaron que cuentan con
fondos parciales para la prospección de las reservas confirmadas de uranio en el cerro
Manomó (San Ignacio de Velasco, cerca de la frontera con Brasil), al noreste de Santa
Cruz, pero que se encuentran en búsqueda de mayores financiamientos (La Razón, 28
sept.2014). Las prospecciones previstas, serían una continuidad de las realizadas en el
proyecto del Precámbrico. A estas operaciones mineras de exploración y explotación
minera del uranio, que ya comprenden graves riesgos ambientales, se suman las
proyecciones del gobierno de instalar una planta de energía nuclear, incrementando el
nivel de riesgo ambiental, aunque el hecho no pasaría de un anuncio poco
fundamentado.
174
Cerro Manomó. Chiquitanía cerca de la frontera de Brasil
Impactos y amenazas en el Mutún
Sobrevuelos y evaluaciones en terreno realizados entre los años 2012 y 2014
revelaron que las operaciones para la explotación minera a cielo abierto fueron
bastante localizadas, lo cual se relaciona con el rezago del avance e proyecto y el
conflicto entre el gobierno y la transnacional india JINDAL. El tardío arranque del
proceso y la escasa inversión realizada, significaron en términos reales, un reducido
avance. El rezago de las operaciones, significaron, a pesar del daño económico, un
respiro ecológico para la zona.
Explotación del Mutún por la JINDA L el año 2012
175
De cualquier forma, ya en la fase de exploración del yacimiento, el año 2008, se dieron
impactos en el cerro Mutún, relacionados con: a) la habilitación de camino principal de
acceso al yacimiento y de acceso a los sitios de perforación; b) la construcción de
campamentos y otras instalaciones; c) la habilitación de plataformas y planchadas de
perforación; d) la construcción de instalaciones auxiliares en la planchada y; e) la
perforación de pozos de exploración.
Evaluaciones del cerro Mutún, mostraron claramente en el sector de laderas y faldíos
pedemontanos del sur, varios puntos de deterioro de suelos y vegetación, producto de
las explotaciones anteriores de los años 80, así como apertura de caminos,
construcción de campamentos y un ingenio minero antiguo (La Chalera). Algunas de
estas áreas afectadas se encuentran cerca a las quebradas de los cursos fluviales.
Existe un camino que rodea la zona del pie de monte del Cerro Mutún, el cual conecta
las zonas de la comunidad San Juan en el sur y el puesto militar Mutún hacia el norte.
Las operaciones que realizó la JINDAL en los últimos años, muestran zonas localizadas
relativamente pequeñas de operaciones de extracción a cielo abierto, interconectadas
por caminos.
Las proyecciones de explotación del Mutún fueron desde un inicio bajo la modalidad de
cielo abierto, lo cual significa un proceso devastativo a gran escala, considerando la
magnitud del megaproyecto, similar al que actualmente ocurre en la zona vecina de
Urucum en el Brasil.
Los impactos del proceso de mineración y siderurgia implicarán la ocurrencia de la
presión perturbadora durante 24 horas continuas de explotación (dos turnos de
trabajo). Las operaciones a cielo abierto y a la escala prevista, significarán drásticos
efectos mecánicos sobre la fisonomía general del paisaje y la estructura de la
vegetación del Cerrado, las fases de regeneración natural existentes, así como de los
suelos, cuencas y cuerpos de agua, e incluso las zonas de recarga y capas freáticas. Se
debe considerar que los procesos de regeneración de vegetación y suelos en el
Cerrado pueden ser lentos. Todo esto implicará además, pérdidas generalizadas de
biodiversidad por destrucción de los hábitats y por ahuyentamiento de la fauna en
todas las zonas de explotación y laboreo, en las que habrá fuerte presencia humana.
Otro riesgo de las mega-operaciones mineras y siderúrgicas, se relaciona con la gran
acumulación de colas o material de descarte, aproximadamente un 20% de las 25
MTM/año, significan material de descarte con residuos de hierro, manganeso y
fósforo. Las colas serán depositadas, de acuerdo al resumen del proyecto y ficha de
176
explotación, en el dique y depósitos diversos (“naturales” y creados). A esto se suman
los riesgos de contaminación por lixiviación de las colas. También, la ampliación
constante de la red de caminos, en torno a la zona de explotación y hacia las zonas de
tratamiento, ocasionará procesos de alteración de laderas y cuencas. Un ejemplo del
destino del cerro Mutún, se puede observar actualmente en el cerro Urucum en el
Brasil, a pocos kilómetros de la línea de frontera. Fuertemente impactado por las
explotación a cielo abierto de hierro.
De acuerdo al proyecto inicial, las diversas fases de procesamiento e industrialización
del hierro, comprendían grandes infraestructuras siderúrgicas al pie del Cerro
Mutún. El proceso siderúrgico inicial implicará, la molienda del mineral y la denominada
peletización, vía depuración magnética, donde se producen materiales de descarte,
ricos en manganeso, fósforo y silicio, además de un elevado consumo de agua. La
producción de hierro esponja, vía reducción directa (DRI) con gas, implicará una fase
de fundición en alto horno y la generación de escorias y gases (metano y monóxido de
carbono). Los riesgos de contaminación son preocupantes, pues en las fases de la
metalurgia avanzada, el riesgo de accidentes de derrames de residuos hacia los cursos
de aguas es muy alto, en especial por sustancias altamente tóxicas, como fenoles,
óxidos y metales pesados. La producción de acero contemplará procesos de
purificación por eliminación de carbono residual y procesos de laminación. Un dato
alarmante, es que la Empresa Minera Urucum en el Brasil (que explota hierro en un
cerro similar al Mutún, ya secó y contaminó el Arroyo Urucum con desechos tóxicos.
Adicionalmente, el consumo de energía será muy alto.
En relación a la falla en el aprovisionamiento de gas natural, se incrementa el riesgo
ecológico de la opción del uso de carbón vegetal en el proceso de reducción del hierro.
Este riesgo pone en situación crítica a una gran parte de la gran ecoregión y en
especial las zonas circundantes al megaproyecto minero-siderúrgico, al convertirse en
las principales proveedoras de maderas duras, o para albergar plantaciones de
eucalipto y otras maderas de crecimiento rápido para elaborar carbón, vía remoción o
reemplazo de bosques naturales. El año 2012, ya se comentaba desde la ESM la
posibilidad de utilización de carbón vegetal “con tecnología limpia y programas de
reforestación”, previéndose además que el carbón “se compraría o importaría del
Brasil” (La Razón, 30 octubre 2012). Esto es un punto álgido y paradójico, puesto que
una parte del carbón que se comercializa en el Brasil proviene de regiones del Chaco
de Bolivia, con lo cual, al menos parcialmente, Bolivia estaría comprando su propio
carbón.
177
En abril del 2014, se conocía la posición de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM)
respecto al uso del carbón vegetal. El presidente de dicha empresa estatal declaró
textualmente los planes de utilización del carbón vegetal como alternativa al gas que
no será aprovisionado por YPFB, además de comprar y utilizar los hornos que dejó la
empresa brasilera EBX en la frontera con Brasil el año 2006, argumentando que el
proceso, “no tendrá impacto ambiental negativo” para la región”. La ESM había
comenzado el 2014, una agresiva campaña entre los comunarios de las zonas
colindantes con el Mutún, para interesarles a producir carbón vegetal para la planta; y
se mencionaba en los planes de la ESM, la definición de “zonas de reforestación y el
tipo de tecnología a ser aplicado para producir carbón vegetal” [Energy Press No. 683,
Febrero 2014]. Con esta situación, el nivel de riesgo ambiental en la región Chaco–
Pantanal por el megaproyecto Mutún, aumenta considerablemente.
Algo que llama profundamente la atención es que dicha opción del uso del carbón
vegetal, totalmente anti-ecológica, fue un argumento importante para que el año 2006,
el Gobierno del MAS anulara la licitación que se había adjudicado la empresa brasilera
EBX, la cual había instalado grandes hornos en la zona aledaña a Puerto Suárez. El
eventual uso de carbón vegetal en la región, no solo para la siderurgia del Mutún, sino
también para otros proyectos mineros de alto riesgo, como Montecarlo en Tucabaca,
ocasionarían la extensiva y masiva explotación de la madera de árboles para producir
carbón vegetal, o el reemplazo de bosques naturales por sembradíos de árboles que
provean carbón vegetal, aumentará enormemente la tasa de deforestación en las
zonas, produciendo un descalabro forestal en toda la gran ecoregión donde existen al
menos al menos cuatro importantes áreas protegidas y un sitio RAMSAR.
Otro aspecto crítico para la región circundante al megaproyecto Mutún, se deriva del
uso de grandes volúmenes de agua para las diversas operaciones mineras y
siderúrgicas (250.000 m3 cúbicos/día), a partir de fuentes subterráneas, arroyos, e
incluso, considerando a la Laguna Cáceres como fuente potencial. Tanto la Ficha
Ambiental, como el Estudio de Impacto Ambiental, tuvieron varias observaciones,
sobre vacíos y deficiencias relacionadas al tema del uso del agua, y no tenían
correlación con la magnitud de las demandas del proceso. La disponibilidad de agua en
la región, considerando los enormes volúmenes previstos por el megaproyecto, llega a
ser reducida, al estar, inmersa en la transición Chaco-Chiquitanía y Cerrado,
(ecológicamente clasificada como subhúmeda a seca: 1.000 a 700 mm/año), aun cuando
esta figura podría parecer contradictoria al estar la región relacionada con los
humedales del pantanal.
178
Algunas evaluaciones realizadas por el propio Ministerio de Minería y Metalurgia y la
empresa McKke-Wooster, verificaron, el año 2010, que en la Laguna Cáceres, Canal
Tamengo y en el Río San Juan y reservorios de aguas subterráneas, no existen
caudales suficientes para atender las demandas de agua durante la explotación e
industrialización de los minerales del Mutún. Esto se conoció después de haberse
aprobado la Licencia Ambiental del megaproyecto el año 2009. En abril del 2012, la
JINDAL antes de irse de Bolivia, estaba muy interesada en promover la limpieza de
los ríos y canales que alimentan a la Laguna Cáceres y “asegurar su recuperación de la
fase de desecamiento”, promoviendo un Proyecto de Ley, que autorice a dicha
empresa, la utilización de las aguas de dicha Laguna para la ejecución del
megaproyecto Mutún, lo que implicaba los grandes riesgos hidrológicos y ecológicos a
nivel ecoregional.
Otro conjunto de grandes impactos en curso y amenazas potenciales para la región se
deriva de la construcción de mega obras viales y otras infraestructuras asociadas
para favorecer la exportación del hierro y acero del Mutún.
La ampliación y elevación del terraplén del camino Mutún a Puerto Busch (tramo de
140 km.), en dos oportunidades entre 2010 y 2014, así como el asfaltado en curso, ha
ocasionado severas perturbaciones a la hidrología y los ecosistemas del pantanal por
alteración de los drenes naturales, especialmente en la zona del triángulo Foianini
(dentro del Parque Nacional Otuquis) aún más, considerando la ausencia de aplicación
de planes e instrumentos de control y prevención ambiental.
Al impacto del camino, se suma el riesgo de la inminente construcción de la Ferrovía a
Puerto Busch, cuyo trazo sigue parcialmente una ruta paralela al camino, para luego
desviarse hacia el noreste (hacia la frontera con el Brasil) en la zona del triángulo
Foianini. Esto, de cualquier manera representa la elevación de un nuevo terraplén y el
incremento de daños directos e indirectos a los ecosistemas aledaños a la ferrovía. Se
prevén entonces mayores perturbaciones a la dinámica hidrológica por sinergia con los
efectos del terraplén del camino. Una amenaza indirecta, supone la proliferación de
expectativas de demanda de tierras para ganadería y la reactivación de antiguas
haciendas ganaderas que fueron abandonadas varios años atrás.
También se debe considerar al momento como un factor de riesgo, la construcción de
la infraestructura portuaria (P. Busch), proyecto asociado al Ferrocarril Motacucito-
Puerto Busch, y que tiene larga data (desde los años 70), proceso que actualmente
también se encuentra en fase de planificación. Ello implicaría la construcción de
179
grandes infraestructuras para el embarque y carguío de barcazas. Los efectos
directos sobre los ecosistemas implican la magnificación de los impactos ecológicos e
hidrológicos en la cuenca del río Paraguay. Los efectos indirectos podrían implicar una
importante migración poblacional e intensa ocupación del suelo en torno al complejo
portuario, adicionándose el elevado riesgo de desastres por las fuertes inundaciones
que se dan en algunos años.
El Informe final de evaluación de los expertos Edson Ramírez y Freddy Rodríguez,
realizado el año 2005, sobre la viabilidad técnico ambiental del proyecto Ferrocarril
Motacusito – Puerto Busch y Terminal Portuaria Busch (proyecto presentado por la
Sociedad Ferroportuaria Boliviana), llegó a las siguientes conclusiones: La evaluación
muestra que el grado de inundabilidad de la zona puede comprometer seriamente la
operabilidad de la ferrovía, especialmente si lo evaluado, se trata de un Proyecto a
nivel de Diseño Final. La situación se torna crítica, por la presencia casi permanente de
espejos de agua, en una gran parte de la zona del Proyecto. El grado de inundabilidad
pone en riesgo la factibilidad de la ferrovía, ya que ésta quedaría bajo agua en
reiterados eventos, y su operación no podría ser continua, al margen de los daños que
causarían repetidas inundaciones. El proyecto tendría un alto costo para la región y
para el país, ya que no cumple con los criterios de un proyecto sostenible en el tiempo.
Dicho informe alertaba que ambientalmente, al ser el pantanal más grande del mundo
una zona tan sensible, y considerando que Bolivia es signataria de la convención
RAMSAR, la implementación de este proyecto bajo la actual concepción, podría
provocar un desequilibrio ecológico significativo, sobre todo en la medida en que se ha
constatado, que no se han identificado, ni evaluado adecuadamente los impactos
ambientales más relevantes. En lo referente a la ubicación del puerto, se ha podido
evidenciar la existencia de cicatrices dejadas por antiguos lechos del río Paraguay, las
cuales muestran claramente el efecto de erosión regresiva en la ubicación propuesta,
la misma que en algún momento afectaría seriamente a la Terminal Portuaria y las
inversiones que se puedan realizar.
Otra gran amenaza hidrológica que fue considerada el año 2009, aunque
afortunadamente desechada por el momento, fue la eventual construcción de un canal
fluvial Mutún–Puerto Busch, hasta el río Paraguay, para facilitar el transporte del
hierro y acero producido en el Mutún, situación que en definitiva, tendría efectos
devastadores en el equilibrio ecológico e hidrológico de toda la región.
180
Principales impactos y amenazas socio ambientales derivadas del megaproyecto minero. Fuente: LIDEMA, 2010. Tipo de obra-megaobra Impacto inmediato Futuro inducido
Planta termoeléctrica del Mutún. A
cargo de la JINDAL y prevista en total,
para una generación de 400 MW de
potencia.
Ocupación localizada de espacios,
generación de emisiones y ruido.
Construcción de líneas de transmisión
asociadas.
Eventual ampliación en función a
mayores necesidades energéticas.
Ductos de provisión de gas natural, al
complejo siderúrgico y planta
termoeléctrica.
Afectación de vegetación y suelos a lo largo
del tendido.
Alteración del paisaje regional.
Modificación en el movimiento de la fauna.
Riesgo de fugas e incendios en los
ecosistemas vulnerables a quemas
(ejemplo, bosque tipo Abayoy).
Campamento de grandes dimensiones
en la zona del Mutún. Prevista original-
mente para albergar a más de 1.000
trabajadores.
Modificación de la vegetación y uso del
suelo, así como del paisaje local. Alta
demanda de servicios de agua y energía.
Importantes volúmenes de emisiones
domésticas y de residuos sólidos.
Cambios en las costumbres de la gente
de las comunidades y trastornos
sociales, como aumento del consumo de
alcohol y aumento de precios de
diversos artículos. Riesgo de actividades
furtivas como la caza. Aumento de los
niveles de contaminación por emisiones
y residuos.
Mejora del camino a Puerto Busch y
elevación del terraplén vial. Bajo
financia-miento de la JINDAL con cargo
a futuros impuestos o ganancias que
perciba el Estado.
Elevación de la actual plataforma (5-6
metros por encima de la llanura).
Excavaciones para materiales de préstamo.
Impedimento de los flujos hídricos en la
zona. Alteración del paisaje regional.
Trastornos en la dinámica hidrológica
por efecto de endicamiento. Aumento de
la intensidad de flujo migracional,
ocupación de tierras y extracción de
recursos.
Ferrovía a Puerto Busch y elevación o
construcción de un terraplén.
La plataforma correría paralela al
sentido de la carretera Mutún – Puerto
Busch.
Construcción de una nueva plataforma o
eventual ampliación de la plataforma
caminera. Mayor alteración del paisaje local.
Incremento del efecto de endicamiento que
tendrá el camino, entorpeciendo el flujo de
aguas.
Incremento del efecto sobre la dinámica
hidrológica regional que ya tiene la
plataforma del camino.
Canal fluvial a Puerto Busch.
Posiblemente basado en la propuesta
de Bazoberry del 2005. No se conocen
detalles sobre el proyecto de diseño, el
estudio de factibilidad, Ficha Ambiental,
EEIA, etc.
Intenso movimiento de tierras, producto de la
excavación del canal. Captaciones fluviales
para su llenado. Alteración del paisaje y de
la dinámica de escurrimiento y transporte de
agua fluvial en la zona.
Proliferación de vegetación acuática que
puede dificultar el flujo de
embarcaciones. Trastornos hidrológicos
en toda la región, aumento de las
inundaciones. Incremento de emisión de
gases de efecto invernadero (GEI).
Infraestructura portuaria (P. Busch),
proyecto asociado al Ferrocarril
Motacucito-Puerto Busch, estudio
realizado inicialmente por la Fuerza
Naval y una empresa inglesa.
Alteración localizada de los ecosistemas
ribereños y estuarinos sobre el Río
Paraguay. Construcción de grandes
infraestructuras para el embarque y carguío
de barcazas.
Migración e intensa ocupación del suelo
en torno al complejo portuario.
Aumento de la presión sobre los
recursos naturales locales.
Líneas de transmisión y torres de alta
tensión hacia Puerto Busch. No se tiene
El funcionamiento de la infraestructura
portuaria en Puerto Busch, necesariamente
Rutas de vuelo de grandes poblaciones
de aves (cigüeñas, garzas y rapaces),
181
información sobre el proyecto y costos. deberá contar con energía. Alteración
paisaje y aumento de la mortalidad de aves.
se verán amenazadas ocasionando alta
mortalidad.
Cerro Rojo exploraciones y posible explotación
Las colina ferro-hematiticas donde se encuentra el denominado Cerro Rojo, son parte
de la formación geológica del Mutún y están en superposición al área protegida
Otuquis en su límite norte. La posible existencia de reservas de hierro ha hecho que
en las zonas se establezcan varias concesiones mineras, en una de las cuales se
realizaron exploraciones el año 2012. Una primera afectación se derivó del camino de
ingreso a la concesión, que ocasionó impactos evidentes a cuencas, vegetación y suelos,
el proceso careció de la aplicación de instrumentos de gestión y licenciamiento formal.
Dicho camino además, fue aprovechado durante varios años para los explotadores
ilegales de maderas.
Una inspección a la zona de exploración, verificó la existencia de varios caminos
laterales (más de 8), perpendiculares al camino central en ambos sentidos, cada
camino lateral ingresa unos 100 metros hasta la zona de perforación. Al momento de la
inspección, el taladro a cargo de cuatro operarios, se encontraba en pleno
funcionamiento. El agua es llevada en cisterna hasta la zona de perforación, desde
fuentes locales (arroyos, lagunas) y depositada en grandes tanques de goma. Las aguas
residuales de perforación corren por precarios canales en el camino hasta unas pozas
improvisadas, sin ningún recubrimiento. Un alto riesgo para la vida silvestre, es la
presencia de estas pozas abiertas de depósitos de aguas de perforación, las cuales
tienen materiales contaminantes, y donde algunas especies de fauna pueden abrevar o
incluso caer. Los impactos fueron considerables sobre suelos y vegetación y no se
observaron tareas de remediación o restauración en las zonas anteriormente abiertas.
Se desconoce si la operación contaba con Ficha y Licencia ambiental. Análisis de
imágenes satelitales del año 2013, mostraban importantes impactos sobre la
vegetación y suelos en las brechas, trincheras y pozos abiertos, mostrando la lentitud
de los proceso de regeneración.
De darse la explotación de los depósitos de hierro en el Cerro Rojo, será a cielo
abierto y con los impactos de devastación que se extenderían al interior del área
protegida Otuquis.
182
Amenazas sobre la Reserva Tucabaca
Si bien en años anteriores los megaproyectos mineros de KILENO, SIDERESTE y
MONTECARLO, fueron sistemáticamente rechazados por las organizaciones locales,
cívicas y municipio, los riesgos sobre esta área protegida de elevada fragilidad
ecológica son latentes, y posiblemente los escenarios futuros se tornarían más críticos
por la continuidad de las políticas pro-extractivas del gobierno y la nueva Ley Minera.
Existe el riesgo de que se abra un nuevo período de embates de dichas u otras
empresas sobre esta zona del gran complejo ecoregional, aprovechando dichas
ventajas. El riesgo de cooptación de comunidades y líderes, así como cambios en las
autoridades municipales, puede llevar a un indeseable proceso de debilitamiento del
movimiento socioambiental y conflictos internos que abran resquicios para el ingreso
de las empresas. Otro riesgo es la figura o modelo cooptativo de la EMCKI en el kaa
Iya, donde los intereses privados industriales se infiltraron utilizando grupos de
personas indígenas y presentar la iniciativa bajo la figura de empresa comunitaria.
Reserva de Tucabaca y cuencas proveedoras de agua
Cualquier explotación minera en la zona, incluso si son de tipo artesanal, tendrían
efectos negativos en cuencas, suelos y vegetación, dadas las condiciones de fragilidad
impuestas por la topografía. Si las explotaciones fueran mayores y a cielo abierto, los
183
impactos serían devastadores para la ecoregión y en especial en cuanto la
disponibilidad de agua.
Amenazas al área protegida San Matías - Rincón del Tigre
Si bien las operaciones de exploración de las empresas VOTORANTIM, GLOSOBYK,
AVENTURA-MINERVA, y otras, están paralizadas, la situación de riesgo latente es
similar que para el caso de la Reserva de Tucabaca. Los riegos de cooptación y
manipulación de las comunidades o líderes indígenas ayoreos por parte de las empresas
es potencialmente muy alta y es posible que no existan buenos recaudos
organizacionales, como para generar una resistencia al ingreso de los megaproyectos,
esto a pesar del rechazo de las organizaciones indígenas locales el 2010. Las políticas
gubernamentales y la nueva Ley de Minería, propiciarían el arranque de las operaciones
mineras, además, el precio de algunos metales preciosos buscados en la zona como es
el platino, también incentivan el proceso de explotación. En especial las operaciones de
la transnacional VOTORANTIM, por el tamaño de cuadrículas concesionadas, tendrían
un rasgo de megaproyecto, que sin duda, sería a cielo abierto con el consecuente
efecto devastativo, a esto se sumaría la construcción de caminos de ingreso y vías
secundarias de acceso a las zonas de explotación.
Plataforma ultramáfica de Rincón del Tigre al interior del AP San Matías
Al igual que en otros casos, los enormes impactos socioambientales se darían al
interior de un área protegida de especial relevancia biogeográfica en el conjunto
macro ecoregional mas singular de las tierras bajas de Bolivia. Por otra parte
184
afectaría formaciones de vegetación de tipo cerrado, únicas en el mundo. También el
tema de uso de grandes volúmenes de agua sería muy crítico para una zona con
marcadas limitaciones hídricas.
Bosque Chiquitano - Don Mario
El año 2003, las grandes operaciones mineras auríferas y de cobre en la zona de Don
Mario, estaban cuestionadas por los indígenas y comunitarios de la región chiquitana,
quienes alegaron que el medio ambiente está siendo afectado. Las organizaciones
indígenas y campesinas pedían entonces una compensación, ante lo cual voceros de la
empresa manifestaron que a lo sumo, se apoyará a cinco comunidades adyacentes con
proyectos en salud y educación. Las operaciones iniciales de tipo socavón, dieron lugar
desde el año 2011, bajo la canadiense ORVANA, a la figura de explotación a cielo
abierto de la estructura mineralizada superior oro-cobre de Don Mario (UMZ), así
como la instalación de la planta de flotación en base a cianuro, incrementado los
impactos y riesgos ambientales. Entre los planes para el proyecto está la construcción
de una planta de ácido sulfúrico con una capacidad de producción nominal de 150
toneladas por día, que proporcionará ácido de lixiviación en pilas para el procesamiento
del cobre vía lixiviación. La evacuación de residuos mineros en diques, contempla
importantes movimientos de tierras, además se incluye el mejoramiento de la
carretera de acceso desde la localidad de Taperas (corredor bioceánico) para el
transporte de materiales y productos de la mina (CEDLA, 4 noviembre 2010).
Según el FOBOMADE, la mina tiene un impacto directo e indirecto en 7.557 familias
indígenas chiquitanas que viven en las áreas del Bosque Seco Chiquitano y del Pantanal
boliviano. Las operaciones mineras se encuentran a escasos 7 kilómetros del límite
oeste del área protegida San Matías.
Desafortunadamente, de acuerdo con la legislación ambiental, el desarrollo del
proyecto UMZ sólo requería una actualización de su licencia ambiental y no el
desarrollo de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. Desde la Dirección de
Hidrocarburos y Minas del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, esta
iniciativa era aplaudida públicamente con mucho entusiasmo y no se conocía ninguna
opinión de la instancia ambiental departamental al respecto.
El proceso empleado para la obtención del oro es el lixiviado con cianuro, lo cual
implica un alto nivel de riesgo ambiental por la elevada toxicidad de este reactivo. La
cianuración para la concentración del mineral genera residuos con elevadas
185
concentraciones de cianuro. El funcionamiento del dique de colas es un riesgo
permanente para la región. Al igualo que en los otros casos, la utilización de grandes
volúmenes de agua (información que sigue siendo un interrogante) compromete la
disponibilidad hídrica en la región circundante.
Mina Don Mario (ORVANA-Paititi Fuente www.orvana.com)
186
Parque Nacional Kaa Iya, calizas - EMCKI
Una evaluación de consultoría realizada el año 2013, sobre la hábilmente camuflada
empresa comunitaria EMCKI, advertía que la operación de mineración de las calizas
afectaría irreversiblemente los ecosistemas de la zona. La minería a mediana o gran
escala resulta en modificaciones profundas del paisaje, que provocan no solo la perdida
de suelos fértiles, o peor aún si su recuperación es lenta (baja resilencia), como lo es
el Bosque del Chaco transición a la Chiquitanía, donde se encuentran ubicadas las
concesiones mineras de la zona de calizas. Se prevé la destrucción de la vegetación en
las áreas a ser afectadas, pero también la degradación de su belleza escénica,
disturbios para la fauna y pérdida de calidad y cantidad de las aguas superficiales y de
los cuerpos de agua subterránea afectados por los residuos sólidos. La región tiene
una escasa oferta de agua superficial, por ejemplo, la quebrada “Abaroa” tiene flujo
temporal de la cual dependen muchas especies de la zona, así como las actividades
ganaderas tradicionales, por tanto está en riesgo su principal función ecosistémica.
El are protegida Kaa Iya conserva los más importantes remanentes de ecosistemas del
Chaco a nivel continental, y precisamente la zona de quebrada Abaroa, alberga una
formación de vegetación y una flora muy especializada, propia de suelos calcáreos y
superficiales. Según Navarro,G., corresponde a la formación bastante rara, de
Bosques transicionales del Chaco a la Chiquitania sobre sustratos rocosos. Por la
naturaleza de los suelos, este ecosistema es de alta fragilidad, al igual que el sistema
hídrico estacional de la quebrada Abaroa.
La empresa EMCKI procedió el año 2013 a la realización de la exploración minera en la
zona de calizas, afectando el interior del área protegida. Los impactos de la
exploración minera consignados por el SERNAP en septiembre del 2013, implicaron una
brecha de 7 kilómetros de largo por 3 metros de ancho y perforación de numerosos
pozos. La empresa no realizó el cierre de las brechas ni pozos abiertos, además que
incumplió con todas las medidas de mitigación propuestas por el SERNAP, que abrió un
proceso administrativo por infracción al área protegida. Las pequeñas haciendas
ganaderas de la zona, también reportaron impactos en sus propiedades, denunciando la
operación, como un atentado contra el medioambiente que debía ser sancionado. Los
impactos fueron justificados por la empresa, en sentido de que estaban previstos en
el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (categoría 2) y que contaban con
Licencia respectiva, aprobada por el Ministerio del Medio Ambiente, pero bajo
oposición de la Dirección del Área Protegida. Según la Dirección del Parque Nacional,
187
la empresa no cuenta con el apoyo social en su integridad, ni de indígenas, ni de los
pequeños ganaderos.
La explotación de las calizas a cielo abierto demandaría una inversión de 160 millones
de dólares y cae en el rango de un megaproyecto. El proceso devastaría una de las
zonas de mayor particularidad ecológica del área protegida.
Amplificadores del impacto y riesgo de la minería
Existe un conjunto de elementos que son intensificadores o amplificadores natos de
las actividades mineras
Fomento de la minería
En los últimos años se ha generado una intensa campaña hacia el potencial mineralógico
de las tierras bajas u oriente de Bolivia, la atención se ha centrado de forma especial
por los yacimientos y reservas de diversos minerales que existen en el precámbrico de
la Chiquitanía y los depósitos de oro del la región de Guarayos. La oficinas públicas del
sector minero, tanto del nivel central, como de la gobernación desarrollan una
sistemática y constante promoción de la explotación de los recursos minerales de la
gran ecoregión, sin considerar salvaguardas o recaudos ambientales (por ejemplo,
promocionando las riquezas del precámbrico al interior de áreas protegidas) y sin que
exista una acción de respuesta, resguardo y alerta del sector ambiental del Estado.
Políticas de gobierno y desarrollismo
Tanto las políticas del gobierno central y de la gobernación, tiene orientadas sus
prioridades a promover e incentivar las líneas de desarrollo a partir de la
intensificación del extractivismo y el modelo primario exportador, y en este esquema,
la minería juega un rol preponderante. Paralelamente la nueva Ley de Minería aprobada
el año 2014, facilita el ingreso de operaciones mineras y en especial, la incontrolada
proliferación de cooperativas, incluso al interior de las áreas protegidas, lo cual
pondrá en serio riesgo el Precámbrico de Bolivia; el oro, platino y el coltan-tantalio
serán sin duda, los minerales más apetecidos en dichas zonas. La tendencia a la
flexibilización de las normas e instrumentos ambientales es muy clara en estos últimos
años.
188
Debilidad crónica de la gestión ambiental
Un elemento muy determinante para el avance desordenado e irrestricto de las
operaciones mineras en general, es la debilidad crónica e la gestión ambiental y de la
Autoridad Ambiental Competente Nacional (Viceministerio de Medio Ambiente y
Ministerio de Medio Ambiente y Aguas), así como la Autoridad Competente a nivel
departamental. La postración de la gestión ambiental puede ser atribuible a muchas
causas, una de ellas es la excesiva preeminencia de los sectores extractivistas como
minería o hidrocarburos, priorizadas por las políticas de gobierno y acordes con la
tendencia general a nivel mundial y del continente.
IIRSA-UNASUR -Corredores bioceánicos
Los corredores bioceánicos, propiciados por el Programa IIRSA (hoy UNASUR), como
es el caso del Corredor Santos-Corumba-Santa Cruz (Santa Cruz-Puerto Suárez) así
como las vías sucedáneas (por ejemplo, San José a San Ignacio de Velasco) expandidas
a partir de la ruta principal, constituyen un elemento que ha incentivado las
operaciones mineras. Existe una percepción sobre la posible correlación entre el
incremento de las proyecciones mineras en la región Chiquitana y el fracaso de
medidas de protección y mitigación ambiental y social en el corredor bioceánico Santa
Cruz-Puerto Suárez (IIRSA). Dos obras viales muy críticas son los tramos (caminero y
ferrovía) Mutun-Puerto Busch y aun más crítica la proyección de la vía trans-
pantanera al interior del áreas protegida San Matías. Como opina el activista Marc
Gavalda, “los pueblos indígenas de Bolivia sufren un acoso territorial promovido por el
mismo gobierno, que parapetado por la ideología del progreso, pretende implementar
infraestructuras para penetrar y consolidar un modelo extractivista para el país”.
Demandas de mercados mundiales
El incentivo más importante para la amplificación e intensificación de las operaciones
mineras en los últimos ocho años, ha sido el incremento de la demanda internacional de
minerales y la progresiva subida de los precios. La apertura de vías de importación por
países como China, Malasia, Korea del Sur, India, ha sido fuerte aliciente para
aumentar los ritmos extractivos. A esto se suma, la demanda de la tecnología digital
por minerales no tradicionales como las tierras raras y de metales preciosos
alternativos al oro, como es el caso del platino.
189
El precio del oro
El precio internacional del oro ha sido un elemento que ha incentivado fuertemente las
operaciones mineras a nivel mundial. El oro ha sido unos de los metales que ha
alcanzado en los últimos años, precios inusitadamente elevados, y con tendencia
mayoritaria creciente, es así que en octubre del 2010, el precio estaba en 1.342
dólares /o.troy, en abril del 2011 había alcanzado 1.480 dólares /o.troy, en septiembre
del 2011, batía el record de los últimos años con 1.923 dólares /o.troy,
posteriormente, bajaba a 1.700 dólares /o.troy en agosto del 2012 y la tendencia a la
baja se mantenía hasta marzo del 2013, cuando registraba 1.596 dólares /o.troy. Sin
embargo, en abril del 2013, el oro tenía una caída abrupta, cuando alcanza 1.321
dólares la onza troy, el precio internacional más bajo desde el año 2010, a fines del
2013 y a lo largo del 2014, el precio bajo cerca de los 1.220 dólares/o.troy,
ocasionando una reducción del ritmo de operaciones y de los impactos. De cualquier
forma, los precios bastante por encima de los 1.000 dólares/o.troy, continúan
significando un aliciente para que proliferen, en especial las pequeñas y medianas
operaciones y que mayormente corresponden a cooperativas. Otro metal precioso con
precios tan altos es el platino, acorde con el incremento de su demanda.
Imaginarios desarrollistas
Acorde con las políticas del gobierno, gobernaciones e incluso a nivel de municipios, se
ha generado en grandes y mayoritarios sectores de la sociedad boliviana, una
tendencia cada vez más marcada hacia un imaginario, o una quimera, de desarrollo que
debe avanzar sin limitaciones, ni recaudos ambientales o sociales. Una suerte de
obsesión en la implementación de procesos de desarrollo y crecimiento económico, a
como de lugar, tanto en las ciudades grandes, como intermedias e incluso en
poblaciones rurales menores. Esto hace que los aspectos ambientales y
socioambientales, sean dejados de lado y que las opciones económicas que ofrece la
minería, salvo excepciones, sean bien recibidas; la minería es vista entonces como una
suerte de paladín del desarrollo, al igual que los hidrocarburos o la soya.
Visión urbano céntrica y falta de sensibilidad
En aditamento a las perspectivas de desarrollo, mencionadas en el punto anterior, otro
elemento que contribuye a que la minería se expanda hacia las regiones naturales del
país, al interior de áreas protegidas y sobre tierras indígenas, es la indiferencia de los
enormes colectivos citadinos hacia las problemáticas ambientales, concentradas a la
190
cotidianidad del confort o la supervivencia. A esto se suma la debilidad de la gestión
ambiental y el marginamiento de los temas ambientales por las políticas de gobierno.
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SERNAP. 2011. Inspección a concesiones mineras del ANMI San Matías. Informe
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191
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Integrado San Matías, con lineamientos de control y protección. 2008-2017. FCBC,
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SERNAP. 2012. Plan de Manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Otuquis. 2013-2023. FCBC, SAVIA, WCS, HBN.
SERNAP. 2012. Plan de Manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Kaa Iya del Gran Chaco. 2013-2022. FCBC, SAVIA, WCS, HBN.
Tejada, A. 2012. Minería en las tierras bajas de Bolivia. CEDIB.
UNIR. 2014. La Veta del conflicto. Ocho miradas sobre conflictividad minera en
Bolivia (2010-2014). Fundación UNI . La Paz, Bolivia.
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Otras fuentes
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Energypress
Plataformaenergética CEDLA-OBIE
Petropress-CEDIB
La Razón (/prensa escrita y digital)
192
Bolivia bajo la maldición de la energía nuclear
Marco Octavio Ribera Arismendi Junio 2015
Una energía con un nacimiento perverso y para fines nefastos pues significó la
creación de productos letales como el plutonio, la aniquilación en masa y
“experimental” de ciudades japonesas al final de la segunda guerra mundial
(Hiroshima) y posteriormente la proliferación de los arsenales nucleares. Con justa
razón, Raúl Sohr, un analista y activista internacional del problema nuclear, la ha
denominado “la mal nacida industria nuclear”. Al momento a nivel mundial suman más de
400 centrales de energía nuclear, ni una sola de estas ha solucionado
satisfactoriamente el tema de los letales residuos y ninguna está por debajo del nivel
de riesgo de accidentes.
La idea del la aventura nuclear en Bolivia ronda desde el año 2006, cuando un
desafortunado artículo de Luis Vásquez Medina (2006), propone la demencial idea de
una central nuclear a orillas del Lago Titicaca, cerca de la ciudad de Puno en Perú, y de
la cual, propone que Bolivia debería tener una coparticipación. Pocos años después, el
IBTEN aprovecha una inusitada nota de prensa que sin ningún reparo argumenta a
favor de la energía nuclear. El IBTEN decide salir de su olvido y abandono, planteando
la explotación de uranio (en Potosí, Cerro Cotaje) y la posibilidad de construir una
planta de energía nuclear en Bolivia, así como otros usos. En dichos años se llegó a
conjeturar que hubo explotación de uranio en Potosí en la década de los sesenta y que
hubo comercialización de uranio procesado, algo que aparentemente no fue
investigado, de cualquier forma, la sociedad no fue informada al respecto. Durante
varios años se fustigó desde el Ministerio de Minería y Comibol, con dedicada
cobertura de los medios de prensa, sobre la supuesta la relevancia estratégica de la
exploración y posible explotación de uranio en Potosí y la Chiquitanía, y ni una palabra
sobre los conocidos impactos y riesgos ambientales del mineral radiactivo.
Meses después, como ocurre con otras ideas temerarias (Megarepresas, Fracking,
Dakar), la idea fue tomada al vuelo por el gobierno y salen las primeras declaraciones a
favor del Uranio y la energía nuclear, en paralelo con los coqueteos a la República de
Irán. A partir del 2010, la prensa dio cabida a las alusiones gubernamentales en favor
del tema, luego vino el desastre de Fukushima el 2011. Evo Morales al igual que algunos
dignatarios mundiales se asustaron momentáneamente, pero la temeridad fue más
fuerte y nuevamente se dio paso al tema nuclear con mayor entusiasmo que antes, por
193
ejemplo el año 2011, Chile firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación
nuclear, a pesar del antecedente de Fukushima, del terremoto y de ser un país con
fuerte sismicidad (BBC Mundo, 18 marzo 2011). Incluso el Japón, el 2015, dio luz
verde a la reactivación de centrales nucleares que habían sido paralizadas, en medio
de protestas masivas del averiado país.
De cualquier forma y como ya es ampliamente conocido, el hecho de que el actual
gobierno abra las puertas a la energía nuclear, es parte del doble discurso, la parodia
de supuestamente defender la Madre Tierra y el Vivir Bien, en un contexto de
desarrollismo a ultranza y a cualquier precio. Desde luego, significa tener el principio
precautorio en cero, y la casi inexistencia de una autoridad ambiental competente que
oriente responsablemente y solvencia a los niveles de decisión, así como una debilidad
crónica extrema de la gestión ambiental.
Es tan sorprendente el contrasentido de una propuesta como la nuclear en Bolivia, que
en diversos círculos de opinión se manejan supuestos para encontrar una explicación,
que van desde un pésimo nivel de asesoramiento, obsesiones por los megaproyectos y
hasta posibles delirios de poder y complejos de megalomanía. Lo que sí es evidente, es
el alto nivel de demagogia plasmados a modo de ofrecimientos preelectorales, como
ser el “centro energético de Sudamérica”. De pronto, la tecnocracia nucleoeléctrica
plantea con una facilidad asombrosa un Programa de Energía Nuclear en Bolivia, y
hasta absurdos como el de una “ciudadela nuclear”. Algo insólito fueron las
declaraciones del primer mandatario boliviano en sentido de que el desarrollo de la
energía nuclear: “el país que tiene el control energético es el país liberado, es el país
independiente. La mejor forma de liberarnos también es teniendo una energía
nuclear con fines pacíficos" (ABI, 2 octubre 2014).….¿liberarnos de que?....¿acaso
dependemos energéticamente de alguna potencia o de algún país vecino? …¿no somos
autónomos en términos energéticos y hasta nos damos el lujo de exportar gas a manos
llenas al riesgo de quedarnos sin reservas?...¿liberarnos de la pobreza?...¿acaso en
Brasil, México o Argentina se ha reducido la brecha entre ricos y pobres?...
Existe una falsa concepción en Bolivia de que la energía nuclear significa modernidad,
cuando en realidad es una forma de energía que a nivel mundial ingresa en el marco de
la obsolencia, por sus enormes costos y baja eficiencia comparativa, así como por su
elevado riesgo socioambiental.
La intención del gobierno boliviano (no del país como tal) de ingresar en la liga de los
países nucleoeléctricos ha significado impulsar y realizar acuerdos pro nucleares, con
194
países capitalistas, como Francia o imperialistas, como Rusia. También con la Argentina
con un régimen progresista caracterizada por temeridad y manejo muy desenfadado
de temas críticos, como el nuclear o el fracking.
El secretismo y superficialidad con el que se ha manejado el tema nuclear, ha dado pie
para que determinados expertos y analistas, sostengan que no se puede eximir la
posibilidad de que detrás del discurso pronuclear con fines pacíficos, se oculten
intereses bélicos y armamentistas en sectores del gobierno boliviano. Esto supondría
una ventaja del país sobre los vecinos, en especial con los que se tienen rencillas y una
potencial exacerbación del patrioterismo. Puede que sea un exceso de suceptibilidad.
Sin embargo, algunas situaciones llaman la atención, por ejemplo las alianzas
peligrosas, primero con Irán y posteriormente con Rusia, país con un larguísimo
prontuario de armamentismo nuclear. A este respecto, la pésima compañía de Rusia
está marcada por la desubicación y oportunismo de pretender apoyar a Bolivia con
misiles y en materia nuclear (La Razón, 15 abril 2010), además de apoyo en un supuesto
conflicto bélico de Bolivia y Perú con Chile (Garay, 2010; redesvisión, 20 marzo 2015).
La intromisión militarista de Rusia ha sido calificada como intolerable.
Algo más a recordar y ojala los asesores del gobierno lo mediten, la enorme
vulnerabilidad que adquieren los países con plantas nucleares, los cuales se vuelven
blancos específicos en caso de conflictos bélicos o ataques terroristas.
Hablar de energía nuclear es hablar de megaproyectos, pues los costos son
exorbitantes a lo largo de toda la cadena. En especial en Sudamérica, los países están
inmersos en la lógica de los megaproyectos energéticos y Bolivia no es la excepción,
por eso tiene agendados a la megarepresa de El Bala y la energía nuclear. En Brasil se
suscitó hace unos años el debate respecto a las megahidroeléctricas del río Madeira y
el megaproyecto nuclear Angra III, lo cual fue utilizado como una forma de chantaje
para impulsar las megarepresas del Madeira y Belo Monte. De cualquier forma la
disyuntiva podía resumirse de la siguiente manera: “…Usted prefiere morir, ..¿a
puñaladas o a martillazos?.....”
Desde el sector gubernamental y en especial respecto a las más altas autoridades del
gobierno, el tema nuclear ha sido manejado con una enorme temeridad, la cual es una
mezcla de audacia e ignorancia. A modo de ejemplo, el año 1987, en la ciudad brasileña
de Goiania, un par de jóvenes encontraron en un sitio de deposición de desechos, un
tubo de cristal con una sustancia azul muy llamativa que brillaba en la oscuridad, la
tomaron y con ayuda de otro vecino, rompieron el tubo y extrajeron el bonito polvo
195
azul, vertieron el contenido en frasquitos y los obsequiaron y hasta lo vendieron. A los
pocos días se produjeron las primeras muertes por disfunciones orgánicas severos, el
polvo azul era un desecho de una clínica radiológica, nada menos que Cesio 137, con
elevadísima toxicidad radiactiva. A las pocas semanas se denunciaron mas casos graves
y decesos, meses después aparecieron los primeros casos de cáncer, que fueron
aumentando en curso de un año. Los jóvenes brasileros ignoraban la letalidad del
contenido del tubo, y su audacia los empujó a extraerla sin consultar a nadie.
Las decisiones que vienen siendo tomadas por el gobierno en el tema de la energía
nuclear, la megarepresa de El Bala, el fracking, o las operaciones petroleras al interior
de áreas protegidas, han sido tomadas, sin que el desarrollo de un análisis serio,
profundo, abierto, inclusivo-participativo de la matriz energética del país, que
conduzca a un apolíticas públicas energéticas responsables y coherentes con los
postulados con la constitución y el discurso.
Todo el discurso sobre las bondades de la energía nuclear transita entre el
paralogismo (los ignorantes, principalmente políticos) y el sofismo (los perversos,
inversores., empresas y tecnócratas del sector).
Uno de los sofismos más evidentes de la tecnocracia pronuclear es usar la falacia de
que la energía nuclear es limpia, pues no genera gases de efecto invernadero y así
contribuye a reducir el calentamiento global. Si se consideran los residuos radiactivos,
desde la explotación minera del uranio, hasta los cementerios nucleares de
combustibles agotados así como los eventos-accidentes de contaminación en toda la
fase de generación de energía, es una forma de energía extraordinariamente sucia.
Otro discurso perverso sofista frecuentemente esgrimido en todo el mundo, desde
Francia hasta la Argentina, por la tecnocracia sofista, es que “la energía nuclear es
segura”, algo que obviamente ha caído en el descrédito, en especial después de
Fukushima, pero lo siguen pregonando, bajo la certidumbre de que siempre habrá
gente ingenua y desinformada. Incluso los altos directivos del IBTEN en nuestro país
muy sueltos de cuerpo, no han tenido reparo en manifestar dicha falacia (El Dia 11
marzo 2015).
Una rápida búsqueda de información muestra más de 70 accidentes nucleares en el
mundo, prácticamente en todos los países que generan energía nucleoeléctrica, estos
accidentes son los más conocidos y sin duda resaltan las catástrofes de Chernobyl y
Fukushima, pero se estima que existen muchos otros más que no han sido reportados y
hasta ocultados por las empresas y gobiernos. La siguiente lista incluye los reportes
196
con mayor información, mayoritariamente de plantas o centrales nucleares, pero
también existen accidentes por material médico radiológico, depósitos de chatarras,
mala disposición de residuos y hasta el accidente aéreo de Almería en España en 1966
relacionado a transporte de material bélico de la OTAN.
Canadá: Planta Chalk River, 1952
Canadá: Planta Chalk River, 1958
Estados Unidos: Planta Idaho Falls, 1961
Estados Unidos: Laboratorio Wood River Junction, 1964
Estados Unidos: Palisades, Michigan, 1973
Estados Unidos: Planta Brown Ferry, 1975
Estados Unidos: Planta Brownsville, 1975
Estados Unidos: Three miles Island, 1979
Estados Unidos: Central secreta cerca de Irwin-
Tennessee, 1979
Estados Unidos: Seneca Illinois, Planta LaSalle, 1996
Estados Unidos: Planta Millstone, 1999
Estados Unidos: Planta Hope Creek, 1999
Estados Unidos: Planta Crystal River, 1996
Estados Unidos: CON Edison, 2000
Estados Unidos: Planta Indian Point, 2000
Estados Unidos: Davis-Besse, 2002
Estados Unidos: Planta Donald C Cook, 2003
Estados Unidos:Tenesse, Planta Erwin, 2005
Estados Unidos: Planta Vermont Yankee, 2010
España, Almería-Palomares: Accidente militar aéreo,
bombas termonucleares, 1966
España: Central Juan Vigón, Madrid. Derrame aguas
radiactivas, 1970
España, Tarragona: Vandellós II, 1989
España, Zaragoza: Planta, mal funcionamiento de un
acelerador, 1989
España: Planta de Chatarra Acerinox, Cesio 137, 1998
España, Central nuclear Ascó, 2007
Inglaterra, Windscale: Planta Sellafield, 1957
Inglaterra: Planta Chapelcross, 1967
Inglaterra, Windscale: descarga de materiales letales en
playa Beach, 1983
Inglaterra, Windscale: Planta Sellafield, 2000
Inglaterra: Planta de reprocesado de combustible nuclear
Thorp, 2005
Inglaterra: Planta Dounreay, 2005
Scotland (Escocia): Hunterston, 2009
Scotland (Escocia): Hunterston, 2014
Scotland (Escocia): East Lothian, 2011
Argentina: Planta Embalse, 1983
Argentina: Planta RA-2, 1983
Alemania: Planta Hamm-Uentrop- reactor THTR-300,
1986
Alemania: Planta de Greifswald, 1989
Alemania, Hamburgo: Planta Krümmel, 2007 Ex–URSS: Central secreta de Chelliabnsk-40 (Mayak),
1957
Rusia, Mayak: Planta Kyshtym, 1957
Rusia, Siberia: Planta Tomsk-7, 1993
Rusia: Planta Balakovo, 2007
Ucrania: Planta de Chernovil, 1986
Eslovenia: Planta Krsko, 2008
Lituania: Planta Ignalina, cerrado 2009 por alta
inseguridad
Checoslovakia: Planta A1-Jaslovske Bohunice, 1977
República Checa: Planta Temelin, 2007 (Nº 167 desde el
2000)
Bulgaria: Planta Kozlodoy, 2012
Francia: Río Rhone, Reactores Cruas 3-4, 2003
Francia: Planta Tricastin, 2008
Francia, Romans-sur-Isère: Planta Areva, 2009
Francia: Marcoule-depósito de desechos nucleares, 2011
Francia: Almacén de desechos nucleares de Marcoule,
2011
Suiza: Reactor experimental subterráneo en Lucens, 1969
Suecia: Reactor Forsmark-1, 2006
China: Planta Zhejiang, 1998
Iran: Planta Racht, 1996
Corea del Sur: Planta Wolsung, 1999
Corea del Norte: Reactor Yongbyon. Alto riesgo de
explosión, 2014
India, Mayapuri: mercado de chatarras, fuga Cobalto 60,
2010
India; Nueva Delhi: Fuga de material radiactivo médico,
2015
Pakistan: Planta Khushab, 2008
Japón: Planta Tsurunga, 1981
Japón: Planta Monju, 1995
Japón: PlantaTokaimura, 1999
Japón: Planta Onagawa, 2002
Japón: Planta Mihama, 2004
Japón: Planta Nigata, 2007
Japón: Planta Kashiwazaki: 2007
Japón: Planta Fukushima, 11 marzo 2011
Brasil (Goiania): Residuos de medicina radiológica letales
de Cesio137, 1987
Brasil: Planta Angra do Reis I, 2013
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http://energia-nuclear.net/accidentes-nucleares
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197
http://www.medciencia.com/los-10-peores-desastres-nucleares-de-la-historia
http://www.quantum-rd.com/2011/04/los-peores-desastres-nucleares
desayunoconfotones.org/.../los-diez-lugares-mas-radiactivos-del-planeta
Los accidentes o incidentes (“eventualidades”) pueden ocurrir en cualquier momento,
ese es precisamente el concepto, ahora bien, que el teleférico tenga algunas fallas y
hasta accidentes, mal por la gente que queda varada o herida. También es una pena que
el horno de la fundición de Karachipampa haya explotado y quedado sin funcionamiento
varios meses. Pero, una accidente nuclear ingresa, en especial en las centrales de
energía, ingresan en otra dimensión de riesgo y es algo que mucha gente ignora y que
los tomadores de decisión en el país aun no perciben. Aparentemente esto va de la
mano con el abandono y marginalidad con la que se ha encarado la salud pública desde
siempre.
Al mismo tiempo de demostrar una elevada ignorancia e indiferencia en cuanto a los
terribles riesgos de la energía nuclear y la radiactividad asociada, se percibe una
astucia perversa (y desemboca desde luego en un argucia sofista) en cuanto a mezclar
en una misma bolsa bajo el rótulo simplista de “uso para fines pacíficos”, el uso de
material y tecnología nuclear para fines experimentales-académicos y medicinales,
con los de la generación de energía nuclear. Este camuflaje es intencionado y en esta
trampa ha caído incluso la Universidad Mayor de San Andres con la firma de un
convenio, muy criticado en general, impulsado por un grupo de físicos tan aburridos y
temerarios como los que se prestaron a la fabricación de armas nucleares desde los
años 40 del siglo pasado.
Otro elemento de perversidad característico de las tecnocracias pronucleares y de
los mismos gobiernos, es el “secretismo”, la falta de transparencia y ocultar la
información sobre planes o sobre incidentes o accidentes nucleares. Por ejemplo, el
uso de la mentira y falsa información ha sido muy común en el caso de la empresa de
energía TEPCO del Japón en relación al desastre de Fukushima. Esto ha ocurrido en la
Argentina con frecuencia en torno a las Atuchas o el proyecto del cementerio nuclear
de Gastre. También se ha dado en nuestro país con declaraciones del propio
Presidente boliviano, que podrían pasar al listado anecdótico sino fuera un tema tan
preocupante:…“algunos técnicos, como siempre, dicen …”es muy peligroso, no hay que
informar a la población, hay que trabajar calladamente, a veces puede reaccionar el
pueblo”….añadiendo que …”por tal motivo las reuniones bilaterales comenzaron bajo
condiciones “secretas y a puertas cerradas”… (El Nacional, Tarija 25 mayo 2014;
ERBOL, 31 octubre 2013). Sobran los comentarios.
198
El accionar del gobierno en torno al tema nuclear se asemeja en mucho a la frivolidad y
negligencia del personaje caricaturesco de la televisión, Homero Simpson, en el
manejo de la planta nuclear de Springfield.
Efectos y consecuencias de la radiactividad
La radiactividad emite radiación ionizante, esto significa la emisión de energía suficiente para
ionizar la materia, es decir, extraer electrones de átomos o moléculas, cambiando su estado y
su carga, lo cual implica modificaciones en las proteínas o en las moléculas del material
genético, que a su vez ocasionan disfunciones fisiológicas o mutaciones. El centro de la
industria nucleoeléctrica o energía nuclear es el uranio. El uranio natural está formado por tres
tipos de isótopos como el Uranio 238 (U-238), el uranio 235 U-235) y uranio-234 (U-234),
todos ellos emiten radiación por la inestabilidad de sus núcleos atómicos. El U-235 se utiliza
como combustible en centrales nucleares y en algunos diseños de armamento nuclear. Para
producir combustible, el uranio natural es separado en dos porciones. La porción combustible
tiene más U-235 que lo normal, denominándose uranio enriquecido. El uranio es el padre de una
de las cadenas naturales de materiales radiactivos, siendo uno de sus productos el radón 222,
el cual es cancerígeno.
La extracción de uranio implica una minería devastadora para los ecosistemas, puesto que se
encuentra en pequeñas concentraciones y para obtenerlo es necesaria una gran remoción de
tierras. El método de extracción muy destructivo, para obtener 1 Kg de mineral de uranio es
necesario remover 190 toneladas de roca, mientras que 1 tonelada de uranio, deja 250
toneladas de colas radiactivas. La explotación y procesamiento del uranio al implicar
megaproyectos mineros, utiliza inmensos volúmenes de agua, para peor, al ser devuelta
usualmente tiene elevados niveles de la peor contaminación posible, la radiactiva; al respecto
pueden revisarse documentos digitales sobre las minas de Malargue-Huemul y Sierra Pintada,
aquí muy cerca, en la Argentina (Benedetto, 2010; Buján, 2012).
Una de las formas más comunes de justificar la explotación y procesamiento del uranio, ha sido
invocar el uso con fines pacíficos (producción de energía, medicina, industria).
Independientemente de su uso, que bien puede ser para fines no bélicos, la producción y
procesamiento de uranio, siempre conlleva una enorme carga de impactos y riesgos ambientales
y sociales, que minimizan las buenas intenciones de su producción.
Al ser un mineral radiactivo su procesamiento, significa un riesgo mucho mayor que cualquier
otro mineral, puesto que se genera una elevada emisión de partículas de polvo radiactivo y gas
radón. Tanto la extracción, como la concentración, implican la emisión de residuos de alta
peligrosidad. Debido a la desintegración o decaimiento de materiales radiactivos como radio y
torio en los depósitos de desperdicio de las minas de uranio, se producen un incremento de
emisiones de gas radón al ambiente por miles de años, convirtiendo el área de 10 Km. a la
redonda de dichas parvas, en un lugar significativamente riesgoso para la salud y
potencialmente inhabitable.
Existen pruebas concluyentes de una correlación entre la exposición a radón y cáncer de
pulmón, estudios realizados en trabajadores de minas de uranio en Europa, demostraron en la
199
población minera de varios países una incidencia de cáncer de pulmón 50 veces superior a la de
la media de la población no expuesta. Debido a una ventilación insuficiente, la elevada
concentración de uranio (y como consecuencia de radio-226), produjo una elevada
concentración de radón que al ser inhalados generaban cáncer de pulmón. Aunque en un
principio se asoció el cáncer solamente a la inhalación de materia sólida o polvo, posteriormente
se constató la importancia del gas en la inducción de la enfermedad. El periodo de latencia de
la enfermedad se estableció en 20 años.
Los productos de descomposición del uranio pueden dañar las células considerablemente,
provocar cáncer y dañar la genética cuando los seres humanos entran en contacto con estos
elementos. Debido a la ingestión de uranio el cuerpo sufre consecuencias en la salud de los
órganos internos, como por ejemplo los riñones. También los pulmones son afectados por el
polvo radiactivo. Los elementos radiactivos que se siguen desintegrando dentro del cuerpo
humano aumentan los riesgos de enfermarse de cáncer, afirmó. Por otro lado, acotó que la
explotación de uranio puede tener influencia sobre la producción hormonal, produciendo el
cáncer de la piel, bronquitis, cáncer del pulmón, enfisema, leucemia, cáncer de riñón,
trastornos en los cromosomas. También hay mayor riesgo de leucemia en los hijos de mineros
de uranio
Tanto los minerales radiactivos como el uranio, la fisión nuclear para generar energía y los
desechos de la mineración, concentración o producción energética, emiten radiación ionizante
alfa, beta y gamma, además de otras partículas nucleares que son capaces de dañar
irreversiblemente al tejido humano y sus células. Una sola partícula radioactiva tiene la
posibilidad de causar cáncer 10 ó 20 años después de su ingreso al cuerpo humano o animal. Los
materiales radiactivos emiten radiación electromagnética ionizante, como es la radiación alfa y
beta (partículas de alta energía) y la gama, la más peligrosa (emisión de energía de alto poder).
Una partícula alfa puede ser interceptada por una lámina de papel o cartón, una beta no llega a
penetrar una lámina de metal y descarga de energía gamma puede penetrar incluso grandes
espesores de metal u hormigón. Todas las radiaciones pueden ocasionar impactos en las células
y el material genético de los seres vivos.
La energía producida por las radiaciones ionizantes es absorbida por las células muy
rápidamente, (en un tiempo de 10-7 segundos) dando lugar a cambios. Los cambios producidos
por las radiaciones ionizantes en las células son siempre de tipo lesivo, suponen una alteración
de los procesos normales de las mismas, los cuales pueden presentarse de forma inmediata o
pueden tomar hasta años en manifestarse. Las radiaciones ionizantes puede producirse en el
citoplasma de la célula, cuya agua se disocia produciéndose iones y radicales libres muy
reactivos, pudiendo reaccionar entre sí o con otros compuestos. Como consecuencia de ello se
alteran las propiedades físicas y químicas del medio intracelular, llegándose a interferir los
procesos metabólicos normales de la célula. Puede darse la acción directa sobre
macromoléculas, tales como el ADN, el ARN, enzimas y proteínas, bien estructuras del núcleo
(cromosomas, nucleolo, membrana nuclear). La absorción de la energía de la radiación
produciría ionizaciones y excitaciones a nivel de estas estructuras desembocan en un daño
celular, en mutaciones del material genético y cáncer en los tejidos de diversos órganos. La
radiación ni se ve ni se huele ni se siente, pero sus efectos son a largo plazo y dañarán la salud
y el medio ambiente durante muchísimos años, incluso siglos.
200
En las centrales de producción de energía a partir de reactores se produce la fisión por
bombardeo, comúnmente de núcleos de Uranio 235 con neutrones y reacciones en cadena, cuya
energía liberada es muy grande, es utilizada para producir vapor que a su vez genera la energía
eléctrica. Hay reactores que usan como combustible uranio natural, otros usan uranio
enriquecido o concentrado. Otro tipo de reactor de producción rápida que utiliza óxido de
uranio (U3 O8) enriquecido por uranio 238 o plutonio 239 (isótopo derivado del bombardeo
neutrónico del uranio 238). El plutonio 239 es unos de los elementos más tóxicos y peligrosos
de la cadena de producción de energía nuclear, con una vida media en el aire de 25.000 años.
Una vez el uranio enriquecido es utilizado como combustible en las plantas nucleares, en el
núcleo del reactor atómico existen más de 60 contaminantes radiactivos, unos de vida media
muy larga y otros de vida corta. Muchos de estos elementos tienen una gran afinidad con
nuestro organismo como es el caso del Yodo. Entre esos contaminantes, con mayor riesgo para
la salud humana están el yodo 131, el cesio 137 y el estroncio 90, además del plutonio. Estos se
encuentran en los residuos sólidos y líquidos de las plantas nucleares, y pueden ser liberados
cuando ocurren accidentes como fugas y explosiones.
El yodo-131 afecta inmediatamente y deja mutaciones en los genes, pero el mayor peligro
radica en que el organismo humano puede absorberlo selectivamente (en el agua o alimentos
contaminados) siendo una de las principales causas de cáncer de tiroides. El yodo-131 después
de un accidente nuclear, aparece rápidamente en la leche, fruta y las verduras. Por su parte, el
estroncio 90 se acumula en los huesos, como si fuera calcio, y durante este años continúa
irradiando el organismo (30 años de vida media) quedando depositado en los músculos,
comportándose de forma parecida al potasio. Ambos, estroncio y cesio, aumentan el riesgo de
todo tipo de cánceres, especialmente de huesos, músculos y tumores cerebrales, disminuyendo
la inmunidad del organismo e incrementando la capacidad de sufrir otras patologías.
Después de la tragedia de Fukushima, aparecieron un enorme número de enfermedades que
incluían cáncer de tiroides, cáncer testicular, cáncer cerebral, problemas uterinos inusuales,
sangrado uterino excesivo, todo tipo de problemas ginecológicos, problemas que no son
habituales en personas menores de 35 años. A partir de 1990 se observó un marcado aumento
de los casos de cáncer de tiroides en la población infantil. Antes del accidente de la planta,
había dos o tres casos al año en menores de 15 años, pero hasta el 2006 se diagnosticaron más
de 4.000 niños y adolescentes con cáncer de tiroides en las regiones circundantes a la planta
(Stone, 2006).
Tampoco las consecuencias para el medio ambiente serán inocuas. La contaminación nuclear se
deposita en el suelo y en el mar, se incorpora a la cadena trófica de los peces, que son la base
de muchas dietas. Los materiales radiactivos se van acumulando y pasan de un ser vivo a otro.
La persistencia de estos radioelementos en el medio ambiente perdura largo tiempo y su
presencia puede detectarse en los alimentos incluso años después del accidente.
La radiación también provoca efectos directos e indirectos, somáticos y genéticos, en otros
seres vivos distintos de la especie humana. (por ejemplo aves, reptiles, mamíferos, etc.), la
preocupación es mayor cuando los “blancos” de la radiación son microorganismos (virus,
201
bacterias). En estos casos las variantes genómicas de los organismos expuestos, pueden
volverse más virulentas para el ser humano, o estar dotadas de mayor resistencia para el
modelo inmunológico normal del humano (o de otras especies). Desde esta perspectiva, cada
descarga de materiales radiactivos residuales al ambiente, genera un experimento genético de
final abierto.
Se concluye que los residuos, desechos combustibles y demás materiales radioactivos producen
radiación ionizante, la cuál es suficientemente potente como para alterar la química celular y
distorsionar el funcionamiento normal de una célula. Tanto las radiaciones de alta intensidad,
como las de baja intensidad modifican la genética del cuerpo humano, ocasionando crecimiento
de tumores, problemas tiroidales, daños al sistema inmunológico, defectos de nacimiento,
problemas cutáneos, problemas digestivos, daño neurológico, leucemia, cáncer y muerte.
Fuentes
Albiano,F.N. Toxicología laboral. 2012. Criterios para la Vigilancia de los Trabajadores
Expuestos a Sustancias Químicas Peligrosas. Benedetto, C. 2010. En Malargüe tampoco hay controles en la minería del uranio. RENACE Argentina.
Buján, S. 2012. Se van desenmascarando los ocultamientos en el tema nuclear. Suprema Corte
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Farré,R.E., Arnal,S.L. 2011. Fukushima y el lado más oscuro de la poderosa industria
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Goodman,A.,Moynihan,D. 2014. Enfermedades provocadas por radiación en Fukushima
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Gudynas 2008, (Paper): El sueño de las centrales nucleares seguras.
OPS. 2000. La salud y el Ambiente en el Desarrollo Sostenible. Pub. Cientif. Nº 572. 281 p.
Moreno,G.M. 2003. Toxicología Ambiental. Evaluación de Riesgo para la Salud Humana.
McGrawHill Eds. España. 370 p.
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El radón y sus efectos sobre la salud. Ministerio de trabajo y Asuntos sociales de España.
2004.
En cuanto al manejo oficial de cifras para la supuesta inversión, este se caracterizo
por su inconsistencia, mencionando como parte de los anuncios electorales, dos mil
millones de dólares, monto que si bien parece grande, no lo es en términos de una
planta nuclear. Las críticas se orientaron a que el anuncio fue emitido de manera
improvisada y que dicha suma estaba notoriamente subestimada. La energía nuclear es
una energía muy cara comparativamente a otras formas, considerando que los aportes
energéticos se minimizan no solo en relación a enormes inversiones, sino también por
los elevados riesgos socioambientales.
202
La construcción e instalación de plantas nucleares es muy cara en comparación de la
potencia generada. Una central nuclear tiene un coste aproximado de construcción de
5 millones de euros por 1 MW (es decir, una planta de 1.000 MW de potencia
nucleoeléctrica costaría 5.000 millones de euros). Comparativamente, la energía eólica
tiene un coste actualmente de poco más de 1 millón de euros por 1 MW de potencia
generado, lo que significa que un parque eólico que genere 1.000 MW, costaría 1.000
millones de euros). En tanto que un parque fotovoltaico (energía solar) que genere los
1.000 MW en comparación, costaría 3.000 millones de euros (3 millones de euros por
cada MW producido). Las diferencias numéricas son tan evidentes, que uno se
pregunta, cual es en realidad lado oculto de los caprichos de impulsar los
megaproyectos de energía nuclear. Pero esto no es todo, cifras más altas que las
presentadas, se han dado en las aventuras nucleares en Sudamérica, por diversos
motivos, incluyendo corrupción y excesivas dilaciones burocráticas. La central Angra 2
del Brasil fue instalada a un costo de más de 12.000 millones de dólares para producir
únicamente 1.275 MW. El proyecto Angra 3 (1.245 MW) rondaba los 5 mil millones de
dólares. Las centrales nucleares en Brasil (Angra 1 y Angra 2) aportan tan solo un 4%
de la energía consumida en ese país y a un costo de producción muy alto. En tanto que
Atucha 2 en la Argentina tuvo un costo de 4 mil millones de dólares, generando
únicamente un poco más de 700 MW. Como en todo megaproyecto energético, el festín
de las ganancias es para las empresas constructoras y operadoras, y para los
funcionarios inescrupulosos de los gobiernos de turno.
Respecto a las energías limpias y amigables con el medio ambiente, en el país, la planta
eólica de Qollpana en Cochabamba con ocho aerogeneradores, aporta 24 megavatios
(MW) de potencia en conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN). El costo del
proyecto fue de casi 34 millones de dólares (Los Tiempos, 23 diciembre 2014). Lo que
significa que con una inversión de 1.416 millones de dólares se lograría la instalación de
40 parques eólicos, que generarían 1.000 MW de potencia. Considerando estos datos
¿Cuál es el trasfondo del capricho por la energía nuclear?
En cuanto a la energía solar, los 5 MW de la planta fotovoltaica de Pando implica una
inversión de 11 millones de dólares. Sin duda menos eficiente que la eólica, pues con
1000 millones de dólares se generarían 454 MW de potencia, pero de cualquier forma,
energía limpia, no contaminante, sin asomo de los riesgos socioambientales que implica
la pesadilla nuclear. Los cinco megavatios que aportará la planta de energía solar en
Pando permitirán cubrir con creces el 100% de la demanda pandina de electricidad, y a
203
la vez sustituir el consumo subvencionado de diesel que se utiliza para la generación de
energía termoeléctrica (Sol de Pando, 22 abril 2014).
Uno de los grandes problemas de los países que apuestan por la energía nuclear, es el
destino de los residuos, que son de alta peligrosidad por la radiación que continúan
emitiendo a lo largo de siglos, pero además está el tema de los costos, ya que su
disposición final es muy cara. Por ejemplo, Estados Unidos, el país más apostador a la
energía nuclear en el mundo, no sabe qué hacer con sus residuos nucleares, que son
cuantiosos, y se ha estimado la colosal cifra de 60.000 millones de dólares para
desarrollar un depósito medianamente seguro. Otro país en figurillas con sus residuos
nucleares, es Argentina, justo al otro lado de la frontera.
De cualquier forma, en opinión de los directivos del IBTEN, la instalación de la energía
nuclear en Bolivia es cosa lejana pues se necesitarían 15 o 20 años para desarrollarla,
lo cual sería cierto, sino estuvieran de por medio las alianzas, asesoramiento y otros
soportes (definitivamente en secreto) de Francia, pero en especial de Rusia. El Físico
y académico Francesco Zaratti opina que la instalación de una planta de energía
nuclear en Bolivia es “innecesaria, ineficiente e inoportuna”. En tanto, el gobierno
interpreta la realidad a su antojo, respecto a las visitas de misiones de la
Organización Internacional de energía Atómica (OIEA), el ministro de Hidrocarburos
y Energía, manifestó que dicha instancia vino al país para llevar adelante un proceso de
cooperación para el plan de energía nuclear de Bolivia (ERBOl, 15 marzo 2015), en
tanto que el representante de la OIEA en las Naciones Unidas, Pablo Adelfang,
manifestó, que no podía recomendar nada, pues es una decisión a nivel de país: “abran
el proceso, estudien todo bien, analícenlo bien, discútanlo bien”; “Tienen que empezar a
informar a la sociedad” (Opinión, 17 noviembre 2014) . Sin duda sabias
recomendaciones que refutan la noción de secretismo y confusión deliberada con la
que se ha manejado el tema. La aventura de la energía nuclear en Bolivia, es una
decisión tan delicada por los peligros que implica, que debería ser consultada vía
referéndum, pero con previas campañas abiertas y completas de información masiva a
la ciudadanía y previo análisis plural e inclusivo de la matriz energética del país.
Vale recordar que en marzo del 2014, un centenar de científicos y personalidades
mundiales enviaron una carta al Presidente Evo Morales, con el fin de que desista de
impulsar la forma de energía más peligrosa, terrible y contra-natura en el planeta, sin
duda una misiva de gran madurez y muy ubicada en la crisis planetaria en que vivimos,
que aparentemente cayó en saco roto, pues no se conoció ninguna respuesta y al
contrario se dio continuidad al capricho nuclear.
204
Finalmente, hagamos referencia a la Constitución Política del Estado. El Artículo 344.
I. establece la prohibición de fabricación y uso de armas químicas, biológicas y
nucleares en el territorio boliviano, así como la internación, tránsito y depósito de
residuos nucleares y desechos tóxicos. ¿Qué medidas tomará el gobierno para
transportar y almacenar los desechos tóxicos nucleares? Por su parte, el Artículo
379. I. da el mandato de que el Estado desarrollará y promoverá la investigación y el
uso de nuevas formas de producción de energías alternativas, compatibles con la
conservación del ambiente. Este artículo pone en figurillas a los impulsores de la
energía nuclear, pero a estas alturas, la Constitución Política del Estado en cuanto a
los temas ambientales es casi una figura decorativa.
A modo de conclusión, en los setenta años de existencia de la tecnología para la
generación de energía por fisión nuclear, no se ha conseguido dar una solución
satisfactoria al problema de los riesgos que comportan los materiales radiactivos
debido a los frecuentes accidentes, mala manipulación, vertidos y fugas a lo largo de
todo el ciclo nuclear y de los descomunales residuos radiactivos generados, que son el
talón de Aquiles de esta tecnología (RENACE, 2014).
Fuentes
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ambiental y los conflictos ecológicos distribuitivos. ECOE Eds. Bogota, Colombia. 304 p.
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205
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Vásquez,L.M. 2006. Energía nuclear para Bolivia. Iberoamérica, 2ª quincena, junio
2006.
El Día, 11 marzo 2015: Director del IBTEN opina que “en términos generales, la
industria de generación de energía nucleoeléctrica puede preciarse de ser una de las
más seguras”.
La Razón, 20 noviembre 2015: En 2015. Gobierno intensificará exploración de uranio
en Potosí y Santa Cruz.
El Día, 14 diciembre 2014. FOBOMADE: Ambientalistas en contra de la implementación
de reactor nuclear en Bolivia.
http://www.redesvision.com/articulo.php?art=24339&Rusia-Guerra-contra-Chile.
Marzo 2015.
Nota.-Muchas de las ideas y visiones expuestas en el presente artículo se
enriquecieron con los valiosos aportes del Conversatorio sobre Energía Nuclear,
organizado por la Fundación Solón el 25 de junio del 2015.
206
2298, de mala fe
Se perfora el Decreto Supremo 29033: Reglamento de Consulta y
Participación
Marco Octavio Ribera Arismendi 25 abril 2015
La consulta a los pueblos indígenas se considera como un Derecho fundamental, en
cuanto a ser informados de buena fe sobre cualquier actividad, obra o proyecto
(AOP), aunque su carácter vinculante en cuanto la aceptación o rechazo del AOP, es
decir su consentimiento (o no) libre e informado, ha sido rechazado a ultranza por los
gobiernos y sectores desarrollistas, que ven a la consulta como un simple trámite para
dar luz verde a sus operaciones. Es decir la AOP (empresa-gobierno) toca la puerta del
territorio y espera que los dueños, los indígenas, la abran y la dejen pasar de facto y
calladitos. No hay la posibilidad de que digan no y cierren la puerta. La AOP se cree
con derecho de entrar si o si.
A través de la consulta, la empresas y los gobiernos pro extractivistas, miden o
testean el nivel de fortaleza o debilidad (o las capacidades) de los pueblos indígenas y
sus organizaciones. Desde la otra perspectiva, la consulta es la primera línea defensiva
y de resistencia que tienen los pueblos indígenas a los proyectos extractivistas. Es
esta línea defensiva la que se quiere quebrar.
En sentido estricto, el Decreto 29033 (Reglamento de Consulta y Participación para
actividades hidrocarburíferas) aprobado el año 2007 y específico para los pueblos
indígenas, tuvo escasa aplicabilidad, y las autoridades del sector petrolero con la venia
del gobierno, incurrieron en flexibilizar u obviar su cumplimiento. El más claro ejemplo
fue la consulta para la sísmica 2D del bloque Liquimuni, que se superponía a la TCO
indígena Moseten, la cual fue desarrollada de mala fe y contradiciendo los Convenios
internacionales y la propia Constitución Política del Estado. La dejadez en su aplicación
fue tal, que el mismo vicepresidente del Estado, vio como “muy democrático” cooptar a
las diversas comunidades y sus dirigencias con dadivas y chucherías para que se
acepte como “consulta” y la operación petrolera, en vez de actuar de buena fe y
concertar el proceso con la organización representativa del Pueblo indígena (OPI)
conforme a lo establecido en el DS 29033, la CPE y el Convenio 169, entre otras
normas.
207
Como este hay numerosos ejemplos de negligencia en la aplicación de dicha norma y
solo en el Chaco, y a exigencia de algunas dirigencias combativas, el Ministerio de
Hidrocarburos se vio obligado a cumplirlo y a regañadientes. Un antecedente crítico
relativamente reciente fue en torno al proyecto de Sísmica 3D, a cargo de
PETROBRAS, en la zona de campo Sábalo en Tarija y que afecta la TCO Itikaguazu. En
este caso el Ministerio del ramo pretendió “delegar” o dejar a su libre albedrio a la
empresa petrolera para que inicie la consulta, vulnerando flagrantemente el DS
29033.
Otro antecedente respecto al derecho de consulta a los Pueblos indígenas, es el
proyecto de Ley Marco de Consulta, impulsada por el gobierno desde el año 2012, el
cual vulnera de pleno los derechos indígenas, el Convenio 169 y de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas (y las Leyes que los aprueban, las
cuales tiene preeminencia junto con la Constitución del Estado: Bloque constitucional
de Normas: art 410). Paradójicamente el proceso de concertar dicha propuesta contó
con el apoyo de la oficina de Naciones Unidas en Bolivia. La marcada resistencia social
sobre dicha propuesta y las observaciones de expertos internacionales como Clavero,
han hecho de que momentáneamente sea archivada, sin embargo el gobierno y el
sector hidrocarburífero, tienen otras artimañas para seguir impulsando procesos de
consulta flexibilizada a fin de favorecer el ingreso de las empresas petroleras a los
espacios tradicionales indígenas.
Es el caso del reciente Decreto 2298 (18 abril 2015, modificatorio y complementario
del DS 29033), que modifica y vulnera el espíritu del Reglamento 29033. Como
antecedente cabe recordar que el DS 29033, ya fue modificado los años 2007 y 2008
por los Decretos 29124 y 29574, las modificaciones se orientaron mayormente a
acelerar el proceso, reduciendo el tiempo de la consulta (Artículo 12. Párrafo 2-
29574) y dar más protagonismo a YPFB.
El reciente Decreto 2298, ha sido denunciado por fuentes vinculadas a organizaciones
indígenas (ERBOL 15 abril 2015) en sentido de convertir la consulta participativa en un
documento administrativo con intervención de notario público y allanar la explotación
petrolera en tierras indígenas.
Como es ya una regla en la emisión de normas pro-extractivistas, la consabida
parafernalia de Considerandos, hace mención a varios artículos de la Ley petrolera
vigente (3058) y de la Constitución Política del Estado, a fin de resaltar la supremacía
del sector petrolero. Por puro formalismo hace mención a algunos artículos de la
208
Constitución Política del Estado sobre la consulta previa e informada, incurriendo en
contrasentidos con el espíritu del Decreto en cuestión.
Se pone de manifiesto la voluntad política de restar importancia y protagonismo a los
dueños del territorio, pues quita atribuciones a las Representaciones indígenas en el
proceso, que estaban dadas en el original 29033, confiriéndolas al Ministerio de
Hidrocarburos que es la autoridad competente del proceso (AC).
En el DS 29033 no modificado, si bien la AC convocaba por escrito a la Instancia
Representativa del Pueblo Indígena OPI (Art 10 a); la reunión preliminar era
organizada por instancia de representación local (OPI), quienes definían lugar y
fecha del evento. En la modificación (2298) queda por sentado (Articulo 2º, I) que la
AC es la que define lugar y fecha de la reunión, considerando plazos perentorios en
caso de no obtener respuesta escrita. Si a la AC se le ocurre realizar la reunión en
Santa Cruz o donde les venga en gana, los líderes indígenas del norte de La Paz o de
Pando, al no poder movilizarse oportunamente por sus limitaciones económicas
entrarán en la cláusulas de incumplimiento.
En el DS 29033 no modificado, se preveía que la instancia de representación indígena,
realice la coordinación interna según sus usos y costumbres (Art 11 I), y
presente una propuesta escrita de realización del proceso de consulta y
participación (Art 11 I). Dicha propuesta escrita por la OPI debía contener un
plan metodológico y cronograma de reuniones, asambleas, etc., asesoría técnica y
legal, presupuesto de la consulta (Art 11 I a). Lo primero a precisar es que el lugar,
fecha y propuesta escrita, con la metodología incluida, tiene relación directa con los
usos y costumbres de los pueblos indígenas. Es decir la OPI, con los respectivos
asesoramientos y capacidades logradas arduamente, era responsable de organizar el
preámbulo al proceso de consulta. La modificación del DS 2298, establece que si no
hay respuesta escrita por parte de la OPI, la AC procederá a realizar la segunda
convocatoria especificando la fecha y el lugar de la Reunión de Consulta, y adjuntando
la propuesta metodológica para la misma. El Decreto vuelve a mencionar (Artículo
2º II) que la AC establecerá una metodología, cronograma y presupuesto para
ejecutar el proceso de Consulta y Participación, la cual será concertada con la OPI.
Cuando las OPI tenían potestad de organizar el proceso según sus usos y costumbres,
es decir, definir el presupuesto (y los cronogramas) junto con la metodología (el
como), podían establecer el número de reuniones o talleres, asambleas o encuentros a
realizarse para socializar la información del proyecto, además donde, lo cual implica
209
distancias y las formas de movilización. Con la modificación, la AC se arroga el poder
de definir donde, cuanto (presupuesto) y como (metodología) se realizará la consulta.
Si bien los indígenas tendrán la posibilidad de “concertar” la propuesta de la AC, el
carácter impositivo y las lógicas cooptativas mal pueden desembocar en simples
validaciones.
El carácter draconiano del Decreto despoja a los indígenas del derecho de asumir,
desde la lógica de sus usos y costumbres, el desarrollo de un proceso, que los atinge e
impacta. El proceso de consulta se realizará a la medida y gusto de los intereses del
sector y las empresas petroleras.
En este sentido el Decreto 2298 es anti-constitucional, puesto que se viola la
Constitución Política del Estado, en su Artículo 352, del Capítulo segundo sobre los
Recursos Naturales, que establece: ……En las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos
propios. Lo más paradójico de todo, es que el Decreto modificatorio, en la
presentación de los Considerandos, hace mención del texto constitucional y
concretamente al Artículo 352. Es difícil interpretar tanta incongruencia.
En el DS 29033 no modificado, se privilegiaba la elaboración del Acta de
entendimiento y el Convenio de validación de acuerdos entre la OPI y la AC, situación
que ha sido marginada del 2298, eliminando el inciso c del Articulo 18, II, que
establecía la nulidad del proceso si se realizaba sin considerar el acta de
entendimiento, lo que muestra la marcada verticalidad de la norma modificatoria.
Se incorpora un nuevo artículo (19) al DS 29033, el cual define que: En cualquiera de
las fases previstas de la consulta, la asistencia al evento de las instancias
representativas de los PIOs y CC, o la determinación de las bases en asamblea bajo
voto resolutivo, dará continuidad a la ejecución de la Consulta y Participación en el
estado en que se encuentre la misma y de acuerdo al procedimiento previsto en el
presente Reglamento.
Si se toman en cuenta la dinámicas de cooptación de líderes y las acciones para dividir
los movimientos y organizaciones indígenas que el gobierno ha desarrollado en los
últimos cuatro años especialmente, tiene un fondo perverso, en sentido de que un
proceso de consulta, de facto ya mal encaminado, y que fuese observado por la OPI
legítima, puede seguir adelante si otras supuestas representaciones de la OPI
(paralelas o inorgánicas-ilegítimas) o un grupo de base (cooptado) emita un voto
resolutivo a favor de las operaciones petroleras.
210
Finalmente, en el Artículo adicional 1°, referido al contenido del componente ambiental
y social del Documento de Información Pública, muestra la clara tendencia a
relativizar los impactos ambientales o socioambientales de las operaciones, al
mencionar de forma reiterada y tendenciosa: “los posibles impactos”….
El Decreto firmado por el presidente boliviano y su gabinete en pleno, instruye en el
Artículo adicional 2º, de las Disposiciones finales, al Ministerio de Hidrocarburos y
Energía, y al Viceministerio de Desarrollo Energético, velar por el buen desarrollo de
dichos procesos, garantizando de esta manera la viabilidad de los proyectos
hidrocarburíferos. No se instruye a ninguna instancia velar por el respeto de los
Derechos Indígenas o de la Madre Tierra, clara muestra de hacia donde apuntan las
políticas del gobierno. El mismo Artículo adicional menciona: “la AOP desarrollará de
manera ininterrumpida sus actividades, dado el carácter de interés y utilidad pública
por lo que goza de la protección del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Desafortunadamente el Decreto 2298 no menciona el inciso III del Artículo 30 de la
Constitución Política del Estado sobre los Derechos de las Naciones y Pueblos
Indígenas, que dice: “El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y
la Ley”.
Las organizaciones y pueblos indígenas y campesinos podrían impugnar esta norma por
tener visos de anticonstitucionalidad y vulnerar sus Derechos, sin embargo
considerando la coyuntura, así como el debilitamiento y divisiones que han sufrido la
mayoría de las organizaciones por los procesos cooptativos, lo que quedaría es que
negocien en condiciones de equidad y respeto el proceso de consulta impuesta por la
AC, es decir el donde, cuando, cuanto (presupuesto) y especialmente el cómo (la
metodología), para que dicho proceso se ajuste lo mejor posible a sus usos y
costumbres.
Tabla comparativa
Decreto Supremo Nº 29033 Feb. 2007
Reglamento de Consulta y Participación
para actividades hidrocarburíferas
DS 2298 18 abril 2015
Tiene por objeto modificar y complementar
el Decreto Supremo Nº 29033 Primer momento.- Fase de licitación, autorización
contratación, convocatoria y aprobación de las
medidas, obras o proyectos hidrocarburiferos y
antes del EEIA, que en TCOs, siempre deberá
ser analítico integral o de Categoría 1.
Se modifica el inciso a) del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 29033:
Convocatoria. Para iniciar el proceso de consulta y participación, la AC, respetando la territorialidad, independencia organizativa, usos y costumbres de los PIOs
211
Segundo momento.- Previa a la aprobación del
EEIA e incorporación de los resultados de la
consulta en dicho estudio.
El Ministerio de Hidrocarburos o autoridad
competente (AC) es responsable de la
ejecución del proceso. La Autoridad
Ambiental competente AAC, es una instancia
de coordinación. (Art 5) Art 6:
Representación o Instancia orgánica
indígena.
La AC convoca por escrito a la Instancia
Representativa del Pueblo Indígena OPI,
adjuntando toda la información pública de la
Actividad, obra o proyecto (AOP), a una
reunión informativa preliminar Art 10 a;
Art 10 b: la reunión es organizada por la
OPI, quienes definen lugar y fecha del
evento, en un plazo no mayor a 7 dias cal de
recibida la convocatoria de la AC. La reunión
deberá concretarse en un plazo no mayor a
10 dias cal. a partir de la respuesta a la
convocatoria de la AC. En la reunión
preliminar la AC presenta los alcances de la
AOP (Art 10 b)
La instancia de representación local OPI,
realizará la coordinación interna según sus
usos y costumbres, para presentar una
propuesta escrita de realización del
proceso de consulta y participación, Art 11
I, y comunicará a la AC en un plazo no
mayor a 10 dias cal. de realizada la reunión
preliminar.
La propuesta escrita por la OPI contendrá
un plan metodológico y cronograma de
reuniones, asambleas, etc., asesoría
técnica y legal, presupuesto de la
consulta. Art 11 I a)
Art 11. Vencido el plazo de 10 dias, la AC en
coordinación con la OPI, fijarán una reunión
en el área de influencia del proyecto, en un
plazo no mayor a 7 dias cal. para analizar la
propuesta de la OPI y la contrapropuesta de
la AC, para llegar a acuerdos y aprobar un
acta de entendimiento que garantice la
ejecución de la consulta.
y CC, convocará por escrito, adjuntando toda la información pública de la AOP, a las instancias de representación susceptibles de ser afectadas, con copia a sus niveles regional, departamental y nacional, a efecto de sostener una reunión de carácter informativa acerca de la actividad hidrocarburífera y de coordinación sobre el desarrollo del proceso de Consulta y Participación.
Transcurridos quince (15) días hábiles de enviada la primera convocatoria sin obtener respuesta escrita por parte de los PIOs y CC, la AC procederá a realizar la segunda convocatoria especificando la fecha y el lugar de la Reunión de Consulta, adjuntando la propuesta metodológica para la misma, mediante al menos dos (2) de las siguientes comunicaciones: Publicación en un medio de comunicación escrita de circulación local, regional y/o nacional; Publicación en un medio de comunicación radial de alcance local, regional y/o nacional; y/o Comunicación directa en la zona pasible de ser consultada.
Transcurridos diez (10) días hábiles de haberse efectuado la segunda convocatoria, en caso que no se concrete la reunión por inasistencia de los PIOs y CC, la AC procederá con la tercera y última convocatoria mediante carta notariada, especificando fecha y lugar del evento, adjuntando la propuesta metodológica de Consulta y Participación.
Transcurridos diez (10) días hábiles de haberse efectuado la última convocatoria, en caso que no se concrete la reunión o no se obtenga una respuesta escrita por parte de los PIOs y CC, la AC establecerá una metodología y cronograma para ejecutar el proceso de Consulta y Participación.”
Se modifica el Artículo 11: “ARTÍCULO 11.- (DESARROLLO DE LA REUNIÓN PRELIMINAR Y DE PLANIFICACIÓN). La reunión preliminar y de planificación se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento: Instalada la reunión y verificada la asistencia, la AC dará a conocer los objetivos y el alcance del proyecto sujeto a consulta. Asimismo, se concertará una metodología, cronograma y presupuesto de ejecución de la Consulta y Participación, la cual será plasmada en un acta respectiva; En caso que no pueda concertarse la metodología en la primera reunión, la AC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, convocará a una segunda reunión para trabajar en dicha metodología, cronograma y presupuesto; En caso que en esta segunda reunión no pueda concertarse la metodología, la AC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes establecerá una metodología, cronograma y presupuesto para ejecutar el proceso de
212
Cada momento del proceso de consulta
contemplará las siguientes fases (Art 9): a) Coordinación e Información.
b) Organización y Planificación de la consulta
c) Ejecución de la consulta.
d) Concertación.
En caso de que no se presente la propuesta
por la OPI se convocara a una reunión
conjunta para la elaboración de una
propuesta (Articulo 11 II)
El proceso de Consulta y Participación será
financiado con cargo a la AOP
hidrocarburífero. El MHE y Min Hacienda en
un plazo de 30 dias y por una resolución bi
ministerial establecera los mecanismos para
el manejo de los recursos financieros Art 8
El proceso de consulta será ejecutada por la
AC en coordinación con la Instancia
Representativa del Pueblo Indígena, dando
cumplimiento al acta de entendimiento
suscrita, Art 12 I. La consulta deberá
cumplirse en los plazos establecidos en el
acta de entendimiento. Art 12 II.
Una vez cumplidos los plazos del acta, se
establece un plazo perentorio adicional de
hasta tres meses para llegar a un acuerdo
conjunto y firmar el Convenio de validación.
Art 12 II.
Los resultados de la consulta concluirán con
un documento de validación de acuerdos y un
Convenio suscrito entre la AC y la Instancia
Representativa del Pueblo Indígena Art 13.
Las observaciones, sugerencias,
complementaciones y recomendaciones
concertadas, en la consulta, deberán ser
consideradas como criterios fundamentales
para la elaboración y aprobación del EEIA
analítico integral (Ficha ambiental Categoría
1) de la AOP. Art 15.
A solicitud de la Instancia Representativa
del Pueblo Indígena, la Autoridad Ambiental
Competente podrá iniciar proceso
administrativo -impugnar- a la empresa
Consulta y Participación. Se presentará la misma, mediante publicación escrita, comunicación radial y notificación notariada a los PIOs y CC; La metodología contemplará las actividades y/o procedimientos de ejecución de la Consulta y Participación, mismos que en ningún caso excederán los cuarenta y cinco (45) días calendario.” Se incorpora el Artículo 19:
ARTÍCULO 19.- (CONTINUIDAD DE LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN). En cualquiera de las fases previstas en el Artículo 9 del presente Reglamento, la asistencia al evento de las instancias representativas de los PIOs y CC, o la determinación de las bases en asamblea bajo voto resolutivo, dará continuidad a la ejecución de la Consulta y Participación en el estado en que se encuentre la misma y de acuerdo al procedimiento previsto en el presente Reglamento.”
Se incorpora el Artículo 20
“ARTÍCULO 20.- (DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE).
Excepcionalmente en los casos que no puedan desarrollarse o concluirse el proceso de Consulta y Participación, de acuerdo a los procedimientos previstos en el presente Reglamento, por causas no atribuibles a la AC, previo informe de la instancia ejecutora, la AC emitirá como resultado una Resolución Administrativa que determine el estado de ejecución del proceso y la constancia de todos los esfuerzos realizados en cumplimiento de la normativa vigente, para desarrollar o concluir con el proceso de Consulta y Participación, salvaguardando en todo momento los derechos de los PIOs y CC. Dicha Resolución Administrativa será comunicada a los PIOs y CC, y al representante legal de la AOP.
La Resolución Administrativa de la AC será incorporada en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental - EEIA, para continuar con el trámite de obtención de la licencia ambiental.
Para fines del presente Artículo, se exceptúa la aplicación del inciso c) del Parágrafo II del Artículo 18 del presente Reglamento.”
Artículo adicional 1°.- El Documento de Información Pública a ser utilizado en la Consulta y Participación, en relación al componente ambiental y social, debe contener lo siguiente:
a. Resumen Ejecutivo de la Actividad Obra o Proyecto -
213
consultora encargada de elaborar el EEIA y
al representante legal de la AOP, cuando no
se incorporen debidamente los resultados
del proceso de consulta y participación. Art
16.
La AAC no emitirá la Declaratoria de
Impacto Ambiental para la AOP, si se
verifica la no incorporación los resultados
del proceso de consulta para la elaboración y
aprobación de los EEIA analíticos integrales.
Art 17.
El proceso de consulta estar viciado de
nulidad en caso de incumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidos en el
presente reglamento y en particular (Art 18
II), cuando:
La información o parte de la misma
presentada por la AC fuere falsa o
contradictoria.
La consulta fuera realizada alterando
totalmente el procedimiento establecido
en el presente reglamento.
El proceso de consulta y participación
sea realizado sin considerar el Acta
de Entendimiento suscrito.
La firma del convenio de validación de
acuerdos, fuere logrado por presión,
amedrentamiento, soborno, chantaje o
violencia y no cuente con el acuerdo
mutuo.
AOP; b. Descripción de las principales actividades de la AOP; c. Mapas Temáticos de la AOP; d. Diagnóstico ambiental y social del área de influencia
de la AOP; e. Los posibles impactos ambientales y sociales; f. Las medidas que se adoptarán para prevenir, corregir,
mitigar, controlar los posibles impactos g. Información social, económica y cultural detallada
sobre los Pueblos Indígenas Originarios - PIOs y Comunidades Campesinas - CC, presentes en el área de influencia directa de la AOP;
h. Información certificada por la entidad competente para sustentar las características de los PIOs y CC, tierras fiscales y/o Áreas Protegidas sobrepuestas al área de influencia directa de la AOP.
Artículo adicional 2°.-
I. Una vez obtenida la Licencia Ambiental en el marco de la legislación vigente, la AOP desarrollará de manera ininterrumpida sus actividades, dado el carácter de interés y utilidad pública por lo que goza de la protección del Estado Plurinacional de Bolivia.
II. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía a través del Viceministerio de Desarrollo Energético como Autoridad Competente para el proceso de Consulta y Participación, deberá velar por el buen desarrollo de dichos procesos, garantizando de esta manera la viabilidad de los proyectos hidrocarburíferos.
Fuentes
Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia. 2009.
Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas. DS.
29033. 2007.
Gaceta. 2015. Decreto Supremo Nº 2298, 18 de marzo de 2015
YPFB Corporación, 2010. Plan Exploratorio 2011-2020.
214
Celebrando el día de la Biodiversidad con el Decreto 2366
Marco Octavio Ribera Arismendi Mayo-junio 2015
Más debilitamiento normativo del SNAP
En términos generales, la instrumentación legal ambiental es insuficiente, pues se
denota la ausencia de una Ley de Áreas Protegidas y/o de la Biodiversidad, y prevalece
un reglamento obsoleto y vulnerado (Reglamento General de Áreas Protegidas, DS
24781). Esto ha ocasionado una marcada debilidad en la gestión ambiental y ha llegado
a perjudicar al SNAP, dificultando la realización de procesos de control y fiscalización
eficientes.
Algo a destacar, es que el año 1998, se dio por primera en vez en Bolivia, que la CPE
hizo mención específica sobre las Áreas protegidas (Art 385), como un bien común y
patrimonio natural y cultural del país y reconociendo que cumplen funciones
ambientales , culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.
Sin embargo, a pesar del apoyo constitucional, diversas Leyes aprobadas en los últimos
años o que están en proceso de emisión, implican un enorme riesgo ecológico y
socioambiental para las áreas protegidas. La nueva Ley de Hidrocarburos, por ejemplo,
no menciona siquiera las áreas protegidas y las autorizaciones de operaciones
petroleras son irrestrictas en el territorio nacional. La nueva propuesta de Ley de
Bosques y Suelos, impulsada por el Gobierno, apoyada por organizaciones campesinas
afines al gobierno, y dada a conocer en noviembre del 2013, violenta el Reglamento
General de Áreas Protegidas, al prever la autorización de la explotación
(“aprovechamiento”) forestal en todas las zonas de las áreas, a excepción de las zonas
núcleo (artículo 41), aunque para dichas zonas la restricción tiene una mención ambigua
(“con carácter enunciativo y no limitativo”) que abre la explotación forestal a todas
las zonas de las áreas. De aprobarse esta Ley, en los próximos años se produciría una
acelerada degradación de los ecosistemas y biodiversidad de las áreas protegidas.
También la Ley 337, de “Restitución de Bosques y Apoyo a la Seguridad Alimentaria”
del año 2013, eufemísticamente llamada por el sector agroindustrial del oriente como
la “Ley de Desmontes”, y sobre todo después de la Cumbre Agropecuaria del 2015,
abre las puertas para el avance de las fronteras agrícolas, poniendo en riesgo
especialmente a áreas protegidas como el KaaIya en el Chaco o San Matías en la
Chiquitanía.
215
Es también, particularmente llamativa la Ley 300 (Ley Marco de Protección de la
Madre Tierra y Desarrollo Integral), de espíritu totalmente productivista, que hace
escuetas y superficiales menciones sobre las áreas protegidas y no le confiere la
relevancia y soporte legal necesarios.
Un elemento crítico y que indicaba la ruta del Decreto 2366, fue el anuncio de mayo
del 2013 hecha por el Vicepresidente del Estado, sobre la decisión gubernamental de
explorar y explotar hidrocarburos al interior de la áreas protegida. A partir de estas
declaraciones se anunció tiempo después la intención del sector, a la cabeza de YPFB,
de generar una norma (Decreto o Ley), paradójicamente con apoyo del SERNAP, que
facilite el ingreso de las operaciones petroleras y facilite cambios en la zonificación
de las áreas protegidas, por ejemplo, reducir al mínimo las zonas de protección
estricta y aumentar la superficie de las zonas que permiten dichos usos extractivos.
Esto ya se vino dando con la elaboración de algunos Planes de manejo y cambios en la
zonificación para favorecer el ingreso de concesiones mineras, como es el caso del
Parque Nacional Madidi, algo impensable hace unos años.
El corolario de este accionar deplorable se dio el 20 de mayo del 2015, con la
aprobación del Decreto 2366 (justo en la fecha que se conmemora el día mundial de la
Biodiversidad, lo cual muestra el nivel de sarcasmo con que se manejan estos temas).
Dicha norma tiene por objeto establecer las medidas para el aprovechamiento de los
recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional. En su Artículo 2 de
(Actividades autorizadas), establece:……Se permite el desarrollo de actividades
hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas
protegidas, en cumplimiento a los condicionamientos ambientales establecidos por el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas-SERNAP y la Autoridad Ambiental Competente
Nacional-AACN.
El 2366 únicamente exime de operaciones petroleras a Santuarios y Monumentos
Naturales, cosa curiosa, pues esto es parece darse a sabiendas que entre las 22 áreas
de nivel nacional, no hay área protegida alguna con la categoría de Santuario o
Monumento Natural y las que hay a nivel subnacional son de menor relevancia; más
sarcasmos del gobierno y el sector petrolero.
También está presente el gancho cooptativo y de tipo dádiva, confiriendo el uno por
ciento (1%) del monto de inversión establecido en el EElA, como una compensación
para el “fortalecimiento” del área protegida intervenida. Esto desde luego no
216
solucionara el tremendo déficit presupuestario del SNAP, que ha sufrido desde
siempre un magro apoyo económico desde el Estado.
Algo que causó asombro fue el anuncio oficial del Decreto 2366 que literalmente,
entierra al Sistema de Áreas Protegidas, por la Ministra y Viceministro de Medio
Ambiente, con un entusiasmo casi surrealista, que ni siquiera los petroleros
demostraron, tal como si estuvieran anunciando la creación de una nueva área
protegida o que alguna especie amenazada se está recuperando.
Es importante mencionar que el Reglamento General de Áreas Protegidas (DS 24781)
en su Artículo 23, establece que: ….En el área que comprende los parques, santuarios o
monumentos, está prohibido el uso extractivo o consuntivo de sus recursos renovables
o no renovables y obras de infraestructura, excepto, para investigación científica,
ecoturismo, educación ambiental y actividades de subsistencia de pueblos originarios,
debidamente calificadas y autorizadas. En este sentido el 2366, vulnera el Reglamento
de las Áreas Protegidas, y no solo eso, sino deroga y abroga (deja sin validez) el
Artículo 23 y otros que se oponen al 2366.
La vulneración de las áreas protegidas, significará, también en paralelo, la afectación a
varios espacios tradicionales indígenas y sus medios de vida, por ejemplo en los casos
del Pilón Lajas, Madidi, TIPNIS, Aguaragüe.
Adicionalmente se debe enfatizar que los procesos de adecuación de Planes de manejo
y zonificaciones, a solicitud (al gusto e interés) del sector petrolero y las empresas,
queda librada a las acciones del SERNAP, una instancia que ha perdido toda
confiabilidad y toda solvencia técnica y moral, para impulsar responsablemente los
objetivos de conservación de las áreas protegidas. El SERNAP no está a la altura de
establecer condicionamientos ambientales que favorezcan la protección de las áreas y
velar por el cumplimiento de los instrumentos de regulación ambiental, dada su
supeditación plena a los designios y voluntad del sector petrolero. Claro ejemplo, el
Director del SERNAP no puede hacer declaraciones a la prensa y se argumenta desde
dicha oficina que solo el Ministerio de Hidrocarburos es la instancia autorizada para
hablar del tema; increíble. En cuanto a la autoridad ambiental competente (el MMAA)
tiene una debilidad crónica y su accionar está también subordinada a los ritmos del
extractivismo, a lo que se suma el característico bajo nivel de responsabilidad socio-
ambiental del sector y empresas petroleras.
Otro elemento que llama la atención es la justificación de abrir las áreas protegidas a
las operaciones petroleras, para “reducir la extrema pobreza” en las comunidades que
217
habitan en ellas. En general, esta es una rotunda falacia y una visión típicamente
capitalista.
Cuando se leyó el decreto 2366 con indígenas de la región de la Reserva Pilón Lajas (un
área a ser abierta a la exploración petrolera), estos mencionaron que aun cuando
carecen de posta de salud, cuentas bancarias o incluso electricidad o agua potable,
tienen bosques pródigos en fauna silvestre, frutos y plantas medicinales, diversos
suelos para su agricultura y ríos con peces, además de aire puro y agua limpia,
entonces no estaban en la extrema pobreza. Manifestaron, que si perdían todo esto, sí
estarían en una pobreza extrema.
Días después de la emisión del decreto 2366, autoridades del sector hicieron énfasis
en que se utilizaran métodos no agresivos y “no invasivos” en la exploración petrolera
en las áreas protegidas, tal es el caso del método geofísico aéreo, conocido como SFD
(stress field detector), una forma avanzada de aeromagnetometría
(http://www2.hidrocarburos.gob.bo). Sin bien este sistema es poco invasivo (aunque sí
invade el espacio aéreo de de las áreas protegidas, que es parte de los ecosistemas),
solo es la primera parte del proceso y se lo realiza para que los procesos de
exploración en terreno tengan mayor precisión. Posteriormente vienen las decisiones
de exploración sísmica, que pueden ser 2D o 3D y las perforaciones, algo que fue
manifestado de soslayo por las propias autoridades del Ministerio de Hidrocarburos,
pero que han tenido muy buen cuidado de no poner en mucha evidencia, tratando de
hacer creer a la opinión pública que las operaciones en áreas protegidas, solo
implicarán el “método no invasivo SFD”, es decir, contando la mitad de la película.
Afortunadamente la Ministra de Medio Ambiente ha reconocido que si existirán
impactos en las áreas protegidas por las operaciones petroleras (Pagina Siete, 30
junio 2015).
Cabe recordar que la mayor parte de las áreas protegidas en las cuales se prevén
realizar operaciones petroleras (Aguaragüe, Madidi, PilónLajas, Amboró, Tariquia,
Iñao) comprenden ecosistemas de elevada fragilidad y vulnerabilidad ecológica, debido
su topografía, clima, suelos y características geológicas. Muchos de estos ecosistemas
tiene escaso nivel de resiliencia ante impactos intensivos como las exploraciones
sísmicas.
Las operaciones petroleras en áreas protegidas nos mantienen, como país, en la línea
más cavernaria y despiadada del extractivismo, pues rompen el equilibrio entre la
conservación de la naturaleza y el desarrollo-crecimiento económico, ciertamente
218
necesario de muchas zonas, pero ahora lo que se busca es violentar las zonas que
habían sido destinadas a la protección y conservación, de modo que el sector
petrolero, en resumidas cuentas, puede hacer lo que le venga en gana con ellas. De
esta forma, se conculcan las alternativas para un desarrollo armónico, equilibrado y
sostenible, y se opta por un desarrollismo polarizado que niega las otras partes del
equilibrio, que implica entre otras situaciones, el respeto ambiental en las áreas
protegidas. Desde luego, el gobierno usa siempre el ataque como medio de defensa, y
los lambiscones tecnócratas pro petroleros no pierden oportunidad para lanzarse
junto con las cabezas de gobierno en contra de los “fundamentalistas ambientales”,
que obviamente nos oponemos a semejantes insensateces.
Hay líneas de opinión que sostienen que es necesario aprovechar estos recursos
“dormidos” para el beneficio del país y que se traduzcan en educación, salud y
bienestar, sin embargo, se trata de beneficios a corto plazo para satisfacer las
ambiciones personales de los gobernantes de turno, sin pensar en las generaciones
venideras. De cualquier forma, esta decisión como muchas otras, tal es el caso de la
megarepresa de El Bala, el fracking o la energía nuclear, se han tomado sin haber
realizado un análisis serio y pluralista-inclusivo, de la matriz energética del país, una
falencia que se arrastra desde hace algunas décadas.
Diversas organizaciones se manifestaron en mayo del 2015, haciendo referencia al
réquiem de las áreas protegidas a partir del Decreto 2366. Es relevante mencionar,
sin embargo, que era de alguna forma, una muerte anunciada, incluso desde el punto de
vista normativo. Las normas aprobadas en la etapa “neo liberal” fueron hechas a la
medida de los apetitos transnacionales y de los gobiernos pro desarrollistas. Tanto la
Ley del Medio Ambiente (1333) en su Artículo 73, como la Ley vigente de
Hidrocarburos (3058) y su Reglamento Ambiental RASH (DS 24335), contemplaban la
posibilidad de operaciones petroleras en las áreas protegidas. También el Decreto de
creación del PNANMI Madidi (artículo 11) prevé operaciones petroleras vía
cumplimiento del Estado Ambiental y la sola autorización de la Autoridad Ambiental
Competente Nacional (en franca contradicción al Reglamento General de Áreas
Protegidas-Artículo 23). Como se puede ver, las puertas ya estaban abiertas. Lo que
se hubiera esperado de un gobierno que anuncia la protección y defensa de la Madre
Tierra, es una posición consecuente, que no debilite aún más el precario marco
normativo ambiental.
219
La gestión postrada del SNAP
El debilitamiento normativo va aparejado de la debilidad de gestión, tanto del Sistema
de Áreas-SERNAP, como de las áreas protegidas. Para entender la situación del
SNAP, es importante considerar la gestión ambiental del país, cuyo relegamiento y
debilidad crónica han significado plena subordinación al enfoque desarrollista y de
crecimiento económico. Al interior de esta lógica, la conservación de la biodiversidad y
las Áreas protegidas en particular pierden sentido, al punto de ser vistos más bien
como un obstáculo a las políticas de crecimiento. Posiblemente en ningún otro frente
de la gestión ambiental se ve tanta confrontación como entre las áreas protegidas y
las visiones desarrollistas radicales. Estos aspectos se reflejan inevitablemente en
una baja prioridad a la hora de brindar apoyo o en la asignación de presupuestos,
fomentando una institucionalidad débil, supeditada a los planes desarrollistas y sin
capacidades de gestión. La debilidad y marginamiento de la gestión de áreas
protegidas tiene por tanto, una raíz en la debilidad de la gestión ambiental en general.
El SNAP y el SERNAP como su instancia administrativa, han experimentado desde el
año 2005, un progresivo debilitamiento respecto de años anteriores, siendo que su
establecimiento, entre 1992 y 2005, fue ciertamente “entre viento y marea”. Entre
los años 2007 y 2010, el SERNAP todavía procuró priorizar los principios y objetivos
de creación de las áreas protegidas, sin embargo, a partir de la salida forzosa del
Director indígena Yuracare Adrián Nogales el año 2011 (por su posición de defender la
Octava Marcha del TIPNIS y repudiar la represión de Chaparina), las capacidades
técnicas y el nivel de compromiso con los objetivos de conservación, colapsaron
dramáticamente, en paralelo al descalabro de la sostenibilidad financiera.
Los cuerpos de guardaparques de las áreas, no del todo suficientes en número, pero si
con buenas capacidades y altísimo grado de compromiso, funcionaron incluso hasta el
año 2010, pero han ido mermando y siendo paulatinamente marginados, con lo que los
niveles de protección efectiva también han disminuido. Ha ocurrido en pocos años una
pérdida del personal técnico con experiencia de varios años y alto compromiso en los
temas ambientales y sociales. También las capacidades de dirección de las áreas han
dado paso a la improvisación mayormente al favor político partidario. El SERNAP se ha
convertido en un mero instrumento político para facilitar el impulso de diversos
proyectos extractivistas al interior de las áreas protegidas, prestándose a procesos
de cambio y acomodación de la zonificación de las áreas protegidas al ingreso
facilitado de operaciones petroleras y mineras, el ejemplo concreto el nefasto
220
Decreto 2366. El proceso iniciado el año 1992, se ha desmoronado en años recientes,
en paralelo al debilitamiento crónico de la gestión ambiental.
Fuentes
Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia. 2009.
CEDIB. 2015. El Decreto 2366 dicta sentencia a las Áreas Protegidas en Bolivia.
Decreto 2366. 2015. Autorización de operaciones hidrocarburíferas en las
diferentes zonas y categorías de áreas protegidas.
Ribera.A.M.O. y Liberman, M. 2005. El uso de la tierra y los recursos de la
biodiversidad en las Áreas Protegidas. SERNAP-GEF II. La Paz, Bolivia. 540 p.
Ribera,A.M.O. 2008. Las Áreas Protegidas, contra viento y marea (Cap. 11). En
Belpaire,C.M., Ribera,A,M.O. (Eds). Informe del Estado Ambiental de Bolivia.
2007-2008. LIDEMA. 680 p.
Ribera,A.M.O. 2010 c. Sector Hidrocarburos: Análisis general, Zona Tradicional,
Norte de La Paz. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre
Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 220 p
Ribera,A.M.O. 2010. Impactos en Áreas Protegidas. 261-293 p. En LIDEMA:
Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2009-2010. La Paz, Bolivia 346 p.
Reglamento General de Áreas Protegidas, 1995. DS 24781.
Constitución Política del Estado, Bolivia. 2008.
Proyecto de Ley de Bosques y Suelos, Bolivia, 2013.
Ley 337, Restitución de Bosques y Apoyo a la Seguridad Alimentaria. Bolivia, 2013
Ley del Medio Ambiente (Nº 1333)
Ley de Hidrocarburos (Nº 3058)
Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburífero RASH (DS 24335)
Decreto de creación del PNANMI Madidi Nº 24123 de 1995.
http://www2.hidrocarburos.gob.bo: Presentación el avión con tecnología SFD, no
invasiva.
Pagina Siete, 30 junio 2015: Ministra de Medio Ambiente reconoce que habrán
impactos en las áreas protegidas.
221
Colapso de las áreas protegidas en Bolivia
Marco Octavio Ribera Arismendi Marzo 2015
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SNAP, fue creado el año 1992 a partir de la
Ley del Medio Ambiente (1333), lo cual le confiere un régimen y jurisdicción especial,
legalmente establecidas. Las 22 áreas protegidas de carácter nacional comprenden un
15,47% del territorio nacional, lo que hace una superficie legal total de 17 millones de
hectáreas. Bajo la interpretación de la Ley del Medio Ambiente, el SNAP comprende
la totalidad de Áreas protegidas del país en todos los niveles jurisdiccionales, sin
embargo, desde el nivel central y a lo largo de varios años, solamente se ha manejado
el conjunto de las 22 áreas nacionales (SIRENARE/SERNAP, 2005. Las áreas
protegidas de Bolivia tienen las siguientes categorías de manejo reconocidas en el
Reglamento General de Áreas Protegidas: Parque Nacional (PN), Reserva de Vida
Silvestre (RVS), Área Natural de Manejo integrado (ANMI), Santuario de Vida
Silvestre y Monumento Natural. Estas dos últimas categorías no tienen representación
en el conjunto de 22 áreas nacionales; por el contrario existen otras categorías
conferidas por norma a ciertas áreas, establecidas antes de la creación oficial del
SNAP, tal es el caso de la Estación Biológica del Beni, Reserva de Biósfera (Pilón
Lajas), Reserva de Flora y Fauna (Tariquia), Reserva Biológica (Sama). Varias áreas,
como Madidi, Cotapata, o KaaIya, tienen una condición dual, conde las dos categorías
de PN-ANMI, en función a su diversidad de zonas y funciones.
Las áreas protegidas son espacios naturales y culturales de interés nacional y de
utilidad pública, reportan importantes beneficios a las poblaciones locales y
regionales, beneficios que no han sido todavía evaluados formalmente, ni incorporados
en las cuentas nacionales como activos imprescindibles del capital natural de la nación.
Son reservorios de ingentes recursos biológicos estratégicos, muchos de los cuales
probablemente no tienen uso o utilidad actual, pero que en el mediano o largo plazo
pueden ser de enorme relevancia regional y nacional, dada su potencialidad
En conjunto, el SNAP alberga una extraordinaria riqueza de biodiversidad y paisajes
naturales. Significa más de un 70 % de la representatividad de especies, ecoregiones
y ecosistemas del país.
La población que vive en las Áreas protegidas y sus zonas de influencia inmediata es de
aproximadamente 120.000 habitantes (24.000 familias) en unas 800 comunidades. Un
222
total de 96 municipios están vinculados con la gestión de las Áreas protegidas, en
algunas áreas protegidas confluyen varios municipios (caso del PNANMI Amboró), en
otros casos, un municipio abarca varias protegidas (caso del municipio de Apolo en La
Paz).
Áreas protegidas de relevancia nacional (SNAP). Fuente SERNAP 2011.
223
Desde 1992 hasta 1998, la gestión del SNAP, tenía dependencia directa de
Direcciones de los Ministerios de Desarrollo Sostenible, a partir del año 1998, su
gestión se descentraliza con la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP), como una estructura operativa desconcentrada del nivel ministerial. Si bien
el efecto más favorable de la independencia administrativa del SERNAP, se tradujo en
un mayor dinamismo para tomar decisiones y desarrollo de procesos, el precio de esta
relativa autarquía implicó un paulatino aislamiento y descoordinación respecto del
conjunto de políticas públicas y el quehacer del Ministerio de Desarrollo Sostenible
(encargado del tema ambiental).
NOMBRE DEL AREA
SUPERFICIE (has.)
Superficie-% aprox. en tierras bajas has.
PN Sajama 100.230
-----------
PN Tunari 300.000
-----------
TCO – PN Isiboro Sécure 1.236.296 1.236.296
PN Noel Kempff Mercado 1.523.446
1.523.446
PN Torotoro 16.570
----------
PN Carrasco 622.600
60% 373.560
RFA Eduardo Abaroa 714.745
-----------
RVS Manuripi Heath 747.000
747.000
RFF Tariquía 246.870
80% 197.496
RB Cordillera de Sama 108.500
----------
ANMI Apolobamba 483.743
20% 96.748
RB- Estación Biológica del Beni 135.000
135.000
RB-TCO Pilón Lajas 400.000
400.000
ANMI El Palmar 59.484
----------
ANMI San Matías 2.918.500
2.918.500
224
PNAANMI Amboró 637.600
70% 446.320
PNANAMI Cotapata 40.000
10% 4.000
PNANMI Madidi 1.895.750
60% 1.137.450
PNANMI Kaa-Iya del Gran Chaco 3.441.115
3.441.115
PNANMI Otuquis 1.005.950
1.005.950
PNANMI Aguaragüe 108.307
70% 75.814
PNANMI Iñao 263.090
80% 210.472
SUPERFICIE TOTAL EN EL PAIS Y %
17.004.796 has. 15,47%
12.558.1021 has. 17,58%
El SNAP en cifras:
Superficie oficial de Bolivia: 1.098.581 km. cuadrados = 109.858.100 has.
% de superficie total de APs: 15.47% = 17.004.796 has.
% de superficie de tierras altas de Bolivia (por encima de 1.000 msnm.): 35% =
38.450.335 has.
% de superficie de tierras bajas de Bolivia (por debajo de 1.000 msnm.): 65% =
71.407.765 has.
Porcentaje de superficie de sistemas de áreas protegidas en varios países
latinoamericanos:
Bolivia 15.47% Perú 13.1% Venezuela 50.2% Guyana 4.8% Brasil 26% México 11.9% Colombia 20.5% Costa Rica 17.6% Chile 13.3% Argentina 5.3% Ecuador 40%
Bolivia tiene bajo protección legal en áreas protegidas, un total de 17.004.796
hectáreas, es decir un 15,47% del territorio. Si se consideran las tierras bajas, esto
es, desde los 1.000 msnm., para abajo, esta gran proporción de tierras significa un 65
%, es decir, casi 71.5 millones de hectáreas (710.407 Km2). La superficie del SNAP en
225
dicha región de tierras bajas es de 12.558.121 has., lo que equivale a 17.58%, en
términos generales una superficie moderada, y aunque puede ser considerada como
importante, es insuficiente, dada la diversidad de ecoregiones y ecosistemas que
abarca el país e incluso la región de tierras bajas. Es así que se han detectado
numerosos vacios de representatividad, es decir, zonas no cubiertas por el SNAP y
por medidas de protección con ecosistemas de alto valor, tal es el caso de la región de
Guarayos, el extremo norte del departamento de La Paz (llanura amazónica de la
provincia Iturralde), las extensas sabanas de inundación del Beni y gran parte de la
superficie del centro-este de Pando. Esto contradice las suposiciones que sostienen,
que el país tiene demasiadas áreas protegidas, o que la cobertura de éstas en las
tierras bajas es muy alta y que deberían ajustarse las superficies de las áreas para
dar cabida a procesos de desarrollo, como la explotación de hidrocarburos o la
colonización.
Comparativamente al resto de países latinoamericanos, Bolivia ocupa una posición
intermedia en términos de porcentaje de superficie bajo protección efectiva. Es
menester destacar aquellos países con alto porcentaje de áreas protegidas, como ser
Venezuela (50%), Ecuador (40%), Brasil (26%), o Colombia (20,5%).
Valores naturales y culturales del SNAP
Elevada biodiversidad en conjunto, con números elevados de especies de plantas y
animales, así como endemismos, en áreas protegidas localizadas en las regiones del
subandino amazónico y yungas.
Ecosistemas y paisajes singulares, únicos, frágiles y/o amenazados. Muchas áreas
protegidas cuentan con ecosistemas muy particulares, únicos en el territorio nacional,
como es el caso del Bosque seco de Asariamas en el PN Madidi; los palmares de
Janchicoco (Parajuabea torallyi, especie endémica) del ANMI Palmar de Chuquisaca;
los bosques altoandinos de Polylepis tarapacana (Queñua) del PN. Sajama,
considerados los de mayor altitud en el mundo; las formaciones de Cerrado del PN
Noel Kempff Mercado; el extenso bosque seco Chiquitano en el ANMI San Matías,
para solo mencionar unos pocos casos.
Procesos ecológicos relevantes y funciones o servicios ecosistémicos. Destacan de
manera especial las áreas protegidas consideradas como reservas hidrológicas, tanto
por los rangos elevados de precipitación anual, como por sus ecosistemas boscosos que
cumplen funciones de regulación de cuencas y caudales.
226
Especies amenazadas, endémicas, restringidas y emblemáticas. Casi todas las áreas
protegidas, albergan conjuntos de especies en diversos grados de amenaza hasta en
estado crítico (Guanaco en el PNANMI KaaIya, Paraba frente roja en Toro Toro,
Paraba Jacinta en el ANMI San Matías, Oso andino en las áreas protegidas con
bosques de Yungas). Una importante acumulación de especies endémicas (aves,
anfibios, orquídeas, aráceas y muchos otros grupos) se encuentran en las vertientes
subandinas húmedas, así como en los valles mesotérmicos.
Patrimonio cultural arqueológico relevante. Todas las áreas protegidas protegen en
mayor o menor grado, muestras del pasado arqueológico de diversas culturas que
poblaron el territorio, en forma de templetes, ciudadelas, fortalezas, sitios
funerarios, caminos, pictografías, petroglifos, etc. Estas evidencias arqueológicas son
interpretadas en muchos casos, por las comunidades indígenas, como sitios sagrados,
teniendo un elevado significado en su cosmovisión e identidad.
Patrimonio cultural vivo o intangible. Muchas áreas protegidas comprenden muestras
extraordinarias de la riqueza cultural, manifestada en sistemas de producción basados
en conocimientos tradicionales (p.e. ganadería de camélidos, culturas de selva),
medicina natural, contextos mítico religiosos, narrativa, música, arte, que incluye
formas ancestrales esencialmente precolombinas hasta manifestaciones de tiempos
coloniales y más recientes. Estos están presentes tanto en las tierras altas (cultura
Carangas, cultura Kallahuaya) como en valles (cultura Charcas en Chuquisaca), hasta la
rica diversidad de pueblos amazónicos (Tacana, Chimane, Mosetene, Moxo, Esse Eja,
Yuracare) y de la zona Chiquitano-chaqueña (Izozo-guarani, Ayoreode, Bessiro).
Elevados niveles de agrobiodiversidad nativa, también denominada biodiversidad
cultural, y hace referencia a conjuntos de especies de plantas y animales
domesticados, que son el fundamento de los sistemas de producción tradicionales y de
seguridad alimentaria de muchas comunidades. Tal es el caso de las diversas especies
y variedades de papas y otros tubérculos (Apolobamba, Madidi, Cotapata, Carrasco,
Palmar), maíces, cucúrbitas, maní, ajíes, frutas diversas, y especialmente los camélidos
(llama y alpaca) entre los animales.
Aprovechamiento de recursos
El aprovechamiento de los recursos en las Áreas Protegidas reviste condiciones
particulares, predominando en muchas regiones, sistemas productivos tradicionales de
baja escala y bajo costo ambiental (p.e. sistemas indígenas de tierras altas, valles o
tierras bajas), pero en algunos casos, están en tránsito, hacia la precariedad (sistemas
227
precarios de baja eficiencia) o hacia modalidades convencionales, más agresivas con el
ambiente, por estar cada vez más acopladas a las lógicas del mercado y por tanto una
mayor intensificación de la producción. Esto implica impactos localizados, por avance
de fronteras agrícolas y quemas extendidas, muchas veces en terrenos de fuertes
pendientes (p.e. Tariquia, Cotapata, Apolobamba, Carrasco) y afectando ecosistemas y
especies de alto valor para la conservación.
Otra característica en incremento en muchos sistemas productivos al interior de
áreas protegidas, es la de una simplificación de la diversidad cultivada, tendiente, en
determinados casos, a formas generalizadas de monocultivo de productos, con mayor
demanda en los mercados regionales y nacional; tal es el caso del arroz, maíz, maní, o
arveja-haba etc.
Las acciones en temas de uso y manejo de recurso a lo largo de 20 años, fueron
notablemente bajas. Uno de los aspectos menos atendidos fue el de la producción
ecológica y la certificación de la producción en Áreas protegidas. Se debe partir de la
premisa, de que cualquier producción dentro de las Áreas debería por principio ser
ecológica. Existen pocos casos de producción especial, concentrándose en los cafés
ecológicos seleccionados, producidos Pilón Lajas o Madidi. Tampoco existe una
diversificación en la producción alternativa en base a recursos novedosos o
tradicionales de la biodiversidad o agrobiodiversidad, tanto por la falta de iniciativas,
como por la absoluta ausencia de incentivos en forma de demandas y de apertura de
mercados especiales para dichos productos.
Solo algunas áreas protegidas presentan el desarrollo de prácticas ganaderas
tradicionales, las cuales generan diversos impactos, como ser fuegos, presión del
ganado y caza de especies vulnerables como el jaguar o el ciervo de pantanos: ANMI
San Matías en la Chiquitanía, PNAMI KaaIya en el Chaco basal y la EBB en la llanura
beniana. Una práctica ganadera de alto impacto se refiere al modelo de
silvopastoralismo de transhumancia, desarrollado en el bosque tucumano boliviano
(Tariquia, Iñao, Palmar de Chuquisaca), el cual ocasiona fuertes impactos a la
estructura y regeneración natural de los bosques, principalmente por el elevado
número de animales que implica. Otras formas de pastoralismo se dan en las regiones
altoandinas con la cría de camélidos, donde juegan un rol de gran importancia los
humedales llamados bofedales y vegas. Estas prácticas han ocasionado en algunos
casos, eventos de deterioro por sobrecarga y parcelación individual de los campos de
pastoreo (PN Sajama, Quetena grande en la Reserva Eduardo Abaroa). En el PN
Sajama existe desde hace muchos años un conflicto con la vida silvestre, por la
228
intensa depredación del Puma (Felis concolor) y el Zorro (Pseudalopex culpeus) sobre
llamas y alpacas. Similares situaciones se han dado en otras áreas protegidas (Ribera,
1999).
El uso forestal es generalizado, incluso en las tierras altas (por ejemplo extracción de
yareta, queñua, thola) especialmente a partir de prácticas de forestería familiar o
comunitaria con fines domésticos, aunque en ciertas áreas (Apolobamba, Madidi,
Manuripi) existen formas de explotación forestal furtiva para fines comerciales. La
única área en la actualidad con autorizaciones de aprovechamiento forestal es el
ANMI San Matías. También la caza y pesca doméstica es una práctica regular en
muchas áreas, en especial por comunidades indígenas y como parte de su identidad y
acervo cultural y su tipo de sistema productivo (Pilón Lajas, Madidi, KaaIya, TIPNIS,
San Matías). Al momento no existe información o reportes de efectos adversos a las
poblaciones naturales de las especies más utilizadas como recurso.
En el SNAP, las actividades de turismo se restringen a un grupo reducido de áreas
protegidas, principalmente en la Reserva Eduardo Abaroa (REA) y el PNAMI Madidi, y
en menor grado, en el PNANMI Amboró, la Reserva Pilón Lajas, el PNANMI Cotapata
o el ANMI Apolobamba. Algunas áreas como la REA y Madidi, costean una gran parte
de su presupuesto a partir del cobro por ingreso de turistas; el año 2011, la REA
recibió más de 80.000 turistas.
En general, las actividades de turismo se consideran comparativamente, las menos
impactantes, y en especial las diversas modalidades de ecoturismo. Esto es cierto, sin
embargo, los niveles de impacto son intrínsecamente dependiente de las cargas o
números de visitantes, el manejo de adecuadas capacidades de cargas, la
disponibilidad de servicios básicos (como baños o sistemas de control de residuos) y
las capacidades de regulación y control. La acumulación de residuos, como plásticos o
envases, así como el fecalismo localizado a cielo abierto, pueden ser impactos severos
de difícil control si no se cuentan con adecuados servicios sanitarios y de
mantenimiento en las zonas o rutas de visitación, tal es el caso de la REA y el Madidi.
También se han reportado acciones no reguladas de caminatas fuera de sendas, corte
de vegetación, encendido de fuego, hasta prácticas ilegales de cacería furtiva (casos
en el PN Madidi) las cuales pueden proliferar bajo situaciones de escaso control. El
tránsito desordenado de vehículos en terrenos abiertos de áreas en tierras altas,
puede llegar a ocasionar severos deterioros a los ecosistemas y la calidad del paisaje,
el ejemplo más crítico son los semidesiertos altoandinos (p.e, Pampa Siloli, Desierto de
229
Dali) de la Reserva Eduardo Abaroa (REA). El riesgo mayor para el desarrollo y mejora
del ecoturismo en la REA, es el proyecto geotérmico Sol de Mañana en la cuenca de la
Laguna Colorada, que adicionalmente es sitio RAMSAR.
Estado de conservación
Al 2013, se asume que el estado de conservación del patrimonio natural y cultural es
bueno en general, pero se evidencia una clara tendencia a desmejorar debido a la
progresión de impactos por degradación de ecosistemas naturales (principalmente
desbosques hacia las zonas de los límites legales), y grandes amenazas crecientes por
diversos tipos de megaproyectos, desde hace años atrás (Ribera, 2011). Uno de los
aspectos fundamentales relativos al estado de conservación en las áreas protegidas,
es que los ecosistemas bajo protección, en general, son de elevada fragilidad o
sensibilidad ecológica y con muy bajo potencial o capacidad de uso agropecuario.
Las amenazas estructurales de mayor gravedad, especialmente sobre muchas Áreas
protegidas, se derivan de situaciones macroregionales, como es el caso de la Iniciativa
de Infraestructuras Sudamericanas (IIRSA, ahora UNASUR), los grandes
megaproyectos energéticos, o el avance de la agroindustria.
Varias áreas protegidas albergan extensas superficies (cientos de miles de hectáreas)
de ecosistemas en muy buen estado de conservación hasta pristinos, comúnmente son
de muy difícil accesibilidad, por ejemplo, en el noroeste del Madidi, en la región
central del Kaa Iya, en el sector de serranías chiquitanas de San Matías o en la
cordillera de Mosetenes en el sur del TIPNIS.
Existen también, áreas protegidas con niveles de modificación muy pronunciados de
los ecosistemas en amplias superficies, incluso muy antiguas, por ejemplo es el caso de
Toro Toro (con su categoría de Parque Nacional en debate), en la misma línea PN
Tunari. Además, la Reserva de Sama, e incluso los ANMI Apolobamba y el Palmar de
Chuquisaca. En algunas de estas áreas existen formaciones de vegetación natural a
manera de relictos, de enorme importancia para la conservación, como los palmares
endémicos de Janchicoco o bosquetes de Polylepis. El caso de Apolobamba puede ser
considerado especial, pues gozaría, a pesar de la modificación de los ecosistemas, de
una condición de paisaje cultural protegido, en función a la profusa andenería
precolombina, a las prácticas culturales relacionadas al uso de la tierra y al manejo de
agrobiodiversidad. Algunas áreas protegidas, comprenden zonas enclaves de profunda
degradación ecosistémica, como es el caso del valle de Huarinilla en el PNANMI
Cotapata o la zona centro-oeste de la Reserva Tariquia (Achirales, Pampa Grande, San
230
José, Volcán). El TIPNIS tiene la extensa mancha de ecosistemas boscosos
fragmentados y degradados en el sudeste (río Isiboro-río Ichoa), producto de la
colonización desordenada y el avance de cultivos de coca.
Principales impactos ecológicos y amenazas socio-ambientales
Se puede generalizar que la totalidad de las Áreas protegidas enfrentan
problemáticas ambientales, desde condición crítica (grave o severa), hasta condición
de mediana gravedad, aunque en incremento. La situación se ha agravado en los últimos
seis años debido al constante avance de las presiones sobre los ecosistemas, las
políticas desarrollistas y la reducción de la aplicación de medidas de control y recaudo
ambiental.
Las áreas protegidas enfrentan numerosas presiones, mayormente por la
intensificación de los procesos productivos y la ocupación de tierras.
El tema minero reviste especial atención, por lo efectos ambientales y sociales que
implica. El alza de los precios de los minerales, tuvo un efecto decisivo sobre los
ritmos e intensidades de explotación en el país, y también en las áreas protegidas. El
caso del oro puede ser el mejor ejemplo, Desde fines del 2010, el precio de la onza
troy llegó a superar los 1.400 dólares y en septiembre del 2011, alcanzó un máximo
extraordinario de 1.923 dólares la onza troy; aunque en años posteriores bajo su
precio, nunca fue menor a los 1.300 dólares. Esto, en la práctica, desató una fiebre
que repercutió en el incremento de los procesos expoliativos en diversas regiones del
país y afectando algunas áreas protegidas. El caso más crítico se dio en el ANMI
Apolobamba (sector Suches) donde los efectos fueron extraordinariamente
devastadores en superficies extensas de cuencas fluviales y ecosistemas de praderas
altoandinas y bofedales; afectando además, prácticas tradicionales de ganadería de
camélidos e incluso con efectos localizados de ahuyentamiento sobre las poblaciones
de vicuñas (Ribera, 2010). También, ecosistemas cordilleranos de elevada fragilidad
(especialmente cabeceras de cuenca en zonas de bosques nublados) en el PNAMNI
Cotapata y el PNANI Madidi, vienen siendo severamente afectados desde hace varios
años, situación que ha recrudecido por el aumento de la explotación aurífera
incentivada por los elevados precios del metal. La fiebre del oro que se vive desde el
2007, podría incentivar actividades de explotación en otras zonas hasta ahora poco
consideradas en los planes mineros. Por ejemplo, la serranía del Tutumo y las
cabeceras de los ríos Tequeje -Yoama en el subandino del Madidi (donde existe una
231
concesión minera), lo cual significaría la afectación a uno de los sectores más ricos en
biodiversidad del país.
Otras áreas protegidas con explotaciones mineras son: la Reserva Eduardo Abaroa
(REA), principalmente Borax, mineral no metálico, cuya demanda se ha incrementado
en los últimos años. Existe una importante planta industrial de elaboración de ácido
bórico al interior de esta Reserva en la zona Apacheta, cerca de la frontera con Chile,
la cual he generado impactos de contaminación a cuerpos de agua como el bofedal de
Aguita Brava. También existen en la REA pasivos ambientales de explotaciones de
azufre que no han sido remediados (Mina Susana en el cerro Purifica y que ha llegado a
afectar a la Laguna Verde). El aumento del precio internacional de la plata (30 dólares
la onza troy a fines del 2010), podría poner en riesgo a la REA, donde se sabe que
existen depósitos de baja ley. Un impactos derivado de la minería en la REA, fue el
derrame de diesel (siete toneladas) en el bofedal Sulor, afluente de la Laguna
colorada en su zona noreste. El derrame se produjo por vuelco de un camión cisterna
de la empresa minera Tierra que procesa Bórax. El camino que bordea el lado este de
la Laguna Colorada (a muy corta distancia) sirve de vía tanto para vehículos de
turismo, como para camiones que transportan sustancias de riesgo en un área
protegida, como diesel o ácido sulfúrico.
La contaminación ambiental y deterioro ecosistémico, está estrechamente ligada a las
actividades extractivas mineras y petroleras. Destacan los casos de la minería en
(Apolobamba-Suches, Cotapata, Reserva Eduardo Abaroa) e hidrocarburos
(Aguaragüe). Los impactos son mayormente localizados pero afectan ecosistemas de
elevada fragilidad ecológica como humedales o cabeceras de cuenca. Los riesgos de
perturbación ecológica a gran escala, se han incrementado notablemente el 2013, por
la decisión gubernamental de abrir las áreas protegidas de la Amazonía del norte de
La Paz (Madidi y Pilón Lajas) y del sureste del Beni (TIPNIS, Pilón Lajas) a la
exploración sísmica, además la previsiones de YPFB, de proceder con la riesgosa
tecnología del Fracking (Shale Gas) en el PNANMI Aguaragüe.
El megaproyecto del Mutun, ocasionó impactos y amenazas crecientes en la zona de
influencia y al interior del PNANMI Otuquis (zonas de ecosistemas frágiles del
sistema Cerrado-Pantanal). Uno de los grandes riesgos del megaproyecto minero-
siderúrgico, es la extracción masiva de agua (250.000 metros cúbicos/día) en una
región subhúmeda a seca, poniendo en riesgo diversas fuentes locales, incluida la
Laguna Cáceres, que se encuentra al interior del PNANMI Otuquis. Al momento, las
mayores afectaciones y riesgos se han dado a partir de varias infraestructuras viales
232
y portuarias: la mejora del camino y la ferrovía a Puerto Busch, además de la
infraestructura portuaria de Puerto Busch.
En el peor de los escenarios posibles, la escasez de gas natural y la caída de las
reservas gasíferas del país, impedirían el proceso siderúrgico del hierro vía reducción
directa, lo que podría significar recurrir al carbón vegetal, como estaba previsto el
año 2005, con lo cual la tala de maderas duras o el reemplazo de bosques y
ecosistemas naturales por plantaciones de eucalipto, ocasionaría efectos críticos no
sólo a las zonas de influencia sino a las propias áreas protegidas de la región. Al
momento existe en la zona fronteriza de Bolivia, una importante producción de carbón
vegetal, vía tala de maderas duras del Chaco boliviano, para su venta al Brasil
(siderurgias en la zona de Urucum).
Otros impactos sobre la biodiversidad se refieren a procesos relacionados al uso de la
tierra por las poblaciones locales y regionales. Por ejemplo, los desbosques o avances
de la frontera agropecuaria, tanto al interior de las áreas, como por avasallamiento de
espacios naturales para fines agropecuarios, en los bordes o límites legales y que
principalmente se dan a partir de la colonización. Los mayores impactos se dan en las
regiones de bosques subandinos y pedemontanos muy húmedos, de alta fragilidad y al
mismo tiempo de elevada relevancia en cuanto a recursos de la biodiversidad. Los
casos más críticos se dan en el límite norte de los Parques Amboró y Carrasco, en el
sudeste del TIPNIS, en el borde norte del Madidi. También es preocupante la
explotación forestal comercial furtiva, muy generalizada en varias Áreas protegidas
(Pilon Lajas, Apolobamba, Madidi, Manuripi, TIPNIS, Amboró, Carrasco). Generan
importantes impactos sobre ecosistemas frágiles y algunas especies forestales con
poblaciones reducidas.
En varias áreas protegidas, las quemas extendidas en la época seca, se han vuelto
crónicas y se dan mayormente en relación a las sequías estacionales prolongadas que
generan una elevada vulnerabilidad de muchas regiones y están especialmente
relacionadas a los efectos del cambio climático. Las causas fundamentales son fuegos
no controlados, derivados de los chaqueos, quema de pastos, caza con fuego o
extracción de miel silvestre. Áreas como el ANMI San Matías, el PN KaaIya del Gran
Chaco, las Reservas de Sama y Tariquia, el ANMI Palmar de Chuquisca, y el Parque
Nacional Aguaragüe, han sufrido fuertes incendios en los últimos años.
La caza furtiva para comercio o control de predadores, se da en muchas Áreas
protegidas; las presiones van desde la caza de vicuñas en las tierras altas (situación
233
afortunadamente eventual en la actualidad) hasta la caza de lagartos o felinos en
tierras bajas como San Matías, Otuquis o KaaIya. Las Áreas fronterizas son
especialmente vulnerables a las incursiones de cazadores desde países vecinos como
Brasil o Paraguay. La caza de control de predadores de ganado o cultivos (jaguares,
pumas, borochis, águilas, oso andino, venados, etc.) es frecuente en muchas Áreas
protegidas, especialmente en zonas donde en los últimos años, las ocupaciones
humanas se han extendido hasta las zonas silvestres.
Los corredores bioceánicos y caminos sucedáneos del IIRSA, son de gran relevancia
en un análisis de riesgos, pues implican la estimulación y expansión de la agroindustria
soyera, la explotación forestal no regulada, colonización y la ganadería de reemplazo,
pudiendo afectar a varias áreas protegidas, pero principalmente en sus zonas de
influencia. Por ejemplo, el corredor Santa Cruz Puerto Suárez tiene efectos directos
sobre el PNANMi Kaa Iya, ANMI San Matías, PNANMI Otuquis y la Reserva
Tucavaca. El desarrollo del Corredor Norte ya empezó a tener efecto en la periferia
de la RB-TCO Pilón Lajas, a partir de las mejoras de la vía. Una vía a ser mejorada el
2014, es el tramo San Buenaventura–Ixiamas, como parte de las obras de apoyo al
complejo azucarero de San Buenaventura y que incluye el puente sobre el río Beni.
Estas obras viales, influirán de cualquier forma, en la expansión de los asentamientos
y las fronteras agropecuarias del norte de La Paz, agudizando los procesos de
deterioro ambiental ya existentes, al no existir los recaudos y medidas de regulación
sobre la ocupación y uso de la tierra.
Las mayores amenazas a partir de vías camineras cruzando áreas protegidas, a fines
del 2010, eran las siguientes tramos: Apolo-Ixiamas en el PNAMI Madidi, San Ignacio
de Moxos-Villa Tunari cruzando el TIPNIS, Monte Punku-Ivirgarzama cruzando el PN
Carrasco, la mejor del camino Mutún-Puerto Busch cruzando el ANMI Otuquis y que
implica además otras vías como una ferrovía y el canal fluvial. Además están el camino
Ixiamas – Chivé bordeando muy cerca el PNANMI Madidi y la mejora del tramo Chivé-
Cobija cruzando la Reserva Manuripi. La mejora del tramo de ingreso a la Reserva
Eduardo Abaroa (Uyuni-Laguna Verde), bajo estudio a fines del 2010, tendrá al
contrario tener efecto tanto positivos (ordenamiento del flujo de vehículos de
turismo que en la actualidad es caótico) como negativos, en términos de afectación del
paisaje, daños a la vida silvestre por altas velocidades, o el incremento de motorizados
de la minería.
La expansión de la frontera petrolera ha afectado desde los años 90, a regiones
frágiles del país y en especial a ciertas áreas protegidas. El decreto 0676 de fines del
234
2010, ha puesto a disposición de las “empresas operadoras”, cientos de miles de
hectáreas, haciendo efectivo el ingreso, a una importante superficie del SNAP, en
tanto que los anuncios gubernamentales de junio del 2013, han abierto en definitiva la
posibilidad de exploraciones petroleras en Madidi, Pilón Lajas, TIPNIS, Manuripi,
Amboró, Tariquia, Aguaragüe. El nuevo ingreso petrolero al Aguarague (exploraciones
de PETROANDINA y la Eastern gas de China), significa el incremento de los impactos
ya acumulados de otras fases de exploración, que generaron fuertes impactos a los
ecosistemas de esta área protegida, la más afectada del SNAP por el sector
hidrocarburífero, al punto de que es válido preguntarse si se justifica su condición y
en especial su categoría de parque nacional.
A partir del año 2007 se comenzaron a proyectar en el país, grandes iniciativas
energéticas que representan fuertes amenazas para algunas áreas protegidas. En
realidad, el proceso obedeció a una reedición de proyectos de elevado riesgo
ambiental, que ya habían sido promovidos en décadas pasadas, tal es el caso de la
megarepresa de El Bala y el Complejo Geotérmico de Laguna Colorada, la primera
megaobra poniendo en riesgo al PNANMI Madidi y la Reserva Pilón Lajas y la segunda
a la Reserva Eduardo Abaroa (REA).
De construirse la megarepresa de El Bala, se devastarían más de 200.000 hectáreas
de bosques naturales en dos áreas protegidas consideradas las de mayor riqueza
biológica del país. En el caso de la geotermia, la REA perdería los campos de fumarolas
y geiseres, que son un atributo turísitico, se afectaría su calidad ambiental y a la vida
silvestre (flamencos y otras aves) por las líneas de transmisión. Además, la
concentración de centenares de trabajadores en la fase de construcción a orillas de la
Laguna Colorada, significará enormes impactos a la vida silvestre, a la calidad
ambiental-escénica y al valor ecoturístico del área.
En cuanto al sur del país, el PNANMI Kaa Iya (sector Izozog-Parapetí) y las zonas de
influencia hacia el límite sudoeste de esta área, pueden en los próximos años estar
bajo severa amenaza de mayores expansiones de la agroindustria, esto a partir de la
construcción de la represa Rositas (400 MW) en la zona de Río Grande–Abapó. Esta
obra está prevista además de generar energía, para proveer de agua de riego a la
agroindustria del este y sudeste, donde una de las limitaciones es precisamente la
provisión de agua.
El avance de la agroindustria soyera, desde las zonas de “Tierras Bajas del Este”
(Pailon, San Pedro, San Julián) en busca de nuevos espacios, está presionando
235
especialmente a las regiones de la Chiquitanía, Guarayos y el Chaco. El corredor
bioceánico Santa Cruz – Puerto Suárez y la mejora del camino a San Matías, puede
significar en los próximos años, una expansión de los cultivos agroindustriales hacia los
límites del ANMI San Matías y la parte norte y noroeste del PNANMI Kaa Iya. El
PNANMI Kaa Iya, también enfrenta otra severa amenaza a partir del proyecto de
minería a gran escala de caliza a cielo abierto en la quebrada Abaroa (región este). En
el caso de la región Guarayos, el avance de la colonización y la agroindustria, ponen en
situación de riesgo la zona de influencia del PN Noel Kempff Mercado, sin embargo la
mayor amenaza a esta área proviene de los avances de ganadería de reemplazo y soya
desde el Brasil.
Los impactos y amenazas en datos numéricos
Un Total de 20 Áreas protegidas tiene al menos una condición crítica o de
gravedad, dos Áreas (San Matias y Otuquis) presentan 6 situaciones críticas, 2
Áreas (TIPNIS, Madidi) presentan cuatro condiciones críticas y cuatro Áreas
tienen 3 situaciones críticas. 20 Áreas protegidas enfrentan situaciones de
mediana gravedad, muchas con tendencia a agravarse.
10 Áreas presentan problemas críticos de avance de fronteras agropecuarias y
cambio de uso del suelo. 10 Áreas enfrentan situaciones críticas de explotación
forestal; 11 Áreas enfrentan amenazas extremas (críticas) de megaproyectos; 9
Áreas tiene problemas críticos respecto de la construcción de caminos: tres Áreas
son críticas en cuanto la contaminación ambiental y deterioro ecosistémico de
minería e hidrocarburos y cinco Áreas enfrentan riesgos críticos de quemas
extendidas.
Algo que es importante de analizar es que un total de 14 Áreas protegidas que
tienen valores o atributos patrimoniales extraordinarios (caso Madidi, Pilón Lajas,
TIPNIS o San Matías), enfrentan simultáneamente condiciones problemáticas
críticas. Es decir que las Áreas protegidas de mayor valor natural y cultural, son
precisamente las más amenazadas, situación que amerita una profunda reflexión
desde el Estado y la sociedad.
En términos generales, se puede asumir que en la actualidad el SNAP se encuentra
fuertemente amenazado o en riesgo, debido a presiones de gran magnitud y
crecientes.
236
Tabla Resumen de impactos y amenazas ambientales
AREA
PROTEGIDA
PRINCIPALES IMPACTOS Y AMENAZAS
PN SAJAMA El efecto más drástico es la reducción de los glaciales y de la disponibilidad
hídrica por efecto del cambio climático, lo cual repercute en la carga hídrica
de los bofedales y la ganadería camélida. Interferencia de ganadería de
camélidos con depredación de fauna silvestre (puna y zorro). Bosques nativos
de Queñua soportan una plaga fúngica de efectos significativos.
PNANMI MADIDI Amenazas del proyecto de construcción del camino Apolo-Ixiamas; amenaza de
la construcción de la megarepresa de El Bala (cuenca Beni-Tuichi); riesgo de
exploración hidrocarburífera, bloques Río Hondo, Tuichi, Madidi: PETROBAS-
REPSOL-TOTAL-PETROANDINA); explotación aurífera en zonas
cordilleranas y de Yungas; riesgo de expansión de operaciones de explotación
aurífera en la cuenca del río Tuichi por cambio de zonificación del área.
Riesgo de explotación de oro en la serranía del Tutumo (río Tequeje). Además
procesos de explotación forestal (zona San Fermín hacia la frontera peruana)
así como nuevos asentamientos colonos en esta zona de alta fragilidad y con
presencia de un `pueblo indígena en aisalmiento voluntario (Toromona). Riesgos
en la zona de influencia inmediata por la implementación del Complejo
agroindustrial de San Buenaventura.
RB-TCO PILON
LAJAS
Amenaza de la megarepresa de El Bala (cuenca Beni-Quiquibey); avance de la
colonización con avasallamiento de tierras y explotación forestal desordenada;
riesgo por la exploración hidrocarburífera PETROBAS-REPSOL-TOTAL
(bloques Río Hondo-Tuichi); riesgos de ampliación de operaciones de
extracción de oro en el rio Beni.
PN CARRASCO
Avasallamiento de tierras frágiles en la zona pedemontana y en los Yungas
interiores del área por avance de la colonización y aumento del cultivo de coca;
amenaza de construcción del camino Sehuencas-Ivirgarzama que partiría el
área en dos, cruzando zonas de elevada fragilidad ecológica.
PNANMI AMBORO Avasallamientos de tierras frágiles por colonización en las zonas
pedemontanas; extracción de madera y nuevos riesgos de exploración
hidrocarburífera en el bloque Espejos (REPSOL).
PNANMI KAAIYA
Expansión agroindustrial-soyera, en especial menonitas (zona Parapeti-Isoso-
Quimome), riesgo de la construcción de la Represa Rositas, que permitiría
riego a gran escala y expansión de soya y ganadería hacia la llanura chaqueña.
Riesgos de minería de calizas a cielo abierto en el sureste-Quebrada Abaroa
(proyecto EMKI). Construcción de un camino a la frontera con Paraguay (zona
Fortín Abaroa).
PNANAMI Exploración petrolera PETROANDINA, PETROBRAS (San Alberto, Sábalo),
237
AGUARAGUE pasivos petroleros no remediados-Sanandita, deterioro de acuíferos por
caminos, túneles y exploración petrolera, explotación forestal. Amenazas de
múltiples operaciones de exploración sísmica (PETROANDINA, EASTERN
GAS &PETROLEUM). Anuncios de YPFB sobre planes para realizar exploración
y explotación de gas no convencional vía Fracking.
TIPNIS Amenaza de la construcción del Camino San Ignacio-Villa Tunari, ocupación de
tierras por colonización y avance de cultivos de coca, explotación forestal
furtiva; riesgo de exploraciones hidrocarburíferas (bloques Secure, Chispani,
Hondo: PETROANDINA, PETROBRAS).
RVS. MANURIPI
Avance de nuevos asentamientos colonos desde la frontera con el Perú (Iberia,
Iñapari); explotación forestal desordenada, ganadería de reemplazo;
exploración hidrocarburifera en la cuenca Madre de Dios (YPFB); avance de la
ocupación de tierras a partir de la mejora del camino Chive –San Silvestre.
ESTACIÓN
BIOLÓGICA DEL
BENI
Avance de caminos y asentamientos agrícolas y ganaderos en la región sur
(camino San Borja-San Ignacio); caza furtiva de especies amenazadas;
expoliación de los últimos relictos de mara y cedro (zona Maral-08).
ANMI SAN
MATIAS
Corredor bioceánico Santa Cruz-Pto Suárez y expansión de agroindustria,
ganadería de reemplazo,colonización, explotación forestal y tráfico de vida
silvestre. Riesgo de degradación de bosques por uso de carbón vegetal para
explotación de hierro del Mutun; proyecto de megaminería a cielo abierto
(Rincón del Tigre-VOTORANTINS).
PNANMI
OTUQUIS
Explotación del Mutún en la zona de influencia, riesgo de uso de carbón
vegetal en la siderurgia del hierro, riesgo de uso expoliativo de agua de Laguna
Cáceres, impactos por ampliación del camino a Pto.Busch y la construcción de
la Ferrovía Motacucito-Pto.Busch. Quemas extendidas grandes mayormente
desde Brasil y Paraguay.
RB CORDILLERA DE
SAMA
Sobrepastoreo de ovinos y extracción de leña-procesos erosivos por pérdida
de cobertura vegetal. Riesgo de fuerte incendios amenazan relictos del bosque
tucumano boliviano en partes bajas. Recrudecimiento de las sequias por efecto
del cambio climático y reducción de disponibilidad hídrica.
RFF TARIQUIA Región central afectada por el avance de fronteras agrícolas y de ganadería
de reemplazo; tala forestal de maderas valiosas como el cedro y roble, quemas
extendidas y daños localizados a los bosques por silvopastoralismo
transhumante de bovinos. Riesgos de exploraciones petroleras (bloque
Churumas-CHACO)
PNANMI IÑAO Tala forestal de maderas valiosas como el cedro y roble, avance de
agropecuaria en zonas de valles, quemas extendidas y daños localizados a los
bosques por silvopastoralismo transhumante de bovinos. Riesgo de inundación
del valle del río acero por efecto de la Represa Rositas (al igual que la Reserva
238
Forestal Masicuri-Rio Grande). Exploraciones petroleras (bloque Azero,
GAZPROM-TOTAL).
PN TORO TORO Pérdida de cobertura vegetal por corte de leña y pastoreo de ovinos; riesgo de
deterioro de valores geológicos y paleontológicos por turismo desordenado.
Amenazas a poblaciones de especies amenazadas, como la Paraba frente roja.
ANMI PALMAR DE
CHUQUISACA
Avance de fronteras agropecuarias y quemas extendidas ocasionan amenazas
a relictos de los palmares endémicos de Parajubaea torallyi y remanentes del
Bosque tucumano boliviano. Se ha reportado un recrudecimiento de las sequias
por efecto del cambio climático y reducción de disponibilidad hídrica.
ANMI
APOLOBAMBA
Intensa explotación aurífera con efectos devastadores en la zona altoandina
de Laguna Suches- río Suches, y en zonas cordilleranas de Pelechuco (Flor de
Nevado) y de Yungas hacia Mapiri; avance agropecuario en zonas de bosques
nublados de alta fragilidad (p.e. Carijana).
PNANMI
COTAPATA
Aumento de la explotación aurífera desordenada, expansión de asentamientos
en el valle del río Huarinilla; expansión de cultivos de coca en zonas de alta
fragilidad; turismo desordenado (camino precolombino del Choro, Sillutinkara),
daños por captaciones hidroeléctricas Valle Tiquimani (empresa generadora de
Zongo).
RESERVA EDUARDO
ABAROA
Riesgo de proyecto geotérmico de muy alto costo ambiental en zona Sola de
Mañana y cuenca de la Laguna Colorada; operaciones mineras de borax e
industria de bórax (Apacheta) y pasivos mineros azufreros (Puripica-Horsu),
turismo poco ordenado y tránsito arbitrario de vehículos.
PN.TUNARI
Expansión de ocupaciones urbanas; avance agropecuario y quemas extendidas
no controladas afectan relictos de bosques nativos de Polylepis (queñuales) y
especies de aves endémicas. Efectos del cambio climático y reducción de la
disponibilidad hídrica.
La gestión del SNAP como parte de la Gestión Ambiental
Para entender la situación del SNAP, es importante considerar la gestión ambiental
del país, cuyo relegamiento y debilidad crónica han significado plena subordinación al
enfoque desarrollista y de crecimiento económico. Al interior de esta lógica, la
conservación de la biodiversidad y las Áreas protegidas en particular pierden sentido,
al punto de ser vistos más bien como un obstáculo a las políticas de crecimiento.
Posiblemente en ningún otro frente de la gestión ambiental se ve tanta confrontación
como entre las áreas protegidas y estas visiones radicales. Estos aspectos se reflejan
inevitablemente en una baja prioridad a la hora de brindar apoyo o en la asignación de
239
presupuestos, fomentando una institucionalidad débil y sin capacidades de gestión. La
debilidad y marginamiento de la gestión de áreas protegidas tiene por tanto, una raíz
en la debilidad de la gestión ambiental en general.
Adicionalmente, el SNAP y el SERNAP como su instancia administrativa, han
experimentado desde el año 2005, un progresivo debilitamiento respecto de años
anteriores. Entre los años 2007 y 2010, el SERNAP todavía procuró priorizar los
principios y objetivos de creación de las áreas protegidas, sin embargo, a partir de la
salida forzosa del indígena Yuracare Adrián Nogales el año 2010 (por su posición de
defender la Octava Marcha del TIPNIS y repudiar la represión de Chaparina), las
capacidades técnicas y el nivel de compromiso con los objetivos de conservación,
colapsaron dramáticamente, en paralelo al descalabro de la sostenibilidad financiera.
Los cuerpos de guardaparques de las áreas, no del todo suficientes en número, pero si
con buenas capacidades y altísimo grado de compromiso, incluso hasta el año 2010, han
ido mermando y siendo paulatinamente marginados, con lo que los niveles de protección
efectiva también han disminuido. Ha ocurrido en pocos años una pérdida del personal
técnico con experiencia de varios años y alto compromiso en los temas ambientales y
sociales. También las capacidades de dirección de las áreas han dado paso a la
improvisación mayormente al favor político partidario. El SERNAP se ha convertido en
un mero instrumento político para facilitar el impulso de diversos proyectos
extractivistas al interior de las áreas protegidas, prestándose a procesos de cambio y
acomodación de la zonificación de las áreas protegidas al ingreso facilitado de
operaciones petroleras y mineras. El proceso iniciado el año 1992, contra viento y
marea, puesto que en las etapas neoliberales (1992- 2005) no fue fácil erigir un
Sistema de áreas que haga resistencia al avance desarrollista, se ha desmoronado en
años recientes, paradójicamente bajo un régimen de gobierno que ha pregonado el
respeto a la Madre Tierra.
Aspectos normativos
En términos generales, la instrumentación legal ambiental es insuficiente, pues se
denota la ausencia de una Ley de Áreas Protegidas y prevalece un reglamento obsoleto
(Reglamento General de Áreas Protegidas). Esto ha ocasionado una marcada debilidad
en la gestión ambiental y ha llegado a perjudicar al SNAP, dificultando la realización
de procesos de control y fiscalización eficientes.
Algo a destacar, es que el año 1998, se dio por primera en vez en Bolivia, que la CPE
hizo mención específica sobre las Áreas protegidas (Art 385), como un bien común y
240
patrimonio natural y cultural del país y reconociendo que cumplen funciones
ambientales , culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.
Sin embargo, a pesar del apoyo constitucional, diversas Leyes aprobadas en los últimos
años o que están en proceso de emisión, implican un enorme riesgo ecológico y
socioambiental para las áreas protegidas. La nueva Ley de Hidrocarburos, por ejemplo,
no menciona siquiera las áreas protegidas y las autorizaciones de operaciones
petroleras son irrestrictas en el territorio nacional. La nueva propuesta de Ley de
Bosques y Suelos, impulsada por el Gobierno, apoyada por organizaciones campesinas
afines al gobierno, y dada a conocer en noviembre del 2013, violenta el Reglamento
General de Áreas Protegidas, al prever la autorización de la explotación
(“aprovechamiento”) forestal en todas las zonas de las áreas, a excepción de las zonas
núcleo (artículo 41), aunque para dichas zonas la restricción tiene una mención ambigua
(“con carácter enunciativo y no limitativo”) que abre la explotación forestal a todas
las zonas de las áreas. De aprobarse esta Ley, en los próximos años se produciría una
acelerada degradación de los ecosistemas y biodiversidad de las áreas protegidas.
También la Ley 337, de “Restitución de Bosques y Apoyo a la Seguridad Alimentaria”,
eufemísticamente llamada por el sector agroindustrial del oriente como la “Ley de
Desmontes”, y sobre todo después de la Cumbre Agropecuaria del 2015, abre las
puertas para el avance de las fronteras agrícolas, poniendo en riesgo especialmente a
áreas protegidas como el KaaIya en el Chaco o San Matías en la Chiquitanía.
Es particularmente llamativo que la Ley 300 (Ley Marco de Protección de la Madre
Tierra y Desarrollo Integral), hace escuetas y superficiales menciones sobre las áreas
protegidas y no le confiere la relevancia y soporte legal necesarios.
Un elemento crítico actual en aspectos técnico normativos, ha sido la intencionalidad
de cambiar la zonificación de las áreas protegidas, por ejemplo reducir al mínimo las
zonas de protección estricta y aumentar la superficie de las zonas que permiten usos
extractivos, algo que ya se está dando con la elaboración de algunos Planes de manejo,
para favorecer el ingreso de concesiones mineras, como es el caso del PNANMI
Madidi. A esto se suma el anuncio del Ministerio de Hidrocarburos y YPFB, el año 2013
y 2014, de elaborar una norma (Decreto o Ley), paradójicamente con apoyo del
SERNAP, para facilitar el ingreso de las operaciones petroleras. Esto se dio el 20 de
mayo del 2015, con la aprobación del Decreto 2366, el cual tiene por objeto
establecer las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en
todo el territorio nacional. En su Artículo 2 de (Actividades autorizadas), establece:
241
……..Se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las
diferentes zonas y categorías de áreas protegidas, en cumplimiento a los
condicionamientos ambientales establecidos por el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas-SERNAP y la Autoridad Ambiental Competente Nacional-AACN.
El 2366 únicamente exime de operaciones petroleras a Santuarios y Monumentos
Naturales, cosa curiosa, pues esto es a sabiendas de que entre las 22 áreas de nivel
nacional, no hay área protegida alguna con la categoría de Santuario o Monumento
Natural. Una vez más se percibe la astucia y perversidad del sector petrolero.
También está presente el gancho cooptativo y de dádiva, confiriendo el uno por ciento
(1%) del monto de inversión establecido en el EElA, para el fortalecimiento del área
protegida intervenida.
Es importante mencionar que el Reglamento General de Areas Protegidas (DS 24781)
en su Artículo 23, establece que: ….En el área que comprende los parques, santuarios o
monumentos, está prohibido el uso extractivo o consuntivo de sus recursos renovables
o no renovables y obras de infraestructura, excepto para investigación científica,
ecoturismo, educación ambiental y actividades de subsistencia de pueblos originarios,
debidamente calificadas y autorizadas. En este sentido el 2366, vulnera el Reglamento
de las Áreas Protegidas, y no solo eso, sino deroga y abroga (deja sin validez) el
Artículo 23, por oponerse al 2366.
Adicionalmente se debe enfatizar que los procesos de adecuación de Planes de manejo
y zonificaciones, a solicitud (al gusto e interés) del sector petrolero y las empresas,
queda librada a las acciones del SERNAP, una instancia que actualmente ha perdido
toda confiabilidad y toda solvencia técnica y moral, para impulsar los objetivos de
conservación de las áreas protegidas, establecer condicionamientos ambientales que
favorezcan la protección de las áreas y velar por el cumplimiento de los instrumentos
de regulación ambiental.
Diversas organizaciones se manifestaron en mayo del 2015, haciendo referencia al
réquiem de las áreas protegidas a partir del Decreto 2366. Es relevante mencionar,
sin embargo, que era de alguna forma, una muerte anunciada. Tanto la Ley del Medio
Ambiente (1333) en su Artículo 73, como la Ley vigentes de Hidrocarburos (3058) y
su Reglamento Ambiental RASH (DS 24335) contemplaban la posibilidad de
operaciones petroleras en las áreas protegidas. También el Decreto de creación del
PNANMI Madidi (artículo 11) prevé operaciones petroleras vía cumplimiento del
Estado Ambiental y la sola autorización de la Autoridad Ambiental Competente
242
Nacional (en franca contradicción al Reglamento General de Areas Protegidas-Artículo
23).
Esto deja entrever que las normas ambientales fueron diseñadas y aprobadas en los
tiempos “neoliberales” en previsión y a favor de los procesos extractivistas de ese
tiempo o de periodos futuros como el actual.
Sostenibilidad financiera
Un tema álgido, a lo largo de muchos años, en la institucionalidad del SNAP, ha sido su
baja sostenibilidad financiera. Desde el año 2010 se conocía que el monto necesario
para la operatividad mínima-óptima de las 22 áreas protegidas nacionales, ascendía
anualmente a seis millones de dólares, de la cual en la actualidad se cubría hasta el
2011 un poco más del 50%. La sostenibilidad financiera del SNAP entre 1993 y 2007,
estuvo marcada por una fuerte incertidumbre determinada por la dependencia
estricta de los financiamientos externos (Banco Mundial, GEF, Holanda, Alemania,
TNC, etc.), situación apenas paliada hasta el 2007, por el accionar del FUNDESNAP,
fundación privada que manejaba el fondo fiduciario del SNAP. Adicionalmente, la
contraparte estatal para estos proyectos de apoyo externo, fue en años anteriores
insegura y sujeta a profundas inconsistencias. Si bien existieron compromisos
firmados por el Estado boliviano para proveer los fondos de contraparte de los
proyectos con financiamientos externos, hubo un claro incumplimiento y retraso en los
desembolsos. El rol del TGN fue hasta inicios del 2000 casi inexistente, los siguientes
años paulatinamente se noto una mayor aportación, hasta alcanzar el año 2009, la cifra
de 630.000 $US (un 192% de aumento respecto de años anteriores), de cualquier
forma, el aporte estatal, siempre fue notablemente insuficiente. Esta situación se
mantuvo en los años siguientes años. Los escenarios actuales y futuros, siguen siendo
de elevada incertidumbre, con tiempos largos de escasez presupuestaria, y con una
elevada dependencia de financiamientos externos, cada vez más escasos, y el aporte
estatal casi inexistente.
El mantenimiento presupuestario de la gestión de las Áreas Protegidas carece de un
apoyo legal específico, la Ley del Medio Ambiente no menciona las partidas de soporte
financiero que deberían asegurar el funcionamiento del SNAP, ni siquiera en los
Artículos referidos a la creación del extinto Fondo Nacional de Medio Ambiente
(FONAMA). El Reglamento General de Áreas Protegidas no hace mención alguna del
soporte financiero del SNAP, salvo en los artículos 110 y 11 referidos a ingresos
económicos provenientes de tarifas de turismo en Areas Protegidas. Por su parte el
243
Decreto Supremo Nº 25158, de la creación del SERNAP en su Capítulo I del Régimen
Económico de la institución menciona en su Artículo 24, referido a los recursos
financieros establece que el SERNAP financiará sus operaciones con las siguientes
fuentes de ingresos: a) Asignaciones presupuestarias anuales del Tesoro General de
la Nación; b) Fuentes de cooperación o financiamiento, internas o externas; c)
Recursos propios por prestación de servicios y otros, de conformidad a
reglamentación específica.
Al momento, el soporte del PGE, no supera el millón de dólares (de los 6 o 7 MD que
representa el presupuesto de sostenimiento básico de todo el SNAP), con el agravante
que las cooperaciones, como de Holanda y Dinamarca, han fenecido en su apoyo, no
existe un proyecto en curso del Fondo Mundial (GEF) y FUNDESNAP confiere un muy
limitado apoyo financiero. El SNAP solamente cuenta en la actualidad con un soporte
general de la Unión Europea (Proyecto PACBIO) que es insuficiente para los diversos
requerimientos operativos. Esto ha dado lugar a un notable debilitamiento de las
acciones de protección y gestión en general de las áreas, evidenciándose un
pronunciado retroceso (casi un colapso) respecto de años anteriores.
Ingresos significativos por turismo se limitan en la práctica a solo dos áreas del SNAP
(REA y Madidi) y no existen otras fuentes o soportes nacionales o subnacionales. EL
SNAP no recibe ningún monto o compensación del Impuesto a los Hidrocarburos
(IDH), en tanto que las proyecciones para la captación de fondos de agencias
extranjeras o de cooperación, se tornan más difíciles, en especial por la incertidumbre
respecto del apoyo oficial y de las políticas públicas a las áreas, y la crisis económica
mundial. Algo que considerar es la ausencia en los últimos años, de fondos canalizados
desde el IDH (Impuesto Directo de los Hidrocarburos) que ha llegado a beneficiar a
gobernaciones, alcaldías, universidades, y otras instancias, pero que no ha generado
ningún beneficio para el Sistema de Áreas Protegidas, considerando incluso el nivel de
impacto y daño ambiental en algunas áreas como Aguarague.
244
Fuentes
Daza,R.VB. 2009. Reporte de cambios en la cobertura vegetal y amenazas en Áreas
Protegidas del SNAP. Casos de estudio: PNANMI Cotapata, PNANMI Madidi, RB-
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Agroindustria de la soya. LIDEMA (DANIDA-NEBE).
SIRENARE/ SERNAP 2005. Importancia de las Áreas Protegidas en la gestión de
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Salinas, E. 2007. Conflictos ambientales en áreas protegidas de Bolivia. Ed.
EDOBOL. La Paz, Bolivia, 157 p.
Revistaparques.org/2013-2/estudios. Parques nacionales y pueblos indígenas no
contactados
245
Obsesión TIPNIS
Marco Octavio Ribera Arismendi Julio 2015
Desde el 2010, un año antes de la octava marcha, sobre el megaproyecto vial del
TIPNIS y el avasallamiento del territorio indígena y área protegida, se escribieron
cientos de noticias, artículos, memorias y hasta libros, sin contar reportajes y
documentales. La mayor parte de este material informativo que ha quedado como
testimonio para la historia, ha denunciado o puesto en evidencia la soberbia y mala fe
del gobierno boliviano a todo el mundo. Es en estos años, después del 2010, que se
desenmascara su incoherencia y el doble discurso. Un rápido recuento nos lleva al 2011
y la octava marcha, todo el problema define una suerte de maniqueísmo, donde el lado
oscuro y nefasto, no está precisamente del lado de los indígenas.
En octubre de ese mismo año, la marcha recorre toda la llanura beniana y llega al pie
de monte amazónico de Chaparina, donde se desata una represión genocida de la cual
nadie quiere ser responsable, al extremo de pretender que creamos que más de un
centenar de policías de elite, por su propia decisión y cuenta se fueron al trópico
beniano a apalear y gasificar indígenas. Se evoca la proclama de la lucha Zapatista
….Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción…
Paradójicamente, unos meses después, varios de los apaleados indígenas son
perseguidos con demandas judiciales, criminalizando la protesta social. En tanto
algunos de los verdaderos responsables de Chaparina, transfugas de la lucha por los
derechos humanos, son premiados con cargos de embajadores. Una ministra con una
dignidad que el gobierno no merecía, renuncia, ocasionando la ira del gabinete. El
Director del SERNAP, el indígena Yuracare y oriundo del TIPNIS, Adrián Nogales,
repudia la represión de Chaparina y es de inmediato depuesto. La marcha llega a La
Paz y la recibe una multitud que jamás se había visto en la hoyada y que bien podía
llenar 10 estadios. El movimiento indígena y ciudadano presionan para que se apruebe
la Ley 180, que a pesar de estar retorcida por el tema de la intangibilidad, paraliza la
carretera, luego vino la canallada legislativa de sustituirla por la Ley 222 que
establece una consulta aún mas retorcida a ser realizada en el TIPNIS. La novena
marcha se inicia el 2012, para desafiar esta matufia legal. Fue muy triste, no solo por
el sabor del engaño y la doblez del gobierno, sino porque es el inicio de la cooptación
sistemática de líderes y la división de las organizaciones indígenas. La ceguera del
poder hizo que las alternativas de tramo que expuso la sociedad civil y los propios
indígenas no sean consideradas en lo más mínimo. Incluso se realizó una evaluación
246
ambiental estratégica por encargo del SERNAP, con acertadas recomendaciones y
alternativas, la cual no fue tomada en cuenta en absoluto.
La consulta que hizo el gobierno fue una farsa y se puso de manifiesto la mala fe en
plenitud, así como el prebendalismo y la compra de dirigentes, se indujo el
enfrentamiento entre indígenas, se militarizo el territorio indígena, se violó la
Constitución, los Convenios internacionales y los derechos indígenas. Así lo
manifestaron los informes de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia y Derechos
Humanos. Con esto, se desenmascaró la falacia de que 55 de las 58 comunidades del
TIPNIS aceptaron la carretera. Nunca se vio tanto abuso de poder, los indígenas
enfrentados en una pulseta muy desigual, solamente con su dignidad y sus derechos,
contra la arrogancia gubernamental que derrochaba recursos en dádivas y
propagandas. De cualquier forma, se paralizó el avasallamiento, y el gobierno quedó a
la espera de momentos más oportunos, después de los eventos electorales, total, con
el movimiento indígena desarticulado, la CIDOB suplantada, la mayoría de las
organizaciones indígenas divididas, las organizaciones ambientalistas amedrentadas y
la mayor parte de la prensa sumisa, todo iba a ser más fácil.
¿Por qué ocurre toda esta enorme sarta de iniquidades y porque tanta obsesión? Más
allá de los argumentos tradicionales que dieron los jerarcas del gobierno, como la
necesidad de vertebrar el país, o el acceso a “derechos constitucionales” (¿?), en todo
ese tiempo se ensayó una variedad de opciones de respuesta, como los intereses de
ganaderos brasileros, ser parte de las proyecciones del IIRSA, planes petroleros,
estrategia para debilitar la supremacía de la oligarquía cruceña, etc; otras versiones
parecían más realistas, por ejemplo, la ambición de tierras por el sector cocalero, lo
cual tiene relación con anteriores ofrecimientos electorales. No olvidemos que el
TIPNIS es considerado parte del bastión de las Federaciones de Cocaleros del
Trópico de Cochabamba, de las cuales Evo Morales es líder máximo. En fin, es posible
que todas estas opciones tengan algo de verdad en tan amargo entuerto. Como en
otros problemas socioambientales abiertos en el país por el delirio desarrollista (caso
Bala y energía nuclear), existe una marcada tendencia a la megalomanía y delirio de
poder, una obsesión por los megaproyectos. A esto se suma el fundamentalismo
economicista y desarrollista a ultranza, así como el menosprecio abierto que se
muestra hacia los temas socioambientales.
En previsión a lo que se gestaba, en enero de 2013, Fernando Vargas líder máximo de
la Subcentral Indígena del TIPNIS mencionó la intención de tocar las puertas de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington. En junio del 2015, el
247
líder indígena anuncio que a fin de año partirá a Estados Unidos una marcha
internacional, en defensa de los parques naturales en Bolivia (El Diario, 1 de junio
2015).
En mayo del 2015, la Federación de Trabajadores Campesinos del Beni, “pidió” al
gobernador electo de ese departamento Alex Ferrier del MAS, la construcción de la
carretera por el TIPNIS (ERBOL, 12 mayo 2015), figura que sin duda, estaba ya
orquestada meses atrás. A fines de junio del 2015, se anunciaba que el gobierno, a
través de la Fuerza Binacional boliviano-venezolana (La Razón, 28 junio 2015), inició la
construcción de la plataforma en la carretera San Ignacio de Moxos-Santo Domingo
este último punto en el borde del TIPNIS sobre el río Secure. Este tramo se
encuentra al oeste y fuera del territorio indígena y parque nacional, pero claramente
el hecho constituye el reinicio del avasallamiento de esta área. No se hizo esperar el
discurso demagógico y sofista del Vicepresidente:….“la decisión de romper con la
historia de abandono y recuperar la cultura laboriosa y técnica de los antepasados,
que hicieron lagunas, ríos, canales, terraplenes y generaron mucha riqueza en esta
zona antes de la colonización, y esto comprende la integración caminera”. Una vez más
la retórica retorcida y de camuflaje.
y…¿ahora que?.......¿nuevamente la desigual contención de fuerzas..?....¿los millonarios
gastos en propaganda buscando justificar el avasallamiento?....¿algo parecido a
Chaparina?....¿mas criminalización de la protesta?.....¿mas arrogancia y abuso de
poder?....
A diferencia del 2007 o el 2008, en la actualidad, la imagen internacional de
embelesamiento por un gobierno paladín en la lucha por la defensa de la Madre Tierra,
en la práctica se ha derrumbado; aparentemente, al gobierno ahora, su imagen le
importa un pepino, de forma que ni siquiera existe esa posible salvaguarda. Nótese que
la desigualdad de fuerzas entre los indígenas del TIPNIS y el gobierno, es ahora
mucho más grande, debido en especial a la desarticulación del movimiento y la lucha
indígena. Desafortunadamente, las Naciones Unidas y sus Convenios son casi un cero a
la izquierda. En tanto, la multitud de lógicas urbano centristas viven a espaldas del
problema y enfrascadas en su cotidianidad, y no es tarea fácil motivarla.
Queda soñar, que este gobierno dé un giro de 180 grados, asuma una posición
democrática y pluralista, sea transparente, actúe de buena fe, respete la
Constitución, torne coherente su praxis con el discurso de respeto a la Madre Tierra,
248
sin perder autoridad de muestras de humildad y deje de lado la soberbia, que aplique
el principio de precaución, etc. ¿Mucho pedir?....¿mucha ingenuidad? ….
En tanto, solo queda almacenar y atesorar hasta la última brizna de información, para
que al futuro puedan plantearse las respectivas responsabilidades históricas y así
algún día poder pedir cuentas.
Fuentes
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Tiempos 12 de diciembre de 2012.
Balcázar, R.H.E. 2014. Problemática hidrológica y ambiental de la carretera Villa Tunari –
San Ignacio de Moxos – Trinidad. Exposición de rutas alternativas. Colegio de Ingenieros
Civiles de Bolivia.
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2012, Nº 4.
Gavaldà,M. 2010. Homenaje a los pueblos del Isiboro Sécure. Momentos antes de la
destrucción de sus territorios / Rebelión.
Guzman,I. 2012. Octava Marcha Indígena en Bolivia. Por la defensa del territorio, la vida y
los derechos de los pueblos indígenas. CIPCA
Paz Sarela. 2013. La Marcha Indígena del TIPNIS en Bolivia y su relación con los modelos
extractivos de América del Sur.
Ribera,A.M.O. 2011. Crónica Ambiental. 2007-2011. Retrospectiva y actualización de
análisis de problemáticas priorizadas. LIDEMA. La Paz, Bolivia.
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análisis de escenarios. p. En LIDEMA: Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2009-2010.
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Ribera,A.M.O. 2011. Crónica Ambiental. 2007-2011. Retrospectiva y actualización
de problemáticas ambientales priorizadas. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 338 p. SERNAP-MMAA. 2011. Evaluación ambiental estratégica para el desarrollo integral
sustentable del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS. Rumbol.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.2011. Informe defensorial. Respecto a la violación de los
Derechos Humanos en La Marcha Indígena del TIPNIS. Nov. 2011.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2012. Informe del Defensor del Pueblo Rolando Villena, sobre
el ejercicio de los derechos humanos en el Estado Plurinacional durante la gestión 2012 (10
de dic. 2012).
FIDH/APDHB – BOLIVIA 2013. Informe de verificación de la consulta realizada en el
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure / 3
Los Tiempos, 18 diciembre 2012: Comisión de la Iglesia y la APDHB denuncian, 30 de 36
comunidades rechazan vía por el TIPNIS.
ERBOL, 12 mayo 2015: Gobernador del Beni anuncia reactivación de la carretera en el
TIPNIS.
249
Una Cumbre con sabor a glifosato
Marco Octavio Ribera Arismendi Mayo 2105
A modo de preámbulo, en cuanto al debate sobre la agroindustria, la soya o los
transgénicos, casi siempre ha estado inmerso en el manejo de la falacia entre el
paralogismo o el más descarado sofismo. De acuerdo a los principios básicos de
filosofía, la falacia es un razonamiento falso, en esencia un error o falsedad. Estos
principios indican que el paralogista, usa la falacia o falsedad, de forma involuntaria,
por ignorancia y sin intención de engañar. En cambio el sofista, usa la falacia de forma
voluntaria, conociendo plenamente la falsedad y con intención expresa de engañar.
Varios defensores de modelo agroindustrial y especialmente de los transgénicos, son
connotados sofistas. Es el caso del comunicador de la Monsanto que en una reciente
entrevista televisada en la Argentina, declaró la inocuidad del glifosato, añadiendo que
se puede beber un vaso de glifosato sin sufrir efecto alguno, ante lo cual el periodista
le ofrece una vaso de glifosato y le insta a que se lo beba. El sofista comunicador de la
Monsanto visiblemente irritado, dio por finalizada la entrevista y concluyó diciendo
que no era un idiota para hacer semejante cosa. En el otro extremo, hay varios
paralogistas entre los líderes y operadores políticos de los gobiernos sudamericanos
soyeros que favorecen la agroindustria, pero también hay muchos sofistas.
Antes, durante su desarrollo y después de la realización de la Cumbre “sembrando
Bolivia”, organizada por el gobierno en la ciudad de Santa Cruz a fines de abril, las
reacciones de un gran número de expertos, instituciones y organizaciones
comprometidas con el respeto socioambiental y a riesgo de que su dignidad
contestataria sea burdamente confundida con conspiración política, convergieron hacia
una crítica por demás fundamentada en contra del oportunismo del sector
agroindustrial.
Destacan por su gravedad dos temas. La expansión de la frontera agroindustrial, y de
la ganadería de reemplazo de miles de hectáreas bosques que es otra pesadilla
ambiental, a una escala nunca antes vista, constituye una aberración del desarrollismo
que no solo implica una eliminación masiva de la biodiversidad por la ampliación de los
desbosques, sino una pérdida de oportunidades (por pérdida de suelos) para los
pequeños agricultores que bien podrían lograr modelos sostenibles (vía campesina) y
amigables con la Madre Tierra. Además, la emisión de millones de toneladas de gases
de efecto invernadero, hace que el país aumente sus cuotas de responsabilidad en el
250
calentamiento global y el cambio climático. Pero la arrogancia de los agroindustriales,
no solo se refiere a la ampliación de los desmontes, sino a la plena liberación de los
transgénicos, incluso para el maíz, que al igual que en otros países latinoamericanos,
puede considerarse un patrimonio de la agrobiodiversidad. Para ello no han tenido
reparo en exigir al gobierno la modificación de la Ley Marco de la Madre Tierra.
De cualquier forma, las conclusiones oficiales de las cinco mesas de trabajo son una
apabullante babel de ideas y demandas, donde se mezclan las modestas expectativas
del pequeño campesino, con las proyecciones inequívocas del apetito de la
agroindustria. Las diferencias saltan a la vista.
A continuación se exponen algunos de los aspectos más críticos de la problemática,
desde un enfoque mayormente técnico, varios de los cuales ya fueron argumentados en
años anteriores, pero haciendo mención a nuevas situaciones, como las recientes
conclusiones de oficinas especializadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
sobre la vinculación del herbicida glifosato y la ocurrencia de cáncer.
Un elemento a resaltar es la escasa transparencia en cuanto el acceso a la información
del sector agroindustrial, bastante renuente a poner a disposición de la sociedad o de
los medios de comunicación, datos que deberían ser públicos. Esto se hizo más
evidente a partir de las publicaciones sobre extranjerización de tierra en Bolivia de
Miguel Urioste (2011) y de la frontera agropecuaria en el oriente de Colque (2014), lo
cual torna muy difícil un seguimiento objetivo del desempeño económico, social,
ambiental y legal del sector. Por lo tanto, muchos datos que se mencionan no están
actualizados a fechas recientes y se usan estimaciones.
El sector agroindustrial
Un conjunto de elementos paradigmáticos llega a definir al poderoso sector
agroindustrial del oriente, el cual incluye a los menonitas; uno de los sectores que
mayor depredación ecológica ha ocasionado al país, que genera divisas volátiles, paga
impuestos irrisorios, no genera rentas o retenciones a pesar de los exorbitantes
ganancias, recibe una generosa subvención de carburantes, busca la despenalización de
los desmontes ilegales, usa masivamente productos transgénicos, así como pesticidas y
herbicidas de alta toxicidad, y que además se ha abierto gustosamente a la
extranjerización de la tierra. Este es el sector que ha presionado al gobierno desde ya
hace unos años, para lograr una serie de medidas políticas y legales, con el fin de
afianzar una preeminencia indeseable por el elevado costo ambiental y social que
significa.
251
De los más de 14 mil productores de soya en Bolivia, el 2% (280) corresponde a
grandes productores, un 20% (2.800) a los medianos, y un 78% (11.000) a los pequeños
productores. Si bien los datos son del 2007 y con seguridad estas cifras han
cambiando, la tendencia de la proporcionalidad se mantiene. Más de un 70 % de la
superficie agroindustrial de Bolivia es ocupada por grandes productores que cultivan
más de 1.000 hectáreas (inclusive hasta más de 20.000 hectáreas a través de figuras
asociativas o corporativas. Otro dato llamativo, corroborado al 2011 por Urioste, es
que de aproximadamente 280 grandes productores, 250 son extranjeros,
principalmente brasileros, sólo unos 30 grandes productores son nacionales.
Las lógicas corporativas del sector, por conveniencia, han incorporado en el sector
agroindustrial vía ANAPO, a los pequeños productores, en alto número
(comparativamente a los grandes señores de la soya) y obviamente con escasa
superficie de tierras, por tanto responsables de modestos desbosques, pero inmersos
en la producción transgénica y el uso de herbicidas de alta toxicidad.
Los empresarios de la agroindustria soyera en Bolivia, pagan un irrisorio impuesto a la
tierra, y no hay retenciones impositivas a las utilidades, como ocurre en la Argentina y
es un fundamento clave en las grandes utilidades que en muchos casos, terminan en
bancos extranjeros, con niveles de reinversión muy bajos (Urioste, 2011). La elevada
utilidad del modelo agroindustrial de la soya, también se debe en gran parte al
subsidio estatal al precio del diesel, el cual es importado por el país (400.000 barriles
mensuales), la mitad de los cuales, consume la agroindustria. A falta de información
actualizada, se utilizan cifras del año 2008, la subvención al diesel al sector
agroindustrial actualmente superaría los 150 millones de dólares, con lo cual, cada
boliviano pagaría anualmente más de 400 dólares al sector agroexportador, a fin de
que opere con un diesel llamativamente barato.
Otra referencia vaga, aunque frecuente, es el supuesto apoyo al desarrollo local,
aspecto fundamentado en el flujo de divisas, situación que tiende a ser temporal y
ligado al fenómeno de los “booms”.
Según Enrique Castañón (2014), de Fundación Tierra, el proceso agroindustrial no solo
ocasionó acumulación de capital, sino la profundización de la brecha económica, algo
que el año 2007, Mamerto Pérez ya había puesto en manifiesto en cuanto a la
proporcionalidad de los beneficios netos totales, donde cada productor grande recibía
en promedio 180.000 dólares, cada mediano 27.000 dólares y cada pequeño productor
1.100 dólares. Esto coincide con dato de Prudencio Börth (2008), en 1989, los
252
agroempresarios exportadores ganaban 3,6 veces más que los productores
campesinos, en el año 2001 ganaban 29 veces más. Esperamos cifras actuales.
En general, la distribución de beneficios de la soya es mayoritaria en casi un 80% para
los grandes productores, comercializadoras y procesadoras industriales, y solo algo
más de un 10% para los pequeños productores.
A pesar de la cifra hiper inflada sobre los supuestos beneficiarios directos e
indirectos de la cadena de la soya, lo cual a estas alturas ya está sujeto a una sana
relativización, el sector, considerando la cada vez más sofisticada mecanización y el
uso de herbicidas para eliminar malezas, no genera los niveles de empleo que pregona.
Recordemos al respecto la mención de Mamerto Pérez (2007) una vez más: ……la idea
posicionada por los promotores del complejo soyero en el imaginario nacional, en
sentido de que genera “miles y miles” de empleos, está planteada de tal modo que —
aparentemente— hace innecesaria cualquier otra indagación al respecto”. Sobran los
comentarios.
En el sector agroindustrial ingresan también la ganadería de reemplazo (muy bien
posicionada en la Cumbre de Santa Cruz); los desmontes de miles de hectáreas para la
siembra de pastos en Bolivia es la segunda fuerza de destrucción de ecosistemas
después de la soya. La industria cárnica vía reemplazo de enormes superficies de
bosques y la cría de grandes hatos, es además responsable de una alta proporción de
gases de efecto invernadero. Las expectativas de aumento del número de cabezas
(vientres) expresadas en la Cumbre, implica el riesgo de enormes desbosques tanto en
zonas boscosas como en las de sabanas (islas de bosques, bosques de galería, bosques
de alturas).
Seguridad alimentaria
Sin duda, el mito más utilizado en los últimos años, ha sido el aporte del sector soyero
y agroindustrial en general, a la seguridad alimentaria. Lo cierto es que no solo, no
mejoró la seguridad alimentaria, sino que paralizó y revirtió la diversificación de
producción de alimentos, y por tanto no mejoró sustancialmente la dieta alimenticia
del país. Esto es una falacia, considerando que alrededor de un 80% de la producción
soyera es para la exportación y que un 20% de soya (transgénica casi en su totalidad)
es destinada el consumo interno, principalmente como fuente para las industrias de
cría de pollos y ganado vacuno o porcino, y con destino mayoritario a centros urbanos.
Las cámaras, corporaciones y asociaciones agroindustriales de Santa Cruz, replican
253
fielmente las falacias de Monsanto, cuando afirman que se necesitan los transgénicos,
para garantizar la seguridad alimentaria del país.
El caso del Norte Integrado de Santa cruz es revelador, una región que hasta 1990,
producía diversos cultivos de consumo básico, como, frijol, yuca, maíz, arroz,
hortalizas, frutas y leche, donde fueron reemplazadas miles de hectáreas por
monocultivos. En términos absolutos, mientras la soya expandió su superficie cultivada
casi 15 veces más, en los 20 años siguientes, productos como arroz, maíz y trigo
expandieron su superficie, sólo un poco más de 3 veces (Prudencio Börth, 2008).
Por su parte, el evento de siembra agroindustrial de trigo de invierno en Santa Cruz,
no es generalizado, y está ligado a la soya desde una lógica rotacional, pero a una
escala muy marginal y con volúmenes cada vez más bajos de producción, que no son
significativos en términos de la seguridad alimentaria.
Avance de la frontera y disponibilidad de tierras
El carácter esencialmente expoliativo de la agricultura a escala industrial
(megacultivos) de la soya, ha sido manifestado frecuentemente por diversos
especialistas (Perez, 2007; Pacheco, 2008; Urioste, 2010; Urioste, 2011; Ribera
2013). La deforestación más importante en el país es por la agroindustria, con una
tasa de 60.000 hectáreas./año, junto con la ganadería de reemplazo de bosques
(Prudencio Borth, 2008; Pedraza y Aragón, 2010; Ribera 2013).
El modelo soyero forma parte del modelo extractivista en el que se hallan inmersos los
países sudamericanos, y se da a partir de la lógica de una desenfrenada exportación
de la fertilidad de los suelos, en esencia ha sido comparada a una minería a cielo
abierto, a partir de megacultivos e inmensas cantidades de insumos en maquinaria,
combustibles, agroquímicos. Es la forma de uso más atentatoria a la Madre Tierra.
La inmensa mancha de desbosques de la zona integrada al noroeste de Santa Cruz, del
Este de Santa Cruz, Río Grande, San Julián y el Norte de Santa Cruz (Guarayos y
carretera a Trinidad), es mayormente producto del avance agroindustrial a diversas
escalas aunque con predominio de los megapredios de los grandes productores. La
mancha agroindustrial al Este de Santa Cruz, empezó a expandirse a fines de los años
80 con el programa Tierras Bajas del Este, apoyado fundamentalmente por el Banco
Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de
Fomento (CAF). Suma en total alrededor de 4.5 millones de hectáreas, producto de
una acumulación histórica de los últimos 25 años. Esta gran zona agropecuaria
254
comprende áreas de cultivo intensivo de caña de azúcar, arroz, girasol, chia, pero
fundamentalmente soya, que abarca actualmente algo más de un millón de has., de
monocultivos agroindustriales de soya. En esta superficie se incluyen las más de
300.000 hectáreas de campos degradados dejados por la agroindustria y que en el
mejor de los casos fungen como campos marginales de pastoreo, sujetos a procesos
erosivos. Solo en Santa Cruz, existen 1,5 millones de hectáreas afectadas por erosión
eólica alta a muy alta (Hinojosa y Rojas /CIMAR, 2009).
Ya se ha mencionado que los mejores suelos del país (en torno al abanico del Río
Grande y el Norte Integrado) han sido sobre-explotados por las operaciones
agroindustriales en las últimas cuatro décadas.
En cuanto a la pérdida de bosques, el informe de la evaluación aérea realizada por
CIMAR el año 2010 (Pedraza y Aragón /CIMAR-LIDEMA, 2010) reveló el
extraordinario avance de las frontera agroindustrial y de la ganadería de remplazo en
zonas de especial fragilidad, como el entorno inmediato de la Laguna Concepción,
directa contigüidad al Parque Nacional Kaa Iya y de la Reserva Chore. Otras
evaluaciones evidenciaron drásticos procesos de desmontes a partir de cultivos
agroindustriales en el Monte San Pablo (tramo San Ramón-Trinidad), así como en las
zonas de Charagua, Villamontes y Yacuiba por avance menonita. Similar efecto se
observó el año 2012, en el tramo Roboré-Puerto Suárez, como parte del impacto del
corredor bioceánico Santos (Brasil)-Puerto Suárez-Santa Cruz.
Además de los impactos sobre los bosques y las inmensas pérdidas de biodiversidad, el
avance de megacultivos agroindustriales, deteriora o destruye irreversiblemente
numerosas redes hidrológicas locales (arroyos y cañadas), arrasándolas o desecándolas
por la extracción masiva de agua para riego, como es el caso del arroyo Quimome,
principal alimentador de la Laguna Concepción.
Para el ecólogo Fearnside (2001), la soya es mucho más perjudicial al medio ambiente
que otros cultivos, porque justifica grandes proyectos de infraestructura de
transporte que, a su vez, inician una cadena de eventos que conducen a la destrucción
de hábitats naturales en grandes extensiones más allá de las áreas sembradas
directamente con la soya.
Un punto álgido del debate en la cumbre y sus prolegómenos, gira en torno a la errónea
visión de abundancia de tierras cultivables, visión impulsada intensamente por el IBCE
desde el año 2009, en relación a la producción de los biocombustibles. Este mito o
falacia, compartido por altas autoridades de gobierno, ignora que Bolivia tiene
255
mayoritariamente suelos de modesta a baja vocación agrícola y ecológicamente
frágiles. Dicho debate resulta insulso, pues varios operadores del gobierno
desconociendo las realidades más básicas del agro en Bolivia siguen pregonando la
existencia de millones de hectáreas disponibles para expandir la frontera
agropecuaria. Algún jerarca de turno en un debate televisivo se atrevió a decir que
dicha expansión no iba a significar desbosques como tal, pues existen tierras sin
bosques donde puede ampliarse dicha frontera, dejándonos con la duda sobre si se
refería a un proceso de restauración de tierras en las miles de hectáreas dejadas
como eriales por la agroindustria o si se refería a las pampas del Beni (de cualquier
forma no aptas para formas de agricultura convencional).
Ya el año 2008, Gonzalo Flores del Grupo DRU, afirmó que del total de tierras que
posee el país, sólo el 7% es completamente adecuado para ser aprovechadas
agrícolamente de forma sostenible. De acuerdo a la Fundación Tierra, considerando el
Plan de Uso del Suelo del departamento de Santa Cruz, ya no existirían disponibles
tierras de cultivo intensivo aptas para la soya, pues los suelos agrícolas arables sin
limitaciones solamente ascienden a algo más de 16.000 km2 (1.6 millones de has.) lo
que hace un 1,5% del total de la superficie del país (Ormachea, 2009). El actual
modelo soyero boliviano se enfrenta en su expansión, a suelos de menor calidad en la
Chiquitanía (este) y otros obstáculos en la transición amazónica a Guarayos (norte). En
los suelos pobres de la Chiquitanía, la tendencia para compensar los descensos de
volúmenes de producción, será el desmonte y cultivo de mayores superficies, mientras
que en el norte, con mayor invasión de malezas y plagas, la tendencia será a usar
mayores cantidades de herbicidas y pesticidas.
Transgénicos, glifosato y pesticidas
El otro punto crítico en el debate de la Cumbre fue el de los transgénicos, en el cual
las ambiciones de los agroindustriales y la benevolencia del gobierno, chocaron con el
sentido común de las bases sociales en dicho evento, y que a pesar de ser proclives al
derrotero oficialista expresaron su resistencia a un visto bueno tácito, enarbolando el
riesgo de la producción ecológica que avanza a duras penas en el país y en carencia de
un efectivo apoyo del gobierno.
El sector agroindustrial soyero considera las semillas transgénicas, como la clave del
incremento de la productividad, y así lo ha pregonado en la Cumbre. Sin embargo,
diversos investigadores, entre ellos Miguel Crespo de PROBIOMA, sostienen que el
ingreso de la soya transgénica no significó en absoluto un aumento de los niveles de
256
productividad. Lo que sí es evidente, es que la ventaja de la soya transgénica, implica
un menor costo de producción por hectárea cultivada (eliminación de malezas por
herbicidas) y por tanto un aumento los niveles de rentabilidad por hectárea, lo cual no
significa que la productividad por hectárea sea mayor. Las estadísticas frías, indican
que en los últimos siete años, no ha habido cambios significativos en los niveles de
rendimiento del cultivo con semillas transgénicas, y los aumentos de volúmenes están
más relacionados a la expansión de la frontera agrícola y ocupación de nuevos suelos.
De acuerdo a investigaciones realizadas, la Fundación Tierra ha rebatido tres
argumentos de los sectores pro transgénicos: 1) los cultivos transgénicos no son
necesarios para garantizar la seguridad alimentaria; 2) no ayudan a incrementar los
cultivos; y 3) no son una opción viable para pequeños productores, ya que cada vez son
más dependientes de las semillas y los agroquímicos monopolizados un puñado de
multinacionales y agronegocios regionales, anulando las alternativas de producción
ecológica.
El otro tópico de los transgénicos tiene una cara mucho menos amable. Actualmente,
casi el 100% de la soya producida en Bolivia es transgénica, y su cultivo depende cada
vez más del uso de herbicidas de alta toxicidad, como el glifosato, estrictamente
ligado a las semillas round-up de la Monsanto.
La contaminación por materiales transgénicos a partir de la transferencia horizontal
de pólenes por el viento, puede ingresar a zonas de cultivos adyacentes, interfiriendo
con cultivos no transgénicos e incluso con el germoplasma de la biodiversidad natural,
incluidas las malezas. La amenaza de invasión genómica (que incluye material de virus y
bacterias utilizados en las recombinaciones), puede implicar, además, posibles alergias
en poblaciones locales de las zonas de producción, hasta la contaminación de la
producción de miel En comparación con la soya convencional, la soya transgénica tiene
elevado contenido de isoflavonas, un fito-estrógeno que se mimetiza en el organismo y
ocasiona una acumulación de estrógeno, elevando peligrosamente los riesgos de
desencadenar enfermedades hormonales (Molina y Copa, 2009).
El mito más perverso y peligroso es que el Glifosato es inocuo, difundido de manera
generalizada en los países soyeros de Sudamérica por la transnacional de semillas
genéticamente modificadas Monsanto, aspecto que con mucha razón ha estado sujeta
a fuerte controversia. Diversos estudios de toxicidad a lo largo de varios años, han
demostrado que tiene efectos adversos en todas las categorías de pruebas
toxicológicas (Ecoportal; RENACE).
257
En marzo del 2015, la Organizaciones Mundial de la Salud (OMS), a partir de una de
sus oficinas especializadas, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el
Cáncer (IARC), emitió un documento inédito. Luego de un año de trabajo de 17
expertos de once países: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar
cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en
humanos (linfoma tipo Hodgkin)”. El estudio detalla que la evidencia en humanos
corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con
publicaciones científicas desde 2001, y destaca que el herbicida “también causó daño
del ADN y los cromosomas en las células humanas”, situación que tiene relación con el
alto potencial cancerígeno del glifosato.
Algo a destacar es que el Glifosato no es aplicado solo, sino junto a otros compuestos,
como el polioxietileno-amina (POEA) o el POE-15 (tallowamina polietoxilada)
surfactantes que permiten que el glifosato penetre en las células y tejidos, así como
varias otras sustancias residuales (Benzisotiazolona; Metil-pirrolidinona; 3-yodo-2-
propinilbutil carbamato; Isopropilamina, entre otras varias) que aumentan la toxicidad
de la mezcla.
El glifosato y sus aditivos, ocasionan además, fuertes impactos sobre la ecología del
suelo, pues deprime o erradica las poblaciones de micorrizas (hongos simbiontes)
además de la eliminación de las especies antagonistas, que mantienen a muchos
patógenos del suelo bajo control (Altieri y Pengue, 2007). Resultan también
preocupantes, los reportes hechos a lo largo de los últimos años en la Argentina, sobre
la resistencia de determinados tipos y especies de malezas al glifosato y otros
herbicidas.
Volviendo al tema de los sofismos o uso perverso de la falacia, el año 2007, Monsanto
fue multada por anunciar que su herbicida Roundup – rr (glifosato) era biodegradable
y no tóxico para los animales domésticos y los niños, algo que era falso (RALTT, 2013).
Pero no solo son los herbicidas como el glifosato o el 2,4-D, en los últimos 10 años, las
importaciones nacionales de diversos plaguicidas aumentaron en 150%, según
PLAGBOL (SENA/FOBOMADE, 29 octubre 2012). El 70% de los plaguicidas que
ingresan al país son usados en Santa Cruz, mayoritariamente en monocultivos
agroindustriales. Es de destacar que entre la poca información relativamente
actualizada del sector, un dato de ANAPO (2012), da cuenta del uso regular de más de
10 pesticidas (Metamidofos, Monocrothofos, Profenofos, Metamidofos,
Monocrothofos, Profenofos, Clorpirifos, Metomil, Spinosad), todos de elevada
258
toxicidad. La exigencia agroindustrial en la Cumbre, sobre liberar los mercados de
importación de insumos para el sector, aumentará el impacto del uso irrestricto de
pesticidas.
En abril del año 2012, se conocía una noticia alarmante, en la cual, especialistas
oncológicos alertaban sobre una significativa incidencia de cáncer en niños de los
municipios San Julián y Camiri (El Día, 12 abril 2011), dos regiones con expansión de
actividades agroindustriales y fuerte aumento en el uso de pesticidas. De acuerdo a
los datos que maneja la Dirección de Pediatría, se reportaron unos 30 niños afectados;
los cuadros más comunes son tumores, melanomas y leucemia linfoblástica aguda.
También se ha reportado (Pedraza, 2011), en diversas zonas agrícolas, como San
Pedro, San Julián, Guarayos y algunas poblaciones del Beni, el incremento de abortos
espontáneos, malformaciones, casos de cáncer, enfermedades dermatológicas,
neurológicas y otras, cuyo origen desencadenante se desconoce, pero se atribuye al
uso masivo y no regulado de agrotóxicos por lo cual, PLAGBOL, ha realizado gestiones
para introducir el tema de la intoxicación por plaguicidas, dentro del monitoreo del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud.
A modo de conclusiones
Lo que sucedió en la Cumbre agropecuaria de Santa Cruz, es el corolario a un proceso
que empezó a gestarse, incluso antes del año 2011, con la Ley de Revolución Productiva
(Nº 144), que daba nuevamente luz verde a los transgénicos. La Ley de Revolución
Productiva, desbarató la Ley Corta sobre los Derechos de la Madre Tierra, aprobada a
fines del 2010, y que en su Artículo 7, menciona que la Madre Tierra tiene derecho, ”a
la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre
Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera
artificial”.
De esta forma, el 2012 era evidente que las políticas del gobierno se tornaban
proclives a favorecer la ampliación de las fronteras agropecuarias y a beneficiar las
perspectivas de preponderancia del sector agroindustrial. Muestra de ello fue el
anuncio de que el complejo productivo soyero, se beneficiaría con los recursos del
FINPRO (Fondo para la Revolución Industrial Productiva) derivado de la Ley 144.
Un año después, el compromiso expreso de apoyar al sector agroindustrial, dada por
las máximas autoridades de Gobierno, se formalizaron en la Ley 337 (de Apoyo a la
Producción de Alimentos y Restitución de Bosques) y su reglamento. El hecho de que
259
desde el gobierno se entregara dicha Ley en manos de Julio Roda, Presidente de la
Cámara Agropecuaria del Oriente-CAO (El Día, 15 Enero 2013), tuvo un tremendo
significado simbólico y un indicador de lo que iba a ocurrir.
A pesar de la mención de restitución de bosques, la norma en su totalidad se destina a
condonar las penalidades por desmontes ilegales, algo que la ANAPO había buscado
desesperadamente durante varios años, y a promover la ampliación de los desmontes
para la producción de “alimentos”. Es de esta manera, que los grandes productores
entendieron la norma 337, cuando el Presidente de la Cámara Agropecuaria del
Oriente (CAO), Julio Roda, comentó que, “con esta disposición se podrá legalizar las
propiedades que están con desmontes ilegales, viabilizando para seguir realizando
derribes y seguir ampliando la frontera agrícola” (El Día, 15 Enero 2013). El nombre
corto que el sector agroindustrial le dio a la norma 337 es la “Ley de Desmontes”.
El epílogo de la Cumbre agropecuaria tiene un terrible significado histórico, el de
completar la devastación de los ecosistemas de las tierras bajas, proceso nefasto
iniciado en épocas neoliberales con apoyo de la Banca mundial capitalista. Supone la
devastación ecológica de al menos 10 ecoregiones que son remanentes amenazados de
la transición Amazonía-Chiquitanía-Chaco (Ribera, 2011). También, tendrá un cariz de
responsabilidad histórica al futuro, al supeditar el principio de defensa de la Madre
Tierra a los intereses de la gran agroindustria del oriente boliviano, de la cual los
mayoritarios representantes, paradójicamente son grandes consorcios y empresas
brasileras o argentinas, y el sector menonita.
Con todas las consideraciones vertidas, la argumentación de convertir a la
agroindustria en uno de los pilares de la economía, como una salida desesperada para
enfrentar la coyuntura de la crisis hidrocarburífera por la caída del precio del
petróleo, muestra que el remedio será mucho peor que la enfermedad. La dudosa
solución de salir de un extractivismo gasífero, a un extractivismo agroindustrial
mucho más devastador y expoliativo, debió ser mucho más meditada.
260
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262
Conflicto en el Chaco por el decreto 2366 y división de la APG
Marco Octavio Ribera Arismendi Mayo-agosto 2015
Antecedentes
Un elemento crítico y que indicaba la ruta del Decreto 2366, fue el anuncio de mayo
del 2013 hecha por el Vicepresidente de Bolivia, sobre la decisión gubernamental de
explorar y explotar hidrocarburos al interior de la áreas protegidas. A partir de estas
declaraciones se anunció tiempo después, la intención del sector, de generar una
norma (Decreto o Ley), paradójicamente con apoyo del SERNAP, que facilite el ingreso
de las operaciones petroleras y facilite cambios en la zonificación de las áreas
protegidas, por ejemplo, reducir al mínimo las zonas de protección estricta y aumentar
la superficie de las zonas que permiten usos extractivos.
El 20 de mayo del 2015, el gobierno de Bolivia aprobó el Decreto 2366, que en su
Artículo 2 de (Actividades autorizadas), establece:…. Se permite el desarrollo de
actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de
áreas protegidas. También está presente el elemento cooptativo, confiriendo el uno
por ciento (1%) del monto de inversión establecido en el EElA, como una compensación
para el “fortalecimiento” del área protegida intervenida.
Es importante mencionar que el Reglamento General de Áreas Protegidas (DS 24781)
en su Artículo 23, establece que: ….En el área que comprende los parques, santuarios o
monumentos, está prohibido el uso extractivo o consuntivo de sus recursos renovables
o no renovables y obras de infraestructura, excepto, para investigación científica,
ecoturismo, educación ambiental y actividades de subsistencia de pueblos originarios,
debidamente calificadas y autorizadas. En este sentido el 2366, vulnera el Reglamento
de las Áreas Protegidas, y no solo eso, sino deroga y abroga (deja sin validez) el
Artículo 23 y otros que se oponen al 2366. El gobierno flexibiliza una vez más la norma
ambiental a favor del extractivismo.
La vulneración de las áreas protegidas, significará, también, la afectación a varios
espacios tradicionales indígenas que se superponen, por ejemplo, en los casos del Pilón
Lajas, Madidi, TIPNIS, Aguaragüe, Kaa Iya. Unas semanas antes el gobierno vulneró el
derecho de la consulta previa e informada, definida en el DS 29033, a partir del DS
2298, que resta atribuciones a las organizaciones indígenas y fortalece la posición del
sector hidrocarburífero, y por tanto de las empresas. Poco después, el presidente Evo
263
Morales declaró públicamente que la consulta indígena era un pérdida de tiempo y que
perjudicaba los procesos de desarrollo, en una abierta apología de transgresión al
Convenio 169, la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas (y de
sus Leyes ratificatorias) así como de la propia Constitución Política del Estado.
Paralelamente, el gobierno amenazó a las organizaciones ambientalistas que se
manifestaron en contra de la intromisión petrolera en las áreas protegidas y
amedrentó a medios de prensa. De esta forma se concreta una de las páginas más
nefastas de la historia ambiental bajo la responsabilidad de un gobierno que ha hecho
gala de su mala fe, doble moral y un cinismo aparentemente sin límites.
Reacción y resistencia indígena
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (la CIDOB orgánica o legítima) a la
cabeza de Adolfo Chávez denunció y rechazó a inicios de junio del 2015 los Decretos
2366 y 2298 (Los Tiempos, 10 junio 2015). Poco después fue la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG) la que se constituyó en el baluarte central de la resistencia indígena al
autor¡tarismo y abuso de poder. Tomás Araray, presidente del Consejo de Capitanes
Guaraníes de Tarija, dijo que no están de acuerdo con esa normativa gubernamental y
que el pueblo guaraní alista una acción jurídica contra el Gobierno nacional para evitar
la aplicación del decreto supremo que autoriza la exploración y explotación de
hidrocarburos en áreas protegidas (El Deber, 25 junio 2015).
El Presidente de la APG. Domingo Julián Torrico declaró que no se permitirá que
empresas que quieran realizar proyectos hidrocarburíferos o hidroeléctricos en áreas
protegidas ingresen a esas zonas: “Bloquearemos las entradas y llamaremos a las
comunidades y miembros de la APG para hacer efectivo este rechazo y esta
restricción. Estamos en emergencia” (La Razón, 8 julio 2015).
Ante la firme posición de la APG y sus Capitanías, curiosamente el gobierno optó por el
diálogo, pero con segundas intenciones, como se podrá ver. El gobierno a partir del
Viceministerio de Desarrollo Energético, concretó una reunión con la Asamblea
Nacional del Pueblo Guaraní (APG Nacional) y el Consejo de Capitanes Guaraníes de
Chuquisaca (CCCH), con el fin establecer mesas de diálogo para analizar y ajustar los
decretos supremos 2298, 2195, 2366 y 2368 y una Comisión para analizar el tema de
la consulta y el cumplimiento de las normas ambientales (La Razón, 21 julio 2015). Sin
embargo el comunicado de prensa que rescataba esencialmente la posición
gubernamental fue tendenciosa y afirmaba que en dicho encuentro:….. “se acordó dar
264
vía libre a la exploración de hidrocarburos en los territorios indígenas previa
socialización de las normas que regulan esta actividad en áreas protegidas”.
Poco después voceros de la APG, aclararon que la APG NO se manifestó a favor de que
las empresas entren a las áreas protegidas a hacer exploración, sino que conversaron
con el Viceministerio de Energía para acordar sobre los decretos, pero lamentó que los
mismos se pusieran en vigencia antes de lograr acuerdos (El Potosí/OIDEC, 28 julio
2015). Una vez más se observa el oportunismo y mala fe del gobierno. No debería
llamar la atención la presencia de la CCCH (Consejo de Capitanes de Chuquisaca) en
esta tramoya, puesto que dicha organización ha mostrado ser bastante permeable y
oportunista a las estrategias de la empresa REPSOL y del MHE (Mendoza y Terrazas,
2015).
Como respuesta a la jugada del gobierno, la posición de la APG fue manifestada por
Celso Padilla, expresidente de la APG, alto líder del Pueblo Guaraní y representante
del Consejo Continental de la Nación Guaraní-CONAGUA, que agrupa a los pueblos
Guaraníes de Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasilel expresidente de la APG y alto
líder del Pueblo Guaraní: “suspender la exploración en parques naturales de su
territorio y dejar sin efecto el decreto 2366 que abre las áreas protegidas a la
actividad hidrocarburífera en dichas zonas”. A esto se sumó la declaración de Domingo
Julián Torrico Presidente de la APG, quien declaró que el Decreto 2366 no fue
consultado. “No vamos a permitir que entren (las empresas), mientras no se pueda
ajustar el Decreto Supremo 2366. Porque hay situaciones vemos que en varias áreas
protegidas hay varios animales en extinción y con el trabajo petrolero sería peor”.
Paralelamente, altos dirigentes de la APG en resistencia a las medidas del gobierno,
exponían en Sucre, su posición ante el Tribunal Agroambiental (Los Tiempos, 31 julio
2015).
En este marco de avasallamiento a las áreas protegidas, el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua aprobó el ingreso de YPFB al Parque Nacional y Área Natural de
Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco en el marco del DS 2366. De acuerdo al
Viceministro de Medio Ambiente, Gonzalo Rodríguez:… “Hemos aprobado ya el ingreso
al parque Kaa-Iya, tiene sus fases; una vez realizada la autorización, YPFB
seguramente hace una incursión primero para ver cómo es lo que se va a intervenir”…
(energypress, 24 junio 2015). Curiosa declaración, que parece mostrar una lógica
errática de intervenir por intervenir, y no con un fin preciso.
265
Cooptación fácil y traición al movimiento indígena
Dado que la primera jugada del gobierno no había funcionado y la APG continuó con su
posición firme de rechazar el Decreto 2366, se puso en marcha otra estratagema.
Dividir a la APG. Aprovechando esta vez, la cuasi cooptación que se había dado hace
unos años, cuando REPSOL entregó un fondo compensatorio de 10 millones de dólares
a la TCO Capitanía de Itika Guazu, a fin de doblegar la resistencia de ingreso de la
petrolera a dicho territorio, aspecto que meses antes había dado lugar a la intromisión
de gente adepta a los planes del gobierno, un prolongado conflicto y una virtual
división del Consejo de Capitanes de Tarija.
Dividir y/o suplantar a las organizaciones y movimientos indígenas por cooptación es
una artimaña utilizada exitosamente por el gobierno después la novena marcha en
defensa del TIPNIS, tanto en las tierras bajas (CIDOB) como en las tierras altas
(CONAMAQ).
En esta línea, dirigentes cooptados de la TCO Guaraní Itika Guazú firmaron una
declaración de apoyo al presidente Evo Morales, en la que aceptan y apoyan la
exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas, declarándose
como “APG Nacional”. Se ha denunciado que gente foránea adepta al gobierno, como
Walter Ferrufino propiciaron dicha suplantación. Según el alto dirigente y
expresidente de la APG Celso Padilla, es una dirigencia “paralela” sin legitimidad (Los
Tiempos, 31 julio 2015).
La declaración de apoyo al gobierno se firmó en la comunidad de Ñaurenda, en el
marco del encuentro entre una facción guaraní y Evo Morales, el cual fue transmitido
por Bolivia TV. El firmante fue el dirigente Hugo Arebayo, quien declaró que alrededor
de 37 comunidades apoyan la actividad hidrocarburífera en áreas protegidas. Celso
Padilla replicó que dicha dirigencia tiene escasa representatividad y su legitimidad
está dada sólo por cuatro comunidades, y que el presidente legítimo de la Itika Guazú
es Neber Barrientos (Servindi, 10 Agosto 2015).
Según Evo Morales, la declaración de apoyo “es un hecho histórico para el pueblo
guaraní” y “sin ningún intermediario”, en alusión a las ONGs, Morales dijo que ellos
“serán compensados” por la actividad petrolera y que debe “acelerarse” el proceso de
consulta previo. Por su parte, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, “agradeció el
respaldo del pueblo guaraní y dijo que los beneficios retornarán en proyectos
productivos” (Página siete/ANF, 3 agosto 2015). Resalta con una claridad inequívoca,
la línea cooptativa y prebendal que aplica el gobierno.
266
La APG legítima por su parte, realizó una gran asamblea en Macharetí, Chuquisaca (con
representantes de 25 capitanes zonales guaraníes de Tarija, Chuquisaca y Santa
Cruz), con el fin de preparar la presentación de una Acción Popular que buscará
mediante un amparo constitucional, la anulación de tres decretos supremos que
autorizan la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas y
territorios indígenas y el decreto que vulnera la consulta indígena (Página
siete/ANF, 3 agosto 2015). La Acción Popular es una medida de defensa social
contemplada en la constitución Política del Estado. Además de pedir la Acción Popular,
rechazaron el acuerdo firmado en Ñaurenda por la APG ilegítima impulsada por la
Itika Guazu.
La Capitanía Guaraní Takovo Mora (Santa Cruz), se sumó ayer una protesta en contra
los decretos emitidos por el gobierno que abren las áreas protegidas a la actividad
hidrocarburífera, así como por la falta de consulta previa e informada en su territorio
en relación al Campo El Dorado que opera YPFB Chaco. YPFB se rehusa a hacer la
consulta previa argumentando que “solo el 15% del territorio Takovo” se superpone al
Campo El Dorado. La resistencia indígena se dio a partir de un bloqueo del camino a
Santa Cruz-Yacuiba, al ingreso a la Planta de Río Grande y al campo petrolero El
Dorado, operado por YPFB Chaco (IBCE, 11 agosto 2015). Se informó que la protesta
de la Capitanía Takovo Mora, también se dio en contra de la empresa TOTAL por la
destrucción de un sitio sagrado ancestral (un cementerio guaraní) en el campo
Incahuasi, sector Caraparicito en Chuquisaca. Se denunció el incumplimiento de un
acuerdo para la devolución de los restos óseos y la restauración del sitio, aspectos que
habían sido asumidos por la petrolera.
Como es previsible en un régimen de derechos conculcados, la policía intervino
violentamente en dos oportunidades con gases lacrimógenos el bloqueo que realizaban
los Guaraníes de Takovo Mora, la segunda intervención fue más violenta y la policía
entró incluso a las casas de la comunidad Yateirenda para detener a los bloqueadores,
pateando y rompiendo puertas de las viviendas y destruyendo los vehículos en los que
se transportaban los guaraníes (Los Tiempos, 19 agosto 2015). El Ministerio de
Gobierno informó en un comunicado de prensa que había cinco policías heridos y que
26 Guaraníes fueron detenidos para ser remitidos al Ministerio Público. No se conocía
el número de indígenas heridos (Los Tiempos, 19 agosto 2015). El gobierno recurre
además del prebendalismo para dividir las organizaciones sociales, a la represión, la
violencia de Estado y a la criminalización de la protesta social.
267
Fuentes
Ribera,M.O. 2015. Decreto 2366 y avasallamiento oficial a las áreas protegidas.
Decreto 2366. 20 de mayo del 2015.
Decreto 2298.
Reglamento General de Áreas Protegidas: Decreto Supremo 24781.
Convenio 169. Ley ratificatoria 1257
Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas. Ley ratificatoria
3760
Constitución Política del Estado. Bolivia, 2008.
Mendoza,M.,Terrazas,L. 2015. Experiencias de monitoreo Socio Ambiental indígena
en el Consejo de Capitanes Guaranies de Chuquisaca CCCH. Evaluación de la sísmica
de REPSOL Zona Huacaya-Bloque Caipipendi.
Los Tiempos, 10 junio 2015. CIDOB rechaza Decreto 2366.
La Razón, 8 julio 2015. APG rechaza Decreto 2366 y se declara en emergencia.
La Razón, 21 julio 2015. Noticia infundada sobre supuesto apoyo de la APG al
decreto 2366.
El Potosí/OIDEC, 28 julio 2015. APG niega apoyo al gobierno y Decreto 2366.
energypress, 24 junio 2015. MMAA aprueba ingreso de YPFB al PN KaaIya.
Los Tiempos, 31 julio 2015. Itika Guazu conforma una APG paralela pro gobierno y
pro petroleras.
Servindi, 10 Agosto 2015. APG legítima rechaza a APG paralela
Página siete/ANF, 3 agosto 2015. Evo Morales y YPFB festejan la posición de la
APG ilegítima.
Página siete/ANF, 3 agosto 2015. APG prepara una Acción Popular.
IBCE, 11 agosto 2015. Capitanía Takovo bloquea Planta de Rio Grande en rechazo al
Decreto 2366, demanda de consulta en el Campo El Dorado y en contra de TOTAL
por haber destruido un sitio sagrado (cementerio Guarani).
Los Tiempos, 19 agosto 2015. Violenta represión de los Guaranies de Takovo Mora.
268
Takovo Mora y vulneración al Derecho a la consulta
Marco Octavio Ribera Arismendi Agosto 2015
El caso de la TCO Tacovo Mora y el conflicto suscitado con YPFB (YPFB Chaco) es un
claro ejemplo de avasallamiento de espacios tradicionales y los derechos indígenas por
el poder creciente de las petroleras.
La TCO Tacovo Mora tipifica la situación de muchas TCOs de tierras bajas,
especialmente del Chaco. La demanda territorial de los Guaranies de Tacovo se inició
el año 1996, relativamente a pocos años de iniciado el Proyecto Tierras Bajas del Este
(expansión soyera), pero el INRA no procedió con el saneamiento hasta el año 2007,
es decir, cuando cientos de miles de hectáreas del espacio demandado como territorio
ya habían sido ocupados por soyeros, menonitas y colonos., y en general lo hizo bajo
una lógica de beneficiar a estos actores terceros, cuyos trámites fueron acelerados.
Finalmente después del saneamiento, más de un 98% del espacio que los Guaranies de
Tacovo suponían como territorio demandado, fue titulado a favor de los terceros
antes mencionados y el resto quedo como tierras fiscales, servidumbres ecológicas y
algunos polígonos aislados con títulos comunitarios para los indígenas. Un error y
negligencia de los sucesivos gobiernos neoliberales desde el año 1996, fue
complementado al presente por la mala fe y la doble moral de un régimen que
supuestamente se comprometió a proteger las culturas indígenas y la Madre Tierra.
En términos generales, los procesos de saneamiento han sido siempre adversos para
los Pueblos indígenas y sus TCOs, pues han visto esquilmados y fragmentados sus
espacios demandados a favor de terceros. Tal es el caso de Tacovo Mora, o del Isoso,
como también en la Amazonía (Tacana I, TICH-Chimanes, Pilón Lajas).
Como antecedente cabe recordar que el Pueblo Guaraní de la TCO Takovo Mora tuvo
momentos de conflicto con el sector petrolero (REPSOL, YPFB Andina) en los años
2011 y 2012, por avasallamiento de tierras tituladas que fueron utilizadas para la
construcción de la Planta de Rio Grande (Plataformaenergetica.org, 27 enero 2012).
La demanda de consulta previa e informada (y eventual compensación) de los Guaranies
de Takovo se basa en una clara superposición de los pozos del campo El Dorado, en
especial el X 1700 a uno de los polígonos titulados de la TCO. Mientras que la
aposición draconiana de YPFB que sostiene, que la superposición es solo de un 15% y
por tanto no procede la consulta (Página Siete, 19 agosto 2015). Esto en franco
269
desconocimiento del vapuleado, aunque todavía vigente, Decreto 29033, el cual en
ninguna parte de su contenido establece condicionantes de porcentaje superpuesto de
territorio a la operación petrolera, para que proceda o no la consulta. Otra veleidad
interpretativa del cada vez más poderoso e insensible YPFB y el sector petrolero, que
vulneran los Derechos Indígenas a su antojo. Adicionalmente existe otra
inconsistencia, YPFB no tiene ninguna atribución para hacer declaraciones en relación a
la consulta, por cuanto es una responsabilidad privativa del Ministerio de
Hidrocarburos, que es la Autoridad Competente de la consulta.
Otro argumento de YPFB para rehuir la consulta es que las tierras donde se realiza la
exploración y perforación de pozos es propiedad que correspondería a dueños
privados. Esto tiene fundamento pues de tratarían de fundos o estancias de terceros
dentro el territorio originalmente demandado y que fue saneado por el INRA a favor
de dichos privados. En este caso las leyes y procesos favorecen a privados y
petroleras en detrimento de los indígenas, en la misma línea de los últimos 500 o 200
años.
Un elemento que cabe en el debate de este conflicto, es que mas allá de los irrisorios
polígonos titulados por el INRA para los Guaraníes, en el imaginario indígena, las
diversas operaciones petroleras de YFFB Chaco, YPFB Andina y Pluspetrol en la región,
están superpuestas a su demanda inicial del espacio territorial demandado, pero que
este gobierno ni en sueños estaría dispuesto a reconocer y rectificar.
De esta forma, y viendo la realidad lamentable de la TCO, para los Takovo, el 15% que
alude YPFB de Territorio superpuesto a sus operaciones y que no le parece nada, para
los Takovo es casi cuestión de vida o muerte. Sin embargo, no tienen mucho que
perder, por eso se lanzan en bloqueos y contiendas contra los potentes escuadrones
de la policía, siempre dispuesta a servir a los dueños del Estado con la mayor violencia
posible.
Otro elemento observable es la figura corporativa de la cultura Guaraní, los Takovo
exigen la consulta a una YPFB caprichosa y arrogante, al mismo tiempo rechazan el
maldito decreto 2366, pero también sacan cara por la destrucción del cementerio
ancestral Guaraní en Caraparicito-Campo Incahuasi (que se encuentra en otra zona),
por la negligencia y tozudes de la empresa francesa TOTAL, que se resiste a
restaurar el sitio sagrado.
Otra artimaña que saca YPFB es encarar a los indígenas con supuestas malversaciones
de fondos, otorgados en calidad de compensación a altos dirigentes de la Takovo. En
270
general son fondos entregados, cientos de miles de dólares a una o dos personas, sin
los debidos procesos de fiscalización, control, asesoramiento y sin haber afianzado los
mecanismos de un adecuado control social, al punto de parecer meras cooptaciones
para salir del paso y acelerar los procesos petroleros. De cualquier forma, la dirigencia
Guraraní de la TCO ha refutado la acusación de YPFB. En todo esto sale una pregunta
crítica, y sin el más mínimo ápice de justificar las supuestas malversaciones, que desde
luego deben ser esclarecidas: ¿Quien tiene más culpa? ¿el que peca por la paga o el
que paga por pecar? La prensa no había difundido antes noticia laguna sobre estas
compensaciones y los montos otorgados. Si no hubiera emergido este conflicto, es muy
posible que YPFB, jamás hubiera abierto la boca para encarar los supuestos malos
manejos.
Ciertamente, el conflicto en Takovo Mora, muy legítimo por cierto, es un elemento
clave que deja ver de cuerpo entero la iniquidad de este gobierno y la voracidad del
sector petrolero, pero también es un elemento distractivo por su sensacionalismo, del
que la prensa saca buen botín, pues se mimetiza el fondo del conflicto mayor: la
división de la APG nacional por una fracción vendida a los planes del gobierno y el pleno
rechazo a las normas y políticas depredadoras del medio ambiente que este gobierno
quiere poner en juego, no solo de la APG, sino del Consejo Continental de la Nación
Guaraní (CONAGUA, que agrupa a los pueblos Guaranies de Bolivia, Argentina,
Paraguay y Brasil).
El conflicto del pueblo Guaraní y la APG en general y de Takovo Mora tiene directa
relación con el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a
los Estados Miembros a garantizar derecho de pueblos indígenas a vivir en su
territorio ancestral, esto con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
que se recordó el 9 de agosto. Dicha Comisión de alto nivel urgió a los Estados
Miembros a garantizar en forma efectiva el derecho de los pueblos indígenas a vivir
en su territorio ancestral y poder realizar sus actividades tradicionales de
subsistencia, así como también preservar su identidad cultural. La Comisión
Interamericana destacó que las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por los
pueblos indígenas son un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual.
Por ese motivo, para dichas comunidades la relación con la tierra no es meramente una
cuestión de "posesión" y "producción" sino un elemento de importante contenido
material y espiritual del cual deben poder gozar plenamente, inclusive para preservar
su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. En tal sentido, la CIDH
manifestó su preocupación por el desarrollo de actividades empresariales e
271
industriales en la región que tengan un efecto negativo sobre el goce de los derechos
humanos de los pueblos indígenas.
Algo que los jerarcas del gobierno de seguro no se tomaron la molestia ni de mirar……..
Fuentes
CEDLA, 2011. Compendio de espaciomapas de TCOs de Tierras Bajas CEDLA:
Tenencia y aprovechamiento de recursos naturales en Tierras indígenas.
MDRFyT, 2010. Atlas de Territorios Indígenas y Originarios de Bolivia. Tomos I
y II. Estado plurinacional de Bolivia. Viceministerio de Tierras.
CEADESC, 2008. Atlas de contratos petroleros en Tierras Comunitarias de
Origen y Municipios de Bolivia.
CIDH. 2015. llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
a los Estados Miembros a garantizar derecho de pueblos indígenas a vivir en su
territorio ancestral. Washington, 7 agosto 2015.
CBHE/ABI. 19 de agosto de 2015. YPFB afirma que el territorio para la
exploración es propiedad privada, saneada, tiene titulo propietario que
corresponde a dueños privados".
Página Siete, 19 agosto 2015. YPFB afirma que la solicitud de Takovo carece de
fundamento ya que solo el 15% del territorio en actual exploración petrolera, sería
parte TCO.
Los Tiempos, 19 agosto 2015. Violenta represión de los Guaranies de Takovo Mora.
Plataformaenergetica.org, 27 enero 2012. Conflicto Takovo Mora por predios
ocupados por la Planta de Rio Grande.
272
Situación de los conflictos socioambientales en el Norte de La
Paz
Actualización a noviembre del 2015
Marco Octavio Ribera Arismendi Noviembre 2015
Antecedentes del conflicto del Pilón-CRTM (Consejo Regional Tsimane Mosetene)
El principal conflicto interno que enfrentaba el CRTM del Pilón Lajas, tuvo como raíz,
la división y suplantación de la legítima representación, situación promovida por el
Gobierno a partir de las marchas de defensa del TIPNIS. El CRTM y las comunidades
del Pilón Lajas, apoyaron masivamente las dos marchas indígenas del TIPNIS, pero,
con motivo del Novena Marcha en defensa del TIPNIS, el entonces Presidente de la
CRTM, Germán Nate (del pueblo Chimane), llegó a firmar un acuerdo cooptativo con el
Ministerio de Gobierno, por el cual, abandonaba la marcha indígena y se ponía del lado
del Gobierno. Ante esta situación irregular, los líderes de las comunidades del Pilón
Lajas, desconocieron y destituyeron a Germán Nate en julio del 2012, conformando
una nueva directiva del CRTM, a cargo Edwin Miro de forma transitoria, una posterior
elección de directorio, eligió a Mauricio Saravia y Clemente Caimany como
representantes de la TCO. A pesar de este rechazo mayoritario de las comunidades,
el destituido G.Nate, siguió figurando posteriormente, como máximo dirigente de la
CRTM “paralela”, y apoyado por el CPILAP, también ilegitima y a cargo de José Ortiz.
Un elemento crítico identificado el 2013, fueron las maniobras desde el SERNAP de
dejar de lado a la organización indígena legítima del CRTM (a cargo de M.Saravia y C.
Caimany) y que implicaron: a) la aprobación de construcción de infraestructura
turística en la zona de la Laguna Azul, de forma inconsulta con la organización CRTM y
las comunidades, aun cuando dicha zona tiene condición intangible y carácter de Sitio
Sagrado; b) la aprobación del SISCO (Sistema de Cobros por Turismo) por el
SERNAP, también, de manera inconsulta y sin coordinación alguna con la organización
representativa y las comunidades. Lo llamativo de esta situación es que para dichas
aprobaciones, el SERNAP (Director Saul Chavez) y la Dirección de la Reserva Pilón
Lajas a cargo de Victor Hugo Frías, recurrieron de mala fe, al aval de Germán Nate
(que ya no era representante del CRTM), ignorando al directorio del CRTM
legítimamente reconocido.
273
A fines de febrero del 2013, se realizó en la localidad de Rurrenabaque un gran
encuentro organizado por el CRTM, al cual asistieron 129 líderes, entre corregidores y
otros representantes, de un total de 23 comunidades. El pleno de la asamblea de
corregidores ratificó de forma unánime a la Dirigencia legítima a cargo de Mauricio
Saravia y Clemente Caimany, desconociendo nuevamente a Germán Nate e instándolo a
su alejamiento para no interferir con la estabilidad y desarrollo de las proyecciones
de la TCO, ante lo cual G.Nate aceptó alejarse de la organización paralela que estaba
promovida el gobierno. Pero este retroceso fue solo temporal.
A inicios de octubre del 2014, empezó a esbozarse nuevamente el conflicto interno del
CRTM, y esta vez en función del denominado Plan Patujú. En agosto del 2014, el plan
fue anunciado en el municipio de Rurrenabaque, concitando gran expectativa en las
comunidades colonas e indígenas. Dicha implementación del plan Patujú fue
aprovechada por algunas personas interesadas o con fines dirigidos, para intentar
dividir al CRTM, que detenta la gestión de la TCO Pilón Lajas. La persona identificada
como promotor de la división del CRTM fue Elmar Raldes, sin filiación o
reconocimiento alguno en las organizaciones indígenas regionales, pero con supuesta
relación con la CIDOB no orgánica (a cargo de Melba Hurtado). Dicha persona se
encargo de soliviantar a las comunidades indígenas de la TCO Pilón en la zona de la
carretera Yucumo-Rurrenabaque, en contra del CRTM legítimo, realizando
ofrecimientos de proyectos derivados del Plan Patujú. Estos intereses, cooptaron
nuevamente al ex presidente del CRTM Germán Nate.
Se inicio una campaña de difamación del Directorio legítimo del CRTM, argumentando
malos manejos e ineficiencia en la consecución de proyectos productivos. En una
asamblea improvisada y sin suficiente convocatoria, este grupo, a la cabeza de Germán
Nate, obtuvo apoyo de 13 de las 10 comunidades del Pilón Lajas, ubicadas en la
carretera Rurrenabaque-Yucumo, a través de ofrecimiento de proyectos (algunos de
alto riesgo para el área protegida, como un camino de penetración, ganadería de
reemplazo y empleos por el ingreso petrolero) y se autoproclamó, como representante
del CRTM, desconociendo al Directorio orgánico liderado por Mauricio Sarabia y
Clemente Caimany. En ese momento se dio una división de facto entre las comunidades
de la carretera (13) y las del rio Quiquibey-rio Beni (10).
De acuerdo a información dada por los dirigentes del CRTM en proceso de ser
desconocidos, los representantes del CRTM paralelo y algunos dirigentes de las
comunidades de la carretera, viajaron a la ciudad de Santa Cruz para mantener
reuniones con la CIDOB inorgánica de Melba Hurtado y posteriormente a la ciudad de
274
La Paz, para reunirse con personeros de gobierno y negociar proyectos de apoyo para
las comunidades. De acuerdo a miembros del CRTM saliente, los fondos para solventar
estos viajes provinieron del gobierno.
Finalmente a fines del 2014, la nueva directiva a cargo de G.Nate, denunciada como
apócrifa o ilegitima por Clemente Caymani ex vicepresidente del CRTM, fue
posesionada por Melba Hurtado, cabeza de la CIDOB no legítima o inorgánica y por
Saúl Chávez., entonces director del SERNAP.
Las 10 comunidades de los ríos Quiquibey – Beni se reunieron en otra Asamblea, que
reconoció al Directorio de Saravia y Caymani, el cual tenía su mandato, según el
estatuto de la organización del Pilón Lajas, hasta junio del 2015, aspecto que fue
vulnerado. Para evitar la división de la TCO, el Directorio saliente (legítimo) se hizo a
un lado y desistió de seguir movilizando el conflicto interno, buscando una figura de
concertación entre las comunidades.
El conflicto interno desembocó de cualquier forma, en un proceso de reflexión y
reacción de las comunidades de la carretera, quienes en un ampliado desconocieron a
los dirigentes que originalmente habían seguido a Germán Nate, pero mantuvieron
transitoriamente a G.Nate en la presidencia de la organización. Se procedió a una
nueva elección de dirigentes del CRTM de manera más amplia y plural y considerando
también a líderes de la zona del río, cosa que no había ocurrido al principio del
conflicto.
A septiembre del 2015, se mantiene una situación de división de enfoques entre las
comunidades de la carretera y las del Rio Quiquibey, fenómeno que se ha mantenido a
pesar de la situación de riesgo por la que atraviesa la TCO, debido al anuncio de las
operaciones petroleras, megaproyectos hidroeléctricos o el avance de la colonización.
Diferencia entre las comunidades de la carretera y las del rio Quiquibey.
Un elemento que debe ser analizado, es la marcada diferencia que existe entre las comunidades indígenas de las tierras interiores de la TCO, relacionadas con el Valle intramontano del río Quiquibey, y las comunidades, también indígenas, de la zona de la carretera Yucumo-Rurrenabaque, es decir en la periferia de norte de la TCO. Las comunidades indígenas de la zona de la carretera presentan notorios elementos de aculturación y adopción de costumbres, alimentación y formas de producción, que son propias de los pobladores colonos, y que en la práctica son colindantes y los rodean. Esta zona de contacto, colonización-carretera, hace además que las comunidades indígenas estén más adscritas a los circuitos de
275
mercado y ritmos más intensivos de explotación de la tierra. Además, mantienen una expectativa de ocupar zonas al otro lado del muro de serranías en el valle interior, que son pedemontanas y colinadas de suelos notablemente frágiles. Contrariamente, las comunidades asentadas a lo largo del río Quiquibey, mantiene elementos de la visión tradicional indígena, en términos de costumbres, alimentación y escalas o ritmos de los procesos productivos. Desde luego esto significa diferentes percepciones sobre el territorio y su gestión, mientras las comunidades del río tienen mayor proyección hacia su protección efectiva y una gestión armónica y sustentable, las de la carretera tienen una visión de desarrollo más afín con los entornos de colonización. La existencia de estas diferencias es percibida y aceptada por los habitantes indígenas de ambas zonas.
El impulso de las megarepresas en el río Beni (Bala, Beu, Chepite) por el gobierno, puso
en estado de emergencia a las comunidades del río Beni y las cuencas afluentes, las
cuales manifestaron preocupación ante el futuro de devastación de sus tierras, frente
a la indiferencia de la nueva directiva del CRTM a cargo de Germán Nate.
Los dirigentes de las comunidades del rio Quiquibey han denunciado que el actual
CRTM no se ha pronunciado en contra de El Bala, como tampoco sobre las operaciones
petroleras al interior del área protegida, aun más, se denunció que ciertos técnicos del
CRTM, como Evelio Romay, han manifestado la aceptación al megaproyecto y a las
operaciones extractivas a nombre del CRTM, aludiendo que son prioridades del
gobierno.
Ante esta situación de abandono por su organización, las comunidades del Quiquibey y
del rio Beni, se adscribieron a la recientemente formada Mancomunidad de
Comunidades Indígenas y Campesinas del Rio Beni, conformación promovida
principalmente frente a la amenaza de la megarepresa de El Bala. Esta Mancomunidad
alberga a 22 comunidades de los ríos Beni, Tuichi, Quiquibey, incluyendo a las
comunidades Mosetenes de la OPIM en la zona de Alto Beni (aguas arriba del Beu). En
mayo del 2015, en una asamblea extraordinaria, las comunidades de dicha
Mancomunidad emitieron un voto resolutivo, en la cual rechazan la construcción de
megarepresas en el rio Beni y exigían la consulta previa e informada.
Con el conflicto interno del CRTM, quedaba manifiesta una vez más, la debilidad y
fragilidad de las organizaciones indígenas en Bolivia, proceso que se incremento
notablemente a partir de la novena marcha en defensa del TIPNIS. Queda muy
manifiesto que las dirigencias o liderazgos indígenas pueden ser fácilmente cooptables
por prebendas y ofrecimientos del gobierno o de las empresas. De esta forma, los
276
escenarios en los cuales se proyecta desarrollar acciones y procesos de capacitación-
empoderamiento de largo alcance y a largo plazo, pueden ser muy variables en tiempos
cortos, con paralización de procesos ya planificados. La debilidad y vulnerabilidad de
las organizaciones indígenas a presiones de cooptación, suplantación, división, genera
una elevada inestabilidad e incertidumbre para la implementación de procesos a largo
alcance, como puede ser un Escuela de líderes-liderezas indígenas.
Ultimos eventos en el conflicto del Pilón CRTM
Los dirigentes de las comunidades del rio Quiquibey, y en especial de la comunidad de
Asunción, manifestaron en varias oportunidades del año 2015, una notable ausencia o
abandono del directorio del CRTM y principalmente de su presidente Germán Nate.
Las comunidades del río Quiquibey criticaron la falta de posicionamiento del CRTM en
torno al megaproyecto hidroeléctrico o el Decreto 2366, sin embargo fueron
repetidas las alusiones sobre la actitud favorable del nuevo directorio a los proyectos
y procesos gubernamentales que amenazan la TCO y área protegida. Esta ausencia se
hizo evidente en mayo del 2015, cuando los dirigentes de la Mancomunidad de
comunidades y los dirigentes del rio Quiquibey, convocaron al Directorio del CRTM
(Germán Nate específicamente) y el Director del área protegida Reserva Pilón Lajas,
al evento informativo de Rurrenabaque sobre El Bala, constatándose la ausencia de
ambas partes.
A mediados de octubre del 2015, los dirigentes de la comunidad de Asunción del
Quiquibey y la Mancomunidad de Comunidades Indígenas y Campesinas del rio Beni,
planificaron y realizaron una convocatoria a un gran evento informativo a todas las
comunidades del rio Quiquibey, Beni y Tuichi, a fin de conocer más y, analizar y
debatir sobre los impactos de las megarepresas en el rio Beni. Para dicho evento se
comprometió el apoyo del proyecto NEBE-LIDEMA, tanto en la parte de información
como en apoyo logístico general. Dicho evento debía realizarse en la comunidad de
Asunción del Quiquibey y los organizadores convocaron nuevamente al presidente del
CRTM Gérman Nate y el Director de la Reserva. Ante la planificación de este evento,
Germán Nate asumió una actitud totalmente hostil a los dirigentes de la comunidad
Asunción del Quiquibey y la Mancomunidad de Comunidades. Nate junto con el
Director interino de la Reserva (Jorge Millán Navi), envió una carta a LIDEMA
cuestionando el apoyo a las instancias indígenas que convocaron al evento informativo,
así como el ingreso a la TCO. Germán Nate acuso a NEBE-LIDEMA de estar tratando
de dividir a la TCO, manifestándose en contra de los líderes de Asunción del
Quiquibey (en especial de Clemente Caimany y Vicente Canare) y también en contra de
277
los Mosetene, quienes según él, toman ventaja abusiva sobre los Chimanes, aspecto
especialmente delicado por el riesgo de abrir un conflicto étnico. Así mismo exigió un
convenio con LIDEMA, si se quería seguir trabajando en el Pilón Lajas y un informe
detallado de las acciones que realizó el proyecto NEBE en los últimos años.
Diferencias entre Chimanes y Mosetenes
Según Alain Fabre (2005) en su Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos, analiza de forma conjunta a Chimanes y Mosetene, aclarando que otros autores los consideran en la literatura como dos subgrupos algo diferenciados y mencionando la autodenominación mõetki ("personas"); tsinsi’-mik (‘nuestra lengua’) para ambas parcialidades.
Montaño Aragón (1989) considera histórica y lingüísticamente a los Chimane-Mosetén, como parte de una familia tribal común, en realidad, parcialidades que ocupan un gran espacio territorial sin mezclarse y manteniendo sus conductas y formas de vida, a pesar de tener una lengua esencialmente común (con algunas diferencias de sintaxis y entonación), así como mitos y creencias comunes. Diez Astete (2011), considera como lenguas diferenciadas Chimane y Mosetén, pero ambas parcialidades como parte común de la familia lingüística Mosetén. Es posible que hace algunos milenios formaron una sola cultura de selva en el subandino amazónico y que posteriormente se escindió en dos grupos relativamente diferenciados. Chimanes (Tsimanes) y Mosetenes, mantienen un lengua prácticamente común, comparten mitos y costumbres, se los podría considerar como dos pueblos o culturas hermanas. Sin embargo, existen diferencias importantes, principalmente como producto de las interacciones con las culturas foráneas. Los Mosetenes, en general mas aculturados e integrados a la vida regional occidental que los Chimane, como una expresión de su pasado histórico misional o reduccional (Muchanes, Santa Ana, Covendo). Los Chimane, con un pasado histórico de rechazo a las reducciones, incluso de forma muy violenta (fallidas misiones franciscanas de San Borja), aunque se describen intentos de reducciones comunes de ambas parcialidades en el rio Beni. En general, los Chimane mantienen un apego mucho más evidente a su acervo cultural ancestral y en general continúan manteniendo una distancia y alejamiento a la culturalidad externa, que en general ha sido y es, invasiva, abusiva y avasallante. Los Mosetenes se distribuyen principalmente hacia la región de serranías subandinas de Alto Beni y el rio Beni arriba de El Beu-Chepite (Noreste de La Paz), en tanto que los Chimane ocupan mayormente los contrafuertes subandinos, pie de monte y llanuras, básicamente hacia el Beni. El caso del Pilón Lajas es una excepción digna de ser mencionada y estudiada con mayor detalle, por cuanto es una figura reciente donde se ha dado una confluencia armónica (sin conflictividad abierta o evidente) de ambas parcialidades en la TCO, e incluso en determinadas comunidades del rio Quiquibey. También se conocen algunos casos de matrimonios entre ambas parcialidades, normalmente de mujeres Chimanes con varones Mosetenes.
278
Aragon Montaño,M. 1989. Guía etnográfica lingüística de Bolivia. Tomo II (Tribus de la
selva). La Paz, Bolivia. Diez Astete,A. 2011. Compendio de etnias indígenas y ecoregiones. Amazonía, Oriente,
Chaco. CESA/Plural. Fabre, A. 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas
sudamericanos. MOSETÉN-TSIMANE
Germán Nate se entrevistó con el entonces director del SERNAP José Coello, llegando
a “advertir” a la máxima autoridad de las áreas protegidas de Bolivia, con mover y usar
sus influencias políticas si se daban interferencias a su gestión dirigencial.
El ingreso temporal del biólogo José Coello como Director del SERNAP, invirtió el
patrón de posiciones entre el CRTM y el área protegida respecto a unos años atrás.
Cabe destacar, que el año 2013, el conflicto entre el SERNAP/Área protegida y el
CRTM, radicaba en que el SERNAP/AP, propugnaban los planes petroleros y de
megaproyectos del gobierno, en contraposición al CRTM (Sarabia y Caimany) que los
resistía y rechazaba (el SERNAP/AP recurrieron a Germán Nate para validar
ilegítimamente algunos procesos). El 2015, el SERNAP a la cabeza de José Coello,
mantenía a pesar de las fuertes presiones oficiales, un rol más cauto, casi neutral
(aunque en esencia antagónico), respecto de los planes y políticas gubernamentales, en
tanto que el CRTM bajo la dirigencia de Nate, era totalmente proclive a las políticas
del gobierno, existiendo claramente una contraposición de orientaciones.
El distanciamiento y división de las comunidades y liderazgos en el Pilón Lajas, fue
evidente a fines de noviembre del 2015, cuando, con motivo de realizarse un evento
internacional sobre monitoreo socioambiental en Rurrenabaque y con presencia de
líderes indígenas de Ecuador y Perú, fueron invitadas dirigencias indígenas del río
Quiquibey (Asunción) y a Germán Nate como CRTM. Ambas partes se abstuvieron de
asistir, según los líderes de Asunción, para evitar confrontaciones y situaciones
bochornosas.
La actitud poco concertativa de la actual presidencia del CRTM ha agudizado la
contraposición entre las comunidades de la carretera y las del rio Quiquibey, creando
una mayor situación de malestar y conflicto. Incluso existe el riesgo de contraponer y
distanciar a las parcialidades Chimane y Moseten dentro el territorio, situación que
nos e había dado hasta ahora en la historia de la TCO. Por otra parte, la actitud
proclive a los planes extractivistas del gobierno ó a planes locales (caso de Alcalde de
279
Rurrenabaque y el “proyecto maderero” planteado), no solo por parte del CRTM, sino
por varios dirigentes de comunidades de la carretera, facilita cualquier actividad o
proyecto que pueda ocasionar impactos en la TCO-área protegida, así como la
realización de consultas deficientes o prebendales.
El escenario de la TCO a fines del 2015, es muy incierto. Se percibe,
lamentablemente, la tremenda eficacia de la estrategia del gobierno de dividir las
organizaciones sociales y suplantar, ya sean organizaciones o líderes, con el fin de
impulsar sus planes extractivistas.
El cambio de Director del SERNAP (salida del biólogo José Coello, 10 Noviembre
2015) y el nombramiento en dicho cargo del ex gobernador de Potosí (Félix Gonzales),
genera incertidumbres sobre el futuro escenario del SNAP, en especial cuando una de
las primeras acciones de dicho funcionario fue avalar las operaciones petroleras en las
áreas protegidas.
Situación del OPIM, Mosetenes de Alto Beni
En los antecedentes de la TCO Moseten se debe rememorar que la organización del
pueblo Moseten de Alto Beni y las comunidades de la TCO, enfrentaron entre el año
2009 y 2014 un profundo conflicto interno, ocasionado por las operaciones petroleras
de exploración sísmica del bloque Liquimuni y en especial una consulta deficiente y de
mala fe, que termino dividiendo a los liderazgos (cacicazgos) y a las comunidades. Esta
situación de debilidad organizacional y conflicto interno, todavía se percibe en la
actualidad. El debilitamiento de la directiva de la OPIM, significó que en la nueva
reelección el año 2010, recayera en una persona no perteneciente a la etnia Moseten
(Ruben Chambi, intercultural, contradiciendo el estatuto de la organización) y con
perspectivas favorables a los planes petroleros del gobierno. En tanto, en esa etapa, el
conflicto interno y la división de las comunidades continuo latente, debilitando a la
TCO y a la propia organización.
Las operaciones de perforación exploratoria del pozo Liquimuni, procedieron en la
orilla oeste del río Beni, en la zona de Sararia (cantón mayoritariamente de colonos o
interculturales). El sitio o planchada se encuentra fuera de la TCO Moseten, pero en
directa contigüidad (al frente de la TCO). De cualquier forma, la consulta pública
realizada para esta etapa petrolera el año 2011, constituyó básicamente en un cabildo
político partidario del MAS que excluyó abiertamente la participación indígena de la
región.
280
En agosto del 2014, habiendo finalizando su gestión el intercultural Rubén Chambi, se
reconformó el directorio de la OPIM, con la elección del Lider Mosetén Olver Canare
Josesita como cabeza de la OPIM y un retorno a la legitimidad cultural, así como al
cuestionamiento de actividades extractivas en el territorio indígena.
A lo largo del año 2014, en la etapa de implementación de la planchada del pozo
Liquimuni e inicios de la perforación, el MHE y YPFB no habían dado a conocer el EEIA
del proyecto petrolero o la existencia de la Licencia Ambiental. Debido a la falta de
información oficial, en las comunidades de la TCO, circulaba el rumor sobre la
realización de una sísmica 3D en el territorio, noticia supuestamente mencionada por
técnicos de la empresa SINOPEC, subcontratada por YPFB-Petroandina. En tanto la
división de las comunidades por interferencias del gobierno, la gobernación de La Paz y
la petrolera eran evidentes; por ejemplo, líderes (Caciques) de la comunidad Inicua a
orillas del río Beni y próxima a la zona de perforación del pozo Liquimuni, manifestaron
reiteradamente apoyo a los planes petroleros y camineros en la región, dando lugar a
una división de posiciones entre los líderes de otras comunidades de la TCO.
Otro hecho llamativo fue que la organización del Pueblo Moseten exigió en varias
oportunidades la entrega del EEIA y la Licencia Ambiental al MHE y YPFB, sin
resultados; incluso una petición que realizaron intermediada por la propia Defensoría
del Pueblo a mediados del 2014, no obtuvo respuesta alguna.
El año 2015 se realizaron monitoreos periféricos a la zona de la planchada del pozo
Liquimuni, esto debido a la absoluta negación de ingreso por parte YPFB-Petroandina a
la zona de operaciones, tanto a la OPIM, a LIDEMA e incluso a la propia Defensoría
del Pueblo. No se observaron evidencias de contaminación en el tramo del rio Beni y el
arroyo próximos a la planchada. La remoción de lodos en orillas no evidenció presencia
de hidrocarburos o deposiciones de aguas salinas (aguas de formación). A fines del
2015, y bajo únicamente los anuncios de prensa sobre la conclusión de la perforación,
nuevamente, la falta de información oficial dio lugar a rumores. De acuerdo a algunos
pobladores de Sararia, técnicos de la empresa habrían manifestado que si la prueba de
producción es negativa, la opción de un nuevo punto de perforación se daría al frente
del río Beni, es decir dentro de la TCO indígena Moseten. Esto coincidiría con una
comunicación personal de Norma Urzagaste, Asesora OPIM) sobre nuevos
acercamientos y tratos que YPFB-Petroandina habrían establecido con la comunidad de
Inicua. Estas situación reedita la penosa actuación de la mala consulta realizada el año
2009 para la sísmica del bloque Liquimuni, cuando el gobierno y la empresa negociaron
por separado con las comunidades, haciendo a un lado a la Organización máxima de la
281
TCO, y en franca contradicción al bloque constitucional de normas superiores del
Estado.
Respecto a las represas del rio Beni, persiste la preocupación en toda la zona, incluso
en Sararia, en torno a los planes del gobierno, dada la visión de la empresa Geodata de
un conjunto de represas “en cascada”, que incluye además de El Bala, las encañadas del
Beu y Chepite, lo cual pondría en grave riesgo a las comunidades indígenas y
campesinas ribereñas del rio Beni en la zona del Alto Beni, incluyendo a Sararia y
Santa Ana de Mosetenes.
La comunidad de Inicua (Inicua bajo) sobre el río Beni, está conformada por
pobladores Mosetenes, sin embargo en los últimos años se asentaron varias familias
interculturales de la región, las cuales generan una influencia y presión cultural
preponderante, al punto de que la elección de la cabeza comunitaria, es decir el Primer
Cacique, ha recaído en una persona intercultural, contraviniendo el estatuto de la
organización. Adicionalmente es muy fuerte la presión cultural de la colonización a lo
largo del valle del río Inicua y que tiene como epicentro la comunidad intercultural de
Inicua alto sobre la carretera a Yucumo y que se conformó en los años 80. Esta
situación ha dado lugar a que la comunidad de Inicua sea proclive a los planes
petroleros del gobierno en concomitancia con los ofrecimientos de proyectos
camineros de la gobernación de La Paz (año 2013, bajo la gobernación de Cesar
Cocarico). Esto dio lugar a un cierto alejamiento del resto de dirigencias de la TCO y
de la propia OPIM, que no aceptan los planes petroleros, al menos no tan abiertamente
y con tanta facilidad.
Esta figura nos recuerda de algún modo a la contraposición y divergencia cultural
observada en el Pilón Lajas, entre las comunidades de la carretera (Yucumo-
Rurrenabaque) y las del río Quiquibey.
De cualquier forma, existe entre las dirigencias comunitarias de la TCO Moseten-
OPIM (Cacicazgos) una tendencia al acercamiento político al gobierno, especialmente
en relación a determinados beneficios (obras, proyectos de desarrollo), incluso como
una forma de contrarrestar o balancear la presión y predominancia de la colonización y
de la Alcaldía de Palos Blancos. Una última información sobre esta tendencia es la
posición que tomarían los cacicazgos de la OPIM en un ampliado a realizarse, en la cual
posiblemente se aceptaría el Si a la reelección de Evo Morales, previa negociación de
ciertas peticiones y demandas, proceso que fue orquestado por operadores políticos
del gobierno en la región y que implicaría de facto una aceptación por parte de los
282
Mosetenes, de los planes y megaproyectos del gobierno, como el de las megarepresas
del río Beni o la ampliación de los planes petroleros.
Uno de los puntos de conflicto interno en la TCO es la posición de la comunidad de
Inicua (Inicua bajo) sobre el río Ben. La comunidad está conformada por pobladores
Mosetenes, sin embargo en los últimos años se asentaron varias familias
interculturales de la región, las cuales generan una influencia y presión cultural
preponderante, al punto de que la elección de la cabeza comunitaria, es decir el Primer
Cacique, ha recaído en una persona intercultural, contraviniendo el estatuto de la
organización. Adicionalmente es muy fuerte la presión cultural de la colonización a lo
largo del valle del río Inicua, que tiene como epicentro la comunidad intercultural de
Inicua alto, sobre la carretera a Yucumo y que se conformó en los años 80. Esta
situación ha dado lugar a que la comunidad de Inicua sea proclive a los planes
petroleros del gobierno en concomitancia con los ofrecimientos de proyectos
camineros de la gobernación de La Paz (año 2013, bajo la gobernación de Cesar
Cocarico). Esto dio lugar a un cierto alejamiento del resto de dirigencias de la TCO y
de la propia OPIM, que no aceptan los planes petroleros, al menos no tan abiertamente
y con tanta facilidad.
Esta figura nos recuerda de algún modo a la contraposición y divergencia observada en
el Pilón Lajas, entre las comunidades de la carretera (Yucumo-Rurrenabaque) y las del
río Quiquibey.
El máximo dirigente de la OPIM manifestó que hubo recientemente hubo un
acercamiento por parte de los petroleros (YPFB-empresa) a la comunidad de Inicua, y
un supuesto ofrecimiento de 20.000 dólares a la comunidad “por concepto de daños y
perjuicios de las obras petroleras” (¿actuales o futuras?), situación que los dirigentes
de Inicua habrían aceptado. La directiva de la OPIM a la cabeza de Olver Canare como
presidente de la organización máxima de la TCO, amonestó y rechazó la posición del
cacicazgo y otras dirigencias de Inicua, de aceptación de los ofrecimientos petroleros,
llegando incluso a cuestionar e increpar a los técnicos de YPFB que hicieron el
acercamiento a la comunidad, quienes obviamente negaron la figura denunciada.
Existe entre las dirigencias comunitarias de la TCO Moseten-OPIM (Cacicazgos) una
tendencia al acercamiento político al gobierno, especialmente en relación a
determinados beneficios (obras, proyectos de desarrollo), incluso como una forma
consciente o inconsciente de contrarrestar o balancear la presión y predominancia de
la colonización y de la Alcaldía de Palos Blancos. Una última información sobre esta
283
tendencia es la posición que tomarían los cacicazgos de la OPIM en un ampliado a
realizarse, en la cual posiblemente se aceptaría el Si a la reelección de Evo Morales,
previa negociación de ciertas peticiones y demandas, proceso que fue orquestado por
operadores políticos del gobierno en la región y que implicaría de facto una aceptación
por parte de los Mosetenes, de los planes y megaproyectos del gobierno, como el de
las megarepresas del río Beni o la ampliación de los planes petroleros.
Situación actual de la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz)
Amanera de antecedente, el año 2012, el máximo dirigente de la CPILAP José Ortíz
firma un acuerdo prebendal con el gobierno, abandonando la Novena Marcha en
Defensa del TIPNIS, a raíz de ello es desconocido y expulsado por las dirigencias de
los diversos pueblos indígenas que conforman la CPILAP. Se conforma otra dirigencia a
la cabeza de Celim Quenevo, sin embargo, Ortíz sigue fungiendo de facto como
dirigente de la CPILAP, dando lugar a una CPILAP paralela, que tenía aval y apoyo del
gobierno, y además, marginó y desconoció a la CPILAP legítima u orgánica. La CPILAP
orgánica, por falta de apoyo y recursos básicos, dejo de funcionar y los dirigentes se
replegaron a sus regiones. De esta forma, la CPILAP funcionaba, pero tiene un cariz
de ilegitimidad y de suplantación a la figura orgánica; y se debilita notablemente, pues
varias organizaciones de los pueblos que la conformaban, se mantuvieron alejados y
dejaron de participar en la Central. A José Ortiz sucedieron otras dirigencias en la
cabeza de la organización, con igual perfil cooptado ante los planes e intereses del
gobierno y que por conflictos internos se vieron obligados a dejar la organización. El
año 2015, asume la presidencia de la CPILAP el dirigente Leco Johnson Jimenez, ex
asambleista por los pueblos indígena del norte de La Paz. La nueva dirigencia presentó
un perfil mas concertativo y con visión de defender los derechos indígenas y
restaurar la presencia de la organización, pero paralelamente, con clara propensión a
avalar los planes del gobierno en las áreas protegidas y territorios indígenas. En
octubre del 2015, Jimenez enfrento un severo conflicto interno, siendo castigado
públicamente (puesto en un cepo) por el pueblo Tacana en la comunidad Mercedes del
municipio de Ixiamas por respaldar el Sí al estatuto autonómico paceño y el Decreto
Supremo 2366, que abre la exploración y explotación de petróleo en áreas protegidas
(ERBOL, 2, octubre 2015). Jimenez, había además avalado una Resolución de la
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que dirige Melva Hurtado,
aliada al gobierno del presidente Evo Morales, (que es considerada inorgánica por
muchas organizaciones indígenas), de respaldo al DS 2366.
284
Poco después, Johnson Jiménez anunciaba públicamente que el pueblo Tacana II del
norte del departamento de La Paz y Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), llegaron a un acuerdo para la exploración petrolífera en el territorio indígena
(ERBOL, 13 Octubre, 2015), dando a conocer un acta de acuerdo para que la empresa
estatal ingrese a esa zona, previo estudio sobre el impacto ambiental. De acuerdo con
el informe del dirigente indígena, el Ministerio de Hidrocarburos ya hizo la consulta
previa para el proyecto de Adquisición. De esta forma el máximo dirigente de la
CPILAP se torna en portavoz del gobierno y el sector petrolero.
Fuentes
FUNDACIÓN TIERRA. 2010. Territorios Indígena Originario Campesinos en
Bolivia. Entre la Loma Santa y la Pachamama. ICCO/EED/TROCAIRE/GIZ.
Ribera,A.M.O. 2013. Informe sobre conflictos indígenas e hidrocarburos en el
norte de La Paz. LIDEMA- PROYECTO NEBE-COCOON.
Von Stosch,K. 2014. Campesinos e Indígenas de Alto Beni. Diferentes visiones en
torno a tierra, territorio y recursos naturales. Fundación Tierra.
285
El Niño 2015
Marco Octavio Ribera Arismendi Noviembre 2015
Aspectos generales
El Niño o técnicamente ENSO (El Niño Southern Oscilation) o ENOS (El Niño
Oscilación Sur) es una oscilación climática global que se produce ciertos años
generando una perturbación atmosférica global.
La versión más aceptada de la expresión “El Niño”, se refiere al hecho de que
pescadores artesanales en las costas del Perú, identificaron en ciertos años la
ocurrencia estacional de agua inusualmente cálida en el océano Pacífico.
Esta agua más cálida solía aparecer alrededor de la festividad de la Navidad, es decir
hacia diciembre. Por este motivo, los pescadores denominaron a este fenómeno, “la
corriente de El Niño”, haciendo referencia al nacimiento del Niño Jesús. De acuerdo a
su intensidad se los denomina Niño fuerte, Niño moderado o Niño débil. Si no se
presenta el fenómeno se habla de Niño neutral.
Con el fenómeno de El Niño, se produce un trastorno del régimen de precipitaciones
pluviales a escala global, observándose importantes anomalías en las lluvias: positivas
(lluvias extremas) y negativas (sequías), en diversas regiones del planeta.
En algunos años, a diferencia de El Niño (donde se calienta el océano) se produce un
enfriamiento del océano, que ocasiona también diversas anomalías y trastornos del
clima, fenómeno que ha sido bautizado como “La Niña”
Para entender por que ocurre el fenómeno
La fase cálida (El Niño) se caracteriza por un debilitamiento a gran escala de los
vientos alisios y un calentamiento de la superficie del océano Pacífico ecuatorial del
este (en La Niña se produce un fortalecimiento de los vientos alisios).
En años normales, las aguas superficiales calientes del Pacífico son arrastradas por los
vientos Alisios que vienen desde el Este, y son llevadas hacia el Oeste (Australia), por
tanto la Corriente fría de Humboldt que sube desde las costas de Chile, baña la costa
del norte (Perú y Ecuador) en la superficie, llevando grandes volúmenes de nutriente,
lo cual favorece la pesca en toda esta zona.
286
Durante el fenómeno de El Niño, las aguas cálidas son arrastradas por los fuertes
vientos del Pacífico, e invaden las costas de Perú y Ecuador, puesto que los vientos
alisios del Este se han debilitado. La corriente fría de Humboldt que sube desde el
Sur permanece profunda y es desplazada hacia el Sur por debajo de la masa de aguas
cálidas, dejando a la zona sin nutrientes y sin pesca. En estas circunstancias, el aire
caliente ocasiona una mayor evaporación que da lugar a la presencia de masas de aire
húmedas que ocasiona que llueva anormalmente en la costa desértica del norte del
Perú, incluso ocasionado fuertes lluvias e inundaciones.
Al mismo tiempo, grandes masas de humedad ingresan al continente, aprovechando la
debilidad de los Alisios, ocasionando inmensas lluvias en diversas regiones
continentales, especialmente de las vertientes orientales húmedas hacia la Amazonia.
El proceso ocasiona grandes inundaciones en las tierras bajas y sequías prolongadas en
el Nordeste del Brasil o las tierras altas de los Andes.
Se ha comprobado que este fenómeno es recurrente aunque no necesariamente cíclico
(algunos expertos asumen un ciclo de cada 3 a siete años), y que ha venido sucediendo
probablemente desde épocas prehistóricas. Las referencias más antiguas provienen
de los primeros cronistas y reflejan que los Incas y las culturas de la costa conocían el
fenómeno. Algunos expertos afirman un proceso que se habría empezado a
desarrollarse a fines del período terciario, hace millones de años.
El Niño provocó en Bolivia catastróficas inundaciones los años 1982-1983, 1992-1993,
1997 y 2007. En otras latitudes y regiones se producen también sequías (Africa,
Indonesia, Australia) reduciéndose la intensidad y regularidad de afluencia de
Monzones. En los últimos 100 años se habrían manifestado 23 Niños y 15 Niñas; los
cuatro eventos más desastrosos se han producido a partir de la década de los años 80
del siglo pasado. Uno de los fenómenos más intensos de la historia del ENSO se
produjo el año 2007.
La Niña es la “fase fría” de la oscilación ENSO, también aparece hacia los
meses finales del año, con un aumento de la potencia de los vientos alisios, los
cuales empujan a la corriente fría del Pacífico o corriente de Humboldt hacia
el oeste, enfriando anormalmente el océano, lo que ocasiona la aparición
irregular de aguas superficiales frías en el centro oriental del océano Pacífico.
Al mismo tiempo las aguas y vientos cálidos del Pacífico también son empujados
o desplazados más hacia el este (Australia), ocasionando perturbaciones
287
climáticas severas en forma de tifones, huracanes y tornados También
ocasiona el ingreso de masas de aire frío y húmedo al este de los Andes por el
desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), dando lugar a
lluvias extremas e inundaciones. Una Niña excepcionalmente fuerte se dio el
año 2008, y el fenómeno fue muy inusual, puesto que se produjo
inmediatamente después de El Niño del 2007, con grandes pérdidas sociales y
económicas.
Además de los fenómenos Niño-Niña es decir bajo condición de ENSO neutral, se
producen otros fenómenos que pueden ocasionar lluvias agigantadas e inundaciones
catastróficas, como los del 2013-2014, cuando un“wave train” o masa de vapor
sobrecalentada del océano Pacífico-Indico (Espinoza et al, 2014) interfirió con una
zona de “vaguada” meteorológica en la alta tropósfera o TUTT (Tropical Upper
Tropospheric Trough).
Especialmente El Niño, mueve inmensas masas de vapor y aire cálidos, en función a ello
es lógico suponer que el calentamiento global (y cambio climático consecuente) debería
tener efectos decisivos no solo en la recurrencia sino en la intensidad del fenómeno, y
posiblemente, ocasionando un acotamiento del ciclo entre un evento y el otro, así
como una mayor alternancia con La Niña.
El Niño 2015
Los Niños de mayor potencia fueron registrados en los periodos entre 1972/1973,
1982/1983 y 1997/1998. El último Niño de gran intensidad se dio el 2007 (seguido el
2008 por la Niña, igualmente fuerte). A fines del 2013 e inicios del 2014, se dio el
fenómeno pluvial extremo en Sudamérica TUTT (o “wave train”), que nada tuvo que ver
con fenómeno de El Niño, es decir se dio bajo ENSO neutral. A lo largo del 2014,
muchas organizaciones de monitoreo del clima en Sudamérica y el mundo, hablaron de
un Niño moderado o débil, es decir un leve calentamiento de las aguas del Pacífico.
A inicios del año 2015 diversas oficinas de análisis climático a nivel mundial
dieron la alarma: el fenómeno climatológico de El Niño, reapareció en marzo,
durará hasta el 2016 y podría ser uno de los más intensos de la historia, según
las proyecciones anunciadas por el Centro de Previsión del Clima (CPC) de
Estados Unidos. Las predicciones del calentamiento de la superficie del mar en
las zonas central y oriental del Pacífico tropical apuntan a que El Niño que está
en desarrollo probablemente será uno de los cuatro más fuertes desde 1950.
La temperatura en algunas zonas ecuatoriales del Pacífico en septiembre del
288
2015, fueron de 2,1 grados Celsius por encima de lo normal, precisó la Agencia
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). En 1997, año en que el
fenómeno fue extraordinariamente fuerte, la desviación de la temperatura
llegó a 2,2° celsius".
Según estas informaciones, el cambio climático ha creado condiciones sin precedentes
para el actual fenómeno de El Niño. Lo que es completamente distinto en relación a
décadas anteriores es que los último Niños están ocurriendo bajo nuevas condiciones,
influidas por el cambio climático. Desde entonces, el mundo ha cambiado mucho y la
capa de hielo del mar Ártico se ha reducido a niveles mínimos, al tiempo que masas de
aire caliente y vapor mucho mas inmensas circulan en el planeta.
Los efectos de este fenómeno meteorológico, además, van más allá de las fronteras de
cualquier país, ya que provoca sequías, lluvias, inundaciones o heladas en diferentes
lugares muy distantes entre sí.
En el Perú, en agosto del 2015, el gobierno y las autoridades regionales, elevaron a un
estado de emergencia a varias regiones y localidades de alta vulnerabilidad. En Bolivia,
también ha sido dada la alarma, en septiembre del 2015, desde el Viceministerio de
Defensa Social se alertaba que el fenómeno de El Niño, ocurrirá con intensidad alta
entre noviembre y marzo o abril de 2016, afectando a ocho de los nueve
departamentos de Bolivia con sequías e inundaciones a partir de noviembre. Por su
parte el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) ha pronosticado
fuertes lluvias e inundaciones en 48 municipios de los departamentos de Beni, Santa
Cruz, Cochabamba y La Paz, así como seguías en 45 municipios de siete departamentos
en el este y oeste de Bolivia.
Aspectos importantes para las poblaciones locales indígenas y campesinas,
municipios y zonas rurales en general
Buscar fuentes de información válida de oficinas o instituciones especializadas.
Tomar con cautela información sensacionalista o alarmista que lo único que logra es
generar incertidumbre y malestar.
En relación a la ocurrencia de anteriores eventos climáticos extremos, las
comunidades indígenas y campesinas y sus organizaciones representativas, deben
generar espacios de debate y planificación sobre previsiones ante situaciones de
emergencia, para hacer un recuento de eventos pasados, identificar las zonas y
familias más vulnerables (por ejemplo cerca de quebradas o taludes de cerros,
289
cerca de riberas de ríos que pueden erosionarse o inundarse más fácilmente), vías
de evacuación más seguras, medios de comunicación con el exterior (con ciudades o
localidades importantes del municipio), zonas de refugio, planes de acopio e
inventarios de vituallas. Medicinas, víveres, agua, etc.
Fortalecer al interior de las comunidades las relaciones o redes de solidaridad y
cooperación. Establecer compromisos y responsabilidades.
Fortalecer los aspectos de organización interna comunitaria y de las
organizaciones representativas para definir o clarificar responsabilidades entre
los representantes y autoridades locales y poder enfrentar mejor las situaciones
de emergencia climática, incluso conformar Comités de emergencia que tengan
atención exclusiva en el tema.
Permanecer en contacto con otras comunidades o localidades para establecer
nexos de ayuda y redes de solidaridad.
Elevar solicitudes de información confiable y actualizada sobre el fenómeno y los
planes de emergencia y atención de riesgos previstos, a las autoridades
municipales, de las gobernaciones y del gobierno central.
Afianzar contactos con algunos medios de prensa y/o instituciones que pueden
intermediar las solicitudes de emergencia hacia autoridades de las gobernaciones
o del gobierno central.
Fuentes
Agua Sustentable. 2012. Los efectos físicos y las amenazas asociadas a las
variaciones climáticas en Bolivia. La Paz, Bolivia.
Bookhagen,B., Strecker,M. 2009. Modern Andean rainfall variation during ENSO
cycles and its impact on the Amazon drainage basin. 2:54:41 Shobha.
Cardenas,P. 2002. Impacto de los eventos el Niño – Oscilacion del Sur. CAF.
Venezuela.
CENEPRED, 2015. Escenario de riesgos ante la temporada de lluvias - El Niño 2015
– 2016. Lima, Perú.
Espinoza,C.J., Marengo,J.A., Ronchail,J., Molina,J.C. 2014. The extreme
2014 flood in south-western Amazon basin: the role of tropical-subtropical
South Atlantic SST gradient. Rede Clima, Brazilian National Institute of
Science and Technology (INCT) for Climate Change. Francou,B. 1985. El Niño y la Sequia en los Andes Centrales (Perú y Bolivia).
Bull.Inst.Fr.etudes andines. No 1-2. Lima Perú.
Machare J. 1993 Registros históricos del fenómeno el Niño en el Perú.
Bull.Inst.Fr.etudes andines. Nº 22. Lima, Perú.
National Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA) Climate Prediction
Center. 2015. ENSO phenomena 2015, possibly very strong. USA.
290
Villazón,M.F., Vásquez, V., Montenegro, E. 2011. Análisis de variabilidad climática y
efectos de Niño y Niña sobre la disponibilidad esperada de agua en las principales
ciudades de Bolivia. UMSS. Bolivia.
Umpiérrez,O. 2010. Análisis de impactos hidrológicos de "El Niño" - compilación,
estudios e investigación. GTHRH.
Niño 2015, Excepcionalmente fuerte. 2015. Opinión del experto Oceanógrafo
Eduardo Zambrano. Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El
Niño (CIIFEN), Guayaqui, Ecuador.
El Día, Miércoles 16 Septiembre, 2015. Declaraciones de autoridades del
Viceministerio de Defensa Social y SENAMHI, sobre la llegada de El Niño 2015 a
territorio nacional.
291
Glaciares, cada vez más amenazados
Marco Octavio Ribera Arismendi Noviembre 2015 Expertos en diversos países, dedicados al estudio de los glaciares y cambio climático a
lo largo de muchos años, han alertado repetidamente que existe un severo riesgo
ambiental asociado al retroceso glaciar en los Andes y se sentirá especialmente en el
equilibrio del sistema hidrológico. Se perderán extraordinarias reservas de agua dulce
y se alterará irreparablemente el aporte regular de agua no solo a las comunidades
locales próximas, sino a grandes ciudades como Quito, Arequipa, La Paz o El Alto.
Diversos estudios indican que en América del Sur se concentran más del 95% de los
glaciares tropicales del mundo, con una superficie aproximada en 2.500 km2., de los
cuales el 22% se encuentran en Bolivia. Los glaciares bolivianos representan el 20% de
los glaciares tropicales del mundo, lo que indica su enorme importancia.
Los glaciares tropicales ubicados en las cordilleras de Bolivia tienen sus periodos de
recarga en una época donde se dan los índices mayor radiación solar y mayores
temperaturas (noviembre a febrero), por lo que dicha capacidad de recarga es menor
en comparación a otros glaciares en otras zonas del planeta. Por otra parte, sus
dimensiones relativamente pequeñas y el aumento de la ablación o derretimiento, casi
permanente durante todo el año, hace que estos glaciares sean especialmente
vulnerables a las fluctuaciones del cambio climático. A esto puede sumarse la afluencia
y acumulación en zonas glaciares, de partículas de hollín (Crioconitas), producto de
emanaciones de humos industriales o de quemas por desbosques. Estas partículas
llegan a oscurecer la nieve y la consecuente reducción del albedo, ocasiona una
ablación acelerada. También el fenómeno de El Niño (ENSO) con los desarreglos
climáticos que ocasiona, y en especial las fuertes sequias en regiones altas, ha sido
indicado como un gran contribuyente al retroceso de los glaciares.
Esto ha significado que la mayoría de los glaciares del país en sus diversas formas del
país, sufrieron, especialmente en los últimos cuarenta años, un retroceso acelerado,
hasta casi desaparecer en muchas zonas. Varios glaciares emblemáticos de los Andes
bolivianos están desapareciendo y su paulatino deterioro es un indicativo del poco
tiempo que tenemos para cambiar el curso de los acontecimientos producto de la
civilización occidental capitalista, centrada en el crecimiento desmedido, la
competencia, la codicia y la acumulación irracional e irresponsable.
292
Al retroceder masivamente y desaparecer los grandes mantos de nieve que cubren aun
las altas montañas, existe el riesgo de pensar que los glaciares se han acabado y la
lucha está perdida, que ya no queda nada por hacer, sin embargo, diversos estudios a
nivel mundial han realizado un recuento de las diversas formas o tipos de glaciares de
montañas además de los grandes mantos de nieve, que muestran que la función
esencial dadora de agua tiene plena vigencia, aun cuando los grandes mantos de los
glaciares descubiertos, puedan haber desaparecido. Un breve resumen muestra la
diversidad de las formas de glaciares, presentes en nuestras cordilleras:
Glaciares descubiertos, son masas de hielo perenne, formada por grandes
acumulaciones de nieve-hielo a lo largo de siglos, fluyen bajo su propio peso hacia
las alturas inferiores; por ejemplo, lo campos permanentes del Illimani, Mururata o
Sajama.
Glaciares cubiertos, son aquellos que poseen una cobertura de detritus externa
(roca fragmentada por el frio) que actúa como aislante. Son glaciares ocultos o
encriptados, comunes en todas las zonas cordilleranas.
Glaciares de escombros o de roca, donde el hielo y la nieve externa están entre
mezclados con la roca. Son glaciares ocultos o encriptados. Comunes en todas las
zonas cordilleranas.
Campos de hielo en glaciares de fisuras de rocas que pueden alcanzar importante
profundidad y espesor, también son glaciares ocultos o encriptados. Comunes en
todas las zonas cordilleranas.
Son igualmente relevantes, los mantos de nieves y campos de hielo temporales,
acumulados normalmente por encima de los 4.800 msnm., por grandes tormentas en la
época húmeda en todas las altas cordilleras y zonas periglaciares, y que si bien
desaparecen en el curso de unas semanas o meses, contribuyen a enriquecer los
glaciares cubiertos, de roca y de fisuras, además aportan importantes volúmenes de
agua a los cursos, humedales como los bofedales y lagunas, y en especial a las zonas de
recarga de acuíferos.
También se consideran como parte de los paisajes glaciales las zonas periglaciares
altoandinas, entre los 4.800 y 5.200 msnm., y especialmente sus suelos congelados a
mediana profundidad (permafrost), gran parte del año, y que contribuyen de gran
manera a la alimentación de zonas de recarga de acuíferos, arroyos, lagunas y
bofedales-vegas en toda la región andina.
Ha sido advertido en varias oportunidades, que este conjunto de estructuras son
gigantescos reservorios de agua y los principales reguladores del ciclo hídrico. Un
eventual retroceso de su masa, por los efectos del cambio climático u otro tipo de
293
alteraciones efectuadas por el hombre, tendría un impacto altamente negativo para
las comunidades asentadas en sus regazos, por la alta dependencia de estas
comunidades al agua que ellos proporcionan, sobre todo en épocas de baja
precipitación.
Los glaciares cordilleranos de Sudamérica en general, se encuentran amenazados, no
solo por los efectos del calentamiento global y el cambio climático, sino que enfrentan
las actividades expoliadoras y destructivas del extractivismo, en especial de la
minería del oro, ya sea a gran escala, como el megaproyecto Pascua Lama, impulsado
por la transnacional Barrik Gold, o a menor escala, en el caso de las pequeñas empresas
y cooperativas mineras. Es preciso recordar la devastación minera realizada por
cooperativas mineras de Bolivia y Perú, a cielo abierto, en la zona altoandina de Laguna
Suches al interior del área protegida Apolobamba, así como la indiferencia e
incapacidad del gobierno boliviano para hacer cumplir las normas. En esa misma región
cordillerana, el año 2010, estuvo a punto de estallar un violento conflicto entre una
cooperativa minera (Flor de Nevado), que dinamitaba el glaciar que da agua a la
comunidad campesina de Agua Blanca. Similares atentados en zonas glaciares
relictuales y periglaciares se pueden prever, cuando el gobierno impulsa grandes
proyectos mineros, como Mallku Khota, Santa Isabel o Meseta de los Frailes.
Las operaciones a cielo abierto, destruyen irreversiblemente los glaciares, de todos
los tipos y dimensiones, despojando además a las comunidades locales de su bien más
preciado, el agua, y los medios de vida claves de su supervivencia, como la agricultura y
la ganadería.
Es aquí donde concurren dos tipos de comportamiento canalla, por un lado la renuencia
de los grandes países industrializados a reducir sus enormes emisiones (e incluso
rechazar la evidencia del cambio climático), y por otro, el extractivismo depredador e
irresponsable de las operaciones mineras en general. Ambas son caras del mismo
capitalismo voraz que devasta la Madre Tierra.
Desde luego, es urgente seguir demandando la justicia climática y el reconocimiento
de los derechos de los afectados y víctimas del Cambio Climático, así como acciones y
políticas de control y adaptación, con el fin de reducir efectivamente las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero y mitigar sus impactos, aun cuando pueda parecer una
lucha perdida en los laberintos burocráticos de las varias COPs que se han realizado.
También es urgente recordar al gobierno del Estado plurinacional de Bolivia, que si
bien nuestra cuota de emisiones industriales es ínfima, comparada a las emisiones de
294
los países sobre desarrollados, nuestra cuota de gases por efecto de quemas y
desbosques tiende a aumentar. Más aun, cuando uno de los dos máximos gobernantes
del país, en un frecuente momento de desubicación pro-capitalista, ha ofrecido en el
marco de la “revolución productiva”, apoyar el avance de la frontera agropecuaria en
un millón de hectáreas por año, principalmente a las poderosas cámaras
agroindustriales del oriente, hasta llegar a las 10 millones de hectáreas,
desafortunadamente con el apoyo de leyes ya aprobadas y en aplicación. Estos
desbosques alegremente ofrecidos, en especial a las grandes cámaras agropecuarias
del oriente, implican quemas inmensas y liberación de gases, por otro lado, la
eliminación de los sumideros de carbono que son los bosques y desde luego una
importante cuota de gases de fecto invernadero a la atmósfera.
Lastimosamente, la reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero,
no está en nuestras manos y decisiones, pero si el control y reducción de nuestras
propias emisiones. También estaría en los decisores del país la responsabilidad de
frenar megaproyectos mineros o avance de cooperativas, en las regiones cordilleranas
y de glaciares.
Las zonas de glaciares andinos son parte fundamentalísima de la Madre Tierra, puesto
que contribuyen de forma determinante al Vivir Bien de las comunidades locales y los
pobladores de las grandes y medianas ciudades. Además, al encontrarse en grandes
alturas, tienen correspondencia con los Apus, Sitios sagrados, muy venerados por las
comunidades locales, y son base de la espiritualidad y pervivencia cultural ancestral,
que tanto se pregona actualmente y que muy poco se apoya en la práctica.
Fuentes
Francou,B., et al. 2011. Glaciares de los Andes Tropicales víctimas del Cambio
Climático. CAN, PRAA, IRD.
Hoffmann,D. 2006. Impactos Socio-Económicos del Retroceso de los Glaciares en
los Andes Bolivanos. BMI –Institute Boliviano de la Montaña. Simposio Quito,
Ecuador.
Hoffmann,D. 2013. Estado actual de los glaciares en los Andes tropicales: una
perspectiva multi-siglo sobre evolución glaciar y cambio climático. BMI –Institute
Boliviano de la Montaña.
Hoffmann,D. 2015. La contribución de los glaciares al agua de La Paz. BMI –
Institute Boliviano de la Montaña.
Marangunic,C. 2014. Definiciones y clasificación de glaciares. Geoestudios. Francia.
Programa Cono Sur Sustentable. 2011. Glaciares Andinos. Recursos Hídricos y
Cambio Climático.
295
OXFAM, 2015. Glaciares de roca y cambio climático en los Andes bolivianos.
INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE OXFAM. Agua Sustentable, OXFAM.
SERNAP. 2012. Memoria II Encuentro Internacional sobre Cambio Climático y
retroceso de Glaciares, realizado en el parque boliviano de de Sajama. 05 de
septiembre de 2012.
UDAPE, 2015. Evaluación de daños y pérdidas por eventos climáticos. Bolivia 2013 –
2014. Estado Plurinacional de Bolivia.
Ulloa,D., Yager,K. 2007. Memorias del taller “Cambio Climático: percepción local y
adaptaciones en el Parque Nacional Sajama”. Comunidad de Sajama. 19 y 20 de
septiembre de 2007. Estado plurinacional de Bolivia.
296
Intensificación del extractivismo en Bolivia
Marco Octavio Ribera Arismendi Noviembre 2015
El extractivismo como concepto
El concepto más básico significa extraer un determinado recurso. En los años 80, en
Sudamérica se hablaba del extractivismo y de reservas extractivistas en relación a la
práctica de obtención de productos o recursos no maderables del bosque, como la
goma o la castaña amazónica. También la explotación de maderas se definió como
extractivismo forestal y la pesquería, también fue catalogada como una forma de
extractivismo.
Recién a fines de los años 90 y entrando al nuevo siglo, se empezó a hablar de una
nueva forma, el extractivismo expoliativo o depredador, mas referido a los recursos
no renovables, es decir, relacionado a la minería y los hidrocarburos, y ligado a
grandes operaciones ("mega") de grandes corporaciones y el accionar de los
denominados gobiernos progresistas. El extractivismo se convirtió paulatinamente en
una "mala palabra", una connotación negativa de prácticas atentatorias de la equidad y
la justicia ambiental, y es así como ha sido adoptada en cientos de ensayos y
publicaciones. Este tipo de extractivismo muestra el lado más voraz del capitalismo
mundial. Según Maristella Svampa (2015), el extractivismo llegó a ser una categoría
que se ha difundido mucho en el pensamiento crítico y también en el lenguaje de los
movimientos sociales de América Latina en los últimos 5 o 6 años y designa el proceso
de sobre explotación de recursos o bienes naturales no renovables (agotables) y la
expansión de las fronteras de extracción hacia territorios antes considerados
improductivos. La sobre explotación es uno de los rasgos fundamentales.
El extractivismo ha sido identificado mayormente con las prácticas mineras y
petroleras, sin embargo hay una opinión generalizada de asumir, que las grandes
operaciones agroindustriales, por ejemplo, soyeras (agroindustria), son una forma de
extractivismo, basada en la extracción de nutrientes, bajo una lógica muy afín a una
minería que explota y depaupera los suelos. También los grandes proyectos
hidroeléctricos han sido incluidos como una forma de extractivismo, en este caso, bajo
la lógica de extraer energía de los ecosistemas y exportar energía en forma de
grandes cantidades de megavatios. Finalmente, las mega-infraestructuras que han
proliferado en la última década (favorecidas por iniciativas como el IIRSA) como ser
297
carreteras, puentes o puertos, han sido vinculadas de forma directa como formas en
servicio directo a las grandes operaciones extractivas o para favorecer diversas
formas de extractivismo, mayormente expoliativo (madera, fauna).
El aumento del precio de los commodities, aumentó la exportación a gran escala a
través de la introducción de nuevos grandes emprendimientos: sean de minería, mega
represas, la expansión de la explotación hidrocarburífera convencional o no
convencional y el modelo de los agronegocios a gran escala en todos nuestros países
(Maristella Svampa, 2015). De acuerdo al CEDIB (2015), las exportaciones de Bolivia,
Argentina, Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador, entre otros, se concentran en pocos
recursos naturales que al cabo del ciclo de precios elevados, cada uno de los países
tendrá severos problemas económicos incluyendo la dependencia fiscal a los ingresos
de los recursos exportados y el encarecimiento de bienes importados, lo cual es una
condición típica de los países monoproductores de materias primas.
La dependencia de la explotación y exportación de materias primas sin valor agregado
de parte de Bolivia, entre 1999 y 2012, se ha acrecentado en un 30% más, haciendo
del país el más extractivista (CEDIB, 2015) con 95,1% y ubicándose en el segundo
lugar de los países sudamericanos, solo después de Venezuela (95,5%).
Un aspecto importante es que en las últimas dos décadas, el extractivismo a nivel
mundial tuvo una progresión hacia lo "mega", lo que implico grandes y millonarios
proyectos, con inmensas operaciones a cielo abierto, uso de mega-maquinarias,
utilización de mega volúmenes de agua y generación de enormes impactos
socioambientales. Algunos rasgos del nuevo extractivismo expoliador, especialmente
aplicado a los países no desarrollados son:
Del pico y perforadora en socavón a inmensas explotaciones a cielo o tajo abierto
(“open pit”) que pueden alcanzar miles de hectáreas de superficie y cientos de
metros profundidad.
De pozos petroleros aislados a megacampos interconectados, con múltiples
baterías de pozos y perforaciones cada vez más profundas, hasta la explotación de
rocas (Shale gas), a través de tecnologías de alto impacto como la fractura
hidráulica o “fracking”.
De parcelas de 100 o 200 hectáreas de soya a inmensas plantaciones
agroindustriales de miles de hectáreas.
En el caso de la minería, a partir de las capacidades de extracción de cada vez más
grandes volúmenes de tierras y procesados, con mega maquinaria, el uso de tecnologías
de punta (separación, lixiviación, etc.) las grandes operaciones pueden actualmente
298
aprovechar yacimientos incluso de muy baja ley (donde antes los costos de producción
eran prohibitivos), en especial si la explotación se centra en metales con precios muy
altos, como el oro.
Algunas consecuencias de la intensificación del extractivismo en los últimos diez años
en los países sudamericanos y especialmente referidos a Bolivia, han sido:
Se ha facilitado la preeminencia exagerada de determinados sectores relacionados
con el modelo extractivo (minería, hidrocarburos, agroindustria).
Se ha fortalecido la permanencia de poderosas estructuras oligárquicas (Cámaras
petroleras, mineras o agroindustriales) , que se ligan fácilmente a las
transnacionales
La emergencia y empoderamiento de sectores privados de la minería con alto
poder político, eximidos de responsabilidades ambientales y tributarias, como son
las cooperativas mineras.
Generación de una lógica de rentismo y subsidio preferencial a las regiones
productoras, ocasionando asimetrías en la distribución de beneficios.
Propensión de altas autoridades del gobierno de facilitar y defender las mega
operaciones mineras y a las transnacionales, como es el caso de San Cristóbal.
Marginamiento extremo de los temas ambientales, y consecuentemente una
propensión a la flexibilización de las normas de regulación y control ambiental.
Generación de elevados impactos y costos socio ambientales, con una distribución
de estos costos hacia sectores más vulnerables y con menos ventajas en las zonas
de explotación.
Multiplicación y agudización de conflictos ambientales, en especial con pueblos
indígenas.
Mayores oportunidades de inversión en un contexto de bilateralidad, al margen de
las fuentes tradicionales multilaterales como son los bancos internacionales (BID,
BM, CAF).
Apoyo más abierto en la inversión con financiamientos y tecnologías provenientes
de países no tradicionales, como es el caso de China, Rusia, Brasil, Korea,
Es relevante hacer una escueta mención al divorcio existente de las poblaciones
urbanas con la realidad de las regiones rurales o naturales donde la gente local sea
campesina o indígena, enfrenta los impactos de la explotación y extracción de
recursos; algo que L.F.Mansilla llamó la lógica “urbano centrista”, la cual vive de
espaldas a la realidad del resto del territorio. Al respecto Maristella Svampa
(2015), menciona que hay como una desconexión entre las luchas locales, que afectan
sobre todo a pequeñas y medianas localidades -a veces a territorios más aislados y
por ende los sujetos involucrados son mucho más vulnerables-, y los grandes centros
299
urbanos que no viven cotidianamente la amenaza de la introducción de un mega
emprendimiento.
El Extractivismo en Bolivia
Bolivia ha estado sujeta al extractivismo y sujeta al modelo primario exportador antes
de ser una nación como tal, esto es desde la colonia y principalmente a partir de la
explotación a gran escala de la plata en Potosí. La explotación del caucho en la
Amazonía iniciada a fines del siglo XIX, fue otra forma de un extractivismo
expoliador y genocida. A inicios del siglo XX la minería del estaño en las tierras altas
de Bolivia, generó un proceso extractivista que duro varias décadas. En todos los
casos, los beneficios y las fortunas generadas de estos procesos extractivistas
expoliativos, quedaban en manos de una élite de pocas familias favorecidas por las
políticas de otorgamiento de los gobiernos y legisladores.
El fenómeno de intensificación del extractivismo empieza a ser manifiesto al inicio del
nuevo siglo cuando los sucesivos gobiernos de tendencia neoliberal, orientan sus
políticas a los procesos de concesionamiento y privatización de los campos
hidrocarburíferos y minería a gran escala (caso Korikollo). En realidad muchos
cambios, hacia la intensificación del extractivismo, se habían empezado a modelar ya
con la reforma estructural del país en la década de los años 80 del siglo pasado (por
mandato del Fondo Monetario Internacional).
El año 2003 empieza en Bolivia una etapa de crisis y desestabilización política con la
salida de violenta del gobierno del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario),
seguida de un período de transición que desembocó en el ascenso eleccionario de una
opción populista del Movimiento al Socialismo (MAS) y el acceso a la presidencia del
líder sindicalista Evo Morales, quien continuó en el poder hasta el año 2015. Esta línea
de gobierno, progresista y desarrollista, mimetizada bajo el rótulo de socialismo del
siglo 21, muy similar al gobierno de Correa en el Ecuador y de Venezuela (Chavismo),
intensificó cada vez más las políticas extractivistas, profundizando el modelo primario
exportador y afectando negativamente aspectos socioambientales y socioculturales, a
su vez, generando un gran número de conflictos. Los conflictos socioambientales en los
últimos diez años se multiplicaron aproximadamente en un 180% más que en el período
1996-2004, tanto por aspectos ambientales, como por pugnas de explotación entre
diversos actores (caso minero).
El año 2006, se concreta legalmente la nacionalización de los hidrocarburos y varias
de las transnacionales que habían participado en los procesos de privatización el 2001
300
y 2002, bajo el gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, ingresan exitosamente en
el nuevo esquema, incluso a pesar de los resultados de una auditoría que las mostraba
como responsables de un gran número de infracciones y daños, tanto ambientales,
como económicos.
El gobierno del MAS, a partir de la empresa estatal YPFB, firmo contratos de
operaciones con estas empresas y estableció una norma que otorgaba de inicio más de
70 zonas reservadas a YPFB, y reactivaba las otorgadas en gobiernos anteriores (p.e.
bloques Rio Hondo-PETROBRAS/TOTAL, bloque Tuichi-REPSOL en las áreas
protegidas y tierras indígenas de Madidi y Pilón Lajas). El número de zonas reservadas
para YPFB y sus socias operadoras se incremento en los siguientes años hasta un
número de 99, afectando a un mayor número de tierras indígenas y zonas protegidas.
A partir del 2006, el modelo económico de Bolivia empieza a sustentarse en los
recursos económicos (rentas) provenientes del extractivismo, en especial petrolero,
pero esto ha significado, además de generar una dependencia económica cada vez más
pronunciada, conferir una preeminencia exagerada al sector petrolero, marginar mas
la gestión ambiental, y postergar los procesos de diversificación productiva. Según
Diego Andreucci (2015), el “gran salto industrial” se ha limitado a exportaciones
primarias con escaso valor agregado, y las economías comunitarias son
sistemáticamente sacrificadas por la expansión de relaciones capitalistas y de las
fronteras de extracción de recursos y del agro-negocio.
Un estudio conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el CIAT
(Centro Interamericano de Administraciones Tributarias), destaca el crecimiento de
los impuestos por explotación de recursos naturales en Bolivia y otros países de la
región. Ya el año 2013, el sector de hidrocarburos aportó con el 52,4% del total de
los ingresos fiscales del país. Distintos investigadores advirtieron el peligro de
depender tanto, de un solo sector, que además está escasamente articulado al resto
de la economía productiva del país (El País, Tarija, 2014). Adicionalmente, a lo largo de
varios años, otras organizaciones, como la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), han evidenciado que Bolivia es muy dependiente de la explotación
de pocos recursos naturales, y que tiene una excesiva concentración de las
exportaciones en pocos productos (mayormente primarios) y pocos mercados (El País,
Tarija, 2014).
301
Una opinión generalizada es que, el rápido avance de la frontera extractiva
hidrocarburífera n Bolivia (p.e. apertura de la región amazónica) se ha impulsado
mayormente a raíz de la alta incertidumbre sobre las reservas confirmadas de gas, las
cuales, según diversos expertos no supera los 10 TCFs, aunque el gobierno tiende a
aumentar esta cifra, y adicionalmente se conoce que hay una declinación de los
grandes campos gasíferos debido a los elevados volúmenes de gas exportados a Brasil
y la Argentina.
Paralelamente, se incrementaron también las operaciones mineras en todo el país, con
la demanda de precios y mercados internacionales de metales, especialmente después
del 2008 (cuando se experimento una crisis económica mundial). Esto desembocó en
una apertura cada vez mayor a grandes proyectos, como el caso de San Cristóbal
(plata, zinc, plomo), ligados a transnacionales, como a un elevado y cada vez un mayor
número de pequeñas operaciones relacionadas al sector de cooperativas. Algunas
operaciones de impacto ambiental extremso se encuentran al interior de áreas
protegidas como es el caso de Apolobamba. Datos del Viceministerio de Cooperativas
Mineras, mostraron que la superficie minera adjudicada a los cooperativistas creció,
de 47.153 hectáreas en el 2006, a 375.073 hectáreas el año 2013. Hace 8 años,
operaban 230 cooperativas mineras, mientras que en el 2013, se registraban más de
1.600, con unos 120 mil asociados. De este total de cooperativas, 1.190 están
dedicadas a la explotación de oro.
Estas cifras se incrementaron hasta en un 10 % a inicios del 2015. Este crecimiento
abrumador tuvo directa relación con los elevados precios internacionales del oro
desde el año 2008, y que a pesar de tener variantes nunca bajó de 1.100 $U$/onza
troy, llegando a valores muy elevados (1.900 $US, 2011), siendo esto un gran incentivo
para el aumento de las operaciones de explotación aurífera. También el crecimiento
de las cooperativas mineras tuvo directa relación con las políticas favorables del
gobierno hacia dicho sector, con el cual generó además una alianza política
eleccionaria.
Dentro los planes del gobierno se han mantenido desde el año 2007, las proyecciones
de la extracción y transformación a gran escala del litio del Salar de Uyuni, tema
iniciado con un proyecto piloto que tardo varios años en arrojar magros resultados
preliminares. A pesar de su estancamiento, el gobierno ha demostrado una gran
voluntad de impulsar un proyecto de gran alcance y escala, pudiendo ocasionar
profundas transformaciones sociales en la región, así como fuertes impactos
ambientales a un ecosistema de particular fragilidad.
302
Complejidad de la intensificación del extractivismo en Bolivia
303
También en el ámbito minero, en años anteriores, el gobierno había dado pasos
concretos para la explotación de la minería de Santa Cruz, por ejemplo, con la
dotación de grandes superficies de concesiones a la empresa de capitales brasileros
Votorantim, al interior del área protegida San Matías y en superposición al territorio
indígena Ayoreo. Otra señal clara de la proyección y vocación extractivista de
gobierno del MAS, fue la licitación y desarrollo de la explotación del hierro del Cerro
Mutún, a partir de una mega operación con una transnacional de capitales indios
(JINDAL), la cual fue un total fracaso después de cinco años de fuerte conflicto
entre el gobierno y la empresa, y por retardación de acciones de explotación y
transformación (que no avanzó por la falta de provisión de gas natural para el proceso
de reducción del hierro). A esto se sumo la caída del precio internacional y los
mercados internacionales del hierro (China en especial) lo cual estancó los planes de
explotación del gobierno; aunque el megaproyecto ocasionó severos impactos
colaterales al área protegida Otuquis con la construcción de infraestructuras
camineras sin recaudos ambientales.
La vocación extractivista exacerbada de Bolivia, se observa en los resultados del
anuario estadístico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),
donde el país tiene una participación del 95,1% en la exportación de hidrocarburos y
minería, le sigue Paraguay con el 91,2%, continúa Ecuador con similar porcentaje, le
continúa Perú con 88,5%, Chile se ubica en quinto lugar con 86,2%, Colombia con
83,5%, Uruguay con 76,2%, Argentina con 68,8% y finalmente está Brasil con 65,3% (
La Prensa, 2014).
Es importante destacar algunos aspectos claves del extractivismo minero y petrolero
en Bolivia:
La aritmética impositiva de la minería es absolutamente irrisoria para el país y las
regiones, por ejemplo, sobre un promedio total exportación de materias primas de
unos 3.000 MMDD, los beneficios de regalías e impuestos es menos de un 10%. En el
caso petrolero, sin bien el retorno impositivo a partir de la nacionalización ha
mejorado mucho respecto de años anteriores (50% aproximadamente para el Estado),
las devoluciones por los denominados costos recuperables, reducen los beneficios
reales para el país.
En cuanto a la base normativa, Bolivia todavía sigue operando actualmente, en cuanto a
sus procesos extractivos con el armazón de leyes y políticas de los años 90 y de inicios
del 2000, es decir con normas de épocas neoliberales, tal es el caso del sector
304
hidrocarburos. En el caso minero ha habido cambios con la aprobación de la nueva Ley
Minera el año 2014, sin embargo, significó un fuerte retroceso en cuanto a aspectos
de la toma de recaudos de prevención y control socioambiental, además de haber sido
elaborada y aprobada sin la participación de actores claves como ser los sectores
locales tradicionalmente afectados por la minería.
Otro elemento llamativo se refiere a las asignaciones presupuestarias de las empresas
estatales del sector extractivo (YPFB y COMIBOL), para la atención de los temas
ambientales, siendo estas notablemente reducidas, por ejemplo en el caso de la
empresa de petróleo YPFB, dicha asignación es de un 0.1% anual respecto de un
presupuesto total que puede superar fácilmente los 1.500 millones de dólares.
La intensificación del extractivismo en Bolivia ha pretendido ser mimetizado a partir
de dos tipos de discursos políticos impulsados por el gobierno:
1) Uno que ya se ha hecho muy conocido, el doble discurso, por un lado promoviendo la
protección de la Madre Tierra, la identidad indígena y el Vivir Bien, y por otro,
promoviendo el avasallamiento de las áreas protegidas o de los territorios de
comunidades indígenas y sus medios de vida.
2) La urgencia de satisfacción las necesidades colectivas del país o el bienestar
común de “todos los bolivianos” a través de la explotación, extracción y
exportación de los recursos naturales, a cualquier costo, y que supuestamente
justificaría el sacrificar pueblos y tierras indígenas, áreas protegidas.
Tampoco el extractivismo ha logrado superar las condiciones de vida los sectores más
empobrecidos del país, especialmente en los grandes centros urbanos. Viene a
acotación, las palabras del académico italiano Diego Andreucci (2015), al referirse a
García Linera (Vicepresidente de Bolivia), quien el año 2006, en su famosa propuesta
del “capitalismo andino-amazónico”, decía que… recuperar los excedentes del gas
“nacionalizado” serviría en el corto y mediano plazo para impulsar formas de auto-
organización productivas comunitarias y la reconstitución de un proletariado
industrial, como sujetos de una trasformación emancipadora, aunque gradual. Diez
años después, ambos sectores están peor que antes.
A fines del 2015, se conocía que Bolivia enfrenta una reducción de ingresos por
exportaciones de materias primas en general y una disminución de casi 35% en la
recaudación por regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) respecto del
2014. Las exportaciones registraron un 31,7% menos en relación al 2014, según datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE). El sector más afectado es el de
hidrocarburos, donde el valor de las ventas de gas natural, el principal producto de
305
exportación de Bolivia, cayó el 2015 un 35,7 %, de 4.687 millones de dólares a 3.015
millones.
Por su parte, Brasil registró en 2014 un déficit de 3.930 millones de dólares en su
balanza comercial, el primer saldo rojo en 14 años. Colombia, entre enero y noviembre
de 2014, el déficit comercial alcanzó 4.807 millones de dólares, y eso no va a mejorar,
pues los precios del carbón y del petróleo siguen bajos, ya que existe sobreoferta
mundial. Ecuador, que registró en 2014 un déficit en la balanza comercial de 727
millones de dólares por la caída en los ingresos por la venta de petróleo. En tanto que
Perú registró en 2014 el mayor déficit comercial de su historia, debido a la caída de
los precios internacionales de los metales, los cuales representan 60 por ciento de sus
exportaciones. El déficit comercial de Perú el año pasado (2014) se ubicó en 2.555
millones de dólares (Joan Martínez Alier, 2015).
Esta crisis de las exportaciones por la baja de precios y demandas de minerales
agudizada a inicios del 2015, ocasionó un cierre de varias cooperativas mineras y un
casi colapso de minas nacionalizadas, como Huanuni. Pero, la baja de las exportaciones
no significó que en Bolivia, las oficinas de la empresa minera estatal (COMIBOL) o el
Ministerio de Minas, deje de anunciar de forma recurrente planes de exploración en
diversas regiones del país, en especial en el departamento de Santa Cruz, donde el
enfoque se centra en las formaciones y depósitos del precámbrico, como el cerro
Mamomo o el Rincón del Tigre en la Chiquitanía.
Igualmente, la caída del precio del petróleo, repercutió en el precio del gas y los
niveles de exportación, pero no redujo la intensidad de las proyecciones del Ministerio
de Hidrocarburos-YPFB y las empresas.
Según Joan Martínez Alier (2015) mientras algunos dirigentes políticos
sudamericanos, tanto neoliberales como nacionalistas populares, se empecinan en
fomentar las exportaciones primarias e incluso aseguran que para salir del
extractivismo hace falta más extractivismo (por ejemplo, en opinión del presidente
Rafael Correa del Ecuador), se acumulan datos que indican un fracaso económico del
modelo extractivista expoliador. Muchos daños ambientales y sociales en los lugares
de la extracción y transporte de materias primas, mucha contaminación de agua,
muchos agrotóxicos que afectan la salud y, sin embargo, esos países no alcanzan ni a
pagar las importaciones.
Según Maristella Svampa (2015), en un momento, en el cual hay una caída de los
precios internacionales de los commodities, sobre todo a partir de 2013, los gobiernos
306
entran como en una suerte de espiral perverso que es el de hacer más extractivismo
para poder en ese sentido mantener una balanza comercial positiva. Por ejemplo, en
América Latina se está negociando de manera absolutamente unilateral con China, más
allá del declamado discurso regional o de integración latinoamericana. Algunos países
están celebrando tratados de libre comercio; otros, convenios unilaterales (Maristella
Svampa, 2015).
Un análisis del CEDIB (2015) muestra que luego de 10 años de cierta bonanza
económica, ahora el país se ve en la encrucijada de cómo evitar menores ingresos
económicos al país dada la caída de los precios del petróleo que incide en las
exportaciones del gas, cuando la única alternativa parece ser el incremento de mayor
producción y así generar exportación, así sea a menor precio. Esta situación de
reprimarización de la economía como efecto de la dependencia de las materias primas,
no es exclusivamente boliviana, sino que engloba a todos los países sobre todo
sudamericanos que desde hace muchos años han postergado la apertura de
inversiones hacia nuevas tecnologías y la diversificación de su economía.
La intensificación del extractivismo se ha traducido, tanto en Bolivia como en Ecuador,
en el ingreso de las operaciones petroleras a las áreas protegidas y territorios
indígenas. Esto se oficializó en Bolivia la aprobación del decreto supremo 2366, que
autoriza formalmente el ingreso de las operaciones petroleras a más de 15 áreas
protegidas y tierras indígenas. Paradójicamente, en este proceso el SERNAP, la
oficina oficial encargada de las áreas protegidas, llega a tener un rol de facilitación
del ingreso de las operaciones petroleras. Esta norma atentatoria a la gestión
ambiental del país, tuvo una fuerte resistencia de organizaciones indígenas, en
especial en el Chaco, generándose conflictos violentos a fines del año 2015.
Otra de las tendencias de las políticas y normas en relación al extractivismo en
general, ha sido la flexibilización de la consulta previa e informada, bajo la forma de
agilizar el proceso en favor del Ministerio de Hidrocarburos y las empresas, pero en
desmedro de las comunidades indígenas y sus medios de vida, vulnerando la
Constitución Política y los Convenios Internacionales 160 y la Declaración de Derechos
indígenas de las Naciones Unidas. Para flexibilizar la consulta previa, el gobierno
boliviano aprobó el Decreto 2298. En otros casos, simplemente no se realiza la
consulta. En opinión de Maristella Svampa (2015), numerosos megaproyectos son
implantados en los territorios de manera vertical sin consultar a las poblaciones; por
eso, en los últimos 10 años, se ha enfatizado en la ecuación de más extractivismo
menos democracia.
307
Por su parte, Diego Andreucci (2015) opina que los pueblos indígenas y sus
organizaciones, sobre todo después del TIPNIS, han sido vistos por el Gobierno, como
un obstáculo a la expansión del extractivismo y una amenaza a su posicionamiento
discursivo. Andreucci sostiene que la realidad es que el extractivismo soyero, minero y
petrolero no se puede compatibilizar con el paradigma plurinacional, ni con el vivir
bien, la soberanía alimentaria o la auto-organización comunitaria. Esto se relaciona
también al creciente autoritarismo del Gobierno. Una vez se profundiza la
dependencia de explotación y exportación primaria de recursos naturales, es difícil
poder compatibilizar esto con visiones no extractivistas de la naturaleza, visiones
distintas de la territorialidad por ejemplo, tal como las proponen los pueblos indígenas.
Un claro indicador de lo anterior, ha sido la tendencia generalizada a partir del año
2012, ha sido una sistemática división de las organizaciones indígenas y suplantación
por organizaciones paralelas no legítimas, así como la división de las comunidades de un
determinado territorio, por parte del gobierno y sus operadores políticos, con la
finalidad de facilitar el ingreso de las operaciones extractivistas a tierras indígenas y
espacios de conservación.
En este sentido, queda por sentado a fines del 2015, que los escenarios de
nacionalización iniciados a inicios del año 2006, pueden ser tanto o más expoliativos y
atentatorios al medio ambiente y a los derechos indígenas y civiles en general, que los
escenarios neoliberales pasados. No hay diferencias significativas, como tampoco
entre los rótulos políticos de izquierda (supuesto socialismo) y derecha.
De acuerdo a Martha Moncada (2012), resultaba ilusorio, ya el año 2012, pensar que
países como Ecuador abandonarán el neo extractivismo que impulsan y lo más probable
es que esta estrategia neo, resulte tan adictiva como lo ha sido el petróleo desde hace
40 años atrás. La “trampa de la especialización” como lo denomina la economía
ecológica o la “maldición de la abundancia” en palabras de Alberto Acosta, poco han
abonado en la diversificación de la matriz productiva o en un mayor dinamismo para
fortalecer la producción orientada al mercado interno.
308
Rasgos del extractivismo expoliador
Criterios Rasgos principales del extractivismo expoliador
Impactos-amenazas ambientales derivados del extractivismo
De gran magnitud o escala e intensidad creciente. Alto riesgo de severos efectos de futuro inducido y daños colaterales. Grandes impactos y amenazas en áreas protegidas y Tierras indígenas.
Mitigación, remediación, control
Inexistente, o parcial y de limitado alcance. Escasa inversión. Existen pasivos petroleros y mineros con décadas de antigüedad al interior de áreas protegidas.
Impactos-amenazas socio-culturales
Fuertes y atentan contra los pueblos indígenas, sus derechos, los medios de vida de las comunidades. También contra los derechos civiles.
Posiciones ante los impactos
1. Resistencia social por poblaciones locales y conflicto abierto. 2. Impactos son subestimados o encubiertos por las autoridades. 3. Autoritarismo y arrogancia por parte de autoridades. 4. Gobierno recurre a la criminilización de la protesta social y ambiental.
Aplicación de las normas
Aplicación deficiente, laxa, o inexistente. Marcada tendencia a la flexibilización de normas y políticas. Franca vulneración de la Constitución Política del Estado y del marco normativo ambiental.
Instrumentos de gestión prevención ambiental (Fichas, EEIAs, etc.)
Fichas Ambientales (FA) y EEIAs, deficientes y solo para fines tramitatorios. Dinámica de alternativas es pobre o inexistente. Inconsistencia en la otorgación de Licencia Ambiental. Ausencia de seguimiento al EEIA y a otros instrumentos.
Desarrollo de la consulta previa e informada
Muy deficiente, distorsionada y de mala fe y con profundas inconsistencias y falencias, gobierno recurre a prebendas y cooptaciones, suplantación de organizaciones y liderazgos.
Conflictos Los conflictos comunidades con gobierno/empresas, en general son atenuados por actos de cooptación y prebenda, o compra de liderazgos. Procesos extractivos ocasionan severos conflictos internos, el debilitamiento de organizaciones, divisiones y suplantación de estas.
Rol-desempeño del gobierno y oficinas del sector extractivo
Marcadamente favorable a las empresas, abiertamente contraria a las comunidades locales y los derechos indígenas. Accionar preeminente y arrogante, sus decisiones supeditan a la AAC.
Rol-desempeño de la Autoridad Ambiental Competente (MMAA)
Débil, sin protagonismo y supeditado a las decisiones del gobierno y los sectores extractivistas. Aceptación de decisiones que vulneran las áreas protegidas. Ausencia de opinión crítica fundamentada.
Rol-desempeño de las empresas
Arrogante, vertical y abusiva, atenida a la preeminencia y el favoritismo del sector, conferido por el gobierno. Pésimo desempeño socioambiental.
Organizaciones sociales
Con escasas capacidades y falta de empoderamiento efectivo. Muy debilitadas y con divisiones en las organizaciones matrices y locales, fácilmente cooptables por el gobierno o las empresas.
Beneficios a las poblaciones locales
Magros e irrelevantes en general, a manera de dádivas por cooptación. Algunas organizaciones sociales fuertes pueden lograr mejores acuerdos con la empresa, pero con resultados contraproducentes.
Tipos de valoración
Basados en la economía neoclásica (precios-mercado) y la economía ambiental (sustitución de bienes, compensación)
Sustituibilidad – compensaciones
Predominio del principio de sustitución y cooptación para impulsar actividades impactantes. Compensaciones asimétricas en relación al valor real de las afectaciones
Uso del recurso La exportación intensificada y a gran escala, ocasiona sobre-explotación de los recursos no renovables (materias primas) como es el caso del gas, con declinaciones en los mega campos productores y reducción de las reservas probadas.
Economía Dependencia de unos pocos recursos, incluso de uno mayoritario, como hidrocarburos, postergando la diversificación productiva. Esto al mismo tiempo implica estar supeditados al riesgo de fluctuaciones y caída de precios o mercados internacionales, con el riesgo de un colapso económico generalizado.
309
Fuentes
CEDIB (2015) cae el auge de la bonanza y se agrava el extractivismo.
http://www.cedib.org/post_type_titulares
Diego Andreucci, 2015. Extractivismo boliviano. Entrevista de El País, Tarija.
Joan Martínez Alier, 2015. Sudamérica: el triunfo del post extractivismo en el
2015. ALDEAH. http://www.aldeah.org/es/
Maristella Svampa, 2015. A mayor extractivismo menor democracia. Conflictos
mineros / septiembre de 2015. http://www.conflictosmineros.net/noticias/3-
latinoamerica/18189
Martha Moncada, 2012. Las falacias del neoextractivismo. Quito, Ecuador.
http://www.alainet.org/es/active/
Ribera,A.M.O. 2013. La situación del extractivismo en Bolivia. Proyecto NEBE,
LIDEMA. brief paper.
310
CRONOLOGÍA AMBIENTAL DE BOLIVIA
Marco Octavio Ribera Arismendi 2015
PERIODO EVENTOS, PROCESOS Y SUS IMPACTOS
Siglos XVII-XVII Minería de la plata (Potosí). Primera etapa de acumulación de pasivos
ambientales y severos efectos socio culturales.
1830 - 1860 Auge de la Quina. Fuertes presiones sobre ecosistemas de yungas del
departamento de La Paz, y suelos de zonas aledañas como proveedoras de
bienes (caso Apolo).
1890 - 1920
Auge de la goma en la Amazonía del norte de Bolivia y Yungas amazónico
de La Paz. Fuerte presión sobre pueblos indígenas (genocidios), y sobre la
biodiversidad (caza) y sobre suelos en regiones proveedoras de bienes
(caso Apolo).
1910-1929-1947 Auges de la minería privada y período de los “barones del estaño”.
Acumulación de grandes pasivos ambientales.
1921 - 1930
Estándar Oil, Grandes concesiones petroleras y perforación de pozos
petroleros en Tarija.
1940 -1960
Plan Bohan. Se crea la Corporación Boliviana de Fomento y el Banco
Agrícola de crédito. Proyecto Abapo-Izozog para impulso de la
agroindustria.
1940 - 1960 Mini auge de la quina o cascarilla.
1950 - 1986 Cacería expoliativa comercial (pieles, cueros). Se producen severos
vaciamientos de especies de felinos, lagartos y caimanes, nutrias,
troperos, vicuña, etc.
1952 – 1983 Auge de la minería estatal (COMIBOL). Acumulación de grandes pasivos
ambientales.
1960 - 1990
Colonización de las tierras bajas amazónicas por pobladores migrantes de
las tierras altas (Norte de Santa Cruz, Caranavi, Alto Beni, Chapare,
Yucumo, San Buenaventura).
1975 – 1980 Impulso de la Proyecto Agroindustrial de San Buenaventura, grandes
deforestaciones injustificadas.
311
1980 - 1994 Expoliación forestal intensiva de maderas preciosas. Extinción comercial de
la mara en las regiones de explotación. Impactos sobre territorios
indígenas, áreas protegidas y biodiversidad.
1982 - 1983 Gran sequía por efecto de El Niño, migraciones y colonización masiva de
familias de las tierras altas a las zonas tropicales de tierras bajas como
el Chapare.
1982 - 1985 Explotación de uranio bajo la cobertura del Instituto Boliviano de
Tecnología Nuclear (IBTEN) en localidad de Cotaje, en Potosí, con destino
desconocido.
1980 - 1990
Ampliación y consolidación del Norte Integrado de Santa Cruz como zona
agroindustrial (soya. caña, algodón, girasol). Expansión acelerada de la
frontera agropecuaria.
1980 - 1985 Primer boom (somero) de la soya principalmente en el norte integrado
1985 Cierre de las minas estatales por crisis de precios de materias primas.
Aumenta la colonización de las tierras bajas por migración de familias sin
perspectivas económicas.
1985 - 1995 Construcción de la nueva carretera Cochabamba – Santa Cruz y expansión
de la colonización y las fronteras agropecuarias en el Chapare- Ichilo-
Yapacaní.
1987 - 1990
Proyecto Tierras Bajas del Este y expansión de la soya, propiciados y
financiados por el Banco Mundial, CAF (Corporación Andina de Fomento) y
el BID.
1984 - 1998
Sucesivos impulsos al Megaproyecto hidroeléctrico de El Bala. Iniciativa
fuertemente impulsada por la Prefectura de La Paz a cargo de Chito
Valle.
1980 - 1988 Explotación de la Joya (Megaproyecto minero Inti Raymi) en Oruro.
Grandes pasivos ambientales y alteración hidrológica del Desaguadero.
1990 - 1993 Procesos iniciales hacia la explotación del campo geotérmico de Apacheta
(Laguna Colorada-REA) con apoyo del Banco Internacional de cooperación
del Japón (JBIC).
1993 - 1998 Segundo boom de la soya con el avance a gran escala de la frontera
agrícola hacia el este, bajo apoyo crediticio del proyecto Tierras Bajas
312
del Este.
1995 – 1996
Exploración sísmica en el TIPNIS, Chapare y Eva Eva (TCO TICH) por la
REPSOL-BHP-ELF-MAXUS, con la generación de fuertes impactos y
conflictos con comunidades locales.
1990 - 2012 Inicio del boom de la quinua en la región intersalar, progresivo incremento
del precio y los volúmenes de exportación. Fuertes procesos de
degradación de los ecosistemas y aumento de la desertificación.
1995 - 2002 El patrón extractivista primario tiene amplio apoyo en los modelos de
desarrollo neoliberales. Empresas petrolera y mineras gozan de gran
preeminencia y prerrogativas,
1999-2000 Se privatiza la empresa de agua de Cochabamba en favor de la
trasnacional Bechtel y se produce la Guerra del Agua, finalmente el
gobierno (Banzer-Reyes Villa) retrocede, y el pueblo expulsa a la Bechtel
1997 Coalición de gobierno otorga una concesión petrolera a la ANDINA en el
Parque Nacional Amboró, generando un fuerte conflicto.
1997 - 2004 Marginamiento y escaso apoyo a la gestión del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas y la gestión ambiental en general.
1997 - 2004
Concesionamiento de grandes bloques petroleros al interior áreas
protegidas (Madidi, Pilón Lajas, TIPNIS, Amboró).
2003 - 2012 Inicio y desarrollo del Megaproyecto minero San Cristóbal que genera
elevados riesgos socio ambientales.
1998 - 2005 Autorizaciones de ingreso de Soya Transgénica rr a Santa Cruz con fines
experimentales.
2002 – 2004 Acciones de grupos cívicos de Apolo, prefectura de La Paz y municipios de
Apolo e Ixiamas, para construir de forma irregular el camino Apolo–
Asariamas-Ixiamas, cruzando el PN Madidi, ante la debilidad del
Ministerio de Desarrollo Sostenible.
2002 – 2005 Se denuncia el arribo de aguas contaminadas a las bahías de Cohana (Lago
Menor), se realizan evaluaciones. Inacción de las autoridades y emerge un
clima de conflicto en las poblaciones locales afectadas.
2000 - 2012 Expansión de grandes ciudades (El Alto, La Paz, Cochabamba, Sta. Cruz),
con grandes problemas de calidad ambiental e insuficientes recaudos de
313
prevención y control ambiental. Ríos “urbanos” fuertemente contaminados y
sin tratamiento de aguas (en especial La Paz, El Alto y Cochabamba).
2006 Conflicto y bloqueo por la contaminación de la Bahía de Cohana y aledañas
por emisiones de El Alto-Viacha al río Katari, el nuevo gobierno niega que
exista contaminación y aduce móviles políticos en el conflicto.
2006 - 2012
Aprobación de la Ley que re-edita el Complejo Agroindustrial de San
Buenaventura y su desarrollo en los siguientes años. Se realizan
deforestaciones injustificadas.
2007 - 2012
Inicio y desarrollo del Megaproyecto minero Mutún en la región del
Pantanal, y las mega-obras viales asociadas.
2007 - 2012 Intensificación y magnificación del patrón extractivista primario en el
modelo desarrollista del gobierno, con mayor preeminencia a las
corporaciones e inversiones transnacionales como la REPSOL o SUMITOMO.
2007 - 2012 Afianzamiento del megaproyecto minero San Cristóbal con pleno apoyo del
gobierno central y gobernación de Potosí. Exiguos beneficios impositivos y
de regalías para el país.
2007
Emisión del Decreto supremo que re-edita y declara de prioridad e interés
nacional el impulso de la Megarepresa de El Bala.
2007 Se aprueban los contratos de operación con empresas transnacionales
(Petrobras, Repsol-YPF, Total) y Petroandina, en los bloques que se
superponen (desde el 2001) a las áreas protegidas Madidi, Pilón Lajas
TIPNIS, Aguarague.
2007 - 2011
Se expande la frontera petrolera con exploraciones sísmicas fuera de la
Zona tradicional (hacia el norte de La Paz, Beni y Pando).
2009 – 2011 Exploración sísmica 2D en el bloque Liquimuni (subandino del norte de La
Paz) a cargo de Petroandina. Afectaciones a ecosistemas frágiles,
consulta pública cooptativa y deficiente, debilitamiento de la organización
indígena.
2010 Se estiman más de 500 pasivos ambientales petroleros en el subandino de
Tarija (piscinas, pozos abandonados mal sellados), ausencia de acciones
efectivas de remediación.
314
2010 El gobierno impulsa la exploración petrolera a partir de la transnacional
Repsol YPF, en el bloque Caipipendi, que afecta la TCO Tentayape, último
reducto de los Iyambae Ava-Guaraníes Simbas de Bolivia.
2010 - 2012 YPFB y Ministerio de Hidrocarburos insisten en levantar la condición de
fuerza mayor y desarrollar operaciones de exploración en las áreas
protegidas del norte de La Paz (Madidi , Pilón Lajas) y el Aguarague.
2007 Primer mandatario de Bolivia apoya públicamente a los megaproyectos
hidroeléctricos del Brasil (Jirau y San Antonio) en el Madeira.
2007 - 2012 Apoyo pleno e incondicional a los corredores bioceánicos del IIRSA
(Corredor Santos Iquique o Sta. Cruz-Puerto Suárez y Corredor Norte).
2009 - 2011 Colonización dirigida hacia Pando y la Chiquitanía, en zonas de elevada
fragilidad ecológica.
2005 - 2012
Expansión de la frontera agrícola soyera hacia la llanura del Río Grande,
San Pablo, San Julián, Guarayos y el este de la laguna Concepción.
2009 - 2012 Campañas de las grandes corporaciones soyeras del oriente y el IBCE a
favor de los biocombustibles, progresiva acercamiento con el gobierno.
2010 Se anuncia que la expansión soyera ha alcanzado el millón de hectáreas y
que el 90% de la soya cultivada en el país es con variedades transgénicas.
2010 Se aprueba la Ley de Revolución Productiva que aprueba la producción y
comercialización de transgénicos en el país.
2010 - 2012 Gobierno aprueba e impulsa, de forma irregular y en contradicción a la
nueva CPE, el proyecto caminero Villa Tunari- San Ignacio de Moxos que
pretende atravesar el TIPNIS.
2006-(2008)-
2012
Reactivación e intensificación de las operaciones mineras en el país, a
partir de los altos precios internacionales de las materias primas.
Incremento constante del precio del oro. Todo ello ante la total inacción
en cuanto a medidas de prevención y control ambiental por la AAC.
2008 - 2011 Aprobación y tramitaciones del gobierno para el desarrollo del proyecto
geotérmico en la Reserva E.Abaroa (Laguna Colorada). Se observa la baja
eficiencia y rendimiento energético del proyecto comparado con el enorme
costo ambiental que implica.
315
2008 -2011 Estudios y promoción para el desarrollo de la mega-represa Cachuela
Esperanza en el norte del Beni.
2008 - 2012 Proyecto piloto de explotación de Litio, por su método o sistemas de
piscinas de salmueras, genera fuertes impactos en el sudeste del Salar de
Uyuni, con un alto riesgo de magnificación del impacto bajo procesos a
mayor escala.
2008 - 2012
Explotación a gran escala y devastativa de oro en el área protegida
Apolobamba (sector Suches), ante total pasividad del MMAA, SERNAP y
gobernación.
2009 - 2010 El gobierno anuncia la idea de la explotación de uranio en Potosí y la
potencial generación de energía nuclear, lo que implicó además un activo
acercamiento a los gobiernos de Irán y Rusia para dichos fines.
2009 Octubre Se aprueba el Decreto Supremo 0335 de Declaración de Emergencia de la
subcuenca Huanuni, instruye a la Gobernación de Oruro y a los municipios
afectados, promover planes, programas y proyectos destinados al estudio
técnico e implementación de políticas de prevención, mitigación,
rehabilitación y recuperación de los impactos negativos al ambiente y a la
población en la subcuenca Huanuni y río San Juan de Sora Sora, de la
Cuenca Huanuni.
2009 - 2012 Explotación e hidrometalurgia del cobre en Coro Coro, generando fuertes
conflictos con comunidades locales por fuentes de agua. Joint venture de
COMIBOL con la empresa coreana KORES, para explotación a gran
escala.
2011 Aprobación cuestionada de la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos
Indocumentados (“autos chutos”), que significó el ingreso de más de
140.000 unidades contaminantes.
2009 - 2011
Políticas gubernamental dirigidas a promover y privilegiar la expansión de
la frontera agropecuaria.
2011 – 2012 Acercamiento entre el gobierno y el sector privado agroindustrial de Santa
Cruz, bajo la supuesta premisa de la seguridad alimentaria y energética.
2007 - 2012 El año 2011 existen 30.900 hectáreas de cultivos de coca (18.900 has.,
excendentarias ilegales respecto del límite establecido por la Ley 1008).
La cosecha de hoja de coca se elevó hasta las 40.200 toneladas, la
316
cantidad más alta producida en el país desde 1998. Afectación de
ecosistemas frágiles en Yungas y Chapare; expansión a otras zonas como
Ichilo o Yucumo.
2009-2012 Gobierno aprueba el proyecto caminero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos
que cruza el TIPNIS (tramo II), y firma un crédito con el BNDES del
Brasil y la empresa brasilera OAS (muy cuestionada). No existe consulta,
ni EEIA aprobado para el tramo II. Consulta y EEIA del tramo III es
inconsistente y con falencias, a pesar de ello, es aprobado.
2011
El 15 de agosto del 2011 se inicia la octava marcha en defensa del
TIPNIS. En la localidad de Chaparina, en el pie de monte amazónico del
Beni, se produce la represión brutal de la policía al campamento de los
marchista, violando la Constitución, los Convenios Internacionales y los
Derechos Humanos. El gobierno oculta a los responsables de la orden y
preparación del operativo. La marcha hace su llegada apoteósica a la
ciudad de La Paz en Octubre 201, siendo recibida por más de 300.000
personas. El movimiento indígena y ciudadano obliga al gobierno a emitir
una Ley (Nº 180) paralizando el tramo II, la cual es reemplazada después
de unos meses por otra Ley (222) que abre la posibilidad de una consulta
para impulsar nuevamente el tramo II, esto da lugar a un nuevo conflicto.
2011
El Plan de exploración de YPFB 2011-2020, prevé el ingreso de las
operaciones petroleras en áreas protegidas y TCO, para lo cual asume una
estrategia de romper el concepto de “fuerza mayor” que el SERNAP
asumió durante varios años, así como medidas cooptativas y cohercitivas.
2012
Marzo-agosto
Se organiza la novena marcha indígena por el TIPNIS, rechazando la Ley
de consulta (222), la cual parte de Trinidad en abril. El gobierno debilita
la marcha firmando convenios cooptativos con líderes de la CIDOB y de
diversas organizaciones indígenas afiliadas a dicha instancia mayor, con lo
que se inicia la desarticulación del movimiento indígena.
2012-2013 El Gobierno desarrolla una consulta en el TIPNIS, con fuerte cooptación y
prebendalismo de comunidades y dirigencias, militariza una parte del
territorio y persigue a líderes indígenas que se oponen a la consulta. El
informe de la Defensoria del Pueblo, denuncia la consulta por haber sido
realizada “de mala fe”. La iglesia emite otro informe similar.
2012
Gobierno compromete apoyo financiero del FINPRO (Fondo de la Revolución
Productiva) al sector agroindustrial soyero.
317
2006 – 2012 Ausencia total de apoyo y Colapso del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas y del SERNAP, así como de la gestión ambiental en general.
2012 La mega-contaminación del Lago Menor aumenta sin ninguna contención y
regulación, y avanza al interior del lago, toda vez que la planta de
Puchukollo sigue sin funcionar y no existe ningún plan estratégico, a la
escala y dimensión del problema.
2012 Gobierno central y gobernación de Potosí, entregan la operación de un
nuevo megaproyecto de plata, zinc, plomo, indio en Mallkhu Khota
(noroeste de Potosí) a la empresa canadiense South American Silver Corp.,
se produce un conflicto entre comunarios que rechazan el mega-proyecto y
las partes que lo apoyan, además con la policía. Se criminaliza la protesta
y se encarcela al Curaca Cancio Rojas acusándolo de delito de instigación a
la violencia.
2012
Septiembre
Terrible alianza entre el gobierno y la dirigencia agroindustrial de Santa
Cruz: Avances en la búsqueda de consenso para dos proyectos de ley que
permitirán realizar nuevas inversiones privadas e incrementar la frontera
agrícola. Dos proyectos de ley, uno para ampliar el periodo de tiempo de
la revisión de la Función Económica Social (FES) de dos a cinco años, y el
otro, relacionado a los desmontes y la seguridad jurídica que reclaman los
productores para sembrar más.
2012
Septiembre
Se promulga la “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para
el Vivir Bien” (Nº 300), profundamente cuestionada por su orientación
productivistas y de explotación de los “bienes de la Madre Tierra” y el
enfoque de “restauración post-explotación”. El tema de áreas protegidas y
de conservación de la biodiversidad es marginado y no se considera el
estado ambiental actual del país, el cual es muy crítico.
2013
Enero
A inicios de enero del 2013, se aprobó la Ley 337 (ANF, 12 enero 2013):
de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. En
resumidas cuentas esta Ley, establece un régimen excepcional para el
tratamiento de predios con desmontes ilegales y de esta manera expandir
la frontera agrícola del país
2013 Se elabora la Ley Marco de Consulta, con total rechazo de los
movimientos indígenas legítimos y bajo un sesgo que favorece el ingreso de
las operaciones extractivas en TCOs y áreas protegidas. El Vicepresidente
Linera oferta esta Ley como una “buena señal” para favorecer las
318
inversiones internacionales petroleras y mineras en Bolivia.
2013
Evo Morales afirma: “la producción de soya con transgénicos seguirá
adelante, mientras los defensores de los cultivos ecológicos no garanticen
la seguridad alimentaria del país”.
2013
Mayo
Con motivo del III Congreso Internacional Gas & Petróleo (Encuentro anual
de YPFB-AFKA), el Vicepresidente A.García Linera anunció públicamente
que YPFB ingresará a los parques nacionales para explorar y explotar
recursos hidrocarburíferos, porque “son áreas altamente petroleras y
gasíferas”. Se inicia un proceso para “facilitar” el ingreso petrolero al
Madidi, Pilon Lajas, TIPNIS, Amboro, Iñau
2013 El número de cooperativas mineras aumentó de 230 (2006) a mas de 1600
el año 2013. La superficie minera adjudicada a los cooperativistas creció
de 47.153 hectáreas, registradas en 2006, a 375.073 hectáreas el 2013.
Más del 70 % corresponden a operaciones auríferas.
2013 Julio Diversas evaluaciones muestran que el Decreto 335 de emergencia de la
cuenca Huanuni, en la práctica no ha tenido implementación alguna y que
los financiamientos han sido destinados a sostener procesos burocráticos
de la gobernación y municipios.
2013
septiembre
La empresa minera EMCKI bajo intereses privados de la industria del
cemento y presentada como comunitaria por la participación indígena,
realiza una exploración minera a la zona de calizas de Quebrada Abaroa al
interior del Parque Nacional Kaa Iya, generando fuertes impactos
ecológicos, acción rechazada e interdictada por la Dirección del área
protegida. La empresa busca la explotación a cielo abierto de calizas para
una industria de cemento en la región.
2013
Diciembre
2014
Enero-febrero
Una anomalía climática (“TUTT”: Tropical Upper Tropospheric Trough) no
relacionada con el fenómeno Niño-Niña, genera lluvias extremas en la
vertiente oriental de los Andes y da lugar a las inundaciones históricas
más intensas hasta ahora registradas. La región más norte de Bolivia se
ve afectada por el efecto de las megarepresas del Brasil sobre el rio
Madeira. El Ministerio de Medio Ambiente niega el posible efecto de las
megarepresas.
2014 Evo Morales, asegura que el proyecto atómico (nuclear) para producir
energía es una prioridad estatal y figura entre las megaobras que el
319
Enero
Gobierno boliviano se ha fijado en el marco de la “Agenda Patriótica”
2025.
2014
Enero
La devastación minera aurífera en la zona de Suches, al interior del
ANMI Apolobamba sigue desarrollándose con mayor intensidad y ante la
absoluta pasividad e indiferencia del Estado.
2014
Enero
El gobierno autoriza y promociona el paso del DAKAR por territorio
boliviano (salar de Uyuni). Se denuncia el evento como una intrusión
capitalista y del neocolonialismo, además se alerta sobre el alto riesgo de
impactos a zonas ecológicas frágiles, sitios arqueológicos y sagrados,
zonas productivas campesinas y perturbación de la fauna silvestre. El
gobierno anuncia replicar el paso de este evento devastativo.
2014
Mayo
El presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutun, Luis Alberto Padilla,
abre la posibilidad de usar carbón vegetal para la reducción del hierro en
la megaminería del Mutún, ante la ausencia de gas natural para este
proceso. Se conocen planes para la compra de los hornos del EBX y se
promueve la tala en la región para la siembra de árboles para elaborar
carbón.
2014
Mayo
Se aprueba y promulga la nueva Ley de Minería, la cual fue cuestionada
desde el año 2012 por la escasa participación social en el proceso de
elaboración y marginamiento del tema ambiental. Otorga plenas potestades
y preeminencia al sector minero, tanto empresarial como cooperativista, no
mejora el sistema tributario y de regalías, y permite las operaciones
mineras en áreas protegidas.
2014
Julio
Derrame de colas de la mina-ingenio Santiago Apóstol en la en la
subcuenca del río Colavi (Pilcomayo), colas se inmovilizan en la subcuenca
pero serán removidas en la época de lluvias hacia el Pilcomayo. El
accidente deja una vez más en evidencia la precariedad de la minería en
el tema ambiental y la total ausencia de control por el Estado.
2014
julio
El Servicio Nacional de Hidrografía Naval, con motivo de un evento
relacionado con Defensa Civil y gestión de riesgos (9 julio 2014), confirma
anomalías en descenso de aguas en la zona de Puerto Manoa sobre el rio
Madera en Bolivia, hecho que atribuye al efecto de represamiento de
aguas de las hidroeléctricas del Brasil.
2014 Gobierno realiza una inversión grande para aumentar la producción de
estaño en Huanuni, pero sin considerar medidas de prevención y control
320
Junio ambiental ni el estado crítico de las cuencas pro la contaminación minera
ya existente.
2014
El gobierno boliviano autoriza mediante un Decreto Supremo, la suscripción
del préstamo con JICA del Japón ), por 24,5 millones de dólares, para la
primera fase del proyecto de la Planta Geotérmica Laguna Colorada, en
medio de fuertes críticas por el impacto ambiental que ocasionará dicho
proyecto a un área protegida y Sitio RAMSAR.
2014
Agosto
La prensa vuelve a evidenciar la absoluta dejadez del Estado en el
tratamiento de la problemática ambiental y social de Cohana, y la ausencia
de una solución estructural e integral.
2014
agosto
Se conoce un mapa que modifica la zonificación del Parque Nacional
Madidi, abriendo un amplio corredor a lo largo del río Tuichi para procesos
productivos, pero con vista a la adjudicación de concesiones mineras
auríferas, con lo cual se pone en riesgo al área protegidas más importante
de Bolivia.
2014
Septiembre
El Gobierno sigue anunciando la ampliación del camino Sararia-Planchada al
futuro Pozo Liquimuni, sobre el rio Beni y en el borde de la TCO OPIM
Mosetene. No se conoce la existencia del EEIA y la Licencia Ambiental
para la construcción del camino, la instalación de la planchada y la
perforación del pozo Liquimuni propiamente.
2014
Septiembre
El gobierno de China dio al gobierno boliviano la conformidad para
concretar créditos de un fondo de 10 mil millones de dólares, para
proyectos de infraestructura vial, férrea y de industrialización de hierro
del Mutún.
2014
Octubre
Evo Morales vuelve a anunciar la implementación de una planta de energía
nuclear en La Paz con apoyo del gobierno de Rusia. Por su parte COMIBOL
anuncia su intención de explorar uranio en el cerro Manomó en Santa Cruz.
2014
Octubre 12
Evo Morales gana elecciones presidenciales, anuncia públicamente la
implementación de un plan de energía nuclear y la reactivación de la
construcción del camino por el TIPNIS.
2015
Enero
El gobierno acepta y promueve activamente nuevamente el paso del Dakar
2015, por Bolivia, y precisamente por medio del salar de Uyuni, esto a
pesar de las advertencias de grupos ambientalistas el 2014 sobre el riesgo
del paso de este evento destructivo de los ecosistemas por el salar, dada
su fragilidad. La prensa en general, se vuelca totalmente a difundir el
321
evento, sin realizar una evaluación equilibrada y responsable del evento.
2015
Enero
Ante la estrepitosa caída del precio del petróleo (46 dólares el barril), las
repercusiones en el precio del gas boliviano y la potencial crisis económica
en el país, el gobierno convocó al poderoso sector agroindustrial para
fortalecer y ampliar la producción de alimentos y commodities, como una
alternativa para enfrentar la crisis de los precios del petróleo, para ello
se anuncia un cumbre agropecuaria. El remedio peor que la enfermedad.
Esto significa un nuevo aliciente del gobierno hacia la expansión
agropecuaria y agroindustrial, el uso irrestricto de transgénicos, la
pérdida de mayores superficies de bosques, y la emisión de millones de
toneladas de CO2 a la atmosfera contribuyendo al calentamiento global y
el cambio climático.
2015
Marzo
El ministro de Hidrocarburos y energía (Luis Alberto Sánchez) hace
declaraciones sobre las expectativas favorables del gobierno hacia los
megaproyectos hidroeléctricos de Cachuela Esperanza y la “binacional”
Riberâo en el rio Madeira, aparentemente en franco desconocimiento de
las inundaciones catastróficas del norte de Bolivia el año 2014, que en
parte estuvieron influenciadas por las megarepresas del Brasil en el
Madeira (Jirau y San Antonio).
2015
Abril
El presidente Evo Morales hace directa alusión a su gran preocupación por
el estancamiento del megaproyecto hidroeléctrico de El Bala y menciona la
necesidad de re-impulsarlo. La actualización de las proyecciones sobre
esta nefasta megaobra en el rio Beni se hace a pocos días de celebrarse a
nivel mundial el Día de la Tierra (Madre Tierra en Bolivia).
2015
Abril
El gobierno promueve y desarrolla la Cumbre agropecuaria en Santa Cruz,
“Sembrando Bolivia”, con el fin de posicionar al sector agropecuario y
agroindustrial como el “cuarto pilar de la economía”, junto con los
hidrocarburos, minería y energía. El gobierno acepta de buen grado y
apoya las exigencias del sector agroindustrial, en especial el soyero, en
cuanto abrir y favorecer el uso y producción de transgénicos y ampliar la
frontera agropecuaria o desmontes en base a la Ley 337. Se habla de
desmontar un millón de hectáreas por año. Paradójicamente, esta situación
deplorable se da a pocos días de celebrarse el día de la Tierra. En
paralelo, otras instancias del gobierno postulaban en otro evento el
respeto y defensa de la Madre Tierra, haciendo más patente el doble
discurso.
322
2015
Abril
ENDE emite la licitación para el Estudio de Identificación del
megaproyecto Hidroeléctrico El Bala con un costo de casi 25 millones de
bolivianos. Comunidades indígenas y campesinas del río Beni y TCOs a ser
afectadas se reúnen a fines de abril para analizar y rechazar el
megaproyecto.
2015 Abril Creciente malestar social en la región de Cohana y zonas aledañas por la
elevada contaminación y la inacción del gobierno y otras instancias,
amenaza un conflicto. Medios de prensa denuncian el avance de la
contaminación en la zona de Patapatani y muerte de cientos de ranas
gigantes del lago. El Ministerio demedio Ambiente reacciona anunciando la
realización de una estrategia de remediación.
2015 Abril El gobierno aprueba el Decreto 2298 (18 abril 2015, modificatorio y
complementario del DS 29033), que modifica y vulnera el espíritu del
Reglamento 29033. Las modificaciones se orientaron mayormente a
acelerar el proceso, reduciendo el tiempo de la consulta y la convierte en
un documento administrativo con intervención de notario público y allanar
la explotación petrolera en tierras indígenas. Quita atribuciones a las
Representaciones indígenas que estaban dadas en el original 29033,
confiriéndolas al Ministerio de Hidrocarburos que es la autoridad
competente del proceso (AC). El Decreto 2298 ha sido denunciado como
anti-constitucional, puesto que se viola la Constitución Política del Estado,
en su Artículo 352, del Capítulo segundo sobre los Recursos Naturales,
que establece: ……En las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.
Mayo 2015
El 20 de mayo del 2015, el gobierno aprueba el Decreto 2366 (justo en la
fecha que se conmemora el día mundial de la Biodiversidad). Dicha norma
tiene por objeto establecer las medidas para el aprovechamiento de los
recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional. En su Artículo 2
establece:……Se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de
exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas, en
cumplimiento a los condicionamientos ambientales establecidos por el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas-SERNAP y la Autoridad Ambiental
Competente Nacional-AACN. Se ha denunciado que los procesos de
adecuación de Planes de manejo y zonificaciones, a solicitud (al gusto e
interés) del sector petrolero y las empresas, queda librada a las acciones
del SERNAP, una instancia que actualmente ha perdido toda confiabilidad
y toda solvencia técnica y moral, para impulsar responsablemente los
objetivos de conservación de las áreas protegidas. Organizaciones
323
indígenas legítimas, organizaciones ambientalistas, académicas, redes –
colectivos sociales, se manifestaron en contra de una medida legal
calificad como absolutamente antiecológica y anti socioambiental que pone
riesgo los valores mas preciados y delicados de la Madre Tierra.
Mayo 2015 Ante el anuncio de adjudicación del estudio de la represa El Bala a la
empres GEODATA de Italia, se conforma la Mancomunidad de
Comunidades Indígenas y Campesinas del Rio Beni, como respuesta a la
reactivación del proyecto de la megarepresa El Bala. Se realiza un
encuentro de comunidades indígenas y campesinas del rio Beni el 24 de
mayo en la localidad de Rurrenabaque, y emite un Voto Resolutivo
rechazando la megarepresa de El Bala debido a la devastación que
ocasionará y exigiendo información y consulta previa. El Voto es enviado a
la Defensoría del Pueblo.
Mayo 2015 La Federación Departamental de Trabajadores Campesino del Beni pide al
gobernador electo de esa región del Movimiento Al Socialismo (MAS), Alex
Ferrier, la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos
por el TIPNIS.
Junio 2015 El Gobierno, a través de la Fuerza Binacional boliviano-venezolana, inició
ayer la construcción de la plataforma en la carretera San Ignacio de
Moxos-Santo Domingo (departamento del Beni), este último punto en el
borde oeste fuera del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS). CIDOB legítima y Subcentral Isiboro Secure se declaran en
emergencia.
Junio-julio 2015 Gobierno emite los decretos 2298 y 2366, el primero modifica el
Reglamento de consulta indígena para operaciones petroleras en TCOs,
vulnera la CPE y resta protagonismo a las organizaciones indígenas. El
segundo autoriza las operaciones petroleras en áreas protegidas. CIDOB
legítima y APG rechazan los decretos y se declaran en resistencia.
Junio 2015
El gobierno adjudica el estudio de identificación de la megarepresa el Bala
a la empresa italiana GEODATA. Las comunidades indígenas y campesinas
del rio Beni conforman la Mancomunidad de comunidades indígenas y
campesinas, y se declaran en estado de emergencia. Rechazan el
megaproyecto, exigen consulta y emiten un Voto resolutivo que es dado a
conocer a la Defensoría del Pueblo y medios de prensa.
Agosto 2015 La APG nacional a partir de su presidente Julián Torrico y Celso Padilla,
expresidente de la APG, alto líder del Pueblo Guaraní y representante del
Consejo Continental de la Nación Guaraní-CONAGUA, que agrupa a los
324
pueblos Guaraníes de Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil, rechazaron
rotundamente los planes del petroleros en áreas protegidas que impulsa el
gobierno. El Gobierno propicia la división de la APG. Una facción de la
Capitanía de Itika Guazu se declara como APG paralela y apoya los planes
petroleros del gobierno. La PAG legítima rechaza la posición divisionista de
la Itika Guazu.
Agosto 2015 La TCO Takovo Mora de Santa Cruz, bloquea en contra de medidas
petroleras del gobierno y exigiendo la consulta previa de las exploraciones
en el Campo El Dorado el Dorado-YPFB Chaco. Se produce una brutal
represión policial con varios detenidos. El defensor del Pueblo denuncia la
agresión de la protesta social.
Septiembre 2015 El gobierno impulsa la propuesta de instalación del Centro Nuclear para
fines médicos e industriales en la ciudad de El Alto, con aceptación de los
vecinos de la zona que albergaría dicho centro.
Noviembre 2015 Rusia, en una reunión en Iran, ofrece a Evo Morales, apoyo armamentista,
energía nuclear y temas de gas, ofewrtta recibida por el gobierno con
beneplácito.
Noviembre 2015 De forma extraoficial (ante la total ausencia de información por parte del
estado) se conoce que la figura de megarepresas en el rio Beni será en
“cascada”, considerando las encañadas del Bala, Beu y Chepite, con lo cual
los impactos se emplificarían hasta la región del Alto Beni.
Diciembre 2015 Estidios de Geodata (megarepresas Bala, Beu Chepite) en el rio Beni
proceden sin consulta ni información previa a las comunidades indígenas, y
sin autorización formal del SERNAP y de las áreas protegidas de la
región.