2008

CUADERNOS DEL CONFLICTO

VERDAD, MEMORIA HISTRICA Y MEDIOS DE COMUNICACIN

CUADERNOS DEL CONFLICTO

VERDAD, MEMORIA HISTRICA Y MEDIOS DE COMUNICACIN

NDICE

PRESENTACIN

I LOS MEDIOS DE COMUNICACIN EN CONTEXTOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL: LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Leigh Payne, profesora de Ciencia Poltica de la Universidad de Wisconsin-Ma-dison

Horacio Verbitsky, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina

Pal van Zyl, vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia Transi-cional (ICTJ)

Thierry Cruvellier, editor de la publicacin electrnica International Justice Tri-bune y consultor del Centro Internacional para la Justicia transicional (ICTJ)

I I MEDIOS DE COMUNICACIN, VERDAD Y MEMORIA HISTRICA EN COLOMBIAAlejandro Santos, director Revista Semana

Mara Teresa Ronderos, asesora Editorial Revista Semana y Gerson Arias, inves-tigador Fundacin Ideas para la Paz

Comentarios: lvaro Sierra, asesor Editorial de El Tiempo y Daro Fernando Patio, director Noticias Caracol Televisin.

Mara Victoria Uribe, miembro del rea de memoria histrica de la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin (CNRR)

III CONCLUSIONES

Fundacin Ideas para la Paz

PUBLICACIONES SEMANA

Centro Internacional para la Justicia Transicional

Financiacin: Embajada de Canad en Colombia

Esta tercera entrega de los Cuadernos del Con-flicto recoge las presentaciones e intervencio-nes del seminario internacional Verdad, memo-ria histrica y medios de comunicacin que la Fundacin Ideas para la Paz organiz el 28 de noviembre de 2007 en asocio con la Revista Semana y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y con el auspicio del gobierno de Canad, a los que expresa-mos nuestros ms sinceros agradecimientos.

La experiencia internacional de los ltimos 15 aos ha demostrado que en procesos de transicin despus de violaciones masivas a los Derechos Humanos, una de las mejores vas para conocer la verdad diferente a los estra-dos judiciales es la implementacin de una Comisin de la Verdad. Dos supuestos bsicos han estado tras el uso de estas comisiones: primero que el sistema judicial ordinario del pas en cuestin es incapaz de procesar a los culpables de crmenes atroces y, segundo, la necesidad de que haya una visin ms amplia de la verdad que refleje la historia de abusos y violencia del pasado. Sin embargo, en el caso co-lombiano, este tipo de argumentos no se tuvieron en cuenta. As, la llamada Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, que estableci el marco jurdico para la desmovilizacin de grupos paramilitares, determin que el derecho a la verdad sera garantizado por el sistema judicial, aun cuando dej abierta la posibilidad para que en el futuro puedan aplicar-se otros mecanismos no judiciales de reconstruccin de la verdad.

Hasta el momento el derecho a la verdad ha sido par-cialmente garantizado a travs de la participacin de las vc-timas en las audiencias de los jefes paramilitares que efec-tivamente han rendido versin libre. Hasta finales de 2007 se haban adelantado 1.036 versiones libres de las cerca de 3 mil anunciadas para todo el proceso. Tambin hay que re-conocer la labor que realizar el rea de Memoria Histrica de la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin (CNRR) como una iniciativa clave a largo plazo para apor-tar a la verdad y a la reconstruccin de la memoria acerca del conflicto armado en Colombia.

No obstante, en la medida en que avanzan las inves-tigaciones judiciales de quienes se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, se ha hecho notoria la necesidad de buscar mecanismos alternativos que garanticen en el corto plazo el derecho a la verdad al pas y a las vctimas en particular. En ese sentido, los medios de comunicacin estn llamados a desempear un papel esencial. Ms an cuando hasta el presente, los hechos y su historia se han ido reconstruyendo a retazos a travs del cubrimiento que los medios de comu-nicacin le han hecho a los procesos judiciales, en especial

a las versiones libres de algunos ex combatientes.No cabe duda y est reconocido en el nivel internacio-

nal, que los medios de comunicacin desempean un papel fundamental en los procesos de justicia transicional, porque no slo pueden contribuir en grande a develar la verdad, sino tambin a contextualizar y a hacer seguimiento a los hechos. En Colombia los medios de comunicacin han ju-gado un rol importante dentro del actual proceso de Justicia y Paz, pero tambin es evidente que podran contribuir mu-cho ms.

Con este seminario se quiso no slo traer experiencias internacionales relevantes, sino tambin abrir el debate en Colombia alrededor de preguntas como: cules deberan ser las prcticas periodsticas para cubrir un proceso tan complejo como el de la desmovilizacin de los grupos para-militares?; cules deben ser las fuentes y los criterios para contextualizar los hechos?; qu cubrimiento merecen las vctimas de estos grupos? y, en ltimas, qu implicaciones tendr para el derecho a la verdad y a la reconstruccin de la memoria histrica el tipo de prcticas y de cubrimiento que los medios de comunicacin le estn haciendo al proceso y sus actores?

Los asistentes al seminario pudieron constatar el apor-te que hacen los medios a estos procesos transicionales, gra-cias a la experiencia relatada por Thierry Cruvellier sobre el cubrimiento hecho por l a diversos procesos en frica entre los que se destacan: el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), la Comisin de la Verdad y Recon-ciliacin de Sierra Leona y la Corte Especial para Sierra Leona. Para Cuvellier, quien actualmente es consultor del ICTJ y editor de la publicacin especializada International Justice Tribune (online), la cuestin del papel central que juegan los medios de comunicacin en los procesos de jus-ticia transicional no merece mayor discusin: es algo que se da por sentado. La cuestin ms bien tiene que ver con un asunto de calidad. En esencia, garantizar la calidad en el cubrimiento y en las prcticas periodsticas es clave para que la representacin de hechos importantes en estos pro-cesos, como pueden ser los juicios contra los vctimarios o la realidad de las vctimas, tengan el efecto deseado en la construccin de la verdad y de la memoria histrica.

Por otra parte, hubo dos presentaciones sobre los casos especficos de Argentina y de Surfrica. El periodista argenti-no Horacio Verbitsky, reconocido por su labor en el esclareci-miento de atrocidades ocurridas durante la dictadura, resalt que cada pas tiene su propia historia y sus propios medios de comunicacin que deciden cmo contarla. Aadi que el pa-pel de los medios de comunicacin en la verdad y la memoria no puede estar disociado de los correspondientes procesos ju-

PRESENTACIN

diciales entre otros por que dichos procesos permiten avanzar sustancialmente en la reconstruccin de la verdad mediante las declaraciones de vctimas y de victimarios.

Paul van Zyl, vicepresidente del ICTJ, present el caso surafricano a partir de su experiencia como Secretario Eje-cutivo de la Comisin de Verdad y Reconciliacin (CVR) de ese pas entre 1995 y 1998. Desde su perspectiva, un aspecto central para llevar adecuadamente la informacin sobre estos procesos a la sociedad es contar desde un prin-cipio con una estrategia de comunicaciones diseada de manera detallada. As se oper en la Comisin de Verdad y Reconciliacin de su pas y a su juicio tal estrategia, pese a sus falencias, permiti que el trabajo de la Comisin fuera amplificado para que todas las vctimas y miembros de la sociedad surafricana tuvieran idea de sus labores y desa-rrollos.

La discusin planteada en el seminario desde la pers-pectiva internacional se vio enriquecida con la presentacin de Leigh Payne, quien ha realizado una extensa investiga-cin sobre el impacto poltico de las confesiones de violado-res de derechos humanos de dictaduras en Amrica Latina, Surfrica, Bosnia y Rwanda. Payne, profesora de Ciencia Poltica de la Universidad de Wisconsin-Madison, dirigi su presentacin a cuestionar el papel de las confesiones de los perpetradores como medio vlido para llegar a la ver-dad y, en ltimas, lograr la reconciliacin. En cuanto a la funcin de los medios de comunicacin, la profesora Payne seal que stos deberan servir de catalizador de la con-ciencia de la sociedad para enfrentar la verdad sobre el pa-sado violento. Al mismo tiempo los medios deberan asumir un rol crtico frente a las confesiones de los victimarios. En palabras de Payne: los medios proveen a los victimarios de un formato para poder presentar sus narraciones. Pero tambin los medios se comprometen con una audiencia en

interpretar y debatir el significado poltico de estas confe-siones. As desempean un papel de doble significado que permite avanzar en prcticas democrticas.

Finalmente los asistentes pudieron escuchar la visin de algunos de los principales actores nacionales en cuya cabeza recae el enorme desafo de reconstruir la verdad ju-dicial, de determinar cmo configurar la memoria histrica que la sociedad necesita y de abogar por un cubrimiento periodstico que enriquezca la visin de la verdad que est emergiendo a travs de las versiones libres de algunos ex combatientes. En este panel la fiscal Consuelo Mndez, de la Unidad Nacional de la Fiscala General para Justicia y Paz de la Nacin; Mara Victoria Uribe, miembro del rea de Memoria Historia de la Comisin Nacional para la Re-paracin y Reconciliacin (CNRR); y los periodistas Mara Teresa Ronderos de la Revista Semana, lvaro Sierra del peridico El Tiempo y Daro Fernando Patio, director de Noticias Caracol Televisin, dieron cuenta del gran reto que tienen por delante: construir cada cual desde su rea de res-ponsabilidad las bases de una verdad y una memoria que pueda ser compartida por las todas las vctimas que todava estn en medio del conflicto.

La experiencia internacional indica que por lo general esta revisin suele llevarse a cabo al final del proceso, cuan-do ya no hay nada que hacer. Por ello result ms llamativo hacer este debate precisamente en medio del proceso. Creo que logramos, por un lado, resaltar las fortalezas de la labor que vienen haciendo los medios de comunicacin y sealar las reas que requieren franca mejora y, por el otro, identifi-car obstculos, en especial aquellos que tienen que ver con los procedimientos de cubrimiento del proceso dispuestos por instituciones judiciales. En fin, el seminario abri un espacio de reflexin necesario para revisar la forma como se ha venido cubriendo el proceso de Justicia y Paz.

Mara Victoria Llorente,Directora Ejecutiva FIP, Marzo de 2008

1LOS MEDIOS DE COMUNICACIN EN CONTEXTOS

DE JUSTICIA TRANSICIONAL: LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Relatos inquietantes: las confesiones de los peRpetRadoRes y los medios1

Paulina: Quiero que confiese. Quiero que se siente enfrente de esa grabadora de casete y me diga lo que hizo no solo a m, a todo el

mundo... con toda la informacin, los nombres y los datos, todos los detalles. Eso es lo que quiero.

Gerardo: El confiesa y usted lo deja ir.Paulina: Yo lo dejo ir.

Gerardo: Y no necesita nada ms de l?Paulina: Ni una cosa ms. (Dorfman 1991, 41)

Las lneas de Paulina en la dramtica obra de tea-

tro de Ariel Dorfman La muerte y la doncella expresan una creencia predominante sobre el poder poltico de las confesiones hechas por los perpetradores de violencia de Estado. Ella sostiene que si el torturador confiesa lo que le hizo, ella no necesitar nada ms para continuar con su vida, para ajustar las cuentas con el pasado. Lo que Pauli-na y Gerardo descubren a medida que la obra de teatro se desenvuelve es la complejidad de las confesiones hechas por perpetradores pertenecientes a estados autoritarios. Sus confesiones no ajustan cuentas con el pasado, no las resuelven.

Esto ocurre de varias maneras. Las confesiones de los perpetradores inquietan a quienes oyen, a veces por primera vez, detalles perturbadores y espeluznantes de la violencia del pasado. Ellas alteran o rompen el silencio im-puesto por fuerzas dentro de sociedades democrticas que desean cerrar el captulo sobre ese tema. Estas confesiones, sin embargo, no necesariamente revelan verdades sobre el pasado. Son meramente relatos, explicaciones y justificacio-nes de comportamientos desviados, o versiones personales del pasado2. Como tal, las confesiones fuerzan a vctimas, sobrevivientes y activistas de derechos humanos a sostener sus propias, y muchas veces contrarias, interpretaciones del pasado. Mientras las vctimas y sobrevivientes exigen res-ponsabilidad, defensores del rgimen autoritario buscan ne-gar y silenciar las representaciones negativas del mismo. El conflicto irrumpe de estas confesiones en la medida en que los actores sociales discuten sobre lo que ocurri y compi-ten por tener poder sobre aquellos cuyas interpretaciones moldearn la agenda poltica, los trminos del debate pbli-co y el resultado de ese debate. La coyuntura poltica generada por las confesiones de un pasado violento desafa las teoras democrticas. La

literatura de la justicia transicional que sostiene que las con-fesiones de los perpetradores pueden llevar a la reconcilia-cin, definida como la resolucin de luchas del pasado o como la posibilidad de traer a las partes en conflicto a acuer-dos negociados, no tiene en cuenta las frecuentes diferen-cias irreconciliables entre las vctimas y los perpetradores. En vez de ofrecer disculpas por sus actos, los victimarios tienden a racionalizarlos y minimizar su propia responsabi-lidad, aumentando as la tensin sobre el pasado, en vez de disminuirla. El dilogo sobre el pasado autoritario parece amenazar la democracia y no contribuir a la reconciliacin. De este modo, algunos grupos piden la censura de ideas o una forma de justicia privada. Fisuras profundas emergen en la medida en que los grupos luchan por el poder poltico. Los gobiernos intentan, frecuentemente sin xito, eliminar el debate en aras de la paz y la democracia. La polarizacin, actitudes y polticas antidemocrticas, y guerras discursivas emergen perturbando las democracias.

Sin embargo, incluso en este desfavorable clima poltico, el debate democrtico sobre la violencia de Estado pasada es posible. Yo llamo a esto la coexistencia conten-ciosa o una aproximacin discursiva conflictiva a la demo-cracia en sociedades profundamente divididas. La coexis-tencia contenciosa enfatiza la realidad y la importancia de la competencia sobre ideas y el conflicto sobre valores y metas. La emocin supera a la razn en estos contextos, pero no necesariamente amenaza la democracia. El consen-so, la armona y la igualdad son resultados poco probables. De otra parte, el debate contencioso amplia las prcticas de-mocrticas al provocar la participacin poltica, la contesta-cin y la competencia. A travs de dichos procesos se hace posible retar pblicamente las actitudes, comportamientos y valores antidemocrticos que prevalecen en la sociedad. La coexistencia contenciosa, en pocas palabras, ofrece un entendimiento ms realista de las prcticas dialogales en las democracias, as como una mejor alternativa a los procesos de reconciliacin que limitan el dilogo poltico.

Las confesiones de perpetradores dan luces sobre el proceso de coexistencia contenciosa. Los perpetradores hablan a pesar de las sanciones sociales y las leyes, y a ve-ces an en contra de su propio inters racional. Su discur-so enciende un profundo conflicto poltico. Este conflicto, sin embargo, es en gran medida discursivo. Las sociedades democrticas pueden enfrentar, y hasta incentivar, las con-fesiones sin amenazar el discurso democrtico o la estabili-

Leigh A. Payne*Profesora de Ciencias Polticas de la Universidad de Wisconsin-Madison

*Politloga. Sus investigaciones ms recientes estn relacionadas con la responsabilidad y el impacto poltico de las confesiones de violadores de derechos humanos en Amrica Latina, Surfrica, Bosnia y Rwanda. Es investigadora principal del Proyecto Base de Datos de Justicia Transicional que busca establecer el impacto de las medidas de justicia transicional tanto en prevenir la violacin de derechos humanos como en construccin de paz en democracias emergentes.

dad poltica. En efecto, las confesiones de los perpetradores ofrecen un camino para enriquecer las democracias.

Esta no es una idea enteramente novedosa. La Co-misin de la Verdad y la Reconciliacin de Surfrica (CVR) hizo de las confesiones de los perpetradores un rasgo cen-tral y nico en su proceso de ajustar cuentas con el pasado y construir una nueva Surfrica democrtica. En la era pos-Apartheid los perpetradores recibieron amnista a cambio de confesar la violencia poltica cometida. Valorar tales confesiones en un proceso pblico para alcanzar la verdad y la reconciliacin hizo a la CVR un modelo para otros pa-ses que estaban emergiendo de la violencia de un Estado autoritario. No obstante, hasta la fecha ningn otro pas ha adoptado el modelo confesional de reconciliacin. Las co-misiones de verdad en otros lugares han proporcionado am-nista sin requerir las confesiones de los perpetradores. Las confesiones, en estos casos, han emergido por fuera del apa-rato de la justicia transicional. Surfrica permanece como un fenmeno que se explica frecuentemente a partir de su propicio clima poltico: la deslegitimacin internacional del rgimen del Apartheid, su derrota electoral por sus antiguos enemigos (el Congreso Nacional Africano), y el liderazgo conciliatorio de Nelson Mandela. Incluso en el clima favo-rable del pos-Apartheid, las confesiones de los perpetrado-res perturbaron, ms que saldaron las cuentas con el pasado. La democracia de Surfrica avanz, en otras palabras, a par-tir del dilogo contencioso, y no a travs de valores y metas compartidas, deliberacin razonada o evitando el conflicto.

Surfrica provee entonces ideas valiosas sobre la coexistencia contenciosa. Es un caso que demuestra que las democracias nuevas pueden sobrevivir discursos polticos profundamente inquietantes y hasta antidemocrticos. Las democracias pueden incluso florecer en dichos climas. La coexistencia contenciosa acoge el debate poltico como un pilar fundamental de la democracia. Adems, en vez de defender las metas elevadas y esquivas del consenso o la reconciliacin, la coexistencia contenciosa se basa simple-mente en un debate abierto y democrtico.

Sin embargo, el debate implica ms que un discurso poltico (la confesin). Enfocarse nicamente en el discur-so o en la confesin les da a los perpetradores un excesivo poder poltico en la sociedad. La coexistencia contenciosa, por lo tanto, incluye la interaccin de ese discurso en un contexto poltico ms amplio. Se desarrolla as un drama poltico. Los perpetradores y sus audiencias rivalizan por el poder poltico: quines cuentan la historia del pasado (acto-res), lo que dicen (guin), cmo lo dicen (actuacin) dnde (escenario) y cundo (tiempo) lo dicen. Adems, los secto-res de la sociedad (el pblico) chocan sobre las interpreta-

ciones respecto del significado poltico de las confesiones. Compuestos no slo por las vctimas, los sobrevivientes y los activistas de derechos humanos, sino adems por los miembros del rgimen autoritario y sus defensores civiles, estos pblicos utilizan las confesiones de los perpetradores para avanzar sus posiciones polticas particulares. Ellos se disputan por los hechos, la interpretacin de los mismos y su significado para la poltica contempornea.

Los medios de comunicacin desempean un pa-pel crtico en los contextos de las confesiones. Proveen un escenario en el cual los perpetradores presentan su guin; pero tambin involucran a un pblico amplio en la interpre-tacin y el debate del significado poltico de las confesiones de los perpetradores. Por lo tanto, como escenario y como pblico, los medios tienen el potencial de mejorar la prcti-ca democrtica.

el actoR y la actuacinPorque son novedosos, desconcertantes o perversos,

los perpetradores intrigan a la audiencia. Los pblicos tal vez inconscientemente creen que si saben ms sobre los perpetradores pueden protegerse de ellos. O quizs las au-diencias encuentran atractivo su poder. Despus de todo ellos hacen violencia; a las vctimas se les hace3. Los observadores de la Comisin de Verdad y Reconciliacin de Surfrica sealaron con respecto al nfasis de los medios en los perpetradores: la misma clase de intensidad al reportar no se proporciona a las vctimas/sobrevivientes, salvo que ellas mismas tengan imgenes de alto perfil e, incluso en esos casos, para los medios slo la brutalidad sensaciona-lista merece ser noticia4. La dramaturga surafricana Jane Taylor adicionalmente anota:

Lo que hace que las historias de los perpetradores sean tan irresistibles es, en parte, que ellos son agentes: ellos actan sobre otros. Todas las estructuras sicolgicas de deseo, poder, envidia, miedo e identificacin son invoca-das en estas narraciones5.

El encanto puede resultar de narraciones ficticias y de noticias que retratan a los perpetradores como unos sicpa-tas extraordinariamente perversos y sdicos. En contraste, la mayora de estudios acadmicos consideran normales a los perpetradores de violencia autoritaria. El siclogo Dan Bar-On, por ejemplo, asegura que slo el 5 por ciento de los perpetradores Nazis podran ser categorizados como si-cpatas. El restante 95 por ciento fue motivado a cometer atrocidades como resultado de un tipo particular de entrena-miento, socializacin, ideologa y estructura de poder. Los experimentos de Milgram concluyeron que la mayora de

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los individuos obedecen a la autoridad, incluso cuando se les ordena infligir dao a otros sin una causa razonable6. Los experimentos de Zimbardo en las crceles y el estudio de Huggins y otros sobre torturadores brasileos, sostienen que los ambientes que autorizan y premian a los individuos por actos violentos engendran perpetradores violentos. Su-llivan encontr que, bajo el conjunto adecuado de circuns-tancias, casi todo el mundo es susceptible de actuar violen-tamente contra individuos que pertenecen a un grupo al que se odia. Sin embargo, los medios de comunicacin buscan explicaciones que diferencian a los perpetradores de ese resto de nosotros: hogares abusivos y represivos o profun-das aflicciones sicolgicas.

Para disipar esta imagen, los perpetradores tienden a usar fachadas sociales. Erving Goffman define las facha-das como el equipo significativo que identifica al indivi-duo: rango, vestimenta, sexo, edad, caractersticas raciales, tamao, apariencia, postura, patrones de lenguaje, expresio-nes faciales, maneras y lenguaje corporal7. Los perpetrado-res se encargan de emplear la coleccin teatral completa de gestos, conductas, disfraces, accesorios y dispositivos es-cnicos para impresionar o engaar a un pblico8. Ellos construyen y reconstruyen su imagen; su cara es constan-temente construida, negociada, ajustada, y organizada [...], una reconstruccin pragmtica de restos de material pre-existente a la manera de un bricolage9. Estas fachadas no son ficticias, sino extradas de roles que ya existen y son socialmente aceptados. Algunas veces los perpetradores adoptan una cara incon ciente y sinceramente, creyendo que ella representa su verdadero ser, el ser que ellos quisieran ser o creer que son10. Alternativamente, pueden de manera deliberada y cnica, solos o en consulta con sus colegas, miembros de familia, o abogados, construir una fachada apropiada. Estas caras cnicas proveen medios [pragmti-cos] para otros fines, pero, adems, un perpetrador puede obtener una especie de alegre agresin espiritual del he-cho de que puede jugar a voluntad con algo que su pblico debe tomar seriamente11. Adems de las fachadas sociales, los perpetradores poseen otras tcnicas para eliminar las imgenes negativas asociadas con su pasado. Por medio de la duplicacin, por ejemplo, presentan alternativas de s mismos y de sus vidas12. Retratan sus vidas socia-les como incompatibles con las imgenes tpicas de los perpetradores: el vecino moralmente recto y religioso, el buen ciudadano, el padre carioso, la pareja amorosa y fiel, el amigo generoso y bondadoso. Sus vidas laborales parecen no tener reproche alguno: empleados dedicados, fieles, eficientes y obedientes a la autoridad. En su vida poltica exhiben patriotismo, deber con la nacin y la bue-

na voluntad de hacer sacrificios personales por la patria. La duplicacin debilita las caractersticas negativas aso-ciadas con los perpetradores.

El artificio narrativo de volver a nacer presenta una oportunidad similar. En estos casos, los perpetradores admiten haber hecho mal en el pasado, pero se consideran individuos nuevos e intachables. El renacimiento religioso les permite volver a empezar, reemplazando su pasado pe-caminoso con un presente santificado. Alcohlicos y droga-dictos en proceso de recuperacin entre los perpetradores usan una metfora similar y explican los actos del pasado como un resultado de la intoxicacin, incompatible con su nuevo estado de sobriedad.

La nocin de zona gris de Primo Levi muestra cmo los perpetradores invierten los roles y se identifican a s mismos como vctimas, relatando o mostrando los efectos fsicos o sicolgicos de su violencia en sus vidas: adiccin al alcohol o a las drogas, insomnio, ansiedad, depresin u otras cicatrices de su pasado tormentoso. As sugieren que no pueden ser responsabilizados por los actos violentos que cometieron, dado que dichos actos tambin los victimizaron a ellos.

Acceder a actuar es acceder a tomar un riesgo, y los perpetradores no siempre logran convencer a sus pbli-cos de su normalidad a pesar de las elaboradas fachadas y los artificios narrativos13. Pueden carecer de habilidades narrativas o actorales efectivas. Excesivas contradicciones e incompatibilidades en su actuacin la hacen incoherente ante el pblico. Mientras que ciertas caractersticas per-sonales pueden alterarse (vestimenta o peinado), otras los marcan indeleblemente como perpetradores (i.e., antece-dentes, figura, movimiento y presencia, acento y escogen-cia de palabras, expresiones faciales o emociones). Adems los perpetradores tienen poco control sobre la manera en que son representados por los medios de comunicacin, qu imgenes o palabras se usan y qu significado les atribuyen los medios y sus pblicos a stas.

el Guin Adaptando la elegante formulacin de Ndebele,

los guiones confesionales les permiten a los perpetradores reinventar sus pasados por medio de la narrativa14. Los perpetradores no relatan su pasado como ocurri en ese mo-mento, ni tampoco tienen necesariamente una pretensin de verdad o exactitud. Esos relatos pueden ser inventados, consciente o inconscientemente, para encajar en un mo-mento poltico particular o una necesidad personal15.

El pblico percibe frecuentemente las reinvencio-

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nes que los perpetradores hacen de su pasado a travs de la confesin como una manipulacin deliberada para minimi-zar su culpa en vez de asumirla; y a veces es as. Sin em-bargo, en otros casos las confesiones de los perpetradores reflejan el proceso creativo de tratar de juntar las piezas de su pasado con una memoria parcial y selectiva. La memoria es imperfecta y poco confiable, como bien lo saben los sic-logos, historiadores, profesionales del derecho y agentes del orden que dependen de ella. Perpetradores y no perpetra-dores crean de manera deliberada e incon ciente mentiras vitales sobre sus pasados, o sobre las historias que aaden significado y coherencia a sus vidas16. En sus confesiones, los perpetradores relatan cmo ellos recuerdan su pasado, o cmo quieren que se les recuerde, reinventndolo a travs de la narrativa.

La creacin de mentiras vitales involucra varios procesos. Los perpetradores utilizan, por ejemplo, ope-raciones de salvamento, o la opcin consciente e incons-ciente de retener ciertas partes del pasado que se recuerda y de excluir otras que no encajan en los discursos y deseos actuales17. El contexto poltico actual funciona como un filtro, moldeando y modifican-do recuerdos para que encajen en el entendimiento y las expec-tativas de la sociedad en la cual se presenten18. Las operaciones de salvamento filtran y seleccio-nan hechos, viendo slo lo que es conveniente ver, y transformando fragmentos de la memo-ria en una historia coherente y consistente.

Para llenar los vacos de la memoria, los perpetra-dores usan invenciones, adicionando detalles, algunas ve-ces fuera de orden o tomados prestados de otros momentos o de memorias de otros o incluso imaginados, pero creyn-dolos verdaderos. Estos detalles le dan cuerpo y vida a la memoria, y representan de manera precisa la forma en que los perpetradores recuerdan los eventos (o quieren recordar-los), incluso si stos no concuerdan con una lnea cronol-gica o con un conjunto real de eventos.

Cuando los perpetradores hablan frecuentemen-te evocan el vocabulario aprendido del rgimen autorita-rio: negacin, justificacin y excusas. Pueden hacerlo aun si sienten remordimiento por su pasado. Simplemente no tienen otro lenguaje. Ellos aprendieron los eufemismos que encubrieron sus actos tanto de s mismos como de los dems. El lenguaje de la guerra, y particularmente de la guerra no convencional (contrainsurgente) impregna las confesiones de los perpetradores, desdibujando la atroci-dad. Interrogar o eliminar al enemigo en una guerra,

oculta los secuestros, torturas, ejecuciones, envenenamien-tos, violaciones y desapariciones de prisioneros retenidos en centros de detencin clandestinos. As, los perpetradores convierten a las vctimas indefensas de esos centros de de-tencin en enemigos feroces cuya derrota requiere virtudes militares, sacrificios personales, patriotismo, herosmo y coraje. Como soldados, ellos tenan la obligacin de defen-der a la Nacin del comunismo, el terrorismo o la barbarie. Los fines (acabar con la amenaza a la Nacin) justificaban los (usualmente no articulados) medios. Los perpetradores se retratan a s mismos como fuerzas del bien, en contra de las fuerzas del mal.

Los defensores del rgimen tambin se aferran a la versin heroica, o mito de salvacin, del rgimen autorita-rio. Para explicar la creciente evidencia de violencia, los perpetradores adoptan el lenguaje del error. Los errores o fallas humanas explican por qu individuos inocentes mue-ren en las guerras. Los errores burocrticos explican por qu los comandantes fallaron en enterarse de y en detener la violencia perpetrada por mercenarios, fuerzas delincuencia-les, y elementos emocional o mentalmente inestables dentro

de las fuerzas de seguridad. El error niega la responsabili-dad moral por la violencia sistemtica y les permite a los perpetradores admitir crmenes por omisin, o haber fallado en detener la violencia, pero no crmenes por comisin, por haber actuado violentamente. Esto es, pueden condenar la violencia, sin condenar el rgimen.

Confesiones de remordimiento y traicin, aunque sean extraas, se salen de estos patrones narrativos y de-safan las justificaciones y excusas autoritarias. Tomando prestado de los anlisis de testimonios de vctimas, el acto de confesin les permite a los perpetradores conocer el hecho: pronunciar lo impronunciable e inscribir el hecho por primera vez, rompiendo con la versin oficial y el silencio que les fue impuesto. El pblico raramente acoge estas confesiones, dudando de su sinceridad, juzgndo-las como instrumentalmente motivadas, o encontrando dentro de ellas las justificaciones y excusas del rgimen autoritario. Por lo tanto estos guiones pocas veces satis-facen a las audiencias que estn buscando la condena del rgimen.

Los medios de comunicacin retratan a estos per-

Los medios de comunicacin retratan a estos perpetradores que hablan en voz alta, no al

grupo ms grande que permanece en silencio.

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petradores que hablan en voz alta, no al grupo ms grande que permanece en silencio. Reglas formales e informales para hacer callar llenaron la era autoritaria y persisten en las nuevas democracias. La violencia, las amenazas y la intimidacin desmotivan activamente las confesiones de los perpetradores. Pero stos a su vez intentan borrar de la memoria sus actos violentos para poder vivir consigo mismos.

el escenaRioVivian Patraka afirma que los lugares de actuacin

producen significados y representaciones programados19. Por lo tanto, uno esperara que los perpetradores negaran su pasado, permanecieran callados o argumentaran amnesia

para evadir un veredicto culpable en la Corte. De otra parte, los acuerdos de plea bargaining20 promueven la traicin. Las comisiones de la verdad y las audiencias para reducir sentencias incitan al remordimiento. Las confesiones he-chas para la televisin tienden a involucrar ficciones heroi-cas, sdicas o exageradas.

En contraste, los espacios de actuacin se con-vierten en el lugar en donde los significados del pasado no estn programados y, por el contrario, son abiertamen-te debatidos y reformados21. Otros actores polticos, tales como las vctimas y los sobrevivientes, se apoderan de estos escenarios de confesin, disminuyendo el control de los perpetradores sobre sus confesiones, e incluso destru-yendo o desviando el proyecto poltico que ellos tenan la esperanza de promover.

Las respuestas del pblico al cubrimiento que le dan los medios a las confesiones de los perpetradores ilustran este concepto del espacio para actuar. Aunque los perpetradores pueden preparar sus confesiones para un es-cenario en particular, como una corte o una comisin de la verdad, los medios son los que toman el control de dicho escenario. Versiones mediatizadas de las confesiones de los perpetradores o las circuladas en televisin, como grabaciones de audio o de video, u otras formas basadas en tecnologas de reproduccin, reemplazan las versio-nes originales en vivo y sin editar, jams vistas por la ma-

yora de la audiencia22. La mayor parte del pblico, dada la poltica oficial, las limitaciones de espacio, locacin y tiempo, el conocimiento del evento, o la demanda, pier-den la oportunidad de ver la versin en vivo, accedien-do slo a la mediatizada. Sin embargo, las actuaciones mediatizadas no son copias fieles de la original. Horas y das de testimonio slo producen minutos en la radio o en programas de televisin, o frases en una historia impresa. Las decisiones que se toman sobre qu excluir o incluir en las noticias crean un significado que puede desviarse del mensaje que pretenda transmitir el perpetrador. Las historias de los medios, por ejemplo, buscan una repro-duccin dramtica, distorsionando la confesin al repro-ducir segmentos pequeos de sta: gritos y sollozos, rabia

o risa, burlas o lgrimas. El tra-bajo de cmara crea o disminuye emociones: acercar el lente a los perpetradores, hacindolos ms grandes que la vida misma, o retirarlos para invitar al pblico a ver el dolor de otros pero no a sentirlo23. Las emisiones de

radio eliminan las expresiones faciales explicativas. Los medios impresos aplanan las inflexiones. En pocas pala-bras, los medios poseen un enorme poder sobre cmo el pblico ve e interpreta las confesiones. Teniendo en cuen-ta que la mayora de los pblicos son testigos de estas con-fesiones por medio de narraciones mediatizadas, dichas narraciones se convierten en el evento de confesin y no en una interpretacin del mismo, reforzando el refrn que dice nunca conocemos un hecho, sino slo su cobertura por los medios24. Las versiones mediatizadas tienden a borrar la versin original25.

A pesar de su poder, las actuaciones mediatizadas no hablan por s mismas, no presentan una interpretacin incontrovertible de las confesiones de los perpetradores, y tampoco imponen un significado poltico al pblico. A ve-ces describen de manera precisa a los perpetradores en toda su complejidad: simultneamente brutales y vulnerables, culpables e inocentes, poderosos y dbiles, suministrando interpretaciones mltiples de sus pasados. Algunas veces las versiones mediatizadas incluyen comentarios, aun con-tradictorios, de otros puntos de vista de la sociedad. Los medios, en otras palabras, se convierten en el espacio de ac-tuacin en donde la audiencia debate el significado poltico de las confesiones de los perpetradores sobre la violencia del pasado. Incluso si los medios utilizan significados y re-presentaciones programados, los pblicos usan la represen-tacin para desafiar esos significados.

Los medios, en otras palabras, se convierten en el espacio de actuacin en donde la audiencia debate el significado poltico de las confesiones de los perpetradores sobre la violencia del pasado.

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los pblicos Siguiendo a Stanley Fish, los textos confesionales

estn libres de significado por s mismos, y requieren de comunidades interpretativas para crearlo26. En el caso de las confesiones de perpetradores, dichas comunidades in-terpretativas emergen entre los pblicos que las observan. Los perpetradores tratan de controlar la interpretacin de sus actuaciones, pero los pblicos se apoderan de ellas e im-ponen sus propios significados. Las audiencias utilizan las confesiones de los perpetradores como un catalizador y una herramienta. Como catalizador, las confesiones encienden el debate sobre asuntos previamente silenciados en la so-ciedad. Adems, los pblicos utilizan las confesiones como una herramienta para promover su propia agenda poltica, minando las confesiones de los perpetradores con palabras que apoyan su posicin frente al pasado.

Los pblicos no se aproximan a los actos de confe-sin de manera uniforme o en el vaco poltico. Ellos traen a ellas sus historias de vida, experiencias, perspectivas polti-cas e intereses adquiridos que moldean sus interpretaciones. Las vctimas y los sobrevivientes (y sus simpatizantes) no siempre estn de acuerdo sobre cmo se deben interpretar las confesiones de los perpetradores. Entre aquellos que de-sean silenciarlos, algunos son cnicos y consideran que los perpetradores estn mintiendo, mientras que otros buscan limitar el trauma de escucharlos relatando el pasado. Otras vctimas y sobrevivientes promueven las confesiones como un medio para conocer los hechos y posibilitar o buscar algn tipo de justicia retributiva. Los simpatizantes y es-pectadores del rgimen autoritario tambin pueden buscar silenciar estas confesiones que los exponen, muchas veces por primera vez, a la atrocidad. Muchos enfrentan el trauma de la culpa por no creer en las narraciones de las vctimas, culpar a las vctimas por la violencia, apoyar a un rgimen capaz de dicha atrocidad, fallar en actuar para prevenir la violencia, e incluso por beneficiarse de la ley autoritaria. No obstante, espectadores y defensores del rgimen tam-bin pueden extraer de estas confesiones una imagen del perpetrador como un salvador y aplaudir sus acciones del pasado como necesarias bajo aquellas circunstancias. Los gobiernos democrticos frecuentemente se preocupan por la lucha de la memoria en contra de la memoria que surge de las confesiones de los perpetradores y amenaza la demo-cracia. Por ello buscan silenciar el debate sobre el pasado.

La coexistencia contenciosa argumenta que las de-mocracias no pueden eliminar el debate. Los esfuerzos por hacerlo generarn conflictos entre las fuerzas sociales que exigen la memoria y aquellos que la quieren borrar, y so-bre quin est autorizado para recordar el pasado y cul es

la forma apropiada y legtima para hacerlo27. En ltimas puede resultar ms quebrantador para la democracia censu-rar la memoria poltica que permitirla. Sin embargo, preva-lece un doloroso intercambio entre el dao sicolgico a los individuos y los beneficios potenciales para el sistema po-ltico. Los medios de comunicacin se enfrentan a crticas por su rol en este debate, simultneamente condenados por la manera en que presentan a los perpetradores o por fallar en silenciarlos.

conclusin La democracia naci en actos de transgresin28,

proclama Sheldon Wolin, y las actuaciones en los actos de confesin ciertamente clasifican como transgresoras. stas hacen audibles, visibles, fsicos y pblicos los pro-fundos desacuerdos sobre el pasado. Provocan el conflicto, en la medida en que los pblicos se disputan sobre las in-terpretaciones del pasado y su significado para la prctica democrtica contempornea. Divisiones profundas e irre-conciliables emergen en respuesta a las confesiones de los perpetradores, el tipo de divisiones que lograron socavar experimentos democrticos ms tempranos y que se inicia-ron en el represivo poder autoritario. Estos cismas dividen a las Fuerzas Armadas, debilitando la seguridad nacional. Tambin retraumatizan a las vctimas y reafirman versiones autoritarias de los valores nacionales. Existen motivaciones mltiples, lgicas y razonables para ahogar las transgreso-ras confesiones de los perpetradores y evitar que minen la gobernabilidad y la cultura democrtica.

Los medios pueden, y frecuentemente lo hacen, contri-buir a la promocin del debate democrtico sobre las con-fesiones de los perpetradores. Primero, stos confiesan, y cuando lo hacen, los medios cubren aquellas confesiones, usualmente provocando un profundo conflicto discursivo en la sociedad.

Segundo, las actuaciones confesionales, y el conflicto que ellas crean, comprometen valores democrticos esen-ciales: libertad de expresin, justicia y proteccin de dere-chos humanos. Las democracias no pueden asumir el cos-to de eliminar este debate. El dilogo, segn nos recuerda Ackerman, es la primera obligacin de la ciudadana29. Reprimirlo equivale a resolver el pasado con el silencio y acuerdos supuestos. Ackerman nos advierte que no gana-mos nada de valor al afirmar falsamente que la comunidad poltica es de una sola mentalidad, cuando se trata de he-chos profundamente disputados30. Los medios exponen estas tensiones.

Tercero, las actuaciones polticas dramticas, como

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las confesiones de los perpetradores, ponen la democracia en prctica. La cobertura de los medios atrae al pblico al drama confesional: la ruptura del silencio; perspectivas ori-ginales desde adentro; un lenguaje espeluznante sobre la violencia; actuaciones insinuantes; discursos emotivos; respuestas ruidosas, visibles, intensas y conflictivas por parte del pblico. La audiencia incluye no slo a vctimas, sobrevivientes y perpetradores, sino tambin a espectadores neutrales del rgimen autoritario y a nuevas generaciones de ciudadanos. Las actuaciones confesionales se convierten en catalizadores para ampliar la participacin poltica y ex-pandir el debate. Tal y como Seyla Benhabib lo argumenta sucintamente: la deliberacin es un procedimiento para estar informado y para crear una mentalidad ampliada en la so-ciedad31. El dilogo poltico y el escuchar ensean un nuevo lenguaje y exponen a los ciudadanos a perspectivas polticas contendientes que no estn disponibles cuando el debate es silenciado. Incluso pueden forzar a los perpetradores a ver y or el dao que han hecho a los ciudadanos y familias; lo que puede cambiar su perspectiva sobre su pasado. Otros pblicos pueden empezar a entender la culpabilidad de regmenes y lderes que en otras circunstancias podran convencer a indi-viduos normales para cometer atrocidades.

Cuarto, el debate pblico puede fortalecer las normas democrticas. Participando en l un nuevo y democrti-co lenguaje se desarrolla. Siendo as, los perpetradores no defienden pblicamente el secuestro, la tortura, el ase-sinato, o la desaparicin de ciudadanos; usan eufemismos aceptables en las democracias: detencin, interrogacin y la derrota de la guerra. Ellos adoptan un lenguaje norma-tivo democrtico, abogando por la justicia (por crmenes de guerra cometidos por el enemigo) y protecciones a los derechos humanos (para los miembros de las fuerzas de se-guridad y sus familias). Este nuevo lenguaje democrtico puede disfrazar viejas actitudes. Pero el lenguaje tambin puede jugar un rol transformador. Al cambiar los trminos del debate, los perpetradores reflejan un cambio normativo. Al articular dichas normas, las difunden. Difundindolas no slo satisfacen a los guardianes del orden democrtico, sino tambin se convierten en la moneda de debate entre sus propios segmentos de la sociedad. En otras palabras, todos se convierten en demcratas, por lo menos lingsticamente hablando. El autoritarismo, aunque defendido en el pasado como polticamente conveniente, rene poco apoyo hoy.

En otras palabras, la democracia genera poco debate. Lo que es debatible es la calidad o el alcance de la demo-cracia y los medios a travs de los cuales se alcanza. Usan-do el lenguaje de derechos humanos, justicia y libertad de expresin, las confesiones de los perpetradores lo refuerzan

como un conjunto de medidas para evaluar la democracia. Grupos dentro de la sociedad pueden no coincidir en las definiciones de las violaciones de derechos humanos, pero s estn de acuerdo en que hay que condenarlas. Cmo se administre la justicia evocar profundos debates ideolgi-cos, pero el consenso alrededor de la democracia dicta que s debe administrarse.

Las pugnas sobre el pasado no desaparecen; perma-necen perturbadoras y sin resolverse. Sin embargo, grupos contendientes aprenden a vivir juntos a coexistir con sus diferencias irreconciliables en democracias imperfectas. Estos aprenden, a travs de la prctica, a utilizar los recur-sos polticos de expresin para negociar los trminos de la democracia. Vctimas y sobrevivientes utilizan las confe-siones para avanzar en sus metas particulares hacia la de-mocracia, venciendo frecuentemente grandes obstculos, incluyendo conflictos internos, en el proceso. Ellos son un argumento a favor de la coexistencia contenciosa como un modelo democrtico.

El impacto de tener relatos perturbadores y una co-existencia contenciosa para una democracia va ms all de los actos de confesin en democracias transicionales. Con-sideren, por ejemplo, las perturbadoras fotografas de abuso de la prisin estadounidense de Abu Ghraib en Irak. Las fotografas confesaron haber torturado. Generaron cono-cimiento, o verdad, sobre eventos en Irak. Influenciaron el debate sobre tortura en Estados Unidos, especialmente es-tando lejos del escenario de la bomba de tiempo. Pero las fotografas y el cubrimiento de los medios no acabaron con el apoyo al uso de la tortura. Desafortunadamente, el mejor argumento no siempre gana. La coexistencia contenciosa tiene sus lmites en trminos de resultados positivos para la democracia y los derechos humanos. Los relatos pertur-badores y la coexistencia contenciosa, en otras palabras, hacen posible la lucha por los ideales democrticos; pero no garantizan su xito. La escena final de La muerte y la doncella captura lo indeterminada que es en la vida real, la lucha poltica sobre el pasado. Gerardo y Paulina se encuen-tran con el torturador de ella en un concierto. Nada se ha resuelto; nada se ha olvidado. La msica suena y suena. Pero los actores enfrentan el escenario. Miran hacia adelan-te, no hacia atrs.

1. Adaptado de Leigh A. Payne, Unsettling Accounts: Neither Truth Nor Recon-ciliation in Confessions of State Violence (Durham: Duke University Press, 2007)

2. Scott, Marvin B., y Stanford M. Lyman. Accounts. American Sociological Review 33, no. 1 (Febrero 1968): 4662. Pg. 46-47.

3. Taylor, Jane. Ubu and the Truth Commission. Cape Town: University of Cape Town Press, 1998.

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4. Bird, Edward, y Zureida Garda. Reporting the Truth Commission: Analysis of Media Coverage of the Truth and Reconciliation Commission of South Afri-ca. Gazette 59, nos. 45 (1997): 33143. Pg. 338.

5. Ibdem, Taylor, Jane. Ubu and the Truth Commission.6. Milgram, Stanley. Obedience to Authority: An Experimental View. Nueva York:

Harper and Row, 1974.7. Goffman, Erving. Performances. En Ritual, Play, and Performance: Rea-

dings in the Social Sciences/Theatre, edited by Richard Schechner and Mady Schuman, 8996. Nueva York: Seabury Press, 1976. Pg. 91.

8. Lincoln, Bruce. Authority: Construction and Corrosion. Chicago: University of Chicago Press, 1994. Pg. 5.

9. Carlson, Marvin. Performance: A Critical Introduction. Londres: Routledge, 1996. Pg. 49.

10. Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life. Nueva York: An-chor Books, 1959. Pg. 19.

11. Ibdem,Goffman, Erving. Performances. Pg. 89-90.12. Lifton, Robert Jay. The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of

Genocide. Nueva York: Basic Books, 1986.13. MacAloon en Roach, Joseph. Kinship, Intelligence, and Memory as Improvi-

sation: Culture and Performance in New Orleans. En Performance and Cul-tural Politics, editado por Elin Diamond, 21736. Londres: Routledge, 1996. Pg. 219.

14. Ndebele, Njabulo. Memory, Metaphor, and the Triumph of Narrative. En Negotiating the Past: The Making of Memory in South Africa, editado por Sarah Nuttall y Carli Coetzee, 1928. Cape Town: Oxford University Press, 1998. Pg. 27.

15. Phelan, Peggy. Unmarked: The Politics of Performance. Londres: Routledge, 1993. Quartim de Moraes, Joao. A tutela military. Sao Paulo: Vertice, 1987. Pg. 165.

16. Goleman, Daniel. Vital Lies, Simple Truths: The Psychology of Self-Decep-tion. Nueva York: Simon and Schuster, 1985.

17. Crownshaw, Richard. Performing Memory in Holocaust Museums. Perfor-mance Research 5, no. 3 (winter 2000): 1827. Pg. 20-23.

18. Ibdem, The Presentation of Self in Everyday Life. Pg. 35.19. Patraka, Vivian M. Spectacles of Suffering: Performing Presence, Absence,

and Historical Memory at U.S. Holocaust Museums. En Performance and Cultural Politics, editado por Elin Diamond, 89107. Londres: Routledge, 1996. Pg. 100.

20. Es el acuerdo que se hace entre el acusado y la fiscala o ente acusador, en el que el primero se declara culpable de un delito menor u ofrece informacin a cambio de no ser acusado por cargos ms graves o de recibir una reduccin de la pena.

21. Edelman, Murray. The Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illi-nois Press, 1985. Pg. 108.

22. Auslander, Philip. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. Londres: Routledge, 1999. Pg. 5.

23. Fair, Jo Ellen, y Lisa Parks. Africa on Camera: Television News Coverage and Aerial Imaging of Rwandan Refugees. Africa Today 48, no. 2 (2001): 3457. Pg. 50.

24. Ibdem, Liveness: Performance in a Mediatized Culture. Pg.118.25. Ibdem, Unmarked: The Politics of Performance. Pg. 146-147.26. Fish, Stanley. Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Com-

munities Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980.27. Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI de Espaa

Editores/ Siglo XXI de Argentina Editores, 2002.28.Wolin, Sheldon S. Fugitive Democracy. En Democracy and Dierence:

Contesting the Boundaries of the Political, editado por Seyla Benhabib, 3145. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996.

29. Ackerman, Bruce. Why Dialogue? Journal of Philosophy 86, no. 1 (January 1989): 522. Pg. 6.

30. Ibd., Pg. 16.31. Benhabib, Seyla. Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy.

En Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, editado por Seyla Benhabib, 6794. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996. Pg. 71.

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Lo que ocurre hoy en Colombia forma parte de un proceso global. Pero tambin es cierto que cada proceso tiene su propia lgica que responde a condicionamientos de cada sociedad y que, en todo caso, corresponde a los nacionales de cada pas tomar las lecciones de otros pases que les resulten ti-les para la comprensin de su situacin. No corresponde a los extranjeros postular la conveniencia o la inconveniencia del camino que se tome. Por eso voy a ceirme a la expo-sicin de los hechos que ocurrieron en la Argentina y al rol de la prensa, sin sacar conclusiones que deban aplicarse en Colombia, salvo que los colombianos las crean tiles.

Las diferencias entre ambos procesos son muy gran-des. En primer lugar, las atrocidades que padeci la Argen-tina ocurrieron durante dictaduras militares que disolvieron el Congreso y ocuparon la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, la dictadura censur fuertemente a la prensa, y secuestr y mat o hizo desaparecer a un centenar de pe-riodistas, desarrollando as una accin sicolgica abruma-dora sobre la sociedad argentina. Sin embargo, los grandes medios de prensa que no fueron censurados en forma direc-

ta, aquellos que no fueron clausurados y cuyos periodistas no fueron desaparecidos, pasaron a formar parte del dispo-sitivo de la represin.

Una misin de la Sociedad Interamericana de Prensa, integrada por los propietarios de dos diarios norteamerica-nos, estuvo en la Argentina con el objetivo de investigar la situacin de la prensa y de solidarizarse con los periodistas. Su informe incluy declaraciones de editores de los princi-pales diarios, que justificaban los crmenes de la dictadura con el argumento de que la libertad de expresin era un va-lor secundario frente a la seguridad nacional. Es decir, los medios participaron activamente en el dispositivo cultural e ideolgico de la dictadura militar.

Tambin era claro que el control de la televisin haba sido entregado a las distintas fuerzas armadas. El Ejrci-to, la Fuerza Area, la Marina, la Presidencia de la Nacin,

cada institucin tena un canal, donde la informacin slo reproduca las partes oficiales: nicamente se transmita la historia oficial que negaba la existencia de los delitos co-metidos por el Estado, los secuestros, torturas, ejecuciones clandestinas. Esos informes se publicaban en forma acrti-ca, como si fueran la verdad revelada. No haba investiga-cin de todos estos mtodos atroces que estaba aplicando la dictadura.

Esto cre una sicosis en la sociedad argentina que dur varios aos. La tarea de las organizaciones de Derechos Hu-manos y de quienes en forma clandestina intentaron ejer-cer un periodismo investigativo era denunciar la realidad de lo que ocurra, para enfrentar esa sicosis fabricada. La Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), de la cual for-m parte, enviaba informacin al exterior y a los grandes medios del pas. En la Argentina jams la publicaban, pero sin duda la reciban: luego de la dictadura encontr algunos de esos informes en el archivo de uno de los grandes diarios nacionales.

La sociedad argentina fue despertando con lentitud a las atrocidades cometidas en todo el territorio nacional y

que haban respondido a un plan sistemtico y orgnico. Esta toma de conciencia se debi a la firme-za de los organismos defensores de los derechos humanos, pero tambin a la incompetencia del gobierno militar para manejar la situacin econmica y a la guerra

perdida en las Malvinas. La suma de todos estos elemen-tos produjo el colapso de la dictadura. Sin embargo, cuando trascendi la informacin sobre los campos de concentra-cin que haban funcionado en unidades militares y policia-les de todo el pas, cuando se supo sobre los secuestros, las torturas para obtener informacin y el asesinato clandestino de miles de vctimas, los mismos medios de comunicacin que haban apoyado en forma acrtica a la dictadura comen-zaron a publicar estas informaciones desde un punto de vis-ta sensacionalista. As, el hallazgo de cadveres y de fosas comunes comenz a verse bajo un criterio comercial escan-daloso. Sin bien es cierto que no hay nada ms estremecedor que una madre descubriendo la fosa comn donde ha sido arrojado su hijo y tratando de recuperar los restos, publicar esto sin ningn tipo de contextualizacin o explicacin de a qu obedeci el crimen, en qu momento ocurri, cmo fue

Horacio Verbitsky*Director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina

Publicar... sin contextualizacin o explicacin de a qu obedeci el crimen, en qu momento ocurri, cmo fue posible, quines participaron, slo produce una deformidad en la informacin.

* Periodista y autor de reconocidas publicaciones sobre la dictadura en Argentina. La Latin American Studies Association (LASA) lo premi por la mejor cobertura periodstica de largo plazo en Amrica Latina. Actualmente dirige el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) en Argentina, integra el Consejo Directivo de la Fundacin Nuevo Periodismo Iberoamericano creada por Gabriel Garca Mrquez y la Junta Directiva de Human Rights Watch/America.

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posible, quines participaron, slo produce una deformidad en la informacin.

Una vez terminada la dictadura, empez un perodo de duelo que el periodismo aprovech para retomar aque-llas investigaciones que haba hecho en la clandestinidad, obtener ms elementos y comenzar a divulgarlos. En mi caso, por ejemplo, en 1976 publiqu clandestinamente un informe sobre la Escuela de Mecnica de la Armada, uno de los principales campos de concentracin que funcionaron en el rea de Buenos Aires. En 1994, en seguimiento de toda esa informacin, detect que el gobierno del Presidente Menem haba propuesto el ascenso, a capitanes de Navo, de dos torturadores de ese campo de concentracin. Publi-qu la historia en un contexto parecido al que vive actual-mente Colombia: bajo un gobierno democrtico, con una prensa que de alguna manera trataba de despertarse y de recuperar el tiempo perdido cuando los hechos ocurran. La divulgacin de esos antecedentes produjo un gran debate pblico que dur casi un ao. Por primera vez dos oficiales fueron citados a declarar por el Congreso. Ante los legis-ladores ambos admitieron que se haba utilizado la tortura contra prisioneros. En consecuencia, el Senado les neg el ascenso. Poco despus, en el metro se me acerc un hombre que me conoca por mi participacin pblica en ese debate. Haba sido oficial de la Marina y compaero de aquellos dos ofi-ciales. Como resultado de una se-rie de entrevistas que le hice a lo largo de varios meses, en marzo de 1995 publiqu su confesin de haber arrojado 30 personas al mar desde aviones de la Marina en 1977.

Esto tuvo una enorme repercusin dentro y fuera del pas. A partir de ah se produjo un encadenamiento de con-fesiones que, como periodista, me permiti continuar con aquellas investigaciones que haba hecho en la clandestini-dad desde 1976 y, a partir de las confesiones de este hombre 20 aos despus, confirmar lo que haba encontrado. Aqu hay un aspecto muy importante de la relacin de la sociedad con estos episodios: siempre se haban conocido los hechos por el testimonio de los sobrevivientes, pero nunca por la confesin de los perpetradores. Durante el juicio a las juntas militares de 1985, el presidente Alfonsn no permiti que sus audiencias fueran transmitidas por televisin y slo se pudieron difundir imgenes mudas, tomadas en un ngulo que no permita ver la cara de los testigos.

La cobertura que cada medio hizo de los juicios y de los hechos atroces fue distinta. Algunos hicieron un segui-miento formal sobre lo que se deca en el juicio. Otros ha-

can hincapi sensacionalista en los hechos pero no ayu-daban a entender en qu contexto ocurrieron. Muchos, sin embargo, trataban de narrar los hechos que eran significati-vos de las atrocidades cometidas, pero ayudando al lector a entender cmo eso haba sido posible, qu significaba para la sociedad que haba sido vctima de esos episodios y de qu manera sta poda manejarlo para construir su futuro.

El objetivo de Alfonsn al impulsar los juicios para im-pedir que las Fuerzas Armadas volvieran a tomar el poder en el futuro haba sido poltico. En ese sentido, Argentina vivi un cierre totalmente poltico de su pasado violento. En efecto, luego de los alzamientos de los militares carapin-tada de 1987, Alfonsn temi que esos hechos fueran el pre-ludio de un nuevo golpe militar. Se sancionaron entonces leyes de impunidad que cortaron la posibilidad de los jui-cios. Y aqu viene la parte de la historia que puede servir en Colombia: a pesar de que esas leyes cerraban los juicios con absoluciones forzosas, los organismos de Derechos Huma-nos y el periodismo siguieron denunciando, investigando, reclamando que se hiciera justicia, recurriendo incluso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no slo al sistema judicial local. No obstante, slo en 1995, cuando el capitn Scilingo confes yo arroj a 30 personas al mar, un sector importante de la sociedad asumi el sentido de esa

informacin. En ese momento dej de haber dos versiones de la historia: como las imgenes que se van aproximando y finalmente se superponen y forman una nica imagen n-tida, a partir de esa confesin en la Argentina no hubo ms discusin sobre el tema. En medio de la conmocin causada por estos hechos el presidente fundador del CELS, Emilio Mignone, padre de una adolescente detenida-desaparecida, reclam a la justicia que investigara qu haba ocurrido con ella. Las leyes de perdn impedan juzgar a los responsa-bles, pero el deber estatal de averiguar la verdad e informar-la a los familiares subsista. Comenzaron as los juicios por la verdad, que se fueron extendiendo a todo el pas.

Tambin comenzaron las denuncias contra los milita-res argentinos en Espaa, a partir de una decisin del fiscal Carlos Castresana. En ese proceso, el juez espaol Baltasar Garzn pidi la extradicin de un centenar de militares ar-gentinos, con un argumento que resultaba extraordinario en ese entonces, pero que apenas una dcada despus ya pa-

Los organismos de Derechos Humanos y el periodismo siguieron denunciando, investigando,

reclamando que se hiciera justicia

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rece formar parte del sentido comn general. Si un crimen contra la humanidad no es castigado all donde se cometi, puede serlo en cualquier otro pas del mundo, porque el bien jurdico protegido es todo el gnero humano. Los chilenos que vivan en Espaa pidieron que tambin sus casos fueran juzgados por la magistratura de Madrid.

La detencin del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, tambin por orden de Garzn, cuando faltaban das para el medio siglo de la Declaracin Universal de los Derechos del Hombre por las Naciones Unidas, fue un pun-to de inflexin internacional. Al da siguiente un juez de Buenos Aires detuvo a uno de los ex dictadores argentinos por el robo de bebs. Este delito no haba sido perdonado por las leyes de impunidad; sin embargo, hasta ese momen-to los jueces argentinos no haban avanzado en las investi-gaciones sobre esos casos.

En el ao 2000, con la plana mayor de las Fuerzas Armadas de la dictadura ya detenida por la apropiacin de bebs, con los juicios por la verdad extendidos a todo el pas, con procesos y en algunos casos condenas contra terroristas de Estado argentinos en Italia, Francia, Alema-nia y Estados Unidos, no quedaban ms razones jurdicas, ticas ni polticas, nacionales o internacionales, para que subsistieran las leyes de impunidad. Ese ao, como presi-dente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), present un pedido de nulidad de esas leyes a la justicia ar-gentina. En marzo de 2001, cuando estaban por cumplirse 25 aos del ltimo golpe militar, la movilizacin social en repudio a las violaciones a los derechos humanos equilibr las presiones de los diversos sectores del poder sobre la justicia para que no avanzara, y permiti que el juez Ga-briel Cavallo declarara la nulidad de las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. En 2005 la Corte Suprema de Justicia confirm esa decisin y en este momento avan-zan los juicios de unos 300 procesados por hechos atroces cometidos durante la dictadura.

Quisiera contarles lo que pude observar en octubre de 2007 en Barcelona, donde se sancion una ley de reparacin histrica y se cre el Memorial Democrtico para investigar los crmenes cometidos durante la dictadura espaola. Si bien la dimensin penal es all muy difcil por el tiempo que ha pasado y porque muchos de los perpetradores ya no viven, percib un clima muy fuerte de discusin sobre si esa ley de reparacin histrica era suficiente o insuficiente, si era mucho o era poco. Desde mi punto de vista, inten-t transmitirles lo esencial de la experiencia argentina, que quisiera transmitir tambin aqu. Existe un momento hist-rico para cada cosa. Una ley no es algo definitivo, no es algo eterno ni constituye un dogma. Slo expresa las relaciones

de fuerza en un momento determinado, que pueden modi-ficarse maana. De modo que la lucha por la verdad y la justicia no debe cesar porque las condiciones del momento sean adversas. Esa batalla no se libra en los tribunales sino en la sociedad y su grado de conciencia.

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Mi exposicin se centrar en la funcin que pueden desempear los medios de comu-nicacin en las Comisiones de la Verdad, y particularmente, en cul fue el papel de los medios en el caso de la Comisin de Surfrica en la que particip tanto en su concepcin como en su funcionamiento.

Uno de los presupuestos bsicos en contextos donde han ocurrido crmenes atroces es que el papel de los me-dios de comunicacin es crucial para analizar esos procesos que atravesaron las sociedades, con el objetivo de que estos crmenes no ocurran de nuevo. En el caso de Surfrica, lo primero que se debe decir, es que durante la poca del Apar-theid los medios estuvieron controlados por el gobierno. Los medios de comunicacin representaban, en trminos ideolgicos, la propaganda estatal a favor de la esclavitud defendida por el gobierno. En esencia, podra decirse que fue una poca de terror, en la que la nica informacin que no se censuraba y sobre la que haba cierta seguridad eran los deportes, la cultura y la poltica. Asuntos que realmente no desafiaban la estructura establecida por el Apartheid.

Muy pocos medios de comunicacin lograron hacer frente al discurso oficial. En general los medios no siempre fueron un arma investigativa. Sin embargo, uno de los as-pectos ms interesantes de la Co-misin de la Verdad en Surfrica fue precisamente el haber abierto la investigacin sobre 100 aos de control colonialista y censura de la informacin. En un proce-so de transparencia, durante tres aos los medios hicieron un cubrimiento masivo de la se-leccin de los 300 miembros de la Comisin, las conferen-cias abiertas, las reuniones en las escuelas y las audiencias parlamentarias para la discusin de las leyes, convocadas por la Comisin de Verdad y Reconciliacin.

Cmo facilit la Comisin de la Verdad el cubri-miento de los medios de comunicacin? Justo despus de la instalacin de la Comisin, se realizaron dos seminarios de alto nivel en los que participaron los medios de comu-nicacin y varios periodistas reconocidos. El objetivo era hablar acerca de los aspectos logsticos y administrativos, y las consecuencias que en la esfera de la justicia implicaba realizar el cubrimiento de las actividades y del trabajo de la Comisin de la Verdad. El resultado fue la seleccin de

un grupo de periodistas de los principales medios de tele-visin, prensa escrita y radio para cubrir por tres aos el trabajo de la Comisin.

Lo que hay que resaltar es que este cubrimiento no fue una iniciativa propia, sino una misin que se les encomen-d. Hubo un equipo de periodistas encargado de transmitir el trabajo de la Comisin en vivo en la radio, en las revistas semanales y en un programa de televisin que obtuvo una de las audiencias ms altas entre los programas de ese mo-mento. Esto puede darles una idea de cmo el trabajo de la Comisin fue amplificado por el alto cubrimiento de los medios. Sin lugar a dudas, este cubrimiento permiti que se generara un entusiasmo frente al trabajo que estbamos haciendo en todas las regiones del pas. De alguna manera veamos que el pas nos observaba y que se sinti cautivado por lo que hacamos. Ese fue el capital moral de la Comi-sin de la Verdad en Surfrica y una de las razones por la cul recibi tanta atencin por parte de la prensa.

Una de los consecuencias interesantes de esta cober-tura fue el cambio en el lenguaje entre la poblacin blanca de Surfrica. De alguna manera se desplaz la referencia de las justificaciones del Apartheid a un tipo de sancin mo-ral dirigida a saldar las injusticias del pasado. Despus de la instalacin de la Comisin de la Verdad, no era extrao

escuchar a la poblacin blanca de Surfrica decir: el Apar-theid era realmente espantoso, no lo sabamos. Ahora lo sa-bemos y esto es terrible.

Este cambio en el lenguaje y la actitud frente a la vio-lencia vivida tambin se evidenci en los testimonios en las audiencias de las vctimas y de los partidos polticos. En ese momento era impensable que pudiera decirse que el Apartheid no haba causado sufrimientos. Todo esto fue captado por la Comisin y tuvo fuerza social gracias a la co-bertura de los medios de comunicacin. stos estimularon un dilogo nacional sobre la responsabilidad de la poltica del Apartheid.

Sin embargo, no todo fue cubrimiento. Tambin reali-zamos una serie de audiencias que estaban dedicadas a dis-

Pal van Zyl*Vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)

La bsqueda de la verdad con el apoyo de los medios de comunicacin fue la fuerza moral ms

grande en Surfrica

* Fue secretario ejecutivo de la Comisin de Verdad y Reconciliacin de Surfrica entre 1995 y 1998. Ha sido investigador de la Comisin GoldStone y director del Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) en Johannesburgo. Se desempe como director del Programa de Justicia Transicional en la Universidad de Columbia y hoy en da es profesor de esta institucin as como de la Universidad de Nueva York.

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cutir cul haba sido el papel de los medios durante el Apar-theid, cmo estaban cumpliendo su labor con respecto a la Comisin de la Verdad y cmo deberan empezar a hacerlo. Para ello pedimos a los responsables de los principales me-dios de comunicacin, que haban trabajado bajo el viejo sistema de dominacin y que tenan una larga experiencia en la compaa radio difusora de Surfrica y en la prensa, que empezaran a pensar en su papel y su responsabilidad en el contexto de una democracia. A partir de algunos casos particulares, discutimos sobre todo cmo los medios haban desilusionado y decepcionado al pas por no defender los intereses reales de la sociedad, distorsionando la verdad a travs de la propaganda, las mentiras y la justificacin del sistema de seguridad del Estado.

Tambin pensamos hacia el futuro sobre varias cues-tiones: qu podamos hacer como sociedad para que los periodistas no volvieran a caer en esta trampa? Cmo ga-rantizar que los medios no estuvieran controlados por los diferentes partidos polticos? Cmo garantizar que exis-tiera un sentido tico que fuera parte de la formacin de los periodistas? Cmo garantizar que existan mecanismos independientes de reclamo entre las diferentes fuerzas?

No es fcil explicar todo el sistema del Apartheid y menos aun todo el mundo postapartheid. Sin embargo, si algo se puede extraer de toda esta historia, es que el ejercicio de la bsqueda de la verdad con el apoyo de los medios de comunicacin fue la fuerza moral ms grande en Surfrica.

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los medios masivos de comunicacin en contextos de justicia tRansicionalEl proceso relacionado con la Ley de Justicia y Paz en Co-lombia es probablemente el tema de actualidad ms im-portante en el rea de la justicia transicional. Sin embargo, aunque Colombia es un caso muy especfico, no es el nico pas tratando de enfrentar un contexto de violencia sistem-tica. Durante los ltimos 20 aos, hemos sido testigos de mltiples juicios de crmenes de guerra en distintos pases. Estos incluyen:

Tres tribunales internacionales: el Tribunal Penal Inter-nacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), el Tribu-nal Penal Internacional para Rwanda (TPIR), y la Corte Penal Internacional (CPI);Paneles Internacionales Especiales en Timor Oriental y Kosovo;Tres importantes cortes hbridas, cada una bastante di-ferente a la otra: la Corte Especial para Sierra Leona, la Sala de Crmenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Her-zegovina, y las Cmaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya. (A esta lista podramos sumar el prximo Tribunal Especial para el Lbano);Un gran nmero de juicios nacionales, algunas veces a escalas sin precedentes: Rwanda (ms de 800,000 personas han sido juzgadas a la fecha por genocidio), El Congo, Etiopa, Irak, Argentina, Chile, Per (y Uru-guay, Brasil, y otros por venir), Croacia, Serbia y Bos-nia, Gran Bretaa, los Pases Bajos, Francia e incluso Rusia.Un nmero creciente de juicios bajo el principio de jurisdiccin universal: sospechosos de genocidio en Rwanda han sido juzgados en Blgica y Suiza, estn ahora siendo juzgados en Canad, y probablemente lo sern en Francia y Espaa y tal vez en otros pases eu-ropeos; afganos han sido juzgados en Gran Bretaa y los Pases Bajos; perpetradores latinoamericanos han enfrentado la justicia en Espaa; un mauritano ha sido declarado culpable en Francia y un antiguo presidente de Chad es procesado en Senegal.Sin embargo, el proceso colombiano el cual usual-

mente defino de manera breve como un indulgente sistema de justicia criminal domstico, con nfasis en la revelacin de la verdad e indemnizaciones no se compara fcilmente con la mayora de las otras situaciones en dcadas recientes. Por ejemplo, el proceso de la Ley de Justicia y Paz ha sido

sometido a cambios significativos en el camino. En general el marco cambia mientras est siendo negociado, y una vez se ha acordado, permanece relativamente estable. No obs-tante, en este caso ese marco ha sido sometido a modifica-ciones sustanciales por la Corte Constitucional por ejem-plo y ha mostrado su sensibilidad al fluctuante ambiente poltico colombiano. De hecho, esta evolucin puede ser tan rpida en algunos aspectos que es fcil perderle el hilo si no se le est haciendo un seguimiento detenido. Otros factores claves que limitan la posibilidad de hacer compa-raciones con otros procesos recientes de justicia transicio-nal en el mundo tienen que ver con que el proceso de la Ley de Justicia y Paz se lleva a cabo (1) en un pas con un sistema poltico democrtico; (2) en medio de un conflicto permanente; y (3) con la presencia de una prensa fuerte y profesional.

En la mayora de los pases y sociedades en donde se han instaurado tribunales internacionales, la prensa est le-jos de tener el nivel de desarrollo que tiene en Colombia. Varios casos dan cuenta de esto. No hay duda de que en Rwanda la prensa jug un rol importante en exponer los abusos del poder antes de los casos de genocidio. Sin em-bargo, hoy es claro que la prensa no ha desempeado un papel significativo en el cubrimiento del proceso judicial que se est llevando a cabo para castigar el genocidio. Por otro lado, en el caso de Rwanda la justicia tanto nacional como internacional slo ha lidiado con el genocidio de los Tutsis. Ninguno de los crmenes contra la humanidad que se estaban cometiendo al mismo tiempo contra los Hutus civiles ha sido abordado por las cortes. La prensa tampoco ha llenado este inmenso vaco. Es cierto que en su etapa actual el proceso de Justicia y Paz slo se ocupa de los para-militares. En ese sentido Rwanda provee una leccin sobre la importancia de no olvidar los dems crmenes. Pero de nuevo, los medios masivos de comunicacin colombianos s parecen estar conscientes de esto y el sistema poltico del pas no se compara fcilmente con el de Rwanda.

Lo mismo aplica hoy para Camboya, en donde los me-dios de comunicacin tampoco jugaron ningn rol central en el establecimiento del tribunal para juzgar a los antiguos lderes del Khmer Rouge. Sin embargo, uno de los fenme-nos interesantes en Camboya es que la existencia misma del tribunal hizo que el perodo del Khmer Rouge se convirtiera en los ltimos meses en una noticia actual aunque esto cla-ramente no es as. En este caso los medios han acompaado

Thierry Cruvellier*Editor de la publicacin International Justice Tribune y consultor

del Centro Internacional para la Justicia transicional (ICTJ)

* Periodista, su trabajo se ha concentrado en el cubrimiento de procesos de justicia transicional como los llevados ante el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR), y la implementacin de la Comisin de Verdad y Reconciliacin de Sierra Leona y de la Corte Especial para Sierra Leona. Durante 1994-1995 se desempe como representante de Periodistas sin Fronteras en la regin de los Grandes Lagos.

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y amplificado el proceso una vez ste ya estaba en movi-miento.

En el contexto ms desarrollado de la antigua Yugos-lavia, algunos medios han jugado un rol activo e importante en la investigacin de los crmenes y en revelar la verdad en relacin con algunos temas polticamente sensibles. Por ejemplo, en la Repblica Srpska, en la parte de Bosnia que es gobernada por serbios, el peridico Nezavisne Novine ha publicado historias reveladoras sobre los crmenes cometi-dos por los serbios en contra de la minora musulmana. Pero en estos casos las consecuencias son evidentes: el director del periodico, Zeljko Kopanja, pag un alto precio por cu-brir estos hechos, perdiendo sus dos piernas en un atentado con un carro bomba. En Croacia el trabajo del periodista Drago Hedl ha sido crucial para llamar la atencin judicial sobre los crmenes cometidos por los croatas en contra de los serbios. No obstante, incluso en los Balcanes ni el de-sarrollo de la prensa ni el de la democracia pueden compa-rarse con los de Colombia. De hecho, en todos estos pases fueron las ONG las que jugaron un rol decisivo en la bs-queda de la verdad, en el trabajo sobre la memoria histrica

y en el monitoreo del proceso judicial. Ciertamente, uno de los principales problemas de las

cortes internacionales contemporneas, o de las cortes na-cionales aplicando la jurisdiccin universal, es que ellas no se confrontan con la sociedad que ha sufrido los crmenes. Estn muy alejadas geogrfica, cultural, histrica y social-mente de las sociedades afectadas. Por eso mismo estas cor-tes tampoco se confrontan con unos medios de comunica-cin locales preocupados y firmes. Este no es un problema que Colombia vaya a tener.

Sin embargo, los tribunales internacionales han sido testigos de un fenmeno interesante, aunque problemtico, con el creciente poder de las ONG, que en muchos casos se ha traducido en la organizacin de nuevos medios de comunicacin. Un cubrimiento extensivo del Tribunal In-ternacional Penal para la antigua Yugoslavia (TPIY) ha sido producto del trabajo de las agencias SENSE y IWPR mane-jadas por ONG; el cubrimiento detallado sobre la Sala de Crmenes de Guerra en Bosnia es principalmente el traba-jo de la ONG local BIRN; las ONG Fondation Hirondelle

(Suiza), Intermedia (Francia) e Internews (Estados Unidos) han cubierto el TPIR, mientras que en Rwanda la ONG de Derechos Humanos Liprodhor alguna vez cubri los juicios del genocidio. Sin duda alguna, el trabajo realizado por las ONG ha contribuido a llenar el vaco dejado por los me-dios de comunicacin tradicionales; no obstante, tambin genera cierta preocupacin, en la medida en que las metas de las ONG y las de los medios no necesariamente son las mismas.

Si se quisieran extraer algunas lecciones para Colombia en relacin con el rol de los medios de comunicacin, sera de ms ayuda remitirse a las experiencias de sociedades ms desarrolladas. Algunos ejemplos que se me vienen a la cabeza son el debate pblico que se dio en Francia a raz de los tres juicios ms importantes de la Segunda Guerra Mundial, que fueron organizados a finales de los aos 80 y principios de los 90; o el debate actual en Espaa sobre los crmenes cometi-dos durante la guerra civil bajo la dictadura de Franco.

A este respecto, cuando se trata de abordar el rol de los medios de comunicacin, Colombia est mucho mejor equipada que la mayora de los otros pases que han enfren-

tado procesos judiciales masivos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la experiencia en Co-lombia es parte de un movimiento global en el que cada caso puede influenciar a cualquier otro y en donde remitirse a otros modelos es de gran ayuda para entender y

analizar mejor un caso particular. Probablemente esto es de lo que ms carecen la gran mayora de los reporteros que cubren procesos de crmenes de guerra: un anlisis compa-rativo de otras experiencias que permita fortalecer la cali-dad de su reportaje.

veRdad judicial y veRdad HistRica Siempre vale la pena recordar que el tipo de verdad

que se obtiene en una corte, y de hecho, el tipo de verdad que una corte necesita, frecuentemente es muy diferente a la verdad histrica. Algunas veces esas dos esferas de la verdad pueden llegar incluso a contradecirse.

Los tribunales internacionales han sido particularmen-te eficientes en dos asuntos: llamar la atencin de los me-dios de comunicacin en el mbito mundial sobre algunos de los crmenes cometidos, y facilitar que algunos de estos grandes crmenes hayan logrado convertirse en parte de la memoria histrica colectiva de la humanidad. En este senti-do, las cortes tienen un poder simblico excepcional.

Colombia est mucho mejor equipada que la mayora de los otros pases que han enfrentado procesos judiciales masivos.

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No obstante, en trminos de verdad histrica se debe ser cauteloso. El tipo de narrativa que se obtiene de las sen-tencias de los juicios y de las decisiones de los tribunales internacionales a veces es problemtico. No se puede negar que existe un increble valor histrico en lo que se recoge en estas investigaciones de las cortes. Pero esta evidencia no necesariamente es usada en la corte o presentada abier-tamente al pblico. Hasta cierto punto, los archivos de las cortes internacionales pueden ayudar ms a la verdad y a la memoria histrica que al resultado judicial final. Esta es una buena invitacin para los reporteros: hay que desenterrar lo que est en los archivos de estos procesos judiciales, por lo menos, mientras pueda tenerse acceso a ellos. En esencia, esos archivos son una mina para la bsqueda de la verdad, mucho ms valiosos que los propios procesos pblicos.

los RepoRteRos y las confesiones El proceso alrededor de la Ley de Justicia y Paz depen-

de en gran medida de las versiones libres. Es una parte esen-cial e integral del mecanismo. Sin embargo, el problema no est en definir si eso es bueno o malo. Ms bien se trata de discutir el acuerdo al que se lleg para que aquello fuera as. Incluso lo que es ms importante es evaluar si esas confesiones son o no proble-mticas en trminos de la bsqueda de la verdad histrica.

Tomemos nuevamente el ejemplo de Rwanda. All miles de sospechosos de genocidio han confesado su par-ticipacin y responsabilidad, con el propsito de obtener beneficios del sistema judicial gacaca que provee senten-cias reducidas a cambio de declaraciones de culpa. Es am-pliamente reconocido que de estas confesiones se obtuvo un grado de verdad suficiente sobre algunos hechos, pero tambin verdades a medias y mentiras evidentes. Tambin hay que reconocer que este tipo de mecanismo ha sido una receta exitosa para filtrar las denuncias incorrectas, y mu-chas veces generalizadas, sobre los implicados en los cr-menes juzgados.

La leccin es clara: las confesiones valen lo que va-len pero los reporteros deben ser muy cautelosos al usarlas. Esto evidentemente aplica en el caso colombiano. En 2007 pareca que el primer resultado obvio de las confesiones de los paramilitares era la identificacin de cientos de fosas co-munes. Una comparacin interesante es que, a la fecha, en Rwanda este ha sido tambin el resultado ms claro y acer-tado de la campaa masiva de las confesiones. Obviamente

no se trata de un logro insignificante para las vctimas. Pero no hay que olvidar que eso no significa que tales confesio-nes se puedan igualar a la verdad, o a lo que esperamos que sea la verdad, en un contexto en donde la violencia supera la existencia de fosas comunes.

Lo que quiero sealar es que los juicios y las confesio-nes son una parte esencial de garantizarles la justicia a las vctimas de crmenes de lesa humanidad; pero no necesaria-mente son el mejor escenario para revelar toda la verdad. Es claro que los medios de comunicacin tendran que ir mu-cho ms all de este marco jurdico para cumplir con esta meta de garantizar un horizonte ms amplio de verdad.

filmaR los juicios de cRmenes de GueRRaLa pregunta sobre si filmar las versiones libres o no

fue un asunto lgido al final del ao pasado en Colombia. No s cul sea la situacin en este momento. Sin embargo, permtanme sealar dos cosas: primero existe un principio aceptado segn el cual estos juicios pueden y, de hecho,

deben ser filmados. Ningn tribunal internacional o tribual hbrido ha dejado de organizar y permitir la filmacin de sus audiencias. Ya no es un asunto de debate: es un deber aceptado filmar los juicios de crmenes de guerra. Pero en segundo lugar, parece que la mayora de los tribunales ha fallado parcialmente en entender el rol de estas imgenes y la razn por la que debe filmrselos.

La idea de registrar estos momentos en una cinta cine-matogrfica naci en los juicios de Nuremberg. Existen 26 horas de grabaciones del juicio principal de Nuremberg en 1945. Despus, en 1961, Israel decidi filmar la totalidad del juicio contra Adolf Eichmann en Jerusaln. De hecho se trata de los juicios de crmenes de guerra mejor filmados en la historia. En 1987 Francia llev a juicio al antiguo nazi Klaus Barbie y bajo condiciones muy estrictas de divulga-cin pblica, este juicio se convirti en el primero en ser filmado en el pas. Parte de las grabaciones fueron pbli-camente divulgadas 13 aos despus de la finalizacin del caso. Lo ms importante es que Francia organiz una comi-sin especial para discutir y estudiar cmo debera hacerse la filmacin. Esa comisin estaba conformada no slo por

Los juicios y las confesiones son una parte esencial de garantizarles la justicia a las vctimas de crmenes

de lesa humanidad; pero no necesariamente son el mejor escenario para revelar toda la verdad.

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abogados, sino tambin por historiadores y artistas. Lo sorprendente de esta historia de las filmaciones de

crmenes de guerra, es que ni en ese entonces ni ahora se tena claro cul era el propsito de estas grabaciones. Pen-semos en lo que sucedi la semana pasada en la primera audiencia pblica del Tribunal para el Khmer Rouge en Phnom Penh. Para millones de camboyanos fue un even-to histrico ver al antiguo director del ms infame centro de tortura entre 1975 y 1979 enfrentando a los jueces. Sin embargo, lo dramtico del asunto es que ningn ciudadano pudo ver nada, pues la audiencia fue filmada tan deficiente-mente que estas grabaciones pueden considerarse hoy como una prdida para la historia de la nacin.

Es claro que es necesario hacer que las cortes entien-dan mejor el significado y el uso asociados con las im-genes de estos juicios. Debe existir un reconocimiento por parte del sistema judicial de que, una vez se han instaurado una serie de reglas sobre qu y cundo filmar en los jui-cios, estas grabaciones deben delegarse a profesionales (no simplemente tcnicos) que puedan disear una estrategia de filmacin. Este carcter profesional de las filmaciones es esencial. Y creo que esto es algo en lo que Colombia tam-poco se queda atrs: tiene historiadores y tiene cineastas, lo que falta es ser osados y creativos, y pensar en el tipo de beneficio que la imagen incorpora a la memoria histrica. Al fin y al cabo esto es lo nico que queda cuando todo ha terminado, y puede que esto sea lo nico que muchos colombianos logren ver en el futuro sobre esta parte de su historia. Filmar los juicios se convierte entonces en el cen-tro de la construccin de la memoria histrica. Sin embargo, esto depende no slo de la existencia de estas grabaciones, sino de las decisiones tcnicas que se tomen sobre cmo llevarlas a cabo. Esta puede ser una invitacin para los co-lombianos: por qu no pensar en que, cuando se trate de filmar los juicios de estos crmenes, Colombia sea el lugar por el momento que vive que pueda tomarse como mo-delo sobre el asunto.

el viGilante Los medios masivos de comunicacin colombianos

estn en una posicin mucho ms fuerte y optimista para realizar con xito su labor en la bsqueda de la verdad y la preservacin de la memoria histrica, con respecto a lo que ha sido el caso en muchos otros pases que han enfrentado enjuiciamientos de crmenes de guerra en los ltimos 15 aos (con la excepcin de otros pases lati-noamericanos). De hecho, es posible que algunos de los periodistas colombianos tengan mucho que ensear al res-

to de los miembros de nuestra profesin sobre los temas de verdad, memoria histrica y medios de comunicacin. Mientras tanto, insisto, sigue siendo un ejercicio valioso revisar las experiencias que se han llevado a cabo en otros pases. Por muy diferentes que las experiencias interna-cionales puedan llegar a ser, siempre permiten poner las cosas en perspectiva, y a veces, anticipar algunas de las dificultades.

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IIMEDIOS DE COMUNICACIN, VERDAD

Y MEMORIA EN COLOMBIA

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Estamos atravesando uno de los momentos ms crticos de nuestra historia. Enfrentamos una bsqueda de la verdad