desafíos del sistema penal acusatorio de michoacán en materia...
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Desafíos del sistema penal acusatorio de Michoacán en materia de comunicación y cultura: audiencias públicas, period ismo acusatorio y rendición de cuentas.
Sergio Leñero Reveles1 y Emilio V. Carranza Gallardo2
Resumen
La experiencia chilena en la implementación del nuevo sistema de justicia penal demuestra que un periodismo sensibilizado en los principios acusatorios y en los derechos humanos se convierte en un aliado cualitativo en cuestiones de comunicación y cultura de tal magnitud, que en el contexto presente de Michoacán se hace indispensable concretizar la capacitación de las y los periodistas, al igual que su incorporación al gradual proceso de implementación, para así enfrentar en corresponsabilidad los desafíos que implican la transformación hacia una cultura de rendición de cuentas y la socialización de la reforma en las seis regiones judiciales del estado.
Palabras clave: sistema penal acusatorio, implementación en Michoacán, periodismo, rendición de cuentas, capacitación.
Abstract
The experience of Chile concerning the implementation of the new criminal justice system shows that sensibilized journalism on the accusatorial principles and human rights becomes a qualitative ally of such magnitude in issues of communication and culture, that in the present context of Michoacan it is essential to concretize the professionalization of journalists, and to incorporate them into the gradual implementation process, in order to face in co-responsibility the challenges that the transformation towards a culture of accountability signify, and the socialization of the reform in the six judicial regions of the state.
Keywords: accusatory criminal system, implementation in Michoacan, periodism, accountability, professionalization.
1 Coordinador del proyecto Violencia y Medios del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, (Insyde). Licenciado en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con estudios en derechos humanos en la Universidad Iberoamericana. Correo electrónico: [email protected]
2 Investigador del proyecto Violencia y Medios del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, (Insyde). Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, con estudios en el Máster de Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: [email protected]
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I. IMPLEMENTACIÓN EN MICHOACÁN, CAPACITACIÓN Y PERIODISMO.
1.1 Planteamiento de la cuestión
En el presente contexto michoacano de implementación del sistema penal
acusatorio se hace imprescindible brindar una mirada desde la perspectiva de las
organizaciones de la sociedad civil en cuanto a las implicaciones que las
audiencias públicas tendrán con respecto a la transformación cultural necesaria
para que la población michoacana se apropie del nuevo sistema de justicia penal.
La introducción del sistema penal acusatorio en América Latina es una
transformación paradigmática, en donde se deja atrás la justicia penal inquisitoria-
mixta arrastrada de la época colonial para abrir paso a un sistema de justicia que
funciona con los principios de los Estados democráticos de derecho, cuyo principal
objetivo es el resguardo de los derechos humanos. Una transformación jurídica-
procesal de esta envergadura requiere, necesariamente, estar acompañada por
una profunda transformación cultural. La cultura de la transparencia, la puesta en
práctica de los mecanismos de rendición de cuentas y la garantía de los derechos
humanos son el objetivo último de esta transformación en el sistema de justicia. El
complejo proceso cultural de aceptación, acercamiento, adopción y evaluación del
sistema penal acusatorio que realizarán los operadores del sistema de justicia y la
sociedad civil organizada, sólo tendrá los resultados esperados si es acompañado
con una estrategia de comunicación-capacitación-educación transdisciplinaria.3
3 La comunicación y la cultura es el campo epistemológico transdisciplinario desde donde se construye conocimiento del entramado discursivo que es la comunicación, visto como un hecho cultural de interacción entre los sujetos sociales en donde se produce el sentido y los significados en un espacio-tiempo determinado. Las prácticas comunicativas son entendidas como los espacios formativos en donde la interacción se convierte en un proceso de información o de des-información cultural: educación de los actores, de los significados, de los canales, de los códigos y de los mensajes, que no son neutros ni fijos.
El campo de la comunicación y la cultura es un campo transdisciplinario en la medida en que apela a la cualidad transformadora del conocimiento en distintas disciplinas (como la semiótica, la sociología, los estudios culturales, la lingüística, la pedagogía o la teoría literaria); transformación de carácter político que visualiza como objetivo a los métodos democráticos de comunicación. Se recomienda acudir a trabajos de Héctor Schmucler, Eliseo Verón, Emile Benveniste, Gilberto Giménez, Damián Loreti, entre otros.
3
La experiencia de las organizaciones de la sociedad civil mexicana apunta a la
necesidad por sensibilizar y profesionalizar a los diversos actores que serán
operadores, usuarios u observadores del sistema penal acusatorio con la finalidad
de robustecer el proceso de implementación.4 En el caso particular del Instituto
para la Seguridad y la Democracia, AC, (Insyde), a través del proyecto Violencia y
Medios, se trabaja de manera proactiva para que el periodismo mexicano, como
excepcional testigo-observador de lo que acontece en el sistema penal y como
actor principal para la socialización de las virtudes y retos de la justicia acusatoria,
se incorpore a la estrategia de implementación.
Como hace notar Ernesto Villanueva, la relación entre el poder judicial y el
periodismo en México no ha sido amistosa, dando como resultado que éstos
multiplicaran los juicios paralelos y aquél endureciera su opacidad. Falta de
transparencia y violaciones a los derechos humanos de los procesados son las
consecuencias directas de esta compleja relación. Empero, afirma Villanueva,
ambas son el resultado de cómo se maneja la información judicial.5 Si por
experiencia el poder judicial ha permanecido reacio a garantizar el principio de
publicidad en sus actos, esa ausencia de información ha provocado que el
periodismo utilice sólo información de “oídas” y, por lo tanto, configure los juicios
mediáticos con elementos distintos a los procesales; y viceversa, si por
experiencia el periodismo enfatiza la violencia en la búsqueda del impacto que
venda periódicos, esta fetichización de la información impide un diálogo con los
operadores del sistema de justicia y termina por alejar de la justicia penal a las
audiencias mediáticas.
Con el sistema penal acusatorio implementado en su totalidad en 2016, existe una
oportunidad histórica para que el panorama descrito se modifique. En términos de
comunicación-capacitación-educación, la justicia acusatoria abre una veta de
4 LARA, Marco, “La ‘mala prensa’ del sistema penal acusatorio”, La silla rota, México, 26 marzo 2012, www.lasillarota.com 5 VILLANUEVA, Ernesto, “Derecho de acceso a la información en el poder judicial, una aproximación al caso mexicano desde la perspectiva comparada”, Temas selectos de derecho de la información, México, UNAM-IIJ, 2004, págs. 169-179.
4
recursos informativos propia de una reforma de gran envergadura. Las fuentes
periodísticas acusatorias aportan diversos formatos de texto, imagen, audio y
video, principalmente por dos canales: la cobertura de las audiencias públicas y el
acceso a la información de la etapa de investigación.
El principio de publicidad se convierte en un medio para defender los derechos del
imputado y de la víctima, con el que es posible para un amplio público conocer las
actuaciones de la policía ministerial y los peritos, del ministerio público, del juez y
de la defensa. Éstos, al verse bajo el escrutinio social, tendrán que manejarse de
acuerdo al derecho procesal sin violar derechos humanos, convirtiendo al principio
de publicidad en una garantía política para la sociedad civil. Con la mancuerna
entre el debido proceso y el principio de publicidad se garantiza el derecho de
acceso a la justicia para las partes involucradas así como el derecho a la
información de la sociedad al acercar a los ciudadanos el sistema acusatorio.
En el presente trabajo se analiza, desde el campo de la comunicación y la cultura,
el proceso de implementación del sistema penal acusatorio que acontece en el
estado de Michoacán con respecto a dos elementos: i) la influencia de los medios
de comunicación como agentes críticos, independientes e indispensables para la
transformación cultural de la justicia michoacana, y ii) el principio de publicidad
como herramienta de transparencia-rendición de cuentas. Para alcanzar el
objetivo de este trabajo se acudirá a las experiencias empíricas del caso chileno
en materia de las audiencias públicas, así como a las estrategias de
comunicación-capacitación-educación transdisciplinaria que las organizaciones de
la sociedad civil mexicana aplican en nuestro país a través de técnicas
participativas en colectivo.
1.2 Estado del arte: implementación y capacitación en Michoacán
Las autoridades del estado de Michoacán han realizado importantes acciones para
que el sistema de justicia penal se encuentre completamente implementado en
2016 (CUADRO 1). A partir de la creación del Consejo de Coordinación para la
Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
5
en el Estado de Michoacán en mayo de 2010, han pasado tres años de intensas
labores que incluyen, entre otros, el nuevo Código de Procedimientos Penales
para el estado.
CUADRO 1. Cronología de normas reformadas en Michoacán (a partir de la reforma penal de 2008).
NORMA FECHA
Reformas a la Constitución Federal en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública.
18-06-2008
Ley de Justicia Integral para Adolescentes. 21-05-2009
Convenio para la creación del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán
27-05-2010
Decreto legislativo #212. Se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán de Ocampo.
10-06-2010
Reglamento Interno del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán de Ocampo.
12-11-2010
Reglamento de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán de Ocampo.
3-12-2010
Ley de Ejecución de Sanciones Penales. 14-06-2011
Reformas a la Constitución del Estado Libre y soberano de Michoacán de Ocampo en Materia Penal.
11-07-2011
Nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. 13-01-2012
Reglamento de los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales. 8-06-2012
Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal.
24-10-2012
Fuente: elaboración propia a partir de OROZCO FLORES, Jorge, “Los juicios orales en Michoacán”, CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE MICHOACÁN (comp.), Normatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Reformas, leyes y jurisprudencia, Morelia, México, 2012, págs. 7-16.
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal (Setec) afirmó en mayo de 2012 que el estado de
Michoacán se encontraba en la tercera etapa del proceso de implementación
6
(etapa de entrada en vigor o de publicación jurídica) de seis totales.6 Michoacán
era el decimotercer estado de la república en porcentaje de avance, en donde los
juicios orales comenzarían a operar el 21 de febrero de 2013. Sin embargo, en
febrero de 2013, el Consejo de Michoacán prorrogó el tiempo para el comienzo de
los juicios orales por seis meses, hasta febrero de 2014.7
La implementación del sistema penal acusatorio en Michoacán será de manera
gradual, de acuerdo a las directrices establecidas por la Setec (CUADRO 2). La
implementación gradual permite generar experiencia, ya que aporta a los
responsables del poder judicial un marco de observaciones cualitativas
participantes y no participantes. Las primeras refieren a la observación directa de
la implementación en sus primeras fases en el estado; las segundas son el estudio
y análisis de experiencias externas, a nivel nacional o internacional.
CUADRO 2. Implementación regional y gradual del sistema penal acusatorio en Michoacán, actualizada en febrero de 2013.
REGIÓN JUDICIAL FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN
Morelia (Morelia, Pátzcuaro y Zinapécuaro) 3 febrero 2014
Uruapan (Ario, Tacámbaro y Uruapan) 25 agosto 2014
Apatzingán (Apatzingán y Coalcomán) 12 enero 2015
Zamora (Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Puruándiro, Sahuayo, Tanhuato, Zacapu y Zamora)
29 junio 2015
Lázaro Cárdenas (Arteaga, Coahuayana y Lázaro Cárdenas) 6 enero 2016
Zitácuaro (Hidalgo, Huetamo, Maravatío y Zitácuaro) 13 junio 2016
Fuente: elaboración propia a partir de MONREAL, Patricia, “Aprueba Congreso prórroga a nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán”, en Cambio de Michoacán, Morelia, 18 febrero 2013.
Michoacán no es la única entidad que se encuentra retrasada con respecto a la
implementación de la reforma penal de 2008. De acuerdo con Ernesto López 6 SETEC, Metodología para la Planeación Integral de la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en las Instituciones Federales y en las Entidades Federativas de México, México, SEGOB/SETEC, 2012. 7 MONREAL, Patricia, “Aprueba Congreso prórroga a nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán”, en Cambio de Michoacán, Morelia, 18 febrero 2013.
7
Portillo, sólo en tres estados opera totalmente (Morelos, Estado de México y
Chihuahua); diez tienen operación parcial (Tabasco, Chiapas, Nuevo León,
Zacatecas, Durango, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Guanajuato y Baja California); en
dos está pendiente (Hidalgo y Quintana Roo); en cinco comenzará en 2013
(Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa y Tlaxcala); en tres comenzará en 2014
(Michoacán, Sonora y San Luis Potosí); dos más elaboran su Código (Colima y
Distrito Federal); y siete están plenamente atrasados (Querétaro, Nayarit, Jalisco,
Guerrero, Aguascalientes, Baja California Sur y Campeche).8
La Setec propuso en 2008 observar la planeación integral del proceso de
implementación del sistema penal acusatorio desde tres fundamentos: los
operadores, los ejes temáticos y las etapas.9 Como operadores considera: Poder
Judicial, Procuraduría de Justicia, Ministerio Público, Defensoría y Seguridad
Pública. Los ejes temáticos son: estudios y proyectos normativos, planeación y
prospectiva, reorganización institucional, capacitación, infraestructura y
equipamiento, difusión, evaluación y seguimiento, otorgamiento de recursos. Y las
etapas: preparación, socialización, publicación jurídica, vacatio legis, iniciación de
vigencia y despegue.
A partir de los tres fundamentos (operadores, ejes temáticos y etapas) la Setec
formuló cuatro objetivos estratégicos: i) implementar el sistema penal acusatorio
antes de 2016, ii) cumplir los principios acusatorios, iii) cambiar la cultura de los
operadores del sistema, iv) mejorar la percepción de la población hacia el sistema
penal.
En el contexto de 2013, para resolver el retraso de las entidades federativas con
respecto a la implementación del sistema penal acusatorio, la estrategia debe
trascender la falta de voluntad política o de recursos. Para que la implementación
se dé bajo el tiempo estipulado por la Setec, se tiene que enfatizar la 8 LÓPEZ PORTILLO, Ernesto, Desafíos y oportunidades para la implementación de la reforma penal: hacia una reforma policial en democracia, México, Insyde, abril 2013. 99 SETEC, Metodología para la Planeación Integral de la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en las Instituciones Federales y en las Entidades Federativas de México, México, SEGOB/SETEC, 2012.
8
transformación cultural a partir de los actores específicos para lograrlo. En este
caso, son los periodistas y los medios de comunicación. La transformación cultural
comienza con una transformación en el lenguaje, ya que a partir de él construimos
el mundo. La comunicación es una herramienta pedagógica que permite
potencializar el proceso de implementación. Si uno de los mayores problemas
radica en que los operadores del sistema penal no se reconocen en los principios
acusatorios, o que un porcentaje muy bajo de la población mexicana conoce la
reforma penal,10 por ende, sin canales de comunicación-capacitación-educación
transdisciplinares abiertos y de doble vía, no existe proceso de reconocimiento.
De acuerdo con los objetivos estratégicos propuestos por la Setec, los retos en
términos de comunicación-capacitación-educación transdisciplinar están
vinculados con el tercero y con el cuarto: iii) cambiar la cultura de los operadores
del sistema, y iv) mejorar la percepción de la población hacia el sistema penal.
Para que en cada entidad federativa se conozcan las herramientas técnicas para
lograr estos objetivos, la Setec publicó un Programa de Capacitación y Difusión
(original en 2010, actualizado en 2012).11 Existe una clara diferencia entre
capacitación y difusión: a quienes se capacitará es a los operadores; al resto de la
población se le dará difusión de la información (CUADRO 3).
CUADRO 3. Objetivos del Programa de Capacitación y Difusión de la Setec.
CAPACITACIÓN DIFUSIÓN
- Tener personal certificado con las competencias para operar el sistema penal acusatorio.
- Definir las competencias; capacitar en ellas y certificarlas.
- Crear mecanismos para desarrollar esas competencias (tutorías, estancias, exposición a experiencias clave, coaching).
- Crear mecanismos de certificación (internos
- Que los principios del sistema penal acusatorio se conozcan, entiendan y acepten.
- Que la aceptación sea medible en operadores, autoridades y “sociedad”.
- Desarrollar tres planes de comunicación (interna, externa y política).
10 CONSEJO DE LA JUDICATURA, “El cambio cultural, reto de las reformas”, Transición Jurídica, Boletín Electrónico de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos, Poder Judicial de la Federación, núm. 3, mayo 2012, págs. 1-2. 11 SETEC, Nuevo Programa de Capacitación, México, SEGOB/SETEC, 2012.
9
y externos).
Fuente: elaboración propia a partir de SETEC, Nuevo Programa de Capacitación, México, SEGOB/SETEC, 2012.
El error de diagnóstico en esta prospectiva radica en lo que el lingüista francés
Emile Benveniste denominó como el lugar de enunciación desde donde se
construye el conocimiento.12 El lugar de enunciación como categoría lingüística
refiere al lugar desde donde se habla, al lenguaje, canal de comunicación y
destinatario que se elige, al posicionamiento ideológico que se asume. El lugar de
enunciación es la posición significante desde donde se construye un discurso, una
estrategia de acción, o una ‘planeación integral del proceso de implementación del
sistema penal acusatorio’.
Con observar el CUADRO 3 parece gratuito afirmar que el destinatario de la
capacitación de la Setec son los operadores del sistema penal acusatorio. Lo que
no es gratuito radica en que el lugar de enunciación desde donde la Setec
desarrolla el programa de capacitación y difusión provoca un error estratégico
básico: la incapacita (en el sentido epistémico) por observar actores, acciones y
objetivos alternos a los planteados.
Al abordar en los siguientes parágrafos la experiencia empírica chilena en
términos del periodismo y el principio de publicidad en el sistema penal acusatorio,
así como la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil mexicanas en la
capacitación de actores sociales distintos a los planteados por la Setec, nos
permitirán proponer una estrategia de comunicación-capacitación-educación
transdisciplinaria acorde con la cultura de la rendición de cuentas y la garantía de
los derechos humanos.
12 BENVENISTE, Emile, Problemas de lingüística general, México, Siglo XXI, 2 tomos, 1993.
10
II. EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD COMO HERRAMIENTA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
El funcionamiento del sistema penal acusatorio radica en su estructura vertebral
de audiencias. Tanto el ministerio público como el juez, la policía y los peritos
tienen requisitos por cumplir en sus actuaciones para que en las audiencias se
desahoguen los resultados de las mismas. La garantía de audiencia es derecho
del imputado y de la víctima que permite garantizar el resto de sus derechos en un
marco de transparencia. No obstante, como la justicia penal es un tema de interés
social13 y está enmarcada bajo la institución del Poder Judicial de un Estado
democrático de derecho, éste también debe rendir cuentas a la sociedad
mexicana. El principio de publicidad (junto con el derecho de acceso a la
información pública) es la herramienta más eficaz para la rendición de cuentas, y
las audiencias públicas son la fuente primaria que permite a la sociedad observar
cómo funciona el sistema de justicia penal.
Cuando se habla rendición de cuentas nos referimos al requerimiento a una
organización, pública o privada, para que explique sus acciones a la sociedad y
acepte su responsabilidad, no sólo a través de brindar acceso a la “información”
sino con actos explicativos. Favorece una mayor responsabilidad entre las partes
mediante mecanismos de consulta y diálogo, y estimula la participación activa de
ciudadanos en la elaboración de las políticas públicas.
La definición clásica de rendición de cuentas de O’ Donnell la divide en dos tipos:
horizontal y vertical, siendo la primera la que se exige entre instancias del
gobierno (por ejemplo, el IFAI exige rendir cuentas a la Segob); mientras que la
segunda es la ciudadanía organizada quien exige a una instancia del gobierno que
responda de sus acciones (por ejemplo, los votantes demandan al IFE el recuento
de la votación presidencial).14 Empero, al contemplar la complejidad con se divide
13 LORETI, Damián, “El derecho a la información judicial: estudios de casos”, Revista RAP, Buenos Aires, Régimen de la Administración Pública, año 3, núm. 28, 2005, pp. 5-61. 14 INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IFAI), Marco teórico metodológico, México, Secretaría de Acuerdos, 2003.
11
la participación de los distintos actores sociales en la democracia mexicana, es
necesario ampliar el concepto de rendición de cuentas en dos categorías: la
rendición de cuentas transversal y la social.15 La primera se refiere a la exigencia
hacia una instancia del gobierno de las instituciones de Estado ciudadanizadas
(por ejemplo, los Consejos Ciudadanos que realizan auditorías al gobierno
estatal), mientras que la rendición de cuentas social se refiere a la exigencia que
organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles o acciones mediáticas
ejercen sobre las instancias de gobierno a modo de presión social para que las
autoridades utilicen los mecanismos existentes de transparencia, de rendición de
cuentas o de justicia, y cumplan con ellos (por ejemplo, las demandas de la
sociedad civil para que se respeten los derechos humanos de los detenidos por
las instituciones de procuración de justicia).
El sistema penal acusatorio va más allá de la transparencia entendida como la
apertura de la información de las organizaciones políticas y burocráticas al
escrutinio público,16 sino que se sustenta en la transparencia entendida como una
herramienta para fomentar la participación ciudadana que coadyuve a garantizar
que la instancia del gobierno resuelva problemas públicos particulares. La
característica dialéctica de las audiencias públicas va más allá porque que están
en continuo movimiento, la dialéctica provoca el enfrentamiento entre ambas
partes y ahí es cuando la rendición de cuentas social ejercerá su capacidad para
detonar la audiencia pública como un proceso de rendición de cuentas.
La rendición de cuentas social será el resultado de la utilización legítima y
responsable del principio de publicidad por parte del periodismo y los medios de
comunicación durante las audiencias públicas. El periodismo mexicano tiene la
gran oportunidad de constituirse en agente de cambio a través de ella; mientras
que el Poder Judicial fortalece su acercamiento con la sociedad. Implica beneficios
15 MONTES DE OCA BARRERA, Laura Beatriz, Democracia latinoamericana en jaque. Rendición de cuentas social: mecanismo complementario de la democracia representativa en un mundo complejo, México, CIESAS, 2005. 16 INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IFAI), Marco teórico metodológico, México, Secretaría de Acuerdos, 2003.
12
para ambos ya que se construye una visión compartida de las necesidades y
virtudes del sistema penal acusatorio, al cerrar los espacios de corrupción,
promover la celeridad en la justicia y los convierte en corresponsables para la
disminución de la impunidad.
A continuación observaremos la justicia penal abierta al público como experiencia
empírica en América Latina, en donde, en el caso particular de Chile en sus
primeros 13 años de sistema penal acusatorio, ha aportado debates con relación
al periodismo y el principio de publicidad que son necesarios rescatar y volver a
observar bajo el prisma de la implementación en nuestro país, específicamente en
Michoacán.
2.1 El caso de Chile: lecciones del principio de publicidad a 13 años de la
reforma procesal penal
El Código Procesal Penal que introdujo el sistema penal acusatorio en Chile se
publicó el 12 de octubre de 2000.17 De esta manera el constituyente decidió
marcar el inicio del siglo xxi como el inicio de un sistema de justicia penal que
dejara atrás la concepción inquisitoria de la justicia heredada por la etapa colonial.
Lo que afirmó el entonces embajador de la República de Chile en México, Germán
Guerrero Pavez, es que la reforma procesal chilena contó con un diseño
estratégico de implementación para que la comunidad y los operadores de la
justicia la percibieran de manera adecuada en el contexto de su país.18 La
implementación fue del año 2000 al 2005 y se basó en la gradualidad, con el
objetivo que se tuvieran medidas interdisciplinarias para lograr los cambios
culturales necesarios: los procesos penales, los soportes tecnológicos y las
políticas públicas fueron entrelazadas, brindándole a la reforma contenido jurídico,
cultural y social, que le permitió ser percibida por la comunidad como algo más
17 Se puede consultar en el sitio electrónico desarrollado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: www.leychile.cl bajo la denominación Ley 19.696, cuya última versión es del 2 de junio de 2012. 18 GUERRERO PAVEZ, Germán, “Conferencia magistral I”, INSYDE, Implementación de las reformas al sistema de justicia penal en México, Serie Cuadernos de Trabajo, núm. 29, Naucalpan, 23 y 24 septiembre 2009, págs. 5-7.
13
que una “creación formal de nuevos cuerpos legales”.19 De esta manera, se
permitieron crear liderazgos favorables al proceso en las primeras regiones donde
se implementó, que posteriormente fungieron como agentes proactivos para la
transformación cultural en el resto de regiones.
El procedimiento para la transformación cultural en Chile tuvo tal impacto que en la
actualidad el 40% de los expedientes ingresados a Tribunales Superiores de
Justicia de toda América Latina ocurren en ese país (cUADRO 4). Los
procedimientos abreviados prácticamente se duplicaron de 2006 a 2008 (de 19
331 a 34 255); mientras que los juicios orales pasaron de 4 780 en 2006 a 5 193
en 2009 y a 7 367 en 2010,20 y son el tipo de terminación de proceso en un 45,3%;
la mayoría son casos de robo, infracción a la ley de drogas y delitos sexuales. En
cuanto a los operadores del sistema, hasta 2010 lograron doblar el ingreso de
procesos sin aumentar el personal, situación que cambió drásticamente a partir de
2011 con las nuevas generaciones de estudiantes de derecho egresados y
versados en el sistema penal acusatorio.21
CUADRO 4. Expedientes ingresados a los Tribunales Superiores de Justicia en todas las materias.
CHILE MÉXICO D.F. MICHOACÁN
2011 3 197 070 363 131 63 039
2010 2 685 600 349 011 61 293
2009 1 785 114 352 960 60 579
2008 1 600 826 324 187 63 280
TOTAL 9 268 610 1 389 289 248 191
Promedio anual 2 317 152 347 322 62 048
Promedio anual / materia penal
— 1 985 729
Promedio al día / materia penal
11 5 —
19 Ibid., pág. 5. 20 DUCE J., Mauricio, “Diez años de reforma procesal penal en Chile: apuntes sobre su desarrollo, logros y desafíos”, Congreso Internacional 10 años de la Reforma Procesal, Santiago, Poder Judicial de la República de Chile, 2010, pág. 24. 21 CHAPARRO, Andrea, “Se eleva a 7.367 cifra de juicios orales”, Nación, Santiago, 19 octubre 2010, http://www.lanacion.cl/se-eleva-a-7-367-cifra-de-juicios-orales/noticias/2010-10-18/234 302.html
14
POBLACIÓN TOTAL 17 248 450 8 850 343 3 934 077
Fuente: elaboración propia a partir de Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), “Estadísticas judiciales de diversos países”, Anuario 2012, Dirección de Estadística de la
Presidencia, México, 2013.
De acuerdo con lo que observamos en el CUADRO 4, en Chile el acercamiento de la
población hacia el sistema de justicia penal es mayor, ya que los expedientes
ingresados para 2011 dicen que prácticamente uno de cada cinco habitantes
ingresó un expediente. Mientras que esa proporción es de uno de cada ocho en el
Distrito Federal y de uno de cada dieciséis en el estado de Michoacán.
Para generar confianza y acercamiento con la población, la transformación
cualitativa del sistema penal acusatorio tiene uno de sus puntos esenciales en la
estrategia de capacitación y difusión, como lo menciona Hugo Alejandro Concha
Cantú, al afirmar que en Chile la estrategia de comunicación del sistema penal
acusatorio fue una política pública para lograr legitimidad. Fue realizada en
conjunto con los medios de comunicación, desde los directores hasta los jefes de
redacción y periodistas; con universidades y organizaciones de la sociedad civil
generaron capacitación de periodistas y educación cívica en las escuelas.22 En
ese núcleo radica la estrategia de comunicación-capacitación-educación
transdisciplinaria. No obstante, la reforma procesal chilena también llevó adelante
el derecho penal del enemigo, como sucede en México. Para octubre de 2012 la
población penal se ha duplicado, las prisiones preventivas se conceden en más
del 80% de los casos y los juicios orales tienen porcentajes de condena del 85%.23
En términos del principio de publicidad y la rendición de cuentas, en Chile, de
acuerdo con Alejandro Vera Quilodrán, se afirma que las audiencias públicas se
han convertido en “evidentes ejercicios cívicos para la comunidad”, y son los
22 CONCHA CANTÚ, Hugo Alejandro, “La legitimidad del nuevo sistema de justicia penal adversarial. Lecciones del caso chileno”, Reforma Judicial, México, UNAM-IIJ, núm. 29, enero-junio 2012, págs. 191-206. 23 BLANCO, Rafael, “¿Debe modificarse el Sistema Procesal Penal?”, El Mercurio, Santiago, 28 octubre 2012, http://www.elmercurio.com/blogs/2012/10/28/6580/debe_modificarse_el_ sistema_pr.aspx
15
medios de comunicación los “puentes de unión entre la decisión judicial y los
ciudadanos”:
Al tenor de lo que se establece en el artículo 5 y 73 de la Constitución Política de 1980, la soberanía radica en la nación y es ella a través de los tribunales la que ejerce la labor de conocer, resolver y hacer ejecutar lo que se ha juzgado. La labor de un tribunal de justicia no es sino un ejercicio democrático de juzgamiento. Por tal razón, la regla general es que ese ejercicio debe hacerse en forma pública, y así lo ordena el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 289 del Código Procesal Penal, salvo las excepciones que la propia ley establece. 24
La publicidad de las audiencias está establecida en los ordenamientos chilenos, al
igual que en México. No obstante, la experiencia empírica chilena aporta un
elemento fundamental: la transformación cultural del sistema penal acusatorio es
un proceso de largo alcance, por lo tanto, sufre cambios en el camino. Estos
cambios están determinados por los actores del sistema de justicia y por aquellos
que son observadores proactivos. La transformación cultural significa una curva de
aprendizaje tanto para quienes impulsan el garantismo como para quienes se
atrincheran en el derecho penal del enemigo. La curva de aprendizaje es para
todos los involucrados, como establece la doctora en derecho, Irma Nora Valencia
Vargas, los actores del sistema llevan sus propias concepciones, creencias y
valores que influirán “en la manera en que asumirán este cambio estructural”.25
Esta influencia tiene que asumirse como un reto durante la capacitación de los
operadores y durante el desarrollo de las audiencias públicas en estrecho vínculo
con el periodismo, porque los valores de los operadores son sustentados en que:
…ideológicamente el Derecho se encuentra al servicio de sistemas judiciales apartados de los fines y necesidades de la sociedad. Está redactado y aplicado en formas incomprensibles para los ciudadanos, quienes se sienten atrapados
24 VERA QUILODRÁN, Alejandro, “Transparencia y reforma procesal penal en Chile”, Foro: Participación ciudadana en la reforma de la justicia, Santiago, USAID, 2004, págs. 35-40. 25 VALENCIA VARGAS, Irma Nora, “Formación y capacitación. Reto del sistema procesal acusatorio”, en CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE MICHOACÁN, Los retos para la implementación del sistema penal acusatorio adversarial oral y la seguridad pública en Michoacán, Morelia, México, anuario 2011, pág. 40
16
dentro de una cultura inquisitorial. Es un Derecho desgastado por su ineficacia y contrario a las necesidades sociales de igualdad, seguridad, credibilidad, certidumbre y consolidación institucional.26
La publicidad es un principio que en el caso chileno ha sido defendido desde 2005
ante potenciales restricciones, en consonancia con la finalización de la etapa de
implementación del sistema penal acusatorio. Observar cómo el sistema penal
acusatorio se ha convertido en el teatro donde acontecen estos debates es
aprendizaje esencial para regiones como Michoacán. El debate acerca del
principio de publicidad enfrenta dos posiciones: por una parte, desde el poder
judicial se sostiene que la publicidad es exclusiva para la sentencia ya que los
derechos del honor, la intimidad y el resguardo de datos personales de la víctima e
imputado durante las instancias del proceso deben resguardarse; por otra parte,
académicos y periodistas argumentan que el derecho a la información, al ser un
derecho de doble vía y de interés social, es un derecho que prevalece por encima
de los derechos procesales ya que permite que la sociedad se entere de lo que
sucede en el sistema de justicia penal, aunque hacen hincapié en la deontología
jurídica del periodismo para resguardar los derechos de la víctima e imputado.
En ese contexto, en 2005 se afirmó que la difusión de los juicios orales se
encuentra enmarcada bajo el derecho a la información y a la ética del periodismo,
mismas que con la práctica empírica de la cobertura noticiosa de la justicia
acusatoria se han ido “constituyendo como materias propias… como disciplinas
científicas”.27 Por su parte, el entonces coordinador de la reforma procesal penal
del Poder Judicial, Carlos Maldonado, afirmó que para crear confianza en la
población “es fundamental el rol que cumplen los medios y los periodistas”.28
Hasta ese momento existía el consenso en cuanto a la importancia del periodismo
para el acercamiento entre el sistema penal acusatorio y la población chilena, ya
26 Ibid., pág. 50 27 COELLO, Patricia, Periodistas cautelarán transparencia del nuevo sistema judicial, Santiago, Universidad de Chile, Instituto de la comunicación e imagen, 18 agosto 2005, http://www.icei.uchile .cl/noticias/46759/periodistas-cautelaran-transparencia-del-nuevo-sistema-judicial 28 Ibid.
17
que ante una sociedad masificada los medios de comunicación dan acceso a
públicos que se encuentran imposibilitados por acudir a las audiencias, además de
que reproducen los principios del sistema y se convierten en capacitadores a
distancia. Las audiencias públicas, de acuerdo al artículo 289 del Código Procesal
Penal chileno son:
Artículo 289.- Publicidad de la audiencia del juicio oral. La audiencia del juicio oral será pública, pero el tribunal podrá disponer, a petición de parte y por resolución fundada, una o más de las siguientes medidas, cuando considerare que ellas resultan necesarias para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio o para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley:
a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectuare la audiencia;
b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas, y
c) Prohibir al fiscal, a los demás intervinientes y a sus abogados que entreguen información o formulen declaraciones a los medios de comunicación social durante el desarrollo del juicio.
Los medios de comunicación social podrán fotografiar, filmar o transmitir alguna parte de la audiencia que el tribunal determinare, salvo que las partes se opusieren a ello. Si sólo alguno de los intervinientes se opusiere, el tribunal resolverá.29
La justicia chilena históricamente ha tenido la mirada atenta frente a los casos del
pueblo Mapuche, pueblo muy politizado y a quienes constantemente violentan sus
derechos humanos. Para analizar el debate en torno al principio de publicidad, a
continuación veremos tres casos puntuales que representan un giro cualitativo en
estas consideraciones.
El 22 de marzo de 2006 en la población de Gulumapu, Chile, se llevaba a cabo un
proceso contra dos dirigentes mapuches, al llegar a la sala de juicio oral para la
segunda audiencia, los imputados se negaron a que les quitaran las esposas,
gendarmería lo hizo a la fuerza y provocó que los familiares presentes protestaran
contra dicha acción. El tribunal ordenó el desalojo de la sala (incluidos los 29 Se puede consultar en el sitio electrónico desarrollado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: www.leychile.cl bajo la denominación Ley 19.696, cuya última versión es del 2 de junio de 2012.
18
periodistas), trasladó a los imputados a una sala contigua y rodeó el tribunal con
agentes carabineros. Previamente, durante la primera audiencia el tribunal ordenó
que se le incautaran a dos periodistas sus cámaras de televisión, quienes
realizaban un documental acerca de los imputados, mismas que no fueron
devueltas hasta que el proceso llegó a fin.30
En junio de 2010, acusados de terrorismo por hechos violentos y con sus
derechos suspendidos por la aplicación de la Ley Antiterrorista, 32 mapuches
deciden entrar en huelga de hambre (que durará más de 50 días) para demandar
un juicio justo y denuncian la aplicación discriminatoria de una legislación especial.
Al ser acusados de terroristas, la sociedad y el periodismo no conoce del caso
más que la información proporcionada por el defensor o la oficial. Con la
aplicación del derecho penal del enemigo se dejan de garantizar los derechos
humanos de los imputados: se restringe el principio de publicidad, la pena al delito
se agrava, la prisión preventiva puede superar los seis meses y se decreta la
secrecía de la investigación, por lo cual la defensa no puede tener conocimiento
de las actuaciones de la policía y el ministerio público.31
En febrero de 2011 se llevaron a cabo las audiencias públicas en instancia de
juicio oral de 17 mapuches, algunos detenidos por más de dos años y procesados
por enfrentamientos ocasionados en la defensa de sus derechos territoriales. El
periodismo chileno estuvo presente en las audiencias públicas, de las cuales se
desprendieron diversas notas periodísticas. En la nota del diario Clarín del 19 de
febrero de 2011 se observan las herramientas de rendición de cuentas con las
cuales el periodismo cuenta al convertirse en agente de cambio con el sistema
penal acusatorio. El periodista José Venturelli acude al conocimiento de la justicia
acusatoria para detallar las violaciones a la presunción de inocencia, el debido
proceso, el principio de tipicidad, así como las pruebas ilícitas presentadas por el
30 GEDDA, Juan Carlos, “Juicio sin imputados, sin público y sin prensa”, Libertad ahora, Santiago, 22 marzo 2006, http://www.liberacion.cl/mapu_230306.htm 31 MEZA-LOPEHANDÍA G., Matías, “El terrorismo sin terror: otra paradoja de la democracia a la chilena”, Boletín trimestral del Observatorio parlamentario, Santiago, segundo trimestre 2010, http://www.humanas.cl/boletin2010/2_trimestre/01_9.html
19
ministerio público y las condiciones carcelarias de “tortura” bajo las cuales se
encuentran los imputados.32
Los tres ejemplos presentados brindan conclusiones que enriquecen el debate
acerca de la prevalencia del principio de publicidad (en la mayoría de los casos
salvo existan razones fundadas para su restricción) por encima de los derechos
procesales al honor y a la intimidad, sobre todo en procesos en que la utilización
de métodos de investigación violatorios de los derechos humanos persisten dentro
de un sistema penal garantista. La transformación cultural requerida por el sistema
penal acusatorio es de largo alcance, misma que conlleva una curva de
aprendizaje que puede inclinarse hacia el garantismo o hacia el derecho penal del
enemigo, la experiencia chilena lo demuestra así: después de 13 años de su
implementación el principio de publicidad no ha alcanzado a tener procedimientos
y protocolos específicos. En el ejemplo de 2006 el tribunal falto de experiencia
ante el público asistente acude a las técnicas inquisitorias de opacidad para
continuar con el proceso oral; en el ejemplo de 2010, el tribunal con mayor
experiencia sustenta la acusación de “terrorismo” del ministerio público para evitar
el proceso de transparencia que el principio de publicidad le demanda, violentando
los derechos humanos de los imputados. Finalmente, el ejemplo de 2011 muestra
a un tribunal calificado y con herramientas acusatorias suficientes para enfrentar
un proceso público, de ahí que no haya restringido el principio de publicidad,
empero, expone a un ministerio público incapaz de llevar adelante la acusación
por la improcedencia de las pruebas ilícitas.
Los tres ejemplos lo que nos permiten es visualizar el proceso de aprendizaje
necesario e ineludible que los operadores del sistema de justicia penal tendrán
que enfrentar, y al mismo tiempo comprender la gran responsabilidad que recae
sobre el periodismo de seguridad pública y justicia penal ante el principio de
32 VENTURELLI, José, “Los Juicios Orales de los presos mapuche en Cañete llegan al fin. ¿Se impondrá la justicia?”, Clarín, Santiago, 19 febrero 2011, http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=390&Itemid=3
20
publicidad acusatorio, así como la necesidad por incorporarlo al proceso de
implementación que acontece en nuestro país.
2.2 El principio de publicidad en Michoacán
Con el caso chileno en mente es posible abordar el estado de la cuestión del
principio de publicidad en Michoacán. En el contexto michoacano, cuyo inicio de
los juicios orales está planeado para 2014, el dilema entre la publicidad y la
restricción de las audiencias será una discusión que no debe caer en la falsa
dicotomía entre escoger uno, el derecho a la información o el respeto de la honra y
la intimidad de la víctima y el imputado. El honor, la intimidad y el derecho a la
imagen son derechos fundamentales que deben abrir paso a otro de superior
jerarquía, el derecho a la información, que se manifiesta en la libertad de
expresión, en el derecho de acceso a la información, y en la difusión y control de
la normativa estatal de la comunicación. Solamente a través de una comunicación-
capacitación-educación transdisciplinaria es posible utilizar la experiencia chilena
para comenzar a generar espacios que amplíen el debate.
En la Constitución del Estado Libre y soberano de Michoacán de Ocampo se sitúa
en el artículo 92: “El Estado adopta e incorpora el sistema procesal penal
acusatorio y oral (…) rigiéndose en todo momento, por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación”.
En la Exposición de Motivos del Código de Procedimientos Penales del Estado de
Michoacán (CPPEM) establece la división del proceso en etapas: en la etapa de
investigación tienen lugar la o las audiencias, donde no establece que sean
públicas. En la etapa intermedia, una vez formulada la acusación se cita a la
audiencia intermedia dentro de un plazo no inferior a cinco ni superior a 35 días; la
audiencia intermedia se desarrolla bajo la autoridad del juez de control, quien debe
garantizar que sea pública. Si la investigación se realiza sin detenido, el artículo
236 del CPPEM establece que la audiencia de vinculación a proceso se realiza a
puertas cerradas entre el ministerio público y el juez; y si logran poner a
21
disposición del juez al detenido, se realizará la audiencia de vinculación a proceso
bajo premisas de legalidad. No establece si esta última será pública o no.
De la misma manera en la audiencia de la etapa de juicio oral, donde el encargado
de garantizar la publicidad es la autoridad judicial del tribunal colegiado, quienes
no deben tener conocimiento previo del proceso. En el artículo 273 establece que
el juez de control hace llegar al tribunal el auto de apertura a juicio oral, donde la
audiencia sucederá no antes de 15 ni después de 60 días.
En el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, la publicidad
aparece primero como un principio rector del sistema penal acusatorio, en el
artículo 3, inciso I:
Principio de publicidad: consiste en que las audiencias son abiertas a la sociedad, tanto en lo general, como respecto de los asistentes a las salas de los tribunales en lo particular. Los tribunales podrán restringir la publicidad o limitar la difusión cuando existan razones fundadas para justificar que se pueda perjudicar el normal desarrollo del proceso, o que existan razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas u ofendidos, testigos y menos de edad o, se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos.33
En el artículo 44 del CPPEM se establece el lugar donde se celebrarán las
audiencias, que es en las salas de audiencias de la circunspección territorial,
excepto si se puede provocar alteración al orden público; aunque se pueden
realizar en “cualquier lugar” si es indispensable para conocer elementos
probatorios decisivos.
En el artículo 47 del CPPEM se establece la forma de registro de las audiencias, y
menciona que se registrarán de forma escrita, en imágenes y sonido. El acceso a
la copia del registro lo tienen las partes y las autoridades que lo requieran por vía
legal. No obstante, en el artículo 58 establece que “si el estado del proceso no lo
impide” el tribunal puede proporcionar copias de las audiencias bajo solicitud de
alguna otra autoridad judicial o por particulares, que acrediten un legítimo interés.
33 CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE MICHOACÁN (comp.), Normatividad del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Reformas, leyes y jurisprudencia, Morelia, México, 2012, págs. 46-47.
22
En el artículo 276 del CPPEM se establecen las reglas para la publicidad en las
audiencias de juicio oral. Se afirma que el debate será público y que en casos
excepcionales el tribunal puede restringirlo, total o parcialmente si afecta el pudor,
integridad física o intimidad de las partes, si afecta el orden público o seguridad
del Estado, si hay secreto oficial. Una vez que estas causas han sido cumplidas, el
tribunal tiene que hacer ingresar al público nuevamente y le informará sobre los
resultados durante la ausencia.
En el artículo 277 del CPPEM se informan de las medidas disciplinarias que el
tribunal establece al público asistente. En primer lugar, “podrá” prohibir el ingreso
de teléfonos, video y audiograbadoras, a personas armadas, y por cuestiones de
“orden, higiene, decoro y eficacia” podrá pedir el desalojo de cualquier presente.
En cuanto a los medios de comunicación, les prohíbe las “transmisiones
simultáneas”, aunque no refiere nada a la grabación de video, audio o fotografías
que se den de otra manera, aunque afirma que el tribunal tiene que señalar “en
cada caso” las restricciones a las mismas y las reproducciones futuras cuando
puedan resultar afectados intereses.
En los artículos 278 y 282 del CPPEM se establecen las medidas disciplinarias, en
el primero se obliga al público asistente a permanecer en silencio y a expresarse
verbalmente sólo cuando se le hagan preguntas, mientras que el segundo habla
de que es el presidente del tribunal el encargado de corregir las faltas del público,
a través de apercibimiento, multa, expulsión, arresto o desalojo.
En el CPPEM también se establecen los recursos que tienen las partes para
impugnar violaciones a los principios de los juicios orales, en este caso en el
Capítulo Cuarto del Título Noveno (artículos 368-379). Con respecto a la violación
de la publicidad del juicio oral, establece que es viable siempre que se hayan
violado derechos de las partes, quienes pueden invalidar el juicio oral y utilizar el
recurso de casación ante la violación de la instancia procesal.
Con el marco normativo para el estado de Michoacán revisado, las herramientas
de rendición de cuentas en el sistema penal acusatorio a través del principio de
23
publicidad sólo tendrán aplicación si se generan experiencias locales de
corresponsabilidad con el periodismo.
III. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN A PERIODISTAS: APORTES DESDE LA
SOCIEDAD CIVIL
El proceso de implementación del sistema penal acusatorio en México ha llegado
a una encrucijada: bajar la mirada para trabajar a ritmos acelerados al igual que
una locomotora con el riesgo de que explote ante la sobrecarga, o comenzar a
visualizar mecanismos alternativos de solución de conflicto colectivos. Restan tres
años para que el proceso de implementación concluya, el principal problema que
el diagnóstico arroja en 2013 es que ni los operadores del sistema penal ni la
sociedad han internalizado el significado trascendental que implica la reforma a la
justicia penal con la transversalidad de los derechos humanos.
El actor social que tiene las mejores herramientas para convertirse en agente
activo dominante y capaz de lograr la aceleración en el cambio de mentalidad que
la justicia acusatoria requiere es el periodismo. Este mecanismo alternativo radica
en que a través de un periodismo sensibilizado y crítico que utilice los medios de
comunicación para propiciar la participación ciudadana en la reforma penal, se
alcancen los objetivos del proceso de implementación. La táctica emergente
adquiere su significado a través de la capacitación en todo el estado de Michoacán
de los profesionales de la comunicación.
Para abordar el proceso de implementación en Michoacán desde la perspectiva de
la comunicación y los elementos que ésta reproduce para impulsar la
transformación cultural, en el presente estudio se proponen mecanismos que
permitan desarrollar una estrategia de capacitación enfocada a la implementación:
el principio de publicidad, las audiencias públicas y la profesionalización del
periodismo. Es una estrategia de co-participación entre las entidades del gobierno,
las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo michoacano. Se pretende
alcanzar a través de tres niveles: a) desde los medios de comunicación se impulsa
24
la autorregulación -códigos de ética, protocolos informativos, profesionalización-,
b) desde el gobierno del estado, desarrollar los protocolos normativas de
comunicación para el sistema penal acusatorio, y c) desde las organizaciones de
la sociedad civil y los periodistas, la capacidad por desarrollar observatorios de
medios y de derechos humanos.
El respeto de los derechos humanos en el sistema penal acusatorio es también
una tarea de comunicación. El principio de publicidad está estrechamente ligado
con la responsabilidad de los medios de comunicación por observar las
actuaciones de los operadores del sistema penal acusatorio. La perspectiva de la
coordinadora de capacitación del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF,
Diana Cristal González Obregón, que es también abogada litigante y asesora legal
en juicios orales, aporta dos elementos clave: “Con la publicidad, la sociedad
puede conocer el funcionamiento del esquema de procuración de justicia de
manera transparente y confiable, pues no se le cuenta lo que sucede, sino que
vive y presencia el desarrollo del procedimiento. La publicidad también es el mejor
control de calidad de los operadores”.34
No se puede más que estar de acuerdo de principio con estas afirmaciones, no
obstante, se obvia el lugar de enunciación al omitir la participación del periodismo
en la cadena de la comunicación, al afirmar que la sociedad en su conjunto puede
conocer de primera mano el sistema de justicia. Esto es así ya que el proceso
cognitivo que significa asistir a un juicio oral, ‘vivirlo y presenciarlo’, no será
experimentado por ‘las masas’. Se requiere de una transformación cultural
profunda para lograr que la comunidad sea testigo de su propia justicia y asista a
las audiencias públicas como si fuera al estadio de fútbol o al cine, para que se
apropie del sistema penal como una actividad que genera ‘ciudadanía’.
34 GONZÁLEZ OBREGÓN, Diana Cristal, “¿Cuáles son las ventajas y los retos que enfrenta Michoacán al avanzar con el proceso de implementación de un nuevo modelo de justicia penal?”, en CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE MICHOACÁN, Los retos para la implementación del sistema penal acusatorio adversarial oral y la seguridad pública en Michoacán, Morelia, México, anuario 2011, págs. 36-37.
25
Antes de que esta transformación cultural suceda, quienes harán llegar la justicia
acusatoria a las masas serán los medios de comunicación. En el CUADRO 5 se
observa el estudio realizado por la Setec en cuanto a la percepción que existe en
México con respecto a la reforma penal. Los datos que arroja en cuestión de los
medios de comunicación ejemplifican el argumento. La relación entre la
percepción de la comunidad con las problemáticas más importantes del país y la
agenda informativa de los medios de comunicación es prácticamente idéntica. Tan
es así que sólo el 1% de los encuestados considera que el “Funcionamiento del
sistema de justicia” es un tema relevante en nuestro país.
CUADRO 5. Relación entre la agenda informativa de los medios de comunicación y la percepción de las problemáticas sociales en México.
¿Cuál diría que es el problema más importante que enfrenta el país hoy en día?
¿Cuál es el tema al que cree usted que le ponen más atención los noticieros de televisión?
Inseguridad / crimen / robos 32.2% 32.8% Narcotráfico 15.3% 32.6%
Desempleo 12.2% 4.7% Corrupción / ineficiencia del gobierno
9.3% 5.9%
Crisis económica 8.5% 4.5% Pobreza / desigualdad social
7% 4.1%
Drogadicción / alcoholismo 4.7% 3.4% Funcionamiento del sistema de justicia
1% 1.1%
Otro 9.8% 9.7% No sabe / no contestó ― 1.1%
Total 100% 100% Elaboración propia a partir de MENDOZA MORA, Carlos y Óscar AGUILAR SÁNCHEZ, Análisis general de los resultados cuantitativos y cualitativos del estudio de percepción del sistema de justicia penal en México, México, SETEC/SEGOB, 2012.
En este contexto, el proceso de socialización de la justicia penal acusatoria en
México queda también en otras manos: las de los medios de comunicación,
quienes son los encargados de traducir el lenguaje jurídico a la población. Las
líneas esenciales para la capacitación de los periodistas y de profesionales de la
26
comunicación se han generado a partir de la experiencia del proyecto Violencia y
Medios de Insyde, en donde durante ocho años se ha capacitado a periodistas de
seguridad pública y justicia penal en el respeto de los derechos humanos y, a
partir de 2008, en el sistema penal acusatorio. Los rubros de capacitación son: i)
Responsabilidades y derechos del periodismo, ii) Corresponsabilidades del
periodismo con los operadores del sistema penal acusatorio, y iii) Géneros
periodísticos acusatorios.
3.1 Responsabilidades y derechos del periodismo
Al trabajo periodístico en las sedes judiciales, en los tribunales y en los ministerios
públicos se le suma la cobertura de las audiencias públicas. El periodismo asume
esta complejidad de tareas y añade la de enseñar las ‘virtudes’ del sistema penal
acusatorio a una población que está mayormente familiarizada con los juicios
paralelos, además de observar a las actuaciones de los operadores de la justicia,
para garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso.
Con estos retos en mente, el periodismo asimismo requiere un cambio cultural
profundo. Ahí está enfocada la capacitación.
1) Aprender a depurar la información de las audiencias públicas: de tanta
información que se presenta cómo distinguir entre la de mayor calidad.
Necesita de experiencia para conocer la argumentación jurídica: conceptos,
instituciones y principios comunes a las ramas del enjuiciamiento.
2) Desconfiar de toda información que proviene de las audiencias públicas y
después verificarla: la presentación argumentativa de las partes tiene que
convencer al juez, la información noticiosa no se puede construir a partir de
datos de prueba no comprobados. Observar la misma exposición oral de las
partes.
3) Atribuir la información a fuentes orales o documentales. Resistirse a utilizar el
off the record, sólo cuando es solicitado por la fuente ante peligro a su
integridad. Si se utilizan fuentes anónimas, acudir a la diversificación de
27
fuentes. Las citas textuales son utilizadas bajo el consentimiento de quien las
produjo.
4) Los medios de comunicación deben promover la capacitación permanente de
las y los periodistas, para que omitan los datos personales de las partes, los
juicios de valor, las agresiones, las opiniones descalificatorias, así como los
elementos de la nota roja que sólo reproducen la fracción trágica del proceso.
Esto, bajo un marco legal de trabajo que le garantice al periodismo sus derechos
humanos, principalmente el derecho a la vida, a la libertad de expresión y de
conciencia.
3.2 Corresponsabilidades del periodismo con los operadores del sistema penal
acusatorio
El principio de publicidad implica una suma de tareas que el trabajo periodístico
encara en un momento histórico en que los juicios paralelos en los medios de
comunicación (especialmente en los audiovisuales) son la norma. Empero, éstos
son también responsabilidad de los operadores del sistema de justicia: peritos,
policías y jueces testifican ante los medios cuando el proceso no ha sido resuelto,
filtran información privilegiada y se dejan colocar como mampostería para el set
televisivo. En ese sentido, las audiencias públicas representan un doble reto: por
un lado, la multiplicación de la difusión del debate público en los juicios es un
camino abierto hacia la transparencia de los actos judiciales; pero por el otro, la
difusión también puede ser utilizada para violentar los derechos humanos y
fetichizar el sistema penal acusatorio. De acuerdo con Irma Nora Valencia Vargas,
doctora en derecho y docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás
Hidalgo, la oralidad “no es panacea pero es suficiente para los objetivos de la
reforma constitucional”.35 Añade que la finalidad de la oralidad son las decisiones
35 VALENCIA VARGAS, Irma Nora, “Formación y capacitación. Reto del sistema procesal acusatorio”, en CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE MICHOACÁN, Los retos para la implementación del sistema penal acusatorio adversarial oral y la seguridad pública en Michoacán, Morelia, México, anuario 2011, págs. 52-53
28
inmediatas, posteriores a un debate de calidad, que brindan transparencia al
proceso. No es verborrea ni dramatismo, afirma. No obstante, la audiencia pública
y oral requiere de capacitación, tanto de los operadores como del periodismo, que
digerirá y difundirá las actuaciones y resoluciones. La libertad de expresión no
puede ser limitada, y sólo es restringida cuando se contrapone a libertades
individuales muy particulares. Las y los periodistas tienen el legítimo derecho a
informarse y los tribunales deben facilitar ese trabajo. Hacia allá va la
capacitación.
1) Mecanismos de co-participación de los operadores en la estrategia de
comunicación social del poder judicial, que garanticen los derechos de las
partes y de la audiencia de los medios (entrevistas, información accesible,
sujetos obligados de la información); sin emitir opiniones personales que
induzcan a la opinión pública sobre un caso en particular.
2) Operadores capacitados para brindar la información que la ley les permite,
entrenados para dialogar con los medios; mientras que el periodismo
capacitado para la construcción democrática de la noticia a través del registro
de la pluralidad de las voces de los actores involucrados.
3) Elaborar un acuerdo para la garantía de los derechos humanos basado en un
código de ética mutuo en el que la información periodística se distinga de la
publicidad, y en el que los operadores no utilicen a los medios para ganar
presencia mediática o que los medios utilicen presiones políticas para
modificar las resoluciones de los jueces.
4) Protocolos para la cobertura noticiosa de las audiencias públicas, en donde la
autoridad judicial acceda a que el periodismo ingrese con cámaras fotográficas
o de video y se le permita registrar parcialmente el juicio. Dichos registros
deberán ser retratos fieles de la realidad, con respeto de las partes
involucradas y no manipulaciones montadas con fines publicitarios alarmistas.
5) Acordar acerca de la reparación mediática del daño, en donde los medios de
comunicación se convierten en herramientas para reparar el daño de la
29
víctima, el honor de un imputado que fue absuelto, para la rectificación de
información falsa y para dar cuenta de cambios significativos en los procesos.
3.3 Géneros periodísticos acusatorios
Son capacidades que los periodistas pueden desarrollar para convertirse en
agentes de cambio en el sistema acusatorio. El periodismo acusatorio parte del
garantismo y de la defensa de los derechos individuales de todos los actores
involucrados en el proceso: imputados, testigos y víctimas; ahí radica el cambio
cultural más profundo y necesario. Y es el tipo de periodismo que no se limita a la
construcción noticiosa individual de un proceso penal sino que las audiencias
públicas le permiten adentrarse en el análisis social del caso, las motivaciones
culturales, psicológicas y antropológicas que el entorno político-económico ofrece.
También es capacitación el visualizar las actuaciones, instancias e indicadores del
sistema penal acusatorio, es decir, cómo se comporta la administración de la
justicia: las interacciones entre los operadores y las partes, entre los operadores
mismos, los tipos de sentencia para qué tipo de procesos, entre otros.
1) Conocer y comprender el proceso penal acusatorio, para el periodista,
significa describir lo que sucede en las audiencias públicas, manejar la
terminología, enumerar los derechos procesales y desarrollar su capacidad
crítica para traducir estos elementos en un lenguaje periodístico.
2) Asimismo, conocer las narrativas de los procesos penales. Hacer la distinción
entre los datos de prueba, medios de prueba y las pruebas, que son diferentes
de acuerdo al momento procesal y al estado de la imputación; así, representan
derechos y obligaciones para las partes y los operadores. Las diferencias se
observan en la narrativa de la teoría del caso: las partes tienen que
argumentan en la audiencia para darles valor probatorio.
3) Socializar, para convertir en demanda colectiva y garantizar su cumplimiento,
que en el sistema penal acusatorio el objetivo de la sentencia no es solamente
castigar el delito sino la conciliación a través de la reparación del daño, así
como la posibilidad de la reinserción social.
30
4) Convertir el derecho de acceso a la información pública del poder judicial en
una herramienta periodística fundamental para: conocer las actuaciones en el
sistema penal acusatorio, acercar a la población al sistema penal acusatorio,
evaluar la eficiencia de la reforma, y dar cuenta de los tipos de procesos que
alcanzan juicio oral.
La acción informativa del periodismo en las audiencias públicas del sistema penal
acusatorio satisface el derecho del público a la información sobre la justicia,
también lo acerca al sistema de justicia y le brinda legitimidad a este último. Para
que esto suceda, la responsabilidad esencial del periodismo es no caer en la
dramatización espectacular y el impacto amarillista de la trágica nota roja.
De ahí la toma en práctica de las organizaciones de la sociedad civil por incorporar
materiales de capacitación para periodistas y medios de comunicación, que ya son
los principales y más cercanos observadores del proceso de implementación,
como práctica de rendición de cuentas al utilizar uno de los principios en los que el
sistema acusatorio se sostiene: la publicidad.
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