ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FUNDACIÓN EQUITAS
Cátedra de Inclusión a la Educación Superior
Democracia, Estado y Educación De la democracia liberal a la democracia de
guerra y del Estado Docente al subsidiario
Ensayo monográfico requisito para la
obtención del Diplomado en Liderazgo
Transformacional e Inclusión en la
Educación Superior
DANIEL BAUTISTA QUIROZ, B.Sc. ENERO DE 2015
Democracia, Estado y Educación: De la democracia liberal a la democracia de guerra y del Estado Docente al subsidiario
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Democracia, Estado y Educación: De la democracia liberal a la democracia de guerra y del Estado Docente al subsidiario
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Si la Patria en un tiempo dormía,
Escuchando tu voz despertó.
Tus murallas quedaban heridas,
pero alzabas tu espíritu en flor.
Julio Barrenechea,
HIMNO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
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AGRADECIMIENTOS
A Natalia, por su cariño, paciencia y compañía;
A mi familia toda, por su apoyo incondicional;
A la Universidad de Chile, mi ALMA MÁTER y campo fértil para el cultivo y
descubrimiento de mis talentos;
A la Comisión de Equidad e Inclusión de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Chile, especialmente a las profesoras Claudia Lefimil P. y
Nora Silva S., por incluirme y considerarme en sus labores;
Al Programa de Tutoría Integral Par de la Universidad de Chile,
especialmente a Carolina Matheson A. y Gustavo Castro P.;
Al equipo del Curso de Formación General “Capital de Aprendizaje: Claves
para el Logro Académico” del Campus Norte de la Universidad de Chile,
también por su amplia consideración de mi labor como ayudante, y
A la Universidad de Santiago de Chile, especialmente a la Sra. Sara González
Gallo por su labor de coordinación y su siempre buena disposición; a la
Fundación Equitas y a la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura por esta importante instancia de
formación.
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Democracia, Estado y Educación: De la democracia liberal a la democracia de guerra y del Estado Docente al subsidiario
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo corresponde a un ensayo que tiene por objetivo exponer un análisis somero
de la configuración actual de la institucionalidad educativa desde sus inspiraciones más profundas,
definiciones propias y su tránsito y contexto histórico.
El eje articulador del análisis es la construcción del Estado subsidiario, o más bien la
destrucción del Estado Benefactor y Redistribuidor y la reversión de las instituciones y procesos que
inspiró en su consolidación desde el establecimiento de la República hasta el golpe militar del 11 de
septiembre de 1973, tomando este penoso acontecimiento como el punto de partida para la
denominada Retirada del Estado, sustrayendo su funcionalidad y ámbito de desempeño conforme el
mercado hacía suya la problemática de las relaciones sociales.
De forma transversal a los contextos históricos mencionados, se hace evidente que hasta el
derrocamiento del gobierno del Presidente Salvador Allende se configuró en el seno de la gestión del
Estado, del gobierno y de la sociedad en general, una visión coherente y consistente en cuanto a la
participación del Estado en la labor educacional en la sociedad, en tanto se le confía a éste como
máxima institución social y civilizada la administración y garantía del entonces bien público de la
educación. Formalmente desde 1833 y de forma ininterrumpida hasta el desmantelamiento del Estado
en los años de 1970 y 1980, se consolida la concepción del denominado Estado Docente, que se
construye progresivamente como crisol de las ideas seculares, democratizadoras, progresistas y
desarrollistas propias de la constitución del sistema republicano, su desarrollo democrático y su
vocación de progreso material e inmaterial de la nación.
Asimismo, se intentan evidenciar las inspiraciones más o menos profundas de los drásticos
cambios que experimenta la democracia, el Estado y la educación chilena con la materialización de
las ideas de Augusto Pinochet y su contradictoria y especial concepción de la democracia, con la
inclusión del ideario gremialista de Jaime Guzmán en las normas constitucionales del Estado y sus
nefastas consecuencias.
Finalmente, y como fruto de su análisis, por una parte se abordan dos conceptos que han sido
naturalizados tal vez con ligereza: la Equidad y la Meritocracia, ambos conceptos que juegan un rol
importante en el desarrollo de los conflictos propios del sistema educacional segregado y mercantil
en el que nos han sumido. Asimismo, se vislumbra la debilidad del Estado subsidiario en sus entrañas,
dado que precisamente en la resolución de los conflictos y tensiones que genera, sobre todo en el
ámbito de la educación, participación y diálogo social, subyace una contradicción terminal: las
tensiones producidas por la despolitización y la mordaza del Estado generan un ambiente poco
deseable para la acción libre del mercado, lo que requiere una intervención cada vez más notoria del
aparato público, primero para su control, y luego para sus soluciones.
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¿UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA?
En las comunidades, sociedades y, en general, en los grupos humanos surge y se manifiesta
la necesidad de tomar decisiones que tienen repercusiones colectivas e individuales, y dichos grupos
humanos deben determinar las reglas, normas y procedimientos para tomarlas. Se dice que dichas
decisiones son democráticas en tanto en su adopción haya decidido o, al menos intervenido la mayoría
de los aptos para manifestar una opinión política o, en buenas cuentas para votar. Probablemente
muchos lectores podrían estar de acuerdo que esta es una concepción satisfactoria de lo que llamamos
comúnmente democracia. En efecto, “la única manera de entenderse cuando se habla de democracia
(…), es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que
establecen quién está autorizado para tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”.
(Bobbio, 2001)
Sin embargo, tanto la experiencia histórica reciente de múltiples sociedades, entre ellas
claramente la chilena, además de la literatura, nos dan claras luces que esta concepción de democracia
es en realidad una reducción procedimental, que poco explica la complejidad de los procesos sociales
contemporáneos en grupos humanos considerados a sí mismos democráticos, alejándose de la
amplitud de lo que realmente pretende conceptualizar. De este modo, es conveniente hacer la
distinción, entre el régimen o procedimiento democrático y lo que realmente conceptualiza la
democracia. Asimismo, dicho régimen democrático, el conjunto de reglas a las que hace mención
Bobbio, es condición necesaria, mas no suficiente para aproximarse a tan complejo y atingente
concepto.(O’Donnell, 2004)
Las mayores limitaciones de esta visión procedimentalista, es que la abstrae de los procesos
políticos de las sociedades, haciendo descansar su desarrollo en aspectos coyunturales, como la
situación económica, como ocurre por ejemplo en múltiples períodos de nuestra historia post-
dictadura. Además, esta visión reducida de la democracia es la que da lugar a sociedades civiles
fragmentadas, despojadas de poder real, carentes de consenso social y sometidas a regímenes
ilegítimos que sustentan una ilusión democrática basada en enclaves autoritarios, negociaciones y
compromisos, como lo son de hecho las democracias post-comunistas de Europa del Este y,
claramente, la democracia post-dictatorial chilena. Sin embargo, es una tercera limitación de esta
visión y la que es peligrosamente naturalizable en el discurso colectivo, la más desesperanzadora: la
visión de la democracia como un proceso de perfeccionamiento gradual de normas y procedimientos
que se nutre de quiebres, transiciones y consolidaciones, que a su vez se pueden llegar a ver como
estaciones necesarias para llegar a un estado de gracia democrática. Esto claramente obvia el hecho
que, como lo es reflejo la historia reciente de varias naciones suramericanas, ni los quiebres
institucionales ni las transiciones pactadas para salir de ellas engendran necesariamente sociedades o
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institucionalidades más democráticas. Asimismo, las democracias más avanzadas del mundo están
aún lejos de aproximarse a una situación de estabilización.
De esta forma, si ya no basta con que el régimen sea democrático, es inevitable indagar en la
problemática de la legitimidad de los gobiernos en las sociedades democráticas: ya no basta con que
sea democrático en su origen, sino que debe serlo también en su ejercicio para gozar de legitimidad.
Es precisamente el ejercicio del gobierno el que está sujeto a una fiscalización ciudadana cada vez
mayor, la que ha sujeto el carácter democrático de la acción del gobierno a la inclusión y participación
social en la toma de decisiones.
En las democracias contemporáneas los procesos de consolidación descansan en una medida
cada vez mayor sobre la legitimidad y apertura de los procesos de deliberación, ejercicio del poder y
diseño e implementación de políticas públicas. A su vez, como establece Young, el centrar la
legitimación en los procesos de deliberación más que sólo en los de elección, tiene efectos positivos
en la unidad nacional: “el conflicto de opiniones que ocurre en la arena política tiene fuerza
legitimadora no sólo en el sentido de una autorización para ocupar posiciones de poder; [sino
porque] el discurso político existente también tiene una fuerza unificadora por la forma en la cual la
autoridad política es ejercida” (Young, 2000). De este modo, se requiere de una sociedad inclusiva
para generar espacios y sistemas políticos que también lo sean, y con ello permitir la expresión de la
voluntad general. En palabras de Habermas, que el sistema político sea inclusivo “significa que dicho
orden político se mantiene abierto a la igualación de los discriminados y a la incorporación de los
marginados sin integrarlos en la uniformidad de una comunidad homogeneizada”. (Habermas, 2005)
Así, la inclusión social repercute de forma decisiva en la democratización social al permitir el diálogo
entre los diversos sectores sociales para participar en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder
y en la distribución y goce de los bienes públicos. Retomando la cita de Habermas, resulta difícil no
ver que la alabada política de los acuerdos entre el bloque concertacionista y la derecha tradicional
durante los gobiernos chilenos desde 1990, no fomenta para nada la inclusión en las discusiones
políticas de la sociedad, sino que más bien tiende a generar un efecto integrador y homogeneizador
de la discusión que se lleva a cabo entre los dos bloques, ambos históricamente sobre-representados
gracias al sistema electoral binominal, lo que resulta que, en lugar de que la discusión política
contribuya a legitimar la forma en cómo se resuelven los legítimos conflictos políticos, naturaliza y
perpetúa la lejanía entre aquellos situados en posiciones de poder y la sociedad civil.
Sin embargo, no tiene sentido la inclusión de los diversos grupos sociales si no tienen la
capacidad de incidir realmente en el ejercicio del poder. Por lo cual, en un plano más profundo que
el de la inclusión, subyace la importancia de generar, además, procesos de desconcentración y
descentralización del poder, ya sea éste político, económico o incluso simbólico. Es el
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acompañamiento de la inclusión con la redistribución efectiva del poder lo que trae consigo la
ampliación y garantía del goce de derechos económicos, políticos, sociales y culturales en
condiciones de igualdad, y es, en fin, lo que moviliza y dinamiza los procesos democratizadores de
las sociedades.
NUESTRA DEMOCRACIA PROTEGIDA
A dos meses de ocurrido el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la auto designada
Junta de Gobierno, presidida por Augusto Pinochet, publica el Decreto Supremo N°1.064 que
institucionaliza la denominada Comisión Constituyente cuya labor fue el estudio, elaboración y
propuesta de un anteproyecto de una nueva Constitución Política del Estado y que, por mandato
expreso de la Junta, adopta como preceptos fundamentales la marginación de las ideas, movimientos
y partidos marxistas; la exigencia de alto quórum parlamentario para la tramitación de reformas
constitucionales, y que “la nueva Constitución deberá estimular y asegurar la iniciativa creadora
de los particulares, pues ella, a través de la empresa privada, es el gran motor que impulsa el
desarrollo económico de un país y que, a su vez, garantiza su libertad”. Consagra asimismo que “La
absorción de las actividades económicas por el Estado conduce a una sociedad estatista que termina
por negar la libertad personal. (…) La iniciativa popular no puede existir, y menos tener la
proyección que el desarrollo del país requiere, sin fortalecer el derecho a la propiedad, tan
gravemente conculcado durante el régimen anterior”. (Actas oficiales de la Comisión Consituyente,
1973) Serán estas definiciones las que otorgarán al Estado un rol subsidiario en su desempeño social.
El nuevo orden que desea imponer –y que impuso- la Junta Militar sobre el régimen
democrático al que debía sujetarse una nueva Constitución, estaba influenciado ampliamente por la
caracterización del contexto histórico en el que, según los golpistas, se encontraba el país, haciendo
referencia, en palabras de Pinochet a una guerra no convencional contra el expansionismo soviético,
que “es el mayor adversario que enfrenta el mundo y la civilización occidental y cristiana”. Esta
inspiración personal de Pinochet se caracteriza por su visión de la guerra como un elemento
insuperable y que por tal condición debía estar ligada a la política y, por ende resultó ligada a las
definiciones del régimen institucional. Bajo este análisis es que se evidencia que el concepto de
Democracia Protegida del nuevo régimen emerge desde la concepción de democracia de guerra, es
decir, como una herramienta defensiva estratégica de la nueva institucionalidad pretendida, frente a
las agresiones del comunismo internacional.
Así, son características inherentes a esta Democracia Protegida (base del sistema democrático
actual) su carácter doctrinario y militante, al definirse como antimarxista, anti socialista, defensora
de una libertad que se expresa en mayor medida como la libertad económica y que toma como deber
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la defensa del sentido nacional y cristiano. Asimismo, esta nueva democracia reemplaza el principio
básico de voluntad popular y de mayorías, por el de Voluntad Nacional, la que no reside en el pueblo,
sino que parcialmente en los ciudadanos y, más aún en las autoridades superiores del Estado,
especialmente de aquellas más burocráticas y jerarquizadas, como el poder judicial y las fuerzas
armadas, según afirma Jaime Guzmán E., integrante de la Comisión y considerado como la materia
gris sobre los hombros de Pinochet, en cuya visión, además propone que las principales instituciones
sociales (el Estado Subsidiario, la no limitación al derecho de propiedad y la supremacía de la libertad
económica, entre otras) debían ser sustraídas necesariamente de la voluntad política mayoritaria, dado
que, en sus propias palabras, éstas derivan del derecho natural creado por Dios y deben ser protegidas
de la no interpretación del sentir nacional.
Una característica de esta democracia protegida que merece una mención especial y que
repercute especialmente en nuestros días, es que corresponde, en su esencia, a una democracia
neoliberal. Esto dado que para la dictadura el sistema democrático es un medio para alcanzar el
progreso económico. Reflejo fiel de esta visión doctrinaria es la Constitución Política de 1980, la que
protege de forma preferencial el derecho a la propiedad en todas sus formas, y fundamenta la defensa
de la libertad como la defensa de las libertades de emprendimiento y, en general, del mercado.
Consecuentemente, prácticamente prohíbe la acción empresarial pública desde el aparato estatal y le
quita injerencia al gobierno central en la definición de políticas monetarias de alto nivel.
Asimismo, en esta configuración del sistema democrático, la Constitución de 1980 encarga a
las Fuerzas Armadas el rol garante del orden institucional de la República. Esta labor es reflejo fiel
de la democracia de guerra acuñada por Pinochet, quien además se refiere a su rol en la labor del
Estado como su “reserva moral”. Así, el orden constitucional de la democracia protegida de la
dictadura convierte de hecho a las fuerzas armadas en un nuevo poder del Estado, aunque permeaba
claramente en los otros mediante diversos mecanismos, como por ejemplo mediante las amplias
atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, junto con su poder de designación de los miembros
del Tribunal Constitucional y de senadores designados. De este modo, se vulnera de forma clara el
principio de prescindencia política y no deliberación imperante en los sistemas de defensa de las
naciones democráticas.
Volviendo al punto de inicio de este texto, podemos ver que la democracia protegida de
Pinochet corresponde de forma esencial a la reducción del concepto a sus aspectos procedimentales.
En efecto, Pinochet se refiere a este nuevo régimen democrático como una “democracia autoritaria”.
En esencia, la democracia se opone al autoritarismo, por lo cual esta visión cuasi esquizoide de la
democracia no puede sino prescindir de cuanto le es propio, salvo por sus mecanismos de elección.
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Es decir, la democracia autoritaria se vale de medios o mecanismos democráticos (el sufragio) para
la elección de un gobernante autoritario, lo que para Pinochet es muestra de “una democracia
vigorosa para autoprotegerse, dotada de vigor suficiente para sobrevivir gracias a recursos
propios”, lo que adquiriría especial relevancia en la mantención de la institucionalidad militar durante
la transición.
En consecuencia, desde los primeros días de la dictadura cívico-militar pinochetista, se forja
e implementa una institucionalidad basada en la concepción de la democracia autoritaria de guerra de
Pinochet, llamada luego democracia protegida por Jaime Guzmán y que consagra la relegación del
Estado de Bienestar y garante de derechos económicos y sociales para dar un paso desenfrenado a la
mano invisible del mercado, en cuya acción libre y carente de cualquier regulación efectiva por parte
de la sociedad y el Estado, lo limita a su rol subsidiario, esquema que se ha mantenido –y
perfeccionado- por más de cuarenta años, lo que ha derivado en las consecuencias de su concepción
insuficiente, limitada y neoliberal de los derechos humanos, de la soberanía popular y la acción
política de los ciudadanos. (Estévez, 2013)
HACIA EL ESTADO NEOLIBERAL
De esta forma, el curso natural de desarrollo del Estado chileno fue consistente con la
imposición de un modelo económico extremadamente liberal, que no hace otra cosa que responder a
las concepciones democráticas de los brazos pensantes y ejecutores del régimen dictatorial. Se
produce una simbiosis progresiva entre las esferas económicas y políticas durante el desarrollo del
régimen militar: por una parte la democracia protegida promete una estabilidad institucional
legitimada como expresión de la voluntad nacional –no soberana ni popular- cuya piedra angular es
la protección irrestricta de la preeminencia del derecho a la propiedad y de la libertad económica
como fuente del resto de libertades sobre las que debía manifestarse el Estado. Por su parte, las nuevas
concepciones económicas importadas por el gobierno militar desde la denominada Escuela de
Chicago, naturalizan el crecimiento –no desarrollo- macroeconómico como expresión virtuosa del
régimen institucional imperante. Ya hacia el último lustro de la dictadura esta simbiosis da lugar a
una amalgama entre el poder político y el económico, que borra paulatina e inexorablemente las
fronteras entre uno y otro, lo que provocará tensiones notables durante los gobiernos desde 1990 hasta
la actualidad, y en cuyo modo de resolución queda en evidencia la relegación de la acción colectiva
(del Estado) a su rol subsidiario.
En rasgos muy generales, se puede considerar que el Estado de Chile ha sufrido diversos
cambios en lo referente a su rol social a lo largo de nuestra historia republicana, especialmente en lo
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que se refiere a su participación en las relaciones sociales. Se pueden distinguir, de este modo, cuatro
etapas en las que el Estado ha asumido un rol característico.
Primeramente, se configura el denominado Estado Protector, cuyo rol se centra en el
afrontamiento de la cuestión social mediante la protección del proletariado y campesinado mediante
acciones tendientes a mejorar sus condiciones laborales y dar ciertas prestaciones sociales básicas
con lo que se genera un punto de inflexión desde la solución de problemas sociales desde las acciones
de caridad hacia su resolución como acto de justicia. Un producto notable de este rol del Estado es el
Código del Trabajo de la República de 1931.
Seguidamente, hacia mediados la década de 1940, la sociedad chilena experimenta un
progreso y expansión de sus sectores medios, los cuales permean e influencian en gran medida el
curso de acción estatal. Se le asignan al Estado responsabilidades sobre las materias de
industrialización y democratización, lo que contribuyó al progreso de los sectores medios. Se
configura así el denominado Estado Benefactor, y que bajo su amplia acción en la sociedad, se
caracteriza por la expansión de las políticas de seguridad social y de la cobertura del sistema de
educación. En esta etapa la sociedad en su conjunto entiende que la educación es una de las labores
preferentes del Estado, y así lo demuestra mediante la construcción de múltiples e imponentes
establecimientos educacionales a lo largo del país, la expansión del sistema universitario mediante la
creación de la Universidad Técnica del Estado en 1947 y la creación de las sedes regionales de la
Universidad de Chile durante el rectorado de Juan Gómez Millas, entre otras. En materia educacional
se acuña incluso la expresión de Estado Docente, que será ampliada posteriormente, y lo que refleja
la labor que asume el Estado en dichas materias.
Durante los gobiernos de Eduardo Frei M. y de Salvador Allende, el Estado retoma
nuevamente su preocupación por la resolución de las problemáticas de los trabajadores y del
campesinado, los cuales han sido históricamente desfavorecidos por la mala distribución de las
riquezas, ante lo cual emerge el Estado Redistribuidor. Durante el Gobierno de Frei M. (1964 – 1970)
se orienta la acción del Estado a la redistribución del ingreso, mientras que en el gobierno de Allende
(1970 – 1973) el estado interviene en pos de la redistribución del poder, cuyas repercusiones en los
sectores conservadores y reaccionarios a las políticas del gobierno de la Unidad Popular, en
concurrencia con la intervención internacional, determinan el golpe del 11 de septiembre, lo que
rompe la tradición de más de 70 años de expansión y perfeccionamiento de las políticas sociales,
como así la tendencia de incorporación de sectores sociales marginados de la discusión pública y del
fortalecimiento del desempeño del Estado en estas materias.
Democracia, Estado y Educación: De la democracia liberal a la democracia de guerra y del Estado Docente al subsidiario
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El siguiente período, el de la dictadura cívico-militar pinochetista, ha resultado controversial
en su estudio. Algunos autores denominan a esta etapa como la del Estado Ausente o incluso como
la del Estado Protector Patronal. Sin embargo, resulta preciso calificar este período como el del Estado
Subsidiario, ya que es efectivamente este rol el que asume el Estado –gobernado ahora por la
dictadura- en materia de políticas sociales.
Con la caída del Gobierno de la Unidad Popular y la llegada de los militares y los sectores de
derecha al gobierno, se impone un sistema económico y social neoliberal, cuyo régimen institucional
adopta como eje articulador al principio de subsidiariedad que, en el caso chileno alcanza incluso
nivel constitucional –y constitutivo- del Estado, y cuyo defensor más visible es Jaime Guzmán, padre
del gremialismo, corriente ideológica basada en la Doctrina Social de la Iglesia, siendo su mayor
exponente el Papa Juan XXIII con su encíclica Mater et Magistra. Esta corriente, que sustenta el
principio de subsidiariedad, establece que entre el Estado y los individuos se sitúan las denominadas
sociedades intermedias, que corresponden en su mayor nivel de relevancia a las empresas privadas,
gremios industriales, colegios profesionales, etc., y que éstas se constituyen como producto de la
acción social del ser humano para la resolución de necesidades específicas. En esta visión, no es el
Estado el llamado a resolver ni menos a intervenir o ejecutar acciones para resolver las necesidades
de los individuos, sino que lo son precisamente las instancias intermedias, en cuya función y ayuda
debe actuar el Estado. Pone, de esta forma, a las organizaciones intermedias en un lugar de mayor
relevancia social que el Estado, al tiempo que se erige como sujeto de su acción y, sobre todo, de su
auxilio mediante la garantía de los derechos a la propiedad y el emprendimiento y su defensa. El
Estado, de este modo es un órgano social al servicio de estas organizaciones intermedias, en fin, de
la empresa y deberá asumir únicamente aquellas labores que, o bien no les son propias a estas
organizaciones, que no les sean rentables o que sean incapaces de abordar. Claro reflejo de esto es el
actual impedimento de la acción empresarial del Estado. (Dávila, 1998)
En el ámbito de la organización social y la participación política, Guzmán vierte el principio
gremialista despolitizador en la Constitución de 1980 y, en efecto, secuestra la acción política en los
partidos, alejándola de las organizaciones intermedias y en consecuencia de la sociedad civil. De este
modo, la nueva institucionalidad no debe invertir esfuerzos en legitimar su ejercicio, sino que sólo su
origen, dado que sólo éste requiere la intervención de los ciudadanos, mientras la operación del
gobierno y el Estado recae en las cúpulas partidarias.
De este modo, el Estado subsidiario se caracteriza por una acción limitada y focalizada en los
componentes distributivos de las desigualdades, lo que materializa su acción en políticas públicas
orientadas hacia la igualación de oportunidades, en contraposición al efecto igualador de posiciones
Democracia, Estado y Educación: De la democracia liberal a la democracia de guerra y del Estado Docente al subsidiario
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del Estado benefactor. En otras palabras, las políticas subsidiarias no tienen por objeto de acción las
causas de las inequidades o injusticias, sino que abordan o intentan remediar sus consecuencias sin
que ello implique una intervención en las estructuras sociales, gubernamentales, institucionales, etc.,
determinante de las inequidades sociales. Claro ejemplo son las políticas educacionales
implementadas a partir de la década de 1980, mediante las cuales se establece un esquema que
favorece el financiamiento a la demanda (a los estudiantes) mediante becas, subvenciones y créditos,
dejando de lado el financiamiento a la oferta (los establecimientos, la estructura) del sistema,
procurando así resolver las inequidades derivadas de la mala distribución de la riqueza mediante el
abordaje de sus consecuencias, mas no de sus causas estructurales.
Cabe señalar que estas políticas subsidiarias son eminentemente focalizadas, dado que deben
ajustarse a las consecuencias bien determinadas de la dispar distribución de las riquezas, y no tan sólo
de las riquezas monetarias, sino que económicas en una concepción amplia, y por cierto sociales y
culturales. Esto, dado que bajo la ideología que inspira nuestra institucionalidad, el Estado no es el
llamado a resolver estos problemas, sino que su obligación es garantizar las mejores condiciones
(mediante leyes, normas y, por cierto, financiamiento) para que las organizaciones intermedias (la
empresa, los gremios, etc.) puedan resolverlos.
De esta forma, como ya se ha expuesto, el Estado es responsable de asegurar y garantizar,
por la fuerza si fuere necesario, las condiciones para que el mercado resuelva las problemáticas
sociales, en tanto éste reúne las organizaciones intermedias de mayor relevancia. Por esto no es para
nada extraño que bajo la lógica de la subsidiariedad del Estado los bienes sociales, culturales y
económicos, entre otras labores preferentes del Estado pre dictatorial, se conviertan efectivamente
en bienes de mercado, como ha ocurrido con la educación, salud, previsión y seguridad social, la
prestación y administración de recursos básicos, y lamentablemente un largo etcétera.
EL ESTADO DOCENTE
Esta nueva configuración social e institucional claramente tiene su repercusión en la
educación chilena, en tanto uno de los más importantes ámbitos de las políticas sociales del Estado
y, como es de suponer, sigue la misma suerte que las demás al instaurarse la política y economía
neoliberal por parte de la dictadura cívico-militar.
Las estructuras y procesos educativos están a todas luces condicionados por el contexto en el
que se desarrollan y evolucionan (o involucionan). En efecto, las formas de generación y transmisión
del conocimiento de los sistemas educacionales responden a las ideologías imperantes en el sistema
y la institucionalidad. Aún más, los procesos y modelos educacionales responden e incluso
reproducen el orden social en el que se encuentran, incluyendo por cierto sus reglas y mecanismos
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de legitimación. De hecho, hay voces que afirman que “La historia de los Estados modernos es la
historia de los sistemas de instrucción pública”. (Álvarez, 2001)
Con el desarrollo de las repúblicas liberales post-coloniales en América Latina en el siglo
XVIII y su posterior expresión en los países europeos post-monárquicos, los procesos y estructuras
educativas se institucionalizan, sistematizan y complejizan de forma creciente, llegando a un punto
crítico en el cual el Estado asume el desempeño de la función educativa de la sociedad: surge así el
denominado Estado Docente.
En Chile, el denominado Estado Docente es una noción que surge de la cristalización de un
ideario laico y liberal propio del contexto histórico del establecimiento de las instituciones
republicanas. Ya en la Constitución de 1833, se estableció la educación pública como labor preferente
del Estado, y en 1842 mediante una ley orgánica se funda la Universidad de Chile y se la pone a la
cabeza del sistema educativo nacional, confiriéndosele en el nombre del Estado las labores de
superintendencia, dirección y articuladora de la educación en todos sus niveles. De forma paralela, se
crea la Escuela Normal de Preceptores (la más antigua de América) como la entidad pública habilitada
para formación de los profesores primarios. Asimismo, se funda en 1849 la Escuela de Artes y Oficios
en Santiago y en 1857 se funda la Escuela de Minas de Copiapó. Estos acontecimientos y el soplo
fundacional de un sistema público y nacional de educación e instrucción llevan a un primer gran hito
en la consolidación de este Estado Docente, y que corresponde a la promulgación de la Ley General
de Instrucción Primaria de 1860, que sella la obligatoriedad del Estado de prestar los servicios
educacionales primarios, de forma gratuita, para hombres y mujeres y la obligación de contar con
establecimientos elementales por cada dos mil habitantes, lo que justifica además la expansión en
infraestructura del sistema a lo largo del país.
Con esto se genera en el país la preocupación estratégica de abordar la tarea del desarrollo
mediante el fortalecimiento del sistema nacional de educación, lo que determinará en las décadas
posteriores que se perfeccione la labor educadora del Estado en función del desarrollo científico y
especialmente tecnológico. Sin embargo son dos principios inherentes a la consolidación de la labor
docente del Estado los que hacen que éste adquiera un rol fundamental en la historia republicana: por
una parte, la idea de que este Estado Docente debe crear y desarrollar la idea de una cultura cívica,
expresión de la solidaridad y corresponsabilidad social nacional; y la otra de inculcar los valores
republicamos y democráticos en la consolidación de la clase media burocrática que será la que en
definitivas cuentas dirigirá la acción del Estado. Tiene por tanto, un rol transformador de la realidad
chilena hacia una mayor secularización, mayor democratización e inclusión en la vida institucional
de los sectores sociales emergentes.
Democracia, Estado y Educación: De la democracia liberal a la democracia de guerra y del Estado Docente al subsidiario
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Es asimismo, el desarrollo de la labor educacional mediante el Estado Docente que Chile da
el paso definitivo hacia su modernidad y da respaldo a su modelo de desarrollo. Clara muestra es el
innegable apoyo del sistema educacional, sobre todo superior, en la aplicación del Modelo de
Sustitución de Importaciones a finales de la década de 1930 bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda.
La sustitución de las importaciones no habría sido ni remotamente posible si el Estado no hubiere
emprendido el robustecimiento de su sistema educacional, como lo hace, en efecto con la creación de
la Universidad Técnica del Estado en 1947, su descentralización y la posterior creación de sus sedes
regionales, como así las de la Universidad de Chile. Estas medidas sellaron y permitieron el desarrollo
industrial de Chile de por lo menos las tres décadas posteriores. (Nef, 1999)
LA EDUCACIÓN NEOLIBERAL
Con la imposición de la lógica neoliberal, llega la contrarrevolución educacional y se sepulta
definitivamente la idea del Estado Docente. Si desde los inicios del siglo XIX, con el fin del
imperialismo colonial español, la independencia y la construcción de la nación, la sociedad converge
en que el Estado de la nueva república tiene de forma inherente una labor protagónica en la educación
social; los sectores golpistas luego de tomado el gobierno no hacen sino invertir la inspiración del
Estado en educación. Si en las previas constituciones, dese la de 1833 se afirma que la educación es
una labor preferente del Estado, en la Constitución autoritaria de 1980, de forma coherente con los
principios neoliberales, se consagra que “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar
a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”. Es el
Estado subsidiario que ha herido y enterrado al Estado Docente, llega así la educación subsidiaria y
con ello los gérmenes de los groseros problemas y vicios del sistema educacional de nuestros días.
Se revierte de tal forma el compromiso del Estado con la labor educacional, y especialmente
con su articulación con el desarrollo nacional, que si en 1956 mediante la Ley 11.575 se establece
que el fisco destinará el medio por ciento de todos los impuestos fiscales y de los derechos de
exportación a un Fondo de Construcción e Investigaciones Universitarias, a repartirse entre todas las
universidades, estatales y privadas, para permitirles orientar su expansión, crecimiento e
investigación con las actividades productivas del país, para que 1977 se le quitara vigencia y se
aplique ahora su esquema de financiamiento a las Fuerzas Armadas, mediante las modificaciones a
la Ley Reservada del Cobre. (Lavados, 1995)
Es entrando en la década de 1980 que la dictadura militar alcanza sus mayor niveles de
estabilidad, y emprende con ello las reformas más importantes para sumergir a Chile en la lógica
neoliberal a todo nivel. Es durante esta década, la última antes de la transición, que se implementan
las denominadas “siete modernizaciones”, tendientes a la atomización de la sociedad civil y en
Democracia, Estado y Educación: De la democracia liberal a la democracia de guerra y del Estado Docente al subsidiario
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general a permitir que los principios neoliberales y la lógica del mercado permeen las relaciones
sociales, resguardados ahora por la democracia protegida de la Constitución de 1980, a saber: la
reforma laboral, el nuevo sistema de pensiones, el nuevo sistema de previsión de salud, la
municipalización de la educación primaria y secundaria, la reforma del Poder Judicial, cambios en la
agricultura y la regionalización y cambios en la administración pública. (Menanteau-Horta, 2006)
Fieles a las ideas de Guzmán, la organización y estructura del sistema educativo debía
responder al principio de subsidiariedad, lo que se logró mediante la atomización del sistema. Así,
por una parte, el Estado pierde la administración de los establecimientos educacionales primarios y
secundarios públicos para ser puestos en manos de corporaciones dependientes de los municipios, y
acercarlos así a las denominadas organizaciones intermedias. Conjuntamente, se fortalece la
educación privada y se les ve ahora como una iniciativa de negocio y emprendimiento que debía
gozar de las libertades y bondades del mercado. Sin embargo, la máxima expresión ideológica en
educación del nuevo sistema lo constituye la creación de una nueva instancia o subsistema
educacional en el país: el de la educación particular-subvencionada. Se crea así un sistema mixto, de
provisión pública y privada con la novedad de esta instancia intermedia, en la cual proveedores
particulares prestan servicios educacionales con financiamiento público. Nuevamente el Estado al
servicio de las organizaciones intermedias, en este caso los empresarios educacionales. Asimismo, el
financiamiento público de educación se reduce progresivamente y, de forma consecuente, el
magisterio pierde la dignidad y el resguardo de ser considerados como empleados públicos, lo que
determina bajas remuneraciones, pérdida de su valoración social y la fragmentación gremial.
Las consecuencias de esta reorganización del sistema escolar son claramente visibles en
nuestros días y son el resultado de la operación del sistema como mecanismo de segregación
socioeconómica y reproductor de inequidades. Los sectores de mayor poder adquisitivo y capital
cultural acceden a los establecimientos particulares, los de sectores medios y medios acomodados
pueden eventualmente acceder al mismo, aunque el grueso de la matrícula se registra en los
establecimientos particulares-subvencionados, mientras que el grueso de los sectores sociales más
vulnerados ingresa a establecimientos municipales. De esta forma, los ricos se educan –y conviven-
con los ricos, y los pobres con los pobres.
Dado que la provisión de educación se rige ahora por las leyes del mercado, frente a las cuales
el nuevo Estado subsidiario no puede intervenir, el margen de utilidades es el indicador de éxito en
el nuevo sistema. Se justifican de esta forma que los sostenedores de establecimientos de dependencia
mixta minimicen los sueldos de sus profesores, no mejoren sus condiciones laborales y en definitiva
no inviertan de forma sustancial en mejorar los ambientes y procesos educativos y de aprendizaje. De
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igual forma, los de dependencia municipal comparten en la práctica el mecanismo de financiamiento
de sus pares subvencionados, siendo ahora las municipalidades el último eslabón de la administración
pública cuyos gastos deben ser solventados en mayor medida por autofinanciamiento.
Así, se conforma una gradiente de calidad en los procesos y resultados educativos que sigue
la gradiente socioeconómica que reproduce el sistema educacional: los mejores educados son los de
mayor nivel socioeconómico, es decir de colegios particulares pagados; mientras que los peores
educados son los más vulnerados que corresponden a los de colegios de dependencia municipal en su
enorme mayoría, situándose en una posición intermedia los colegios subvencionados. Esta gradiente
se hace más grosera cuando habiendo abandonado la conducción del gobierno los militares y sus
aliados civiles, se implementa el copago en los establecimientos subvencionados, con lo cual la
calidad de educación queda sujeta con mayor fuerza al poder adquisitivo. (Bellei, 2013)
El destino de la educación universitaria no corre mejor suerte durante la década de 1980. La
reforma universitaria de 1981 corresponde a un despliegue despiadado destinado al debilitamiento
del sistema universitario estatal. Las primeras medidas corresponden a la reducción del
financiamiento de las universidades del Estado, con la creación de los Aportes Fiscales Indirectos,
que opera bajo la lógica de fondos concursables, con la particularidad que están condicionados al
puntaje que cada postulante a la universidad haya obtenido en las pruebas de selección, es decir que
se impone la lógica del financiamiento a la demanda y el abandono de las instituciones. Asimismo,
tanto la Universidad de Chile, como la Universidad Técnica del Estado, los brazos académicos,
docentes e innovadores del Estado, son mutilados e intervenidos. Con la excusa de la
descentralización, se amputan sus sedes regionales y se fusionan para dar lugar a las universidades
regionales, desarticulando en gran medida el sistema nacional construido durante la etapa de mayor
industrialización nacional. Se suspende la vigencia de sus estatutos, los que contenían las medidas
democratizadoras internas conquistadas durante la reforma universitaria de 1968, y se les despoja de
gran parte de su rol público. Por contraparte, al igual que ocurre con el sistema escolar, se permite
ahora la libre empresa en educación superior con todas las ayudas y facilidades que pueda otorgar
para ello el Estado. Sin embargo, las nuevas universidades (las universidades privadas no
tradicionales), sin excepción, carecen absolutamente de cualquier rol público y no cuentan además
con la complejidad que demanda el desarrollo de labores universitarias, como lo son la extensión,
docencia e investigación, sino que sólo se erigen como entidades docentes que se suman al esquema
reproductor del patrón de segregación social que ya acentúa el sistema escolar.
Así, en resumidas cuentas, el sistema educacional se transforma en un escenario más del
mercado, donde el que puede pagar puede acceder, perdiendo la condición de un bien social de acceso
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público, de derecho garantizado y de labor importante para el desarrollo social. El sistema
educacional, de forma consecuente con los principios que inspiran la institucionalidad neoliberal, es
despolitizada, purgada e intervenida para convertirlas efectivamente en una más de las organizaciones
intermedias. Sin embargo, las universidades del Estado mantienen su gestión burocrática, aunque
cuenten con menos del 20% de financiamiento estatal. Claramente y lejos de ser una falla del sistema,
es una medida de (re)presión, una soga al cuello que asegura la limitación de la actividad de la
universidad pública con el fin de proteger el régimen imperante. La dictadura y el legado de su acecho
no pueden correr el riesgo de abrir espacios de pensamiento como, de hecho deberían ser las
universidades. Por su parte las Escuelas Normales son simplemente extinguidas.
La expansión de las labores, atribuciones y capacidades de la Universidad de Chile y,
posteriormente de la Universidad Técnica del Estado, junto con las otras instituciones educacionales
públicas fue un factor clave para el desarrollo democrático, científico y tecnológico de Chile desde el
inicio de su vida republicana, cristalizando los dos principios fundamentales del Estado Docente: la
formación de una cultura cívica solidaria y republicana, y la formación en dichos valores de los
sectores emergentes para su inclusión en la vida institucional. Es decir, el curso natural e
ininterrumpido durante más de un siglo fue tendiente a integrar la labor educacional y sus principales
instituciones en el tejido social, siendo la puerta de entrada para la participación de la sociedad civil
en la discusión pública. Luego de la reforma de 1981, las universidades, escuelas y en fin todas las
instancias de formación e instrucción pública son castradas y degradadas: son desde ahora una pieza
más, reemplazable por cierto, del proceso productivo. Su rol transformador social se reduce a la
producción de capital humano de calificación variable y dependiente de su capacidad de pago y/o
endeudamiento, apto para desempeñarse en el mercado.
Como se establece al inicio de esta reflexión, más que la legitimidad de origen o elección de
un gobierno, y de la institucionalidad en general, es el ejercicio de sus funciones donde las
instituciones públicas están más expuestas al examen y cuestionamientos ciudadanos. A lo largo de
ya casi 25 años de imperio y hegemonía de la institucionalidad heredada por la dictadura pinochetista
a lo largo de la transición a la democracia, el funcionamiento del sistema educacional no ha estado
libre de tensiones y cuestionamientos. La grosera segregación social que perpetúa, los cuestionables
mecanismos de financiamiento público a la iniciativa privada, tanto en la educación elemental como
en la superior, el lucro, la selección y la desregulación de la oferta de formación técnica y profesional
han sido los aspectos que frecuentemente surgen en los momentos de mayor agitación. Claras
muestras de dichas tensiones corresponden a las movilizaciones estudiantiles de 2006, durante la
primera administración de Michelle Bachelet, y durante el 2011 durante el gobierno de Sebastián
Piñera. En ambas ocasiones se pudo apreciar es todo su esplendor la respuesta del Estado neoliberal
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a la soluciones de la nueva cuestión social en el campo de la educación, aunque en la primera de
forma más evidente.
Las movilizaciones de 2006 perseguían la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanza (LOCE), promulgada sólo 4 días antes del término del gobierno militar de Pinochet, y la
desmunicipalización de la enseñanza escolar, entre otras demandas. La salida al conflicto generado
por las movilizaciones fue la formación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la
Educación. Si bien la estética de esta instancia planteaba una diversidad bastante amigable, al analizar
su composición es posible apreciar que la integran los ideólogos educacionales de la transición, que
lejos de modificar el sistema ideado en dictadura, lo perfeccionan y blanquean durante los gobiernos
de la concertación. Asimismo, están en la comisión representantes de grupos sociales ampliamente
favorecidos por el sistema neoliberal, como los representantes de colegios particulares pagados
ligados a la Iglesia Católica. Otros nombres notables son los de José J. Brunner, el ideólogo
educacional concertacionista defensor de la labor empresarial en el campo universitario y Harald
Beyer, ministro de Educación del gobierno de derecha de Sebastián Piñera, quien será en 2011
destituido de su cargo mediante una acusación constitucional en el parlamento.
Fieles a los principios despolitizadores a los que responde la institucionalidad neoliberal, la
Comisión reúne una masa crítica de Tecnócratas, quienes deben dar respuesta y soluciones ante los
problemas no desde un punto de vista político, sino que técnico y factible. Aquí se reproduce
nuevamente el principio de subsidiariedad: en una instancia ofrecida por el Estado (la Comisión), las
organizaciones intermedias entregan soluciones en los campos que les son propios sin recurrir a la
ideología ni a una respuesta política en general, como así no aborda en caso alguno reformas
estructurales, sino que se vale de la acción y financiamiento público para resolver las consecuencias
derivadas de los fallos del mercado. De este modo, no es de sorprender que el gran producto que
perfila esta Comisión, que corresponde a la Ley General de Educación como reemplazo de la LOCE
haya resultado inmediata y mediatamente insuficiente.
Ya para el año 2011 se genera una movilización estudiantil que alcanza los tres principales
niveles del sistema educativo: básico, medio y superior. En su conjunto, las demandas se orientan a
la reversión de las políticas educativas neoliberales: financiamiento basal adecuado a las instituciones
estatales, democratización, fin al régimen de municipalización, gratuidad, fin al financiamiento a la
demanda, retirada del sistema bancario de los mecanismos de financiamiento de estudios superiores,
terminar con la educación subvencionada, etc. Asimismo, se suman progresivamente demandas que
desbordan el ámbito educacional, como lo son la reversión también de las políticas aplicadas en el
campo de la administración de los fondos de pensiones, de la previsión de salud, de la legislación
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laboral hasta llegar incluso a la demanda cada vez más fuerte de convocatoria a la formación de una
Asamblea Nacional Constituyente para abrogar la constitución autoritaria de 1980.
Así, ante la disminución de los espacios de encuentro tradicionales (la escuela, la
Universidad), la calle se convierte en un espacio de convergencia, que también simboliza la aspiración
de recuperación del espacio y los bienes públicos. Se reviven, por ejemplo, los cacerolazos, no vistos
desde los tiempos de mayor pobreza y represión durante la dictadura militar, como así el abierto
desafío a la labor represiva de las fuerzas policiales. Se muestra y expresa el descontento liderado por
una generación que no conoce la represión y la persecución, que no conoce del toque de queda y que
con mayor naturalidad los sentidos de solidaridad social, corresponsabilidad y participación, propios
de nuestra historia pre-dictatorial. Es en consecuencia la generación ajena al fetiche de lo anti-público
y anti-político, médula del pensamiento neoliberal.
LA AUTOINMUNIDAD DEL SISTEMA
Una premisa del correcto funcionamiento del Estado subsidiario, es que éste debe proveer las
condiciones para el correcto funcionamiento de las organizaciones intermedias, con el fin también de
alejarlas de cualquier tipo de conflicto que pudiera dar paso a su contaminación política, la que debe
residir sólo en los partidos políticos. En pos de la mantención de dicha estabilidad, el Estado, o más
bien el establishment subsidiarista no puede hacer oídos sordos de forma indefinida a las
incomodidades sociales.
Si antes de la dictadura militar el Estado mediante su labor docente formaba explícitamente
a los sectores sociales emergentes para capacitarlos en las materias de la convivencia democrática y
su desempeño en las diversas estructuras sociales, el día de hoy el Estado subsidiario hace algo
similar, aunque a modo de sacrificio en beneficio de la estabilidad y paz social que requiere y
demanda el mercado. De una u otra forma y por diversos mecanismos, aunque subsidiarios
claramente, las diversas soluciones que el sistema imperante ha dado a las tensiones del sistema
educativo se han traducido en cada vez mayor medida en una mayor permeabilidad del sistema
educacional a quienes fueron postergados por el mercado. De forma involuntaria e incipiente, si se
quiere, los espacios educacionales, sobre todo los espacios universitarios, están retornando a su
condición de espacio de encuentro y diálogo social. Aún por la acción de los préstamos bancarios y
el sistema de becas, sectores marginados de la discusión pública acceden a las ciencias, la tecnología,
la formación profesional y, más importante aún, acceden a dialogar y convivir con sus semejantes
más diferentes.
Retomando la idea anterior, comienzan a entrar en las discusiones públicas las generaciones
que han crecido y se han desenvuelto ajenos a las presiones de sus generaciones anteriores, tales como
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el miedo al asesinato, la desaparición, la prisión política y la tortura y aquellas prácticas propias del
terrorismo de Estado llevado a cabo de forma sistemática entre 1973 y 1990. Se generan de esta forma
nuevas discusiones y con ello nuevas tensiones en el sistema educativo, el que ha abordado mediante
la implementación de diversas políticas de Equidad educativa.
MÉRITO Y OPORTUNIDADES
El concepto de Equidad ha sido empleado con cada vez mayor frecuencia en el discurso
público. Como punto de partida, se puede entender la equidad como una noción de mayor complejidad
que la de igualdad, donde en virtud de sus méritos o condiciones, ciertas desigualdades son
justificables. Así, por ejemplo, puede resultar justificable dar un trato desigual pero preferencial a un
grupo social desfavorecido o vulnerado para lograr un efecto igualador con uno más favorecido.
(Bolívar, 2005) De esta manera podemos visualizar desigualdades injustas (las inequidades).
Sin embargo, desde la lógica subsidiaria, se suele emplear de forma conjunta las expresiones
de Equidad e igualdad de oportunidades, como de hecho lo hace la Organización para el Crecimiento
y Desarrollo Económico (OCDE), que establece que el concepto de equidad implica igualar
oportunidades. Dado que la Equidad es un concepto que a pesar de no resultar bien comprendido, ha
sido progresivamente elevado a la calidad de valor, al menos en el plano del discurso común, conviene
ser cuidadoso en su uso. (Espinoza & González, 2010)
Desde la lógica del Estado subsidiario, que centra su acción en la corrección de las fallas del
mercado abordando los componentes distributivos de la desigualdad, las medidas que han encontrado
mayor asidero en el sistema son aquellas orientadas hacia la igualación de oportunidades, dado que
mediante éstas se pueden abordar las consecuencias de las fallas del mercado en la solución de
problemáticas sociales, manteniendo sin embargo las estructuras y prácticas que originan dicha
desigualdad. De este modo, dichas medidas orientadas a corregir las inequidades, no afectan el origen
de dichas desigualdades injustas.
Esta naturalización de alcanzar una mayor equidad mediante políticas de igualación de
oportunidades tiene un efecto peligroso, ya que mientras dan un mensaje a la colectividad que todos
sus miembros tienen igual oportunidad de acceder a tal o cual beneficio o condición, a pesar de la
ocurrencia de desigualdades, su no resolución determina la ineficacia de dicho discurso por la
persistencia de los factores que dan origen a la inequidad en cuestión. De este modo, las medidas de
igualación de oportunidades pueden generar el surgimiento de sentimientos de exclusión (del
desarrollo, del progreso) y finalmente de pertenencia, dada la incapacidad del sistema de extender el
goce de los beneficios y derechos a todos sus integrantes, profundizando las problemáticas de
segregación y polarización social.
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Otro concepto ampliamente utilizado en estas discusiones es el del mérito y la meritocracia.
Al igual que sucede con el de equidad, el de meritocracia ha sido progresivamente elevado a la
condición de valor deseable en la sociedad, sobre todo en el ámbito del acceso selectivo al sistema
educativo. Hay que ser muy cuidadoso con el uso el concepto, dado que en el esquema imperante es
posible ver que se alinea más o menos bien con el concepto de igualdad de oportunidades. Esto dado
que individuos en distintas condiciones de origen, deben recorrer distancias distintas para llegar a
hacer uso de las oportunidades, las que pueden ser igualmente ofrecidas. Será merecedor de la
oportunidad ofrecida quien supere dicha distancia, es decir, tendrá los méritos para hacerlo, por lo
cual el sistema para aprovechar las oportunidades igualmente ofrecidas es meritorio. Sin embargo, la
competencia entre los individuos no es justa, dado que ambos no se ven enfrentados a las mismas
barreras y facilitadores.
Un buen reflejo de este análisis es el que ofrece el actual sistema de admisión a las
universidades estatales y privadas tradicionales. El Estado ha adoptado diversas medidas para igualar
oportunidades, así si un estudiante que no puede costear el arancel de su carrera, se le ofrecen
mecanismos para resolver dicho problema, por lo cual existe la igualdad de oportunidades de acceder
a la universidad, dado que todos los aspirantes deben superar la misma barrera de selección: la
obtención de un puntaje ponderado suficiente. Sin embargo si comparamos dos estudiantes de
condiciones socioeconómicas extremas y con capitales culturales notoriamente distintos, como de
hecho ocurre, aunque ambos tienen la oportunidad de acceder y costear (por sus medios propios o
mediante becas) una carrera universitaria, las dificultades a superar por el estudiante más pobre y
vulnerable determinan en la práctica la persistencia de la inequidad.
Así, como afirma Fanti, “la meritocracia termina convirtiéndose en una ideología porque
sirve para justificar moralmente a los que ocupan las posiciones de privilegio al mismo tiempo que
responsabiliza a los perdedores por no haber hecho el esfuerzo necesario para ganar”. De este modo
los sistemas que se dicen meritocráticos, lejos de conseguir la resolución de inequidades, pueden
naturalizar o blanquear el aprovechamiento de posiciones de privilegio, dando la falsa sensación de
igualación. Así, además, los sistemas de selección por mérito responderían en definitiva al patrón con
el que se distribuyen los privilegios en la sociedad, lo que queda de manifiesto, por ejemplo, con la
alta correlación con la situación socioeconómica y el resultado de las pruebas de selección y
evaluación estandarizadas aplicadas en nuestro sistema educacional (PSU y SIMCE).
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CONCLUSIONES
El análisis expuesto deja entrever que el sistema educacional chileno ha experimentado una
transformación eminentemente regresiva desde el inicio de la dictadura cívico-militar pinochetista en
1973, momento desde el cual la acción del gobierno se avoca a la destrucción del Estado Docente en
todas sus formas, desde la formación escolar primaria y secundaria, como así de la formación
superior, especialmente de aquella confiada a las universidades del Estado.
Asimismo, dicha involución del sistema educativo responde de forma casi univoca a la
aplicación de nuevos paradigmas y concepciones sobre la democracia y el rol que en esta juega la
educación. Se instala con la dictadura cívico-militar en 1973 las nuevas concepciones ideológicas,
que tienen una raigambre en visiones y creencias pocas veces exploradas en el discurso colectivo,
como lo son las inspiraciones bélicas de la concepción autoritaria de la democracia que expresa
Pinochet, o el origen de la acción despolitizadora y debilitante del Estado del régimen en el
pensamiento de Jaime Guzmán.
Se inicia así, desde el 11 de septiembre de 1973, un proceso de contrarrevolución social,
política, económica, cultural e incluso simbólica que permea en todos los ámbitos de la sociedad. Se
sientan las bases para una institucionalidad dócil y servil al mercado, el cual ya no sólo administra
los bienes y servicios que les considerábamos propios, sino que también los que por más de un siglo
defendimos como del dominio público, cuyo goce lo procuraba el Estado en tanto institución social
que llamaba al sentido e progresividad, corresponsabilidad y solidaridad social, para lo cual, por
cierto, se valía de su labor docente.
Si bien los cambios pueden ser lentos o de tan ubicuos, invisibles, surge de este análisis
también la idea de que existen numerosas contradicciones de nuestro régimen político, que guardan
en el tiempo el surgimiento de tensiones y conflictos que el sistema neoliberal no puede solucionar
sin retroceder. Surge asimismo la esperanza de que la llegada de las nuevas generaciones y de los
sectores sociales emergentes, hoy huérfanos y despojados del Estado Docente y Benefactor, traigan
de regreso al Estado y la democracia.
Es finalmente el producto pretendido de este análisis, la invitación a la indagación y al
cuestionamiento de las verdaderas inspiraciones y justificaciones de nuestro actual modelo de
desarrollo, al que espera contribuir de forma modesta.
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