Download - Diálogo por la seguridad
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Editorial
Es, en primer lugar, destacable el modo en que
diversos sectores han respondido a este llama-
do, pues como bien ha afirmado Felipe Calde-
rón, la unidad y la suma de esfuerzos se vuelven
en este momento cruciales para dar un nuevo
impulso a una necesidad apremiante para el co-
rrecto desarrollo de nuestro país: la garantía de
que la ley y el Estado de derecho se cumplen y
se harán cumplir es una exigencia indiscutible
para poder llevar a cabo cualquier actividad, ya
sea económica, política o social.
En segundo lugar, también es de hacer notar
cómo las opiniones de expertos, interesados,
actores primarios y secundarios han sido aten-
didas en distintos foros por el Primer mandata-
rio de nuestro país, con quien se han entabla-
do debates, expuesto argumentos, disentido y
coincidido, garantizando así que el diálogo sea
una herramienta de la democracia en la que se
fundamenten las grandes decisiones que afec-
tan por igual a toda la ciudadanía.
De este modo, la participación de diversos
sectores de la sociedad y la libre expresión de
ideas se conjuntan para demostrar que los va-
lores democráticos requieren no sólo de vencer
la apatía sino, además, hacer de la propuesta y
la crítica bien fundada los goznes que permi-
tan alcanzar los acuerdos necesarios para que
México siga adelante en este alto reto, que ha
requerido y seguirá requiriendo del esfuerzo,
el talento y la voluntad decidida de gobierno
y ciudadanía.
La Nación presenta en esta edición un recuento
detallado de las diversas participaciones en las
mesas del Diálogo por la Seguridad, que busca
acercar a sus lectores tanto a las propuestas que
surgieron de ese ejercicio democrático como
a los distintos hechos que, incuso antes de la
elecciones del 4 de julio pasado, convergieron
para empujar a una convocatoria desairada en
algunos casos, escuchada en otros –la mayo-
ría–, positiva por principio y de la que segura-
mente surgirán propuestas firmes que coadyu-
ven a seguir avanzando en el combate al crimen
organizado.
Por otra parte, y siguiendo la cobertura que
hemos realizado del proceso electoral recién
concluido, incluimos el análisis que Guiller-
mo Bustamante, director jurídico del Partido
Acción Nacional, respecto de los casos aún
pendientes por resolver en tribunales, así como
los pormenores de los casos más urgentes, esos
donde la inequidad en la contienda, los vacíos
legales o las imperfecciones de las legislaciones
electorales, tanto a nivel local como federal, ha-
cen que nuestra democracia tenga aún largos
tramos que recorrer en cuanto a la configura-
ción de su entramado legal e institucional.
Una vez más, esperamos que los materiales
aquí presentados y desarrollados continúen
contribuyendo para que nuestros lectores se
mantengan al tanto de las distintas facetas y
niveles de la vida pública de nuestro país, sus
pormenores y sus pendientes.
EditorialEl Diálogo por la Seguridad convocado por la Presidencia de la República ha representado una oportunidad para que diversos grupos de la sociedad civil –intelectuales, periodistas, ong, em-presarios, entre otros–, los gobiernos locales o los partidos polí-ticos participen en la evaluación y reforzamiento de las acciones del Poder ejecutivo en contra del crimen organizado.
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Internacional
Cultura
Los claroscuros del proceso 2010 /
Entrevista con Guillermo Bustamante
Por gobiernos plurales, transparentes y justos: Oaxaca,
Puebla y Sinaloa
Alianzas electorales: entrevista con Héctor Muñoz
Oaxaca: entrevista con Luis Julián Ugartechea /
Carlos Moreno
Puebla: entrevista con Eduardo Rivera /
Juan Carlos Mondragón
Sinaloa: entrevista con Francisco Solano
Opinión de Aminadab Pérez Franco
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Portada
Liberación de los presos políticos cubanos
Libros / Luis Pasos
Cine: Wich way Home, entrevista con Diana Goldberg
/ Alejandra Liceaga
De cartón / Gonzalo Tassier
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AcciónNacional
Diálogo por la Seguridad: recuento de un
llamado urgente
Opinión de Antonio De la Cuesta
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
César Nava Vázquez Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
LA NACIÓN
Carlos CastilloDirector
Irma Tello OlveraJefa de Redacció[email protected]
Sergio Rodríguez Colí[email protected]
Juan Pablo Castillo Ló[email protected]
Luis García SotoFotó[email protected]
Rosa María Cantero SalazarDistribución y comercializació[email protected]
Retorno 500Dirección creativa
Mauricio CorripioDiseño y formación
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Núm. 2341 año 68 agosto 2010
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Luego de las elecciones, el análisis, la evaluación y la reflexión.
Acción Nacional
Los claroscuros del proceso 2010
por Irma Tello olvera
Al finAl de un proceso electorAl llegA el momento de lA reflexión,
de festejar los aciertos y revisar los errores, en otras palabras,
pasar por el tamiz jurídico los resultados que arrojó la pasada
jornada del 4 de julio.
Las elecciones de 2010 fueron de claroscuros para Acción
Nacional en la medida que se presentaron situaciones muy va-
liosas y exitosas como fueron los convenios de coalición y com-
plejas pues se tuvo que enfrentar las prácticas sucias y añejas
que realizó el Partido Revolucionario Institucional, recalcó Gui-
llermo Bustamante Ruisánchez, director jurídico del CEN del
Partido Acción Nacional.
Lo cierto es que el común denominador de todo el proceso
electoral fueron las irregularidades que se presentaron en los 12
estados donde se renovó la gubernatura y donde la participación
de los mandatarios estatales priistas fue claramente visible, lo
que obligó a que Acción Nacional empleara las vías legales para
detener estas situaciones.
Lo blancoPara el también representante del PAN en el Instituto Federal
Electoral (IFE) el gran acierto fueron las alianzas que se firmaron
con otras fuerzas políticas para acabar con la hegemonía de casi
ochenta años de gobiernos del Revolucionario Institucional.
“Las alianzas nacieron para que las instituciones derivadas de
los poderes legislativos y judiciales, así como organismos electo-
rales se rijan bajo los principios de la autonomía, la legalidad y la
imparcialidad, base sin duda de la democracia y que lamentable-
mente en las entidades gobernadas por el PRI no existe”, recalcó
en entrevista con La Nación.
Y pese a las reacciones que se generaron cuando se dieron a
conocer las alianzas formadas por los partidos de Acción Nacio-
nal, de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo
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Acción Nacional
(sólo en el caso de Oaxaca) éstas prosperaron y para muestra
basta un botón: tres gubernaturas, 413 municipios y más de 100
diputados de mayoría relativa y representación proporcional.
Es importante –prosiguió el panista– dejar en claro que la polí-
tica de las alianzas fue establecer un piso democrático para que se
finquen instituciones libres y se logró en Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
Lo negroGuillermo Bustamante fue enfático al señalar que “fue muy com-
plejo ir contracorriente frente a las intromisiones notorias del PRI
y ello nos forzó a presentar diversas denuncias e incluso deman-
dar a los gobernadores del Estado de México, Puebla, Oaxaca,
Sinaloa y Veracruz”.
Es de mencionarse que bajo este panorama, el PAN estuvo
muy atento y activo en este rubro para tener al margen la parti-
cipación de los gobernadores y servidores públicos priistas que
buscaban llevar a cabo las prácticas que siempre los ha caracte-
rizado como son desvío de recursos, compra de votos y persecu-
ción de los simpatizantes del resto de las fuerzas políticas.
Ellos sabían que Acción Nacional iba bien esas entidades y
buscaron la manera de contrarrestarlo, en los casos de Puebla
y Oaxaca la alianza se alzó con el triunfo, no así en Durango y
Veracruz donde sí lograron retener las gubernaturas con estas
prácticas. No obstante, la diferencia fue tan cerrada que ahora
estamos en los tribunales peleando el triunfo, detalló Bustamante
Ruisánchez.
El inicio del uso de las vías legales comenzó el pasado 4 de
mayo en Aguascalientes, cuando se presentó ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una im-
pugnación contra la decisión del Instituto Electoral de Aguasca-
lientes, quien le negó el registro al candidato del PAN a la guber-
natura de esa entidad, Martín Orozco Sandoval.
Hasta el momento, se presentaron siete denuncias ante la
Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) donde se acre-
ditó la participación de los gobernadores priistas.
Luego de que se dieran a conocer los resultados, el Parti-
do Acción Nacional impugnó las elecciones de Aguascalientes,
Durango, Hidalgo y Veracruz para declarar nulos los comicios y
convocar a elecciones extraordinarias.
“La gravedad no radica en que se hayan instalado casillas en
lugares equivocados o que un funcionario haya actuado mal o
incluso que se hayan contado mal los votos porque eso se puede
corregir de manera muy fácil ante los tribunales, la gravedad es
que hubo una serie de conductas que provocaron que no se ten-
ga certeza de que la persona que quedó en segundo lugar de no
Los gobernadores del Estado de México, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, intromisión en los procesos electorales: Guillermo Bustamante.
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“La gravedad es que hubo una serie de conductas que provocaron que no se tenga certeza de que la personaque quedó en segundo lugar,de no haberse presentadoestas irregularidades, hubiera podido obtener el triunfoen la elección”.
Acción Nacional
haberse presentado estas irregularidades hubiera podido obtener
el triunfo en la elección”, subrayó el litigante panista.
Hasta el momento, sólo las autoridades locales del estado de
Veracruz resolvieron la elección de gobernador a favor del candi-
dato priista, por lo que ya se presentó ante el TEPJF el juicio de
revisión constitucional.
Es de resaltarse que sólo en dos ocasiones este órgano declaró
nulas las elecciones a gobernador en Tabasco (2000) y Colima
(2003). Sin embargo, Guillermo Bustamante dijo estar confiado
en que habrá un resultado favorable por la cantidad de irregu-
laridades que se presentaron, aunque también expresó que “los
casos de nulidad en los tribunales son excepcionales y eso hace
que el pronóstico por sí solo sea complicado”.
Explicó que cada legislación electoral cuenta con diferentes
tiempos de resolución, empero la regla del tribunal federal es
resolver antes de la fecha de toma de posesión, por lo que el re-
sultado del veredicto más cercano será Durango, pues tomará el
cargo el próximo 15 de septiembre.
El caso del gobierno federalAntes del 4 de julio, fecha en la que concluyó el proceso electo-
ral, el Presidente Felipe Calderón transmitió dos mensajes, uno
sobre seguridad pública y otro sobre empleo e incentivos fiscales
en cadena nacional, por lo que el partido Revolucionario Insti-
tucional presentó ante el IFE una queja, misma que el máximo
órgano electoral declaró fundada.
Por ello, el Partido Acción Nacional presentó una apelación
al respecto, pues está convencido de que el Primer Mandatario
no violó en ningún momento la ley y siempre actuó apegado al
marco legal.
En ese sentido, Guillermo Bustamante expresó que el mensa-
je de seguridad pública se trató de un discurso de transcendencia
en un tiempo especialmente cruento, pues se perdieron más de
750 vidas en dos semanas y ocurrió el lamentable asesinato del
candidato priista, Rodolfo Torres Cantú, en Tamaulipas.
“Este discurso se dio bajo un contexto trascedente, el PAN
señaló que el IFE no era autoridad competente para calificar si el
Presidente podía o no dar un mensaje a la nación”.
Es importante mencionar que el Tribunal Electoral sostuvo
en jurisprudencia que tienen que existir dos elementos para vio-
lar la legislación: temporalidad, es decir que el mensaje se haya
transmitido durante las campañas; y el segundo de contenido,
donde se haga promoción hacia un partido o candidato, o logros
de gobierno.
Si bien el mensaje se dio durante las campañas no se cumple
con el requisito de contenido porque el mensaje del Presidente
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Acción Nacional
Calderón en ningún momento, y el propio IFE así lo acreditó,
establece cuestiones relacionadas con logros de gobierno o con
apoyo a partidos o ataca a otros partidos.
Sobre el mensaje del empleo, Guillermo Bustamante dijo que
el titular del Poder Ejecutivo tiene la libertad de emitir discursos
y no es su obligación ver dónde se transmite, esa responsabili-
dad recae en los medios, quienes deciden si lo proyectan o no.
“Son los medios de comunicación los que deciden si lo trans-
miten, además de que tienen la potestad de editarlo o bien no
proyectarlo, por lo que son los medios los que deben respetar el
marco legal y no el Presidente”.
Fijar un criterio de este tipo implicaría que el Presidente de
México no podría hablar durante 10 meses de los 12 que dura el
año porque en el resto de los meses hay campañas, no podría dar
discursos ni realizar algo en materia de comunicación.
Exhortó a la revisión del contenido de los mensajes, pues
aseguró no existe ninguna frase o párrafo, ni siquiera de manera
implícita, que haya influido en la preferencia de los electores en
los pasados comicios. Sin embargo, resaltó el panista que se dio
una actitud exagerada y tendenciosa de algunos consejeros del
IFE al declarar que se había violación a la legislación.
Tanto el PRI como otros partidos emplean esta estrategia
para crear una percepción en la ciudadanía de que el Presi-
dente Calderón actúa igual que sus gobernadores, ya que estos
son “reyecitos dentro de sus entidades pues controlan todas
las instituciones y la dinámica de las alianzas fue acabar con
eso, que las instituciones funcionen con autonomía y para los
ciudadanos”.
Finalmente, el director jurídico del PAN insistió en que la
reforma electoral pasada da trato de menor al ciudadano, pues al
ver y escuchar cualquier mensaje se diera de manera tácita una
influencia en su voto, “en mi concepto es una simulación porque
la gente sí habla de estos temas antes, durante y después pues
son del interés nacional”. LN
Guillermo Bustamante, director Jurídico del CEN del PAN, en las instalaciones de la FEPADE.
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Acción Nacional
Denuncias durante los procesos electorales 2010
Aguascalientes• 4 de mayo. El representante jurídico del partido, Guillermo
Bustamante, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) una impugnación contra la deci-
sión del Instituto Electoral de Aguascalientes quien le negó el
registro al candidato del PAN a la gubernatura de esa entidad,
Martín Orozco Sandoval.
• 15 de junio. Se presentó una denuncia de hechos ante la
Procuraduría General de la República para que investiguen la
procedencia de los recursos del patrimonio del candidato priista
a la gubernatura de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre.
Ante la negativa de hacer pública su declaración patrimonial,
el senador Jorge Ocejo expuso que se solicitó a la autoridad que
determine la existencia de actos ilícitos en el patrimonio del can-
didato. El panista insistió en la necesidad de analizar sus ingresos
en los últimos 30 años para comprobar cómo obtuvo las más de
15 propiedades que posee, ya que no se le conoce otra actividad
económica más que la de servidor público.
Y es que Lozano de la Torre adquirió diversas propiedades a
precios poco creíbles, como dos lotes que compró en 2002 en el
Fraccionamiento San Carlos, con una extensión total de 6 mil
metros cuadrados a tan sólo 863 pesos.
• 20 de junio. Se presentó una denuncia penal en contra del
candidato del PRI a la gubernatura de Aguascalientes, Carlos Lo-
zano de la Torre, por falsificar documentos oficiales, entre los que
se encuentran su acta de nacimiento y una alteración al libro del
Registro Civil de esa entidad.
Guillermo Bustamante, director jurídico del Comité Ejecutivo
Nacional del PAN, acudió a las instalaciones de la delegación me-
tropolitana de la Procuraduría General de la República, para pre-
sentar todas las pruebas documentales y fotográficas.
Puebla• 9 de mayo. Se presentó
una denuncia de hechos ante
la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales
(FEPADE) para que investigara
a los funcionarios que acudieron
a una comida realizada en Pue-
bla, en días y horas hábiles, para
apoyar a candidatos del PRI, en-
tre los asistentes estuvieron los
gobernadores Enrique Peña Nie-
to, del estado de México; y Mario
Marín, de Puebla.
Veracruz• 17 de junio. Se presentó ante el Instituto Electoral de Veracruz la denuncia formal en contra del gobernador Fidel Herrera
Beltrán por el presunto desvío de recursos públicos a la campaña del candidato a gobernador por el PRI, Javier Duarte.
• 18 de junio. Se presentó una denuncia ante la FEPADE contra el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, por
el presunto desvío de recursos a las campañas del PRI en su entidad.
Guillermo Bustamante, representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral, dejó claro que el Mandatario estatal
intenta poner una cortina de humo ante el tema nodal que es el desvío de recursos públicos, donde no tuvo pudor ni
transparencia.
“Tendrá que explicar por qué desvió los impuestos que pagan los mexicanos en la campañas políticas, porque él está
de manera contundente dejando de lado su función de gobernador y está erigiéndose como el coordinador de campaña”.
Oaxaca• 30 de mayo. Se presentó
ante la FEPADE una denuncia de
hechos por el uso indebido que
realizó el gobernador de Oaxaca,
Ulises Ruiz, del programa social
Unidades Móviles para el Desa-
rrollo, con el cual promocionó al
candidato a la gubernatura, Eviel
Pérez Magaña.
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Acción Nacional
Por gobiernos plurales, transparentes y justos
por Irma Tello olvera
Oaxaca, Pueblay Sinaloa
luego de los triunfos AlcAnzAdos el pAsA-
do 4 de julio en Oaxaca, Puebla y Sina-
loa bajo el esquema de alianza entre los
partidos de Acción Nacional, de la Re-
volución Democrática y Convergencia,
los gobernadores electos suscribieron
un acuerdo de pluralismo eficaz, trans-
parente y justo.
Gabino Cué Monteagudo, Rafael
Moreno Valle y Mario López Valdez
coincidieron en señalar que el cambio
que se alcanzó en estas tres entidades
representa, sin duda, la oportunidad de
instalar buenos gobiernos, tras ochenta
años un solo partido en el poder que no
dio resultados.
“Debemos aprovechar el momen-
to del triunfo para que la victoria no
quede en un cambio de personas y de
partidos, sino en una oportunidad de
9
Acción Nacional
Por gobiernos plurales, transparentes y justos
El cambio que se alcanzó representa, sin duda, la oportunidad de instalar buenos gobiernos, tras ochenta años un solo partido en el poder que no dio resultados.
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Mario López Valdez, Gabino Cué, Rafael Moreno Valle y César Nava, durante el evento de la agenda común legislativa y de gobierno.
Acción Nacional
mejoramiento económico, social, de sus
instituciones y su convivencia política”,
subrayó el gobernador electo de Oaxaca,
Gabino Cué.
Por su parte, Rafael Moreno, quien di-
rigirá el destino de Puebla a partir de fe-
brero de 2011, reiteró que los partidos que
decidieron integrar una alianza apoyarán
la agenda legislativa además de contribuir
a la solidez de sus respectivos gobiernos.
Mientras que Mario López, titular de
poder ejecutivo en Sinaloa comenzando
en enero del próximo año, expresó que
“es un tiempo que queremos que sea útil
para nuestros estados y también para la
transición”.
En un hotel de la ciudad de México,
también los líderes del PAN, PRD y Con-
vergencia se sumaron a la firma de dicha
agenda común legislativa y de gobierno,
César Nava Vázquez, líder nacional panis-
ta, dijo que se trata de un paso fundamen-
tal, pues se pasa de la coalición electoral a
las coaliciones de gobierno y legislativa en
los estados.
“Se trata de darle cauce a la coalición
de gobierno, teniendo como premisa ma-
yor que serán gobiernos ciudadanos y no
fruto de reparto de cuotas partidistas”,
remarcó.
Respecto al ámbito legislativo, Nava
Vázquez explicó que la alianza parlamenta-
ria en los estados facilitará la ejecución y el
cumplimiento de los programas de gobier-
no que se ofrecieron durante la campaña.
Nos comprometíamos –continuó el
panista– a seis años de buenos gobiernos,
a seis años de gobiernos ciudadanos, ge-
nerar gobiernos de transición y eso es lo
que estamos facilitando. LN
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Acción Nacional
• Gabino Cué Monteagudo, gobernador electo de Oaxaca • Rafael Moreno Valle, gobernador electo de Puebla• Mario López Valdez, gobernador electo de Sinaloa • César Nava Vázquez, líder nacional del PAN
• Jesús Ortega, líder nacional del PRD • Luis Walton, líder nacional de Convergencia• Manuel Camacho Solís, coordinador de la corriente DIA (Diálogo para la reconstrucción de México)
La agenda común cuenta con 12 ejes rectores
Objetivo Acciones
1. Gobiernos de alianzas pluripartidistas
2. Pluralismo de gobierno
3. Reconciliación de la sociedad
4. Preservar la vitalidad de las alianzas:
5. Uso de recursos de manera transparente y responsable
6. Impulsar una agenda de reformas para la transición democrática
7. Procuración de justicia y seguridad pública
8. Diversidad social y regional
9. Políticas sociales de gran calado
10. Desarrollo económico
11. Transición democrática
12. Participación ciudadana
• Gobiernos plurales, no de reparto de cuotas•Todas las fuerzas políticas y sociales serán respetadas• Neutralidad en los órganos de Estado
• Eficacia para gobernar• Integración de gabinetes con los mejores profesionales (mujeres hombres) con independencia de su filiación partidista
• Gobernar con estricto apego a la ley• Cero impunidad• Sin criminalización de la lucha política y social
• Promover la coalición en el espacio del Congreso Local• Construcción de una agenda progresista y democrática
• Reducción de los gastos suntuarios y de los privilegios de los servidores públicos• Los gastos de publicidad y medios estarán enfocados a informar las acciones de gobierno
• Ciudadanización de los órganos electorales y órganos autónomos en materia de derechos humanos• Rendición de cuentas y para la orientación editorial de los medios de comunicación del estado
• Mejor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal• Independencia de los Tribunales de Justicia• Políticas sociales enfocadas al desempleo y falta de oportunidades
• Impulsar nuevas formas de participación como son los presupuestos y programas participativos• Creación de contralorías sociales para enriquecer la democracia y cohesión social
• Programas y metas ambiciosas en materia de salud, educación y reducción de la pobreza
• Promoción del desarrollo a través de la participación de todos los sectores• Mejoramiento de la infraestructura• Mayor competitividad e innovación • Impulso al desarrollo rural
• Mayor participación de especialistas y sociedad• Integración de comisiones de trabajo
• Canalizar la participación ciudadana en la integración del gobierno• Construcción de gobiernos plurales y eficaces, que rindan cuentas así como de inclusión social.
Agenda legislativa y de gobierno Fecha de la firma 14 de julio, 2010
¿Quiénes suscribieron el acuerdo?
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Acción Nacional
Instrumento eficaz en contra del autoritarismoAlianzas electorales
por SergIo rodríguez Colín
“el Asunto más importAnte de lAs AliAnzAs es pArA qué le sirven
a la sociedad; en ese sentido, las coaliciones demostraron que
son de mucha utilidad social, pues sirvieron como un canal de
expresión para la sociedad dado que los gobiernos que fueron
derrotados eran administraciones autoritarias, impositivas y que
impedían el libre desarrollo de la democracia”.
Así lo manifestó el director general de Elecciones del Comité
Ejecutivo Nacional del PAN, Héctor Muñoz Moreno, quien des-
tacó el mérito del presidente de Acción Nacional, César Nava, y
de todos los personajes involucrados en la labor de construir a
detalle las alianzas bajo una sola tesis: erradicar el autoritarismo.
“César Nava supo interpretar las condiciones del escenario
de la competencia política nacional y su apuesta por las alianzas
ha derivado en muy buenos resultados para el PAN; esa visión
estratégica ha puesto a nuestro Partido en un mejor lugar en
2010 en comparación a cómo nos dejaron los resultados electo-
rales de 2009”, subrayó.
Antes de conocerse los resultados de la jornada electoral del
4 de julio, prominentes periodistas como Miguel Ángel Grana-
dos Chapa apoyaron la coalición de partidos opuestos en prin-
cipios e ideología, pero no así en lo más significativo: la equidad
plena y el crecimiento de México.
“Las coaliciones entre partidos de ideologías diferentes, como
lo son el PAN y el PRD, suceden en todo el mundo, con la jus-
tificación de que más allá de colores los vinculan necesidades
comunes”, señaló el ganador del Premio Nacional de Periodismo
en el marco del foro “Alianzas, Unidad, Paz y Progreso” realizado
el 14 de abril pasado en el Polyforum Siqueiros.
Héctor Muñoz apuntó que el primer objetivo de las alianzas
fue sacar al PRI del gobierno, ya que este partido impedía la nor-
malidad democrática. Tras el triunfo de tres de ellas –Oaxaca,
Puebla y Sinaloa– el gran propósito ahora, prosiguió, es cumplir
con las propuestas sociales y económicas, donde hay plena coin-
cidencia entre los partidos aliancistas.
Hace unos días, el 14 de julio, los gobiernos emanados de
estas alianzas –Gabino Cué, Rafael Moreno y Mario López– fir-
maron el acuerdo “Pluralismo eficaz, transparente y justo”, en
el que se establecen doce compromisos que darán rostro a los
gobiernos de coalición.
“No se trata de la repartición de puestos entre los partidos
que ganaron sino del cumplimiento de todos los objetivos que
los llevaron a aliarse. En el caso de Oaxaca, Puebla y Sinaloa lo
más urgente es que se atiendan a fondo, con políticas públicas
que no tengan ideología ni colores partidistas, el combate a la
pobreza, el rezago educativo y la marginación social”.
Trascendencia históricaEl director general de Elecciones del PAN indicó que la trascen-
dencia de las alianzas en el ámbito político del país es mayor
si se considera que los triunfos aliancistas marcan el inicio del
fin de los gobiernos priistas que impedían la vida institucional
democrática en los estados, cuya tiranía se acentuó luego de la
13
por Juan Pablo CaSTIllo
Acción Nacional
transición democrática del año 2000. Para Acción Nacional las
cinco alianzas signadas –Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Durango e Hi-
dalgo- fueron un éxito, pues se dio un avance significativo en
cuanto a número de municipios y distritos electorales obtenidos.
“Ganamos en Hidalgo y Durango, sólo que el gobierno
del estado se metió indebida e irregularmente en el proceso
electoral; todas esas anomalías cometidas por los gobiernos
priistas fueron ya debidamente acreditadas y sólo nos queda
esperar que los Tribunales le den la razón a la ciudadanía de
estas entidades”.
Héctor Muñoz resaltó que en estos estados también se ob-
tuvo un triunfo cualitativo, ya que por primera vez, en ambos
casos, los partidos de la alianza pusieron al desnudo la ilegal y
añeja práctica del Revolucionario Institucional de intervenir en
los procesos electorales.
En el caso de Hidalgo y Durango, afirmó, se movilizaron los
liderazgos aliancistas para construir buenas campañas que trans-
formarán a estas entidades y las sacarán del silencio en que han
estado sumergidas por más de 70 años.
“La gran conclusión es que las alianzas sirven como un vehícu-
lo de la expresión ciudadana y ahora debemos preguntarnos cómo
Acción Nacional le puede ser útil a la sociedad”, puntualizó.
Revisar demandas ciudadanasAunque los resultados electorales del 4 de julio fueron favora-
bles en general para Acción Nacional, Baja California, Tlaxcala y
Aguascalientes se significaron como un descalabro para el Parti-
do al perderse gubernaturas ayuntamientos y distritos electorales
que eran responsabilidad panista.
En el caso concreto de Baja California, Muñoz Moreno sugi-
rió hacer un estudio muy reflexivo y detallado sobre las causas
que llevaron al Partido a ese resultado. “Tenemos que hacer una
revisión de cuál fue el modelo con el que trabajó el panismo
local y no apresurar los juicios sobre las causas que llevaron a la
derrota en el estado”.
Cuestionado sobre si este efecto pone en riesgo la continui-
dad de los gobiernos de Acción Nacional en la entidad, el panista
precisó que la votación del 4 de julio no es un referendo sobre el
desempeño del gobierno estatal en tanto que no se trató de una
elección de gobernador sino que se trataba de una elección de
autoridades locales.
“Es muy conveniente revisar el tema de cómo estamos in-
terpretando las demandas ciudadanas en lo local y en ese sen-
tido trabajar de frente. No representa un riesgo porque vivir
en democracia significa tener gobiernos de distinta ideología
y color”.
Héctor Muñoz enfatizó que ante los triunfos y derrotas del
proceso electoral 2010, Acción Nacional refrendó su presencia
en la vida política nacional como un actor fundamental en el
desarrollo del país, como un partido que está a la vanguardia
y que encara con responsabilidad los retos que están por venir
para nuestra nación. LN
Héctor Muñoz Moreno, director general de Elecciones, en entrevista con La Nación.
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Acción Nacional
Impedir excesos de poder en Oaxaca
Gobernará PAN por primera vez la capital
por SergIo rodríguez Colín
el 4 de julio fue un díA memorAble pArA oAxAcA, pues es lA fechA
que muchos oaxaqueños esperaban desde hace mucho tiempo:
el día de la alternancia democrática en la entidad. Con su voto,
la sociedad oaxaqueña dejó atrás un sistema político que en los
últimos años se había tornado en exceso autoritario y que lleva-
ba más de 80 años obstaculizando el desarrollo de esta hermosa
tierra.
El triunfo de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución De-
mocrática, del Trabajo y Convergencia, ha generado una gran
expectativa entre la gente de todo el país, lo que compromete a
los candidatos ganadores a trabajar con mucha responsabilidad
y visión de Estado.
Consciente de esta responsabilidad, el alcalde electo de Oaxa-
ca de Juárez, Luis Julián Ugartechea Begué, precisó que existen
condiciones para llevar a cabo un buen gobierno, pero tiene que
haber habilidades políticas distintas a aquellas que se suscitaban
en la cultura del atropello y la corrupción.
El panista consideró que será fundamental respetar la pla-
taforma común, ese programa en donde los distintos partidos y
actores políticos decidieron originar el piso democrático que no
existía en Oaxaca y que tiene dos objetivos principales: la transi-
ción democrática y la creación de una política social que elimine
las diferencias que existen en el estado.
Mientras llega el tiempo de asumir nuestra responsabilidad
de gobierno, añadió, tenemos la oportunidad de crear una pla-
neación participativa que defina claramente el trabajo del muni-
cipio y de la administración estatal, lo que nos llevará a un ins-
trumento fundamental para cualquier transición: la suscripción
de un pacto.
15
Acción Nacional
En las instalaciones de La Nación, Luis Julián Ugartechea, alcalde electo de Oaxaca.
16
Acción Nacional
“Tiene que haber un pacto por la transición entre todos los
actores políticos, entre todas las fuerzas políticas, incluso con
los que fueron derrotados en las urnas; ahí, es donde podemos
caminar de una manera más pronta en esta transición”, comentó
en entrevista con La Nación.
Ugartechea Begué se mostró a favor de la Ley de Participa-
ción Ciudadana, promovida por el gobernador electo Gabino
Cué. “El PAN siempre se ha asumido como demócrata y estos
instrumentos –plebiscito, referéndum y revocación de mandato–
son parte importante para empoderar a la ciudadanía”.
Manifestó que estos instrumentos democráticos le dan mu-
cha mayor certidumbre a la ciudadanía, siempre y cuando estén
debidamente reglamentados. “Para que haya gobernabilidad es
básico un equilibrio que impida excesos de poder como sucedió
en Oaxaca, donde el régimen autoritario de Ulises Ruiz era ya un
verdadero virreinato”.
Alianzas, política de avanceAnte los señalamientos de algunos analistas políticos que augu-
ran el fracaso de las alianzas en la acción de gobierno, Luis Julián
Ugartechea les recordó que la política avanza y se modifica, pues
no puede permanecer por siempre el statu quo de ideologías o
de formas de pensar.
“El mensaje para la ciudadanía de que los políticos puedan
ponerse de acuerdo es algo que ya esperaba la sociedad con mu-
cha ansiedad; en el pasado quedó demostrado que los procesos
de polarización no conducen al país a nada bueno”.
Explicó que en el caso particular de la alianza “Unidos por la
Paz y el Progreso” siempre estuvo contemplado llevarla más allá
del proceso electoral y trasladarla también al ámbito legislativo,
con el fin primordial de trabajar en leyes que permitan competir
a todos los oaxaqueños en términos de equidad e igualdad.
“Las alianzas son un modelo que terminará funcionando,
para esto será determinante el pacto político; al haber una alian-
za de tantas fuerzas políticas sólo faltaría integrar a algunos acto-
res más –como el magisterio– para generar las condiciones nece-
sarias que permitan la transición”.
Al cuestionarle cómo el ciudadano identificará en una coali-
ción la ideología de un partido, el munícipe electo estimó impor-
tante que los partidos políticos clarifiquen su doctrina, porque a
veces al ciudadano común le es difícil percibir cuál es la verda-
dera ideología de un partido.
“La agenda democrática de Acción Nacional siempre ha sido
muy clara en temas como el de la participación ciudadana y la
planeación. La transparencia es un tema que principalmente lo
ha traído nuestro Partido, al igual que el de gobiernos de resulta-
dos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos”.
Gobierno distinguibleDeclarada por la UNESCO en 1987 Patrimonio Cultural de la
Humanidad, la ciudad de Oaxaca de Juárez es hoy en día una
urbe con cinturones de pobreza –producto de la migración de
las comunidades indígenas que viven en total abandono– y ser-
vicios públicos deficientes –tiene problemas de escases de agua,
de drenaje y electrificación–.
Pese al panorama, Luis Julián Ugartechea confía en que su
administración encontrará las ventajas competitivas que convier-
tan a Oaxaca de Juárez en el puente que fusione la tradición cul-
tural con la modernidad que requiere la entidad, sin renunciar
a su historia.
“Estamos en el tema de la planeación participativa, nuestros
ejes van a ser los mismos que los del Plan Nacional de Desarro-
llo. Sin embargo, tenemos asuntos particulares como la moder-
nización administrativa que requiere el ayuntamiento y el com-
promiso de destinar 70 por ciento del presupuesto a las colonias
marginadas”.
El primer panista que gobernará la capital oaxaqueña expresó
que su presidencia priorizará el tema de la seguridad, pues du-
rante los recorridos de campaña se percató del grave problema
de pandillerismo que sufren sus colonias, cuyo origen es resul-
tado del sistema autoritario priista que desatendió a los jóvenes.
“Estamos muy conscientes de nuestro compromiso histórico,
de nuestro momento, de qué nos toca hacer en Oaxaca durante
estos tres años y el papel que debemos jugar cada quien para que
verdaderamente haya una transición democrática en el término
de las instituciones y de las leyes que se requieren para ello”,
concluyó. LN
17
Acción Nacional
Transición democrática para Oaxaca
por Juan Pablo CaSTIllo
oAxAcA trAnsitó por fin A lA democrAciA, lA
coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”
superó este desafío el pasado 4 de julio al
conquistar la gubernatura, 68 municipios
y ocho diputaciones locales.
“Esta alianza electoral recibió la con-
fianza de un pueblo oaxaqueño atemo-
rizado que fue despertando de un sueño
donde existía una esperanza de cambio
y una transición democrática para el es-
tado”, comentó el presidente del PAN en
Oaxaca, Carlos Moreno Alcántara en en-
trevista con La Nación.
Nos enfrentamos, continuó el diri-
gente panista, a un electorado desani-
mado y apático, teníamos que lograr una
alternativa democrática que captara la
atención de los ciudadanos para obtener
un cambio por la vía pacífica. Pese a no
contar con una estructura político social,
la unión de las fuerzas de los partidos de
Acción Nacional, de la Revolución Demo-
crática, Convergencia y del Trabajo per-
mitió defender el voto.
Carlos Moreno Alcántara, presidente del CDE de Oaxaca.
18
Acción Nacional
Con 733 mil 783 votos para Gabino
Cué, candidato de esta coalición y con una
participación ciudadana del 55.9% se con-
siguió este triunfo histórico en este estado.
“Este resultado nos enseñó una impor-
tante lección, hay que atreverse, romper
paradigmas y que hacer cosas diferentes
pueden ostentar victorias históricas y tras-
cendentes para la vida democrática de Méxi-
co y en el caso particular de Oaxaca”, resaltó
el presidente de los panistas oaxaqueños.
Nuestra coalición, aclaró Moreno Al-
cántara, no fue una aventura electoral, ni
una acción desesperada o una ocurrencia
política ante la imposibilidad competitiva,
fue una herramienta democrática que nos
permitió apuntar hacia un proyecto de
transacción democrática.
Aportaciones para la agenda legislativaEl presidente panista informó que el gru-
po parlamentario presentará varios temas
para lograr una agenda legislativa mucho
más nutrida para la próxima legislatura y
de esta forma lograr una gobernabilidad
democrática.
Entre las propuestas, destacan lograr
un poder legislativo independiente, dis-
tinto y plural que permita dotar al Estado
de un marco jurídico más democrático.
Así como reestructurar el Consejo de
Judicatura del Estado para lograr una ver-
dadera impartición y procuración de justi-
cia. En materia educativa, activar un pacto
que apoye al millón 300 mil alumnos que
perdieron sus clases y así obtengan una
igualdad de oportunidades en el futuro,
pues parte de la democracia es otorgar
una educación libre, gratuita, de calidad
con conciencia y de contenido social a una
población.
Asimismo, fomentar leyes que per-
mitan a Oaxaca ser un estado atractivo y
competitivo para la inversión extranjera,
además de elaborar una ley de desarrollo
social y de participación ciudadana, para
que toda orientación del gasto y desarro-
llo público esté acorde al Plan Nacional de
Desarrollo.
Una vez concluidos estos comicios, es
importante, dijo el líder oaxaqueño, dejar
en claro que Acción Nacional junto con
el resto de las fuerzas políticas se unieron
para lograr la transición democrática en el
estado.
Ahora, el reto es ejercer y direccionar
los espacios de poder hacia una meta su-
perior: pasar de un estado autoritario sin
oportunidades a un estado democrático
donde haya igualdad y reconciliación con
los habitantes de Oaxaca, finalizó Carlos
Moreno Alcántara. LN
El despertar del pueblo oaxaqueño, indispensable para alcanzar la victoria: Moreno Alcántara.
19
Acción Nacional
Dar continuidad a los gobiernos
panistas en PueblaEntrevista con Eduardo Rivera Pérez
por SergIo rodríguez Colín
Eduardo Rivera Pérez, alcalde electo de Puebla, en las instalaciones del CEN panista.
20
Acción Nacional
“el verdAdero triunfo del pArtido Acción nAcionAl se verá cuAn-
do dentro de tres años Eduardo Rivera haya transformado la vida
social, política y económica de la ciudad de Puebla y, basado en
este buen trabajo, entregue las llaves de la presidencia municipal
a otro panista”, afirmó el alcalde electo con el mayor número de
votos en la historia de este ayuntamiento (obtuvo 308 mil 697
sufragios que representa el 53.92 por ciento de la población).
Integrante del PAN desde 1991, Eduardo Rivera Pérez asegu-
ró que su administración sentará las bases dentro del entrama-
do legal constitucional del sistema político poblano para que los
cambios que lleve a cabo no sean solamente coyunturales sino
estructurales.
Queremos ser un ayuntamiento como León, Guanajuato,
donde llevamos un sinfín de administraciones ininterrumpidas o
como el caso del municipio de San Andrés Cholula, aquí en Pue-
bla, donde tenemos más de cinco administraciones continuas,
expresó en entrevista vía telefónica.
Para alcanzar este propósito, el ex diputado federal señaló
que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de
cuentas serán pilares en su administración, pues, dijo, sin ellas
no hay democracia y la sociedad poblana tiene el derecho de
conocer el desempeño de sus gobernantes.
Apuntó que entre sus primeras acciones de gobierno estará
aprobar, en sesión de Cabildo, que las o los titulares de la Con-
traloría Municipal y de la Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Gobierno Municipal de Puebla sean
ciudadanos imparciales emanados de una terna propuesta por
universidades y la sociedad civil.
“Lograremos una ciudad mejor para vivir y lograremos que
las políticas públicas a favor de la seguridad, de cero tolerancia
a la delincuencia, de proyectos que generen empleo y de servi-
cios públicos de calidad sean una realidad para los habitantes de
nuestra ciudad”.
Trabajo en conjuntoEl triunfo de la alianza “Compromiso por Puebla” no sólo se re-
flejo en la alcaldía, pues también se ganó la gubernatura, cien
municipios y 14 diputaciones de mayoría relativa, lo que le per-
mitirá implementar una política pública con una perspectiva de
largo alcance, de entendimiento, de diálogo y de acuerdo entre
las diversas autoridades.
Rivera Pérez informó a La Nación que ha sostenido varias reu-
niones con el gobernador electo, Rafael Moreno Valle, con quien
aseguró habrá un trabajo en conjunto, de acuerdo y de entendi-
miento, ya que están conscientes de la responsabilidad que les
fue conferida el 4 de julio.
“Tendremos una estrecha comunicación, lo que no ha sido la
costumbre en la ciudad ni entre los propios priistas; de hecho,
la relación gobierno-municipio actual se distinguió por ser tor-
tuosa, de descalificaciones públicas y de falta de entendimiento”.
El alcalde electo identificó dos problemas muy graves en la
ciudad que son competencia del gobierno estatal y que necesi-
tan el apoyo y la coordinación del nuevo gobernador: transporte
público –que es una deficiencia y un caos en la ciudad– y la
escases de agua potable –el sistema operador es controlado por
la entidad estatal–.
Corresponder a la confianza ciudadanaCon una población de 1 millón 485 mil 941 habitantes (de
acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005), la ciu-
dad de Puebla enfrenta un serio problema de inseguridad, ya que
el asalto a plena luz del día y el robo de vehículos y autopartes se
ha incrementado exponencialmente en el municipio.
Una de las formas de abatir este problema incluye la imple-
mentación del uso de la tecnología; en ese sentido, el munícipe
electo señaló que su presidencia instalará 100 modernas cámaras
de vigilancia en zonas inseguras, adquirirá patrullas con GPS y
video cámaras y los policías y agentes de tránsito contarán con
moderna radiocomunicación.
Incrementaremos, asimismo, el número de policías y profe-
sionalizaremos a los elementos a través del servicio policial de
carrera, que ya se ha implementado en otros estados y en otros
municipios del país, indicó el político blanquiazul.
En cuanto a mejorar los servicios públicos, Eduardo Rivera
afirmó que durante el primer año de su gobierno pavimenta-
rá mil nuevas calles, priorizando las zonas que nunca han sido
atendidas, además de que instalará en la vialidades un alumbra-
do público eficiente para tener calles seguras.
“Es importante señalar que la capital poblana tiene 5 mil calles
sin pavimentarse; hoy en día se están pavimentando anualmente
entre 250 y 300 calles, lo que significa que si seguimos en ese
mismo ritmo ni en diez años lograremos disminuir este rezago”.
21
Acción Nacional
Aunado a lo anterior, también se planea crear el Centro de
Respuesta Inmediata a quejas vía celular e internet, así como im-
pulsar el Metrobús y camiones articulados para mejorar el ser-
vicio de transporte público en la cuarta ciudad más importante
de México.
Respecto al empleo, explicó que su gobierno disminuirá a la
mitad el tiempo que lleva abrir un negocio y brindará capacita-
ción a los hombres y mujeres que decidan iniciar una empresa,
pues muchos de los establecimientos que se abren en la capital
tienen una durabilidad de sólo dos años.
También se tiene programado dar crédito a la palabra a muje-
res emprendedoras para que inicien su propio negocio, así como
implementar un programa de becas para los jóvenes estudiantes
de alto rendimiento académico, a quienes se vinculará también
con las empresas.
“Trabajaremos estos tres años a favor de los ciudadanos, quie-
nes deben estar convencidos de que la confianza que depositaron
en nuestras manos será correspondida con resultados concretos.
Es hora de que el gobierno haga su tarea, pues los ciudadanos ya
hicieron la suya”, puntualizó. LN
Ser un ayuntamiento como León, Guanajuato, donde llevamos un sinfín de administraciones ininterrumpidas, Eduardo Rivera Pérez.
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en pueblA se vivió un momento histórico el pAsAdo 4 de julio con
la victoria electoral de la oposición formada por los partidos de
Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD),
Nueva Alianza (PANAL) y Convergencia en la coalición “Com-
promiso por Puebla”.
Según el Instituto Electoral del estado de Puebla (IEE) Rafael
Moreno Valle, candidato de la coalición, recibió un millón 111
mil 318 sufragios; un resultado que el presidente del Comité
Directivo Estatal del PAN en Puebla, Juan Carlos Mondragón
Quintana, calificó como “un triunfo histórico”.
“Es un honor el ser testimonio de este momento en Pue-
bla, no sólo por el resultado en las elecciones a gobernador,
también porque es la primera vez que el PRI no va a tener el
control del Congreso del Estado ni tampoco lo tendrá ningún
partido por sí solo”, comentó el presidente panista en entre-
vista con La Nación.
El dirigente blanquiazul explicó que el día de la elección se
tuvieron que superar varios obstáculos, entre ellos los ataques y
recursos que utilizó el Gobierno del Estado, el control de medios
locales de comunicación que generaban noticias falsas y hasta el
mismo IEE. “Esta institución hizo todo lo posible por ponernos
piedras en el camino”.
“El ofrecimiento de un estado abierto a la inversión directa y
extranjera que generará empleos y el intentar la normalización
de las instituciones en Puebla, fueron los motivos por el cual la
ciudadanía salió a votar por la coalición”, argumentó Mondragón
Quintana.
Respecto al papel que jugará el panismo local en la construc-
ción de una agenda legislativa y de gobierno, comentó que “se
utilizarán los seis meses restantes para construir una agenda le-
gislativa con los diputados locales y posteriormente se trabajará
con el gobernador electo para empatar prioridades y necesidades
de la población”.
La toma de protesta del poder legislativo será el próximo 15
de enero; mientras que el gobernador ocupará el cargo el 1 de
febrero y los ayuntamientos el 15 de febrero.
Reformar las institucionesUna de las propuestas que se mostraron durante la campaña
electoral fue que las instituciones del estado poblano funcionen
de acuerdo a la normalidad democrática y se rijan bajo el prin-
cipio de transparencia.
“Aquí las instituciones sólo sirven para fortalecer a su partido
y de esta forma mantienen la hegemonía de la vida política y
económica del estado”, aseveró Mondragón Quintana.
Citó el caso del poder judicial, donde no hay un Consejo de
la Judicatura, de existir ayudaría al Tribunal Superior de Justicia
a ser más transparente y lograr una verdadera selección de jueces
y magistrados.
“Que el sistema de impartición de justica sea un poder más
eficiente y que imparta justicia a quien tiene la razón y no al que
esté más cercano al poder”, subrayó el dirigente poblano.
Asimismo, informó que una de las propuestas de Rafael Mo-
reno Valle es realizar toda una reingeniería de la actual estructura
Acción Nacional
Triunfo histórico en Puebla
por Juan Pablo CaSTIllo
23
Acción Nacional
Juan Carlos Mondragón, presidente del CDE de Puebla.
del gobierno del estado, como es el caso de unir las Secretarías de
Turismo y de Cultura para fomentar un turismo cultural.
Otra dependencia sería la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, que actualmente cuenta con un presupuesto muy peque-
ño, situación que no le ha permitido buscar mayor inversión
nacional y extranjera.
Juan Carlos Mondragón dejó en claro que Rafael Moreno Va-
lle se comprometió a que si no cumplía sus metas en los prime-
ros tres años de gobierno, dejaría la gubernatura; “por eso el PAN
promoverá una ley de participación ciudadana para que la gente
evalúe el desempeño del nuevo gobierno”. “Gracias a esta victo-
ria, aprendimos que podemos dialogar y ponernos de acuerdo
con quienes son diferentes; se escuchó el mensaje de la ciudada-
nía que demanda que los políticos se pongan de acuerdo”.
La alianza “Compromiso por Puebla” contó con excelentes
candidatos para contender por los municipios, las diputaciones y
por supuesto la gubernatura, ello fue factor importante para ob-
tener esta victoria histórica, concluyó Juan Carlos Mondragón. LN
24
Acción Nacional
para Sinaloapor Juan Pablo CaSTIllo
lA promesA reiterAdA de mArio lópez vAldez y de los demás cAn-
didatos de la coalición “Cambiemos Sinaloa” fue el cambio y
Sinaloa lo vivirá a partir del 1 de enero de próximo año.
El dirigente panista explicó que este cambio hará realidad las
necesidades y demandas que han solicitado por muchos años
los sinaloenses, como la ruptura social y la desarticulación del
andamiaje institucional.
“También se tiene que definir el tipo de estado que quieren
los ciudadanos, porque Sinaloa es un estado inseguro, sin demo-
cracia y sin libertad en la toma de decisiones por las limitacio-
nes que ponen los poderes fácticos del estado. A partir de estos
hechos, el nuevo gobierno construirá una entidad libre, segura
y justa”.
“El reto de poder mantener esta coalición fue conseguir la
coordinación entre las diferentes fuerzas políticas tan disím-
bolas como son los partidos que la formamos, finalmente la
conseguimos a un nivel lo suficientemente bueno como para
haber conseguido este triunfo en Sinaloa”, puntualizó el pre-
sidente panista.
Construcción de una agenda legislativaRefiriéndose al acuerdo “Por un pluralismo eficaz, transparente y
justo”, firmado por los gobernadores electos de Puebla, Oaxaca y
Sinaloa, Rafael Moreno Valle, Gabino Cué y Mario López Valdez,
respectivamente; Solano Urias explicó que en términos generales
Un cambio
25
Acción Nacional
se comparten las mismas ideas en el acuerdo firmado, pero que
en términos particulares cada estado deberá atender un caso en
particular.
“En el caso de Sinaloa, se tendrá que construir una agenda
que emane un proyecto legislativo y un proyecto de reforma que
nos ayude conseguir el cambio que queremos”.
Estamos conscientes que el cambio no vendrá de la noche a la
mañana, prosiguió el presidente blanquiazul, pero cuando entre
la nueva legislatura y aunque nos lleve muchos años, vamos a
buscar un proyecto legislativo y crear programas de gobierno
bien implementados para que se cumplan las promesas hechas
durante la campaña.
“Yo no concibo que un gobierno pueda llevar a cabo su
ejercicio sin el respaldo de un partido fuerte, bien estructurado
y mejor organizado; porque no somos mayoría, nuestro parti-
do junto con los diputados de la coalición, trabajaremos para
lograr la construcción de los acuerdos necesarios para crear las
reformas requeridas”, dijo el líder sinaloense.
“En el PAN estamos conscientes del enorme reto que está
al frente de nosotros, la responsabilidad que pesa en nuestros
hombros como partido que fue fundamental para lograr esta
alternancia.
Ahora tendrá que ser capaz de organizarse, reestructurarse y
fortalecerse para lograr ser un interlocutor válido entre el gobier-
no y los ciudadanos”, finalizó Francisco Solano Urias LN.
Francisco Solano Urias, presidente del CDE de Sinaloa.
26
Opinión
Les recordamos al PAN y al PRD que somos mayoría
Aminadab Rafael Pérez Franco
A consecuenciA de lA jornAdA electorAl del 4 de julio y como si
faltaran signos de la molestia del priismo ante las históricas de-
rrotas electorales que les propinaron las alianzas “contra natura”
del PAN y el PRD en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, más las que se
acumulen, un grupo de senadores del PRI, encabezados por el
“inefable” Manlio Fabio Beltrones, salieron a los medios para re-
cordarle a sus adversarios que “son mayoría” en el Congreso de
la Unión.
Qué terrible que el PRI sea incapaz de tener el espíritu de-
mocrático que le permitiera aceptar sus derrotas con resigna-
ción, que pena que ni se inmute por sus victorias sustentadas
en la pillería electoral de los gobernadores, que miopes que no
quieran ver que la mayoría de los electores no votó por el PRI
el 4 de julio y que sigan en cambio aferrados a la idea de que
la mezquindad política y legislativa es su mejor estrategia para
afrontar la elección del 2012. Lástima dan.
Claro que sabemos que el PRI es mayoría en la Cámara de
Diputados y en algunos congresos locales, como sabemos que no
son el partido en el gobierno y ello es causa de su mezquindad
política; pero como los mismos priístas no se atreven a explicarle
con honestidad al pueblo en qué consiste ser mayoría en la co-
yuntura actual, nos tomaremos la molestia de hacerlo nosotros.
Son una mayoría vergonzante. Porque no han tenido la va-
lentía de declararse mayoría en la Cámara de Diputados y asumir
el control de la misma. En el gobierno de la Cámara tímidamen-
te han usado al Partido Verde no como aliado sino como satélite
y han jugado a la negociación tramposa y al manejo sesgado de
los asuntos en San Lázaro, pero negándose como mayoría para
no asumir el costo político de mandar como mandan y decidir
lo que deciden. Se hacen tontos con su mayoría que sólo les
sirve para votar tajadas presupuestales u otras prebendas para sí
mismos y no para decidir reformas legislativas o institucionales
por el bien de México.
Son una mayoría relativa. Porque saben que no son la ma-
yoría absoluta, ni tienen el respaldo mayoritario del pueblo.
Su sobrerepresentación en San Lázaro contrasta con su mino-
ría en Xicoténcatl. En ambos casos, son grupos parlamentarios
más vociferantes que eficaces; más rijosos que constructivos;
más parlanchines que razonables. Ya no negocian, ni dialogan,
ni proponen, son reactivos y poco imaginativos, porque sólo se
expresan para hablar en contra de las propuestas enviadas por
el Presidente o para criticar por todo al Gobierno Federal pero
casi nunca toman la palabra a favor de algo que no sea su mero
interés electoral.
Son una mayoría paralizante. Porque al creerse a pie y junti-
llas que el priísmo es la única casta capaz de gobernar al país, por
analogía se asumen como la única oposición llamada a paralizar
al país. Es curiosa una mayoría que dice NO a todo proyecto aje-
no y que no impulsa nada como proyecto propio; no existen por
parte del PRI iniciativas de reformas políticas, administrativas,
económicas o sociales que respondan a los problemas naciona-
les; tan sólo hay un NO rotundo, expresado de múltiples formas
contra todo proyecto del Ejecutivo. Y el pretexto para el NO es
el mismo siempre: “este proyecto tiene fines electorales de cara
al 2012”.
En realidad el PRI demuestra en los hechos que su único
objetivo es que fracase el actual gobierno para que ellos regresen
al poder; podrán negarlo, podrán decir que han participado en
acuerdos menores de gran importancia, pero el hecho es que a
los gobiernos del PAN le han negado las herramientas necesarias
para ampliar los márgenes de gobernabilidad del país, le han
reducido sus capacidades de atender y resolver los problemas
27
sociales por la vía de maniatar las posibilidades de ejercicio pre-
supuestal, y le han negado también la regulación oportuna para
promover la actividad económica y destrabar los nudos legales
que impiden el desarrollo. La realidad del país desmentiría de in-
mediato cualquier negativa o justificación priísta de este hecho.
Son una mayoría resentida. Porque el rumbo político del PRI
lo marca el dolor de haber perdido el poder y su obstinación por
recuperarlo. Cuando los voceros de “la mayoría” vienen a recor-
dar sus mínimos aportes a la estabilidad política y a la gobernabi-
lidad del país en la última década, además de sobredimensionar
sus pequeños actos, lo hacen en un tono como de salvadores de
la patria, con la soberbia de los que imaginan que el país no se
ha desecho gracias a ellos cuando el país se ha salvado a pesar de
su resentimiento y sabotaje sistemático del gobierno ajeno. No
piden que se reconozca su mínima responsabilidad sino que se
aplauda su falso patriotismo. Y su resentimiento ha perjudicado
económica y socialmente a todos los mexicanos.
Son una mayoría frágil. Porque el PRI se pone un disfraz
de mayoría unida que mal esconde una realidad de grupos res-
quebrajados, enfrentados e incapaces de ponerse de acuerdo en
algo que vaya más allá de obstaculizar al gobierno en turno. Son
un torbellino de intereses contradictorios, insaciables y mez-
quinos, ensimismados en maximizar el beneficio económico
para gobernadores y caciques locales, expertos en arañar recur-
sos para mantener con vida a organismos corporativos afines,
para preservar donde sea posible su vieja mística de que “vivir
fuera del presupuesto es vivir en el error”. Y sin embargo su vo-
racidad es tal que acaban con peores pleitos entre sí cuando se
reparten el botín que le quitaron a la iniciativa de Presupuesto
enviada por el Ejecutivo Federal. No tienen principios políticos,
ni plataforma, ni proyecto: pura ambición facciosa claramente
identificable y medible cuando se negocia el presupuesto.
Son una mayoría sin proyecto de país. Porque antes el PRI
decía luchar por la siempre amorfa e indefinida “ideología de la
Revolución Mexicana”, porque cuando perdió el poder atrinche-
ró su programa de acción en “evitar que la derecha destruyera
las instituciones de la Revolución”. Pero en la realidad, la praxis
opositora del PRI es una inercia que no conduce a ninguna parte,
ni siquiera es claro que se encamine a la recuperación del poder;
su única consistencia ha sido a decir NO, pero el PRI carece en
forma evidente de un proyecto de desarrollo, de modernización
o de cambio sustantivo para la vida pública y social del país. Si lo
tuvieran, emplearían su “mayoría” para impulsarlo, pero “la ma-
yoría” no impulsa nada que no sea su propia ambición, porque
no tiene proyecto sustantivo que impulsar.
Y si no están de acuerdo con esta caracterización como mayo-
ría que no produce certidumbre política, sino zozobra nacional,
que nos desmientan, pero no con palabras sino con hechos: que
tomen decisiones como mayoría sin que los frenen los costos po-
líticos; que impongan su mayoría para aprobar leyes y reformas
estructurales con la pura visión del PRI si quieren pero que no
mantengan al país en la parálisis y la indecisión; que dialoguen o
negocien, incluso si quieren que la mayoría excluya, pero basta
de una mayoría que se hace tonta y no decide. Hechos queremos,
total si en democracia la regla de la mayoría se impone, atrévanse
a imponerla, pero no amenacen con usar una mayoría que en el
fondo no tienen, que en el fondo no merecen, que en el fondo no
está legitimada por el bien de México. Pobre mayoría impotente
afirmada tímidamente por voceros prepotentes. LN
Aminadab Rafael Pérez Franco director de Análisis Político y Discurso de la Fundación Miguel Estrada Iturbide.
28
Portada
fue durAnte el mes de junio cuAndo, en diversos medios impresos
del país, la Presidencia de la República publicó un extenso artí-
culo titulado La lucha por la seguridad pública, firmado por el
Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En el documento, el titular del Ejecutivo exponía de manera
clara y contundente la estrategia contra el crimen organizado
que, desde principios del sexenio, se ha implementado con el
apoyo de las fuerzas armadas, con el objetivo de poner freno a
las actividades de los diversos grupos delictivos que, de manera
impune e inclusive al amparo de autoridades coludidas, habían
puesto en jaque la estabilidad, el desarrollo y el crecimiento de
México.
Así, en el primer apartado de ese texto, se señalaba que:
“Uno de los desafíos más importantes que enfrenta México es el
de la inseguridad. Soy conciente tanto de su gravedad como de
la exigencia ciudadana de ponerle fin. Se trata de una problemá-
tica que se ha venido exacerbando con el tiempo”.
Más adelante, añadía que “La lucha es, pues, por la Seguri-
dad Pública. Enfatizo lo anterior porque existe una percepción
generalizada de que el objetivo del gobierno es ‘combatir el nar-
cotráfico’. Usualmente las referencias a la acción del gobierno se
etiquetan o se refieren simplemente como una ‘guerra contra el
narco’ o ‘la lucha antinarco’. Esto, sin embargo, no es así. Nuestro
objetivo medular es lograr la seguridad pública de los ciuda-
danos, y no única ni principalmente combatir al narcotráfico.
Combatimos con determinación al crimen organizado, porque
Diálogo por la Seguridad: recuento de un llamado urgente
redaCCIón la naCIón
30
entre diversos cárteles por el control de
rutas de tráfico: “Los Estados que registran
mayor número de homicidios son escena-
rios del enfrentamiento entre cárteles por
el control territorial”.
El quinto apartado de La lucha por
la seguridad detalla la estrategia a seguir
por parte del Estado, a partir de la llama-
da Estrategia Nacional por la Seguridad,
que se divide en cinco componentes fun-
damentales:
1) Operativos conjuntos en apoyo a las
autoridades locales y a los ciudadanos;
2) Escalar las capacidades operativas y tec-
nológicas de las fuerzas del Estado;
3) Reforma al marco legal e institucional;
4) Una política activa de prevención del
delito;
5) Fortalecer la cooperación internacional.
A manera de conclusión, el titular del
Ejecutivo señalaba que: “Es hora de que
los mexicanos sumemos todas nuestras
capacidades para recuperar la seguridad
pública. Todas las autoridades del país de-
bemos comprometernos a hacer nuestra
parte para combatir al enemigo común.
Se trata de una tarea impostergable. El
enemigo se puede vencer y sé que unidos
habremos de derrotarlo.
“Quienes proponen la retirada del go-
bierno parten de la falsa premisa de que
los criminales por sí solos abandonarán
sus actividades violentas y delictivas. Esto
no es así. Lo que hay que hacer es enfren-
tar a la delincuencia. Si nos quedamos
cruzados de brazos quedaremos en manos
del crimen organizado, viviremos siempre
con miedo, nuestros hijos no tendrán fu-
turo, habrá mayor violencia y perderemos
nuestra libertad.
“No es momento de bajar la guardia o
claudicar. Debemos combatir sin tregua al
crimen para defender nuestras libertades,
para recuperar nuestra tranquilidad, para
que haya más inversión y más empleos, para
construir el México más fuerte y ganador
que nuestros hijos merecen. La lucha vale la
pena: es por México y los mexicanos”.
es nuestra obligación constitucional y éti-
ca, porque es obligación del Gobierno Fe-
deral hacerlo, pero también y fundamen-
talmente porque el crimen organizado ha
alterado, de manera significativa, la paz
de los ciudadanos.
Evaluación y propuestaLos dos siguientes apartados del docu-
mento de marras (que puede consultarse
de manera íntegra en la página www.pre-
sidencia.gob.mx) hacían un balance de
las causas del problema de la inseguridad,
poniendo énfasis en cuatro incisos: el
consumo de drogas en Estados Unidos; el
control de territorio por parte de las ban-
das criminales a partir del narcomenudeo
y las rutas de transporte de mercancías
ilícitas; los diversos modus operandi que
convirtieron en cómplices a diversas auto-
ridades locales de todos niveles; y el fácil
acceso a armamento de alto poder, prin-
cipalmente por “el descuido de las auto-
ridades estadunidenses”. Asimismo, se
mencionaba cómo el recrudecimiento de
la violencia en los últimos meses obedecía
en buena medida a los enfrentamientos
Portada
Francisco Blake, secretario de Gobernación, Felipe Calderón y la primera dama, Margarita Zavala, en el primero de los diálogos por la seguridad.
31
Un llamado urgenteLa publicación de La lucha por la seguri-
dad pasó inadvertida para buena parte de la
prensa nacional, centrada en ese momento
en el desarrollo de los procesos electorales
locales en 11 estados de la República. Hizo
falta un hecho doloroso e indignante para
que ese llamado a la suma de fuerzas a tra-
vés de una estrategia común tuviera sus
primeros ecos: el asesinato del candidato
priista a la gubernatura de Tamaulipas,
Roberto Torre Cantú y su comitiva, en las
cercanías de Ciudad Victoria.
Ese lamentable hecho conmocionó al
país el 28 de junio ppdo, a unos días de
que la jornada electoral se llevara a cabo.
La condena fue unánime por todas las
fuerzas políticas y diversas organizaciones
y asociaciones civiles y sociales. El Parti-
do Acción Nacional, a través de su pre-
sidente, César Nava, decidió cancelar las
actividades de su abanderado en la enti-
dad, José Julián Sacramento, y conminó
en rueda prensa a “reflexionar sobre la
trascendencia de unirnos todos frente al
enemigo común que es precisamente el
crimen organizado y todos aquellos que
pretenden robarnos la tranquilidad y pri-
var de la vida a seres inocentes”.
Por la noche de ese día, el Presidente
Calderón refrendó la condena mediante un
comunicado transmitido en cadena nacio-
nal, en el que además urgía dejar de lado
las diferencias partidistas y políticas para
asumir con un sentido de participación y
corresponsabilidad en todos los órdenes
de gobierno, de los Poderes de la Unión
y de la sociedad, una lucha que, una vez
más, detonaba alarmas sobre su importan-
cia y relevancia para el pueblo mexicano.
El llamado de unidad fue explícito y
proponía “generar un clima de colabo-
ración”; fue a su vez repetido al día si-
guiente (29 de junio), también en cadena
nacional, y alertaba sobre “la necesidad
de crear un frente común” para generar
“una respuesta que implique unidad de
esfuerzos y voluntad política de todas las
representaciones partidistas”.
“Convoco a todas las fuerzas políticas
del país, a todos quienes creemos y defen-
demos la democracia, a que dialoguemos
sobre éste y otros desafíos que México tie-
ne de manera directa… Convoco también
a la sociedad, a los sectores productivos,
a los empresarios y a los trabajadores, a
académicos e intelectuales del país, a los
medios de comunicación para que cada
quien, en el ámbito de su competencia y
de influencia, podemos crear juntos un
frente común contra quienes pretenden
imponer su voluntad por encima de la ley.
“El propósito del diálogo al que hoy
convoco es hacer frente común, es acordar
acciones directas que den una respuesta
decidida de todas las fuerzas políticas ante
este desafío compartido”, concluía el men-
saje presidencial.
Cabe destacar que las primeras reac-
ciones, tanto de diversas fuerzas políti-
cas como de algunos comentaristas, fue
la crítica por proselitismo del Presidente
que, a unos días del 4 de julio (fecha en
que tendrían lugar los comicios), utiliza-
ba los medios nacionales para difundir su
mensaje.
Estos señalamientos, sin fundamentos
y provenientes en su mayoría de quienes
han contribuido al estancamiento de las
propuestas de distinto corte para mejorar
la seguridad nacional, fueron sin duda
una clara muestra de cómo buena parte
de la clase política mexicana aún es inca-
paz de dejar de lado las diferencias para
unirse en torno a los asuntos de mayor
relevancia para la nación, supeditando
las decisiones cruciales a intereses faccio-
sos o de grupos que, interesados en man-
tener cotos de poder o de simplemente
paliar la iniciativa presidencial, represen-
tan un escollo para éste y otros asuntos
de carácter urgente.
El llamado presidencial fue repetido
durante el mes de julio en diversos foros,
y pasaron apenas unas semanas para que
la preponderancia de ese diálogo volviera a
reflejarse en los hechos: el último fin de se-
mana del mencionado mes se descubrieron
Portada
32
los cuerpos de 17 personas asesinadas en la finca Italia Inn, en
Durango, a manos de reos del Centro de Readaptación Social
No. 2 de Gómez Palacio, quienes con la venia de la entonces
directora del plantel tenían autorización de salir a perpetrar ese y
otros crímenes, tanto en ese estado como en Coahuila.
En su primera aparición pública, el entonces recién nombra-
do vocero de Acción Nacional, Maximiliano Cortázar, exigió al
gobernador duranguense, Ismael Hernández, investigar a fondo
los hechos y señalar a los culpables, al tiempo que pidió a los go-
bernadores asumir su responsabilidad en materia de seguridad:
“Ya basta de pretextos por parte de los gobernadores y las enti-
dades; hay que ponernos a trabajar tanto partidos políticos como
gobierno federal y gobernadores de los estados en conjunto para
sacar adelante la estrategia en seguridad”.
Un golpe estratégicoFue el 29 de julio cuando comenzó a correr la noticia de que,
en Guadalajara, Jalisco, había sido abatido por el ejército Ignacio
Coronel, una de las cabezas del cártel de Sinaloa más buscadas
por el FBI, luego de un operativo de cuatro horas en el que par-
ticiparon más de 100 elementos de las fuerzas armadas. La tras-
cendencia de la noticia llenó al día siguiente las primeras planas
de la prensa nacional y extranjera, incluidos rotativos como The
Guardian, de Inglaterra, The New York Times, de Estados Unidos
o El País, de España, además del reconocimiento por parte del
gobierno de Barack Obama.
La muerte de “Nacho” Coronel se sumaba, de ese modo, a la
lista de cabecillas de los principales cárteles que han sido deteni-
dos o ultimados a lo largo del sexenio, refrendando de ese modo
el compromiso de las fuerzas del Estado y del Ejecutivo con una
lucha que, cabe mencionar, ningún otro mandatario había asu-
mido de manera seria y comprometida.
El Diálogo por la Seguridad: sociedad civil y empresariosEl 2 de agosto, en las instalaciones del Casino Militar del Campo
Marte, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa dio inicio al Diálo-
go por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento, acompañado,
durante esa jornada inaugural, por dirigentes de organizaciones
no gubernamentales y empresarios que respondieron al llamado
del titular del Ejecutivo.
Durante el encuentro estuvieron presentes, entre otros,
Eduardo Gallo, de México Unido contra la Delincuencia, María
Elena Morera, de Causa Común; de igual modo, los empresa-
rios Mario Sánchez Ruiz, del Consejo Coordinador Empresarial,
Portada
La labor de las fuerzas armadas, crucial ante la inoperancia de las policías locales.
33
• Arturo Beltrán Leyva, cártel de Sinaloa, fallecido el 16
de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos.
• Vicente Carrillo Fuentes, cártel de Juárez, capturado el 2 de
abril de 2009 en el Distrito Federal.
• Vicente Zambada Niebla, cártel de Sinaloa, capturado el 19
de marzo de 2009 en el Distrito Federal.
• Eduardo Arellano Félix, cártel Arellano Félix, capturado el
26 de octubre de 2008 en Tijuana, Baja California.
Portada
• Jesús Zambada García, cártel de Sinaloa, capturado el
22 de octubre de 2008 en el Distrito Federal.
• Alfredo Beltrán, cártel de Sinaloa, capturado el 21 de
enero de 2008 en Culiacán, Sinaloa.
• Hasta el 16 de julio de 2010 se habían capturado un total
de 1,626 personas relacionadas con estructuras de mando
de distintas asociaciones delictivas, de las cuales 304 per-
tenecen al cartel de Sinaloa, 622 al Cartel del Golfo (Zetas),
65 del cártel de Tijuana, 514 de la Familia Michoacana, 84
del cártel de Juárez y 34 del cartel del Valle de Colombia.
Principales detenciones durante el sexenio calderonista
Valentín Diez Morodo, del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior, y Luis Peña, de la Asociación de Bancos de
México. Entre las solicitudes de los asistentes destacan:
• Abatir la impunidad;
• Limitar las operaciones en efectivo hasta por 50 mil pesos y las
superiores con algún instrumento que permita el rastreo;
• Elaborar una “lista negra” de sospechosos que deberá ser con-
sultada por los bancos antes de abrir cualquier cuenta bancaria;
• Abrir a debate la legalización de algunas drogas.
En su intervención, Calderón propuso a las organizaciones
exigir “a todas las autoridades por igual”, desde alcaldes o regi-
dores hasta al Presidente de la República, “resultados concretos
en la tarea y, en particular, del fortalecimiento institucional que
necesita el país”. Asimismo, pidió “una presencia más activa,
más permanente en la discusión y seguimiento de las políticas
en materia de seguridad, en todos los órdenes de gobierno y en
todos los poderes públicos”, así como la revisión de los com-
promisos firmados en el Acuerdo para la Seguridad, la Justicia
y la Legalidad.
“El propósito es que, a partir del empuje de la sociedad, se
fortalezcan las instituciones del Estado en materia de seguridad
y procuración de justicia. La sociedad debe ser copartícipe en
la construcción de una política moderna y eficaz de prevención
que contribuya a restaurar el tejido social”.
Intelectuales y académicosLa segunda reunión del diálogo convocado por Calderón se rea-
lizó el 3 de agosto, con la presencia de intelectuales, periodistas,
especialistas y académicos, entre los que se contó con Héctor
Aguilar Camín, Joaquín Villalobos, Jorge Chabat, Mauricio Meri-
no y Jorge Fernández Meléndez. Los principales puntos del de-
bate giraron en torno de:
• Legalización de algunas drogas;
• La estrategia de información en el marco del combate al crimen
organizado;
• Claridad en las cifras y estadísticas sobre el crimen.
El Presidente de la República, por su parte, centró su inter-
vención en cinco puntos, convocando a los especialistas reuni-
dos a sumarse “a todas las instancias de análisis y evaluación a las
que habrán de convocar las organizaciones de la sociedad civil y
el Gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación”, así como
a participar y supervisar tanto las propuestas relativas a la “pro-
fesionalización y equipamiento de las corporaciones policiales
y ministerios públicos”, como las concernientes a la mejora de
sistemas penitenciarios y reforma del sistema penal.
Subrayó también la importancia del apoyo del sector en la
“aprobación y, desde luego, aplicación de la legislación pendiente
de resolver” y la necesidad de formular “propuestas específicas
sobre cómo fortalecer las instituciones, mejorar la estrategia y
lograr un mayor y mejor compromiso de todas las autoridades
en el combate a la delincuencia y en el logro de la seguridad
pública”.
“Ustedes, como líderes de opinión, han sido y son actores
relevantes en la consolidación de nuestra democracia y se han
destacado por su compromiso de arraigarla y perfeccionarla. Por
esa razón valoro su voluntad para seguir contribuyendo, desde
su ámbito de acción, en el combate al flagelo de la inseguridad y
la criminalidad, que amenaza a nuestra sociedad”.
34
Representantes de las iglesiasCon la participación de diversos líderes de las diversas religio-
nes y credos de nuestro país, entre ellos, el cardenal Norberto
Rivera, los arzobispos de Guadalajara y Yucatán, Juan Sandoval
y Emilio Berlié, respectivamente, Guillermo Gringberg, de la
comunidad judía, así como jerarcas de la congregaciones cris-
tianas, evangélicas y mormona, el tercer encuentro del Diálogo
por la Seguridad tuvo verificativo el 4 de agosto, con el com-
promiso explícito de los convocados a respaldar la lucha contra
el crimen encabezada por el Ejecutivo, desde el ámbito de la
familia y desde la promoción de los valores éticos y morales en
sus comunidades.
La intervención de Felipe Calderón se centró en reconocer
la necesidad de que las policías y cuerpos de seguridad de es-
tados y municipios cuenten con salarios que les permitan de-
sarrollarse a ellos y sus familias de manera íntegra y completa;
en el mismo sentido, exhortó a hacer uso de los mecanismos de
denuncia como parte del deber ciudadano de dar conocimiento
a las autoridades acerca de ilícitos y crímenes cometidos, así
como de aquellos actos de corrupción por parte de los encar-
gados de hacer cumplir la ley.
En otro orden de ideas, y ante la indiferencia de algunos par-
tidos políticos frente a la convocatoria presidencial a debatir y
evaluar la estrategia de seguridad, Calderón señaló: “No me voy
a quedar a esperar a ver a qué hora los intereses particulares ter-
minan de estar por encima de los intereses nacionales. Yo seguiré
trabajando hasta el límite de mis fuerzas personales y hasta el
límite de los recursos que la Constitución le otorga al Presidente
de la República, para combatir la criminalidad”.
De igual modo, refrendó el llamado a la sociedad para que
exija cuentas a sus representantes, a diputados, para que aprue-
ben las leyes que mejoren el combate al crimen organizado y
que aún se encuentran detenidas en el Congreso, y a los jue-
ces, “para que no estén buscando hasta el último resquicio de
nuestras leyes barrocas y abigarradas para poner en la calle a los
delincuentes que tanto trabajo cuesta capturar”.
Portada
Con los líderes de los partidos políticos del país, el 10 de agosto, en el Campo Marte.
35
• Reforma para dar autonomía técnica y funcional a la PGR.
• Reforma al Código Penal para establecer cadena perpetua
en ciertos casos de secuestro.
• Reforma para castigar con mayor rigor la posesión de
armas.
Portada
Algunas propuestas del Ejecutivo pendientes de aprobación en el Congreso
• Reforma para crear un “tipo penal” que sancione a quie-
nes atenten contra la vida, integridad y seguridad de los
familiares de los servidores públicos de las instituciones de
seguridad pública.
• Reforma al Código de Justicia Militar para penalizar a
los miembros de las fuerzas armadas que participen en la
delincuencia organizada.
Directivos y propietarios de medios de informaciónEl 5 de agosto se reunieron diversos propietarios de los princi-
pales medios impresos y electrónicos, entre ellos, Mario Vázquez
Raña, (Organización Editorial Mexicana), Rogerio Azcárraga Ma-
dero (Radio Fórmula), Joaquín Vargas Guajardo (MVS Comu-
nicaciones), Alejandro Puente Córdoba, (Cámara Nacional de
la Industria de Telecomunicaciones por Cable), Karen Sánchez
Abbott (Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria
de la Radio y Televisión), José Antonio Bastón Patiño (Televisa),
Jorge Mendoza Garza (TV Azteca), así como directivos de los
periódicos Milenio, El Financiero, La Jornada, El Economista,
El Universal, por mencionar algunos.
Felipe Calderón presentó cinco propuestas para que, sin vio-
lentar la libertad y el derecho a la información, los medios se
sumaran de manera efectiva, responsable y objetiva no sólo al
Diálogo por la Seguridad sino también al combate del crimen
organizado, que en fechas recientes ha cobrado la vida numero-
sos periodistas, víctimas del asesinato y secuestro por parte de
sicarios y grupos de la delincuencia.
Las propuestas del Ejecutivo son:1. Que discutan, analicen y, en su caso, adopten códigos y pro-
tocolos de manejo de información sobre seguridad con base en
experiencias internacionales;
2. Que, con apego a sus esquemas de autorregulación, los me-
dios de comunicación promuevan contenidos que eviten hacer
una apología del delito;
3. Dar seguimiento a las deliberaciones sobre la lucha por la se-
guridad y las propuestas que surjan en la mesa institucional y en
los foros estatales, así como evaluar el cumplimiento del Acuerdo
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad;
4. Difundir campañas para prevenir la violencia y las adiccio-
nes entre los jóvenes, e inhibir su reclutamiento por parte de
los criminales, al tiempo que se incentive la cultura de la lega-
lidad y la denuncia;
5. Abrir espacios en los medios de comunicación para que la
ciudadanía participe directamente en el debate público dirigido
al fortalecimiento de la política de seguridad, enriqueciendo el
diagnóstico y proponiendo acciones a seguir.
Partidos políticosLuego de varios desaires por parte de algunas fuerzas políticas
del país, calificados de apatía por parte de Felipe Calderón y,
sin duda, contrarios a la vocación de diálogo, debate y acuerdo
que debe caracterizar a cualquier democracia, los dirigentes de
los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática, Verde Ecologista, Convergencia y Nue-
va Alianza se dieron cita en el Casino Militar del Campo Marte,
quedando vacío el lugar de la dirigencia del Partido del Trabajo.
El debate con las cúpulas de los partidos, el 10 de agosto, fue
en ocasiones álgido y crítico, repleto de señalamientos de entre
los que destacan acusaciones hacia el Ejecutivo por hacer de la
seguridad un tema electoral, a lo que el Presidente de la Repú-
blica reviró: “Yo coincido en que temas de seguridad nacional no
debieran ser materia de disputa electoral. Sin embargo, en honor
a la verdad, amigas y amigos, estos temas de seguridad nacional
o no, estos temas son materia de disputa electoral de todos los
actores. Y no juzgo la buena o mala fe. Es cierto. En la medi-
da en que se politizan y son el elemento toral de las campañas,
se generan mucho más incentivos o se pierden los incentivos al
consenso.
“Yo lo que pretendo con estos diálogos, o lo que mi Gobier-
no pretende, es poder generar nuevamente consensos que, por
culpa o por razón atribuible a quien sea, se han erosionado. Y un
consenso fundamental debe ser ese: el que la seguridad debe de
estar por encima de los partidos”.
36
Portada
Arriba: El presidente del CEN del PAN, César Nava: una participación corresponsable de los partidos con el Ejecutivo. Abajo: Directivos de medios de información.
37
Portada
Arriba: Diálogo con ministros y representantes del Poder Judicial. Abajo: Los gobernadores de las entidades federativas, reunidos con el Presidente Calderón.
38
Portada
concluir con un reconocimiento a los integrantes de las fuerzas
armadas que han perdido la vida en nombre de hacer de México
un lugar mejor para esta y las siguientes generaciones.
El Poder JudicialEl penúltimo de los foros, que reunió a ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, magistrados y consejeros, enca-
bezados por Guillermo Ortiz Mayagoitia, se llevó a cabo el 11
de agosto, y el Presidente inició su intervención reconociendo
la labor que hace un par de años desempeñó el Poder Judicial,
cuando se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia
y la Legalidad.
“Hace dos años, cuando la sociedad nos exigía a los gober-
nantes actuar en respuesta a la criminalidad… se asumió por
parte de participantes del Poder Judicial compromisos muy con-
cretos, como transparentar el desempeño de los órganos que
integran dicha instancia, el instalar nuevos Juzgados y Tribuna-
les Federales, cosa que se ha hecho; el establecer juzgados de
control con jurisdicción en toda la República, que ahora operan;
y, en general, favorecer la celeridad de los procesos judiciales, en
particular de los procesos penales.
“Yo reconozco en ustedes, señor Ministro, señores Conseje-
ros, señores Magistrados, a actores estratégicos para inhibir la ac-
tuación de los grupos delictivos y cerrar la brecha de impunidad,
que es, entre otros factores críticos, uno de los que más estimula
la acción delictiva”. De igual modo, Calderón hizo un reconoci-
miento a la labor comprometida y dedicada de los jueces.
Entre los retos señalados por el Primer mandatario en este
orden de gobierno se encuentra garantizar que los servidores pú-
blicos no sean presa de amenazas, intimidación o cooptación por
parte de los grupos criminales, así como la implementación de
los juicios orales, parte de la reforma judicial que aún se debate
en el Congreso de la Unión.
Por su parte, Guillermo Ortiz precisó que de 2007 a la fe-
cha, el Consejo de la Judicatura Federal ha sancionado a 42 jue-
ces de distrito y magistrados de circuito por acciones ilegales, y
agradeció a Calderón el apoyo de la Procuraduría General de la
República y de la Secretaría de Seguridad Pública federal ante las
amenazas del crimen.
GobernadoresEl encuentro con los titulares de los gobiernos estatales ocurrió
el 12 de agosto, en una reunión de cerca de cuatro horas en la
que los participantes acordaron que la corresponsabilidad en el
combate al crimen organizado debe ser el signo con el que fede-
ración y entidades asuman una batalla crucial para el presente y
el futuro de nuestro país.
En su intervención, el Presidente Felipe Calderón afirmó
que “ustedes, los Gobernadores de la República, tienen un papel
“El propósito del diálogo al que hoy convoco es hacer frente común, es acordar acciones directas que den
una respuesta decidida de todas las fuerzas políticas ante este
desafío compartido”.Felipe Calderón
Por su parte, el presidente de Acción Nacional, César Nava
Vázquez centró su participación en dos puntos principales: el
primero, la negativa rotunda a la legalización de las drogas, tema
retomado por varias de las fuerzas representadas y que tanto la
dirigencia del PAN como Calderón se han negado con insistencia,
pues se pretende con ello una solución total que, no obstante,
dista mucho de poner fin a la violencia que se deriva del crimen
organizado. “La legalización de las drogas es una puerta falsa”,
señaló contundente Nava Vázquez.
Como segunda propuesta, el panista “demandó dejar atrás el
esquema de “uno por uno”, donde el titular del Ejecutivo Fede-
ral asumía la tarea y la actividad, de forma preponderante, por
encima de los otros poderes y niveles de gobierno”. En su lugar,
propuso aplicar un esquema que llamó “tres por tres”, donde la
premisa sea la corresponsabilidad entre todos los órdenes de go-
bierno: “Los tres órdenes de Gobierno: Federal, estatal y munici-
pal, deben tener una profunda vinculación con los tres Poderes
de la Unión: Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Asimismo, mencionó la importancia de contar con mecanis-
mos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, para ga-
rantizar que la corrupción quede fuera de las fuerzas del orden
locales. César Nava trazó también un esbozo de los grandes pen-
dientes que tienen los partidos y sus representantes en el tema de
seguridad, sobre todo en la configuración deel modelo de mando
único de policía estatal, donde el diálogo con gobernadores será
de vital importancia.
“Sin duda, en la medida que concentremos el mando, concen-
tremos la responsabilidad, también estaremos en condiciones de
concentrar la rendición de cuentas y la posibilidad de que la ciuda-
danía exija resultados concretos a sus gobernadores”, señaló, para
39
Portada
fundamental en la construcción de una política de Estado, una
política que puede y debe impulsar la acción de todos. Ustedes
tienen la fuerza política, tienen la capacidad de influencia y de
decisión para que en este momento, que es crucial, nuestras de-
cisiones nos lleven al éxito.
“Son la pieza clave en la agenda de transformación institucio-
nal que requiere nuestro Pacto Federal en materia de seguridad.
Por eso pienso que es momento de asumir responsabilidades
compartidas, y que no llegaremos a ningún lado, si la energía
que tenemos la usamos para culparnos unos a otros, o evadir esa
responsabilidad”, expresó.
Por su parte, los distintos gobernadores plantearon fortalecer
estrategias como el combate al tráfico de armas en la frontera
norte, las acciones policíacas y militares conjuntas, evitar el uso
del dinero del narcotráfico en las campañas, la supresión de ca-
denas radiofónicas que propagan mensajes del crimen, organiza-
do, entre otras.
Los gobernadores panistas, José Osuna Millán, de Baja Cali-
fornia, y Emilio González, de Jalisco, insistieron, respectivamen-
te, en la importancia de que cada entidad asuma como propia
la lucha contra el hampa, y en la construcción de una cultura
de la legalidad que destierre para siempre aquellos refranes que
recuerdan el pasado autoritario y de complicidades, para lo cual
el papel de la educación es prioritario.
Ambas posturas, acordes con el ideario panista, reflejan dos
situaciones que han obstaculizado la lucha del Ejecutivo contra
el crimen organizado: la primera, que es la indiferencia con las
que en distintos estados se evade asumir de manera íntegra el
combate a la ilegalidad, haciendo a un lado la corresponsabilidad
y dejando todo el peso del problema en el Ejecutivo federal; la
segunda, que respecta a que será desde la educación como se
construya la auténtica transformación de fondo que requiere Mé-
xico para dejar atrás un sistema que privilegiaba el amiguismo,
la corrupción y otros vicios que siguen minando el crecimiento
democrático de México.
ConclusiónEs importante destacar que, con el Diálogo por la Seguridad, por
primera vez un Presidente de la República abre el debate de un
tema de la agenda pública a la ciudadanía, a las fuerzas políticas,
a los actores sociales y a todos aquellos interesados en contribuir
para sumar fuerza en torno de una causa común: el combate al
crimen organizado.
La respuesta ha sido, en el mayor de los casos, positiva y pro-
positiva, conscientes de que la seguridad del país, vulnerada
por décadas de la acción delictiva impune, requiere hoy más
que nunca del acuerdo, de las ideas, de la suma que refleje la
pluralidad de opiniones que conforman a nuestra sociedad. No
faltarán quienes, en el afán continuo de entorpecer el avance en
este asunto toral, se nieguen a participar y, más adelante, sean
los críticos de aquello en lo que eligieron el silencio antes que
la acción decidida. No obstante, la reacción mayoritaria de los
convocados es la muestra de que el interés por preservar el bien
común, la democracia y sus instituciones prevalece por encima
del encono o el interés particular.
Quedan pues pendientes, al momento de redactar estas líneas,
las conclusiones de los distintos foros, así como el seguimiento
de lo acordado, tanto por parte de los participantes como de
aquellos responsables de atender este llamado, que busca quitar
de una vez por todos los frenos que imposibilitan esos cambios
por los que todo un país aguarda, desde hace años: esos escollos
que casi siempre han obedecido a una visión compacta, mezqui-
na y reducida de la vida pública.
Es momento de demostrar que la cultura política de nuestra na-
ción está a la altura de lo que las y los mexicanos desean y anhe-
lan: una vida en paz, una vida plena, un entorno donde la liber-
tad y la responsabilidad de cada cual sea asumida con seriedad
y cabalmente. Es tiempo de México, de un país que no puede ni
quiere esperar más. LN
(Con Información de: Presidencia de la República, Procuraduría
General de la República, y los diarios El Universal, Reforma y
Excélsior).
“El propósito es que, a partir del empuje de la sociedad, se fortalezcan las instituciones del Estado en materia de seguridad y procuración de justicia. La sociedad debe ser copartícipe en la construcción de una política moderna y eficaz de prevención que contribuya a restaurar el tejido social”. Felipe Calderón
40
Opinión
Los renglones torcidos de un debate
Antonio De la Cuesta Colunga
el pAsAdo 3 de Agosto, en el mArco de los
Diálogos por la Seguridad convocados por
la Presidencia de la República, el presi-
dente Calderón reconoció el carácter me-
dular del debate acerca de la regulación
de las drogas. El mandatario señaló que
dicha discusión requiere llevarse a cabo
en el ámbito de la pluralidad democrática,
analizando con cuidado los convenientes
e inconvenientes de las distintas posturas
sobre la mesa.
Independientemente de cuál sea la
opinión de cada quien y, sobre todo, de la
información a la mano y los argumentos
esgrimidos por los interesados en parti-
cipar en esta reflexión, el actual contexto
internacional de la dinámica del crimen
organizado y su vinculación con funcio-
narios públicos, con la industria, con el
sector financiero, con productores agrí-
colas grandes y pequeños, e incluso con
comunidades enteras en todo el mundo,
prácticamente imposibilitan una solución
a la disyuntiva entre legalizar/regular o
prohibir el consumo, posesión, distribu-
ción y/o comercio de drogas hoy ilícitas.
¿A qué grado está la delincuencia in-
serta en la autoridad y la sociedad en di-
versas partes del mundo? Nadie lo sabe
a ciencia cierta y muy pocos se atreven a
indagar al respecto. Quienes lo hacen se
enfrentan a dos problemas fundamentales:
la dificultad en la recopilación de datos y
pruebas contundentes, y las eventuales
amenazas a su integridad física.
Si se considera el vago pero creíble
presupuesto de que los intereses políticos
y económicos del tráfico ilícito de estupe-
facientes tienen una magnitud apabullan-
te, ¿qué está detrás de cada lado del deba-
te? Como muestra de la complejidad de
la polémica, se pueden identificar coinci-
dencias en ambas trincheras, aunque por
razones divergentes. Los traficantes, los
beneficiarios directos e indirectos de las
ganancias económicas del narco, “las bue-
nas conciencias” –parafraseando a Carlos
Fuentes–, la retórica gubernamental y,
de acuerdo con una encuesta de Consul-
ta Mitofsky de enero de 2009, 77.7 por
ciento de la población mexicana –si bien,
desde entonces, en diversos foros de in-
ternet podría leerse un porcentaje menor
en dicho sentido–, estarían en contra de
la legalización. Algunos de ellos, en espe-
cial quienes hacen negocio al envenenar
el cuerpo de sus congéneres –de forma
ilícita, claro está–, ven con malos ojos el
desmantelamiento de su red ilegal –y, por
ende, muy redituable– de comercio.
Otros, estamos preocupados del fe-
nómeno del consumo por sus implica-
ciones en la salud pública y la convi-
vencia social. Unos más, se oponen por
prejuicios morales y suelen lanzar acusa-
ciones antes que proponer soluciones y,
muy importante, escuchar argumentos.
Unos cuantos, simplemente porque no.
Por otra parte, entre quienes están por la
legalización o, al menos, a favor de la re-
gulación de las drogas, también se hallan
posturas complejas. Desde aquellos que
apelan a la libertad individual de deci-
dir sobre la manera de tratar su cuerpo
–en ocasiones sin medir las consecuen-
cias de ello en términos del bien común
y, en otras, sí ponderando esto y logran-
do encontrar razonamientos cercanos al
“justo medio”–, hasta quienes tienen una
genuina inquietud por tener a mano una
respuesta ante la violencia generada por
la criminalidad. Otros, simplemente di-
cen: “¿por qué no?”. Al final de cuentas,
la pregunta sigue siendo: “entonces, ¿qué
hacer?”.
Una experiencia familiarEn 1971, el presidente estadounidense
Richard Nixon anunció el inicio de una
“guerra contra las drogas” cuya principal
41
preocupación fue atender una fallida po-
lítica de control que databa de cuarenta
años atrás. Los movimientos contracul-
turales surgidos en los años de la guerra
de Vietnam tomaron, entre otras cosas, al
consumo de estupefacientes y alucinóge-
nos como una manera de rebelarse ante lo
establecido. Esto provocó un boom en el
consumo de todo tipo de sustancias tóxi-
cas –más allá de las que ya se ingerían, in-
gieren e ingerirán de manera legal– como
distintas presentaciones de cannabis, opiá-
ceos y sus derivados, por mencionar algu-
nas. Por supuesto que una política draco-
niana antidrogas –tanto en sus argumentos
como en los medios de implementarla– tal
como la procurada por el gobierno de Es-
tados Unidos durante el segundo tercio
del siglo XX, dio como resultado una reac-
ción igual y en sentido contrario.
En 1930, justo cuando la prohibición
a la manufactura, venta o transportación
de “licores embriagantes” estipulado por la
XVIII Enmienda en la Unión Americana,
estaba en sus últimos meses de vida –fue
revocada por la XXI Enmienda de 1933–,
el gobierno de Herbert Hoover creó la
Agencia Federal Antinarcóticos –abue-
la administrativa de la DEA. Su primer y
único titular a lo largo de sus 32 años de
funciones fue Harry J. Anslinger, de ascen-
dencia suiza, quien fue el mayor promotor
de la ley que prohibió por completo la ma-
riguana en Estados Unidos en 1937.
En el marco de las audiencias en el
Congreso para discutir dicha legislación,
Anslinger argumentó: “Hay cerca de 100
mil fumadores de mariguana en el país, y
la mayoría son negros, hispanos, filipinos y
gente de la farándula. Su música satánica,
el jazz y el swing son resultado del uso de
la mariguana. [Esta droga] provoca en las
mujeres blancas el deseo de buscar relacio-
nes sexuales con negros, animadores, en-
tre otros personajes deleznables”. ¿Cómo
evaluaría este primer “zar antidrogas” esta-
dounidense la presente situación donde, al
menos, 25 millones de sus connacionales
habrían usado cannabis o alguno de sus
derivados en 2008? ¿Cuáles serían las ra-
zones que encontraría para semejante in-
cremento? Supongo que el estupor sería
más dramático al enterarse de que, según
las cifras de la Encuesta Nacional sobre
Salud y Uso de Drogas (2008) del Depar-
tamento de Salud y Servicios Humanos
de Estados Unidos, casi 118 millones de
norteamericanos habían probado alguna
droga ilícita, alguna vez en la vida.
Las motivaciones individuales y sociales
para el consumo de estimulantes y/o de-
presores y/o alucinógenos legales y/o ile-
gales, incluyen una amplia gama de ele-
mentos que no son objeto de este texto.
Lo cierto es que la prohibición de su uso
ha sido tema polémico en varias etapas de
la historia de la humanidad, precisamente
por sus evidentes efectos en la modifica-
ción de la conducta del consumidor –cla-
ro, tan evidentes, dirían algunos químicos
o nutriólogos, como el cambio de ánimo
tras una suculenta cena, incluso sin que
medie ni vaso de alcohol ni dosis de ta-
baco en el acto (muchos otros argumen-
tarían que ello es, si no imposible, muy
difícil, pero en fin).
En una ocasión, Anslinger narró cómo
su vida había sido marcada porque, a la
edad de 12 años, cuando residía en el pe-
queño pueblo de Altoona, Pennsylvania, se
estremeció ante los lamentos de un adicto a
la morfina –seguramente no por recreo sino
por prescripción médica– que clamaba por
una nueva dosis para calmar sus dolencias.
¿Qué cataloga a una sustancia como
dañina? ¿Es posible darle atribuciones
“morales” a un químico? Esto conduce a
otra arista del debate. Si la morfina, un
derivado del opio, incluso hoy es utiliza-
da en miles de centros de salud en todo
42
el planeta, ¿qué haría distinto el uso tera-
péutico de la cannabis? A junio de 2010,
21 de los 50 estados de la Unión Ameri-
cana cuentan con algún tipo de legislación
permitiendo esta clase de utilización de la
planta, destacando los casos de California,
Nueva York, Michigan, Ohio y Massachu-
setts. Ahora bien, otro asunto es el deno-
minado “uso recreativo” de sustancias,
pero esto tendremos que analizarlo más a
fondo en otra oportunidad.
En un artículo publicado en The Wall
Street Journal en diciembre de 2009, Da-
vid Luhnow señaló que la “guerra contra
las drogas” decretada por Nixon le ha cos-
tado al erario estadounidense aproxima-
damente un millón de millones de dóla-
res. Este cálculo se sustenta en las cifras
de los presupuestos asignados a las distin-
tas agencias antidrogas en dicho país. Sin
embargo, dicho estimado podría conside-
rarse conservador si se toman en cuenta
otros factores como la atención médica a
adictos, el costo de manutención y, en su
caso, ejecución de criminales consignados
por delitos relacionados con el narco, así
como demás “daños colaterales” en todo
el mundo derivados de esta descarnada
lucha. En términos económicos, dando
como certera la valoración de Luhnow, al-
gunos podrían decir que esa cantidad de
recursos pudieron haberse utilizado no
tanto en medidas coercitivas, punitivas y,
por momentos, inquisitoriales, sino en la
implementación de políticas de preven-
ción, educación y desarrollo social.
Otros, aduciendo que las llamadas
“drogas blandas”, entre las que se inclu-
yen estupefacientes tanto ilegales (canna-
bis o, mejor dicho, su sustancia activa, el
tetrahidrocanabinol (THC)) como legales
(nicotina), no generan un daño significa-
tivo a la salud en el corto plazo, propo-
nen regular su venta y consumo. Sobre
la adicción que causa el THC, estudios
van y vienen y todos sacan conclusiones
distintas. Si la respuesta es “sí” o es “no”
podría ser irrelevante. La cuestión debiera
ser ¿cuáles son los efectos negativos de su
consumo? Y si se vuelve a lo económico,
¿qué tan pernicioso es, por ejemplo, para
el bienestar de la fuerza laboral de una
comunidad, el uso de estas sustancias?
Me parece que pocas contestaciones se-
rias podremos encontrar al respecto.
Una experiencia recurridaSe suele evocar el caso de Holanda como
un ejemplo exitoso del control y regula-
ción del consumo de la mariguana. En
primer término, cabe aclarar que la po-
lítica holandesa curiosamente prohibe la
distribución de la cannabis, pero tolera su
venta al menudeo con restricciones y re-
glamentaciones más o menos estrictas en
los “célebres” cofeeshops. Estos estableci-
mientos, por cierto, se concentran en Am-
sterdam y en algunas ciudades fronterizas
–muy a pesar de sus gobiernos vecinos en
Bélgica y Alemania– bajo la dinámica del
llamado “narcoturismo”, es decir, extran-
jeros que pasan a territorio holandés para
consumir esta sustancia (más las que se
puedan “encontrar” en el camino).
Si se deja de lado que los Países Ba-
jos son el centro neurálgico de la distri-
bución de las drogas proscritas de mayor
peligrosidad y daño a la salud –incluso de
aquellas prohibidas por las mismas auto-
ridades holandesas– como la importante
producción de opiáceos procedentes de
Afganistán y Pakistán, además de la co-
caína llegada de Sudamérica vía África o
los puentes aéreos tendidos a lo largo de
las colonias holandesas en el Atlántico,
el fenómeno del consumo de la cannabis
en ese país no ha tenido los efectos espe-
rados, en particular en lo referente a su
reducción. Las autoridades de salud de
Holanda realizan mediciones cada cua-
tro años en este rubro. La tendencia en
las mediciones disponibles en el Centro
Europeo de Monitoreo sobre Drogas y
Adicciones (EMCDDA, por sus siglas en
inglés), dependiente de la Unión Europea,
43
los holandeses que dijeron haber consu-
mido mariguana alguna vez en su vida,
subió de 15.6 % en 1997, a 22.6 % en
2005. Los indicadores de uso de éxtasis
y cocaína también han ido en aumento
constante.
Del mismo modo, en naciones con
leyes permisivas no tanto en el consumo
público tolerado como en Holanda –el
cual, en cualquier caso, también tiene sus
restricciones y no es tan liberal como mu-
chos imaginan–, sino en la portación y el
uso recreativo (algo parecido a lo legisla-
do en México con la Ley de Narcomenu-
deo de 2009), los resultados son aún más
ilustrativos. Tal es la situación en España
y la República Checa, en estos países se
reportó, en sus más actualizadas medicio-
nes oficiales, estar en los primeros lugares
dentro de la Unión Europea en el índice
de adultos jóvenes entre 15 y 34 años que
habían usado mariguana en el último año
(18.8% y 19.3%), respectivamente. Por el
contrario, en lugares con leyes de carácter
prohibitivo como Noruega, Suecia y Fin-
landia (también distinto a lo que muchos
pensarían), los porcentajes se reducen de
forma importante (9.6%, 4.8% y 8%).
En reacción a estas cifras, podría ar-
gumentarse que el precio de la droga es
menos accesible en Escandinavia o que
en otros países de mayor complejidad so-
cial y tránsito internacional como Fran-
cia, Gran Bretaña y Alemania, los niveles
de consumo son significativos a pesar de
férreas leyes de prohibición. Una posible
explicación al fenómeno escandinavo,
más allá de los pincelazos a los que me
referí, puede ser la presencia de un Es-
tado fuerte promotor de un sistema edu-
cativo y formativo enfocado en una pers-
pectiva de largo plazo; en pocas palabras,
un régimen de preparación escolar vin-
culado con el mundo laboral. De hecho,
en un reciente Papel para la Reflexión pu-
blicado por la Fundación Rafael Preciado
(número XCIV de la serie), se analiza el
ejemplo finlandés. Si bien dicho texto no
entra en el tema de los efectos del puente
educación-vida profesional sobre el con-
sumo de drogas, esta clase de estudios
podrían ser la base para exámenes más
aterrizados en el debate de la legalización
o no de los narcóticos.
El retoEn su número del 1 de agosto de 2010,
Nexos publicó un artículo de Eduardo
Guerrero que ofrece una radiografía de
la “guerra contra el narco” emprendida
desde 2006 por el gobierno de México. El
texto da cifras extraídas de servicios de in-
formación oficiales tanto mexicanas como
estadounidenses acerca de decomisos de
droga, presencia de cárteles en los estados
de nuestro país, la magnitud (preocupan-
te, por cierto) de las fuerzas policiales lo-
cales, las a mi juicio vagas encuestas sobre
adicciones en México, entre otros índices.
Sin duda, la información contenida en di-
cho documento es de utilidad para darse
una idea del fenómeno del narcotráfico
y sus implicaciones. No obstante, tal vez
eso no resulte del todo novedoso. Si las
cifras no se colocan en contexto, las inter-
pretaciones pueden rayar en la aventura
extrema o, en el mejor de los casos, en la
mera imprecisión informada. Guerrero
arguye, supongo a manera de conclusión,
que “A México no le conviene la violencia
y ahora debemos buscar su erradicación
por todas las vías posibles”. Esto nos lleva
inevitablemente a una pregunta: ¿cómo?
Después, nos conduce al inicio de la dis-
cusión, es decir, a las posibles respuestas
que son, en sí mismas, preguntas harto
complejas: ¿legalizar?; ¿despenalizar?;
¿pactar?; ¿parar?; ¿ignorar? Lo único que
puede haber al momento son acercamien-
tos, posturas personales con pretensiones,
genuinas o no, de dar una respuesta en
beneficio de todos. El reto verdadero es
escribir conclusiones, es empezar a “des-
torcer” los renglones del debate. LN
44
Internacional
Liberación de los presos políticos cubanosUn primer paso para el cambio en Cuba
por Juan Pablo CaSTIllo
en ediciones Anteriores, La NacióN presen-
tó a sus lectores un breviario sobre la
represión de los derechos humanos en
Cuba y la huelga de hambre que empezó
Guillermo Fariñas Hernández el 24 de
febrero del 2010.
El disidente cubano llevó a cabo esta
huelga en protesta para que se liberaran
25 presos políticos que se encontraban
enfermos de forma grave que encarceló
el gobierno durante el periodo conocido
como “La Primavera Negra de Cuba” en
el 2003.
El 7 de julio del presente año, la Iglesia
católica cubana informó que el gobierno
de ese país liberará a 52 de estos presos, el
diálogo que realizó esta institución con las
autoridades de la isla que se pudo llegar a
tal acuerdo.
Alicia Hernández, madre de Guillermo
Fariñas, comentó a la agencia EFE, que al
escuchar esta noticia impartida por mon-
señor Marcelo Arturo González, obispo
de Santa Clara; su hijo detuvo esta huelga
con una duración de 135 días. El obispo
visitó al disidente para entregarle un co-
municado que divulgó la Iglesia sobre las
liberaciones.
El Arzobispado de La Habana presen-
tó ante los medios oficiales cubanos este
informe donde indica que el Gobierno
procederá a la excarcelación gradual de
los 52 presos políticos, cinco de ellos de
forma inmediata para que después sean
trasladados a España para estar a lado de
sus familias.
Después de escuchar estas noticias,
Guillermo Fariñas decidió rebajar el nú-
mero de las liberaciones de 25 a diez, y
comenzó a ingerir alimentos luego de es-
cuchar que ya se sacaron a 28 presos.
“Esta confrontación entre demócratas
contra antidemócratas no tiene vencedo-
res ni vencidos, sino que ha ganado Cuba,
nuestra Patria”, afirmó Guillermo Fariñas
en un comunicado que fue presentado por
45
Internacional
sus colaboradores desde la sala de terapia
intensiva del hospital Santa Clara, donde
estaba internado.
Guillermo Fariñas explicó que Raúl
Castro dijo que en un plazo máximo de
cuatro meses excarcelará a todos los presos.
“Si en noviembre hay presos en las cár-
celes, habrá que realizar nuevas acciones
y protestas”, advirtió Fariñas Hernández
en entrevista con El País el 14 de julio del
2010 y refiriéndose a la situación que pue-
den vivir los presos que no quieren viajar
a España.
Guillermo Fariñas ya comenzó su re-
cuperación desde la sala de terapia inten-
siva donde se encuentra, y lanzó un men-
saje de reconciliación: “Yo perdono a los
que me han torturado y golpeado; ahora
todos debemos ser generosos y avanzar
juntos por el bien de Cuba”.
Los primeros presos liberadosEl 13 de julio arribaron a Madrid, España,
los siete primeros excarcelados por el cas-
trismo, se dirigieron a ver a sus familias.
Este grupo es conformado por Léster
González, Antonio Villareal, Pablo Pache-
co, José Luis García Paneque, Julio César
Gálvez, Omar Ruíz y Ricardo González.
En una conferencia de prensa, Julio
César Gálvez leyó a los medios un comu-
nicado donde se aclaró que esta libertad
se logró después de siete años de “injusto
cautiverio”.
“Esta libertad se la debemos también al
martirio de Orlando Zapata Tamayo, a la
demanda de Guillermo Fariñas, a la fe, a
la insistencia inquebrantable de las Damas
de Blanco y del exilio cubano”, comentó el
disidente y reportero liberado.
Detrás de nosotros, prosiguió Gálvez,
han quedado 45 hermanos de los sucesos
de marzo de 2003 y muchos prisioneros
políticos quedan en las cárceles de la isla.
“Tenemos la esperanza de que los que
quedan en Cuba gocen de las mismas
Los siete primeros excarcelados, Léster González, Antonio Villareal, Pablo Pacheco, José Luis García Paneque, Julio César Gálvez, Omar Ruíz y Ricardo González.
46
Internacional
libertades que nosotros tenemos en este
momento.
Los siete presos liberados, definieron su
llegada a España como “el inicio de una nue-
va etapa para Cuba y todos los cubanos”.
Después de esta participación, prosi-
guió Ricardo González, perteneciente a
este grupo y ex-corresponsal de Reporte-
ros Sin Fronteras, dijo “Una palabra reco-
rre Cuba y es cambio, pero para nosotros
la palabra cambio significa libertad”.
Una vida en la cárcel castristaLos presos liberados destacaron que aun-
que están fuera de la cárcel, su todavía
lucha no ha terminado. “No tenemos
nada que celebrar mientras uno solo de
nuestros hermanos esté en prisión”, ex-
plicó Pablo Pacheco prisionero y activista
humanitario, a la agencia AP.
Pasaron los días y los siete presos libe-
rados otorgaron otra conferencia de prensa
en donde calificaron las condiciones de las
cárceles castristas como “infrahumanas”.
Cada uno recibió un régimen que el
gobierno cubano lo llama “de mayor se-
veridad”, aislando a los presos en celdas
de castigos.
Ricardo González comentó que estuvo
en su celda tres meses con la luz encendi-
da las 24 horas.
Léster González fue encerrado en un
cubículo de 1,80 metros sin luz, explicó
que lo sacaban poco tiempo durante el día
para que recibiera los rayos del sol.
José Luis García Paneque sufrió una
infección parasitaria, al igual que recibía
golpizas por parte de algunos reos.
Ricardo González destacó que las pri-
siones eran las más alejadas de las ciuda-
des donde vivían sus familiares, lo que
provocaba una complicación al momento
Guilermo Fariñas, actor clave de la presión contra el régimen cubano.
47
Internacional
de recibir visitas, sólo les dejaban tener
una visita cada tres meses y dos visitas
conyugales al año (las cárceles estaban
ubicadas a 533 kilómetros de La Habana).
“El objetivo era que se rompieran las
parejas. Pero nuestras mujeres se unieron
y formaron el grupo las Damas de Blanco”,
añadió el ex-corresponsal de Reporteros
Sin Frontera.
Gracias a la presión internacional que
recibieron las autoridades cubanas, las
torturas fueron rebajando su nivel, a tal
grado que los disidentes fueron llevados
con presos comunes.
“Algunos se portaban bien, pero otros
nos hacían la vida imposible con apoyo
de los guardias, comentó Léster González,
estoy con miedo, no he podido dormir y
estoy muy afectado psicológicamente”.
El único disidente liberado que no salió
un día de su habitación de hotel donde los
hospedaron fue el economista Antonio Villa-
rreal. “Está muy mal, lo han quebrado psico-
lógicamente”, explicó Ricardo González.
El régimen castrista decidió que antes
de ser trasladados los siete excarcelados
a España, añadió el opositor, los llevaron
a un hospital de reclusos en La Habana,
donde les dieron de comer pollo y les en-
tregaron un pantalón, una camisa y una
corbata para mostrar una buena imagen.
“Estamos desterrados, esa es la reali-
dad, pero seguiremos luchando por los
que quedan atrás. La dictadura castrista
ha usado a los presos de conciencia como
moneda de canje desde 1962, sin que
haya una apertura política.
Debemos hacer que esta vez sea dife-
rente. No habrá nada que celebrar hasta
que no haya democracia en Cuba”, con-
cluyó Ricardo González, excarcelado y ex
corresponsal de Reporteros Sin Fronteras.
Lo que no se vioAl escuchar la noticia sobre la salida de los
presos políticos, Mario Vargas Llosa, pe-
riodista y escritor peruano, publicó el 25
de julio del presente año en el diario El
País, su visión sobre las posibles intencio-
nes que tuvo el régimen castrista al reali-
zar esta acción.
El periodista explicó que el Gobierno
cubano vivió un momento difícil después
de la muerte de Orlando Zapata Tamayo
y la huelga de hambre de Guillermo Fa-
rinas, ambos eventos recibieron condenas
mundiales. “Este gobierno decidió hacer
un gesto que sirvió para sus propios fines”.
Estos fines fueron, según el escritor,
desactivar la campaña exterior contra el
régimen castrista, elevar su imagen insti-
tucional y conseguir que la Unión Euro-
pea (UE) abandone la Posición Común
que suspende toda colaboración económi-
ca con este régimen si no hay una mejora
sobre los derechos humanos en Cuba.
La Posición Común es un acuerdo pre-
sentado en 1996 por la UE que tiene por
objetivo promover una transición demo-
crática y el respeto por los derechos hu-
manos en la isla.
Mario Vargas Llosa dijo en su escrito,
que hace votos, junto con los presos des-
terrados, para que la Unión Europea no
renuncie a la Posición Común y la man-
tenga hasta que el régimen de los herma-
nos Castro de pasos “verídicos y compro-
bables para una democratización”.
Nada ha cambiado en Cuba -prosiguió
el periodista- y los héroes que han salido
de la isla, vivirán con sus familias la difí-
cil vida del destierro y seguir con la lucha
desde el exterior para exista la democracia
en su país. LN
“Esta libertad se la debemos también al martirio de Orlando Zapata Tamayo, a la demanda de Guillermo Fariñas, a la fe, a la insistencia inquebrantable de las Damas de Blanco y del exilio cubano”.
Julio César Gálvez
48
por luIS PazoS
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gent
es o
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los
gobe
rnad
ores
.
¿Quién manda en México?
¿QuiéN maNda eN méxico?, nos AlertA sobre lA percepción
equivocada de que el Presidente de la República todavía
decide sobre las leyes aprobadas en el Congreso y es el
único responsable de todos los éxitos y fracasos econó-
micos y políticos en México.
En el siglo pasado no se movía una hoja sin la vo-
luntad del Presidente. Todo lo importante era aprobado
o rechazado por la presidencia de la República. Ahora
ya funciona la división de poderes, el Presidente está
acotado por el Poder Legislativo, el Judicial y por los
gobernadores de los estados, quienes según la Constitu-
ción son libres y soberanos.
El nuevo balance de poderes, según el autor, está
viciado por la obsesión de recuperar la Presidencia por
el principal grupo de oposición. Esa consigna se ha
convertido en un obstáculo para un mayor crecimiento
económico. Vivimos en gran medida el mismo entorno
jurídico obsoleto que construyó el PRI en el siglo pasa-
do para controlar a diversos gremios y los principales
recursos y empresas públicas, en beneficio de líderes y
funcionarios, no para los ciudadanos.
El libro sostiene que el PRI en los últimos diez años
le ha apostado a impedir la modernización de las legis-
laciones energética, fiscal y laboral, aunque la economía
mexicana pierda competitividad internacional, para
evitar que esa modernización incentive un mayor creci-
miento económico y se creen más empleos, pues en ese
supuesto –según ellos– tendrían menos posibilidades de
triunfar en las elecciones presidenciales del 2012.
Algunos priístas piensan que entre más ciudadanos
estén desempleados y descontentos con la democracia,
tendrán más posibilidades de regresar al poder.
49
En el Capítulo I, el autor analiza las causas de
porqué México no crece más. Señala que crecemos por
debajo de los recursos con que contamos. Compara las
vías para crecer más y propone salidas sustentables a la
pobreza. Muestra cómo Brasil y Chile nos han rebasado
en crecimiento económico, gracias a la modernización
de sus legislaciones.
En el Capítulo II identifica a los defensores de los
monopolios y los verdaderos intereses que los llevan
a protegerlos. Desenmascara a los grupos que, con la
excusa del nacionalismo o de la izquierda, han armado
grandes negocios con los monopolios estatales, como es
el caso de Pemex.
Explica cómo las posiciones de izquierda han bene-
ficiado a las trasnacionales petroleras norteamericanas y
porqué el sindicato de Pemex y un grupo de empresa-
rios que monopoliza los contratos de ese organismo, no
quieren abrir Pemex a la competencia ni a los contratos
de riesgo. Revela datos de cómo entre esos grupos se
reparten miles de millones de dólares por la perforación
de pozos de donde no sale petróleo.
Desenmascara los intereses millonarios que están
atrás del lema “no a la privatización”. Afirma que debido
al manejo discrecional de cientos de millones de pesos
por los líderes del sindicato de la Compañía de Luz y
Fuerza, se oponen a su extinción.
Sostiene que el PRI defiende el monopolio petrole-
ro a cambio de millones de pesos para su partido y el
apoyo en las elecciones por parte de los trabajadores
sindicalizados de Pemex. Al final de ese capítulo enu-
mera diez mitos sobre el manejo estatal de los recursos
básicos.
Presenta datos comparativos de la legislación
petrolera brasileña, que ha tenido éxito al abrirse a la
inversión privada y la mexicana, que es un fracaso por
preservar un monopolio estatal.
Nos muestra con cifras, cuáles son los resultados
para los usuarios de la privatización de Telmex.
En el Capítulo III aborda la Reforma Fiscal. Afirma
que la oposición sabe que al bajar el impuesto sobre la
renta a las empresas y generalizar el impuesto al con-
sumo, como en Chile, podríamos captar el doble o de
inversión extranjera; pero al PRI no le conviene ese
cambio pues –según ellos- habría más empleos y menos
votos para su partido, al haber menos descontento con el
partido que actualmente gobierna a nivel federal.
50
Denuncia cómo a través de los subsidios a la
educación gratuita hay enormes derroches en muchas
universidades públicas. No existe un criterio de
costo-beneficio entre lo gastado y lo obtenido en
materia de educación en la mayoría de universidades
públicas, ni hay una rendición clara de cuentas de
los recursos fiscales que utilizan. Apunta la falta de
transparencia en el uso de recursos fiscales en varios
gobiernos estatales y su intervención ilegal en las
elecciones.
En base a comparaciones con otros países, de-
muestra cuál es el sistema fiscal donde las cargas son
menores para los que ya pagan y cómo podemos ser
más competitivos a nivel internacional. Compara la
legislación fiscal chilena, que ha logrado casi el doble
de recaudación con relación al PIB que la mexicana,
con una tasa de ISR a empresas casi de la mitad que
la mexicana. Enumera al final de ese capítulo las diez
mentiras sobre los impuestos.
En el Capítulo IV alude a las estructuras fascis-
tas que todavía subsisten en México. Describe los
beneficios que reciben varios gremios a cambio de
incondicionalidad política. Recapitula el episodio del
líder que destruyó ciudades y generó desempleo en
el sector minero con tal de mantenerse impune a la
acción de la justicia.
Realiza un análisis sobre los beneficios de una
mayor flexibilidad laboral y del pago por hora. Explica
por qué el PRI se opone a esos cambios, que son
fundamentales para crear más empleos y promover un
mayor ingreso de inversión extranjera.
En el Capítulo V nos narra su experiencia como
diputado federal y nos dice con base a qué criterios
deciden los legisladores de oposición la aprobación
o rechazo de leyes. Señala que aunque en privado
muchos diputados priistas están de acuerdo con la
reforma energética, fiscal y laboral, sus dirigentes
o los gobernadores, los presionan para que no las
aprueben. La mayoría de los diputados del PRI no
obedecen a los intereses de sus electores, sino a
las estrategias políticas de sus dirigentes o de los
gobernadores priístas de los estados que repre-
sentan, quienes están empeñados en recuperar la
Presidencia de la República y no en beneficiar a los
ciudadanos.
Se pone en evidencia las contradicciones de los
viejos políticos, que cuando estuvieron en el Poder
Ejecutivo apoyaron un presidencialismo a ultranza y
ahora que no forman parte de él, lo quieren desmem-
brar en nombre de un parlamentarismo tipo europeo.
Asimismo, se deja al descubierto las estrategias
de los principales actores en la vida política nacional.
Y señala quiénes son los que atrás de bambalinas
toman las decisiones de aprobar o desechar reformas
en el Congreso. Aborda las expectativas en los años
preelectorales (2010 y 2011) y en las elecciones del
2012.
Analiza qué pasará en México si en el 2012 gana
el PAN, el PRI o el PRD y los diversos escenarios eco-
nómicos y políticos en caso del triunfo de cualquiera
de esos partidos políticos.
¿Quién manda en México? es un libro que sus-
tenta con cifras, hechos y razonamientos lógicos lo
que sostiene. El libro, publicado por Editorial Diana,
es una herramienta útil para todo aquel que quiera
conocer, más allá de posiciones subjetivas, cuales son
las reformas necesarias para crecer más, crear más
empleos y las decisiones políticas que deben tomarse
para beneficiar a millones de mexicanos de los secto-
res medios y humildes. LN
51
enTrevISTa Con dIana goldberg / aleJandra lICeaga
Cin
eEl camino a casa: el lado humano de la migración
No
es u
na p
elíc
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de la
que
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refl
exió
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gen
te a
bra
los
ojos
ant
e un
a re
alid
ad s
orpr
ende
nte.
nominAdA Al oscAr en lA cAtegoríA documentAl, lA pro-
ducción Wich Way Home, de Rebeca Cammisa, expone
uno de los rostros más dolorosos de la migración que
atraviesa nuestro país: la de los niños que, provenien-
tes de Centroamérica, acuden a Estados Unidos a reu-
nirse con sus padres, solos la mayor parte de las veces,
acompañados en ocasiones por quienes, durante el
recorrido, se suman a un trayecto en el que se expone
la vida, la integridad, en un hecho que no se detiene
con muros ni fronteras y que refleja cuán urgente es
que cada nación atienda de manera íntegra y óptima
las causas que originan estos desplazamientos.
La Nación tuvo oportunidad de charlar con
Diana Goldberg y Alejandra Liceaga, investigadora
y productora, respectivamente del documental Wich
Way Home, quienes compartieron la oportunidad de
colaborar en un proyecto que nació en el año 2003,
a raíz de que Rebeca Cammissa obtuviera la Beca
Sundance, y que ha sumado, entre muchos otros, la
participación de Mr. Mudd, la compañía productora
de John Malkovich.
Nos reunimos en las instalaciones del otrora Cine
Bella Época, en la librería Rosario Castellanos del Fon-
do de Cultura Económica; la cita era a las 20:00 horas
y la lluvia de finales de julio amenazaba con convertir-
se en tormenta. Diana y Alejandra llegaron juntas, to-
mamos asiento en una de las salas de lectura y tras los
primeros comentarios, la pregunta sobre si quien estas
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líneas redacta ya conocía el documental, obligada
de su parte, sacó a relucir la poca difusió que este
género tiene en nuestro país. “Se puede conseguir
en internet, en la página www.wichwayhome.
net, pero su principal difusión ha sido a través de
HBO”, comenta Alejandra. La cadena televisiva
se sumó a la producción en 2005, luego de las
primeras filmaciones, en Chiapas.
La historia, reza el cartel del documental, es el
seguimiento que el equipo de filmación hace de
niñas y niños migrantes “en su viaje a través de
México, en la ruta hacia Estados Unidos, trans-
portados sobre un tren al que llaman ‘La Bestia’”.
Olga y Freddy, hondureños, de 9 años, buscan
llegar a Minesota para reunirse con sus familias;
José, de 10, originario de El Salvador, fue aban-
donado por “polleros” y retenido en una estación
migratoria, en México; Kevi, también hondure-
ño, de 14 años, espera llegar a Nueva York para
trabajar y enviar dinero a su familia. Ellos son los
protagonistas de una historia de “valor y corage,
de decepción y dolor”.
La ruta de una ideaTras los primeros financiamientos, lo siguiente fue
la obtención de la Beca Fullbright-García Robles,
otorgada por la Comisión Binacional México-Esta-
dos Unidos, con lo que se inició la investigación
y la producción. Además, comenta Diana Gold-
berg, quien antes de incoporarse a este proyecto
trabajaba para Unicef México, “fue necesario
encontrar los contactos necesarios para moverse
por el territorio nacional: primero fueron los
permisos de filmación por parte de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional
de Migración, de la Secretaría de Gobernación:
este fue un apoyo muy importante, muy solida-
rio. Hubo también apoyo de Unicef y del Alto
Comisionado para Refugiados. También organi-
zaciones de la sociedad civil, que nos permitieron
acceso a albergues inmigrantes en Guatemala,
en México, en Oaxaca, Chiapas, y en el norte; el
DIF de México nos nos proporcionó información
importante, ya que no todo es financiamiento
sino esas facilidades que, de no haber existido,
hubiera hecho todo mucho más complicado.
No obstante, la investigación se torna com-
pleja pues, añade Diana, “es un tema muy difícil
de documentar estadísticamente; ese fue uno de
los retos que tuvimos. Rebeca estaba interesada
en tener cifras muy precisas, y por supuesto que
el fenómeno migratorio incluye una variedad
enorme de personas, hablando de las estadísticas
que uno se encuentra: desde turistas hasta los
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distintos tipos de migrantes, trabajadores tempora-
les, trabajadores indocumentados, y dentro de este
rubro, hay también una gran variedad, desde por
origen nacional hasta por edades o género.
“Lo que hicimos fue partir de ciertos datos que
sí existen, que sí están documentados, que por un
lado son las estadísticas del Instituto Nacional de
Migración y, para llegar más a detalle, como país de
origen, sexo y edades, hice una petición al Instituto
Federal de Acceso a la Información para obtener
esos datos, que son información oficial.
“Hay otras pistas como los niños que devuelve
la migración de EEUU, los niños mexicanos y de
otras nacionales: hice la exploración estadística,
aunque con menos éxito. También se cruza con la
información del DIF de las zonas fronterizas, que
es a donde devuelven a los niños migrantes que
quedan solos al momento de la detención. Con
todo esto armamos las estadísticas”.
Alejandra comenta sobre el apoyo de los
consulados centroamericanos de Guatemala, El
Salvador, en Estados Unidos, de las oficinas en
México para la Repatriación de Migrantes, de La
Border Patrol: “tuvimos acceso a estaciones mi-
gratorias, nos apoyó la embajada de EEUU, hubo
acceso al Centro de Aseguramiento de Migrantes
de la Frontera Sur”.
El 24 de agosto de 2009, la cadena HBO estrena
a nivel mundial Wich Way Home, que además ha sido
exhibido en diversos festivales de nuestro país. “En
México ha habido, como siempre con los documen-
tales, un problema de distribución. Ha estado en los
festivales de cine de Morelia, de Zacatecas, en el de
Derechos Humanos, en Jalapa, en Chiapas. Se va a
presentar en la Conferencia Mundial sobre la Unicef,
del 23 al 27 de agosto en León”.
No obstante, la realidad que se refleja es algo coti-
diano en México pues, prosigue Diana Goldberg, “yo
comparo el tema migratorio mexicano con el cubano,
porque no hay una familia que no tenga un integran-
te fuera del país. En México probablemente tampoco.
Todos tenemos un caso cercano, es algo cotidiano
para todos”.
“Se trata, complementa Alejandra Liceaga, de
una responsabilidad. No es una película de la que
uno salga contento y se vaya a dormir tranquila-
mente: se busca generar reflexión, que la gente abra
los ojos ante una realidad sorprendente, cosas que
suceden en nuestro país, que es exportador de mi-
grantes. Y de pronto damos un trato muy violento a
la gente que pasa por nuestro territorio. Provoca una
angustia, es una realidad muy dolorosa: el tema son
niños, y eso lo vuelve más crudo, son niños maltra-
tados. Hay mucho trabajo que hacer como sociedad
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en ese sentido, como autoridades también, es
un asunto conocido y es indispensable tomar las
medidas que palien esta situación, asumirla con
responsabilidad”.
La intención, añade, es llevar el documental a
comunidades pequeñas, hacer talleres de reflexión
en escuelas rurales, con estudiantes y padres de
familia, ahí donde hay alto índice de migración.
La mirada infantil de la migraciónLa dinámica establecida con los cuatro niños fue,
para el equipo de filmación, reveladora no sólo del
fenómeno migratorio, sino además de cómo los ojos
infantiles se enfrentan a una experiencia donde los
peligros, la inseguridad, los abusos e inclusive la
muerte son asunto cotidiano. La idea, en palabras
de Goldberg, “fue documentar la realidad de un
grupo muy vulnerable; pero, por otro lado, aunque
esta realidad que refleja la película es muy dramáti-
ca, vale la pena ver a los niños que en este proceso
siguen teniendo una actitud infantil, muy hermosa,
muy rescatable, tenían el ánimo para jugar entre
ellos, para decir lo que querían e imaginaban sin
esa presencia que impone, como la de un trabajador
social o una autoridad o un especialista. Eso fue
muy rescatable y hermoso de esta experiencia, de
ese vínculo que se logró establecer. Esto, al mismo
tiempo que da gusto, es muy doloroso, porque esos
niños vienen de realidades muy muy crudas y bus-
can oportunidades que pueden ir desde encontrar una
familia, reunirse con su propia familia, tener mejores
oportunidades de vida, ayudar a sus familias, siempre
hay una relación con el tema familiar”.
Para Alejandra Liceaga, los cuatro chicos que re-
trata la película crearon un nexo entre ellos, “crearon
una familia, era algo fraternal, tenían que darse segu-
ridad entre ellos en un ambiente no propicio. Eran
niños que tenían el deseo de tener aliados, y el equi-
po de filmación fue por un momento ese aliado, esa
familia con la que se veían prácticamente todos los
días, con la que se estableció un vínculo muy notorio.
Ejercían su infancia arriba de un tren en movimien-
to, ante el riesgo de caer, lograron una hermandad,
tenían juegos; no obstante, ven en la migración una
posibilidad de encontrar una oportunidad, una mejor
calidad de vida que la que lleva en su casa, en su
país. Eso fue lo que principalmente nos dijeron, casi
todos son niños de familias con muchas carencias,
principalmente, dispersión: faltaban los dos padres
o alguno de ellos, irse les representa algo distinto, ya
muchos de ellos son responsables de sus familias”.
Sobre la ruta que siguieron, desde la frontera sur
de México hasta el norte del país, tanto Liceaga como
Goldberg coinciden: el paso por el sur es “el infierno
para todos los migrantes, las condiciones de seguri-
dad para son absolutamente inexistentes, hay abusos
de todo tipo”. Es precisamente, parte importante de
lo que busca reflejar Wich Way Home, la tremenda
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vulnerabilidad que se vive por el hecho de no
contar con papeles, los abusos de criminalizar una
situación de por sí ya dolorosa.
“Por otra parte, sigue Alejandra, en esa ruta del
tren hay unas demostraciones de solidaridad hacia
los migrantes muy marcadas e indispensables. Hay
mucha gente que los recibe de manera fraternal,
hay una conciencia de solidaridad por parte de or-
ganizaciones de la sociedad civil, de las iglesias, no
sólo la católica sino muchas otras que encuentran
en este fenómeno un modo de poner en práctica
sus creencias”.
“Y también los organismos internacionales que
se encuentran tratando de documentar cuál es la si-
tuación de los derechos humanos en esta ruta, que
es una zona de un alto índice migratorio, y enton-
ces ahí se juntan muchos fenómenos. Los grandes
movimientos migratorios llevan refugiados, mu-
jeres que pueden ser víctimas de tratas, niños que
pueden ser víctimas de todo tipo de abusos”, co-
menta Goldberg para cerrar una pregunta en la que
ambas interlocutoras se completaban, respondían
de acuerdo con lo que la memoria, la experiencia,
iba trayendo de vuelta, los ojos en ocasiones hacia
adentro, en busca de la palabra precisa que exprese
un cumulo de emociones que conmueven, que son
esclarecedores de “las condiciones en las que viven
millones de personas que no encuentran el modo
de crecer plenamente en su país”.
Un apunte sobre muros y fronterasCuestionadas, para concluir, sobre su opinión
acerca de la Ley Arizona, atenuada en esos días
pero pendiente aún de resolución final, Alejandra
responde que “es el ejemplo claro de la penaliza-
ción de la movilidad, de la tendencia del hombre a
moverse. Es una utopía que no haya fronteras, pa-
peles, reglas, pero debe haber condiciones para que
las personas puedan moverse, que tengan acceso al
agua, a reencontrara a su familia”.
A lo que Diana Goldberg comenta, antes de
despedirnos: “Es una legislación en cuanto a temas
migratorios que está desfasada del fenómeno real
de la economía, no permite que esa movilidad se
realice garantizando los derechos de las personas.
Pareciera que la ley busca complicar esta realidad.
No se puede aspirar a la libre movilidad huma-
na, pero sí hay pequeñas cosas que podemos ir
haciendo, y en el caso de los niños es fundamental
su protección, tendría que recibir una atención es-
pecial en la legislación, en los hechos, primero para
que no se vayan y ya, dado el caso, para que las
condiciones de seguridad sean las más adecuadas.
Más allá de una ley que proteja y permita la movi-
lidad, también que la ley que existe se cumpla. No
basta una buena ley, es necesario que se practique:
el escenario de la migración es el de la impunidad,
es uno de los escenarios donde el sistema de justi-
cia es prácticamente inexistente”. LN