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El objeto de estudio de esta investigación son los gobiernos de izquierda que se presentaron en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En ellos se impulsaron numerosas transformaciones progresistas a nivel gubernamental y en la propia or-ganización de sus sociedades nacionales. Sin embargo, sostengo que estos gobiernos no se pueden explicar sin considerar un amplio margen de aspectos que les han dado las características que hoy poseen. Sin duda, la más importante es la movilización social indepen-diente que dio origen a los propios gobiernos, una movilización con aspectos novedosos en la historia latinoamericana, al lograr romper algunas barreras históricamente construidas para impedir la inclusión y la participación directa de los grandes agregados sociales.

Alex Munguía SalazarCOORDINADOR

Estudio introductorio de Manuel Alejandro Hernández Maimone

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 2018

Primera edición: 2018ISBN: 978-607-525-557-6

DR © Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4 sur 104, Col. Centro Histórico, Puebla, Pue. CP 72000 Teléfono: 01 (222) 229 55 00 www.buap.mx Dirección General de Publicaciones 2 norte 1404, Col. Centro Histórico, Puebla, Pue. CP 72000 Teléfonos: 01 (222) 246 85 59 y 01 (222) 229 55 00 Ext. 5768 y 5764 www.dgp.buap.mx [email protected] Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Av. San Claudio esquina 22 Sur, Col. Jardines de San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Pue, México [email protected]

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Rector: José Alfonso Esparza Ortiz Secretario General: José Jaime Vázquez López Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura: Fernando Santiesteban Llaguno Director General de Publicaciones: César Ricardo Cansino Ortiz Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: Luis Ochoa Bilbao

Hecho en MéxicoMade in Mexico

Ilustración de portada: Ulises Matamoros

Esta obra fue financiada por el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), 2017.

Obra dictaminada por pares académicos bajo la modalidad de doble ciego.

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Este trabajo está dedicado a Luciana: esperanza y esplendor

ContenidoEstudio introductorio 9

De la quimera populista a lo nacional popular 9El populismo como sistema de ideas 11El populismo como categoría analítica 13El populismo como denostación 17Cómo se construye un monstruo 18El conflicto por los significados 19Lo nacional y lo nacional popular frente al neoliberalismo en América Latina 21El folclorismo mexicano como un caso de construcción de la identidad unificadora 23Los estereotipos del indio y la fiesta 25Lo nacional popular como movimiento político en el siglo xxi 28Bibliografía 29

Introducción 31

Capítulo 1 La fractura hegemónica y la alternativa nacional-popular 39

Introducción 39Hegemonía, contrahegemonía, crisis hegemónica y sociedad civil 42El Estado neoliberal-procedimental y su orden hegemónico 47La fractura hegemónica 53Movilización popular y contrahegemonía en los tiempos del neoliberalismo 58Tres actos: crisis hegemónica, contrahegemonía popular y emergencia nacional-popular 61La rebelión ciudadana y el liderazgo chavista en Venezuela 62La revolución indígena en Bolivia 72La revolución ciudadana en Ecuador 87Conclusiones. Tendencias compartidas y la hora de la sociedad civil 97

Capítulo 2 El populismo y la alternativa nacional-popular 103

Introducción 103El populismo en los tiempos del neoliberalismo y el procedimentalismo 105

contenido

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Diferencias y similitudes entre el populismo y lo nacional-popular 115El nuevo pacto social 120De la sociedad civil al gobierno nacional: la nación y lo nacional-popular 125Consejos comunales y participación ciudadana 128La revolución indígena. Participación y poder popular 134Participación ciudadana y tensión social en Ecuador 137Sociedad civil y democracia participativa. El nuevo horizonte 140La revolución en América Latina y la alternativa nacional-popular 141Revolución: una nueva alternativa en América Latina. Una mirada histórico-teórica 142La reforma como revolución: un proceso pacífico 154Reforma y revolución en América Latina 159Conclusiones. El proceso revolucionario nacional popular 166

Capítulo 3 La revolución nacional-popular en América Latina 167

Introducción 167La integración política ciudadana 171Referéndums, revocaciones y consultas 173El proyecto de los consejos comunales 177Tensiones y contradicciones de la democracia participativa 183La inclusión material 187Salud, alimentación y educación 189El Estado interventor y el horizonte poscapitalista 195Economías mixtas y antineoliberalismo 202El “vivir bien” 204Neodesarrollismo y neoextractivismo 205Horizontes en construcción: el posneoliberalismo y el socialismo del siglo xxi 208Independencia, nación e integración regional 209Las naciones de naciones. Estado pluriétnico y multinacional 216Conclusiones. Los procesos revolucionarios nacional-populares 219

Conclusiones generales 225

Bibliografía 229

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Estudio introductorioManuel Alejandro Hernández Maimone

De la quimera populista a lo nacional popular

Desde el 2008, una parte de la obra de Moreno Velador se ha centra-do en el estudio del populismo, pero, en contraste, del 2014 en ade-lante emergió en su obra el concepto de lo nacional-popular. Desde aquel primer estudio ya señalaba la imprecisión y la falta de consen-so sobre el significado de populismo y populista, a pesar de la gran cantidad de trabajos que hasta ese momento existían. Sin embargo, se puede percibir una periodización histórica de la forma en que se ha entendido el populismo, o, por lo menos, de los usos que se han dado a este concepto en diferentes contextos. Estos son: a) la autode-nominación populista, b) los gobiernos populares latinoamericanos, c) la crisis de los gobiernos populares y el arribo de la hegemonía neoliberal (el “populista” como forma despectiva); d) la emergencia de gobiernos nacional-populares.

El periodo de la autodenominación histórica corresponde a fi-nales del siglo xix y principios del xx, y se centra en dos casos: el Po-pulist Party en Estados Unidos y el Narodnichestvo de la Rusia zarista. El primero, con un programa social ante la creciente urbanización y migración del campo a la ciudad, con sus respectivos desequili-brios en la distribución de la riqueza, constituyó un movimiento de tipo progresista que se vincula con el New Deal. El Narodnichestvo era más una forma de organización comunitaria, que reclamaba el retorno de los valores de la vida rural, pero que, ante la nueva indus-trialización, la gran propiedad se tendría que estatizar, consolidan-do la pequeña propiedad. Este movimiento dio paso al gran movi-miento revolucionario que conquistó el poder del Estado y que a la

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El populismo y lo nacional-popular en América Latina

postre llevaría al surgimiento de la Unión Soviética (Moreno, 2015, pp. 18-23).

Luego, vendrá el periodo de los gobiernos populares en América Latina, a partir de la década de 1930, de los cuales destaca tres casos: el mexicano, con Lázaro Cárdenas, Gertulio Vargas, en Brasil, y Juan Domingo Perón, en Argentina. Estos tres casos se caracterizan, no por la apropiación del populismo como sistema de ideas, pero sí por el empleo del concepto popular y las constantes apelaciones al pue-blo. Por otra parte, estos tres presidentes tendrán la línea de gobernar a través de modelos desarrollistas, basados en la industrialización por sustitución de importaciones. En términos discursivos, tendrán como distintivo el uso del sufijo -ismo en el apellido del presidente: cardenismo, varguismo y peronismo. Lo anterior se emplea para ha-cer de un sustantivo formativo uno abstracto, que indica doctrina, tendencia, teoría o sistema, y que de alguna manera denota culto a la persona. El populismo es ahora una categoría de designación exter-na, que refiere o describe “el fenómeno de movilización sociopolítica” y “la plataforma política programática entablada por gobierno nacio-nales” (Moreno, 2015, pp. 24, 43-54).

El populismo y los gobiernos nacional-populares parecían ha-ber desaparecido por el arribo al poder en América Latina de la de-mocracia de tipo procedimental, en la década de 1980, aparejada con el neoliberalismo. Pero luego volvió a surgir en la opinión pública con Chávez, en Venezuela, Lula, en Brasil, Evo, en Bolivia, Correa, en Ecuador, y con la candidatura de López Obrador, en México. Lo anterior volvió a colocar al populismo en el centro de la discusión política, en los debates y en el plano académico, el cual, en palabras de Moreno Velador, es ese “gran otro” de la política latinoamericana, que en el imaginario reaccionario es una “bestia negra” (Figueroa y Moreno, 2008). Desde aquel artículo, escrito en el 2008, en su obra aparecerá el populismo como un ser místico, mágico o mitológico de carácter negativo. Esta metáfora se repetirá en su primer trabajo en solitario: La quimera populista en América Latina (Moreno, 2015).

Hasta este punto, podemos identificar tres formas de entender el populismo: como programa político, como concepto académi-co-descriptivo y como denostación. La obra de Moreno Velador nos

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permite, entonces, observar cómo el concepto se volvió polisémico. Habría que interrogarnos entonces: ¿el populismo ha dejado de ser un programa político? ¿Su evocación se ha tornado simplemente una forma de descalificar a los adversarios políticos?

El populismo como sistema de ideas

En La quimera populista, Moreno Velador señala el programa políti-co que apunta un movimiento, partido o gobierno populista, por lo menos en cuanto a su entendimiento a finales del siglo xix y princi-pios del xx en Estados Unidos y Rusia:

1. Se generaron como respuestas político-sociales ante situacio-nes sociales y económicas de crisis, relacionadas a los cam-bios abruptos generados por la industrialización y el cambio en la organización capitalista de sus respectivos países.

2. Existe una autodenominación de los movimientos políticos y sociales como populistas.

3. Se hace patente una fuerte crítica al capitalismo a través de las referencias a la vida comunal previa ante el predominio de la industrialización, un intento de cimentar un tipo de identidad específica ante la ola que implicó la industrializa-ción en el Estado.

4. Es una expresión de los diversos grupos sociales que progre-sivamente abandonaban los patrones culturales propios de la pequeña comunidad y el entorno rural, para comenzar a adoptar nuevos patrones de conducta propios de la moder-nidad capitalista industrial y el contexto urbano industrial.

5. Entre los nuevos valores se encontraba la existencia de una fuerte desconfianza hacia la gran propiedad y una exaltación de la pequeña empresa, un tipo de crítica al capitalismo pero

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con la vista puesta hacia atrás, hacia las formas comunitarias de vida.

6. Como solución al problema de la modernidad capitalista tanto el Populist Party como el Narodnichestvo ruso propul-saron una propuesta de Estado que fungía como agente pro-tector de los campesinos.

7. Buscaba la defensa de los mercados nacionales, la pre-servación de la pequeña propiedad y de las comunidades campesinas.

8. La propuesta de un Estado activo en la protección de sus po-blaciones nacionales, en especial con los grupos campesinos, un Estado que limite los efectos negativos de la industriali-zación y la promoción del libre mercado en los entornos de reciente implantación de la modernidad capitalista (Moreno, 2015, p. 22).

En esta misma línea argumentativa, y tratando de hacer una compa-ración con los fenómenos recientes, habrá que recordar dos momen-tos recientes que hacen pensar en la continuidad de un programa político de tipo populista. El primero fue en un discurso dado por Andrés Manuel López Obrador, en el que afirmó que si respaldar a los pobres es ser populista, como lo acusan, y si ser “mesiánico” es combatir la compra del voto, ya pueden “apuntarlo” en esas catego-rías (Melín, 2017). Otro momento emblemático fue el de la reunión que Enrique Peña Nieto y Barak Obama celebraron en Canadá en el 2016, en la cual, tras un largo discurso del mandatario mexicano sobre los riesgos del populismo, que esperaba fuera aplaudido por el mandatario estadounidense, Obama afirmó tajante: yo soy populista (Monreal, 2016).

Especialmente, el caso de Obama nos permite observar la con-vicción de la autodenominación populista, lo que podría denotar que aún el programa político tendrá cierto grado de vigencia, pues podemos suponer que entre el planteamiento del Populist Party y del

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expresidente perteneciente al Partido Demócrata, debe haber dife-rencias. ¿Esto podrá significar un relanzamiento del populismo des-de la hegemonía capitalista, o más bien un intento de apropiación del concepto para provocar su resignificación? Como abundaremos más adelante, también en el campo de lo político se disputan los signifi-cados de los conceptos. Antes, podríamos decir que el que nomina domina; ahora diríamos el que significa domina (Bourdieu, 1998).

El populismo como categoría analítica

Tras el análisis comparativo entre el Populist Party y el Narodniches-tvo para encontrar una línea general de pensamiento y acción del populismo, en La quimera populista Moreno Velador analiza la ex-periencia latinoamericana y la forma como se ha abordado desde los enfoques estructural-funcionalista, desde el análisis de las élites de Torcuato di Tella, y desde la visión de las contradicciones de clase, tres visiones que analizaron casos de gobiernos de izquierda latinoa-mericana que no emplearon la autodenominación de populistas.

Desde el enfoque estructural-funcionalista y la perspectiva de la sociología de la modernización, Gino Germani describe al populis-mo como el fenómeno político caracterizado por el auge de élites po-líticas nacionales que pudieron disponer de medios para “manipular” a las masas de acuerdo con sus propios fines políticos, empleando ideologías, como “mero instrumento de dominación”. Esto se com-plementa con la persistencia de valores tradicionales (entre ellos el autoritarismo), que, “por efecto de la masificación y la acción políti-ca de las élites”, llega a fusionarse con ideologías autoritarias de dos tipos: autoritarismo tradicional y autoritarismo ideológico (Moreno, 2015, p. 27). En este caso, se podría emplear la propuesta de Gino Germani y los análisis de Figueroa Ibarra y Moreno Velador para considerar como categoría analítica el populismo autoritario. Como consecuencia de esta identificación, habrá que preguntarse por la posibilidad histórica o teórica de la existencia de un “populismo po-pular”, o un “populismo no-autoritario”, es decir, un populismo “sin

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más” (que es quizá a lo que responde la autodenominación de Oba-ma en el 2016) (Moreno, 2015, p. 27).

En esta misma sintonía, Torcuato di Tella, desde la perspectiva de la modernización, caracteriza al populismo como un tipo par-ticular de movimiento social y político, con fuerte apoyo popular, participación de sectores de clases no obreras con importante in-fluencia en el partido y fundamentado en una ideología anti statu quo, en el que sus fuentes de fuerza o nexos de organización son a) una élite ubicada en los niveles medios o altos de la estratificación y provista de motivaciones anti statu quo; b) una masa movilizada formada como resultado de la revolución de las aspiraciones; c) una ideología o un estado emocional difundido que favorezca la comu-nicación entre líderes y seguidores y cree un entusiasmo colectivo (Tella, 1965, p. 398). Así, el populismo es visto como un fenómeno propio del subdesarrollo en el que su destino y carácter estaría de-terminado primordialmente por la dirección que las élites imprimen al movimiento. Para observar su conceptualización y clasificación, retomemos una tabla que presenta Germani y que se cita en La qui-mera populista:

Variables I) Incluye grupos legitimados dentro de su clase

II) Incluye grupos ilegitimados dentro de su clase

a) Incluye elementos de la burguesía, el ejército o el clero (aparte de los estratos inferiores.

Es la alternativa más moderada. Puede perder fácilmente su carácter populista y hacerse conservadora

Alternativa intermedia con fuerte tendencia a utilizar medios violentos, pero que acepta los valores básicos del orden social existente.

b) Incluye sólo elementos de las clases medias inferiores o intelectuales (aparte de las clases obreras).

Alternativa intermedia, con tendencia a utilizar los medios legales, pero con una crítica bastante radical de los valores básicos del orden existente.

Es la alternativa más radical. Orientada hacia una revolución social que altere el patrón básico de la propiedad.

Fuente: (Germani, di Tella y Ianni, 1973, p. 50)

De esta tabla podríamos identificar dos tipos que, a falta de una pro-puesta conceptual de Germani, denominaríamos populismo de dere-cha y populismo de izquierda; es decir, uno que favorece al statu quo y otro que tiende hacia una revolución social.

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Por otro lado, desde la perspectiva de las contradicciones de cla-se, Octavio Ianni examinó las condiciones históricas de posibilidad de aparición y desarrollo de movimientos de masas, partidos políticos y gobiernos populistas en América Latina. En este autor, el populismo se entiende como “una experiencia política determinante para las cla-ses sociales urbanas y en menor grado, de las clases rurales que busca una combinación entre las tendencias del sistema social y las determi-naciones de la dependencia económica”. Parte indispensable de este fenómeno estaría dado por las “masas asalariadas” como el “elemento político dinámico y creador” que permitiría la “reelaboración de la es-tructura y las atribuciones del Estado” (Ianni, 1980, p. 17).

Desde su óptica, lo que une a las experiencias populistas lati-noamericanas es que “surgieron en configuraciones estructurales co-munes y correspondieron a configuraciones históricas similares”. En dicho período quedaron superadas las “relaciones estamentales o de casta creadas por el colonialismo mercantilista ligado al régimen es-clavista y preservadas más o menos intactas hasta la Primera Guerra Mundial” (Ianni, 1974, p. 84).

Así, el populismo se caracteriza como “un movimiento de masas que aparece en el centro de las rupturas estructurales que acompa-ñan a las crisis del sistema capitalista mundial y las correspondientes crisis de las oligarquías latinoamericanas” (Ianni, 1974, p. 85). De este modo, el populismo latinoamericano “se presenta como un mo-mento intermedio entre la formación de una sociedad nacional y las presiones de una economía dependiente, cimentadas en la genera-ción de una nueva economía industrial” (Moreno, 2015). Pero es ne-cesario distinguir entre dos tipos de populismo: el de las altas esferas y de las clases medias, y el populismo de las grandes masas.

El populismo de las altas esferas estaría caracterizado como aquel que reúne a “los gobernantes, políticos burgueses profesiona-les, burócratas políticos, peleles, demagogos”, un sector del populis-mo que utiliza “tácticamente a las masas trabajadoras y a los sectores más pobres de la clase media” para cumplir con sus intereses parti-culares de poder (que sería afín al populismo autoritario de Germa-ni). En contraposición, el populismo de las masas que reúne a “los trabajadores, los emigrantes de origen rural, los grupos sociales de

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la baja clase media, de los estudiantes universitarios radicales, de los intelectuales de izquierda, de los partidos de izquierda”, coincidente con el populismo de izquierda de di Tella (Germani, di Tella y Ianni, 1973, pp. 87-88).

Considerando los elementos centrales de la experiencia lati-noamericana, Moreno Velador obtiene las características generales de lo que podríamos llamar un populismo sin apellidos, es decir, no autoritario. Este estaría marcado por un contexto en el que se pre-senta un cambio en la organización de la economía y la sociedad de manera abrupta, una etapa de cambio entre la existencia de grandes concentraciones económicas monopólicas u oligárquicas, y la que se desarrolla en un nuevo tipo de organización industrial y financiera. En consecuencia, se genera una desconfianza de los agregados socia-les hacia la gran propiedad y una exaltación de la pequeña propiedad, aunada a una defensa de la economía nacional.

Dichas condiciones se ven reflejadas en los esfuerzos latinoa-mericanos en defensa del mercado nacional y de industrialización interna en contraposición de la economía latifundista y oligárquica. Entonces, el populismo propiamente sería la un vínculo fuerte en-tre los liderazgos de los movimientos sociales y la participación del agregado popular, que trata de impulsar el consumo interno como una manera de conservar los excedentes económicos, es decir, a modo de una combinación entre acumulación y distribución. Por lo tanto, existe una convicción de que el Estado debe desarrollar un pa-pel activo en defensa de las condiciones económicas favorables para las condiciones de vida del pueblo y de regulación de las fuerzas del mercado.

Estas categorías analíticas no arrojarían, entonces, como tipos el populismo, el populismo autoritario, el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Pero habrá que mantener presente que lo que hacen Germani, di Tella, Iani y Moreno Velador es el empleo de este concepto únicamente con el fin de explicar una realidad común a varios países latinoamericanos, que denomina la forma de actuar de un político, un grupo o un movimiento. Desde esta perspectiva, no es un programa político. Sin embargo, los dos primeros autores se acercan más al tercer sentido que abordaremos en este estudio

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introductorio, es decir, como denostación, lo que los aleja del senti-do analítico para aproximarlos más a un programa político afín a la defensa del libre mercado. No abandonan su visión teleológica del progreso, sin considerar las condiciones históricas de la existencia de programas nacionales basadas en la legitimación popular.

El populismo como denostación

Hasta este punto, el recorrido teórico que aporta Moreno Velador desde el 2008 hasta el 2016 nos muestra la incesante crítica desde la sociología de la modernización al populismo. A esto habrá que agregarle figuras menos académicas y más mediáticas como Gloria Álvarez y Álvaro Vargas Llosa. Pero, ¿en qué se centran las críticas al populismo? Moreno Velador y Figueroa Ibarra nos presentan una síntesis de las impugnaciones que se le han hecho.

· El populismo como obstáculo para la moderniza-ción (impugnación que puede denominarse “ilustrada modernizante”).

· El populismo como obstáculo para el desarrollo (im-pugnación “tecnocrática desarrollista”).

· El populismo como generador de desorden social y po-lítico (impugnación “autoritario organicista”).

· El populismo como obstáculo para la implementación del libre mercado (impugnación “liberal económica”).

· El populismo como amenaza para la democracia (im-pugnación “liberal procedimental o institucionalista”) (Moreno y Figueroa, 2016, p. 47).

Cuando estas premisas se articulan en el imaginario reaccionario, que Moreno Velador estudia a través de algunos de sus representan-tes como al expresidente mexicano Vicente Fox y los intelectuales Enrique Krauze y Álvaro Vargas Llosa, el populismo es una ideología a la que hay que tener “cuidado” por ser irresponsable en el gasto público, con el corporativismo, con el uso partidista de los recursos,

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porque no promueve la corresponsabilidad entre ciudadanos y go-bierno, porque promueve el endeudamiento y rebasar los topes pre-supuestales, según Fox.

Por su parte, Enrique Krauze vinculó al populismo con el lí-der carismático, el líder providencial que se atribuye la capacidad de resolver de “una vez y para siempre los problemas del pueblo”, em-pleando la demagogia como vehículo de su carisma y como vínculo con el pueblo, en el que subyace un deseo perverso de secesión entre el pueblo y el no-pueblo. El peligro en ello es la alusión a la razón del pueblo arengado, a la movilización popular que incentiva el odio entre las clases sociales, pues ¿qué culpa tiene el rico de ser rico?

Luego, Vargas Llosa vincula al lopezobradorismo con el estatis-mo y el comunismo, con la “idiotez ideológica” incapaz de entender los beneficios de la verdadera libertad. En La quimera populista, Mo-reno muestra cómo, desde el plano de las ideas, el concepto de popu-lismo se ha transformado hasta tomar el sentido peyorativo que hoy posee: un sinónimo de corrupción y demagogia. Cualquier reclamo social, es, por lo tanto, populista, retrasado, ideológico, antiprogreso e irresponsable. Entonces, ¿qué no es populista? Lo que interpela a la libertad individual y competitiva, donde los individuos se constru-yen como “objetos de opciones y aspiraciones para la autoactualiza-ción y autorealización” (Moreno, 2015).

Cómo se construye un monstruo

Con la “bestia negra” y “la quimera”, Moreno Velador nos deja ver el uso mediático que se ha dado al concepto populista, como parte de una estrategia de política contra los proyectos que se perfilan como el socialismo latinoamericano del siglo xxi. El análisis de las impug-naciones al populismo nos permite ver cómo se construye un miedo en la práctica política: es un obstáculo para la modernización, para el desarrollo, para el libre mercado, genera desorden social y político, y constituye una amenaza para la democracia. Estas impugnaciones se construyeron, como señala, desde cinco paradigmas: el ilustrado modernizante, el tecnócrata desarrollista, el autoritario organicista,

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el liberal económico y el liberal procedimental-institucional. Tras este análisis, nos deja ver que, quizá, muchas de las críticas son fun-dadas en el miedo que las clases beneficiadas por el capitalismo tie-nen de que sus emporios se vengan abajo, y el miedo que tuvo la nueva clase política neoliberal de perder el terreno ganado frente a los gobiernos nacionalistas del siglo xx.

El populismo es entonces visto como el gran monstruo mitoló-gico que amenaza con destruir los logros de la racionalidad econó-mica y la competencia política. Es una quimera que encarna todos los miedos y pendientes de la democracia procedimental; y que es alimentado por rezagos, la desigualdad y la pobreza en toda la región; un ente casi mitológico que amaga con aparecer y volver el mundo pies arriba (Moreno, 2015, p. 79). Este monstruo no es más que el cuerpo social que se mueve pasionalmente en contra del manejo ra-cional de la política y la economía, por los reclamos y la necesidad de los olvidados en el proceso de instauración del modelo neoliberal, que interpela a los que apuestan por un cambio en la organización.

Para el impulso de este miedo, para la construcción del mons-truo, la mercadotecnia ha tenido un papel fundamental. En esta disciplina se trabaja un discurso que funciona a golpe de frase, que permite la fijación de ciertos contenidos mínimos en la memoria, y que, trasladado al campo de la política, ha dado como resultado el vaciamiento de contenido real de lo político. Esto, a su vez, se apareja con la situación de las narrativas de las sociedades de la posguerra, por el resquebrajamiento del proyecto moderno y de los relatos que producía.

El conflicto por los significados

Hasta este punto, podemos observar que las tres formas de empleo del populismo han cargado de significados variantes al concepto, de modo que éste se ha vuelto polisémico; es decir, tiene un exceso de sentido aunado a una carga temporal. La historia del signo popu-lista es responsable de su desorden, no de su transformación, pues no podemos considerar que ha pasado de la autodenominación, a la

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categoría analítica, y de ahí a la denostación como proceso de etapas sucesorias, sino que se ha acumulado el sentido y ha generado un conflicto en las interpretaciones.

El fenómeno de la polisemia, de acuerdo con Paul Ricoeur, se va generando en la diacronía del lenguaje. A lo largo de la historia se van dando nuevos significados, que se agregan a listas previamente existentes de significados. Algunos de estos significados perderán vigencia, pero otros continuarán en la sincronía. En sí mismo, esto no constituye un problema de lenguaje, sino que es una virtud que permite decir muchas cosas con una cantidad limitada de palabras, pero en sí se constituirá como problema cuando se le han cargado a la misma palabra demasiados significados (Ricoeur, 2003).

Sin embargo, el concepto populismo se torna mucho más com-plejo cuando sus significados pueden resultar contradictorios, es decir, cuando evocamos este concepto para referirnos al tipo de go-bierno en el cual el gobernante recurre al pueblo para pedir su apoyo para legitimar sus acciones; o cuando nos referimos al gobierno que emana de las clases populares; o al populismo vinculado con la prác-tica democrática del consenso de la mayoría, o a su entendimiento de forma negativa como el gobierno de los demagogos que sólo tra-tan de convencer al pueblo a través de la retórica para obtener votos.

Para salir del problema de la polisemia, habrá dos caminos op-cionales: el de la desmitificación o el de la promoción y la recupera-ción del sentido. Pero de tomar la vía de promoción y recuperación del sentido del Populist Party y del Narodnichestvo, llegaremos a una desconexión de sentido en términos de los lenguajes en los que se dieron estos (idiomas) y en el sentido histórico. Lo anterior nos po-dría hacer válida la palabra populismo para Obama, pero no para un mexicano que no tuvo una experiencia política similar a la de los Estados Unidos. Pero aún si lo que se experimenta es la salida por la vía de apellidar el populismo (de derecha, izquierda, etcétera) conti-nua una trasferencia de sentido desde la construcción de lo siniestro, del monstruo populista. Es por ello que este concepto ha perdido su capacidad de describir la realidad de los procesos políticos re-cientes en Latinoamérica. Es por ello que Moreno Velador, desde el 2016, ha explorado la categoría de lo nacional-popular para describir

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los fenómenos político latinoamericanos que emergieron como res-puesta al neoliberalismo.

Lo nacional y lo nacional popular frente al neoliberalismo en América Latina

La discusión sobre las diversas lecturas que se puede dar al discurso nacionalista parece haberse agotado en términos de la problematiza-ción y conceptualización que se desarrolló en torno al debate Hobs-bawm-Anderson. Sin embargo, la emergencia de nuevas formas de nacionalismos y, sobre todo, en el contexto de este periodo históri-co conocido como la crisis de las grandes narrativas, este fenómeno rompe con la idea de lo nacional como discusión agotada. Indepen-dientemente de los contenidos ideológicos que estos puedan tener, ya sean nacionalismos de derecha o de izquierda, ambos fenómenos tienen puntos en común que se pueden analizar para tratar de hacer una lectura crítica hacia lo que ha acontecido en los últimos años en varios países, pues de unos cinco años para acá se habla de la emer-gencia o empoderamiento de nuevos nacionalismos (Hobsbawm, 1995; Anderson, 1993).

Lo nacional y lo popular, como contraposición al neoliberalis-mo, antes que un concepto académico, son dos conceptos clave que pretenden construir una narrativa política. Llegan llegan a nuestros días no sin conflictos lingüísticos y conceptuales, ya que durante mucho tiempo fueron banderas del discurso liberal, pasaron por el nacionalismo radical de la Segunda Guerra Mundial, y, de manera paralela, fueron empleados por algunas corrientes socialistas y co-munistas. Por el hecho de haber sido apropiados por tres narrativas completamente diferentes, e incluso contrapuestas, el significado bajo el cual se debe entender para el caso latinoamericano, y especí-ficamente en los tres países que este trabajo estudia, debe ser clara-mente especificado. Con ello, se debe comprender qué contienen de antineoliberales, es decir, debemos despejar los conflictos que pue-den suceder por un intento de apropiarse de una narrativa, tratar de

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dar un significado a un concepto, o tomar distancia del significado que se le ha dado en un contexto específico.

Lo nacional popular emerge en el escenario latinoamericano como una forma política contra la hegemonía que se impulsó des-de el neoliberalismo, a saber: el libre mercado, y la desrregulación estatal a través de su debilitamiento, dando paso a la globalización económica. Esta contrahegemonía constituye, entonces, “un proceso de reconstitución de las clases políticas en Latinoamérica a través de una propuesta de resignificación identitaria proyectada hacia la conquista de los gobiernos nacionales. Pero, como ya se observará en el texto de Moreno Velador, el abordaje de lo nacional en América Latina dista de la experiencia Europea y Estados Unidos, fundamen-talmente en un sentido: la nación y el nacionalismo en los países tradicionalmente imperialistas se construyó a partir de una concien-cia común, a partir de una historia que se presenta como unilineal

—de manera ficticia, pero que fundamenta sus narrativas—. Por el contrario, en América Latina, los intentos unificadores de la historia para construir el nacionalismo se toparon constantemente con las pugnas entre las élites centrales y las élites locales, por las invasio-nes extranjeras, además de las constantes emancipaciones de gru-pos subalternos que quedaron excluidos de la narrativa moderna del progreso nacional.

La nación en América Latina trató de pensarse a sí misma como reflejo de la experiencia europea tras las emancipaciones que condu-jeron a las independencias del subcontinente. Sin embargo, las alter-nancias entre los grupos de poder, y la inestabilidad política fueron alejando la posibilidad de mantener una visión univocal del nacio-nalismo. Nunca hubo un acuerdo si el nacionalismo latinoameri-cano estaría fundamentado en el catolicismo, en la herencia de la nación española o en la imitación de Francia o Estados Unidos. No hubo posibilidad de construcción de esta narrativa desde el espejo fiel del pensamiento de la ilustración hasta bien entrado el siglo xx. Fueron precisamente los gobiernos calificados como populistas los que implantaron mecanismos de unificación nacional a través de la

“dominación simbólica” que permitió la construcción de un discurso

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nacionalista; sin embargo, más que un nacionalismo se construyó un folclorismo suplantador de la cultura popular.

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El folclorismo mexicano como un caso de construcción de la identidad unificadora

El folclore como expresión de la cultura de un pueblo fue secuestra-do por las instituciones del Estado moderno en las décadas de 1930 y 1950, con el fin servir de base para la formación de la identidad de la nación y el nacionalismo. La nación, como forma de integrar lo particular a lo universal, redujo la complejidad simbólica de las prácticas culturales de la vida cotidiana: se definió desde el Estado una estética que sirviera de baluarte a una cultura diferenciada de una nación con respecto a las otras, eligiendo entre los universos dis-cursivos los símbolos más representativos, llamativos y entendibles, en el marco de una “cultura universal”. El folclorismo nacionalista es, por lo tanto, una suerte de reducción simbólica de la realidad com-pleja, en respuesta a la incapacidad institucional y del observador externo para descifrar los códigos populares que se configuran en la esfera de lo local.

En el discurso corriente, y sobre todo en el político-adminis-trativo, el folclore se aparta mucho de la idea inicial bajo la cual se enunció este concepto analítico. El término inglés folklore fue usado por primera vez en 1846 por el arqueólogo británico William John Thoms para denominar las “antigüedades populares”. Se entendía como el conjunto de saberes y prácticas populares. La idea ya era empleada en Alemania desde inicios del siglo xix, cuando Johann Gottfried Herder recopiló material sobre el auténtico espíritu, tradi-ción e identidad del pueblo.

Herder, como buen representante del nacionalismo romántico, consideraba que en las clases campesinas se encontraba depositado el auténtico genio del pueblo germánico, donde podría encontrar-se el fundamento de la identidad de la emergente nación alemana. En sintonía con Herder, los hermanos Grimm realizaron su ya muy famosa obra de recopilar los cuentos, mitos y leyendas populares, publicados bajo el título Kinder und Hausmärchen, para rescatar la identidad del pueblo, que se iba perdiendo ante el aburguesamiento de las élites. Entonces el término empezó a popularizarse en el cam-po académico.

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La idea del folclore nace con el nacionalismo y es producto del espíritu universalista de la Ilustración, que pretende homologar el sentimiento de pertenencia de los pobladores de una nación a partir de los referentes culturales con los que posee: lengua, arte, música, tradiciones orales, cierta estética, entre otros criterios. Siempre tiene como fin la gubernamenalidad. Al homogeneizar la cultura, en su sentido más amplio, se supuso plausible imponer los mismos siste-mas administrativos, instituciones y leyes en todo un territorio na-cional, con un añadido especial: se generaba identidad.

La gubernamentalidad del Estado nacional en su fase patrió-tica va transcurrir por un proceso de sacralización de las prácticas políticas, al desmantelarse las instancias autónomas e intermedias entre la población y el Estado: la religión, la jerarquía social, o las au-toridades de orden inferior a las institucionales (como los caciques). Esta sacralización de la patria tomará muchos de los elementos de la religiosidad, en términos simbólicos, para establecer canales de entendimiento e identidad entre el pueblo y la autoridad, que dará paso a la participación política del pueblo llano, que es una parte importante de la emergencia de la ciudadanización de la población. El proceso de sacralización de las prácticas políticas sustituirá a las formas simbólicas religiosas con elementos tomados de la historia y la cultura del pueblo. Pero, ¿de qué pueblo estamos hablando?

Por lo menos en México, con sus numerosos grupos etnolin-güísticos (ahora se registran 69, y más de 364 variantes dialectales), con su población disímil, por así decirlo “fenotípicamente” (para no emplear el término racial), y con su sinnúmero de regiones, la inte-gración de la nación no fue un proceso sencillo. Incluso, fue hasta la institucionalización de la revolución que empezaron a haber acuer-dos tácitos entre las élites culturales, políticas y económicas sobre la simbología que representaría a México. Pero de esta elección de símbolos devino una reducción de la complejidad simbólica, que se puede observar en dos casos: el indio mexicano y la folclorización de la fiesta popular.

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Los estereotipos del indio y la fiesta

Poco puede relacionarse la realidad de los pobladores originarios con la idea que tenemos del indio mexicano. El proceso de confi-guración del indio partirá, desde el proceso de conquista española, de una visión externa; las primeras identificaciones de estos pueblos fueron a partir de la visión que los aztecas dieron a los otros pue-blos. Se confundían en el discurso del poder el nombre del pueblo y los pobladores con los sobrenombres con los que los aztecas los llamaron.

Luego, “el indio” se incorporó a la vida económica implantada por los españoles, siempre bajo la premisa de que “sin indios no hay indias”. Destribalización y desarraigo fue lo que provocaron los nue-vos patrones de asentamientos hispánicos; de ahí se generaron mu-chas de las prácticas que ahora se llaman “indígenas”. De una forma provocativa, podemos afirmar que las prácticas identificadas como indígenas poco tienen de prehispánicas y mucho de coloniales.

Con las reformas del siglo xviii, el indio empezó a estorbar. Se les quitaron muchos de los privilegios que esa jerarquización social les había conferido. Luego se redignificó por los criollos (por ejem-plo, Francisco Xavier Clavijero), que argumentaban que eran la base de la organización social. Luego, con la independencia, se les rebajó a la masa inculta que estaba cometiendo atropellos por influjo de los sacerdotes que los levantaron. Al final del movimiento insurgente, otra vez se les levantó como base primigenia de la nación; luego, se tornaron en un estorbo para el progreso. A mediados del siglo xix hubo quienes intentaron recuperar mucha de la información de es-tos antiguos pobladores, de conocer sus lenguas, de considerarlos fuentes de identidad, como forma de distanciarse de Europa; para luego volverlos a acusar de embriaguez, viciosos y flojos.

Los significantes indio e indígena se han resignificado tantas veces que “el significante se vació de contenido”. Su polisemia per-mitió, entonces, que se tornara en un significante vacío, que facilitó su idealización en el nacionalismo posrevolucionario. ¿Cómo ope-ra esta idealización y resignificación en el nacionalismo? Comparto

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una descripción de Alejo Carpentier que nos da en su obra Concierto Barroco:

Pero el cuadro de las grandezas estaba allá, en el salón de los bailes y recepciones, de los chocolates y atoles de etiqueta, donde historiábase, por obra de un pintor europeo que de paso hubiese estado en Coyoacán, el máximo acontecimien-to de la historia del país. Allí, un Montezuma entre romano y azteca, algo César tocado con plumas de quetzal, apare-cía sentado en un trono cuyo estilo era mixto de pontificio michoacano, bajo un palio levantado por dos partesanas, te-niendo a su lado, de pie, un indeciso Cuauhtémoc con cara de joven Telémaco que tuviese los ojos un poco almendra-dos. Delante de él, Hernán Cortés con toca de terciopelo y espada al cinto —puesta la arrogante bota sobre el primer peldaño del solio imperial—, estaba inmovilizado en dramá-tica estampa conquistadora. Detrás, Fray Bartolomé de Ol-medo, de hábito mercedario, blandía un crucifijo con gesto de pocos amigos, mientras Doña Marina, de sandalias y hui-pil yucateco, abierta de brazos en mímica intercesora, pare-cía traducir al Señor de Tenochtitlán lo que decía el Español. Todo en óleo muy embetunado, al gusto italiano de muchos años atrás —ahora que allá el cielo de las cúpulas, con sus caídas de Titanes, se abría sobre claridades de cielo verdade-ro y usaban los artistas de paletas soleadas—, con puertas al fondo cuyas cortinas eran levantadas por cabezas de indios curiosos, ávidos de colarse en el gran teatro de los aconteci-mientos, que parecían sacados de alguna relación de viajes a los reinos de la Tartaria (Carpentier, 1974).

Como puede observarse, no hay en esta representación una origina-lidad americana sino, por el contrario, una suplantación del pasado precolombino con elementos pertenecientes al imaginario colecti-vo europeo. Algunos ejemplos de idealización y simplificación de la realidad multiétinica mexicana se puede observar también en la plástica posrevolucionaria, como en el trabajo de Jesús Helguera.

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Carlos Monsiváis, en su obra Los rituales del caos, describe el trabajo de Helguera como una combinación de la “estética de la mitomanía nacionalista”. Además, el cine de oro mexicano, con la proyección de películas como Tizoc, personaje protagonizado por Pedro Infante, han creado el estereotipo del indígena mexicano que prevalece en la mentalidad colectiva de los habitantes de las ciudades, y sobre todo de la capital, así como en la de los extranjeros (Monsiváis, 2001).

Similar es la situación de la fiesta popular estereotipada por el ballet folclórico. Amalia Hernández Navarro fue una bailarina y coreógrafa mexicana, nacida en la Ciudad de México en 1917 y fa-llecida en la misma ciudad el 4 de noviembre de 2000. Fundó en 1952 el Ballet Folklórico de México que lleva su nombre y que es emblemático del arte dancístico folclórico del país. Expresa las diver-sas manifestaciones de los bailes populares de todas las épocas y de todas las regiones de México. Sin menoscabar el trabajo de Amalia Hernández como artista, contribuyó por su filiación a los medios de comunicación ligados al poder, a fomentar una imagen estereo-tipada de la fiesta mexicana. En ningún rincón de México la gente se viste como lo hacen los de ballet folclórico, pues está cargado de exageraciones y, a la vez, de factores unificadores que lo apartan de la realidad, y que cumple el fin de servir como espectáculo a aquellos ajenos a la cultura de los pueblos.

Los ideales estéticos bajo los cuales se construyeron los univer-sales del indio y del indígena han producido que estos dos conceptos se aparten de la realidad, que no sean más que una estética hegemó-nica que tiene como finalidad fomentar el nacionalismo mexicano, en detrimento de los derechos de los pueblos mexicanos, pues los vuelve difusos por no cumplir con la imagen estereotipada. Son un significante vacío que ningún habitante de este país puede ocupar, y que está reservado a cumplir con los caprichos estéticos de las clases dominantes. Ese indio estereotipado no es el habitante de los pue-blos a quienes se les ha despojado de sus tierras y se les ha condena-do a vivir en la miseria. El indio y el indígena no existen sino en la imaginación hegemónica.

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Lo nacional popular como movimiento político en el siglo xxi

Sin duda, el movimiento zapatista de la década de 1990 vino a mo-dificar lo que indio, indígena y cultura popular puede significar. In-dependientemente de las repercusiones políticas, en términos cul-turales este movimiento llenó de sentido el significante vacío del indígena, les puso rostro, nombre y presencia política. De manera similar sucedió en Bolivia con el movimiento que llevara al poder a Evo Morales, proceso que detalla Moreno Velador en este texto.

En este sentido, lo nacional popular latinoamericano carecerá de este elemento unificador eurocéntrico que marcó los procesos políticos de los siglos xix y xx. Esto nacional es más próximo a lo comunitario, pues precisamente mucho de las movilizaciones que dieron paso a estas transformaciones políticas emergieron como parte del desplazamiento que el neoestractivismo y las políticas neo-liberales han provocado. El principal aporte de este nuevo naciona-lismo latinoamericano es que pretende construirse desde el otro, que reclama una nueva ética de inclusión, no de unificación, de recono-cimiento de la diferencia. Es por ello que este nacionalismo es de carácter popular.

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Introducción

Las primeras dos décadas del siglo xxi y los años finales del siglo xx estuvieron llenos de transformaciones y novedades para la política latinoamericana. Después de un largo período dominado por el neo-liberalismo, antecedido por la larga noche de las dictaduras, se pre-sentó un periodo lleno de sorpresas y retos para el análisis político.

Los sucesos se decantaron y nos dieron resultados sin prece-dentes en la historia latinoamericana: la existencia de un gobierno indígena justo en uno de los países que históricamente se había ca-racterizado por ser más altamente excluyente, a pesar de su clara ma-yoría poblacional indígena; la emergencia de liderazgos políticos que hacen recordar a los históricos populistas latinoamericanos (Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Luiz Inácio Lula da Silva); el re-lanzamiento de ideas de transformación como el socialismo del siglo xxi; la irrupción de grandes movilizaciones sociales que pusieron en jaque a los gobiernos instaurados y a la hegemonía del neoliberalis-mo; la creación de partidos políticos que poseen como su elemento central a los movimientos sociales organizados; la emergencia de nuevos tipos de gobierno que colocaron como elemento central a la participación popular organizada; el impulso de procesos de resig-nificación simbólica e institucional amplia de los Estados en donde ha triunfado la izquierda política. Todos estos fenómenos, y muchos otros que no alcanzo a nombrar aquí han colaborado para que se respiraran aires de transformación en la región; pero, conforme esto sucedió, también vimos emerger respuestas enérgicas de parte de fuerzas políticas conservadoras en alianza con grandes intereses y poderes transnacionales.

Ante esta situación, todos aquellos que por una u otra razón tenemos como tarea el estudio y la reflexión sobre estos procesos estamos obligados a hacer esfuerzos honestos para no sólo entender y explicar estos fenómenos, sino sobre todo para aprender de ellos y

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cooperar con nuevas ideas y propuestas en las experiencias recien-tes. Esta investigación y sus resultados buscan, justamente, participar mediante el estudio y el debate de los procesos en cuestión, siempre considerando que los procesos históricos no se resuelven desde la teoría, sino desde la práctica social misma. La transformación de la realidad no es un asunto que se pueda resolver solamente en abstrac-ciones teóricas; siempre se necesita de las personas, pues son ellas finalmente quienes hacen los cambios.

Esta investigación procura ser fiel con los actores que han par-ticipado de esta transformación en marcha. Las ideas y el análisis de este texto no aspiran a estar por encima de ellos; por el contrario, si buscamos analizarlas es porque a partir de ellas aspiramos a crear co-nocimiento que pueda traducirse posteriormente en nuevas prácti-cas transformadoras. En este texto no se hacen propuestas sólo desde abstracciones teóricas. El análisis procura ser fiel a los sucesos y sus actores, las propuestas se hacen (sin ser condescendientes) con base en las experiencias concretas, sin perder de vista las circunstancias y contradicciones históricas concretas.

El objeto de estudio fundamental de esta investigación son los gobiernos de izquierda que se presentaron desde la última década del siglo xx y hasta la actualidad en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. En ellos se impulsaron numerosas transformaciones pro-gresistas a nivel gubernamental y en la propia organización de sus sociedades nacionales. Sin embargo, sostenemos que estos gobiernos no se pueden explicar sin considerar un amplio margen de aspec-tos que les han dado las características que hoy poseen. Sin duda, el más importante de ellos es la movilización social independiente que dio origen a los propios gobiernos, una movilización que posee ca-racteres novedosísimos en la historia latinoamericana, ya que logró romper algunas barreras históricamente construidas para impedir la inclusión y la participación directa de los grandes agregados sociales.

La investigación no asume una posición Estado-céntrica, es de-cir, que asuma al Estado como un ente independiente y fuera de las relaciones sociales. Por el contrario, consideramos al Estado y a sus transformaciones como fenómenos eminentemente sociales. En un sentido político, también creemos que es una herramienta que debe

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estar al servicio de las mayorías, como órgano de poder que puede ser empleado para limitar y controlar el poder de los poderosos, en busca de una mayor igualdad y libertad entre las personas. Desde nuestra perspectiva, es claro que mientras persistan las desigualda-des sociales y económicas, el Estado se mantendrá como un territo-rio en disputa, y su orientación dependerá de la correlación de fuer-zas sociales que se presente en su sociedad determinada.

Dada la amplitud del debate y los temas relacionados con el objeto de estudio, esta investigación se ha abierto a muchos otros elementos.

El primer capítulo de este trabajo, titulado “La fractura hege-mónica y la alternativa nacional-popular”, aborda descriptivamente los casos de estudio de Bolivia, Ecuador y Venezuela, para observar cómo en cada uno de ellos se presentó un fenómeno de intensa mo-vilización social que terminó por provocar el derrumbe de los re-gímenes neoliberales. La descripción incluye un abordaje detallado de los movimientos sociales protagonistas, de su organización y sus acciones, además de los aspectos estructurales y coyunturales que los hicieron posible. En términos teóricos, el análisis se basa en cate-gorías de la sociología política derivadas del pensamiento de Anto-nio Gramsci, para lo cual, en la primera parte del capítulo, se incluye una explicación de las herramientas teóricas empleadas para anali-zar los casos de estudio. En específico se explicitan categorías como hegemonía, la contrahegemonía, la crisis hegemónica y en especial la perspectiva teórica empleada para hablar de sociedad civil. La adop-ción de este corpus teórico obedece a fines tanto analíticos como de óptica política, ambos relacionados y adaptados para el análisis de los objetos y casos en cuestión.

En una segunda parte del capítulo presentamos una descripción de lo que llamamos el Estado neoliberal-procedimental. Esta des-cripción busca generar claridad acerca de la forma en que está inspi-rado y organizado este tipo de Estado, para seguir con la descripción de su fractura hegemónica. Para analizar las transformaciones y el derrumbe de esta forma de Estado, empleamos la categoría de crisis hegemónica en tanto, desde nuestra perspectiva, lo que hemos pre-senciado es una transformación del entramado político, económico

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y social en cada caso particular, provocada por las propias limitacio-nes y contradicciones de su propia organización.

También empleamos el concepto de contrahegemonía para in-tentar captar el sentido de transformación que han impulsado los movimientos sociales en cada caso particular, quienes a lo largo de los últimos años han sido el actor central de las transformaciones políticas, económicas y sociales. Desde nuestra perspectiva, la con-dición que permitió la emergencia de esta intensa etapa de movili-zación es la crisis hegemónica que sufrió el Estado neoliberal-proce-dimental en toda la zona, reflejada en el desgaste de las condiciones de vida de las mayorías populares, la deslegitimación de su proyecto económico y el derrumbe de la legitimidad tanto del sistema de go-biernos como del sistema de representación política en estos Estados.

En una tercera parte del capítulo abordamos descriptiva y analí-ticamente los procesos de movilización social en cada caso particular a fin de reflejar tanto la complejidad como la potencialidad de cada uno de ellos. El análisis nos permite comprender de manera especí-fica cómo, efectivamente, la actividad de la sociedad civil en estos Estados permitió el surgimiento de movimientos y partidos políticos que contendieron por el poder de Estado e impulsarían importantes transformaciones en los años subsiguientes.

En el segundo capítulo, titulado “El populismo y la alternativa nacional-popular”, presentamos una crítica a las nociones que inten-tan describir a los procesos analizados como reediciones del histó-rico populismo latinoamericano. Esta crítica termina por presentar una conceptualización diferente de los históricos populismos lati-noamericanos, rescatando sus elementos de democratización amplia de las sociedades nacionales. Este último aspecto ha sido denosta-do y olvidado intencionadamente por los críticos conservadores. Nuestra perspectiva, a pesar de rescatar los elementos progresistas en estas experiencias históricas, también reconoce las limitaciones que tuvieron, sobre todo en cuanto a la efectiva inclusión política de las mayorías populares. En específico, hablamos del clientelis-mo y el corporativismo como los aspectos más negativos en estas experiencias.

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De acuerdo con nuestros análisis y con la evidencia recabada, proponemos la categoría de nacional-popular para describir a los gobiernos progresistas en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Esta cate-goría permite incluir no sólo a los propios gobiernos, sino también a la influencia directa que han tenido en su impulso, construcción y funcionamiento los movimientos sociales. En este sentido, lo na-cional-popular describe eficientemente a los gobiernos nacionales, en tanto estos se alimentan de los contenidos y la acción derivados de los movimientos sociales. Aunque también a los propios Estados, en el sentido de la consecución de las demandas y propuestas de los movimientos, terminan por crear una serie de transformaciones institucionales.

La herramienta metodológica fundamental que se emplea es la comparación entre las políticas estatales concretas que poseye-ron los populismos latinoamericanos y los aspectos novedosos que presentan los procesos y movimientos en cuestión. Esta perspectiva se complementa con el rescate de los postulados del pensamiento gramsciano, que aporta los elementos para ahondar en esta propues-ta teórico-analítica. De acuerdo con este corpus, se ofrece a detalle la descripción de cómo en cada caso se ha construido lo que llamamos gobiernos nacional-populares, con especial atención en la interac-ción entre los movimientos populares y los propios gobiernos nacio-nales. Esta relación, a diferencia del carácter vertical que tenían los populismos, se da en un contexto de mayor horizontalidad.

Por otro lado, postulamos la idea provocadora de que estos poseen características revolucionarias en la transformación de la realidad de sus diferentes países. Para ello, elaboramos una revisión de la forma como ha sido entendida la revolución especialmente en América Latina. Desde nuestra óptica, consideramos que en estos procesos tenemos un tipo de revolución que se basa en una serie de reformas de alto impacto que en el largo plazo apuntan a la trans-formación profunda de las condiciones concretas que se experimen-tan en cada uno de sus países. En este sentido, un elemento fun-damental para conceptualizarlos de esta forma es la recomposición profunda al interior de los gobiernos nacionales en cada caso. Lo anterior dado que las élites de poder económico y político asociadas

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al neoliberalismo han sido desplazadas del poder de Estado. En este sentido, es posible decir que éste se ha llenado de un contenido dis-tinto y ha creado una correlación de fuerzas al interior del Estado que permite la existencia de una transformación profunda tanto del Estado, como de la sociedad y de la organización económica.

En el tercer capítulo, titulado “La revolución nacional-popular en América Latina”, ofrecemos una caracterización definida por un cuerpo de políticas concretas y la descripción de las políticas estata-les que han emplazado estos gobiernos. En una primera parte, nos re-ferimos a la integración política que ha generado este tipo de Estado a través de sus políticas de integración ciudadana: los referéndums, las revocaciones y las consultas, además del proyecto de los consejos comunales en Venezuela. Ponemos también especial atención a la importancia que han tenido la inclusión y la tolerancia de las dife-rentes posturas y grupos sociales, dado que en estos gobiernos no se busca la mera reificación del Estado, sino que se le postula como una herramienta de transformación que se encuentra al servicio de las mayorías nacionales.

A este respecto, juega un rol fundamental la presencia constante de tensiones y contradicciones entre la sociedad civil y los Estados, ya que la relación entre Estado, gobierno y sociedad nunca se en-cuentra acabada, sino en permanente interrelación. Dicha relación no termina en la mera representación política, sino que esta se hace ampliada para los diferentes grupos de la sociedad civil. Este es un aspecto fundamental que los hace diferentes de las formas de orga-nización verticales predominantes en los gobiernos populistas y que demuestra que estos proyectos no se proponen reificar al Estado como un separado de la sociedad.

Un segundo apartado se dedica a analizar las políticas de “in-clusión material”, es decir, el conjunto de políticas que se enfocan a dotar de bienes y servicios para el bienestar material de pobla-ción. Estas políticas fueron casi eliminadas durante el predominio del neoliberalismo y fueron son rescatadas por los gobiernos nacio-nal-populares. En este sentido, la dotación de bienes y servicios va más allá de un mero interés clientelar o corporativo y más bien se funda en la idea de que los Estados poseen responsabilidades con

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sus ciudadanos, responsabilidades que comienzan por la protección a su bienestar y la calidad de sus vidas. En este sentido, representan una revolución respecto a la forma como se comportaron los Esta-dos neoliberal-procedimentales y se proyectan hacia el futuro como portadores de una nueva idea acerca del Estado y sus funciones.

Un tercer tema de desarrollo es acerca del tipo de modelo eco-nómico que se impulsa. Este, desde nuestro análisis, se caracteriza como un modelo mixto en el que se encuentra presente tanto el sec-tor público como el sector privado en la organización económica de cada país. Sin embargo, una característica que sobresale es que se propone un Estado fuerte como elemento de control y regulación de la vida económica. Este principio de acción se manifiesta clara-mente en las políticas de recuperación de los recursos naturales de propiedad nacional. Dichas políticas han limitado los intereses de los capitales privados nacionales e internacionales y han posibilitado la retención del excedente productivo, ahora destinado a atender ne-cesidades de bienestar social.

A este respecto, uno de los debates más importantes que se han entablado gira sobre si estos proyectos se encuentran encerrados en los límites del neodesarrollismo y del neoextractivismo. Nuestra po-sición asume que la transformación completa hacia un nuevo tipo de modelo económico alternativo al capitalismo no es posible desde la soledad de un solo Estado nación o de un pequeño conjunto de ellos. De igual manera, consideramos que el análisis y la propuesta sobre alternativas políticas y económicas no se deben hacer en abstracto, sino que se deben considerar las limitaciones y problemas concretos a los cuales se enfrentan los proyectos en marcha.

A pesar de esta posición, no olvidamos que en efecto se ne-cesitan de propuestas que permitan pensar en una superación del capitalismo. A este respecto, rescatamos los actuales proyectos que perviven inspirados en el vivir bien o el buen vivir. Estas ideas sin duda son de una valía muy importante en la actualidad; sin embargo, en tanto representan expresiones que postulan una forma distinta de entender el bienestar y el desarrollo humano, creemos que deben desarrollarse mucho más. En todo caso, el que los gobiernos nacio-nal-populares incluyan a estas propuestas dentro de sus programas

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habla de su carácter incluyente y progresista. Además del proyecto de “vivir bien”, también prestamos atención a las nociones de pos-neoliberalismo y del socialismo del siglo xxi. Ambas propuestas per-viven dentro de estos proyectos, pero en la actualidad no se pueden catalogar como programas acabados.

En una cuarta parte, consideramos las transformaciones que han existido sobre la forma de entender al Estado y a la nación den-tro de los gobiernos nacional-populares. En este sentido, la propues-ta ha pasado por acabar con las ideas de naciones homogéneas dicta-das desde las posiciones de clase y raza privilegiadas, ya que en estos proyectos las naciones se han reconfigurado a favor de la inclusión de los diferentes grupos nacionales. Este es un aspecto que se en-cuentra íntimamente relacionado con el carácter revolucionario de estos procesos, ya que la presencia de grupos sociales diferentes (y principalmente populares e indígenas) en el poder de Estado le im-primen a los procesos un fuerte carácter popular totalmente distinto al que predominaba en los regímenes neoliberales. Los intereses de los grandes capitales nacionales e internacionales fueron desplaza-dos del poder del Estado, y si bien pueden mantenerse lazos de ten-sión y presión para promover sus intereses, ya no son dominantes.

En conjunto, consideramos la integración política ciudadana, la inclusión material, la propuesta de Estados interventores fuertes, los proyectos como el vivir bien y el socialismo del siglo xxi, y la creación de las naciones de naciones como políticas concretas que permiten considerar a los gobiernos nacional-populares como ex-presiones de plataformas políticas revolucionarias. Asimismo, con-sideramos que tienden a generar transformaciones en el status quo que ha predominado en la zona. Sin embargo, es necesario conside-rar que en tanto estos proyectos se encuentran en curso y que existen importantes fuerzas opositoras, siempre se está la posibilidad de que haya retrocesos e involuciones en los proyectos.

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Capítulo 1

La fractura hegemónica y la alternativa nacional-popular

Introducción

Como producto de la crisis del Estado neoliberal, se ha presentado un fenómeno novedoso en América Latina: el surgimiento de una se-rie de gobiernos de izquierda, también llamados progresistas, electos democráticamente y que propugnan proyectos alternativos al neoli-beralismo. Este fenómeno lo entendemos como producto de la crisis hegemónica de los Estados neoliberal-procedimentales; posibilita la emergencia de proyectos políticos de tipo contrahegemónicos y la conformación de gobiernos nacional-populares. Este surgimiento de gobiernos de izquierda ha sido impulsado por la emergencia de una vigorosa actividad de parte de organizaciones y grupos popula-res desde la sociedad civil.

A este respecto, sostengo dos ideas fundamentales: la activi-dad de protesta y movilización popular de la sociedad civil presenta rasgos que la hacen distinta a la acción de las clases subalternas y los grupos populares de otras épocas; y los gobiernos progresistas impulsados por la intensa actividad de la sociedad civil presentan rasgos particulares que los hacen gobiernos distintos a aquellos que se presentaron en las formas estatales presentes en el siglo xix y xx.

En una primera parte de este capítulo presentamos un conjunto de consideraciones teóricas empleadas en el desarrollo del análisis. Los conceptos claves son hegemonía, crisis hegemónica, contra-hegemonía y sociedad civil, todos ellos tratados desde la óptica de

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Antonio Gramsci y alimentada por aportes recientes de la sociología política. En una segunda parte, ampliaremos la descripción y los ele-mentos de análisis de lo que hemos llamado Estado neoliberal-pro-cedimental, dado que es en el seno de éste y en el contexto de su crisis hegemónica que se han desarrollado los fenómenos estudiados. En tercer lugar, presentamos una descripción de los tres casos par-ticulares considerados en este trabajo. Prestamos especial atención a cómo, en cada uno, se relacionan las crisis hegemónicas y el auge de los movimientos populares y de protesta, hasta llegar a impulsar a las candidaturas que desembocarían en gobiernos progresistas. Fi-nalmente, en una cuarta parte, y con base en los elementos presen-tados previamente, se presenta como conclusión una breve compa-ración entre las experiencias recientes y los antecedentes históricos en América Latina.

Por razones de claridad en el desarrollo del argumento, analiza-remos los movimientos sociales que impulsaron los gobiernos pro-gresistas de izquierda en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. La crisis hegemónica y la acción intensa de la sociedad civil, por otro lado, han estado presentes también en casos como los de Brasil, Pa-raguay, Perú, Argentina y Uruguay, donde actualmente existen go-biernos de izquierda, pero con tendencias más moderadas. Con lo que respecta al abordaje de los casos considerados, más allá de pre-sentar una descripción exhaustiva,1 nos concentramos en presentar sus rasgos comunes sobresalientes y los abordamos de acuerdo con la propuesta analítica.

Debido a que el tema de fondo en esta investigación es la trans-formación en los regímenes políticos, sociales y económicos de paí-ses como Bolivia, Ecuador y Venezuela, es importante reflexionar directamente sobre ello. En este comienzo del siglo xxi, la presencia de gobiernos de izquierda electos democráticamente, que han op-tado por presentar proyectos de nación y gobierno distintos a los que predominaron durante la mayor parte del siglo xx, puede ser un elemento fundamental para la definición del futuro de la política en

1 Un trabajo asó ameritaría la dedicación de una investigación completa por caso, lo cual, ade-más, ya lo han hecho diversos autores de cuya obra se alimenta este mismo trabajo.

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América Latina. Asimismo, es un ejemplo del que se puede apren-der para la propuesta de estrategias políticas en otros países del continente.

Cabe señalar que consideramos como gobiernos de izquierda o progresistas a aquellos que muestran una propuesta político-econó-mica antineoliberal. Esta propuesta se caracteriza por factores como el fortalecimiento del Estado como agente regulador e interventor de los capitales nacionales e internacionales; un Estado que postu-la políticas intervencionistas que van en contra de las pronunciadas desigualdades sociales y que se abocan a cerrar las sociedades polari-zadas; un Estado que frena la injerencia de instituciones monetarias internacionales (como el fmi y el bm); propuestas de gobierno que atacan la corrupción galopante, alimentada por la coalición entre el poder político y el poder económico-financiero; alianzas regionales y transnacionales con gobiernos similares en contra de proyectos de libre comercio, como el alca, y a favor de alianzas de integración regional como el alba y Unasur; que proponen un rescate del na-cionalismo con relación al rol del Estado a través de políticas como las de nacionalización o de renacionalización de empresas estatales previamente privatizadas.

En general, estos gobiernos postulan la política en su carácter instituyente, es decir, un tipo de política que es un agente activo en la representación de intereses, la conciliación de demandas, el forta-lecimiento y la expansión de la esfera pública, que suministra bienes públicos y sociales, que crea infraestructura productiva, que fomen-ta la paz social y garantiza el imperio de la ley; que crea políticas de atención y empleos e impide la persistente flexibilización del trabajo (Pousadela, 2010, pp. 15-17).

En este capítulo prestaremos especial atención a que dichos go-biernos se hayan generado desde movimientos político-sociales sur-gidos fundamentalmente desde la sociedad civil. Este es el espacio en donde se han tejido frentes políticos amplios que incluyen movimien-tos sociales y políticos, sindicatos, movimientos de reivindicación identitaria, grupos de protesta, partidos políticos y asociaciones civiles.

Sostenemos que la propagación y el crecimiento de estos fren-tes con un fuerte grado de apego popular y participación ciudadana

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de diferentes grupos socio-económicos han dado nuevos aires a la política en América Latina. Uno de los principales éxitos que han logrado ha sido las elecciones tanto locales como nacionales y los poderes legislativos. Esto ha provoca una profunda transformación en los regímenes políticos y los pactos político-sociales de diferentes Estados-nación. Además, buena parte de sus plataformas políticas de gobierno ha estado cimentada en las exigencias y demandas que los diversos grupos han presentado en su participación, primero como protestantes ante los Estados neoliberal-procedimentales y luego como participantes de los frentes amplios de izquierda.

Hegemonía, contrahegemonía, crisis hegemónica y sociedad civil

Para elaborar este análisis, recurrimos a las categorías elaboradas por Antonio Gramsci (1891-1937). Este filósofo abordó desde el mar-xismo las relaciones entre sociedad civil y Estado, entendidas como espacios interdependientes y en constante tensión. De acuerdo con su perspectiva, entendemos, en primer lugar, al Estado como la ins-tancia de dominación por excelencia, ya que es en éste y a través de éste que se logra la unidad de las clases y los grupos dominantes. En tanto, históricamente el Estado ha estado bajo el control de las clases y grupos dominantes; la propia historia del Estado debe entenderse como la historia de la dominación.

Para Gramsci, el Estado debe mirarse como un ente compues-to por dominación y hegemonía. El Estado posee simultáneamente una dimensión habitada por la dominación (manifestada en el uso de la fuerza y la coerción), y otra dimensión en la que se establece el orden ideológico y práctico del conjunto nacional-estatal (expresada en el consenso). De acuerdo con estas ideas, un Estado se compone de ambos elementos, ya que si no existe consenso estaría obligado a ejercer dominación únicamente a través de sus aparatos de represión, y se mostraría como un ente débil si debe recurrir constantemente a la coerción y al “poder desnudo” para imponer un orden (Lechner, 1977, pp. 23,24).

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Para la construcción de un orden cohesionado e inclusivo, es requisito la creación de un proyecto social, esto es, la creación de una hegemonía, materializada por el conjunto de comportamientos indi-viduales y grupales que expresan el acatamiento de un orden dado por los grupos dominantes y dirigentes de la sociedad en cuestión. Dicho orden es dado e irradiado por los grupos dominantes y di-rigentes, principalmente a través de toda la serie de instituciones y aparatos del Estado. Sin embargo, se debe entender que este no sólo involucra los contenidos ideológicos, que son la esencia abstracta del orden, sino también la institucionalidad que genera y difunde estos contenidos a las sociedades. Lo anterior se traduce, finalmente, en la conformación de un determinado orden social imperante. En pala-bras de Juan Carlos Portantiero, un proyecto hegemónico sería aquel conjunto de prácticas políticas y culturales desplegadas por una cla-se fundamental, a través de la cual articula bajo su dirección a otros grupos sociales mediante la construcción de una voluntad colectiva que, sacrificándolos parcialmente, traduce sus intereses corporativos en universales (Portantiero, 1981, p. 151).

En la hegemonía, el orden económico y el orden político no son instancias separadas ni independientes; más bien son dos caras de un mismo constructo social, de un mismo proyecto de dominación. La división entre ellas no está presente en la realidad; si acaso, ésta sólo puede imaginarse con un objetivo de análisis y estudio (a dife-rencia de cómo se ve desde ciertas ópticas fundamentadas en el libe-ralismo). La hegemonía se expresa en las prácticas que constituyen y forman a la sociedad civil. En este espacio, los diferentes proyectos de clase se confrontan y determinan, ya que en ella existe una lucha constante entre el orden imperante y aquellos proyectos o iniciativas que retan a la dominación en curso (por pequeños que sean). En este sentido, se debe entender que la hegemonía no es estática, sino que se crea y se recrea de acuerdo con el nivel y tipo de pugna que se presenta entre las diferentes clases y grupos sociales.

La sociedad civil dista mucho de ser homogénea y pasiva; en ella se define y redefine constantemente la dominación. Las clases subalternas no sólo expresan la hegemonía dominante, sino que también (aunque fuera episódica y disgregadamente, como insistía

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el propio Gramsci) confrontan a la dominación en el espacio de la sociedad civil, ya que en ésta se confronta al poder, se cuestiona la dominación. Así se crea una tensión permanente entre Estado y so-ciedad civil.

Si bien en el contexto de una hegemonía exitosa el espacio para las iniciativas populares independientes está reducido, ni la hege-monía ni la dominación llegan nunca a ser totales; siempre existen espacios en las que se mantiene el cuestionamiento y el desacuerdo con ella.2 El desgaste y la falta de éxito hegemónicos se presentan cuando el Estado pierde el consenso sobre su proyecto social y, en consecuencia, pierde la legitimidad. Cabe recordar aquí que la hege-monía siempre posee una base material; no puede mantenerse si no provee de las condiciones necesarias de bienestar material mínimo (determinado históricamente) para una sociedad. Por otro lado, el desgaste hegemónico también está presente cuando el orden institu-cional queda rebasado por la actividad de fuerzas sociales y políticas que critican, protestan y propugnan proyectos políticos distintos al dominante. En esta circunstancia, el orden institucional queda com-prometido y se ve obligado a sufrir una transformación parcial o total.

En síntesis, un proyecto hegemónico pierde su legitimidad cuando pierde el consenso de la sociedad. En estas condiciones se presenta la disgregación respecto del proyecto hegemónico de las fuerzas sociales populares, y el Estado entra en una crisis hegemóni-ca. Así, el uso de la fuerza se convierte en el principal recurso para contener la unidad en el Estado.

La crisis hegemónica es un concepto central en este desarrollo, en tanto significa, por un lado, una situación en la que el orden ins-titucional es rebasado en sus posibilidades de orientar la actividad civil y es cuestionado por las protestas, las luchas cívicas y los mo-vimientos sociales (Olivier, 2009, p. 56). Esta situación representa un alejamiento de una determinada población nacional para con el orden y la dominación establecida, para con la hegemonía presente.

2 Una aproximación muy interesante al respecto lo encontramos en Scott (2000).

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Las luchas populares, las protestas, la organización de fuerzas polí-ticas independientes y la movilización ciudadana son muestras de una voluntad popular que propulsa, por proyectos sociales, políticos y económicos distintos, a los dominantes (Oliver, 2009, p. 56). Sin embargo, la crisis hegemónica no es una garantía de la emergencia de una revolución, o de una gran transformación progresista; en el contexto de la crisis, incluso pueden presentarse una restauración o el endurecimiento del régimen que se encuentra en crisis.

En estas circunstancias de crisis, la sociedad civil redobla su im-portancia, ya que es el espacio y la relación en donde se genera la pugna por la construcción de las alternativas al orden hegemónico en disgregación. Se da una pugna entre distintas racionalidades que pone en cuestionamiento el “interés general”, en un contexto en el que el Estado pierde la dirección político-cultural, el sentido general que antes determinaba (Lechner, 1977, p. 70). En esta situación, las clases subalternas, dentro de la sociedad civil, pueden comenzar a crear condiciones y proyectos contrahegemónicos, la propuesta de un orden ideológico-práctico-institucional que contradiga a la do-minación y la hegemonía presente, para la construcción de orden diferente, propio de las clases subalternas con aspiraciones de cons-truir una nueva hegemonía. En este sentido, el Estado es la posición privilegiada, el fuerte simbólico por conquistar, donde se sintetiza la nueva dominación y se crea la nueva correlación de fuerzas.

La transformación entre un orden (el vigente) y otro (el de las clases populares) sería el paso de un orden nacional-estatal a uno nacional-popular. En el primero se presenta el orden defendido y construido largamente por las clases dominantes, donde la referen-cia principal de construcción es la propia historia estatal de domi-nación de clase. Para el orden nacional-popular se aspira a la cons-trucción de una dominación de las clases populares basada en su propia historia subalterna. En la construcción de este nuevo orden, la creación de una voluntad colectiva es un punto fundamental. Ésta es orientada por sus fuerzas dirigentes, pero también por la actividad popular (Oliver, 2009, p. 58).

La contrahegemonía existe entonces cuando se plantea el con-trol del propio Estado para la creación de una nueva hegemonía.

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Esta nueva hegemonía va en dirección contraria a la históricamente dominante y a favor de las clases subalternas convertidas en poder. Las clases subalternas, desde esta perspectiva, deben aspirar a ser Estado para volverse dominantes, a lograr su unidad en el Estado para volverse dominantes, y si aspiran a volverse dirigentes deben construir un nuevo orden social. Para modificar la relación de fuer-zas que existe en un Estado, los proyectos nacional-populares deben asumir el reto de construir una nueva hegemonía, de desestructu-rar la relaciones de dominio y hegemonía anteriores, y en donde el centro de este nuevo proyecto sea la participación popular como el principal agente en la lucha por crear un nuevo proyecto de Estado, de una nueva organización económica y social (Oliver, 2009, p. 63).En esta dinámica, el terreno de la sociedad civil es clave en la con-frontación entre grupos y clases, ya que en esta se define el contenido del proyecto de dominación de clase vigente.

Para el caso de América Latina, en sus diferentes etapas de des-envolvimiento histórico, los Estados nacionales mayoritariamente han estado sujetos a la dominación de grupos privilegiados inter-nos y de fuerzas económico-políticas externas.3 Esta histórica situa-ción de control coercitivo interno y de dependencia internacional se traduce en sociedades nacionales que no han poseído un “interés nacional” que permita conciliar a los diferentes grupos internos y crear una sociedad inclusiva de los sectores populares. En este sen-tido, acaso el periodo en que los países latinoamericanos estuvieron más próximos a poseer este sentido fue durante los Estados populis-tas y desarrollistas, cuando existió una integración, aunque vertical, de los diferentes grupos sociales desde los gobiernos nacionales. En éstos se decidía la inclusión organizada mediante políticas corpora-tivas o, en el peor de los casos, clientelares, de los diferentes grupos sociales nacionales. Desde esta perspectiva, también podemos leer que históricamente se han presentado vaivenes en las formas de Es-tado en América Latina. Sucesivamente, podemos ver cómo la crisis hegemónica de una forma de Estado ha dado pie a la presencia de

3 Una aproximación a este respecto que considera las transformaciones sucesivas en el Estado latinoamericano la podemos encontrar en Moreno, 2014, pp. 15-38.

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otra, así como al recambio de sus grupos dirigentes con su proyecto hegemónico correspondiente. En este sentido, la crisis de un proyec-to de Estado es el preámbulo del surgimiento de un nuevo proyecto.

En la situación actual, consideramos que, en las experiencias recientes en los países de Venezuela, Bolivia y Ecuador, se expresa una pugna por la transformación progresista.

El Estado neoliberal-procedimental y su orden hegemónico

A partir de los años ochenta, se impulsó en América Latina una se-rie de reformas políticas y económicas que configuraron una forma de Estado que hemos denominado neoliberal-procedimental. Las re-formas económicas implantadas acabaron en buena medida con los rasgos que algunos Estados latinoamericanos tuvieron de Estado de bienestar y de economías protegidas parcialmente ante el libre mer-cado internacional. Además, se desgastaron los mecanismos estata-les de inclusión popular que se construyeron en la segunda mitad del siglo xx.4 Acompañado de estas reformas, tras la deslegitimación y la presión internacional a las dictaduras, se dio paso a los procesos de transición democrática inspirados en los modelos de democracia procedimental. Esta forma de Estado se implantó exitosamente, pero comenzó a presentar rasgos de declive y deslegitimación a partir de los últimos años de la década de los ochenta, en algunos casos, o bien, durante los años noventa, ante el auge de los movimientos so-ciales y las transformaciones que se presentaron en numerosos Esta-dos latinoamericanos.

Bien fuera en presencia de Estados burocrático-autoritarios, Es-tados autoritarios o bien en Estados en los que ya había avanzado la agenda de las transiciones a la democracia, se impuso el modelo neoliberal. El modelo estaba en buena medida orientado a fortalecer la influencia política y económica de los poderes transnacionales en asociación con los poderes político-económicos locales, posibilitado

4 Un acercamiento interesante en lo relativo al tipo y las formas de Estado de bienestar que se presentaron históricamente en América Latina, además de su paulatina desaparición a partir de los años ochenta lo podemos encontrar en Del Valle, 2010.

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por la desregulación económica que alentó la apertura de los merca-dos comerciales latinoamericanos a favor de capitales foráneos. Los Estados perdieron capacidad reguladora ante el mercado y reduje-ron buena parte del gasto público en políticas sociales. Además, se generalizó el endeudamiento de los Estados ante instituciones como el fmi y el bm, ante lo cual se asumió como una solución la privati-zación de empresas de capital estatal bajo el falso argumento de que, con su venta, podría solventarse la deuda adquirida. Se partía del supuesto de que en una economía sana era indispensable eliminar al máximo los gastos que implicaba el mantener un Estado con una institucionalidad fuerte y de alcance universal para su población. La implantación del modelo se vendió como una serie de “reformas”5 indispensables para “solucionar el problema de la inflación y de las cuentas públicas” (Sader, 2009, p. 67).

Este modelo intentó justificarse mediante un ataque doctrinario sistemático al Estado. Se le definió como “una instancia insanable-mente corrupta, ineficiente en lo económico, y plagada de propen-siones populistas y demagógicas que era necesario erradicar” (Borón, 2003b, p. 21). El bloque de actores económicos y políticos interesa-dos en llevar adelante las “reformas” gozaron del apoyo de institu-ciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como del apoyo de los medios de comunicación del ámbito privado y aquellas fuentes de información estatales que controlaban (Petras y Veltmeyer, 2006).6

Y justamente a través de estos medios se celebró premeditada-mente el gran logro que significaría la implantación del nuevo mo-delo en aspectos como la estabilidad financiera, saneamiento de las finanzas públicas y el inicio de un supuesto nuevo ciclo de moderni-zación y expansión de la economía (Sader, 2009, p. 68).

5 Es importante señalar el cambio en el sentido semántico del concepto de “reforma” en el contexto del neoliberalismo. A diferencia de lo que significa en la teoría política tradicional (“cambios graduales en una dirección tendiente hacia una mayor igualdad, bienestar social, y libertad para el conjunto de la población”), en el neoliberalismo adquirió un significado total-mente contrario (Borón, 2003a, p. 19).6 Podemos encontrar un análisis interesante de la relación entre reformas neoliberales, intere-ses políticos y los medios de comunicación electrónicos para el caso mexicano en Villafranco y Delgado, 2010.

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En términos de correlación de fuerzas políticas, estas medidas fueron diseñadas premeditadamente para favorecer a actores eco-nómicos y políticos muy concretos. Permitieron una gran transfe-rencia de capital público al capital privado nacional o internacional, y alentaron la formación de monopolios en diversos sectores.7 Es debido a estos aspectos que David Harvey (2007) ha sugerido que el neoliberalismo se debe entender abiertamente como una política de dominación de clase.

El Estado neoliberal procedimental se construyó como un mo-delo de organización política, económica y social en los Estados de América Latina, acompañado de toda una justificación de índole ideológica que buscó legitimar a ojos de las sociedades latinoameri-canas la pertinencia de adoptar dicho modelo. En este sentido, bien se puede decir que éste no fue únicamente un conjunto de políticas económicas, sino “una concepción del mundo que abarca una visión del Estado, la política, la economía, la globalización, el consumo, la ética y hasta el éxito o fracaso personal” (Figueroa, 2010, p. 21).

El modelo se presentó como un proyecto ideológico con alcan-ces hegemónicos, una forma estatal que impuso “un modo particular de compromiso entre gobernantes y gobernados”, y que iba más allá de ser una mera forma de acumulación económica, sino más bien una forma entera de comprender al mundo a través de “formas espe-cíficas con que la mediación entre economía, política (y sociedad) es constituida” (Portantiero, 1981, p. 47).

A través del concepto de hegemonía, se busca comprender cómo los actores concretos y la organización del mundo político, económi-co y social, en general, poseen bases ideológicas que le dan sentido a su actividad. Siguiendo el postulado marxista acerca de que “las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes” considera-mos que estas “son dominantes porque corresponden a un sistema de producción y de reproducción de las condiciones materiales de

7 A este respecto, Petras y Veltmeyer ofrecen un análisis muy detallado del fortalecimiento de los capitales transnacionales en América Latina. Para dichos autores, este fenómeno debe en-tenderse como un nuevo episodio en la historia del imperialismo norteamericano en América Latina (Petras y Veltmeyer, 2006).

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existencia, de las que esas ideas son el correspondiente en el plano de la subjetividad” (Sader, 2008, p. 215).

Basta recordar que después de 1990 el pensamiento neoliberal in-tentó erigirse como pensamiento único. Su expresión más clara la po-demos encontrar en la declaración triunfalista de Francis Fukuyama sobre un supuesto “fin de la historia” en el que los destinos finales de la historia humana estarían en la economía de mercado y la democracia liberal (Fukuyama, 1992; Chomsky y Ramonet, 1996, p. 59).

La ideología del neoliberalismo se propagó promoviendo un tipo de “utopía” en la que se exaltan las “virtudes abstractas de los mercados, de los premios a los más aptos, de la competitividad, de la eficiencia y de las ganancias, de los derechos de propiedad, de la li-bertad de contratación” (Ibarra, 2009, p. 13). Asimismo, critica la in-tervención estatal y política, y se coloca en la cima de la organización social al mercado, como eficiente repartidor de recursos, carente de sesgos, eficiente y capaz de crear un sistema social óptimo.

Esta ideología se divulgó a través de los saberes técnicos y cien-tíficos enseñados en los centros de educación técnicos profesionales y universitarios. También se incluyó en aquellas áreas donde se im-parten conocimientos asociados con las tareas de gobierno y admi-nistración pública que asumen la actividad política estatal como un terreno puramente técnico, necesariamente lejano de “ideologías” de cualquier índole y cercano al pensamiento empresarial. Se propuso

“como única alternativa posible de superación del deterioro social, opción racional y no populista para asegurar en tránsito a sociedades modernas” (Sosa, 2011, p. 328); se difundió en los grandes agregados sociales a través de los medios masivos, fomentando identidades y valores “vinculados a la competitividad, el desempeño y los resul-tados individuales para cuyo cumplimiento siempre hay un estímu-lo económico” (Ornelas, 2011, p. 348). Esta perspectiva aspira a la mercantilización sin límites de la vida social que busca destacar los elementos de “libertad, de “iniciativa individual”, de destino diferen-ciado de cada uno, de eficacia. Se parte de la idea de que los recur-sos, las posibilidades, los empleos y los espacios en el mercado son ilimitados; de esa forma, le compete a cada uno buscar su lugar, sus

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medios de sobrevivencia, que por definición se obtienen a costa de los otros (Sader, 2008, p. 223).

Todas estas son expresiones de una ideología que llegó a erigir-se como sentido común de índole hegemónico en buena parte de las sociedades donde ha estado presente. Sin embargo, el éxito he-gemónico absoluto del neoliberalismo resultó temporalmente muy limitado. Durante su reinado pretendió no tener rival y se atrevió a proyectarse hacia el futuro como una larga etapa de prosperidad, orden y crecimiento. No obstante, numerosos acontecimientos his-tóricos a partir de la década de los noventa y en la primera década del siglo xxi han mostrado que históricamente este no pasará de ser un muy breve lapso en la historia de las formas estatales y civiliza-ciones humanas.

Como proyecto económico, el neoliberalismo prometió que bajo su reinado el crecimiento de las economías sería constante. Este fue un punto primordial en su justificación, en vistas de la existencia de crisis económica en los Estados de bienestar (o con parcial pro-teccionismo económico) y de la crisis económica internacional de los años ochenta. Esta última había sumido a numerosas economías latinoamericanas en la inflación y el bajo crecimiento. Sin embar-go, el crecimiento económico se mostró como mediocre en más de quince años de su funcionamiento, al punto de que la tasa de creci-miento económico promedio no sobrepasó 4% (Figueroa, 2010).

Aunado a este bajo rendimiento, las sucesivas crisis financieras, como la de 2008, redujeron fuertemente las expectativas de estabili-dad económica bajo la financiarización de la economía a nivel nacio-nal e internacional (Glyn, 2010). El crecimiento per cápita mundial entre 1975 y 2003 cayó en promedio a más de la mitad, a diferencia de la tasa que se presentó entre 1950 y 1975. Aunado a esto, la brecha del atraso entre países del primer mundo y países del tercer mundo se ensanchó, dado que, mientras los países de la ocde crecieron a un ritmo promedio anual de 2%, en América Latina se creció apenas 0.6%, y los países de África subsahariana, -0.7% (Madisson, 2003). La precarización del empleo y la contracción de los salarios se vol-vieron endémicas.

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En el caso de América Latina, según la oit, dos de cada tres empleos creados en la década de los noventa se crearon en la infor-malidad, de cada 100 nuevos puestos de trabajo, 83 se localizaron en el sector de servicios, y 55% de las nuevas plazas de asalariados carecieron de protección social (oit, 2000). La riqueza dentro de los Estados latinoamericanos se concentró en los grupos con mayor in-greso dentro de un contexto en el que entre 1990 y 2005 “el producto real por habitante creció poco, a razón de 1.3% anual, pero las remu-neraciones de los asalariados se expandieron aún menos, a 0.6% por año” (Ibarra, 2009, p. 20).

Al cabo de veinte años de dominio de políticas “de desarrollo” neoliberales, tanto en términos de crecimiento como de bienestar social, los resultados han sido negativos, con un crecimiento muy débil, con una pobreza que se ha extendido poderosamente, con una creciente desigualdad y una muy marcada vulnerabilidad para buena parte de las poblaciones nacionales. Según cifras de la cepal, entre 1950 y 1980 el producto interno bruto (pib) de América Latina en su conjunto creció 5.2% en promedio, mientras que entre 1980 y 2003 sólo lo hizo en 2.2%; de igual manera, en términos de creci-miento per cápita, en el primer período fue de 2.6%; en el segundo, de 0.3% (cepal, 2004a). Una expresión más de esta situación son las cifras de desempleo en la zona, que a partir de 2003 se elevaron a dos cifras y con un aumento del sector informal que llegó a 47% en 2003 (cepal, 2004b).

De igual manera, para 2003 había en América Latina 220 mi-llones de pobres, de los cuales 100 millones vivían en pobreza ex-trema y 57 millones vivían sólo con un dólar diario. La distribución del ingreso se deterioró también de manera generalizada, incluidos aquellos países que se tomaron como supuestas muestras del éxito neoliberal, como es el caso de Chile (Pizarro, 2005, pp. 127-128). Si bien los gobiernos latinoamericanos entre 1997 y 2002 elevaron los gastos sociales 58% per cápita, en este período más de 20 millones de personas cayeron en la pobreza. De igual manera, la deuda pública se incrementó de 37% en 1997 a 51% en 2002 (Dupas, 2005, p. 94). América Latina se convirtió en la región del planeta con peores

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indicadores. La década de los noventa puede considerarse como otra “década pérdida” para la economía latinoamericana.

Los magros resultados económicos y la endeble estabilidad eco-nómica le han significado a este proyecto la pérdida de credibilidad y legitimidad ante buena parte de la sociedad en diferentes Estados latinoamericanos. Las condiciones de vida de buena parte de la po-blación sufrieron desde un comienzo los fuertes embates de los ajus-tes estructurales, los efectos de la precarización laboral, la pérdida de servicios sociales del Estado y la inestabilidad económica provocada por las crisis financieras. Consideramos que el conjunto de promesas incumplidas por el neoliberalismo, aunado a los magros resultados de sus políticas, ha terminado por beneficiar solamente a una por-ción muy reducida de las sociedades nacionales, provocando una ya prolongada crisis de la hegemonía del neoliberalismo en América Latina.

La fractura hegemónica

Un aspecto fundamental para entender la crisis hegemónica del neo-liberalismo son las crisis económicas que se han presentado entre la última década del siglo xx y la primera década del siglo xxi. Tam-bién consideramos que una clara expresión de la pérdida de legi-timidad del Estado neoliberal-procedimental se refleja en las crisis de gobernabilidad e institucionalidad que han asolado la zona des-de la década de los noventa.8 Dicha situación ha sido muy marcada en algunos casos y ha resultado fundamental para que en algunos de ellos se hallan instalado gobiernos progresistas con proyectos contrahegemónicos.

8 Aquí con crisis de gobernabilidad nos referimos a una situación que se expresa a través de fenómenos como disturbios, marchas, toma de edificios, protestas ciudadanas, entre otros. Todas estas expresiones se asocian con la pérdida de control político efectivo por parte de las instituciones estatales. En estos fenómenos podemos ver una clara expresión de la pérdida de consenso que lleva a los Estados a usar la fuerza violenta para imponer el orden. Por otro lado, en cuanto a crisis institucional nos referimos a la pérdida de capacidad para procesar con-flictos políticos por parte del sistema de partidos y en general el sistema institucional estatal.

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En un sentido político, la limitación más importante para la le-gitimación del proyecto neoliberal fue su incapacidad para generar apoyo político en las bases populares, dado el continuo desgaste de sus condiciones de vida, la inestabilidad socio-económica y la incon-formidad con el funcionamiento de sus gobiernos nacionales. Por ello, se limitaron a obtener apoyo de la parte superior de la clase media (específicamente aquella parte integrada en los procesos de globalización económica) y de la clase alta. En consecuencia, perdió el apoyo de la parte baja de la clase media y de la clase baja (Franco y Hopenhayn, 2010, p. 24; León, Espíndola y Sémbler, 2010, p. 46). Esta situación desembocó en un marcado desgaste en los principios de organización política que acompañaron a las reformas neolibera-les, esto es, del modelo de organización política basada en la demo-cracia de tipo procedimental.

La instauración de la democracia procedimental en los Estados neoliberales tuvo limitaciones desde su propio origen, debido a que en todos los lugares en donde se presentaron las transiciones, forzo-samente fueron resultado de negociaciones con el gobierno militar en turno o la élite política autoritaria. El resultado de estas negocia-ciones fue que a pesar de que se abrió el espacio para la oposición partidista y la paulatina implantación de democracias de índole pro-cedimental, el modelo neoliberal y los intereses político-económicos de la élite quedaron bien salvaguardados, garantizando los marcos institucionales regulatorios que permitieron el mantenimiento y for-talecimiento del neoliberalismo. Además, se garantizó impunidad a los violadores de derechos humanos. Según la visión de dos de los principales intelectuales de las transiciones democráticas,

Ante todo, las transiciones conocidas hacia la democracia política han observado en todos los casos una restricción básica: está prohibido cobrar el rey de uno de los jugado-res, e incluso darle jaque mate. En otras palabras, durante la transición los derechos de propiedad de la burguesía deben mantenerse inviolables […] Esta es una restricción funda-mental que los partidos izquierdistas deben aceptar si pre-tenden que se les permita jugar en el centro del tablero, de lo

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contrario corren el riesgo de ser eliminados, dejados al mar-gen o reducidos al carácter de meros espectadores (O’Don-nell y Schimtter, 1994, p. 115).

Es necesario subrayar la impunidad que se garantizó a los ac-tores que protagonizaron las represiones más severas, ejecutores di-rectos en las dictaduras militares, cuando se negoció que, aunque hubiera liberalizaciones y democratizaciones, sus crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad, quedaran sin sanciones (Cueva, 1994). Dadas estas circunstancias, no pocas voces dentro de la intelectua-lidad de izquierda, a diferencia de aquellos intelectuales que termi-naron plegándose al nuevo canon hegemónico, señalaron las pobres expectativas que dejaban las democratizaciones en cuanto a sus po-sibilidades para poder impulsar la igualdad social.9

Ambas limitaciones de origen, y muchas otras que se manifes-tarían posteriormente, se pueden entender debido a que en la con-ceptualización y práctica de la democracia procedimental algunos de los principios propios del Estado liberal occidental como nación, democracia o ciudadanía, sufrieron un tremendo desgaste. Dichos principios fueron centrales en la construcción teórica y práctica del Estado-nación moderno y terminaron por perder su esencia bajo el embate de la ideología neoliberal al asumir al mercado como el prin-cipal eje regulatorio de la vida política y social sobre la política de Estado, y sobre la propia vida de las personas y grupos sociales.

De esta forma, la implantación del neoliberalismo ha tenido fuertes impactos sobre el funcionamiento general del Estado. Ha modificado la forma en que ejerce su poder a través de nuevas for-mas de organización política y económica. Esta nueva forma de ejer-cer el poder político y el gobierno nacional ha puesto en el centro del ejercicio del poder a la tecnocracia. Ésta se entiende como una forma racional de ejercicio de gobierno destinada a ser ejercida por “exper-tos” de la política. Nikolas Rose lo expresa en los siguientes términos:

9 Al respecto, basta revisar las críticas realizadas en los primeros años de las transiciones por autores como Marini (1991), Torres (1991) y Borón (1991).

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se busca desgubernamentalizar el estado y desestatizar las prácticas de gobierno, para delegar la autoridad substanti-va de los aparatos políticos de organización política en los expertos, relocalizándolos en un mercado gobernado por la racionalidad de la competencia, y la demanda de consumo (Rose, 2006, p. 147).

Es posible observar cómo este cambio en la forma de entender y ejer-cer la política apunta a la desestructuración del Estado y a la bús-queda del predominio del mercado sobre la completa organización política y social. Es una estrategia política que desconoce a la socie-dad como un conjunto de personas organizadas y plantea el control social a través de hipotéticas decisiones individuales planteadas a partir de la lógica de mercado.

Esta idea se encuentra claramente reflejada en palabras del ada-lid del neoliberalismo a nivel mundial, y ex primera ministra bri-tánica, Margaret Thatcher, enunciadas el 31 de octubre de 1987, en entrevista a Women’s Own Magazine:

Creo que hemos pasado por un período donde mucha gente se ha acostumbrado a pensar que si tengo un problema, es trabajo del gobierno lidiar con él. “Tengo un problema, ob-tendré una subvención… Estoy sin techo, el gobierno debe albergarme”. Ellos están proyectando sus propios problemas en la sociedad. Y, tú sabes, no hay tal cosa como la sociedad. Existen hombres y mujeres como individuos, y hay familias. Ningún gobierno puede hacer nada si no es por medio de la gente, la gente debe ver por sí misma primero. Es nuestro de-ber cuidar de nosotros mismos, y sólo entonces, podemos mirar por el vecino. La gente piensa demasiado en lo que el gobierno les debe, sin tener en cuenta sus propias obligacio-nes. No hay tal cosa como el deber del gobierno si antes la gente no ha cumplido con sus propias obligaciones (“There is no…”, s. f. Las cursivas y la traducción son nuestras).

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De acuerdo con los principios expresados sucintamente en esta de-claración, la libertad, en su acepción individualista y competitiva, no concibe a la sociedad como un conjunto de personas con intereses compartidos, sino más bien como una comunidad de individuos construidos como “objetos de opciones y aspiraciones para la au-to-actualización y autorrealización” (Rose, 2006, p. 147). Acorde con ello, las instituciones estatales y sus técnicas de gobierno terminan por crear una distancia entre las decisiones de las instituciones polí-ticas formales y otros actores sociales, actores concebidos de acuerdo con las nuevas formas individuales de responsabilidad, autonomía y decisión, y que busca actuar sobre ellos adaptando y utilizando su libertad (Rose, 2006, p. 155).

Esta situación se ha traducido en la desustancialización de prin-cipios como la soberanía, la democracia y la ciudadanía, de acuer-do con cómo fueron planteadas desde la teoría clásica liberal. Para aquella, la soberanía “reside en el Estado, o en las instituciones em-poderadas por el Estado, para ejercer el poder soberano a través de instituciones supranacionales y con el Estado-nación definido por su territorio y el control sobre su población” (Hansen y Stepputat, 2005, p. 2). Sin embargo, las condiciones actuales han reconfigurado estas nociones haciéndolas difíciles de entender bajo su acepción clásica. Por ello, es necesario pensar su situación en el mundo actual. En este sentido, Hansen y Stepputat plantean que en el momento actual la soberanía del Estado tiene su inspiración en la búsqueda de crearse a sí mismo en la cara de lo internamente fragmentado, distribuido de forma desigual y con configuraciones impredecibles de autoridad política que ejerce más o menos la violencia legítima en un territorio. El germen para la realización de estas ideas estaría en la forma como se plantea “el derecho a gobernar” (Hansen y Stepputat, 2005, p. 3).

En consecuencia, el proyecto de hegemonía propio del neoli-beralismo, basado en la idea de individuo racional, se encuentra en franco declive. En tanto, la experiencia más reciente en la zona indica la presencia de un conjunto de actores sociales que sostienen reivin-dicaciones más allá de la idea de individuo y asumen posturas que rescatan ideas colectivas de participación y organización política-so-cial. En este tipo de Estado, se ha vuelto imposible la sustentación de

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los preceptos básicos relativos a la soberanía popular y la democra-cia, dado que las condiciones necesarias para el mantenimiento de la unión entre las personas se han complicado debido al desgaste del compromiso estatal en cuanto a la protección de sus ciudadanos y la vigilancia para evitar el abuso entre ellos mismos.

Cabe recordar que T. H. Marshall (1998) planteaba que la de-mocracia no podía existir sin derechos sociales, civiles y políticos, ya que el sistema capitalista en sí estaba basado en la injusticia y volvía imposible el sueño de la igualdad de la ciudadanía. La ciudadanía sin un fundamento material concreto no puede realizarse. De acuer-do con esto, la crisis hegemónica del neoliberalismo estaría en que, como sistema, no ha justificado su propia existencia; por el contrario, los requisitos mínimos para la supervivencia del pacto social han quedado en entredicho.

Movilización popular y contrahegemonía en los tiempos del neoliberalismo

La historia de los movimientos sociales y populares en América La-tina es larga y ha variado según las condiciones propias de cada pe-ríodo histórico en el que se han presentado.

Como primer antecedente cercano al tipo de movimientos sociales que tomaron relevancia desde finales de los años ochenta, tenemos lo que fue llamado “explosión de la sociedad civil” (Casta-ñeda, 1993). Se ubica en el contexto de los Estados autoritarios y bu-rocrático-autoritarios que asolaron al subcontinente principalmente durante los años setenta y hasta ochenta en algunos casos como Bra-sil (1964), Bolivia (1971), Chile (1973), Argentina (1976) y Uruguay (1972).

Dado que la violencia era una de las principales formas de con-trol gubernamental, en dichos Estados se eliminaron las libertades de expresión y asociación, se arrasó con los canales tradicionales de participación política de grupos opositores al gobierno, como parti-dos políticos, sindicatos y asociaciones civiles y populares. Asimis-mo, en aquellos lugares en donde se hicieron presentes dictaduras

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militares la visión organicista del ejército se trasladó a toda la socie-dad. En esta visión, la sociedad se entiende como un cuerpo, donde cada parte tiene funciones bien delimitadas y jerárquicamente orga-nizadas. Así, la cabeza (juntas militares o dictadores militares)

dotada de una racionalidad de la que carecen las otras par-tes, debe orientar el conjunto hacia su bien común. Cuando el cuerpo enferma, puede ser necesario la aplicación de una dura medicina en la parte afectada […] la cabeza no sólo tie-ne el derecho a proceder: tiene el deber de hacerlo porque le incumbe cuidar la salud de todo el cuerpo (O’Donnell, 1981, p. 211).

Bajo este discurso se justificó la eliminación de los sectores sociales opositores de la esfera pública, en algunos casos mediante elimina-ción física. Como consecuencia, surgieron numerosas instituciones y grupos sociales de base cuya principal característica eran la diso-ciación del Estado, es decir, los movimientos buscaron colocarse en la periferia de la institucionalidad oficial. Ejemplos de este tipo de organizaciones son “los grupos de derechos humanos en Chile, Ar-gentina y Brasil, sindicatos obreros en los suburbios industriales en Sao Paulo y Perú, las asociaciones de colonos o pobladores en Lima y Santiago, las comunidades eclesiales de base en Brasil, Chile y El Salvador”. Todos estos grupos proliferaron en la lucha pacífica con-tra las dictaduras (Castañeda, 1993, p. 234).

Si bien estos movimientos definitivamente no eran órganos es-tatales, sí se encontraban vinculados mediante demandas directas a los gobiernos, dado que las soluciones a sus reclamos involucraban directamente al Estado. Sin embargo, esto no les restó originalidad ni importancia en el contexto de su propio momento histórico. Aunado a ello, bien puede decirse que inauguraron una nueva forma de activi-dad política y social en América Latina. Cabe señalar que un elemento fundamental en el éxito y la proyección de estas movilizaciones fue su exposición ante la opinión pública internacional. A través de la pre-sión internacional y de ong internacionales independientes, se generó

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presión para los regímenes autoritarios bajo el paraguas político de la protección a los derechos humanos (Keneddy, 2008).

Estos movimientos dieron paso a una tendencia en la izquierda latinoamericana de tipo “movimientista”, en vista de que la forma de organización partidista perdió la fuerza que tuvo en otro momento. Expresión de esta nueva etapa a finales de los años ochenta fueron la coalición de frentes electorales amplios, como en el caso de Lula en 1989, el Frente Democrático Nacional en 1988 en México y la coalición del No en Chile en 1988 (Castañeda, 1993, p. 238). La ca-racterística central de estos frentes era la coalición entre organiza-ciones políticas y diversos movimientos populares procedentes de la sociedad civil. Su fuerza provenía fundamentalmente de los vínculos con los movimientos de base.

En estas circunstancias, el movimientismo fue un elemento im-portante en el impulso a los procesos de transición política y en la posterior crisis de los Estados neoliberales. Los primeros años de la década de los noventa fueron un momento de triunfalismo exacer-bado por parte de académicos, publicistas, periodistas, funcionarios de agencias económicas internacionales y gobernantes asociados al proyecto político-económico del neoliberalismo. Para estos grupos, la caída del “socialismo real” y el triunfo de la hegemonía neolibe-ral se conjugaron para generar un supuesto “fin de la historia”. Sin embargo, este supuesto fin de la historia fue prontamente desmen-tido por nuevos actores sociales y políticos que contradijeron el op-timismo de los adalides locales e internacionales de la hegemonía neoliberal.

Encontramos otro antecedente en los movimientos populares que emergieron de las zonas rurales latinoamericanas en los años noventa. Entre estos movimientos está el Movimiento Sin Tierra en Brasil; el movimiento de los campesinos cocaleros, en Bolivia; la Fe-deración Nacional Campesina, en Paraguay; las luchas en el campo en lugares como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así como también en Colombia, Ecuador y El Salvador (Castañeda, 1993, p. 235). Todas estas movilizaciones campesinas impactaron directamente la de-finición de las agendas políticas nacionales. Como factores princi-pales en la explicación de estas movilizaciones, tenemos las crisis

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económicas y la consecuente degradación de las condiciones de vida y trabajo de los grupos campesinos, provocadas por las políticas de liberación de mercado y el consecuente desamparo a estos sectores por parte de las políticas estatales.

La estrategia política que emplearon estos grupos pasó por em-plear acciones directas de tipo extraparlamentario, como la toma de tierras, el cierre de circulaciones viales en los centros urbanos y largas marchas de manifestación desde sus comunidades hacia la capital (Bolivia). Su estrategia política fue innovadora también al no subordinar su actividad ni decisiones a los partidos políticos estable-cidos y por emplear el asambleísmo interno como forma de tomar decisiones colectivas. Por otro lado, también se recurrió en diversos momentos a la coalición, no subordinada, con partidos políticos afi-nes a sus reclamos, con la intención de llevarlos al campo de la políti-ca parlamentaria. A pesar de estas coaliciones, que posteriormente se verían maximizadas en la formación de frentes amplios políticos, la estrategia principal fue la vía extraparlamentaria, al utilizar la “mo-vilización de masas” como el recurso fundamental en su funciona-miento político (Petras, Cavaluzzi, Morley y Vieux, 2000, p. 32). En cuanto al aspecto ideológico, estos movimientos fueron una mezcla ecléctica de diferentes influencias intelectuales: el marxismo clásico, las ideologías étnicas, ecológicas, de género, así como las reivindica-ciones étnicas, lingüísticas, culturales y nacionales.

Tres actos: crisis hegemónica, contrahegemonía popular y emergencia nacional-popular

Un momento de relevancia en la historia de los movimientos socia-les y populares, y de fundamental importancia en el cuestionamien-to y posterior derrumbe de los Estados neoliberal-procedimentales, son las manifestaciones populares que se iniciaron a partir de 1989 y que han significado una vuelta de tuerca en la historia política y de los movimientos sociales y populares en América Latina.

Estas experiencias, de acuerdo con nuestra perspectiva, son producto y parte de la crisis hegemónica neoliberal, de sus propias

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contradicciones y limitaciones. La potencia de estos movimientos fue tal que generaron una crisis en la institucionalidad oficial al re-basar los sistemas de representación política, mediante la postula-ción de frentes electorales alimentados por movimientos populares, sindicatos, organizaciones civiles, movimientos identitarios. Tras las victorias electorales y la posterior toma del poder gubernamen-tal, estos movimientos, convertidos en gobiernos nacionales de coa-lición, han impulsado alternativas de tipo contrahegemónicas. La postulación de políticas estatales económicas y sociales ha seguido las pautas de los intereses populares y la limitación de los poderes dominantes tradicionales.

Resulta fundamental subrayar que, tal como se verá en el desa-rrollo de cada caso en particular presentado a continuación, los mo-vimientos tuvieron como su espacio de organización por excelencia a la sociedad civil. Un fenómeno que tiene una especial particulari-dad histórica en tanto la dominación estatal ha estado fuertemente en contra de los intereses populares, o bien, cuando ha sido integra-da ha sido a través de formas verticales de integración y cooptación.

De acuerdo con esta perspectiva sintéticamente presentada, nos avocamos a la revisión de tres casos específicos ubicados en la región del Cono Sur: Venezuela, Bolivia y Ecuador. El análisis y la reflexión de estos tres casos nos permiten entender las transformaciones que han sufrido las luchas populares en la sociedad civil y sus estrate-gias políticas de transformación contrahegemónica en sus diferentes Estados.

La rebelión ciudadana y el liderazgo chavista en Venezuela

La primera gran manifestación es el llamado “Caracazo”, sucedido en Venezuela en el año de 1989. Este fenómeno consistió en un masivo estallido social de parte de la población urbana a lo largo de todo el país, detonado por el incremento en los precios de los combustibles que provocaron sucesivamente un alza en las tarifas del transporte público. En respuesta al alza del combustible, los transportistas de-clararon un paro, provocando la paralización de la ciudad capital y el

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estallido de protestas, principalmente de parte de la población de los barrios pobres, quienes cerraron y tomaron calles, además de prota-gonizar saqueos y enfrentamientos con la policía y el ejército.

Visto en perspectiva amplia, estas protestas significaron una re-belión contra la situación que se venía construyendo desde varios años atrás y en específico en contra de las políticas implementadas por el recientemente electo presidente Carlos Andrés Pérez. Políticas de índole neoliberal que se intentaron justificar en aras de superar la crisis económica y fiscal, producto de la aplicación de ajustes macro-económicos dictados por el Fondo Monetario Internacional.10

Para entender la motivación de las protestas y las manifestacio-nes civiles durante el Caracazo y en los años posteriores, hay que considerar que la economía venezolana se había mantenido estable durante varias décadas y fue capaz de mantener un nivel de vida satisfactorio para buena parte de la población nacional. Esto fue po-sible gracias a los beneficios de la renta petrolera y a un modelo eco-nómico basado en la intervención estatal. Sin embargo, a comienzos de los años ochenta comenzaron a aflorar dos problemas: la caída de los ingresos petroleros y la deuda externa. Basta decir que en el pe-ríodo de 1973-1983, mientras que el ingreso petrolero creció 350%, el gasto público se incrementó un 540%, aunado a que el incremento de la deuda externa de corto plazo creció en hasta 2000%. De igual manera, durante la década de los ochenta, el producto nacional bru-to (pnb), cayó de -5.6 en 1983 a -7.1 en 1989 (Rodríguez, 2010).

Tras quince días de asumir su segundo mandato Carlos Andrés Pérez, quién previamente había sido presidente durante la década de los setenta y había gozado de los años de boom petrolero, anunció un paquete de medidas de liberación económica. Este programa de

“shock económico” en poco tiempo disparó la inflación por encima de 80% con una contracción de la economía de 8.3%, despertando las protestas y la movilización popular más grande en la historia de

10 Cabe señalar que la respuesta de parte de la administración de Pérez ante las protestas fue el uso de la fuerza pública. Esto provocó una cifra de 277 muertos y 1009 heridos por armas de fuego. Incluso existen estimaciones que señalan que el número de muertos fue de más de dos mil (Ellner, 2009, p. 27).

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Venezuela (Coppedge, 2002). De igual manera, a partir de 1989 fue-ron privatizadas la compañía telefónica Cantv, la industria estatal del acero Sidor y el sistema de seguridad social; asimismo, fue modifi-cada la Ley del Trabajo establecida en 1936 con el objetivo de lograr flexibilización de la fuerza laboral de acuerdo con las necesidades de la economía global. Al igual que la crisis económica y fiscal, y las antipopulares medidas de ajuste, otra motivación de las protestas fue el descrédito constante y sostenido de la política institucional ma-nifestado en las denuncias por corrupción y por prácticas políticas autoritarias (López Maya, 1999:212).

Este conjunto de problemas, a decir de los estudiosos sobre este período en la historia venezolana, pesó mucho sobre el estado aní-mico de la sociedad. Tras la elección del nuevo presidente, se desper-tó una gran expectativa acerca de los buenos resultados que podría presentar su gobierno, en vista de la situación económica general y el problema de la deuda externa en particular. Sin embargo, su respues-ta ante tales expectativas fue la presentación del llamado “paquete”, una propuesta en la que más allá de dar una salida al neoliberalismo, se plegaba ante el fmi a través de una renegociación de la deuda y el sometimiento a un programa de ajuste macroeconómico individua-lizado y ortodoxo (López Maya, 1999, p. 215).

La organización de la vida política venezolana se mantuvo fun-cionando durante un largo tiempo sobre el llamado “Pacto de Punto Fijo”, firmado entre los partidos políticos Acción Democrática y co-pei. Este pacto buscaba generar estabilidad institucional mediante el compromiso entre ambos partidos para consultarse mutuamente en asuntos asociados al ejercicio del poder público y negociar la de-signación de cargos públicos. El puntofijismo se estableció desde la Constitución de 1961 y gozaba del respaldo de las fuerzas armadas, la Iglesia católica, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la poderosa Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecamaras). Sin embargo, este no fue un proyecto totalmente consensuado; sectores políticos como el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda fueron excluidos y reprimidos por el aparato de Estado (Lander y Navarrete, 2009, p. 46).

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Esta forma de organización de la vida política y económica ba-sada en el puntofijismo llevó a algunos investigadores apegados al canon del procedimentalismo y la transitología a plantear el sistema de partidos venezolano como un modelo ejemplar y que poco tenía que ver con otros casos de América Latina plagados de desorden y desestabilización (Kornblith y Levine, 1993). Al respecto, se conside-ró que dos elementos hacían al caso venezolano especial: el petróleo y los pactos políticos entre la élite. Por un lado, el petróleo “es el factor singular más importante que explica(ría) la creación de con-diciones estructurales para el desmoronamiento del autoritarismo militar y la subsiguiente perduración de un sistema democrático” y por el otro lado

los pactos políticos [que] desempeñan un papel esencial. El surgimiento y el subsiguiente carácter del régimen de par-tidos venezolano han sido definidos por acuerdos cuidado-samente diseñados entre élites, acuerdos que corporizan un compromiso negociado y establecen las reglas futuras para gobernar (Lynn, 1994, p. 296).

Esta perspectiva privilegia la importancia de la estabilización polí-tica bajo el pacto intraélite. Esto genera un ambiente político en el que se buscaría preservar el statu quo por encima de las demandas políticas y económicas populares. Es un régimen “estable”, pero anti-democrático en esencia, al asentarse en la concertación intraelitaria, limitante al poder soberano ciudadano y popular; además, resulta poco favorable al surgimiento de nuevos grupos políticos y sociales que pugnan por transformaciones. Estas tensiones y contradicciones del régimen político venezolano terminaron por aflorar a partir del año de 1989.

El Caracazo, las sucesivas movilizaciones, los disturbios y la consecuente represión policial y militar constituyeron una quiebra simbólica de la legitimidad del régimen democrático asociado al Pacto de Punto Fijo iniciado en 1958 (Lander, 2005). De tal ma-nera, entre enero de 1989 y diciembre de 1993 se registraron más de 500 acciones de protesta. La situación continuó a lo largo de los

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siguientes cuatro años, hasta que resultó electo Rafael Caldera como nuevo jefe del poder ejecutivo (Ellner, 2009, p. 23; López Maya, 1999, p. 212).

Esta situación de inestabilidad y rebelión popular es posible de entender si consideramos que las reformas neoliberales significaron una afrenta para la población venezolana, que se conjugaba además con un “cúmulo de odio, y rechazo a las desigualdades e injusticias históricas” (Rodríguez, 2010, p. 190). Ante esto, las acciones de pro-testa consistieron en huelgas, paros, manifestaciones y marchas por parte de diferentes actores colectivos, como estudiantes, trabajado-res, profesionistas, burócratas, campesinos, asociaciones indepen-dientes, gremios de profesionistas y asociaciones de vecinos. Cabe decir que si bien la mayor parte de estas acciones estaban dentro de las formas tradicionales de protesta en el país, también existieron manifestaciones más confrontacionales, en las que se ocasionaban daños a la propiedad privada o actos de agresión. Éstas se fueron ha-ciendo también protagónicas en el largo ciclo de protestas; llegaron a presentarse “tomas de vías, de establecimientos públicos y privados, disturbios, quemas, saqueos” (López Maya, 1999, p. 27).11

En conjunto, los sucesos acaecidos antes y después del Caraca-zo se pueden entender como un preludio a la posterior transforma-ción en el Estado venezolano. La progresiva pérdida de legitimidad del gobierno nacional, la acelerada imposición del proyecto político económico neoliberal, el consecuente desgaste de las condiciones de vida populares, las fuertes limitaciones de gobernabilidad que ya mostraba el puntofijismo, el rebase del sistema de partidos como mecanismo para transmitir las demandas de la ciudadanía, y en es-pecial la incipiente actividad civil y ciudadana que se expresaba por fuera de los marcos estatales preestablecidos, mostraban el inicio de una prematura crisis del naciente Estado neoliberal-procedimental. Además, acusaban una emergente actividad de la sociedad civil que se manifestaba y actuaba enérgicamente contra el estado de cosas imperante.

11 Una revisión amplia de este período de manifestaciones y disturbios lo podemos encontrar en López Maya, 2002.

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En 1994 se inició la segunda administración de Rafael Caldera, quien en su candidatura prometió no negociar con el Fondo Mone-tario Internacional (fmi). Su gobierno, durante un primer período de año y medio, mantuvo el control sobre las tasas de interés y las tasas de cambio de divisas extranjeras. Además, se oponía a las priva-tizaciones y estaba a favor de mantener precios estables en productos de primera necesidad. Todas estas políticas estaban encuadradas en el Programa de Estabilización y Recuperación Económica. Sin em-bargo, ante una crisis bancaria se comenzaron a mostrar sus limi-taciones. Permitió el apoderamiento de intereses extranjeros de las instituciones financieras vulnerables; por otro lado, no persiguió a un grupo de 322 banqueros venezolanos que huyeron a los Estados Unidos con capital extraído de los bancos nacionales (Ellner, 2009, pp. 33-34).

Ante esta situación, Caldera impulsó en 1996 un conjunto de políticas económicas ortodoxas reunidas en la llamada “Agenda Venezuela”. Una vez impulsada, el fmi cedió un préstamo de 1400 millones de dólares para fortalecer las reservas nacionales, además de una “certificación” como señal de respaldo ante los inversionistas extranjeros. Un punto neurálgico en esta negociación fue la apertura para permitir la privatización parcial de la industria petrolera. Este proyecto provenía desde su antecesor y resultaba fundamental para los defensores e impulsores del neoliberalismo (Ellner, 2009, p. 36).

En respuesta a estas medidas tomadas en la administración de Caldera, un nuevo ciclo de protestas se extendió desde 1994 y has-ta 1997. El expresidente Luis Herrera Campins lo llamó “la rebelión de la clase media” o la “rebelión de los profesionales” (Salamanca, 1999, p. 237). Este largo ciclo de protestas fue un indicador acerca de los cambios que se sucedían en la sociedad, la economía y el Estado venezolano.

En cuanto al aspecto económico, se dio un paso definitivo de un tipo de economía estatal basada en el rentismo petrolero a un mode-lo que buscaba fortalecer el libre mercado con amplia participación de capitales transnacionales. Políticamente, este período significó el derrumbe final de la legitimidad del sistema de partidos asentado so-bre el “puntofijismo”. En cuanto a los problemas económico-sociales,

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el gobierno se inclinó a favor de una política basada en “programas compensatorios”, esto es, programas focalizados de subsidios (Sala-manca, 1999, p. 240). Estos programas intentaban moderar la crisis, ya que en 1997 el ingreso per cápita promedio era ocho por ciento menor que en 1970, y el ingreso del trabajador promedio se había devaluado a la mitad aproximadamente. Además, la pobreza total en el país se incrementó casi al doble entre 1984 y 1991, desde 36% hasta 68% de la población (Lander, 2005).

El largo ciclo de movimientos y protestas culminó hasta el año de 1998, cuando la masa de pobres urbanos respaldó la elección de Hugo Chávez como presidente. Esto impactó la vida política y so-cial del país pues impulsó un nuevo gobierno con apego popular. La campaña de 1998 marcó un parteaguas en la vida política de Vene-zuela, dado que, ante el descrédito de los partidos tradicionales, su candidatura representó una alternativa para buena parte de la so-ciedad venezolana, en especial para los grupos populares que ya se venían manifestando desde los años ochenta ante la crisis económica, social y política (Raby, 2006).

En este sentido, Chávez, quién había protagonizado una rebe-lión militar en el año de 1992 a través del movimiento MBR-200,12 se ponía al frente de una propuesta de gobierno que buscaba encauzar todo un conjunto de demandas populares en el gobierno venezolano. La candidatura fue respaldada por el Polo Patriótico, coalición for-mada por el Movimiento Quinta República (mvr), el Movimientos al Socialismo (mas), el Partido Comunista Venezolano (pcv), Patria Para Todos (ppt) y otras cuatro organizaciones minoritarias. La pro-puesta de gobierno se resumió en la “Agenda Alternativa Bolivariana”, en la cual se “defendía la intervención del Estado en la economía, el control de la industria petrolera y otras industrias básicas y una mo-ratoria negociada para la deuda externa”, además de presentar la ini-ciativa de una convocatoria a la “Asamblea Nacional Constituyente”

12 Podemos encontrar una revisión periodística interesante, alimentada con entrevistas, re-construcciones de hechos y análisis del entorno más cercano de Chávez en este episodio, en Marcano y Tyszka (2010). Para un análisis académico de mayor profundidad, véase Parker (2001).

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con el fin de impulsar políticas antineoliberales (Ellner, 2009, p. 39). Los resultados de la elección del 6 de diciembre de 1998 favorecieron a Chávez con 56% de los votos, seguido por el candidato Salas Römer de “Proyecto Venezuela” y “Primero Justicia” con 40% y finalmente Irene Sáez de copei, quién obtuvo solamente 3% de la votación (Ell-ner, 2009, p. 39).

Es posible decir que la candidatura y la victoria de Chávez fue-ron la culminación de un proceso de deterioro de más de quince años del sistema de representación política. El nuevo presidente vino a ser la figura y el representante de una buena parte de la población civil que se encontraba en rebeldía, y momentáneamente pudo lle-nar el vacío que habían dejado los viejos partidos políticos y el ya anacrónico pacto de punto fijo (Coppedge, 2002). A este respecto, es necesario subrayar que el Movimiento Quinta República no era una organización que respondía a los cánones tradicionales de los par-tidos políticos en Venezuela. Más bien era un movimiento político con rasgos de movimiento social. Aunque estaba reconocido formal-mente como partido, se conformaba por la confluencia de diferen-tes organizaciones políticas partidistas minoritarias y no partidistas, quienes, alrededor del liderazgo de Chávez, propulsaron la campaña presidencial. En tanto esta no era una organización partidista oficial, la presencia de políticos profesionales tenía menor proporción que cualquier otro partido político; en contraparte, gozaba de la presen-cia de un buen número de ciudadanos que cooperaban y aportaban a la campaña y al movimiento. De igual manera, la presencia del lide-razgo carismático chavista dotó a este movimiento de una identidad fuertemente popular.

Acorde con esta posición, desde su inicio el gobierno de Chá-vez decretó su intención de llevar adelante un proyecto económico distinto al neoliberal y proclamó la construcción de una democra-cia social y participativa, además de un tipo de economía social y de solidaridad (Rodríguez, 2010). Estos objetivos se plasmaron en cuatro grandes ejes planteados como centrales en la construcción de la nueva República: 1) democracia participativa y protagónica, 2) equilibrio económico para una economía solidaria, productiva y au-tosostenida, 3) equilibrio social mediante la educación, la cultura y

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la justicia y 4) equilibrio internacional para fortalecer la soberanía e integración para con América Latina y el resto del mundo.

En cuanto al discurso político, se puso como centro a los con-ceptos de pueblo y de nación, en donde se caracterizaba idealmente al pueblo como “joven, vigoroso, trabajador, noble, creativo, cons-ciente, preocupado, revolucionario, bolivariano y soberano” (Lander, 2005). Desde la perspectiva de Chávez, las élites y la oligarquía ha-bían traicionado al pueblo venezolano, y por ello era necesario el im-pulsar la “Revolución Bolivariana”, un tipo de revolución “pacífica y democrática” que permitiría a la gente recobrar su dignidad y volver a ser un pueblo realmente soberano (Lander, 2005).

Si bien en un inicio el mvr se constituyó como “una estruc-tura electoral vertical y centralizada” en respaldo a la candidatura presidencial, desde el principio existieron esfuerzos por parte de la dirigencia para que la organización se convirtiera en un partido de masas con dirección colectiva. Este era un pendiente fundamental, ya que era necesario que tanto la candidatura presidencial como el frente electoral que se conformó incluyeran y fueran congruentes con la participación ciudadana que se había expresado desde hacía ya tiempo en la sociedad venezolana. Sin embargo, las pugnas al in-terior del frente electoral producto de la gran diversidad de actores complicaron que fuera exitoso el proyecto de inclusión de masas dentro del partido. La consecuencia de esta situación fue la creciente importancia que cobró el liderazgo de Chávez dentro de la organi-zación, acentuándose su labor como mediador entre las corrientes internas y posteriormente como fiel de la balanza en la toma de de-cisiones de gobierno (López Maya, 2009, p. 101).

A pesar del peso tan importante que cobró el liderazgo de Chá-vez dentro de la organización política venezolana desde su primer mandato (1999-2001), dos políticas fueron fundamentales en con-gruencia con el espíritu popular y ciudadano. Por un lado, llevar la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en aras de una “refundación de la República” (aprobada en el referén-dum constitucional realizado el 25 de abril de 1999, y posteriormente ratificada también mediante referéndum e15 de diciembre de 1999), y por otro, el impulso al Poder Constituyente venezolano. La nueva

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Constitución Bolivariana resultado de este proceso contuvo dos ele-mentos neurálgicos para la continuidad del proyecto: las previsiones que reforzaron las prerrogativas del presidente y los mecanismos que habilitaban los mecanismos de participación popular (Parker, 2001).

Visto de manera general todo el proceso nos permite encontrar un fenómeno de cambio político y social similar a otros que se han gestado en la zona. Por un lado, salta a la vista la importancia que tuvo el cambio de un tipo de Estado interventor en la economía y subsidiario de la economía popular a un modelo en donde se redujo la intervención del Estado, con el consecuente abandono progresivo de los servicios de protección social. En este sentido el Caracazo se puede considerar un fiel testimonio de la molestia e inconformidad que generó en la población venezolana.

Si bien el puntofijismo representó por mucho tiempo una es-trategia de dominación exitosa en tanto pudo mantener para las éli-tes legitimidad, estabilidad para los principales partidos políticos y gobernabilidad para con el conjunto social. Sin embargo, una vez que se agravaron las contradicciones y tensiones propias del neoli-beralismo, pasó a ser un punto más de agravio más para la sociedad venezolana.

En estas circunstancias de aguda crisis política emergió el actor de la sociedad civil, que se dotó pronto de un carácter popular. En él convergieron los diferentes grupos que propugnaban por cambios en el gobierno y en general en todo el Estado. En este sentido, el sur-gimiento de la protesta popular, las manifestaciones ciudadanas a lo largo de la década de los noventa y, finalmente, el respaldo a la elec-ción de Hugo Chávez a la presidencia de la república son momentos de un mismo fenómeno en el que la sociedad civil venezolana salto a la palestra pública como el principal actor.

La actividad la sociedad se mantuvo siempre en el marco de la acción civil pacífica, con características de ser multiclasista y trans-clasista, al coincidir diferentes grupos de obreros, sindicatos, buró-cratas, estudiantes, activistas, amas de casa, pequeños y medianos empresarios, intelectuales, entre otros. La movilización política no poseyó una agenda particular y de un determinado grupo; más bien se alimentó de los intereses compartidos de los grupos populares:

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estabilidad económica, efectiva representación política, una mayor participación ciudadana en el gobierno.

La revolución indígena en Bolivia

La historia moderna de Bolivia se inicia en 1952 como consecuencia de la Revolución Nacional. A diferencia de otros Estados latinoa-mericanos, en este país se mantuvieron vigentes hasta ese momento los rasgos fundamentales que caracterizaron al Estado oligárquico, asociado en específico con los intereses de los capitales mineros na-cionales e internacionales.13 Los actores fundamentales en la trans-formación de la sociedad y el Estado boliviano en su periodo revo-lucionario fueron los grupos obreros y campesinos. Se convirtieron en la fuerza armada y motriz de la revolución con tres objetivos fun-damentales: la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el voto universal (Zavaleta, 2003).

En este sentido, bien podemos decir que el “sujeto revoluciona-rio” fue el obrero de las minas; un sujeto colectivo que a través de la organización sindical y la lucha colectiva impulsó una transforma-ción en el Estado y en la sociedad boliviana. El cambio hacia un Es-tado con mayor intervención en la economía y más control sobre los poderes oligárquicos debe entenderse como un logro histórico. Sin embargo, ambos logros fueron capitalizados por una naciente bur-guesía industrial, quien tras desplazar a la oligarquía de terratenien-tes señoriales dio un giro hacia un proyecto de capitalismo estatal del que principalmente se benefició ella misma (Grebe, 1983, p. 91).

El nuevo Estado terminó implementando políticas dirigidas desde los intereses internacionales, impactando a las políticas pro-ductivas de las empresas recién nacionalizadas (Rivera, 1983, p. 130).

13 Respecto a la caracterización del tardío Estado Oligárquico en Bolivia, Zavaleta plantea: “Era una burguesía que no era burguesa sino en ciertos aspectos muy específicos de su acumulación o sea burguesa en su riqueza pero no en su proyecto; como alcance nacional, en cambio, fun-daba su propio poder en una articulación no burguesa de las relaciones productivas existentes en el país y, en último término, era la burguesía la que impedía la ampliación de la burguesía, la generalización del proceso capitalista y, en general, la realización en pleno de las tareas bur-guesas” (Zavaleta, 2003, p. 100).

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Muestra de ello es la creación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que se convirtió en un gran centro de acumulación capi-talista y permitió el crecimiento de la nueva burguesía, además de ser la principal fuente de recursos del Estado boliviano y de la nueva burguesía nacional (Zavaleta, 2003, p. 104).

A diferencia de otros Estados en donde el capitalismo estatal permitió el surgimiento de Estados populistas con políticas econó-micas desarrollistas, en el caso de Bolivia la inclusión social y econó-mica de los grupos populares fue limitada. El Movimiento Naciona-lista Revolucionario (mnr), ala triunfante de la revolución, impulsó un proyecto que buscaba en buena medida imitar la estrategia de control empleada por el pri en México: la inclusión controlada de la población campesina favorecida por la reforma agraria a cambio de control político (Rivera, 1983, p. 129).14 Esta política se acompañó de la creación de políticas corporativas y sindicales, que dieron origen a la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (cntcb), así como también a la creación de “milicias agrarias” que serían empleadas como brazo del nuevo régimen político (Rivera, 1983, p. 131).

A partir de 1964 y hasta 1981 se abrió un periodo dominado por dictaduras militares en el que el control social se sostuvo sobre el llamado pacto “militar-campesino” (Rivera, 1983, p. 136; Moldiz, 2009, p. 24). Entre 1971 y 1977 se presentó el periodo más duro de gobierno militar bajo el mandato de Hugo Banzer, avalado por la concentración efectiva del poder en la presidencia con el respaldo de tecnócratas y asociados comerciales. Durante su gobierno, la protes-ta popular fue fuertemente reprimida y la militarización del aparato

14 A pesar de que algunos autores consideran que existió un Estado Populista en Bolivia (Mol-diz, 2009, Rivera, 1983), nosotros sostenemos que esto no es así. A pesar de que en el proyecto de Estado nacido de la Revolución Nacional de 1952 se consideraba la inclusión popular, ésta siempre fue condicionada por un incompleto proyecto de reforma agraria, una muy limitada expansión de políticas estatales de bienestar, una muy limitada libertad política, además de un proyecto económico “desarrollista” muy limitado en sus alcances y resultados. En resumen, los rasgos de inclusión socioeconómica, desarrollo socioeconómico y apertura política fueron muy limitados para considerar que efectivamente existió un Estado populista. Lo anterior au-nado a que no cabe ni hablar de la existencia de un liderazgo político sobresaliente como los que estuvieron presentes en otros casos latinoamericanos.

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de gobierno, conjuntamente con el control de las empresas estatales, permitieron la construcción de un “nexo sustancial de intereses eco-nómicos y grupos de clientela que requerían el abrigo de un gobier-no militar conservador” (Whitehead, 1994, p. 89).

El gobierno de Banzer impidió el desarrollo eficiente de institu-ciones de representación política e intervino en las organizaciones sindicales mediante la implantación de “líderes” designados por el gobierno, y se mantuvo en el gobierno hasta 1977 cuando decidió comenzar un proceso de transición democrática. Las principales motivaciones de este giro fueron las transformaciones internacio-nales que exigían cambios en la forma de gobernar y la existencia de demandas civiles y militares en favor de la transformación del régimen. Banzer finalmente se inclinó por la imposición del general Pereda Asbún (exministro del Interior en la dictadura de Banzer), quién sospechosamente obtuvo justo 50% de la votación en medio de un fraude generalizado (Whitehead, 1994, p. 93).

El fraude electoral terminó por generar fracturas dentro de la dictadura banzerista, ya que minó la disciplina dentro del ejército (institución en donde existían diferentes grupos y liderazgos con am-biciones de poder), desgastó el pacto militar-campesino y propició un clima de movilización política en general. En palabras de Whi-tehead, “Se perdió el control de lo que había comenzado como una liberalización ‛controlada’, a medida que emergían reclamos sociales reprimidos y el régimen autoritario se escindía en facciones enfren-tadas” (Whitehead, 1994, p. 97). El resultado de este fallido intento de pasar el poder de militares a civiles fue un interregno de dos años en el que diferentes facciones tanto civiles como militares pelearon entre sí con la intención de fortalecerse en el poder. La situación se decantó en un nuevo golpe de Estado y la reimplantación de la dicta-dura militar el 17 de julio de 1980. Finalmente, hasta 1982 se dio un nuevo proceso electoral que contó con la participación de todos los partidos políticos. Como nuevo presidente se eligió a Hernán Siles de Suazo, candidato de la Unidad Democrática Popular (udp).

El gobierno de Siles comenzó con su mandato tropezando de inmediato con una crisis económica profunda y un proceso de hi-perinflación. En estas circunstancias, algunos de los postulados que

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se habían mantenido en la orientación política del Estado bolivia-no producto de la revolución de 1952 se comenzaron a derrumbar. En 1985 se celebraron nuevas elecciones presidenciales y Víctor Paz Estenssoro derrotó a Hugo Banzer por un estrecho margen (Whi-tehead, 1994, p. 110). De forma paradójica, Paz Estenssoro, quien condujera al país en 1952 tras el triunfo de la revolución, fue quien comenzó a implantar en Bolivia las reformas neoliberales.

Tal como se presentó en otros Estados de América Latina, las reformas neoliberales significaron, por un lado, el desplazamiento del poder de la burguesía nacionalista y la implantación de “las frac-ciones financiera, minera, agroexportadora y latifundista” asociados fuertemente con intereses económicos transnacionales. Así, se rom-pió la hegemonía de la burguesía burocrática-industrial vigente du-rante los treinta años anteriores (Moldiz, 2009, p. 26). Por otro lado, la estructura social del país también se transformó violentamente debido al golpe asignado al proletariado minero a través del cierre de empresas estatales como la Corporación Minera Boliviana (Ste-fanoni, 2010).

La implantación y el desarrollo del Estado neoliberal-procedi-mental en Bolivia se prolongó durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002) y Sánchez de Lozada (2002-2003). De manera similar a lo sucedido en otros Estados de la zona, los pactos políticos favorecieron el impulso y la implantación de la agenda económica neoliberal. Sin embargo, este proyecto co-menzó a entrar en crisis desde el año 1998, producto de las tensiones y contradicciones propias de esta forma de Estado y de la reorgani-zación de las fuerzas sociales.

Si bien la salida en 1985 de la udp de la presidencia significó una sacudida para la mayoría de las fuerzas de izquierda, pronto co-menzó la reorganización y reformulación de sus estrategias. Se dio pie a que algunos grupos con posturas radicales e intelectuales pro-gresistas fundaran organizaciones no gubernamentales (ong). Por otro lado, una parte de la izquierda terminó por aliarse con los par-tidos políticos, como la alianza de una parte de los kataristas con el mnr de Sánchez de Lozada. Una facción importante que emergió

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de esta unión fue la del grupo dirigido por Felipe Quispe, los Ayllus Rojos, quienes proclamaban la autodeterminación indígena, el na-cionalismo aymara y la propuesta de la insurrección armada como estrategia de lucha (Quispe, 2006; Stefanoni, 2010).

En este contexto, resultó muy importante el surgimiento a fi-nales de los ochenta de la idea del “instrumento político” de los sindicatos agrarios. Esta surgió en 1988 en el congreso campesino, considerando “el retorno de los dirigentes a las bases, [y] el recha-zo a los partidos tradicionales” bajo el principio de la organización autónoma (Stefanoni, 2010, p. 4). En 1989, en Tarija, se aprobó la

“Asamblea de unidad de los pueblos y naciones originarias” fundada con la intención de ser un “contraparlamento”, de acuerdo con los principios de la organización planteados (Do Alto, 2011). La idea del instrumento político fue cobrando fuerza gracias a la participación de asociaciones como la Federación Campesina de Cochabamba, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altipla-no Sur (frutcas) y los sindicatos yungueños. Sin embargo, existía una pugna sobre la dirección que debía tener el instrumento, entre quienes pensaban que la organización debía impulsar la creación de una guerrilla en el Chapare y quienes buscaban construir alianzas políticas.

Estas propuestas de actividad política popular e indígena de izquierda son elementos fundamentales para entender lo que años después sucedería en el Estado boliviano: el paso de una forma de organización centrada en partidos, o solamente en sindicatos, a una forma de organización en la que dominaban los movimientos orga-nizados como base de organización política. El cambio del centro de actividad política de los partidos hacia los movimientos y orga-nizaciones sociales primordialmente de origen indígena significó una revolución completa en la forma de hacer política en Bolivia. La fuerza fundamental de esta forma de organización política se en-cuentra en la sociedad civil, entendida como el espacio en el que las fuerzas populares se organizaron con miras a transformar su Estado y su sociedad.

A partir de 1988, desde el gobierno nacional se impulsó una política de erradicación de la hoja de coca bajo presión del gobierno

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estadounidense, que se continuó en las administraciones de los próximos años. La “defensa de la hoja de la coca” y el rechazo a la Ley 1008, aunado a la denuncia de la intervención norteamericana, orientaron el sentido y las demandas de las organizaciones asociadas con los cultivadores de la hoja de coca, comenzando a volverse muy activas políticamente. Esta situación se tradujo en la acumulación de triunfos políticos y electorales a partir de 1989 en diversas localida-des del Chapare.

A este respecto, el movimiento se benefició de las reformas po-líticas de los años noventa en las que se legisló a favor de la descen-tralización administrativa. La Ley de Participación Popular (lpp) de 1994 permitió elegir por primera vez autoridades a nivel municipal, condición que aprovecharon las organizaciones campesinas, popula-res e indianistas (Do Alto, 2011, p. 98). La denominación común con la que participaron en elecciones fue la llamada Izquierda Unida; contenía en su interior al Movimiento Bolivia Libre (mbl), al Movi-miento de Izquierda Revolucionaria (mir) y a los sindicatos agrarios, y el Eje de Convergencia Patriótica (Stefanoni, 2010, p. 7).

De acuerdo con estos hechos, bien se puede aseverar que la vota-ción de izquierda se “campesinizó”, ya que los triunfos de las fuerzas de izquierda se localizaron principalmente en zonas rurales, pobres, y con poca existencia de servicios básicos estatales. El eje de las lu-chas campesinas se consolidó en Cochabamba, continuando durante los próximos años acumulando fuerza y victorias electorales, aún a pesar de los conflictos internos por el liderazgo de la organización. El actor fundamental pasó a ser el de la mayoría indígena, popular y campesina, una mayoría que históricamente había sido negada por el poder de los grupos oligárquicos y de las burguesías nacionales o internacionales.

Izquierda Unida logró triunfar en diez alcaldías en 1995, y en 1997 el sindicalismo cocalero se relanzó nuevamente con el mismo denominativo (debido a que la Corte Nacional Electoral no recono-ció el nombre de Instrumento Político Asamblea por la Soberanía de los Pueblos) para la competencia electoral. Finalmente, Izquier-da Unida quedó compuesta por el Movimiento al Socialismo-Un-zanguista, el Partido Comunista, los campesinos de los valles de

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Cochabamaba, los Yungas de la Paz, y los cocaleros, quienes eran el grueso de electores favorables (Stefanoni, 2010, p. 8). Como resulta-do de estas elecciones, Evo Morales fue electo como diputado por la circunscripción uninominal 27 en 1997, con una participación ma-siva de parte de los sindicatos y organizaciones y el porcentaje más alto de votos en todo el país (61.8%). Del resultado de esta elección, comenzó a perfilarse la idea de que era posible postular a la presi-dencia de Bolivia a “un hermano campesino e indígena” (Do Alto, 2011, p. 99).

En 1995, durante un congreso campesino denominado “Tierra, territorio e instrumento político”, con consenso mayoritario, se dio el visto bueno a la construcción del instrumento político a partir de los sindicatos campesinos. El núcleo duro en la articulación de las diferentes organizaciones rurales fueron los cocaleros del Chapare, los campesinos de los valles de Cochabamba y la Federación de mu-jeres campesinas “Bartolina Sisa” (Stefanoni, 2010, p. 5). Finalmente, en 1998 se fundó formalmente el Instrumento Político por la Sobe-ranía de los Pueblos (ipsp); sin embargo, para poder participar en las elecciones municipales de 1999 fue necesario asociarse con el Movi-miento al Socialismo (mas), quien era socio de Izquierda Unida (iu).

Esta organización resultó una respuesta de parte de los grupos populares y sus organizaciones campesinas e indígenas ante el con-texto determinado por la hegemonía del neoliberalismo implantada en Bolivia y la caída de la Central Obrera Boliviana (cob) como el gran referente histórico de lucha y organización popular. Los prin-cipales dirigentes de la nueva organización fueron Alejo Veliz y Evo Morales. La importancia y particularidad de esta organización in-dígena y campesina es históricamente sobresaliente, ya que los par-tidos campesinos en sí han sido una rara excepción en el mundo (acaso las experiencias más recordadas son las del Narodnitchestvo ruso y el Populist Party estadounidense, casualmente ambos consi-deramos en buena parte de la literatura especializada como partidos populistas). Más aún, el mas y el ipsp son organismos con respaldo campesino cuya dirigencia y contenidos son eminentemente campe-sino-indígenas. En estos la identidad indígena y la reivindicación de

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los intereses campesinos e indígenas son fundamentales en la defini-ción del proyecto político (Do Alto, 2011).

El mas y el ipsp se verían impulsados en los años posteriores gracias a los sucesos de rebelión indígena, campesina y popular que se suscitaron en Bolivia a partir del año 2000. En similitud a la ex-periencia venezolana, la presencia de la rebelión y la protesta popu-lar resultaron fundamentales en el desenvolvimiento del acontecer político de los próximos años y abrió una época con tintes revolu-cionarios en los años por venir. La crisis en Bolivia y el auge de la movilización y participación popular en Bolivia se hizo evidente en varios sucesos durante y después del año 2000. Dichos sucesos se enmarcan y explican en buena medida por las tensiones económicas provocadas por políticas de corte neoliberal y las contradicciones propias del modelo democrático procedimental.

La movilización popular se expresó en los sucesos de abril y septiembre de 2000, los de febrero y octubre de 2003, y los de mayo y junio de 2005, protagonizada por comunitarios aymaras, vecinos de El Alto y Cochambamba, cocaleros del Chapare, y en general con presencia urbana y rural boliviana. El 9 de abril de 2000, una movili-zación popular de vecinos de la zona sur de Cochabamba, junto con los regantes de los valles cercanos, tomaron las instalaciones de la empresa “Aguas del Tunari”, ubicada en el departamento central de Cochabamba. Esta empresa era una filial de la transnacional Bechtel, a quien desde 1999 se había concesionado la administración de los recursos hídricos. Su contratación se acompañó de la prohibición sobre el uso de los sistemas de riego y pozos construidos individual o colectivamente, además de un alza sustantiva en los precios al consu-midor. Simultáneamente, miles de comunarios aymaras de la región de Omasuyos entraron a la capital provincial de Achacachi, tomaron las prisiones y liberaron a los presos. Además, asaltaron las oficinas públicas y extrajeron la documentación oficial para quemarla en la plaza del pueblo (Gutiérrez, 2009, p. 67-68).

La movilización que se sucedió en Cochabamba fue organizada desde la llamada Coordinadora Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida, fundada el 12 de noviembre de 1999 en el marco de

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una reunión de la Federación de Regantes de Cochabamba (Fede-cor).15 En la Coordinadora del Agua se aglutinaron la Fedecor y la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, filial de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (cgtfb) y de la Central Obrera Departamental (cod), además de un grupo de intelectuales y activistas ambientales. Las razones aglutinantes de estas organizaciones eran la protesta ante el contrato de concesión de distribución de agua potable y alcantarillado en Cochabamaba, y la aprobación de la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado que respaldaba legalmente la manipulación de los recursos. Tenien-do como antecedente que el manejo, gestión y cuidado del agua se habían mantenido tradicionalmente bajo el control de los cuerpos comunitarios mediante la organización de asambleas y formas de cooperación comunitaria (Gutiérrez, 2009, pp. 69-72).

Si bien las protestas comenzaron buscando una reducción en las tarifas que imponía la empresa, tras dos meses de movilizaciones las demandas se centraron en la exigencia de cancelar el contrato y hacer regresar el control del recurso a manos de la administración estatal. En abril del 2000, la organización decidió tomar las instala-ciones de la empresa Aguas del Tunari, provocando la abrogación de la Ley del Agua y la promulgación de la Ley Modificatoria, en la que se reconocían a cooperativas y asociaciones bajo la figura de entida-des prestadoras de servicios de agua potable (epsap).16

Aunado a estos eventos, también en abril del 2000, la Confede-ración Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csut-cb) realizó un corte de rutas en el altiplano paceño y en zonas altas de Cochabamba, además de emprender una marcha hacia la sede de gobierno, demandando la revisión de la Ley de Reconstrucción

15 La Fedecor era una asociación de regantes organizados desde 1997. Sin embargo, desde 1992 habían tenido presencia en organizaciones de defensa y gestión de agua de riego habitantes y trabajadores de los valles de Cochabamba, organizados desde sus comunidades de origen (Gutiérrez, 2009, p. 72).16 La guerra del agua consistió en una serie acciones entre enero y abril del 2000. Entre las ac-ciones se encontraron bloqueos, organización de cabildos abiertos, organización de una asam-blea, movilizaciones urbanas y periurbanas, confrontaciones callejeras con policía y ejército, concentraciones en plazas públicas y finalmente la toma de las instalaciones de la empresa Aguas del Tunari (Gutiérrez, 2009, p. 83-84).

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Comunitaria de la Reforma Agraria, el retiro de La Ley de Aguas y la aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo rural Integral. A este conjunto de demandas se sumó la demanda de los productores de hoja de coca de abolir la política de erradicación forzosa de ese cultivo y las de los maestros rurales que demandaban un aumento salarial (Moldiz, 2009, pp. 32-35).

La Coordinadora del Agua mantuvo relaciones con organiza-ciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Cam-pesinos de Bolivia (csutcb) y los cocaleros del Chaparé. Esta alianza se hizo efectiva en septiembre del año 2000 cuando se realizó una alianza “antisistémica” entre estas tres organizaciones con el objetivo de protestar ante el incumplimiento de los acuerdos de abril y el re-chazo a la política antidrogas aplicada en el Chaparé.17 La respuesta del gobierno de Banzer y Quiroga fue la represión policial y militar, la cual intensificó el conflicto.

Durante los días finales de septiembre, la csutcb convocó a un intenso bloqueo de caminos; incluso provocó un fuerte desabasto de alimentos en la ciudad de La Paz. Estas acciones se organizaron en respuesta al incumplimiento de los acuerdos de abril por parte del gobierno. Simultáneamente, en las provincias Los Andes y Oma-suyos, el magisterio rural y la Federación de Transportistas se alia-ron a la movilización junto con los maestros y choferes de Pakajes y Manko Kapac. Para el día 20 de septiembre, las federaciones de campesinos de Chuquisaca, Oruro y Santa Cruz se unieron al movi-miento y participaron en los bloqueos. En respuesta a esta moviliza-ción, el gobierno militarizó los caminos y para el 24 de septiembre se registraron enfrentamientos en Cochabamba y La Paz. Las con-frontaciones terminaron con la muerte de Modesto Mamani. Dicho suceso provocó la indignación de las comunidades movilizadas y de dirigentes de la csutcb, quiénes decidieron la intensificación y am-pliación de los bloqueos hasta llegar al borde de la ciudad de El Alto.

17 Esta política impulsada por el gobierno estadounidense fue denominada como “Plan Dig-nidad” y buscaba la erradicación del cultivo de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba, además de la instalación de cuarteles militares.

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Para el 26 de septiembre, la movilización se expandió a siete de los nueve departamentos en Bolivia. En provincias como Pakajes e Ingave se registraron fuertes enfrentamientos, aunque sin muertos. El día 28 de septiembre, la confrontación llegó al límite; hubo fuertes choques con contingentes militares en La Paz, esta vez con armas de fuego e incluso con avionetas militares que hicieron sobrevuelos en las zonas de enfrentamiento. Ante el nivel de la represión, se decidió mantener la movilización hasta que en el mes de octubre se abrió el diálogo con el gobierno, gracias a la intermediación de la Iglesia (Gutiérrez, 2009, p. 135-138).

Las consecuencias de esta intensa movilización fueron el forta-lecimiento de la organización de los productores de hoja de coca, el fortalecimiento de la cohesión de las organizaciones sindicales de la zona y del liderazgo de Evo Morales, además de la presencia de nuevos actores colectivos como las juntas de vecinos (Moldiz, 2009, p. 35).

Posteriormente, en 2003 se produjo el llamado “febrero negro” y las “jornadas de octubre”. Ambos sucesos pusieron en evidencia el quiebre de la gobernabilidad y la irrupción de las ciudades en la pro-testa. Durante el mes de febrero de 2003, organizaciones populares en conjunción con organizaciones policiacas (sector que ya se había manifestado en el año 2000 ante el Poder Ejecutivo en demanda de un aumento salarial) frenaron el llamado “impuestazo” impulsado por Sánchez de Lozada.

Esta política consistía en establecer un impuesto directo de 12.5% al salario para resolver el problema de déficit fiscal ocasio-nada por la reforma al sistema de pensiones. Afectó directamente los ingresos del pequeño grupo de asalariados formales en Bolivia: maestros, médicos y enfermeras, trabajadores de fábricas y policías (Gutiérrez, 2009, p. 233). El asunto del impuestazo sólo era una parte de la profunda crisis socio-económica que azotaba al país, caracteri-zada por el aumento de la pobreza, el desempleo, la subocupación y una marcada exclusión social.

Entre los primeros actores que reaccionaron ante la situación estuvo el propio Evo Morales, quien llamó a ejecutar acciones de desobediencia civil, así como también la Central Obrera Boliviana

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que llamó a manifestarse en contra de la medida. De manera pecu-liar, la policía nacional fue un actor clave que se sumó a las protestas. Desde hacía tiempo, este grupo tenía un conflicto con el gobierno debido a un retraso en sus salarios; por ello, habían decidido “acuar-telarse” en su cede ubicada en un lugar céntrico de la capital.

En esta ocasión, el detonante fue la protesta de estudiantes del Colegio Ayacucho, quienes lanzaron piedras a las ventanas del Pa-lacio Quemado, custodiado por soldados del Regimiento Los Colo-rados. Estos soldados respondieron con gas y armas de fuego, des-pertando la inquietud de un grupo de policías que se encontraban amotinados en su cuartel. Ante el fuego proveniente del regimiento militar, los policías respondieron de la misma manera, provocando un enfrentamiento entre ambas fuerzas. Debido a esta situación, el Palacio Quemado fue evacuado, Sánchez de Lozada y sus ministros huyeron del lugar, dejando la sede presidencial abandonada.

Después de una mañana de enfrentamientos entre militares y policías que dejó numerosas bajas en ambos bandos, miles de perso-nas, principalmente jóvenes, y sin una convocatoria directa de par-tidos políticos, sindicatos u organizaciones populares, se volcaron a los edificios de la Vicepresidencia y de otros ministerios para tomar-los por la fuerza y quemar su documentación. El día 12 de febrero, Sánchez de Lozada echó atrás el pretendido impuestazo, dejando un número de dieciséis personas muertas y más de setenta heridos (Moldiz, 2009, p. 35-37).

Posteriormente, a partir de octubre del 2003, se presentó una resistencia indígena-popular ante una nueva medida de Sánchez de Lozada que buscaba modificar la Ley de Hidrocarburos, que otorga-ba 82% de las utilidades a las empresas transnacionales y sólo 18% al Estado. Esta medida obedecía a los compromisos contraídos por Sánchez de Lozada en su primera gestión, relacionado con la priva-tización de campos petroleros y la reducción de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb). Además, se im-pulsó un proyecto de exportación de gas boliviano rumbo a Estados Unidos y México vía la costa chilena. Así, en la primera semana de septiembre se comenzó a gestar la organización de una protesta so-cial contra este proyecto (Gutiérrez, 2009, pp. 246-250).

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La csutcb instó a un bloqueo de caminos en el altiplano paceño, Oruro y Cochabamba, que fue respondido por el ejército mediante el uso de la fuerza. El saldo de este nuevo enfrentamiento fue de cua-tro campesinos muertos; esto despertó el conflicto en Warisata y La Paz. Pocos días después de estos sucesos, el mas y la Coordinadora del Gas convocaron a una movilización por la defensa del gas. El 8 de octubre, las juntas de vecinos y la Central Obrera Regional de El Alto decretaron un paro cívico indefinido, impidiendo que llegaran combustibles a La Paz desde la planta petrolera de Senkata.

La respuesta del gobierno fue intentar trasladar combustibles con apoyo de las fuerzas armadas a la ciudad capital. Esta acción des-encadenó una vigorosa respuesta de los habitantes de La Paz debido ante el indiscriminado uso de la violencia del ejército. En estas con-diciones, y a partir del domingo 12 de octubre, se gestó una abierta rebelión popular, protagonizada por miles de citadinos que salieron a las calles a enfrentarse a las tropas oficiales. La situación se agravó ante la muerte de personas a manos de la represión militar.

El desarrollo de los hechos llevó a que se colocara la consigna de la renuncia de Sánchez de Lozada como definitiva. En respuesta el mandatario y su gabinete, en la mañana del 17 de octubre, convo-caron a una conferencia para ofrecer la realización de una Asamblea Constituyente y un referéndum sobre el gas. Las ofertas no se reali-zaron, ya que Sánchez de Lozada y dos de sus ministros huyeron la misma tarde de ese viernes rumbo a Santa Cruz, y de ahí se asilaron en los Estados Unidos (Moldiz, 2009, pp. 40-42).18

En el año de 2005, y durante los meses de mayo y junio, nueva-mente se presentaron sucesos de tensión e inestabilidad en Bolivia. En esta ocasión, el motivo fundamental de la ofensiva indígena y popular fue la exigencia de que se hiciera valida la llamada “Agenda

18 Respecto a la serie de protestas y manifestaciones referidas en este sector del trabajo, pode-mos encontrar una serie de testimonios y tomas de postura por parte de los propios protago-nistas y dirigentes en el texto “Movimiento Indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo. Volumen II”, coordinado por Raquel Gutiérrez y Fabiola Escárzaga. De igual ma-nera, es necesario señalar que alrededor de estos sucesos existió un número importante de organizaciones participando de la protesta, así como de tomas de postura, discusiones y decla-raciones. Indudablemente, un trabajo muy rico en datos y lleno de detalles es Gutiérrez, 2009.

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de Octubre” por parte del presidente Carlos Mesa. Ante la presión generada por la movilización y en una situación de debilidad política, Mesa decidió renunciar a su cargo y las fuerzas políticas conserva-doras se apostaron a colocar al presidente del Congreso Hormando Vaca Diez en la presidencia. La medida fue fuertemente protestada por las fuerzas políticas populares e indígenas, quienes se aprestaron para impedir la toma del poder presidencial. Se movilizaron miles de cooperativistas mineros de la provincia de Potosí y vecinos de la ciudad de Sucre para impedir la toma de protesta.

Tras la movilización, el mas tomó un papel activo en la coyun-tura; esto provocó que, en alianza, movimientos sociales y partido político, se lograra la designación de Eduardo Rodríguez Veltze para ser elegido presidente por unos meses, un período previo a la toma de poder de Evo Morales en enero de 2006, tras su posterior triunfo en las elecciones generales de diciembre de 2005.

En estas elecciones, con excepción del mnr, los partidos tradi-cionales no se presentaron a la competencia. La coalición que repre-sentó a los sectores políticos de derecha y conservadores fue Pode-mos, una agrupación que lideró Jorge Quiroga (un político adherido a Hugo Banzer) y apoyada por el nfr de Manfred Reyes. De parte de la izquierda se presentaron el mas y el mip, además de partidos como la Unión Social de los Trabajadores de Bolivia (ustb) y el Frente Pa-triótico Agropecuario de Bolivia (Frepab). El resultado del proceso fue el triunfo de Evo Morales y del mas, quienes, apoyados en el mo-vimiento indígena y campesino, ganaron las elecciones generales de diciembre de 2005 con un porcentaje de 53.74%. Con ello, lograron la mayoría en la Cámara de Diputados, aunque sin mayoría en el Senado. En las elecciones de prefectos, la oposición ganó en seis de los nueve departamentos del país, y el mas ganó en Oruro, Potosí y Chuquisaca (Moldiz, 2009, p. 57).

Aunado a este nuevo equilibrio de poder oficial, se dio en julio de 2006 la convocatoria para la elección de la Asamblea para redactar la nueva Constitución Política del Estado. Del total de asambleístas elegidos, 142 procedieron de las listas del mas. La Asamblea fue con-vocada mediante la promulgación de la Ley Especial de Convocato-ria a la Asamblea Constituyente del 6 de marzo de 2006. Sin embargo,

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las posibilidades para la participación en la Constituyente se vieron limitadas debido a la consideración del requisito de ser postulado para participar en la Asamblea forzosamente mediante un partido político, una agrupación ciudadana o un pueblo indígena, por los frentes o alianzas que se establezcan entre estos, conforme con lo es-tablecido. Esta medida fue cuestionada y propugnada por diferentes grupos que consideraron esta medida como una política de exclu-sión por parte del poder estatal y de la Corte Nacional Electoral.

Vistos en conjunto, todos estos episodios de ingobernabilidad, crisis institucional y crisis de representación formaron la crisis en Bolivia. Por un lado, los numerosos eventos de disturbios, represio-nes, manifestaciones y confrontaciones representan una fuerte crisis política, social e institucional propiciada por las marcadas tensiones y contradicciones que esta forma de Estado había acumulado. En esta crisis el actor central fue la sociedad civil boliviana a través de la acción de diferentes organizaciones que tomaron un papel activo tanto en la protesta como en la organización de un poder alterno al gobierno boliviano neoliberal. En este contexto, resulta clara la crisis del sistema de representación política boliviana, dado que tanto los partidos políticos como el orden institucional se mostraron clara-mente rebasados por la actividad civil y la protesta popular.

En este sentido, podemos ver cómo el sujeto político indígena y campesino pasó a tomar un papel central en el Estado boliviano. Este sujeto emergió con tal potencia que bien podemos decir que protagonizó una revolución al interior del Estado boliviano, una re-volución que posteriormente tomaría un rol hegemónico en la con-formación de un nuevo gobierno y un nuevo pacto social. La llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, en sí misma, representa también una revolución, en tanto, hacía apenas cincuenta años, la llegada de un indígena a la presidencia de este país era un hecho impensable. La presencia de Morales en la presidencia obedece a un amplio movimiento de grupos, movimientos y asociaciones popula-res en Bolivia.

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La revolución ciudadana en Ecuador

El Estado ecuatoriano presenta las diferentes tendencias en las for-mas estatales y de acumulación que se presentaron en la historia de América Latina. Entre el periodo que transcurrió entre la Guerra de Independencia y la Revolución Liberal (1895) mantuvo las caracte-rísticas propias de los Estados oligárquicos y la burguesía se mantu-vo como subalterna al poder de los grandes terratenientes y oligarcas locales. En el lapso entre 1895 y 1934 se fortaleció el poder de la burguesía a través de la Revolución Liberal y la firma del “Segundo Pacto Oligárquico”, en 1933. A diferencia de otros casos, en Ecuador no existió una revolución campesina que afectara el poder de los terratenientes. A partir de 1940 se presentó en la presidencia de Ve-lasco el inicio de un periodo con características propias de un Estado populista con desarrollismo económico (Quintero, 2009).

En 1979, después de diez años de dictaduras militares, se inició un largo periodo de gobiernos constitucionales en Ecuador. Como parte del proceso de transición y democratización se elaboró una nueva Constitución bajo referéndum popular, además de llamarse elecciones presidenciales bajo un sistema electoral de doble vuelta. El resultado del proceso electoral fue la elección de Jaime Roldós (1979-1981), quien fuera respaldado por sectores populares y de tra-bajadores. Su gobierno mantuvo una línea política reformista basada en la vinculación político-económica del país con los intereses lati-noamericanistas, una posición política a nivel internacional antim-perialista y a nivel interno en contra de la oligarquía.

El mandato de Roldós terminó abruptamente debido a un trá-gico accidente de aviación. Fue designado como presidente el de-mocratacristiano Osvaldo Hurtado (1981-1984). Debido a la presión social y la herencia política del periodo de la presidencia anterior, en un principio el gobierno de Hurtado se mantuvo en una línea reformista; sin embargo, para el año 1984 las políticas oficiales die-ron un vuelco hacia la apertura económica neoliberal. Tal como se presentó en otras latitudes en América Latina, la crisis de la deu-da externa y la complicación en el desarrollo económico a nivel

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interno fueron las puertas de entrada para la implantación del Esta-do neoliberal-procedimental.

Este proceso comenzó a partir de la década de los ochenta. Se puede considerar la existencia de dos períodos: uno de lenta implan-tación y otro de rápida y contundente implantación. El primer perío-do comprende los gobiernos de Osvaldo Hurtado (1981-1984), León Febres Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja (1988-1992) y Sixto Durán Ballén (1992-1996), y el segundo considera los gobiernos de Abdalá Bucaram (1996-1997), Mahuad (1998-2000), Álvaro Noboa (2000-2002) y Lucio Gutiérrez (2002-2005). En el gobierno de León Febres Cordero se instaló de manera definitiva el neoliberalismo, de-jando atrás el modelo de desarrollo estatal presente entre los años cuarenta y setenta en Ecuador.19 En el gobierno de Sixto Durán Ba-llén se selló la alianza entre neoliberalismo y los históricos intereses oligárquicos ecuatorianos (Paz y Miño Cepeda, 2010, p. 56).

El gobierno de Abdalá Bucaram se aprestó a radicalizar el con-junto de políticas que ya había impulsado el presidente Durán Ballén entre 1992 y 1996. Entre las medidas tomadas por Ballén estuvo la devaluación de 35% del tipo de cambio real, la redefinición de políti-ca monetaria a través de la apertura del mercado financiero nacional mediante las llamadas “mesas de dinero” y las “subastas semanales de bonos”, además de la reducción de subsidios a las tarifas eléctri-cas y al precio de la gasolina. Las implantaciones de estas políticas económicas se acompañaron de las reformas políticas propias del modelo democrático procedimental. En específico, se implementó a través de la modificación del sistema de partidos, que incluyó, entre otras cosas, la aceptación de las candidaturas ciudadanas. Esta políti-ca funcionó principalmente en provecho de los políticos tecnócratas, siguiendo la tendencia de muchos otros Estados de la región. De igual forma, en 1988 se llevó a cabo una Asamblea Constituyente que permitió la inclusión constitucional del modelo neoliberal ade-más de una serie de reformas en pro del fortalecimiento del poder

19 Una referencia amplia de este período de desarrollismo estatal y crecimiento de la estructura institucional estatal en la historia ecuatoriana, además de un análisis político muy puntual, lo podemos encontrar en Cueva, 2003.

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presidencial en demérito del sistema de partidos antes prevaleciente (Verdesoto, 2005).

Tal como en los casos anteriormente tratados, en Ecuador la implantación del neoliberalismo significó un fuerte desgaste de las condiciones de bienestar para buena parte de la población ecua-toriana. En específico, para 1995, 35% de la población había caído debajo de la línea de pobreza, cifra que para 1998 se incrementó a 46% y a 56% en 1999 (Barrera, 2001, p. 259). Entre los años 1995 y 2000 se duplicó el número de indigentes y de población en estado de pobreza, que llegó hasta 8 100 000 personas (Vázquez y Saltos, 2003, p. 264). Aunado a esto, los índices sociales y de gasto público dedicados a servicios sociales, como la salud y la educación, cayeron drásticamente. Además, desde 1999 se presentó un fenómeno de mi-gración masiva de ecuatorianos al exterior, especialmente a España. Otro aspecto importante fue la reforma tributaria que permitió una fuerte concentración del ingreso, ya que el sistema tributario basado en el impuesto al valor agregado se generalizó frente al impuesto a la renta (Paz y Miño Cepeda, 2010, p. 57).

En respuesta a este desgaste de las condiciones de vida, la pro-testa popular y las movilizaciones sociales se volvieron fenómenos recurrentes durante los últimos años del siglo xx y los primeros del siglo xxi. Podemos encontrar la primera gran manifestación de este fenómeno desde los primeros meses del gobierno de Abdalá Buca-ram, en específico entre noviembre de 1996 y febrero de 1997.20 En contraste con el tono del discurso que mantuvo Bucaram en campa-ña electoral, cuando prometió satisfacer las demandas de las fuerzas sociales y poner especial énfasis en la asistencia a sectores populares, en su gobierno se intensificaron las privatizaciones y la eliminación de subsidios al gas. Conjuntamente, se disparó un escándalo debido

20 Buena parte de los datos que se han utilizado en esta breve capitulación de la protesta y manifestación popular en los últimos años en Ecuador han sido tomados de la investigación de León (2009). Las razones de esto es que a diferencia de los casos tratados anteriormente (Venezuela y Bolivia), la investigación es escasa y la mayor parte de la existente se encuentra fragmentada a nivel particular de cada uno de los grupos que participaron de la protesta. A diferencia de estos, el trabajo de León ofrece una visión contextualizada y amplia sobre la pro-testa popular durante finales de los años ochenta y noventa y la primera década del siglo xxi.

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a las prácticas de corrupción por parte de sus ministros. Debido a es-tos sucesos, su gobierno se sometió a un proceso de rápido desgaste.

Entre los grupos que se manifestaron en este período estuvieron agrupaciones de mujeres que tomaron una abierta postura de protes-ta antibucaramista en noviembre de 1996. Durante este mes también se registraron las primeras protestas por parte de la Conaie21 en con-tra de la creación del llamado Ministerio Étnico y en general contra las medidas económicas neoliberales que se aprestaba a poner en marcha el gobierno nacional, medidas como el proyecto de converti-bilidad monetaria y la programación de 40% del presupuesto público exclusivamente para pago de la deuda externa. De igual manera, las agrupaciones de trabajadores, como el Frente Sindical y la Confede-ración de Trabajadores del Ecuador, se manifestaron en contra del modelo económico y el esquema de convertibilidad.

Cabe mencionar que los grupos protestantes indígenas organi-zados alrededor de la Conaie desde los años noventa eran ya una fuerza política importante en Ecuador. Durante esa década se im-pulsaron los llamados “levantamientos nacionales” que les permitían negociar con los diferentes niveles de gobierno para lograr derechos y favores, como la legalización de territorios, la preservación de tierras comunales, el acceso al sistema electoral en calidad de movimiento, derechos colectivos y bloqueos a medidas de ajuste económico. Esto los convertía en una fuerza política potente y protagónica de la vida política ecuatoriana (García, 2006, p. 216).

Posteriormente, en el mes de enero de 1997 se desató una serie de protestas asociadas con la elevación de las tarifas eléctricas y la eliminación de subsidios al gas doméstico. En respuesta a estas deci-siones gubernamentales, se desató una movilización por de parte del Frente Unitario de Trabajadores, la Coordinadora de Movimientos

21 La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se creó en 1986 como producto de la fusión de diversas organizaciones sociales. Sus raíces se remontan hasta 1946 cuando el Partido Comunista impulsó la creación de la Federación de Indios del Ecuador; posteriormente, en los años setenta, se crea Ecuarunari, una organización que comenzó a lo-grar articulaciones regionales entre las diferentes federaciones de organizaciones indígenas. Finalmente, la Conaie logró conformar la organización nacional que ahora es, bajo la agenda de impulsar la creación de un Estado plurinacional y democrático (Guatemal, 2006).

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Sociales y Frente Popular. Se hicieron presentes no sólo en la ciudad capital, sino en algunas otras provincias del país. En general, la posi-ción de los movimientos era contra la privatización de la seguridad social y de empresas estatales, por el reconocimiento de la plurina-cionalidad en el país, por el respeto a los derechos humanos, políti-cos y sociales, y de manera sobresaliente, pugnaban por una Asam-blea Constituyente.

Un segundo ciclo de protestas se registró durante el gobierno de Jamil Mahuad a partir de 1999; en esta ocasión, la protesta fue en contra del endurecimiento de las políticas neoliberales, ya que estas buscaron completar las reformas que quedaron truncas en el gobierno de Bucaram: la elevación de los precios de combustibles, la dolarización, la reforma tributaria regresiva, además de la implanta-ción del llamado “feriado bancario” que consistió en la congelación de los depósitos bancarios de la población ecuatoriana para evitar los retiros masivos. En el mes de enero de 1999 se decretó un nuevo recorte presupuestal al gasto social, el congelamiento del monto de salarios, la quiebra de la banca debido a una práctica de especula-ción (que conllevó la elevación de las taras de interés hasta 180%) y la consecuente elevación en la cotización del dólar. En respuesta a estas decisiones, entre marzo y junio de 1999 se registró una intensa movilización popular por parte de trabajadores y sindicatos, estu-diantes, además de protestantes indígenas y campesinos, en rechazo a las medidas del gobierno.

Posteriormente, en el mes de enero del 2000, el actor principal que se abocó a la manifestación fue la Conaie, pero contó con el apoyo de sectores sociales como sindicatos, estudiantes, organizaciones de profesionistas, ong, sectores progresistas de la Iglesia, representantes y organizaciones de derechos humanos y organizaciones de mujeres. Los indígenas organizaron una gran marcha hacia la ciudad de Quito a pie desde comunidades aledañas. La reacción del gobierno de Mahuad fue una inmediata represión ante esta manifestación que se instaló en campamentos en las cercanías del Congreso Nacional.

El día 21 de enero se suscitó el golpe de Estado en contra de Ma-huad a manos de la gran movilización social. Los sucesos se desarro-llaron de manera precipitada, ya que los manifestantes se dirigieron

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al palacio del Congreso que se encontraba protegido por el ejército y la policía. Ante el arribo de la movilización y la realización de un plantón afuera de las instalaciones, las fuerzas militares y policiales retiraron el cerco de seguridad que se había ubicado en el inmue-ble (previa salida de los diputados y personal del inmueble) e inclu-so estos sectores oficiales se unieron a la protesta. Acto seguido, la multitud, formada primordialmente por indígenas, tomó el edificio y ocupó el salón máximo de la sede, dando paso a una celebración y la elevación de consignas contra el gobierno y los diputados. Ante tal evento, quiénes se pusieron al frente del evento fueron el coronel Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas de la Conaie y el político Carlos So-lórzano Constantine. El producto de este suceso fue la instauración del llamado “triunvirato” y de un Gobierno de Salvación Nacional (Paz y Miño Cepeda, 2010, pp. 53-54).

Posteriormente, Gustavo Noboa Bejarano, quien fuera vicepre-sidente, asumió la presidencia nacional. Su programa de gobierno se avocó a la continuación de la agenda neoliberal, principalmente en lo relativo a llevar adelante la dolarización de la economía. A con-tinuación, entre noviembre del año 2000 y febrero de 2001, nueva-mente se abrió un episodio de conflictividad ante las manifestacio-nes de indígenas y estudiantes en un nuevo episodio de rechazo de políticas estatales como la dolarización, la baja de salarios y nuevos episodios de corrupción oficial. En enero de 2001 se registró un nue-vo levantamiento indígena bajo la proclama de “Nada solo para los indios”. En esta manifestación se propugnaba en contra de las falsas negociaciones que había impulsado el poder oficial, quienes termi-naron imponiendo un nuevo paquete de reformas económicas. En consecuencia, a partir del 22 de enero se iniciaron numerosos cortes de carreteras. Nuevamente la respuesta oficial fue de cerrazón ante al diálogo, al designar al Ministerio de Defensa como ente dialogante. Esta medida provocó que se agravara la crisis política.

En respuesta a la falta de voluntad política oficial, miles de in-dígenas marcharon nuevamente a Quito e hicieron una acampada en la Universidad Politécnica Salesiana el 27 de enero. De inmediato la policía cerco el área y cortó los suministros de servicios básicos; además, procedieron a la represión violenta, cobrando al final de la

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jornada a cuatro personas muertas, treinta heridos y doscientos ma-nifestantes presos. El enfrentamiento concluyó el 7 de febrero con un acuerdo de veintiún puntos entre los indígenas y el gobierno. Esta negociación logró detener parcialmente los ajustes estructurales, además de detener el alza de precios en transporte, gas y combusti-bles en general, y de abrir vías de financiamiento estatal para el sec-tor agrícola y también para los organismos indígenas. La celebración de estos acuerdos permitió mantener bajo control los ímpetus neoli-berales de Novoa y mantener en relativa calma a la protesta popular.

En el año 2002, el general Lucio Gutiérrez tomó posesión como presidente de Ecuador. Su postulación tuvo el respaldo de los grupos indígenas organizados alrededor de la Conaie, quienes tras el episo-dio del derrocamiento de Mahuad pretendieron forjar una alianza entre indígenas y el sector militar. Gutiérrez se vendió ante la opi-nión pública como un aliado de los sectores populares, bajo la pro-mesa de acabar con las élites oligárquicas que habían usufructuado y secuestrado al Estado ecuatoriano. La realidad es que, una vez que lo tuvo, el general sólo utilizó el poder del Estado en su beneficio y el de sus más cercanos, traicionando de esta manera al movimiento indígena que se había plegado en su apoyo. El resultado fue que, tres años después, en abril de 2005, otra rebelión popular lo depondría de su mandato, tal cual había sucedido previamente con Mahuad.

El gobierno de Gutiérrez estuvo marcado por la imposición del llamado “paquetazo”, un nuevo programa de endurecimiento neoli-beral que fue impulsado a pocos días de iniciado su gobierno. Cabe señalar que se intentó justificar dicha imposición bajo al argumento de que Ecuador atravesaba dificultades económicas. Sin embargo, las cifras económicas revelan que entre 2000 y 2004 fue un período de crecimiento económico para el país, ya que el pib se incrementó 6.6%, debido al alza de los precios internacionales del petróleo y al incremento en las remesas de emigrantes. Aunado al impulso del paquetazo, el gobierno de Gutiérrez firmó una carta de intención con el fmi, en el que se comprometía a ejercer un control estricto sobre las finanzas estatales. Inmediatamente se vio afectado el gasto en educación y salud al reducirse 30%, según cifras de la oit.

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A partir de abril de 2005, nuevamente se presentó un escenario de amplia movilización y protesta popular. Como puntos centrales en la protesta se encontraban el anticipo de elecciones presidencia-les, la creación de una Asamblea Constituyente, el rechazo al Trata-do de Libre Comercio, el distanciamiento con la extensión del Plan Colombia y el fin de los tratos con el ejército norteamericano. En enero de ese año se realizó la Marcha Blanca. Consistió en una gran protesta de ciudadanos de Guayaquil por un aumento a su presu-puesto asignado. Posteriormente, en febrero de 2005, se presentaron marchas en las ciudades de Quito y de Cuenca, ambas convocadas en defensa del orden institucional con lo relativo a la democracia y el respeto a la Corte de Justicia.

La movilización tocó su punto más alto en la noche del 12 de abril, una fecha en la que se había convocado a una masiva manifes-tación a través de la paralización de la ciudad capital. La mañana de ese día transcurrió en total calma; la convocatoria no había tenido eco. Sin embargo, para la noche grupos de clase media urbanos co-menzaron organizarse para realizar manifestaciones. La vía de co-municación y coordinación que utilizaron fueron teléfonos celulares y correos electrónicos, en los que se convocó a movilizaciones masi-vas. La primera gran concentración que se registró fue por la noche del 14 de abril, en la que un grupo de manifestantes se congregaron fuera de la residencia presidencial. Gutiérrez denominó a este grupo como “forajidos”, un mote que terminaría por dar identidad a la serie de protestas que se desencadenó desde ese entonces.

El 15 de abril se decretó oficialmente el estado de emergencia en Quito. Este hecho caldeó los ánimos de la población y provocó el crecimiento de las manifestaciones nocturnas. Las protestas y concentraciones se extendieron a los barrios del sur con fuerte pre-sencia de población popular. Las protestas se extendieron hasta los días domingo 17, lunes 18 y martes 19 de abril. Además de las con-centraciones nocturnas, también se presentaron asambleas, reunio-nes, “pitazos”, cacerolazos, frenazos, globazos, etcétera. Todas estas expresiones provocaron un fuerte ánimo en la población tanto de Quito como del país entero, colocando al gobierno, al Congreso y a los Partidos Políticos en una situación muy comprometida. El día

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21 de abril, las fuerzas armadas retiraron el apoyo a Lucio Gutiérrez, provocando que a mediodía él y su gabinete más cercano huyeran transportados en helicóptero del palacio de Carandolet. Acto segui-do, el Congreso nombró a Alfredo Palacio como nuevo presidente de Ecuador.

Al igual que en las experiencias venezolana y boliviana, la pre-sencia de la protesta y la movilización popular demostraron la crisis hegemónica en Ecuador. En el caso ecuatoriano, al igual que en Bo-livia, el actor indígena mantuvo un rol central en la movilización y la protesta popular, convirtiéndose en un actor clave. La presencia de un prolongado período de protesta y movilización popular dieron a la sociedad civil y sus organizaciones un rol definitivo en la transfor-mación del Estado ecuatoriano. Dicha transformación se vería refle-jada en las próximas elecciones presidenciales.

En el año de 2006, apoyado en el Movimiento Alianza País (Pa-tria Altiva y Soberana), llegó a la presidencia Rafael Correa. La can-didatura de Correa se impulsó tras su salida del Ministerio de Eco-nomía en el gabinete de Alfredo Palacios (quien accedió a ese cargo tras la dimisión de Lucio Gutiérrez) liderando la constitución del llamado Movimiento Alianza País construido para contender en las elecciones generales del año 2006. Alianza País inició sus actividades con un reducido grupo de académicos e intelectuales quienes se abo-caron a la construcción de un movimiento político independiente. De manera simultánea a la construcción del movimiento se buscó hacer una alianza con todas las fuerzas de izquierda del país para impulsar una candidatura. Organizativamente utilizaron lo que lla-maron “método de penetración territorial”, conformando directivas provinciales y buscando incidir en la elección de autoridades a nivel cantonal y provincial. Entre las fuerzas que participaron en la coali-ción de Alianza País estuvieron grupos de izquierda y movimientos sociales como el Movimiento Pachakutik22 y el Movimiento Popular Democrático (Hernández y Buendía, 2011, p. 132).

22 Pachakutik fue creado como brazo político de la Conaie con la intención de contar con una “herramienta de participación político electoral”. Se alimentaba de alianzas con otros mo-vimientos sociales. Logró éxitos en gobiernos locales y provinciales desde 2002 (Guatemal,

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Un eje principal en la propuesta de la coalición fue la oposición ante la “partidocracia” ecuatoriana tradicional, un grupo de políticos e intereses que habrían privatizado la política oficial en favor de los grupos e intereses político-económicos oligárquicos. A nivel de or-ganización, el movimiento buscó la coordinación del nivel nacional con lo local a través del Buró Político y la Dirección Nacional.

Además de la oposición ante la partidocracia, los elementos principales de esta propuesta fueron a) una revolución económica que buscaba restablecer el papel del Estado como el principal agente regulador e interventor en la economía; b) una revolución social en búsqueda de igualdad y equidad entre los diferentes grupos socia-les e identidades étnico-nacionales; c) una revolución política que buscara la recuperación de la industria estatal privatizada, además del impulso a la democracia participativa; d) la revolución de inte-gración latinoamericana, mediante la creación de organismos inte-gracionistas que impulsaran la cooperación económica y política; e) una revolución ética que buscara acabar con la corrupción a través del control social, la transformación de la contratación pública y un nuevo control en la elección y evaluación de autoridades del poder judicial; f) la revolución ambiental, al impulsar una conciencia eco-lógica y proyectos de sustentabilidad productiva y medioambiental (Hernández y Buendía, 2011, p. 136).

Rafael Correa triunfó en la segunda vuelta electoral el 26 de no-viembre de 2006, luego de haber perdido en la primera vuelta con el candidato conservador Álvaro Noboa, con 56.67% de los votos. Dentro de las políticas que Correa impulsó una vez que tomó el po-der el 15 de enero de 2007, estuvo la convocatoria a una Asamblea Constituyente, a pesar de que en el congreso sólo contaba con el apo-yo de las bancadas de Nuevo País y del Partido Socialista. Para la realización de esta Asamblea fue necesaria una consulta popular el día 15 de abril de 2007, que resultó con 81.73% de votos favorables. A raíz de esta convocatoria a la Constituyente nació Acuerdo País con la participación de grupos políticos como Movimiento Nuevo País y

2006).

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Alternativa Democrática. Esta nueva fuerza política logró obtener 80 de las 130 curules para la Asamblea Constituyente mediante eleccio-nes celebradas el 30 de septiembre de 2007.

La Asamblea Constituyente desarrolló su trabajo durante 240 días después de los cuales se sometió a referéndum aprobatorio la Nueva Constitución, en el cual resultó aprobada con 63.93% de los votos y ganando en 23 de las 24 provincias. La realización y discu-sión de este nueva Carta Magna favoreció el involucramiento de bue-na parte de la sociedad ecuatoriana en temas como el modelo eco-nómico, el desarrollo del país, la democracia y la plurinacionalidad. Como un segundo producto de este proceso, estuvo la realización de nuevas elecciones presidenciales el 26 de abril de 2009, en donde el Movimiento Alianza País se impuso en primera vuelta con 51.9% de los sufragios; además de que obtuvieron 57 legisladores en la Asam-blea Legislativa y 80 de los 221 alcaldes.

Un eje político-ideológico fundamental que resultó de la Nue-va Constitución fue el impulso al proyecto de sumak kawsay o del

“buen vivir”, que propone una visión de organización político-social inspirada en la cosmovisión indígena-campesina. Se propone el im-pulso a una utopía de índole “poscapitalista” basada en búsqueda de la justicia y la armonía en todos los aspectos de la convivencia huma-na y social, y a su vez con la naturaleza. Aunado a esto, también gra-cias a los trabajos de la nueva Constitución, se decretó oficialmente al Estado ecuatoriano como un Estado plurinacional, una demanda largamente anhelada y propulsada por los movimientos indígenas desde finales de la década de los ochenta.

Conclusiones. Tendencias compartidas y la hora de la sociedad civil

En una perspectiva comparada entre los tres casos antes referidos se pueden encontrar similitudes importantes. En primer lugar, encon-tramos la emergente actividad civil a través de movilizaciones ciuda-danas y protestas populares que en los tres casos se deriva de contex-tos de crisis hegemónica en los Estados neoliberales-procedimentales.

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Dicha crisis hegemónica se ve reflejada por un lado en el fuerte dete-rioro en las condiciones de vida de las poblaciones nacionales, pro-vocando el surgimiento de prolongadas y recurrentes manifestacio-nes de protesta e inconformidad por parte de los grupos populares en contra de la forma como se manejaba el poder público por parte de los gobiernos en turno y el tipo de proyecto político-económico que implantaron.

Esta intensa actividad derivó en una fuerte crisis de legitimidad y gobernabilidad para los gobiernos en turno en cada país. Además, se debe agregar que, al menos en los casos de Ecuador y Bolivia, la existencia de tensiones e inconformidades históricas en cuanto a la forma como tradicionalmente sus Estados-nación respectivos mane-jaron aspectos como el respeto y la atención a la diversidad cultural e identitaria de grupos indígenas o minoritarios en general. Esto pro-vocó el surgimiento de plataformas de acción política y discursiva que respaldan las iniciativas de fundar gobiernos plurinacionales.

La crisis hegemónica también se expresó en el amplio despresti-gio y deslegitimación de los gobiernos en cada uno de los casos ana-lizados. Esta crisis tendría al menos dos dimensiones. Por un lado, está la existencia de una denuncia constante y compartida en contra de las políticas neoliberales implementadas y las políticas que be-neficiaron directamente a grupos de interés oligárquicos y capitales transnacionales. La otra dimensión es la existencia de protestas di-rectas ante el sistema de representación democrática inspirada en el procedimentalismo, una perspectiva que privilegió la organización de la participación política a través de los partidos políticos, quienes durante los años ochenta se fusionaron con las élites económicas y políticas que se beneficiaron de los procesos de transición, convir-tiendo a los partidos políticos en agencias de promoción de intereses particulares.

De especial atención resulta el que a través de las movilizaciones ciudadanas de protesta se puso en jaque el mantenimiento de los go-biernos instaurados durante el neoliberalismo llegando a derrocar a una serie larga de mandatarios. Dichas movilizaciones rebasaron rá-pidamente los límites de la protesta y terminaron por convertirse en los gérmenes para el posterior surgimiento de coaliciones políticas

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y frentes electorales que respaldaron, o bien, apoyaron a candidatos antiestablishment.

Este aspecto resulta en lo esencial un aporte a la democratiza-ción de fondo en las sociedades de estos tres países al haber rebasado los límites de la democracia procedimental. Este hecho fue posible debido al protagonismo tomado por parte de grupos, asociaciones, sindicatos, colectivos y organizaciones indígenas. Desde sus organi-zaciones de base, emprendieron la protesta y posteriormente cobra-ron un protagonismo central al impulsar candidaturas ciudadanas. En este sentido, el contraste resulta claro, ya que, si bien el modelo procedimental buscó relegar a los ciudadanos como meros emisores de voto, el activismo y la organización de la sociedad civil cumplió con dos acciones fundamentales: exhibir las limitaciones del proce-dimentalismo y abrir una nueva vía ciudadana en la lucha por im-pulsar y construir gobiernos más justos e inclusivos.

Los partidos producto de coaliciones entre movimientos y or-ganizaciones sociales impulsaron una nueva forma de hacer política en estos tres países. A pesar de esto, es importante reconocer que no existe una ruptura definitiva con la representación política democrá-tica en general, ya que los gobiernos progresistas fueron precisamen-te elegidos mediante la competencia política democrática. Además, las fuerzas sociales y populares cuentan actualmente con represen-tación ciudadana tanto en los poderes legislativos nacionales como a nivel de gobiernos locales. Si bien esta situación podría entenderse desde una perspectiva de izquierda ortodoxa o maximalista como una contradicción de parte de los movimientos sociales, coalicio-nes y frentes electorales, más bien ha resultado en una estrategia de acción política acorde con las condiciones políticas concretas. La rebelión de la sociedad civil no fue ante la democracia, es ante su expresión procedimental que sirvió de coartada y refugio para man-tener vigentes y legítimos a los poderes fácticos que impulsaron el neoliberalismo en la zona, escudados en el sistema de partidos polí-ticos proestablishment.

Por otro lado, se debe reconocer que el elemento fundamental en el sentido progresista (y que resultará definitivo en el destino y fu-turo próximo) de los procesos venezolano, boliviano y ecuatoriano,

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no se encuentra solamente en la presencia de los gobiernos de iz-quierda, sino en una activa y decidida acción organizada y constante por parte de los grupos de sociedad civil, quienes incluso (como lo ha demostrado la experiencia boliviana más reciente) son capaces de presionar y exigir a los propios gobiernos que ellos mismos han im-pulsado. Esta presencia de grupos sociales diversos e independientes resulta históricamente un aporte y un parteaguas en la vida política democrática latinoamericana a la luz de las experiencias históricas del siglo xix y xx.

Para clarificar y demostrar este aspecto de notable importan-cia, es necesario el contraste histórico con las formas de Estado que se han presentado en América Latina a fin de mostrar lo particular y novedoso de estas experiencias recientes. Dichas experiencias no deben ser obviadas y mucho menos ignoradas por parte de los estu-diosos de la historia reciente y futura latinoamericana. En opinión de este autor, deben ser la plataforma desde donde debe partir la propuesta y el análisis de las alternativas políticas progresistas para los próximos años. En primer lugar, porque han sido fenómenos que han tenido como espacio fundamental a la sociedad civil, esto es, que el terreno desde donde han crecido y desarrollado ha sido por excelencia el espacio del no-Estado, o más precisamente el espacio del no-gobierno. Este es un aspecto que resulta particular en la histo-ria de América Latina ya que, por primera vez en la historia moder-na, la sociedad civil ha cobrado una importancia y un protagonismo definitivo del que no había gozado previamente.

A finales de la última década del siglo xx y la primera década del siglo xxi, a raíz de lo que denominamos crisis del Estado neoli-beral-procedimental, en muchos lugares de América Latina se ha ex-perimentado un auge de las sociedades civiles. A diferencia de otros periodos, su actividad se ha vuelto definitiva en el rumbo que han tomado Estados nacionales y sus gobiernos. Las manifestaciones y procesos que hemos analizado y sobre los que hemos reflexionado en este capítulo están marcados por la libre, y hasta en algunas ocasio-nes espontánea, participación de una multiplicidad de grupos inde-pendientes en la vida política estatal. Como nunca antes, y en al me-nos los tres casos considerados aquí, la vida política latinoamericana

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goza de la participación protagónica y vigorosa de una multiplicidad de ciudadanos y grupos que propugnan, se manifiestan, organizan y deciden activamente sobre la vida política nacional-estatal; una vida que intentó ser privatizada y limitada por los pequeños grupos de interés en el orden neoliberal.

En adelante, y más allá de la descripción, queda pendiente ela-borar una categorización de los gobiernos nacional-populares que se han producido a la sazón de la actividad de la sociedad civil en los países considerados. De manera muy marcada, también es in-dispensable abordar aspectos como la relación entre movimiento y gobiernos, sobre la vía de transformación pacífica que puede llegar a ser revolucionaria y los cambios en la idea de lo que son los Esta-dos-nación en América Latina. Estos aspectos se desarrollarán en el siguiente capítulo, tomando como contraste la categorización que se ha construido desde la intelectualidad conservadora, al llamar a estos procesos gobiernos “populistas”. Nuestra propuesta intenta captar la riqueza de las experiencias, así como también sus potencia-lidades y limitaciones.

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Capítulo 2

El populismo y la alternativa nacional-popular

Introducción

Los procesos de movilización política, así como los gobiernos que se han derivado de su accionar, plantean aspectos novedosos y proxi-midades con experiencias históricas. Por ello, se ha mantenido un debate intenso respecto a cómo denominarlos o conceptualizarlos, tanto en el medio académico como en el opinar político cotidiano. El objetivo central de este capítulo es participar de esa discusión y ofre-cer una propuesta conceptual para describir estos regímenes. Esto a partir de que consideramos como una de sus características funda-mentales la participación popular.

Comenzamos por elaborar una crítica a las perspectivas que han intentado definir a estos procesos y sus gobiernos como “po-pulistas”, mismas que, en su mayoría, asumen a este concepto como algo negativo y dañino para las sociedades. En contrapartida a es-tas visiones, proponemos una perspectiva que concibe al populismo como un fenómeno asociado históricamente a la inclusión social y a la democratización sociopolítica en los Estados latinoamericanos. No obstante, reconocemos sus limitaciones más importantes: el cor-porativismo y el clientelismo.

A partir de esta crítica, propongo la alternativa conceptual de lo nacional-popular, un concepto que ha sido tratado por diferen-tes autores (Gramsci, 1984; Ipola y Portantiero, 1994) y lo presento

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adecuado a las condiciones del momento histórico actual y de acuer-do con las condiciones de los procesos que busco caracterizar.

En una segunda parte, abordo el tema central en la propuesta nacional-popular: el de nación y lo nacional. A este respecto, pre-sento un análisis sobre la resignificación que tiene la idea de nación como alternativa a las transformaciones que impuso el Estado neo-liberal-procedimental en América Latina. Planteamos la existencia de una resignificación sobre lo que se entiende por nación en los procesos en marcha.

El elemento nación tiene una importancia central ya que per-mite la unión de diferentes sectores sociales ante el neoliberalismo. En este sentido, lo nacional resulta un aglutinador de los diferentes grupos sociales, bajo la premisa de inclusión social y estatal de los grupos populares.

Insisto en el hecho de que, en estos procesos, el elemento funda-mental ha sido la participación ciudadana y popular, y es justo este elemento el que los distingue de los históricos procesos populistas. A diferencia de los populismos latinoamericanos del siglo xx, en estos procesos, la incorporación a los gobiernos no ha sido vertical, sino horizontal, considerando la participación en procesos electorales, además de la existencia de vías de participación mucho más intensas que apuntan a la consolidación de una democracia participativa.

En una tercera parte, elaboro una disertación sobre el contenido revolucionario de estos procesos en América Latina. A este respecto, postulo que lo nacional-popular como proyecto de transformación política, económica y social en América Latina posee un contenido revolucionario de transformación, considerando que son procesos y no actos, que cuentan con una amplia participación popular, que tie-nen una estrategia pacífica, con elementos organizativos que aspiran a consolidar una democracia participativa y que utilizan al Estado como una herramienta a favor de la transformación de las condicio-nes imperantes.

En términos generales, este capítulo busca aportar elementos conceptuales para la definición de los procesos en cuestión.

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El populismo en los tiempos del neoliberalismo y el procedimentalismo

El concepto con el cual una parte del mundo académico ha intenta-do describir los procesos políticos en Bolivia, Venezuela y Ecuador ha sido el de populismo. Este concepto ha experimentado un resurgi-miento tanto en las ciencias sociales como en los espacios de opinión pública. Si bien persiste la falta de un acuerdo total sobre el concepto populismo, en el plano de la competencia y confrontación política, la

“acusación” de ser populista o ejercer un tipo de gobierno populista ha sido una constante, en los tiempos más recientes.

Sostenemos que el populismo se ha convertido en el nuevo gran “otro” de la política latinoamericana, construido literaria y mediáti-camente como una gran amenaza que se cierne sobre la zona. Desde nuestra perspectiva, para entender esta transformación, es necesa-rio reconocer las transformaciones en el pensamiento económico y político que se asocian al neoliberalismo y al procedimentalismo democrático.

De acuerdo con los aportes de la sociología política latinoame-ricana, un elemento central de los llamados gobiernos populistas la-tinoamericanos de mediados del siglo xx fue la implementación de una política económica desarrollista, basada en la industrialización con sustitución de importaciones (isi). Ésta permitió la industriali-zación nacional y el crecimiento de mercados internos, posibilitan-do la inclusión socioeconómica de grandes agregados populares. De acuerdo con Octavio Ianni (1975), ésta era una política económica que aspiraba a lograr independencia en las economías nacionales respecto del control económico internacional.

Dicho modelo gozó de resultados favorables desde los años cua-renta hasta inicios de la década de los ochenta. Durante este largo periodo, países como Argentina, México y Brasil crecieron a un pro-medio anual de 5%. Sin embargo, en los años ochenta, este modelo económico comenzó a colapsar, debido a que el proteccionismo no permitió el incrementó de la productividad y acarreó efectos de baja en los salarios y la recaudación fiscal. Ambas condiciones hicieron imposible continuar con una economía subsidiada, que generaba

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estancamiento e inflación, lo cual provocó su derrumbe macroeco-nómico (Cardoso y Helwege, 1992, pp. 60-62).

En estas circunstancias, se generó la idea de que los problemas de desigualdad, pobreza, provisión de servicios públicos y en general la política social no eran factibles de resolver mediante la inversión directa de recursos públicos. En consecuencia, los gobiernos nacio-nales orientaron sus políticas hacia los modelos neoliberales impul-sados por organismos económicos internacionales, como el Banco Mundial (bm) y el Fondo Monetario Internacional (fmi). Además, se dio pie a la formación de una imagen sobre el populismo ínti-mamente relacionada con la debacle económica, la corrupción y el clientelismo político.

Así, se asumió como problema central del populismo la inten-ción de resolver los problemas de desigualdad mediante el uso de políticas macroeconómicas demasiado expansivas. Tales políticas recurrían al “financiamiento deficitario, a los controles garantizados y a descuidar los equilibrios económicos básicos [y llevaron] casi inevitablemente a grandes crisis macroeconómicas que han acabado por lesionar a los segmentos más pobres de la sociedad” (Dornbusch y Edwards, 1992, p. 9).

Conforme el Estado populista sufrió debilitamiento en sus ba-ses económicas, los problemas para la continuación de su proyecto político se multiplicaron. Los sectores de la economía privada asu-mieron que el keynesianismo económico había generado demasiadas pérdidas y comenzaron a apelar por un retorno del laissez faire, el re-torno a un capitalismo con menos trabas (Klein, 2007, p. 87). En este contexto, se abrió paso a las transformaciones sociales y económicas propias de la época dominada por el neoliberalismo económico.

El impulso en la zona de las reformas económicas neolibera-les tuvo como bases la desregulación económica, la privatización de empresas estatales y una serie de recortes presupuestales en los ser-vicios sociales. Estas iniciativas implicaron la pérdida de buena parte del terreno que, durante largos años, habían ganado los ciudadanos y grupos populares en los populismos y sus modelos desarrollistas. A la sazón de estas transformaciones una evaluación del populismo se hizo con base en los cánones del neoliberalismo, por encima de

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análisis puntuales y serios que evaluaran lo que significó tanto polí-tica como económicamente en la historia latinoamericana.

Desde una perspectiva más política que académica, un autor como Enrique Krauze (2005) propuso una serie de rasgos específicos para caracterizar al populismo y al populista. Para él, el populismo se resuelve básicamente como la exaltación del líder carismático, la funcionalización de la figura de un líder providencial que “resolve-rá, de una vez y para siempre, los problemas del pueblo”. Lo plantea como un fenómeno que posee un mensaje y una estrategia política cuya base y segunda característica principal es la demagogia. Ésta, a su vez, la concibe como “vehículo específico de su carisma”, un vehículo que le permite “construir” la verdad popular y hacer de ella su vínculo principal con el pueblo. Dicho vínculo, creado de manera arbitraria, poseería la facultad de volverse un tipo de construcción de la realidad, construcción que en la arenga política se convierte en un solo gran núcleo de discurso y de verdad. Tal característica sólo revelaría la abominación intrínseca de los populistas hacia la liber-tad de expresión, y el principio de la secesión dolosa entre el pueblo y el no-pueblo.

Según este autor, en el plano económico, el populista también se caracteriza porque “utiliza de modo discrecional los fondos públicos” y no posee “paciencia con las sutilezas de la economía y las finanzas”. Se apropia del erario público para enriquecerse e impulsar únicamen-te aquellos proyectos que “considere importantes o gloriosos, sin to-mar en cuenta los costos”. Así, expone un tipo de ejercicio económico que lleva irremediablemente a repartir directamente la riqueza, pero sin considerar más consecuencia que el cobro del favor económico mediante formas corporativas de apoyo político y electoral.

En conjunto tanto las condiciones políticas como las econó-micas delinean al populista como un agente en extremo peligroso, pues a través de la repartición económica y su relación cercana con el “pueblo”, el populista siempre alienta el “odio de clases”. Para este autor, tal odio es provocado por la demagogia del líder, pero nunca se debe a la existencia de la inequidad y la injusticia social en aque-llos países en donde el “populista” obtiene relevancia. Esta imagen de encono y de movimiento político irracional también se proyecta

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hacia el orden internacional, cuando, en busca de legitimidad o de un manto para encubrir su incapacidad política y económica, recu-rre a crear la imagen de un “enemigo exterior”.

Planteado de esta forma, el populismo es un peligro constan-te, entre su demagogia, los deseos malévolos del líder, y la torpeza de los pueblos arengados por el discurso, la movilización popular siempre acecha como la marea que amenaza con arrancar el statu quo prevaleciente. La amenaza se concreta después de conquistar el poder del gobierno. Según Krauze, éste siempre tiende a “despreciar el orden legal” existente y lo sustituye por un orden creado bajo los designios del propio líder. El populismo asume los límites al poder como aristocráticos y “contrarios a la voluntad popular”. Por ello, el populista “mina, domina y, en último término, domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal”.

El populismo es una simplificación de ese complejo meca-nismo (checks and balances). Lo que el populista busca —al menos esa ha sido la experiencia latinoamericana— es supri-mir en beneficio propio la tensión entre el liderazgo político y la voluntad popular, y mejor para lograrlo que establecer un vínculo directo con el pueblo, por encima, al margen o en contra de las instituciones, las libertades y las leyes. La iniciativa, hay que subrayarlo, no parte del pueblo, sino del líder carismático […]

No hay populismo sin la figura del personaje providencial que supuestamente resolverá, de una buena vez y para siem-pre, los problemas del “pueblo”, y lo liberará de la opresión del “no pueblo” […] El populista se apodera de la palabra y fabrica la verdad oficial. Una vez investido en intérprete predominante o único de la realidad (o en agencia pública de noticias), el populista aspira a encarnar esa verdad total y trascendente que las sociedades no encuentran —aunque a menudo aspiran a ella— en un Estado laico (2012, p. 15).

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El antipopulismo de Krauze se traduce directamente a los su-puestos populistas contemporáneos, como Hugo Chávez, Andrés Manuel López Obrador o Evo Morales. Huelga decir que el sujeto privilegiado de su crítica antipopulista fue Hugo Chávez. Al respecto, recogemos algunas palabras asociadas a su segunda toma de pose-sión, en enero de 2007:

Respaldado por la fuerza de esos 7,300,000 “votos boliva-rianos”, en su discurso inaugural Chávez dio un nuevo salto cualitativo en su simbiosis fidelista y buscó superarla […] Y dejó entrever “las sorpresitas que les tengo preparadas a mis muy queridos”, un conjunto de leyes revolucionarias que im-plican “una reforma profunda de […] nuestra Constitución Bolivariana” para lograr el establecimiento definitivo de la

“República Socialista de Venezuela”. Ante el entusiasmo del graderío que lo interrumpía continuamente con ovaciones y vítores, recurrió a sus queridos términos beisbolísticos y, recordando al pitcher zurdo que alguna vez fue, lanzó “una curvita a la esquina de afuera”: “todo aquello que fue pri-vatizado, nacionalícese”. Luego de ese lanzamiento “bajito, a la rodilla” siguieron otros: “Moral y luces” en la educación popular, una “nueva geometría del poder sobre el mapa na-cional”, los “Consejos comunales”, la conformación del “Esta-do comunal”, del “Estado socialista”, del “Estado Bolivariano”. En una palabra, se acaba el juego de la democracia y la socie-dad abierta (2010, p. 77).

En el mismo tono de crítica política, un escritor como Mario Vargas Llosa se manifestó en contra de los supuestos líderes populistas y los riesgos que implican para la libertad. Desde su perspectiva: “el verdadero progreso es inseparable de una alianza irrompible de dos libertades, la política y la económica, en otras palabras, democracia y mercado” (Apuleyo, Montaner y Vargas Llosa, 2007, p. 9). Así resuel-to, para este autor, la situación en América Latina sería muy delicada dado que actualmente existiría un retroceso de la democracia y un regreso del populismo más asincrónico: estatista y comunista.

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Así, sugiere que el populismo es una forma de “idiotez ideo-lógica” que parecería inagotable, “sorda e impenetrable a su propia tiniebla”, incapaz de entender los beneficios de la verdadera libertad (Mendoza, Montaner y Vargas Llosa, 2007, p. 13). Independiente-mente de la poca rigurosidad académica de estas perspectivas, sus ideas se han utilizado como propaganda, principalmente en los me-dios masivos de comunicación, para crear miedo y hacer del dis-curso antipopulista un arma política e ideológica. Desastre político, inestabilidad económica, corrupción, autoritarismo, caudillismos, tales son los males que se pregonan y ante los que se busca infundir miedo en la población.

En otro tono de crítica y desde análisis académicos, el concepto de populismo ha perdido su relación con la idea de un proyecto de Estado o tipo de organización política y social. Todos estos aspec-tos, como hemos visto, se encuentran íntimamente ligados a las ex-periencias de los llamados gobiernos populistas en América Latina. Esta situación se expresa en que para muchos estudiosos el popu-lismo hoy en día es simplemente un estilo de liderazgo, un estilo de hacer política que presenta caracteres íntimamente relacionados con la demagogia y lo carismático. Estas perspectivas, desde mi parecer, han creado una mayor imprecisión conceptual.

Un ejemplo de esto es la propuesta de Freidenberg, quien con-ceptualiza al populismo como un estilo de liderazgo, una “manera en que el líder se relaciona con los seguidores, el modo en que los moviliza o el tipo de discurso que emplea” (Freidenberg, 2007, p. 10). En la propuesta de Lazo, el caso contemporáneo de Hugo Chávez se puede entender de acuerdo a las “fórmulas populistas clásicas del subcontinente, aparece el líder carismático, paternalista, justificada-mente autoritario, el alter ego del pueblo, el instrumento mesiánico que libera los poderes míticos de la nación” (Lazo, 2002). Este tipo de perspectivas han buscado reducir el concepto a un fenómeno determinado por liderazgos demagógicos y corruptos (Dahrendorf, 2005, p. 38; Hermet, 2001; Loaeza, 2007, p. 232). Algunos intentos de conceptualización se concentran en considerar al populismo como una ideología simplista, fundamentada en una visión dicotómica de

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la sociedad: entre un pueblo puro y una élite corrupta (Mudde, 2004, p. 543 y 2012, p. 19).

Consideramos que todas estas perspectivas son deficientes, pues se centran demasiado en los aspectos más subjetivos del fenó-meno: los contenidos propiamente discursivos —en el aspecto de los liderazgos— o en el carisma. En principio, tal como nos enseña la sociología clásica latinoamericana, los gobiernos populistas constru-yeron su hegemonía con base en la inclusión social y política, no sólo de los grupos populares, sino también de las clases medias, e incluso de élites, todos coaligados bajo un proyecto nacionalista.

Por lo tanto, los populismos fueron materialmente incluyentes. Además, los grupos que no fueron integrados en los pactos nacio-nales populistas sólo fueron las oligarquías desplazadas y una parte de los intereses capitalistas internacionales aliados con ellas. En este sentido, la adhesión a los populismos se explica mucho mejor por la inclusión material y sociopolítica de los diferentes grupos, bajo un proyecto de Estado, que por el encanto subjetivo de los agregados ciudadanos. Este fenómeno cobra sentido cuando recordamos que una hegemonía, para tener éxito, necesita de un respaldo material que legitime su poder.

Dentro de esta crítica a las perspectivas que asumen al popu-lismo como un fenómeno meramente discursivo, debemos conside-rar la de Ernesto Laclau. Este autor, si bien no comparte la idea del populismo como una amenaza en sí misma, sí concentra la poten-cialidad del populismo en la mera existencia de una retórica, de un discurso que “interpela” a los diferentes grupos sociales en un Esta-do. Para Laclau, el populismo es, simple y llanamente, un fenómeno discursivo (Laclau, 2005, p. 27 y 1986, pp. 179-191).

Por tanto, una definición centrada exclusivamente en los aspec-tos subjetivos del fenómeno conforma una vaga idea del populismo, pues, a pesar de ser que el liderazgo centralizado es un elemento constante en estos fenómenos, no es ni exclusivo ni el centro de este fenómeno. Más bien los liderazgos políticos que tienden a ser ca-rismáticos han formado a lo largo de la historia, y en muy disímiles experiencias, una parte central de la política. Incluso en las formas políticas procedimentales se encuentra presente, ya que el sentido

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de unión o aproximación por parte del elector hacia el candidato o el partido es un aspecto central para las campañas políticas. Además, en muchas experiencias, éstas se construyen a través de la televisión (videocracia)1 y se centran en las imágenes de los candidatos. Auna-do a esto, entender al populismo como un fenómeno permanente-mente centralizado en el líder contradice, al menos, la experiencia latinoamericana, ya que, para establecerse, el populismo siempre ne-cesitó de una fuerte coalición de clases y grupos sociales, tanto con los sectores populares como con las clases industriales nacionales, con el fin de llevar adelante su proyecto político.

Desde otra perspectiva, un autor como José Luis Reyna postula que el panorama político en América Latina se debate entre la “de-mocracia y el autoritarismo”. En tal situación, existe una “izquierda moderna y una izquierda populista”,2 la primera ejemplificada con un gobierno como el de Michel Bachelet y la segunda se encuentra repre-sentada por Evo Morales “quien al nacionalizar como un acto sobera-no, evocó a los fantasmas de la izquierda del pasado, la confrontación”. Esta misma encuentra “su ícono representativo en el mandatario vene-zolano Hugo Chávez”, pues “a pesar de que la institución presidencial que ocupa tiene rasgos democráticos, su gobierno es populista” (Rey-na, 2006, p. 762). De igual manera, para Reyna los llamados gobiernos populistas serían en extremo peligrosos, ya que

pretenden alterar la trama democrática del sistema político. Que intenten modificar la función de las instituciones de-mocráticas con el fin de encontrar un camino sin obstáculos para ejercer un poder personal omnímodo […] de esta ma-nera, al alterar el funcionamiento de las instituciones que la democracia ha construido, existe la posibilidad que devenga dictadores o líderes mesiánicos (2006, p. 765).

1 Esta crítica ha sido compartida incluso por el propio Giovanni Sartori (2006, p. 69).2 Esta es una visión que sido también suscrita por un autor como Teodoro Petkoff (2005).

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De acuerdo con esta perspectiva, el pecado fundamental del populismo estaría en faltar a las reglas de la representación política liberal. Bajo el uso de la idea de “pueblo”, la personalidad individual del “ciudadano-elector” se vería trastocada y carente del toque de los grandes agregados sociales que se mueven de acuerdo a los dictados perversos del líder.3

A diferencia de estas perspectivas, yo considero que el popu-lismo apela a un sujeto plural, a un nosotros social que difumina la individualidad y abre el camino para el surgimiento de proyectos político-sociales inclusivos, no sólo discursivamente, sino también materialmente. Es una expresión social que busca unir lo que el neo-liberalismo desunió: una idea de pueblo, de un nosotros social que se opone a las identidades políticas individualistas. En este sentido, planteo que la mirada sobre el supuesto populismo contemporáneo debe estar más próxima a considerarlo como un propio “síntoma de la democracia”, en el entendido de que éste “funciona como un elemento paradójico que pertenece a la democracia [y que] impide que ésta se cierre como un orden político domesticado o normaliza-do dentro de procedimientos establecidos, relaciones institucionales, rituales reconfortantes” (Arditti, 2010, p. 147).

Sostengo que las visiones que asumen a los procesos en marcha como un peligro para la democracia ignoran el hecho de que, en los casos de Bolivia, Venezuela y Ecuador, se presenció una crisis del sistema de partidos previamente a la llegada de los nuevos gobier-nos progresistas. Un derrumbe que fue parcialmente propiciado por los movimientos y frentes electorales al triunfar en elecciones, pero que ya desde años antes venían mostrando signos de su agotamiento. Al menos en el caso de Venezuela, su sistema se concebía como un modelo ejemplar de transición democrática en América Latina, un

3 Otro concepto que ha estado en la discusión es el de “neopopulismo”. Este concep-to se originó en los años noventa para estudiar a personajes como Fujimori en Perú o como Menem en Argentina. Las características de este neopopulismo serían el impulso a las agendas de reforma neoliberal, la creación de amplias alianzas políti-cas para desarrollar sus proyectos y el acercamiento con segmentos amplios de las clases populares mediante prácticas asistencialistas y clientelares. Sin embargo, el neopopulismo es un concepto que ha tenido poco impacto y resultó poco recurrido por los analistas (Weyland, 1999; Ellner, 2004).

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sistema que se mantenía acorde con los criterios que Reyna adopta para elaborar su crítica, pero que en los hechos se demostró como un sistema fuertemente elitista y muy poco representativo de los in-tereses populares.

Más aún, en el caso de Bolivia, la existencia de una represen-tación política indígena directa es un hecho que no puede juzgarse como antidemocrático, al contrario, la existencia de un movimiento plural y predominantemente indígena como lo es el mas y la misma presencia de Morales en la presidencia, como un directo represen-tante indígena, lo vuelve un fenómeno esencialmente democrático. O bien el caso de Ecuador que la emergencia de una vigorosa acti-vidad de la sociedad civil puso en jaque a los gobiernos establecidos y finalmente impulsó una candidatura ciudadana con el respaldo de numerosas organizaciones populares.

De manera contraria a lo que se les imputa, los movimientos políticos en cuestión muestran una trayectoria y una perspectiva política distante a la derivada de la satanización populista. En to-dos los casos, mediante la organización de sus fuerzas sociales, éstos han logrado conquistar el poder de Estado a través de los cauces electorales-institucionales existentes, siempre desde la vía reformis-ta pacífica e inclusiva. En este sentido, podemos encontrar la razón de la ofensiva “populista” contra estos movimientos en que, a pesar de que han logrado sus triunfos desde la organización institucional existente, éstos no se han limitado a seguirla, sino que han procura-do su transformación desde los postulados políticos que los inspiran.

Sostengo también que la característica central de estos movi-mientos es el tipo de participación política sobre la cual se han cons-truido, pues ésta ha trascendido los límites de la democracia proce-dimental, gracias a la forma de participación política que propician y el tipo de contenidos sociales que los inspiran. Es por ambas razones que estos movimientos representan una nueva forma de transforma-ción política plausible, en tanto han generado una reformulación en su propia acción respecto a la forma como se conceptualiza tradicio-nalmente a los contenidos y las plataformas revolucionarias.

La participación popular en los frentes político-sociales orga-nizados ha sido capaz de impulsar acciones que se separan de los

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cánones de la hegemonía neoliberal y dotan de un sentido diferente a las políticas nacionales. Además, como grupos de apoyo político, éstos son frentes multiclasistas que reúnen a una gran cantidad de actores y grupos diferentes.

Es necesario rechazar las perspectivas que procuran despres-tigiar a los procesos venezolano, boliviano y ecuatoriano como su-puestos populismos de acuerdo a la perspectiva conservadora. Cabrá preguntar entonces si el concepto populista elaborado por la sociolo-gía latinoamericana clásica basta para describir los procesos recien-tes. Sostengo que no es así, que los fenómenos latinoamericanos que hemos observado recientemente, si bien tienen algunas similitudes con los procesos populistas de mediados del siglo xx, estos son di-ferentes en aspectos esenciales. Huelga decir que son muy diferentes de lo que se dice desde las perspectivas conservadoras. A continua-ción, haré una exposición detallada de los aspectos que hacen se-mejantes y diferentes a estos procesos de las experiencias populistas latinoamericanas de mediados del siglo xx, con el fin de identificar los aspectos que les son particulares y que posteriormente buscare-mos conceptualizar a través de lo nacional-popular.

Diferencias y similitudes entre el populismo y lo nacional-popular

Para advertir las características centrales de lo nacional-popular como propuesta conceptual para describir y analizar los gobiernos progresistas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, partiremos de reco-nocer las diferencias concretas entre los históricos populismos lati-noamericanos y los procesos políticos recientes en estos tres países. Para construir esta propuesta tomamos las características de los po-pulismos, de acuerdo con el análisis elaborado en el primer capítulo de este trabajo.

En primer lugar, tenemos que los populismos surgieron como producto de la crisis hegemónica de los Estados oligárquicos en América Latina. Una crisis que dio paso a la presencia de los po-pulismos con un modelo desarrollista de Estado en algunos países

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latinoamericanos. Ésta fue una forma de organización económica y social en la que se presentó un gran desplazamiento de grupos rura-les a las ciudades que vendrían a ser el respaldo social de los nuevos Estados populistas.

En el caso de los procesos contemporáneos, no se observa el desplazamiento de lo rural a lo urbano, no encontramos la irrupción de grandes masas campesinas a las ciudades. Sin embargo, el auge de estos movimientos sí se da ante la crisis hegemónica del Estado neoliberal procedimental. Una forma de Estado en la que la desre-gulación del empleo, la precarización de las condiciones de vida y la reducción del Estado en su institucionalidad generaron una nueva masa de desplazados. Por otro lado, en la crisis hegemónica del Es-tado neoliberal procedimental, se presenta la pérdida de legitimidad en su sistema de representación política partidista. Muestra de esto es la emergencia de los frentes electorales construidos en la movili-zación de organizaciones populares, además del surgimiento de una intensa movilización en los diferentes episodios de ingobernabilidad que antes hemos descrito.

Una característica esencial de los gobiernos populistas fue la in-tegración de sectores populares como actores políticos. Tal fue una situación inusual en los Estados latinoamericanos, donde la exclu-sión fue la condición primordial durante la Colonia y los Estados oli-gárquicos. Dicha integración se encontraba respaldada por un tipo de política económica y social inclusiva con la población nacional. Sin embargo, dentro del populismo, dos prácticas que tuvieron gran fuerza y limitaron las posibilidades inclusivas de las mayorías nacio-nales fueron el clientelismo y el corporativismo. Estas prácticas cons-truyeron fuertes relaciones verticales de control político, ya fuera a través de los partidos políticos, los sindicatos o las corporaciones en general. En este sentido, se puede decir que en el populismo termi-naba por predominar el clientelismo, limitando la inclusión y dando pie al surgimiento del autoritarismo (Weyland, 2001, p. 14).

A diferencia de estas tendencias, en los movimientos y gobiernos actuales, existe una intensa participación popular y ésta es la esen-cia de los procesos. La participación popular autónoma fue lo que hizo posible la aparición de los frentes electorales posteriormente

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triunfadores en elecciones nacionales. Por otro lado, la formación de estos frentes se debió a procesos largos en los cuales las organiza-ciones populares jugaron el rol fundamental. Una participación en la que los propios movimientos impulsaron agendas políticas a los futuros gobiernos.

La concurrencia masiva y votación de ciudadanos afines a es-tas nuevas propuestas lograron conseguir victorias electorales, tanto a nivel local como nacional. Además de esto, ya con los gobiernos progresistas en el poder, la presencia de los movimientos sociales si-guió siendo una influencia importante en la toma de decisiones y en el ejercicio de gobierno. Pero, esta política de inclusión no significa que no existan tensiones entre los movimientos sociales y los gobier-nos nacionales. Esta es una relación intensa y conflictiva que dista mucho de estar resuelta. Sin embargo, justo en esa contradicción, se encuentra uno de los aspectos más interesantes de estos procesos, al que volveremos más adelante.

Otra característica central de los populismos fue su propues-ta de colocar al Estado como eje rector de la economía y la socie-dad en los Estados latinoamericanos. A diferencia de los Estados oligárquicos —en donde privaban principalmente los intereses po-líticos y económicos de los agroexportadores y latifundistas—, en la propuesta populista, se impulsó una política de nacionalización económica a través de la llamada industrialización por sustitución de importaciones. El poder que disputaron y que lograron arrebatar los populismos fue la nacionalización de los intereses estatales, por encima de los grupos de poder que propulsaban el laissez faire eco-nómico en comunión con grupos de poder internacionales.

En semejanza a los populismos, los procesos sociales y los go-biernos nacionales en cuestión han disputado también el poder a intereses políticos y económicos internacionales. En este sentido, podemos hablar de una resignificación de lo nacional como un elemento cohesionador en las plataformas políticas, tanto de movi-mientos como de gobiernos. La lucha de estos procesos pasa nueva-mente por una nacionalización de la política, distante de los intereses neoliberales y más cercana a sus poblaciones internas. Esta situación se puede comprobar en las agendas políticas de nacionalización de

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sectores económicos estratégicos, como el petróleo, y en los recursos naturales.

En los populismos no existió una ruptura con el capitalismo, más bien se impulsó una forma de capitalismo de corte keynesia-no, específicamente expresado en el modelo de industrialización con sustitución de importaciones, con fuerte intervención estatal. En los procesos que observamos actualmente, hasta ahora, no existe una ruptura con el capitalismo, aunque sí existe un distanciamiento y una ruptura con el neoliberalismo como forma de organización económica.

Sin embargo, es necesario reconocer que las coordenadas de la vida económica han cambiado a favor de una nueva “retención del excedente”, como lo llamó René Zavaleta, alguna vez (1986). Más aún, en estos procesos existe una voluntad por establecer políticas de corte “poscapitalista”, una noción que hasta ahora es en buena medida elusiva.

Como complemento de la política de industrialización por sus-titución de importaciones, en los populismos se impulsó la creación de una institucionalidad estatal, la cual estaba destinada a sostener materialmente el compromiso de clases que adquirieron estos go-biernos. Ésta se expresó en la formación de instituciones estatales de protección a los derechos sociales —educación, salud, seguridad social, empleo regularizado— reconocidos constitucionalmente. En el caso de los procesos que observamos actualmente, existe también un impulso al surgimiento de esta institucionalidad, a través de pro-gramas para la protección de la salud, la educación, subsidios a las personas de más bajos ingresos, entre otros.

De manera semejante a como lo hicieron los populismos, es po-sible apreciar en estos gobiernos la presencia de un Estado que busca fortalecerse ante los intereses transnacionales económicos. Ello se puede observar en la postulación de programas políticos que consi-deran un nuevo fortalecimiento del Estado. Este es un aspecto muy mal visto por los críticos conservadores y afines al neoliberalismo, en tanto para ellos las propuestas de nacionalización rompen con la libertad de los mercados.

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En los populismos la presencia de fuertes liderazgos con rasgos carismáticos fue un elemento fundamental. La personalidad de estos líderes jugó un rol central en la organización de la fuerza social que respaldó a los proyectos populistas. No obstante, su éxito siempre estuvo mediado por la existencia de políticas estatales que favorecían materialmente a los diferentes grupos sociales adheridos al régimen. Además, resaltan los logros en materia de derechos y prerrogativas que adquirieron tales grupos durante estos gobiernos. Así, tenemos que los fenómenos populistas fueron mucho más que demagogia y manipulación política.

Los liderazgos de Chávez, Maduro, Morales o Correa son ele-mentos importantes para entender los fenómenos en curso, sin embargo, son sólo parte de la configuración del escenario político. Acaso fue marcado el caso de Chávez, como un líder carismático con grandes dotes oratorias, o el de Evo Morales, al ser un repre-sentante racial y cultural de la mayoría indígena en Bolivia. Pero, si tomáramos el liderazgo de ambos personajes como esencia de los procesos, estaríamos muy lejos de poder entender el fenómeno en toda su complejidad.

Como hemos visto, estos líderes tomaron su fortaleza de una sociedad civil que ya se agitaba intensamente antes de su aparición pública y que aún sigue siendo un contrapeso importante para los gobiernos que encabezan o encabezaron. Claramente, los frentes amplios que impulsaron a estos tres candidatos (Movimiento V Re-pública, Movimiento al Socialismo y Movimiento Alianza País) po-seen antecedentes de formación, anteriores a la presencia de estos tres liderazgos en los grupos sociales y organizaciones movilizados previamente.

En conjunto, los elementos anteriores resultan de contrastes y similitudes, con respecto a las experiencias de los populismos de mediados del siglo xx. Consideramos que la experiencia de los po-pulismos de mediados de siglo es irrepetible, debido a sus caracte-rísticas particulares y el contexto nacional e internacional donde se desarrollaron.

En específico, las condiciones que los hacen irrepetibles son: el contexto económico internacional que favoreció al desarrollo de la

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política de isi; la emergencia de los nuevos grupos urbanos como apoyo para los gobiernos populistas; la acelerada industrialización y modernización de los Estados en donde se presentó. Más aún, lo que la derecha ha conceptualizado como populismo se ha convertido en un desatino teórico en general, pues, en la actualidad, el concepto se utiliza mayoritariamente para atacar políticamente.

Por estas razones consideramos que una herramienta útil para describir estos procesos es presentar una alternativa. Asimismo, con-siderar las similitudes y diferencias con experiencias políticas pre-vias, para resaltar los aspectos específicos de las nuevas experiencias.

El nuevo pacto social

Como categoría alternativa para describir los procesos de cambio y sus gobiernos derivados en América Latina, proponemos el con-cepto nacional-popular. Este concepto se centra en la asociación de gobiernos nacionales, políticas estatales y mayorías populares y ciu-dadanas. Tal asociación permite que la asociación civil se reapropie gradualmente de las estructuras de Estado. Esta perspectiva permi-te también pensar los procesos de cambio político graduales que se han presentado, en el contexto de deslegitimación neoliberal y de reestructuración de las fuerzas sociales, bajo un enfoque sociológico.

Se trata de un momento orgánico —no coyuntural— donde los agregados populares organizados como bloques contrahegemónicos han impulsado cambios importantes en sus gobiernos nacionales y en sus propias condiciones sociales. Esta organización de bloques contrahegemónicos posee su fuerza en la convergencia de múltiples organizaciones sociales y civiles, que hicieron posible el surgimiento de frentes electorales, los cuales impulsaron a los candidatos de iz-quierda. Esta es una forma de organización de movimientos-partido, que desembocó en una organización de tipo movimiento-gobierno. Consideramos que estas formas de organización, movimientos-par-tido y movimientos-gobierno, son una novedad histórica en Amé-rica Latina, que incluso ya se han visto replicadas en otras latitudes.

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En consecuencia, consideramos al cambio político actual como una lucha que se ha librado no sólo en la institucionalidad propia-mente estatal, sino desde el interior de la sociedad civil. Así, la lucha se ha dado en un espacio donde los frentes políticos organizados plantean su transformación, siempre considerando que el objetivo último es la transformación del Estado, la sociedad y las condiciones materiales de existencia.

En este sentido, la razón de que el Estado y su gobierno sean el objeto de lucha para las fuerzas de la sociedad civil tiene que ver con que, más allá de una voluntad por reificar al Estado o adoptar una postura Estado-céntrica, en las actuales condiciones, el Estado sigue siendo la figura central del poder en los países latinoamericanos.

Además de esto, la autoridad estatal es un elemento fundamen-tal para transformar las condiciones imperantes, no para expandir el Estado hasta sus últimas consecuencias —como ha sucedido con otras experiencias históricas—, sino para utilizarlo como una herra-mienta de transformación, en un contexto en el que existe oposición política conservadora.

En este sentido, el uso de la fuerza del Estado resulta fundamen-tal para evitar la secesión y la agresión directa interna, o bien para contrarrestar presiones externas económicas o políticas. Nos aleja-mos de que este proceso sea una expresión de la llamada “revolución pasiva”, entendida como: “el proceso de transformación ‘desde lo alto’ en el que se recupera una parte de las demandas ‘de abajo’, pero qui-tándoles toda iniciativa política autónoma” (Portantiero, 1981, p. 44). Consideramos que, en ésta, se encuentra presente una lucha contra-hegemónica, entendida como un proceso de reconstitución de las clases políticas en Latinoamérica, a través de una propuesta de resig-nificación identitaria, proyectada hacia la conquista de los gobiernos nacionales.

En tal proceso, lo nacional-popular se aboca a una reforma in-telectual y moral sobre la política nacional, para dotar de poder a las clases populares y los ciudadanos en general. En ella, éstos actúan como un gran conjunto de grupos independientes para apropiarse del Estado, que anteriormente estuvo enajenado por grupos de poder

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político y económico minoritarios. En síntesis, es la búsqueda de un nuevo “sentido de la acción histórica” (Vilas, 1994, pp. 523-528).

Estos contenidos se pueden apreciar en el tipo de reformas polí-ticas de Estado que se han realizado en Venezuela, Bolivia y Ecuador, al impulsar proyectos de reformas constitucionales distintas respec-to a la situación previa a su llegada al poder. En el caso de Bolivia, la reforma constitucional indigenista; en Ecuador, las reformas consti-tucionales y, en Venezuela, la nueva constitución, de 1999. Todo ello entra en una concepción renovadora del derecho, en tanto, a través de estas reformas, se moldea tanto al Estado como al ciudadano y los contenidos sociales derivados de esta transformación. Esta situación se resume en palabras de Gramsci: “el Estado debe ser concebido como ‘educador’ en cuanto que tiende precisamente a crear un nue-vo tipo o nivel de civilización” (Gramsci, 1999, p. 25).

De igual forma, a través de las reformas constitucionales, se han impulsado proyectos políticos de nacionalización económica, en es-pecial en lo relativo a la industria de los hidrocarburos y sectores clave de la producción de materias primas para la producción in-dustrial. Tal tipo de reformas “opera esencialmente sobre las fuerzas económicas, que se organiza y se desarrolla el aparato de producción económica, que se renueva la estructura” y son reformas que operan como parte de un proyecto global de transformación civilizacional (Gramsci, 1999, p. 25).

Como hemos dicho anteriormente, un aspecto elemental es el de la naturaleza del cambio político nacional, en tanto su propues-ta política se ha alimentado desde el gran agregado popular. En tal relación, la participación ciudadana a nivel horizontal ha jugado un rol indispensable. Este punto bien puede considerarse de acuerdo a la premisa de Marx, en la cual se establece que ninguna sociedad se impone tareas para cuya solución no existan ya las condiciones nece-sarias y suficientes o que éstas no estén al menos en vías de aparición y desarrollo. Así, la alimentación de principios aceptados e impul-sados ha partido de la base popular. En este sentido, la creación de nuevos sentidos desde la iniciativa ciudadana y popular ha jugado un rol importante en los procesos, como contenidos insertos dentro

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de las propias propuesta y demandas del agregado popular (Gramsci, 1999, p. 32).

Partiendo del hecho de que estos movimientos plantean como su campo de lucha al propio Estado a través de una conquista gra-dual desde la sociedad civil, está presente una forma de lucha polí-tica que es esencialmente diferente de las propuestas de la toma del poder por la vía armada y la consecuente destrucción del entramado estatal. De este modo, estos procesos se colocan como revoluciona-rios en su contenido, pero reformistas en su estrategia.

De igual manera, la crisis hegemónica del neoliberalismo y los malos resultados de la democracia procedimental han jugado un rol central en el momento político, ya no de manera coyuntural, sino más bien como un fenómeno orgánico a sus propias formas. El ago-tamiento de sus contenidos ha provocado el surgimiento de “las condiciones necesarias y suficientes para que determinadas tareas puedan y por lo tanto deban ser resultas históricamente” (Gramsci, 1999, p. 32). En este sentido, los resultados negativos del neolibera-lismo sobre las clases populares de los países de Latinoamérica han permitido la existencia de las condiciones “necesarias y suficientes para su transformación”.

La lucha de estos movimientos político-sociales por la conquis-ta gradual del Estado se ajusta a una lucha por la reformulación del poder estatal a favor de las clases populares, en tanto conciben al Estado como “organismo propio de un grupo destinado a crear las condiciones favorables para la expansión del grupo, pero este desa-rrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de la expansión universal, de un desarrollo de todas las ener-gías nacionales” (Gramsci, 1999, p. 40).

Así, tenemos que en tanto estos movimientos se postulan como críticos del orden neoliberal y de la absorción del Estado por los gru-pos favorecidos por este proyecto civilizacional, la conquista y refor-mulación progresiva del Estado apunta a reestructurar esta relación y transformar los contenidos que mueven al propio Estado. Desde esta perspectiva, es posible plantear a estas luchas como nuevas for-mas revolucionarias ante el Estado y el poder.

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Considero que existen siete ejes de acción política esenciales que caracterizan a los gobiernos nacional-populares contemporáneos:

1) Presencia de una intensa participación popular, tanto inde-pendiente como integrada al gobierno, elemento fundamen-tal de las experiencias de formación de frentes electorales y, posteriormente, de estos gobiernos. Esta participación tam-bién es ejercida a través de mecanismos institucionales de democracia directa y con la participación de organizaciones sociales independientes.

2) Postulación de una política estatal de integración socioeco-nómica de las mayorías populares, basada en la creación de una institucionalidad destinada a dotar servicios y bienes públicos como salud, alimentación, educación y empleo.

3) Propuesta política-programática de fortalecimiento del Es-tado como agente económico activo y de control en las eco-nomías nacionales. Estas propuestas se mueven dentro de un esquema de organización económica capitalista, aunque presumiblemente buscan también una transformación hacia alternativas económicas pos-neoliberales y poscapitalistas.

4) Una propuesta de gobierno que pasa por la renacionali-zación de las decisiones de interés público, en detrimen-to de las agendas de subordinación política y económica internacional.

5) Proceso de reintegración político-social identitaria a nivel nacional, donde se considera la existencia de múltiples na-cionalidades, así como la integración indistinta de los dife-rentes grupos étnicos nacionales.

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6) Postulación de una ambiciosa plataforma de integración re-gional alternativa con otros países y gobiernos, a través de iniciativas de cooperación económica y política.

7) La existencia de una tensión permanente entre los impulsos transformadores de la sociedad civil y los gobiernos; los re-sabios y herencias políticas, económicas y sociales.

En conjunto, estos ocho puntos resumen la agenda de transforma-ción que obedecen y caracteriza a los gobiernos nacional-populares.

De la sociedad civil al gobierno nacional: la nación y lo nacional-popular

Uno de los principios de organización política y social que sufrieron más durante el predominio de los Estados neoliberal-procedimenta-les es el de nación. En el sentido cultural clásico, la nación se vincula al conjunto de ideas, signos, asociaciones, pautas de conducta, que permite distinguir e identificar a un determinado grupo humano ubicado territorialmente (Gellner, 1994).

En el sentido político reivindicador, se asocia a las luchas antim-perialistas y los triunfos de las luchas populares durante el siglo xix y xx, la nación sufrió una profunda transformación, producto de la globalización y el neoliberalismo. Bajo la influencia del credo neo-liberal y de la globalización, ésta pasó a ser un anacronismo; perdió su aspiración reivindicadora de unión entre grupos poblacionales y de protección de la población mediante la institucionalidad estatal.

Desde una revisión histórica, podemos encontrar que, en Amé-rica Latina, durante el siglo xix, la definición de nación quedó en manos de los grupos y clases sociales detentadoras del poder econó-mico y político. Estos grupos la manipularon de acuerdo a sus nece-sidades de reproducción y dominio. La situación se presentó nota-blemente durante los Estados oligárquicos, cuando las élites criollas, terratenientes y oligárquicas construyeron una visión de la nación

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uniforme —con especial omisión de las poblaciones indígenas— y adecuada a los intereses de la reproducción de su propia dominación.

Las transformaciones de inicios del siglo xx provocaron cam-bios en la forma como se entendían a sí mismas las naciones lati-noamericanas. La crisis mundial de 1929 y el descrédito de las élites oligárquicas abrieron paso para que en estos países los diferentes grupos sociales populares cobraran un papel activo. Sobre todo, esto permitió la llegada de gobiernos nacionales que construyeron ideas de nación más inclusivas en los Estados latinoamericanos.

En este contexto emergieron los Estados populistas y desarro-llistas, donde la idea de nación cobró un sentido amplio e inclusivo de las mayorías nacionales. Con apoyo en sus proyectos económi-cos, asumían al mercado interno y a la protección de la producción nacional como elementos fundamentales para el desarrollo. En este sentido, la nación, si bien seguía sin ser inclusiva para con las “mino-rías” indígenas, al menos se mostraba inclusiva en términos genera-les con los agregados populares.

A la par del desarrollismo, la nación cobró sentido para nume-rosas poblaciones nacionales. Esto a partir de que se desarrolló la institucionalidad estatal necesaria para cumplir con las obligaciones de protección que la nación debía cumplir a todos sus integrantes. De este modo, la nación, además de un discurso, se convirtió en una serie de beneficios concretos —que variaron de acuerdo con cada caso y condiciones concretas de cada país— para las poblaciones nacionales.

Ante esta situación, el neoliberalismo y su proyecto hegemó-nico marcaron un parteaguas histórico, por su canon de reducción del Estado, eliminación de los subsidios, privatización de los bienes públicos y nacionales. Así, la idea misma de nación se vio desdibu-jada. Además de este desarmado del respaldo material de la nación, la apertura de las fronteras nacionales latinoamericanas a los flujos de inversiones y compañías transnacionales hizo ver a la nación y a la protección de mercados e inversiones nacionales como cosas del pasado, como anacronismos arcaicos. Detrás de esta embestida con-tra la nación, y el Estado en general, los poderes transnacionales se fortalecieron en la zona.

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El surgimiento de los movimientos sociales en Venezuela, Bo-livia y Ecuador, así como en muchos otros lados de América Latina, fue una respuesta indirecta ante el desgaste de la idea de nación en sus respectivos Estados. Por un lado, en el caso de Venezuela, la mo-vilización social respondió ante el endurecimiento de las condicio-nes de vida y la falta de respuestas del sistema de partidos establecido en el país mediante el puntofijismo. En este caso, la idea de nación resulta ser un elemento fundamental ya que, como potencia petrole-ra, si el petróleo no se declara como bien de propiedad nacional, es decir, de todos, y no se trata como tal, termina por ser un bien priva-do, de unos pocos. Por otro lado, el puntofijismo significó también la abdicación de la voluntad popular por parte de los participantes del pacto y las élites involucradas.

En el caso de Bolivia, la nación ha sido uno de los temas noda-les que motivaron el surgimiento de los movimientos sociales y que además animan el proceso de transformación en curso. Por un lado, la emergencia de los movimientos indígenas obedece a una protesta en contra del predominio de la nación Kamba en Bolivia, una nación impuesta a lo largo de los años y que dejó subsumida a la gran ma-yoría de población indígena boliviana. A pesar de esta imposición, la revolución boliviana de 1952 sentó las bases de una nación más in-clusiva, si bien dominada por Kambas, pero que asumía una rectoría estatal inclusiva a través de la nacionalización de sectores clave en la producción extractiva.

De igual manera, en el caso de Ecuador, la nación ha sido uno de los ejes de las luchas sociales para generar mejores condiciones de vida. Además, su ampliación es fundamental para incluir a los diversos grupos étnicos que ocupan el territorio ecuatoriano. En los procesos en curso, encontramos una idea de nación que es inclu-yente para los diferentes grupos étnicos nacionales que habitan los territorios estatales. Muestra de ello es el impulso a las iniciativas de autonomía en amplias zonas de Bolivia y Ecuador. Tal alternativa se refleja directamente en las modificaciones constitucionales a favor de los pueblos indígenas y el respeto a sus derechos y facultades.

De esta manera, la recuperación del patrimonio público na-cional, de los bienes de propiedad colectiva y del propio entramado

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institucional estatal, son elementos sustanciales para los procesos en marcha. El surgimiento de los movimientos populares, sus frentes electorales y gobiernos de izquierda han significado una reapropia-ción y una redefinición del vapuleado sentido nacional en estos tres países. Esto ha sido posible por la intervención directa de los grupos organizados de la sociedad civil en el propio funcionamiento de los gobiernos de izquierda.

Consejos comunales y participación ciudadana

En el caso venezolano, un grupo fundamental en la creación del mo-vimiento “bolivariano” fue el llamado mbr-200. Este grupo comenzó a formarse en los años sesenta y estuvo integrado por un grupo de oficiales jóvenes que provenían, en su mayoría, de sectores humildes de la población. Venían de familias que sufrieron fuertemente la cri-sis económica de los años setenta; entre ellos, estaba Hugo Chávez. Este grupo de jóvenes con posibilidades de cursar estudios superio-res dentro de la organización militar formaron una visión naciona-lista, alimentada por el desprestigio de las élites venezolanas (López Maya, 2009, p. 99).

En 1983, estos jóvenes decidieron fundar una organización clandestina, denominada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (mbr-200), con el propósito de rescatar los valores patrios, dig-nificar la carrera militar y luchar contra la corrupción (Zago, 1992; Marcano y Barrera, 2010, pp. 71-91). Para este grupo, una influencia importante fue el proyecto nacional-desarrollista de la dictadura mi-litar de Marcos Pérez Jiménez: el “Nuevo Ideal Nacional”. Se basaba en el fortalecimiento de la industria militar y de bienes de capital, con el apoyo de las fuerzas armadas (1952-1958). Ésta fue una dic-tadura fuertemente nacionalista y opuesta al control de grupos na-cionales minoritarios y extranjeros sobre la economía y la política venezolana (Maza, 2003, p. 522).4

4 Un antecedente de este tipo de gobiernos militares con rasgos nacionalistas y desa-rrollistas lo podemos encontrar en la experiencia peruana de 1968, cuando el llama-do Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (grfa) propulsó un gobierno

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El mbr-200 comenzó su aproximación a militantes de izquierda que habían sido derrotados en la lucha armada de los años sesenta, principalmente con el Partido de la Revolución en Venezuela (prv) que contaba con personajes como Douglas Bravo, Alí Rodríguez Araque, y organizaciones como La Causa R, Liga Socialista y Bande-ra Roja (Medina, 1999, pp. 93-95; Garrido, 2000, p. 81; López Maya, 2009, p. 100). De igual manera, se acercaron a grupos de izquierda que optaron por la democracia partidista, como son el Movimiento al Socialismo (mas) y La Causa Radical (lcr), ambos derivados del Partido Comunista de Venezuela (pcv) (Ellner, 1992).

En 1998, el mbr-200 creó el llamado Movimiento Quinta Repú-blica (mvr), planteado como una estructura electoral para establecer alianzas con grupos y organizaciones de signo ideológico diverso que deseaban apoyar la candidatura de Hugo Chávez (López Maya, 2009, p. 101). La nueva organización logró integrar una gran diver-sidad de grupos diferentes entre sí, lo cual dificultó la creación de un partido de masas con una dirección colectiva centralizada. Esta situación terminó por dar una importancia central al liderazgo de Chávez, al jugar un rol como dirigente de toda la diversidad de gru-pos coaligados.

Como hemos observado más detalladamente en el capítulo an-terior, el proceso político venezolano no puede entenderse sin consi-derar la existencia del “caracazo” de 1989. El mvr fue un instrumen-to político —palabras ocupadas por los bolivianos— que sirvió para encauzar esa energía social de protesta y movilización, ese “estado de disponibilidad” del que hablaba René Zavaleta. El mvr y el gobierno bolivariano carecen de sentido si se olvidan estas raíces sociales.

Desde sus comienzos, el gobierno de Chávez planteó como una de sus preocupaciones centrales la inclusión popular. Esta inclusión se proponía rebasar los límites de la democracia procedimental y avanzar hacia una forma de integración más amplia. Buscaba es-timular la movilización de los sectores menos privilegiados y que participaran en programas y organizaciones de base social (Ellner,

antioligárquico y nacionalista. Este gobierno ha sido llamado como el primer go-bierno de la cepal en América Latina (Cotler, 2003, p. 409-419).

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2011, p. 423). Desde el gobierno, se logró impulsar la formación de organizaciones populares como los círculos bolivarianos, las Unida-des de Batalla Electoral (ube) y los batallones del psuv, además de organizaciones como los Tupamaros, Alexis Vive, los comités de tie-rra rurales y urbanos y los consejos comunales (López Maya, 2009, p. 103, Ayala y Mora-Queipo, 2009, pp. 239-258; Alarcón, Leal, Paz y Fernández, 2009, pp. 259-276).

El poder presidencial creó los llamados círculos bolivarianos (cb), en busca de fomentar la participación social y política a nivel local. Sin embargo, éstos terminaron por ejercer una función esen-cialmente destinada a obtener apoyo popular para el gobierno de Chávez. Muestra de esto es la cercana interrelación que tuvieron con el mvr para los referendos revocatorios y las elecciones. Con ello, abandonaron las funciones primarias para las que fueron creados. Además, posteriormente, se incorporaron a las Unidades de Batalla Electoral, creadas para el referendo de 2005 y las elecciones de 2005 y 2006 (Hawkins y Hansen, 2006).

Los consejos locales de planificación pública (clpp) son otro ejemplo de organización. Fueron creados bajo una intención de descentralización del poder local y, con ellos, se buscaba ampliar la participación y la representación del ámbito municipal. La función esencial de estos consejos estuvo en la decisión sobre el ejercicio de los presupuestos municipales, situación que ha incluso generado tensión con alcaldes y síndicos al competir con sus capacidades de gestión (García-Guadilla, 2009, p. 305).

Entre estos organismos, también se encuentran los llamados comités de tierra urbana (ctu), creados por decreto presidencial y se orientan a solucionar el problema del hábitat en el país. Estos grupos estaban dirigidos principalmente a los sectores populares y, en tiempos electorales, fueron integrados como unidades de batalla electorales.

En el año 2006, se crearon por iniciativa gubernamental los consejos comunales (cc). Las funciones asignadas a estos consejos fueron la “autogestión y la resolución de los problemas de la comu-nidad”. Asimismo, fueron pensados como pieza clave en el funcio-namiento de los llamados “cinco motores constituyentes”, siendo los

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propios cc el quinto de estos motores (García-Guadilla, 2009, p. 297). El fundamento general de esta forma de organización se encuentra asentado en el artículo 5 de la Constitución de 1999, donde se señala que “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución”. En específico, en el artículo 70:

Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, […] en lo social y económico, las instancias, las instancias de atención ciudadana, la autoges-tión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas inclu-yendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la em-presa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

Un fundamento esencial de este proyecto de participación se en-cuentra en la decisión de hacer a la población nacional un protago-nista directo en el ejercicio del gobierno. Ello tiene respaldo consti-tucional en el artículo 62:

La participación del pueblo en la formación, ejecución y con-trol de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

En esta búsqueda de crear la ciudadanía protagónica, un elemento fundamental es el fomento a la descentralización de las actividades de gobierno en los Estados y municipios. Así, se transfieren funcio-nes a las comunidades y grupos vecinales organizados. En específico, se descentralizan funciones y programas como

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educa-ción, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambien-te, mantenimiento de las áreas industriales, mantenimiento

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y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios pú-blicos […] 2. La participación de las comunidades de ciu-dadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales [sic] y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 3. La participación en los procesos económi-cos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas (artículo184).

En conjunto, estas normas constitucionales buscan hacer de los cc un elemento clave en la organización política de participación que propone el proyecto bolivariano. En el año 2006, se promulgó la Ley de los Consejos Comunales, donde se definen de la manera siguiente:

Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e interpretación entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudada-nos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equi-dad y de justicia social (artículo 2).

Según datos oficiales, para el año de 2007, ya existían en Venezuela más 18 000 consejos comunales. En los centros urbanos, estos con-sejos se componen de al menos doscientas familias por cada unidad (90% de la población urbana); en las comunidades rurales, se consi-dera la presencia de al menos cincuenta familias (10% restante de la población) y, en promedio, las familias venezolanas contienen cinco integrantes. De este modo, en conjunto, los 18 000 consejos existentes

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reunirían la participación de 3 330 000 familias y 16 200 000 perso-nas involucradas (García-Guadilla, 2009, p. 298).

Dentro del entramado institucional del Estado venezolano, la organización de consejos comunales resulta ser un elemento clave del proyecto bolivariano. Éstos se adscribieron directamente a la lla-mada Comisión Presidencial del Poder Popular, con la intención de generar una relación directa de los integrantes de los cc con el po-der presidencial, sin intermediaciones de los partidos políticos o de otras instituciones (García-Guadilla, 2009, p. 299).

Una de las funciones fundamentales que se han otorgado a los cc ha sido la de poder ejecutar directamente recursos económicos que se transfieren desde el Estado central, además de ejercer con-traloría social de estos recursos. Esta condición ha permitido em-poderar a los ciudadanos participantes de este proyecto —según las propias premisas del proyecto—, volviéndolos protagonistas del po-der popular: ejecutores directos de soberanía. En concreto, esto fue posible a través de la elaboración de proyectos, cuyo fin era obtener financiamiento directo. Así, los cc han podido mejorar las condicio-nes de vivienda y la calidad de los servicios en los barrios en donde se encuentran. Estos elementos en conjunto han permitido la cons-trucción de poder popular en Venezuela en relación directa con el gobierno nacional.

Un complemento directo de la red de cc son los programas so-ciales que se encuentran ligados a las comunidades y que han in-tegrado a miles de las personas menos privilegiadas en Venezuela, desde el año 2002. Éstas son las llamadas misiones: Misión Barrio Adentro, orientada a la salud pública; las misiones Robinson, Ribas y Sucre, destinadas a atender la educación desde nivel básico hasta nivel universitario, en áreas de conocimiento como gestión social para el desarrollo, medicina integral comunitaria y gestión ambien-tal; además, la distribución de comida, a través de la Misión Mercal.

En cuanto a los resultados de las misiones educativas, hasta 2009, se habían podido graduar 600 000 estudiantes de la Misión Ribas. La Misión Sucre, para este mismo año, había incrementado en 86% su matrícula, entre el año 2000 y el año 2007. En conjunto,

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el promedio de escolaridad después de los 15 años se ha aumentado de 8.2 a 9.8 años.

En lo que respecta a los resultados de Mercal, ésta ha logrado poner a disposición de los grupos populares productos subsidiados con descuentos de entre 30% y 40% de su precio de libre mercado (Ellner, 2011, p. 424). Además de estas misiones, el gobierno boliva-riano ha creado un número aproximado de sesenta mil cooperativas obreras.

En conjunto, tanto los programas sociales como las organiza-ciones políticas han posibilitado un empoderamiento de los sectores populares. Tal empoderamiento resulta posible cuando la gente tie-ne una injerencia directa en el funcionamiento del poder público. Es decir, cuando se vuelven los actores directos en su funcionamiento, cuando sus propios esfuerzos terminan por convertirse en beneficios directos para sus propias vidas. Visto de este modo, este fenómeno se encuentra distante de aquellas perspectivas que asumen a estos pro-gramas y organizaciones como expresiones de corporativismo llano, de “populismo”, de clientelismo y de demagogia.

La revolución indígena. Participación y poder popular

El gobierno de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (mas), en Bolivia, tienen sus raíces en la movilización social experimentada desde la década de los noventa y, marcadamente, a partir del año 2000. Desde un comienzo, este gobierno se definió por hacer de los movimientos sociales un soporte fundamental de las transformacio-nes que se buscaban en Bolivia (Morales, 2006).

Entre la diversidad de movimientos y organizaciones se encon-traban: el Movimiento Sin Tierra, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), los maestros rurales y las agrupa-ciones de campesinos (Zegada, Torrez y Cámara, S/A, p. 1). En prin-cipio, el gobierno del mas introdujo cambios en la estructura minis-terial, creó dentro del Ministerio de la Presidencia al vice ministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, con Alfredo Rada como titular. Así también, se creó la Dirección General

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de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil. La mi-sión de estas instituciones era la coordinación de los movimientos y diversos sectores sociales con la presidencia, a fin de fortalecer la unión y gestar sus demandas.

Por otro lado, en el gabinete de Morales, se integró a diversos activistas y líderes sociales, como Abel Mamani, exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, en el Ministerio de Aguas; Walter Villaroel, exsecretario ejecutivo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, en el Ministerio de Minería; Casi-mira Rodríguez, exdirigente de las Trabajadoras del Hogar, en el Mi-nisterio de Justicia; Alex Gálvez, exsecretario ejecutivo de la Confe-deración Nacional de Fabriles, como Ministro de Trabajo, y Celinda Sosa, exsecretaria general de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, como ministra de Desarrollo Económico (Zegada, Torrez y Cámara, S/A, p. 10).

La inclusión de todos estos líderes sociales, junto con la crea-ción de una institucionalidad orientada a atender y fortalecer la relación del nuevo gobierno con los movimientos sociales, fueron medidas coherentes con el origen y las relaciones del nuevo gobier-no. Ésta es una situación inédita no sólo en Bolivia, sino en general a nivel latinoamericano. No se había observado previamente algún gobierno que organizara de esta manera a su cartera de ministros y ministerios. Incluso se llegó a crear la noción de que el gobierno del mas era un “gobierno de los movimientos sociales”. Sin embargo, esta noción no es precisa, pues quienes han sido integrados como ministros se mantuvieron como dirigentes de los movimientos, y los movimientos en sí no perdieron su papel como entidades autóno-mas, diferentes al Estado y al gobierno.

Una de las críticas que se han emitido en torno a esta propuesta de construcción de gobierno es que estaría meramente compuesto y fortalecido por relaciones de clientelismo y corporativismo. Según esta crítica, al igual que en el caso de los consejos comunales, la crea-ción de instituciones y programas de inclusión y participación po-lítica buscarían generar relaciones clientelares con el único afán de control y poder. Sin embargo, tales críticas desconocen que esta pro-puesta se caracteriza por basarse en demandas anteriores a la propia

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instauración de los gobiernos, ya que la movilización y participación social son su origen.

En este sentido, no son movimientos creados y controlados por los gobiernos, más bien son incluidos en la toma de decisiones, pero con calidad de organizaciones independientes. Incluso, éstas llegan a tener agendas particulares o aún contrarias a los gobiernos oficiales. Una muestra de esta condición son las diferentes tensiones que se han presentado entre movimientos y gobierno.

Ejemplo de lo anterior fue lo sucedido con el mas, en 2006, cuando un grupo de sus integrantes realizaron un mitin público frente al Palacio Quemado. Reclamaban porque algunas autoridades no tomaban en cuenta sus demandas laborales y pedían su renun-cia. Además, reclamaban que no habían incluido a sus profesionales dentro del gobierno y ellos se consideraban con derecho a ello. Otro problema que se presentó fue la oposición de parte de los movimien-tos a que determinados actores políticos ocuparan cargos públicos, pues no habían sido consultados para ello (Zegada, Torrez y Cámara, S/A, p. 14).

A pesar de estas tensiones, un elemento fundamental en la pro-puesta del gobierno de Morales es lo que se ha llamado la “revolución democrática y cultural”. En ésta, la parte democrática está reflejada en la participación e inclusión política que ha mostrado este gobier-no con los diferentes grupos sociales y populares. La parte cultural está asentada principalmente en la política proindigenista de este gobierno, garantizada por la inclusión en la agenda e instituciones de gobierno de cultura. Esta política representa una transformación radical en Bolivia, en tanto lo indígena se ha vuelto protagónico y se considera la creación de derechos y facultades autonómicos para las comunidades (García, 2008, pp. 331-392).

Ahora bien, cabe insistir en que este nivel de integración y participación de los movimientos en el gobierno no significa la su-plantación de uno por otro, tanto Estado como movimientos siguen existiendo como instancias diferentes, aunque con una participación muy cercana. En este sentido, si bien no se ha dado una destruc-ción del Estado, sí se ha dado un nuevo nivel de horizontalidad y

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proximidad social que hace una gran diferencia respecto a lo que sucedía en otras épocas (Viaña y Orozco, 2007).

Acaso la diferencia fundamental en este respecto es que, en su esencia misma, los movimientos sociales y el Estado son cosas dife-rentes, en tanto el Estado no deja de ser una instancia de ejercicio de poder y control, y los movimientos son una instancia ciudadana, participativa e inclusiva, pero sin posibilidad de ejercer el poder de gobierno. Este es un tema ambivalente, como lo han criticado nu-merosos intelectuales, no ha desaparecido el Estado. Sin embargo, tampoco ha desaparecido la oposición política de derecha en Bolivia; por el contrario, ésta posee reductos de poder territoriales muy mar-cados dentro del territorio boliviano.

En concreto, algunas perspectivas consideran que está en mar-cha un “poder dual” un proto-Estado con tendencias separatistas y secesionistas “del movimiento político cívico asentado en las prefec-turas y comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, y en las agrupaciones políticas de derecha del país que expresan los intereses de los terratenientes, el capitalismo agrario y las trasnacionales petroleras” (Viaña y Orozco, 2007: 121).

En el plano inmediato, la desaparición del Estado implicaría la pérdida del control que actualmente posee el gobierno del mas sobre ellos. Por otro lado, el que los movimientos de izquierda se man-tengan como instancias independientes, aunque participativas, es un contrapeso muy efectivo en contra de la posible concentración de poder y facultades del gobierno de Morales.

Participación ciudadana y tensión social en Ecuador

En Ecuador, la aparición de los movimientos sociales está asociada al derrumbe del sistema de representación política y a la crisis hegemó-nica del Estado neoliberal-procedimental. Sin embargo, la crisis se presentó desde los últimos años de la década de los noventa cuando, en 1997, se derrocó mediante la movilización y la presión social al presidente Abdalá Bucaram. Este derrocamiento se debió en buena medida a la presión de los movimientos sociales que protestaron con

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fuerza ante la agenda “modernizadora” de este gobierno. Sin embar-go, también las rupturas y confrontaciones intraelitarias fueron fac-tores importantes.

El derrocamiento de Bucaram sólo fue el primero de tres que se registraron en los próximos años. En específico, hablamos del de-rrocamiento de Jamil Mahuad, en el año 2000, y de Lucio Gutiérrez, en 2005. En este contexto de crisis hegemónica, los movimientos sociales tuvieron un papel eminentemente protagónico. La irrup-ción “desde abajo” de diferentes movimientos y organizaciones de campesinos, indios, obreros, mujeres, profesionistas, entre otros, fue un elemento clave para provocar los derrocamientos y el inicio de la construcción de una “disponibilidad social” (Zavaleta, 1986) que permitiría en el futuro la construcción de un Estado y un gobierno como el de Rafael Correa y Alianza País.

Los antecedentes más importantes los podemos encontrar des-de el año de 1994, cuando la Confederación de Nacionalidades Indí-genas del Ecuador (Conaie), gracias a su constante acción de presión, logró impulsar una nueva Ley de Reforma Agraria. El triunfo de esta primera iniciativa generó una certidumbre en los movimientos so-ciales para poder confrontarse e impulsar una transformación pro-funda en su país, dominado por una élite y un sistema de gobierno que ya mostraban claros signos de agotamiento.

Este movimiento indígena construyó una alianza con organi-zaciones sociales del sector urbano y el Movimiento de Unidad Plu-rinacional Pachakutik-Nuevo País (mupp-np). Para 1995, se logró construir una organización sólida entre la llamada Coordinadora de Movimientos Sociales (cms) y Pachakutik, lo cual posibilitó la crea-ción de un comité nacional ejecutivo, de cuerpos de coordinación provincial y de diversas comisiones especializadas (Petras y Veltme-yer, 2009, p. 127).

Para el año 2005, apareció el liderazgo de un ministro de Eco-nomía y Finanzas, del gobierno de Alfredo Palacio, cuyo discurso criticaba a las élites políticas y económicas ecuatorianas, desde una propuesta de índole nacionalista. En su discurso también se con-frontaba a los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Denunciaba a estos últimos como

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instituciones depredadoras y proponía una mayor intervención del Estado en el control de los recursos petroleros. En concreto, este líder proponía la eliminación del Fondo de Estabilización de los Recursos Petroleros, conocido como Feirep. Según acusaba, este fondo no era más que un mecanismo que favorecía los intereses de los tenedores de deuda pública, y postulaba la creación de una nueva “cuenta de reactivación productiva y social” (Peña y Lillo, 2009, p. 85).

La propuesta general del proyecto que se comenzaba a construir alrededor del liderazgo de Rafael Correa era la creación de un nuevo modelo de desarrollo económico que superara el neoliberalismo, a través de reposicionar el bienestar social como eje de toda la orga-nización social y estatal. En este sentido, el proyecto planteaba una amplia redistribución de la riqueza bajo criterios de equidad social. Esto por medio del fortalecimiento del Estado como eje rector de los sectores estratégicos de la economía, y un control eficiente sobre estos para la dotación de bienes y servicios básicos en busca del bien-estar social. En general, esto es la búsqueda de un reequilibrio entre mercado, sociedad y Estado.

Rafael Correa fue presentado como candidato presidencial para las elecciones de 2006. Durante la campaña, se mantuvo con un discurso de confrontación y crítica directa a las élites políticas y económicas del país, a las que llamó “fuerzas oscuras del pasado”. La postulación de su discurso crítico y propositivo le ganó a Correa la simpatía de amplias franjas poblacionales que vieron en esta can-didatura la posibilidad de construir una política estatal diferente y renovadora.

Correa logró acceder a la presidencia de Ecuador tras derrotar en segunda vuelta a Álvaro Noboa, candidato de la derecha, con 57% de la votación frente a 42%. De igual manera, la Revolución Ciuda-dana logró una importante victoria que permitió alcanzar 80 de los 130 curules en disputa, una correlación que permitió comenzar a implementar el proyecto de transformación. Esta victoria no puede explicarse sin la intensa participación de los movimientos sociales del país, dado que la política oficial había sido dominada por 27 años por la misma élite partidista y económica. Así, las fuerzas políticas de derecha y centro derecha quedaron prácticamente marginadas

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ante el proceso de reconstitución política en el país (Peña y Lillo, 2009, p. 89).

Sociedad civil y democracia participativa. El nuevo horizonte

Como hemos visto, la sociedad civil en los tres casos que hemos ve-nido analizando ha cobrado un protagonismo y un rol activo fun-damental en los procesos de cambio político. La conjugación entre actividad civil autónoma, el impulso popular a gobiernos de izquier-da y la consecuente participación social en los nuevos gobiernos han dado un nuevo rostro a la política en América Latina.

La relación entre sociedad civil y gobiernos ha sido nutrida y se ha alimentado tanto de formas de participación independientes como de formas de participación propiciadas por los propios gobier-nos. El carácter independiente de buena parte de la participación de la sociedad civil es un aspecto que hace distintos estos procesos de los históricos gobiernos populistas, los cuales integraban la partici-pación civil, pero siempre bajo una condición vertical y subordinada.

Para fortalecer el proceso de contacto entre sociedades civiles y gobiernos, ha resultado fundamental el uso de herramientas de de-mocracia directa o participativa. Por un lado, tenemos que el uso de prácticas como el referéndum, la consulta ciudadana y el plebiscito revocatorio ha sido una parte fundamental en el ejercicio de gobier-no. Asimismo, tenemos la organización de consultas ciudadanas en Venezuela y Bolivia para organizar nuevos constituyentes nacionales. En estos procesos, se convocó a múltiples representantes de los dife-rentes grupos nacionales —incluida la oposición— que posibilitaron la creación de nuevas constituciones políticas nacionales.

Por otro lado, consideramos la organización de referéndums revocatorios en los casos de Venezuela y Bolivia, donde se sometió a voto ciudadano la continuación o limitación de los mandatos de los presidentes de izquierda. En todos los procesos realizados entre 1998 y 2010, las victorias fueron para los gobiernos progresistas, lo cual posibilitó la continuación y el fortalecimiento de estos procesos.

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Al respecto, hay autores que incluso han señalado la supuesta condición de manipulación por parte de los gobiernos de izquier-da para con estas herramientas. Sin embargo, en 2008, la derrota de Chávez en el referéndum, que buscada la aceptación popular de la reelección indefinida, demuestra que estas herramientas de partici-pación no siempre han sido favorables para los gobiernos que las han impulsado.

Otra herramienta de democracia participativa han sido las ini-ciativas ciudadanas, una herramienta que permite la propuesta por parte de los grupos directos de la sociedad civil para impulsar ini-ciativas legislativas. Estas herramientas han sido muy socorridas, a partir de 2008, en Bolivia, Ecuador y Venezuela, y han posibilitado la participación directa de estos grupos en el desempeño de sus go-biernos nacionales.

Otra forma de democracia participativa ha sido la creación de mecanismos de comunicación y acción directa entre gobiernos na-cionales y sociedad civil, como las comunas y las cooperativas, en el caso de Venezuela. Más allá de las perspectivas que intentan ver a esta iniciativa como una forma de supeditación y control político del gobierno nacional, bajo la óptica de la democracia participativa, esta forma de organización ofrece una vía de acción y organización so-cial independiente que busca rebasar los límites de la representación política tradicional.

La revolución en América Latina y la alternativa nacional-popular

Para muchos, discutir sobre un tema como la revolución es algo que parece anacrónico. Sin embargo, el término revolución, o el fenó-meno revolucionario, sigue teniendo mucho poder en el mundo de las ideas políticas. Si bien el significado de la revolución quedó fuer-temente marcado por las experiencias de los siglos xix y xx, consi-deramos necesario repensar el fenómeno revolucionario de acuerdo con las condiciones imperantes en el siglo xxi.

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Ponemos en discusión si los procesos y gobiernos nacional-po-pulares presentes en América Latina pueden ser considerados como procesos revolucionarios. Para abordar estos problemas, presenta-mos una revisión conceptual e histórica —no exhaustivas— sobre la revolución. Posteriormente, presentamos una argumentación que permite considerar estos procesos como revolucionarios, en su con-tenido, pero reformistas, en su forma.

Revolución: una nueva alternativa en América Latina. Una mirada histórico-teórica

En principio, planteo una división analítico-conceptual entre revolu-ción política —entendida como forma de transformación profunda en la configuración del poder estatal— y, por otro lado, la revolución económica —una transformación en el modelo de producción y de propiedad—. Recurro a esta propuesta conceptual como alternativa ante las visiones que asumen como exclusivamente revolucionarios a aquellos procesos que provocan al mismo tiempo cambios políticos y cambios socioeconómicos (Pasquino, 1982, p. 1458).

En los casos estudiados, se han generado transformaciones so-ciales y económicas. Sin embargo, éstas han sido impulsadas desde el poder del Estado, una vez que se ha logrado un avance en la trans-formación del ámbito político, o bien, podríamos decir en la corre-lación de fuerzas políticas que se establecen en un momento y lugar determinados. Esto implica que las transformaciones políticas, eco-nómicas y sociales pueden ser eventos que no se presenten de mane-ra simultánea, ni en una línea sucesiva inmediata. En consecuencia, en las condiciones concretas contemporáneas, las transformaciones revolucionarias se deben entender como producto de procesos his-tóricos largos de acumulación política.

En la actualidad, las revoluciones deben entenderse como pro-cesos, y no como actos aislados; como procesos de transformación largos y no inmediatos, en los que no existe un orden preciso de sucesión y consecución, entre transformaciones sociales, políticas y económicas; en los que no necesariamente el cambio del statu quo se realiza en un solo acto, en un solo momento.

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La revolución se ha planteado como “la tentativa acompañada del uso de la violencia de derribar a las autoridades políticas existen-tes y de sustituirlas con el fin de efectuar profundos cambios en las relaciones políticas, en el ordenamiento jurídico institucional y en la esfera socioeconómica” (Pasquino, 1982, p. 1458).

En esta perspectiva, el uso de la violencia se presenta como elemento necesario para la realización de un golpe de Estado que permita a los revolucionarios tomar el control y realizar cambios profundos en los sistemas político, social y económico. El que una revolución pudiera ser calificada de victoriosa dependería entonces de la consolidación de los revolucionarios, mediante la imposición de un nuevo poder. Incluso, puede considerar la eliminación física del enemigo y el logro consecutivo de transformaciones profundas.

También se pueden presentar fenómenos de revolución no victoriosa al no lograrse las transformaciones políticas y socioeco-nómicas, debido a su incapacidad o a condiciones externas que im-posibilitan el logro de sus objetivos. Asimismo, se puede deber a la pérdida del poder estatal por parte de los revolucionarios, mediante su eliminación y la vuelta de las élites del periodo prerrevolucionario. Para el logro de la transformación revolucionaria resultaría también necesaria la participación ampliada de las masas populares, en tanto la propia dinámica de la transformación apunta a la abrupta trans-formación del statu quo. Esto provoca el enfrentamiento de al menos dos grandes bandos antagónicos que luchan, ya sea por el manteni-miento o por la consecución del poder. Ante la posibilidad de gene-rarse cambios profundos, las autoridades y los grupos privilegiados llegan a hacer uso de los instrumentos de coerción a su disposición. Así es como se da una situación de guerra civil, en la que el uso de la violencia se vuelve un elemento inherente.

También, es necesario señalar que existe un significado antiguo y uno moderno sobre la revolución. La idea de revolución surge en el Renacimiento y se asocia al retorno a un estado precedente de cosas, a un orden preestablecido que ha sido turbado: el retorno a un estado de cosas justo y ordenado que ha sido trastornado por los excesos, por los atropellos y por el mal gobierno de las autoridades y que debía ser restaurado (Pasquino, 1982, p. 1461).

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Es a partir de la Revolución francesa que la idea de revolución toma su sentido moderno. Apunta a la fundación de nuevos instru-mentos que garanticen la libertad y la felicidad humana, con lo cual

“una historia totalmente nueva, ignota y no contada hasta entonces, está a punto de desplegarse”, aún a pesar de que quienes se enfrascaron en las nuevas revoluciones no tenían una idea precisa de su destino. En 1793, cuatro años después del comienzo de la Revolución francesa, Condorcet sentenció que “la palabra revolucionario puede aplicarse únicamente a las revoluciones cuyo objetivo es la libertad”. Las revo-luciones supondrían el comienzo de una nueva era asociada al logro de la libertad humana y la felicidad del pueblo (Arendt, 1988, p. 29).

Es en este sentido moderno, donde Marx concibió a la revolu-ción como un instrumento esencial para la conquista de la libertad, ésta se identifica con el fin de la explotación del hombre por el hom-bre y como instrumento para el logro de la igualdad, vinculada con la justicia social (Pasquino, 1982, p. 1461). Para Marx, la revolución es el principal motor de la historia. Ésta provoca la caída del viejo orden social y favorece el advenimiento de un mundo nuevo, donde las condiciones necesarias para su aparición están dadas por las con-tradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, ambas condiciones proyectadas en la organización del poder político estatal.

Entre tanto, el poder político estatal reflejaría la condición de dominación de clase, su destrucción sería un elemento necesario, dado que en éste se concentran los instrumentos de coerción sobre las clases oprimidas. Así, la revolución comunista se concibió como la fuerza que busca la desaparición de todas las formas de control político, aunque sin limitarse a los marcos de Estados-nación parti-culares, sino de alcance internacional.5 En El Estado y la Revolución, Lenin escribe:

5 Para un autor como Portantiero, la conceptualización de Marx sobre el Estado se movía entre dos extremos, representados por el anarquismo de Bakunin y por la propuesta de Lasalle ba-sada en la intervención política desde lo alto, mediante una alianza entre los trabajadores con el Estado (Portantiero, 1981, p. 23).

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si el Estado es un producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, si es una fuerza que está por encima de la sociedad y que “se divorcia más y más de la sociedad”, resulta claro que la liberación de la clase oprimida es impo-sible, no sólo sin una revolución violenta, sino también sin la destrucción del aparato del Poder estatal que ha sido creado por la clase dominante y en el que toma cuerpo aquel divor-cio (Lenin, 1976, p. 8).6

En este entendido, el Estado como espacio de dominación de clase utiliza al ejército y la policía como órganos de coerción, al servicio de la clase dominante y ante los cuales la lucha revolucionaria utiliza la violencia como respuesta. El Estado burgués no se extingue, sino que deber ser destruido por el proletariado en la revolución. La sus-titución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible sin una revolución violenta.

La revolución busca la extinción del Estado burgués y su sus-titución por un Estado en donde “el proletariado [esté] organizado como clase dominante” para la posterior consecución del proyecto comunista: “la dictadura de una clase es necesaria no sólo para toda la sociedad de clases en general, no sólo para el proletariado después de derrocar a la burguesía, sino también para todo el período históri-co que separa al capitalismo de la sociedad sin clases del comunismo (Lenin, 1976, pp. 17-33).

En una perspectiva similar, Bujarin conceptualizaba la función de la revolución proletaria y su transformación en dictadura del proletariado:

El desarrollo del socialismo en nuestra sociedad está asegu-rado por el hecho de que el poder se encuentra en manos de la clase obrera, que ha proclamado su dictadura revoluciona-ria. La dictadura del proletariado es, en primer lugar, el me-dio para aplastar a los explotadores, de reprimir sus intentos de volver a tomar el poder; en segundo lugar, la palanca de

6 Cursivas en el original.

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transformación económica de la sociedad. La clase obrera se sirve del poder político de que dispone para transformar las relaciones económicas de la sociedad en marcha para la reali-zación del socialismo (1975, pp. 115,116).7

El destino del Estado en el proyecto comunista era su desaparición, y una futura imposición de un tipo de organización inspirada en la Comuna de París. En esta nueva organización, se perdía la domi-nación de clase y las antiguas funciones estatales serían llevadas a cabo por la propia población. Sin embargo, para la realización de este proyecto, tendría que pasar por una etapa donde se organizaría en el poder estatal como dictadura del proletariado, con el objetivo de eliminar gradualmente al capitalismo y su sociedad de clases.

A esta etapa del camino hacia el comunismo se le denominó socialismo, una fase intermedia hacia el destino final del comunismo o la sociedad sin clases. Así, la perspectiva clásica sobre la revolución en el pensamiento marxista concibió a la violencia y la instauración de la dictadura del proletariado como elementos indispensables para el logro de su proyecto.

Otra perspectiva sobresaliente sobre la revolución socialista fue elaborada por León Trotsky. En su obra titulada La revolución per-manente, sostenía que el proletariado es quien se debe poner a la ca-beza del movimiento revolucionario en contextos de subdesarrollo capitalista y con ausencia de una fuerte burguesía nacional, como era el caso de la Rusia de principios del siglo xx. Según esta perspec-tiva, el proletariado sería el sector que debería encabezar la dirección del movimiento organizado, mediante la figura del partido comunis-ta. Su alcance no debería detenerse en un solo país, sino también ten-dría que ser exportada a los países altamente industrializados, como último punto que le da su carácter de permanente (Trotsky, 1972).

Las ideas de Marx respecto al futuro del Estado comunista y la condición de los Estados burgueses, durante el siglo xviii, estuvie-ron pensadas desde las condiciones históricas propias de su época,

7 Cursivas del autor.

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en donde el Estado se mantuvo como espacio exclusivo de la do-minación burguesa. Para él, las funciones fundamentales del Estado giraban alrededor de dos aspectos centrales: garantizar el orden ne-cesario para la expansión del capitalismo y el resguardar al Estado ante los posibles desórdenes provocados por la insatisfacción de las clases dominadas. Sin embargo, ante la creciente presión de las or-ganizaciones sindicales y de partidos políticos socialistas o socialde-mócratas, a finales del siglo xix y principios del xx, la institucionali-dad estatal en los países de la Europa occidental —y posteriormente en los Estados latinoamericanos— abrió espacios para la integración de las masas.8

La apertura se dio principalmente al permitir la ampliación de la participación, a través de la extensión gradual del voto a los campesinos y los obreros urbanos (Huntington, 1997, p. 121). Tales reformas impactaron fuertemente en países como Alemania e Ingla-terra, donde la experiencia y tradición democrática, junto con los gobiernos constitucionales, terminaron por dar un sentido no vio-lento a la revolución.

En consecuencia, los cambios profundos se buscaron impulsar mediante: a) la integración de un núcleo de apoyo de masas tras un partido político parlamentario; b) la obtención, mediante ese parti-do, de una mayoría parlamentaria; c) por la votación, en la Cámara Popular, de una medida que proclamara una nueva Constitución o convocara una Asamblea Constituyente para su redacción.

A pesar de estas reformas, pervivió la resistencia ante la crea-ción de una nueva asamblea constituyente por la Cámara Alta y la Corona o la autoridad ejecutiva. Sin embargo, los movimientos obre-ros y populares terminaron por ser demasiado fuertes para ser con-trolados, pues se apoyaron en la amenaza de huelga general y hasta en la insurrección. Finalmente, las clases dominantes se rindieron ante la amenaza y cedieron a los cambios. En consecuencia, para “la

8 Situación diferente a la que predominó en Rusia durante el zarismo, en donde la represión fue la principal respuesta ante el movimiento de masas. En este caso, mencheviques, bolcheviques y social-revolucionarios estuvieron de acuerdo en la necesidad de una revolución violenta ante el poder imperial (Cole, 1975, p. 382).

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mayoría de los principales social-demócratas alemanes, y en verdad, casi todos los líderes de la Segunda Internacional en Europa Occi-dental” la transformación política, económica y social debía llegar por métodos parlamentarios y democráticos (Cole, 1975, p. 382).9

Uno de los rasgos en que esta perspectiva se distingue de la de Marx y Lenin era el que la revolución, en primer lugar, debía ser orientada dentro de los cauces legales de los Estados, para después proyectarse al ámbito internacional. Esto a pesar de que Marx mis-mo, en 1848, anunciara la inminente caída del Estado nación. Sin embargo, para la segunda mitad del siglo xix, éste, en vez de desa-parecer, se había fortalecido dentro del sistema imperialista. En este contexto, se originó el debate entre revolucionarios y reformistas.

La formación de las corrientes reformistas dentro del movimien-to obrero y socialista se puede ubicar en el año de 1881, con la apari-ción de llamado posibilismo francés y el fabianismo inglés. A finales de esa década, surge el reformismo y el revisionismo dentro del Partido Socialdemócrata Alemán. En adelante, éste sería el abanderado de la propuesta reformista en Europa central (Regalado, 2009, p. 9).

A manera de definición general, el reformismo se puede enten-der como “aquel movimiento que apunta a mejorar y perfeccionar, tal vez radicalmente, pero no a destruir el ordenamiento existente” (Settembrini, 1982, p. 1409). Entre los principales ideólogos de esta perspectiva estuvieron Bernstein y Vollmar, quienes tenían su prin-cipal punto de desacuerdo con Marx en la idea de que las fuerzas de producción eran constantemente transformadas gracias al avance de la ciencia y la tecnología, y que estos “progresos” impactaban direc-tamente la estructura de la sociedad.

Para los reformistas, el Estado no era por su naturaleza misma —como Marx había afirmado— una institución exclusiva de clase y que sólo existiera para beneficiar a grupos determinados. Éste, más bien, debía considerarse como neutral en esencia, “como un instrumento

9 Algunos de los intelectuales que se inclinaron a esta alternativa socialista-democrá-tica fueron Liebknecht, Bebel, Guesde y Kautsky.

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listo para ser utilizado por cualquier clase o grupo o colección de seres humanos que pudieran lograr su control” (Cole, 1975, p. 396).

Los reformistas no negaban que el Estado había sido un instru-mento en la práctica para la dominación de clase, sin embargo, tam-poco aceptaban que únicamente pudiera definirse como instrumen-to de clase. Por el contrario, asumían que, mediante la democracia electoral, el Estado podría caer en manos de la mayoría del pueblo, quienes gradualmente transformarían el sistema económico y políti-co sin recurrir a la violencia.

Para Bernstein, los medios eficaces para la realización progre-siva del socialismo serían: el sindicalismo, las reformas sociales y la democratización política del Estado. La democracia sería “la supre-sión del gobierno de clases [y en su desarrollo] los partidos y las clases que están tras ellos pronto conocen los límites de su poder y emprenden lo que esperan razonablemente llevar a cabo a través de las circunstancias existentes” (Bernstein, 1975, p. 127).

Desde esta perspectiva, el proyecto de dictadura del proletariado sería inadecuado para la situación política de los Estados europeos occidentales, donde “los representantes de la democracia social se han lanzado prácticamente a la arena del trabajo parlamentario” y a favor de “la representación proporcional del pueblo y por la le-gislación directa”. La actividad y la práctica de la democracia social estaría a favor de la creación de las circunstancias necesarias para hacer posible la transición “libre de conmociones convulsivas”, hacia un orden superior.

Así, el socialismo sería el heredero del liberalismo como gran movimiento histórico, dado que sería el único capaz de incluir sus cualidades espirituales: “Las organizaciones liberales de la sociedad son flexibles, capaces de cambio y desarrollo. No necesitan ser des-truidas, sino más desarrolladas. Para ello necesitamos organización y acción enérgica, pero no necesariamente una dictadura revolucio-naria” (Bernstein, 1975, p. 136).

Finalmente, Bernstein concluiría que “la conquista de la demo-cracia, la formación de órganos políticos y sociales de la democracia, es la condición preliminar indispensable de la realización del socia-lismo”. Esto, considerando que era posible transformar gradualmente

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al Estado en sus funciones, hasta que éste dejara de ser una cosa para transformase en otra (Bernstein, 1975, pp. 128-135). Esta visión se oponía a la de los marxistas tradicionales, quienes asumían que el Estado debía ser destruido para la construcción de un orden nuevo.

La proximidad entre las ideas socialistas-reformistas y algunos de los elementos del liberalismo político valieron el surgimiento de un conjunto de críticas elaboradas por parte de aquellos socialistas que comulgaban con las ideas de la revolución violenta y la instau-ración de la dictadura del proletariado. Para estos críticos el error principal del reformismo era el no reconocer que “bajo las liberta-des del capitalismo democrático, las diferencias económicas, lejos de atenuarse, se acentúan y agudizan [aunado a que el parlamentaris-mo] pone al desnudo la esencia de las repúblicas burguesas más de-mocráticas como órganos de opresión de clase” (Lenin, 1976, p. 120).

De igual forma, se consideraba un error grave el que los refor-mistas se mostraran dispuestos a hacer alianzas y acuerdos con los grupos opuestos al proyecto socialista, a través de la democracia electoral. Estas alianzas no servirían más que para “embotar la con-ciencia de las masas, no reforzando, sino debilitando la significación real de su lucha, uniendo a los luchadores con los elementos más vacilantes y traidores” (Lenin, 1976, p. 121).

En el extremo, las críticas a la perspectiva reformista llevaron a que se les designara como oportunistas o traidores a quienes llevaron la revolución socialista, debido a su carácter gradualista y en favor del establecimiento de acuerdos entre diferentes partidos. Esto a pe-sar de que, dentro de los proyectos de Lenin y Bujarin, la realización de acuerdos con la burguesía rusa fuera presentada como una po-sibilidad en la construcción del socialismo. En palabras de Bujarin:

La dictadura del proletariado debe, respecto de los grupos burgueses que se le resisten, emplear una política de repre-sión […] Completamente distinta es la actitud del poder proletario hacia los burgueses “admitidos”, según la expre-sión de Lenin, “a colaborar” con la clase obrera y el campe-sinado. Toda una categoría de empresarios burgueses y, en primer lugar, los comerciantes, se ocupan de sus negocios,

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por así decirlo, legalmente; nuestra legislación no se opone a ellos […] primero limitar su actividad mediante una serie de medidas [legislación obrera, derechos de los sindicatos, imposición fiscal, etc.] A continuación, en utilizarlos para la construcción del socialismo (1975, p. 116).

Desde una perspectiva cercana a la social-democracia y lejana de la ortodoxia marxista, una autora como Rosa Luxemburgo participó también de la larga disputa acerca de la revolución y la reforma. Para esta autora, entre las reformas sociales y la revolución no existía una contradicción inherente, siempre y cuando se considerara como el fin último a la revolución social. Por tanto, el conflicto entre la de-mocracia y el socialismo se disolvería una vez se aclarara que la meta final de ambas fuera la realización del socialismo. La disyuntiva no estaba en elegir entre la reforma o revolución, sino en poder utilizar ambas para lograr la revolución.

A diferencia de la perspectiva de Bernstein, para Luxemburgo la mera lucha dentro del parlamento no sería suficiente para poder desplazar el poder de clase en los Estados nacionales y mucho menos para solucionar el problema de fondo que representa el modo de explotación capitalista. Por esta razón, dos de las herramientas fun-damentales del movimiento al socialismo serían la actividad dentro del parlamento y en los sindicatos, como elementos fundamentales para crear “el factor subjetivo de la transformación socialista, de la tarea de la realización del socialismo” (1967, p. 50).

En coincidencia con Marx, Luxemburgo consideraba que las propias contradicciones internas del capitalismo guardaban en su seno el impulso para la revolución socialista. Sin embargo, ésta no se podía presentar de manera mecánica, sino que tenía que ser posibi-litada mediante la organización. En sus palabras:

La conquista de una mayoría socialdemócrata en el Parla-mento conduce directamente a la gradual “socialización de la sociedad” […] las formas democráticas de la vida polí-tica son sin duda un fenómeno que expresa claramente la

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evolución del Estado en la sociedad. Constituyen, hasta este grado, un paso hacia una transformación socialista (1967, p. 46).

Así, el mayor conflicto a resolver por parte de las fuerzas socialistas organizadas sería el de ligar el destino de la democracia al del pro-yecto socialista. Esto en el entendido de que “Quien quiera fortalecer la democracia debería fortalecer y no debilitar al movimiento socia-lista. Quien renuncia a la lucha por el socialismo renuncia tanto al movimiento obrero como a la democracia” (1967, p. 85).

En consecuencia, la conquista del poder político no pasaba por una mera elección entre la reforma y la revolución, sino que estos podían ser elementos condicionantes y mutuamente complementa-rios. El momento histórico particular de cada caso determinaría el marco dentro del cual se llevarían a cabo las reformas, la revolución o ambas. Una transformación gradual o una abrupta no serían más o menos valiosas según su duración, sino de acuerdo a su contenido.

Dentro de la discusión entre la reforma o la revolución, Engels en su introducción a La lucha de clases en Francia de 1848 a 1895 presentó una perspectiva revisionista sobre cómo Marx y él mis-mo fundamentaron su perspectiva sobre la estrategia en la revolu-ción socialista. En este documento, elabora un análisis sobre cómo se transformó el panorama político en Europa central entre 1848 y 1895 —este último, año en que presenta este trabajo—.

Para Engels, el desarrollo de cincuenta años en el panorama po-lítico habría transformado “de arriba a abajo las condiciones de lucha del proletariado [puntualizaba que] el método de lucha de 1848 está hoy anticuado en todos los aspectos” (Engels, 1980, p. 194). Para él,

todas las revoluciones se habían reducido a la sustitución de una determinada dominación de clase por otra; pero todas las clases dominantes anteriores sólo eran pequeñas mino-rías, comparadas con la masa del pueblo dominada. Una minoría dominante era derribada, y otra minoría empuñaba en su lugar el timón del Estado y amoldaba a sus intereses las instituciones estatales […] la forma común a todas estas

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revoluciones era ser revoluciones minoritarias. Aun cuando la mayoría cooperase a ellas […] la no resistencia por parte de la mayoría daba al grupo minoritario la apariencia de ser representante de todo el pueblo (1980, p. 195).

Como ejemplo contrario de esta tendencia en el desarrollo del mo-vimiento socialista, Engels señaló el caso de Alemania, en el cual la socialdemocracia crecía rápida y persistentemente, “gracias a la in-teligencia con que los obreros alemanes supieron utilizar el sufragio universal, implantado en 1866, el crecimiento asombroso del partido aparece en cifras indiscutibles a los ojos del mundo entero.”10 Pun-tualizaba al respecto:

El primer gran servicio que los obreros alemanes prestaron a su causa consistió en el mero hecho de su existencia como Partido Socialista que superaba a todos en fuerza, en disci-plina y en rapidez de crecimiento. Pero además prestaron otro: suministraron a sus camaradas de todos los países un arma nueva, una de las más afiladas, al hacerles ver cómo se utilizaba el sufragio universal (Engels, 1980, p. 199).11

Para Engels, había más de un elemento favorable para la causa so-cialista en estas experiencias. En primer lugar, la arena electoral permitía a las fuerzas socialistas entrar en contacto con las masas del pueblo de las que podía encontrarse lejano. Además, a través del parlamento, podía hacer sentir su voz ante aquellos adversarios con-trarios a su proyecto. Finalmente, era evidente que los cambios en las instituciones estatales “en las que se organizaba la dominación de la burguesía, ofrecían nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra estas mismas instituciones” (Engels, 1980, p. 201).

10 Las cifras de crecimiento en votación del partido socialdemócrata que ofrece Engels son las siguientes: en 1871, 102 000 votos; 1874, 352 000; 1877, 473 000. En 1881 el partido fue cas-tigado mediante la ley contra los socialistas y su votación descendió a 312,000, pero después de este momento el partido comenzó a crecer aún con mayor rapidez: 1884, 550 000; 1887, 763 000; 1890, 1 427 000; hasta llegar en 1893 a 1 787 000, una cuarta parte total del total de votos emitidos en ese año (Engels, 1980, p. 199).11 Cursivas mías.

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Las insurrecciones que se basaron en el uso de la barricada y que contaban con la anexión de la mayoría de las capas del pueblo, en un escenario de transformación como el de finales del siglo xix en Europa, hacían muy difícil pensar en el éxito militar sobre los ejércitos nacionales que se fortalecían constantemente. Esto auna-do a que cada vez era más difícil que las crecientes capas medias se agruparan en torno al proletariado, el “pueblo” estaba dividido y ello imposibilitaba encontrar la fuerza de los levantamientos de 1848:

La época de los ataques por sorpresa, de las revoluciones hechas por pequeñas minorías conscientes, a la cabeza de las masas inconscientes, ha pasado. Allí donde se trate de una transformación completa de la organización social tie-nen que intervenir directamente las masas, tienen que haber comprendido ya por sí mismas de qué se trata, por qué dan su sangre y su vida (1980, p. 204).

Estas ideas de Engels se pueden entender como un examen de las modificaciones presentes en los Estados europeos occidentales, principalmente de la presencia organizada de las masas (Portantiero, 1981, p. 25). Más tarde, este problema sería observado y tratado de manera específica por Antonio Gramsci en su obra.

La reforma como revolución: un proceso pacífico

En términos generales, la disyuntiva sobre la revolución se había transformado debido a dos condiciones principales: el voto univer-sal y el surgimiento de la sociedad de masas, mediadas por los mo-dernos Estados burocráticos. Ambos elementos estuvieron asocia-dos a transformaciones en la reproducción del orden capitalista y sus efectos en los Estados occidentales. Ello se reflejó en el surgimiento de los Estados burocráticos modernos, durante las primeras dos dé-cadas del siglo xx.

Para autores como Franz Neumman y Charles Maier, esta nueva etapa en el diseño de los Estados podría ser descrita como corpora-tiva, una etapa del Estado burgués en donde se generaron nuevos

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“pactos organizacionales” a través de los cuales se reorganizó la par-ticipación política y su inclusión en los entramados institucionales estatales.12

Ante las presiones ejercidas por la organización de masas y su movilización, las estructuras del régimen predominante en el siglo xix necesitaron ser replanteadas: “el nuevo corporativismo buscaba menos el consenso a través de la aprobación ocasional de las masas, que por medio de una negociación continuada entre intereses orga-nizados […] la estabilidad del régimen requería una organización mucho más burocrática y centralizada (Portantiero, 1981, p. 21).

Como complemento a esta reconfiguración de los mecanismos políticos, las decisiones estatales debían ser ratificadas periódica-mente por consenso, a través de la aprobación electoral de las masas. La fuerza de las organizaciones sindicales en este nuevo entramado institucional incrementaría al entrar en una lógica de negociación con el poder burocrático establecido.

Lo público y lo privado, el Estado y la sociedad no aparecían ya como separados: “los roles políticos y los económicos y sociales, no constituían ya fronteras sino más bien zonas de intersección entre el Estado y las organizaciones sociales, en el interior de un sistema en el que participaban no sólo sujetos jurídico-constitucionales, sino también actores político institucionales” (Portantiero, 1981, p. 22).13

Antonio Gramsci denominó a estas transformaciones como una reconfiguración hegemónica de los Estados occidentales modernos. Además, diseñó todo un marco teórico analítico para abordar el estudio de estos contextos bajo las premisas del marxismo, aunque consideradas desde una perspectiva revisionista. Entre otras aporta-ciones, Gramsci analizó la táctica de la revolución y la replanteó de acuerdo con el orden de transformaciones vigentes.

La propuesta teórico-política de Gramsci respecto a los proble-mas de la hegemonía y la crisis capitalista posee un enfoque que pri-vilegia la mediación de las instituciones que operan la relación entre masas y clases dominantes. En el entendido de que

12 Ambos autores citados por Portantiero (1981, p. 21). 13 Cursivas del autor.

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las relaciones organizativas internas e internacionales del Es-tado se transforman en más complejas y sólidas […] Las es-tructuras macizas de las democracias modernas, sean vistas como organizaciones estatales o como complejo de asocia-ciones en la vida civil, constituyen para el arte político lo que las trincheras y las fortificaciones permanentes del frente en la guerra de posiciones: transforman sólo en parcial el ele-mento de movimiento que antes era toda la guerra (Gramsci, 1999, p. 22).

La estrategia de revolución que planteó Gramsci aborda tanto la transformación del Estado, desde múltiples puntos de poder, como la transformación de las funciones estatales, desde la multiplicidad de las prácticas que se trasladan a la sociedad. La relación entre el Estado y las masas no se presentaba más como una situación de exte-rioridad, sino que la propia conquista de la ciudadanía interiorizaba al Estado en las masas. La estrategia para la transformación del po-der estatal no podía resumirse en un acto aislado hacia la toma del poder. Por el contrario, la nueva organización de tipo hegemónica, en los Estados occidentales modernos, requería de una nueva con-ceptualización de la lucha política de largo aliento.

En proximidad con las ideas de Luxemburgo sobre el signifi-cado de las crisis capitalistas y el uso de las masas para hacer avan-zar el proyecto socialista, Gramsci planteaba que “la presencia de las masas como sujetos de acción [será] lo que definirá los precisos rasgos de la crisis, de los proyectos revolucionarios y de los inten-tos de recomposición capitalista, en un movimiento conceptual que permite superar críticamente el juego de pinzas del ‘objetivismo’ y del ‘voluntarismo’, clásicamente presentes en la tradición socialista (Portantiero, 1981, p. 10).

Para Gramsci, era necesario generar una voluntad colectiva mo-derna de acuerdo con las necesidades históricas del momento, para hacerlas protagonistas de un cambio histórico sustantivo. La forma-ción de esta nueva “voluntad colectiva popular” sería posible sólo si las grandes masas populares pudieran irrumpir simultáneamente en

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la vida política, para romper con el poder “económico-corporativo” estatal, propio del sistema internacional imperante.

Por lo anterior, el partido político —a quién Gramsci llama el moderno príncipe— debería ser “el pregonero organizador de una reforma intelectual y moral [para poder crear] el terreno para un ulterior desarrollo de la voluntad colectiva nacional popular hacia el cumplimiento de una forma superior y total de civilización moderna” (Gramsci, 1999, p. 17).

La perspectiva de Gramsci consideraba la transformación pro-funda de los Estados nacionales como una tarea de largo plazo. En ella, lo principal sería generar nuevos contenidos en las masas po-pulares con características culturales, pero que también asumieran la necesidad de reformar económica y políticamente a los Estados:

“una reforma intelectual y moral no puede dejar de estar ligada a un programa de reforma económica, incluso el programa de reforma económica es precisamente el modo concreto en que se presenta toda reforma intelectual y moral” (Gramsci, 1999, p. 18).

Por lo tanto, la propuesta clásica de revolución del marxismo sería un proyecto incompleto, en tanto la mera toma del poder no resolvería el problema de fondo. Es decir, la progresiva generación de una nueva sociedad. Además, este proyecto debía asumir la tarea como un proceso de transformaciones profundas desde la sociedad civil y los entramados institucionales estatales.

La estructura de las democracias modernas, tanto como or-ganizaciones estatales cuanto como complejo de asociacio-nes en la vida civil, constituyen para el arte político lo que las

“trincheras” y las fortificaciones permanentes del frente en la guerra de posiciones: hace solamente “parcial” el elemen-to del movimiento que antes era “toda” la guerra (Gramsci, 1999, p. 22).

Gramsci critica la idea de abolición del Estado, propuesta por Marx y seguida por Lenin y otros, pues el Estado no debería ser entendido solamente como un órgano de opresión, sino también como una es-tructura organizativa y que impone valores a sus subordinados, un

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Estado que educa y tiende a generar un tipo preciso de civilización. Por lo tanto, más que ser destruido, el Estado debía ser transforma-do y ocupado para imponer nuevas formas sociales, políticas y eco-nómicas. En la imposición de estas nuevas formas civilizacionales, el Estado no podía comportarse únicamente como fuerza, sino que también debía usar el consenso como mecanismo de integración:

doble naturaleza del Centauro maquiavélico, ferina y huma-na, de la fuerza y del consenso, de la autoridad y de la he-gemonía, de la violencia y de la civilización, del momento individual y del universal (de la Iglesia y del Estado), de la agitación y de la propaganda, de la táctica y de la estrategia, etcétera (Gramsci, 1999, p. 30).

Por otro lado, habría que entender el surgimiento de las crisis capi-talistas que representan coyunturas histórico-políticas con base en dos principios. Por una parte, el de que ninguna sociedad se impone tareas para cuya solución no existan ya las condiciones necesarias y suficientes o que éstas no estén al menos en vías de aparición y de desarrollo. Por otra parte, el de que ninguna sociedad se disuelve y puede ser sustituida si primero no ha desarrollado todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones (Gramsci, 1999, p. 32).

En el análisis histórico de estos procesos, es indispensable saber si existen las condiciones necesarias para resolver el conflicto entre fuerzas antagónicas. Una conciencia de solidaridad de intereses en-tre las clases subordinadas sería necesaria no sólo para alcanzar una igualdad jurídica con los grupos dominantes, sino para reivindicar el derecho a participar en la legislación, en la administración y te-ner el legítimo derecho a modificar o reformar, aunque fuera dentro del marco existente. Una vez logrado este objetivo, se posibilitaría la formación de un partido fuerte que pudiera entrar en confrontación y estuviera en condiciones de imponerse ante las fuerzas opositoras, con el fin de diseminarse dentro del Estado y la sociedad. De este modo, sería posible lograr

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la unidad de fines económicos y políticos, también de la uni-dad intelectual y moral, situando todas las cuestiones en tor-no a las cuales hierve la lucha no en el plano corporativo sino en un plano “universal”, y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordi-nados […] el grupo dominante es coordinado concretamen-te con los intereses generales de los grupos subordinados y la vida estatal es concebida como un continuo formarse y supe-rarse de los equilibrios inestables entre los intereses del gru-po fundamental y de los grupos subordinados, equilibrios en los que los intereses del grupo dominante prevalecen pero hasta cierto punto (Gramsci, 1999, pp. 26-37).

Estas son las premisas de la conceptualización que Gramsci ela-boró para plantear la transformación social, política y económica en los Estados modernos occidentales. Este marco representa una al-ternativa para pensar la revolución por la vía de reformas continuas, y siempre se considera la participación popular como el elemento fundamental de la transformación. Esta perspectiva permite pensar la organización de propuestas políticas desde la sociedad civil, en las cuales la participación popular se orienta a la transformación de los Estados nacionales. En ésta, la sociedad civil resulta fundamental y prescinde de la necesidad de una organización partidista vertical y centralizada. Por el contrario, se prioriza la postulación de un pro-yecto nacional-popular para la efectiva y profunda transformación de los Estados-nación.

Reforma y revolución en América Latina

En la historia de las luchas populares latinoamericanas han estado presentes diversas corrientes políticas: el nacionalismo, el antimpe-rialismo, el nacionalismo revolucionario, el anarquismo, el socialis-mo y el comunismo (Regalado, 2009, p. 23). Todas estas corrientes se han traducido en estrategias de acción política que difieren en sus métodos para alcanzar sus diferentes objetivos. La histórica

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condición dependiente de América Latina, con respecto a los Esta-dos centrales, ha obligado a los grupos de izquierda política a adap-tar sus estrategias a nuestras particularidades.

El nacionalismo estuvo principalmente presente en los perio-dos de lucha por las independencias nacionales y tuvo una fuerte influencia en la formación de la conciencia nacional. Su objetivo central fue generar identidades nacionales como eje articulador de los diferentes grupos sociales. Algunos ejemplos de pensadores aso-ciados con esta corriente ideológica son José Martí, José Ingeniero, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre (Zapata, 2010). Por su parte, el antimperialismo nació a finales del siglo xix como respuesta ante la penetración de monopolios extranjeros y las políti-cas intervencionistas de potencias extranjeras como Inglaterra y los Estados Unidos.

De la fusión del nacionalismo y el antimperialismo nació el lla-mado nacionalismo revolucionario, una perspectiva que apelaba a la recuperación de las riquezas naturales, la educación universal y la inversión pública como los pilares de esta ideología. En esta pers-pectiva, el elemento articulador fue el Estado, como representante de las demandas de la mayoría, incluidas las de la naciente burguesía nacional (Prieto, 2009, p. 169).

Durante el siglo xx, la discusión entre reformismo y revolución se hizo presente en América Latina. Por un lado, el reformismo fue una estrategia criticada ante las posibilidades de caer presa de la do-minación establecida, por no romper inmediatamente con el sistema, lo cual impedía impulsar transformaciones profundas. Por otro lado, la revolución es una estrategia que siempre tiene el reto de ser inclu-siva con los intereses inmediatos de las mayorías populares. Sin este nexo, los proyectos revolucionarios pueden ser presas del sectarismo y terminar por asumir posiciones radicales que hacen imposible lo-grar el apoyo de las clases populares.

En América Latina, los ejemplos de procesos reformistas clá-sicos son los populismos de Getulio Vargas; de Perón; de Cárdenas, en México, y los gobiernos reformistas como el del Frente Popular en los años treinta y el de la Unidad Popular de los años setenta, en Chile. Por otro lado, los ejemplos clásicos serían las revoluciones

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cubana y sandinista. En estas últimas, estuvieron mezcladas la lucha antidictatorial y la lucha antimperialista, además, la de Cuba se ca-racterizó por ser anticapitalista (Sader, 2011, p. 6). En el plano de las revoluciones también existieron otras experiencias, sobre todo, en el Cono Sur. Pero concluyeron sin la toma del poder de Estado, y en la imposición de poderes dictatoriales y represivos.

El año de 1990 significó un parteaguas histórico en el que el derrumbe del socialismo real obligó a un replanteamiento entero de las posibilidades de transformación progresista en América Latina. Conjuntamente a esta sacudida, se hizo presente la hegemonía uni-polar de los Estados Unidos como gran potencia imperialista y la consecuente extensión de su proyecto hegemónico sobre el mundo.

En este contexto, la izquierda latinoamericana experimentó un fuerte retroceso, un síntoma de esto fue el vuelco de las propuestas socialdemócratas hacia el centro derecha, esto es, la emergencia de la socialdemocracia neoliberal o de la llamada “tercera vía”.14 Entre fuertes retrocesos, se hicieron presentes las experiencias de movi-lización social y política que son objeto de estudio de este trabajo. Estas experiencias han despertado nuevamente el debate sobre la es-trategia que deben tomar las fuerzas de izquierda en América Latina.

Aunque sea objeto de debate en su valorización y categorización, tenemos como primera experiencia progresista el triunfo de Lula de Silva, candidato a la presidencia de Brasil en 2002. Este triunfo me-diante la vía electoral abrió un nuevo panorama y una nueva época en la historia de las luchas de izquierda en América Latina. El caso brasileño representa una muestra del recorrido histórico de las lu-chas de izquierda en América Latina durante el siglo xx.

En principio, aparecieron los procesos reformistas con los go-biernos desarrollistas de Getulio Vargas (1930-1945 y 1950-1954) y Joao Goulart (1961-1964). Entre 1966 y 1971, se presentó la resis-tencia armada a la dictadura militar, situación que derivó en el casi completo aislamiento de las fuerzas de izquierda en el país (Sader,

14 Una amplia revisión sobre este fenómeno de “tercera vía” lo podemos encontrar en Saxe-Fernández (2008) y, para América Latina, sobresalen en esta obra los trabajos de Stolowicz, Modonesi, Sader, Borón y Gambina.

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2009, p. 80). En este sentido, el triunfo de Lula fue el resultado de un proceso de acumulación de fuerza y de experiencias de la izquier-da brasileña. Su llegada al gobierno fue posible gracias a la victoria electoral en el año 2000, que logró con la coalición del Partido de los Trabajadores (pt), el Movimiento Sin Tierra (mst), la Central Única de Trabajadores (cut) y algunos gobiernos municipales del pt, prin-cipalmente el de Porto Alegre (Sader, 2009, p. 91).

El frente político encabezado por el pt pudo reunir un conjunto de tendencias políticas diversas, con lo cual convirtió al movimiento social en un movimiento político, o bien, en un movimiento-partido. Éste incluía diversas demandas políticas y sociales que rebasaban los intereses particulares de un solo grupo y se convirtió en portavoz del conjunto social, como lo expresa Neto: “En general, los movimien-tos sociales al principio tienen aspiraciones localizadas y específicas. Pero, con sus desarrollos tienden a ampliar su abanico de deman-das, transformándose en luchas políticas amplias que extrapolan sus intereses grupales corporativos y sus características convencionales (2009, p. 85).

Si bien, en el caso de Lula, la presencia de movimientos sociales estuvo limitada principalmente al Movimiento Sin Tierra, su candi-datura y posterior triunfo logró despertar simpatías en las izquierdas de otros países. No obstante, el gobierno de Lula ha sido objeto de discusión y crítica por parte de intelectuales, tanto de derecha como de izquierda. Para los críticos de derecha, Lula es un ejemplo más de populismo, al ejecutar ambiciosas políticas sociales y de redistribu-ción como elementos centrales en su propuesta de gobierno.

Por el otro lado, los críticos de izquierda acusaron al gobierno de Lula de no haber roto con el capital financiero internacional, al punto de convertirse en un caso ejemplar para instituciones neolibe-rales como el fmi o el bm. Igualmente, recibió fuertes críticas, por su alianza con el capital agroexportador brasileño y por no asumir una política antimperialista contra los Estado Unidos. Estos aspectos lo hicieron acreedor del falso mote de ser un gobierno neoliberal más (Sader, 2009, p. 82).

Sin embargo, estas críticas no consideran que el gobierno de Lula tuvo éxito con sus políticas sociales redistributivas; se opuso a

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la formación del Área de Libre Comercio de las Américas (alca); tomó partido a favor de las políticas de integración regional (sur-sur); frenó las privatizaciones de las industrias nacionales; fortaleció al Estado e intervino activamente en la alza de los salarios; alentó el aumento de los trabajos formales; provocó la disminución del des-empleo y logró la elevación del poder adquisitivo. El conjunto de estas políticas da al gobierno de Lula un perfil que debe ser matiza-do, y no tomado como la mera continuidad de los Estados neolibe-ral-procedimentales en América Latina. Una buena síntesis del tipo de gobierno que ejerció Lula nos la ofrece Emir Sader:

El gobierno de Lula puede considerarse un buen gestor del neoliberalismo, que además de dar continuidad al modelo supo complementarlo con políticas sociales y recuperación de la legitimidad del Estado […] también se lo puede consi-derar como un gobierno de política exterior independiente, que obstaculizó al alca y privilegió procesos de integración regional al aliarse a los gobiernos de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y otros como el de Cuba (2009, p. 102).

El éxito de Lula encontró su respaldo más importante en sus políticas progresistas, lo cual le llevó a lograr la reelección y una aprobación popular de más de 60%, una cifra por demás alta en la zona. En térmi-nos generales, la experiencia de Lula en Brasil fue posible gracias a la combinación entre la potencia de los movimientos sociales, la organi-zación de un potente frente electoral entre partidos y movimientos, y la participación conjunta en las elecciones nacionales. Este caso bien puede tomarse como un ejemplo primigenio de la organización de un movimiento-partido que llevó al poder a una fuerza política alternati-va, como lo es el pt y el liderazgo de Lula da Silva.

La formación de movimientos-partido-gobiernos no ha sido ex-clusiva del caso brasileño, sino que esta tendencia se ha presentado en otros países de América Latina. Los ejemplos más sobresalientes los encontramos en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Estos movimien-tos-partido-gobierno han significado una completa revolución en la forma de ejercer la política en América Latina. Esta propuesta no se

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basa en la destrucción del Estado, ni en la destrucción de la demo-cracia representativa, sino que aprovecha las oportunidades abiertas por las democratizaciones.

Estos movimientos-partido-gobierno rebasaron los límites del procedimentalismo democrático, al romper con las figuras de par-tidos verticales. Superaron la noción del ciudadano como un mero elector, creando un nuevo tipo de relación entre movimientos, par-tidos y gobierno. En esta propuesta, el ciudadano no es simplemente un elector, sino también un actor. Cabe aquí recuperar las palabras del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien expresa sobre el proceso de Revolución Ciudadana:

Durante la campaña nos dimos cuenta claramente de que estábamos proponiendo una revolución, entendida como un cambio radical y veloz en las estructuras existentes en la sociedad ecuatoriana, buscando cambiar el orden del Estado burgués e implantar un Estado realmente popular. Frente a la deslegitimación de la clase política, que no representaba a nadie más que a ellos mismos, entonces nos dijimos a no-sotros mismos que seríamos los propios ciudadanos los que revelaríamos ante sus ineficiencias. Entonces decidimos lla-marlo como una revolución ciudadana, una revuelta de ciu-dadanos indignados. En ese sentido nosotros anticipamos al reciente movimiento de indignados en Europa por cinco o seis años.15

Los movimientos-partido-gobierno han encabezado proyectos a favor de una democratización participativa para sus poblaciones nacionales. Buscan fortalecer sus Estados nacionales en contra de los poderes financieros y económicos transnacionales. Impulsan la apertura sociopolítica hacia los diferentes grupos étnicos y cultu-rales nacionales, así como proyectos económicos sustentables que garanticen el bienestar material de sus pueblos, sin caer en las re-des del consumismo y el crecimiento sin un sentido social. Estos

15 Entrevista realizada a Rafael Correa en 2012 para la New Left Review.

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movimientos favorecen la creación de iniciativas de integración po-lítica y económica regional que sirvan como contrapeso a los pode-res económicos y políticos dominantes. Como meta más ambiciosa, aunque más distante, luchan por la creación de un sistema econó-mico y social que pueda suplantar al neoliberalismo en sus Estados y en su región.

Dentro de la gama de grupos políticos e intelectuales de izquier-da que se mantienen activos en la vida política latinoamericana, en-contramos posiciones muy críticas respecto a estos procesos. Éstas señalan las debilidades de los procesos en marcha, pero la radica-lidad de sus propias propuestas lo hacen incapaces de convertirse en fuerzas políticas amplias que sean capaces de llevar adelante sus propuestas de transformación (Sader, 2009).

Huelga decir que, históricamente, los movimientos revolucio-narios exitosos contaron con la participación de amplias capas po-pulares y sociales en general, y éstos no construyeron sus agendas de transformación a partir de la mera teoría, sino a partir de las necesi-dades urgentes y concretas de los grandes agregados sociales.

En este sentido, se debe entender que las revoluciones no son ejercicios teóricos ni intelectuales, sino procesos vivos, que requie-ren volver factible a los ojos de las propias sociedades las transfor-maciones radicales. Incluso, hemos visto este tipo de movimientos convertirse en una fuerte oposición a los gobiernos nacional-popu-lares en Bolivia y Ecuador, a través de los movimientos “indianistas”. Éstos postulan transformaciones radicales de la situación de los pue-blos indígenas, sin considerar la existencia de otros grupos socia-les con iguales intereses legítimos, respecto a estos grupos, quienes legítimamente manifiestan su disensión. Por su parte, los gobiernos principalmente de Bolivia y Ecuador se han mantenido abiertos a la crítica. Esta tolerancia no debe juzgarse como un logro de los gobier-nos en cuestión, sino como una obligación.

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Conclusiones. El proceso revolucionario nacional popular

Los procesos de movimientos sociales, frentes amplios partidistas y, finalmente, gobiernos nacional-populares son un fenómeno comple-tamente novedoso en la política latinoamericana. Como fenómeno político, acaso lo más próximo a estas experiencias, sobresalen los llamados Estados populistas de la primera mitad del siglo xx. Esta proximidad se encuentra en relación a las características inclusivas y democratizadoras de los Estados populistas, y a la distancia de las visiones conservadoras, tanto del fenómeno histórico como de sus revisiones conservadoras contemporáneas.

Estos gobiernos han buscado impulsar transformaciones en la política de aquellos Estados en los que se ha hecho presente. Esta transformación trastoca los principios sociales y políticos, como lo nacional, la independencia y la justicia social, y se traducen en una serie de acciones concretas de inclusión social, política y económica. Dado el tipo de transformaciones, es posible decir que estos gobier-nos en la actualidad son procesos de transformación revolucionaria en América Latina.

Este carácter revolucionario se basa en una estrategia de trans-formación en torno a una serie de reformas sucesivas que se abo-can a modificar el poder y, en general, las sociedades. Esta forma de revolución se presenta como un proceso y no como un acto, una forma en la que la reforma y la revolución no se oponen, sino que se complementan. Este proceso de reformas se da de manera dilatada en el tiempo, como una serie de transformaciones sucesivas, donde incluso se pueden presentar contratiempos e involuciones.

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Capítulo 3

La revolución nacional-popular en América Latina

Introducción

El presente capítulo describe las políticas concretas que caracteri-zan a los gobiernos nacional-populares en la actualidad. El tipo de políticas económicas y sociales que propulsan tienden a generar transformaciones profundas en el statu quo. Estas políticas se han creado mediante una serie de reformas por vías pacíficas, legales y gradualistas, aunque siempre sin perder de vista la creación de una correlación de fuerzas políticas que permita continuar con el creci-miento de su proyecto.

Planteo lo nacional-popular como una expresión particular tan-to de Estado como de gobierno que posee su sentido fundamental en la asociación entre gobiernos nacionales, políticas estatales y masas populares. Lo anterior posibilita una reapropiación gradual de las instituciones de Estado por parte de la sociedad civil. La fuerza de este tipo de gobiernos reside en la convergencia de múltiples organi-zaciones civiles con la institucionalidad estatal; típicamente adquiere la forma de “movimientos-partido”, para posteriormente transfor-marse en una organización de tipo “movimiento-gobierno”. Acorde con esta perspectiva, consideramos la existencia de siete pautas polí-ticas que caracterizan a estos gobiernos:

1) Presencia de una intensa participación popular tanto in-dependiente como integrada al gobierno. Este tipo de regímenes, además de reformar las instancias de representación democrática

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tradicionales a nivel tanto local como nacional, han impulsado una serie de mecanismos que complementan y potencian la participa-ción popular. En específico, nos referimos a la creación de institucio-nes y prácticas de democracia participativa en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

El impulso de reformas constitucionales ha permitido el uso ampliado de herramientas como los referéndums, los referéndums revocatorios, las consultas populares y la creación de un entrama-do institucional que favorece acciones coordinadas entre sociedad y gobierno, como es el caso de los consejos comunales en Venezue-la. Estos mecanismos de participación redundan en la construcción de democracia participativa, una forma de democracia que tiende a romper la distancia entre el gobierno como una instancia separada de las poblaciones nacionales. Está orientada a volver a los diferentes grupos de la sociedad civil agentes activos y decisores directos sobre la acción del Estado en general.

2) Política estatal de integración socioeconómica de las mayo-rías populares, orientada a dotar de bienes y servicios públicos como salud, alimentación y educación. Este resulta un punto fundamental, ya que mientras predominaron los Estados neoliberal-procedimen-tales, los bienes y servicios públicos sufrieron fuertemente debido a los recortes presupuestales, el achicamiento del Estado, la privati-zación de empresas paraestatales y a su abierta conversión en mer-cancías. Para los gobiernos nacional-populares, la dotación de salud, alimentación, educación y empleo resulta una forma de reapropia-ción efectiva del Estado por parte de la sociedad. Para ello, resulta fundamental recuperar bienes y riquezas territoriales, así como a la propia institucionalidad estatal. En general, este fenómeno puede ser entendido como un reposicionamiento de lo público por encima de los intereses privados, ya sean nacionales o internacionales. En este sentido, propugna la creación de nuevos pactos nacionales en los que se coloca al interés ciudadano y a la protección de las poblacio-nes nacionales como el elemento fundante o esencial de los Estados nacionales.

3) Fortalecimiento del Estado como agente económico activo y de control en la economía. En estos gobiernos se ha mantenido

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primordialmente el régimen de producción capitalista con un pro-gresivo fortalecimiento del Estado como agente regulador e inter-ventor en la economía. En ellos encontramos presencia de capitales privados nacionales e internacionales como de un fuerte sector pú-blico basado en la recuperación de empresas y bienes públicos nacio-nales, principalmente de las industrias extractivas. Una muestra cla-ra de este tipo de políticas ha sido la recuperación de las industrias paraestatales, o bien, la renegociación de los contratos bajo los que operan empresas transnacionales, principalmente en la explotación de hidrocarburos y recursos naturales en general.

A este respecto, cabe señalar que la orientación de la organi-zación económica es uno de los aspectos que ha suscitado mayor debate y crítica dentro de la izquierda, tanto en lo referente al extrac-tivismo como al desarrollismo. Cabe decir al respecto que también existe un espacio en el que se desarrollan con libertad iniciativas que procuran la creación de un tipo de economías alternativas que apuntan a romper con el capitalismo como actualmente se concibe. Si bien difícilmente se puede decir que las economías se organizan completamente de acuerdo con estas iniciativas, se puede decir que al menos se han mantenido abiertas a considerar una posible trans-formación futura en esta dirección.

En específico, en el caso de Ecuador y Bolivia se ha presentado la concepción del “Buen Vivir” como una idea alternativa sobre la economía y la vida social que apunta a la superación del capitalismo como forma de organización dominante. En el caso de Venezuela, ha estado presente un potencial proyecto del socialismo del siglo xxi. Ambos tipos de propuesta en la actualidad distan mucho de ser do-minantes o acaso de estar plenamente desarrollados, y mucho menos extendidos a todo el cuerpo social de los tres países. Sin embargo, son iniciativas que en la actualidad se desenvuelven con libertad dentro de cada uno de estos países.

4) Renacionalización de las decisiones de interés público con participación popular en demérito de la subordinación a intereses internacionales. Acorde con el principio de recuperar al Estado por parte de los grupos populares, los Estados-nación recobran su ca-rácter de agente independiente y autónomo, no subordinado a los

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poderes particulares internacionales y transnacionales. En este senti-do, se puede hablar de una recuperación del Estado, de un cambio de carácter ahora abocado a atender y proteger a las ciudadanías locales. Este carácter de independencia ha provocado la oposición de intere-ses capitalistas nacionales fuertemente vinculados con poderes eco-nómicos y políticos internacionales, al punto de volverse poderes que buscan desestabilizar y deponer a los gobiernos nacional-populares.

5) Proceso de integración político-social identitaria a nivel na-cional. Parte de la esencia de este proceso es el reconocimiento de la existencia de múltiples identidades nacionales, así como con la integración indiferenciada de los diferentes grupos étnicos. El re-conocimiento e inclusión de grupos nacionales diversos habla del carácter pluralista y democrático para con los diferentes grupos que componen a las nuevas “naciones de naciones”.

6) Ambiciosa plataforma de integración regional alternativa con otros países y gobiernos a través de iniciativas de cooperación económica y política. El objetivo de esta integración, a pesar de po-seer una complicada relación con los intereses de los países integran-tes, es establecer bloques regionales para generar contrapesos en un contexto internacional donde domina la integración por bloques a nivel internacional.

7) Existencia permanente de una tensión entre los impulsos transformadores de la sociedad civil y los gobiernos, y las herencias políticas, económicas y sociales. Esto puede parecer algo contradic-torio, pero habla más bien de su carácter como procesos abiertos a la inclusión de los diferentes proyectos e intereses sociales. En este sentido, es fundamental que mantengan este carácter en tanto su eliminación significaría que los procesos y gobiernos se encontra-rían cerrados ante su transformación constante y potencialmente progresista.

El abordaje de estos siete aspectos a lo largo del capítulo, orga-nizados por temáticas y no por orden de importancia, cumple con mostrar lo que consideramos las políticas más importantes que en la actualidad se llevan a cabo dentro de los gobiernos nacional-po-pulares en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Por otro lado, en tanto los

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proyectos se encuentran actualmente en desarrollo, el balance y re-sultado final de los procesos se encuentra abierto.

La integración política ciudadana

El rasgo fundamental en las experiencias de conformación y consoli-dación de los gobiernos nacional-populares ha sido la participación popular y ciudadana. A través de movimientos u organizaciones so-ciales, se ha dado fuerza a las coaliciones electorales; posteriormente, se han incluido en el funcionamiento de los nuevos gobiernos.

Participación e inclusión se pueden distinguir respecto a la ten-dencia que existió en los Estados populistas. En aquellos, la inclu-sión siempre fue decidida y se promovió desde las alturas del poder estatal a través de los partidos políticos institucionalizados o de las corporaciones políticas (sindicatos, organizaciones de empleados del Estado, corporaciones laborales). Por el contrario, en los gobier-nos nacional-populares, la incorporación de grupos ciudadanos y populares tiende a realizarse mediante formas más horizontales de participación e integración. A pesar de esto, cabe decir que también se han presentado tendencias verticales, fundamentalmente en la concentración del poder sobre los liderazgos de movimientos y par-tidos. Es posible decir que este es uno de los principales retos que enfrentan: generar la estructura suficiente para impedir que se dé la concentración de poder y de facultades sobre los liderazgos o las cúpulas de las organizaciones. Dicho problema no sólo atañe a los movimientos y gobiernos en cuestión, sino que históricamente ha sido parte de la cultura de política de todos los países de la región.

La primera dimensión que se debe considerar en la reflexión so-bre la integración política ciudadana pasa por la forma como se han integrado las agendas de gobierno nacional-populares. Estas se han formado con base en las demandas de los grupos populares que res-paldaron las campañas políticas, con temas como la explotación de hidrocarburos, las políticas de apoyo económico popular, de sumi-nistro de servicios básicos para la población, la administración y el uso de agua, el uso y repartición de tierras, la creación de asambleas

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constituyentes para refundar a los Estados y la creación de mecanis-mos de democracia participativa. Estas agendas no se construyeron en una mesa de burócratas, sino dentro del propio ciclo histórico de movilizaciones sociales que se observaron (Natanson, 2007, p. 166).

Sin embargo, la creación de políticas alternativas no se ha limi-tado a la mera conformación de las agendas de gobierno, sino que también se alimenta continuamente de la participación popular, a través de las herramientas de la democracia participativa. A este res-pecto, buena parte de los grupos independientes que propulsaron los frentes electorales, los procesos de movilización, y el triunfo electo-ral de las coaliciones se han mantenido como grupos independientes. La mayoría de ellas, y principalmente las más importantes, no se han diluido en el gobierno. Esta situación se manifiesta muy claramente en casos como los de la conaie o el movimiento Pachakutik, ya que en la actualidad funcionan como grupos de crítica y en ocasiones de oposición a los gobiernos.

La integración de los diferentes grupos sociales busca también generar una recuperación efectiva del Estado por parte de las po-blaciones nacionales, entendido este como un aparato que permite promover sus intereses y proteger sus derechos y necesidades; esto es una recuperación y reformulación de la soberanía que busca asen-tarse nuevamente en la ciudadanía, dejando de lado la privatización del Estado por parte de las élites y los grupos económicos de poder.

Alrededor de la relación entre movimientos sociales y Esta-do-gobierno se ha construido un debate nutrido acerca de si es posi-ble construir un proyecto realmente emancipador a través del poder del Estado. Desde nuestra perspectiva, dicha emancipación es fac-tible dentro de la organización nacional-popular, ya que en estos se construyen alternativas desde ambos lados, desde la sociedad civil y desde el propio Estado. Lo anterior es posible gracias a que existe una correlación de fuerzas que ha desplazado a los intereses económicos y políticos neoliberales.1 Si bien estos regímenes en definitiva no

1 Haciendo referencia al caso de Venezuela, la posibilidad de que se pueda generar una efectiva emancipación a través de la unión entre movimientos sociales y Estados ha sido defendida por autores como Zibechi (2006) y Azzellini (2011). Llaman a este proceso una “construcción de

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buscan la eliminación del Estado, sí buscan la creación de vínculos de comunicación y acción más directa a fin de hacer del Estado un instrumento eficaz en sus funciones, bajo el principio de soberanía popular. Las herramientas institucionales que se han creado a fin de propulsar la democracia participativa son los referéndums y las con-sultas populares, además de los consejos comunales en Venezuela.

Referéndums, revocaciones y consultas

Una parte esencial de la democracia participativa está formada por los mecanismos de democracia directa, entendida como:

un grupo de instituciones políticas en las que los ciudadanos deciden o emiten su opinión en las urnas a través del sufra-gio universal y secreto y que no forma parte del proceso elec-tivo regular de autoridades […] La condición sine qua non de todo mecanismo de democracia directa […] radica en la votación propiamente dicha, en la cual todos los ciudadanos son iguales y en la que expresan más fielmente su potencia soberana (Altman, 2010, p. 10).

De acuerdo con esta definición, las herramientas empleadas por estos regímenes para ejercer la democracia directa son los referén-dums y las consultas ciudadanas. A lo largo de los últimos años, los gobiernos han utilizado estas herramientas como una forma de inte-gración de la voluntad ciudadana y como mecanismo de legitimación para muchas de las iniciativas que en no pocos casos iban en contra de los intereses y voluntades de los anteriores grupos dominantes.

En el caso de Venezuela, tenemos como ejemplo clave el refe-réndum revocatorio presidencial del 15 de agosto 2004, que puso a decisión ciudadana la remoción de Hugo Chávez. El origen de este proceso fue la crisis política que se derivó del intento de golpe de Estado por parte de la oposición hacia el gobierno de Chávez en el

dos lados”, en el que se construye “desde arriba” y “desde abajo”.

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año de 2002. Éste resultó infructuoso gracias a la intensa protesta popular que se registró y un contragolpe que permitió la vuelta del presidente. Este momento de tensión política incluyó la amenaza de grupos conservadores de despertar una guerra civil, llevando al go-bierno de Chávez a aceptar el referéndum revocatorio.

Las fuerzas políticas conservadoras se movilizaron a través de llamada Coordinadora Democrática, que coordinó a los canales de televisión, la organización patronal Fedecamaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (ctv) y la Iglesia católica, todas estas organizaciones que presionaron fuertemente a través de marchas du-rante todo el año 2003 pidiendo la remoción del presidente. Tras re-unir 2.7 millones de firmas solicitadas constitucionalmente, se hizo el llamado a referéndum que se celebró el 15 de agosto de 2004. El resultado fue un punto decisivo en el gobierno de Chávez, ya que se logró obtener 58% a favor de la permanencia; la oposición quedó con 42%. Más allá de la crisis que representó la movilización de la oposición para la aprobación del si, el referéndum resultó en un muy marcado fortalecimiento de parte del gobierno de Chávez, respalda-do por una amplia participación popular (Febres y Márquez, 2006). En este caso, el resultado del referéndum terminó fortaleciendo el gobierno de Chávez, ya que logró obtener una legitimación y un res-paldo ciudadano importante (González, 2006, p. 165).

El siguiente ejemplo es el del referéndum constitucional de Ve-nezuela en 2007. En esta ocasión fue Chávez quien decidió impul-sarlo con el objetivo de modificar 69 artículos de la constitución de 1999. Entre las iniciativas que se buscaba aprobar estaba incluir cons-titucionalmente al Estado venezolano como un Estado socialista. El proyecto también incluía una propuesta para la ampliación de los poderes del Estado, para permitir la reelección presidencial sin lími-te, la creación de milicias populares llamadas bolivarianas, la con-formación de un poder popular que seguiría el principio de sufragio universal, directo y secreto, una serie de procesos de recentralización político-administrativos, la elevación de los topes en el número de firmas necesarias para la convocatoria a referendos populares y una potestad especial del presidente para crear regiones especiales con

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fines estratégicos y nombrar autoridades específicas para garantizar la soberanía y la defensa del territorio.

Chávez llamó a este conjunto de propuestas una “radicalización de la democracia participativa”, para dejar atrás el capitalismo e ir a un “socialismo del siglo xxi” (López Maya, 2011, p. 5). El resultado fue a favor del “No” por un margen de tan sólo 120 000 votos, pero el proceso reveló una voluntad de fortalecimiento del poder estatal con base en el apoyo ciudadano (Lavaud, 2007, p. 146).

En el caso de Ecuador, desde las propuestas de campaña aparecía la reforma a la democracia como un eje fundamental dela propuesta política. En la agenda de Alianza País, se planteaba la necesidad de impulsar una “revolución política” que lograra la recuperación de la privatizada estructura estatal, el impulso a la democracia partici-pativa y el mejoramiento del sistema de representación política. De acuerdo con este programa, se organizó una consulta popular para impulsar la creación de una nueva constitución. La idea de crear esta nueva constitución provenía desde la campaña presidencial de Rafael Correa en 2006, y buscaba crear una nueva Asamblea Constituyente, con el fin de reformar la constitución de 1998. La consulta se realizó el 15 de abril de 2007, arrojando un voto de aprobación de 81.72% de la ciudadanía en contra de 12.43% en contra. Se eligieron 130 asambleístas con una mayoría de Alianza País, quienes, aliados con otros partidos de izquierda, lograron formar una mayoría absoluta.

Posteriormente, el proyecto de texto constitucional se sometió a consulta popular para que la ciudadanía votara a favor o en contra de adoptar la nueva constitución. Esta consulta se celebró el 13 de agosto de 2008; para el 16 de octubre se proclamaron los resultados definitivos. El Sí obtuvo 63.3% y ganó en 23 de las 24 provincias. Esta fue la primera vez, desde 1869, que una Constitución aprobada por una Asamblea Constituyente era discutida y votada por la población (Hernández y Buendía, 2011, p. 134). La promoción de un nuevo texto constitucional respondió así a una demanda popular que se venía manifestando desde la campaña presidencial a favor de la crea-ción de una nueva institucionalidad y la reforma del poder político en el país.

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En el caso de Bolivia, se celebró un “referéndum revocatorio” el 10 de agosto de 2008, en el que se decidía la posible dimisión del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y de ocho de los nueve prefectos departamentales. Este referéndum, impulsado por los grupos opositores de Morales, terminó ratifican-do al presidente y su gabinete en el gobierno, ya que lograron ob-tener 67.43% de los votos a su favor. De igual forma, los prefectos de los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni fueron ratificados, y los prefectos opositores de La Paz y Cochabamba terminaron siendo revocados. Al igual que en el caso de Venezuela, este referéndum revocatorio fue impulsado por la oposición a sus gobiernos. Sin embargo, los resultados de ambas consultas terminaron fortaleciendo a sus respectivos gobiernos, al despertar la participación y el respaldo de la mayoría de la ciuda-danía. A este respecto, terminaron por reforzar la legitimidad y el apoyo popular a sus gobiernos, lo cual implica procesos de fortaleci-miento en lugar de debilitamiento.

También en Bolivia se celebró un referéndum constitucional el 15 de enero de 2009. Este proyecto se gestó desde el año 2006, cuan-do se realizaron elecciones para elegir a los integrantes de la Asam-blea Constituyente de la cual emanaría una nueva constitución para Bolivia. En esta Asamblea terminó por dominar el bloque favorable al presidente Evo Morales con más de 50% de los 255 escaños. Tras varios momentos de bloqueo, por parte tanto del Congreso Nacio-nal como de la Corte Nacional Electoral, el 20 de octubre de 2008 se convocó a una consulta para el 25 de enero de 2009. La nueva constitución resultó aprobada con un total de 61.43% de los votos, por sobre 38.57% en contra. Fue promulgada el 7 de febrero de 2009.

En conjunto, estos procesos de democracia directa, referén-dums y consultas populares son muestras del fortalecimiento de los gobiernos populares en cuanto a su interrelación con los ciudadanos. Este aspecto los hace diferentes de los anteriores Estados neolibe-ral-procedimentales, ya que si bien siguen considerando los meca-nismos de la democracia representativa, el uso de los mecanismos de democracia directa permite mantener un flujo constante de co-municación y escrutinio entre la ciudadanía y sus gobiernos. De esta

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forma, se rompe el fenómeno de delegación política propio de las democracias procedimentales que reduce el papel del ciudadano a un mero emisor de voto en cada ciclo electoral para elegir nuevos funcionarios.

El proyecto de los consejos comunales

Dentro del espectro de los proyectos de democracia participativa so-bresale la organización de consejos comunales en Venezuela. Este es el proyecto más ambicioso y extendido, debido a la profundidad y la ambición de sus reformas.

Los primeros pasos que permitieron la construcción de los consejos comunales se dieron cuando se impulsó el Proceso Cons-tituyente dentro la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en diciembre del 1999. Este Proceso Consti-tuyente buscaba generar una transición política entre un modelo de democracia formal a la democracia participativa, caracterizada por la movilización social en apoyo al proceso de reformas del Esta-do. El proceso constituyente permitió iniciar la construcción de un proyecto político caracterizado por la inclusión de los grupos po-pulares, en relación directa con el poder estatal y con el liderazgo del movimiento. En este proceso fueron centrales aspectos como el liderazgo carismático de Chávez, el nuevo simbolismo bolivariano y el nuevo proyecto de Estado, que facilitaron la inclusión efectiva de las mayorías populares dentro del proyecto. El impulso a la demo-cracia directa estuvo incluido como una de las reformas necesarias para llevar adelante el reconocimiento y el cumplimiento efectivo de los derechos sociales, económicos y culturales de sectores antes excluidos de las dinámicas de acción de la democracia venezolana (Romero, 2012, p. 252-253).

Los consejos comunales (cc) se concibieron como el “funda-mento del anhelado socialismo venezolano”, en el que las “estructu-ras consejistas”, a través de la cooperación y la coordinación, podrían llegar a sustituir al Estado burgués por un nuevo “Estado comunal”. Junto a los cc, se tomaron medidas encaminadas a generar cambios

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estructurales en la economía e impulsar la democratización de las relaciones de propiedad, de trabajo y de producción (Azzellini, 2011, p. 9).

El proyecto de los cc y de las comunas aparece entonces consi-derado a nivel constitucional desde 1999, en específico en el artículo 62, donde se establece que “La participación del Pueblo en la forma-ción, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”. Además, se describe a los cc en el artículo 70 como “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político […] la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serían de carácter vin-culante” (Rodríguez, 2010, p. 202).

La organización de los cc fue concebida como uno de los llama-dos Cinco Motores del Proyecto Simón Bolívar, en el contexto más amplio del Proyecto Bolivariano. En específico, los cinco motores de ese proyecto son:

· La ley habilitante, que buscaba impulsar 65 leyes desde el poder Ejecutivo Nacional.

· La Reforma Constitucional que buscaba reformar la Constitución de 1999 en función del avance del proyec-to bolivariano, asociada específicamente con la estructu-ración del poder político y las condiciones generales del proyecto económico en el Estado.

· El proyecto de Educación Moral y Luces, orientado a impulsar un proyecto de educación socialista de educa-ción en busca de generar socialización y gratuidad com-pleta de la educación.

· La construcción de una nueva geometría del poder que busca reordenar el poder político en el territorio venezolano.

· El poder comunal o popular, que busca fomentar los mecanismos de democracia directa fundamentalmen-te a través de los consejos locales de planificación y los consejos comunales (Romero, 2012, pp. 266-267).

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Las leyes habilitantes permitieron construir las bases insti-tucionales de la democracia participativa venezolana mediante la construcción de los cc. Estos se entienden como instituciones de movilización social popular y empleadas en buena medida como or-ganizaciones de defensa ante el embate de los grupos opositores al gobierno de Chávez y su proyecto político (Romero, 2012, p. 255).

Posteriormente, en el año 2006 entró en vigencia la llamada Ley de los Consejos Comunales, en la que se consideraba que los cc se integrarían en relación directa con el gobierno nacional, bajo la coordinación de un ministerio especial que se encargaría de pro-moverlos y financiarlos. En cuanto a la fuente de los recursos para el funcionamiento de los cc, se estableció que compartirían recursos tanto de los gobiernos municipales como estadales, además de con-siderar la posibilidad de que ellos mismos gestionaran sus propios recursos. La reforma legal más importante para el funcionamiento de los cc vendría en 2008, cuando se creó una Ley Orgánica de los Consejos Comunales. De acuerdo con las reformas de esta ley, los cc se formarían por entre 140 y 400 familias en las áreas urbanas y por un mínimo de veinte en áreas rurales (Goldfrank, 2011, p. 43).

En esta nueva ley también se definió que las funciones funda-mentales de los cc serían el impulso, la planificación, implementa-ción y monitoreo de proyectos y programas comunitarios. De acuer-do con el artículo 2 de esta ley,

Los consejos comunales, en el marco constitucional de la de-mocracia participativa y protagónica, son instancias de par-ticipación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, mo-vimientos sociales y populares, que permiten al pueblo orga-nizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comu-nidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, 2009).

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Los cc cumplen con ser formas de participación ciudadana ins-titucionalizada que procuran la autoorganización y autopromoción de la actividad ciudadana, bajo líneas de acción que prescinden del tutelaje directo del Estado. Las áreas en específico en las que los cc tendrían injerencia, según el artículo 28 de la legislación, serían salud, familia y género, economía comunal, seguridad, vivienda, medios alternativos y educación. Así, los cc permiten que los ciudadanos elijan ejercer algún programa de acción bajo el auspicio del gobierno y llevar a cabo iniciativas en cada uno de los rubros considerados en la legislación. Los cc también pueden asumir funciones transferidas desde los municipios y gobernaciones si están en condiciones de to-mar estas responsabilidades.

Existen casos en los que estas asumieron el aseo urbano, o bien otras en las que han intervenido directamente en la instalación de plataformas tecnológicas para cables de internet y telefonía fija, a través de la empresa telefónica estatal Cantv. Otra expresión es que los cc han asumido la administración de gasolineras de Petróleos de Venezuela (pdv) o bien su trabajo directo en la construcción de

“Mercalitos” a través de Mercal en 2008. Otro ejemplo es la construc-ción y transferencia a las comunidades de llenadores y distribuido-res de gas líquido para cocina en “bombonas”, entregada por pdvsa directamente a las comunidades y eliminando a los intermediarios comerciales. Esta decisión logró bajar hasta 20% el precio del insu-mo (Azzellini, 2011, p. 215).

Según los datos oficiales, para el año 2009 existían alrededor de treinta mil consejos comunales; para agosto de 2010, 21 050 habían sido refundados y registrados oficialmente. De igual manera, tanto solo en el año 2008 se invirtieron, según datos oficiales, un total de cinco billones de bolívares (equivalentes a 2.3 millones de dólares) para financiar proyectos dentro de los cc. Tal cantidad de recursos invertida se complementa con una cifra de aproximadamente ocho millones de venezolanos que han participado en los consejos comu-nales (Goldfrank, 2011, p. 44). Según investigaciones de la Fundación Centro Gumilla (fcg), de 1138 cc entrevistados, 33% había desarro-llado proyectos asociados con la mejora de viviendas en 2008, 21% había realizado proyectos de agua potable, 15% había impulsado la

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construcción o arreglo de carreteras, 14% había realizado trabajos en la red eléctrica, 13% había participado en la construcción de faci-lidades deportivas, 12% había impulsado la construcción o compra de una casa comunal para el cc y el arreglo de escuelas, 10% había elaborado proyectos para arreglar caminos y escaleras y 4% de pla-zas y parques (Azzellini, 2011, p. 215). De acuerdo con estos datos, se puede decir que buena parte de los esfuerzos se orientan a las soluciones de problemas inmediatos en cuanto a infraestructura y servicios básicos, pero bajo un esquema de cooperación y, a veces, hasta de impulsos independientes por parte de la población.

Estos números de inversiones y proyectos explican el hecho de que algo más de ocho millones de venezolanos hayan participado en los cc, y que para 2010, ya existieran más de 31 000. Esta cifra, repetida por oficiales del gobierno, se ha verificado por una encues-ta encabezada por Latin American Public Opinion Project (lapop), organización responsable del Barómetro de las Américas. En su en-cuesta del 2007, 36% de los entrevistados dijo haber participado por lo menos una vez en el cc de su comunidad y 66% afirmó que un cc existía en su comunidad (Goldfrank, 2011, p. 44; Azzellini, 2011, p. 220).

En cuanto a la organización administrativa, los cc se compo-nen también de una unidad administrativa, una administración fi-nanciera, una unidad de contraloría social y una unidad ejecutiva, las cuales ocupan y ejercen los ciudadanos del propio consejo por elección directa de sus integrantes. La toma de decisiones se hace mediante asambleas de ciudadanos en las que se necesita de la asis-tencia de al menos 30% de los residentes (Goldfrank, 2011, p. 44). A este respecto, una de las críticas que se han lanzado sobre el proyecto de los consejos comunales es que son una estructura que amenaza la democracia, bajo el supuesto de que se basa en el clientelismo y el corporativismo.

Sin embargo, diversos estudios han demostrado que, en lugar de socavar la democracia, los cc han ayudado a promoverla, ya que al interior se encuentran representadas la diversidad de posiciones políticas de Venezuela. En este sentido, si los cc fueran una mera manifestación de clientelismo, difícilmente podrían incluir a los

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propios integrantes del movimiento opositor al chavismo. Además, los estudios organizados por el Centro Gumilla han mostrado que en ochenta por ciento de los cc se encuentra representada más de una tendencia política. Asimismo, en una encuesta elaborada por Hawkins se ha mostrado que “mientras el setenta por ciento de los chavistas participan en el cc de su área, cuarenta y tres por ciento de los antichavistas también. Esta tasa de participación es más alta que la de la mayoría de los otros tipos de actividad asociativa” (Hawkins, 2006, p. 119).

La existencia de una amplia diversidad de grupos dentro de la organización de los cc refuerza el sentido soberano que recae sobre estos. Lejos de las descripciones críticas acerca de esta institución, las investigaciones acerca de su funcionamiento demuestran que son órganos efectivamente ciudadanos y que son un aporte en la cons-trucción de Estados y gobiernos con una mayor inclusión y partici-pación de los intereses ciudadanos. En este sentido, los cc represen-tan un proyecto de avanzada en los gobiernos nacional-populares en América Latina; mediante su construcción y funcionamiento se apunta a la construcción de Estados y gobiernos en interrelación di-recta con sus ciudadanos, organizados institucionalmente, pero con libertad para incidir en las decisiones de Estado y de gobierno. De esta manera, el argumento acerca de que son antidemocráticos se de-muestra como falso, dado que mediante la democracia participativa y sus herramientas se ha abierto una vía efectiva para democratizar la toma de decisiones e involucrar a las poblaciones nacionales. Estas herramientas no “crean desorden”, más bien cumplen con resignifi-car lo público como un espacio de deliberación, discusión y acción ciudadana (Rabotnikoff y Aibar, 2012, p. 66).

La aspiración más ambiciosa de este proyecto es la conforma-ción de una gran organización comunal a lo largo del país, de un Estado comunal. A este respecto, la primera posibilidad ha sido la conformación de “mancomunidades” mediante la articulación de varios cc, además de que también existe la forma de comuna socia-lista que puede estar conformada también por varios cc. En ambas formas, el territorio se encuentra completamente organizado en cc y se ejerce el autogobierno comunal; el presidente puede, en acuerdo

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con el consejo de ministros, declararlo Ciudad Comunal (Azzellini, 2011, p. 218). Esta organización comunal finalmente remite a la tra-dición socialista de las comunas y en especial a la comuna de París; una organización que ha sido impulsada tanto desde el poder estatal como de la propia sociedad venezolana.

Tensiones y contradicciones de la democracia participativa

En los gobiernos nacional-populares, las consultas y los referéndums han permitido la inclusión de diferentes grupos al hacerlos parti-cipes directos de la toma de decisiones públicas. Aunado a esto, la construcción de las agendas de gobiernos se ha alimentado de las demandas de los propios grupos sociales para lo cual se han emplea-do también las herramientas de democracia participativa. Por otro lado, existen resultados adversos en las iniciativas de los propios go-biernos sometidas a escrutinio mediante la democracia participativa; también existe la posibilidad de que los propios opositores utilicen estas herramientas para propulsar proyectos o decisiones encontra-das con los proyectos de los propios gobiernos. Lo anterior habla de que estos se han mantenido como gobiernos tolerantes e incluyentes para los diferentes grupos ciudadanos.

Dentro de estos gobiernos se cumple no sólo con no reprimir o limitar a la disidencia u oposición, sino con integrar a los diferentes grupos opositores mediante los propios mecanismos de la democra-cia participativa (desde el extremo más radical de izquierda, hasta el extremo más radical de derecha) siempre respetando los derechos fundamentales y bajo el marco de limitaciones propio de sus cons-tituciones nacionales. En este sentido, a diferencia de los Estados neoliberal-procedimentales, donde el uso de la fuerza pública es fundamental para mantener la gobernabilidad, los gobiernos nacio-nal-populares hacen de la tolerancia a la crítica una característica de su proyecto.

Una posible explicación a este carácter inclusivo está en el hecho de que desde su propio origen han estado formados por una gama de organizaciones sociales y de grupos de interés. En este sentido, a

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diferencia de un gobierno que pueda provenir de un solo partido político, o de una pequeña coalición entre partidos, los movimientos que los llevaron al poder de Estado están formados por una gran diversidad de identidades y proyectos políticos. Por tanto, están for-mados por “una especie de microuniverso de grupos, líneas y ten-dencias respecto de aspectos puntuales de la agenda, radicalidad de las acciones propuestas, modos de implementarlas, etc. Cada una presenta, hacia adentro, izquierdas y derechas” (Vilas, 2005, p. 92).

En términos de su funcionamiento, esta conformación impli-ca una dinámica en la que la diversidad de corrientes, la formación de compromisos internos y las alianzas entre los diferentes grupos que lo forman generan tensiones y eventuales desmembramientos que terminan por hacer de la tolerancia y el diálogo un elemento indispensable en su funcionamiento. A este aspecto de multiplicidad, también hay que agregar el hecho de estos gobiernos se mantienen respetuosos ante la democracia representativa como forma de elegir gobiernos y representantes. Por lo tanto, necesitan cuidar la “aritmé-tica electoral”, que exige la construcción de alianzas y concertaciones con diversas fuerza políticas y sociales (Vilas, 2005, p. 92).

En tanto estos gobiernos apelan de manera constante a la so-ciedad movilizada como un sujeto activo e influyente, siempre es un problema generar gobernabilidad para todo el conjunto. Este aspec-to ha sido uno de los objetos de mayor crítica a estos gobiernos. En tanto, para muchos dar protagonismo permanente a la ciudadanía tiende a generar polarización en la sociedad y dificultar la institucio-nalización “más allá del liderazgo personal” (Garretón, 2006, p. 109). Sin embargo, de forma contraria a lo que sostiene esta perspecti-va, la existencia de una sociedad civil activa y participante dota de un sentido fuertemente democrático a estos gobiernos. Esto rompe la barrera de la “delegación” política representativa, y dota de una mayor vitalidad ciudadana a las estructuras e instituciones guber-namentales. La confluencia de los diferentes grupos y actores, más allá de la participación electoral, vuelve fuertemente democrática a la vida política en estos países. La existencia de la crítica, la inclu-sión de los diferentes grupos y la movilización y organización social independiente o integrada dotan a estos gobiernos de una vitalidad

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y una potencialidad que antes no existía. Las tensiones y contradic-ciones entre movimientos, organizaciones, partidos, la oposición y el Estado impiden que gobierno y Estado mismo puedan erigirse como instancias apartadas de la ciudadanía y cerradas a la sociedad. A este respecto, el propio vicepresidente de Bolivia ha expresado que “Tie-ne que mantenerse así, viva. Es una contradicción entre socialización y monopolización, concentración y democratización. Son procesos que tienen que avanzar juntos. Les corresponde a los movimientos sociales dirigir esto, pero le toca al Estado […] garantizar las bases de sostenibilidad de este proceso” (Natanson, 2007, p. 165).

Un ejemplo concreto de esta tensión entre movimientos y go-bierno que ha llamado mucho la atención sucedió precisamente en Bolivia, cuando indígenas, campesinos y empleados públicos se ma-nifestaron masivamente contra la decisión gubernamental de retirar el subsidio oficial a la gasolina anunciado el 26 de diciembre de 2010. La razón de este retiro del subsidio, y la consecuente subida del pre-cio hasta 83%, se debía al problema que representa que una parte im-portante del combustible subsidiado se trafique a los países vecinos, una fuga importante de recursos para el Estado. Sin embargo, debido a la fuerte presión social que se presentó especialmente de la zona andina, importante bastión del mas, el proyecto no se llevó a cabo (Stefanoni, 2011, p. 24).

Este ejemplo muestra cómo un gobierno como el del mas se muestra atento y receptivo de las demandas sociales. Dicha postura se muestra claramente distante de la forma de actuar de los gobier-nos en los Estados neoliberal-procedimentales, en donde los recor-tes presupuestales y la eliminación de subsidios se aplica sin tener en cuenta la opinión de las mayorías, y aunque los movimientos y organizaciones expresen su desacuerdo estas terminan por imponer-se, incluso utilizando la fuerza pública para controlar las manifesta-ciones. En este sentido, el mas mantuvo su posición acorde con los principios de su propuesta política.

Otro ejemplo lo encontramos en el episodio de 2011, cuando el gobierno del mas se propuso la construcción de una autopista a tra-vés del Territorio Indígena y Parque Nacional Isidro-Secure (tipnis). El llamado tipnis fue declarado como Parque Nacional en 1965 y

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se constituyó en territorio indígena en 1990, como parte de los lo-gros de la “Marcha por el Territorio y la Dignidad. El tipnis abarca más de 12 000 km2 y está habitado por más de sesenta comunidades indígenas, cuya economía depende en gran medida de los recursos naturales provenientes de la propia reserva. En 2008, el gobierno de Morales decidió iniciar la construcción de una carretera entre San Ignacio de Mosos, departamento de Tarija, y Villa Tunari, departa-mento de Cochabamba; sin embargo, la construcción atravesaba el tipnis (Rossell, 2012, p. 6).

El proyecto despertó la oposición de un número importante de organizaciones indígenas, aglutinadas alrededor de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (cidob) y del Con-sejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), además de un conjunto de 34 organizaciones de pueblos indígenas de tierras bajas y las propias organizaciones del tipnis. Así, el 16 de agosto de 2011 se manifestaron alrededor de 1200 indígenas coordinando una marcha desde la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, para llegar hasta La Paz (Calla, 2012, p. 80; García, 2012). Ante esta situación, el gobierno del mas decidió no imponer la construcción de la carretera y comenzó a cabildear con las diferentes fuerzas. La decisión final del gobierno fue el uso de la democracia participativa, a fin de generar un referendo directo con todos los grupos y actores involucrados en el problema para determinar si se debía construir la carretera. El resultado de esta consulta fue el apoyo al proyecto de gobierno con un total de 58 comunidades que apoyaron el proyecto y 11 que se manifestaron en contra: 87% a favor en la votación.

Otro ejemplo destacado es el de Ecuador. Recientemente, el go-bierno de Correa chocó con organizaciones indígenas y movimien-tos sociales al plantear la posibilidad de abrir una explotación pe-trolera en el Parque Nacional Yasuní. Este parque está considerado como una reserva ecológica muy valiosa debido a su biodiversidad; sin embargo, también es una reserva petrolífera aún no explotada en el país. Hasta antes de 2013, la posición del gobierno fue evitar la explotación de estos recursos. No obstante, a principios de este año se planteó impulsar la explotación petrolífera. De igual manera, en el caso boliviano, la decisión del gobierno de Correa fue recurrir al

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acuerdo y la concertación principalmente con la comunidad indí-gena guaraní que habita esta zona. El acuerdo, logrado con la co-munidad el 15 de agosto de 2013, se basó en el otorgamiento de un amplio financiamiento para esta etnia, para cubrir sus demandas de educación, salud y principalmente un irrestricto reconocimiento de sus tierras (Constante, 2013).

Visto de manera global, la presencia de tensiones entre movi-mientos sociales, grupos de protesta y el gobierno son una muestra de una relación entre Estado y ciudadanía que se ha reformulado en un sentido inclusivo y de mutua determinación. Contrario a lo que muchos críticos asumen, no tienen características autoritarias; tien-den fuertemente a lo democrático, ya sea a través de la democracia participativa, la inclusión de demandas populares y ciudadanas en sus agendas de gobierno, a través del impulso a proyectos como el de Consejos Comunales o en la propia negociación con los grupos críticos u opositores.

La inclusión material

Otra de las características centrales de los gobiernos nacional-popu-lares es la inclusión material de sus ciudadanos mediante un Estado que tiende a proteger a su ciudadanía. Por inclusión material enten-demos la dotación de bienes y servicios básicos otorgada o alentada por el Estado; busca mejorar las condiciones de vida de sus pobla-ciones nacionales y principalmente de los grupos populares. En este sentido, el contraste con las políticas de los Estados neoliberal-pro-cedimentales es claro, ya que aquellos tienden a eliminar los servi-cios y la dotación de bienes básicos por parte del Estado bajo pretex-to de que estos deben ser disminuidos a costa de no representar una carga de gasto excesivo para las finanzas públicas y de que las priva-tizaciones son oportunidades para abrir esas áreas antes públicas a la inversión de capital privado e incentivar el crecimiento económico.

La inclusión material en los gobiernos nacional-populares se sustenta en el principio de recuperar al Estado como un ente al ser-vicio de la ciudadanía y principalmente de los grupos populares, de

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restablecer la obligación del Estado de proteger a todos sus ciudada-nos. Esta característica se manifiesta a través de la dotación de bienes y servicios estatales básicos, como la salud, la alimentación, la ayuda a los más pobres, el fomento del empleo y en general la mejora en sus condiciones de vida. Este tipo de políticas se han implementado en principio a través de reformas constitucionales, y consecuentemente a través de la creación de toda una institucionalidad que busca dotar estos bienes y servicios de manera universal.

En la búsqueda de estos gobiernos y regímenes de incluir ma-terialmente a sus poblaciones ha resultado fundamental el hecho de que en estos tres países existen recursos naturales, especialmen-te energéticos, en abundancia, como el petróleo y el gas que en el mercado internacional han gozado de precios favorables durante los años recientes. Sin embargo, además de las condiciones favorables en el mercado internacional, sus políticas han sido fundamentales para que esta riqueza se convierta en beneficios directos para las ma-yorías populares en estos tres países. La propiedad de estos recursos y su explotación han pasado a ser regidos por el Estado, ya sea a tra-vés del otorgamiento de concesiones de explotación a empresas pri-vadas (nacionales o internacionales) o de manera directa a través de empresas paraestatales. Así, alentado por un contexto internacional favorable, la elevada cotización del barril de petróleo, el crecimien-to de las exportaciones primarias gasíferas y mineras, se ha podido aumentar los ingresos de las familias, ya sea mediante transferencias directas o por efectos de “derrame”. Esto es, en breve, una redistribu-ción de la riqueza.

En estos logros ha resultado fundamental el control de la in-flación y del tipo de cambio, además de la disciplina fiscal interna, las cuales han posibilitado la creación de economías estables en el contexto reciente de inestabilidad financiera internacional. Estos gobiernos han mostrado una marcada “preocupación por la estabili-dad monetaria”, que los aleja de lo que Dornbusch y Edwards llama-ron “populismo macroeconómico”. La estabilidad macroeconómica y monetaria ha adquirido especial atención para estos gobiernos y bien podría decirse que aprendieron una de las lecciones más im-portantes que dejaron los años ochenta con las crisis de la deuda

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(Paramio, 2006, p. 64). De igual manera, la “ruptura del vínculo con las elites tradicionales y la adopción de un nuevo tipo estatismo eco-nómico” han sido elementos fundamentales que han permitido im-pulsar las agendas de integración material en estos países.

La prioridad de la organización económica dejó de ser la acu-mulación de ganancias del capital privado. Pasó a ser un tipo de economías que colocan al bienestar ciudadano en el centro de su organización (Tassi, Arbona, Ferrufino y Rodríguez Carbona, 2012, p. 98). Un elemento fundamental de estos proyectos ha sido colocar a la “nación” como un eje fundamental en sus propuestas, entendi-da como un “marco amplio de sujetos por encima de pertenencia a sectores o clases […] que sortea la atomización individualista del concepto liberal del ciudadano” (Vilas, 2005, p. 94). En los gobiernos nacional-populares, “la nación es construida por el discurso político como sujeto colectivo activado en torno a un programa de acción colectiva” acorde con los intereses nacionales y populares (Vilas, 2005, p. 94).

Salud, alimentación y educación

En el caso de Bolivia se ha impulsado una ambiciosa campaña de transferencias de renta para atender a grupos como niños, ancianos o mujeres embarazadas en el marco de la política de protección so-cial y desarrollo integral comunitario del Plan Nacional de Desarro-llo. Los recursos que se distribuyen tienen su origen principalmente en las ganancias obtenidas por la explotación de hidrocarburos, una industria que fue recuperada y ahora es el respaldo de la política social del gobierno de Morales.

Un ejemplo de estos programas es Renta Dignidad, un progra-ma de transferencia de rentas para todos los adultos con más de se-tenta años. Este programa tuvo su antecedente en los años noventa, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, a través del lla-mado Bonosol; en la actualidad, se ha extendido con un monto de doscientos bolivianos (equivalente a treinta dólares) mensualmente (Stefanoni, 2011, p. 36). Este se estableció en 1997 y se paga con los

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rendimientos y la venta de acciones de las empresas capitalizadas (petróleo, ferrocarriles, energía, telecomunicaciones y aviación) (Aponte, 2006, p. 65). Para atender a la niñez se creó el programa Juancito Pinto, que consiste en un pago de treinta dólares anuales a los alumnos de escuelas primarias públicas por el solo hecho de mantenerse como estudiantes en el sistema educativo. O bien, tam-bién se crearon el bono Madre, Niño y Niña Juana Azurduy para mujeres embarazadas, que consiste en una transferencia de cincuen-ta bolivianos (aproximadamente siete dólares) por cada control mé-dico, hasta un máximo de cuatro ocasiones. Aunado a este apoyo, también se otorgan 120 bolivianos (diecisiete dólares) por cumplir con los controles médicos de niños y niñas menores de dos años. El objetivo de este último programa es reducir los índices de mortali-dad materno infantil.

Con respecto a la salud, ha sido importante la participación de varios centenares de médicos cubanos que han impulsado el progra-ma Misión Milagro, destinado a operar gratuitamente de cataratas y otras enfermedades de la vista. Otra política es el llamado Programa Desnutrición Cero, que está enfocado a los niños y niñas menores de cinco años que viven en situación de pobreza y grupos que po-seen altos grados de desnutrición, sobre todo en los municipios más pobres del país. En cuanto al ámbito rural, se han creado seguros agrícolas contra desastres naturales además de la llamada Tarifa Dig-nidad creada en 2006, la cual reduce 25% el costo de la energía eléc-trica a los usuarios con bajos consumos. De igual manera, se imple-mentó la campaña de alfabetización “Yo sí puedo”, de origen cubano; según cifras oficiales, desde 2010 el país ya se encontraba libre de analfabetismo (Stefanoni, 2011, p. 37).

En términos de indicadores socioeconómicos, el progreso en cuanto bienestar logrado por el gobierno boliviano ha sido impor-tante. Basta considerar algunos indicadores generales para demos-trar esto: el ingreso per cápita para 2011 había subido a 1833 dólares en comparación con 942 en 2001; en el período entre 2005 y 2010, la pobreza urbana se redujo de 60.6% a 49.6%, la pobreza rural se redu-jo de 77.6% a 65.1%, la pobreza extrema en general bajó de 38.2% a 25.4%, y la pobreza extrema en el campo bajó de 62.9% a 44.7%. De

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igual manera, la inversión pública estatal pasó de 600 a 3300 millo-nes de dólares, de los cuales 66% se invirtió directamente en el área rural (Stefanoni, 2011, p. 38).

Además de las políticas de transferencias y de inversión pública, el Estado boliviano ha reformado sus constituciones e instituciones a fin de proteger los derechos laborales y sociales. En este sentido, el Estado ha reestatizado el sistema de pensiones, privatizado durante los años noventa, y ha derogado la subcontratación de trabajadores, legalizada durante los años noventa.

De igual forma que en el caso boliviano, en Venezuela duran-te los últimos diez años se lograron progresos muy importantes en términos de lo que llamamos la inclusión material de sus ciudada-nos. Desde el documento “Las Líneas Generales del Plan de Desa-rrollo Económico y Social 2007-2013”, en específico en la sección

“Democracia Protagónica y Revolucionaria”, se planteó que el Estado se debe comportar como un ente fundado en la conciencia ética por encima de la fuerza, y que no admite que los intereses particulares se sobrepongan a los intereses generales de la sociedad y el bienestar de todos (Monsalve y Gabaldón, 2012, p. 511). En este sentido, es notorio cómo se dota al Estado de un sentido fundado en el interés general de la sociedad por encima de los intereses particulares.

Los recursos que hacen posible la dotación de bienes y servicios provienen en buena medida del ingreso fiscal petrolero, destinados al funcionamiento de los consejos comunales, de las políticas sociales y de las llamadas Misiones. Esta política de redistribución, y en general la expansión económica posibilitada por el Gobierno chavista, comen-zó cuando se obtuvo el control completo sobre la empresa nacional Pe-tróleos de Venezuela (pdvsa), en el primer trimestre de 2003. A partir de este momento, el pib se incrementó casi al doble en diez años a un ritmo anual de 13.5%. De manera contraria a como asumen muchos de sus críticos, este crecimiento se ha dado sobre todo en el sector no petrolero; específicamente, el sector privado ha crecido mucho más que el sector público (Weisbrot, Ray y Sandoval, 2009, p. 3).

En términos globales, las políticas económicas y sociales in-clusivas del régimen chavista han tenido éxitos espectaculares en cuanto a la reducción de la pobreza. Según el Instituto Nacional de

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Estadística (ine), para 2009 el índice de pobreza se había ubicado en 28.5% que representa una caída de quince puntos ante 43.5% que había en 1999. También la pobreza extrema se redujo en diez puntos porcentuales: de 17.1% en 1998 a 7.9% en 2009 (Rodríguez, 2010, p. 200). El gasto social por persona se incrementó por más de tres veces entre 1998 y 2006. De igual forma, entre 1998 y 2006, la morta-lidad infantil disminuyó más de un tercio. El número de doctores de atención primaria en el sector público se multiplicó doce veces entre 1888 y 2007 (Weisbrot, Ray y Sandoval, 2009, p. 3).

La capacidad adquisitiva de los trabajadores ha mejorado sus-tancialmente en el período entre 2004-2007, y especialmente la de aquellos sectores con menos ingresos, gracias a los incrementos del salario mínimo decretado por el gobierno. El índice de remunera-ciones en 2013, al compararlo con el de 2007, refleja una mejoría del salario promedio real de 18.33%. Esto lo pone como el mayor salario mínimo en América Latina, al ascender a un total de 636 dólares mensuales, por encima del salario en Argentina, que se encuentra en los 310 dólares mensuales (Rodríguez, 2010, p. 198). En térmi-nos globales, el gasto social se ha elevado 14% en los últimos veinte años, y 42% a partir del año 2000. Tan sólo para 2010, el proyecto presupuestario preveía una inversión para el área social de 45.7% del presupuesto nacional para distribuirse en áreas de salud, educación y seguridad social, entre otros sectores. Tan sólo en 2009, para la salud la inversión total fue de 12 028 millones de bolívares, lo que equivale a 7.2% del producto interno bruto (Rodríguez, 2010, p. 200).

De manera curiosa, el impulso más importante para los progra-mas de transferencias y de protección social se dio después del año 2002, cuando el régimen se vio en mayor riesgo ante la intentona golpista. Para mediados del año 2003, la popularidad de Chávez esta-ba muy comprometida, y en un intento de levantar su aceptación se inclinó por lanzar una serie de ambiciosos programas de asistencia social, llamados “Misiones” (González, 2006, p. 163). La diversidad de áreas que cubren estas Misiones es amplia, y todas están orienta-das a satisfacer necesidades básicas de la población contando con su participación activa. Dichas misiones también cuentan con su pro-pia estructura institucional paralela a la institucionalidad tradicional,

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en la que se insertan de manera efectiva la organización y la partici-pación de las comunidades en la gestión de los servicios.

En concreto, se lanzaron las Misiones Robinson I y II, orienta-das a erradicar el analfabetismo y permitir concluir estudios básicos a la población adulta; la emblemática Misión Barrio Adentro I de-dicada a brindar de atención médica básica a los habitantes de los barrios populares con la participación de personal médico cubano; Misión Mercal, destinada a brindar alimentos subsidiados a los sec-tores populares (según datos oficiales, este programa alcanza hasta a la mitad de la población en el país); Misión Identidad, destinada a brindar un documento de identidad a todos los ciudadanos; Misión Guacaipuro, que busca generar condiciones adecuadas para que la población indígena pueda reclamar y disfrutar de sus derechos; la Misión Cristo, destinada a combatir la pobreza extrema; la Misión Milagro, destinada a ofrecer servicios oftalmológicos; y las misio-nes Sucre y Rivas, destinadas a impulsar la educación secundaria y universitaria (López Maya, 2010, pp. 207-208,10; Alvarado, 2004). Según estudios recientes, las Misiones han tenido un impacto im-portante en el bienestar de la sociedad venezolana. Para 2006, un programa como Mercal tenía una cobertura de 50% de la población, y la misión Barrio Adentro alcanzó 30%. De igual manera, para 2007, de acuerdo con datos de la Encuesta de Presupuesto y Gastos Fami-liares, 48% se beneficiaba de al menos una de las misiones (D’Elia y Quiroz, 2012).

En el caso de Ecuador, nuevamente los recursos provenientes de los ingresos petroleros, una política fiscal progresiva (una medida que no se impulsado en profundidad en Bolivia y Venezuela) y los recursos obtenidos gracias a la renegociación de la deuda externa ecuatoriana, han permitido impulsar programas de atención social y un agresivo programa de subsidios a productos básicos (Correa, 2012, p. 93). Así, desde el eje programático de Alianza País en 2007, se postuló la necesidad de impulsar una “revolución social” que bus-cara igualdad y equidad entre los sectores sociales y las identidades étnicas nacionales (Hernández y Buendía, 2011, p. 136).

Uno de los programas con mayor proyección es el llamado Bono de Desarrollo Humano que se otorga a familias de pocos recursos, un

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bono que ya existía desde antes del gobierno de Correa pero que se ha extendido a una mayor cantidad de gente. El monto de este bono asciende en la actualidad hasta unos 35 dólares mensuales. También existen programas como créditos para vivienda, para pequeños em-prendimientos productivos, para educación, para salud. El Bono de Vivienda se destina a impulsar la compra de viviendas, y asciende hasta los 3600 dólares. Además, existen subsidios constantes al gas doméstico, a la gasolina, y a servicios públicos.

Entre estos subsidios a servicios públicos se encuentra la lla-mada “Tarifa de la Dignidad” enfocada al servicio de electricidad, además de subsidios directos a insumos como la harina de trigo, los agroquímicos, la urea, así como sobre el precio de productos de la canasta popular (arroz, maíz, leche y pan). Otros ejemplos de las po-líticas de integración socioeconómica son la eliminación de costos a las consultas médicas y el otorgamiento de medicamentos básicos gratuitos aunado a un aumento en la jornada de atención a ocho horas. Un programa que sobresale dentro de la agenda es la promo-ción de la educación superior completamente gratuita desde 2008. Esto ha permitido que en la actualidad se elevara sustancialmente el número de estudiantes indígenas y afro-ecuatorianos, de 15 000 a 204 000 inscritos.

En conjunto, el gasto social en el gobierno de Correa se ha in-crementado de 18% entre 2004 y 2006 hasta 24% en 2012. Lo ante-rior posibilitó que la pobreza disminuyera de 37% en 2006 a 33% para mediados de 2010, y la pobreza extrema de 16% a 14%. De igual manera, según datos oficiales, el gasto social entre 2009 y 2012 as-ciende a 74 000 millones de dólares, una cifra que equivale a lo que se gastó en los 14 años anteriores a la llegada de este gobierno (Ste-fanoni, 2012b, p. 62-63). Sin embargo, en la perspectiva de Rafael Correa el otorgamiento de este tipo de apoyos no es suficiente para garantizar la salida de la pobreza para mucha gente, sino que “las oportunidades son las que pueden acabar con la pobreza, y el hecho de que la gente pueda ahora ir a la universidad, esa educación ha sido democratizada, esto significa una gran oportunidad en térmi-nos de oportunidades” (Correa, 2012, p. 98).

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El Estado interventor y el horizonte poscapitalista

Si bien no aparece por el momento en las agendas de estos gobiernos la extinción del Estado en sí, sí existe una transformación profunda que ambiciona la reformulación del poder en el sentido de reapro-piación por parte de las mayorías nacionales. Este aspecto se refleja de manera precisa en que el propio gobierno se ha recompuesto so-cialmente, es decir, mientras en los Estados neoliberal-procedimen-tales el gobierno se componía de personas fuertemente ligadas a los intereses económicos y políticos del gran capital nacional o interna-cional, en los gobiernos nacional populares los puestos de gobier-nos (sobre todo los más importantes) están ocupados por personas no provenientes de los grupos de élite y de poder antes dominantes. Más bien, estos tienen su origen en las capas populares o en las clases medias.

En este sentido, es posible decir que la gran burguesía fue des-plazada de los gobiernos nacionales; si bien esta se mantiene activa dentro de otras esferas o ámbitos de los propios Estados, en los go-biernos nacionales prácticamente han desaparecido. Gracias a este aspecto se pueden explicar las posibilidades revolucionarias de estos gobiernos. Si no existiera una recomposición en el seno de la co-rrelación de fuerzas del gobierno de Estado, esto no sería posible. El Estado se ha redireccionado para volverse un agente activo para regular y transformar las relaciones de dominación no sólo políticas, sino también económicas. Hablamos de una condición en la que el Estado se ha vuelto de nueva cuenta un eje de dirección general en la vida de los países en los que se han presentado estos procesos. Esta situación es de notarse, ya que en los Estados neoliberal procedi-mentales el poder de Estado fue abiertamente manejado en interés de los grandes poderes económicos y políticos creados durante el neoliberalismo y la globalización.

Cabe decir que estos proyectos no ambicionan la reificación del Estado como un ente absoluto de poder que organice a las relaciones sociales desde las alturas, sino que busca fortalecerlo para que sirva como un agente de mediación y transformación eficiente de acuerdo con los principios de transformación que inspiran a estos procesos.

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Aunado a esto, dentro de los Estados nacional-populares existe un espacio amplio para el impulso a proyectos que buscan generar al-ternativas para la organización social y económica. Dichos proyec-tos incluso rescatan saberes y costumbres propios de las sociedades en las que se asienta y que propugnan crear nuevas prácticas y pro-yectos que rompan con el capitalismo y que permitan reformular el conjunto de las condiciones de vida en estos países y del Estado en sí.

Podemos decir que una gran manifestación de este giro en la forma del Estado es la inclusión material. Ésta ha sido posible gracias al uso de recursos públicos que se recaudan desde las propias institu-ciones del Estado y que se ejercen a través de ella. Como hemos visto, esta dotación de bienes y servicios se encuentra lejana de un mero ejercicio de clientelismo o corporativismo, y se presenta con preten-siones de universalidad. Aunado a esto, a diferencia de las críticas conservadoras que los señalan como gobiernos “irresponsables” en el manejo de recursos públicos, estos gobiernos valoran la disciplina fiscal, pero sin dejar de lado las necesidades sociales.

Podemos hablar de la existencia de un Estado interventor que se ocupa de ofrecer mayor seguridad y defiende el bienestar de las per-sonas, recuperando el principio de universalidad de la política social en ámbitos como la salud y la educación. Estos Estados recuperan su obligación de proteger a sus ciudadanos frente a las incertidumbres provocadas por la globalización neoliberal. Asimismo, estos han to-mado las riendas de la dirección económica en sus Estados a través del uso de recursos públicos para impulsar la actividad productiva interna, a través de la construcción de infraestructura, de apoyo a la producción de bienes y servicios básicos, bajo una estrategia que se aproxima al desarrollismo de los años cincuenta (Pizarro, 2005, p. 139) (Stefanoni, 2011, p. 26) (Natanson, 2007, p. 165).

Si bien estos gobiernos identifican que los problemas endémi-cos de exclusión y pobreza tienen raíces estructurales, actúan en el plano inmediato; buscan ofrecer soluciones concretas e inmediatas para atender las necesidades públicas y populares. En este sentido, asumen su responsabilidad pública en áreas como la salud, la vivien-da, la creación de programas para aliviar la pobreza y mediante la atención específica de grupos y áreas marginadas. En este sentido,

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consideramos que las tareas fundamentales que persiguen los go-biernos nacional-populares, posibilitadas por un modelo de Estado interventor son las siguientes.

· Volver al mercado interno el centro dinámico de la economía

· Revertir el proceso de concentración de la riqueza y eli-minar la pobreza extrema

· Hacer una ruptura tajante con el neoliberalismo y con instituciones económicas internacionales como el bm y el fmi

· Convertir a las políticas macroeconómicas en una he-rramienta de desarrollo ampliado y no en la camisa de fuerza que se convirtió durante el neoliberalismo.

De acuerdo con estas tareas, consideramos que es fundamental para estos Estados y sus gobiernos cuidarse de un problema como el so-breendeudamiento externo e interno, un problema que en buena medida provocó la implosión de los Estados populistas de mediados del siglo xx (Soto, 2013, pp. 74-75). En este sentido, si bien se mues-tra como indispensable mantener una disciplina fiscal, con tasas ba-jas de inflación y cuentas fiscales sanas, esta disciplina no debe signi-ficar una camisa de fuerza para que se apoye a la producción. En este sentido, el reto no es mantener un déficit en ceros, sino en utilizarlo como una herramienta de desarrollo, pero siempre vigilando que este sea moderado y manejable. Para poder crear empleo y estimular la actividad productiva, se deben estimular las exportaciones, por un lado, y apoyar el desarrollo técnico-científico, como prestar apoyos a los pequeños empresarios, por otro (Pizarro, 2005, p. 136).

Bolivia, apoyado en la estructura del mas y bajo la égida de un nacionalismo plebeyo, ha encabezado un proceso de moderniza-ción de la industria nacional bajo una línea neodesarrollista. En este proceso conviven los diferentes grupos nacionales, con un protago-nismo especial de los pueblos indígenas; de manera curiosa, a pesar de mantener sus particularidades étnicas, se someten a un proceso de “modernización” que no amenaza sus vidas, sino que potencia

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las posibilidades de generar riqueza y bienestar. Este es un aspecto que ha reconocido el propio vicepresidente Álvaro García Linera al decir que “El discurso indigenista tiene una retórica arcaizante pero una práctica modernizante”. Esta perspectiva ha sido reafirmada por el propio Felipe Quispe, quien ha sostenido: “Somos indios de la posmodernidad, queremos tractores e internet” (Stefanoni, 2007, p. 50). Así el Estado interventor, mediante su renovada rectoría del Estado, la economía y la sociedad, se enfoca en las mayorías popu-lares para mejorar directamente sus condiciones de vida. Se busca la construcción de hospitales, la creación de programas contra la deserción escolar, el subsidio de servicios públicos básicos como la electricidad o la comunicación telefónica, la inversión en los planes de alfabetización y el otorgamiento de créditos para los campesinos y puedan obtener tractores. Todos estos bienes y servicios son posi-bles gracias al esfuerzo de los Estados en la retención del excedente económico, proveniente principalmente de la nacionalización de los hidrocarburos

Para este caso boliviano también podemos decir que el Estado interventor ha tenido su momento de mayor proyección pública el 1 de mayo de 2006, fecha en que, desde el gobierno nacional, se or-denó la ocupación militar de los campos petroleros y gasíferos en todo el país. Esta decisión, respaldada en el decreto 28.701, permitió restituir al Estado boliviano “la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” del gas y el petróleo, tanto dentro como fuera de la tierra.2 Este mismo decreto también estableció una reforma en el régimen tributario que permitió al Estado retener el excedente pro-ductivo, al permitir captar una parte importante de la renta del gas y el petróleo, llegando hasta 82% del valor de la producción (Stefanoni, 2007, p. 58).

Así también, se condicionó la firma de nuevos contratos a las empresas extranjeras a que cedieran una parte importante de la ri-queza que se producía. Esta situación fue posible gracias a la firma de nuevos contratos en los que se medió entre el sistema de contratos

2 En el caso del gas, mediante el Decreto 28701 “Héroes del Chaco” se estableció un aumento en el control del producto bruto del gas natural en 2006.

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de servicio y el de producción compartida. El respaldo político de esta decisión, que dista mucho de ser antidemocrática, como nume-rosos críticos de derecha han sostenido, se basa en la Nueva Ley de Hidrocarburos aprobada en mayo de 2005. Se decretó gracias a un referéndum vinculante que se realizó en julio de 2004, en el que se aprobó la recuperación de la propiedad estatal de los hidrocarburos (Mayorga, 2006, p. 7).

Actualmente, todavía se encuentra pendiente en la agenda del Estado boliviano la recuperación de las acciones de las petroleras con participación de capital privado como Chaco, Andina y Transredes, ya que en estas el capital extranjero controla más de la mitad de las acciones. En estos casos, el Estado boliviano optó por no nacionali-zar las empresas debido al fuerte gasto que significaría indemnizar a las empresas, optando por recuperar “las acciones de los bolivianos”, mediante la recuperación de aquellas acciones que se encontraban en manos de las administradoras de fondos de pensiones (afp). En estas condiciones, las empresas han opuesto una fuerte resistencia ante la eventual nacionalización completa de las empresas; dicha si-tuación será posible mediante la adquisición de la totalidad de los paquetes accionarios, para ser mayoría en sus directorios (Stefanoni, 2007, p. 59).

Esta es una situación en la que las inversiones privadas nacio-nales e internacionales ya no poseen el control de la economía boli-viana. Ahora hablamos de la construcción de una economía todavía capitalista, pero con una fuerte intervención y control por parte del Estado. Lo anterior resultaba urgente debido al gran control que lo-graron los capitales privados nacionales y sobre todo internacionales durante las pasadas tres décadas en Bolivia. Esto no significa que no existan en la actualidad inversiones y capitales privados en la econo-mía boliviana; sin embargo, ahora estos capitales son organizados y vigilados por un Estado que se ha fortalecido y que busca orientar estas inversiones en favor del conjunto general y no sólo de los gru-pos que se beneficiaron por el neoliberalismo.

Por tanto, el capitalismo que se presenta en la actualidad lo po-demos llamar “capitalismo productivo”. En él que se insertan una

“variedad de actores como el sector empresarial tradicional, pero

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también otros sectores, como el empresarial no tradicional, que emerge del mundo popular indígena y que ha logrado construir, por encima del Estado, por fuera del Estado y a veces contra el Estado, mecanismos de acumulación muy interesantes, aunque obviamente dentro de la formalidad” (Natanson, 2007, p. 164).

En este sentido, el fortalecimiento del Estado ha permitido re-definir la relación de la economía boliviana con la inversión y los poderes económicos internacionales, conformándose así un tipo de política económica nacionalista y desarrollista (Mayorga, 2006, p. 9). Este carácter nacionalista y desarrollista se basa en el uso de los recursos económicos procedentes de hidrocarburos y minerales para impulsar una industrialización del país, que intenta dejar atrás la condena de ser una economía que sólo se ocupa de ser exportador de materias primas. De igual manera, los ingresos del Estado boli-viano se han elevado gracias a la retención del excedente de la pro-ducción de hidrocarburos, llegando a representar en la actualidad hasta 52% de los recursos públicos; estos recursos se han distribuido en una relación de 49.2% destinada al sector productivo, 30.5% a la creación y mantenimiento de infraestructura y 16.6% para el sector social (Bedoya, 2013, p. 1).

En el caso de Venezuela, el Estado se ha ocupado estratégica-mente de la nacionalización de una amplia gama de empresas, entre ellas empresas siderúrgicas, del aluminio y de comunicaciones. Las empresas azucareras y papeleras han pasado a ser de control directo de trabajadores, aunque bajo la rectoría del Estado. Por otro lado, se ha impulsado una fuerte política en contra de los latifundios, al expropiarse más de 600 fundos equivalentes aproximadamente a seis millones de hectáreas, esto es aproximadamente 10% de las tierras cultivables del país. El Estado venezolano se ha ocupado de enfrentar a la oposición de los capitales privados mediante las reformas cons-titucionales que le permiten expropiar industrias y servicios bajo el principio de protección a los intereses nacionales y populares. Para junio de 2010 ya se habían expropiado 150 empresas de diferentes tamaños y ramas productivas. Entre 2007 y 2008 se nacionaliza-ron empresas como La Electricidad de Caracas, la Faja del Orinoco,

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Cantv, la Siderúrgica del Orinoco, el Banco de Venezuela, las cemen-teras Cemex, Holsim y Lafage (Rodríguez, 2010, p. 201).

Vistas en conjunto, las agresivas políticas de intervención del Estado venezolano han permitido un rediseño completo de la eco-nomía nacional en el país, provocando que el control de la economía haya sido arrebatado a los capitales privados nacionales e interna-cionales, posibilitando la existencia de un Estado ampliamente do-minante de la economía en el país. De manera contraria a como se podría pensar, también existe una presencia de capitales extranjeros; sin embargo, estos capitales se mantienen funcionando bajo la fuerte rectoría del Estado venezolano.

Estas condiciones han permitido la existencia de un Estado que impulsa grandes programas de servicios y bienes públicos. De mane-ra semejante al caso boliviano, en Venezuela se perfila un Estado que también aspira a la creación de un nuevo desarrollismo que permita dejar atrás a una economía que sólo se basa en la exportación de hi-drocarburos. Sin embargo, hasta la fecha, debido a la gran cantidad de reservas, así como a su fuerte penetración en la economía nacio-nal, esta todavía es una tarea pendiente.

En el caso ecuatoriano, una particularidad es la batalla que tuvo que lidiar contra el servicio de la deuda externa contraído por go-biernos anteriores al de Rafael Correa. Esta era una situación muy grave y comprometedora, ya que por sí mismo, el pago de la deuda consumía hasta cuarenta por ciento del presupuesto nacional, can-tidad que triplicaba lo que se consumía en servicios de educación, salud y otros servicios. En este sentido, la decisión de orientar el gas-to nacional hacia el pago de deuda en tales dimensiones resulta un indicador del fuerte control que tenían grupos como los banqueros y las instituciones financieras internacionales sobre la economía del país. Esta situación se transformó en diciembre de 2008, cuando la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (caic), en una decisión histórica, declaró el pago de la deuda como inmoral, y gracias a esta declaración se decidió la moratoria unilateral en el pago. Como producto de esta decisión, las instituciones acreedo-ras de la deuda decidieron negociar con el Estado ecuatoriano y

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reducirla entre 32 y 33% de su valor, equivalente a un mil millones de dólares recuperados para el Estado ecuatoriano.

Esta decisión, en combinación con un período de auge en la economía ecuatoriana (posibilitado por los altos precios del petró-leo y de exportaciones crecientes), permitió al Estado ecuatoriano reorientar recursos para atender necesidades sociales, como la edu-cación, la salud y la vivienda (Correa, 2012, p. 93). El Estado Inter-ventor ecuatoriano logró retener el excedente de la producción de hidrocarburos, cambiando una situación en la que las empresas pri-vadas se quedaban con 85 barriles de petróleo por cada 100, quedan-do sólo 15 para alimentar los ingresos del Estado. Gracias al nuevo gobierno, la proporción entre lo que extraían las empresas y lo que se quedaba el Estado se ha revertido. Ahora el Estado ecuatoriano se queda con 80 y las empresas privadas con sólo 20 (Correa, 2012, p. 94).

De igual manera, el presidente Correa es claro a este respecto. Él mismo ha declarado que no existen intenciones inmediatas de su gobierno y del proyecto que encabeza por anular por completo la economía capitalista en el país. Sin embargo, esta economía capita-lista y los propios mercados han sido objeto de un fuerte control por parte del Estado, a fin de revertir la situación de despojo y pobreza que habían caracterizado los últimos treinta años de vida económi-ca en Ecuador. Los resultados de esta política son palpables. Entre otros beneficios, los salarios en el país se han elevado han cerrado la brecha entre los ingresos de las familias y consiguieron garantizar el consumo de la canasta básica para la mayor parte de los ciudada-nos del país. En este sentido, el contraste es claro, ya que antes de la llegada del gobierno de Correa, entre 60 y 65% de las familias podía acceder a la canasta básica; para 2012, 93% podía hacerlo (Correa, 2012, p. 94).

Economías mixtas y antineoliberalismo

Como hemos visto, la presencia de Estados interventores en la econo-mía es un elemento que caracteriza a los Estados nacional populares

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y sus gobiernos, un tipo de intervencionismo que ha sido fundamen-tal para desmontar la estructura de intereses y de explotación que se construyó durante los Estados neoliberal-procedimentales. La rec-toría económica estatal ha permitido el control del neoliberalismo, la limitación de los intereses particulares de los grandes capitales, la creación de una fuerte institucionalidad estatal que ha recuperado su responsabilidad con las mayorías populares mediante la dotación de bienes y servicios, y el surgimiento de una serie de alternativas de organización económica que intentan romper con las limitaciones propias del capitalismo como forma de producción.

Asimismo, la presencia de un Estado interventor ha posibilitado el control de la economía, la presencia del Estado como agente de desarrollo económico, la multiplicación de industrias y fábricas na-cionalizadas, aun cuando también se encuentran presentes una can-tidad importante de capitales privados nacionales e internacionales. En este sentido, se puede decir que actualmente el modelo econó-mico que se sigue en estos tres países es el de una “economía mixta”, en la que coexisten capitales privados conjuntamente con un Estado interventor fuerte que guía la vida económica pero que es también un agente económico activo. Esta economía es mixta en su compo-sición, pero se encuentra dirigida desde el Estado bajo los principios de inclusión de las mayorías populares.

Si bien para muchos analistas y académicos este es un carácter que debería ser superado mediante la radicalización inmediata de los procesos, en la realidad estos gobiernos han asumido la tarea de crear un nuevo modelo económico como una tarea acumulativa y de largo plazo. En este sentido, cabe considerar que estos gobier-nos han tomado un cariz pragmático dado que, en la realidad, lo que han hecho es moverse en favor de la transformación profunda de la situación económica en sus respectivos países, pero sin per-der de vista la situación de conjunto y las limitaciones que esta im-pone para conseguir la transformación. Por esta razón fundamen-tal, en la actualidad es posible apreciar estos modelos mixtos, que en los hechos han generado transformaciones importantes que los distinguen claramente de la situación que imperaba en los Estados neoliberal-procedimentales.

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En síntesis, podemos decir que estos gobiernos, sin renunciar a la ambición de crear un nuevo modelo económico completo, pero con los pies bien firmes en la realidad, se han abocado en asumir el proceso de transformación como un proceso largo en el que poco a poco se irán formando las alternativas del futuro. Una muestra de esto es la existencia de alternativas que se han creado en estos países como “el buen vivir”, una propuesta que apunta a la construcción de alternativas poscapitalistas.

El “vivir bien”

En esencia, el vivir bien es una propuesta que propone una utopía, pero también una práctica concreta que podemos llamar poscapita-lista. Esta propuesta está inspirada en la cosmovisión indígena-cam-pesina, que postula como principios rectores a la justicia y a la armo-nía entre sociedad y naturaleza (Hernández y Buendía, 2011, p. 138). Esta propuesta se ha integrado a la política nacional en Bolivia a tra-vés del Plan Nacional “Para Vivir Bien”. En él se postula lo siguiente:

“No queremos vivir mejor, simplemente vivir bien”. Dicha idea refleja una perspectiva que asume el bienestar como un fenómeno distinto al desarrollo y al crecimiento económicos, además de una crítica al mercantilismo y al materialismo de las ideas de desarrollo predomi-nantes (Laserna, 2007, p. 103).

Se entiende al “vivir bien” como un proyecto que aspira a exten-derse a toda la sociedad en el futuro, pero también como una prácti-ca que en la actualidad coopera a crear una alternativa al desarrollo dominante. Para que sea posible esta transformación, se asume que se tienen que transformar las relaciones entre el Estado y los capi-tales internacionales, las relaciones entre el Estado y las regiones y comunidades, así como también la forma como el Estado reconoce a las diversas identidades sociales (culturales y étnicas) que cohabitan dentro de Bolivia. En conjunto, estas relaciones en transformación permiten crear una nueva relación de participación y cohabitación política e institucional, y un elemento fundamental en la creación e impulso del “vivir bien” son los grupos comunitarios tradicionales,

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quienes en su seno han mantenido una potencialidad “no capitalista” (Mayorga, 2006, p. 8).

El Estado boliviano ha propulsado el “buen vivir constituyen-te”, que es el resultado de la articulación entre el sumak kawsay, los derechos de la naturaleza, la reivindicación de identidades sociales y étnicas, y las demandas de plurinacionalidad e interculturalidad. Dados estos componentes, el vivir bien se postula como una ideolo-gía integral que tiene alcances incluso civilizacionales, que se opone directamente a la ideología neoliberal, a las ideologías productivistas y materialistas, propias del pensamiento económico y social capita-lista (Hidalgo, 2012, p. 171).

Dadas sus fuentes y el propio contenido, el “vivir bien” resulta un proyecto ambicioso; sin embargo, hasta ahora no se ha podido extender a toda la amplitud de la población, dado que muchos gru-pos hoy en día se mantienen abiertamente de acuerdo con las formas de vida inspiradas por el capitalismo neoliberal. De esta forma se remarca el carácter de proyecto de esta ideología que aspira a vol-verse hegemónica, aunado a que el propio proceso de volverse en el futuro dominante requiere una amplia serie de transformaciones que lo hagan posible, entre las cuales está presente la problemática articulación entre la economía estatal, la economía privada y la eco-nomía comunitaria (Stefanoni, 2012b, p. 4).

A pesar de estas fuertes disyuntivas a las que se enfrentan los proyectos alternativos, sus gobiernos son instancias abiertas a la pre-sentación y articulación de este tipo de contenidos. Fieles a sus prin-cipios de ser proyectos incluyentes, proyectos como el “vivir bien” son incluidos por estos Estados y sus gobiernos, no sólo en calidad de ser democráticos en su composición sino también por incluir al-ternativas para una transformación profunda de las sociedades y sus estructuras.

Neodesarrollismo y neoextractivismo

El rescate del desarrollismo como una política de Estado ha des-pertado la crítica de numerosos intelectuales que señalan como un

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grave problema volver a este tipo de políticas. Por un lado, esta crí-tica sostiene que dadas las condiciones globales actuales y el fuerte compromiso con el calentamiento global y la contaminación atmos-férica, volver al camino de la industrialización y el desarrollo sería francamente cooperar con esta problemática. Sin embargo, lo que omiten estas críticas es el hecho de que la economía mundial no ha parado en su dependencia de la industria. En este sentido, la deci-sión de abandonar la generación de riqueza mediante la vía indus-trial significaría privar también de trabajo y recursos a las poblacio-nes nacionales.

En estos países se llevan adelante las perspectivas y alternativas al desarrollo capitalista a través de proyectos como los del “bien vi-vir”, que propulsan otra forma de entender el bienestar y el equilibrio con la naturaleza. En todo caso, que estas alternativas tengan éxito depende de un desarrollo de estas ideas en el largo plazo y de las condiciones a nivel global en la economía y la organización social. Por lo tanto, pedir a estos gobiernos que abandonen de inmediato el modelo actual, es pedir también que renuncien a la creación y dis-tribución de riqueza. Más aún, en las condiciones actuales la ideo-logía del “buen vivir” dista todavía mucho de ser una perspectiva compartida por las mayorías poblacionales. El que ésta se vuelva un contenido hegemónico depende de un proceso largo que sólo puede ser emplazado en el futuro próximo.

Por otro lado, también se ha postulado que la dependencia de recursos provenientes de la primario-exportación ha generado una situación de dependencia al neoextractivismo en estos Estados. Se-gún la evidencia existente de estos procesos, los recursos que han hecho posible la inclusión material han provenido de la explotación de recursos naturales y especialmente de los provenientes de los hidrocarburos. A este respecto, un autor como Eduardo Gudynas (2009) ha sostenido que estamos ante la presencia de un “neoextrac-tivismo del siglo xxi”, una estrategia de desarrollo con las siguientes características.

· Mantiene la importancia de los sectores extractivistas como un pilar relevante de los estilos de desarrollo

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· Mantiene los atributos del extractivismo clásico· Mantiene la inserción internacional subordinada y fun-

cional a la globalización comercial y financiera· Genera fragmentación territorial, con áreas relega-

das y enclaves extractivos asociados con los mercados globales

· Se mantienen los impactos ecológicos producto de la explotación

Sin embargo, el propio Gudynas reconoce que estas problemáticas están mediadas por la presencia de un Estado que es más fuerte y que controla la explotación de estos recursos y su comercialización; por un Estado que capta una mayor proporción del excedente gene-rado por los sectores extractivos, con el cual se financian programas sociales. Estas características resultan fundamentales entre el “ex-tractivismo” de los Estados neoliberales-procedimentales y el de los Estados nacional-populares.

En efecto, los problemas y las limitaciones del extractivismo se encuentran captados por las apreciaciones de Gudynas. Sin embargo, sostengo que esta situación se debe leer de acuerdo con una pers-pectiva de largo plazo, en el entendido de que la dependencia de los recursos naturales es un problema histórico en los Estados latinoa-mericanos. Por el contrario, la salida de esta situación depende de un proceso largo de replanteamiento de la estrategia de desarrollo o bienestar, una situación que sólo se puede construir en un lapso largo. En todo caso, lo que sí se puede pedir a estos proyectos es que no repitan los errores históricos en el sentido de volver se economías dependientes de un solo sector y que se enfoquen en diversificar las fuentes productivas de riqueza. Dicha situación sólo es posible si se aprovechan adecuadamente los recursos que provienen de la explo-tación de estos recursos y se direcciona adecuadamente a los secto-res productivos apoyados por el Estado.

El reto, en este sentido, es la inversión en los mercados internos, en la ampliación de la capacidad de compra de las personas, una situación que permitiría integrar al sector exportador con la produc-ción nacional, en la creación de incentivos que permita desarrollar y

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diversificar la producción interna y su vinculación con los procesos exportadores, posibilitando transformar los recursos naturales en bienes con un mayor valor de retorno (Acosta, 2010, p. 46).

Horizontes en construcción: el posneoliberalismo y el socialismo del siglo xxi

Uno de los objetivos o proyectos más ambiciosos es la creación de alternativas de organización socioeconómica o hasta civilizatoria. Dentro de estas alternativas se han planteado las ideas del socialismo del siglo xxi y del posneoliberalismo.

El socialismo del siglo xxi fue enarbolado principalmente por Hugo Chávez en Venezuela. Sin embargo, aún en la actualidad no existe una claridad precisa acerca de la naturaleza de este proyecto o de las políticas precisas que llevaran a su realización. Considero que un proyecto que se intente aproximar a un socialismo para el siglo xxi debe considerar aspectos como la aspiración a la igualdad en un contexto dominado por la globalización, la redefinición de los criterios de equidad y justicia, la elaboración de un proyecto que permita crear una sociedad global en la que se reduzcan drástica-mente las desigualdades, la creación de un modelo socioeconómico que garantice el acceso universal a la seguridad humana, la atención a la salud y el derecho a un ingreso universal básico. De igual manera, será necesaria una discusión acerca de la forma de crear mecanismos universales que garanticen la equidad de condiciones y oportunida-des para todas las personas, la creación de incentivos eficientes para alentar la creación de riqueza, la planeación eficiente del ahorro, de la inversión, la eliminación de la explotación y de alentar el dinamis-mo económico.

En esta exigente tarea, que implica repensar el socialismo para este nuevo siglo, resulta fundamental recuperar las lecciones que dejaron las experiencias que dejó el siglo xx y las complicaciones que tuvieron las diferentes experiencias en su accionar concreto. Sin embargo, también consideramos que deben ser cuidadosamente respetados los principios éticos y morales que impulsan al proyecto

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histórico socialista, a través de la reafirmación de la fraternidad, la justicia y la libertad, asentados en las fuentes filosóficas del socialis-mo de los siglos xix y xx. Finalmente, los objetivos centrales de este proyecto, en congruencias con los principios históricos, deben ser la humanización de la sociedad, la consolidación y apertura de la de-mocracia al llevarla a las esferas económicas y sociales, y finalmente crear un futuro colectivo en el contexto de las sociedades globales que hoy existen (Martner, 2012, p. 28-31).

Sin embargo, en un caso como el boliviano, se ha enarbolado la aspiración por parte del gobierno de Evo Morales de impulsar el posneoliberalismo. Éste se ha definido como un proyecto que restau-ra el rol del Estado en el control de la economía, principalmente, y que aspira a la creación de un “capitalismo andino”. Así, se propone la construcción de un capitalismo con reglas claras de producción y de inversión (Stefanoni, 2007, p. 51). Abundando en esta conceptua-lización, García Linera ha declarado que

El estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la síntesis de la voluntad general y el que planifica el marco estratégico y el primer vagón de la locomotora econó-mica. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto, la economía campesina; y el sexto, la economía indí-gena. Este es el orden estratégico en el que tiene que estruc-turarse la economía del país (Stefanoni, 2007, p. 51).

Así, se reafirma al Estado como la herramienta que permite una transformación profunda, en el caso de Bolivia, a partir de un pro-ceso de desarrollo económico pero que también posee a su interior ideologías como las del “vivir bien” (Stefanoni, 2007, p. 51).

Independencia, nación e integración regional

De acuerdo con el principio de recuperación del Estado por par-te de los grupos populares, en la actualidad han reafirmado en los hechos su condición como independientes respecto a los poderes

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económicos y políticos transnacionales de índole neoliberal o abier-tamente imperialistas. Además, estos también han propulsado una agresiva agenda en favor de la integración regional de los países sud-americanos que comparten el interés en construir una alternativa a la hegemonía geoestratégica de los Estados Unidos en la zona.

Esta política de reafirmación de la independencia nacional re-sulta de especial contraste con la situación de los Estados neolibe-ral-procedimentales, en los cuales la soberanía nacional se vio en entredicho dado el control tan importante que poseían los intereses de capitales nacionales e internacionales, además del poder de ins-tituciones trasnacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. A este respecto, los gobiernos nacional-popula-res han protagonizado diferentes pugnas con los poderes políticos y económicos internacionales a fin de mantener su soberanía y reafir-mar su independencia.

A este respecto, un gobierno como el de Chávez encabezó por un buen tiempo la defensa de la soberanía venezolana, especialmen-te en contra de la política injerencista de los Estados Unidos. Esta política injerencista se presentaba en áreas como el comercio, las in-versiones productivas, la producción petrolífera del país y la coope-ración militar que se tenía con Venezuela (que incluía una base mili-tar en Fuerte Tiuna) (González, 2006, p. 163). Esta alteración de las relaciones que históricamente tenía Venezuela con Estados Unidos terminó por provocar en el corto plazo un antagonismo pronuncia-do entre ambos países.

En esta situación, Hugo Chávez, como presidente, jugó un papel central. Logró impulsar una serie de medidas que buscaban generar cambios en la política exterior. Este cambio comenzó por identificar áreas clave y objetivos prioritarios, de acuerdo con la visión ideoló-gica y geopolítica del bolivarianismo, dentro de las cuales estaban el comenzar a tomar un rol activo en el ámbito de las relaciones inter-nacionales. La agenda de política internacional de Chávez buscó una alianza internacional entre países latinoamericanos en franca oposi-ción a los intereses de Estados Unidos en la zona.

A este respecto, la disponibilidad de recursos provenientes del petróleo hizo posible crear una estrategia que ha sido llamada de

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“diplomacia petrolera” por la crítica especializada. Esta política apro-vecha abiertamente las posibilidades de negociación y cooptación a favor de su proyecto a través de los recursos que obtiene del comer-cio petrolífero. Esta herramienta fue utilizada en repetidas ocasio-nes para oponerse a los postulados del Consenso de Washington en Latinoamérica y los tratados internacionales, principalmente los de libre comercio, impulsados por Estados Unidos en la región. Auna-do a esto, la diplomacia de Chávez buscó generar una nueva alianza regional con países que compartían su ideario antiestadounidense, como Cuba, Nicaragua y Bolivia, además de los nexos con organi-zaciones y movimientos de izquierda en América Latina y el Caribe (Serbin, 2006, p. 82).

En conjunto, la estrategia hacia el exterior de Venezuela busca hasta el día de hoy reducir la presencia hegemónica de Estados Uni-dos en la zona, una política que tomó su impulso decisivo después del golpe de Estado en contra de Chávez en el año 2002 y del alza a los precios del petróleo de 2004. Sin embargo, ya desde diciembre 2001, en específico en la tercera cumbre de la aec, realizada en la isla de Margarita, se dio un primer pronunciamiento en contra del alca de parte de Fidel Castro y de Hugo Chávez. El discurso de ambos lí-deres sostuvo que los acuerdos impulsados por Estados Unidos sólo servirían para profundizar la pobreza en la región y se propuso crear un esquema de integración alternativo, la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba). Para octubre de 2000, Chávez y Castro fir-maron el Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Cuba, que preveía dotar de 53 000 barriles diarios a Cuba. Para 2006, ya Venezuela enviaba a Cuba alrededor de 98 000 barriles diarios, que servían para cubrir alrededor de 54% de las necesidades de la isla. El precio del barril exportado se ha mantenido hasta 50% debajo de los precios en el mercado internacional (Serbin, 2006, pp. 85-86).

Para ambos líderes, la ambición injerencista e imperialista del gobierno de los Estados Unidos nunca ha estado en duda, y la coo-peración entre ambos países en los tiempos recientes ha estado ins-pirada en el principio de oponerse a la histórica hegemonía nortea-mericana sobre la zona. Esta postura por parte de ambos líderes se muestra abiertamente como cierta, si consideramos que de acuerdo

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con la Trade Promotion Authority (tpa), el gobierno federal esta-dounidense está facultado para utilizar vías rápidas en las negocia-ciones comerciales, en entendido de que

La expansión del comercio internacional es vital para los intereses de seguridad de la seguridad de EEUU. El comer-cio es el eje para el crecimiento económico y la fortaleza de EEUU y su liderazgo en el mundo. Los acuerdos comerciales hoy día sirven para el mismo propósito que los pactos de seguridad desempeñaron durante la Guerra Fría, compro-metiendo a las naciones mediante mutuas obligaciones y de-rechos (Pizzarro, 2005, p. 124).

A partir de 2001, la política exterior de Venezuela se ha caracteriza-do por intentar impulsar una línea dura en contra de la hegemonía norteamericana en América Latina. La iniciativa ha recibido tanto apoyo como críticas por parte de los diferentes gobiernos de la zona.

Según los analistas especializados, se pueden reconocer dos etapas en la política exterior de Chávez. La primera abarca desde 1999 hasta mediados de 2004; la segunda, desde noviembre de 2004 hasta la fecha. Los planes, metas y estrategias de esta segunda etapa se definieron en los documentos derivados del Taller de Alto Nivel realizado en Caracas el 12 y 13 de noviembre, bajo el proyecto de crear un “nuevo mapa geoestratégico de la Revolución Bolivariana” (González, 2006, p. 159). De acuerdo con este proyecto, se planteó la consolidación del proyecto revolucionario bolivariano mediante la conformación de alianzas estratégicas con otros países afines en busca de poder construir un eje continental de política exterior, en busca de ayudar a construir un “nuevo sistema multipolar interna-cional” (González, 2006, p. 165). En esta propuesta, resulta funda-mental la participación de gobiernos aliados, de grupos de apoyo internacional, y corrientes de movimientos indígenas y campesinos como los que existen en Bolivia, Ecuador y Perú. De igual manera, se pueden encontrar afinidades en la búsqueda de cooperación en materia energética entre Brasil, Argentina y Venezuela (Natanson, 2007, p. 171).

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Un aspecto muy importante en este proyecto de integración pasa por la posible creación de una alianza militar de defensa com-partida. Este proyecto se propaló desde el año 2000 en la I Reunión de Cúpula de los Presidentes de América del Sur. El proyecto pro-puso la integración de las fuerzas armadas de la región ante posibles amenazas al territorio continental. En el año 2006, Chávez volvió a presentar esta propuesta bajo el nombre de Consejo de Defensa Sudamericano, que estaría compuesto por los doce países del sub-continente. Esta organización se aproximaría al modelo de la Orga-nización del Tratado del Atlántico Norte (otan), pero el membrete de Organización para el Tratado del Atlántico Sur (otas) (Suzart de Pádua y Kalil, 2010, p. 58). A pesar de la insistencia de Chávez, este proyecto no ha llegado a concretarse y dista mucho de tener un con-senso en la zona.

Un gobierno como el de Bolivia ha mantenido una línea mo-derada al respecto. Si bien ha tenido numerosos desencuentros con la política oficial norteamericana, y especialmente con la represen-tación diplomática de los Estados Unidos en el país, en algunos mo-mentos ha optado por mantener una línea independiente. Como ejemplo tenemos la defensa que ha hecho de la Comunidad Andina de Naciones (can), una organización que considera dentro de su organización a países como Perú y Colombia, ambos países con go-bierno que han manifestado sus diferencias con la política exterior venezolana antiestadounidense y que firmaron tratados de libre co-mercio con los Estados Unidos. Esta decisión del gobierno Bolivia se debe principalmente a que, en el espacio del can, Bolivia coloca 40% de sus exportaciones no tradicionales (Stefanoni, 2007, p. 57).

Un área en la que el gobierno de Bolivia se ha visto más activo es la relativa a la creación de un proceso de integración energética, ya que este es un país con una producción gasífera importante. Por ello, les resulta importante ampliar tanto su producción como el volumen exportable a países como Brasil y Argentina, ya que en la actuali-dad se exportan más de 38 millones de metros cúbicos por día. Para poder ampliar este comercio, sería necesaria la construcción de un gasoducto con una inversión estimada en 1200 millones de dólares. Así, Bolivia ha desempeñado un papel muy activo en el diseño del

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gasoducto del Sur, un proyecto muy ambicioso que busca conectar la futura producción venezolana de Maracaibo con el puerto de Bue-nos Aires, a un costo estimado entre 18 000 y 200 000 millones de dólares para un trayecto de 9000 kilómetros (Stefanoni, 2007, p. 78).

A pesar de la existencia de diferencias entre las políticas de los Es-tados en América Latina, hoy en día se puede observar una tendencia a favor de la integración, de acuerdo con un enfoque estratégico re-gional. Estas propuestas van más allá de los proyectos de integración económica que se impulsaron durante los gobiernos neoliberales, los cuales se reducían al mero establecimiento de tratados y pactos de li-bre comercio. Por el contrario, en esta nueva situación la integración se plantea en términos de una integración estratégica que incluye aspectos políticos, sociales y económicos. Dentro de esta tendencia, la Unasur representa una expresión muy importante de este nuevo regionalismo, ya que aspira a ser una respuesta efectiva ante los pro-blemas de la integración latinoamericana y el desgaste de la política que dominó durante los gobiernos neoliberal-procedimentales.

La Unasur posee los siguientes seis puntos clave, según el análi-sis de Sanahuja (2008).

a) el predominio de la agenda política sobre la agenda co-mercial, en coherencia con las visiones de los gobiernos pro-gresistas y de centro-izquierda de la región; b) la recupera-ción de la agenda del desarrollo, desplazando a las políticas del Consenso de Washington y distanciándose de las orien-taciones del regionalismo abierto; c) el retorno del Estado frente al protagonismo del sector privado y las fuerzas del mercado dominantes en el modelo anterior; d) una mayor énfasis en la “agenda positiva” de la integración centrada en la creación de instituciones y la promoción de políticas co-munes, junto con una cooperación más intensa en ámbitos no comerciales; e) mayor preocupación por las carencias de integración física regional, con el objetivo de mejorar la arti-culación de mercados nacionales; f) mayor relevancia dada a las dimensiones sociales de la integración y al tratamiento de disparidades y asimetrías interestatales y subnacionales,

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vinculando la integración regional con los objetivos nacio-nales de reducción de la pobreza y de desigualdad (Sanahuja, 2008, pp. 22-24).

Por tanto, la Unasur puede tomarse como el proyecto estratégico más ambicioso de integración sudamericana, ya que también aspi-ra a ser un foro en el que se reconozcan problemáticas comunes, la defensa de recursos geoestratégicos y la búsqueda de consensos ante coyunturas desfavorables (Chaves, 2010, p. 30; Pizarro, 2005).

Como complemento a esta iniciativa, encontramos la construc-ción del Banco del Sur (Bansur). Esta institución internacional se creó para atender la necesidad de un banco alternativo que ayudara a mejorar las tasas de crecimiento económico, a fortalecer los mer-cados internos, mejorar los niveles de vida de la población y reducir la concentración del ingreso en el marco de un desarrollo sostenible y sustentable. Así, desde 2006, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, en conjunto, im-pulsaron este proyecto de un bando de financiamiento internacional alternativo que utilizara las reservas existentes en la región para fi-nanciar el desarrollo de sus países miembro. Además de este finan-ciamiento para el desarrollo, también se planteó que esta institución cooperara con los procesos de integración regional, de reducción de las asimetrías, reducción de la pobreza y de la exclusión social, la promoción del empleo y la activación de un círculo virtuoso para la transformación económica, social y política de la región.

Otra expresión importante de esta tendencia hacia la construc-ción de instituciones de integración regionales es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Es un organismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la coopera-ción y desarrollo entre los países latinoamericanos. Fue creada el 23 de febrero de 2010, y su primera cumbre se realizó en Caracas, los días 2 y 3 de diciembre de 2011. Se discutió la constitución defini-tiva y la integración frente a la crisis económica. Esta comunidad consta de 33 miembros de países de Norte, Centro y Sudamérica; a diferencia de los proyectos como la Alba, esta incluye a países con presencia de gobiernos todavía neoliberal-procedimentales; por

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tanto, su orientación es todavía más diversa, aunque igualmente apunta a la construcción de instancias de decisión internacional más regionalistas.

Las naciones de naciones. Estado pluriétnico y multinacional

En los gobiernos nacional-populares se ha llevado a cabo una pro-funda transformación en cuanto a la conceptualización sobre la na-ción y sus características. Dicha transformación se debe a la fuerte presencia y protagonismo que han cobrado las diferentes etnias, na-ciones e identidades en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Una situación que ha provocado que la idea de nación dentro de estos Estados se haya reconceptualizado a favor de la inclusión de los diferentes grupos y se haya modificado para que incluyera la pluralidad étnica, ideológica y cultural que habita en cada uno de ellos.

En este sentido, el Estado-nación ha dejado de ser monocolor, ha dejado pensarse como producto de un solo grupo cultural, racial o social, y se ha transformado en una multiplicidad de naciones, en naciones de naciones, que habitan con iguales derechos en un mismo Estado. Cabe decir que, en los casos de Bolivia y Ecuador, este aspec-to por sí solo representa una revolución cultural en plenitud, dado que históricamente lo indígena estuvo relegado a ser un grupo invi-sibilizado, subalterno y sujeto a los dictados de la nación blanca que dominaba no sólo la política, sino en general todas las directrices del Estado. Por tanto, la emergencia de las naciones de naciones repre-senta una franca muestra de la profundización de la democracia que rebasa por mucho los límites de la democracia procedimental, y que apunta a superar la histórica tradición del colonialismo interno. Los alcances de esta revolución nacional identitaria han llegado hasta los propios textos constitucionales de los Estados. Acaso el ejemplo más claro de esta situación lo encontramos en Bolivia, ya que a partir de 2007, y con refrendo popular en 2009, se lograron cambiar varios artículos clave para el impulso de esta transformación.

La constitución boliviana de 2007 generó una ampliación de los derechos políticos y sociales, los individuales y colectivos, además

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de los caracteres plurinacional y comunitario del Estado. Gracias a estas reformas, se permitió la inclusión con total legitimidad de las 36 naciones originarias que conforman Bolivia, con reconocimiento formal también a su idioma, costumbres, sus zonas de asentamien-to. Se reconoce también la oficialidad de su idioma para cualquier asunto asociado con la burocracia estatal. La expresión más acabada de esta situación está en el reemplazo del Estado unitario por un Estado autonómico, que incluye formalmente en su organización a las autonomías departamentales e indígenas (Stefanoni, 2011, p. 32). Estas reformas cumplen con ser el producto de una realidad bolivia-na históricamente muy rica en cuanto su diversidad étnica y cultural, una diversidad que fue ignorada y denostada durante muchos años por los grupos dominantes que no reconocían como legítima a la diversidad étnica indígena.

Aunque la diversidad étnica y social hoy es reconocida formal-mente, en realidad históricamente no se puede entender a Bolivia (o al mismo Ecuador) sin considerarla como producto de “una suma-toria de modos de producción, lógicas de acumulación, construc-ciones distintas de autoridad política y de esquemas simbólicos de interpretación del mundo” (Natanson, 2007, p. 161). Sería un error considerar a lo étnico y a lo indígena como una manifestación del pasado, como un objeto de culto histórico. Más bien, se debe en-tender como la expresión más acabada y actual de un grupo diverso, pero que encuentra su identidad en las herencias milenarias que po-seen. Por otro lado, sería también erróneo pensar que las identida-des indígenas son las únicas legítimas en la Bolivia actual; más bien debe entenderse que a su interior coexisten tres grandes identidades culturales: la mestiza, la aymara y la quechua, además de otras 32 identidades más pequeñas. Cada una de estas posee su legitimidad y sus propias características culturales que las hacen todas valiosas y genuinas (Natanson, 2007, p. 161).

En Bolivia, la nación ha sufrido un drástico vuelco, hasta el punto que el componente indígena se ha vuelto el eje más impor-tante de la vida política en el Estado y la fuente más importante de donde emergen los discursos que alimenta su proceso revoluciona-rio. En este sentido, el nacionalismo boliviano se ha revestido de los

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movimientos indígenas, pero también recupera los aportes del his-tórico movimiento obrero, de las clases medias progresistas, y de la inteligencia indígena y mestiza (Natanson, 2007, p. 163).

Todos estos caracteres hacen de la nación boliviana actual, una nación plural e incluyente; una nación que, en condiciones de respe-to y de igualdad, se ocupa de la protección de todos sus integrantes, independientemente de su filiación étnica y cultural. En este sentido, el sujeto colectivo de transformación que se ha creado en Bolivia es un sujeto plural, “un conglomerado de identidades y movimientos sociales con predominio de lo étnico, los pueblos indígenas, quienes son interpelados como sujetos de un proyecto de reconfiguración de la comunidad política que ya no es concebida como “una nación” sino como una articulación de naciones originarias” (Mayorga, 2006, p. 10).

Por otro lado, en términos propiamente administrativo-buro-cráticos, el carácter constitucional del Estado plurinacional se ve res-paldado por la consideración de las autonomías departamentales y de las autonomías indígenas, las cuales poseen sus formas políticas y jurídicas propias (condición que es respetada por el Estado). Un ejemplo claro de esto es la aplicación de la justicia comunitaria, una figura que se respalda en la constante búsqueda de la conciliación entre las partes y la reparación de daños por el infractor (Stefanoni, 2007, p. 61).

Aunado a esta reforma, también existen las que permitieron la inclusión del multiculturalismo como base de numerosas políticas públicas y del propio sistema electoral mediante las reformas de 1995 y 2004 (Mayorga, 2006, p. 12). Un ejemplo muy concreto de esta situación es la explotación de yacimientos gasíferos, que se encuen-tran en territorios indígenas. De acuerdo con la Ley 1254, adoptada por Bolivia en 1991, y a la Convención 169 de la Organización In-ternacional del Trabajo (oit), el gobierno de Bolivia está obligado a reconocer el derecho de las comunidades indígenas acerca de las tierras que han habitado ancestralmente. En congruencia, la Ley de Hidrocarburos de 2005 y 2007 considera que el gobierno debe gene-rar obligatoriamente acuerdos con los cuerpos representativos de las comunidades (Bedoya, 2013, pp. 1-2).

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En el caso de Ecuador, encontramos que, al igual que en el caso de Bolivia, la aportación del componente indígena ha sido funda-mental en su proceso de transformación. En este sentido, la presen-cia indígena ha cuestionado las ideas tradicionales sobre ciudadanía; ha provocado transformaciones en el contenido propiamente consti-tucional y en la propia definición del Estado para pasar a ser un ente

“plurinacional”. De igual manera, se reconoce a las comunidades in-dígenas como entidades fundamentales que poseen derechos espe-cíficos, de acuerdo con sus condiciones particulares (Correa, 2012, p. 99). Así, tenemos que se ha impulsado la construcción de Estados plurinacionales en los que priva la intención de posibilitar mediante la organización política la descolonización de los pueblos indígenas, a través del reconocimiento de su autonomía territorial, de la crea-ción de un pluralismo jurídico incluyente y de considerarlos como una parte esencial del Estado (Stefanoni, 2011, p. 32; Hidalgo, 2012, p. 167). En este sentido, esta política tiende a acabar con la colonia-lidad y con el racismo, dos fenómenos que históricamente tuvieron un fuerte asiento en las sociedades latinoamericanas.

Finalmente, en términos de aportes ideológicos sustantivos a los proyectos de los Estados nacional-populares, lo plurinacional ha aportado críticas centrales a la concepción del mercado como gran mecanismo regulador de la sociedad, al cuestionamiento de fondo de la colonialidad y la discriminación, al fortalecimiento de la demo-cracia participativa mediante la inclusión directa de las comunidades en la toma de decisiones estatales y como un asiento fundamental en la búsqueda de la soberanía nacional ante los poderes económicos y políticos transnacionales (Hidalgo, 2012, p. 168).

Conclusiones. Los procesos revolucionarios nacional-populares

Los gobiernos nacional-populares representan una de las propuestas políticas más avanzadas y de mayor prospección hacia el futuro en América Latina. Debido al tipo de políticas que propulsan, expuestas y analizadas en este capítulo, es posible decir que estos son proce-sos revolucionarios en marcha en América Latina, ya que tienden a

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generar cambios importantes en el statu quo en cada uno de sus paí-ses, e incluso aspiran a extenderlo al conjunto de los países de la zona.

Las bases de este proceso revolucionario se encuentran en la participación y el apoyo de los movimientos políticos y sociales en cada uno de estos países. Este respaldo permite que los regímenes nacional-populares se mantengan y que prosigan en su línea de transformaciones. Ha sido posible mantener y encauzar dicha parti-cipación gracias al conjunto de instituciones estatales y no estatales, que en la actualidad se desarrollan y mantienen en cada uno de los países considerados.

Estos gobiernos han revolucionado de manera importante la forma de hacer política en la región a través de la presentación de propuestas como los consejos comunales, y a través del impulso de la democracia participativa y sus herramientas de participación, como los referéndums, las revocaciones y las consultas populares. Estas nuevas instituciones representan una propuesta y una renovación importante en la política en general en la zona, dominada antes bajo el procedimentalismo democrático. Estas propuestas han cumplido con abrir un nuevo horizonte a la participación política en la zona. En este sentido, el aporte de estos regímenes y sus movimientos de respaldo es innegable, ya que incluso estas políticas han generado una presión hacia aquellos gobiernos que no han transitado hacia lo nacional-popular.

Por otro lado, la construcción de las democracias participati-vas también ha permitido la creación de una nueva relación entre gobernantes y gobernados, una relación que se ha abierto y que permite el paso a formas políticas estatales más horizontales en las que se posibilita y alienta la participación de los diferentes grupos populares organizados. Muestra de esto es el constante intercambio entre organizaciones políticas y sociales, permitido y alentado por los propios gobiernos nacional-populares. La distinción respecto a la forma de construir política en los Estados neoliberal procedimenta-les es muy marcada, ya que en lo nacional-popular la relación entre dominados y dominantes se ha redimensionado a favor de una par-ticipación popular amplia y efectiva a través de los movimientos de la sociedad civil y los partidos políticos establecidos. Consideramos

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que este aspecto por sí mismo debe entenderse como una profunda revolución en la forma de hacer política en los Estados latinoameri-canos ya que, históricamente, ha estado marcada por la exclusión y el dominio de pequeñas élites en el Estado y el gobierno.

De igual manera, consideramos que las agresivas políticas de inclusión material representan una vuelta de hoja para los Estados latinoamericanos, ya que se ha construido una visión del Estado que asume como su responsabilidad dotar de seguridad y de bie-nes básicos a sus poblaciones nacionales. En sociedades como las latinoamericanas, elevar la dotación de bienestar y de seguridad a rango constitucional representa nuevamente una transformación revolucionaria, ya que históricamente lo que ha privado es la dis-criminación y la desposesión por parte de las élites dominantes. En este sentido, la perspectiva sobre la política y sobre sus Estado en los grupos populares beneficiados por estas medidas tiende a cambiar profundamente, ya que muchos de ellos entienden que el Estado es una instancia que debe estar disponible para vigilar su bienestar. A este respecto, la transformación tiende a ser profunda, ya que estas poblaciones en adelante no fácilmente permitirán que les sea arreba-tado aquello que han logrado durante los últimos años.

Los modelos económicos que se presentan se han mantenido fundamentalmente dentro del capitalismo; sin embargo, es un ca-pitalismo con una fuerte intervención y control estatal. Esta con-dición los separa de los modelos económicos neoliberales, donde dominaban ampliamente los intereses económicos transnacionales y las élites nacionales asociadas con estos intereses. En este sentido, la ruptura con el neoliberalismo es un rasgo central de los gobiernos nacional-populares. Por otro lado, si bien para muchos analistas y críticas la persistencia del capitalismo como modelo económico en estos países es una contradicción, en realidad responde a la existen-cia de condiciones concretas y limitaciones propias de las circuns-tancias históricas actuales que sobrepasan por individual a estos países. En este sentido, su organización económica ha optado por no generar una ruptura abrupta con el capitalismo en su condición de ser procesos que se extienden a lo largo del tiempo. De cualquier modo, el carácter de economía mixta que poseen en la actualidad y

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la consideración de expresiones como el vivir bien y de un todavía en construcción socialismo del siglo xxi hablan de la voluntad de construir un nuevo horizonte en la forma de organización econó-mica global.

De cualquier manera, y en términos concretos, las diferencias respecto a la situación económica que predominaba previamente en Venezuela, Bolivia y Ecuador, son muy marcadas. Las estadísticas muestran una situación claramente distinta a la que predominaba en los Estados neoliberales; en esta situación, fundamentalmente, se ven privilegiados los grupos populares. La creación de nuevas for-mas de organización tanto política como económicas más autóno-mas sólo podrán resolverse en el largo plazo que resulta necesario ante la envergadura de las exigencias que enfrentan. Sin embargo, el éxito o no de estas futuras transformaciones en buena medida tam-bién dependerá de que se mantengan los logros y el terreno ganado en poco tiempo.

Otro aspecto importante y ciertamente revolucionario es la ini-ciativa que poseen estos gobiernos de impulsar procesos de integra-ción económica, política y hasta militar en la zona. Éste responde a la existencia de circunstancias internacionales que favorecen, por un lado, la integración de bloques de intereses internacionales, pero también de la reformulación de la dominación geopolítica a nivel in-ternacional. Esto se da en un contexto donde el poder estadouniden-se comienza a debilitar lentamente su influencia a través del mundo. En este sentido, estos gobiernos, al impulsar agendas de integración regional, también abren un espacio de transformación que tiende a ser profundamente revolucionario. Históricamente, América Latina es una zona que se mantuvo a expensas de los intereses expansionis-tas e imperialistas de los Estados Unidos. En este sentido, el carácter es revolucionario, ya que por primera vez en mucho tiempo la zona se encuentra lejos de la condición de dominio en que durante mucho tiempo ha vivido la zona.

Finalmente, otro aspecto que le da calidad revolucionaria a las transformaciones que han impulsado son los cambios respecto al ca-rácter nacional en cada uno de sus países. A este respecto, nuevamen-te la emergencia masiva y poderosa de los movimientos indígenas y

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populares ha sido el elemento central. Esta revolución es evidente e innegable si consideramos, por un lado, la histórica condición de subordinación y discriminación que han recibido los pueblos indí-genas en América Latina y, por el otro, el carácter de exclusión que también han tenido para con sus poblaciones populares. Estos ca-racteres excluyentes se reprodujeron ampliamente en el contexto de los Estados neoliberales-procedimentales. En este sentido, lo nacio-nal-popular ha sido una revolución, al redefinir lo nacional como un asunto de las mayorías ciudadanas, de los grupos populares y de los pueblos indígenas, todos en relación directa con el Estado, rompien-do los vínculos entre las élites privilegiadas y el control del Estado. Más aún, en el caso de Bolivia, la mera presencia de Evo Morales en su condición de indígena como presidente de la república habla de la profunda transformación que se ha llevado a cabo en estos Estados, marcados históricamente por la discriminación y la exclusión.

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Conclusiones generales

Es posible decir, gracias al análisis y la revisión que se ha elaborado en este trabajo, que los gobiernos nacional-populares pueden consi-derarse como procesos revolucionarios con características particula-res en América Latina. En estos se ha registrado una recomposición profunda en la configuración social de los gobiernos. En dicha re-composición, los actores centrales han sido agentes de la sociedad civil organizada y ha llevado a un desplazamiento muy importante de las élites políticas tradicionales y de los poderes económicos na-cionales y transnacionales.

En la actualidad, los gobiernos de los Estados nacional-popu-lares poseen un sentido popular radicalmente diferente del que se presentaba en los Estados neoliberal-procedimentales. Lo anterior provoca que los intereses de los grandes capitales hayan sido des-plazados de los gobiernos nacionales y que la acumulación de capi-tal se viera profundamente afectada gracias a un Estado que ahora administra, retiene y redistribuye buena parte de las ganancias para impulsar los proyectos de bienestar y transformación.

Se nos ha presentado la situación histórica de que ante un tipo de Estado como el neoliberal-procedimental, bajo su intensa mer-cantilización de la vida, la privatización de lo público y la precari-zación de las condiciones de vida, la sociedad civil abrió una nueva etapa en la vida política, social y económica. En este fenómeno resul-tó fundamental el desgaste tan intenso que sufrieron las condiciones de vida de las mayorías poblacionales, provocando el desgaste de su legitimidad y el derrumbe de sus sistemas de representación polí-tica. En esta investigación hemos prestado atención especial a los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador; sin embargo, la emergencia

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de la sociedad civil no se presentó solamente en estos países, como ha quedado constancia a lo largo del trabajo.

La sociedad civil se expresó como el espacio y el sujeto que puso en jaque a al orden institucional, principalmente mediante las irrup-ciones masivas por parte de población civil que protestaron fuer-temente en contra de las políticas tomadas por sus gobiernos. Esta súbita e intensa movilización social derivó en una crisis hegemónica de los Estados neoliberal-procedimentales, reflejada en las moviliza-ciones y el derrumbe de su legitimidad y gobernabilidad. A la sazón de esta crisis, vimos emerger nuevas propuestas políticas y culturales que se separaban de los cánones del procedimentalismo democrá-tico, a través de proyectos políticos que incluían aspectos como el respeto y la atención a la diversidad cultura, al reconocimiento de nuevos derechos sociales y la transformación en un sentido multi-cultural y multinacional de los Estados.

En concreto, la emergencia de la protesta y la movilización so-cial dieron forma a una nueva expresión política a través de la fusión entre movimientos sociales y la creación de nuevos frentes electo-rales que propulsaron candidaturas comunes para contender para puestos de administración pública. Esta novísima expresión repre-sentó una transformación muy importante para la vida política de estos países, ya que tendía romper con el monopolio partidista que se había construido con el procedimentalismo democrático, y abría la oportunidad a la construcción de nuevas alternativas. Así, los nue-vos frentes electorales lograron colocar en los principales puestos de dirección política a políticos antiestablishment que postulaban la ne-cesidad de transformar la situación en sus Estados-nacionales.

En este sentido, se puede decir que se rompió el dique construi-do por el procedimentalismo democrático al hacer de la política y de los asuntos de Estado materia sólo de élites políticas y económi-cas. Mediante la fusión de movimientos sociales y nuevos partidos se posibilitó una nueva de forma de contacto entre sociedad y gobier-nos nacionales. Nosotros consideramos este fenómeno como neto de democratización en América Latina, ya que los actores de esta transformación son grupos sociales, asociaciones civiles y profesio-nales, sindicatos, colectivos, organizaciones indígenas, asociaciones

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populares, grupos de quienes surgió la primera energía de protes-ta y que propulsaron la construcción de nuevos gobiernos que en adelante incluiría las demandas y las acciones de estos grupos de la sociedad civil. Huelga decir que, por sí mismo, este es un fenómeno sin precedentes en la historia de la zona y que, como tal, merece ser reconocido y sabido de manera amplia.

Consideramos que el aporte de estas experiencias a los otros países latinoamericanos es clave, ya que mostraron la emergencia de una nueva forma de organización y acceso al poder. Esta es, en espe-cífico, la creación de grandes coaliciones entre movimientos sociales y nuevos partidos políticos. Las ventajas de esta vía son que permite competir con los partidos establecidos y toda su red de apoyo eco-nómica institucional; permite la participación de grandes agregados populares que mediante la organización partidista tradicional no es posible; un mayor contacto entre dirigencias y grupos de apoyo; la ruptura con la idea de que los asuntos políticos son diferentes de los sociales; la creación de agendas de gobierno que rescaten de manera directa las demandas sociales y ciudadanas.

Sin embargo, no se debe olvidar que el elemento fundamental que permite considerar a estas formaciones de “movimientos-parti-do-gobierno” es la consideración e inclusión constante de la sociedad civil. Esta presencia no se termina ni se resuelve una vez permitida la toma de poder Estatal por parte de los partidos del movimiento, sino que se debe mantener como una vía abierta para la participación, la crítica y la propuesta. Es decir, para ser exitosos, estos no se deben cerrar o entender nunca como procesos acabados, sino en tensión y recreación. En breve, lo importante no son sólo los gobiernos, sino también la acción decidida y activa de la sociedad civil. Las posibili-dades de estas nuevas formaciones y sus alcances sin duda son una novedad histórica en América Latina, de la cual ya se han observado importantes resultados.

Ahora bien, estas formaciones entre movimientos, partidos y gobiernos tienen su expresión concreta en los actuales gobiernos que se presentan en Venezuela, Bolivia y Ecuador. De acuerdo con las exposiciones que hemos hecho en este trabajo, sus características han hecho surgir en las visiones más conservadoras la idea de que

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estos son posibles de definir como gobiernos y Estados populistas; sin embargo, y tal como ya hemos argumentado ampliamente, estos no pueden definirse de esta manera. Mi propuesta en este sentido se dirigió a definirlos y analizarlos como gobiernos de tipo nacio-nal-populares. Su característica central les viene dada por la reapro-piación del Estado por parte de la sociedad civil; en ellos se propulsa una transformación importante a favor del bienestar de los grupos populares en un sentido amplio.

A este respecto, nuestra propuesta se ha acompañado de la identificación de una serie de políticas clave que permite distinguir a este tipo de Estados y gobiernos, sin olvidar nunca que el asiento fundamental de estos se encuentra en la participación de la socie-dad civil mediante sus diferentes organizaciones. En específico, estas son las iniciativas de democracia participativa y sus herramientas, la apertura constante a las diferentes fuerzas sociales populares con sus iniciativas y demandas, sin que se construya una relación de verti-calización ni supeditación, sino más bien de tolerancia e inclusión. La creación de fuertes políticas de inclusión material mediante la dotación de bienes y servicios básicos indispensables para el bien-estar de sus ciudadanos, por tanto, la creación de un nuevo Estado protector de las mayorías poblacionales. El fortalecimiento del Es-tado como agente de control de los intereses individuales y de los intereses de capitales extranjeros y nacionales. El posicionamiento del Estado como agente económico concreto mediante el impulso de proyectos de desarrollo económico. El rescate de la soberanía na-cional ante los intereses extranjeros mediante el rescate de la riqueza nacional del control de intereses privados y su redireccionamiento a favor del bienestar mayoritario. Y finalmente la apertura a proyectos de transformación civilizacional profunda como los del buen vivir y del socialismo del siglo xxi.

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El populismo y lo nacional-popular en América Latina de Octavio Humberto Moreno Velador, se terminó de editar en diciembre de 2018 en Piso15 Editores, S.A de C.V.,

con domicilio en 14 oriente 2827, colonia Humboldt, C.P. 72370., en Puebla, Pue.

El objeto de estudio de esta investigación son los gobiernos de izquierda que se presentaron en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En ellos se impulsaron numerosas transformaciones progresistas a nivel gubernamental y en la propia or-ganización de sus sociedades nacionales. Sin embargo, sostengo que estos gobiernos no se pueden explicar sin considerar un amplio margen de aspectos que les han dado las características que hoy poseen. Sin duda, la más importante es la movilización social indepen-diente que dio origen a los propios gobiernos, una movilización con aspectos novedosos en la historia latinoamericana, al lograr romper algunas barreras históricamente construidas para impedir la inclusión y la participación directa de los grandes agregados sociales.

Alex Munguía SalazarCOORDINADOR

Estudio introductorio de Manuel Alejandro Hernández Maimone

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