economÍa espaÑola y protecciÓn social · javier aibar bernad director general de la tesorería...
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ECONOMÍA ESPAÑOLA Y
PROTECCIÓN SOCIAL
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© Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Actuarios,
Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad
Social
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación
sin citar las fuentes de procedencia.
Fecha Publicación: Febrero de 2010
Depósito Legal: M-7837-2010
ISSN: 1889-5956
22
PRESENTACIÓN
La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Actuarios,
Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad
Social edita este segundo número de Economía y Protección Social
buscando nuevamente contribuir al debate sobre asuntos de
actualidad en materia económica y de protección social, a la
formación de los funcionarios públicos y a la divulgación de temas de
interés para el conjunto de la población española.
Este segundo número nace en un momento muy importante
en los panoramas económico, político y social de nuestro país. En
primer lugar, la situación económica española requiere un esfuerzo
conjunto para hacer frente a los desequilibrios que se derivan de
entornos de crisis como el actual; en segundo lugar, en este primer
semestre de 2010 España ocupa la Presidencia de la Unión Europea,
con una apuesta decidida, entre otras alternativas, por el mundo de
la discapacidad; por último, el sistema de Seguridad Social se
enfrenta a retos importantes de cara al futuro que requieren una
posición firme y decidida para limitar la incertidumbre que proviene
de las características económicas y demográficas españolas.
33
Esta situación, sin embargo, debe ser considerada también
como un acicate para que los funcionarios públicos, más allá de su
labor cotidiana, impulsen y realicen, de una forma eficiente,
profesional y dialogada, análisis y propuestas que favorezcan el
desarrollo de la Administración y el Estado en su conjunto. Junto a
los siempre interesantes resultados de la II Jornada sobre Economía
española y Protección social, se presentan aportaciones
profesionales diversas que se dirigen a un público amplio y de muy
distinta naturaleza, con pretensiones innovadoras, formativas,
divulgativas o de colaboración con las instituciones públicas.
Una vez más, el Comité Ejecutivo de esta Asociación
Profesional quiere agradecer sinceramente a la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social y a sus entidades gestoras, especialmente en
esta ocasión al Instituto Social de la Marina y a la Tesorería General
de la Seguridad Social, su colaboración para la realización de esta
publicación y del evento que sirve de sustento a la misma.
Madrid, 15 de enero de 2010
La Comisión Ejecutiva
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Índice
II Jornada sobre Economía española y Protección social
1. Apertura….……..…………………….........…………………….......1-5
Aibar Bernad, Javier; Director General de la Tesorería
General de la Seguridad Social.
2. Modelo Productivo y Mercado de Trabajo.………..............…….7-22
González González, Antonio. Ex-Secretario General de
Empleo.
3. Crisis económica española y sistema público de pensiones...23-45
Gómez-Calcerrada Gascón, José Luis. Director de Gestión
Económica y Financiera, Presupuestaria y de Recursos
Humanos. Área de la Gerencia. Consejo Económico y
Social.
4. Estrategia de modernización en el sector justicia….................47-57
De la Mata Amaya, José. Director General de Modernización
de la Administración de Justicia.
55
5. Administración Tributaria y Protección Social…......................59-68
Herrera Álvarez, Carlos A.. Director del Servicio de Estudios
Tributarios y Estadísticas de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.
6. Medidas del riesgo y sus aplicaciones actuariales y
financieras………..………………….……………………......69-103
Heras Martínez, Antonio J. Catedrático de Economía
Financiera y Actuarial de la Universidad Complutense de
Madrid
7. Envejecimiento y pensiones en Europa. Métodos comunes de
trabajo……………………………….…………………….....105-125
Achurra Aparicio, José Luis. Subdirector General de
Planificación y Análisis Económico Financiero de la
Seguridad Social. Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social
8. Clausura…...........................................................................127-129
Panizo Robles, José Antonio. Secretario General Técnico
del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Contribuciones Profesionales
66
1. Las diferencias sociales en la utilización y percepción del sistema
sanitario español. Un estudio basado en el barómetro sanitario
del año 2008…………..……………………….….................133-174
Hoyo Lao, Augusto. Cuerpo Superior de Actuarios,
Estadísticos y Economistas de las Administración de la
Seguridad Social. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
2. Seguridad Social, insolvencia empresarial y concurso de
acreedores………..………………………......……………….175-193
Hernández González, Daniel. Actuario de la Seguridad
Social. Ministerio de Sanidad y Política Social.
3. Desestacionalización de series temporales……………....195-213
León Do Campo, Elena M.; Estadística de la Seguridad
Social. Morán Blanco, Elena; Economista de la Seguridad
Social. Tesorería General de la Seguridad Social.
4. La pensión de viudedad. Reforma desde una perspectiva
económica a través de la relación entre obligaciones y derechos
consumidos………..……….……………......……………...215-238
Sanabria Borrego, Manuel; Estadístico de la Seguridad
Social. Instituto Nacional de la Seguridad Social. Hernández
González, Daniel. Actuario de la Seguridad Social. Ministerio
de Sanidad y Política Social.
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ECONOMÍA ESPAÑOLA Y
PROTECCIÓN SOCIAL
II JORNADA
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APERTURA
Javier Aibar Bernad Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social
En primer lugar quiero felicitar a la Asociación de Actuarios,
Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad
Social por la organización de esta Jornada, muy apropiada en un
momento como el actual.
En segundo lugar quiero hacer con esta exposición una
reflexión sobre los indicadores de la Seguridad Social en el presente,
siendo necesario hacer referencia a una situación de crisis
económica que afecta al sistema desde tres puntos de vista: la
afiliación y el descenso de población ocupada, el descenso de
cotizaciones derivado de la evolución anterior y finalmente el
aumento de cargo o deuda a recuperar en recaudación ejecutiva, que
ha aumentado respecto a 2008 en cerca de un 50%.
Aun cuando existen fuentes de incertidumbre, el sistema de
Seguridad Social dispone de un superávit amplio en términos de caja
de 11.620 millones de euros. Este sistema es sostenible y
proporcionará prestaciones económicas a medio y largo plazo con un
mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones; no se prevé
una subida de tipos de cotización que buscase una mayor
recaudación ni se prevé financiación externa u operaciones ajenas al
99
sistema, siguiéndose en este año la tendencia de superávit de los
últimos años que resaltan la fortaleza de la Seguridad Social
española.
La ratio de afiliados ocupados versus pensionistas se
encuentra en el 2,6, siendo una de las mejores de la historia a pesar
de la pérdida de cotizantes; la tasa de morosidad es moderada, el
1,85%, mientras que el Fondo de Reserva ha alcanzado los 60.000
millones de euros, con un equilibrio de las inversiones ajustado a las
necesidades actuales y una rentabilidad aceptable si lo comparamos
con fondos privados o fondos europeos públicos, que han tenido
pérdidas importantes. Sin embargo, junto a los aspectos positivos
hay que destacar los retos que va a afrontar la Seguridad Social en el
futuro:
a) La baja natalidad, que ocasionará una pérdida futura de
cotizantes con un descenso esperado en el año 2050 de 10
puntos sobre el actual porcentaje de población en edad de
trabajar, 16-64 años: 67,5%.
b) El aumento de la esperanza de vida, ya que en 2050 se
estima que se duplicará el número de personas que podrían
percibir una prestación de jubilación
c) El refuerzo de la contribución al sistema
Estas cuestiones se están analizando en el Pacto de Toledo,
que posiblemente establezca sus conclusiones a principios de 2010.
1100
Me referiré ahora a las recomendaciones históricas que el
Pacto de Toledo ha planteado desde el punto de vista de la
financiación y a su concreción práctica:
1. La separación de fuentes de financiación, que ha permitido no
asumir pagos que no son de Seguridad Social ni depender de
fuentes externas de financiación.
2. La constitución de reservas, que se ha instrumentado a través
del Fondo de Reserva.
3. La mejora de los mecanismos de recaudación, ámbito en el
que se ha avanzado a través de la optimización de los
soportes y herramientas informáticas, así como de la
colaboración con las Administraciones Públicas, la Inspección
de Trabajo y la Agencia Tributaria. En la Tesorería General de
la Seguridad Social podemos citar el sistema RED,
consolidado y muy cercano al 100% de su potencial.
Se está trabajando también en el sistema CRETA, de control
de recaudación a nivel del trabajador, que permitirá un control
más eficiente, inmediato y riguroso a través de la actividad de
la Tesorería en la liquidación de cuotas.
4. El avance en la integración de regímenes, actuaciones no
siempre fáciles pero que se han realizado y se están
realizando en la actualidad satisfactoriamente.
1111
5. La integración en la gestión, donde destaca la futura creación
de la Agencia Española de Seguridad Social.
6. La creación de incentivos para alargar la vida laboral, por
ejemplo los contenidos en la Ley 40/2007.
7. El acercamiento de la edad legal de jubilación a la edad
reglamentaria; mientras en 2004 la edad media de jubilación
se situaba en 61 años en la actualidad estamos en 63,7 años.
Queda por último hacer referencia a la política que ha
desarrollado la Tesorería General de la Seguridad Social en estos
momentos de crisis económica. En primer lugar quiero destacar la
política de aplazamientos, ajustada a las necesidades empresariales
-siempre que estas empresas sean viables-, con un mayor número
de actuaciones y diferimientos en el cobro de cuotas.
Se ha aumentado el control de la recaudación, con especial
atención en la morosidad y se ha optimizado el control en los
primeros descubiertos, con un mayor análisis de cuentas de
cotización, 83.000 frente a las 25.000 de 2004, con una finalidad
doble: conocer qué empresas generan el primer descubierto para
ofrecerles vías de regularización y evitar las bolsas de deuda
posteriormente más complejas en su control. En todo ello es
importante la labor y el esfuerzo de las Direcciones Provinciales de
esta Tesorería General.
1122
Se han mejorado la recaudación en la vía ejecutiva y el
control en materia de bonificaciones, así como la lucha contra el
fraude, aquí gracias a la colaboración con la Inspección de Trabajo
en los seguimientos sectoriales, por ejemplo la construcción, al
trabajo con el Observatorio del Fraude y a los acuerdos con la
Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria en materia de
transmisión de información y el establecimiento de planes y
actuaciones específicas.
En definitiva, la acción protectora de la Seguridad Social tiene
más valor en momentos como el actual y debemos recalcar que
tenemos un sistema que aporta una total garantía y confianza al
ciudadano.
1133
3
1144
MODELO PRODUCTIVO Y MERCADO DE TRABAJO
Antonio González González (1)
Ex-Secretario General de Empleo
Presentado por Dª. Pilar López-Rioboo Ansorena
Directora General del Instituto Social de la Marina
1. Evolución y características del modelo productivo
Para hablar del mercado de trabajo debemos situarnos
primero y necesariamente en un contexto más general, analizando lo
que ha ocurrido en los últimos años en nuestra economía.
El agotamiento del modelo productivo o del patrón de
crecimiento de la economía española hace referencia a un proceso
de crecimiento que ha durado más de una década y sobre el que se
ha dicho que se ha basado en la construcción, en la demanda interna
o el alto nivel de endeudamiento de familias y empresas. Sin
embargo, esta explicación deja sin abordar, a mi entender, ciertas
cuestiones importantes.
(1) El autor agradece sinceramente la oportunidad que la Asociación de Actuarios,
Estadísticos y Economistas le brinda y a su vez advierte de que las reflexiones
contenidas en este artículo representan sus propias opiniones y no las de otras
instituciones u organismos.
1155
El crecimiento económico español desde 1994 –inicio del ciclo
económico- hasta ahora se ha basado en condiciones irrepetibles
que han contribuido a su definición y evolución y que, además, han
ocultado problemas estructurales tradicionales en nuestro sistema
económico. Las bases del crecimiento no han sido del todo sólidas.
La etapa de crecimiento se inició después de una recesión
ocasionada por un grave proceso de inestabilidad cambiaria. Las
devaluaciones acaecidas, sin embargo, supusieron un gran impulso a
la competitividad de la economía española, sin que en realidad se
corrigiese la carencia esencial de un sector exterior capaz de
sustentar procesos de crecimiento sostenidos e intensos.
Por otra parte, se produjo otro factor que explica esa larga e
intensa etapa de crecimiento: la caída rápida y fuerte de los tipos de
interés nominales y reales. Una caída más fuerte que en otras
economías de nuestro entorno pues la peseta estaba sometida a un
riesgo cambiario que no tenían otras monedas, beneficiándose
después nuestra economía de la entrada en el euro y de la existencia
de condiciones más laxas de política monetaria. La caída de los tipos
facilitó una inyección de liquidez monetaria importante, nuevas
condiciones de endeudamiento de empresas y familias y una
elevación de los niveles de rentabilidad de las inversiones
productivas. Todo ello ocasionó un fuerte crecimiento de la
producción, el empleo y las rentas, pero también un incremento de
las tensiones inflacionistas, con un diferencial negativo respecto a
nuestros socios europeos que poco a poco ha ido minorando las
ventajas obtenidas en términos de competitividad, por el efecto de las
devaluaciones que se registraron al inicio del periodo.
1166
Los salarios iniciaron una etapa de intensa moderación en
favor del crecimiento de los beneficios, lo que ocasionó que la
participación de los salarios en la renta fuera decreciente. Por otra
parte, el excepcional crecimiento del empleo reflejó la dualidad y las
contradicciones en el patrón de crecimiento y, de alguna forma,
presagiaba lo que se avecinaba. Durante ese período el empleo
creció mucho en ocupaciones de media y alta cualificación pero
también en el segmento baja/muy baja cualificación. El
endeudamiento fácil, la expansión enorme de las rentas y el empleo,
la evolución del negocio financiero, junto con otros factores, darán
lugar a la burbuja inmobiliaria que hemos vivido en estos años. En
definitiva, este proceso de crecimiento, por tanto, ocultó los
problemas tradicionales de la economía española.
A medida que se fueron agotando los efectos de aquellos
factores excepcionales han vuelto a surgir los problemas
estructurales que no habían sido resueltos. En torno al año 2000 se
habían agotado las ventajas en términos de competitividad y la
economía española entró rápidamente en déficit comerciales y del
sector exterior que pusieron sobre la mesa su falta de competitividad.
La productividad, que ya era baja respecto a países de nuestro
entorno, fue empeorando paulatinamente dado que el crecimiento
económico tuvo una intensidad tan fuerte en términos de creación de
empleo que provocó un empeoramiento de los niveles relativos de
productividad en términos medios. La evolución de la productividad
continuó teniendo un comportamiento anormalmente anticíclico, algo
que no ocurrió en otras economías; lo que sucede, en definitiva, es
que la productividad española no crece cuando crece la producción y
1177
crece cuando decrece la producción, algo contrario a la lógica
económica.
Como ya hemos indicado, el tejido productivo sigue
padeciendo problemas a pesar de las mejoras habidas. Entre ellos
destacan los insuficientes niveles de innovación, de escaso valor
añadido, la atomización empresarial, etc., es decir, deficiencias
estructurales que no se corrigen por sí solas. A ello hay que añadir la
ineficiencia de otros sistemas como la formación, la negociación
colectiva, la formación de precios, etc.
Estamos en un momento en el que el agotamiento del modelo
productivo nos plantea un reto para que la economía española vuelva
a etapas de crecimiento.
Y es, en consecuencia, el momento de mirar los modelos que hay
en nuestro ámbito para decidir cuál es el camino que queremos
tomar y, de acuerdo con ello, el tipo de medidas que habremos de
adoptar. En nuestro entorno podemos ver 3 modelos:
1. Modelo mediterráneo. Niveles de competitividad no elevados
y basado en costes y mantenimiento de salarios no muy
elevados, con un componente tecnológico y dotaciones de
capital bajos.
2. Modelo anglosajón. Alta competitividad, basada en la alta
flexibilidad salarial y altos niveles de desarrollo tecnológico y
1188
bajos niveles de imposición fiscal, con desigualdad de rentas
y un estado de bienestar reducido.
3. Modelo nórdico/centroeuropeo. Conjuga altos niveles de
eficiencia económica y de equidad social. Gran flexibilidad
individual y alta imposición y alto Estado de Bienestar.
Y en mi opinión el camino adecuado para el objetivo citado pasa por
este tercer modelo.
2. Volatilidad e inestabilidad en el mercado de trabajo español
En cuanto al mercado de trabajo en el escenario que he
descrito con anterioridad, hay que decir que su funcionamiento es
contradictorio con el crecimiento de la productividad y
sobredimensiona procíclicamente los movimientos de la economía.
En el momento expansivo de la economía las tasas de creación de
empleo retroalimentan el proceso de crecimiento económico,
mientras en este momento –de recesión económica- hacen lo
contrario. En los periodos expansivos la respuesta en materia de
empleo es una de las más altas de todas las economías
desarrolladas. En los periodos recesivos es asimismo de las más
elevadas, destruyendo el empleo con una enorme velocidad y
elevando muy rápidamente la tasa de paro.
1199
En efecto, en cuanto al comportamiento del mercado de
trabajo español en la situación actual, la caída del empleo es mucho
mayor que la del PIB, lo que no sucede en ningún país, salvo Irlanda.
La inclinación de la diagonal (línea de regresión) del gráfico siguiente
2200
indica que, en la mayoría de los países, el PIB cae
proporcionalmente más que el empleo. En un buen número de ellos,
incluso apenas se producen descensos del empleo a pesar de las
caídas del PIB. En España, aún descontando la construcción (que
con frecuencia se señala como elemento diferencial para explicar la
fortísima caída del empleo), la caída del empleo es muy superior a la
del PIB, pues el empleo cae alrededor de dos puntos por cada uno
de contracción del PIB, en tanto que en la UE cae algo menos de
medio punto por cada punto de reducción del PIB (en el promedio
UEM incluso no se ha producido destrucción de empleo con caídas
próximas al 5% del PIB).
Por otra parte, la correlación entre la variación del empleo y el
crecimiento del PIB (la elasticidad) es la mayor de los 27 Estados
2211
Miembros de la UE, comportamiento que tiene aspectos positivos
desde el punto de vista de la absorción del desempleo y de los
crecimientos de la población activa, del aumento de un empleo
realimenta el crecimiento económico, de la evidencia de elevada
flexibilidad contractual en el mercado de trabajo y del aumento de
las oportunidades de empleo y reducción del paro de larga duración.
Aunque también tiene aspectos negativos al acentuar el movimiento
cíclico de la economía, al profundizar la caída del consumo, de los
ingresos públicos, y de los niveles de confianza en períodos de
recesión, al destruir en poco tiempo una gran cantidad del empleo
creado anteriormente, y al elevar los costes de transacción,
descapitalizar los recursos humanos, y distorsionar la evolución de la
productividad.
3. Otros problemas del mercado laboral español
1. Niveles bajos de formación. Las nuevas cohortes tienen más
formación que las que salen del mercado laboral [más del 60% de los
que salen tienen estudios primarios frente al 15% de los que entran],
pero siguen existiendo carencias importantes: niveles de formación
bajos por falta de apoyo empresarial y un sistema general de
formación para el empleo ineficiente, pues la oferta formativa no está
conectada con la demanda empresarial. Otros elementos son la
carencia de sistemas de evaluación de la calidad de la formación, la
predominancia de la actualización de conocimientos frente a la
2222
adquisición de capacidades o la concentración en formación
genérica.
2. Falta de estabilidad en el empleo. Este aspecto, que se arrastra
desde hace cerca de 25 años, dificulta el sostenimiento del
crecimiento económico. Existe una clara hegemonía del modelo de
flexibilidad externa frente al modelo de flexibilidad interna en las
empresas, con una temporalidad cercana al 40% en su momento, y
siempre más del doble del promedio comunitario. Esto ha explicado
el fortísimo incremento del desempleo ante la caída del crecimiento.
Por ejemplo, en Alemania ha caído el producto más que en España,
pero apenas lo ha hecho el empleo, algo en lo que sólo podemos
equipararnos a Irlanda como ya hemos expuesto con anterioridad, si
bien es importante destacar que en España que se ha continuado
creciendo en población activa.
Holanda 70Portugal 50Alemania 40Austria 40Finlandia 40Francia 40Grecia 40Italia 40Luxemburgo 40Noruega 40Polonia 40Rumania 40Suecia 40España 30Irlanda 20Bélgica 10Dinamarca 10
Índice de dificultad de despido En nuestro país el índice de
temporalidad es muy elevado, pero
además se ha producido una caída en la
protección al empleo. Según los estudios
del Banco Mundial y la OCDE no
estamos entre los países con mayor
dificultad en el despido, aunque sí entre
los que tenemos indemnizaciones más
altas.
Fuente: Doing Business, Banco Mundial
2233
Desde un punto de vista dinámico la
OCDE indica que, del conjunto UE a
quince, España es el país que ha
realizado más reformas y más
intensas, y por lo tanto también el
país que registra mayores caídas en
el índice de protección del empleo.
V
Spain -1,4Portugal
Finland
Austria
Netherlands
Denmark
Sweden
OECD countriesItaly
Ireland
Belgium
Greece
France
United KingdomGermany
Luxembourg
-0,7
-0,6
-0,6
-0,4
-0,10,0
0,00,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4:
ariación registrada en el indicador en el periodo
1990-2008
Así, se han ido reduciendo los
índices de rigor en cuanto a la
protección, lo que favorece la
flexibilidad externa, la capacidad de
las empresas para despedir y la
caída en los niveles de protección.
3,51
2,85 2,73 2,72 2,68 2,62,38 2,38 2,29 2,28 2,19
1,941,69 1,67
1,53
1,17
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Po
rtu
gal
Ale
man
ia
Ho
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Su
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Lu
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a
Din
amar
ca
R. U
nid
o
Índice OCDE (Valores 0-6)
Protección o Severidad de la legislación frente al DESPIDO INDIVIDUAL. 2008
2244
Otro indicio de la flexibilidad laboral española, lo constituye el
hecho de que la permanencia en el desempleo en España es, junto
con Malta, la más baja de la UE: La intensa creación de empleo, la
elevada movilidad en el mercado de trabajo, la flexibilidad en la
contratación y también en el despido, son factores que
conjuntamente explican la baja duración del tiempo medio de
desempleo durante el anterior periodo expansivo.
ç
Finalmente, como se puede apreciar en los datos siguientes,
la flexibilidad externa en el mercado de trabajo español es muy
elevada, una de las mayores de Europa. Y aunque tal grado de
flexibilidad entraña consecuencias positivas, también conlleva
factores negativos y contradictorios, por lo que parece que hay
margen para realizar un trade-off con otros modelos de flexibilidad
alternativos. El flujo de contratación es el más elevado de la UE, las
tasas de despido son las terceras más elevadas y la rotación del
empleo es altísima.
2255
Otro dato es el mayor desinterés por la flexibilidad interna en
la empresa, un tipo de flexibilidad que tiene la ventaja de empujar a
la organización eficiente del trabajo y formación, pues esta formación
interna contribuye directamente al incremento de la productividad. La
flexibilidad externa conduce a competir en base a costes salariales y
tiene efectos negativos: es procíclica, opera de manera contradictoria
con el crecimiento de la productividad, etc.
Además, la inestabilidad en el empleo tiene otros efectos:
inhibe la posibilidad de desarrollar vidas laborales autónomas, inhibe
el crédito, etc. En definitiva, nuestro modelo debe ir transformándose
hacia modelos más parecidos a los europeos.
3. Escaso desarrollo de la negociación colectiva en España, que es
esquemática, repetitiva y atomizada. El tamaño medio de
2266
trabajadores en convenios sectoriales es de 7 personas, hecho que
implica que la mayoría de los convenios sectoriales regulan
condiciones laborales para empresas muy pequeñas
mayoritariamente, lo que es una barrera a la extensión de la
negociación colectiva de empresa, que pierde eficacia con el tamaño
de la empresa y es un sistema muy costoso para las de pequeño
tamaño. Por tanto, hay que buscar una negociación colectiva
sectorial más rica y eficiente.
4. Mal funcionamiento del sistema de determinación de salarios, que
reparte muy poco y no se ajusta al funcionamiento de las empresas.
Crece el salario cuando la economía entra en recesión y lo hace
poco en momentos de expansión.
5. Sistemas anticuados de organización del trabajo. Tenemos una de
las presencias más altas de la UE de sistemas anticuados de
organización del trabajo, con un gran peso de sistemas tradicionales
de organización paternalistas y anticuados.
6. Mercado laboral con condiciones no muy buenas. En muchos
casos se deben mejorar aspectos tales como la seguridad y la salud
laboral.
7. Políticas activas de empleo inadecuadas. Es necesario continuar
la mejora, actualización y renovación de las políticas activas de
empleo, pues son similares a las de hace 20 años. En cuanto a la
financiación no resulta aceptable que sea la misma para políticas
2277
activas y pasivas. Cuando crece el desempleo se reducen los
recursos para las políticas activas -algo inadecuado- y viceversa.
8. Sistema de intermediación con lagunas en la eficiencia, de distinta
naturaleza, siendo necesaria su reforma buscando una mejora de la
eficacia en la gestión de la oferta y la demandan en el mercado de
trabajo.
9. Mejoras pendientes en el sistema de protección por desempleo y
en el diseño de prestaciones. Hay que evitar vacíos de cobertura
alargando las prestaciones asistenciales para determinados grupos
para los cuales son cortas, así como incorporar alicientes positivos a
la búsqueda de empleo y el acortamiento de los periodos de
consumo de prestaciones.
Por otro lado, es preciso buscar un nuevo sistema de
financiación del sistema de protección por desempleo que de alguna
manera incorpore la utilización que las empresas hacen del gasto del
mismo. La temporalidad es también una externalización de costes
empresariales, de tal forma que las empresas que más utilizan dicha
temporalidad generan más costes de desempleo. Aunque el empleo
temporal ha sido 1/3 de todo el empleo en media en los últimos años,
consumía más del 50% de los recursos del sistema de desempleo y
dado que la temporalidad no está distribuida equitativamente entre
sectores y empresas puede afirmarse que se están produciendo
fenómenos poco eficientes de externalización de costes que están
pagando el resto de las empresas.
2288
Cuestiones planteadas durante el coloquio
1. Valoración de las medidas sobre la Ley de Economía
Sostenible.
2. Valoración en el nivel formativo de la fuerza de trabajo de las
diferencias a nivel formativo de la FP y los ciclos medios.
3. Valoración potencial en la creación de empleo y contratos a
tiempo parcial y valoración del potencial de impulso de la
incorporación al mercado de trabajo de las mujeres.
Respuestas
1. Hasta donde puedo indicar previsiblemente la Ley de Economía
Sostenible en el tema que aquí abordamos incidirá en la formación,
sobre todo en la Formación Profesional.
2. Hay problemas en el sistema educativo español incluso en las
nuevas cohortes, ya que existen resultados muy duales (el
porcentaje de titulados superiores es mayor que la media europea y
los niveles de fracaso escolar son también mayores que la media
europea), con un déficit muy importante de estudiantes en la
Formación Profesional, opción que, sin embargo, tiene un buen
funcionamiento. Por tanto, debería reducirse el fracaso escolar y
reequilibrar el resto del sistema, con acciones conjuntas y
conectadas.
3. Si se cambiase el modelo de flexibilidad externa por la flexibilidad
interna yo creo que crecería el empleo a tiempo parcial. En otros
2299
países, donde hay mucha presencia del empleo temporal hay poca
del empleo a tiempo parcial y viceversa, con el agravante de que
España tiene problemas añadidos, no solamente un marco que no le
favorece.
En realidad un contrato temporal es un contrato a tiempo
parcial en jornada anualizada, pero el primero se incorpora
fácilmente a la organización cotidiana del trabajo de las empresas,
puesto que con un contrato temporal en cómputos inferiores al anual
se ordena en el tiempo de trabajo de la empresa como un contrato a
jornada completa. El contrato a tiempo parcial necesita una
capacidad de organización en la empresa más específica y otra
cultura empresarial, existiendo una falta de interés por parte de las
organizaciones.
Además existe un alto rechazo de los trabajadores españoles
al tiempo parcial, algo ilógico pero que quiere decir algo que debería
ser analizado en profundidad para ver si existe algún factor de
rechazo más allá de la reducción salarial.
En cuanto al empleo de las mujeres hay que decir que las
nuevas cohortes se incorporan al mercado de forma similar a los
hombres, un poco más tarde en edad pero con mayores niveles
formativos y tasas de actividad casi equivalentes. Acceden a
empleos que requieren cualificaciones medias y altas, si bien todavía
hay ciertos techos de cristal en cuanto al acceso a puestos de
responsabilidad.
3300
CRISIS ECONÓMICA ESPAÑOLA Y SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
José Luis Gómez-Calcerrada Gascón (1)
Director de Gestión Económica y Financiera, Presupuestaria y de Recursos
Humanos. Área de la Gerencia. Consejo Económico y Social.
Presentado por D. Luis Casqueiro Barreiro
Secretario General del Instituto Social de la Marina
1. Introducción
Siendo apasionante todo lo que concierne al sistema de
pensiones por la trascendencia de presente y de futuro que tiene
sobre nuestras vidas, es oportuno hablar aquí de dicho sistema
porque en estos momentos nos situamos, conseguida la capacidad
de los sistemas de pensiones, en el centro del debate sobre el futuro
de la suficiencia financiera y, sobre todo, de su viabilidad a largo
plazo. En un momento en el que España sigue en recesión
económica por sexto trimestre consecutivo, se ha producido una
sustancial bajada en la afiliación, lo que ha moderado el crecimiento
del superávit de la Seguridad Social y por ende el ritmo de
crecimiento del Fondo de Reserva. Sin más preámbulos,
abordaremos problema del envejecimiento, la problemática financiera (1) El autor quiere agradecer a la Asociación de Actuarios, Economistas y
Estadísticos de la Seguridad Social la invitación realizada para su contribución a la II
Jornada sobre Economía Española y Protección Social.
3311
que genera y las líneas de actuación para combatirla, dedicando una
especial atención a la incidencia de la crisis económica.
2. El problema del envejecimiento de la población
Aunque el sistema de Seguridad Social en España es
centenario -la Ley Dato de Accidentes de Trabajo es del año 1900-,
la etapa moderna se inicia en 1967, fecha en la que se instaura el
actual modelo de seguridad social, de modo que el Texto Refundido
de la Ley General de Seguridad Social (1974) es una puesta al día
de todas las normas desde enero de 1967. Desde entonces hemos
asistido a continuos procesos de reforma para garantizar su
supervivencia, si bien algunos de estos procesos proponían modelos
en los que los problemas coyunturales se contestaban con
soluciones coyunturales, como era la necesidad de hacer frente a
desequilibrios financieros planteados en momentos de resultados
negativos para el sistema de Seguridad Social.
Los procesos de reforma actuales tienen una problemática de
mayor calado como es la de hacer frente a las dificultades que el
proceso de envejecimiento puede introducir, a largo plazo, en la
sostenibilidad de las pensiones. Por ello, las reformas más recientes
están orientadas a introducir en el sistema mecanismos de ajuste
que permitan garantizar el equilibrio a largo plazo. Llegados a este
punto conviene hacer una reflexión sobre el futuro: ¿cuándo se
producirá el efecto del envejecimiento? y por tanto ¿cuál es el
margen de maniobra disponible para actuar en consecuencia?. En
3322
este sentido, tanto las proyecciones demográficas efectuadas por el
INE y por el Subcomité de Envejecimiento de Política Económica de
la UE, como los resultados de la última proyección de ingresos por
cuotas y gasto en pensiones elaborada por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración en el año 2008, han puesto de manifiesto que la
intensidad del envejecimiento y sus efectos sobre el sistema de
pensiones en España no se producirán hasta los años 2023-2029 en
términos financieros y 2025 en términos demográficos.
Los sistemas de pensiones en los Estados miembros de la
UE, gracias a diversas combinaciones de los tres pilares: seguridad
social obligatoria y sistemas de pensiones profesionales y privados,
constituyen la garantía para proporcionar a las personas mayores un
nivel de prosperidad e independencia económica sin precedentes.
Sin embargo -y puede parecer una contradicción- el envejecimiento
de la población y la jubilación de las generaciones del baby-boom
demográfico representan un reto importante para la supervivencia del
sistema de pensiones. El envejecimiento de la población será de tal
envergadura que, de no efectuarse las reformas oportunas, podría
comprometer el modelo social europeo. Así, durante las próximas
décadas la UE y España se enfrentarán a una aceleración
significativa del envejecimiento demográfico debida a tres factores
principales:
1º) La generación del baby-boom, que alcanzará la edad preceptiva
para tener derecho a pensión. Son las grandes generaciones nacidas
después de la II Guerra Mundial. Este efecto se produjo en España
más tarde que en el resto de Europa, por tanto estas generaciones
3333
más numerosas alcanzarán más tarde los 65 años: son los nacidos a
finales de los 60 y en los 70 que llegarán a la edad de la jubilación a
partir de 2020-25.
2º) El continuo aumento de la esperanza de vida en la medida en
que, en los 37 años que van desde 1960 a 1997, el aumento en
España ha sido de 3,3 años en hombres y 5,2 en mujeres.
Actualmente en España la esperanza de seguir viviendo a los 65 es
de 19 años y a los 80 es de 8,5 años. Si proyectamos la esperanza
de vida al futuro entre 2002 y 2030 se produce un aumento de 4,01
años en hombres y 2,70 en mujeres, hasta situarse para el último
año en 80,63 y 86,04 años, respectivamente.
3º) .El descenso de la natalidad desde los años 70. Son las cohortes
que siguen al baby-boom como consecuencia de índices de natalidad
más bajos. En ese momento la tasa de natalidad se llegó a situar en
21,13 nacimientos por 1.000 habitantes, para situarse después en un
continuo descenso al pasar de 18,75 nacidos por 1.000 habitantes en
1975 a 9,23 en 1995. Los últimos años indican una ligera
recuperación hasta el 10,75 debido a que la inmigración ha añadido
dinamismo a la evolución de la población por el mejor
comportamiento en la natalidad de las inmigrantes, dado que la
fecundidad de las españolas apenas sube.
Por otra parte, estimar en unas proyecciones demográficas
los flujos migratorios es muy difícil por las extrapolaciones y por estar
en manos de la oferta de otros países y de quienes deciden buscar
una oportunidad. Con todo ello la pirámide de población de España
3344
refleja un envejecimiento progresivo de modo que, de 2002 a 2040,
la población entre 0-19 años disminuye progresivamente, la de 20 a
64 años comienza a partir del año 2020 un descenso brusco y la de
más de 65 años se duplica. La combinación de los tres factores
citados es una bomba con espoleta retardada que producirá un
desafío financiero importante para los sistemas de pensiones durante
las próximas décadas puesto que el número de pensionistas de la
UE aumentará rápidamente, hasta casi duplicarse, al pasar los
mayores de 65 años del 17,1% en 2008 al 30% en 2060 y los
mayores de 80 años se triplicarán al pasar de 4,4% al 12,1% en el
mismo periodo; por el contrario, el tamaño de la población en edad
de trabajar disminuirá. En España el coeficiente de dependencia de
la 3ª edad, esto es, los mayores de 65 años respecto a la población
en edad de trabajar (14 a 64 años) pasará del 25% en 2008 al 53%
en 2060, con lo que la relación se reduce la mitad y aumenta en el
100% la tasa de dependencia.
Resumiendo, las perspectivas demográficas de la población
española desde el punto de vista de las pensiones son favorables a
corto y medio plazo; hasta el año 2005 prácticamente no se ha
incrementado la proporción de personas con 65 ó más años. Son
generaciones menos numerosas y se corresponden con los
nacimientos en la época de la Guerra Civil. Posteriormente, ha
comenzado un crecimiento no muy intenso hasta los años 2020-
2025, en los que llegarán a la edad de jubilación generaciones más
numerosas, nacidas a finales de los 60 y en los 70, siendo a partir de
esa fecha cuando se acelerará el proceso de envejecimiento. Existe
un riesgo futuro de que la tasa de dependencia de la 3ª edad
3355
represente una carga financiera insostenible para la población activa
y que afecte desfavorablemente al potencial del crecimiento
económico de Europa.
3. Las proyecciones económico-financieras de la Seguridad Social
El segundo observatorio para medir el problema del
envejecimiento nos lo dan los resultados de la proyección
económica-financiera de gasto en pensiones e ingresos por
cotizaciones sociales realizada en el año 2008 por el MTIN, que ha
servido de base para la toma de decisiones en la Comisión no
Permanente del Pacto de Toledo, Programa de Estabilidad e Informe
de Estrategia Nacional, presentado a la UE. La proyección no es una
previsión, indica lo que va a suceder en términos de derecho
constante, es decir, si las cosas no cambian y sirven para orientar lo
que se debe modificar para poder evitar lo desfavorable de lo
proyectado.
El Pacto de Toledo indica la necesidad de que se efectúen
revisiones periódicas sobre la evolución económico-financiera del
sistema de pensiones y se elaboren proyecciones a largo plazo,
viendo el comportamiento específico del gasto en pensiones en
relación con el peso en el PIB y situando el punto de equilibrio futuro
entre ingresos y gastos que permita fijar el margen de maniobra del
que se dispone en cada momento para efectuar la correspondiente
reforma y consolidar sus efectos. Se trata de una metodología
3366
acreditada con éxito comprobado en sus proyecciones de los años
2002, 2005 y 2008, éxito atribuible a los profesionales de la
Seguridad Social. La proyección pone de manifiesto que nuestro
sistema de Seguridad Social tiene buenas constantes vitales, siendo
un sistema solvente a corto y medio plazo dado que hasta el año
2023 el sistema de pensiones estará equilibrado en la medida en que
los ingresos cubren los gastos y es a partir de dicho año cuando
empezarán a percibir los efectos del envejecimiento. En la
proyección del año 2005 el punto de equilibrio era el año 2015, ocho
años menos que en la actual proyección. Hasta 2023 el Fondo de
Reserva alcanzará una dotación de 6,5 % del PIB y empezaría a
utilizarse a partir de 2024 para equilibrar la insuficiencia de ingresos,
lo que permitirá compensar los resultados negativos hasta el año
2029. En la proyección del año 2005 este punto se producía en 2020,
nueve años menos que en la actual proyección.
Así pues, el año 2029 es la frontera que marca el margen de
maniobra disponible para consolidar los efectos de la próxima
reforma y situar por tanto el equilibrio de ingresos y gastos más allá
de dicho año. Por su parte, el gasto en pensiones se mantiene
estable hasta el año 2020 (8,6 % del PIB) y la mayor intensidad del
efecto de envejecimiento se manifiesta a partir del 2030. Para la
obtención de la proyección se ha tenido en cuenta la actual
desaceleración económica bajo el supuesto de mantenerse hasta
mediados de 2009, lo que con el tiempo ha resultado equivocado
dado que para el 2010 aún se prevén resultados negativos para el
crecimiento del PIB. En 2005 la proyección indicó que habíamos
mejorado algo sobre 2002 y en 2008 lo mismo sobre 2005. España
3377
se encuentra con el reto del compromiso de garantizar la adecuación
de su sistema de pensiones y la viabilidad financiera a largo plazo,
acciones que no son solamente importantes por sí solas sino que
constituyen una condición previa indispensable para proveer unas
pensiones adecuadas en el futuro; el equilibrio entre los elementos
sociales y económicos es esencial para el éxito político de la reforma
de las pensiones.
4. Líneas de actuación para la reforma del sistema de pensiones
Para afrontar la situación que hemos expuesto con
anterioridad, España debe basar su estrategia en la próxima
renovación del Pacto de Toledo con una importante batería de
instrumentos y un poderoso aliado: el tiempo. Para mantener la
sostenibilidad de los sistemas de pensiones es necesario adoptar
medidas en materia de empleo, en materia demográfica, en materia
de políticas de igualdad, en materia de políticas de apoyo a los
fondos, etc. Ello exige un conjunto de reformas en las que la
consecución de la sostenibilidad debe ser una tarea permanente con
reformas moderadas y nunca traumáticas. Hay que tener en cuenta
que las reformas nunca operan sobre los actuales beneficiarios del
sistema, de modo que los pensionistas actuales no son objeto de
cambios. Se trata de considerar a las reformas como imprescindibles
pero moderadas.
Respecto a las líneas de actuación la primera constatación es
que el problema del envejecimiento llega más tarde a España; en
3388
concreto, se prevé una solvencia del sistema hasta el año 2023-
2029. Por lo tanto, contamos con un margen de maniobra importante
para introducir reformas adicionales a las que se iniciaron en 1997,
como consecuencia del Pacto de Toledo. No se trata de adoptar una
actitud de complacencia porque al final el problema llega con igual o
más virulencia, ya que a largo plazo el envejecimiento será más
intenso en España por nuestra reducida tasa de natalidad. Se trata
de aprovechar esta ventaja comparativa para seguir profundizando
en las reformas ya emprendidas. En la primera renovación se tardó 3
años (2000-2003) y la actual renovación del Pacto de Toledo se
presenta en un contexto muy distinto del vigente hasta ahora por
efectos de la crisis económica.
Ante la situación de enfrentamiento a retos comunes como es
el del envejecimiento de la población se ha introducido a nivel europeo un método de trabajo basado en la cooperación entre todos los países (método abierto de coordinación) que constituye
una ayuda y esfuerzo mutuo por alcanzar soluciones a los
problemas, también comunes, de los sistemas de pensiones. Para
ello se elabora por cada país, cada tres años, un Informe de
Estrategia Nacional en el que se detalla su situación actual, los
efectos de las últimas reformas llevadas a cabo y, en su caso, las
previsiones de futuro. El objetivo es ayudar a los Estados miembros a
desarrollar sus propias estrategias nacionales para garantizar unas
pensiones adecuadas y sostenibles a largo plazo e identificar “las
buenas prácticas”. El alargamiento de la vida laboral es un tema en el
que España es pionera y que en Europa cuando lo hemos tratado se
nos ha escuchado.
3399
España va plasmar la reforma continua del sistema de
pensiones a través del consenso político y la concertación social. Las reformas implican una apuesta por el futuro a veces con
sacrificios que deben ser comprendidos y aceptados por la sociedad
en su conjunto. No tendrían sentido reformas de calado al margen de
los interlocutores sociales. Nuestro país se encuentra, pues, con el
reto del compromiso de garantizar la adecuación de su sistema de
pensiones la viabilidad financiera a largo plazo. El Pacto de Toledo
fue la solución al problema.
Llegados a este punto recordaremos tres importantes hitos en
materia de consenso político-social: el pacto económico que se
concretó en el llamado Pacto de la Moncloa en 1977, por el que se
sentaron las bases para el desarrollo económico posterior; el pacto
político que dio lugar a la Constitución de 1978 y que en su artículo
41 contiene los principios básicos del sistema español de previsión
social actual, sentando las bases para la convivencia de los
españoles, y, finalmente, el pacto social que dio lugar en 1995 al
Pacto de Toledo, que sentó las bases de sostenibilidad del sistema
público de pensiones.
La idea inicial del Pacto de Toledo era evitar que las
pensiones de la Seguridad Social y la reformas necesarias fuesen
objeto de batalla política. Es un instrumento político de gran valor a la
hora de plantear reformas en el sistema de pensiones y supuso la
traslación al campo de la protección social en 1995 del compromiso
reformista que se inició en España en 1977 con la instauración de la
democracia.
4400
El Pacto de Toledo fue suscrito en abril de 1995 por acuerdo
de la práctica totalidad de los partidos políticos con representación
parlamentaria y crearon una ponencia para elaborar un informe en el
que se analizasen los problemas estructurales del sistema de
Seguridad Social y se indicasen las principales reformas que
deberían acometerse en los siguientes años para garantizar la
viabilidad del sistema de pensiones, al tiempo que se propiciaba un
grado de protección social adecuada. Supuso la reafirmación para
las fuerzas políticas españolas de la apuesta por un sistema de
Seguridad Social: solidario y de reparto, basado en las
contribuciones de sus beneficiarios y en la separación de las
prestaciones de naturaleza contributiva y no contributiva.
Su importancia radica en que el sistema de Seguridad Social
es un enorme depósito de confianza como expuso en cierta ocasión
el actual Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio
Granado. “Cobramos cotizaciones a personas de 16-18 años con la
expectativa que cuando cumplan 65 van a poder jubilarse. Estamos
hablando de cobrar pólizas de aseguramiento a personas que van a
ser beneficiarias de esta póliza después de 40 años. Este depósito
de confianza que hacen los jóvenes en el sistema de Seguridad
Social no tiene parangón en ninguna de las actividades
administrativas, ya que hay pocas cosas en la vida que duren 40-45
años salvo la vida misma”.
El Pacto de Toledo ha garantizado en los últimos catorce
años una coherencia y una articulación de las políticas en materia de
pensiones que ha permitido que se produzca la alternancia política
4411
con gobiernos de diferente color sin que se alteren ninguna de las
bases fundamentales del funcionamiento del sistema español de la
Seguridad Social: se trata de aspectos compartidos por todas las
fuerzas políticas parlamentarias y los agentes sociales, al tiempo que
lo han practicado los distintos Gobiernos. El Pacto de Toledo ha sido
fundamental para salvaguardar a las pensiones del componente
político y algún día se reconocerá la importancia de este acuerdo
que, en mi opinión, forma parte del acervo político de nuestro país y
ha sentado las bases de la estabilidad financiera del sistema de
pensiones.
La secuencia del Pacto de Toledo es la de una reforma
continua revisada cada 5 años de modo que al acuerdo político le
sigue el consenso social y la plasmación normativa de los mismos.
Ello explica la ausencia de conflictividad en España en lo tocante al
tema de pensiones, dado que se trata de un tema sometido a debate
político, social y que la ciudadanía sigue a través de los medios de
comunicación.
Hay que seguir avanzando en el proceso de separación de fuentes de financiación, que ha sido el principal factor
desencadenante del superávit del Sistema. La separación de fuentes
es una de las bases de nuestra consolidación financiera que empezó
en 1987 y que culmina en lo fundamental en 2002. La clarificación de
las distintas fuentes de financiación en función de la naturaleza de
las prestaciones es un proceso concluido con la excepción del
complemento a mínimos que está previsto que lo sea en el año 2013.
En el año 2008, de un total de 5.826 millones de euros la Seguridad
4422
Social aún tuvo que asumir 3.720 millones. Es importante que el
sistema no asuma cargas nuevas y en este sentido resulta
tranquilizador que a la Ley de Dependencia se le haya dado el
tratamiento de no contributiva. Por su parte, la minoración de
cotizaciones de siniestros, catástrofes, investigación y desarrollo,
etc., el aumento no contributivo de pensiones como las víctimas del
terrorismo y la bonificación de cuotas que sea con cargo al Estado es
un aspecto esencial en el proceso de dilucidar claramente la
separación de fuentes. La limitación de la separación de fuentes no
debe ser un muro infranqueable que impida hacer un ajuste fino del
concepto. Así las pensiones de orfandad y la asistencia sanitaria en
AATT y EEPP en algunos países son no contributivas.
La constitución del Fondo de Reserva ha supuesto un factor
de estabilidad al Sistema que otorga capacidad de actuación en
fases bajas del ciclo económico sin necesidad de instrumentar una
disminución de las prestaciones o un aumento de las cotizaciones.
Hay que fortalecer y ampliar “la hucha del sistema”. El fondo tiene
efecto anticíclico para atender necesidades futuras, tal como se ha
puesto de manifiesto en el mecanismo de adaptación de la
Proyección de Ingresos y Gastos. Ya la Comisión del Pacto de
Toledo preveía destinar excedentes fundamentalmente a seguir
dotando al fondo sin límite alguno y la Ley del Fondo de Reserva
(Ley 28/2003) establece qué el superávit contributivo deberá
destinarse “prioritaria y mayoritariamente” a la dotación del Fondo de
Reserva. Ello fue ratificado en la renovación del Pacto de Toledo en
2003. Desde el año 1999 ha habido superávit en el sistema todos los
años, lo que permitió que en el año 2000 se hiciese la primera
4433
dotación. Desde 2007 se ha producido una moderación del superávit
amplificada en 2008 por el estallido de la crisis financiera e impacto
en la economía real y el empleo. En 2009 hay que suponer que el
deterioro se ha intensificado, aunque el resultado seguirá siendo
positivo. La dotación del Fondo es de 57.223 millones de euros de
los que el 56,38% se invierte en deuda española y 43,58% en deuda
extranjera.
El Fondo de Reserva puede intervenir de manera indirecta
para atenuar la crisis invirtiendo en deuda pública española. Hay que
tener en cuenta que el mercado de la deuda se ha ensanchado dado
que, con la crisis, los ingresos se resienten y el gasto social aumenta.
Parece razonable no financiar otras economías europeas mientras
subsistan problemas de liquidez en la nuestra.
En todo caso estimamos que no es recomendable reducir
cotizaciones con carácter general dado que supondrían reducciones
adicionales de los ingresos del sistema no aconsejables en el actual
contexto de crisis económica dadas las previsiones de gasto ante el
envejecimiento de la población. Por otra parte, habría que plantear la
modificación de la ley del Fondo tratando de favorecer una mejor
gestión que obtenga una mayor rentabilidad para sus dotaciones,
redefiniendo el límite de inversión con títulos emitidos por personas
jurídicas públicas, así como operar un cambio sobre los criterios de
inversión con activos (renta variable).
Otro elemento importante sería extender la contributividad de las pensiones y mejorar las bases de cotización, ampliando el
4444
periodo a considerar para la determinación de la base de cálculo de
la pensión, con el objetivo de lograr una mayor proporción entre el
esfuerzo de cotización y el nivel de prestaciones alcanzado.
En el pasado la contributividad ha ido evolucionando de modo
que el periodo a considerar era de dos años en 1985, de 8 años en
1997 y 15 años a partir del año 2003, vigente en la actualidad. Lo
ideal sería computar las cotizaciones satisfechas a lo largo de toda la
vida laboral, pero la consideración de criterios de solidaridad ante la
existencia de carreras irregulares, periodos de desempleo, etc.,
aconsejan seguir avanzando en el refuerzo del principio de
contributividad con la necesaria gradualidad, y se podría iniciar el
cálculo en 20 ó 25 años. Esta propuesta es controvertida y
posiblemente provoque una desfavorable reacción sindical. Sin
embargo, entiendo que hay que explorar un margen de maniobra que
lleve al acuerdo consiguiente. Preguntas como ¿hasta dónde se va a
alargar el periodo?, ¿con qué gradualidad se va a aplicar? y ¿qué
forma de cálculo se va a elegir? responden al aserto anterior.
Hay que culminar el proceso de supresión de topes de modo
que se produzca una aproximación de las bases de cotización a los salarios reales. Este aspecto está muy avanzado y tan sólo
queda completar lo referente a determinados regímenes especiales,
donde también se han producido avances importantes.
Otro aspecto a considerar es la mejora de incentivos para prolongar la vida laboral, de modo que los trabajadores
permanezcan en el mercado de trabajo más allá de los 65 años. Si
4455
ello no fuese suficiente no hay que descartar el aumento de la edad
de jubilación tal y como ha ocurrido en Alemania y Reino Unido. A
este respecto conviene tener en cuenta que la esperanza de vida en
España entre 1975 y 2008 ha subido 9 años al pasar de 73 a 82
años.
Que los trabajadores no estén incentivados para jubilarse anticipadamente es otra vía de actuación. Se trata de acercar la
edad real de jubilación, hoy en 63,7 años, a la edad legal de 65 años.
Hay que endurecer el recurso a las prejubilaciones. Es inmoral que
personas en plenas facultades físicas y mentales dejen la vida
laboral con 52 años, cuando se les supone un “fondo de comercio”
en base a la experiencia, madurez y conocimiento. Hay que evitar
por todos los medios la tentación de utilizar las jubilaciones
anticipadas como salida a la crisis. En este sentido las salidas del
mercado de trabajo en un 50% son por jubilaciones anticipadas,
mientras que el otro 50% se debe a desempleo, enfermedades de
larga duración e incapacidades.
Aunque en España el grueso de las pensiones abonadas a
las personas que se jubilan hoy proceden de pensiones financiadas
por los actuales cotizantes, en otros países, tal es el caso de Reino
Unido y Suecia, los ingresos procedentes de fondos privados de pensiones son considerables. En España los planes de fondos
privados son voluntarios y libres y no sustituyen a las pensiones
públicas y obligatorias. Constituyen una forma de complementar las
pensiones públicas con carácter voluntario por lo que no puede
calificarse de sistema mixto. Hay que apostar por el fortalecimiento
4466
de la previsión social complementaria como una línea más de
actuación prioritaria.
Como quiera que en el futuro el sistema público tendrá
dificultades para soportar tasas de sustitución entre pensión y salario,
es por lo que tiene que existir un sistema complementario para
quienes deseen disfrutar en su jubilación de ingresos más próximos a
sus antiguos salarios. La tasa de sustitución para salarios bajos y
medios de un trabajador que se jubila con 65 años y 40 de
cotizaciones es del 91% en tasa bruta y 97% en neta. Eso explicaría,
en parte, el escaso entusiasmo de los trabajadores por este tipo de
activos. De los 9,8 millones de suscriptores de planes de pensiones,
tan solo 1,8 millones corresponden a planes de empleo, de ahí la
necesidad de impulsar este tipo de fondos a través de negociación
colectiva.
Los Fondos se han visto afectados por la crisis, por el
derrumbe de los mercados financieros con consecuencias negativas
para las personas que se jubilan actualmente. Los beneficios fiscales
a los planes de pensiones, que suponen un esfuerzo para todos los
españoles, deben encauzarse para generar rentas vitalicias con el
rescate del fondo y no un producto de ahorro con forma de pago
único que deben tener su regulación específica.
La preocupación por la viabilidad, es otra línea de
actuación, ya que no debe hacernos olvidar asegurar que las
personas mayores no estén en riesgo de pobreza. Así, las pensiones
mínimas en el ámbito contributivo, las pensiones no contributivas en
4477
el ámbito de protección universal y la asistencia sanitaria y
medicamentos gratuitos y servicios sociales, 3ª edad y ayuda a
domicilio, tienen que tener una atención preferente que eviten el
riesgo de pobreza y de exclusión social.
En España contamos con uno de los sistemas de Seguridad Social mejor gestionados del mundo desde el punto de vista administrativo. Así en 2007 se liquidó el préstamo del
Banco de España a la Seguridad Social cuando había plazo hasta
2019; lo mismo sucedió con la deuda con Servicio Público Estatal de
Empleo, que se liquidó en 2005. Si atendemos a EUROSTAT,
España tiene los menores gastos de gestión de Europa y los mejores
tiempos de respuesta a la petición de prestaciones. Ello es fruto de
un intenso proceso de modernización emprendido en los años 80 del
pasado siglo. Las tecnologías de la información al servicio de los ciudadanos es un objetivo en el que se debe seguir profundizando.
Importante para la sostenibilidad del sistema de pensiones es
la continuación de reformas en el mercado laboral para elevar las
tasas de actividad y ocupación. No es de recibo que “con lo que está
cayendo” sindicatos y empresarios aún no se hayan puesto de
acuerdo cuando, desde junio de 2008, se han producido 1,55
millones de parados y la tasa de paro se encamina al 20%. El
deterioro del empleo y el incremento del paro constituyen el problema
de mayor gravedad a que se enfrenta la economía española y el que
más dificulta la recuperación y la consolidación fiscal. De ahí que
resulte ineludible que se acometan urgentemente reformas laborales
que acerquen nuestras tasas de paro a las de países más
4488
desarrollados y se frene la sangría del desempleo. En este sentido
hay que reducir la segmentación actual de las modalidades de
contratación así como reformar la negociación colectiva adecuando
los salarios a la empresa, dotando a esta de flexibilidad para que
permitan incrementos de la productividad y los salarios cuando sea
posible.
Una medida estrella en lo que debería ser un diálogo
inminente es la de discutir el modelo alemán de ayuda a los
afectados por reducción de jornada que consiste en facilitar ayudas
públicas para cubrir hasta el 60% del salario que pierde el trabajador
por el recorte de horas de trabajo; a cambio, la empresa no despide
al trabajador. En principio, presenta ventajas sobre el modelo de
ajuste español de ERES, en la medida que el modelo alemán frena
los despidos, es menos costoso para el erario público y guarda el
capital humano en las empresas.
Ahora bien, ninguna política de bienestar, y es otra línea de
actuación, tendrá éxito si no se desenvuelve en un entorno
económico y financiero saneado y estable. La consolidación presupuestaria es clave para garantizar la sostenibilidad futura del
sistema de pensiones. De ahí la importancia de salir pronto y bien de
la crisis.
La marcha de la economía española incide en el sistema de
Seguridad Social del siguiente modo: En la fase alcista del ciclo
España ha aprovechado al máximo su potencialidad con 14 años de
crecimiento ininterrumpido: al crecimiento de PIB ha seguido un
4499
crecimiento del empleo, un aumento de la afiliación a la Seguridad
Social, una subida de la relación afiliado/pensionista, un aumento del
superávit de la Seguridad Social, un incremento del Fondo de
Reserva, mayores ingresos públicos, disminución del déficit público
hasta alcanzar el superávit y una disminución de la deuda pública;
mientras que en la fase bajista del ciclo, que hasta ahora va del
segundo semestre 2008 al segundo semestre de 2009, la entrada en
recesión ha supuesto una importante reducción del empleo con
repercusión a la baja en los afiliados de Seguridad Social, al tiempo
que se reducía la relación afiliado/pensionista, disminuía el superávit
de la Seguridad Social y se moderaba el crecimiento del Fondo de
Reserva. La caída de los ingresos públicos hacía aumentar el déficit
y en consonancia incrementaba la deuda pública.
Para conseguir la estabilidad financiera hay que tomar
medidas clave como la de proporcionar al sistema de pensiones una
base financiera sólida y el rigor presupuestario para garantizar el
futuro de las pensiones. Para ello es clave que se cumplan el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento, el Programa de Estabilidad, la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria de 2004, la nueva Ley
General de Estabilidad Presupuestaria del mismo año, el nuevo
sistema de financiación autonómica, la Ley General Tributaria, la
reforma del IRPF y la contención de la inflación en época alcista. La
eliminación persistente del diferencial de precios con la UE en los
últimos años ha sido uno de los puntos débiles de la economía
española que en algún momento puede haber significado más lastre
que el aspecto demográfico.
5500
Resumiendo, en los últimos años se han tomado una serie de
decisiones normativas tendentes a la consecución de la estabilidad
presupuestaria. Así, establecido un objetivo de estabilidad y regulada
la sujeción de la gestión presupuestaria al límite que se fija para los
presupuestos no financieros del Estado, se introducen escenarios
presupuestarios plurianuales (con superávit o equilibrio) para tres
años siguientes y se establece un sistema de presupuestos y gestión
por objetivos con una evaluación continua de las políticas de gasto y
una regulación de modificaciones presupuestarias, creando un Fondo
de Contingencia en el Presupuesto del Estado fijado en el 2% del
presupuesto no financiero.
Las cuestiones clave a considerar son que la crisis tenga una
duración limitada, de modo que el ciclo resulte largo en la fase
expansiva y corto en la fase restrictiva; que volvamos pronto a la
senda del Pacto de Estabilidad con un déficit por debajo del 3% del
PIB e incluso con tendencia al superávit. El plan de reequilibrio
recientemente presentado por el Gobierno a las Cortes Generales y
el alargamiento un año más al 2013 del déficit excepcional facilitan
este objetivo cuya consecución, ante la brutalidad de los datos, no
deja de resultar difícil. El volumen de deuda pública tiene que
recobrar niveles más adecuados lo más pronto que se pueda; la
deuda pública ha tenido un fuerte incremento al pasar del 36,1% en
2007 al previsible 74% en 2011. Esta dinámica puede ser difícil de
cambiar si en el futuro no contamos con reducciones de las tasas de
tipos de interés y que el crecimiento económico sea prolongado.
5511
Lo cierto es que resulta difícil compatibilizar el compromiso
con estabilidad presupuestaria y no quebrar la senda de la
reactivación económica. Las secuelas más negativas de la crisis:
elevados niveles de paro y déficit público alcanzado afectan al
sistema de Seguridad Social. Por ejemplo, los ocupados según la
EPA han pasado de 20.356 miles en 2007 a 17.870,7 miles en el
tercer trimestre de 2009 y las cuentas públicas han pasado de un
superávit del 1,9% del PIB en 2007 a un déficit de -4,1% en 2008 ó al
-9,5% del PIB estimado por el Gobierno para el 2009.
Lo peor del déficit es que tiene un componente estructural, en
la medida que el gasto corriente primario se ha mantenido con tasas
muy elevadas y se ha perdido de modo permanente los ingresos
extraordinarios del sector inmobiliario. El compromiso del Gobierno
es el de volver a niveles de déficit compatibles con la estabilidad en
2013 en línea con el horizonte definido por autoridades comunitarias
en coherencia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Llegado el
momento hipotético de afrontar una crisis profunda del Sistema las
alternativas a seguir son variadas y compatibles. Así, desde la
utilización del Fondo de Reserva según lo indicado en la Proyección
2023-2029, un medido incremento de las cotizaciones o la
financiación con impuestos de parte del déficit entre ingresos por
cuotas y gastos en pensiones, si bien en este punto habría que
preguntarse qué porcentaje del PIB está en condiciones de asumir un
país como España en un periodo determinado.
5522
5. Conclusiones
En definitiva, los problemas están detectados, dejemos que la
Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo cumpla su papel y
renueve sus propuestas. Pero exijamos, ante las adicionales
dificultades derivadas de la crisis económica, que la Comisión no
permanente se convierta en permanente, que se mantenga un
estado de tensión continuada y toda la imaginación posible y audacia
en las medidas para acometer políticas que garanticen la estabilidad
del sistema. Todo ello en un proceso consensuado política y
socialmente que debe ser abordado como un problema de Estado, al
margen de partidismos y rentabilidades electorales y donde no debe
haber derrotados y sí un único ganador, la sociedad española.
De cómo seamos capaces de conducir el sistema y de
nuestros reflejos para activar las alarmas con suficiente antelación
cuando se vislumbren posibles desequilibrios financieros, va a
depender en gran parte la supervivencia del modelo. Para ello
contamos con el mejor garante que nos podíamos haber dado: el
Pacto de Toledo y todo el acervo de compromiso político y social que
el mismo representa y defiende. Si hacemos bien las cosas, si todos
actuamos con lealtad institucional, si sacamos las pensiones de la
batalla política, el éxito está asegurado. Garantizaremos que “desde
la cuna hasta la tumba” no exista situación de vulnerabilidad en la
que cada español no cuente con el respaldo de la red social de
protección.
5533
5544
ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN EN EL SECTOR JUSTICIA
José de la Mata Amaya
Director General de Modernización de la Administración de Justicia
Presentado por Dª. María del Mar Gómez Arroyo
Presidente de la Asociación de Actuarios, Estadísticos y Economistas
de la Administración de la Seguridad Social
1. Introducción
Existen razones que ligan la modernización de la justicia a la
economía de un país y a su desarrollo económico, más allá del
impacto de las resoluciones judiciales. La seguridad jurídica, la
confiabilidad o la capacidad de predicción de las resoluciones
judiciales afectan a las inversiones, al desarrollo económico, etc.
En España la situación es paradójica; en los últimos años ha
habido un incremento presupuestario anual destinado a la justicia
importante, un incremento de la planta judicial y de la productividad
anual y, sin embargo, pese a esa inversión, todavía la justicia
española no funciona de forma eficiente. Los procesos son largos,
lentos y complejos, no existiendo coordinación total entre
instituciones, con una percepción negativa por parte de la ciudadanía
(el 77% de los ciudadanos cree que la justicia no funciona
5555
adecuadamente), que reclama la modernización del sector, algo que,
a diferencia de otros sectores públicos, la administración judicial no
ha conseguido llevar a cabo.
Con el Plan para la modernización de la justicia se busca una
estrategia integral de modernización que permita establecer y prever
cuáles son las políticas públicas que se van a impulsar desde el
Ministerio de Justicia, y desde estas determinar los ejes estratégicos
a desarrollar, con objetivos claros y viables para todos los que
intervienen, si bien el plan es flexible y no se encuentra encorsetado
en sus principios.
Por otra parte, se está anunciando la inminente Ley de
Economía Sostenible, en la que el sector justicia estará representado
a través de determinados ejes y políticas que se intentarán alcanzar
en la convicción de que la modernización de la justicia es un
instrumento que coadyuva al desarrollo económico nacional.
2. El Plan de modernización de la justicia
El Plan de modernización de la justicia se asienta en el
establecimiento de una ruta metodológica que se basará en el
consenso y la participación, puesto que en el sector justicia hay una
amplia complejidad institucional. Por ello, se han establecido alianzas
estratégicas con todos los actores, dando lugar al Acuerdo Social por
la Justicia, presentado en el Parlamento. De igual forma, se ha
incluido a todos los colectivos profesionales ligados al sector:
5566
asociaciones profesionales, sindicatos, colegios profesionales, etc.
buscando sus aportaciones a la mejora del mismo y, por último, se
ha incorporado a la sociedad civil a través de la participación, directa
o indirecta, de más de cien organizaciones.
El objetivo es que España disponga de un servicio público de
justicia ágil y efectivo, accesible y atento con el ciudadano,
responsable y moderno que garantice el acceso a la justicia y
proporcione tutela judicial efectiva pronta y cumplida, que desarrolle
su acción al nivel de las expectativas de los ciudadanos y que sea
equiparable en sus rendimientos al de los servicios públicos más
avanzados.
Sobre esta visión se ha organizado una estrategia de
modernización articulada en tres políticas públicas principales: la
política de modernización, la política de protección de derechos y
transparencia y la política de colegiación y cooperación de esfuerzos,
que en nuestro caso va más allá de una definición clásica como
método o herramienta auxiliar, ya que alcanza este grado jerárquico
por la complejidad institucional existente.
Estas políticas se estructuran en 6 ejes, 24 programas y 147
actuaciones concretas, no siendo el proyecto una declaración de
intenciones ni un documento político que fije las grandes líneas, sino
un desarrollo concreto. A partir de él se crean los planes operativos
anuales, que ya en 2009 recogen las 45 actuaciones a desarrollar
entre su aprobación y el cierre del ejercicio. Por otra parte, es
necesario indicar que se tiene como objetivo la edición de una
5577
memoria anual sobre el plan de modernización para ver su grado
efectivo de cumplimiento.
3. Política de modernización
La política de modernización se centrará en conseguir un
servicio público de calidad, que sea gestionado por profesionales
altamente cualificados y que sea tecnológicamente avanzado. Cada
uno de sus ejes se desagrega en diversas actuaciones concretas.
Servicio público de calidad
Se trabajara en la modificación de la planta y demarcación
judicial, pues el sistema actual está agotado.
Se transformarán las oficinas judiciales, que tienen una
organización ineficiente; se buscará la creación de servicios comunes
y la separación nítida entre las funciones administrativas y
gubernativas y las estrictamente jurisdiccionales, puesto que en la
actualidad jueces y magistrados tienen que ocuparse de funciones
organizativas y de dirección que dispersan su dedicación de las
funciones estrictamente jurisdiccionales.
Se mejorarán y modernizarán los Registros Civiles; en los tres
últimos años, con una inversión de aproximadamente 80 millones de
euros, se han informatizado todos los Registros Civiles principales
(432) y se ha digitalizado el 80% de las inscripciones registrales. Sin
5588
embargo, el servicio es todavía insatisfactorio y el plan buscará la
modernización con arreglo a un principio básico: transformar el
Registro Civil actual en un registro civil de servicios desjudicializado,
que facilite directamente a otras administraciones los datos que
ahora se requieren al ciudadano. Hablamos entonces de una
interoperabilidad que busca el ahorro de tiempo y esfuerzo para los
usuarios y, además, que el ciudadano pueda realizar sus trámites sin
intermediación manual.
El servicio público requiere personal altamente cualificado. Se
crearán nuevas figuras legales que permitirán mejorar el servicio que
se presta, por ejemplo, la creación de jueces de adscripción
territorial, jueces con movilidad destinados a cabeceras de provincia
que atenderán lugares donde haya vacantes estructurales o
reforzarán lugares con alta carga de trabajo. Al mismo tiempo se
apostará por la formación y la gestión del cambio.
Por otra parte, se requiere una modernización tecnológica
más allá de la inversión ya realizada. Existen hasta siete programas
de actuación dentro de esta estrategia que inciden en este campo,
entre los que están el programa de infraestructuras tecnológicas o el
programa de sistemas de registro, documentación y control de las
actuaciones procesales, etc., con una orientación hacia el expediente
electrónico y el abandono del papel, proceso que no será corto pero
que ya está en marcha, por ejemplo, con el proyecto de generación
del expediente electrónico en la Audiencia Nacional, o con el sistema
de comunicaciones seguras Lexnet, que está realizando ya cerca de
750.000 notificaciones mensuales por vía telemática.
5599
Todos estos programas, por su parte, se presentarán en
forma de servicios al usuario con el desarrollo de portales orientados
al profesional, al funcionario y al ciudadano en general.
4. Política de orientación al ciudadano
Dentro de esta política se busca la mejora de la garantía y
defensa de los derechos de los ciudadanos. Aquí podemos destacar
la potenciación de los mecanismos de mediación extrajudicial puesto
que, por mucho que se mejore el rendimiento del sector justicia,
difícilmente va a poder hacer frente a un caudal de ingresos en el
sistema de millones de asuntos judiciales.
En segundo lugar hay que optimizar la asistencia jurídica
gratuita al ciudadano, mejorando la atención pero también los
mecanismos de gestión y control. También se quiere actuar en el
campo de la transparencia judicial, con un énfasis en el acceso a la
información judicial por parte de los ciudadanos.
Por último, se trabaja en el desarrollo e implantación más
eficaz de la carta de derechos de las personas ante la justicia,
buscando una justicia más accesible y atenta.
5. Política de cooperación y colegiación de esfuerzos
En este apartado hay dos elementos fundamentales:
6600
1. Cooperación internacional. En este campo el trabajo se divide en
dos áreas básicas: la cooperación jurídica internacional y el
marco de cooperación internacional al desarrollo dentro de las
estrategias españolas en la materia.
2. Cooperación y colegiación interna entre instituciones, que tiene a
su vez dos puntos de actuación relevantes:
a) Organizativo. El sistema judicial en su conjunto tiene un reto
que asumir en 2010: el despliegue y la transformación de toda
la organización judicial y esto se tiene que hacer en
colaboración con todas las instituciones judiciales, buscando
sinergias y que las actuaciones se coordinen en todo el
territorio nacional.
b) Tecnológico. Se ha dado un paso importante desde que se ha
aprobado el Plan Estratégico de Modernización, y es la
constitución de un esquema judicial de interoperabilidad y
seguridad.
La Ley 11/07, de Acceso de los Ciudadanos a la Información,
que establece, entre otros, los requerimientos que debe
cumplir el estado en esta materia, paradójicamente, no es de
aplicación al sector justicia, algo que el Ministerio de Justicia
está tratando de solventar a través de varias vías. Así, se
pretende la aprobación del esquema judicial de
interoperabilidad y seguridad. Ello se ha concretado en la
firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de
6611
Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General
del Poder Judicial y las once Comunidades Autonómicas con
competencias transferidas en la materia, que crea el EJIS,
que fijará el conjunto de estándares que tienen que seguir los
sistemas judiciales para lograr la interoperabilidad de todos
ellos, lo que implicará potenciar el “test de compatibilidad”
aprobado por el Consejo General del Poder Judicial.
En definitiva, hay una preocupación importante por la
colegiación de esfuerzos y la interoperabilidad, donde se van a
centrar los esfuerzos fundamentales que el sector justicia va a poner
en acción los próximos años, en el convencimiento de que esto va a
ser la forma de mejorar el servicio público que se presta al
ciudadano.
6. Conclusiones
Si todo el Plan Estratégico se va completando conforme lo
establecido, la Justicia que tendremos en 2012 se habrá centrado en
las siguientes características:
- Se incrementará la planta judicial en un 20%, adaptando las
nuevas unidades judiciales a la nueva organización.
- Se hará un esfuerzo importante en recursos humanos, con un
incremento de hasta 2.000 plazas entre jueces, fiscales y
secretarios judiciales.
6622
- Se garantizará el despliegue de la nueva organización, y de la
clásica sala tradicional se pasará a una estructura basada en
servicios comunes de carácter procesal y administrativo
donde el 100% de las salas de vista esté dotado de
elementos tecnológicos adecuados, como un adelanto en la
“oficina sin papeles”.
- Se crearán los jueces de adscripción territorial.
- Estará en pleno funcionamiento el esquema judicial de
interoperabilidad y seguridad.
- Se dispondrá de un Registro Civil único, digitalizado e
informatizado.
- Los tiempos de tramitación y respuesta se reducirán gracias
también a las sucesivas supresiones de trámites superfluos y
al sistema de mediación.
- Se modificará la Ley de Planta y Demarcación y se crearán
oficinas de atención a la víctima en todo el territorio nacional,
así como mejorará la legislación española en materia de
derechos y libertades de acuerdo a los compromisos del
Programa de Estocolmo.
El Plan de Modernización de la Justicia está soportado con un
incremento presupuestario del 48%, creciendo en el año próximo el
presupuesto del Ministerio de Justicia en un 13,70%, especialmente
en el capítulo VI, inversiones. Existe un compromiso del Gobierno de
España y de todas las fuerzas políticas para sustentar este proceso
de modernización. El esfuerzo presupuestario que este país va a
hacer en los próximos años en materia de justicia es muy importante
en un contexto económico tan complejo como el actual, lo que coloca
6633
al Ministerio de Justicia -y también a las Comunidades Autónomas, al
Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial- en una
situación de absoluta responsabilidad en la que todas las partes
implicadas han de estar a la altura de las demandas de los
ciudadanos.
Cuestiones a debate
1. Serían convenientes medidas que consigan agilizar la
tramitación de plazos y los tiempos de resolución en
expedientes de regulación de empleo o despidos de
trabajadores, algo que conseguiría ahorrar costes en los
sectores público y privado.
2. Por la experiencia en la administración no judicial, sería
conveniente la dotación en los juzgados de lo social de
profesionales cualificados no juristas, por ejemplo actuarios,
puesto que en determinados procesos las demandas de
información a la administración parten del desconocimiento
de la realidad de las operaciones desde el ámbito jurídico.
Respuestas
1. En efecto, son necesarias medidas para agilizar la tramitación
en la jurisdicción social, aunque no sea la más lenta en la
resolución de conflictos. La modernización tecnológica y la
transformación de las oficinas judiciales serán positivas en
6644
este sentido. Por otra parte, en octubre el Consejo de
Ministros aprobó un plan a propuesta del Ministerio de
Justicia de refuerzos en la jurisdicción social para poder
aligerar la carga de trabajo en cuestiones, entre otras, como
los despidos.
2. Considero de extraordinario interés el que los órganos de la
Justicia puedan contar con peritos expertos adscritos a los
órganos judiciales tal y como ocurre con diversos
profesionales en la actualidad. Por otra parte, aprovecho para
indicar que una de las iniciativas que el Ministerio de Justicia
está poniendo en marcha en estos días es la generación de
un “laboratorio de ideas” con profesionales de distinta
cualificación y orientación profesional para completar la
estrategia diseñada.
6655
6666
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y PROTECCIÓN SOCIAL
Carlos A. Herrera Álvarez
Director del Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria
Presentado por D. Miguel Ángel Díaz Peña
Director General de Ordenación de la Seguridad Social
1. Resumen
Se pretende en este trabajo abordar dos aspectos en cuanto
al papel de la Administración Tributaria en la Protección Social: el
papel que esta institución puede jugar en la gerencia de los
programas de Protección Social y el correspondiente al apoyo a
terceros dentro de la gestión y el análisis de la información.
2. El papel de la Administración Tributaria en la Protección Social
Un elemento clave en este papel es el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, que puede ser graduado para tener
en cuenta las características propias de los contribuyentes, más allá
de su capacidad redistributiva. Donde se detectan necesidades el
diseño del impuesto se puede modificar para dar respuesta a las
6677
mismas, por ejemplo, a través de deducciones o bonificaciones
fiscales establecidas.
Sin embargo, estas actuaciones tienen limitaciones, pudiendo
existir otras vías con igual objetivo. Las deducciones o bonificaciones
exigen que haya algo que bonificar o deducir, ya que si no existe
impuesto estas no se pueden aplicar.
Cuadro 1. Resumen declaración IRPF. Año 2007
Total Varón MujerNúmero de declaraciones 18.702.875 11.172.659 7.530.216Número total de hijos 11.125.254 6.709.377 4.415.877Número de declaraciones con hijos 7.078.856 4.199.690 2.879.166Número medio de hijos 1,57 1,6 1,53Rendimiento medio del trabajo 18.400 20.860 14.705Rendimiento medio del capital mobiliario 1.212 1.237 1.175Bienes inmuebles no afectos a activ. económicas 5.497 5.165 5.894Rendimiento medio de actividades económicas 10.146 10.551 9.279Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas 18.996 21.432 15.322Media del mínimo personal (1) 5.315 5.346 5.268Media del mínimo por descendiente 2.517 2.737 2.196Media de los mínimos personal y familiar 6.674 6.830 6.441Media de la reducción por circunst. laborales, pers. y famil. 362 410 290Deducción media por vivienda habitual 786 790 780Aportación media a planes de pensiones 1.572 1.688 1.371
Sexo (*)
Cuadro 2. Cuota líquida IRPF. 2007
Liquidaciones DistribuciónDistribución
NúmeroNegativo y Cero 102.678 0,55 32 0 116.788 0 3.650Hasta 1,5 762.771 4,08 789 0,01 546.412 0 6931,5 - 6 2.495.957 13,35 158.352 1,17 17.054.691 0,03 1086 -12 3.912.332 20,92 2.405.719 17,83 1.537.376.860 2,35 63912 -20 5.263.393 28,14 4.784.805 35,47 8.189.911.636 12,53 1.71221 - 30 2.874.616 15,37 2.851.110 21,14 10.807.793.246 16,53 3.79130 - 60 2.543.833 13,6 2.541.023 18,84 19.944.655.955 30,5 7.84960 - 150 640.238 3,42 639.919 4,74 14.154.759.165 21,65 22.120150 - 601 96.477 0,52 96.427 0,71 6.694.996.056 10,24 69.431Mayor de 601 10.580 0,06 10.578 0,08 4.036.933.937 6,17 381.635Total 18.702.875 100 13.488.754 100 65.384.144.745 100 4.847
INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 741LIQUIDACIONES PARTIDA IMPORTE PARTIDA
Número Importe Distribución Media
Tramos de Rend. e Imputac. NúmeroNúmeroTotal
DATOS GENERALES
6688
Si se observan los cuadros anteriores, se puede ver que en el
ejercicio 2007 hubo aproximadamente 5 millones de declarantes pero
sin cuota del impuesto, una gran parte de las mismas precisamente
en el colectivo de menores ingresos, donde principalmente se vuelca
la protección social.
Esta es la gran limitación del Impuesto sobre la Renta en
cuanto a Protección Social: no se puede aportar al colectivo que más
lo podría necesitar puesto que no existe impuesto sobre el que
actuar. ¿Se acaba entonces aquí el papel de la Administración
Tributaria en la Protección Social? No. Se trataría de conectar los
ámbitos tributario y de protección social utilizando instrumentos que
pueden aplicarse en ambos espacios, instrumentos que se han
abierto paso en las últimas décadas y que ya se utilizan en diversos
países, incluso en España.
Cuadro 3. Deducción Nacimiento 2008 (miles de €)
Declarantes con cuota positiva
Declarantes con cuota 0 No Declarantes
Número 136.219 126.684 164.406 57.552 484.861
Importe 348 322 397 143 1.210
CONTRIBUTIVANO CONTRIBUTIVA TOTAL
Cuadro 4. Deducción maternidad 2008 (miles de €)
Declarantes con cuota positiva
Declarantes con cuota 0 No Declarantes
Número 452.562 373.245 140.839 966.646
Importe 434 319 121 874
CONTRIBUTIVATOTAL
6699
En nuestro país tenemos las deducciones por maternidad y
las deducciones por nacimiento o adopción, que pueden percibirse
en forma de deducción o de transferencia. Estos instrumentos son
muy simples y en el caso español, como puede apreciarse en los
cuadros anteriores -3 y 4-, estos programas apoyan a quienes no
tienen cuota.
3. Otros programas en el escenario mundial
3.1 Estados Unidos
En Estados Unidos existe el Crédito fiscal por rentas
salariales (EITC), que nace con el objetivo de conciliar la protección
social con los incentivos al trabajo y a las familias, buscando apoyar
ciertas situaciones y evitando a su vez que ese apoyo desincentive el
trabajo por parte de los beneficiarios, objetivos por tanto distintos al
modelo español.
En este sistema a las personas dentro de unos límites de
renta se les ofrece una renta adicional proporcional a su salario hasta
un punto determinado a partir del cual la renta adicional disminuye
progresivamente, con unos límites y porcentajes que varían según
las circunstancias familiares.
Se puede percibir como deducción de cuota, como
transferencia e incluso puede anticiparse a través de las retenciones
vía empleador. Requiere conocer las rentas salariales, otras rentas –
7700
que juegan en los topes y la situación familiar, información toda ella
disponible en nuestra Administración Tributaria lo que permitiría su
implantación en España.
3.2 Francia
Muy similar es el caso francés que se concreta en la Prima
para el empleo (PPE). En este modelo existe una parte fija por
número de hijos y una proporcional en términos parecidos al EITC
americano, siendo los requerimientos también similares. Las
diferencias de ambos sistemas se pueden observar en los siguientes
gráficos:
EITC PPE
Ingreso salarial
3.3. Nueva Zelanda
El caso neozelandés se instrumenta de diferente forma a los
anteriores. Tras decidir que su impuesto sobre la renta era muy
complicado, Nueva Zelanda lo modificó eliminando del mismo
cualquier tipo de consideración familiar o personal, siendo la única
variable de interés los ingresos económicos.
7711
La gestión es simple y se ha podido eliminar la declaración, al
menos para aquellas personas físicas que tienen rentas sujetas a
retención. Todo aquello que se refiere a circunstancias personales,
familiares, etc. se ha derivado hacia otros instrumentos, por ejemplo
la asistencia familiar. Nace así un programa (Working for families tax
credit) desarrollado en cuatro créditos distintos gestionados por la
Administración Tributaria, cuyo objetivo es cubrir este tipo de
asistencia:
a) Family tax credit: Crédito fiscal a las familias, que otorga una
cantidad determinada por hijo según su edad (hasta 99 dólares
neozelandeses por hijo a la semana), si bien está condicionado a una
renta máxima familiar según el numero de hijos.
b) In-work tax credit. Cantidad determinada por familia si los padres
trabajan cierto número de horas, es decir incentiva el trabajo.
c) Minimun family tax credit. Garantiza una renta mínima a las
familias trabajadoras de 395 dólares neozelandeses a la semana.
d) Parental tax credit. Ayuda por nacimiento.
Entre los requisitos de este sistema se encuentra el
conocimiento de las rentas salariales, otras rentas, la edad de los
hijos o el número de horas trabajadas a la semana, variable esta
última de la que no dispone la Administración Tributaria española por
sí misma.
7722
En definitiva, como características comunes de estos
sistemas podemos decir que son sistemas generalistas, que pueden
articularse a través de transferencias/subsidios o deducción y que no
requieren grandes necesidades de información. Tampoco requieren
una atención personal, se pueden gestionar de forma masiva y,
según lo visto hasta ahora, podrían ser gestionados por la
Administración Tributaria española.
Siendo posible, como decimos, realizar programas similares
en España, un problema de carácter práctico es la existencia de
recursos suficientes para la gestión, aunque la mayor incertidumbre
podría surgir en el ámbito de las competencias territoriales, ya que
las competencias en materia tributaria no son siempre estatales. Por
ejemplo, la implantación de programas como el EITC o el PPE podría
ocasionar conflictos en los territorios forales por dos vías: la
información, en manos de las administraciones forales, y la
financiación, aunque es cierto que, con una voluntad positiva, los
posibles escollos podrían ser salvados de manera eficaz.
4. La Administración Tributaria en el ámbito de la gestión
La Administración Tributaria puede también apoyar a otros
organismos en su gestión o a través de la información disponible,
algo que ya es una realidad puesto que, articulados a través de
convenios, existen programas de protección social que requieren
contar para su desarrollo con la información en poder de la AEAT.
7733
Por otra parte, la Administración Tributaria está capacitada
para el análisis de la información para contribuir al diseño de
diferentes aspectos de los programas de protección social. Un
ejemplo que conjuga la colaboración en la gestión y en el diseño son
los programas de becas del Ministerio de Educación. En cuanto a la
gestión encontramos la articulación de los convenios así como las
definiciones –por ejemplo la renta- que se basan en conceptos
fiscales; en cuanto al diseño, la Agencia Tributaria elabora tablas
clasificadas por tramos o umbrales de renta y composición familiar
según los posibles umbrales proporcionados por el Ministerio de
Educación y el directorio de hogares de la población objetivo
facilitado por el Instituto Nacional de Estadística.
Con carácter general la Administración Tributaria puede
apoyar al análisis y diseño de programas de protección social a
través de la explotación de la información. En el caso de la
colaboración con la Seguridad Social se tiene la Muestra de vidas
laborales, donde cada una de las instituciones completa la carencia
de la otra en determinados aspectos. De igual forma, las estadísticas
también se complementan entre sí, pues algunas carecen de alguna
información que, sin embargo, sí viene recogida en otras, siendo
necesario integrar las fuentes. Así ocurre, por ejemplo, con el Modelo
100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Modelo
de Retenciones.
El catálogo de las principales explotaciones de la información
tributaria es el siguiente, destacándose en azul las que son de
responsabilidad de la AEAT en la actualidad:
7744
Cuadro 5. Principales explotaciones de la AEAT
Impuesto Años Periodicidad Publicación Disponible en:
RETENCIONES E IVA MENSUALES
Desde 1996 Mensual Ventas, empleo y salarios en las Grandes Empresas web AEAT
IMPUESTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE Desde 2006 Mensual Estadística del Impuesto sobre Matriculación de Vehículos
Automóviles web AEAT
Desde 1988 Anual
Desde 1993 Mensual
1979-2003 Anual Estadística del IRPF BADESPE
2003-2007 Anual Estadística de los declarantes del IRPF web AEAT
2000-2002 Anual Las Pyme españolas no societarias web M.Industria
1982-1998 Anual Panel de declarantes del IRPF web IEF
2002-2005 Anual Muestras de microdatos del IRPF web IEF
1992-1996 Anual Empleo, salarios y pensiones en las fuentes tributarias web IEF
1999-2007 Anual Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias web AEAT
2004-2007 Anual Muestra Continua de Vidas Laborales web S.Social
1986-2008 Anual Estadística del IVA BADESPE
2005-2008 Anual Estadística por partidas del IVA web AEAT
1997-2008 Anual Resultados económicos y tributarios en el IVA web AEAT
RETENCIONES E IVA 1989-1995 Anual Las Empresas Españolas en las fuentes tributarias web IEF
1986-2003 Anual Estadística del Impuesto sobre Sociedades papel
2004-2007 Anual Estadística por partidas del Impuesto sobre Sociedades web AEAT
1989-1993 Anual Las Cuentas de las Sociedades en las fuentes tributarias web IEF
1999-2006 Anual Cuentas anuales en el Impuesto sobre Sociedades web AEAT
1983-2004 Anual Estadística del Impuesto sobre el Patrimonio BADESPE
2003-2007 Anual Estadística de los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio web AEAT
IMPUESTOS ESPECIALES 1994-2007 Anual Estudio anual de los impuestos especiales web AEAT
COYUNTURALES
ESTRUCTURALES
IRPF
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
web AEATEstadísticas de comercio exterior
RETENCIONES DEL TRABAJO
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
IVA
DUA´s E INTRASTAT
BADESPE: Base de Datos del Sector Público (www.ief.es)
IEF: Instituto de Estudios Fiscales (www.ief.es)
7755
5. Conclusiones
En definitiva, la Agencia Tributaria trabaja desde distintas
perspectivas en relación con la Protección Social, aunque todavía
tiene recorrido en el ámbito de los programas de protección y de la
utilización de la información para apoyar a las políticas sociales. Por
supuesto, es posible avanzar más y con mayor eficiencia en el marco
de una colaboración con otras instituciones, siempre pensando en la
mejora del servicio que las Administraciones Públicas prestan al
ciudadano.
7766
MEDIDAS DEL RIESGO Y SUS APLICACIONES ACTUARIALES Y FINANCIERAS
Antonio José Heras Martínez Catedrático de Economía Financiera y Actuarial
Universidad Complutense de Madrid
Presentación a cargo de Dª Begoña Gosálbez Raull
Actuaria de la Seguridad Social y Vicepresidente de la AAEESS
1. Introducción
La familiaridad con el riesgo es posiblemente uno de los
elementos que contribuyen a definir nuestras sociedades modernas.
Estamos expuestos a un gran número de riesgos, muchos de ellos
de nuevo cuño, y somos plenamente conscientes de ello. Los
periódicos y televisiones nos bombardean con noticias acerca del
(muy probable) proceso de cambio climático en el que estamos
inmersos y de sus terribles (aunque inciertos) efectos. Sabemos que
fumar puede matar, que la energía nuclear puede ser peligrosa y que
conducir un coche puede poner en peligro nuestra vida y la de los
demás. Estamos informados al instante de los atentados terroristas,
derrames de petróleo, terremotos y catástrofes en general que
ocurren en cualquier parte del mundo. Actualmente estamos
inmersos en una crisis económica que pone en peligro nuestros
7777
ingresos y nuestro bienestar, y que parece haber tenido su origen en
arriesgadas prácticas bancarias.
Esta ubicuidad del riesgo y nuestra familiaridad con él han
motivado la creación y desarrollo de un conjunto interdisciplinar de
conocimientos o técnicas de Modelización y Gestión del Riesgo (Risk
Modelling and Management) que se utilizan cada vez más en
campos como la ingeniería y la economía. Estas técnicas
proporcionan metodologías para la gestión de los problemas, de
forma que los posibles riesgos queden adecuadamente identificados,
clasificados, medidos y eliminados o, al menos, controlados. La
definición, clasificación, medición y control del riesgo son los
componentes fundamentales de toda metodología de gestión de
riesgos.
La literatura especializada contiene numerosos trabajos
relativos a la identificación y clasificación de los distintos tipos de
riesgos. Si nos restringimos a riesgos de naturaleza económico-
financiera, que son los que trataremos en el presente artículo, una
clasificación muy popular considera que los principales tipos son el
Riesgo de Crédito (que resulta de la incapacidad de los prestatarios
de cumplir sus obligaciones contractuales), Riesgo de Liquidez (que
resulta de la incapacidad o dificultad de atender las obligaciones
financieras a corto plazo), Riesgo de Mercado (que resulta de las
fluctuaciones del valor de mercado de los activos) y Riesgo
Operacional (que resulta de todo tipo de fallos administrativos). Por
supuesto, esta clasificación no agota todos los tipos de riesgos a los
que hacen frente las instituciones económicas. Por ejemplo, una
7788
institución como la Seguridad Social hace frente a riesgos muy
específicos que tienen su origen en el dilatado plazo temporal de sus
operaciones y previsiones. Entre ellos podríamos citar los riesgos
económicos como la inflación o las crisis económicas, riesgos
políticos asociados con nuevas leyes y reglamentos, riesgos
demográficos asociados con una mayor longevidad de los
pensionistas o una menor tasa de natalidad, riesgos de epidemias o
catástrofes, etc.
Sin embargo, un tema al que se le ha prestado relativamente
poca atención es el de la definición del concepto de “riesgo” en
general. Resulta curioso el gran esfuerzo dedicado a la clasificación
de los distintos tipos de riesgos y el poco dedicado a su
caracterización en general. Surgen así, de forma natural, una serie
de preguntas: ¿Qué tienen en común estos distintos fenómenos para
que se les considere ejemplos de riesgos? ¿Es posible definir el
“riesgo” en general? ¿Se trata de un concepto objetivo o subjetivo?
¿Qué relación tiene el concepto de “riesgo” con otros conceptos
relacionados, como por ejemplo los de “incertidumbre” y “pérdida”?
¿Presupone todo riesgo un problema de decisión entre alternativas
inciertas? Encontramos pocas referencias explícitas a estas
cuestiones en la literatura especializada.
Estrechamente asociado con el problema de la definición del
riesgo está el problema de su medición. La literatura financiera y
actuarial ha propuesto, desde hace unos cincuenta años, un gran
número de medidas del riesgo que podríamos denominar
“tradicionales”, ya que han alcanzado un alto grado de difusión y han
7799
sido aplicadas a un gran número de problemas. En los últimos diez
años, sin embargo, se han propuesto un gran número de nuevas
medidas que a veces son calificadas como “modernas” y que
generalizan a las “tradicionales”. La relativa novedad del tema hace
que sean escasas las referencias que proporcionan un tratamiento
conjunto de las nuevas y antiguas medidas del riesgo financiero-
actuarial, haciendo hincapié en las relaciones entre ellas y en las
ventajas de las segundas frente a las primeras.
En el presente artículo pretendemos discutir algunas de las
cuestiones que acabamos de plantear, relativas a la definición y a la
medición del riesgo en los problemas financieros y actuariales. En la
sección segunda discutiremos las cuestiones relativas a la
caracterización del riesgo en general, mientras que en la sección
tercera presentaremos una panorámica de las antiguas y las nuevas
medidas del riesgo. La última sección discutirá brevemente algunas
de las más importantes aplicaciones de estas modernas medidas a la
resolución de algunos problemas clásicos financiero-actuariales.
2. La caracterización del riesgo
Una de las discusiones más interesantes del concepto de
riesgo que encontramos en la literatura es el artículo titulado “Risk”
de la Stanford Encyclopedia of Philosophy. En este artículo se
presentan cinco definiciones de “riesgo” que se pueden encontrar en
la literatura técnica, y que resumimos a continuación. Un “riesgo”
puede ser un suceso o un conjunto de sucesos desfavorables que
8800
pueden o no suceder (“el cáncer de pulmón es un riesgo que afecta a
los fumadores”). También puede denominarse “riesgo” a la causa de
dichos sucesos (“fumar es un riesgo para la salud humana”), a las
probabilidades de dichos sucesos (“el riesgo de que un fumador
desarrolle cáncer de pulmón es de aproximadamente 17%”) y a su
esperanza matemática. Finalmente, existen decisiones que se toman
en un “ambiente de riesgo”, lo cual significa que las probabilidades
de los distintos resultados (favorables o desfavorables) son
conocidas. A continuación comentaremos brevemente algunas de
estas definiciones.
La primera definición es probablemente la que mejor
caracteriza tanto la idea intuitiva de riesgo en general como los
riesgos de naturaleza económica y financiera en particular. Asimismo
clarifica la relación entre “riesgo”, “pérdida” e “incertidumbre” a la que
aludíamos en la sección anterior. Para que exista un riesgo es
esencial tanto la incertidumbre sobre algún resultado como que ese
resultado represente una pérdida potencial. Si quitamos cualquiera
de esas dos condiciones no estaremos ante un riesgo. Una pérdida
cierta no es un riesgo, como tampoco lo es un conjunto de posibles
ganancias inciertas. Si participamos gratis en una lotería cuyos
resultados son todos favorables, en rigor no puede decirse que
estemos frente a un riesgo. Así, por ejemplo, nadie consideraría el
cambio climático como un riesgo si las únicas posibles
consecuencias fueran estar más calentitos durante los inviernos.
La tercera definición plantea el reto de la representación
matemática del riesgo. La representación más usual es mediante su
8811
identificación con una variable aleatoria y su consiguiente asignación
de probabilidades a los distintos sucesos inciertos. No es la única
forma de representar la incertidumbre (se puede recurrir a otras
técnicas matemáticas, como por ejemplo los “conjuntos borrosos”,
etc.), pero sí es la más común, ya que resulta intuitivamente
razonable y permite aplicar los potentes resultados matemáticos del
Cálculo de Probabilidades y la Estadística. En Finanzas, por ejemplo,
es habitual representar los precios y las rentabilidades de las
inversiones en momentos futuros del tiempo mediante variables
aleatorias (que combinan pérdidas y ganancias). Asimismo, en la
ciencia actuarial se considera que la cuantía de la siniestralidad
durante un cierto periodo de tiempo es una variable aleatoria (que
siempre representa pérdidas). Según esta definición, un riesgo es
una variable aleatoria, siempre que algunos de sus resultados (o
quizás todos ellos) representen pérdidas.
Se puede plantear ahora de forma más precisa la cuestión de
la objetividad o subjetividad del concepto de riesgo. Si un riesgo no
es más que una variable aleatoria, esta cuestión puede reformularse
como relativa a la interpretación de las probabilidades utilizadas: si
adoptamos una interpretación frecuentista, las probabilidades serán
entidades reales y por lo tanto los riesgos también lo serán; si
adoptamos una interpretación subjetivista de la probabilidad, a la
manera de De Finetti, según la cual las probabilidades son el
resultado de la ignorancia y representan solo grados de creencia
subjetivos, los riesgos también serán subjetivos. No es este el lugar
para desarrollar las ideas de una polémica que ha hecho correr ríos
de tinta. Pero debemos señalar que ambas interpretaciones son
8822
perfectamente legítimas y que la elección tiene cierta importancia en
los problemas financiero-actuariales, en donde se presume, a
menudo implícitamente, la objetividad de las probabilidades utilizadas
y de los resultados obtenidos. Ahora bien, en algunos casos esta
objetividad puede ser una utopía. Así sucede cuando se asignan
probabilidades a sucesos catastróficos de los cuales hay muy pocos
ejemplos en la historia. Así sucede asimismo en otros problemas en
los cuales se involucra la incertidumbre a largo plazo que hemos
mencionado al principio, como el análisis del cambio climático. Por
otro lado, algunos artículos científicos clásicos, como por ejemplo el
escrito por Harry Markowitz en 1952 que dio origen a la moderna
disciplina de Gestión de Carteras, parecen haber sido escritos desde
una perspectiva subjetivista (Holton, 2004).
La quinta y muy famosa definición de riesgo se debe a Frank
Knight (1921), y pone en relación los riesgos y los problemas de
decisión. En opinión de muchos autores, existe una fuerte relación
entre ambos conceptos. Así, por ejemplo, López Cerezo y Luján
(2000) afirman que todo riesgo presupone un problema de decisión:
“de una catástrofe natural no se deriva, en principio, riesgo alguno,
quizás una amenaza. Ahora bien, cuando depende de una decisión
prevenir tal catástrofe o atenuar sus efectos, entonces entra en juego
el riesgo”. Partiendo de esta relación, Knight definió un problema de
decisión “en ambiente de riesgo” como aquel en el que las
probabilidades de las posibles consecuencias de las decisiones son
conocidas. Si no lo son, entonces el problema de decisión se formula
“en ambiente de incertidumbre”. Debemos observar el cambio de
significado de la palabra “incertidumbre”: en los apartados anteriores
8833
hemos tomado la “incertidumbre” como sinónimo de “aleatoriedad”,
mientras que en la definición de Knight representa ignorancia de las
probabilidades.
Pese a su fama, la definición de Knight no resulta muy
operativa. Después de todo, la ignorancia de los verdaderos valores
de las probabilidades (frase que parece aludir a una interpretación
objetivista de las mismas) siempre puede remediarse recurriendo a
las probabilidades subjetivas. Por otro lado, si lo que pretendemos es
resaltar la tremenda complejidad de los problemas reales y nuestra
dificultad para construir modelos matemáticos que capturen los
aspectos esenciales de esa realidad, no tenemos que pararnos
necesariamente en las probabilidades. Como ha resaltado Nassim
Taleb (2004, 2007), en los problemas reales suelen aparecer “cisnes
negros”, aspectos imprevistos con las que no habíamos contado en
nuestros análisis previos y que tienen a menudo consecuencias
desastrosas. De forma que podemos cuestionarnos todo el diseño
del problema de decisión (de cualquier problema de decisión), y no
solamente las probabilidades asignadas.
Esta crítica es cierta pero injusta, ya que tiene un sabor
nihilista o escéptico. Si la aceptamos, deberemos cuestionar los
resultados de cualquier ciencia, ya que estos siempre se basan en la
construcción de modelos simplificados de la realidad, la cual es
siempre demasiado imprevisible y compleja para que la podamos
conocer por completo. Si los modelos que utilizamos no funcionan, lo
que debemos hacer es construir otros mejores, o al menos intentarlo.
Así es como funciona la ciencia. Cualquier ciencia.
8844
Los modelos matemáticos usuales aplicados a la resolución
de problemas financiero-actuariales suelen identificar los riesgos con
variables aleatorias cuyas distribuciones son conocidas, al menos
parcialmente, y cuyos resultados incluyen la posibilidad de pérdidas.
Esta será la definición de riesgo que adoptaremos en los apartados
siguientes.
3. Las medidas del riesgo
La cuarta definición de riesgo comentada en el apartado
anterior lo caracteriza como la esperanza matemática de la variable
aleatoria con la cual se identifica. Esta definición se basa en la
sustitución de toda la variable aleatoria por un número real que, en
cierta forma, la resume y representa. Ahora bien, si queremos ser
precisos, no deberíamos llamar a ese número un riesgo sino una
medida del riesgo. De hecho, en general sucede que, cuando
asociamos una entidad con un número, a menudo estamos
definiendo una medida de esa entidad.
Desgraciadamente, resulta evidente que la esperanza
matemática no puede ser una buena medida del riesgo. Esto es
cierto en general, tanto en ingeniería como en economía. En efecto,
el mundo sería un caos si las carreteras estuvieran diseñadas para
permitir solo la circulación del número medio de vehículos, si las
líneas telefónicas solo pudieran dar servicio al número medio de
usuarios, si los rascacielos solo pudieran resistir una tormenta o un
terremoto de intensidad media, etc. La cuarta definición no resulta
8855
aceptable en absoluto, ni como definición de lo que es un riesgo ni
como medida del mismo.
La esperanza matemática puede ser, sin embargo, una
herramienta útil cuando hacemos elecciones entre alternativas con
consecuencias inciertas, es decir, entre riesgos. La llamada Teoría
de la Utilidad Esperada (Von Neumann y Morgenstern, 1944)
constituye uno de los pilares teóricos de la ciencia económica
moderna, y establece que los decisores racionales siempre elegirán
aquella alternativa con un valor más alto de la esperanza matemática
de la utilidad de las consecuencias. Se asignan, pues, utilidades a las
distintas consecuencias, y se procede después a elegir la alternativa
con una utilidad esperada máxima. Lo que resulta importante no es
[ ]E X sino ( )E u X⎡ ⎤⎣ ⎦ , en donde es el riesgo y u la función
de utilidad que representa las preferencias y la actitud frente al riesgo
del decisor. En los análisis económicos se suele asumir la
concavidad de esta función, lo que equivale a presuponer la aversión
al riesgo del decisor (es decir, que prefiera obtener resultados ciertos
en lugar de exponerse a resultados inciertos con la misma esperanza
matemática que los resultados ciertos). Se supone habitualmente
que los agentes económicos que llevan a cabo operaciones
financieras o que compran seguros o reaseguros son aversos al
riesgo y que por tanto llevan a cabo sus operaciones movidos por
funciones de utilidad cóncavas. El grado de aversión al riesgo se
puede medir mediante el grado de concavidad de sus funciones de
utilidad.
X
8866
Pese a su innegable atractivo teórico (es una teoría que se
encuentra perfectamente axiomatizada), la Teoría de la Utilidad
Esperada no se puede aplicar fácilmente a la resolución de
problemas reales, debido a la dificultad de construir en la práctica las
funciones de utilidad. Se trata, además, de una teoría que establece
recomendaciones con un marcado carácter subjetivo, ya que la
función de utilidad no tiene por qué ser la misma para todos los
agentes. La compatibilidad con esta teoría se mantiene, no obstante,
como un requisito deseable que deberían cumplir las medidas del
riesgo que efectivamente utilicemos para la resolución de los
problemas reales. Es recomendable que una medida del riesgo se
pueda obtener como resultado de un problema de maximización de
la utilidad esperada para alguna elección particular de la función de
utilidad. Y es todavía más deseable la compatibilidad de la medida
del riesgo con la llamada Dominancia Estocástica de Segundo
Orden. Esta compatibilidad exige que la medida de un riesgo sea
menor que la de un riesgo Y , siempre que todos los agentes
aversos al riesgo prefieran el primero al segundo. Si llamamos
X
ρ a
la medida del riesgo, la propiedad anterior se puede expresar
matemáticamente de la siguiente forma: si para toda función de
utilidad cóncava se verifica que u ( ) (E u X E u Y≥ )⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ,
entonces se verifica también que ( ) ( )X Yρ ρ≤ . El hecho de que
todos los decisores (aversos al riesgo) prefieran un riesgo a otro
elimina la subjetividad de la elección de la función de utilidad y
asegura la objetividad del resultado. La unanimidad en los resultados
de la elección garantiza la objetividad de dichos resultados.
8877
Pero abandonemos la teoría económica y volvamos al mundo
real. Los economistas han propuesto en los últimos cincuenta años
un gran número de medidas de riesgos financieros y actuariales, y
han estudiado sus propiedades. Comenzando por las segundas, es
claro que los actuarios han estado definiendo medidas del riesgo
cada vez que han propuesto una posible forma de definir una prima
asociada a un riesgo. En efecto, definir un Principio de Cálculo de
Primas es establecer una forma de asignar un número real (la
prima) a cada riesgo actuarial (la cuantía aleatoria de los
siniestros de una póliza o una cartera de pólizas), de forma que
riesgos más peligrosos tengan asociadas primas más grandes. La
identificación de la prima con una medida del riesgo resulta evidente.
PX
Los actuarios saben que la Prima Pura o esperanza
matemática de la siniestralidad, [ ]P E X= , no es una buena
elección, ya que únicamente protege contra la siniestralidad
promedio y deja a la empresa indefensa frente a las desviaciones
excesivas e imprevistas de dicha siniestralidad. De nuevo nos
encontramos con que la esperanza matemática no es una buena
medida del riesgo. Para protegerse frente a las oscilaciones de la
siniestralidad, los actuarios han estado definiendo diversos tipos de
Primas Recargadas, definidas como la prima pura más un
determinado recargo de seguridad no negativo, y que constituyen
legítimas medidas del riesgo. A veces el recargo se introduce de
forma explícita, como en los siguientes ejemplos,
8888
[ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ]
P E X E X
P E X Var X
P E X Var X
α
α
α
= +
= +
= +
conocidos respectivamente como Principio del Valor Esperado,
Principio de la Varianza y Principio de la Desviación Típica.
Otras veces el recargo se introduce de forma implícita, como
en el Principio Exponencial y el Principio Esscher definidos a
continuación:
1 log X
X
X
P E e
E XeP
E e
α
α⎡ ⎤= ⎣ ⎦
⎡ ⎤⎣ ⎦=⎡ ⎤⎣ ⎦
Algunos de estos principios, pero no todos, pueden obtenerse
como resultado de un problema de maximización de la utilidad
esperada con alguna elección particular de función de utilidad (por
ejemplo, el Principio Exponencial se puede obtener a partir de
funciones de utilidad exponenciales). En la práctica, la elección de un
determinado principio de cálculo de primas es a menudo una
decisión ad hoc, ya que no hay ninguno cuyas propiedades resulten
ser manifiestamente mejores que las de los demás (para una
completa panorámica de los principios de cálculo de primas más
importantes y sus propiedades, conviene consultar Young (2004).
Resulta curioso que el principio más utilizado en la práctica (el del
8899
valor esperado) sea asimismo uno de los que peores propiedades
tiene.
Si nos centramos ahora en las medidas “clásicas” del riesgo
en los problemas financieros, debemos comenzar por el trabajo
anteriormente citado del premio Nobel Harry Markowitz (1952), quien
propuso la varianza o la desviación típica de las rentabilidades de los
activos como medidas del riesgo de invertir en ellos. Pese a la
tremenda popularidad de los modelos en los que el riesgo se mide
con varianzas o desviaciones típicas, estas medidas presentan
graves problemas. En primer lugar, las medidas son compatibles con
las funciones de utilidad cuando las rentabilidades son normales o
logarítmico normales, pero no lo son cuando las distribuciones de
probabilidad tienen fuertes asimetrías, valores extremos y “colas
pesadas”, como sucede cuando trabajamos con problemas reales.
No está claro, además, que estas medidas midan correctamente los
riesgos tal y como los hemos definido anteriormente. La varianza y la
desviación típica son medidas de las desviaciones respecto a la
media en ambas direcciones, por exceso y por defecto, lo cual puede
plantear contradicciones en algunos casos. Supongamos, por
ejemplo, que añadimos a una cartera de valores una participación
gratuita en una lotería que proporciona una ganancia de M euros con
probabilidad 1/M (Artzner et al, 1997). Si M es suficientemente
grande, estamos añadiendo una enorme volatilidad a nuestra cartera
a cambio de una pequeña ganancia esperada igual a la unidad. Si
medimos el riesgo con estas medidas de desviación, el resultado
será un gran aumento del riesgo. Sin embargo, está claro que el
9900
propietario de la cartera no lo percibirá así, ya que siempre estará en
mejor situación con el billete de lotería que sin él.
El problema reside en que la varianza y la desviación típica
miden las desviaciones en los dos sentidos, por exceso y por
defecto, en la dirección favorable y en la dirección desfavorable. Este
problema no es grave cuando nos basamos en distribuciones
gaussianas, que son simétricas respecto a la media. Pero puede ser
muy grave cuando nos enfrentamos a las distribuciones del mundo
real, como hemos comentado anteriormente. Para resolverlo
podemos acudir a otras medidas como semidesviaciones típicas o
semivarianzas, que solo miden la variabilidad desfavorable. Aunque
siguen midiendo una variabilidad, que no es exactamente lo mismo
que el riesgo de una pérdida. También podemos olvidarnos de las
medidas de desviación y recurrir a otras más sofisticadas, como
veremos posteriormente.
El trabajo de Markowitz fue generalizado posteriormente por
el también premio Nobel William Sharpe (1964) y su Capital Asset
Pricing Model (CAPM, Modelo de Valoración de Activos Financieros).
En este modelo se definen las conocidas nociones de Riesgo
Sistemático y Riesgo Específico (también medidos mediante
varianzas) y las Betas de los activos (esencialmente covarianzas
entre sus rentabilidades y la rentabilidad del mercado). De nuevo nos
encontramos con varianzas y covarianzas que solo adquieren pleno
sentido en un mundo gaussiano.
9911
La desviación típica y la varianza también han sido utilizadas
como medidas del riesgo en problemas actuariales (como, por
ejemplo, el problema del reaseguro óptimo: véanse Balbás et al
(1990), Gil et al (1996)), en donde están sujetas a las mismas
críticas. Aunque probablemente la medida del riesgo más utilizada en
este contexto sea la Probabilidad de Ruina, o probabilidad de que las
reservas lleguen a estar por debajo de un cierto nivel establecido
previamente y que se identifica con la ruina de la empresa
aseguradora. En su versión estática (relativa a un horizonte temporal
fijo), la probabilidad de ruina proporciona exactamente la misma
información que el Valor en Riesgo VaR, del que hablaremos
posteriormente.
Un segundo tipo de medidas “clásicas” del riesgo en
problemas financieros son las denominadas medidas de sensibilidad,
que miden la sensibilidad de la variable que nos interesa frente a
pequeñas variaciones en los valores de otras variables de las que
depende aquella. Quizás la más conocida sea la Duración de una
cartera de bonos (Macaulay, 1938), una medida del riesgo de tipos
de interés que está estrechamente relacionada con la derivada del
precio de la cartera de bonos respecto del tipo de interés. Otro
ejemplo famoso son las Griegas de una cartera de derivados, que se
definen como la sensibilidad (la derivada parcial) del precio de la
cartera respecto de los valores de otras variables como el precio del
subyacente (δ , Delta), el paso del tiempo (θ , Theta), el tipo de
interés (ρ , Ro) y la volatilidad del subyacente (υ , Vega). También
hay medidas de sensibilidad que son derivadas segundas, como la
9922
Convexidad, en el caso del riesgo de tipos de interés, o la derivada
de Delta respecto al precio del subyacente (Γ , Gamma).
Las medidas de sensibilidad proporcionan abundante
información sobre los riesgos a que está expuesta una institución
financiera. Quizás demasiada información, teniendo en cuenta el
gran número de inversiones y de variables que influyen
potencialmente en su precio. Claramente estas medidas dan una
idea del riesgo que corren ciertos departamentos y ciertas
inversiones, pero no proporcionan una medida del riesgo global al
que está expuesta la institución financiera. Por otra parte, a mitad de
los años noventa el Comité de Basilea estableció recomendaciones
para el cálculo de reservas de capital en las instituciones financieras,
que estaban estrechamente relacionadas con la medición del riesgo
global. La búsqueda de medidas globales del riesgo adecuadas pasó
a estar motivada por la cuantificación correcta de las reservas de
capital, un tema que ha pasado a estar en el centro de las
discusiones sobre regulación financiera, sobre todo a partir de la
crisis económica actual.
La medida global del riesgo recomendada por el Comité de
Basilea fue el denominado Valor en Riesgo VaR (Value at Risk),
definido simplemente como un percentil de la variable aleatoria que
identificamos con el riesgo. Dado un horizonte temporal y un nivel de
confianza, VaR es el nivel de la máxima pérdida que puede ocurrir
durante ese periodo, cuyo valor estamos seguros que no se
sobrepasará con el nivel de confianza dado. Resulta fácil en términos
intuitivos identificar las reservas necesarias de capital con esa
9933
pérdida máxima a la que se está expuesto con una pequeña
probabilidad.
VaR es además fácil de calcular en el supuesto de normalidad
de la distribución de probabilidad, si bien en este caso se reduce a
una expresión que depende de la media y la varianza de la
distribución, y por tanto su uso suele llevar a las mismas
conclusiones que el análisis media-varianza de Markowitz.
Desgraciadamente, si la distribución de probabilidad no es normal, el
uso de VaR puede conducir a graves problemas, como pusieron de
manifiesto Artzner et al (1997, 1999). En efecto, VaR no tiene en
cuenta lo que sucede en la cola de la distribución, en donde la
probabilidad puede estar distribuida de muchas formas, algunas más
arriesgadas que otras en términos intuitivos. VaR puede, además,
desalentar la diversificación de las inversiones, lo cual va en contra
de uno de los principales dogmas de la disciplina de Gestión de
Carteras desde los tiempos de Markowitz (véase, entre otros, Hull
(2007, pg. 200)).
Una medida alternativa con mejores propiedades que el VaR
ha resultado ser el denominado Valor en Riesgo Condicional (CVaR,
Conditional Value at Risk), definido como la esperanza matemática
de la pérdida, condicionada a que dicha pérdida sea mayor que el
VaR. Mientras que el VaR proporciona una medida de lo mal que
pueden ir las cosas, el CVaR mide la pérdida esperada en caso de
que las cosas vayan mal. El CVaR también se conoce como ES
(Expected Shortfall), AVaR (Average Value at Risk), CTE
9944
(Conditional Tail Expectation), WCE (Worst Conditional Expectation),
etc.
Las propiedades del CVaR son mucho mejores que las del
VaR. En efecto, a diferencia del VaR, CVaR siempre reconoce que la
diversificación reduce el riesgo de las inversiones. En el cálculo del
CVaR interviene, además, toda la cola de la distribución. O,
equivalentemente, en el cálculo del CVaR intervienen todos los VaR
asociados con niveles de significación superiores al inicial: de hecho,
el CVaR también se puede definir como la esperanza matemática de
todos estos VaR (aunque en este caso es más común denominarle
AVaR). Finalmente, CVaR es compatible con la Dominancia
Estocástica de Segundo Orden, mientras que VaR no lo es.
Recordemos lo que esto significa: si todos los agentes aversos al
riesgo prefieren un determinado riesgo a otro, el CVaR del primero
debe ser menor que el del segundo. En este sentido, pues, las
decisiones que buscan conseguir un CVaR mínimo son compatibles
con la Teoría de la Utilidad Esperada.
El precio a pagar por las buenas propiedades teóricas es la
mayor dificultad de cálculo. En general, el CVaR es más difícil de
calcular que el VaR. Aunque en algunos casos no es difícil calcularlo.
Por ejemplo, cuando la variable aleatoria es discreta, el CVaR se
puede calcular mediante un programa lineal, lo que constituye una
gran ventaja frente a medidas alternativas como el VaR, la varianza,
etc.
9955
Quizás la diferencia más importante entre las modernas
medidas del riesgo y las medidas tradicionales es que las primeras
se encuentran axiomatizadas. Es decir, se parte de conjuntos de
axiomas que razonablemente se deben cumplir en el problema que
se estudia, para posteriormente encontrar los tipos de medidas que
verifican los axiomas, así como el resto de sus propiedades.
Problemas diferentes pueden asociarse con axiomas diferentes, y
requerir por lo tanto distintas medidas. Esta nueva metodología fue
inaugurada en el campo de las Finanzas por un famoso artículo de
Artzner, Delbaen, Eber y Heath (1999), en el que proponían cuatro
axiomas que, en su opinión, deberían caracterizar las medidas del
riesgo cuando estas se usan para el cálculo de los requerimientos de
capital, es decir, el capital que debe ser añadido a una posición
financiera para que su riesgo resulte aceptable. En el campo
actuarial estos cuatro axiomas fueron introducidos
independientemente por Wang, Panjer y Young en 1997. Los cuatro
axiomas son los siguientes:
Monotonicidad: si una cartera siempre tiene mayor beneficio que otra
en cualquier escenario posible, el riesgo de la primera debe ser
menor. Es decir: ( ) ( ), ( ) ( )X Y X Yω ω ω ρ ρ≤ ∀ ∈Ω⇒ ≥ . La
versión actuarial de este axioma cambia ligeramente: si una cartera
siempre tiene una siniestralidad mayor que otra, el riesgo de la
primera debe ser mayor.
Invariancia por Translaciones: si se añade un cierto capital a una
posición financiera, el riesgo disminuye en la cuantía de ese capital.
Es decir: ( ) ( )X C X Cρ ρ+ = − , siendo C el capital. De nuevo
9966
la versión actuarial cambia ligeramente, pues si añadimos una
cuantía constante C a la siniestralidad, el riesgo aumenta en lugar
de disminuir: ( ) ( )X C X Cρ ρ+ = + .
Homogeneidad Positiva: si se modifica el tamaño de una cartera
multiplicándola por un determinado factor 0α > , el riesgo también
se multiplica por dicho factor. Es decir: ( ) ( )X Xρ α αρ= .
Subaditividad: la diversificación reduce el riesgo. Es decir:
( ) ( ) ( )X Y X Yρ ρ ρ+ ≤ + .
Las medidas del riesgo que verifican estos cuatro axiomas se
denominan Medidas Coherentes. VaR no es una medida coherente,
pues no es subaditiva. En cambio, CVaR sí lo es. Y no es la única.
Hay un gran número de medidas coherentes además del CVaR.
Recordemos que el CVaR con un nivel de significación dado
se puede obtener como una media aritmética de los VaR asociados
con niveles de significación mayores o iguales que el inicial. Si
consideramos medias ponderadas en lugar de la media aritmética,
obtendremos las llamadas Medidas Espectrales del Riesgo (Acerbi
(2002)). Si los pesos son una función no decreciente del nivel de
significación, la medida espectral resultante es una medida
coherente.
Otra manera de generar medidas coherentes está basada en
las llamadas Funciones de Distorsión (Wang (1996)), que se usan
9977
para modificar las probabilidades en un problema de decisión.
Recordemos que la Teoría de la Utilidad Esperada representa a los
decisores aversos al riesgo mediante una función de utilidad
cóncava. Una forma alternativa de representar la aversión al riesgo
consiste en modificar las probabilidades, de forma que los eventos
más desfavorables parezcan más probables que lo que realmente
son. La función que modifica las probabilidades se denomina una
Función de Distorsión. Si cumple ciertas propiedades (como ser no
decreciente y cóncava), la esperanza matemática de la variable
aleatoria bajo las probabilidades distorsionadas resulta ser una
medida coherente.
Las cuatro propiedades que definen las medidas coherentes
suelen ser aceptadas con bastante unanimidad en el campo
financiero, pero en el campo actuarial ha habido cierta polémica con
respecto a algunas de ellas. Consideremos, en primer lugar, el
axioma de homogeneidad positiva. Algunas de sus interpretaciones
son aceptadas por unanimidad, como, por ejemplo, que al cambiar
de unidad monetaria, la medida del riesgo no debe cambiar. La
medida del riesgo debe ser la misma tanto si la unidad monetaria es
el euro como si es el dólar. Sin embargo, otras interpretaciones
pueden ser polémicas. Algunos argumentan que el aumento del
tamaño de la cartera puede incrementar el riesgo de liquidez de
forma más que proporcional. Las pérdidas de las carteras muy
grandes pueden ser también enormes, y puede ser difícil a corto
plazo encontrar la liquidez suficiente para hacer frente a las
obligaciones de pago. En consecuencia, el riesgo de liquidez puede
9988
aumentar de forma más que proporcional al tamaño de la cartera. En
tal caso, tendríamos que ( ) (aX a X )ρ ρ> .
La subaditividad es, sin duda alguna, el axioma que más
polémica levanta entre los actuarios. Algunos la defienden con vigor
(Wang et al, 1997). Para ellos no tiene sentido que se pueda
disminuir el riesgo (y los requerimientos de capital) simplemente
dividiendo la cartera en subcarteras. Pero otros atacan la
subaditividad en el caso de que los riesgos dependan positivamente
unos de otros (por ejemplo, dos edificios próximos en una zona
sísmica son riesgos dependientes positivamente). Dhaene,
Goovaerts y Kaas (2003) defienden que al mezclar en una cartera
riesgos dependientes positivamente, el riesgo resultante es mayor
que la suma de los riesgos si los consideramos independientemente
unos de otros. La relación de dependencia positiva más fuerte se
denomina comonotonía. Dos riesgos son comonótonos cuando se
pueden obtener a partir de un tercero mediante funciones no
decrecientes. Un caso claro de comonotonía es el reaseguro: la
siniestralidad retenida y la siniestralidad cedida son claramente
riesgos comonótonos, pues ambos dependen de la siniestralidad
total antes de reaseguro. En opinión de Dhaene et al, el reaseguro es
un caso claro de reducción del riesgo por división de la cartera.
En suma, Dhaene et al defienden la subaditividad para
riesgos negativamente dependientes, la aditividad para riesgos
independientes y la superaditividad para riesgos positivamente
dependientes en general, y comonótonos en particular. Una medida
del riesgo que verifica estas propiedades (y que no verifica la
9999
propiedad de homogeneidad positiva) es el principio exponencial de
cálculo de primas que mencionábamos al principio de esta sección,
que queda así justificado axiomáticamente.
Otra posible forma de enfrentarse a estos problemas consiste
en sustituir los controvertidos axiomas de homogeneidad positiva y
subaditividad por un axioma más débil que levante menos polémica y
que los englobe como casos particulares. Föllmer y Schied (2002)
proponen que este sea el axioma de convexidad:
( ) ( ) ( )(1 ) (1 ) , (0,1)X Y X Yρ λ λ λρ λ ρ λ+ − ≤ + − ∀ ∈
Las medidas que verifican los axiomas de monotonicidad, invariancia
por translaciones y convexidad se denominan Medidas del Riesgo
Convexas.
Además de las medidas coherentes y las convexas, la
literatura contiene conjuntos alternativos de axiomas que pueden
resultar útiles para la modelización del riesgo en otros tipos de
problemas. Por ejemplo, las llamadas Medidas del Riesgo Acotadas
por la Media verifican los axiomas de invariancia por translaciones,
homogeneidad positiva y subaditividad, junto con el axioma adicional
de acotación por la media: ( ) ( )X E Xρ > − (para el caso
financiero), o bien ( ) ( )X E Xρ > (para el caso actuarial).
Asimismo, las Medidas de Desviación verifican los axiomas de
homogeneidad positiva y subaditividad, junto con los dos adicionales
siguientes:
110000
( ) ( )D X C D X+ = , siendo C una constante.
( ) ( ) ( )0, ; 0 0; 0D X X D D X≥ ∀ = > si no es constante. X
Las desviaciones y semidesviaciones típicas y absolutas son
ejemplos de medidas de desviación, no así la varianza, que no
verifica la propiedad de subaditividad. Se puede demostrar
(Rockafellar et al (2006)) que existe una correspondencia biunívoca
entre las medidas acotadas por la media y las medidas de
desviación. La correspondencia viene dada por las siguientes
expresiones:
Si se quiere obtener una medida de desviación a partir de una
acotada por la media,
( ) ( )( )D X X E Xρ= −
Si se quiere obtener una medida acotada por la media a partir de una
de desviación,
( ) ( ) ( )X E X D Xρ = − + (en el caso financiero)
( ) ( ) ( )X E X D Xρ = + (en el caso actuarial)
Las Medidas de Desviación y las Medidas del Riesgo
Acotadas por la Media no son obviamente lo mismo, pero están
estrechamente relacionadas, como nos indica el resultado anterior. A
partir de la última fórmula se comprueba cómo ambos tipos de
medidas pueden ser útiles para calcular primas recargadas en
problemas actuariales de tarificación como los que comentamos al
110011
principio de esta sección. Se pueden obtener primas recargadas a
partir de medidas del riesgo acotadas por la media, en cuyo caso los
recargos coinciden con medidas de desviación.
La literatura sobre medidas del riesgo está creciendo mucho
en la actualidad. Las revistas especializadas suelen publicar en cada
nuevo número uno o varios artículos relacionados con este campo,
algunos teóricos y otros muchos aplicados a la resolución de
problemas concretos. En la siguiente sección comentaremos
brevemente algunas de estas aplicaciones.
4. Aplicaciones de las medidas del riesgo a la resolución de problemas financiero-actuariales
Como ya hemos comentado, la justificación inicial para el
estudio de las medidas del riesgo coherentes fue encontrar una
forma racional de cuantificar las necesidades de capital que deben
ser exigidas a las entidades financieras por los organismos
reguladores. Una vez elegido el tipo de medida adecuado ρ , dichas
necesidades se cuantifican como ( )Xρ . La justificación es
sencilla. Si la medida elegida satisface el axioma de invariancia por
translaciones (que no es polémico en absoluto), entonces la
disponibilidad de dicho capital reduce a cero el riesgo de la entidad,
como se comprueba a continuación:
( )( ) ( ) ( ) 0X X X Xρ ρ ρ ρ+ = − =
110022
El mismo tipo de argumento se puede utilizar en el caso de
las entidades aseguradoras para calcular la prima adecuada como
aquella que reduce a cero el riesgo de la cartera. En este caso la
prima se resta porque la variable aleatoria representa pérdidas:
( ) ( ) ( )0X P X P P Xρ ρ ρ− = − = ⇒ =
Como hemos comentado anteriormente, la medida elegida
para calcular las primas debería ser acotada por la media, ya que es
necesario obtener primas recargadas. El CVaR es una de tales
medidas (aunque el conjunto de las medidas coherentes no coincide
con el de las acotadas por la media, la mayoría de las medidas del
riesgo más conocidas pertenecen a ambas clases).
Debemos observar que estos argumentos no funcionarían si
utilizamos una medida de desviación en lugar de una medida del
riesgo. En realidad, las medidas de desviación no miden el riesgo de
pérdidas sino la variabilidad o volatilidad de la variable, y ambos son
conceptos diferentes, que no se deben confundir. Sin embargo, las
medidas de desviación se han utilizado a menudo en problemas
actuariales y financieros como medidas de riesgo (y también se han
utilizado medidas como la varianza, que pese a medir la volatilidad
no es una medida de desviación en el sentido técnico del término).
Parece una buena idea reformular estos problemas clásicos
sustituyendo las medidas de desviación por verdaderas medidas del
riesgo. En el campo financiero, el ejemplo más evidente es el modelo
de Markowitz, al que nos hemos referido anteriormente y que
exponemos más detalladamente a continuación.
110033
El llamado Modelo Media-Varianza de Markowitz pretende
encontrar las combinaciones de activos financieros (carteras) que
resultan ser óptimos de Pareto cuando tomamos en consideración el
beneficio esperado y el riesgo. Es decir, que tienen la propiedad de
que no es posible reducir el riesgo sin reducir a su vez el beneficio
esperado. Markowitz identifica este último con la rentabilidad media,
y el riesgo con la varianza de la rentabilidad (o con su desviación
típica, ya que se obtienen los mismos resultados). Las carteras
óptimas o eficientes se obtienen como solución del siguiente
programa matemático:
, 1
1
1
. .
( )
1
0, 1,...,
n
i j iji j
n
k kkn
kk
k
MIN
s t
E r R
k n
ωω σ
ω
ω
ω
=
=
=
⎧ ⎫⎨ ⎬⎩ ⎭
=
=
≥ ∀ =
∑
∑
∑
en donde n es el número total de activos financieros, son sus
rentabilidades (aleatorias),
ir
ijσ son las covarianzas entre estas
rentabilidades y iω son las ponderaciones o porcentajes de
inversión en cada activo, y asimismo las variables de decisión del
programa. Al ir variando el parámetro R que controla la rentabilidad
110044
esperada, obtendremos el conjunto de carteras eficientes. La
variabilidad de la rentabilidad de estas carteras es mínima, para una
rentabilidad esperada dada.
Pero debemos insistir una vez más en que no se deben
identificar variabilidad y riesgo de pérdida. Puesto que disponemos
de caracterizaciones axiomáticas de las verdaderas medidas del
riesgo de pérdida, parece razonable elegir alguna de ellas y plantear
el programa alternativo siguiente, cuyas soluciones serán realmente
las carteras menos arriesgadas para una rentabilidad esperada dada:
1
1
1
. .
( )
1
0, 1,...,
n
k ki
n
k kkn
kk
k
MIN r
s t
E r R
k n
ρ ω
ω
ω
ω
=
=
=
⎧ ⎫⎛ ⎞⎨ ⎬⎜ ⎟
⎝ ⎠⎩ ⎭
=
=
≥ ∀ =
∑
∑
∑
Las carteras eficientes que son solución del último problema
son más satisfactorias desde un punto de vista teórico, como ya
hemos comentado, pero también desde un punto de vista práctico.
En efecto, en ciertos casos, el nuevo programa es más fácil de
resolver que el programa original de Markowitz, que es un programa
cuadrático. Por ejemplo, si elegimos el CVaR como medida del
110055
riesgo y suponemos que la rentabilidad es una variable discreta, el
programa resultante es lineal (Mansini et al, 2007). Se puede
demostrar que la nueva frontera eficiente tiene buenas propiedades
si medimos el riesgo con cualesquiera medidas coherentes o incluso
convexas (Rachev et al (2008), capítulo 8).
El llamado Problema del Reaseguro Óptimo nos proporciona
un ejemplo equivalente en el campo actuarial. Este problema
consiste en encontrar el tipo de reaseguro y su cuantía de forma que
sean óptimos en algún sentido. Teniendo en cuenta que el objetivo
del reaseguro es reducir el riesgo de la empresa aseguradora, la
formulación más razonable de este problema trata de encontrar el
contrato de reaseguro que reduzca al máximo el riesgo, sujeto a una
serie de restricciones como, por ejemplo, las relativas al precio a
pagar. La versión clásica de este problema considera, al igual que en
el modelo de Markowitz, que el riesgo se mide por la varianza (en
este caso, la varianza de la siniestralidad después de reaseguro):
[ ]{ }
( )
( )
. .0 ( )
( )
MIN Var r X
s tr X XX r X P
≤ ≤
Π − =
donde es la siniestralidad antes de reaseguro, es la parte
retenida, representa el principio de cálculo de primas de la
X ( )r XΠ
110066
reaseguradora y es la prima a pagar por la cedente (Balbás et al
(1990), Gil et al (1996)).
P
De nuevo nos encontramos con un problema que puede
formularse más adecuadamente con una verdadera medida del
riesgo que con la varianza. El nuevo problema
[ ]{ }
( )
( )
. .0 ( )
( )
MIN r X
s tr X XX r X P
ρ
≤ ≤
Π − =
puede resolverse fácilmente si asumimos una distribución discreta de
la siniestralidad, e incluso será un programa lineal si elegimos el
CVaR como medida del riesgo (y un principio de cálculo de primas
lineal). Existen asimismo técnicas matemáticas que permiten resolver
el programa en su formulación más general, sin suponer una
distribución discreta de la siniestralidad. Balbás et al (2009) han
demostrado recientemente que el reaseguro Stop-Loss es óptimo
bajo condiciones muy generales y para un gran número de medidas
del riesgo (todas las acotadas por la media y todas las de
desviación). En cambio, el reaseguro cuota-parte nunca resulta
óptimo en los casos anteriores.
Los resultados que acabamos de mencionar han sido
obtenidos tomando como principio de cálculo de primas el principio
del valor esperado. Si cambiamos la forma de calcular las primas, los
110077
resultados pueden cambiar. Pero obviamente ilustran la potencia de
los nuevos métodos. Los resultados son aplicables en algunos casos
cuando se considera no una sola, sino un gran número de medidas
del riesgo a la vez. En lo que se refiere a la medición del riesgo,
estamos ya muy lejos de la varianza.
5. Conclusiones
En los últimos años, un gran número de nuevos resultados
matemáticos acerca de la correcta medición del riesgo se han
incorporado al conjunto multidisciplinar de conocimientos teóricos
sobre el riesgo y de técnicas dedicadas a su gestión. En este artículo
hemos discutido las definiciones y principales propiedades de las
nuevas medidas del riesgo, comparando sus características con las
de las medidas tradicionales. Hemos mostrado, asimismo, algunas
aplicaciones de los nuevos resultados a problemas clásicos de la
matemática financiera y actuarial, que muestran claramente la
potencia de los nuevos métodos y sus ventajas sobre los
tradicionales.
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111111
111122
ENVEJECIMIENTO Y PENSIONES EN EUROPA. MÉTODOS COMUNES DE TRABAJO
José Luis Achurra Aparicio Subdirector General de Planificación y Análisis Económico Financiero de la
Seguridad Social. Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Presentación a cargo de D. Gregorio Moreno Mortera
Subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas.
Tesorería General de la Seguridad Social
1. Introducción
Uno de los principales logros de las políticas sociales en los
últimos años ha sido conseguir que el ser mayor no sea sinónimo de
ser pobre, lo cual ha sido posible principalmente a través de la
provisión de pensiones públicas. Sin embargo, los retos que el
proceso de envejecimiento supone para la viabilidad futura de las
pensiones han sido un motivo importante de preocupación en las
agendas políticas de los distintos países europeos. Uno de los
aspectos básicos de dichos retos es conseguir un aumento
progresivo de la edad efectiva de jubilación, ya que una disminución
de dicha edad efectiva, acompañada de una mayor edad de entrada
en el mercado de trabajo, juegan un papel negativo en un marco de
importantes incrementos en la esperanza de vida.
111133
Esta situación ha llevado a la necesidad de introducir
continuas reformas para mejorar la situación, reformas que van
siempre asociadas a estrategias a largo plazo. El entorno en el que
estas reformas se producen deben responder a tres principios
importantes: garantizar que existan unas pensiones adecuadas,
conseguir su viabilidad financiera a largo plazo y contribuir a la
modernización de los sistemas de pensiones en un entorno de
continuo cambio social y económico.
Este marco general descrito afecta a todos los países de la
UE, a pesar de que el efecto concreto del envejecimiento sobre la
garantía futura de las pensiones tiene componentes muy diversos en
los distintos países en función de su estructura demográfica y los
distintos modelos existentes. La provisión pública juega un papel
central en los sistemas nacionales y puede decirse que no hay una
solución única para todos, ya que existe una gran variedad en los
diseños nacionales, consecuencia de diferencias históricas que
reflejan distintas preferencias en cuanto a los elementos de
redistribución y solidaridad y de elección libre de los individuos.
En este entorno y dada la identificación de problemas
comunes sobre el futuro de las pensiones, se ha creado una forma
de cooperación a nivel europeo que permite estudiar conjuntamente
los retos de los sistemas de pensión a largo plazo y establecer
procedimientos para aunar esfuerzos y enfrentarse de una manera
coordinada a dichos retos. Esta forma de trabajo en común, que se
detalla más adelante, supone fijar una serie de prioridades en los
111144
procesos de reforma ligadas a conseguir mayores incentivos para
trabajar durante más tiempo, y restringir los accesos a la jubilación
anticipada, reforzar el vínculo entre contribuciones y prestaciones,
asegurando ingresos adecuados y sostenibles, conseguir que existan
mecanismos de adaptación a cambios estructurales, estrechar el
papel de las pensiones mismas y de la solidaridad y reforzar la
gobernanza de los sistemas de pensiones.
El inicio de este trabajo en común tienen sus referencias en la
Estrategia de Lisboa 2000, en la que se enfatiza el conseguir una
mayor cohesión social, que en el ámbito de las pensiones se articula
a través del denominado método abierto de coordinación y sus
trabajos se efectúan en el seno del Comité de Protección Social.
2. Estrategia de Lisboa 2000
El Consejo Europeo de Lisboa se marcó el objetivo estratégico
de convertir la economía de la Unión en «la economía del
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, antes del 2010,
capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una
mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión
social».
111155
En términos generales la consecución de este objetivo
suponía:
Preparar la transición hacia una sociedad y una economía
fundadas sobre el conocimiento por medio de políticas que
cubran mejor las necesidades de la sociedad de la
información y de la investigación y desarrollo, así como
acelerar las reformas estructurales para reforzar la
competitividad y la innovación y por la conclusión del mercado
interior.
Modernizar el modelo social europeo invirtiendo en recursos
humanos y luchando contra la exclusión social.
Mantener sana la evolución de la economía y las perspectivas
favorables de crecimiento progresivo de las políticas
macroeconómicas.
La modernización del modelo social europeo y la consecución
de una mayor cohesión social son los pilares, que en relación con la
protección social, iniciaron el camino para trabajar en un esfuerzo
común en el ámbito de la protección social dirigido a fortalecer y
garantizar la viabilidad futura de los sistemas de pensiones. Para
cumplir estos fines, se establecieron dos etapas fundamentales: el
establecimiento del “método abierto de coordinación” y la creación
del Comité de Protección Social para articular los trabajos.
111166
El método abierto de coordinación (MAC) se creó en el marco
de la política de empleo y el proceso de Luxemburgo, y se definió
como un instrumento de la estrategia de Lisboa que proporciona un
nuevo marco de cooperación entre los Estados miembros, con objeto
de lograr la convergencia entre las políticas nacionales para realizar
algunos objetivos comunes. En el marco de este método
intergubernamental, los Estados miembros evalúan a otros Estados
miembros («control de grupo») y la Comisión desempeña únicamente
una función de supervisión.
El método abierto de coordinación se aplica a los ámbitos que
son competencia de los Estados miembros como el empleo, la
protección social, la inclusión social, la educación, la juventud y la
formación, y se basa principalmente en:
la identificación y la definición común de objetivos que deben
cumplirse (adoptados por el Consejo).
instrumentos de medida definidos conjuntamente
(estadísticas, indicadores, directrices).
la «evaluación comparativa», es decir, la comparación de los
resultados de los Estados miembros y el intercambio de las
mejores prácticas (supervisión efectuada por la Comisión).
Según los distintos ámbitos, el MAC supone medidas del
denominado «Derecho indicativo», que son más o menos vinculantes
111177
para los Estados miembros, pero que no adoptan nunca la forma de
directivas, reglamentos o decisiones. Así pues, en el marco de la
estrategia de Lisboa, el MAC impone a los Estados miembros la
elaboración de planes de reforma nacionales y los transmite a la
Comisión.
Para la puesta en práctica de este proceso el Consejo creó un
Comité de Protección Social de carácter consultivo para promover la
cooperación sobre políticas de protección social entre los Estados
Miembros y la Comisión Europea y sus principales ámbitos de trabajo
son los siguientes:
que el trabajo sea rentable y proporcionar unos ingresos
seguros.
conseguir unas pensiones seguras y unos regímenes de
pensión sostenibles.
promover la inserción social.
garantizar una asistencia sanitaria de elevada calidad y
sostenible.
El Comité de Protección Social, que tiene una función
consultiva, está compuesto por dos representantes designados por
cada Estado miembro y dos representantes de la Comisión. Otro de
sus cometidos es establecer los contactos necesarios con los
111188
interlocutores sociales y las organizaciones sociales no
gubernamentales.
Este Comité se configura con las siguientes características:
el seguimiento de la situación social y de la evolución de las
políticas de protección social en los Estados miembros y en la
Comunidad.
los intercambios de formaciones, experiencias y buenas
prácticas.
la preparación de informes, la emisión de dictámenes u otras
actividades de los ámbitos de su competencia, bien a petición
del Consejo o de la Comisión, bien por iniciativa propia.
3. Empleo y demografía
Otro aspecto fundamental contenido en la Estrategia de Lisboa
se refiere a los objetivos de empleo para el período 2000-2010.
Dichos objetivos se cuantificaron a nivel europeo en un 70 por ciento
de la tasa de empleo total para el conjunto UE-15, y en un 60 por
ciento para la tasa de empleo femenino también en 2010. Estos dos
objetivos eran realmente ambiciosos, ya que en aquel año el empleo
total presentaba una tasa del 61 por ciento y para las mujeres era del
51 por ciento.
111199
Dentro de la aplicación de principio de subsidiariedad, las
medias internas que cada país pusiera en marcha para conseguir
dichos objetivos eran de exclusiva competencia nacional, de forma
que las actuaciones sobre el mercado de trabajo se decidieran en
cada caso sin que hubiere sujeción a ninguna norma
predeterminada. Adicionalmente a los objetivos establecidos en
Lisboa, posteriormente en el Consejo Europeo de Estocolmo de
marzo de 2002 se fijaron objetivos intermedios que suponían
alcanzar un 67 por ciento de tasa de empleo total en 2005 y un 57
por ciento de tasa de empleo femenino también en dicho año. En
dicho Consejo Europeo se creó también un nuevo objetivo referido a
las tasas de empleo de las personas mayores de forma que se
llegara a alcanzar una tasa de empleo del 50 por ciento en 2010 para
la población de 55 a 64 años.
En este sentido hay que tener también en cuenta que los
efectos de la actual crisis económica han tenido una incidencia muy
importante en el empleo, lo que ha supuesto un efecto negativo
adicional para conseguir los objetivos citados. La realidad ha
demostrado que los objetivos fijados eran demasiado ambiciosos de
tal forma que comparando las tasas actuales con las previstas, se
observan en los siguientes gráficos, obtenidos con cifras de Eurostat,
los niveles alcanzados y el margen que quedaría pendiente de cubrir.
En el gráfico se recoge la evolución de la tasa de empleo total
en el periodo 2000-2008, y se muestra en que medida se pueden ir
alcanzando los objetivos de empleo previstos. En el gráfico se
112200
observa que España la tasa de empleo ha tenido crecimientos
importantes en el periodo 2000-2008, pero al igual que el resto de
países se presenta alejada de las cifras de objetivos tanto para 2005
como para 2010.
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
BG IT MT
PL
ES
HU
GR
SK LV LT
EE
BE
FR
EU
LU SI
RO CZ IE DE
CY FI
PT
AT
UK
NL
SE
DK
2000 2005 2008
TASA DE EMPLEO TOTAL
70 (2010)
67 (2005)
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
MT IT ES
GR
BG PL
HU
LU
BE
SK
CY
EU LV IE FR CZ
EE
RO LT
DE SI
AT
PT
NL FI
UK
SE
DK
2000 2005 2008
TASA DE EMPLEO MUJERES
60 (2010
57 (2005)
)
112211
Las cifras que se corresponden con la tasa de empleo de
mujeres presentan mayores diferencias y ponen de manifiesto la
necesidad de intensificar las políticas dirigidas a fomentar la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
una mejor situación relativa de España con una cifra ligeramente
superior a la de la media de la UE.
En el aspecto demográfico, el cambio en los países de la UE
se manifiesta en la prolongación de la vida, la baja fecundidad y la
migración interna como aspectos fundamentales. El alcance y la
locid
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
BG
SK
HU SI
BE
LU IT PL
MT
AT
FR LV
CZ
EU
ES
DE
NL
GR LT FI
IE EE
CY
RO PT
UK
DK
SE
50
TASA DE EMPLEO 55-64 AÑOS
2000 2005 2008
El gráfico referido a la tasa de empleo de 55 a 64 presenta
ve ad de envejecimiento de la población dependen de las
tendencias futuras de estos tres factores. De las proyecciones de
población efectuadas por Eurostat, y en lo que se refiere a la
fecundidad se espera sólo una modesta recuperación en la tasa total
112222
de fecundidad, que para la UE es de 1,52 nacimientos por mujer en
e fecundidad están por encima de 1,8, es decir, Francia, Irlanda,
Suecia, Dinamarca, el Reino Unido y Finlandia, donde se supone que
disminu
quia, Polonia y Lituania, que tuvo
s tasas más bajas de la UE en 2008; aquí, el aumento se produciría
gradua
2008 y pasará a 1,57 en 2030 y 1,64 en 2060. En todos los países, la
tasa de fecundidad se mantendrá por debajo de la tasa de reposición
natural de 2,1 nacimientos por mujer que se necesita para que cada
generación que reemplazara a sí misma. Esto resultará en un
crecimiento lento y en la mayoría de los casos en la disminución real
en la población en edad de trabajar.
La tasa de fecundidad se prevé que aumente en todos los
Estados miembros, excepto en los pocos casos en los que las tasas
d
irá, pero permanecen por encima de 1,85, o se mantienen
estables. Los mayores aumentos en las tasas de fecundidad se
supone que tendrán lugar en Eslova
la
lmente, acercándose a las tasas actuales media de la UE sólo
en 2060.
En relación con la esperanza de vida, los riesgos de
mortalidad descendieron de forma considerable durante el siglo XX y
la esperanza de vida ha ido en constante aumento, con un aumento
de dos años y medio por década en los países que tienen el récord
de mayor esperanza de vida. Si el ritmo de los futuros avances en la
reducción de la mortalidad sigue siendo el mismo que ha sido en las
últimas décadas, la mayoría de las personas en la UE va a vivir una
vida muy larga. Para la UE en su conjunto, la esperanza de vida al
112233
nacer de los hombres aumentaría en 8,5 años durante el período de
proyección, de 76 años en 2008 a 84,5 en 2060. Para las mujeres, la
esperanza de vida aumentaría en 6,9 años, de 82,1 en 2008 a 89 en
060, lo que implica una menor brecha en la esperanza de vida entre
hombres y mujeres.
relación con la migración neta hacia el interior de la UE el
proceso continúa, pero sobre una tendencia a la desaceleración. Las
ntradas netas anuales a la UE suponen alcanzar un total de 59
millone
a poco se quedan atrás el nivel en el escenario de referencia en
2
La esperanza de vida a la edad de 65 años aumentaría en 5,4
años para los hombres y de 5,2 años para las mujeres durante el
período de proyección para la UE en su conjunto. En 2060, la
esperanza de vida a los 65 años llegaría a 21,8 años para los
hombres y 25,1 para las mujeres.
En
e
s de personas, de las cuales la mayor parte (46,2 millones) se
concentran en la zona del euro. La tendencia supone una
desaceleración durante el período de proyección, la caída de
alrededor de 1.680.000 personas en 2008 (equivalente a 0,33% de la
población de la UE) a 980.000 en 2020 y, posteriormente, a
alrededor de 800.000 personas en 2060 (0,16% de la población de la
UE). La migración ya juega un papel predominante en el crecimiento
de la población hoy en día: en muchos Estados miembros, el tamaño
de la migración neta se determina si la población sigue creciendo o
ha entrado en una etapa de declive. El escenario de población de
cero migración muestra cómo la fuerza de trabajo (de 15 a 64) poco
112244
ausencia de migración neta: en 2030, la fuerza de trabajo sería de
10% y un 20% menor en 2060. Hacer el mejor uso de la oferta de
abajo mundial a través de la migración neta será cada vez más
importante y requiere asegurar que los inmigrantes se integren
efectiva
2 millones acumulados a 2060),
spaña (11,6 millones), Alemania (8,2 millones), y el Reino Unido
(7,8 millones). Según las proyecciones, el cambio de España e Italia
desde
tr
mente en la economía de la UE y de la sociedad.
Los flujos de migración neta se supone que se concentran en
pocos países de destino: Italia (1
E
el origen hasta los países de destino se confirma en las
próximas décadas. Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Bulgaria y
Rumania, que actualmente están experimentando una salida neta,
verían disminuir o revertir en las próximas décadas.
La población de la UE en su conjunto será por tanto
ligeramente mayor en 2060 que con una población más envejecida.
La población se incrementará (de 495,4 millones en 2008) en casi un
5% en 2035, cuando alcanzará su nivel máximo (en 520,1 millones).
Una disminución constante se producirá con la disminución de la
población en casi un 3%, a 505,7 millones en 2060.
En este entorno demográfico, y por su incidencia en los
sistemas de pensiones, es importante medir el envejecimiento como
la relación entre las personas de 65 y más años y las personas de 15
a 64 en edad activa. Esta medida del envejecimiento permite orientar
112255
el momento en que las pensiones se verán afectadas por una mayor
presión demográfica en cada país miembro. Para la situación
oncreta de España, y debido entre otros factores al cumplimiento de
65 años, de las generaciones que crecieron menos numerosas
durante
itan contrarrestar
s efectos negativos del envejecimiento. En el siguiente Cuadro se
presen
c
y después de la guerra civil, existe en este momento una
mejor situación relativa que la media de la UE, situación que
permanecerá así hasta el año 2039, fecha a partir de la cual, y
debido a las generaciones del baby-boom, pasaremos a estar en una
situación relativa peor sin un proceso de envejecimiento más intenso
que en el resto de Europa. Este margen de “superávit demográfico”
actual permite disponer de un margen de maniobra amplío para
seguir introduciendo procesos de reforma que perm
lo
tan las cifras comparativas.
TASA DE DEPENDENCIA % POBLACIÓN ≥65 / 16-64
Años España Media U.E.
2002 24,98
2004 24,79 25,00
2010 24,43 25,90
2015 25,82 28,26
2020 27,42 31,05
2025 30,17 34,23
2030 34,32 38,04
2035 39,72 42,07
2040 46,39 45,36
2045 53,88 48,00
2050 58,69 50,42
2055 59,98 52,45
2060 59.07 53,47
112266
La variación en los cambios demográficos en el periodo de la
proyección se pone también de manifiesto en la variación de las
pirámides de población que se reflejan en el siguiente gráfico:
127 127
4. Objetivos del Método abierto de coordinación
Como ya se ha comentado, el proceso de trabajo a nivel
europeo supone consensuar los objetivos que son necesarios
alcanzar, tanto en el ámbito de la protección social, como en la
inclusión social y la salud.
Y10
Y20
Y30
Y40
Y50
Y60
Y70
Y80
Y90
100+
ESPAÑA 2010 U.E. 2010
VARONES MUJERES
Y0
Y0
Y10
Y20
Y30
Y40
Y50
Y60
Y70
Y80
0
100+
Y9
Y0
Y10
Y20
Y30
Y40
Y50
Y60
Y7
Y80
Y90
ESPAÑA 2050 U.E. 2050
Y30
Y40
Y50
Y60
Y70
Y80
Y90
100+VARONES MUJERESVARONES MUJERESMUJERES
Y0
100+
Y10
Y20
VARONES MU ONES MUJERES
0
JERES VAR
Existen tres grandes objetivos generales dirigidos a fomentar los
iguientes aspectos:
) la cohesión social, la igualdad entre hombres y mujeres y la
igualdad de oportunidades para todos a través de sistemas de
protección social y políticas de inclusión social adecuados,
accesibles, financieramente viables, adaptables y eficientes.
) la interacción efectiva y mutua entre los objetivos de Lisboa de
mayor crecimiento económico, más y mejores puestos de trabajo
y una mayor cohesión social, y con la estrategia de desarrollo
sostenible de la UE.
c) una buena gobernanza, la transparencia y la implicación de los
interesados en el diseño, la ejecución y la supervisión de la
política.
Estos objetivos generales se concretan en las siguientes
- En r
rechos y servicios
ando la exclusión y combatiendo todas
s formas de discriminación que llevan a la exclusión.
s
a
b
actuaciones de trabajo.
elación con la erradicación de la pobreza y la exclusión social,
se garantiza:
d) acceso de todos a los recursos, de
necesarios para la participación en la sociedad,
previniendo y abord
la
112288
e) la inclusión social activa de todos promoviendo la
participación en el mercado laboral y luchando contra la
pobreza y la exclusión.
la buena coordinación de las políticas de inclusión socif) al e
tes, como las económicas y
- En el campo de pensiones adecuadas y viables se garantiza:
e solidaridad y justicia entre las
generaciones, pensiones adecuadas de jubilación para
antengan, de manera razonable, su calidad de
vida después de la jubilación.
h) la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensión
rias
do y socialmente justo de
implicar a todos los niveles de gobierno y a los agentes
pertinentes, incluidos los pobres, para que éstas sean
eficientes y efectivas, se integren en todas las políticas
públicas pertinen
presupuestarias, las de educación y formación y los
programas del fondo estructural (en particular, el FSE).
g) en el espíritu d
todos y el acceso a pensiones que permitan que las
personas m
públicos y privados, teniendo en cuenta las presiones
ejercidas sobre las finanzas públicas y el envejecimiento
demográfico, y en el contexto de la estrategia en tres
vertientes para corregir las implicaciones presupuesta
del envejecimiento, especialmente: fomentando una vida
laboral más larga y el envejecimiento activo; asegurando
un equilibrio apropia
112299
contribuciones y beneficios; y promoviendo la asequibilidad
y velando por la seguridad de los sistemas financiados y
privados.
quei)
ral;
que las personas reciban la información que necesitan para
cabo
sobre la base del consenso más amplio posible.
- Á
a
j) sanitaria y a cuidados de larga
k)
los planes de pensiones sean transparentes, estén bien
adaptados a las necesidades y aspiraciones de mujeres y
hombres, y a los requisitos de las sociedades modernas,
del envejecimiento demográfico y del cambio estructu
preparar su jubilación y que las reformas se lleven a
rea de la atención sanitaria y cuidados de larga duración
ccesibles, de calidad y viables se garantiza:
el acceso de todos a la atención
duración adecuados y que la necesidad de cuidados no
conduzca a la pobreza y a la dependencia financiera, que se
aborden las injusticias en materia de acceso a los cuidados y de
resultados de salud.
calidad de la atención sanitaria y los cuidados de larga
duración y adaptar los cuidados, incluido el desarrollo de
los cuidados preventivos, a las necesidades y preferencias
cambiantes de la sociedad y de las personas,
especialmente estableciendo normas de calidad que
reflejen las mejores prácticas internacionales y reforzando
113300
la responsabilidad de los profesionales sanitarios, de los
pacientes y de los beneficiarios de los cuidados.
La atención sanitaria y los cuidados de larga duración
adecuados y de calidad sigan siendo asequibles y viables
promoviendo un uso racional de los recursos,
especialmente a través de incentivos apropiados para
usuarios y proveedores, buena gobernanza y co
l)
ordinación
entre sistemas sanitarios e instituciones públicas y
sanos y activos, y
buenos recursos humanos para el sector asistencial.
dist
per
paí n en los distintos campos y que ponen
de manifiesto en qué medida han establecido procesos de
Esp
200
asp
efe en la Ley
privadas. La sostenibilidad y la calidad a largo plazo
requieren el fomento de estilos de vida
La forma en que estos objetivos se llevan a cabo en las
intas políticas nacionales se refleja en la elaboración
iódica de Informes de estrategia nacional en los que cada
s recoge su situació
reforma dirigidos al cumplimiento de los objetivos.
El último informe nacional de estrategia de pensiones de
aña fue remitido a Bruselas en el mes de septiembre de
8. En dicho Informe se efectuaba un recorrido por los
ectos generales de contenido de las reformas últimamente
ctuadas, y en particular a las medidas contenidas
40/2007, de 4 de diciembre.
113311
las
pen
de
pro
pre
Eco de la
oblación según proyecciones efectuadas por Eurostat.
iblemente a
artir de 2030. Por otra parte y por el lado de los ingresos se
mantenía una estabilidad también en el importe de las
por tanto durante este período se
En el documento se presentaba también el resultado de
proyecciones de ingresos y gastos del sistema de
siones que se habían efectuado en el ámbito del Ministerio
Trabajo e Inmigración. Los resultados de estas
yecciones se efectuaron en su momento en función de las
visiones económicas efectuadas por el ministerio de
nomía y Hacienda y el comportamiento previsto
p
Los resultados de la proyección, que recogían a su vez el
previsible efecto de la crisis y su incidencia en la afiliación,
indicaban que el gasto en pensiones se mantenía con cierta
estabilidad hasta el año 2020 y que el incremento importante
derivado del envejecimiento se produciría previs
p
cotizaciones sociales sobre el P.I.B.
La comparación de ingresos y gastos ponía de manifiesto
que hasta el año 2023 el volumen de ingresos sería suficiente
para cubrir los gastos, y que
seguirían incrementando las dotaciones al Fondo de Reserva.
La utilización del Fondo a partir de 2024 serviría para
equilibrar la insuficiencia de ingresos hasta el año 2029. En
este contexto se indicaba además que el proceso de reforma
basado en las Recomendaciones del Pacto de Toledo se
encontraba actualmente en fase de actualización con las
113322
nuevas reuniones de trabajo de la Comisión para elaborar
líneas futuras de reforma que consolidasen el equilibrio futuro
e las pensiones.
fundamentalmente en el
étodo abierto de coordinación, que permite a través de las
experiencias nacionales de reforma y el intercambio de
dirigido a preservar la viabilidad social y
nanciera de las mismas.
d
5. Conclusiones
El desafío que el proceso de envejecimiento supone para
la viabilidad del sistema de pensiones, ha originado un método
de trabajo común en Europa, basado
m
información y buenas prácticas, encontrar una forma de apoyo
mutuo en las reformas efectuadas o en fase de ejecución. Este
proceso se realiza a través del establecimiento de objetivos
comunes a alcanzar que permitan, dentro del respeto al
principio de subsidiaridad, que cada país adopte las medidas
nacionales necesarias para alcanzar los objetivos
consensuados. Como resultado de esta dinámica se elaboran
periódicamente Informes de Estrategia Nacionales que son
evaluados por la Comisión y permiten disponer de documentos
a nivel europeo que reflejan el estado de los sistemas de
pensiones, las principales características de sus reformas y el
esfuerzo conjunto
fi
113333
113344
CLAUSURA
José Antonio Panizo Robles Secretario General Técnico. Ministerio de Trabajo e Inmigración
Quiero en primer lugar agradecer la invitación de la
sociación de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la
dministración de la Seguridad Social para que estuviese en la
lausura de esta II Jornada sobre Economía y Protección Social,
onde se han tratado con éxito aspectos importantes para la
eguridad Social, así como felicitar a la misma y a sus miembros por
u organización.
Los asuntos abordados afectan a una realidad que incide en
l conjunto de los ciudadanos, especialmente en el ámbito del
istema de prestaciones económicas, en unos momentos en que
stamos envueltos en una incertidumbre económica que nos lleva a
star vigilantes en cómo evoluciona la Seguridad Social, qué
edidas se deben tomar, siempre desde una posición
esapasionada y con una finalidad básica: la mejora de las
condiciones de vida de la ci
En el análisis y vigilancia de esta realidad, los análisis
económico-actuar a evolución de
ingres e los
ambios normativos, por citar algunos, son elementos de primera
A
A
c
d
S
s
e
s
e
e
m
d
udadanía.
iales, las proyecciones sobre l
os y gastos o los estudios sobre la incidencia económica d
c
113355
magnitud, no sólo ahora, sino desde ya mucho tiempo atrás. Ya
mplo, en el análisis de la incidencia en términos
onetarios de cualquier medida normativa y también en el diseño de
erechos de seguridad Social, pero la Seguridad Social, en sus
ras décadas
e este siglo XXI, reconociendo la importancia de la Seguridad Social
no solamente desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos
desde los tiempos de los creadores del sistema se abogaba por la
existencia de estudios económico-actuariales y profesionales con
competencias y pericia en esas áreas del conocimiento
En mi opinión, en los sistemas de prestaciones económicas la
perspectiva económica en su conjunto tiene una importancia
especial. Por eje
m
planteamientos que no se centren solamente en el corto plazo y el
presupuesto anual, sino en horizontes temporales más amplios.
Dentro de la Seguridad Social, una de mis preocupaciones
actuales es la Seguridad Social es el marco europeo. Hemos
avanzado mucho en este sentido, si bien todavía nos queda camino
por recorrer. Se han logrado avances significativos en el ámbito de la
igualdad ó en el ámbito de la efectos de la migración sobre los
d
aspectos básicos, es una cuestión que queda en la esfera de la
competencia nacional, por lo que la perspectiva europea de la
Seguridad Social es un asunto pendiente, algo que creo una
equivocación en un mundo global como el actual.
Es verdad que en la estrategia de Lisboa hubo un pilar básico,
el empleo, pero no se avanzó lo suficiente en materia de Seguridad
Social, algo que a buen seguro se corregirá en las prime
d
113366
sino
iales
a cometidos profesionales similares necesariamente tienen algo
te la existencia de
nos Cuerpos de funcionarios expertos, preparados e insertos de
también desde las implicaciones económicas de las
prestaciones sociales como dinamizadoras de la demanda o su
incidencia en el ahorro.
En este escenario, las personas que se dedican a las
proyecciones demográficas y económicas, a los estudios actuar
y
que decir, no ya desde el punto de vista de la decisión, puesto que
esta corre a cargo, dentro de una sociedad democrática, a las
instancias políticas, sino desde la vertiente de propuesta de
alternativas sobre lo que se puede hacer, de las valoraciones
económicas de futuro sobre esas distintas alternativas y, en
definitiva, presentando posibilidades que permitan y faciliten la toma
de decisiones.
Si esa importancia siempre ha existido, creo que en el futuro
no hará más que crecer, por lo que será importan
u
una forma clara dentro de las organizaciones gestoras
Creo que ya he agotado el tiempo disponible, por lo que no
me queda más que volver a felicitar a la Asociación por la
organización de esta Jornada sobre Economía y Protección Social y
proceder a la clausura de la misma.
113377
113388
ECONOMÍA ESPAÑOLA Y
PROTECCIÓN SOCIAL
CONTRIBUCIONES PROFESIONALES
113399
114400
LAS DIFERENCIAS SOCIALES EN LA UTILIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL. UN
ESTUDIO BASADO EN EL BARÓMETRO SANITARIO DEL AÑO 2008
Augusto Hoyo Lao (1)
Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la
Administración de la Seguridad Social. Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.
1. Resumen
Este estudio analiza las diferencias en la percepción y
utilización de los servicios sani rios de España en función de
variables socioeconómicas. Los datos proceden del barómetro
sanitario de 2008, encuesta de ámbito nacional, de 7.203 entrevistas,
dirigida a la población de ambos sexos mayores de 18 años,
residentes en España. Se han realizado análisis bivariantes de
independencia del acceso y de la valoración de los servicios médicos
utilizados en los 12 meses anterior s a la encuesta.
(1) n
conflictos d
o
supervisión del trabajo y a D. Ginés us interesantes sugerencias.
ta
e
correo electrónico: [email protected]. El autor declara que no existe
e intereses y agradece al Instituto de Información Sanitaria el
frecimiento de los datos del barómetro sanitario, al profesor D. Pedro Juez Martel la
Rueda López s
114411
Para cada una de las 4 modalidades asistenciales (medicina
de familia, especialida ingreso hospitalario)
se aplicó también un análisis multivariante de regresión logística, que
explic s y
personales
Los resultados constatan diferencias en la utilización de los
nitarios en nuestro país. No se detectan patrones que
s a la consecución de la equidad en el acceso a los
cursos sanitarios respecto al sexo y a la actividad. En cambio, la
a los servicios
especializados y a urgencias.
rio,
des médicas, urgencias e
a la importancia de las características socioeconómica
en la utilización de estos recursos sanitarios.
servicios sa
sean contrario
re
propensión a la utilización de urgencias disminuye con la edad; el
acceso a las consultas de especialistas crece con el nivel de
estudios; se observan menores tasas de utilización en el acceso a las
consultas de especialidades para los no nacionales y para los
habitantes de núcleos poblacionales menores de 10.000 habitantes.
Para estos últimos, también se comprueba una menor propensión a
acudir a las urgencias. Estos hallazgos pudieran ser indicativos de
falta de equidad en el acceso de estos colectivos
Se observa una buena valoración de los servicios médicos
utilizados (de mayor a menor valoración: ingreso hospitala
medicina de familia, especialidades y urgencias), si bien debe
prestarse especial atención a la menor satisfacción en las urgencias,
que puede indicar menor calidad percibida en este servicio esencial.
114422
Palabras clave: desigualdades en salud, utilización servicios
anitarios, equidad acceso sanidad, barómetro sanitario, percepción
servicios sanitarios, regresión logística.
onocimiento de las expectativas y
aloración de la ciudadanía que sirva para establecer las prioridades
de las políticas de salud. El barómetro sanitario, encuesta incluida en
Por otro lado, el Plan de calidad del Sistema Nacional de
tre desigualdades sociales y
sultados en salud, pero hay escasa información sobre cómo
s
2. Introducción
El desarrollo económico y social de nuestro país ha
provocado el cambio en la orientación del sistema sanitario hacia una
nueva concepción de la atención sanitaria, centrada en el
ciudadano/paciente, de forma que la calidad y la equidad se
convierten en objetivos generales. Esta orientación de la sanidad,
que sitúa al ciudadano como centro y eje del sistema sanitario, debe
contar con una fuente de c
v
el Plan Estadístico Nacional, tiene como principal objetivo obtener
información sobre la percepción de los ciudadanos acerca del
funcionamiento del sistema sanitario y del impacto de medidas
vinculadas a las políticas sanitarias.
Salud de España (2006) sitúa la equidad en salud como un objetivo
prioritario del sistema sanitario, asumiendo que, en España, existe
suficiente evidencia sobre la relación en
re
114433
abordarla desde los sistemas de salud. Para establecer y evaluar
ad en salud es necesario contar con sistemas de
información que permitan conocer las características sociales de las
ersonas atendidas para poder analizar las desigualdades. Entre
cuantitativo en comparación con
otros países de la Unión Europea, como el Reino Unido (Costa,
001). Entre los estudios más recientes de ámbito nacional cabe
políticas de equid
p
ellas están el nivel socioeconómico o la clase social y, también,
aquéllas que incorporan otras dimensiones de la desventaja social
como nacionalidad, creencias religiosas, género, sexualidad, edad o
lugar de residencia. El barómetro sanitario contiene datos sobre
algunos de estos factores determinantes de la salud, constituyendo
una herramienta de gran utilidad para el análisis de la situación de la
sanidad ya que permite conocer la percepción de los ciudadanos
sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios y, además, aporta
información sobre el acceso a los recursos sanitarios.
En nuestro país, los estudios de opinión presentan una
escasa tradición y menor desarrollo
2
destacar el informe de Jovel y Blendon de 2007 sobre confianza en el
sistema de salud de España y los informes SESPAS, que aportan
información sobre las desigualdades en la utilización de los servicios
sanitarios del Estado Español. Hay que destacar también los
estudios que analizan esta utilización en relación al sexo, edad, nivel
socioeconómico o educativo y la nacionalidad, basados normalmente
en la Encuesta Nacional de Salud y en otras Encuestas de ámbito
autonómico (en especial Andalucía, Cataluña y País Vasco). No
obstante, los estudios sobre utilización de los servicios sanitarios en
función del tamaño poblacional y los basados en el barómetro
114444
sanitario son casi inexistentes (Llano, 2006 e Instituto de Información
Sanitaria, 2007).
3. Objetivos
Este trabajo tiene como objetivos:
de datos
1.- Conocer la opinión de los ciudadanos de nuestro país sobre la
valoración y la utilización de las distintas modalidades de prestación
sanitaria (atención primaria, asistencia especializada, urgencias y
hospitalización).
2.- Analizar si esa opinión es independiente del género, edad,
actividad laboral, nivel de estudios, nacionalidad y tamaño
poblacional de residencia.
3.- Analizar cuantitativamente los determinantes socioeconómicos y
personales de la opinión pública de nuestro país en la utilización del
sistema sanitario.
4. Metodología
4.1 Fuente
114455
La fuente de datos procede del fichero de texto del barómetro
anitario del año 2008. El ámbito de esta encuesta es nacional,
dirigido a la población residente de ambos sexos mayor de 18 años.
muestral de 7.203 entrevistas. La
fijación de la muestra es no proporcional, asignándose 150
a. El muestreo es polietápico con selección de las
unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades
ivo a nivel nacional
.2 Variables de estudio
le dependiente es la opinión sobre utilización y
ercepción de los servicios sanitarios; de las 41 preguntas que
stionario del barómetro sanitario, se han
Asistencia en los 12 meses anteriores: Si o No
s
Se realiza a través de un diseño
a
entrevistas a cada una de las 17 Comunidades y de las 2 Ciudades
Autónomas y el resto, hasta el total de entrevistas, se distribuye
proporcionalmente al tamaño de la población de cada Comunidad o
Ciudad Autónom
secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las
unidades últimas (personas) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y
edad. El conjunto de la muestra es representat
con un error de muestreo de ±1,2% para un nivel de confianza del
95,5%.
4
La variab
p
comprende el cue
seleccionado 8 que son las que hacen referencia a la asistencia y
valoración de los recursos sanitarios, objeto de este estudio. Así,
para cada modalidad asistencial (atención primaria, atención
especializada, urgencias e ingreso hospitalario) se analizan 2
variables:
114466
Valoración de la asistencia: Muy buena, buena, regular, mala
y muy mala.
Las variables independientes son:
Edad (cuantitativa, categorizada para el análisis bivariable en
6 niveles: de 18 a 24 años, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a
54, de 55 a 64 y mayores de 65 años)
Sexo (hombre/mujer)
Nacionalidad (recodificada en 2 categorías: española/no
española)
Nivel educativo (recodificada en 6 categorías: sin estudios/ E.
Secundaria/ Bachillerato/ Diplomatura
Universitaria/ Superior)
Situación laboral (recodificada en 7 categorías:
0.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1 millón; más
4.3 Aná co
En este trabajo se han aplicado técnicas estadísticas
Primaria/ E.
Trabaja/Jubilado o Pensionista que ha trabajado/Pensionista
que no ha trabajado/Parado/Estudiante/Trabajo doméstico no
remunerado/Otra situación. Para el análisis multivariante se
ha suprimido esta última categoría debido a su poca
representatividad)
Tamaño de población de residencia (Menos de 2.000
habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001
a 10
de 1 millón)
lisis estadísti
114477
des
ciudad
las variables independientes. Para cada una de las variables de
opi s nula de independencia de la opinión
res
luz de ón suministrada por la muestra proporcionada por
el b
las var
de tab ando el test de la Chi cuadrado. Se
mu
conoce
logístic factores determinantes de la utilización de
los
hospita
indepe
verosimilitud”. Para cada uno de los 4 modelos de regresión logística
multivariante, se muestran los valores estimados de los coeficientes y
estimación puntual y por intervalo de confianza de la razón de
u “Odds Ratio” (OR) en la literatura inglesa.
l OR es una medida de efecto relativo que informa cómo influye una
variable independiente sobre la variable dependiente, cuando se
criptivas y de inferencia estadística para analizar la opinión de los
anos acerca del sistema sanitario en España en relación con
nión se parte de la hipótesi
pecto a las variables independientes, que será contrastada a la
la informaci
arómetro sanitario. El análisis bivariable de las relaciones entre
iables de opinión cualitativas y las de cruce se realiza a través
las de contingencia utiliz
estra, para cada uno de estos contrastes, el p-valor, que permite
r la significatividad del test.
Se aplicarán también técnicas multivariantes de regresión
a para estudiar los
servicios sanitarios (médico de familia, urgencias, especialistas y
lización). El método de introducción de las variables
ndientes es el de “pasos hacia delante por razón de
la
probabilidades cruzadas
E
mantienen constantes las demás covariables del modelo de
regresión. Por ejemplo, nos informa de cuánto más probable es el
ingreso hospitalario para las personas de determinada categoría
(mujer) respecto a la categoría de referencia (hombre). (En las
variables policotómicas, la categoría de referencia es la primera).
114488
Para la variable edad, que es cuantitativa, el OR representa cuánto
varía la probabilidad de utilizar un recurso sanitario, respecto a la no
utilización, cuando se incrementa en un año la edad de la persona.
La validez de estos modelos de regresión ha sido evaluada a través
de la prueba de Hosmer y Lemeshow. El tratamiento de los datos se
ha realizado con los programas informáticos SPSS versión 15.0 y
Excel.
5. Resultados
5.1 Asistencia a médico de familia en el año anterior
El 74,76% de los encuestados manifiesta haber visitado al
médico de familia (público o privado) al menos una vez al año. Sólo
el 0,40% no contesta o no recuerda.
En el análisis bivariable (tabla 1), las diferencias por sexo son
altamente significativas ya que el 80,39% de las mujeres acudió a
médico familia, mientras que este porcentaje se reduce al 69,49%
para los hombres. Por edad, se observa una monotonía creciente en
el uso de este nivel asistencial, de forma que desde el 64,55% del
tramo de 18 a 24 años crece hasta el 86,13% para los mayores de 65
años. Las diferencias también son muy significativas si se analiza por
el nivel de estudios, con mayor porcentaje de consultas en función
114499
del menor nivel académico: el 84,91% sin estudios, frente al 69,94%
para los titulados superiores. Esta utilización difiere también
significativamente según se tenga nacionalidad española (75,60%) o
o (68,02%). En función de la actividad, las diferencias mayores se
producen entre estudiantes (el 60,62% acudió) y pensionistas que no
abían trabajado (el 88,24% utilizó este recurso). El 81,58% de las
das al trabajo doméstico no remunerado manifiestan
ue acudieron a consulta de médico de familia. Para quienes
trabajan y parados, estos porcentajes son el 70,13% y 72,75%
más de 1 millón. En núcleos de
oblación menor de 2.000 habitantes, la frecuentación fue del
n
h
personas dedica
q
respectivamente.
La independencia respecto al hábitat poblacional no es
concluyente, oscilando entre el 71,93% de habitantes de poblaciones
de 400.001 a 1 millón y el 78,86% en
p
75,95%.
En el ajuste de los datos a través del modelo de regresión
logística (tabla 9) dejan de tener significatividad el nivel de estudios y
la nacionalidad así como el tamaño poblacional. La propensión para
visitar al médico de familia por las mujeres es 1,789 veces la de los
hombres (IC del OR de 1,580 a 2,026); la de los pensionistas que
han trabajado es 1,908 respecto a los trabajadores actuales (IC de
1,526 a 2,387) y la de los pensionistas que no han trabajado de
1,595 (IC de 1,061 a 2,397). El OR correspondiente a la edad (como
variable cuantitativa) es 1,011 (IC de 1,006 a 1,016).
115500
5.2 Valoración de la atención recibida en consulta de médico de
familia de AP (tabla 5)
Entre los encuestados que utilizaron este nivel asistencial,
prevalece la opinión de que la atención recibida fue buena (63,72%),
le siguen quienes la califican de muy buena (el 21,67%). Para el
1,85% fue regular y el 2,27% la valora como mala o muy mala (no
al. En las demás variables se detectan diferencias
significativas en la valoración recibida en las consultas de médicos
e familia. Por sexo, la mejor valoración corresponde a las mujeres
cen de estudios
uienes más la valoran como muy buena. Hay que destacar que, en
todas las categorías analizadas, el porcentaje acumulado de opinión
, que es del 78,27%. Éstos son también
uienes, en mayor porcentaje, valoran como mala o muy mala esta
1
sabe o no contesta el 0,49%).
La valoración es independiente sólo respecto al tamaño
poblacion
d
(aunque las diferencias desaparecen si se colapsan las categorías
buena con muy buena y mala con muy mala). Mejora también con la
edad, de forma que el 28,55% de los mayores de 65 años la valoran
como muy buena y el 90,43% como buena o muy buena. Según la
actividad profesional, son los pensionistas quienes mejor opinión
tienen de esta consulta (33,05% muy buena). Por nacionalidad, los
más críticos son quienes no tienen nacionalidad española (78,27% la
valoran como buena o muy buena frente al 85,92%) Por niveles de
estudios son los titulados universitarios y los que care
q
muy buena y buena supera el 80%, salvo para quienes no tienen
nacionalidad española
q
115511
atención con un 3,70%.
5.3 Asistencia a urgencias en el año anterior
El 30,91% de los encuestados manifiesta que acudió a
ción por sexos, el predominio de acudir a
rgencias de las mujeres es 1,194 veces el de los hombres. Se
urgencias con la edad
urgencias en el último año. Sólo el 0,01% no contestó (tabla 2). Son
las mujeres quienes, en proporción, más acudieron a urgencias en el
último año (el 32,79% frente al 28,96% de hombres). También hay
diferencias significativas en la utilización de urgencias por grupos de
edad, aunque son las categorías de menor edad (hasta 44 años)
quienes manifiestan un mayor uso de esta modalidad. En el tramo de
24 a 34 años, acude a urgencias el 36,65% de los encuestados
frente al 27,65% de los mayores de 65 años. Por tamaños de
población, el mayor porcentaje de uso se produce en el tramo de
50.001 a 100.000 habitantes con el 35,36% mientras que la menor
frecuentación se produce en las poblaciones menores de 2.000
habitantes con el 23,87%. En función del nivel de estudios, el mayor
porcentaje corresponde a las personas sin estudios (33,39%) y por
actividad son los parados con un 35,41%. La nacionalidad no ha
proporcionado diferencias significativas.
El modelo de regresión logística (tabla 10) mantiene la
exclusión de la nacionalidad (única variable excluida en dicho
modelo). En la compara
u
confirma el decrecimiento en la utilización de
115522
(OR= 0,984 respecto a un año menos), de forma que los jóvenes
urgencias (tabla 6)
tienen mayor predominio de acudir a urgencias. Quienes carecen de
estudios tienen mayor propensión en acudir a urgencias, decreciendo
conforme aumenta el nivel de estudios (OR= 0,748 para E.
Secundaria, 0,690 para bachillerato, 0,652 para diplomados y 0,633
para licenciados, respecto a la categoría de sin estudios). El efecto
del tamaño poblacional también es significativo, con mayor
predominio en todas las categorías respecto a los núcleos rurales de
menos de 2.000 habitantes, con un máximo en las poblaciones de
50.001 a 100.000 (OR de 1,698 respecto a núcleos rurales). Por
actividad laboral, los pensionistas, tanto los que han trabajado como
los que no han trabajado, acuden más que los trabajadores (OR de
1,358 y 1,486 respectivamente). El efecto relativo decrece en los
estudiantes respecto a quienes trabajan (OR= 0,659). El resto de
categorías de la actividad no son significativas.
5.4 Valoración de la atención recibida en
El 55,85% valoró bien la atención recibida en urgencias. El
20,37% la califica de muy bien, el 16,31% de regular, el 3,81% mal y
el 3,31% como muy mal. Por lo tanto, el 76,22% de los usuarios de
urgencias la valoraron como bien o muy bien frente al 7,12% de mal
o muy mal (sólo el 0,35% no contestó).
Los contrastes muestran independencia en esta valoración
respecto al sexo, nivel de estudios, nacionalidad y tamaño
115533
poblacional. Sin embargo, hay diferencias altamente significativas en
la valoración de la atención de urgencias respecto a los grupos de
edad (p=0,000) y con la actividad (p= 0,002). La valoración mejora
con la edad, de forma que son las categorías de mayor edad quienes
mejor valoran esta asistencia: el 82,30% de los mayores de 55 años
y menores de 65 y el 84,59% de los mayores de 65 años la valoran
como muy bien o bien. Estos porcentajes descienden hasta el
69,06% para los menores de 24 años y el 69,28% de los menores de
34 años.
En función de la actividad, el máximo se alcanza en la
ategoría de pensionistas que antes no trabajaron (90,80% califican
ajadores
omésticos (81,51%). Este porcentaje desciende para los
trabajadores actuales (75,24%) y parados (72,09%). Los estudiantes
.5 Asistencia a consulta de especialista en el año anterior
En todos los contrastes ha quedado constatada la
c
de bien o muy bien la atención recibida), seguido de los trab
d
son quienes peor sitúan esta valoración (62,32% la valoran como
bien o muy bien, el 27,54% como regular y el 10,14% como mal o
muy mal)
5
El 46,82% de los encuestados declaran haber acudido a
consulta de especialista en el año anterior a la entrevista. Tan sólo
no recordó o no contestó el 0,18% (tabla 3).
115544
dependencia de esta consulta al especialista respecto a todas las
variables de cruce (p = 0,000). Por sexo, son las mujeres las que
visitan al especialista en mayor proporción (52,73% frente al 40,74%
de los hombres). Por grupos de edad, hay un crecimiento en este
porcentaje en función de la edad: desde el 32,39% de los menores
e 24 años hasta el 59,18% para los mayores de 65 años. También
crece la proporción de consultas a especialistas en función del
ran un mayor porcentaje de visitas al especialista: Sin
studios 52,02% y Superior 52,29%. La menor propensión de
consultas al especialista corresponde al nivel de E. Secundaria con el
diferencia
ignificativa: los españoles acuden en mayor medida al especialista
especialista (35,15%) y
los pensionistas quienes más consultan (jubilados 59,57% y
as que no han trabajado el 60,21%). Entre ellos se sitúan
d
tamaño poblacional, de forma que el 42,18% de los que habitan en
pequeñas poblaciones menores de 2.000 habitantes consultan al
especialista, frente al 56,33% de los que habitan en grandes
ciudades de más de 1 millón de habitantes.
Respecto al nivel de estudios son las categorías extremas las
que regist
e
41,46%. Comparando por nacionalidad, también hay una
s
que quienes no tienen nacionalidad española (48,01% frente al
31,98%). En función de la actividad, los estudiantes son quienes
registran menor proporción de consultas al
pensionist
los trabajadores domésticos con 53,67%. No hay diferencias entre
trabajadores y parados (41,18 y 41,43%, respectivamente).
El modelo de regresión logística (tabla 11) mantiene a todas
115555
las variables como significativas. Respecto a los hombres, las
mujeres tienen un OR de 1,648 (manteniendo constantes las demás
variables). Por edad, aumenta la propensión a utilizar la consulta de
especialista en el factor 1,010 por cada año adicional. Según el nivel
de estudios, el OR aumenta respecto a la categoría de referencia (sin
estudios): de 1,202 de E. Primaria a 1,989 para los de estudios
superiores. También incrementa el predominio a acudir al
specialista con el tamaño poblacional de forma que, respecto a las
poblaciones menores de 2.000 habitantes, el OR es de 1,196 para
pecialista
abla 7)
e
poblaciones de 2.001 a 10.000 habitantes, alcanzando el 1,727 para
las personas que viven en las grandes ciudades que superan el
millón de habitantes. Por nacionalidad, ajustadas las demás
variables, se constata el menor efecto relativo de los no españoles,
con un OR de 0,581, respecto a los nacionales. Finalmente, por
actividad profesional y respecto a la categoría de trabajadores, se
observa una mayor propensión a visitar al especialista para los
jubilados (1,930), pensionistas (1,494) y trabajadores domésticos
(1,253). No hay diferencias significativas entre parados y
trabajadores.
5.6 Valoración de la atención recibida en consulta de es
(t
Prevalece, con el 63,47%, la opinión de que la atención
recibida en la consulta del especialista fue buena, para el 18,51% fue
muy buena y el 13,00% la valora como regular. Sólo el 3,81% la
considera mala o muy mala. (La tasa de no respuesta fue del 0,70%).
115566
En la comparación con las variables de interés, no se
observaron diferencias significativas respecto al sexo, nacionalidad y
tamaño poblacional. Hay dependencia de la valoración respecto a la
edad: la mejor opinión respecto a la atención recibida corresponde a
los mayores de 65 años (el 89,05% la considera buena o muy buena)
seguido de los mayores de 55 a 64 años (85,49%) y de los mayores
de 45 a 54 años (82,67%). Las categorías de inferiores edades son
más críticas, en especial el tramo entre 25 y 44 años, con un 78%
que la considera muy buena o buena, el 16% regular y el 6% mala o
muy mala.
La dependencia se detecta también respecto al nivel de
estudios. Aunque los de nivel superior son los que registran mayor
proporción en la valoración muy buena (25,13%) son los que menos
la califican como buena (49,74%). También son quienes más la
aloran como regular (21,99%). En el acumulado muy buena y
eda en el 74,87%, oscilando desde el 80,57% de educación
ecundaria hasta el 88,04% de la categoría sin estudios. Por
actividad, la principal diferencia se presenta en la categoría de
v
buena, todas las categorías superan el 80%, excepto el nivel superior
que se qu
s
estudiantes en la valoración como muy buena (30,30%) aunque
también son quienes más la valoran como mala (4,55%). Los
pensionistas y trabajadores domésticos son quienes más valoran la
asistencia como muy buena o buena, frente a los parados 77,01% y
trabajadores 79,34%.
5.7 Ingreso hospitalario en el año anterior
115577
El 10,09% de los encuestados declaró que habían precisado
ingreso hospitalario en el año anterior a la entrevista. Sólo el 0,06%
no contestó (tabla 4).
Se constata la independencia en la declaración del ingreso
respecto al tamaño poblacional (p= 0,940) y a la nacionalidad (p=
,972). En cambio, respecto a las demás características, el contraste
de estudios, son los que carecen de éstos
quienes manifiestan padecer más ingresos hospitalarios, 15,73%,
escendiendo hasta alcanzar el 7,44% de los diplomados
superiores declaran haber
s, frente a los estudiantes (5,12%). Los
trabajadores indican ingreso en el 8,03%, los parados un 9,87% y los
0
de independencia resultó altamente significativo. Respecto al sexo,
las mujeres manifiestan mayor proporción de ingresos hospitalarios
(11,34% frente al 8,78% de los hombres). Por grupos de edad son
los mayores de 65 años quienes más ingresan (13,05%, seguidos de
los mayores de 55 hasta 64 años con 12,08%). Ingresan en menor
proporción las personas del tramo de 18 a 24 años con el 6,90%,
creciendo de manera significativa en el siguiente tramo de 25 a 34
años hasta el 10,36% (explicable quizás por ser las edades con
mayor probabilidad de partos en las mujeres) para volver a
descender en los 2 decenios siguientes, de 35 a 54 años (8,87% y
7,87% respectivamente).
Para el nivel
d
universitarios. El 10,41% de los titulados
tenido algún ingreso. En función de la actividad, son los pensionistas
que no han trabajado (17,93%) y los jubilados (14,25%) quienes
indican más ingreso
115588
trabajadores domésticos el 10,81%.
El 86,36% de los ingresados valoró esta atención como muy
uena o buena, el 9,31% como regular y el 2,32% como mala o muy
.1 Utilización de los servicios sanitarios
El modelo de regresión logística (tabla 12) sólo incluye como
variables significativas el sexo y la actividad, si bien la variable edad
queda fuera del modelo con un p valor de 0,05059. El OR de las
mujeres es 1,324 veces el los hombres (IC de 1,108 a 1,581). Para la
actividad y con la categoría de los trabajadores como de referencia,
resultan significativos los OR de los jubilados (1,953) y de los
pensionistas que no han trabajado (2,147).
5.8 Valoración de la atención recibida en el ingreso hospitalario (tabla
8)
b
mala. (El 2,24% no contestó). Se acepta la independencia de la
valoración respecto al sexo, única variable sobre la que ha podido
realizarse la prueba Chi cuadrado (en los demás contrastes se
supera el 20% de casillas con frecuencia esperada menor que 5).
6. Discusión
6
115599
El derecho a la protección de la salud es la razón de ser de
los sistemas sanitarios y la consecución de la equidad en el acceso a
los recursos sanitarios debe ser uno de sus principales objetivos. La
confianza de que un sistema sanitario con cobertura universal y
gratuita garantice que no existan diferencias en el acceso entre
quienes presentan necesidades similares (equidad horizontal) viene
iendo refutada por suficientes evidencias provenientes de países
con Sistemas Nacionales de Salud (Meneu et al, 2008) y, aunque se
aria, continúa existiendo un importante gradiente de clase en las
isitas al especialista, al dentista, en la asistencia hospitalaria y en la
na
sociedad claramente estratificada por factores sociales y
conómicos. Estas desigualdades sociales tienen una traducción en
rminos de salud y los servicios sanitarios, como determinante de la
del estado de bienestar, deben tener un importante
reducción de estas desigualdades debidas a situaciones
ómicas. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS),
ecuencia de las diferencias
s
constata una reducción de las desigualdades en el acceso a atención
prim
v
realización de actividades preventivas, diagnósticos o tratamientos
(Bolívar et al, 2009). Este aspecto es especialmente importante en el
contexto actual, caracterizado por rápidos cambios poblacionales
derivados de un mayor protagonismo de la inmigración, un aumento
de la longevidad de la población, la precariedad en el trabajo y la
incorporación al mercado laboral de las mujeres, que conforman u
e
té
salud y pilar
papel en la
socioecon
la falta de equidad tiene lugar como cons
de oportunidades derivadas, por ejemplo, del acceso desigual a los
servicios de salud, a una alimentación correcta y a una vivienda
adecuada.
116600
Los modelos clásicos sobre utilización de los servicios
sanitarios establecen variables de tres tipos: de necesidad (objetiva y
subjetiva), que son las de mayor efecto en la utilización,
predisponentes [sic.] (Sociodemográficas) y facilitadoras (Delgado,
1991). El presente análisis permite conocer los patrones de
utilización por separado de las principales modalidades de prestación
sanitaria, en función de los factores predisponentes [sic.] o
precursores. Todas las variables estudiadas han resultado
significativas en al menos uno de los 4 modelos de regresión
logística sobre utilización de los recursos sanitarios. El sexo es una
variable significativa en los 4 modelos de regresión, siendo las
mujeres quienes presentan mayores tasas de utilización en todos los
dispositivos asistenciales analizados. Los motivos de esta mayor
asistencia son múltiples: necesidades biológicas, su papel
reproductivo, la mayor esperanza de vida y su peor salud percibida
(García Calvente et al., 2009).
Las personas de más edad tienen mayor probabilidad de
utilizar las consultas de medicina de familia (OR= 1,011) y de
especialidades (OR= 1,010). Los mayores de 55 años son quienes
más sufren ingreso hospitalario. En cambio, la propensión a la
utilización de las urgencias disminuye con la edad (OR=0,984),
siendo los menores de 44 años quienes, proporcionalmente, más
cuden a recibir atención en esta modalidad asistencial. Las a
prácticas de mayor riesgo en los jóvenes, el peso de la
tocoginecología y el hecho de considerar las urgencias como puerta
de entrada al Sistema pueden explicar este hallazgo.
116611
La comparación por nacionalidad presenta significatividad en
el modelo de regresión de utilización de consultas de especialidades
con un OR de 0,581. Varias causas pueden determinar este
resultado: la hipótesis del inmigrante sano, los componentes
culturales, el menor control de embarazos pero también las barreras
idiomáticas y burocráticas para acceder a este nivel asistencial.
El análisis para el tamaño poblacional indica diferencias
significativas respecto a la utilización de urgencias y al acceso a
especialidades. En esta última modalidad asistencial, hay que
destacar el crecimiento en la proporción de asistentes conforme
aumenta el tamaño de la población, de forma que el 42,18% de
uienes habitan en pequeñas poblaciones manifiestan acudir al
.000 habitantes
total de España) y 9.870.487 en municipios inferiores a 10.000
q
especialista, frente al 56,33% de las grandes urbes de más de 1
millón de habitantes (el modelo ajustado depara un OR de 1,727 para
los habitantes de las grandes poblaciones respecto a núcleos de
menos de 2.000 habitantes). La ubicación de los servicios
especializados, a diferencia de los consultorios o centros de salud,
en núcleos de población de mayor tamaño explica estas sensibles
diferencias, que puede estar dificultando el acceso a estos recursos
sanitarios para los habitantes de las pequeñas poblaciones. También
en estas pequeñas poblaciones acuden menos a urgencias (OR=
1,697 de las ciudades intermedias de 50.001 a 100
respecto a los residentes en los núcleos menores de 2.000
habitantes). Según los datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE) referidos a 1/1/2008, hay 2.837.647 de personas que habitan
en municipios inferiores a 2.000 habitantes (el 6,15% de la población
116622
habitantes (el 21,38% del total).
En relación al nivel de estudios, para quienes carecen de
istentes con los aportados por otros
studios. Así, Lostao et al. (2001) analizaron la evolución de las
ellos hay una mayor utilización de consultas de medicina de familia,
de urgencias y de ingresos hospitalarios. En cambio, el acceso a
especialidades crece con el nivel de estudios, de forma que la
probabilidad de los titulados superiores duplica al del grupo de sin
estudios. Urbanos et al. (2008) apuntan diversos motivos de este
superior consumo de consultas especializadas en los niveles altos de
estudios: el dispar conocimiento y capacidad para transitar por el
sistema; los excesivos tiempos de espera; la predisposición a buscar
los cuidados y respuestas ante las mismas situaciones de necesidad
y la actitud de los profesionales médicos ante pacientes con distintos
niveles de formación.
Al igual que el sexo, la actividad es significativa en los 4
modelos de regresión, constatándose que jubilados y pensionistas
son quienes más utilizan los recursos sanitarios en todas las
modalidades asistenciales y los estudiantes quienes menos.
Comparando las categorías de parados y trabajadores, el mayor
porcentaje de uso de los primeros no ha supuesto diferencias
significativas en ninguno de los 4 modelos.
Estos resultados son cons
e
diferencias socioeconómicas en la accesibilidad a los servicios
116633
sanitarios en España en 1987 y 1997 a partir de los datos de las
Encuestas Nacionales de Salud (ENS), encontrando que la consulta
médica (sin diferenciar entre médico generalista y especialista) fue
más frecuente en los individuos sin estudios y en los grupos
socioeconómicos bajos, en uno y en otro período. No se encontraron
diferencias socioeconómicas estadísticamente significativas en la
frecuencia de hospitalización en ambos periodos. Regidor et al.
(2006) concluyen, analizando la ENS 2001, que la frecuencia de
consultas al especialista según los ingresos económicos del hogar
muestra un patrón distinto al observado en las consultas al médico
general y en la hospitalización. Los sujetos con menores ingresos
conómicos presentan la mayor frecuencia de consultas al médico
general y hospitalización, aunque presentan la menor frecuencia de
a atención de urgencias
bservaron que el uso más frecuente correspondió a las personas
e
consultas al especialista. Márquez et al. (2007), a partir de la
Encuesta de Salud de Andalucía del año 2003, no encontraron
patrones de desigualdad en el uso de la mayor parte de los servicios
analizados (hospitalización, urgencias, la mayoría de los
medicamentos y algunas medidas preventivas) y que algunos
servicios (como la consulta médica) eran más usados por las
personas de menor nivel educativo. En l
o
menores de 46 años. García Calvente et al. (2007) detectan, en la
encuesta andaluza de salud de 1999 y 2003, que la mayor
frecuentación en las consultas de medicina general se relaciona
directamente con la edad e inversamente con los estudios.
Comparando mujeres y hombres, ellas consultan más en todas las
categorías de las variables estudiadas, excepto las universitarias y
las estudiantes.
116644
Respecto a la inmigración, Rivera et al. (2008) comparan los
perfiles de utilización de los recursos sanitarios entre la población
nacional y la extranjera, comprobando que los porcentajes de
frecuentación de consultas médicas, obtenidos a partir de la ENS
2003, muestran unas cifras similares entre las dos poblaciones,
aunque menores en los inmigrantes, no apreciando barreras
importantes, impuestas por el propio sistema, que limiten la atención
sanitaria a la población inmigrante. Atribuyen la menor utilización de
servicios sanitarios respecto a la población autóctona a que la
población extranjera es más joven y goza de buen estado de salud.
(En nuestra muestra del barómetro sanitario que aquí analizamos, los
nacionales españoles tienen una edad media de 47,7 años mientras
que las de los no nacionales es de 34,5 años).
Otro estudio (Rodríguez et al., 2008), circunscrito a la
población inmigrante en el País Vasco, constata también una menor
utilización relativa de servicios sanitarios por parte de la población
inmigrante, que relaciona con su mejor nivel de salud (hipótesis del
inmigrante sano recién llegado) y con el tiempo de residencia. Este
efecto de menor utilización se diluye con el tiempo de permanencia y
el resultado final es un incremento del uso de servicios sanitarios,
consecuencia de un empeoramiento relativo de las condiciones
clínicas y el mejor conocimiento de las formas de acceso a los
servicios sanitarios. En cambio, respecto a los servicios de urgencia
muestra una mayor asistencia por parte de la población inmigrante
en relación con otras modalidades de atención, que puede explicarse
tanto por el reflejo de componentes culturales y roles de género
como por la edad, relacionada con una mayor fecundidad y un menor
116655
control del embarazo en atención primaria de las mujeres
inmigrantes.
Respecto al efecto del territorio, viene siendo configurado
como un determinante de la salud, habiéndose evidenciado que el
nivel socioeconómico de un área geográfica puede modificar la
asociación entre la salud percibida y los indicadores
socioeconómicos a nivel individual, de forma que el vivir en áreas de
mayor privación incrementa sistemáticamente la probabilidad de
ner una salud percibida más deficiente (Bolívar et al., 2009). Por
que son expresados por quienes demandan los
ervicios de salud. El grado de satisfacción colectivo y las
te
ello, el estudio de áreas geográficas constituye un instrumento
importante para la planificación y programación de los recursos
sanitarios en aras de reducir las desigualdades entre los distintos
territorios. En esta línea debe citarse la contribución del Atlas de
Variaciones en la Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud.
No han sido localizados estudios que relacionen el tamaño
poblacional con la utilización de los recursos sanitarios, que permitan
comparar los resultados observados en el presente trabajo.
6.2 Percepción de los servicios sanitarios
Para valorar la calidad global de un sistema sanitario, los
criterios de calidad técnica establecidos objetivamente por la oferta
sanitaria deben ser complementados con los criterios subjetivos de
satisfacción,
s
116666
expectativas de cara al futuro deben orientar las acciones de mejora
y las políticas sanitarias. Esta valoración está influida por
circunstancias personales, socioeconómicas y demográficas, por lo
que el análisis de éstas, en la conformación de las opiniones y en la
satisfacción respecto a los servicios sanitarios, es un instrumento de
enorme utilidad (Llano, 2006).
Este análisis, que relaciona estos factores personales y
socioeconómicos y la valoración de la atención recibida, está ausente
en numerosos estudios sobre el tema, siendo escasa y poco
consistente la información. En algunos estudios, los hombres están
más satisfechos, mientras que en otros lo están las mujeres, pero,
generalmente, los pacientes de ambos sexos manifiestan igual grado
de satisfacción con los cuidados. El estudio de la relación entre clase
social y satisfacción también depara hallazgos contradictorios. Lo
ás frecuente es que las personas con estudios superiores
ción, tanto en estudios con
acientes como en estudios de opinión (Delgado, 2004). Rodríguez
et al. (2008), en un estudio sobre inmigración y salud en el País
m
manifiesten menor satisfacción con la aten
p
Vasco, denotan un alto nivel de satisfacción con el sistema sanitario
por parte de los colectivos de inmigrantes, siendo la urgencia
hospitalaria el dispositivo asistencial peor valorado.
En nuestro análisis, destaca la opinión favorable respecto al
nivel de atención primaria: el 85% de los encuestados que
consultaron al médico de familia, la calificó de muy buena o buena,
frente a sólo el 2,27% que la valoró como mala o muy mala. Esta
116677
opinión es más positiva en las mujeres, mejora con la edad y para los
pensionistas y trabajadores domésticos. Todas las categorías
uperan el 80%, excepto los no nacionales españoles que tienen una
opinión más crítica (78,27% frente al 85,92% de los nacionales).
es mala o muy
mala: el 7,12%. Todas las categorías registran porcentajes
uperiores al 70% en la valoración muy buena o buena, excepto para
s
La opinión respecto al nivel de atención especializada
también es muy positiva, aunque ligeramente menor que en consulta
de médico de familia: casi el 82% la valora como buena o muy
buena, frente a casi el 4% que la califica de mala o muy mala. Todas
las categorías superan el 75% en la opinión buena o muy buena, a
excepción de los titulados superiores (74,87%). El 6% en la opinión
mala o muy mala es superado en los encuestados entre 25 y 44 años
y estudiantes.
En urgencias se produce una menor valoración en la
atención recibida: el 76,22% la valora como muy buena o buena,
creciendo el porcentaje de usuarios que opinan que
s
los estudiantes para los que la proporción es del 62,32%. Éstos son
también quienes registran un mayor porcentaje de valoración mala o
muy mala (10,14%). Buen número de categorías supera el 8% en la
valoración mala o muy mala. Las diferencias sólo son significativas
para la edad y la actividad: Mejor valoración con más edad y para los
pensionistas y trabajadores domésticos.
116688
Positivas son las valoraciones de las personas que han
yores tasas relativas de utilización de los recursos
anitarios analizados corresponden a mujeres y personas de mayor
edad, que son además quienes mejor valoración hacen de la
ía a los lugares donde se
ncuentran estos servicios (normalmente en núcleos de mayor
población) lo que puede suponer una barrera al acceso de la
ervicios especializados.
precisado ingreso en hospital público: el 86,35% considera la
asistencia recibida como buena o muy buena frente al 2% mala o
muy mala y 9,30% regular.
6.3 Conclusiones
Las ma
s
atención recibida. Esta conclusión tiene como excepción la tasa de
utilización de las urgencias, que es inversamente proporcional a la
edad.
La menor propensión a la utilización de los servicios de
atención especializada y de urgencias por parte de los residentes en
las pequeñas poblaciones requiere una especial atención. Puede
deberse a elementos positivos como es una mayor capacidad de
resolución por parte de los médicos generales y de familia “rurales”.
Pero también puede deberse a la lejan
e
atención especializada para los habitantes de las poblaciones de
menor tamaño, que están obligados a desplazamientos, que no son
compensados económicamente y que, en la práctica, supone un
copago en el acceso a los s
116699
También debe discutirse la menor tasa de utilización del
cionales españoles. Pudiera ser la causa de ello,
por un lado, que se trata de personas de edad media más joven que
s españoles (diferencia de 13,2 años en la edad media en nuestra
les que impliquen un menor control de su salud como, por
jemplo, en el seguimiento del embarazo.
ra establecer los
colectivo de no na
lo
muestra) y, por lo tanto, de mejor salud general. Pero también
pudiera ser un indicativo de la existencia de barreras idiomáticas en
la asistencia, de manifestación de situaciones de irregularidad en la
residencia de algunas de estas personas, de falta de información
para el acceso a los recursos asistenciales y de componentes
cultura
e
Otro indicativo de posible inequidad en el acceso a servicios
sanitarios especializados es que la propensión de utilización de estos
servicios por los titulados superiores es casi el doble que el de las
personas sin estudios. Las autoridades sanitarias deben incidir en
una información adecuada dirigida a los grupos más desfavorecidos.
No se detectan diferencias entre parados y trabajadores en el
uso de la sanidad, siendo los pensionistas quienes más la utilizan.
En este punto se debe señalar la dificultad pa
motivos de las diferencias detectadas y tener en cuenta que el
objetivo de un sistema sanitario no es maximizar la provisión de
servicios sino contribuir a la mejora de la salud (Meneu et al., 2008).
Aún a riesgo de incurrir en la fórmula de que “más es siempre mejor”,
117700
la medición de estas diferencias constituye el primer paso hacia la
identificación de inequidades en el acceso a la Sanidad (la
International Society for Equity in Health define las inequidades como
las diferencias sistemáticas y potencialmente remediables en uno o
más aspectos del estado de salud de poblaciones o subgrupos
poblacionales social, económica, demográfica o geográficamente
definidos).
Una reflexión debe hacerse sobre los resultados obtenidos en
la valoración de los servicios, altamente favorable para la asistencia
médica recibida aunque con diferencias entre las distintas
modalidades de la prestación sanitaria pública. La mayor valoración
corresponde a la atención en los ingresos hospitalarios (86,35% la
califica de muy buena o buena) seguida muy de cerca por la que se
presta en las consultas de medicina de familia de atención primaria
el
6,22% en la atención en urgencias. Debe prestarse atención a la
(85,39%). Continúa, con el 81,96%, la valoración muy buena o buena
en la atención en consultas de especialistas, descendiendo hasta
7
percepción por los ciudadanos respecto a este último dispositivo
asistencial que, tras las listas de espera, constituye uno de los
aspectos más críticos en la sanidad de nuestro país. Esta valoración
de la prestación de urgencias regresa a los porcentajes del año 2004
(76,60%), habiendo descendido respecto al año 2007, que fue el
79,40%.
Este estudio ha contado como punto fuerte con la
disponibilidad de una muestra de buen tamaño, con escasa tasa de
117711
no respuesta, que garantiza una representatividad en las distintas
categorías analizadas (salvo en el ingreso hospitalario). La técnica de
encuesta permite obtener gran cantidad de información de un modo
pido (el barómetro de 2008 estaba disponible en abril de 2009) y
eficaz, por lo que su conocimiento y adecuado análisis redunda en
s de los entrevistados ante la presencia del entrevistador y
las dificultades que pueden encontrarse a la hora de contactar con
s unidades muestrales (Casas et al., 2003). A ello hay que añadir el
rá
una mejora de la calidad de los servicios que se prestan, así como en
un mejor conocimiento de las características y necesidades de los
ciudadanos. La información obtenida es válida para conocer la
opinión sobre utilización y valoración, por separado, de los
principales servicios sanitarios de nuestro país y cómo esta opinión
varía en función de la situación socioeconómica del ciudadano.
6.4 Limitaciones
Entre sus limitaciones hay que tener en cuenta que la
información de base está proporcionada, exclusivamente, por los
entrevistados, debiendo tenerse en cuenta la posible falta de
adecuación para poblaciones con dificultades de comunicación, las
reaccione
la
posible sesgo de memoria en la contestación a las preguntas de
opinión basadas en el recuerdo.
6.5 Líneas futuras de investigación
117722
Sería de interés complementar este análisis de utilización y
valoración de los recursos sanitarios contemplando servicios como
ginecología, odontología (que no están incluidos en el Barómetro
Sanitario pero sí en la Encuesta Nacional de Salud), programas
preventivos (como el de detección precoz del cáncer de mama,
cérvix o colon) o servicios de alta tecnología, ya que las disparidades
observadas en el acceso a las consultas de especialistas hace
ensar que éstas se pudieran extender a estos servicios. Asimismo
es de interés contar con características de tipo clínico (patologías o
as en los encuestados), que permitan un mejor
nálisis a través de modelos de utilización de los recursos sanitarios
o el 11 de septiembre de 2009).
Bolívar J. y Daponte A. (2009). Aspectos teóricos sobre las
García Calvente
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p
ausencia de ést
a
en función de la situación social y económica del usuario, ajustados
por estas necesidades clínicas.
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117766
8 Anexos TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y TABLAS DE CONTINGENCIA TABLA 2 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y TABLAS DE CONTINGENCIAASISTENCIA A MÉDICO FAMILIA ÚLTIMO AÑO ASISTENCIA A URGENCIAS ÚLTIMO AÑO
Frecuencia Porcentaje Frecuencia PorcentajeSi 5327 74,76 Si 2205 30,91No 1770 24,84 No 4919 69,08No recuerda 19 0,27 NC 1 0,01NC 9 0,13 TotalTotal 7125 100
7125 100
71,04 0,00067,21
De 25 a 34 años 36,65 63,35De 35 a 44 años 31,70 68,30
000 32,30 67,70.000 35,36 64,64
100.001 a 400.000 76,16 23,84 100.001 a 400.000 31,13 68,87400.001 a 1 millón 71,93 28,07 400.001 a 1 millón 31,81 68,19> 1 millón 78,86 21,14 > 1 millón 29,41 70,59
TUDIOS Sin estudios 84,91 15,09 0,000 ESTUDIOS Sin estudios 33,39 66,61 0,013E Primaria 80,48 19,52 E Primaria 28,02 71,98E Secundaria 74,40 25,60 E Secundaria 33,22 66,78Bachillerato 70,35 29,65 Bachillerato 30,92 69,08Diplomatura 70,50 29,50 Diplomatura 30,08 69,92Superior 69,94 30,06 Superior 29,18 70,82
CIONALIDAD ESPAÑOLA 75,60 24,40 0,000 NACIONALIDAD ESPAÑOLA 30,64 69,36 0,078NO ESPAÑOLA 68,02 31,98 NO ESPAÑOLA 34,36 65,64
TIVIDAD Trabaja 70,13 29,87 0,000 ACTIVIDAD Trabaja 30,78 69,22 0,029Jubilado 85,26 14,74 Jubilado 28,20 71,80
sta 88,24 11,76 Pensionista 32,65 67,3572,75 27,25 Parado 35,41 64,59
Estudiante 60,62 39,38 Estudiante 28,33 71,67Trabajo doméstico 81,58 18,42 Trabajo doméstico
Tablas de contingencia Tablas de contingenciaEn porcentaje ASISTENCIA A MÉDICO FAMILIA En porcentaje ASISTENCIA A URGENCIAS
Si No p valor Si No p valorSEXO HOMBRE 69,49 30,51 0,000 SEXO HOMBRE 28,96
MUJER 80,39 19,61 MUJER 32,79
EDAD De 18 a 24 años 64,55 35,45 0,000 EDAD De 18 a 24 años 34,32 65,68 0,000De 25 a 34 años 70,10 29,90De 35 a 44 años 71,36 28,64De 45 a 54 años 74,10 25,90 De 45 a 54 años 26,51 73,49De 55 a 64 años 80,56 19,44 De 55 a 64 años 28,47 71,5365 y más años 86,13 13,87 65 y más años 27,65 72,35
TAMAÑO POB. < 2.000 75,95 24,05 0,029 TAMAÑO POB. < 2.000 23,87 76,13 0,0002.001 a 10.000 76,11 23,89 2.001 a 10.000 27,72 72,2810.001 a 50.000 74,46 25,54 10.001 a 50.50.001 a 100.000 72,17 27,83 50.001 a 100
ES
NA
AC
PensioniParado
n 31,48 68,52Otra situación 81,08 18,92 Otra situación 37,84 62,16
117777
TABLA 3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y TABLAS DE CONTINGENCIA TABLA 4: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y TABLAS DE CONTINGENCIAASISTENCIA A ESPECIALISTA ÚLTIMO AÑO INGRESO HOSPITALARIO ÚLTIMO AÑO
Frecuencia Porcentaje Frecuencia PorcentajeSi 3336 46,82 Si 719 10,09No 3776 53,00 No 6402 89,85No recuerda 12 0,17 NC 4 0,06NC 1 0,01 Total 7125 100Total 7125 100,00
Tablas de contingencia Tablas de contingenciaEn porcentaje ASISTENCIA A ESPECIALISTA En porcentaje INGRESO HOSPITALARIO
Si No p valor Si No p valorSEXO HOMBRE 40,74 59,26 0,000 SEXO HOMBRE 8,78 91,22 0,000
MUJER 52,73 47,27 MUJER 11,34 88,66
EDAD De 18 a 24 años 32,39 67,61 0,000 EDAD De 18 a 24 años 6,90 93,10 0,000De 25 a 34 años 40,55 59,45 De 25 a 34 años 10,36 89,64De 35 a 44 años 45,00 55,00 De 35 a 44 años 8,87 91,13De 45 a 54 años 46,45 53,55 De 45 a 54 años 7,87 92,13De 55 a 64 años 51,98 48,02 De 55 a 64 años 12,08 87,9265 y más años 59,18 40,82 65 y más años 13,05 86,95
TAMAÑO POB. < 2.000 42,18 57,82 0,000 TAMAÑO POB. < 2.000 10,34 89,66 0,9402.001 a 10.000 45,69 54,31 2.001 a 10.000 9,87 90,1310.001 a 50.000 44,20 55,80 10.001 a 50.000 10,17 89,8350.001 a 100.000 46,55 53,45 50.001 a 100.000 9,44 90,56100.001 a 400.000 48,20 51,80 100.001 a 400.000 10,47 89,53400.001 a 1 millón 48,69 51,31 400.001 a 1 millón 11,11 88,89> 1 millón 56,33 43,67 > 1 millón 9,36 90,64
ESTUDIOS Sin estudios 52,02 47,98 0,000 ESTUDIOS Sin estudios 15,73 84,27 0,000E Primaria 51,50 48,50 E Primaria 11,12 88,88E Secundaria 41,46 58,54 E Secundaria 9,32 90,68Bachillerato 44,01 55,99 Bachillerato 8,86 91,14Diplomatura 49,46 50,54 Diplomatura 7,44 92,56Superior 52,29 47,71 Superior 10,41 89,59
NACIONALIDAD ESPAÑOLA 48,01 51,99 0,000 NACIONALIDAD ESPAÑOLA 10,09 89,91 0,972NO ESPAÑOLA 31,98 68,02 NO ESPAÑOLA 10,04 89,96
ACTIVIDAD Trabaja 41,18 58,82 0,000 ACTIVIDAD Trabaja 8,03 91,97 0,000Jubilado 59,57 40,43 Jubilado 14,25 85,75Pensionista 60,21 39,79 Pensionista 17,93 82,07Parado 41,43 58,57 Parado 9,87 90,13Estudiante 35,15 64,85 Estudiante 5,12 94,88Trabajo doméstico 53,67 46,33 Trabajo doméstico 10,81 89,19Otra situación 67,57 32,43 Otra situación 22,22 77,78
117788
TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y TABLAS DE CONTINGENCIAVALORACIÓN DE LA ATENCIÓN RECIBIDA EN CONSULTA DE MÉDICO FAMILIA
Frecuencia PorcentajeMuy buena 1050 21,67Buena 3087 63,72Regular 574 11,85Mala 78 1,61Muy mala 32 0,66NS 2 0,04NC 22 0,45Total 4845 100
T. de contingencia ATENCIÓN RECIBIDA MEDICO FAMILIA APEn porcentaje Muy buena Buena Regular Mala Muy mala NS p valorSEXO HOMBRE 19,41 66,26 11,05 1,93 0,76 0,58 0,001
MUJER 23,60 61,55 12,52 1,34 0,57 0,42
EDAD De 18 a 24 años 15,49 66,20 15,26 2,11 0,70 0,23 0,000De 25 a 34 años 16,60 63,94 16,49 2,23 0,43 0,32De 35 a 44 años 20,13 63,17 14,03 1,39 1,07 0,21De 45 a 54 años 22,28 63,00 10,76 1,66 1,28 1,02De 55 a 64 años 22,64 66,67 8,18 1,57 0,31 0,6365 y más años 28,55 61,88 7,71 1,06 0,27 0,53
TAMAÑO POBLAC. < 2.000 25,66 63,49 8,20 1,32 1,06 0,26 0,2052.001 a 10.000 21,44 66,11 10,14 1,28 0,77 0,2610.001 a 50.000 20,91 64,63 11,06 2,09 0,61 0,7050.001 a 100.000 20,39 63,52 13,31 1,94 0,55 0,28100.001 a 400.000 21,94 62,44 13,56 0,98 0,62 0,45400.001 a 1 millón 19,06 62,21 14,38 3,01 0,33 1,00> 1 millón 24,06 61,65 11,53 1,25 0,75 0,75
ACTIVIDAD Trabaja 19,67 63,38 13,56 2,01 0,85 0,54 0,000Jubilado 25,22 64,61 8,08 1,30 0,40 0,40 (*)Pensionista no trabajó 33,05 56,65 9,01 0,86 0,43Parado 19,24 62,67 15,05 1,14 1,71 0,19Estudiante 15,29 70,06 13,38 1,27Trabajo doméstico n.r. 22,34 65,81 9,73 1,37 0,76Otra situación 25,93 51,85 14,81 3,70 3,70
NACIONALIDAD ESPAÑOLA 21,60 64,32 11,42 1,53 0,62 0,51 0,003NO ESPAÑOLA 22,62 55,65 17,56 2,68 1,19 0,30
ESTUDIOS Sin estudios 29,16 58,09 9,57 2,51 0,23 0,46 0,000E Primaria 23,00 66,45 8,49 1,24 0,25 0,58E Secundaria 18,29 65,11 13,55 1,56 1,02 0,47Bachillerato 18,80 64,71 13,66 1,79 0,63 0,42Diplomatura 26,21 56,74 13,74 2,04 0,76 0,51Superior 24,46 60,75 12,10 1,08 1,08 0,54
(*)15 casillas (35,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,13.
117799
TABLA 6: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y TABLAS DE CONTINGENCIAVALORACIÓN DE LA ATENCIÓN RECIBIDA EN URGENCIAS
Frecuencia PorcentajeMuy bien 406 20,37Bien 1113 55,85Regular 325 16,31Mal 76 3,81Muy mal 66 3,31NR 1 0,05NC 6 0,30Total 1993 100
T. de contingencia VALORACIÓN ATENCIÓN EN URGENCIASEn porcentaje Muy bien Bien Regular Mal Muy mal p valorSEXO HOMBRE 18,46 57,62 17,46 3,45 3,00 0,184
MUJER 22,08 54,74 15,46 4,14 3,59
EDAD De 18 a 24 años 12,56 56,50 21,97 4,48 4,48 0,000De 25 a 34 años 16,29 52,99 21,65 5,57 3,51De 35 a 44 años 20,60 57,07 15,63 3,72 2,98De 45 a 54 años 21,51 56,27 13,26 5,02 3,94De 55 a 64 años 20,80 61,50 13,27 0,88 3,5465 y más años 29,46 55,14 11,08 2,16 2,16
TAMAÑO POBLAC. < 2.000 19,01 63,64 13,22 2,48 1,65 0,0912.001 a 10.000 23,63 59,59 11,99 2,40 2,4010.001 a 50.000 22,95 55,69 14,37 3,79 3,1950.001 a 100.000 15,28 56,39 20,83 4,17 3,33100.001 a 400.000 19,33 52,36 19,78 4,49 4,04400.001 a 1 millón 20,49 59,02 12,30 3,28 4,92> 1 millón 22,76 51,72 16,55 5,52 3,45
ACTIVIDAD Trabaja 18,81 56,43 16,61 4,39 3,76 0,002Jubilado 23,44 55,19 16,62 2,67 2,08Pensionista 36,78 54,02 6,90 2,30Parado 18,60 53,49 20,54 4,26 3,10Estudiante 8,70 53,62 27,54 5,80 4,35Trabajo doméstico 21,89 59,62 10,94 3,77 3,77Otra situación 23,08 53,85 23,08
NACIONALIDAD ESPAÑOLA 19,99 56,62 16,36 3,73 3,29 0,400NO ESPAÑOLA 25,45 49,70 16,36 4,85 3,64
ESTUDIOS Sin estudios 25,99 56,50 14,69 0,56 2,26 0,212E Primaria 22,07 58,85 13,79 2,99 2,30E Secundaria 17,92 57,38 16,72 4,07 3,92Bachillerato 20,05 52,97 18,56 4,21 4,21Diplomatura 21,88 50,63 18,13 6,25 3,13Superior 19,86 55,48 16,44 5,48 2,74
118800
TABLA 7: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y TABLAS DE CONTINGENCIAVALORACIÓN DE LA ATENCIÓN RECIBIDA EN LA CONSULTA DE ESPECIALISTA
Frecuencia PorcentajeMuy buena 494 18,51Buena 1694 63,47Regular 347 13,00Mala 74 2,77Muy mala 28 1,05Depende 13 0,49NR 1 0,04NC 18 0,67Total 2669 100
Tablas de contingencia VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN RECIBIDA EN LA CONSULTA ESPECIALISTA
En porcentaje Muy buena Buena Regular Mala Muy mala p valorSEXO HOMBRE 17,18 65,64 13,50 2,89 0,79 0,303
MUJER 19,92 63,17 12,90 2,74 1,27
EDAD De 18 a 24 años 17,06 61,76 18,82 1,76 0,59 0,000De 25 a 34 años 17,17 60,79 15,55 5,10 1,39De 35 a 44 años 15,73 62,11 15,94 4,76 1,45De 45 a 54 años 18,03 64,64 13,35 2,81 1,17De 55 a 64 años 20,73 64,77 11,66 1,81 1,0465 y más años 21,35 67,70 9,32 0,95 0,68
TAMAÑO POBLACIÓN < 2.000 19,80 68,53 9,64 2,03 0,0482.001 a 10.000 19,81 68,26 9,31 1,91 0,7210.001 a 50.000 18,47 64,73 13,48 2,83 0,5050.001 a 100.000 20,78 60,52 14,81 2,34 1,56100.001 a 400.000 18,43 61,38 15,22 3,37 1,60400.001 a 1 millón 13,97 72,07 9,50 3,91 0,56> 1 millón 17,67 59,91 16,81 3,45 2,16
ACTIVIDAD Trabaja 17,16 62,18 15,26 4,36 1,04 0,000Jubilado 21,31 66,67 10,05 1,22 0,76 (*)Pensionista no trabajó 22,15 67,72 9,49 0,63Parado 16,79 60,22 17,88 3,28 1,82Estudiante 30,30 50,00 13,64 4,55 1,52Trabajo doméstico n. r. 16,75 68,72 11,33 1,97 1,23Otra situación 19,05 76,19 4,76
NACIONALIDAD ESPAÑOLA 18,66 64,49 13,00 2,81 1,04 0,816NO ESPAÑOLA 20,00 60,00 15,86 2,76 1,38
NIVEL DE ESTUDIOS Sin estudios 19,20 68,84 9,06 2,17 0,72 0,000E Primaria 19,47 67,33 10,80 1,47 0,93E Secundaria 16,71 63,86 14,81 3,40 1,22Bachillerato 17,35 64,49 13,06 3,47 1,63Diplomatura 20,10 60,82 13,40 5,67Superior 25,13 49,74 21,99 2,09 1,05
(*)10 casillas (28,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,22.
TABLA 8: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y TABLAS DE CONTINGENCIAVALORACIÓN DE LA ATENCIÓN EN EL INGRESO HOSPITALARIO
Frecuencia PorcentajeMuy buena 169 27,13Buena 369 59,23Regular 58 9,31Mala 13 2,09NC 14 2,25Total 623 100
Tabla de contingencia (*) VALORACIÓN DEL INGRESO EN HOSPITAL PÚBLICO
En porcentaje Muy buena Buena RegularMala o muy
mala p valorSEXO HOMBRE 26,772 61,024 11,024 1,181 0,348
MUJER 28,736 60,057 8,333 2,874(*con
) Las tablas de contingencia correspondientes al resto de variables de cruce presentan más del 20% de casillas frecuencias esperadas inferior a 5 y/o alguna casilla tiene frecuencia esperada inferior a 1
118811
TABLA 9: REGRESIÓN LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA A MÉDICO DE FAMILIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESESVARIABLES INTRODUCIDAS SEGÚN METODO HACIA DELANTE RV y suprimiendo la categoría otras en actividad
B E.T. Wald gl Sig. OR=Exp(B) Inferior Superior
SEXO MUJER 0,582 0,063 83,959 1 0,000 1,789 1,580 2,026EDAD EDAD 0,011 0,003 18,129 1 0,000 1,011 1,006 1,016ACTIVIDAD Trabaja 35,733 5 0,000
Jubilado 0,646 0,114 32,048 1 0,000 1,908 1,526 2,387Pensionista no trabajó 0,467 0,208 5,048 1 0,025 1,595 1,061 2,397Parado 0,089 0,091 0,958 1 0,328 1,093 0,915 1,306Estudiante -0,285 0,134 4,549 1 0,033 0,752 0,578 0,977Trabajo doméstico no remunerado 0,123 0,108 1,301 1 0,254 1,131 0,915 1,398Constante 0,218 0,107 4,195 1 0,041 1,244VARIABLES NO SIGNIFICATIVAS: TAMAÑO POBLACIÓN, NIVEL DE ESTUDIOS Y NACIONALIDAD
TABLA 10: REGRESIÓN LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA A URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
B E.T. Wald gl Sig. OR=Exp(B) Inferior SuperiorSEXO MUJER 0,178 0,058 9,304 1 0,002 1,194 1,066 1,339EDAD EDAD -0,016 0,002 43,842 1 0,000 0,984 0,979 0,989ESTUDIOS Sin estudios 13,910 5 0,016
E Primaria -0,313 0,108 8,443 1 0,004 0,732 0,593 0,903E Secundaria -0,290 0,117 6,129 1 0,013 0,748 0,594 0,941Bachillerato -0,372 0,124 8,977 1 0,003 0,690 0,541 0,879Diplomatura -0,427 0,140 9,315 1 0,002 0,652 0,496 0,858Superior -0,457 0,142 10,351 1 0,001 0,633 0,479 0,836
TAMAÑO POBL. < 2.000 26,247 6 0,0002.001 a 10.000 0,180 0,123 2,136 1 0,144 1,197 0,941 1,52310.001 a 50.000 0,383 0,116 10,968 1 0,001 1,467 1,169 1,84050.001 a 100.000 0,529 0,121 19,140 1 0,000 1,698 1,339 2,152100.001 a 400.000 0,364 0,117 9,730 1 0,002 1,440 1,145 1,810400.001 a 1 millón 0,372 0,145 6,553 1 0,010 1,450 1,091 1,928> 1 millón 0,322 0,140 5,336 1 0,021 1,380 1,050 1,814
ACTIVIDAD Trabaja 19,288 5 0,002Jubilado 0,306 0,102 9,045 1 0,003 1,358 1,113 1,658Pensionista no trabajó 0,397 0,160 6,171 1 0,013 1,487 1,087 2,034Parado 0,097 0,086 1,272 1 0,259 1,102 0,931 1,304Estudiante -0,418 0,142 8,634 1 0,003 0,659 0,499 0,870Trabajo doméstico no remunerado 0,099 0,096 1,072 1 0,301 1,105 0,915 1,333Constante -0,243 0,193 1,585 1 0,208 0,784VARIABLE NO SIGNIFICATIVA: NACIONALIDAD
TABLA 11: REGRESIÓN LOGÍSTICA ASISTENCIA A ESPECIALISTA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
B E.T. Wald gl Sig. OR=Exp(B) Inferior SuperiorSEXO MUJER 0,500 0,056 80,780 1 0,000 1,648 1,478 1,838EDAD EDAD 0,010 0,002 17,320 1 0,000 1,010 1,005 1,015ESTUDIOS Sin estudios 42,126 5 0,000
E Primaria 0,184 0,102 3,265 1 0,071 1,202 0,985 1,468E Secundaria 0,259 0,113 5,275 1 0,022 1,296 1,039 1,617Bachillerato 0,449 0,119 14,289 1 0,000 1,567 1,241 1,978Diplomatura 0,589 0,134 19,462 1 0,000 1,803 1,388 2,342Superior 0,688 0,135 26,044 1 0,000 1,989 1,527 2,590
TAMAÑO POBL. < 2.000 23,106 6 0,0012.001 a 10.000 0,179 0,110 2,647 1 0,104 1,196 0,964 1,48310.001 a 50.000 0,147 0,104 1,987 1 0,159 1,158 0,944 1,42050.001 a 100.000 0,244 0,110 4,916 1 0,027 1,277 1,029 1,584100.001 a 400.000 0,271 0,105 6,667 1 0,010 1,311 1,067 1,611400.001 a 1 millón 0,284 0,133 4,533 1 0,033 1,329 1,023 1,726> 1 millón 0,547 0,127 18,440 1 0,000 1,727 1,346 2,217
NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA -0,542 0,103 27,747 1 0,000 0,581 0,475 0,711ACTIVIDAD Trabaja 49,649 5 0,000
Jubilado 0,658 0,095 48,336 1 0,000 1,930 1,604 2,324Pensionista no trabajó 0,402 0,152 7,001 1 0,008 1,494 1,110 2,012Parado 0,067 0,084 0,643 1 0,423 1,070 0,907 1,261Estudiante -0,226 0,136 2,751 1 0,097 0,798 0,611 1,042Trabajo doméstico no remunerado 0,225 0,091 6,178 1 0,013 1,253 1,049 1,496Constante -1,531 0,185 68,739 1 0,000 0,216
TABLA 12: REGRESIÓN LOGÍSTICA DEL INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
B E.T. Wald gl Sig. OR=Exp(B) Inferior SuperiorSEXO MUJER 0,280 0,091 9,578 1 0,002 1,324 1,108 1,581ACTIVIDAD Trabaja 64,119 5 0,000
Jubilado 0,669 0,101 43,621 1 0,000 1,953 1,601 2,382Pensionista no trabajó 0,764 0,172 19,782 1 0,000 2,147 1,533 3,006Parado 0,188 0,137 1,890 1 0,169 1,207 0,923 1,577Estudiante -0,502 0,272 3,396 1 0,065 0,605 0,355 1,032Trabajo doméstico n.r. 0,170 0,132 1,651 1 0,199 1,185 0,915 1,537Constante -2,560 0,075 1159,607 1 0,000 0,077VARIABLES NO SIGNIFICATIVAS: EDAD, TAMAÑO POBLACIÓN, NIVEL DE ESTUDIOS, NACIONALIDAD
I.C. 95,0% para OR
I.C. 95,0% para OR
I.C. 95,0% para OR
I.C. 95,0% para OR
118822
118833
SEGURIDAD SOCIAL, INSOLVENCIA EMPRESARIAL Y CONCURSO DE ACREEDORES
Daniel Hernández González (1)
Actuario. Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la
Administración de la Seguridad Social
“ Es una tarea grande y difícil, como ya hemos dicho con frecuencia; pero fue
al embarcarnos en este tema cuando debimos considerar lo que íbamos a
hacer; ahora, no nos queda sino ofrecer las velas al viento, nos lleve a donde
nos lleve ”. El Orador. Marco Tulio Cicerón.
1. Introducción
El sector empresarial tiene a su disposición un mecanismo
para tratar de hacer frente a situaciones de insolvencia y satisfacer
así las obligaciones contraídas: el concurso de acreedores. Por su
parte, los poseedores de derechos afectados por la insolvencia de
terceros han de recurrir a la valoración de escenarios alternativos
buscando la mejor elección en su proceso de toma de decisiones.
En este escenario la Seguridad Social y las Administraciones
Públicas no están exentas de formar parte del conjunto de
acreedores en cualquier proceso de insolvencia empresarial, estando
expuestas a una incertidumbre relevante en un espacio en el que
conviven distintas variables y restricciones.
) Correo electrónico: [email protected]
(1
n
directamente re conomía y del
ector empresarial. Una ralentización en la primera y/o un descenso
del número de personas con actividad laboral no compensado por
o
patronal como n de ingresar.
Igualmente, afectan al patrimonio conjunto del Estado por las
pre
Relacionado con todo lo anterior y dentro de la complejidad
o de recaudación de la Seguridad Social, nos
teresará aquí aquel punto en el que una empresa ha superado sin
os
ecanismos vinculados a un procedimiento concursal.
Desarrollado en la Ley 22/2003, Concursal, el concurso de
los casos en que un
A su vez, los ingresos de la Seguridad Social se encuentra
lacionados con el desarrollo de la e
s
tras vías afectan al sistema, por ejemplo, por las cuotas, tanto
de los trabajadores, que se deja
mayores salidas de flujos destinadas, entre otras partidas, a
staciones por desempleo.
del procedimient
in
resultado satisfactorio la recaudación voluntaria y la vía ejecutiva,
hallándose incursa en un procedimiento especial y con la necesidad
de un aplazamiento de sus deudas con la Administración, ya sea a
través de un procedimiento ordinario, tal y como recoge el RD
1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, o a través de l
m
2. El concurso de acreedores
2. 1. Características básicas
acreedores tiene su principal razón de ser en
118844
deudor común no pueda hacer frente regularmente a sus
obligaciones exigibles en plazo o prevea que no podrá hacerlo en un
futuro inmediato, es decir, se encuentre en situación de insolvencia.
Siendo dos las salidas recoge el Título V de la Ley 22/2003 para el
concurso: la liquidación o el convenio, su finalidad no es el
saneamiento de empresas o patrimonios, sino la satisfacción de los
acreedores, aunque un convenio aprobado dentro del procedimiento
concursal puede favorecer a aquellas entidades que se consideren
viables.
En este escenario debemos destacar que una gran parte de
las insolvencias empresariales acaecidas en España tienen su origen
en problemas de estrategia y/o estructura, con el agravante de que el
tejido empresarial español no ha aprovechado las posibilidades que
ofrece la legislación concursal, siendo muchas las entidades que han
recurrido a esta alternativa cuando se encontraban sin posibilidades
reales de recuperación.
En la economía española reciente sectores recurrentes en el
panorama concursal han sido, entre otros, los sectores textil y del
alzado, coincidiendo con la apertura del mercado, la industria
uxiliar del automóvil, afectada por la competencia de economías
n, los sectores inmobiliario y de la
onstrucción, atendiendo al desajuste entre la oferta y la demanda,
nónimas Deportivas. La evolución del
úmero de concursos de acreedores declarados por trimestre en
España
c
a
emergentes y la deslocalizació
c
así como las Sociedades A
n
hasta septiembre de 2009 puede apreciarse en el siguiente
gráfico:
118855
Concursos declarados por trimestre
764
1558
1727
10951.082
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Total Personas Físicas (con o sin actividad)
204 168 210
0
1T -
2005
2T -
2005
3T -
2005
4T -
2005
1T -
2006
2T -
2006
3T -
2006
4T -
2006
1T -
2007
2T -
2007
3T -
2007
4T -
2007
1T -
2008
2T -
2008
3T -
2008
4T -
2008
1T -
2009
2T -
2009
3T-2
009
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
259 232 234 270 236 232 238 232296
425
631
200
400
Sobre el procedimiento diremos, de forma muy resumida, que,
según el artículo 100 de la Ley 22/2003, dentro del concurso la
enominada fase de convenio se sustenta en la existencia de una
de viabilidad en el que se concretarán los recursos
d
propuesta que, a priori, será votada por los acreedores, que podrá
contener diferentes alternativas para la satisfacción de las
obligaciones empresariales y que deberá contener proposiciones de
quita y/o espera, con la posibilidad de presentar proposiciones
adicionales alternativas entre las que se incluyen, entre otras, ofertas
de conversión del crédito en acciones o créditos participativos. De
igual forma, la propuesta deberá ir acompañada de un plan de pagos
que detalle los recursos previstos para su cumplimiento y, si se prevé
que estos recursos sean generados por la actividad, se unirá también
un plan
118866
necesarios, los medios y condiciones para su obtención y, en su
caso, los compromisos a asumir por terceros. Ambos planes serán
evaluados por la administración concursal.
2.2. La administración concursal
Según lo contenido en el Título II de la Ley 22/2003, los
administradores concursales, actuando de forma colegiada,
intervendrán las actuaciones del deudor y supervisarán o
administrarán el patrimonio empresarial según la tipología del
concurso, determinarán el activo y el pasivo del concursado y, entre
otras funciones, evaluarán el plan de viabilidad y la propuesta de
convenio en atención al plan de pagos, principalmente como garantía
para la toma de decisiones de los acreedores en defensa de sus
intereses dentro del procedimiento. El artículo 27 de la Ley citada
indica que, como regla general, la administración concursal estará
formada por un economista, auditor de cuentas o titulado mercantil
colegiados, por un abogado y por un acreedor titular de un crédito
ordinario o con privilegio general no garantizado. Con las
excepciones recogidas en la legislación vigente, cuando este
acreedor sea una persona jurídica será representado por un
economista, auditor o titulado mercantil, si bien cuando sea una
Administración Pública, la designación podrá recaer en cualquier
funcionario con titulación de licenciado en áreas económicas o
jurídicas.
El legislador establece así una preponderancia del
componente económico sobre el componente jurídico en la
118877
composición de la administración concursal, aspecto acertado
atendiendo a las funciones de dicha administración, de marcado
carácter económico-financiero y contable que, sin embargo, van
ucho más allá de la elaboración o supervisión de las cuentas
ocimientos financieros, fiscales,
borales, mercantiles, de evaluación de riesgos y de administración
de em
La Seguridad Social cuenta con el valor añadido de sus
m
anuales, pues requieren con
la
presas. La administración concursal es así una actividad
principalmente económico-financiera que tiene su correspondiente y
necesario complemento jurídico.
En contra de algunos criterios válidamente argumentados y
aunque la Seguridad Social parece que se resiste a avanzar en este
sentido, valoramos positivamente su participación activa en el
concurso de acreedores tal y como hacen otras Administraciones
Públicas, siempre que sea bajo criterios de designación eficientes y
no grupales ya que, además de suponer un coste menor para
empresas con problemas de liquidez y/o solvencia, pues el
funcionario designado no percibirá retribución alguna con cargo a la
masa del concurso, la independencia de estos profesionales de
terceros intereses es una garantía en el procedimiento. Para ello,
siguiendo las funciones recogidas en la Ley, será necesario contar
con expertos capacitados en los campos económico, financiero-
actuarial, social, contable y de administración de empresas, además
de poseedores de conocimientos jurídicos en el ámbito concursal.
actuarios y economistas en este campo puesto que los nuevos
entornos económicos y contables y las complejas situaciones
118888
empresariales en caso de concurso de acreedores requieren del
análisis y toma de decisiones en situaciones de riesgo bajo un prisma
de racionalidad económica y financiera. Por tanto, en el ámbito
público estos profesionales tienen dos campos de actuación dentro
del proceso concursal: el primero se centra en el asesoramiento
económico-financiero y la valoración de propuestas de convenio y
planes de viabilidad en ambiente de riesgo, siempre dentro de una
perspectiva de defensa del crédito institucional, así como en el
seguimiento y control de las empresas que mantengan deudas con
s órganos públicos, mientras el segundo se refiere a su
va
e la satisfacción líquida y futura de una parte de esos derechos y de
lo
participación como administradores concursales en representación
de las Administraciones Públicas.
3. Los procedimientos especiales y el concurso de acreedores
3.1. Cuestiones generales en el ámbito de la Seguridad Social
Como ya hemos indicado, la empresa debe proponer dentro
del concurso una quita y/o espera sobre una parte de las
obligaciones que mantiene con sus acreedores, lo que supone que
estos aceptarían sacrificar una parte del derecho presente, complejo
en cuanto a su total recuperación (salvo existencia de garantía y no
siendo siquiera ésta condición suficiente), por una mayor expectati
d
una continuidad empresarial.
118899
Desde el punto de vista de la Seguridad Social como
acreedor, la complejidad en la toma de decisiones se incrementa
dada la necesidad de buscar un espacio en el que se produzca el
equilibrio entre la defensa del interés general y del crédito público, la
mitigación de la liberalidad y la subjetividad, el desamparo de
prácticas empresariales ineficientes o ilícitas y la minoración de
interferencias innecesarias en el desarrollo de los sectores
productivos que puedan acarrear disfunciones en su funcionamiento,
su competencia y su desarrollo, buscando la menor incidencia
posible en los derechos de las personas activas o pasivas.
Esta complejidad se ve aumentada al tener que evaluar el
rocedimiento en su conjunto, ya que la Seguridad Social puede
erse vinculada por decisión del conjunto de acreedores a una
s ordinarios y subordinados, que no satisfaga sus mínimas
desde
n escenario económico-financiero global, más allá del simple punto
susceptibles de debate, entre las que
odemos citar brevemente las siguientes:
p
v
propuesta de satisfacción de deudas de una parte de sus créditos,
lo
exigencias. Por tanto, las propuestas deben ser contempladas
u
de vista jurídico que trabaja los créditos por tipología, y más allá del
ámbito meramente concursal, puesto que existen necesidades de
desembolso que se desvinculan en cierta manera del propio
concurso, por ejemplo, los denominados créditos contra la masa.
En la práctica, es importante destacar que el desarrollo del
procedimiento en su relación con la Seguridad Social no está –ni
estará- exento de cuestiones
p
119900
1. Adquisición de empresas en liquidación. Existen
discrepancias de criterio en el caso de una empresa en liquidación
que quiera ser adquirida por un tercero. Por un lado están las tesis
que han defendido que debe darse la subrogación de obligaciones
puesto que la transmisión de una empresa es inequívocamente una
sucesión empresarial y no puede vulnerarse el Estatuto de los
Trabajadores. También se ha argumentado la falta de competencias
del juez del concurso sobre la fijación de algunos aspectos de la
enajenación al no estar facultado expresamente para ello por el
artículo 149 de la Ley Concursal. En el otro lado están quienes han
efendido que el adquirente que se hace cargo del activo empresarial
ubrogación del adquirente en las obligaciones del adquirido al
ientes y el compromiso de
us acreedores hayan continuado su actividad. La no asunción de las
d
no tiene por qué subrogarse en determinadas obligaciones del
concursado en aras al beneficio generalizado que se obtiene por la
continuidad empresarial, atendiendo “al interés del propio concurso”.
Algunos sectores incluso han acudido tradicionalmente a la Ley
General Tributaria (art. 42) para que la Seguridad Social actúe bajo
idénticos principios, obviando, bajo esa moderna costumbre de
homogeneizar lo heterogéneo, las diferencias entre algunos de los
derechos de referencia: unos, diluidos en el conjunto patrimonial;
otros, susceptibles de imputación individual.
Aunque la solución no parece pacífica, apoyamos la
s
entender que las empresas son conjuntos de bienes, derechos y
obligaciones, sobre todo cuando en la práctica la subrogación no
impide que entidades en liquidación con apoyo de terceros,
proyectos estratégicos de continuidad efic
s
119911
deudas compromete los derechos de los acreedores, en cuya
defensa encuentra la Ley Concursal su finalidad esencial, fomenta el
fraude empresarial y entendemos que crea para el acreedor una vía
discriminatoria que no favorece la solución normal del procedimiento:
el convenio.
2. Los derechos de las Administraciones Públicas. Se ha propuesto
la limitación de los derechos privilegiados de las Administraciones
Públicas alegando que la exposición de motivos de la Ley 22/2003,
Concursal, propugna el principio de igualdad de trato de los
acreedores y la reducción de privilegios(2). Siendo esto cierto, no lo
es menos que los acreedores asumen riesgos en sus relaciones con
terceros susceptibles de ser evaluados, limitados o rechazados a
discreción, algo que no puede hacer la Seguridad Social con sus
derechos en defensa del interés general puesto que debe mantener
la equidad y la igualdad de trato, situándose así en un escenario de
mayor sensibilidad hacia el riesgo de impago. Tampoco debe
olvidarse el desequilibrio existente entre en el destino de los recursos
para cada tipo de acreedor en cuanto a la libertad de elección. Aun
cuando no compartimos la asignación de privilegios desmedidos para
Administración, sí criticamos la propuesta de aplicación de criterios la
homogéneos a elementos marcadamente heterogéneos.
(2) Tras los créditos con privilegio especial –generalmente con garantía en sentido
amplio- se sitúan los créditos con privilegio general, entre otros: las cantidades
correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social derivadas del
cumplimiento de una obligación legal, así como otros créditos públicos no
privilegiados aplicables, para el conjunto de los créditos, hasta el 50% de su importe.
Cierran la prelación, por este orden, los créditos ordinarios y los subordinados.
119922
3. Los límites de la quita y la espera. En cuanto a los límites legales
de quita y espera, la Ley 22/2003, Concursal, en su artículo 100,
establecía que los límites generales (50% de quita de los créditos y 5
años de espera) podían ser superados con la existencia de un
informe de la autoridad económica competente –de cuya identidad
oncreta nunca se supo-, dotando al procedimiento en la práctica de c
una desafortunada subjetividad. La reforma recogida en el Real
Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia
tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación
económica, corrigió esta subjetividad para, sin embargo, aportar una
mayor, pues hace recaer la decisión en el juez del concurso, al que
supone gran conocedor de la trascendencia del concursado en la
economía y de las variables influyentes en la misma. Ante esta
situación somos favorables a eliminar los límites de quita y espera
contenidos en la legislación y que sean los acreedores los que
valoren si las quitas y esperas que les son propuestas se
corresponden con sus intereses y con la realidad y perspectivas
futuras del deudor.
4. Capitales coste Por último, hacemos una breve referencia a los
capitales coste - materia sobre la que el lector interesado puede
acudir a P. Madrid (2008) [3]-, ya que han surgido planteamientos
ue defienden el tratamiento de determinadas partidas como q
intereses y que, tal y como recoge el artículo 92.3 de la Ley 22/2003,
deberían clasificarse como créditos subordinados que se definen del
siguiente modo: “Los créditos por intereses de cualquier clase,
incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con
garantía real hasta donde se alcance la garantía”.
119933
El capital coste se vincula a la equivalencia actuarial entre
prestaciones futuras y aportaciones y, por tanto, su constitución se
basa en el cobro de un capital de cuantía P en el momento t para
garantizar en el instante t’ , t’ > t, un montante genérico de cuantía C,
P<C. Considerar cualquier elemento derivado de la equivalencia
actuarial como crédito subordinado conlleva que no sea posible
obtener las prestaciones garantizadas por dicha equivalencia y, de
nuevo, homogeneizar elementos verdaderamente heterogéneos. Los
componentes de la equivalencia no son ajenos a la operación
principal –tal y como sí lo es un recargo o interés por demora- ni
tienen naturaleza alguna de recargo o elemento asimilable. Por otra
parte, esta propuesta no puede ampararse en el literal del texto
normativo si éste parte de axiomas y condicionantes erróneos que no
respetan la verdadera naturaleza de las operaciones, texto que, en
este caso, debería revisarse y modificarse.
3.2. Principios de actuación
En el escenario descrito la Seguridad Social tiene un
importante y complejo reto en la valoración de los planes de
viabilidad y propuestas de financiación de la deuda contenidas en las
pretensiones de los deudores. Bajo la hipótesis de términos
pospagables, un ejemplo práctico vendría de la elección entre las
tres sencillas alternativas de satisfacción de deudas siguientes:
119944
A)
íntegramente con sus
bligaciones, algo que no tiene por qué ser considerado un suceso
ierto.
Volviendo a un hipotético caso general, una primera impresión
r un
onjunto de organizaciones con relaciones entre sí en un entorno de
lícita competencia en el que el beneficio indiscriminado hacia una
opción, además de favorecer planteamientos ineficientes o ilegítimos,
Quita del 80% de la deuda y pago del 20% restante en 4
semestres (20%, 20%, 30%, 30% del importe aplazado tras la
quita).
B): Quita del 50% de la deuda y pago del 50% restante en pagos
semestrales del 5% del importe aplazado durante 10 años.
C): Quita del 20% de la deuda y pago único del 80% restante en
el decimocuarto semestre.
alternativas que podrían complicarse, por ejemplo, con la inclusión de
la satisfacción de una parte de la deuda a través de créditos
participativos. Estas posibilidades se basan respectivamente en el
cobro de 20, 50 y 80 unidades por cada 100 unidades de deuda,
siempre y cuando el deudor cumpla
o
c
podría llevarnos a pensar que sería conveniente que la Seguridad
Social accediese a la mayor quita posible atendiendo a la continuidad
empresarial y al mantenimiento de los puestos de trabajo, decisión
que entendemos errónea ya que fomentará la desigualdad, la
discriminación, el impago y la sensibilización hacia el fraude. El
mercado no está compuesto por una única empresa, sino po
c
119955
per
tota
cualquier opción que gravite sobre una quita en exceso no garantiza
continuidad empresarial, especialmente si no se corrigen los
mo
sali ntalar
los planteamientos eficientes hacia los que se puede dirigir la
dem
Así pues, una mal entendida acción “a favor” de unos puestos
Desde otra perspectiva se viene defendiendo la garantía de la
judica a quien cumple realmente con sus obligaciones y soporta
lmente los costes impuestos por la Administración. Por otra parte,
la
tivos que ocasionaron la insolvencia, y no puede olvidarse que la
da del mercado de planteamientos ineficientes puede apu
anda y, en cierta medida, el empleo de los primeros.
de trabajo, de medición directa, crearía una disfunción que puede
suponer una pérdida mayor de puestos de trabajo por una vía
indirecta y un fomento del impago a las arcas públicas. Sin embargo,
el polo opuesto, la exigencia total e inmediata de las deudas, puede
no ser deseable en ciertos casos puesto que la falta de flexibilidad
puede llevar a la liquidación innecesaria de empresas viables.
deuda como elemento suficiente en la toma de decisiones, criterio
creemos que inadecuado puesto que el bien garantizado puede sufrir
una obsolescencia superior a la esperada en el plazo de la
financiación, siendo su verdadero valor residual y no representativo
de la deuda pendiente, algo factible en el caso de bienes muebles y
maquinaria. La deseable existencia de una garantía busca, entre
otros aspectos, evitar la liberalidad de las Administraciones Públicas
respecto a sus derechos y el propio sustento de los mismos en
defensa de los correspondientes a los ciudadanos. La
Administración, al igual que las entidades financieras con los activos
119966
inmobiliarios, no tiene por labor principal el mantenimiento en
balance, la gestión y la enajenación de activos garantizados que
hayan pasado a formar parte de su patrimonio, actividad colateral
que conlleva costes adicionales de distinta índole aunque busque
reducir las pérdidas para la Administración en sus relaciones con
terceros.
Además, si se recurre a las alternativas de nuestro ejemplo, la
arantía total de las tres operaciones propuestas, aunque es un
ios no
ngan que ser convergentes con los intereses del acreedor, sobre
g
factor deseable, tampoco aporta la total solución al proceso de toma
de decisiones ni ayuda a determinar la solvencia empresarial o a
evitar el compromiso con proyectos claramente inviables.
En tercer lugar también se podría asumir sin reparos el criterio
que resulte de la Administración Concursal o de un tercero
interesado, cuando en la práctica es posible que tales criter
te
todo cuando las valoraciones de los administradores concursales
sobre los planes de viabilidad son meros elogios de declaraciones de
intención, se orientan principalmente a la exención de
responsabilidad del profesional actuante y, a nuestro juicio, no
responden a los mínimos requisitos que les son exigibles.
Atendiendo a todo lo anterior, parece claro que la Seguridad
Social debe tener un criterio propio basado en la valoración objetiva
del procedimiento, tratando de buscar el equilibro entre derechos y
obligaciones, con una valoración lo más eficiente posible del proceso
en su conjunto y de los planes de viabilidad empresarial en particular.
119977
La búsqueda de este equilibro no debe orientarse siempre a la
recuperación de la mayor cantidad esperada de deuda sino que,
cuando sea necesario, debe plantearse la toma de decisiones en
términos de menor pérdida esperada. Se deben valorar el pasado, el
presente y el futuro del deudor con las herramientas adecuadas a
cada momento temporal e, igualmente, desde la óptica económico-
nanciera no deben perderse de vista aquellas partidas que no se
Mientras desde otras disciplinas el concurso acaba con el
eñal que a
ner en cuenta es la existencia de incrementos salariales no ligados
fi
encuentran sometidas a la propuesta de convenio pero que también
influyen en el desarrollo, liquidez y expectativas mercantiles futuras,
tal y como son los créditos contra la masa y los privilegios no
adheridos a tal propuesta.
correspondiente auto del juez, desde la perspectiva de Seguridad
Social parece deseable que la institución no pierda de vista la
evolución empresarial mientras exista deuda vigente, ya que uno de
los pilares en la toma de decisiones es la posibilidad real de
viabilidad del proyecto empresarial y uno de los valores añadidos del
tal seguimiento es la información de cara a experiencias futuras.
Dentro de la búsqueda de esa viabilidad son imprescindibles la
objetividad y la determinación de las verdaderas causas de la
insolvencia para evitar compromisos inadecuados. Una s
te
a la productividad o la situación real de la empresa y que ésta
pretende que sean obviados en los procedimientos de insolvencia.
Debe entenderse también que no hay una solución común
válida para todos los deudores, pues cada uno de ellos tiene una
119988
capacidad y una idiosincrasia propia, así como unas necesidades
particulares bien definidas. Cada empresa es única y, por tanto, no
parece adecuado aplicar una misma política para todo deudor, por
ejemplo, una quita de recargos o la concesión de simples
aplazamientos por los máximos legales permitidos, ya que pueden
ser inapropiadas por exceso o por defecto. Ahora bien, aunque cada
procedimiento tiene sus propias características, tampoco debe
descartarse que algunos puedan tener algún espacio común muy
concreto y debería evitarse la aplicación de criterios heterogéneos a
variables con cierto nivel de homogeneidad. Debería así limitarse la
variabilidad que se pueda originar, por ejemplo, por la existencia de
istintos lugares de procedencia del concurso en los que se apliquen
la
aloración empresarial, sino desde la determinación de la
d
sin necesidad diferentes criterios de partida.
Por otra parte, debemos destacar que, entre las variables
imprescindibles en la valoración del procedimiento se encuentran los
capitales -minorados por la quita si procede-, el plazo, la estructura
de vencimientos, los tipos de capitalización y descuento de flujos y,
sobre todo, el riesgo. Esta variable es prioritaria y permite una
valoración más adecuada del procedimiento en términos económicos
sin que, por otra parte, se deban olvidar el coste de oportunidad o
cuáles son las necesidades empresariales y cómo se pueden
conjugar con la máxima defensa de los derechos de carácter público.
El riesgo importa no solamente desde la perspectiva de
v
sensibilidad por parte del decisor hacia dicho riesgo. Si retornamos a
las alternativas del ejemplo, consideraremos inadecuada la toma de
119999
decisiones en base a la mera comparación de las cantidades 20, 50 y
80 unidades por cada 100 unidades de deuda puesto que, mientras
la toma de decisiones se produce a priori, la culminación de un
procedimiento que ha evolucionado en ambiente de riesgo solamente
será conocida a posteriori y finalizará en los términos indicados sí y
solo sí el deudor cumple íntegramente con sus obligaciones.
De las tres alternativas planteadas el lector pudiera estar
interesado en conocer cuál es la más interesante para el acreedor a
la vista de los datos facilitados. La respuesta necesariamente ha de
venir dada por la resolución previa –al menos- de otra cuestión: ¿cuál
es el riesgo de cada alternativa?, pues dependiendo de la valoración
de ese riesgo cada una de las alternativas podría ser preferible a las
tras dos en el mismo instante temporal t de valoración.
ayoría particulares a cada uno de los deudores, sin perder de vista
o
4. Conclusiones
La valoración de los procedimientos concursales por parte de
la Administración debe fijarse atendiendo, entre otras cuestiones de
indudable importancia, a las valoraciones financiero-actuariales en
ambiente de riesgo, tratando de identificar y objetivar, en la medida
de lo posible, las variables fundamentales del procedimiento, la
m
a estos como unidad económica con capacidad propia y con
capacidad relacionarse con terceros.
220000
Esta forma de actuación, que también tiene su aplicación en
los aplazamientos ordinarios de cuotas, debe acompañarse de la
limitación de la demora en la determinación de la satisfacción de las
partidas no sujetas al concurso de acreedores y de un seguimiento
de los compromisos que los deudores tienen con la Administración.
Si existen casos en los que, o no se valora la situación empresarial
esde un punto de vista económico y financiero-actuarial o esta
. Bibliografía
09): La reforma inarmónica de la Ley Concursal.
ctualidad Jurídica Aranzadi. Nº 775. Págs. 8-14.
o del Trabajo y de la Seguridad
ocial. Nº 17.
d
función es realizada por personal no especializado en la valoración
en ambiente de riesgo o los métodos aplicados no son adecuados,
debería corregirse esta forma de actuación al no ser deseable, ni
desde la perspectiva profesional, ni desde la de defensa de los
derechos de los ciudadanos.
5
[1] Beltrán, E. (20
A
[2] Hernández, D. (2009): El concurso de acreedores: ¿un nuevo
campo de actuación para el actuario?. Actuarios, nº 28.
[3] Madrid, P. (2008): Nuevos criterios técnicos para la liquidación de
los capitales coste de pensiones y prestaciones periódicas de la
Seguridad Social. Problemas e interpretaciones. Resoluciones
judiciales. Revista General de Derech
S
220011
220022
DESESTACIONALIZACIÓN DE SERIES TEMPORALES
Elena Montserrat León do Campo Estadística de la Administración de la Seguridad Social. Tesorería General
de la Seguridad Social.
Elena Morán Blanco mista de la Administración de la Seguridad Social. Tesorería General
de la Seguridad Social.
. Introducción
Con frecuencia, especialmente en el ámbito económico y en
eneral en las ciencias sociales, las observaciones sobre las
aracterísticas de una determinada población se realizan ligadas al
empo. Así, por ejemplo, los datos de afiliación a la Seguridad Social
e publican mensualmente. Esa observación repetida en el tiempo da
gar a una serie temporal, es decir, una sucesión de observaciones
uantitativas de un fenómeno ordenadas en el tiempo.
Para que el análisis de una serie temporal proporcione
onclusiones acertadas es imprescindible que los datos sean
omparables y homogéneos(1) entre sí. El objetivo del análisis de
eries temporales consiste, por un lado, en explicar las variaciones
bservadas en la serie en el pasado, tratando de determinar si
sponden a un determinado patrón de comportamiento. Por otro
) No se debe cambiar la metodología de observación ni las definiciones, no debe
arse la población de referencia, etc.
Econo
1
g
c
ti
s
lu
c
c
c
s
o
re
(1
modific
220033
lad el
comportamiento futuro de la serie. En definitiva, lo que se pretende
con una serie ortamiento de
u
2. Componentes de u
La forma más sencilla de iniciar el análisis de una serie
mporal es mediante su representación gráfica. Para ello se emplea
iano en el que los periodos de tiempo se sitúan en
l eje de abscisas y los valores de la serie, yt, en el eje de ordenadas.
Median
o, si se consigue definir ese patrón, se intentará predecir
temporal es describir y predecir el comp
n fenómeno que cambia a lo largo del tiempo.
na serie temporal
te
un sistema cartes
e
te este tipo de representación se pueden detectar las
características más sobresalientes de una serie(2), resultado de las
siguientes componentes:
Afiliados medios Seguridad Social. Rama de Industria
2.720.000
2.520.000
2.570.000
enero 200
2.620.000
2.670.000
1
abril 2001
julio 2001
octubre
2001
enero 2002
abril 2002
julio 2002
octubre
2002
enero 2003
abril 2003
julio 2003
octubre
2003
enero 2004
abril 2004
julio 2004
octubre
2004
enero 2005
abril 2005
julio 2005
octubre
2005
enero 2006
abril 2006
julio 2006
octubre
2006
enero 2007
abril 2007
julio 2007
octubre
2007
enero 2008
abril 2008
julio 2008
octubre
2008
uente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS F
220044
(2) Características tales como el movimiento a largo plazo, la posible existencia de
ciclos, la presencia de valores atípicos o anómalos, etc. Tendencia (T)
Es la componente que recoge el comportamiento de la serie a
rgo plazo. Este movimiento a largo plazo suele responder a una
ento o estabilidad y puede
ner diferentes formas: lineal, exponencial, parábola, logística, etc.
la
determinada ley de crecimiento, decrecimi
te
Estacionalidad (E)
Es la componente que recoge el comportamiento de la serie a
corto plazo. Se trata de movimientos de la serie que se repiten de
forma periódica. La razón de estas variaciones se basa en causas de
tipo climatológico o simplemente de calendario (día de la semana,
stación del año, etc.). La periodicidad generalmente es el año,
aunque puede ser el mes, la semana o incluso el día.
Componente irregular (R)
e
Esta componente no responde a ningún patrón de
comportamiento, sino que es el resultado de factores fortuitos o
aleatorios que inciden de forma aislada y no permanente en una
serie. Se dice que es todo aquello que no recogen las otras
componentes.
lo (C)Existe una cuarta componente, el Cic , que tiene un
arcado carácter económico. Es el resultado de la sucesión de las
fases expansivas y recesivas de la economía. Son movimientos a
m
220055
medio plazo que se repiten de forma casi periódica, aunque no son
tan regulares como las variaciones estacionales. Esta componente
e aislar por lo que suele ir unida a la tendencia dando
gar a la componente Ciclo-Tendencia (CT)
resulta difícil d
lu .
a
ara, posteriormente, agregar los análisis parciales en un resultado
entificar algún
atrón de interés en su evolución que ayude a entender la progresión
licación de modelos ARIMA suele realizarse
or descomposición, analizando en primer lugar la tendencia de la
serie, p
na serie temporal es una realización concreta con unos
valores
La interacción de estas cuatro componentes genera la serie
temporal. La idea básica del análisis de series consiste en que cada
una de estas componentes puede ser analizada de forma separad
p
conjunto.
3. Modelización ARIMA
La modelización ARIMA va más allá de las componentes
clásicas de una serie, analizando la componente no sistemática, de
carácter aparentemente aleatorio, para tratar de id
p
de la serie completa. La ap
p
asando después a observar la estacionalidad y concentrándose
finalmente en la identificación de la componente filtrada de tendencia y
estacionalidad. Esta metodología fue desarrollada en 1970 por Box y
Jenkins.
U
concretos de un proceso estocástico. La metodología ARIMA
puede usarse si se conocen las características que tiene este proceso
220066
(cuál es la esperanza matemática de sus variables, su varianza y las
relaciones entre variables separadas en el tiempo) y se observa
además que estas características se mantienen en un horizonte
temporal adecuado, puesto que el uso de modelos ARIMA como
strategia de predicción de series temporales sólo tiene sentido si
estas c
ientes momentos. Asimismo, cada conjunto de variables
ndrá su correspondiente función de distribución conjunta y sus
nciones de distribución marginales. Habitualmente, conocer esas
resulta complejo de forma que, para
aracterizar un proceso estocástico(3), basta con especificar la media y
varia
a por los llamados coeficientes de autocorrelación, que se
alculan del siguiente modo:
e
aracterísticas permanecen en el tiempo.
Cada una de las variables yt que configuran un proceso
estocástico tendrá su propia función de distribución con sus
correspond
te
fu
funciones de distribución
c
la nza para cada yt y la covarianza para variables referidas a
distintos valores de t:
μ tt =]YE[
] 2t-ytE[=)ytVar(=2
t μσ
)]s-y s)(t-ytE[(=)y s,ytCov(=t μμγ
La Función de Autocorrelación (FAC) es una función
compuest
c
(3) Se define un proceso estocástico como una sucesión de variables aleatorias Yt
ordenadas, pudiendo tomar t cualquier valor entre -∞ y ∞. Si hablamos de proceso
220077
estocástico en el contexto del análisis de series temporales este subíndice
representará el paso del tiempo.
0γγρ k
k = donde k = ± 1, 2± , …
Tanto los coeficientes de la función de autocovarianza como los
oeficientes de la función de autocorrelación son simétricos con
spec
las FAC y las FAP son independientes del
empo. Las series temporales usuales están constituidas por
observaciones históricas, es decir, no proceden de un experimento y
por tanto, son irrepetibles. Una serie temporal puede contemplarse
como una sola prueba de un experimento ale torio multivariante y
constituye lo que se denomina una realización del proceso. Cuando
un proceso estocástico cumple ciertas condiciones es posible estimar
ntemente sus características a partir de una realización del
) Por ejemplo, un proceso estocástico estacionario es ergódico en la media, �, si
c
re to a k y, en principio, son independientes del subíndice t, es
decir, estos coeficientes son constantes a lo largo del tiempo y
dependen únicamente del retardo k.
La Función de Autocorrelación Parcial (FACP) es una
función que para cada instante t y cada entero k, toma un valor igual
a la correlación entre Yt e Yt-k ajustada por el efecto de los retardos
intermedios Yt-1,.....,Yt-k-1. El interés en que el proceso sea
estacionario es que
ti
a
consiste
mismo. Los procesos que cumplen tales condiciones se denominan
ergódicos(4)
(4
es posible estimar consistentemente este parámetro haciendo uso de la media
220088
muestral temporal. De forma análoga puede hablarse de ergodicidad respecto a la
autocovarianza. Decimos que un proceso estocástico es estacionario en
sentido estricto si las func bución conjuntas son
invariantes en el tiempo:
iones de distri
my k t, ∀)Y,.....,Y,YF(=)Y,.....Y,YF( m+k+tm+1+tm+tk+t1+tt
y se dice que un proceso estocástico es débilmente estacionario si:
YE[=]YE[ m ] ∀m+tt
m ]YVar[=]YVar[ m+tt ∀∞≠= 2σ
m )Y,YCov(=)Y,YCov( m+sm+tst ∀
Los modelos ARIMA tratan de expresar la evolución de una
variable yt de un proceso estocástico en función del pasado de esa
variable o de impactos aleatorios que esa variable sufrió en el pasado.
Para ello, se utilizarán dos tipos de formas funcionales lineales
sencillas: los modelos AR (Modelos Autorregresivos), y los modelos
MA (de Medias Móviles).
MODELOS AUTORREGRESIVOS
Un modelo AR (autorregresivo) es aquel en el que la variable
endógena de un período t es explicada por las observaciones de ella
e
siguiente:
misma correspondientes a períodos anteriores mas un término de
rror. La expresión genérica de un modelo autorregresivo AR(p) es la
220099
tp-tp2-t21-t10t a+Y+......+Y+Y+=φ φ φ φY
geométrico puro ó con alternancia de
ignos o bien sinusoidal. La FACP se anulará para retardos superiores
al valor de p.
Un modelo MA (de medias móviles) es aquel que explica el
valor de una determinada variable en un período t en función de un
término independiente y una sucesión de términos de error
orrespondientes a períodos precedentes, co venientemente
q-tq2-t21-t1t
Para identificar un modelo AR(p) es necesario estudiar la forma
de sus funciones de autocorrelación. La FAC ha de presentar
decrecimiento rápido de tipo
s
MODELOS DE MEDIAS MÓVILES
c n
ponderados.
La expresión genérica de un modelo de medias móviles
MA(q) es la siguiente:
a+=Y t a+....+a+a+μ θ θ θ
MA(q) es necesario estudiar la
rma de sus funciones de autocorrelación. La FAC se anulará para
. Es fácil descartar un modelo puro (AR ó MA) si en
Para identificar un modelo
fo
retardos superiores al valor de q. La FACP ha de presentar
decrecimiento rápido de tipo exponencial ó sinusoidal.
En la práctica los modelos que se emplean contienen una parte
AR y otra MA
221100
ambas funciones de autocorrelación se observa que los valores
iniciales no tienen patrón fijo y van seguidos de una mezcla de
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la componente
movimientos que se repiten de
rma periódica. Hoy en día es comúnmente aceptada la definición
año, debido a que los
cambios de la meteorología, las características de los
d
fectan directa o indirectamente a las
decisiones de consumo y de producción tomadas por los
agentes de la economía. Estas decisiones están
influenciadas por las dotaciones, las expectativas y
p
nta la serie de
s trabajadores afiliados a la Seguridad Social desde enero del año
oscilaciones sinusoidales y/o exponenciales amortiguadas.
4. Desestacionalización de series temporales
estacional de una serie recoge los
fo
de Hylleberg (1992) sobre la estacionalidad:
La estacionalidad es el movimiento sistemático, aunque
no necesariamente regular, producido en las variables
económicas durante el curso del
istintos periodos del calendario y el momento de la toma
de decisiones, a
referencias de los agentes, y las técnicas de producción
disponibles en la economía.
El gráfico que se muestra a continuación represe
lo
2001. Como puede observarse, dicha serie tiene una acusada
estacionalidad dado que en los meses de agosto y de enero de cada
221111
año se produce un descenso de la afiliación que vuelve a
recuperarse en los meses de septiembre y febrero.
Total afiliados medios a la Seguridad Social
20.000.000
15.000.000
16.000.000
17.000.000
00
0
18.000.0
19.000.000
enero 20 1
abril 2001
ju lio 2001
octubre
2001
enero 2002
abril 2002
ju lio 2002
octubre
2002
enero 2003
abril 2003
ju lio 2003
octubre
2003
enero 2004
abril 2004
ju lio 2004
octubre
2004
enero 2005
abril 2005
julio 2005
octubre
2005
enero 2006
abril 2006
ju lio 2006
octubre
2006
enero 2007
abril 2007
ju lio 2007
octubre
2007
enero 2008
abril 2008
julio 2008
octubre
2008
Fuent
tas
obser as
con l un
increm os
period ón
y tod de
come los meses de verano descienden
e forma acusada. Estas oscilaciones periódicas que se producen de
una m
e: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS
Si descendemos en el análisis a actividades concre
vamos que la serie de los afiliados a actividades relacionad
a hostelería tiene una gran estacionalidad, produciéndose
ento de los mismos en los meses de verano así como en l
os vacacionales. Al contrario que en la actividad de Educaci
as las actividades que la misma arrastra (servicios
dores, limpieza, etc.), que en
d
anera similar cada año entorpecen el análisis de la evolución
de la afiliación a la Seguridad Social, fundamentalmente si estamos
llevando a cabo un análisis a corto plazo.
221122
Por tanto, al analizar una serie temporal (centrando el estudio
en series temporales de variables económicas) nos encontramos con
ue en múltiples ocasiones dicho análisis no puede efectuarse sobre
los datos originales de la misma ya que estos contienen una serie de
oscilaciones que se repiten cada año de forma sistemática, que
afectan de forma similar cada vez y que, como consecuencia,
dificultan el análisis pudiendo llevarnos a la obtención de
conclusiones equivocadas.
Para observar el componente estacional de la serie conviene
disponer de un número de observaciones adecuado para aislar de
forma conveniente el patrón de comportamiento de la estacionalidad.
Es deseable, además, contar con un procedimiento que extraiga
dichas oscilaciones, es decir, que elimine la estacionalidad de la
nos con la parte
fundamental del fenómeno económico.
luidas en la ecuación de
regresión (el filtro más simple que se puede aplicar)
q
serie temporal con el fin de que podamos quedar
Durante muchos años, la presencia de estacionalidad en los
datos ha sido considerada como un elemento prescindible a la hora
de realizar un análisis de la serie. Con el objeto de facilitar el trabajo
a los investigadores, los propios organismos oficiales de estadística
han desarrollado métodos para ofrecer los datos
desestacionalizados. Los procedimientos de ajuste estacional son
varios, dependiendo del estudio que se quiera realizar. Entre ellos
cabe destacar:
• Variables ficticias estacionales inc
221133
•
iclos Económicos son comunes los filtros
pasabanda, por medio de los cuales se filtran las frecuencias
pañoles es TRAMO-SEATS,
plicación creada por el Banco de España y que también es utilizada
por a
rograma X-12 ARIMA estima el impacto de las
scilaciones estacionales sobre la base de medias móviles aplicadas
a p
Aleman
El filtro de diferencias estacionales empleado en la
metodología desarrollada por Box y Jenkins (1976) (elimina
las raíces unitarias en la frecuencia de largo plazo y en todas
las frecuencias estacionales)
• La oficina del Censo de EEUU ha elaborado filtros más
complejos como el X-11 _o X-12, (Shiskin et al. (1967)), a
partir de los cuales ofrecen los datos desestacionalizados.
• En la Teoría de los C
más bajas, relacionadas con la tendencia, y aquellas
frecuencias altas que recogen el comportamiento estacional
del corto plazo.
Los programas más utilizados para desestacionalizar series
temporales son X-12 ARIMA y TRAMO-SEATS. El programa más
utilizado por los organismos oficiales es
a
p íses como Austria, Bélgica e Italia. TRAMO-SEATS es un
programa que en primer lugar busca el modelo ARIMA más
adecuado que recoja el comportamiento de la serie temporal,
modelizando tanto la parte regular de la serie temporal como la parte
estacional de la misma. A continuación, en base a dicho modelo,
descompone la serie en sus principales componentes: componente
ciclo-tendencia, componente estacional y componente irregular. Por
su parte, el p
o
eriodos estacionales. Es utilizado por países tales como Francia y
ia.
221144
En el siguiente gráfico se muestra la serie de afiliados a la
ad Social de la rama de actividad de Industria desde el año
el ajuste estacional que proporciona TRAMO-SEATS.
Segurid
2001 y
Afiliados medios Seguridad Social. Rama de Industria
2.520.000
2.570.000
2.620.000
2.670.000
2.720.000
enero 2001
abril 2001
ju lio 2001
octubre
2001
enero 2002
abril 2002
ju lio 2002
octubre
2002
enero 2003
abril 2003
ju lio 2003
octubre
2003
enero 2004
abril 2004
ju lio 2004
octubre
2004
enero 2005
abril 2005
ju lio 2005
octubre
2005
enero 2006
abril 2006
ju lio 2006
octubre
2006
enero 2007
abril 2007
ju lio 2007
octubre
2007
enero 2008
abril 2008
ju lio 2008
octubre
2008
Dato original Ajuste estacional
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS
Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todas las
series económicas incorporan variaciones estacionales en su
evolución. Piénsese, por ejemplo, en la evolución de los tipos de
interés fijados en el mercado monetario o en la evolución de la
cotización del dólar-euro. Los movimientos de ambas variables
obedecen a cambios en la coyuntura económica y no a causas
estacionales. El análisis del comportamiento de estas variables
económicas debe realizarse a través de modelos econométricos que
analicen el comportamiento de las mismas en función de la variación
de otras variables económicas.
221155
Por otra parte, existen series económicas que aunque por su
naturaleza puedan contener una componente estacional, en la
práctica ésta sea imperceptible o prácticamente nula. Si observamos
el gráfico que aparece a continuación donde se representa el
comportamiento de la serie de afiliados no asalariados de la rama
ción de la
variable es prácticamente plana.
agricultura, se puede observar que la línea de evolu
Afiliados medios a la Seguridad Social. No asalariados - rama Agricultura
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
ener
o 20
01ab
ril 2
001
julio
200
1oc
tubr
e 20
01en
ero
2002
abril
200
2ju
lio 2
002
octu
bre
2002
ener
o 20
03ab
ril 2
003
julio
200
3oc
tubr
e 20
03en
ero
2004
abril
200
4ju
lio 2
004
octu
bre
2004
ener
o 20
05ab
ril 2
005
julio
200
5oc
tubr
e 20
05en
ero
2006
abril
200
6ju
lio 2
006
octu
bre
2006
ener
o 20
07ab
ril 2
007
julio
200
7oc
tubr
e 20
07en
ero
2008
abril
200
8ju
lio 2
008
octu
bre
2008
uente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS F
221166
Por tanto, antes de realizar el estudio de una variable
económica hay que tener en cuenta que cada serie económica tiene
unas características propias que han de conocerse antes de
proceder al análisis de la misma.
Para llevar a cabo el análisis de coyuntura sería deseable
trabajar con la tendencia, pero en la práctica se trabaja con la serie
ajustada de estacionalidad ya que ello aporta diversas ventajas. En
primer lugar la componente irregular puede aportar información
económica por sí misma de tal manera que si se trabaja únicamente
con la
El procedimiento es el siguiente: con los datos disponibles
hasta el año n se desestacionaliza la serie económica hasta dicho
momento, obteniendo los factores de ajuste estacional que son el
cociente de dividir el dato de la serie original entre el dato de la serie
desestacionalizada en cada periodo de observación (en caso de un
modelo multiplicativo). A medida que se obtienen las observaciones
del año n+1, en lugar de estimar un nuevo modelo y obtener nuevos
datos con ajuste estacional, estos se calculan aplicando a la nueva
observación del año n+1, el coeficiente del mismo mes del año n.
Cuando se disponga de la totalidad de las observaciones del año n+1
mica y a obtener
tendencia de la serie se eliminaría la información que aporta
dicha componente. En segundo lugar, trabajar con la serie ajustada
de estacionalidad permite trabajar con los factores de ajuste
estacional del año anterior y así no tener que someter éstos a
continua revisión cada vez que se conoce un nuevo dato de la serie
observada.
se procederá de nuevo a modelizar la serie econó
221177
nuevos
l suavizado de la serie no debe
uponer la eliminación de información económica que sea relevante
para su
por rama de actividad que publica la Tesorería General
de la Seguridad Social se realiza en primer lugar la
desest
factores de desestacionalización a aplicar a las
observaciones del año n+2. La nueva serie ajustada de
estacionalidad debe proporcionar mensajes claros y consistentes
pero teniendo en cuenta que e
s
análisis.
Existen dos métodos para desestacionalizar serie temporales
agregadas, el enfoque directo y el enfoque indirecto. El enfoque
directo consiste en desestacionalizar agregando los datos originales
y realizar el ajuste estacional sobre dicho dato agregado. El enfoque
indirecto, sin embargo, consiste en agregar los datos
desestacionalizados que integran la serie.
Por ejemplo, para llevar a cabo el ajuste estacional de la serie
de afiliados
acionalización de cada rama de actividad: agricultura,
industria, construcción y servicios. Para eliminar la estacionalidad de
la serie del total de afiliados a la Seguridad Social se puede optar por
dos alternativas: por el método directo se sumarían los datos de
todas las series originales y se desestacionalizaría el resultado,
siendo éste el método utilizado en la práctica. Por el método indirecto
se sumarían las series desestacionalizadas de cada una de las
ramas obteniendo la serie ajustada del total de afiliados a la
Seguridad Social.
221188
Igualmente, Eurostat, cuando lleva a cabo la agregación de
los datos proporcionados por los distintos países de la Unión
Europea, opta por la desestacionalización por el método directo,
sumando los datos originales de las series temporales susceptibles
de ser desestacionalizadas y realizando entonces el ajuste estacional
correspondiente. Para aplicar el método indirecto sería necesario que
ada país utilizase los mismos métodos de desestacionalización
iable económica y realizar
nálisis a corto plazo de su comportamiento. El dato de afiliación
plazo de la evolución de una serie económica es
ecesario extraer la componente estacional de la misma, es decir,
extraer aquellas variaciones que se producen por estar en una
c
aunque en este sentido no se ha logrado un alto grado de
armonización en esta materia.
En resumen, para llevar a cabo un análisis de coyuntura, es
necesario ajustar las series temporales de estacionalidad, con el fin
de observar una evolución firme de la var
a
media a la Seguridad Social, uno de los indicadores más relevantes
del comportamiento del mercado de trabajo en España, el cual es
publicado con periodicidad mensual, se ajusta de estacionalidad
para poder realizar el cálculo de tasas intemensuales de datos
homogéneos y por lo tanto comparables entre si.
5. Desestacionalización de series temporales ante el cambio de ciclo Como se ha mencionado anteriormente, para llevar a acabo
un análisis a corto
n
221199
determ
nal de los datos más recientes de la
ariable económica puede incrementar la incertidumbre ya que es
difícil a
tacionalizados. No
bstante, a pesar de la existencia de esta incertidumbre, es preferible
evar a cabo el ajuste estacional en aquellas series que presenten
var a cabo el análisis de coyuntura.
inada época del año y que se repiten de forma sistemática en
los mismos periodos en una cuantía similar. Sin embargo, en un
momento como el actual, en el que se está produciendo una fuerte
recesión en la economía, es más difícil determinar que parte de la
variación de la variable se debe a un comportamiento estacional y
por tanto aumenta la incertidumbre a la hora de estimar la serie
desestacionalizada.
Una evolución excepcio
v
islar qué parte del movimiento se debe a la estacionalidad de
la serie y qué parte al comportamiento general de la serie. Por tanto,
en épocas de fuerte recesión o de gran expansión económica, la
identificación y estimación del patrón estacional de las series
temporales conlleva más incertidumbre que en periodos de una
mayor estabilidad. De esto se desprende, por tanto, que en la
actualidad cabe tener una mayor precaución a la hora de interpretar
los indicadores de evolución a corto plazo tales como las tasas
intermensuales calculadas sobre los datos deses
o
ll
estacionalidad ya que nos proporciona información complementaria
para lle
6. Bibliografía
222200
[1] Servicios de Estudios del Banco de España (2005): El análisis
de la economía española. Alianza Editorial.
[2] Espasa, A. y Cancelo, J.R. (1993): Métodos cuantitativos para
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Manuel Sanabria Borrego (2)
Estadístico de la Administración de la Seguridad Social.
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dirección Provincial de Sevilla
Daniel Hernández González (3)
Actuario. Cuerpo Superior de Actuarios Estadísticos y Economistas de la
Administración de la Seguridad Social
. Introducción
La pensión de viudedad, encuadrada dentro de las
restaciones de muerte y supervivencia de la Seguridad Social, tiene
u razón de ser en la sustitución de las rentas perdidas a causa del
llecimiento del cónyuge -o asimilado en los términos recogidos en
legislación actual-, si bien este espíritu se ha ido diluyendo con las
) Los autores tienen conocimiento de que actualmente se está elaborando por la
onsejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía el Libro
anco del envejecimiento activo. Existe ya un documento marco de análisis y
flexión, y diversos grupos de trabajo elaboran aportaciones entre las que figura la
uesta de mejora de la pensión de viudedad (D. Camilo Fernando Hernández
eón, y D. José Ramón Bejines), mediante una reformulación global de la misma,
on similar inspiración y los mismos fines que son desarrollados en el presente
rtículo.
) Correo electrónico: [email protected]
(3) Correo electrónico: [email protected]
1
p
s
fa
la
(1
C
bl
re
prop
L
c
a
(2
222233
con sta
p
Las reformas de los últimos años se han centrado en el
reconocimiento de derechos aten sticas del
beneficiario superviviente y a su l causante fallecido,
mientras qu
stado vinculada principalmente al incremento de los porcentajes que
se aplican a la ba la cuantía de la
p
materia.
eamientos que se recogen en este trabajo se
rientan a la determinación de la pensión de viudedad atendiendo a
iendo posible su articulación práctica a través de múltiples
lternativas y destacando, por encima de todo, su filosofía.
nto de situaciones que se derivarían al sistema no
tinuas modificaciones legislativas que han afectado a e
restación.
diendo a las caracterí
relación con e
e, desde una perspectiva económica, su incidencia ha
e
se reguladora para la obtención de
restación, con el consiguiente aumento del gasto público en la
Los plant
o
las cantidades ya consumidas por la prestación de jubilación,
buscando, entre otros objetivos, mejorar la sostenibilidad del sistema
y la posibilidad de incrementar las cuantías mínimas establecidas por
ley. En este sentido, el planteamiento general difiere de las
tendencias legislativas que se han plasmado en los últimos años,
s
a
La adopción de un sistema que se guíe por los principios aquí
propuestos daría lugar a una reducción en el coste de la prestación
en su vertiente contributiva, produciéndose una traslación de una
parte de dicho coste hacia la financiación impositiva debido al
increme
contributivo.
222244
2. Las prestaciones de viudedad en la Seguridad Social española El capítulo VIII del Título II del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, recoge los preceptos básicos
de la pensión de viudedad, ya sea temporal o vitalicia.
Será beneficiario de una pensión de viudedad el cónyuge
superviviente al fallecimiento del cónyuge generador del derecho,
con los requisitos de situación en alta o asimilada, cotización, origen
el óbito, vínculo matrimonial y otros aspectos relacionados
”.
ea el concepto de beneficiario y sus relaciones con el
d
contenidos en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo
mencionado. Por otra parte, según el artículo 174.bis de dicho texto,
“cuando el cónyuge superviviente no pueda acceder al derecho a
pensión de viudedad por no acreditar que su matrimonio con el
causante ha tenido una duración de un año o, alternativamente, por
la inexistencia de hijos comunes y reúna el resto de requisitos
enumerados en el apartado 1 del artículo 174, tendrá derecho a una
prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad
que le hubiera correspondido y con una duración de dos años
Las pensiones de viudedad han sido objeto de remodelación
continua desde los años sesenta desde diversos puntos de vista,
habiéndose aumentado sucesivamente los porcentajes que se
aplican a la base reguladora para determinar el importe de la pensión
y también definido con mayor precisión y adaptación a la realidad
contemporán
222255
causante. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Estado para
2006, BOE 30 de diciembre 2005, en su disposición adicional
uincuagésima cuarta, sobre la pensión de viudedad, indicaba que:
gido a que la
isma recupere su objetivo de prestación sustitutiva de las rentas
en el
ampo de aplicación (parejas de hecho, del mismo sexo,
q
“El Gobierno presentará ante el Congreso de los Diputados, previa su
valoración y análisis con los agentes sociales en el marco del diálogo
social, un proyecto de Ley que, dentro de un contexto de
reformulación global de la pensión de viudedad, diri
m
perdidas como consecuencia del fallecimiento del causante y
posibilite, igualmente, el acceso a la cobertura a las personas que,
sin la existencia de vínculo matrimonial, conformen un núcleo familiar
en el que se produzca una situación de dependencia económica y/o
existan hijos menores comunes, en el momento de fallecimiento del
causante”, mientras que la recomendación duodécima del Pacto de
Toledo: “Reforzamiento del principio de solidaridad” ha tenido un
intenso desarrollo, buscando la cobertura efectiva de las necesidades
producidas tras el fallecimiento y la mejora de las pensiones de
viudedad de las personas sin recursos.
Las recientes medidas adoptadas, que suponen una mejora
de importes en situaciones de especial necesidad y un aumento
c
compatibilidad SOVI), ocasionan en su conjunto un lógico incremento
de gasto. Sin embargo, cualquier medida que tenga como objetivo
recuperar para la pensión de viudedad su carácter de prestación
sustitutiva de rentas perdidas debería buscar una menor protección
para los beneficiarios con rentas suficientes, trabajo u otras
prestaciones del sistema, aun cuando esta idea choca frontalmente
222266
con la realidad actual de la prestación. Por otra parte, el cotizante
actual -posible futuro causante- tiene la percepción subjetiva de que
sus cotizaciones no pueden ser ignoradas y que una minoración de
la pensión de viudedad es una afrenta al “contrato de seguro” que ha
suscrito, independientemente de la situación del beneficiario. Así es
“socialmente” entendido el aspecto contributivo del sistema.
El proceso de revisión que ha tenido lugar en el pasado
inmediato, lejos de agotarse, tiene diversidad de opciones
adicionales de modificación que pasan, entre otras, por un nuevo
aumento del porcentaje aplicable a la base reguladora para el cálculo
del importe de la pensión, la financiación de la prestación o de una
parte de la misma por vía impositiva –por ejemplo los incrementos
adicionales sobre el tipo general aplicado- o la expansión de la
diferenciación de los colectivos de beneficiarios según la situación de
los mismos, puesto que no es lo mismo la viudedad de un
beneficiario con capacidad para obtener un patrimonio propio que la
de una persona con dependencia económica absoluta del finado.
De estas alternativas podemos ver, de forma breve, que el
aumento del tipo a aplicar sobre la base reguladora conllevaría una
mejora indudable en las prestaciones, pero también un incremento
de gasto público y de Seguridad Social y, sin entrar a valorar otros
aspectos sociales más delicados, dotaría al sistema de una
ineficiencia poco deseable; en una prestación de jubilación con una
base reguladora de importe C unidades monetarias, de la que el
beneficiario con quince años de cotización recibiría un porcentaje j =
50% de C, su fallecimiento y la generación del derecho a una
222277
pensión de viudedad llevaría este porcentaje a v = 52%, con lo que
una pensión de viudedad, que pretende compensar rentas perdidas,
sería superior a aquella que genera tales rentas, algo que puede ser
más ilógico cuanto mayor sea la diferencia entre los porcentajes v y j
a favor del primero. En el caso de causantes que fallezcan en
situación de pasivo –la mayoría en la práctica-, una posibilidad para
vitar disfunciones en esta opción podría ser la determinación del
ad
úne todos los requisitos para que su reforma sea abordada con
e
porcentaje a aplicar para la viudedad de los casos agravados
teniendo en cuenta el tipo aplicado en la determinación de la pensión
de jubilación del causante y la relación entre ambos porcentajes,
estableciéndose así un sistema de tipos de carácter variable en el
que el límite de las rentas sustitutas viene dado por las rentas
sustituidas.
El futuro de nuestro sistema requiere aportaciones
equilibradas que favorezcan la sostenibilidad, buscando un difícil
equilibrio entre la reducción del gasto y la mejora de la protección a
las efectivas situaciones de necesidad. La prestación de viuded
re
esta doble ambición. En un gran número de propuestas las
modificaciones se han centrado en el beneficiario, sus características
y los requisitos de acceso, si bien en este trabajo se va a establecer
un modelo principalmente desde el punto de vista económico,
atendiendo en primer lugar a las características de quien genera el
derecho.
La propuesta aquí recogida buscará un menor coste de la
prestación mediante su racionalización y sin traumatizar los derechos
222288
de los ciudadanos. Este menor coste podría ser tan notorio que
permitiría elevar la protección en los casos agravados de necesidad,
en los que el viudo/a dispone de menores rentas, sin dejar de
suponer un ahorro efectivo. Por otra parte, insistimos, lo
verdaderamente importante de la propuesta es su filosofía, ya que
las herramientas existentes para su aplicación y desarrollo práctico
son de muy diversa índole.
3. Hacia una reforma de la pensión de viudedad contributiva desde el punto de vista económico
3.1 Objetivos de la reforma
micos, hacer frente a mejoras de las situaciones de
especial necesidad por la capacidad de aumento de la
pre
Entre los objetivos prioritarios de la propuesta podríamos enumerar
los siguientes:
1 La mejora de la sostenibilidad del sistema contributivo
economizando recursos, de manera que el importe global del
coste de la prestación en la vertiente contributiva sea
considerablemente menor al actual.
2 La búsqueda de un incremento en la eficacia del sistema
posibilitando, gracias a la existencia de más recursos
econó
stación en los casos de menos recursos del beneficiario.
222299
3. La recuperación del carácter de renta de sustitución de la
pensión de viudedad, promoviendo el acercamiento a un
equilibrio entre la contribución realizada y lo efectivamente
percibido, manteniendo el respeto de los derechos de los
ciudadanos, cotizantes y beneficiarios pero determinando las
cuantías de la prestación sin olvidar lo ya satisfecho.
Por otra parte, como valores añadidos, la propuesta podría permitir
n su desarrollo:
a que posiblemente pueda
atenderse la diversidad de situaciones a través de una ).
ción parcial antes de los 65 años. El retraso en
incorporarse a la situación de jubilado se vería de forma
(4) un futuro los requisitos con
ón de amplitud, sin que suponga quebranto económico. Por ejemplo, no
ería necesaria la viudedad temporal. Por otra parte, la relación entre
eco
com
reco
asimil
¿Ex te
aso existiría derecho a la prestación referida.
e
a) Simplificar la normativa, de maner
mecánica más sencilla (4
b) Incentivar un uso más adecuado de la jubilación anticipada y
de la jubila
directa favorecido desde la perspectiva del beneficio
económico futuro para la pareja superviviente. Por el contrario
El ahorro contributivo permitiría orientar en
vocaci
s
obligaciones y derechos ya consumidos posibilitaría enfocar el montante
nómico como un derecho transmisible a través de la legislación civil general
o patrimonio común de una sociedad de gananciales y, por tanto, el
nocimiento del derecho a pensión contributiva podría ser un problema
able al derecho civil, buscando una unificación de los derechos aplicables:
iste sociedad de gananciales u obligación de prestar alimentos? En es
c
223300
la jubilación anticipada supondrá una minoración en los
futuros ingresos contributivos del beneficiario, tal y como
podrá deducirse del desarrollo de la propuesta.
. Marco teórico y aspectos generales del sistema alternativo
3.2
Si llamamos parte contributiva de la pensión de viudedad a la
nes, y parte no contributiva a los complementos a
ínimos(5), la modificación de la prestación de viudedad que se
te de e sobre la base reguladora se calcule teniendo en cuenta la relación entre aportaciones –cuotas u obligaciones- y las
te
jub e
“res e reg que na
restación de jubilación. Por tanto, la modificación actuará
e
a
an
or
resultante del cálculo inicial -porcentaje sobre la base reguladora-
más revalorizacio
m
promueve desde estas páginas consiste en determinar el imporla prestación contributiva de tal forma que el porcentaj
prestaciones ya percibidas por el causante -esencialmen
ilación-. Metodológicamente se pretende simular el concepto d
cate”, descontando al porcentaje general a aplicar a la basuladora un porcentaje gradual en función de los años en los se ha percibido efectivamente por el causante u
pdirectamente sobre el segmento contributivo de la prestación, qu
trasladará una parte de sus costes al sistema no contributivo –que
también podría ser remodelado-, y a su vez podría permitir l
redefinición de los casos de especial necesidad gracias al ahorro
(5) Si bien los complementos a mínimos no están en la actualidad vinculados
totalmente al sistema no contributivo, se espera que en un futuro cercano se
financiados íntegramente por recursos ajenos al sistema de Seguridad Social; p
ello se hablará aquí de parte no contributiva.
223311
esp
los o
ello dencia entre los
ampos contributivo y no contributivo y sin que se deban perder de
os a
istintas prestaciones.
por
ercibir en términos esperados, pues cuanto más pensión de
erado, de manera que se otorgase mayor protección efectiva en
casos de carencia de rentas suficientes para el beneficiario, tod
con la limitación de la necesaria correspon
c
vista las relaciones entre los complementos a mínimos asignad
d
La parte contributiva de la prestación alcanzará su máximo en
aquellos casos en los que el tiempo de cotización haya sido más
elevado y el causante no haya llegado aún a percibir la prestación de
jubilación. En el otro extremo, la parte contributiva de la prestación
quedaría nula en aquellos supuestos en que a una edad avanzada
del causante, la pensión de jubilación ya percibida hubiese superado
los límites fijados. Sin embargo, esta falta de cuantía contributiva se
compensaría con la percepción de una prestación no contributiva
cuyo incremento de valores mínimos podría estudiarse atendiendo a
la futura separación definitiva de fuentes de financiación, mientras
que también sería necesario estudiar con datos reales la relación que
debe existir entre prestaciones contributivas y no contributivas para
evitar disfunciones en el sistema en su conjunto.
En aquellos casos en que exista una minoración de la parte
contributiva de la prestación, esta no es indiscriminada, sino que
busca la equidad entre lo aportado, lo percibido y lo que resta
p
jubilación se ha consumido, a priori, para un mismo nivel de
aportaciones, menos pensión de viudedad contributiva y también
223322
menor esperanza de vida presenta el beneficiario de la misma, al ser
la supervivencia una función real monótona decreciente.
En resumen, la pensión de viudedad quedaría configurada a
través de dos ejes: la parte contributiva, cuyo sustento es el cálculo
en función de la relación entre obligaciones y derechos consumidos,
la parte no contributiva, garantía en función de las rentas del
ivo, aunque en la
oncreción numérica se utilizarán datos globales manteniendo las
objetivos previstos; como ya hemos indicado con anterioridad, la
y
beneficiario.
4. Una alternativa práctica en la propuesta de modificación de la pensión de viudedad
4.1. Consideraciones generales
Buscando la sencillez, una mayor claridad expositiva y
atendiendo a su carácter introductorio, en nuestro desarrollo práctico
vamos a centrar la exposición en la parte contributiva, verdadero
objeto del presente trabajo, con la referencia a las contingencias
derivadas de causantes en situación de pas
c
prestaciones derivadas de activo con el sistema de cálculo vigente en
la actualidad. La metodología a seguir mantendrá como hipótesis
unos importes de base reguladora y unos requisitos jurídicos de
acceso en los mismos términos que los actuales, teniendo en cuenta
que, con la base teórica expresada en la formulación general, son
posibles un buen número de propuestas concretas que cumplan los
223333
filosofía de la alternativa es más relevante que la concreción a través
de un ejemplo determinado, que tiene múltiples alternativas.
El ejemplo práctico mantiene el esquema actual de cálculo, es
decir, un porcentaje sobre la base reguladora, pero siendo este
porcentaje P de carácter variable. Utilizaremos en este caso una
función del tipo:
⎪⎪⎨
0
⎩
⎪⎪⎧ >−=
casootro
PcjP 0100/)·( ωα
fectivamente consumido
c Tiempo efectivamente cotizado, c > 0
permitiendo acentuar o disminuir el descuento, si bien su valor
j Tiempo de jubilación e
α Tipo de aplicación máximo establecido con carácter
general
ω Coeficiente de reducción
cuyos cálculos finales pueden realizarse sin dificultad a través de una
hoja de cálculo en la que trabajaremos en años y obviaremos el
efecto del tiempo en las unidades monetarias. En esta opción, el
descuento sobre el porcentaje máximo de aplicación establecido
legalmente es directamente proporcional a los años efectivamente
percibidos de jubilación por el causante en el momento de
fallecimiento e inversamente proporcional al tiempo efectivamente
cotizado. El coeficiente ω es determinable a voluntad del legislador,
223344
teórico inicial puede establecerse por métodos de cálculo concretos.
Con un ejemplo en 105 para una cotización de 35 años se
isminuyen tres puntos (105/35 = 3) en la base reguladora por cada d
año de percepción efectiva de la jubilación antes del fallecimiento,
quedando así:
⎪⎪
⎩
⎪⎪
⎨
⎧ >−=
casootro
PcjP
0
0100/)·10552(
El valor escogido para ω presenta aquí matices de
rbitrariedad pero, estimando el tiempo medio de percepción de una
e aleja
bilación en caso
d coti ión m
ecimiento, se hace por
na sola vez el cálculo consistente en restarle al porcentaje máximo
a
pensión de viudedad en 20 años, el valor de descuento no s
considerablemente de la mitad de la percepción de ju
e zac áxima.
En definitiva, en el momento del fall
u
general (52% en la actualidad) una cuantía, que es cero cuando el
fallecido no ha percibido ningún año completo de jubilación y es más
relevante cuanta más jubilación se ha percibido, teniendo en cuenta
que los años cotizados tienen efecto contrario a la jubilación
percibida, significando un menor descuento a medida que son más
numerosos. En cuanto a la pensión de Incapacidad Permanente, esta
se considera jubilación a partir de los 65 años y, por tanto, sólo a
223355
partir de este cambio lo percibido supondría años de jubilación a
efectos de la fórmula de cálculo.
Por otra parte, nada impide establecer en el desarrollo teórico
un tipo mínimo –o una cuantía mínima- que proporcione en todos los
asos una parte contributiva en la prestación; incluso puede
considerarse una decisión muy adecuada para eliminar los posibles
desajustes entre los campos contributivo y no contributivo, si bien,
cuanto mayor sean la cuantía o el tipo garantizado menor ahorro
supondrá para el sistema.
Somos conscientes de que el carácter introductorio y la
de la esperanza de vida de la población, las
ituaciones de mayor necesidad que ahora se consideran a través de
aplicable sería el que se presenta en la tabla de la página siguiente,
c
intención divulgativa de la propuesta hace que ésta deba dotarse
posteriormente de mayor eficiencia en la formulación y abarcar
muchos de los aspectos que no han sido aquí contemplados, entre
otros, la jubilación parcial, las cotizaciones superiores a los máximos
de cálculo, la evolución
s
un porcentaje particular del 70% sobre la base reguladora, los
posibles desajustes entre los sistemas contributivo y no contributivo o
las posibles restricciones a los beneficiarios atendiendo a su
capacidad económica.
4.2 Caracterización numérica y comparación de sistemas
En aplicación de la formulación propuesta el porcentaje
223366
que utiliza como variables la edad de fallecimiento del causante, a su
vez perceptor de una prestación de jubilación causada a los 65 años,
s años completos percibidos de jubilación y los años cotizados;
ién insistimos en que este ejemplo puede
decuarse para limitar las casillas que aparecen con importe nulo, si
lo
aquellas situaciones no perceptoras de la prestación contributiva
tendrían derecho a la prestación no contributiva que se determine, no
existiendo población desamparada pero siendo necesario analizar las
relaciones entre ambos campos de protección, tal y como ya se ha
expuesto con anterioridad.
Por otra parte, tamb
a
bien esto supone siempre menor ahorro al sistema contributivo y un
reequilibrio de las relaciones entre las variables que entran en juego.
EDAD Fallecimiento
Años Jubilaciónal fallecer
>= 35 30 25 20 15
65 0 52 52 52 52 5266 1 49 49 48 47 4567 2 46 45 44 42 3868 3 43 42 40 37 3169 4 40 38 35 31 2470 5 37 35 31 26 1771 6 34 31 27 21 1072 773 8
Porcentaje Base Reguladora ViudedadAños cotizados
31 28 23 16 328 24 18 11 0
74 9 25 21 14 5 075 10 22 18 10 0 076 11 19 15 6 0 0
078 13 13 8 0 0 079 14 10 4 0 0 08
77 12 16 11 2 0
0 15 7 1 0 0 081 16 4 0 0 0 082 17 o más 0 0 0 0 0
223377
El porcentaje de pensiones de viudedad procedentes de
pasivo en la provincia de Sevilla(6) es aproximadamente el 85%, y el
causante procedente de pasivo por jubilación no suele generar en la
actualidad viudo/a con cargas familiares. Por otra parte, el porcentaje
de viudedad derivado de contingencias profesionales se sitúa en el
1.5%, mientras el gasto anual contributivo en viudedad (incluida la
parte de complementos a mínimos –cerca de 3 mil millones de euros-
tal y como está la prestación en la actualidad) para el conjunto del
stado para 2010 puede cifrarse en torno a 18.479.833.510 € -el
upondría para la prestación de viudedad contributiva la
reformulación bajo las nuevas premisas. La aplicación de distintos
porcentajes sobre la base reguladora, en los casos en los que el
fallecimiento se produce después de percibir pensión de jubilación,
ocasiona un diferente coste en la prestación, que puede
cuantificarse. Para ello, nos centraremos en el estudio en el caso
más frecuente en la práctica: pensión de viudedad causada por el
fallecido varón y beneficiaria de sexo femenino.
Metodológicamente las aproximaciones numéricas se
realizarán sobre la parte contributiva de la prestación; se recurrirá al
número de parejas de diferente sexo por cada edad del varón y de la
(6) Valoración entre el 01/01/2004 y 31/12/2008.
(7) Tomo de Síntesis de cifras y datos de los Proyectos de presupuestos de la
Seguridad Social para 2010. www.seg-social.es
E
19% del total del crédito en pensiones- para 2.306.391 pensiones
estimadas(7).
Se pretende ahora calcular la variación de coste que
s
223388
mujer en España proveniente del Censo de Población y Viviendas
2001, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. También del
INE y de sus Tablas de mortalidad del INE del año 2007 de la
población de España por sexo y edad se ha obtenido el riesgo de
muerte del varón en un año según su edad –obteniendo así el
posible número de pensiones a causar en un ejercicio- y la
esperanza de vida de la mujer según edad -para su tiempo medio de
percepción-.
Se ha asumido la simplificación consistente en suponer que
todo fallecimiento ocasiona una pensión de viudedad bajo la
ipótesis de neutralidad de esta acción en los cálculos, hecho que
mero de
llecimientos de varón esperados para el año siguiente según su
ra, cuya acción sobre los totales
de percepción del importe
h
debería comprobarse en estudios posteriores; se está
sobredimensionando así el número de pensiones, pero tanto para el
cálculo en función de la situación actual como para el cálculo con la
metodología propuesta.
Una sencilla -aunque extensa- hoja de cálculo de doble
entrada con las diferentes edades de la mujer y edades del hombre
recoge en cada celda el número de parejas existentes para cada
edad. Se añade para cada fila otra adicional con el nú
fa
edad, y otra fila más (en aplicación de la esperanza de vida de la
mujer por edades) con el número de mensualidades esperado de
percepción. Por último, se incluye una nueva fila con la aplicación del
porcentaje sobre la base regulado
arroja un “número teórico” de veces
completo de dicha base.
223399
Así, homogeneizando en términos de bases reguladoras, se
obtiene una unidad comparativa de coste sin necesidad de cuantificar
el importe de las mismas, considerando neutro para este ejemplo el
efecto de la diversidad en base. Se aplica este cálculo para la
situación actual y para la propuesta ejemplificada en los casos de 15,
20, 25, 30 y 35 años de cotización. Tal y como se ha indicado, los
años de cotización supondrían diferentes porcentajes sobre la base
en función de los años de percepción de la pensión de jubilación
ntes del fallecimiento. Un ejemplo de esta forma de actuación es el a
que se muestra a continuación:
HOMBRE … de 55 a 59 de 60 a 64 de 65 a 69 de 70 a 74 …Total Parejas … 891.656 735.155 796.913 657.789 …Riesgo Morir (por mil) … 7,34 10,97 18,25 26,84 …% Base R. … 52 52 52 52 …MUJER … … … … … … … …de 50 a 54 Parejas … 384510 76858 15876 3185 … Fallecidos … 2.822 843 290 85 …e.v.33,51 Nº pagas … Nº bases …
1.324.055 395.547 135.927 40.105 …688.509 205.684 70.682 20.854 …
de 55 a 59 Parejas … 358.879 327.773 94.231 15.147 …
.v.28,8
…
Total 16.477.269 Bases Reguladoras.
Fallecidos … 2.634 3.596 1.720 407 …e 7 Nº pagas … 1.064.680 1.453.298 695.075 164.318 … Nº bases … 553.633 755.715 361.439 85.445 …de 60 a 64 Parejas … 37.127 261.782 306.343 69.070 … Fallecidos … 273 2.872 5.591 1.854 …e.v.24,32 Nº pagas … 92.785 977.773 1.903.542 631.195 … Nº bases … 48.248 508.442 989.842 328.221 …de 65 a 69 Parejas … 5.307 42.823 320.394 282.586 … Fallecidos … 39 470 5.847 7.585 …e.v.19,88 Nº pagas … 10.842 130.746 1.627.390 2.110.948 … Nº bases … 5.638 67.988 846.243 1.097.693 …de 70 a 74 Parejas … 1.057 5.978 47.191 250.189 … Fallecidos … 8 66 861 6.715 …e.v.15,63 Nº pagas … 1.698 14.350 188.456 1.469.392 … Nº bases … 883 7.462 97.997 764.084 …de 75 a 79 Parejas … 224 1.010 5.967 31.740 … Fallecidos … 2 11 109 852 …e.v.11,72 Nº pagas … 270 1.818 17.868 139.780 … Nº bases … 140 945 9.291 72.686 …… … … … … … …
224400
De los datos recogidos en el informe económico financiero
elaborado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social que acompaña a la Ley de presupuestos para 2009 puede
extraerse el número de pensionistas de jubilación según los años
cotizados. Tomamos el 10% como marca de clase estimada
asociada a los intervalos que contemplan los 15, 20, 25 y 30 años
cotizados, dado que el número de pensionistas por años de
cotización es bastante uniforme hasta llegar al tope máximo, dejando
el 60% para los pensionistas que alcanzan la jubilación tras 35 o más
años de cotización. Por otra
utilizadas nsiderando el 52%
egulado s estimadas completas de prestación inicia e se caus
s para la iudeda sería de 16.477.2
l sistem este número de bases se corresponde, or tanto, c
ne cte
parte, para efectuar los cálculos
onforme a las modificaciones teóricas propuestas se utiliza una
nueva simplificación consistente en que los causantes de viudedad
perciben jub artir de los 65 años de edad.
restrictivas y la normativa actual, co de
la base reguladora en todas las pensiones, el número de bases
r ra l qu an
en el primer año y se abonan hasta el fallecimiento de todas las
beneficiaria pensión de v d, 69.
Suponiendo estabilidad en las características de los nuevos accesos
a p on
todas las causadas en el año natural y abonadas hasta el
f s las viudas, es decir tie rá io.
Como es lógico, estos planteamientos de partida deberán adaptar las
h exhaustiv , concr s y reales de la ión
existente en nuestro país.
c
ilación a p
Con la metodología descrita, las hipótesis de partida no
a,
allecimiento de toda ca r vitalic
ipótesis a los datos os eto situac
224411
En un segundo paso realizamos idéntico cálculo con los
nuevos argumentos teóricos, esto es, con la modificación consistente
en obtener el porcentaje de la base reguladora en función de los
años de percepción de jubilación antes del fallecimiento y de los años
cotizados. El procedimiento se realiza en cinco ocasiones, una por
cada clase, suponiendo en cada una de ellas una hipótesis diferente
de años cotizados. Bajo el supuesto de que todo el mundo al causar
pensión ha cotizado más de 35 años, con el descuento de porcentaje
en la base reguladora por la jubilación percibida, en lugar de
16.477.269 bases completas se obtendrían 10.824.246 bases
completas. La reducción obedece al uso de menores porcentajes
sobre la base reguladora por los años percibidos de jubilación. Pero
como esta situación se estima que sólo ocurre en un 60% estimado
e los causantes (aquellos con cotización máxima), las bases d
teóricas que se completan con 35 años de cotización son el 60% de
10.824.246, es decir, 6.494.548. Bajo los mismos principios, si todo
el mundo al causar pensión ha cotizado 30 años, serían 10.383.209
bases, y al estimarse que ocurre esto en un 10% de los casos, las
bases que se completan son 1.038.320 y así sucesivamente,
obteniéndose mediante este procedimiento la siguiente tabla:
Años cotizados Bases
completas
Peso Bases
Ponderadas
35 10.824.246 60% 6.494.548
30 10.383.209 10% 1.038.320
25 9.677.409 10% 967.740
20 9.216.643 10% 921.664
15 8.433.024 10% 843.302
224422
Asignando pesos del 60%, 10%, 10%, 10% y 10% a las
categorías señaladas introducimos el factor años de cotización
ponderándolo en función de su distribución o frecuencia, con lo que
tendríamos un número esperado de 10.265.574 bases reguladoras
completas, que sería el número estimado en el caso de aplicación de
los nuevos descuentos tras haber percibido jubilación. De nuevo se
incide en que para el ejemplo sólo se modifica la procedencia de
pasivo, mientras que la procedencia de activo se calcula de idéntica
manera a la actual. Se pasaría pues de 16.477.269 a 10.265.574
bases reguladoras estimadas, lo que supondría aproximadamente un
62% por ciento esperado de gasto. Es decir, un 38% de ahorro en
términos de número de bases reguladoras en la parte contributiva de
la prestación, si bien en cuanto a una estimación concreta sobre el
montante monetario sería necesario, al menos, conocer la
distribución de la cuantía monetaria de las bases reguladoras de
prestaciones de jubilación, aunque en términos globales puede
decirse que el 38% de la parte contributiva de la prestación se
acercaría a los 5.900 millones de euros anuales.
Atendiendo a la aplicación práctica de la propuesta, con las
hipótesis planteadas se podría hablar de un ahorro esperado ce a ción co tiva en de bases reguladoras, considerando que no hay mod la
proceden de activ contin s prof No
obstante nterior, u ncia d
contribut sión está en el he que, a se
aumenta l importe vigente da caso ás
pensione jetas a m ás part complem sto
rcano al 38% de l presta ntribu númeroificación en
cia o ni en las gencia esionales.
lo a na consecue irecta de disminuir la parte
iva de la pen cho de unque no
se e del mínimo en ca , habría m
s su ínimos y m e de ento, pue
224433
que aquellos beneficiarios a los que el cálculo propuesto no les
aporta pensión contributiva alguna sí tendrían derecho al mínimo
vigente establecido y no quedarían sin prestación, si bien el sistema
deberá valorarse globalmente. De nuevo incidimos en que esta parte
de mínimos se financiará en un futuro vía impuestos, por lo que se
produciría una traslación de costes desde el la Seguridad Social al
régimen impositivo correspondiente.
El ahorro obtenido apuntalará indudablemente el sistema
contributivo, elemento fundamental y prioritario, pero también le
capacitará para la toma en consideración de otros aspectos
relacionados atendiendo a la situación de los ingresos y los costes,
ya que se puede abordar la reforma del sistema desde varios puntos
de vista: la mayor capacidad de gasto para los mismos ingresos, la
menor necesidad de ingresos para los mismos gastos o el
fortalecimiento conjunto del sistema con vistas a la evolución de
escenarios futuros.
Desde el punto de vista práctico se puede proponer una
aplicación gradual en el sentido de descontar como años de
jubilación aquellos que transcurrieran a partir de la fecha en vigor de
la norma. Podría aplicarse, por tanto, a todos los causantes desde el
primer momento, de tal forma que en lugar de computar toda la
jubilación percibida para hacer el descuento sobre el porcentaje se
descontase tan solo la jubilación transcurrida entre la fecha de
entrada en vigor y el momento de causar viudedad.
224444
Tal y como está elaborada la propuesta de modificación no se
detectan a priori colectivos especialmente singularizados, si bien se
tendría como colectivo más desfavorecido (siempre en la prestación
contributiva, no en mínimos) al de aquellos pensionistas de jubilación
que no hubiesen alcanzado los años máximos de cotización, con
mayor incidencia cuanto menor tiempo de cotización se haya
efectuado. En el caso de causantes procedentes de Incapacidad
ermanente, a partir de los 65 años son considerados pensionistas
es de viudedad la que aquí se propugna incide
n la relación económica entre los derechos ya consumidos y las
P
de jubilación y sería a partir de este momento cuando su tiempo de
prestación descontara porcentaje sobre la base reguladora de la
posible viudedad.
5. Conclusiones
Dentro de las posibles reformas que se pueden acometer
sobre las prestacion
e
obligaciones efectivamente formalizadas a través de las aportaciones
al sistema. Si bien, en el ánimo de ejemplificar, se ha presentado una
forma concreta de actuación, lo más importante de la propuesta es el
espíritu de la misma, puesto que para su aplicación práctica es
posible determinar un gran número de opciones que cumplan los
objetivos marcados y que requerirán una profundidad adicional en el
análisis de los distintos escenarios en los que se mueve el siempre
complejo equilibro entre derechos y obligaciones.
224455
Los planteamientos expuestos conllevan una sensible
traslación de costes desde el sistema contributivo de la Seguridad
Social hacia el marco impositivo general, colaborando en la
sostenibilidad y el futuro del sistema, devolviendo la prestación hacia
sus planteamientos filosóficos originales sin olvidar los derechos de
los ciudadanos; por todo ello, nosotros apostamos por una
modificación de la prestación de viudedad teniendo en cuenta el
componente económico de la misma, buscando apuntalar la
viabilidad futura del sistema y siendo conscientes de que los
planteamientos aquí descritos pueden ser la base de trabajo para
abordar, con posterioridad, otro asunto pendiente y de indudable
levancia en estas prestaciones: las cuantías a percibir por los
eneficiarios en función de su nivel de renta.
re
b
6. Referencias
[1] Ojeda Avilés, A.; (2008); Reformulación de la pensión de
viudedad; Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Nº 74.
Págs. 333-342.
[2] Sampedro Corral, M. (2008); Modificaciones introducidas por la
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, en la prestación de muerte y
supervivencia. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Nº 74.
Págs. 105-128.
224466
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