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Año 3 - Nº 10 Setiembre - 2014 EDITORIAL ¿Justicia para el próximo informe? BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS sectores del agronegocio […] aliados con líderes políticos tradicionales” . Justamente el bienestar de un importante sector de la población depende directamente de la responsa- bilidad estatal de desmontar este patrón de impuni- dad…pero no encontró ni siquiera un slogan de esos que, al menos, suene lindo como mera promesa en el Informe presidencial. Este patrón de impunidad, al mismo tiempo, organiza la visibilización de los dolores y las pérdidas en nues- tra sociedad (cada vez menos sociedad). Judith But- ler señala este hecho: “ciertas formas de dolor son reconocidas y amplificadas nacionalmente, mientras que otras pérdidas se vuelven impensables e indo- loras (…) Algunas vidas valen la pena, otras no; la distribución diferencial del dolor que decide qué cla- se de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no, produce y mantiene ciertas concepciones exclu- yentes de quién es normativamente humano: ¿qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable?” . Antes este olvido oficial, es legítima la pregunta so- bre quiénes efectivamente se incluyen en eso de “Ciudadanas y ciudadanos de este hermoso país” , ¿cuáles vidas resultan oficialmente reconocidas y cuáles muertes dignas de llorarse? ¿Será que por su complejidad, por los intereses políticos, económicos en juego, el presidente optó por dejar la cuestión de la administración de justicia para el próximo informe? Al dirigirse a los “Honorables miembros del Congreso Nacional” , a las “Estimadas y estima- dos compatriotas” y a las “Ciudadanas y ciuda- danos de este hermoso país” , a fin de informar del primer año de su gestión, el Presidente de la República, Horacio Cartes, puntualizó que seguía vigente “el gran objetivo que nos hemos propuesto al iniciar nuestro mandato presiden- cial”: “lograr el bienestar de todas las personas que habitan esta Heroica Nación” . Aparentemente un sistema de administración de jus- ticia libre de corrupción, ilegalidad e impunidad penal, no se vincula con la temática del referido bienestar porque en las 69 páginas del Informe del Presidente Horacio Cartes al Congreso y a la Nación ni siquiera se alude al mismo. Se optó por relevar cuestiones como “el compromiso indeclinable por la seguridad” , “la lucha frontal contra el narcotráfico y el consumo de droga”; hasta se hace mención a “la reforma peni- tenciaria para humanizar las cárceles” pero el núcleo duro del mejoramiento de la administración de jus- ticia no encontró lugar en el informe del Presidente. No es un detalle menor el tema en una sociedad en cuya trama la impunidad sigue haciendo estragos. El Informe Chokokue 1989 – 2013, recientemente publicado por la Coordinadora de Derechos Hu- manos del Paraguay, tiene el siguiente subtítulo: El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino, y la investigación describe un patrón de impunidad en los casos de ejecuciones y desapariciones de dirigentes y miembros de organi- zaciones campesinas. Dicho patrón incluye desde los roles funcionales a dicho plan del Poder Judicial y el Ministerio Público, pasando por la actuación fis- cal encaminada a malograr pruebas y a encubrir a los perpetradores, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dejando impunes a los jueces y fisca- les denunciados, y todo ello articulado con “terrate- nientes e intereses corporativos ligados a algunos

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Año

3 -

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2014

EDITORIAL

¿Justicia para el próximo informe?

BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

sectores del agronegocio […] aliados con líderes políticos tradicionales”.

Justamente el bienestar de un importante sector de la población depende directamente de la responsa-bilidad estatal de desmontar este patrón de impuni-dad…pero no encontró ni siquiera un slogan de esos que, al menos, suene lindo como mera promesa en el Informe presidencial.

Este patrón de impunidad, al mismo tiempo, organiza la visibilización de los dolores y las pérdidas en nues-tra sociedad (cada vez menos sociedad). Judith But-ler señala este hecho: “ciertas formas de dolor son reconocidas y amplificadas nacionalmente, mientras que otras pérdidas se vuelven impensables e indo-loras (…) Algunas vidas valen la pena, otras no; la distribución diferencial del dolor que decide qué cla-se de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no, produce y mantiene ciertas concepciones exclu-yentes de quién es normativamente humano: ¿qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable?”.

Antes este olvido oficial, es legítima la pregunta so-bre quiénes efectivamente se incluyen en eso de “Ciudadanas y ciudadanos de este hermoso país”, ¿cuáles vidas resultan oficialmente reconocidas y cuáles muertes dignas de llorarse? ¿Será que por su complejidad, por los intereses políticos, económicos en juego, el presidente optó por dejar la cuestión de la administración de justicia para el próximo informe?

Al dirigirse a los “Honorables miembros del Congreso Nacional”, a las “Estimadas y estima-dos compatriotas” y a las “Ciudadanas y ciuda-danos de este hermoso país”, a fin de informar del primer año de su gestión, el Presidente de la República, Horacio Cartes, puntualizó que seguía vigente “el gran objetivo que nos hemos propuesto al iniciar nuestro mandato presiden-cial”: “lograr el bienestar de todas las personas que habitan esta Heroica Nación”.

Aparentemente un sistema de administración de jus-ticia libre de corrupción, ilegalidad e impunidad penal, no se vincula con la temática del referido bienestar porque en las 69 páginas del Informe del Presidente Horacio Cartes al Congreso y a la Nación ni siquiera se alude al mismo. Se optó por relevar cuestiones como “el compromiso indeclinable por la seguridad”, “la lucha frontal contra el narcotráfico y el consumo de droga”; hasta se hace mención a “la reforma peni-tenciaria para humanizar las cárceles” pero el núcleo duro del mejoramiento de la administración de jus-ticia no encontró lugar en el informe del Presidente.

No es un detalle menor el tema en una sociedad en cuya trama la impunidad sigue haciendo estragos. El Informe Chokokue 1989 – 2013, recientemente publicado por la Coordinadora de Derechos Hu-manos del Paraguay, tiene el siguiente subtítulo: El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino, y la investigación describe un patrón de impunidad en los casos de ejecuciones y desapariciones de dirigentes y miembros de organi-zaciones campesinas. Dicho patrón incluye desde los roles funcionales a dicho plan del Poder Judicial y el Ministerio Público, pasando por la actuación fis-cal encaminada a malograr pruebas y a encubrir a los perpetradores, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dejando impunes a los jueces y fisca-les denunciados, y todo ello articulado con “terrate-nientes e intereses corporativos ligados a algunos

ÍNDICE

EDITORIAL - ¿Justicia para el próximo informe? .....................................................................................................1

Tejiendo memorias en territorios con historia ............................................................................................................3

Casi 100 docentes participaron en el primer encuentro del curso de formación en derechos humanos, historia reciente y cultura de paz ............................................................6

Asentamiento Sebastian Larroza: “No se cansen de publicar los atropellos que vivimos” .............................................................................................................................................8

Jóvenes debaten en torno a la salud y los derechos sexuales y reproductivos ...................................... 11

ENTREVISTA. Cyntia González: “Los agrotóxicos fueron creados para matar” ........................................ 12

El Servicio Paz y Justicia Paraguay invita a realizar una acción por la paz cada día ...................................... 14

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Tejiendo memorias en territorios con historiaMarta Almada

Capacitación docenteLa experiencia está focalizada en instituciones educativas públicas y privadas, rurales y urbanas, de los departamentos de Misiones, Caaguazú, Paraguarí, Central y Asunción, con énfasis en distritos y comunidades donde hubo mayor represión, y al mismo tiempo, mayor resistencia.

Hasta el momento se han realizado 5 encuentros con docentes y técnicos de las cinco direcciones del MEC de Asunción, además de 3 encuentros-talleres con docentes de Ciencias Sociales de Misio-nes, Caaguazú y Paraguarí, desarrollando contenidos en relación a las herramientas metodológicas para la investigación de la historia reciente, con enfoque de derechos humanos y cultura de paz. Estas capacitaciones cuentan con materiales didácticos elaborados por el equipo de Educación del SERPAJ PY.

Las historias locales ocurridas durante la dictadura stronista tendrán su espacio para ser contadas por jóvenes en una experiencia im-pulsada por el Serpaj Paraguay en alianza con el Ministerio de Edu-cación. Tejiendo Memorias. Ahora los y las jóvenes nos cuentan la Historia es el nombre de esta iniciativa.

Se habilitarán espacios de promoción, rescate y valorización de las historias a través de la participación y reflexión colectiva de docentes y estudiantes de la Educación Media.

¿Cuáles son los desafíos?• Desafío pedagógico: innovar la enseñanza de las

ciencias sociales y de la historia en particular, mediante el tendido de puentes entre las preguntas e inquietudes de estudiantes y las potencialidades de las memorias locales - comunitarias,

• Desafío cívico-político: sumar a las nuevas generaciones en el proceso de elaboración del pasado común y por tanto la construcción de la identidad colectiva. Se trata de la formación de la conciencia histórica de las nuevas generaciones y de la construcción de ciudadanía, en tanto se los piensa como sujetos activos que son capaces de historiarse y de incorporarse socialmente así como también de transformarse y de transformar.

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Ni pasivos, ni neutralesLa propuesta metodológica parte de la base de que los receptores no son pasivos ni neutrales y que realizan un trabajo de apropiación y construcción de sentidos de la información recibida, incluso cuando se muestran indiferentes. Así mismo, estamos conscientes de que las memorias sobre la dictadura son plurales, controversiales. Es decir, no existe un solo relato de lo que pasó disponible socialmente.

El Informe de la Comisión Verdad y Justicia es un piso desde el que se parte. No obstante, el desafío de este tiempo no radica sólo en poner en conocimiento esos hechos. Lo que se pone en juego aquí es asignarles significado de cara al futuro, es decir la transmisión e internalización de valores.

Los y las docentes que participan del proceso de capacitación se comprometen a la elaboración de un proyecto con sus estudiantes, que responda a los ejes temáticos y a los soportes comunicaciona-les propuestos.

Grupos de Investigación EstudiantilDurante los meses de julio y agosto, se desarrollaron talleres con estudiantes de los distritos de Caaguazú, Cnel. Oviedo, Repatria-ción, Yhú (Departamento de Caaguazú), San Juan, San Ignacio, Sta. María, Sta Rosa (Departamento de Misiones), Paraguarí, San Roque Gonzales, Ybycuí, Quindy (Departamento de Paraguari). En cada encuentro participaron entre 50 y 70 estudiantes entusiastas y curiosos.

Sus inquietudes giraron en torno a cómo se aprendía en la época de la dictadura stronista y cómo se enseñaba, qué valores se pro-movían o educaban en la época de la dictadura y cuáles hoy, en democracia.

También se preguntaron ¿qué lleva a una persona a cometer este tipo de crímenes y qué necesidades tenía de controlar a toda una población? ¿Cuáles fueron los motivos y los ideales que llevó a la formación de las Ligas Agrarias Cristianas y otras organizaciones campesinas? ¿Por qué Stroessner los persiguió tanto hasta el pun-to de terminar con ellos?

Además se interesaron en conocer las experiencias de las organi-zaciones que se opusieron al régimen, las campesinas y especial-

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mente las de jóvenes, si existen fosas o tumbas comunes en su co-munidad y cuántas de las más de 7 millones de tierras mal habidas están en el departamento.

Grupos de investigaciónA partir de ahora deberán conformar grupos de investigación en cada institución educativa, que trabajen diferentes temas o diferen-tes enfoques del mismo tema, acompañados por al menos un do-cente del área de Ciencias Sociales. Las investigaciones deberán inscribirse cronológicamente en tiempos de la dictadura, de 1954 a 1989, abordando historias locales, de la comunidad, del distrito o del departamento.

Cada institución educativa podrá seleccionar y presentar hasta 5 trabajos de investigación, que serán presentados a nivel comunita-rio, luego a nivel departamental y finalmente participará del proceso de selección a nivel nacional, donde se elegirán 25 trabajos, 5 por cada departamento. Cada grupo de investigación deberá elegir a 2 representantes que participarán del taller nacional donde intercam-biarán sus experiencias con charlas, visitas guiadas, cine-debates, conversatorios, teatros, etc., que ayudarán a profundizar sus cono-cimientos, al tiempo de estimular la discusión y el debate sobre los temas desarrollados.

Transmisión «al revés»

De esta manera se busca generar una transmisión «al revés», se-rán los y las jóvenes quienes contarán a las personas adultas su interpretación sobre el pasado. En definitiva, lo que se propone es trabajar sobre y desde la subjetividad de las y estudiantes, sobre sus formas de percibir el presente y su capacidad para pensarse y constituirse como sujetos autónomos, conscientes y responsables de sus opciones.

La dimensión micro histórica de las investigaciones les permitirá una mirada sobre la dinámica de la historia menos opaca, menos abstracta y a la vez menos esquemática y estereotipada de la que ofrece la historia escolar. De esta manera, podrán inscribirse en la Historia desde sus propias historias.

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Casi 100 docentes participaron en el primer encuentro del curso de formación en derechos humanos, historia reciente y cultura de pazPor Cristina Coronel

Los docentes provienen de los departamentos de Misiones, Paraguari y Caaguazú y son de las áreas de ciencias sociales.

Los contenidos desarrollados en el primer módulo hacen alusión a:

• Historia reciente: orígenes y problemas. El debate abierto (historia reciente, “pasado cercano, historia contemporánea, historia actual).

• Criterios para definir los contenidos. Las inquietudes sociales. Los eventos traumáticos: permanencia de los traumas. Los procesos traumáticos y la violencia del Estado (la violación de derechos).

• La relación historia y memoria colectiva: tres visiones. Memoria literal y memoria ejemplar. Archivos, documentos, testimonios.

• El derecho a la verdad: principios. ¿Qué significa pensar históricamente? Algunos desafíos didácticos.

Docentes Caaguazu.

Docentes de Asunción, Técnicos del MEC

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En estos espacios los contenidos se confrontan con las visiones, puntos de vista y percepciones de los docentes que se expresan con palabras que hacen mucho ruido y evocan un pasado que no debe retornar, pero también un pasado en que “vivíamos mejor”, “se podía salir sin problemas”, “no nos enterábamos de tantas cosas”, “los estudiantes tenían límites”.

Haciendo tensión con esta perspectiva, los docentes se muestran interesados en entender e interpretar los hechos; a partir de vi-venciar situaciones actuales se les desencadena la necesidad de responder preguntas tales como: ¿de dónde nos viene la matriz autoritaria que tenemos? ¿Qué cosas debemos desatar para vivir en libertad? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de dictaduras? ¿Por qué la historia debe ser solo causas y consecuencias?

Estos y otros temas son los componentes de inquietudes asocia-das a la tarea de comprender el desarrollo de nuestra historia re-ciente. Las herramientas conceptuales analizadas en el curso y, particularmente, en el primer módulo, suscitan en los docentes la curiosidad de explorar el nuevo campo historiográfico denominado como “historia reciente”.

Se comenzó reconociendo en nuestros cotidianos la presencia de vicios, prácticas, visiones del pasado que, además, poseen una prolongada historia de autoritarismo que precisamos comenzar a nombrar, reconocer, identificar su tramas, sus formas de reproduc-ción, las narraciones que las justifican y ubicar el lugar de la escue-la en la tarea de buscar alternativas de convivencia relacionadas con los principios y valores de la cultura de derechos humanos.

...¿Qué cosas debemos desatar para vivir en libertad? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de dictaduras? ¿Por qué la historia debe ser solo causas y consecuencias?

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Asentamiento Sebastian Larroza: “No se cansen de publicar los atropellos que vivimos”

Bajó el ramaje de varios mangos que aún mantienen en reposo su generosa producción de frutas, en círculo, hombres, mujeres, niños y niñas del asentamiento Sebastian Larroza, núcleo de la Federación Nacional Campesina (FNC) en San Pedro se ubican para relatar su historia, sus pesares y sus logros.

Mientras todos se van ubicando, varias mujeres dejan caer en la tierra una espiral de cáscara de pomelo. Con toda la fuerza con que cuentan, niños y niñas presionan con sus manos y extraen con la boca todo el zumo de esa monumental fruta colmada de vitamina c en tiempos de gripes y resfríos.

En casi 20 años de ocupación, han sufrido 19 desalojos, comenta Estanislao Arévalos. De las 213 hectáreas por las que luchan desde hace años, solo lograron que el Estado les reconozca 100, y es así que quedan más de 100 hectáreas en conflicto. Aclaran que las tie-rras no las tienen a nombre de nadie en particular sino de manera comunitaria de lo contrario, dicen, es más peligroso.

La historia del asentamiento18 años atrás, el 4 de abril de 1996, ingresaron. Las comunida-des más cercanas se unieron y ocuparon las tierras en un día que recuerdan como viernes santo. Para el lunes ya los sacaron “a la calle y fuera de acá”. 33 fueron presos durante un mes. En ese con-texto las mujeres quedaron a resistir, las comunidades cercanas se solidarizaron y acercaron provistas mientras esperaban.

Un mes después, los hombres salieron y volvieron a ocupar. “Lue-go se acercó el Indert y se comprometió a la compra pero final-mente solo 100 hectáreas, el resto es propiedad arrendada por so-jeros brasileros”, Estanislao Arévalos. En estos años de resistencia quedaron con 13 compañeros imputados por invasores. En medio de estos embates muchos retrocedieron pero así también muchos otros se unieron, cuentan.

Aclaran que las tierras no las tienen a nombre de nadie en particular sino de manera comunitaria de lo contrario, dicen, es más peligroso.

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En el 2004 se legalizó una parte de las tierras lo cual no consideran del todo como una victoria ya que el Estado no solucionó de mane-ra integral el problema.

La comunidadLa comunidad está compuesta de 28 casas o familias, que suman alrededor de 150 personas. La porción de tierra que calculan por cada familia es de 9 hectáreas más o menos. “Somos gente trabajadora”, dicen y mientras varios asienten, otro comenta que en las chacras el avati, kumanda, jety y otros, son destinados para el consumo, en cambio productos como el sésamo y la mandioca son para la venta.

A lo largo y ancho de asentamiento el escenario natural de tierra, árboles y plantas, supera en proporción a las construcciones. Las sencillas casas de estilo campesino cumplen su función esencial de resguardar bajo techo cuando el ser humano lo requiere, pero la cotidianeidad transcurre en contacto con la naturaleza. Tienen la escuela construida por la misma comunidad pero solo hasta el 6to grado y no tienen puesto de salud.

“Nos dicen que la soja trae progreso pero nosotros entendemos y sentimos al revés”Marcial Enciso es vecino de este asentamiento y apuesta por ellos. “La represión continúa en la presencia del Estado. Nosotros somos vecinos y apoyamos la lucha de la gente. En Paraguay la cárcel no es para los sinvergüenzas sino para los inocentes. Esta gente es trabajadora envía piña, pomelo rojo a Asunción…”, dice dejando ver que la ciudad debería tomar conciencia del papel que cumplen estos campesinos en la alimentación diaria de todo un país.

Acá hay tortura psicológica, amenaza diaria de desalojo, pero sepan que esta gente no está sola. Si vienen a dialogar, dialo-garemos; pero si vienen con intenciones de pelear pues vamos a pelear. Seguro nos van a matar a todos… “Si había presencia de Estado, en esta escuela debía haber hasta bachiller. Nosotros no somos invasores, porque vivimos en nuestra tierra. Otros son los invasores y el desalojo lo único que deja es trauma, bandidaje. Todo eso es el resultado del atropello del Estado”, sigue diciendo.

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Ya en el gobierno de González Macchi hubo promesas de luz, ca-minos, agua, pero nada. Insisten en que su historia les ha demos-trado que solo mediante la lucha y la presión lograron legalizar las tierras, tan solo la mitad y han conseguido luz.

“Nos dicen que la soja trae progreso pero nosotros entendemos y sentimos al revés, que la producción primaria será la que traerá el progreso. La única manera es ocupar de nuevo, sino en esas 100 hectáreas que quedan van a fumigar y dañarnos”, dice.

La fumigación la hacían hasta hace poco y solo por presión, nueva-mente, de la comunidad que se encontraba con criaturas con dolor de panza, diarrea, mareos y otros síntomas, lograron que el productor colindante, cambiara de rubro de producción que no precisa de una fumigación tan tóxica. Pero dicen que están atentos porque creen que algún momento podrían retomar las fumigaciones.

Insisten en que su historia les ha demostrado que

solo mediante la lucha y la presión lograron legalizar

las tierras, tan solo la mitad y han conseguido luz.

El Informe Chokokue se lanzó el 8 de agosto pasado y consti-tuye un documento esclarecedor acerca del riesgo que corre la vida de campesinos que luchan por la tierra. 115 campesinos han sido asesinados de 1989 a 2013 en este contexto. En ese informe encontramos a Sebastián Larroza Velázquez. Tenía 18 años cuando fue asesinado el 2 de mayo de 1994 en la Colonia Bertoni, San Estanislao [San Pedro]. Era estudiante y militaba en la Asociación Campesina de Desarrollo Integrado (Acadei), a la que también pertenecían sus padres. Fue ejecutado por un agente de la Policía Nacional, durante la represión a una manifestación campesina en la huelga general del 2 de mayo de 1994. El caso quedó en la impunidad, porque la Justicia declaró la extinción de la causa por el paso del tiempo sin que la Fiscalía investigue el hecho. Dejó a sus padres y ocho hermanos y hermanas. En la actualidad, este caso es llevado por la Codehupy y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante el sistema interamericano de derechos humanos.

¿Quién fue Sebastián Larroza?

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Jóvenes debaten en torno a la salud y los derechos sexuales y reproductivosPor Adriana Closs – Jaikuaa Comunicación

En el marco de la semana de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Proyecto Jaikuaa organizó el Primer Encuentro Nacio-nal de Jóvenes Estudiantes por los derechos sexuales y reproductivos, con la participación de unos 80 adolescentes de 7 departamentos.

“¿Por qué el MEC agregó como materia la educación vial y no la educación de las sexua-lidad?” Esta y otras preguntas surgieron entre los casi 80 representantes de estudiantes y de grupos juveniles de Asunción, Central, Cordille-ra, Itapuá, Concepción, San Pedro, Ñeembucú y Caaguazú se congregaron durante 2 días en Rancho Koronto, Luque, para recibir capacita-ción y planificar en colectivo las acciones que realizarán en sus comunidades para promover políticas públicas de salud sexual y reproductiva y exigir la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Entre las organizaciones juve-niles presentes se destacaron Presencia Joven, Somos Pytyvoharas y la CONNAT’s.

El primer día del Encuentro Nacional, los ado-lescentes participaron de varios espacios de reflexión sobre la importancia de que el Estado garantice el cumplimiento de todos los derechos humanos y, entre ellos, los derechos sexuales y reproductivos. Hicieron un repaso de las leyes y las instituciones encargadas de promover y ga-rantizar la salud y compartieron sus experiencias personales en relación al acceso a los servicios en sus comunidades.

En el segundo día del Encuentro debatieron acerca de la importancia de la organización y participación para exigir el cumplimiento de los derechos, y conocieron experiencias de grupos de jóvenes que se han movilizado para exigir el cumplimiento de sus derechos. En grupos divi-didos por departamentos, los representantes de organizaciones juveniles tuvieron la oportunidad de definir estrategias de trabajo en sus comu-nidades para promover y exigir a las autorida-des planes, programas y servicios que apunten a disminuir el embarazo adolescente y proteger a las niñas, niños y adolescentes de toda forma de abuso.

¿Qué son los derechos sexuales?Son aquellos que se orientan a respetar, a pro-teger y a garantizar el libre ejercicio y la expre-sión de la sexualidad. Incluye el derecho a la autonomía, integridad y seguridad del cuerpo, el derecho a la privacidad sexual, y al acceso a educación y salud sexual integral, entre otros.

El proyecto JAIKUAA busca aportar al proceso de construcción de un Estado social de derecho en Paraguay que proteja y promueva los derechos de la juventud a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR). Se trabaja en el fortale-cimiento de los conocimientos, las capacidades y la participación de jóvenes, docentes y padres/ma-dres, impulsando su protagonismo en la defensa y promoción de sus derechos, con enfoque inter-cultural, intergeneracional y de equidad de género.

JAIKUAA es financiado por la Unión Europea y DIAKONIA e implementado por esta última, en asociación con SERPAJ PY (Servicio Paz y Justi-cia de Paraguay), CDE (Centro de Documentación y Estudios) y CODEHUPY (Coordinadora de Dere-chos Humanos del Paraguay), tres organizaciones de la Sociedad Civil con amplia trayectoria en te-mas de educación, cultura de paz, investigación y derechos humanos.

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ENTREVISTA

Cyntia González: “Los agrotóxicos fueron creados para matar”Por: Equipo de Comunicación de Conamuri

La primera jornada del Seminario internacional sobre “Agronegocios en el Cono Sur: resisten-cias y alternativas” tuvo por panel introductorio el tema: “Impactos del modelo agroexportador”, en el que participó como invitada la joven militante de la Organización Nacional de Mujeres Campe-sinas e Indígenas (Conamuri), Cyntia González, oriunda del departamento de San Pedro, uno de los enclaves de la producción mecanizada y en donde se radican las organizaciones campesi-nas que confrontan este modelo con más fuerza.

Cyntia compartió con la plenaria algunos datos de su trabajo de investigación de campo, en el marco de la tesis que está elaborando para optar por el grado de licenciatura en enfermería. Ella viene relevando datos sobre la contaminación con agrotóxicos en la comunidad Arroyo Morotî –distrito de Liberación, San Pedro, distante a 450 Km de Asunción–, utilizados en la producción de soja transgénica y los riesgos que implica para la población de esa zona rural.

¿Podrías exponer brevemente sobre tu inter-vención en el panel?

Compartí un poco el proceso histórico de la utili-zación de los agrotóxicos, por qué se derraman en tan gran cantidad sin importar la vida de las personas ni los bienes naturales comunes que pueden verse perjudicados con ese uso indis-criminado. Sabemos que tenemos un modelo de producción a nivel internacional que responde al capitalismo: es el agronegocio. Uno de los prin-cipales pilares del agronegocio es la utilización de los agrotóxicos, así como lo son también la concentración de muchas tierras, semillas trans-génicas, maquinarias, combustible, y todo este paquete recibe el respaldo de las leyes. Esto para tener en cuenta que los agrotóxicos constituyen solo una parte del modelo de producción vigente.

El origen mismo de los agrotóxicos se relaciona con las armas químicas que se utilizaron en di-ferentes guerras. Los agrotóxicos fueron creados para matar, no solo plantas o animales, también personas. Lastimosamente hay una gran variedad de agrotóxicos que se comercializan sin un previo estudio científico que afirme o niegue un impac-to negativo sobre las personas. Por esa etapa de

experimentación no ha pasado la mayoría de los agrotóxicos; entonces, no sabemos con certeza si tendrán efectos negativos sobre la salud humana o no, y lo lanzan al mercado como si nada.

Esta situación se da en Paraguay a través de la sojización masiva que es acompañada por el Es-tado en función a una política de eliminación de un sector de la sociedad que es el campesina-do y los pueblos indígenas, para que sus tierras queden libres y se cultive soja.

Las comunidades que están más cerca de las fumigaciones masivas se ven enormemente per-judicadas. Existe toda una estrategia sobre la forma en que el modelo penetra en nuestras co-munidades, y ahí es cuando necesitamos gente con la conciencia formada para seguir fomentan-do la resistencia en el asentamiento. Si el sojero compra una tierra y descubre con el tiempo que la población está organizada, va y busca apoyo de las autoridades para proteger sus monoculti-vos; siempre que observa señales de resisten-cia, tiene a mano el aparato represor.

Entonces, ¿por qué estamos en contra del uso de agrotóxicos? Porque destruye nuestras formas de vida. Sabemos que podemos producir agro-ecológicamente, sin venenos y de una forma más saludable.

Lastimosamente hay una gran variedad de agrotóxicos que se comercializan

sin un previo estudio científico que afirme o niegue un impacto negativo

sobre las personas.

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¿En qué situación encontraste a los habitantes de la compañía Arroyo Morotî?

Los agrotóxicos crean deformaciones humanas, enfermedades y muerte. En la comunidad de Arroyo Morotî, hay familias que tienen a miem-bros sufriendo 5 o más malestares o enferme-dades. Esto quiere decir que la forma en que el modelo sojero mata a la gente es muy fina, por-que no usan balas.

Arroyo Morotî fue uno de los primeros territorios que se ganó en el marco de la Reforma Agraria. Pero la Reforma Agraria no termina con la entrega de tierras, al contrario: empieza con eso y debe tener toda una infraestructura de instalación. En esta compañía hay muchas afecciones a la salud, síntomas agudos y crónicos, pero la gente tiene miedo de denunciar lo que pasa bajo su techo. Si te ponés a observar, en casi todas las casas hay un angelito, o sea, niños de corta edad muertos o que ni siquiera llegaron a desarrollarse completa-mente en el vientre materno y fallecieron.

Una de las cuestiones más dolorosas es la po-breza extrema que este modelo acarrea para la gran mayoría de la población. Entre siete u ocho personas comparten un mismo cuartito, por ejemplo. También afecta la producción de lo que comemos principalmente: mandioca, maíz, maní y alimentos de la huerta. Esto significa que hay una pérdida del control sobre nuestros ali-mentos. La gente se organiza entonces movida por la desesperación de perder sus semillas y su alimento. Entre sus animales, se les mueren sus chanchos, perros, vacas. sus gallinas pierden el equilibrio, caen y mueren.

También el agua se ve afectada por las fumiga-ciones. Con la cerrazón el agua sube en forma de niebla y al volver a caer como lluvia, se rejunta en balde y latona; esa agua ya no se puede consumir porque parece que es grasienta y tiene mal olor.

La gente de Arroyo Morotî corre cuando ve que se está fumigando, se encierran en la casa. Hay un caso particular que me emociona y me indigna por la injusticia: en una casa que está a metros de la plantación de soja, le pregunté a una nena de 9 años qué hace ella cuando se fumiga el sojal; ella me dijo que corre hasta la casa de su abuela. “¿Por qué?”, le pregunté: “porque tengo miedo del veneno”, me contestó. Y cuando le iba a preguntar por qué tiene miedo del veneno, se puso a llorar y me dijo: “tengo miedo de que me mate”. Entonces esto nos dice cómo desde la infancia te maltrata psicológicamente esta forma de producción que no tiene compasión con nadie ni por nada, sino que su único objetivo es producir cada vez más ganancias.

¿Cómo se dan las resistencias que el campe-sinado y las comunidades indígenas oponen al avance de los agronegocios?

Si hay acompañamiento de una organización de carácter nacional, hay resistencia. En caso de que no, la gente sencillamente se va, vende sus tie-rras y abandona el lugar. Incluso hay algunos que dejan sus tierras sin vender porque no se quieren quedar a morir en ese escenario. Hay otros que se organizan formando comisiones vecinales y empiezan a leer y conocer las leyes, porque la gente no conoce sus derechos. De hecho, en este momento hay una sola ley en la que la gente pue-de encontrar cierto respaldo; todos los decretos y normativas anteriores se borraron después del golpe de Estado que ocurrió en 2012.

Entonces, si en la propia ley no encontrás quien te defienda, tenés que organizarte y realizar ac-ciones con otros pobladores y pobladoras. Hay comunidades que ya llevan un proceso de acu-mulación de base, otras no tanto. Cuando hay or-ganización, hay conflicto en la comunidad porque existe resistencia a la imposición del modelo so-jero. Tenés que defenderte, porque de lo contrario te van a matar: muchos incluso terminan muertos por acción de los sicarios o de guardias privados, pero al menos queda una comunidad con un nivel de conciencia más avanzado que entiende cómo surge el conflicto. Si otro viene a invadir tu chacra, tu casita y te envenena en la cara, tenés que de-fenderte solamente; no podés pedir ayuda a las autoridades muchas veces, porque ellos son par-te interesada y siempre van a terminar del lado de la clase dominante y en contra de los pobres.

Reforma Agraria no termina con la entrega de tierras, al contrario:

empieza con eso y debe tener toda una infraestructura de instalación.

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El Servicio Paz y Justicia Paraguay invita a realizar una acción por la paz cada día

Con una persona que se comprometa a al me-nos una acción por día, se sumarán #365Accio-nesPorLaPaz. El jueves 28 de agosto, alrededor de 40 jóvenes dieron apertura a esta propuesta. Fueron a la plaza Oleary a tomarse fotos con fra-ses y acciones por la paz. Son jóvenes de cinco departamentos del país que el 22 y 23 de julio y el 27 y 28 de agosto participaron del proceso de formación sobre la realidad social paraguaya y juventudes.

Con #365AccionesPorLaPaz se plantea un día, una acción. Un tema que se pretende potenciar desde el Serpaj es mayor conocimiento sobre las implicancias de la Ley 4013 que plantea la obligatoriedad del Servicio Civil ante la negativa de realizar el Servicio Militar. Además de sumar acciones de inconstitucionalidad.

Sobre la ley 4013. Fue promulgada por el Poder Ejecutivo y en sus párrafos dice “que reglamenta el ejercicio del derecho a la Objeción de Concien-cia al servicio militar obligatorio (SMO) y estable-ce el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil”. Consideramos que acarreará excesivos gastos que deberán ser cubiertos por el Presupuesto General de la Nación para un Es-tado que debería invertir más en sectores como: educación y salud.

El actual formulario que se debe completar para declararse objetor de conciencia (formulario es-tablecido por Ley 4013/10), en su numeral 13, como requisito exige explicar los motivos por los que la persona se declara objetora. Esto es inconstitucional porque contradice el Art. 24 de la Constitución que establece que “Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología”.

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Creemos que darle su lugar al derecho a la Ob-jeción de Conciencia, es aportar a la paz. Con-sideramos que la OC es un “fenómeno de des-obediencia a las obligaciones militares, a la participación en las guerras, o como negativa a realizar las obligaciones militares en general”. Pero es, además: “Un desarrollo de los derechos hu-manos, concretamente de libertad de conciencia, íntimamente unido a las restantes libertades pú-blicas y que concreta la dignidad humana”.

Reflexión acerca de la paz en la programación radial Impacto Juvenil.

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Queremos sumar personas que propongan acciones de un día y que, con una foto, la expresen y poda-mos publicarlas. Y como nos interesa que no quede en una mera expresión de deseos, queremos hacer seguimiento de este compromiso y poder recibir lue-go una foto de la acción cumplida.

Mandanos tu foto sosteniendo un cartel que lleve inscripta tu propuesta de acción por la paz.

Podes enviarla donde mejor te quede:

¿Cómo adherirse a esta campaña?

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La Coordinación de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los bañados de Asunción, es una organización que aglutina a más de 20 organizaciones e instituciones de la sociedad civil que activan en los bañados. Han realizado diversas acciones demandando el rechazo del veto del intendente que pretendía “transferir bienes inmuebles de dominio privado municipal como dación en pago por obras de infraestructuras a ser realizadas”. El pasado 19 de agosto, en un comunicado, expresaron que “gracias a nuestra movilización hemos conseguido torcer la voluntad del Intendente que se ha visto obligado a retirar su propuesta. Así mismo rechazamos también la versión de la Junta Municipal que plantea ciertos condicionamientos para la misma entrega de nuestras tierras. Por todo esto, exigimos a la Junta Municipal, enérgicamente, la derogación (eliminación) de la ordenanza 390/2014 que habilita la entrega de nuestras tierras al capital privado”. El 10 de setiembre se movilizarán para reforzar su lucha, ¿Nos unimos? Nos unimos.

El pasado 4, 5 y 21 de agosto, 15 jóvenes de Horqueta participaron de un taller de Comunicación para la Incidencia organizado por el Servicio Paz y Justicia. El objetivo era facilitar y proveer herramientas de comunicación comunitaria. Con la comunicadora y periodista Mirian Candia como facilitadora.

En el marco del proyecto: Participación ciudadana para mayor incidencia en políticas públicas de desarrollo territorial a nivel de gobiernos locales. Serpaj Paraguay, Base de Investigaciones Sociales y Red Rural con el apoyo de ICCO.

Dos esperanzas