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La comunicación gubernamental: ¿herramienta para la legitimación de
políticas o condición de posibilidad de la participación ciudadana?
Eje temático: Comunicación y Política
Autores
Corina ECHAVARRÍA – [email protected]
CIECS-CONICET/UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Valeria MAURIZI – [email protected]
Fac de Ciencia Política y Relaciones Internacionales – UCC.
RESUMEN
El estudio de la comunicación política es una tarea relativamente dificultosa por dos razones principales: porque en principio es todavía un concepto en disputa y porque los límites entre una rama y otra dentro del espacio de la comunicación política son difusos. Así, los abordajes vinculados a lo que se denomina “comunicación gubernamental” fluctúan en un arco de análisis e intervenciones entre estrategias de persuasión de los gobiernos y el derecho a la información de los ciudadanos, refiriendo a “un proceso de articulación y de selección de decisiones, muchas veces contradictorias, entre comunicaciones democratizadoras, comunicaciones electorales y comunicaciones de gestión” (Elizalde, 2005: 146).
Por un lado, la perspectiva que focaliza a la comunicación gubernamental como un esfuerzo de los gobiernos por comunicar y construir consensos en torno de lo que está haciendo, es decir, por dar a conocer y conseguir la aceptación de sus proyectos, sus políticas, sus logros y también sus desaciertos. Así las intervenciones profesionales le adjudican a la comunicación de los gobiernos una pretensión de gubernamentalidad, de reducción de las tensiones entre las demandas ciudadanas y las prioridades de la acción de los gobiernos (Cf. Elizalde y otros, 2006). Por otro lado, advertimos con menor difusión, desarrollos en torno de la comunicación gubernamental centrada en el derecho a la información, los cuales ponen el acento en el carácter bidireccional de la comunicación gubernamental y en los cuales lo que importa no sólo es cómo informa el Gobierno sobre sus acciones y sino también cómo los ciudadanos (o los públicos) reciben, recuperan y responden esas emisiones como parte integrante del proceso comunicativo. Desde esta perspectiva los análisis y propuestas se centran, a nuestro criterio, en las pretensiones democráticas de la comunicación, en el diálogo público asociado a la construcción de las decisiones públicas y no a la legitimación ex - post de las mismas.
En este trabajo proponemos, entonces, centrarnos en el campo de la comunicación gubernamental como área de estudio, con el objetivo de poner en discusión las perspectivas señaladas y, de esa manera, apuntar sus alcances y limitaciones, desde una perspectiva deliberativa de la democracia.
INTRODUCCIÓN
El estudio de la comunicación política es una tarea relativamente dificultosa por dos
razones principales: porque en principio es todavía un concepto en disputa y porque
los límites entre una rama y otra dentro del espacio de la comunicación política son
difusos. (Cf. Arancibia Carrizo: 2000) Tanto que es posible distinguir diversos
‘territorios de la comunicación’ que se definen a partir de parámetros tanto geográficos
(nacional, provincial, local, regional) como sectoriales (administración pública,
sindicatos, etc). La problematización del territorio gubernamental ha estado vinculada,
en los procesos de Reforma del Estado, a los desarrollos referidos a la accountability
horizontal –circulación de información dentro del sistema político para el control entre
poderes- y vertical –oportunidades para el control ciudadano-, a la preocupación con la
eficacia en el cumplimento de las funciones y tareas del gobierno (gobierno
electrónico) y a la promoción de la democratización de la gestión pública (construcción
de consensos, legitimación de la acción pública).
Dentro de este campo de conocimiento, se constituye hoy en foco de la atención de
nuestra investigación1 el análisis de las oportunidades y restricciones que
experimentan los diversos actores involucrados (gobernantes, medios y ciudadanos) a
partir de factores estructurales, así como, consecuentemente, contextuales y de
organización. Particularmente, considerando que los abordajes vinculados a lo que se
denomina “comunicación gubernamental” fluctúan en un arco de análisis e
intervenciones entre estrategias de persuasión de los gobiernos y el derecho a la
información de los ciudadanos, y que refieren a “un proceso de articulación y de
selección de decisiones, muchas veces contradictorias, entre comunicaciones
democratizadoras, comunicaciones electorales y comunicaciones de gestión” (Elizalde,
2005: 146).
Es decir, donde muchas veces el énfasis de las prescripciones sobre los contenidos de
la comunicación de los gobiernos se orientan a posicionar un gestor a través de sus
1 “Pretensiones democráticas de la comunicación gubernamental: estudio de los mensajes del departamento ejecutivo de la ciudad de Córdoba (2012-2013). Proyecto A 2012-2013, financiado por la Secretaría de Ciencia y Tenología de la Universidad Nacional de Córdoba. Lugar de trabajo: Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad CONICET/UNC
obras para mantener los niveles de apoyo obtenidos en las elecciones que lo llevaron
a ocupar el cargo, más que a promover el acceso a la información para la construcción
pública de los problemas de gobierno (comunicación con potencial democratizador y
de colaboración en la administración pública), en el establecimiento de lo que se
denomina una “campaña permanente” (Gerstlé, 2005) una estrategia de comunicación
asociada aún en este contexto al perfil del marketing electoral. De ahí que partimos
reconociendo que los límites entre un campo y otro de la comunicación política
aparecen difusos, particularmente, cuando de lo que se trata es de pensar las
acciones comunicativas de los gobiernos en la práctica de investigación aplicada y de
intervención profesional.
En este trabajo trataremos de integrarnos al debate de este campo para analizar lo
que consideramos son dos grandes tendencias en la búsqueda de consensos para la
acción pública y, consecuentemente, del abordaje de la comunicación gubernamental:
como legitimación de políticas implementadas por los gobiernos y como construcción
de condiciones del diálogo público para la definición de las formas de intervención de
los gobiernos. Lo que se busca es reflexionar acerca del papel de la comunicación
gubernamental en la democracia contemporánea, desde una perspectiva deliberativa
que tensiona la idea de los consensos para la construcción de “buenos gobiernos”.
El trabajo se divide en dos grandes partes: en la primera se analizará el enfoque de
comunicación gubernamental como legitimación ex-post de las políticas públicas en
base a la deliberada construcción de consensos, tomando como referencia la
propuesta de Riorda, Elizalde y Fernandez Pedemonte (2006), y, en el segundo
enfoque, se analizará a la comunicación gubernamental como un proceso bidireccional
de circulación de información que genera condiciones para la deliberación publica, a
partir de las propuestas que ponen énfasis en la perspectiva de la esfera pública. En
ambas partes se describirán las nociones básicas que hacen a los enfoques, sus
principales implicancias buscando iniciar una discusión acerca de sus alcances y
limitaciones.
PARTE 1: LA COMUNICACIÓN COMO FUENTE DE LEGITIMACIÓN
En el libro “La construcción del consenso. Gestión de la comunicación gubernamental”,
Riorda, Elizalde y Fernández Pedemonte (2006: 20) plantean que, en el ámbito
complejo de la comunicación política del que habla Wolton , se vuelve prioritario
encaminar la comunicación – en este caso la comunicación gubernamental- hacia la
búsqueda del consenso entendido como:
“…la búsqueda de acuerdos políticamente operantes centrados en la idea de
que, si bien puede haber […] grupos en los márgenes del consenso, o bien
fuera de éste, las políticas de un gobierno deben ser aceptadas socialmente por la mayor cantidad de personas…” (destacado nuestro)
En este contexto, al decir de Elizalde (2006: 159), “la comunicación y la política
gubernamental están unidas principalmente por el hecho de que el gobierno necesita
aumentar o mantener su poder por medio del consenso y de la concertación de
voluntades…” y la comunicación gubernamental puede ser pensada como un esfuerzo
del Gobierno por comunicar lo que está haciendo, por dar a conocer sus proyectos,
sus políticas, sus logros y también sus desaciertos. En esta dirección, el autor sostiene
que la comunicación es la condición de posibilidad del éxito de las acciones públicas:
“la comunicación gubernamental es un esfuerzo, más o menos sistemático, por
conseguir las mejores condiciones para la realización de las diferentes políticas
públicas que lleva adelante el gobierno.” (Elizalde, 2005: 146).
Por tanto, no tiene punto de partida ni punto de llegada, es una acción permanente del
gobierno; una tarea diaria y cotidiana que es llevada a cabo por el Poder Ejecutivo
(presidente, gobernador, intendente y sus ministros o secretarios) para que sea
posible alcanzar los objetivos y/o proyectos que se han planteado en cualquier área de
gestión gubernamental. En este marco, el gobierno actúa en calidad de emisor para
dar a conocer y conseguir la aceptación de sus proyectos, sus políticas, sus logros y
también sus desaciertos. Así, las intervenciones profesionales le adjudican a la
comunicación de los gobiernos una pretensión de gubernamentalidad, de reducción de
las tensiones entre las demandas ciudadanas y las prioridades de la acción de los
gobiernos (Cf. Elizalde y otros, 2006). No se trata simplemente de propaganda o
marketing político o de publicidad de gobierno; sino de gestionar la comunicación
gubernamental para la construcción del consenso.
La comunicación, desde esta perspectiva, es gestión, es conducción, es planificación,
y, en tal sentido, debe ser planteada en términos estratégicos. Esto es, debe
estructurarse en base a objetivos claros y metas a cumplir, teniendo en cuenta una
realidad compleja e impredecible (en constante movimiento y cambio) y que los
actores que intervienen en el escenario político son distintos, con discursos
contradictorios, inclusive que el gobierno mismo tiene sus diferencias y
contradicciones. El énfasis está puesto en comunicar lo posible, lo políticamente viable
con el fin de disminuir las expectativas de las personas y minimizar los riesgos de los
temas que no se traten para los Gobiernos.
En este sentido, el norte estratégico de la comunicación responde a un mito de
gobierno que integra la planificación comunicacional de todas las áreas de gobierno
buscando la “coherencia”. El “mito” constituye la representación que un Gobierno
quiere dar de sí mismo, en tal sentido, no es una sola pieza de comunicación sino de
toda una planificación que tiene como trasfondo una unidad de Gobierno en todas sus
dimensiones. La manera más común en la que se visibiliza es a través de eslogan,
lemas, imágenes, logotipos, entre otras herramientas que hacen a la imagen de
Gobierno como lo son las imágenes de una marca.
Si bien la concepción es de tipo descendente (top-down), es decir, se genera desde
Gobierno hacia la sociedad; el éxito del mismo está en que pueda incorporar
paulatinamente las recepciones o inputs que la sociedad haga del mismo desde su
publicidad y a lo largo del desarrollo del mito, dado que está basado en valores,
creencias y representaciones sociales vigentes y contextualizadas a un tiempo y
espacio determinado.
Si el mito de gobierno es exitoso, las condiciones permitiría desde esta perspectiva
que la mayoría de las personas acepten determinadas políticas. Pero, como el éxito
del mito de gobierno no es fácilmente medible, se apela a encuestas de opinión,
imagen de los gobiernos u otros instrumentos que permitan obtener resultados
parciales que indiquen inputs sociales a ser incorporados en el mito originado desde el
Gobierno. Mientras más altas sean las percepciones positivas acerca del Gobierno,
más condiciones habrá para la legitimación de las políticas (de eso se trata la
Gubermentalidad).
Las “demandas” de los ciudadanos, entre otros factores motivan la comunicación
gubernamental ya que, si entendemos la comunicación gubernamental como la de los
Gobiernos en todos sus niveles, existe una agenda propia de temas que los Gobiernos
necesitan y deben comunicar. Por lo que no siempre las agendas públicas y las
agendas de comunicación de los Gobiernos coinciden. A los fines de este trabajo, no
se requiere de clasificar los “temas” pero sí es importante destacar que los
tratamientos que dentro de la comunicación gubernamental se hacen de esos temas,
implican un uso y disponibilidad de recursos determinadas.
Los contenidos de la comunicación de los Gobiernos no son dirimidos únicamente en
base a las demandas de los ciudadanos, sino que el tratamiento que el gobierno hace
de un tema o de otro está ligado a diversas cuestiones: decisiones políticas,
estrategias, cuestiones materiales (recursos) y temporales (contexto). Por lo que el
análisis de los contenidos remite en esta perspectiva al tratamiento de los temas o
contenidos de la comunicación y al análisis de los recursos (materiales, temporales y
políticos) de los que se dispone y sus prescripciones se basan en la disponibilidad de
los mencionados recursos; poniendo énfasis en la viabilidad política de las
comunicaciones que se realizan desde una perspectiva incremental2, su
profesionalización y la generación de técnicas e instrumentos que la racionalicen.
En definitiva, estratégicamente la comunicación gubernamental refiere a entender a la
misma como “Gubermentalidad”. Para este tipo de enfoques de la comunicación,
refiere a la reducción de las tensiones irresolubles entre demandas de los ciudadanos
y la capacidad de respuesta del estado, a través de aquellas
“…acciones que derivan en nodos transversales que, a modo de
recomendación, permeen todas las dimensiones de un gobierno, con el objeto
de obtener capacidad institucional y condiciones de gobernabilidad que doten de consenso a las gestiones” (Riorda y otros, 2006:7).
El enfoque pretende tener un alcance global a través de la planificación de la
comunicación como un todo, pensada desde una visión general de Gobierno y
traducida en un mito que se comunica desde diferentes plataformas y metodologías.
2 Los autores que utilizamos para exponer los conceptos básicos de este enfoque en construcción, circunscriben el modelo dentro de una perspectiva constructivista e incrementalista. Esto significa que, por un lado, la realidad es un producto social y, por otro lado, todas las acciones comunicativas son progresivas. Esto implica que las demandas de los ciudadanos se pueden clasificar dentro de categorías de temas y que dichos temas se pueden ir tratando progresivamente, de acuerdo principalmente a los recursos con los que se cuenta. Podemos decir que la importancia del incrementalismo para la planificación estratégica de la comunicación gubernamental radica en que posibilita –con los recursos con los que se cuenta- avanzar sobre temas claves para la sociedad.
Lo más importante es que la creación del mito de gobierno asegura el largo plazo.
Pensar la comunicación en el largo plazo es considerarla en sí misma una política
pública.
PARTE 2: LA COMUNICACIÓN POLÍTICA COMO FUENTE DEMOCRATIZADORA
En el marco de la tercera era de la comunicación política (Blumler, 2001) y en el
espacio de las fronteras porosas de dichos estudios con los de la esfera pública
(Dahlgren, 2004), que busca un marco de referencia estable para el análisis en la
perspectiva deliberativa (Gastil, 2008), es posible identificar una línea de trabajo en el
campo de la comunicación gubernamental que pone énfasis en su potencial
democratizador del sistema político-administrativo.
La “descentralización” que caracteriza a la tercera era de la comunicación política,
refiere a los cambios que se producen en las relaciones entre los Medios de
Comunicación Masiva, los políticos y los ciudadanos, particularmente, en lo que se
vincula a las agendas de temas que cada uno de estos actores maneja, a las esferas
alternativas de comunicación que se abren y a la necesidad de adaptación que esto
supone para todos los implicados. En lo que a nuestra discusión compete, se pone el
foco en los cambios que se producen en la relación entre los políticos y los
ciudadanos, quienes cada vez más construyen sus propios espacios de comunicación
(grupos de discusión, blogs, redes sociales, etc, además de espacios tradicionales de
co-presencia en las organizaciones), para el tratamiento de los temas que les son
relevantes y el establecimiento de prioridades.
La publicidad como ideal normativo propio del espacio público, incorpora exigencias de
visibilidad, congnocibilidad y accesibilidad a las acciones gubernamentales y criterios
explícitos de adecuación de las comunicaciones a la ciudadanía, para viabilizar la
discusión pública formal (ámbitos legislativos e interfaces ciudadanas) e informal
(opinión pública) para la toma de decisiones colectivamente vinculantes.
La preocupación está en los flujos de comunicación que alimentan los procesos de
toma de decisiones, donde la comunicación gubernamental se incorpora como una
condición de éxito del debate público, de la participación informada de los
potencialmente afectados por la decisión. Lo que se busca desde estos enfoques es
que el flujo de información ya no sea sólo top-down, sino que se articule dentro de un
proceso de construcción pública de los problemas de gobierno. Dicha construcción
pública, supone tres procesos sucesivos y complementarios: publicización, politización
y polarización. En el primero se ubica un tema en la agenda pública, es el resultado de
los flujos de comunicación entre los diversos espacios públicos que en tanto “contexto
de descubrimiento” definen un problema como público. En el segundo, una vez que se
ha conseguido la instalación del tema en la agenda pública, sobreviene la
identificación y atribución de la responsabilidad de una autoridad pública respecto de
aquel problema, quien, en consecuencia, debería aportar e implementar la solución.
Tercero término, se encuentra la concepción proyectos que se consolidan como
definiciones y soluciones alternativas para el problema en cuestión (Gerstlé apud Delle
Done, 2010: 10).
En la ocurrencia de los tres procesos descriptos arriba, de lo que se trata entonces es
de comprender las redes de espacios comunicativos y los flujos de información que
entre ellos se establecen, de reconocer la diversidad de actores involucrados e
integrar las dinámicas conflictivas y cooperativas que se desarrollan a lo largo del
tiempo para el establecimiento de acuerdos que legitiman la toma de decisiones y
posibilitan la construcción pública a la que se hace referencia. Además, según Gastil
(2008: 185) al vincular ciudadanos, expertos y funcionarios en el espacio público la
comunicación asume las siguientes características:
Crea una base de información sólida: combinando la pericia y saberes
profesionales con las experiencias personales, alentando al público a hablar en su
“auténtica” voz, para entender mejor la naturaleza de los problemas y los impactos
sobre la vida de las personas.
Da prioridad a los valores que están en juego: al integrar la articulación de los
valores fundamentales de la opinión pública con expresiones técnicas y legales y la
consideración de los costos y beneficios sociales, económicos y ambientales.
Siempre que asegura que los expertos y los funcionarios escuchen la voz del
público
Identifica una amplia gama de soluciones: soluciones tanto convencionales
como innovadoras, incluyendo los medios gubernamentales y no gubernamentales
para abordar el problema
Sopesa los pros, los contras, y las compensaciones entre las soluciones
alternativas, aplicando sistemáticamente las prioridades de los ciudadanos.
Toma la mejor decisión posible al identificar la solución que mejor se aborda el
problema recurriendo a los múltiples abordajes explicitados.
Todo lo cual, según destaca Gastil (2008), no refiere a meras abstracciones filosóficas,
sino que también da cuenta de la vigencia de reglas de la conversación cotidiana en
las comunicaciones entre el gobierno y los ciudadanos, vinculadas a la información, la
relevancia y la claridad:
"Vamos a escuchar los hechos": asegurarse de las contribuciones sean tan
informativas como se requiere para los fines actuales del intercambio.
"Demasiada información": no aportar más información de la que se requiere.
"No irse por las ramas/ir al grano”: mantenerse en el tema, ser relevante.
"Tener sentido": Evite oscuridad de expresión.
"No ser vago": evitar la ambigüedad.
"Lo bueno si breve, dos veces bueno": ser breve.
En este campo, entonces, los estudios recientes llaman la atención sobre los
reduccionismos a los que se somete la noción de comunicación pública al asimilarla a
lo gubernamental, invisibilizando las agendas y los espacios de los diversos actores
involucrados en los procesos de toma de decisiones colectivamente vinculantes (cf.
Marques y Matos, 2011). En tal sentido, se demanda de la comunicación
gubernamental, la “contención” de los temas tratados en los diversos sectores
sociales, en el marco de referencia más amplio que es el de la “comunicación pública”;
en segundo lugar, se implica a los medios y a los políticos en la construcción de la
inteligibilidad de los contenidos de la comunicación a la que acceden los ciudadanos.
Acceder, comprender y participar hacen a la comunicación que es fuente de
democratización para estos enfoques. Es por esto que, algunos autores, consideran
que la comunicación pública, particularmente la comunicación gubernamental, se
alimenta de un capital comunicacional cuyo potencial democratizador sólo se lograría
en aquellas sociedades donde existe previamente una cultura de participación (Nobre,
2011: 267).
Este enfoque deliberativo busca establecer, entonces, normas y reglas para
universalizar el acceso y la participación en el debate de cuestiones de interés y
relevancia pública (esferas públicas reales y virtuales); garantizar y fiscalizar la
legitimidad y la representatividad de las acciones públicas (como el periodismo público
y la accontability) y la movilización e interacción de los ciudadanos en el decir y hacer
social (Nobre, 2011: 271). Así, las exigencias de la comunicación pública llevada a la
esfera de lo Gubernamental son considerables, la coordinación entre medios y
ciudadanos debe ser constante y, además, para los políticos y empleados públicos
demanda estar al tanto de lo que se produce en las esferas alternativas de
comunicación e, inclusive, participar en ellas.
CONCLUSIONES
Retomando las palabras de Elizalde, decíamos al inicio de este trabajo que la
comunicación gubernamental se inscribe en el marco de la construcción de las
condiciones posibilidad de las políticas públicas, de las acciones de gobierno. En
función de esto expusimos lo que podríamos denominar dos grandes perspectivas en
torno de la comunicación política, que cuando referidas a nuestro campo de discusión
focalizan en “protagonismo” de la comunicación y sus diversos actores en diversos
momentos de las decisiones públicas y de los “consensos” a estas asociadas.
A nuestro modo de ver, en este contexto, lo importante no es resaltar lo que la
comunicación pueda resolver en términos de gubermentalidad sino de
democratización, es decir, la posibilidad de pensar la comunicación de los gobiernos
incluyendo, desde su concepción y la de las decisiones a la que esta se vincula, la voz
del ciudadano, más concebirla como una forma de generar consenso social para
legitimar políticas. Esto es no solo abrir espacios de participación específicos o ad-hoc
para la toma de decisiones puntuales, sino considerar la integración del ciudadano en
la construcción de la comunicación púbica y, por tanto, en la comunicación
gubernamental entendida como espacio de encuentro, debate y co-construcción de los
temas de las distintas agendas públicas (cada una de las agendas asociadas a la
esfera pública como ya dijimos).
De este modo, la comunicación deja de asumir un carácter meramente instrumental,
orientado a la construcción la adhesión social de lo planificado, de lo decidido, en una
lectura reduccionista o al menos democráticamente deficitaria de la construcción de
los consensos que fundan la aceptabilidad racional de la norma (políticas). Con esto
no decimos que el consenso no sea un horizonte deseable, por el contrario, sino que
de lo se trata es del lugar o momento en que se alcanzan “consensos” o acuerdos
mayoritarios en torno de problemas, alternativas de solución e intervenciones públicas;
estas definiciones, en las perspectivas deliberativas, suceden a procesos deliberativos
en los cuales se explicitan y fundamentan los posicionamientos de los diversos actores
involucrados. Desde esta perspectiva, creemos que se hace necesario poner énfasis
en los modos en que los ciudadanos receptan, redireccionan y buscan intervenir y/o
participar en la comunicación de los gobiernos.
El foco de la comunicación gubernamental, entonces, no está sólo en el contenido del
mensaje jerárquicamente definido en orden a aportar a la construcción del mito, sino
en el propio proceso de construcción de la comunicación (¿cómo?) y,
consecuentemente, de sus contenidos (¿qué?). Donde, desde la publicización de una
cuestión hasta las decisiones y acciones gubernamentales en torno de la misma,
importan tanto los temas como los recursos, el contexto y las características de los
actores. Desde esta perspectiva, esas son dimensiones que preocupan a todos los
involucrados en el proceso, y no sólo al Poder Ejecutivo en quien pareciera restringirse
la lectura ortodoxa de comunicación gubernamental.
Por tanto, lo que intentamos poner en tensión es la preeminencia del denominado
“mito de gobierno” por sobre las cuestiones que son problematizadas por los
ciudadanos, por sobre los flujos de comunicación que preceden a la construcción de
los gobiernos y sus decisiones, para el diseño e implementación de las estrategias de
la comunicación gubernamental. En tal sentido, a partir de lo expuesto en este trabajo,
consideramos que es importante poner atención en la construcción y desarrollo
democrático del denominado “mito de gobierno”, considerando que:
1) El “mito”, que funda su origen y permanencia en conceptos arraigados
en la sociedad (valores, creencias, normas), apela para su creación y
actualización a técnicas de “observación” que no ponen en juego la voz de los
involucrados, sino que reproducen la matriz agregativa de preferencias
individuales (pe. Encuestas), desconociendo o -al menos- subestimando las
instancias de encuentro y/o de comunicación directa con la ciudadanía.
2) El proceso de planificación del mito y su comunicación:
a- parten de una lectura unidireccional de las demandas, esto es la
tematización e inclusión en agenda gubernamental de cuestiones
levantadas en los diversos espacios públicos es un problema de
expertos o especialistas, en el marco del departamento ejecutivo;
asimismo,
b- restringen la evaluación de recursos materiales y temporales, que
también condicionan la composición de la agenda de gobierno, a los
denominados “equipos técnicos” de gobierno, desconsiderando la
experiencia de los ciudadanos involucrados.
A modo de síntesis, lo que estamos considerando es que una idea de “buen gobierno”,
en términos deliberativos y desde la perspectiva de la comunicación pública, nos
impone las exigencias que establece la legitimación democrática de las decisiones
colectivamente vinculantes. Esto es, las condiciones de construcción del poder
comunicativo, de circulación de los flujos de comunicación de los actores directamente
involucrados en las mencionadas decisiones, de manera que las esferas de la
comunicación pública y de la comunicación gubernamental no se excluyan y viabilicen
la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas.
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