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INFORME FINAL DE INVESTIGACION:
EL DAÑO MORAL EN MATERIA PENAL, SU
VALORACIÓN A PROPÓSITO DEL DELITO DE
VIOLACIÓN, UN ESTUDIO DE CASO
CLAVE: USO512001096
Presentado por: Dra. María de Jesús Camargo Pacheco
Responsable del diseño y dirección del proyecto Dentro del plan de actividades de la academia de derecho
COLABORADORES:
María del Rosario Molina González Germán Guillén López Alfredo Islas Rodríguez
María Teresa Gaxiola Sánchez
Alumnos: Martín Rábago Corral Jolber Guadalupe Laurean Soto
Navojoa, Sonora a 5 de enero de 2016.
Universidad de Sonora
Unidad Regional Sur
División de Ciencias Económicas y Sociales
Departamento de Ciencias Sociales
EL SABER DE MIS HIJOS
HARÁ MI GRANDEZA
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INTRODUCCIÓN
En México la reparación del daño moral en materia penal constituye un
derecho de las víctimas que carece de garantías que permitan su ejercicio efectivo.
En el ámbito legislativo se le ha regulado bajo una definición oscura e imprecisa,
mientras que en lo jurisdiccional le caracteriza el amplio margen de discrecionalidad
para su reconocimiento, situación que se refleja en la mínima posibilidad de la
víctima de acceder a la asistencia necesaria para superar los efectos del delito. Este
trabajo consiste en un estudio cuantitativo y cualitativo que evalúa la suficiencia y
eficacia del derecho fundamental de víctimas a la reparación de daño moral
tomando como base de estudio el delito de violación; fueron examinadas sentencias
penales dictadas por violación en los juzgados de primera instancia del ramo penal
del Estado de Sonora.
Los datos obtenidos muestran la poca relevancia en los planos normativo y
jurisdiccional. A nivel legislativo se le encasilla a prestaciones económicas sujetas
a la solvencia del agresor, colocándose en segundo plano frente a los daños
patrimoniales; en la individualización judicial de la pena no son decisivos la tipología
victimal, las necesidades de la víctima y el contexto del delito, la insolvencia del
agresor margina toda posibilidad de asistencia y reparación. En más del 50% de las
causas se condena en términos monetarios con una marcada tendencia a fijarla
conforme a la cuantía mínima legal, asimismo se omite considerar los diversos
mecanismos de reparación dispuestos en el orden internacional.
Esta investigación comprende el análisis de los aspectos cuantitativos y
cualitativos de las sentencias referidas al delito de violación, considerando solo
aquellas que se dictaron durante el 2007. Llamé aspectos cuantitativos a las
características de las sentencias que pueden traducirse en números y porcentajes,
y que arrojan información acerca de la manera en que la norma jurídica es valorada
y aplicada por el juez penal.
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Entre los aspectos específicos que se pretendían localizar fueron: número de
causas penales en las que se condenó a la reparación del daño moral; los montos
mínimos y máximos a los que se condenó por este concepto; correlación entre la
prisión, multa y reparación del daño; porcentaje de casos en los que no se condenó
por insolvencia del reo; pruebas más frecuentes para demostrar el daño moral;
tiempo entre la comisión del delito y la reparación; frecuencia con que la víctima
renunció a la reparación económica del daño moral, entre otros.
Por otro lado, utilicé el término elementos cualitativos de las sentencias, para
hacer referencia a la forma en la que el juez penal argumenta la sentencia, sus
razones jurídicas, para ubicar la importancia que éste le da al daño moral de la
víctima, su significado y modalidades; la forma en que evalúa las pruebas al
determinar su procedencia y; los mecanismos que utiliza para procurarla debida
reparación, sean económicos o de otra índole.
Las fuentes de información utilizadas consistieron, por un lado las sentencias
en donde se expresa su interpretación acerca del contenido y alcance de la
reparación del daño moral, las cifras oficiales (estadísticas judiciales que
anualmente elabora el INEGI –Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática, órgano gubernamental- y las entrevistas a operadores del sistema
penal, específicamente a jueces de primera instancia; ello permitió un amplio
panorama respecto de los aspectos que se ponderan en la individualización de la
pena de reparación por daño moral.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Definición del problema
Los juzgadores penales han interpretado al económico como único medio para
acceder a la reparación del daño moral, esto provoca una doble dificultad para la
víctima, porque por un lado se aprecia la complejidad y controversia procesal para
lograr su reconocimiento judicial; y por el otro, la repercusión del status económico
del obligado para conseguir su materialización prácticamente imposibilita que pueda
dictarse una condena favorable. Aunque no todas las víctimas pretenden reparación
económica, la sola insolvencia del inculpado, las margina de cualquier otro tipo de
ayuda; por ejemplo, las que se relacionan directamente con servicios de asistencia
necesarios para superar los traumas y dolores mentales derivados del delito. Las
situaciones arriba expresadas describen la dificultad que existe en México para
hacer valer un derecho relevante para la víctima, que incluso se encuentra
reglamentado en Instrumentos Internacionales que resaltan la obligación de otorgar
a la víctima de los delitos una inmediata atención y resarcimiento de todos los
daños, sin hacer distinción alguna entre daños materiales o morales. La pregunta
central que orientó esta investigación fue: Por lo antes referido, esta tesis se centró
en responder a la interrogante siguiente: En la práctica jurisdiccional,
específicamente en Sonora, ¿de qué manera se valora el daño moral en materia
penal para los efectos de su reparación?
1.2 Hipótesis
En Sonora prevalece en el ámbito jurisdiccional, una visión económica de la
reparación del daño moral derivado del delito, fijándose a partir de una
indemnización en dinero a favor de la víctima.
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1.3 Delimitación
Esta investigación constituye un estudio exploratorio y descriptivo relacionado
con la eficacia del derecho de la víctima a la reparación del daño moral, tomando
como base el análisis de resoluciones dictadas por los tribunales penales del estado
de Sonora en relación al delito de violación.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Determinar mediante análisis estadístico en qué medida en Sonora la víctima del
delito puede ejercer el derecho fundamental de reparación del daño moral.
1.4.2 Objetivos Específicos:
Analizar los aspectos cuantitativos de la reparación del daño, que permitan
ubicar los datos descriptivos numéricos que reflejan las tipologías victimas-
victimarios, así como el comparativo entre las penas impuestas.
Revisar los argumentos del juzgador al momento de determinar la
individualización de la reparación del daño moral, ubicando la
preponderancia que éste le otorga frente a las otras formas de sanción.
1.5 Justificación
Escasos son los apartados destinados al análisis del tema de la reparación del daño
moral derivado del delito en la literatura penal y más aún los estudios relacionados
con la aplicación y medición de la eficacia de la ley. El enfoque desarrollado en este
trabajo tiene como principal aporte el ubicar el tratamiento que se da en el ámbito
legislativo al tema del daño moral y su reparación con la intención de describir la
forma cómo se le interpreta y aplica por los tribunales, ello para medir si
efectivamente la víctima tiene posibilidades de ejercer uno de los derechos
fundamentales más importantes que en su favor reconoce nuestra Norma Suprema:
derecho a la reparación del daño.
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1.6 Metodología
Esta investigación constituye un estudio exploratorio y descriptivo a partir del
análisis de casos respecto de la forma en la que se resuelve en Sonora la reparación
del daño moral derivado del delito, tomando como referente el delito de violación.
Fueron objeto de revisión expedientes y estadísticas judiciales que se
complementaron con entrevistas a una muestra representativa de jueces penales
del estado, ello permitió conocer la relevancia que se le otorga en el plano judicial y
su alcance real como derecho. Se delimitó la investigación a la revisión de los
expedientes que tuvieron sentencia en el año de 2007 en virtud de que ésta fue
iniciada desde el 2009 y en esa fecha previendo encontrar físicamente los
expedientes en el tribunal, ya con calidad de cosa juzgada, habiéndose dado por
concluido el producto final en noviembre del 2014.
Aunque se reconocen otros delitos que generan esta modalidad de daños y
su consecuente reparación, nos centramos en el estudio del delito de violación
porque representa el caso paradigmático, estudios serios en psicología confirman
que tratándose de la violación sexual el daño moral es más dramático y existe en
mayor grado que cualquier otro delito, en ese sentido se expresa Ferreiro
Baamonde, quien lo ubica como el delito más influyente tanto en la salud como en
la estabilidad mental de la víctima, sus efectos se ven exacerbados con respecto a
otros tipos de delitos, generando mayor trauma con repercusiones innegables en la
vida futura de la víctima.1
El estudio de campo se definió mediante un muestreo aleatorio estratificado,
siendo seleccionadas 33 causas penales, de un universo de 176 resueltas en los
tribunales de primera instancia del ramo penal del estado de Sonora, en ciudades
con mayor densidad de población e incidencia del delito, tomando como base del
estudio las sentencias dictadas en el año 2007.
El estudio de las resoluciones judiciales se realizó mediante una ficha técnica
de veintinueve ítems relacionados con tipologías víctima-victimario, elementos
cuantitativos de las penas, pruebas y la ponderación de las mismas en la
1 Ferreiro Baamonde, Xulio, La víctima en el sistema penal, 2005, España, La Ley, p.157.
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individualización, y un cuestionario semi estructurado, que orientó las entrevistas a
los jueces penales.
1.7 Marco Teórico
En esta tesis se analiza la reparación del daño moral como un derecho
fundamental a partir de su interpretación sistemática con todo el orden jurídico
mexicano, tomando como base los planteamientos del garantismo penal
especialmente de los expresados por el italiano Luigi Ferrajoli, el máximo exponente
de esta corriente jurídica. En los apartados siguientes retomo de este autor y de sus
seguidores, los conceptos que me permiten encuadrar el problema en el marco de
esta teoría jurídica contemporánea.
La pertinencia de retomar este paradigma para la fundamentación radica en
el propósito de abordar el tema del derecho a la reparación del daño moral,
utilizando como instrumentos metodológicos no solo la interpretación de las formas
legales, sino también indagando el deber ser de la norma jurídica en cuanto a la
protección de la víctima como una minoría débil. Las necesidades de las víctimas
quedan al margen de la justicia penal al conformarse el Estado con condenar un
monto indemnizatorio por concepto de daño moral, que ni en lo más mínimo
posibilita su recuperación, aunque durante el juicio haya quedado más que claro el
impacto o dimensión del daño moral, debido a que en su mayoría el obligado a
cubrirla resulta insolvente.
A la luz del Garantismo penal, Ferrajoli introduce el concepto de derecho
fundamental para hacer referencia a: “todos aquellos derechos subjetivos que
corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto a dotados del
status de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar”.2
Constituyen derechos fundamentales aquellos derechos constitucionalizados, que
aparecen reconocidos en nuestro máximo ordenamiento, en este caso, comprende
2 Ferrajoli, Luigi, Los Fundamentos de los derechos fundamentales, 2001, Ed. Trotta, Madrid, p. 19.
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también los establecidos en las declaraciones, pactos internacionales, etc. y el
estado debe salvaguardar estos derechos y garantizarlos.
En este caso la reparación del daño constituye un derecho subjetivo a favor
de las víctimas del delito, el cual se encuentra previsto en nuestra Norma
Fundamental, en los Códigos Penales de las entidades federativas y sobre todo en
los instrumentos internacionales que establecen el contenido y modalidades de las
formas de reparar a las víctimas. La tutela de este derecho se extiende tanto a los
daños materiales o patrimoniales como también a los daños morales, sin que en
ningún caso implique un mayor o menor valor del uno frente al otro.
En el Garantismo, el término garantías reviste un significado trascendente,
que va más allá del simple establecimiento normativo, sino que implica la previsión
de mecanismos viables para ejercer los derechos fundamentales. Son los derechos
plasmados en la constitución que garantizar el cumplimiento de una obligación. Luigi
Ferrajoli, divide las garantías en garantías secundarias y garantías primarias. Son
garantías primarias son actos no validos que violen los derechos subjetivos y por lo
tanto violen también las garantías primarias.3 Y las garantías secundarias implican
aplicar sanción cuando constaten la existencia de un delito que violen los derechos
subjetivos y transgredan también las garantías primarias.4
1.8 Conceptos guía
En este apartado se desarrollan sintéticamente los conceptos básicos
relacionados con el contenido de esta investigación como lo son víctima, reparación
del daño y daño moral.
1.8.1 Víctima
Conforme a lo establecido en la Ley General de Víctimas se reconoce esa
calidad a los afectados directos o indirectos del delito:
3 Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, Porrúa, 2006, p.82. 4 Idem.
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“directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, económico o en general cualquier puesta en peligro de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos reconocidos en la constitución o en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.”5
Del anterior concepto se desprende el reconocimiento que se le otorga a una
persona de ser víctima independiente que el acto de afectación al que haya sido
expuesto derive o no de un delito, sino también por el hecho de haberse violado
cualquiera de los derechos humanos contenidos en los documentos
internacionales suscritos y ratificados por México.
Reconoce también la categoría de víctima indirecta conteniendo en ella a:
“familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una
relación inmediata con ella”6 Esta categoría comprende también a los grupos,
comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus
derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de
un delito o violación de derechos”.7
Por lo antes expresado se entiende entonces por víctima en su sentido
amplio, no reduciéndola a la víctima directa del delito sino también a los afectados
colaterales; por otro lado reconoce que son víctimas también grupos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad entre ellos comunidades indígenas u
organizaciones sociales que resulten afectados en los derechos, afectación que no
necesariamente debe derivarse de la victimización por un delito, sino por violaciones
a cualquier otro tipo de normas o leyes.
Desde el punto de vista penal, el Nuevo Código de Procedimientos Penales,
establece un concepto de víctima como: “sujeto pasivo que resiente directamente
sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se
5 Ley General de Víctimas, vigente al 3 mayo 2013, artículo 4, p.2., disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf, retomado el 12 de junio de 2015. 6 Idem 7 Idem
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considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o
puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.”8
Asimismo expresa que “en los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la
víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que
este Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la
cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por
consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado,
por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la
víctima.”9
Es novedoso el concepto de víctima que introduce el Código Nacional de
Procedimientos Penales porque otorga el reconocimiento de esta situación a
cualquier sujeto que haya sufrido daños directa o indirectamente a consecuencia del
delito, es decir a terceros que incluso pueden ser distintos a la familia de la afectada
directa, además introduce el término conviviente, dándole un tratamiento análogo al
de cónyuge o concubino.
1.8.2 Daño moral
Aun cuando su definición sigue adoleciendo de imprecisión, la institución del
daño moral se encuentra reconocida en los sistemas jurídicos modernos; términos
como daño extrapatrimonial, inmaterial, psicológico, agravio moral se utilizan para
su denominación. El empleo de la palabra “moral” no deriva de la naturaleza de las
afectaciones ya que no solo constituye ataques a la moral, buenas costumbres o
reglas sociales; se designó en oposición al de daño patrimonial para referir
afectaciones a bienes inmateriales, incorpóreos o internos de una persona.
Como más adelante se describe, hay autores que prefieren referirlo como
extrapatrimoniales para evitar las confusiones que la interpretación literal de la
expresión “daño moral” propicia. Aun así, por lo denso de su contenido es frecuente
8 Art. 109 Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente al 29 de diciembre de 2014, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_291214.pdf, p.29 9 Idem
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que la doctrina jurídica la señale como una figura borrosa, por la incertidumbre que
su definición propicia.10
Gutiérrez y González sostiene que es “el dolor cierto y actual sufrido por una
persona física, o el desprestigio de una persona, física o social colectiva, en sus
derechos de la personalidad, con motivo de un hecho ilícito o lícito y que la ley
considere para responsabilizar a su autor”.11
Barragán Salvatierra lo ubica como el “ataque, lesión o menoscabo inferido
a la persona por otro; comprende ataques al honor, a la intimidad de las personas,
a su dignidad pública y social, a su decoro”.12
Para Galindo Garfias es la “lesión no material que por sí misma origina dolor
en el ánimo de la víctima”. Se traduce en una afectación a la dignidad, a los
sentimientos de afección o de estimación, la reputación, al uso de su propia imagen
otras variantes.13 Aunque se trata de daños que tienen que objeto de afectaciones
valores espirituales, sentimientos, salud psíquica, biológica, etc., cabe destacar que
en ciertas circunstancias tiene repercusiones de tipo económico, en virtud de que
limitan o impiden el ejercicio de actividades de tipo laboral, educativo por lo que
permiten ser evaluadas en términos de prejuicios o daños económicos indirectos.
Son pocos los autores que refieren entre las modalidades de daño moral los
traumas o daños psicológicos que la víctima ha experimentado en su intimidad, que
se manifiestan ocasionalmente con la pérdida parcial o total de capacidad intelectual
colocándola en una situación de abandono o aislamiento social. La mayoría de los
tratadistas ubican al daño moral en el sentido de atentados a los derechos de la
personalidad asociados a la imagen social y tranquilidad espiritual, sin embargo
considero que el término daño moral debe ser considerado en su más amplio
10 En este sentido se encuentra Diez Picazo y Ponce de León, en Derecho de daños, España, Civitas,
1999, p. 324. 11 Gutiérrez y González, Ernesto, Derechos de las Obligaciones, 16ª ed., México, Porrúa, 2007, pp. 730-731. 12 Barragán Salvatierra, Carlos, Derecho Procesal Penal, 2ª ed., México, Mc Graw Hill, 2004, p. 288. 13 La Compensación por daño moral”, en: Comunicaciones Mexicanas al Xl Congreso Internacional De Derecho Comparado (Caracas, 1982), México, Instituto de Investigaciones jurídicas, UNAM, 1984, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/414/5.pdf, p 124.
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sentido englobando también en él no solo a los daños relacionados con la estima
social, sino también la merma intelectual que ha influido en la disminución de las
capacidades y oportunidades en la víctima frente a las expectativas de un proyecto
de vida que no podrá ser retomado, hecho que ocurre por ejemplo en las
enfermedades mentales que colocan a la afectada en una situación de discapacidad
parcial o total, transitorias o permanentes.
El daño moral no solo se produce por infligir afectación a la estima,
reputación, apariencia estética, si no también comprendiendo en ella a los daños
biológicos y daños mentales que requieren tratamiento especializado.
1.8.3 Reparación del daño
Es una sanción establecida para obligar al delincuente o al estado a reparar
el daño causado a la víctima derivados del delito cometido. La Norma
Constitucional14 contempla a la reparación del daño como una pena pública, es decir
como una forma de castigo al que se puede condenar al responsable del delito.
Señala que es responsabilidad del Ministerio Público solicitarla y para el Juez es
obligatorio condenar a su pago en todos los casos en donde exista sentencia
condenatoria. La constitución no determina el contenido de la reparación del daño,
son las legislaciones Penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales los
que determinan el contenido de esta pena.
Por su parte Zaffaroni señala la importancia de la reparación del daño:
“es una medida pacifica social por lo que debe fomentarse, haciendo que el condenado pruebe haber indemnizado a la víctima antes de obtener cualquier beneficio, creando fondos de reparación, posibilitando la extinción o la superación de la acción penal cuando el procesado hubiere reparado el daño, extendiendo el plazo de la prescripción a la acción civil emergente”. 15
14 Art. 20, apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 Citado por Rodríguez, Manzanera Luis, victimo logia, Porrúa, México, 2010, p. 401.
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Elizabeth Carrizales sostiene que implica “la obligación de restituir,
restablecer la situación existente antes de la producción del daño. Consiste en
reintegrar al perjudicado a las condiciones normales antes de la ocurrencia de la
lesión hacia sus bienes o derechos.”16
José Zamora Grant tomando como fundamento la Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de
poder, refiere que la reparación del daño: “comprenderá la devolución de los bienes
o el pago por los daños o perdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados
como consecuencia de su victimización, la prestación de servicios y la restitución
de derechos.”17
El artículo 26 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
establece los lineamientos a considerarse para la fijación de la reparación
del daño:
Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
Enunciativamente el artículo 27 refiere los mecanismos de reparación
reconocidos en México:
I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
16 Carrizales, Chávez, Elizabeth, Acreditación del daño moral en materia penal, Flores editor y distribuidor, México, 2011, p.77-78. 17 Zamora Grant, José, La víctima en el sistema penal mexicano, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2003, p.149.
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III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos; IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación…”18
Calderón Gamboa señala que la reparación del daño comprende las
diferentes formas como un estado puede hacer frente a la reparación internacional
en que ha incurrido (restitution in integrum, indemnización satisfactoria, garantías
de no reparación, entre otras).19 Señala como ejemplos específicos de reparación
a las que a continuación se describen: 20
Indemnización: Debe ser (económica, pronta, adecuada y efectiva).
La restitución: Está dirigida a restablecer la situación existente en la
violación de derechos humanos o derecho humanitario.
Compensación: Por todo perjuicio que resulte como consecuencia de
una violación de derechos humanos o del derecho humanitario y que
fuera evaluable económicamente.
18 Cfr. Ley General de Víctimas, Op. Cit., p. 16. 19 Calderón Gamboa, Jorge Francisco, Reparación del daño al proyecto de vida por violación de derechos humanos, 2005, Ed. Porrúa, México, p. 15. 20 Ibid., pp. 17 y 18
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Rehabilitación: La que incluirá atención médica y psicológica, así
como prestación de servicios jurídicos y sociales.
Satisfacción y garantías de reparación: Las incluirán cuando fuere
necesario.
Las anteriores formas de reparación figuran en algunos de los instrumentos
internacionales que serán objeto de análisis en los capítulos siguientes, documentos
de gran trascendencia para la comprensión de su dimensión como derecho
fundamental. Por disposición expresa del artículo 1º Constitucional en México se
adopta desde 2011, una protección amplia de los derechos humanos mediante el
reconocimiento del principio pro persona; este debe tomarse como un eje rector
tanto en la interpretación como en la aplicación de las normas jurídicas en lo que
favorezca y otorgue una mayor protección a la persona. Así se expresa en las
siguientes tesis de la Corte:
PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.21 El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un
21 2000263. 1a. XXVI/2012 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Pág. 659.
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lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro. Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucia Segovia.
El principio admite la obligatoriedad de los tratados internacionales suscritos
y ratificados por nuestro país cuando estén de por medio derechos humanos. De
esa manera, debe entenderse como obligatorios para las autoridades de todos los
niveles para que oficiosamente reconozcan los derechos a favor de las víctimas que
se encuentren consagrados en los diversos instrumentos o protocolos
internacionales; ello independientemente de que exista o no referencia expresa a
ellos en la propia constitución Federal o en las leyes secundarias. En este caso,
deben aplicarse como mecanismos de reparación del daño a víctimas todos
aquellos que aunque no estén específicamente establecidos en la constitución o en
nuestras leyes Internas, se encuentren contenidos en aquellos protocolos
internacionales que hayan sido firmados y ratificados por nuestro país.
1.8.4 Reparación integral
La Ley General de Víctimas, introduce el término reparación integral para determinar
el alcance del derecho a la reparación, implica de alguna manera el proporcionar
las condiciones para que la víctima pueda superar desde todas las formas posibles
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los efectos negativos del delito, que le permita regresar a la situación anterior del
delito, en todo lo que se pueda:
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. 22
Este concepto tiene correspondencia con el sentido amplio de reparación
que otorgan tanto el Principio de los Derechos Fundamentales de Justicia para las
víctimas del delito y del abuso de poder como la Ley y otros instrumentos que serán
analizados en los apartados correspondientes.
El artículo 19 del Reglamento de la Ley General de víctimas prevé la
elaboración de un Programa Integral de Atención a Víctimas, en el cual deberán
determinarse con puntualidad los procedimientos e instancias y demás requisitos
para la prestación de servicios y apoyo a cargo de instituciones tanto públicas como
privadas.23
El Modelo Integral de Atención a Víctimas24 fue aprobado por la Comisión
ejecutiva de Atención a víctimas, con fecha 4 de junio de 2015. Constituye un gran
avance para las víctimas porque en ella ubica la posibilidad para que la víctima o el
ofendido tengan acceso a la atención más completa y adecuada que les permita
afrontar y superar los efectos del delito.
22 Art. 1 párrafo cuarto Ley General de Víctimas, Op. Cit. 23 Artículo 19 del Reglamento a la Ley General de Víctimas, expedido el 28 de noviembre de 2014, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5372628&fecha=28/11/2014. Retomado el 12 de octubre de 2015. 24 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5395286&fecha=04/06/2015. Retomado el 12 de octubre de 2015.
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El instrumento jurídico referido en el párrafo anterior, contempla la
reparación integral, en los términos siguientes:
“Es el derecho de la víctima a ser reparada de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que ha sufrido como consecuencia del delito o el hecho victimizante que la ha afectado, o las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no reparación”.
Establece que las medidas de reparación integral implican el “conjunto de
medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y de garantías de
no repetición encaminadas a la reparación integral de la víctima.”25
Son medidas de atención: “Las acciones encaminadas a dar información,
orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas con el objeto de
facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.”
La restitución consiste en medidas para restablecer a la víctima, siempre que sea
posible, a la situación anterior al delito.26
En relación a la rehabilitación la considera en su más amplio sentido,
retomando todas las medidas terapéuticas, médicas, financieras, etc. que permitan
el restablecimiento de la víctima:
“Medidas para brindar a la víctima servicios médicos, psicológicos, sociales, financieros o de cualquier otro tipo para el restablecimiento de su independencia física, mental, social y profesional y su inclusión y participación en la sociedad. La rehabilitación se refiere a la restitución de funciones o la adquisición de nuevas competencias que requieran las nuevas circunstancias en que se encuentre la víctima como consecuencia de los hechos victimizantes.”27
25 Idem 26 Idem 27 Idem
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Finalmente establece la compensación, satisfacción y garantías de no
repetición como otras formas de obtención también de la reparación integral:
Compensación. “Medida que se otorgará a la víctima por todos los perjuicios,
sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la
comisión de delitos o de la violación de derechos humanos.”28
Satisfacción. “ Medidas de acceso a la justicia y a la verdad, así como aquellas
medidas de carácter simbólico y de carácter público que tienen la finalidad de
reconocer la dignidad de la víctima.”29
Garantías de no repetición. “Medidas de carácter particular o general cuyo fin
es garantizar, en la medida de lo posible, la no repetición del hecho victimizante.”30
De los conceptos arriba transcritos se desprende que los instrumentos
protectores de los derechos humanos de las víctimas en México, entre ellos la Ley
General de Víctimas, el Reglamento a la Ley General de Víctimas, el Modelo Integral
de Atención a Víctimas han incorporado un concepto amplio de reparación del daño
que posibilita que la víctima pueda acceder a variados mecanismos de reparación
que le proporcionen condiciones para superar los efectos adversos del delito. Ahora
es interesante darle seguimiento a la aplicación de los referidos instrumentos que
son de reciente creación a fin de comprobar que efectivamente se han aplicado y
no quedado en letra muerta o derecho de papel.
28 Idem 29 Idem 30 Idem
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CAPITULO II
ASPECTOS CUANTITATIVOS
2.1 Características de la muestra
Para obtener la muestra de las sentencias dictadas llevé a cabo un muestreo
aleatorio estratificado, considerando a las ciudades de mayor densidad de población
y de mayor incidencia de este delito. Opté por incluir los municipios de Hermosillo,
Cajeme, Nogales y Navojoa, bajo el argumento de que concentran, de acuerdo al
comportamiento en los años 2006, 2007 y 2008, la mayor incidencia de este delito
en el estado de Sonora, y por consiguiente, generaron la mayor parte de las
sentencias. Tomé como base para esa decisión las estadísticas de INEGI,
Procuraduría de Justicia del Estado y Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sonora.
Para obtener una muestra de las sentencias dictadas por violación en 2007,
llevé a cabo un muestreo aleatorio estratificado, considerando a las ciudades de
mayor densidad de población e incidencia de este delito; se generaron los
resultados que se muestran a continuación.
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI (2006). XIII Censo
Nacional de Población y Vivienda.31
31 Gráfica 3.3 Población total por principales municipios al 17 de octubre de 2005, recuperado el 20
de abril de 2009, de:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy+=aee&edi=2008
&ent=26
Tabla 1. Porcentaje de habitantes por municipio en Sonora.
Hermosillo Cajeme Navojoa Nogales Sumatoria
701,838 h. 29.3%
375,800 h. 15.1%
144,598 h. 6.03 %
193,517 h 8.1%
1,572,829 h 65.67%
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Los municipios que integraron la muestra fueron Hermosillo, Cajeme,
Nogales y Navojoa, por ser los de mayor densidad de población en Sonora. La
sumatoria de la población de los cuatro municipios llega al 65.67% del total de los
habitantes en el Estado que es de 2 394 861. En el mapa siguiente se muestran los
municipios objeto de análisis.
En las ciudades arriba mencionadas se mantuvo, entre los años del 2006 al
2008, una tasa de incidencia en ese delito de más del 50% de los casos en el
Estado, tal como se muestra en la tabla 2:
Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia
del Estado de Sonora, (2009), Indicadores delictivos. Violación.32
32 Gobierno del estado de Sonora, recuperado el 12 de marzo de 2009, de:
http://www.todosporlaseguridaddetodos.gob.mx/pdf/pordelito/violacion.pdf
Tabla 2.Delitos de violación denunciados en el estado de Sonora.
Total de
denuncias
Hermosillo Cajeme Nogales Navojoa Sumatoria
2006 305 63 (20.65%) 53 (17.37%) 31 (10.16%) 10 (3.27%) 157 (51.45%)
2007 310 80 (25.80%) 40 (12.90%) 35 (11.29%) 11 (3.54%) 166 (53.53%)
2008 262 61 (23.28%) 36 (13.74%) 41 (15.64%) 5 (1.90%) 143 (54.56%)
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De las cifras arriba referidas se desprende que en el estado de Sonora los
municipios que constituyen el foco rojo, en cuanto a incidencia de denuncias de
delito de violación, son los que se incluyen en la muestra. En su conjunto
representan, de acuerdo a los datos históricos del 2006 al 2008, una tendencia de
más del 50% de los casos denunciados. La ocurrencia del delito en otros municipios
del Estado no es tan significativa.
Del total de las sentencias generadas en los Juzgados de Primera Instancia
de lo penal en Sonora, los cuatro municipios de la muestra elegida, representan casi
el 50% de las causas penales resueltas; esta cifra es relevante conforme a la
justificación estadística que se presenta en apartados siguientes, la cual indica que
es válida para hacer una generalización de los resultados del trabajo de campo, así
se expresa en la tabla 3.
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por INEGI, Anuario Estadístico
2008.33
1.3 Cálculo estadístico de la muestra
La determinación de la muestra se realizó con la siguiente fórmula estadística:
𝑛 =𝑁𝜎2𝑍2
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
Donde:
𝑛= tamaño de la muestra.
𝑁= tamaño de la población.
𝜎= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor constante de 0.5.
𝑍= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no
se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza; equivale a 1,96
33 Punto 8. Seguridad y orden público, 8.12: “sentenciados registrados en los juzgados de primera
instancia en materia penal del fuero común por municipio donde ocurrió el delito según principales delitos 2007”, segunda y última parte. Documento Excel, INEGI, recuperado el 20 de marzo de 2009.
Tabla 3. Sentencias por violación durante el 2007.
Total de sentencias Hermosillo Cajeme Nogales Navojoa Sumatoria
173 34 17 27 4 82 = 47.39%
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(como más usual) o en relación al 99% de confianza; equivale 2,58, valor que
queda a criterio del investigador; en otras palabras, es el límite del área bajo la
curva Gaussiana.
𝑒= Límite aceptable de error de la muestra que, generalmente cuando no se tiene
su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0.01) y 9% (0.09), valor
que queda a criterio del encuestador.
Se tiene 𝑁= 173 sentencias para un 80%de confianza,𝑍= 1.28, 𝜎 = 0.5 y𝑒= 0.1.
𝑛 =(173)(0.5)2(1.28)2
(173 − 1)(0.1)2 + (0.5)2(1.28)2
𝑛 ≈ 33 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑒𝑛𝑙𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎34
De esta manera, resultaron 33 elementos o sentencias para respaldar el
estudio exploratorio del universo de sentenciasen el estado de Sonora, México. Los
atributos de la muestra son los que se indican en la tabla 4.
Tabla 4. Atributos estadísticos de la muestra.
Atributos Resultados
Margen de error 10%
Nivel de confianza 80%
Nivel de heterogeneidad 50%
Tamaño recomendado 33 muestras
Para un universo de 173 sentencias
Fuente: Elaboración propia.
Para la definición de las muestras para cada estrato y la revisión de
expedientes de las ciudades seleccionadas se realizó un procedimiento aleatorio
simple. Las resoluciones judiciales estuvieron accesibles en más de un 60%, se
revisaron por cada tribunal los siguientes:
Tabla 5. Distribución de los expedientes analizados por ciudad
34 Independientemente de la justificación estadística de la muestra, el número de 33 sentencias es
correcto metodológicamente, puesto que no puede haber mucha dispersión en las respuestas obtenidas en los juzgadores y en las sentencias revisadas por ser decisiones en todo caso acotadas en los supuestos normativos.
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Ciudad Tribunal Núm. de expedientes analizados (33)
Hermosillo Juzgado Primero Juzgado Tercero Juzgado Cuarto Juzgado Quinto Juzgado Séptimo
5
Cajeme Juzgado Primero Juzgado Segundo Juzgado Tercero Juzgado Cuarto
3 3 3 3
Navojoa Juzgado Primero 4
Nogales Juzgado Primero Juzgado Segundo
6 6
Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO II
LA REPARACIÓN DEL DAÑO COMO UN DERECHO
FUNDAMENTAL DE LAS VÍCTIMAS EN MÉXICO
En septiembre de 1993, como un compromiso contraído con los organismos
internacionales, se incorporó a la Constitución Federal los derechos a favor de las
víctimas u ofendidos, se agregó a su artículo 20 un párrafo final que precisó el
marco normativo para la protección de la víctima del delito en México, incluyéndose
entre ellos el de asesoría jurídica, reparación del daño, coadyuvancia con el
ministerio público o fiscal y la atención médica de urgencia. Lo anterior obligó a
las legislaturas de los estados o provincias a reformar sus respectivas legislaciones
penales para retomarlas; sin embargo, en su mayoría solo las transcribieron
literalmente ignorando su reglamentación, al no ocuparse en definir las garantías
para su cumplimiento, provocando que víctima u ofendidos no obtuvieran en lo
inmediato su reconocimiento.
En lo que toca al derecho a la reparación del daño, aunque no lo señala de
manera expresa nuestro Máximo Ordenamiento, se entiende en una interpretación
extensiva que está referido a la protección de todos los daños que puedan
experimentarse a consecuencia de un delito, ya que no se establece distinción
alguna, de tal forma que se entiende que se encuentran protegidos en igualdad de
circunstancias el daño material y el daño moral.
Cabe destacar que de manera especial la reparación del daño moral es un
derecho que carece de garantías en virtud de que no existen mecanismos legales
efectivos para asegurar su satisfacción en los casos de insolvencia del delincuente.
Incluso la Corte ha resuelto que su otorgamiento depende de la posibilidad
económica del obligado, en el mismo sentido la mayoría de las legislaciones penales
de las entidades federativas lo contemplan en sus reglas de procedencia. No
obstante lo anterior, en varios instrumentos internacionales suscritos y ratificados
por México, se ha contraído el compromiso de apoyar a las víctimas con la creación
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de fondos económicos gubernamentales, sin que ello constituya una realidad en
todo el territorio nacional.
A la aparición constitucional de los derechos de las víctimas le siguieron las
reformas del 2000 y 2008. La de 2000, amplió el derecho a la atención médica,
comprendiendo en ella también a la psicológica, pero en todo caso solo en situación
de urgencia. La víctima puede acceder a ellas desde la comisión del delito, pero
solamente para superar una situación de crisis, más no para el seguimiento hasta
la cura total.
En cuanto a la reparación del daño, se señala la obligación del juzgador de
no absolver de la misma si ha emitido sentencia condenatoria; y además, impone
para el legislador secundario, la obligación de establecer procedimientos ágiles para
su ejecución. Al otorgar nuestra Norma Fundamental a la reparación del daño la
calidad de pena pública, el juez penal debe condenar a su pago al responsable del
hecho en todos los casos en los que se haya acreditado su intervención en el delito,
fuera de ese supuesto si existió el daño moral pero no se acreditó la responsabilidad
del inculpado, la víctima no es protegida en nuestro sistema jurídico. Cabe hacer
mención que mediante la aprobación en el mes de enero de 2004 de la Ley General
de Víctimas se ha establecido que la categoría de víctima, no se pierde por la
ausencia de un culpable, sino que subsiste la obligación para el Estado de otorgar
protección a sus derechos independientemente de que se capture o no al
responsable, o de que se compruebe su responsabilidad, basta que se acredite el
daño sufrido.
Estableció el derecho a no carearse con el inculpado cuando la víctima u
ofendido sean menores de edad y se trate de delitos de violación o secuestro. Sin
embargo otorga a las leyes secundarias la obligación de determinar las condiciones
en que dichas declaraciones deben llevarse a cabo.
También contempló la posibilidad de solicitar medidas y providencias para su
seguridad y auxilio. Derivado de lo anterior se delegó la responsabilidad para que
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los legisladores de los estados en sus respectivas codificaciones determinaran la
forma de auxiliar y proteger a las víctimas de los delitos, de esta manera aparecieron
varias leyes especiales, por ejemplo las de protección y asistencia a víctimas del
delito, las de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, las de protección
a víctimas de la violencia intrafamiliar y otras, que no siempre se expidieron de
manera simultánea con su respectivo reglamento lo cual impidió su inmediata
aplicación.
En junio de 2008 se publicó en México la reforma al sistema de justicia penal,
que entre sus objetivos pretendió “fortalecer la seguridad pública y revigorizar el
sistema de impartición de justicia penal,”35 con intención de privilegiar los derechos
de las víctimas, aprobándose algunas modificaciones que impactaron de manera
positiva su esfera de derechos fundamentales.
El artículo 17 constitucional incorporó en el párrafo cuarto, los mecanismos
alternativos de solución de controversias, estableciéndose que en materia penal
debían regularse en las leyes correspondientes. La adición de los mecanismos
alternativos constituye una oportunidad para la víctima de obtener reparación de
los daños, porque privilegia la posibilidad de conseguirla extrajudicialmente, sin
padecer las molestias de un juicio que no ofrece una mayor garantía para asegurar
el pago correspondiente. Además señaló cómo obligación, el asegurar la
reparación del daño determinándose los casos de necesaria supervisión
jurisdiccional.
El artículo 20 sufrió modificación en su estructura, separándose en tres
apartados: A, relativo a los principios rectores del sistema penal acusatorio; B, los
derechos del inculpado; y C, retomando los derechos de las víctimas u ofendidos
Dentro del apartado A, en su fracción I, se estableció la reparación del daño
como una de las directrices del nuevo modelo de justicia penal; ello tiene relación
con diversas figuras que se crearon como salidas al juicio oral, entre ellas: la
35 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comentarios a la Reforma Constitucional en materia
penal, mesas redondas, abril-mayo 2008, México, 2008, p. XI.
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suspensión del juicio a prueba, el procedimiento abreviado, los principios de
oportunidad y los acuerdos reparatorios.
En el apartado B, en su fracción V, segundo párrafo, se previó como regla de
excepción, que tratándose de los delitos de delincuencia organizada, las pruebas
obtenidas en la fase de la investigación tuvieran validez en el proceso, en cuando
no puedan ser repetidas por correr riesgo la víctima o los testigos.
En el apartado C, se agregó al derecho a la coadyuvancia la posibilidad de
la víctima de presentar por propia mano, ante la representación social o ante el
juzgador, los medios probatorios e incluso medios de impugnación que tenga a su
alcance. Asimismo, establece como un medio de control de las actuaciones del
agente del ministerio público, que en caso de negativa para realizar alguna
diligencia, deberá fundar y motivar su decisión. En este caso, la apertura de la
participación de la víctima en la investigación, y posteriormente en el juicio, resulta
benéfica porque en muchas ocasiones se descuida el seguimiento de los juicios
penales durante el proceso, porque la representación social tiene una carga muy
numerosa de asuntos pendientes de resolver.
Con relación al derecho a la reparación del daño, previsto en la fracción IV
del mismo apartado, se especifica que aunque es obligación del agente del
ministerio público solicitarla, ello no impide que la víctima pueda hacerlo
directamente. Asimismo establece la obligación del juzgador de condenar a la
reparación del daño en todos los casos en donde exista sentencia condenatoria. Sin
embargo no establece sanción alguna para uno y otro que incumpla sus respectivas
responsabilidades. Marginalmente en algunas legislaciones penales se han
establecido sanciones ante tales omisiones que deja a las víctimas en estado de
indefensión.
La reparación del daño en general constituye un derecho fundamental que
está contemplado en los ámbitos internacional y nacional. Organismos
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internacionales como la OEA y la ONU, por referir a algunos, han generado
instrumentos o protocolos que otorgan reconocimiento a variadas formas de
reparación, que se traducen no solo en restitución, indemnización o rectificación,
sino en otras formas que implican prestaciones a cargo de los poderes del Estado
o de particulares para coadyuvar con la víctima a mitigar los efectos del delito,
propiciando su recuperación. Entre las medidas de reparación que en lo específico
se contemplan en instrumentos internacionales se ubican la restitución,
compensación, satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación. Prevén
como garantía primaria para la indemnización económica, la obligación de los
Estados de crear fondos para aplicarlos en caso de que la víctima no pueda
obtenerla por algún otro medio, tal como ocurre frecuentemente en México por
insolvencia del responsable
En la fracción V, se agrega el derecho a la identidad y datos personales, en
los casos de menores de edad, violación, secuestro y delincuencia organizada, y
cuando sea necesario proteger a la víctima. Establece como una forma de
garantizar el ejercicio de este derecho, como una obligación para el ministerio
público y de los jueces de vigilar el cumplimiento de la misma, pero se trata de
normas imperfectas puesto que no están previstas sanciones para el caso de
incumplimiento.
En la fracción VI se agregó el derecho de solicitar medidas cautelares para
la protección y restitución de sus derechos. Originalmente, nuestra Norma Suprema
establecía en esta fracción el derecho de solicitar medidas para su protección y
auxilio, en un apartado demasiado general que no precisaba en términos concretos
cuáles eran las medidas de protección ni en qué casos. Ahora el sentido de esta
disposición se relaciona con el establecimiento de garantías con el objeto de que la
víctima tenga, una vez terminado el juicio, la posibilidad de reparación del daño.
Zamora Grant señala que el contenido de esta fracción presupone el derecho
general de petición, e interpreta su contenido como una obligación para que las
autoridades acuerden y atiendan favorablemente las medidas solicitadas por las
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víctimas.36 Aclara que ese tipo de medidas se encuentran previstas desde antes
como derechos independientes, dentro de la fracción II referente a la atención
médica y psicológica de urgencia, y en el IV relativo a la reparación del daño. El
autor en comento señala que la fracción arriba citada pretende proteger y restituir a
la víctima en todos sus derechos, incluida la integridad física y psíquica.37 Refiere
que la reglamentación que de la misma se haga en las legislaciones secundarias,
deberá tender a la protección de la salud de la víctima o de sus familiares e
involucrados; a la protección de los bienes y posesiones, afectados o susceptibles
de serlo; protección de testigos; a garantizar la restitución del bien afectado, o su
pago; la indemnización del daño moral o material y el resarcimiento del perjuicio,
entre otros.38
Finalmente, en la fracción VII se estableció el derecho de impugnación por
acciones u omisiones del ministerio público que afecten los derechos de las
víctimas, por omisiones en la investigación, por resolver la reserva, no ejercicio,
desistimiento o suspensión del juicio a prueba cuando no esté satisfecha la
reparación del daño. Esta disposición de origen establecía exclusivamente el
derecho de la víctima a impugnar el no ejercicio de la acción penal; con los cambios
se establece que la representación social, antes de tomar cualquier decisión que
afecte de manera procesal a la víctima, tiene que ser garante de que cuando menos
esté satisfecha la reparación de sus daños.
Cabe destacar que la figura del daño moral en las codificaciones penales es
muy escueta y se encuentra construida sobre conceptos ambiguos y prácticamente
otorgan la más amplia discrecionalidad al juzgador para determinar su procedencia.
Los códigos que contemplan una definición se concreta a trasladar el concepto
tradicional civilista que lo reconoce a partir de la afectación que se produce a los
diversos bienes en ella enlistados: “al decoro, honor, reputación, estima…”.
36 Zamora Grant, José, Derecho Victimal. La víctima en el nuevo sistema penal mexicano, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2010, p. 178. 37 Idem 38 Ibid., p. 179.
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Son escasas las interpretaciones judiciales que se han elaborado respecto del
contenido de la reparación del daño moral, pero las existentes si muestran de
manera clara de qué manera se resuelve su procedencia respecto de determinados
delitos entre ellos homicidio, lesiones, violación e incluso en el robo. En los últimos
años la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado por una protección amplia de
los derechos de las víctimas, obligando a las autoridades encargadas de administrar
justicia a que apliquen el derecho interno retomando cualquier instrumento local o
internacional que garantice la mayor tutela.
En ese sentido es significativo el criterio que refiere lo siguiente:
“REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO.
CONTENIDO DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE CHIAPAS)”. 39 En su contenido el Poder Judicial Federal haciendo
una interpretación sistemática recoge los fundamentos del principio pro persona
contenidos en el artículo 1 y el derecho de la víctima a la reparación del daño,
previsto en el artículo 20 apartado B en su fracción IV ambos de la Norma Suprema
y el artículo 8 en sus numerales 1 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos; para señalar que el contenido de este derecho fundamental tiene como
propósito la preservación de las personas en contra de acciones que busquen
violentarlos, que la afectada no solo tiene el derecho a que se le reparen los daños
desde el punto de vista económico, sino también se llegue a la verdad y se haga
justicia. Argumenta que el principio de dignidad humana impide que la protección
humana sea exclusivamente desde el punto de vista monetario. Luego entonces
señala que la víctima goza de tres derechos: 1. Conocer la verdad, la realidad de
las cosas; 2. Que se haga justicia, es decir que el hecho no quede impune; y 3.
Obtener reparación de los daños, mediante una compensación económica, que es
la forma tradicional que se ha otorgado, o conforme a las formas previstas en las
leyes correspondientes, que además contemplan: restitución, restablecimiento de la
situación anterior, resarcimiento, reparación del daño material y moral, pago de
39 Tesis 2004579. XXVII.1o., (VIII Región) 22 P, 10a. época. Tribunales Colegiados de Circuito. Décima
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Pág. 2660.
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tratamientos curativos a la víctima y pensiones en caso de homicidio o lesiones que
la incapaciten.
En el mismo sentido una tesis aislada40 que en relación a la reparación del
daño, refiere que debe imponerse siempre que se dicte sentencia condenatoria.
Interpretándolo en correlación con el numeral 4o., párrafo octavo, del mismo Cuerpo
Legal que prevé el interés superior del menor, bajo la directriz de garantizar el pleno
respeto, satisfacción y ejercicio de los derechos que les corresponde a niños y
niñas. Además tomando en consideración la dignidad humana y las condiciones
propias de la niñez señala que cuando se condene a la reparación del daño moral
debe incluirse el pago de tratamientos curativos que el menor requiera para la
recuperación de la salud tanto física o psíquica. En congruencia con lo anterior, es
enfático al señalar que si se desprende de las actuaciones jurisdiccionales la
imposibilidad del enjuiciado para cubrirlo, por su condiciones personales (que en el
caso particular que se cita en la tesis consistió en que se trataba de una persona de
origen indígena, no contaba con ingresos económicos, ni ocupación laboral, o
cualquier otra característica), por lo que resolvió procedente remitir al Estado el
otorgamiento del resarcimiento mediante tratamientos curativos que posibiliten
hacer realidad el principio del interés superior del menor.
40 “REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL A FAVOR DEL MENOR DE EDAD VÍCTIMA U OFENDIDO
DEL DELITO. SI CONFORME A LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL INCULPADO, ÉSTE SE
ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA CUBRIRLO MATERIALMENTE, A FIN DE HACER
EFECTIVO EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4O. DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, CORRESPONDE AL ESTADO RESARCIRLO SUBSIDIARIAMENTE”,
TA; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III; Pág. 2118. I.5o.P.26 P
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CAPITULO III
ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LAS SENTENCIAS
Este apartado corresponde a los resultados encontrados en el estudio de campo,
se describen los aspectos cuantitativos de las sentencias revisadas. Denominé
aspectos cuantitativos a las características de las sentencias que pueden traducirse
a números, porcentajes, y que arrojan información acerca de la manera en cómo la
norma jurídica es valorada y aplicada por el juez penal.
Utilizo el término elementos cualitativos de las sentencias para hacer
referencia a la forma en la que el juez penal argumenta la sentencia, sus razones
jurídicas, para ubicar la importancia que este le da al daño moral de la víctima, su
significado y modalidades; asimismo, la forma en que evalúalas pruebas al
determinar su procedencia; y los mecanismos que utiliza para procurarla debida
reparación, sean económicos o de otra índole.
3.1 Características de la muestra analizada
La cifra oficial de la criminalidad en relación de delitos contra la integridad y
libertad sexual presenta en Sonora un marcado sesgo de género, el cual es
estadísticamente superior en la violación en donde se ubica la abrumadora tasa de
victimización contra la mujer a razón de 89% frente al 11% de los varones;41 delito
considerado como un problema de salud pública que requiere tratamiento
asistencial por las secuelas a corto y largo plazo, en algunos casos con efectos
irreversibles, de ahí la importancia de procurar que la víctima cuente con el apoyo y
asistencia necesaria para detener o aminorar sus consecuencias.
El procedimiento penal representa el medio legal que la víctima dispone para
solicitar y conseguir la reparación de sus daños, pudiendo con ello superar traumas
41 Conforme a los datos estadísticos aportados por Inegi (2008). Estadísticas Judiciales en Materia Penal de los Estados Unidos Mexicanos, en el cuadro 2.5, 1ª parte, referido a los delincuentes sentenciados en los juzgados de primera instancia del fuero común por ámbito geográfico de ocurrencia, grupo de edad y sexo según principal delito, p.273
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y reorganizar su proyecto de vida. La Constitución Federal establece en el segundo
párrafo del artículo 17 como derecho humano para cualquier ciudadano que se le
administre justicia de manera pronta, completa e imparcial.42 Obligando al Congreso
a expedir leyes que determinen los mecanismos de reparación.43
De acuerdo con las estadísticas judiciales de 2007 de INEGI,44para el delito de
violación se emitieron en Sonora un total de 173 sentencias, de las cuales 142
fueron condenatorias y 31 absolutorias.
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por elINEGI.
Esa misma tendencia se encontró en la muestra analizada, ya que de las 33
revisadas, 27 de ellas fueron condenatorias y las 6 restantes fueron absolutorias;
estas representan el 82 y 18%respectivamente.
Las modalidades de la comisión del delito encontradas fueron:
1. Violación simple, entendida como la cópula impuesta a la víctima sin su
consentimiento, en la forma básica o propia.
42 V. Artículo 17 segundo párrafo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 43 Idem. Artículo 17 tercer párrafo. 44Cuadro 2.7 Delincuentes sentenciados registrados en los juzgados de primera instancia del fuero
común por ámbito geográfico de ocurrencia y principal delito según tipo de sentencia 2007, en: Estadísticas Judiciales en materia Penal en los Estados Unidos Mexicanos 2007, México, INEGI, 2008, p.436. Ver anexo 2.
82%
18%
Condenatoria (INEGI) 2007.
Sí (142) No (31)
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2. Violación equiparada, también conocida como impropia, la cual se realiza por
medios distintos al miembro viril o con el consentimiento de la víctima si esta
es menor de doce años o incapaz.45
3. Violación calificada, realizada con alguna de las agravantes establecidas en
nuestra legislación, entre ellas: que la víctima sea impúber; que exista
relación de parentesco con la víctima (por ascendiente, descendiente,
adoptante, adoptado, hermano, hermana, tutor, padrastro o madrastra, o
persona que se conduzca como tal); que intervengan dos o más personas;
que se allane el lugar de la víctima o en despoblado; que se cometa con
motivo de empleo, cargo o comisión públicos, o en ejercicio de una profesión
o empleo, utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionan;
que sea en el interior de instituciones de educación básica o media superior
o en sus inmediaciones; o por la condición de género de la víctima.46
4. Violación equiparada calificada, la realizada por medios distintos al normal
(impropia) o con el consentimiento de la víctima si esta es menor de doce
años o incapaz y además, con la concurrencia de algún agravante
(parentesco, que se realice por dos o más personas o cualquier otra de las
previstas).
5. Violación en grado de tentativa, frustrada en su ejecución.47
45 Mediante el criterio Violación equiparada…”, la Corte establece el alcance de ese término, que se
actualiza cuando “el sujeto activo, sin violencia y con fines lascivos, introduzca, por vía vaginal o anal, cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de doce años, o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo”, [ta],novena época; t.c.c., s.j.f. y su gaceta, t. xxxiii, abril de 2011,p. 1473. también en la tesis violación equiparada. se actualiza el delito previsto en el artículo 219, fracción ii, del código penal para el estado de sonora cuando el activo tenga cópula con una persona con retraso mental, aun cuando no hubiere ocasionado el estado o la situación de que se aprovecha para lesionar la libertad sexual de su víctima. Cópula con una persona con retraso mental que, por cualquier causa, no esté en posibilidad de decidir sobre sus relaciones sexuales”. criterio [ta], novena época, t.c.c., s.j.f. y su gaceta, t. xxxiii, enero de 2011,p. 3370. asimismo, en la jurisprudencia violación equiparada entre cónyuges, delito de. señala que: “… se incurre en esta, cuando se impone la cópula a persona que por cualquier causa no pueda resistirlo; por lo que si se tratara de una mujer imposibilitada para sostener relaciones sexuales, como sería el caso de quien sufra parálisis, a la que se someta con ese fin en contra de su voluntad…”, [J], Novena Época, Primera Sala, S.J.F. y su Gaceta; t. XXIII, febrero de 2006,p. 618. 46 Art. 220 del Código Penal para el Estado de Sonora, op. cit., pp. 56 y 57.
47 v. ta., violación en grado de tentativa. “…al ser sorprendido el agente teniendo que suspender la
ejecución por causas ajenas a su voluntad, aun cuando no deje vestigios característicos o
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6. Violación equiparable en grado de tentativa, por medios impropios que no
llegó a consumarse.
7. Violación calificada en grado de tentativa.
8. Otras.
Los porcentajes de ocurrencia de las modalidades antes descritas se
expresan de la siguiente manera:
Fuente: Elaboración propia.
La anterior gráfica indica que en el 66% de los casos, el delito se ejecutó con
alguna de las circunstancias agravantes de las penalidades; principalmente por el
hecho de que la víctima haya sido menor de 12 años, cometida por pariente
consanguíneo o por afinidad en los grados que establece la ley, o ejecutada de
manera continuada. El 34% restante se refiere a violación simple, en tentativa o se
trata de violación equiparada.
Con relación al número de fojas utilizadas en la redacción de las sentencias
tenemos que la mayoría se sitúan entre 21 y 30, así se expresa en la gráfica
siguiente.
específicos… por su particular fisonomía se acredita mediante otros elementos fuera de la descripción médica…”.
1. Violación simple12% 2. Violación
equiparada6%
3. Violación calificada
28%
4. Violación equiparada calificada
38%
5. Violación en grado de
tentativa16%
Modalidades de las causas penales revisadas.
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Fuente: Elaboración propia.
En la gráfica siguiente se muestra el plazo en el cual se resolvieron las
causas penales analizadas, ubicándose la tendencia en un tiempo no mayor a los
dos años, situación que se dio en un 74%.
Fuente: Elaboración propia.
En lo que corresponde a la tipología victimal en la figura 1 se destaca que en
el delito de violación fue en 89% mujeres y 11% varones, siendo las víctimas más
comunes menores de 18 años, en un 61% del total.
25%
44%
16%
9% 6%
Número de fojas del expediente.
Hasta 20 De 21 a 30
De 31 a 40 De 41 a 50
13%
22%
16%23%
26%
Tiempo entre el delito y la condena.
Menos de 6 meses
De 6 a 10 meses
Más de 10 meses y menos deun año
Más de uno y menos de 2años
Más de dos años
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Figura 1. Género de la Víctima del delito de violación en Sonora durante
2007.
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de la muestra
Respecto del parentesco víctima-victimario en el delito de violación se ubicó
en el 51% de los casos algún tipo de relación, sea consanguíneo o por afinidad,
siendo el agresor muy cercano a la víctima. Así se expresa en la figura 2.
Figura 2. Parentesco víctima victimario. Delito de violación en Sonora durante 2007.
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de la muestra
El género predominante del agresor en el delito de violación es el varón, en
el 94% de los casos y la mujer en el 6% (Ver figura 3).
Ninguno49%
Consanguinidad30%
Por afinidad12%
Expareja sentimental
9%
89%
11%
Mujer Hombre
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Figura 3. Género del agresor de violación Fuente: Elaboración propia conforme a los datos estadísticos de INEGI.48
La mayor frecuencia con la que se cometió este delito durante 2007, está
en el rango de edad de 30 a 34 años en el 17% de los casos, en la tabla 1 se
especifican los rangos de edades por género:
Tabla 1. Grupo de edades del agresor Fuente: Elaboración propia conforme a los datos estadísticos. INEGI49
48 INEGI, Estadísticas Judiciales en materia penal de los Estados Unidos Mexicanos, en el cuadro 2.5, 1era. Parte referido a los delincuentes sentenciados en los juzgados de Primera Instancia del fuero común por ámbito geográfico de ocurrencia, grupo de edad y sexo según principal delito. P.273. 49 Idem.
Género H M
De 18 a 19 años 9 0
De 20 a 24 años 26 0
De 25 a 29 años 26 1
De 30 a 34 años 30 0
De 35 a 39 años 22 1
De 40 a 44 años 15 0
De 45 a 49 años 18 0
De 50 a 54 años 9 0
De 55 a 59 años 7 0
De 60 y más años 8 0
Edad no especificada 1 0
Mujer
Hombre94%
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Como se expresa en la figura 4 en el 66% de los casos, el delito de violación
se ejecutó con alguna circunstancias agravante de la penalidad, hecho que se
presenta cuando la víctima es menor de 12 años, si el agresor tiene parentesco con
la misma50 o por haberse ejecutado el delito de manera continuada, es decir en
varias ocasiones sobre la misma víctima.
Figura 4. Modalidades de las causas penales Fuente: Elaboración propia conforme a los datos estadísticos de INEGI
El 34% de los delitos se realizaron en la modalidad de violación simple, es
decir sin agravantes51 o en grado de tentativa no consumada por causas ajenas al
agresor. .La pena básica contemplada en la Legislación Penal de Sonora tanto para
la violación propia como impropia es de cinco a quince años de prisión (Art. 218).52
En la modalidad agravada o calificada la penalidad es de ocho a veinte años de
prisión (Art. 220).53 Cuando el delito se realiza de manera continuada establece que
la pena se aumentará hasta en un tanto más del establecido como máximo, esto es
hasta los treinta años de prisión si es violación simple.54
50 Incluidos parentesco por consanguinidad, por afinidad y civil. 51 En esta también se consideran los casos de violación equipara, en las que se utilizaron medios comisivos distintos al viril, por vía distinta a la vaginal, en los casos de haberse realizado cuando la víctima estaba inconsciente o no podía oponer resistencia en razón de enfermedad o discapacidad, o cuando la víctima otorgó consentimiento pero por tratarse de menor de doce años su consentimiento no exime de sanción al agresor. 52 Congreso del Estado de Sonora, Código Penal del Estado de Sonora, (2015), Código Penal del Estado de Sonora, retomado el 2 de enero de 2015, disponible en: http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_6.pdf 53 Idem. 54 Art. 71, segundo párrafo, Código Penal de Sonora, Op. Cit.
Violaciónsimple12% Violación
equiparada6%
Violacióncalificada
28%
Violación equiparada calificada
38%
Violación en grado
de tentativa16%
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En lo referente a la pena privativa de la libertad dictada en el delito de
violación, la muestra de sentencias analizadas arrojó los datos que se muestran en
la figura 5:
Figura 5. Duración de la pena de prisión dictada en el delito de violación
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de la muestra
De la figura 5 se desprende que este delito se castigó en el 7% de los casos
con penas inferiores a los dos años de prisión, en el 31% rebasó los 10 años y en
el 10% fueron superiores a 15 años de prisión. En este último caso en virtud de
haber concurrido una o varias circunstancias de agravación de las penas o por
tratarse de un delito que se ejecutó de manera continuada.
En la tabla 2 se describen las penas principales que se dictaron en el delito
de violación en Sonora durante 2007, en ella es posible apreciar los casos en los
que se condenó a la reparación del daño del total de las sentencias.
% 7 17 %
% 21
10 %
% 21
10 % % 14
Menos de dos años Mayor de 2 y hasta 5 años Mayor de 5 y hasta 8 años Mayor de 8 y hasta 10 años Mayor de 10 y hasta 15 años Mayor de 15 años Ninguna (Absolutoria)
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Tabla 2. Especificación de las penas principales dictadas en el delito de violación
Durante 2007 en el Estado de Sonora.
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos del estadístico de
INEGI.55
La Tabla 2 muestra que en el 82% de los casos de violación se condenó al
pago de multa al agresor, es decir en las 142 sentencias condenatorias, en su
totalidad se ordenó la multa al agresor. En la figura 6 se especifican los montos
específicos de las condenas que por concepto de multa se dictaron en los
expedientes que integraron la muestra objeto de estudio:
Figura 6. Cuantías por concepto de multa dictadas en el delito de violación en
Sonora en 2007. Fuente: Elaboración propia conforme a la información obtenida de la muestra
55 Extracto del cuadro 2.13 relativo a delincuentes sentenciados en condenatoria, registrados en los juzgados de primera instancia del ramo común, por ámbito geográfico de ocurrencia y principal delito, según el número y tipo de pena impuesta, 2007, INEGI, Estadísticas Judiciales en materia Penal, 2007, Op. Cit., p.455.
Con dos penas Con tres
penas
Prisión
y reparación
del daño
Prisión
y multa
Reparación
del daño y multa
Prisión,
reparación del
daño y multa
4 63 0 75
Total 142
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De la figura 6 se desprende que el monto aplicado con la mayor frecuencia
para la multa fue de 10 días de salario mínimo, en el 40% de los casos, monto
equivalente a 450.00 pesos en la fecha de la sentencia. En el 12% se aplicó en el
rango de 20 a 50 días de salario equivalentes a $900.00 a $2,250.00. En el 52%
de los casos, la multa fue inferior a los 50 días de salario mínimo; mientras que en
el 30% las sanciones fueron superiores a los 50 días de salario, superiores a los
$2,250.00.
La figura 7 permite apreciar los montos por concepto de reparación del daño
moral, dictadas en el delito de violación en el Estado de Sonora, a fin de hacer
comparaciones con las penas antes descritas.
Figura 7. Condenas por reparación del daño moral en el delito de violación. 2007
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de la muestra analizada.
La gráfica 7 indica que en el 57% de los casos existió una condena conforme
al rango mínimo establecido en nuestra legislación penal56 que es de cincuenta
salarios mínimos, equivalentes a $2,250.00.57 Fue decisiva en el establecimiento
del monto la posibilidad económica del obligado, En un número marginal de casos,
representados por el 3%, en los que la víctima obtuvo hasta 500 días de salario
mínimo traducidos a $22,500.00; lo cual significa que un número muy reducidos
56 El artículo 31 bis segundo párrafo del Código Penal del Estado de Sonora, Op. Cit., señala los
rangos de 50 a 1000 días de salario mínimo. 57 Tomando en cuenta que al 2007, el salario mínimo llegó a corresponder a la cantidad aproximada
de cuarenta y cinco pesos.
57 %
10 %
% 14
3 %
% 3 % 13
Hasta 50 días de s.m. Más de 50 y hasta 100 días de s.m. Más de 100 y hasta 200 días de s.m. Más de 500 días de s.m. Cantidad Ilíquida
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de víctimas del delito de violación en Sonora pudieron aspirar a una reparación
decorosa de sus daños morales, en este caso por tratarse de violaciones reiteradas.
Tanto en la prisión como en la multa, el tope máximo legal se localizó en el
10 y 30% respectivamente. Con relación al monto por reparación del daño puede
generalizarse la ausencia de razonamiento para justificarlo. En el 7% de los casos
no hubo condena de reparación del daño.
En la figura 8 se observa de manera más ilustrativa la asimetría en la
aplicación de las penas aplicadas: prisión, multa y reparación del daño, de donde
se desprende que esta última se dictó nada más en el 45.6% de los casos revisados.
Cabe hacer la aclaración que el estadístico refiere en términos genéricos a la
obtención de la reparación del daño, no exclusivamente respecto al daño moral,
también comprende al pago por daños materiales.
Figura 8. Comparativo entre las penas de prisión, multa y reparación del daño. Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos del estadístico de
INEGI.58
Cabe destacar que se observó en los expedientes la ausencia de un análisis
riguroso de la solvencia del inculpado, por lo que el juzgador no está en posibilidad
de dictar una condena de reparación del daño moral por cuantía que permita el
acceso a medios de rehabilitación para que la víctima pueda superar las secuelas
del delito. Lo que es peor se encontraron causas penales en donde el ministerio
58 INEGI, Estadísticas Judiciales en materia Penal, 2007, Op. Cit., p.455.
0
50
100
150
Prisión Rep. del daño(45.6%)
Multa
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público renunció a la reparación del daño moral a solicitud expresa de la víctima
bajo el argumento de que no existían los medios idóneos para su cumplimiento, sin
que el Estado asumiera intervención alguna para procurar atención victimal.
En la determinación del monto rara vez se ponderaron circunstancias como
la tipología de las víctimas, las condiciones en las que se encontraba y sus
necesidades. En relación al monto de la reparación, este fue mínimo e insuficiente
para contribuir a la atención que requería.
De los datos obtenidos de la muestra de sentencias analizadas se desprende
que el principal mecanismo de reparación del daño moral en la violación es el
económico, y casi siempre proporcional a la cuantía que se establece para la multa,
como se observó en la figura 6 que en el 55% de los casos no excedieron los 2,000.
Solo en casos marginales se impuso en la condena una reparación del daño moral
traducida en atención especializada, en donde a la par de la condena económica al
agresor, se le asigna al Estado la responsabilidad social de atender a la víctima
mediante tratamientos psicológicos o psiquiátricos por el tiempo requerido para su
recuperación.
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CAPITULO IV
ASPECTOS CUALITATIVOS
Este apartado corresponde a los resultados encontrados en el estudio de campo,
se describen los aspectos cualitativos de las sentencias revisadas. Utilizo el término
elementos cualitativos de las sentencias para hacer referencia a la forma en la que
el juez penal argumenta la sentencia, sus razones jurídicas, para ubicar la
importancia que este le da al daño moral de la víctima, su significado y modalidades;
asimismo, la forma en que evalúalas pruebas al determinar su procedencia; y los
mecanismos que utiliza para procurarla debida reparación, sean económicos o de
otra índole.
El estudio de la muestra de sentencias expuesto en el capítulo anterior fue
enriquecido con entrevistas a una muestra representativa de jueces penales del
Estado de Sonora con la finalidad de ubicar la importancia que atribuyen a la
reparación del daño moral para las víctimas, expresándolo en los resultados que se
expresan en la siguiente figura. Para conocer la opinión de los entrevistados
respecto de la noción acerca del daño moral se les cuestionó sobre su contenido.
Esto permitió ubicar las modalidades reconocidas en su práctica jurisdiccional: daño
psicológico, afectación a la apariencia estética, daños biológicos, reputación, daño
espiritual y estima, en los porcentajes que se expresan en la siguiente gráfica:
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Figura 9. Modalidades del daño moral.
Fuente: elaboración propia conforme a los datos obtenidos de las entrevistas.
Relacionan en mayor proporción con la afectación a la parte social de la
víctima con un 47%; este dato se obtiene de la sumatoria de los elementos estima,
reputación y apariencia estética. Asimismo, se admiten dentro de la parte aflictiva:
el daño psicológico y espiritual con un 41%. Por otro lado, el 12% de los
entrevistados consideraron que los daños biológicos forman parte de las
modalidades protegidas por la legislación. No se observa un criterio homogéneo
sobre la esencia del concepto de daño moral, dimensionándolo en dos sentidos:
como una afectación a la parte social de la víctima, como daño a la reputación,
imagen, etcétera; pero también como sufrimiento interior experimentado por el
pasivo o terceros afectados, dolor, enojo, miedo.
Para conocer de qué manera evalúan el desarrollo que ha tenido en México
la institución jurídica del daño moral en materia penal, se les interrogó en dos
aspectos: en lo personal que tan significativo consideran el daño moral que sufre la
víctima en relación a los daños materiales y si están de acuerdo con la normatividad
existente en el tema.
La percepción respecto del impacto e importancia del daño moral 67% lo
consideraron de mayor trascendencia que los daños materiales (33%). Las
opiniones sobre la pertinencia de la normatividad en materia de reparación del daño
penal se dividieron entre quienes dijeron estar parcialmente de acuerdo y en total
desacuerdo. Argumentaron que la legislación prácticamente no le da importancia a
Daño psicológico
29 %
Apariencia estética
12 % Daños biológicos
12 %
Reputación 17 %
Daño espiritual
12 %
Estima 18 %
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la víctima, solo contempla este derecho por obligación; que hay una tendencia a
proteger al agresor y no a la víctima. No obstante que el 50% manifestó no estar
de acuerdo con la relevancia que le otorga la normatividad y la jurisprudencia al
daño moral, opinaron en un 85% que no es pertinente realizar una reforma a la ley
para adecuarla a las necesidades de la víctima.
Los datos relacionados con la víctima que el juez estima importantes para
decidir sobre la procedencia de este tipo de reparaciones, se expresan en la gráfica
siguiente.
Fuente: Elaboración propia conforme a los resultados de las entrevistas.
Los aspectos que los juzgadores consideran más relevantes para declarar
procedente el daño moral se encuentra el estado emocional de la víctima con un
25%, le siguen repercusiones en la salud física, capacidad económica y presunción
del daño moral conforme lo marca la legislación penal, cada uno en un 15%
respectivamente. Con un 10% el requerimiento de terapias a largo plazo y
finalmente con un 5% en importancia otorgada, se encuentran los supuestos de bajo
rendimiento escolar, difusión del evento, requerimiento de terapias y disminución de
la actividad psíquica.
25 %
% 15
15 % 10 %
% 5
5 %
% 5 % 5 15 %
Figura 10. Aspectos relativos a la víctima.
Estado emocional de la víctima Repercusiones en la salud física
Capacidad económica Edad
Bajo rendimiento escolar Difusión del evento
Requerimiento de terapias a largo plazo Disminución de la actividad psíquica
Presunción legal del daño
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En lo que respecta a las formas de reparación del daño moral prevaleció la
opinión que debe realizarse mediante una indemnización económica, esto se
sostuvo por el 83% de los funcionarios entrevistados; mientras que el 17% restante
estimaron que además de lo económico era viable la prestación de servicios de
asistencia y tratamiento a víctimas, principalmente a cargo de psicólogos y
psiquiatras. Al interrogarlos acerca de cuáles son los medios posibles para la
reparación de este tipo de daños, 50% opinaron que la reparación económica, el
33% que los servicios asistenciales y un 17% que ambos.
En relación al acceso a la reparación, se señaló que en el 67% de los casos
la víctima obtiene una condena en primera instancia para reparar este tipo de daños,
aunque no necesariamente llega a materializarse. En la siguiente gráfica se expresa
la opinión de los juzgadores respecto de la frecuencia con la que ocurre el
cumplimiento voluntario del pago de la reparación del daño moral. El 25% de los
entrevistados consideraron que siempre, el 50% que solo ocasionalmente y el otro
25% que nunca.
Figura 11. ¿Con qué frecuencia se da cumplimiento voluntario a la sentencia de reparación del daño moral?
Opinaron que tratándose de causas penales en donde no procede la libertad
bajo caución, es común que el delincuente no tenga ningún interés por reparar los
daños porque ello no servirá para obtener su libertad; ese es el caso del delito de
Fuente: Elaboración propia .
Siempre 25 %
Ocasionalmente 50 %
Nunca 25 %
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violación, para el cual no procede condena condicional o algún beneficio que
propicie la espontaneidad en el cumplimiento de esta obligación.
Respecto a si existen prácticas jurisdiccionales que tiendan a fomentar el
acceso efectivo del derecho de reparación del daño, mediante estrategias que
propicien el cumplimiento voluntario del reo, los resultados de las entrevistas,
arrojaron los datos que se ilustran en la gráfica siguiente:
Figura 12. Frecuencia con la que se establecen estrategias para garantizar la
reparación del daño moral
En cuanto a la participación de la representación social en la demostración
del daño moral se destacó que solo ocasionalmente interviene con ese propósito.
Véase el gráfico siguiente:
Figura 13. Frecuencia con la que el MP presenta
pruebas para acreditar el monto de la reparación del daño moral
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de las entrevistas.
Ocasionalmente
67%
Nunca 33 %
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Con relación a la frecuencia con la que el delincuente es absuelto de la
reparación del daño por encontrarse en situación de insolvencia, los juzgadores
expresaron que esta situación solo se presenta de manera ocasional en un 17% de
los casos, mientras que el 83% opinó que siempre se establece dicha condena.
Respecto a la frecuencia con que la víctima impugna el monto de la reparación del
daño, ofrecieron la siguiente información:
Figura 14. Frecuencia con que la víctima impugna el monto de la reparación del daño.
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de las entrevistas.
Los entrevistados expresaron que en delitos distintos al de violación, existe
una probabilidad de 50% de obtener la reparación del daño moral, mientras que en
la violación disminuye a 25% por el hecho de que se trata de un delito en el cual
no es posible obtener beneficios libertad que condicionen su otorgamiento a
cambio del pago de la reparación del daño a la víctima.
En la gráfica siguiente se expresa la información obtenida con relación a qué
tan frecuente es encontrar durante el proceso la integración de un cuadernillo para
recibir las pruebas que se presenten con motivo de acreditar el monto de la
reparación del daño moral.
Casi siempre 33 %
O casional - mente 50 %
Nunca 17 %
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Figura 15. Frecuencia con la que se integra cuadernillo de reparación del daño moral.
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de las entrevistas.
En un 75% de las causas penales no se integra el cuadernillo de pruebas
respecto del daño moral porque el agente del ministerio público no presenta las
pruebas para su debida acreditación.
A manera de conclusión se interrogó a los jueces acerca de la eficacia del
derecho fundamental de la víctima a acceder a medios de reparación del daño
moral, asintiendo la mitad de ellos que su situación es crítica, en virtud del limitado
número de causas en donde es posible su obtención.
Figura 16. ¿Cómo evalúa la oportunidad de la víctima a obtener la reparación?
25 %
75 %
Ocasionalmente Nunca
Muy buena 25 %
Buena 25 %
Muy crítica 50 %
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Lo antes expuesto refleja la situación que cotidianamente experimenta la
víctima del delito específicamente de una violación, quien no recibe la ayuda que
requiere para afrontar las consecuencias del delito. El análisis se centró en las
causas resueltas en 2007, sin embargo, a fecha los criterios bajo los cuales se
sigue resolviendo son prácticamente los mismos, no hay una modificación
importante en el plano legislativo, que se traduzca en una garantía primaria que
incida en un cambio en la práctica jurisdiccional. Tampoco se ha previsto una
garantía secundaria que obligue a los operadores del Sistema Penal, bajo amenaza
de pena, a procurar por los medios que estén a su alcance, mecanismos de
asistencia y apoyo para que la víctima puede obtener reparación de este tipo de
daños acorde a las necesidades relacionadas con el delito.
Figura 17. Importancia que los jueces le otorgan a la reparación del daño moral respecto del material
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de las entrevistas
Respecto a la modalidad de las condenas por daño moral señalaron los
juzgadores que con frecuencia es la de tipo económica como se puede aprecian en
la figura 10, donde el 17% la condena es con dinero y especie y el 83% en dinero.
Mayor67%
Igual33%
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Figura 18. Tipos de reparación del daño moral dictadas el juez penal
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de la muestra
Además como se expresa en la figura 19, nunca (50%) o solo
ocasionalmente se establecen estrategias para garantizar el pago de la reparación
del daño moral (33), señalaron los entrevistados que en esos casos lo hacen
mediante embargo precautorio de bienes. Argumentaron también que por ser un
delito que no permite la libertad provisional bajo caución ni el perdón del ofendido,
se inhibe también el cumplimiento espontaneo del pago de la reparación por el
delincuente, ya que aunque cubra el monto correspondiente no podrá obtener su
libertad.
Figura 19. Frecuencia con la que se establecen estrategias para facilitar el pago
del daño moral.
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de la muestra
Siempre17%
Nunca50%
Ocasionalmente
33%
83%
17%
.
En dinero Dinero y especie
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Cabe aclarar que aunque el análisis se centró en expedientes resueltos en
2007 a fecha los criterios bajo los cuales se resuelve son prácticamente los mismos,
no hay una modificación importante en el plano legislativo que se dirija a un cambio
en la práctica jurisdiccional, o que obligue a los operadores del Sistema Penal, bajo
amenaza de pena, a procurar por los medios que estén a su alcance, mecanismos
de asistencia y apoyo para que la víctima puede obtener una eficaz reparación.
Existe consenso en admitir la trascendencia que representa el daño moral
para las víctimas de determinados delitos, esto lo aprecia incluso el legislador al
prever aquellos en los que el daño se presume y no requieren ser probados para
que el juzgador condene a su reparación. Sin embargo, la indiferencia que
prevalece al momento de individualizar los mecanismos de reparación no favorece
la posibilidad de la víctima para acceder a medios que permita su recuperación para
los efectos de reorientar su proyecto de vida.
El delito de violación constituye en ejemplo más brutal de daño moral; sin
embargo, a nivel jurisdiccional su valoración es mecánica sin ponderar la gama de
manifestaciones en la víctima. En gran parte la inferior importancia que se le otorga
desde el plano legislativo y jurisprudencial a la figura de la reparación del daño moral
se debe a que no se alcanza a entender la trascendencia y esencia como derecho
fundamental de las víctimas de los delitos, lo que se manifiesta en la frivolidad con
la que se aborda en el plano judicial, entendiéndola básicamente como una
afectación a la parte social y afectiva de la víctima.
El principal mecanismo que en la práctica jurisdiccional se utiliza para su
reparación es el económico, fijándolo en el mínimo legal en más del 50% de los
casos. Y otorgándole valor inferior respecto del material, propiciando en mayor
grado una visión minimalista al fijar cantidades ridículas para su reparación. Las
necesidades de las víctimas quedan ignoradas, al conformarse el Estado con
otorgar un monto económico por concepto de daño moral, que ni en lo más mínimo
posibilita la recuperación de la víctima, aunque durante el juicio haya quedado más
que claro el impacto o dimensión del daño moral, debido a que en la gran mayoría
de los casos el obligado a cubrirla resulta insolvente.
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No se ha intentado formas de reparación tomando en cuenta la dimensión y
magnitud de daño moral sufrido, ignorando que el marco jurídico mexicano incluidos
los Tratados Internacionales proporcionan una serie de medios de reparación no
solo la compensación o indemnización en dinero. El proceso judicial poco aporta a
la recuperación de la víctima u ofendido al privilegiar el Estado la aplicación de la
pena privativa de la libertad en reparación a la ofensa colectiva, resultando ser la
afectada el pretexto para la aplicación de penas a los trasgresores, pero no el eje
central del sistema de justicia penal. Todo lo antes expuesto refleja la situación que
cotidianamente experimenta la víctima del delito específicamente de una violación,
quien no recibe la ayuda que requiere para afrontar las consecuencias del delito.
4.3 La dimensión del daño moral en el contexto de los hechos
En este apartado se retoman seis causas penales que se seleccionaron de la
muestra; en ellas se describen las tipologías víctima-victimario, el impacto del delito
de acuerdo con testimoniales y periciales, así como el contenido de la resolución
judicial respecto de prisión, multa, reparación de daño material ymoral. Este análisis
permitió identificar las posibles variantes en la individualización de las penas,
dependiendo de las características y necesidades detectadas enla víctima. En los
párrafos siguientes se hace una síntesis de los expedientes para ubicar la
información arriba referida, se utilizan títulos simulados con la intención de
caracterizar los casos y que ayude a sus referencias futuras.
4.3.1 Impúber con secuelas extremas (caso 1)
Modalidad del delito: violación agravada en número de tres.
Tipología victimal: mujer impúber.
Tipología criminal: masculino, parentesco colateral desigual.
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Tabla 16. Situación de la víctima según testimoniales.
“No dejaba de moverse y no podía controlar su mano y pierna derecha, todo se le olvidaba y estaba bajando de calificaciones” (profesor)
“Caminaba mal, como queriéndose caer; además, estaba adelgazando mucho” (mamá).
“No se puede sostener por ella sola; al hablar lo hace bastante despacio y más inquieta; tiene como varado su lado derecho; las cosas que agarra con sus manos se le caen; se dio cuenta que su cuñada, la comida se la daba en la boca, la cambiaba y bañaba porque no puede valerse por sí misma” (tía).
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos recabados de la muestra.
Peritos: Se realizó interrogatorio indirecto puesto que se encuentra con problemas
de origen neurológico y posiblemente psiquiátrico, no se puede establecer diálogo
directo.
Dictamen ginecológico: Después de rendir el informe ginecológico agregan el
siguiente comentario:
La paciente marcha claudicante con incoordinación psicomotriz, con marcada
dislalia,59 con incoordinación de ideas, incluso solo con ayuda puede
deambular; por lo anteriormente descrito es importante la valoración por el
neurólogo para que practique tomografía cerebral con medio de contraste
para poder descartar daño neurológico y por supuesto apoyo psicológico o
psiquiátrico porque además pudiera existir trauma de origen mental.
Contenido del dictamen psicológico: “Que la peritada muestra movimientos
involuntarios constantes, regresión, dificultad motora y lenguaje […].Que se aprecia
con dificultad para ubicarse en área de tiempo […], constantes movimientos
irregulares de su cuerpo, especialmente brazo y mano derechas, con signos de
ansiedad como manos sudorosas, risa nerviosa, aumento de movimientos, con
contacto visual frecuente con su madre y estado de alerta ante cualquier movimiento
o sonido a su alrededor, su estado de voz es bajo y por momentos inentendible”.
“Que es una persona que ha pasado por evento traumático y en el caso de un
probable delito de tipo sexual…”.
59 Entendida como la dificultad para articular palabras, Real Academia Española, disponible en:
http://lema.rae.es/drae/?val=dislalia
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Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de la muestra
Se condena a la reparación del daño material debido a que la víctima ha
requerido tratamientos médicos, gastos de traslado a hospitales, consultas,
etcétera. Se condenó al pago de los importes acreditados, entre ellos
medicamentos, estudios médicos, autobús y otros.
La reparación del daño moral es global, y se estableció en 150 días de salario
mínimo, en virtud de que se fijó un grado de reproche mínimo al enjuiciado aunado
a que sus percepciones semanales son bajas.
4.3.2 Impúber femenina victimizada por tío político (caso 2)
Modalidad del delito: violación agravada.
Tipología victimal: mujer impúber.
Tipología criminal: masculino, tío político de la afectada.
Situación de la víctima según periciales: en el dictamen psicológico se da fe de la
situación siguiente:
La víctima manifiesta una edad significativamente inferior a la cronológica,
fenómeno que interpreta como una regresión, en afán de retornar a las
etapas en donde se sentía segura, muestra una personalidad sumamente
infantil y dependiente por lo que es fácil sugestionar o manipular. Muestra
timidez e inseguridad, miedo, sentimiento de tristeza, frustración, ansiedad
Tabla 17. Resolución judicial caso 1.
Sentido: condenatoria
Pena global: 24 años de prisión
Multa: $1,794.60
Reparación del daño
Material: $7,780
Moral: 150 días de salario
mínimo
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constante con una conducta de alejamiento (ensimismamiento), proyecta
sentimiento de inseguridad, agresión reprimida, preocupación somática
(síntomas físicos derivados de la tensión y ansiedad constante), su medio
ambiente lo percibe tenso, restrictivo y presión ante, mostrando miedo o
evasión al mismo, por lo que tiende a aislarse presentando hostilidad y
defensividad, con miedo a estar sola, manifestando la necesidad de apoyo.
Concluye el dictamen que la víctima no presenta indicadores de lesión
cerebral, pero sí de retroceso en su desarrollo psicosocial probablemente por una
regresión emocional; recomienda evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de
careos y verbalizaciones acerca del hecho, ya que podría causar secuelas
emocionales irreversibles, afectando su desarrollo psicosocial y estabilidad
emocional.
Tabla 18. Resolución judicial, caso 2
Sentido: condenatoria
Pena global: 22 años de prisión
Multa: 264 días de salario mínimo $11,440
Reparación del daño
Material: No
Moral: 264 días de salario
mínimo $11,440
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de la muestra.
Se realiza una valoración acerca de la solvencia económica, misma que sirvió
de fundamento a la cuantificación del monto. Se determinó que el acusado percibía
800 dólares a la semana y con cinco dependientes económicos; por tener como
oficio la construcción, se catalogó de bajo nivel económico.
Observaciones: El ministerio público sí solicitó la reparación del daño moral en
especie, es decir, traducida como atención psicológica a favor de la víctima. El juez
resolvió positivamente la solicitud y se requirió a los organismos y dependencias del
Estado para que proporcionaran tratamientos y cuidados necesarios para la
recuperación de la víctima, en los términos establecidos en la Ley de atención y
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protección a víctimas del delito. Se designó al Estado, para que a través de sus
organismos y dependencias, proporcione a la víctima los tratamientos y cuidados
necesarios para su recuperación. Se determinó como mecanismo para hacer
efectivo el pago, el endoso a la madre de la víctima.
Se valoró el daño moral, señalando que debido a que la extensión del daño
moral resulta perjudicial para el sentenciado en virtud de que ese tipo de delitos son
considerados graves por los daños psicológicos que originan, que en muchas
ocasiones requieren de ayuda especializada para superar el trauma mental en la
víctima. Sin embargo, en la individualización se condenó al sentenciado bajo el
argumento de que se trata de un delito en donde el daño moral se presume.60 Se
señaló además que no se hacía ninguna reflexión respecto de la magnitud del daño
moral debido a que se trata de un delito agravado por su naturaleza.
4.3.3 Ascendientes cometen violación contra femenina impúber (caso 3)
Modalidad: violación agravada (víctima impúber, cometido por ascendientes, de
manera continuada, resultando embarazo en la víctima).
Tipología victimal: mujer impúber, víctima desde los once años.
Circunstancias personales: la golpeaban con mano y cinto para obligarla al hecho.
Los hechos sucedieron por casi tres años. Se produjo embarazo a sus 13 años de
edad.
Tipología criminal: el papá y el abuelo.
60Fue objeto de controversia la demostración del elemento objetivo del tipo consistente en la violencia
moral como medio de ejecución del delito, haciéndose en lo particular las consideraciones siguientes: existieron amenazas de parte del activo en el sentido de impedir que la víctima informara del delito de que fue objeto, en este sentido la víctima manifestó que su agresor le pidió no dijera nada porque nadie le iba a creer, la gente le diría cosas feas y nadie le iba a hablar y finalmente que le pegaría si decía la verdad. Se le otorgó valor probatorio en virtud de que impidió que la menor se defendiera con los medios a su alcance.
Se citó jurisprudencia, valor del dicho de la ofendida es preponderante respecto del acusado. Esta tesis precisa el valor preponderante de la víctima frente al acusado, porque se trata del tipo de delitos que se cometen a solas, sin presencia de testigos, el relato de la víctima resulta verosímil porque está lleno de detalles que por su edad le resultaría difícil inventar.
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Dictamen psicológico: la sentencia no retoma detalles del dictamen solo su
conclusión en donde se expresa que la menor manifiesta caracteres propios de una
víctima de delito sexual. Remite a las fojas en donde puede ampliarse la
información.
Certificado médico: revisión a la ofendida en donde se concluyó que la víctima
presentó signos de embarazo, sin embargo, no se especificó un tiempo probable de
desarrollo.
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de la muestra.
4.3.4 Violación impropia, en menor masculino (caso 4)
Modalidad del delito: violación equiparada (vía anal)
Tipología victimal: varón impúber (7 años).
Tipología criminal: por desconocido, descubierto in fraganti.
Dictamen psicológico: retraso moderado, con una edad mental entre cinco y medio
y seis años; además, características psicológicas que corresponden a una víctima
de delitos sexuales. No remite a datos técnicos, o detalles de la valoración.
Los argumentos de la defensa y la representación solo refieren que la
representación social solicita se condene de acuerdo con lo expresado en el pliego
de conclusiones, pero no hace un extracto de la misma. Asimismo, el defensor
realizó una serie de manifestaciones a favor de su defendido, pero no las especifica.
Tabla 19.Resolución judicial, caso 3.
Papá Abuelo
Concurso de delitos, en número de 6. Concurso de delitos, en número de 5.
Prisión global: 48 años (8 años por cada delito)
Prisión global: 40 años (8 años por cada delito)
Multa global:60 días de salario mínimo ($2,829)
Multa global:50 días de salario mínimo ($2,358)
Reparación del daño moral: 50 días de salario mínimo($2,358)
Reparación del daño moral: 50 días de salario mínimo($2,358)
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En la siguiente tabla se muestran los indicadores de las sanciones impuestas
en este expediente:
Fuente: Elaboración propia conforme a los datos recabados en las muestras.
El único argumento para justificar el monto que la reparación del daño moral
señala que resulta procedente en virtud de que haber quedado acreditado que el
sentenciado tuvo participación en el hecho.
4.3.5 Victimizada por su expareja (caso 5)
Modalidad del delito: violación simple.
Tipología victimal: mujer mayor de edad, con dos hijos.
Tipología criminal: expareja sentimental.
Dictamen psicológico: no existe.
Como argumentos de la defensa y la representación para solicitar la sentencia
condenatoria solo indica que tanto la representación social pide la condena de
acuerdo con lo expresado en el pliego de conclusiones, pero no hace un extracto
de la misma. En igual sentido que lo anterior se expresaque el defensor realizó una
serie de manifestaciones a favor de su defendido, pero no las describe. En la
siguiente tabla se muestran los indicadores de las sanciones impuestas:
Tabla 20. Resolución judicial, caso 4.
Prisión: 5 años
Multa global:10 días de salario mínimo$490
Reparación del daño moral: 50 días de salario mínimo$,2450
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Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de la muestra.
Argumentos para justificar el monto: refiere que la reparación del daño moral resulta
procedente en virtud de que ha quedado acreditado que el sentenciado tuvo
participación en el hecho y atendiendo a las circunstancias de la ofendida, pero no
dice cuáles. Concluye que el daño moral se ubica en el mismo parámetro del grado
de reprochabilidad del agente.
4.3.6 Femenina impúber por su padrino (caso 6)
Modalidad del delito: violación agravada.
Tipología victimal: mujer impúber (6 años).
Tipología criminal: padrino de la menor.
Dictamen psicológico: no existe.
Argumentos de la defensa y la representación para solicitar la sentencia
condenatoria: solo se indica que tanto la representación social pide se condene de
acuerdo con lo expresado en el pliego de conclusiones, pero no hace un extracto
de la misma, en el mismo sentido se expresa que la defensa realizó una serie de
manifestaciones a favor del activo.
En la siguiente tabla se muestran los indicadores de las sanciones impuestas:
Tabla 21.Resolución judicial.
Prisión: 5 años
Multa global:10 días de salario mínimo$471
Reparación del daño moral:50 días de salario mínimo,$2,358
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Fuente: Elaboración propia conforme a los datos obtenidos de la muestra.
Para conocer la opinión de los entrevistados respecto de la noción que tienen
sobre el daño moral se les cuestionó sobre su contenido; ello permitió ubicar las
modalidades admitidas en la práctica jurisdiccional, el daño psicológico, la
afectación a la apariencia estética, los daños biológicos, reputación, daño espiritual
y estima, en las proporciones que se expresan en la siguiente gráfica.
Fuente: Elaboración propia.
La imagen muestra que al daño moral se le relaciona en mayor proporción
con la afectación a la parte social de la víctima en un 47%, dato obtenido de la
sumatoria de los elementos estima, reputación y apariencia estética; asimismo, se
admite con relación a los efectos a la parte aflictiva de la víctima, como parte del
daño psicológico y espiritual en un 41%; por otro lado, el 12% de los entrevistados
consideraron los daños biológicos dentro de las modalidades protegidas por la
legislación.
Daño psicológico
29%
Apariencia estética
12%Daños biológicos
12%
Reputación17%
Daño espiritual
12%
Estima18%
Figura 20: Modalidades del daño moral.
Tabla 22. Resolución judicial caso 6.
Prisión: 5 años
Multa global:10 días de salario mínimo$490
Reparación del daño moral:50 días de salario mínimo$2,450
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Solamente el 25% de los encuestados opinaron que los daños estéticos y
biológicos entran en la esfera de protección del daño moral.
No tienen un criterio homogéneo sobre la esencia del concepto de daño
moral; prevalece la idea del mismo como una afectación a la parte social de la
víctima, como daño a la reputación, imagen, etcétera, o como sufrimiento interior
experimentado por el pasivo o terceros afectados.
IV. Reflexiones finales
Daño moral constituyó el tema principal de este trabajo académico inspirado
en la idea de revisar desde el ámbito de la justicia penal, la forma en la que se le
interpreta y repara, daños que por estar vagamente contemplados dentro de la
legislación penal y ausentes textualmente de la Constitución se le ha restado
importancia, omitiendo cualquier forma de garantía que resulte eficaz para la debida
atención de la víctima.
La reparación del daño moral en materia penal es un derecho fundamental
afectado de lagunas primarias, en virtud de que no existen las bases jurídicas que
otorguen certidumbre a su protección: ocurre con la definición de los bienes
jurídicos que tutela, los procedimientos de reparación y de garantías para su debida
ejecución, todo ello influye en la carencia de medios o posibilidades para la víctima
del delito de poder sobreponerse a los efectos negativos del delito.
En gran parte la inferior importancia que se le otorga desde el plano legislativo
y jurisprudencial a la figura del daño moral, se debe a que no se alcanza a entender
la trascendencia y esencia de la misma, lo que se manifiesta en la frivolidad en la
que se aborda en los planos legislativo y judicial, entendiéndola básicamente como
una afectación a la parte social y afectiva de la víctima, pero no así como un daño
a veces irreversible a la salud psíquica, biológica que repercuten de manera
trascendente y negativa al proyecto de vida de la víctima.
Las necesidades de las víctimas quedan ignoradas, al conformarse el Estado
con otorgar un monto económico por concepto de daño moral, que ni en lo más
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mínimo posibilita la recuperación de la víctima, aunque durante el juicio haya
quedado más que claro el impacto o dimensión del daño moral, debido a que en la
gran mayoría de los casos el obligado a cubrirla resulta insolvente.
La preocupación acerca del daño moral y su reparación debería girar en torno
a la garantía para su atención en los casos que la victimización que afecte
gravemente en las condiciones de vida, pérdida de expectativas, oportunidades de
autorealización, etc., siempre que el efecto se traduzca en deterioro significativo
que implique modificaciones al proyecto de vida. No todo daño moral debería ser
objeto de tutela, solo aquel que impacta de manera importante la vida de la víctima,
que además debería estar acompañado de una garantía eficaz a cargo del Estado
para velar por el restablecimiento de la tranquilidad socavada con el delito en la
persona dañada.
Las situaciones arriba expresadas describen la dificultad que existe en
México para hacer valer un derecho relevante para la víctima, que incluso se
encuentra reglamentado en Instrumentos Internacionales que resaltan la obligación
de otorgar a la víctima de los delitos una inmediata atención y resarcimiento de
todos los daños, sin hacer distinción alguna entre daños materiales o morales y han
fijado mecanismos de reparación más amplios que pueden contribuir con la víctima
como un paliativo para asimilar o recuperarse de los efectos del delito.
Existe en algunos Ordenamientos Federales disposiciones que de manera
explícita establecen mecanismos de reparación para este tipo de daños, por ejemplo
la Ley sobre Responsabilidad Patrimonial del Estado que marca la obligación para
el Estado de reparar el daño moral cuando sean ocasionadas por Servidores
Públicos en el desempeño de sus funciones, además de aquellas que derivan de la
ejecución de resoluciones de Organismos internacionales protectores de los
derechos humanos, como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de
derechos humanos.
Los más recientes criterios de la Suprema Corte establecen la obligación de
las autoridades de todos los órdenes, de acatar los lineamientos previstos en
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cualquier instrumento internacional suscrito y ratificado por México, si ello
representa una ampliación de la esfera de derechos de la persona, de donde se
desprende la responsabilidad del Estado mexicano su cumplimiento para favorecer
la reparación integral de las víctimas de la delincuencia, retomando los mecanismos
que contribuyan con mayor eficacia a la reparación del daño moral, entre ellas las
de tipo económico, asistenciales y de apoyo.
Si bien es cierto, la figura de la reparación tiene su base en la reglamentación
civil, se trata de una institución cuya inclusión en lo penal se ha venido manifestando
como una tendencia necesaria para reivindicar este derecho, que a nivel
constitucional existe a favor de las víctimas, y que suele ser con frecuencia
inalcanzable. Sin embargo juristas mexicanos se han mostrado renuentes a que se
legisle sobre la precisión de su contenido en lo penal, por considerar que con ello
se tergiversa el fin de la pena. Que aunque la reparación del daño se le ha elevado
a categoría de pena, dentro de nuestro máximo ordenamiento jurídico, y se le
contempla como tal en la mayoría de las legislaciones penales, no es posible
considerarla con tal carácter, no deja de ser una responsabilidad civil y no una
auténtica pena.
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CONCLUSIONES:
Primera: No existe acuerdo en la doctrina sobre la definición de daño moral,
la mayoría de los tratadistas lo caracterizan tomando como principal referencia los
bienes jurídicos que pueden resultar dañados, pero no existe una homogeneidad en
el reconocimiento específico de su contenido. En Las legislaciones penales en
México también lo definen a partir de la determinación de los bienes jurídicos
tutelados, sin embargo prevalece igual que en la doctrina una variación de los
mismos, así como la duplicidad en algunos de los términos empleados para su
caracterización, por lo que impera la incertidumbre y ambigüedad que no permite
establecer con claridad los límites de la protección que se otorga por esta figura en
la materia penal.
Segunda: Destaca en la identificación del daño moral su caracterización
como una afectación a dos elementos integrantes de los derechos de la
personalidad, entre ellos el referido a su parte social como el honor, imagen,
reputación; y a la parte aflictiva, esta última respecto a la esfera íntima o individual
que se traduce en alteraciones a los estados emocionales que se manifiesta en
sentimientos de dolor, vergüenza, odio, miedo, etc. Existen categorías que no
aparecen de manera consistente como objetos de reconocimiento, entre ellos los
daños biológicos y psicológicos, entendidos los primeros como afectaciones
funcionales a los distintos órganos del cuerpo y los segundos como alteraciones
mentales que se reflejan en merma o pérdida de las capacidades intelectuales.
Tercera: El principal mecanismo que en la práctica jurisdiccional se utiliza
para la reparación del daño moral es el económico, otorgándole valor inferior
respecto del material, propiciando en mayor grado una visión minimalista al fijar
cantidades ridículas para su reparación; no se ha intentado formas de reparación
proporcionales a la dimensión y magnitud de daño moral sufrido, ignorando que el
marco jurídico mexicano incluidos los Tratados Internacionales, la Norma
Fundamental, las leyes especializadas para la atención a víctimas y otros,
contemplan procedimientos para la atención de víctimas cuya aplicación puede
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contribuir a disminuir los efectos del delito y concretamente a su recuperación, todo
eso en detrimento de una persona que su única culpa ha consistido en ser la elegida,
la convidada de piedra en palabras de Von Liszt.
Cuarta: Existe consenso en admitir la trascendencia que representa el daño
moral para las víctimas de determinados delitos, esto lo aprecia incluso el legislador
al prever aquellos en los que el daño se presume y no requieren ser probados para
que el juzgador condene a su reparación. Sin embargo, la indiferencia que prevalece
al momento de individualizar los mecanismos de reparación no favorece la
posibilidad de la víctima para acceder a medios que permita su recuperación para
los efectos de reorientar su proyecto de vida.
Quinta: La reparación del daño en general constituye un derecho
fundamental que está contemplado en los ámbitos internacional y nacional.
Organismos internacionales como la OEA y la ONU, por referir a algunos de ellos
han generado instrumentos o protocolos en donde otorga reconocimiento a variadas
formas de reparación que se traducen no solo en indemnización o restitución sino
en otras formas que implican prestaciones a cargo de los poderes del Estado o de
particulares para coadyuvar con la víctima a mitigar los efectos del delito, a fin de
que pueda reorientar de manera positiva su proyecto de vida.
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ANEXOS
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1. Estadísticas Inegi 2007
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APÉNDICE
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Apéndice 1 FORMATO PARA ANALISIS E INTERPRETACION DEL CONTENIDO DE SENTENCIAS
Juzgado_________________________________________________
Ciudad:_____________________________ Expediente______________________ Fecha de la
sentencia _____________________________________ Núm. fojas de la sentencia_______
Sentencia condenatoria: Si____No_____
A. Características del delito y de la víctima 1.- Modalidad del delito:
a) Violación simple b)Violación equiparada
c) Violación Calificada d) Violación equiparable calificada
e) Violación en grado de tentativa
f) Violación equiparable calificada en grado de tentativa
g) Violación calificada, en grado de tentativa
g) Violación en grado de tentativa
Observaciones:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.- Parentesco entre víctima y victimario
a). Ninguno e) Otro
b) Consanguíneo c). Por afinidad o civil
d) ex pareja sentimental
Observaciones:___________________________________________________________
3.- Edad de la víctima
a) Menor de 9 años
b) Mayor de 9 y menor de 12 años
c) Mayor de 12 años y menor de 16 años
d) Mayor de 16 y menor de 18 años
e) Mayor de 18 y menos de 20 años
f)Mayor de 20 y menor de 30 años
g) Mayor de 30 años
h) No consta en el expediente
Observaciones:___________________________________________________________
4.- Género
a) Mujer b) Varón
5- Ocupación de la víctima
a) Ninguna b) Estudiante c) Empleado (a) d) El hogar
e) Profesionista f) Se omite en el expediente
g) Otra
Observaciones:___________________________________________________________
6.- Tiempo entre la comisión del delito y la condena
a) De Ocho a 10 meses
b) Más de 10 meses y hasta un año
c) Más de un año y menos de dos
d) Dos años o más
Observaciones:___________________________________________________________
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7.- ¿Existe constancia de la intervención de algún organismo de apoyo o atención a la víctima?
a). No
b) Sí Cuál:
Observaciones: ______________________________________________________________
8.- ¿El agente del Ministerio Público pide en sus conclusiones la reparación del daño moral?
a). No
b) Sí
Observaciones: ______________________________________________________________
B. Medios probatorios del daño moral
9.- El Agente del Ministerio Público presentó pruebas para acreditar el daño moral
a) Si
b) No
c) No se menciona esta circunstancia en la sentencia
Observaciones:
_______________________________________________________________________________
10.- El agente del Ministerio Público presentó pruebas para acreditar el monto de la reparación del
daño moral
a) Si
b) No
c) No se menciona esta circunstancia en la sentencia
Observaciones:___________________________________________________________
11.- La defensa presentó pruebas de descargo contra el monto de la reparación del daño moral?
a) Si b) No c) No se menciona esta circunstancia en la sentencia
d) Se presentaron pruebas para acreditar que no existió el delito
12.- Tipo de pruebas se desahogaron para acreditar la responsabilidad penal
a) Periciales b) Testimoniales
c)Documentales públicas
d)Ninguna e)Otra:______________________
13.- Tipo de pruebas se desahogaron para acreditar el daño moral
a) Periciales b) Testimoniales
c)Documentales públicas
d)Ninguna e)Otra:______________________
14.- Peritos que intervinieron durante el proceso penal
a)Médico legista
b) Psicólogo c) Psiquíatra d) médico legista y psicólogos
Otro:______________________
C. Procedencia y monto de la reparación del daño moral
15.- ¿En la causa penal se condenó a la reparación del daño moral?
a). No Sí
16.- Modalidad de la condena de reparación del daño moral
a) En dinero
b) En especie: ¿Cuál?___________________________________________
c). Ambos
17.- Monto de la condena de reparación económica del daño moral
a) Hasta 50 salarios mínimos b) Más de 50 y hasta 100 salarios mínimos
c) Más de 100 y hasta 200 S. M.
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d) Más de 200 y menos de 500 salarios mínimos
e) Cantidad ilíquida
Observaciones
18.- Se absolvió al reo al pago de la reparación del daño por insolvencia
a) Si
b) No
c) No se menciona esta circunstancia en la sentencia
19.- Existe constancia sobre la situación económica del sentenciado para el pago de la reparación
del daño moral
a) Si
b) No
c) No se menciona esta circunstancia en la sentencia
20.- La víctima impugnó el monto de la reparación del daño?
a) Si
b) No
c) No se menciona esta circunstancia en la sentencia
21.- La víctima renunció expresamente a la reparación económica del daño moral
a) Si
b) No
Observaciones:
D. La reparación del daño moral en relación con las otras penas impuestas
22.- Se condenó al pago de multa
a). No b). Sí
23.- Monto de la multa
a) Hasta 10 salarios mínimos b) Más de 10 y hasta 20 salarios mínimos
c) Más de 20 y hasta 50 salarios mínimos
d) Más de 50 salarios mínimos y hasta 100 salarios mínimos
e). Más de 100 Salarios mínimos
f). Otro
24.- En caso de sentencia condenatoria, cuál fue la duración de la pena privativa de la libertad
a) Menos de 2 años b) Mayor de dos y hasta 5 años
c) Mayor de cinco y hasta ocho años
d) Mayor de ocho y hasta diez años
e) Mayor de diez y hasta quince años
f) Más de quince años y menos de 20
g) 20 años o más
25.- Característica de las penas
a). Simple b). Acumulada o global
26.- Número de fojas de la sentencia
a). Hasta 20 b). De 21 a 30
c) De 31 a 40
d) De 41 a 50 e) de 51 a 60 f) Más de 60
E. Argumentos de la sentencia
27.- Datos relacionados con las pruebas periciales que sirvieron de argumento en la sentencia para
la condena por daño moral
a) Estado emocional de la víctima
b) Disminución de la capacidad laboral de la víctima
c) Aislamiento social de la víctima
d) Disminución de funciones psíquicas de víctima
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e) Repercusiones en la salud física de la víctima
f) No se realiza una correlación entre los peritajes y el daño moral de la víctima
g). No consta la realización de ninguna prueba pericial
h) Ninguna
Observaciones:__________________________________________________________________
28.- Aspectos relativos a la víctima que se tomaron en consideración para la reparación del daño
moral
a) Su estado emocional
b) Disminución de su capacidad laboral
c) Personalidad
d) Repercusiones en la salud física
e) Capacidad económica
f) Vida familiar g) Edad
h) Situación escolar
i) Difusión del evento j) Embarazo de la víctima
k) Requerimiento de terapias a largo plazo
l) Tratamiento psicológico de corto plazo
m) Disminución de la actividad psíquica
n) )Presunción legal del daño
) Circunstancias personales de la víctima sin especificar cuáles
o) Otro:_______________
29.- Aspectos relativos al agresor que se tomaron en consideración para el otorgamiento y
cuantificación de la reparación del daño moral
a) Relación con la víctima
b) Profesión c) Personalidad d) Salario
f) Gravedad de la lesión
g) El índice de culpabilidad
h).Otro:____________
i) Varios:
F. Mecanismos para garantizar o hacer efectivo el pago de la reparación del daño moral
30.- Se establecen condiciones para el pago de la reparación del daño a la víctima
a) No b) Se fijaron plazos para el pago
c) Embargo precautorio de bienes
d) Esa información no consta en la sentencia
e) Condiciones especiales al caso:
31.- Formas de ejecución de la reparación del daño moral
a). Procedimiento económico coactivo
b) No se establece ningún procedimiento para hacerlo efectivo
c) otro:_______________
Fecha de aplicación del instrumento: