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EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN LABORAL
Sandra Bibiana Buitrago Castañeda
Carlos Alfredo Araujo Palomino
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
DERECHO
BOGOTÁ D.C
2002
EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN LABORAL
SANDRA BIBIANA BUITRAGO CASTAÑEDA
CARLOS ALFREDO ARAUJO PALOMINO
Trabajo de grado para optar al título de
Abogado
Director
DR. CARLOS ALVAREZ PEREIRA
Abogado laboralista
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
DERECHO
BOGOTÁ D.C
2002
1
EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN LABORAL
1. INTRODUCCIÓN
1.1. DEFINICIONES
1.1.1. RECURSO
1.1.2. RECURSO EXTRAORDINARIO
1.1.3. RECURSO DE CASACIÓN
1.2. DIFERENCIAS CON OTROS RECURSOS
2. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL ORIGEN DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
2.1. ROMA
2.2. ITALIA
2.3. FRANCIA
2.4. COLOMBIA
2.4.1. RECURSO DE CASACIÓN
2.4.2. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN LABORAL EN
COLOMBIA
3. NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
CASACIÓN LABORAL
4. OBJETIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
LABORAL.
4.1. LA DEFENSA DE LA LEY SUSTANTIVA Y SALVAGUARDIA DEL
DERECHO APLICADO EN CADA CASO EN PARTICULAR Y EN LOS
DIFERENTES PROCESOS.
4.2. LA UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA A NIVEL NACIONAL.
4.3. ENMENDAR LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS PARTES,
PROVENIENTES DE LA SENTENCIA MATERIA DEL RECURSO DE
2
CASACIÓN Y ASÍ REESTABLECER EL DERECHO VIOLADO CON LA
SENTENCIA.
5. ELEMENTO Y MATERIA DE LA CASACIÓN
5.1. ELEMENTO: LA SENTENCIA
5.1.1. FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA
5.1.2 DECISIONES EXTRA Y ULTRA PETITA
5.2. MATERIA DE LA CASACIÓN: SENTENCIAS RECURRIBLES EN
CASACIÓN.
6. REQUISITOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
6.1. LA DESIGNACIÓN DE LAS PARTES
6.2. LA INDICACIÓN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
6.3. LA RELACIÓN SINTÉTICA DE LOS HECHOS EN LITIGIO
6.4. LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
6.5. LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN
6.6. REQUISITOS JURISPRUDENCIALES
6.6.1. INDICACIÓN DE LA NORMA VIOLADA
6.6.2. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA NORMA VIOLADA
6.6.3. ESTUDIO CONJUNTO DE CARGOS DIVERSOS
7. CAUSALES PARA RECURRIR EN CASACIÓN
7.1. POR VÍA DIRECTA. SER VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANCIAL POR:
7.1.1. INFRACCIÓN DIRECTA
7.1.2. APLICACIÓN INDEBIDA
7.1.3. INTERPRETACIÓN ERRÓNEA
7.2. POR VÍA INDIRECTA
7.2.1. ERROR DE HECHO
7.2.2. ERROR DE DERECHO
7.3. LA REFORMATIO IN PEJOUS.
8. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAODINARIO DE CASACIÓN
LABORAL
3
8.1 LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO
8.2. CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL RECURSO
8.3. ADMISIÓN DEL RECURSO Y TRASLADO AL RECURRENTE
8.4 TRASLADO DE LA DEMANDA
8.5. DECISIÓN DEL RECURSO
9. EL RECURSO EN EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
LABORAL.
10. EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO
CONTEMPORÁNEO
10.1. ARGENTINA
10.2. VENEZUELA
10.3. ESPAÑA
11. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
4
EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN LABORAL
1. INTRODUCCIÓN
Desde tiempos inmemoriales, cuando las personas tenían conflictos de
intereses recurrían a las autoridades para que les ayudaran a dirimirlos de la
mejor manera posible pero siempre existía una parte que no quedaba
satisfecha con la decisión, y en procura de obtener un resultado satisfactorio
“apelaba” la decisión inicialmente tomada. Es así como para evitar el ejercicio
abusivo del poder y garantizar el equilibrio que debe caracterizar a las
relaciones jurídicas, los legisladores establecieron mecanismos debidamente
reglados para que la obtención de la modificación de decisiones adoptadas por
las autoridades obedeciera a la equidad y a la justicia, reglamentación que con
el transcurso del tiempo adoptó la denominación procesal de recursos.
Hoy día, teniendo en cuenta el amplio desarrollo que ha tenido el derecho
procesal, es de medular importancia enfocar la atención a uno de esos medios
de los que gozan las partes de la litis, encaminado a obtener una variación
sustancial de la decisión procesal adoptada en cada caso particular,
especialmente dado al carácter de extraordinario que lo rodea y que lo hace
diferente dependiendo del ordenamiento procesal en el cual se desea hacer
efectivo, como lo es el recurso de casación.
Dentro de los mecanismos establecidos por el legislador para que las partes
involucradas en un proceso obtengan de las autoridades judiciales bien sea la
revocación, la aclaración, reforma o modificación de una decisión por ellas
adoptada, el legislador estableció los llamados recursos cuya clasificación,
operancia y aplicabilidad práctica dependen de la naturaleza misma de la
decisión judicial contra la que se oponen y su incidencia en el desarrollo de un
determinado asunto de derecho.
5
Es así como dentro las tres grandes jurisdicciones de derecho dentro del
ordenamiento jurídico colombiano, a saber, Civil, Penal y Laboral, se han
establecido tres grupos de recursos o medios de impugnación dependiendo
tanto de su especialidad como de los fines últimos que frente al derecho mismo
como ciencia se quieran lograr, dándose así lugar a los recursos de naturaleza
ordinaria, de naturaleza especial y de naturaleza extraordinaria. En este
entendido, encontramos que a través de los recursos ordinarios se pueden
atacar todas las providencias proferidas por los jueces dentro del trámite de las
instancias salvo que exista disposición expresa que lo impida y a través de los
especiales, su procedencia está condicionada a los casos ordenados por la ley
y en cuanto a los extraordinarios su procedencia se da por vía exceptiva y
frente a casos en los cuales no existe ya mérito para hacer uso de los
ordinarios o de los especiales y hallarse en firme la decisión impugnada,
condicionado a unas reglas de procedibilidad mínimas que garantizan la recta
administración de justicia y por que no, el establecimiento de una fuente de
derecho a través de la jurisprudencia que con su desarrollo se obtendrá.
La finalidad del recurso extraordinario de casación se encuentra claramente
establecido en la ley misma por cuanto el legislador quiso desde siempre
imprimirle carácter a las decisiones que a través de su resolución se den,
cuando determina que busca unificar la jurisprudencia nacional sobre un
determinado punto de derecho en procura de reparar siempre los perjuicios que
se hayan causado a la partes afectadas con la sentencia objeto de recurso, así
como la realización del procedimiento objetivo en cada proceso.
No es, entonces su fin, prolongar un debate ya agotado en las instancias y
sobre el cual tomó partido el Tribunal al resolver el recurso de apelación, sino
romper la doble presunción de acierto y legalidad de que está investida la
sentencia demandada, demostrando en cada caso no sólo la existencia del
vicio enervante sino también el efecto trascendente de la actuación glosada en
el fallo de condena y en las resultas del proceso.
6
La ley procesal ha sido clara en la estricta fijación de los requisitos de
pertinencia, oportunidad y sustentación del recurso de casación laboral, en aras
de asegurar la cumplida eficacia de la tarea de la Corte circunscrita a los fines
allí previstos; entre aquellos presupuestos se destaca, en primer término, la
idoneidad de la demanda que al efecto ha de presentarse como punto
ineludible de toda consideración, la cual ha de ceñirse a las preceptivas
formales señaladas en la respectiva norma adjetiva.
Es tal su especialidad e incidencia dentro del ordenamiento procesal que la
resolución del recurso extraordinario, está dada a la mayor entidad dentro del
aparato judicial del estado como lo es la Corte Suprema de Justicia,
especialidad que además se reafirma en cuanto a los requisitos de su
procedibilidad que a la vez constituyen sus límites, pues para que una
sentencia de segunda instancia, proferida dentro de un proceso ordinario, lo
que excluye de antemano a los juicios especiales, pueda llegar a este nivel
debe reunir una cuantía mínima dada en salarios mínimos, elemento este que
dentro del nuevo Código de Procedimiento Laboral fue aumentado ratificando
la naturaleza especialísima del recurso y que justifica desde todo punto de vista
la necesidad de enfocar un estudio frente a sus alcances, límites e incidencias
dentro del ordenamiento procesal colombiano aunado al carácter que de fuente
de ley tienen los pronunciamientos a través de lo cual se resuelve el mismo,
objetivos estos que serán atendidos y entendidos en el marco del estudio que a
continuación se desarrollará y con el cual se persigue dar un enfoque real y de
aplicación práctica a un medio de impugnación cuyo resultado puede llegar a
constituirse en fuente de derecho.
No debe perderse de vista que este recurso no genera una tercera instancia
procesalmente hablando, por cuanto los aspectos que a través suyo de
debaten son totalmente diferentes a los planteados en las instancias, de allí
que su primera función sea de quebrantar, romper o casar ese fallo impugnado
y entrar a través del nuevo fallo a ocupar el lugar de la segunda instancia,
elemento este que reafirme el carácter de extraordinario no sólo conceptual
7
sino legalmente hablando en razón a la trascendencia que tiene su resultado
último dentro de un proceso ordinario laboral.
Para finalizar, es del caso precisar que el recurso extraordinario de casación
laboral reviste elementos y alcances que lo hacen diferente de su homólogo en
materia penal y civil, eventualidad esta que determina una necesidad de
ahondar en sus raíces, en su presente y su incidencia futura dentro del nuevo
marco legal del procedimiento laboral que nuestro país se apresta a poner en
práctica en un futuro no muy lejano.
1.3. DEFINICIONES
Antes de entrar en materia es importante tener claros los siguientes conceptos:
1.3.1. RECURSO
Denomínase así todo medio que concede la ley procesal para la impugnación
de las resoluciones judiciales, a efectos de subsanar los errores de fondo o los
vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla. El acto de recurrir
corresponde a la parte que en el juicio se sienta lesionada por la medida
judicial.
1.3.2. RECURSO EXTRAORDINARIO
Es definido como el que se concede ante el Tribunal Superior, con carácter
excepcional y restrictivo, generalmente con el fin de asegurar la uniforme
aplicación de la Constitución nacional o provincial, o de la ley. Señalando como
recursos de esta clase, el de inconstitucionalidad, el de casación (por
inaplicabilidad de ley o de doctrina legal, o por quebrantamiento de forma) y el
de revisión.
1.3.3. RECURSO DE CASACIÓN
8
según doctrina generalizada, es el remedio supremo y extraordinario contra las
sentencias ejecutoriadas de los Tribunales Superiores, dictadas contra ley o
doctrina admitida por la jurisprudencia, o faltando a los trámites sustanciales y
necesarios en los juicios, para que, declarándolas nulas y de ningún valor,
vuelvan a dictarse, aplicando o interpretando rectamente la ley o doctrina legal
quebrantada en la ejecutoria u observando los trámites omitidos en el juicio, y
para que se conserve la unidad e integridad de la jurisprudencia.
Más exacto y actual es el conciso concepto académico: el que se interpone
ante el Tribunal Supremo contra fallos definitivos o laudos en los cuales se
suponen infringidas leyes o doctrina legal, o quebrantada alguna garantía
esencial del procedimiento.
Estos recursos tienen un tratamiento muy dispar en las legislaciones. En el
sistema francés, la Corte Suprema declara la violación en que se haya incurrido
y devuelve las actuaciones ante la otra Corte de Assises, para que falle de
nuevo. En España, con mayor economía procesal y unidad jurisprudencial
mejor lograda, el propio Tribunal Supremo dicta nueva sentencia cuando el
recurso sea por cuestiones de fondo.
1.4. DIFERENCIAS CON OTROS RECURSOS
Las diferencias del recurso de casación con otros medios de impugnación son
varias, entre las que cabe resaltar están:
a. Por ser un recurso extraordinario, solo procede por los motivos o
circunstancias taxativamente señaladas en la ley, mientras que en
recursos ordinarios como la apelación, esto no sucede.
b. De lo anterior se desprende que las causales para impugnar una
sentencia por vía de casación, solo pueden ser las expresamente
señaladas por el legislador.
9
c. En los recursos ordinarios, el juez puede examinar la providencia en
todos los aspectos del proceso, en los extraordinarios como el de
casación, solo lo puede hacer, limitado a lo pedido por el recurrente.
d. En cuanto a simples formalidades, el recurso de casación se debe
interponer por medio de una demanda, a diferencia de otros recursos
que simplemente requieren de un escrito sencillo motivado.
e. El recurso de casación se concede en interés de la ley, y en forma
secundaria en interés particular, mientras que los recursos ordinarios
generalmente se confieren con base en el derecho de defensa, en un
interés particular.
f. Igualmente también el recurso de casación tiene diferencias con el de
revisión que como se sabe también es extraordinario. La diferencia
fundamental radica en que mientras la casación procede ante
sentencias no ejecutoriadas, con el de revisión sucede todo lo contrario
y aparece como una excepción al fenómeno de cosa juzgada de la
sentencia en firme.
2. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL ORIGEN DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
Teniendo en cuenta a los diferentes autores que se han ocupado de hacer una
breve reseña sobre el origen del recurso extraordinario de casación,
encontramos gran similitud en todos estos ya que coinciden en encontrar las
mismas figuras como fuentes de este recurso.
Aquí haremos referencia a los puntos más importantes y que consideramos de
mayor relevancia en estos.
10
Los antecedentes del recurso extraordinario de casación, se remontan varios
siglos atrás y de acuerdo a la legislación de cada país, este ha tenido un
desarrollo diferente que ha ido variando de acuerdo a los cambios en el
régimen estatal.
Sin embargo, las legislaciones que se consideran realmente originarias de este
recurso porque incorporaron en algún momento figuras semejantes en su
respectivo derecho son el Imperio Romano, Italia y Francia, a las cuales
haremos referencia no sin luego mirar la evolución del recurso de casación en
general y consecuentemente en materia laboral en la legislación colombiana.
2.1. IMPERIO ROMANO
En cuanto al origen del recurso de casación en el derecho romano, todos los
tratadistas coinciden en que su fundamento está básicamente en la figura
denominada “acción de nulidad” durante el período de la República , la cual
luego aparece en el período imperial en el que esta acción se extiende a las
sentencias que violaban el ius constitutionis. Esto último, era una medida de
carácter político usada por los emperadores y por medio de la cual se hacía
primar la legislación central sobre los derechos locales del Imperio Romano.
Sin embargo, al consultar diversos libros de derecho romano, especialmente el
“ Tratado elemental de derecho romano” del autor Eugene Petit1, encontramos
referencia a otras figuras muy similares a la acción de nulidad, que si bien los
diversos libros sobre el tema de casación no incorporan, consideramos
igualmente importantes por servir de fuente indirecta al desarrollo del recurso a
pasar de existir diferencias notables. Se incluye aquí por ejemplo la figura de la
apellatio que como bien se sabe, a pesar de ser también un recurso, dista
mucho de la figura de la casación pero creemos importante como pilar para su
posterior desarrollo.
1 PETIT, Eugéne. Tratado elemental de derecho romano. Buenos Aires: Abogados Asociados Editores, 1924. p. 645-646.
11
En las mismas palabras que expresa el tratadista Eugéne Petit: “Hasta el final
de la república, la sentencia tenía fuerza de cosa juzgada, en seguida de ser
pronunciada, y las partes no podían atacarla para obtener una nueva decisión
de alguna otra jurisdicción. La sentencia dimana, en efecto, de un juez, a quien
libremente han elegido y tienen la obligación de someterse. Únicamente en
casos excepcionales se podía obtener contra la sentencia la revocatio in
duplum o la in integrum restitutio. Pero, bajo el imperio, quedó abierta una vía
de recurso para todos los casos contra las sentencias: la apelación.”2
La revocatio in duplum se presentaba cuando una sentencia era violatoria de la
ley y como consecuencia se declaraba nula, por lo tanto, el demandado
condenado en forma ilegal tenía que esperar a la ejecución del juicio para
obtener el beneficio de la declaración de nulidad o a petición podía pedir que
esta se comprobara y se le condenaba al doble si no estaba bien fundada la
reclamación.
La in integrum restitutio permitía que el demandante o demandado que
creyeran haber sido lesionados por la condena en una sentencia, pudiera pedir
al magistrado este recurso que se consideraba “extraordinario”, siempre y
cuando se cumplieran con ciertas condiciones.
La apellatio sí tiene su origen en el principio del imperio y por medio de ella una
persona que no estuviera de acuerdo con la decisión de un magistrado, podía
pedir la intervención del magistrado superior a quien se denominaba “ apellare
magistratum “, el cual oponía el veto a la sentencia, la anulaba y la
reemplazaba por una nueva o la confirmaba. El emperador era la última
instancia para interponer el recurso.
12
2.2. ITALIA
En cuanto al derecho italiano, la figura que más se encuentra relacionada con
la casación es la “querella nullitatis”. Al respecto el tratadista Murcia Ballén
expone: “El derecho común italiano creó la teoría de la querella nullitatis, que
aparece ya como un verdadero medio de impugnación que autoriza combatir
los actos anulables, el cual precluía si no se proponía en tiempo. Pero a pesar
de que en principio debía fundamentarse exclusivamente en vicios de
procedimiento, poco a poco se la extendió a los errores in judicando,
específicamente cuando la sentencia resultaba proferida contra norma
expresa.”3
Para autores como Lagos Pantoja, igualmente esta figura es la que con mayor
acercamiento se asemeja a la casación en el derecho italiano, al respecto dice:
“También se afirma que el origen de la casación se remonta al derecho italiano
con la querella nullitatis, considerada como un verdadero medio de
impugnación para combatir los actos anulables y el cual precluía, si no se
proponía a tiempo.”4
Finalmente es importante hacer referencia al autor René Parra quien se refiere
al derecho italiano así: “Unificado el reino, la casación superó el intento de
quienes propugnaban por considerar un sistema de tercera instancia, y se
consagró en el ordenamiento procesal y en el Código Procesal Civil de 1865.
Sin embargo, inicialmente, por razón de factores de descentralización, no se
creó una única Corte de casación en la cúspide de la jurisdicción, sino en cinco
casaciones regionales a saber: Turín, Florencia, Roma, Nápoles y Palermo.
2 Ibid.,p. 646 3 MURCIA BALLÉN, Humberto. Recurso de Casación Civil. Bogotá. Ed. Temis, 1977, p. 11-12. 4 LAGOS PANTOJA, Luis. El recurso extraordinario de casación laboral. Bogotá. Ediciones Doctrina y ley, 1993. p 2.
13
Finalmente la tendencia unificadora de la casación se logró en Roma, con la
expedición de la ley del 6 de diciembre de 1888, n. 5825, respecto de la
casación penal.
Por último, con el R. D. del 24 de marzo de 1932, n. 601, se unificó la casación
civil, lográndose la unificación nacional y el órgano para el desarrollo unitario de
la jurisprudencia.”5
2.3. FRANCIA
Es el derecho francés, el reconocido por los diferentes autores como el
precursor y fuente más inmediata del recurso extraordinario de casación, pues
como en las instituciones reseñadas anteriormente aquí se encuentran otras
figuras como las Suplicaciones y el Consejo del Rey.
A partir de la figura del Consejo del Rey surge el Consejo de Gobierno con una
sección especializada para conocer el recurso de casación, llamada conseil
des Parties (Consejo de Partes).
Sin embargo, es luego de la Revolución Francesa en la que realmente tuvo
desarrollo este recurso gracias a las ideologías propugnadas por el Barón de
Montesquieu y Rousseau quienes por medio de la enciclopedia plasmaron las
ideas sobre la separación del poder judicial del poder ejecutivo. Así fue como
con posterioridad por medio del Decreto del 27 de noviembre de 1790, se creó
el Tribunal de Casación por la Asamblea Constituyente francesa como un
órgano que velaría por las violaciones de los procesos y sentencias contra los
textos de ley, decretando su nulidad.
5 RENÉ PARRA, William. Recurso extraordinario de casación laboral y casación administrativa. Bogotá. Ecoe Ediciones, 2000, p 13.
14
El Tribunal de casación fue evolucionando hasta convertirse en un verdadero
órgano jurisdiccional y controlar los casos de interpretación errónea, falta de
aplicación de la ley, hasta ocuparse de los errores del derecho in iudicando.6
Sobre este acontecer en cuanto a la casación, De la Plaza observa:” El órgano
que de ella conoce, no es ya, como en lo antiguo, una emanación del poder
legislativo, sino un verdadero organismo jurisdiccional que, articulado con todos
los de la administración de justicia y colocado en su cúspide, vela, sí, por la
recta Interpretación y aplicación de la ley, pero también define, con general
repercusión y eficacia, y conduce la interpretación de los demás tribunales”7.
Finalmente, según el tratadista Piero Calamandrei, es desde esta época que la
figura del recurso de casación, realmente tomó fuerza y se convirtió en toda
una institución base de las distintas legislaciones.
2.4. COLOMBIA
2.4.1. RECURSO DE CASACIÓN
Para encontrar los orígenes legales más profundos del recurso de casación en
Colombia debemos ubicarnos en la antigua constitución política de 1886. Dicha
carta reestructuraba el orden político de nuestro país convirtiéndonos de nuevo
en una nación centralista, transformando de paso el orden jurídico nacional.
La autonomía jurídica reinante era muy grande por lo tanto era imperioso la
unificación de la jurisprudencia. De la mano de la unificación judicial vinieron
también la legislativa y la ejecutiva en su totalidad. La idea de tener toda la
rama judicial trabajando de manera unificada traía consigo una gran
complejidad, por lo tanto se creó un tribunal para estudiar la correcta aplicación
del derecho objetivo que le diera un carácter realmente uniforme a la
6 Cfr. Íbid., p .13. 7 DE LA PLAZA, Manuel, La Casación Civil, Madrid, ed. Revista de derecho privado, 1944, p 66.
15
jurisprudencia colombiana, lo que dio origen al artículo 151 de la constitución
de 1886, que le atribuía expresamente a la Corte Suprema de Justicia, como
máxima jerarquía del poder judicial, la facultad de conocer de los recursos de
casación. Esto no era otra cosa que una total subordinación jerárquica y
funcional del resto de las instancias a las decisiones del juez supremo, llegando
a tal punto de establecer en nuestro país la tesis de la doctrina probable en el
articulo 10 de la Ley 153 de 1887 que obligaba a los jueces a tomar como
precedentes tres sentencias concordantes. Dicha teoría incoherente para
nuestro ordenamiento desde todo punto de vista fue modificada después por el
artículo 4 de la Ley 169 de 18968.
En desarrollo del artículo 151 de la constitución se expedirían en los años
subsiguientes una serie de leyes que irían reglamentando el tema en diversas
materias. Caben destacar la ley 61 de 1886, la ley 153 de 1887, la ley 135 de
1888, la ley 105 de 1890, la ley 100 de 1892, la ley 40 de 1907 y la ley 103 de
1923 conocida en el ámbito jurídico como el Código de Arbeláez.
Paralelamente al desarrollo de la Corte Suprema y sus funciones como corte
de casación esta ha ido estableciendo una serie de mecanismos para poder
cumplir fielmente sus funciones.
Toda esta evolución histórica nos transporta hasta la ley 105 de 1923 por
medio de la cual se expidió el Código de Procedimiento Civil, que fue el que
reguló lo referente al recurso extraordinario de casación, hasta que el
legislativo dictó un estatuto especial para el proceso del trabajo. Por eso
cuando este nació al universo jurídico del derecho ya la técnica casacionista
estaba adelantada y los juristas eran conscientes de la importancia que esta
instancia tenía y que con el pasar del tiempo iba a ser aún mayor, no solo por
8 Ley 153 de 1887. Art. 10._ Modificado. Ley 169 de 1896, art. 4º: Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.
16
la seguridad jurídica que ofrecía para el ejercicio del derecho sino también por
ser una clara expresión del respeto al derecho objetivo.
No podemos dejar de pasar por alto la reforma constitucional de 1991 con la
cual la Corte Suprema de Justicia, toma un carácter aún más especializado ya
que es ahora la Corte Constitucional la encargada de velar por la supremacía e
integridad de la constitución. Otorgándole entonces la guarda de la justicia
como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y de casación a la Corte
Suprema, quien debe entonces, organizada por salas, correlativas a las
diversas materias, cumplir con dos grandes funciones: atender una realidad
social y unificar la jurisprudencia nacional.
2.4.2. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN LABORAL EN
COLOMBIA
En los albores de la jurisdicción laboral colombiana no se tenía planeado un
recurso de casación para la materia, esté es más bien el resultado de un
proceso y de una serie de factores históricos y jurídicos que analizaremos más
a fondo a continuación.
La primera forma de dirimir conflictos laborales la encontramos en el articulo 18
de la Ley 10 de 1934 que textualmente establecía ¨Mientras se establece una
jurisdicción especial para la solución de los conflictos del trabajo que puedan
originarse con motivo de la aplicación de la presente ley, dichas controversias
se tramitarán de conformidad con el procedimiento señalado en el título XLVI
del Libro II de la Ley 105 de 1931¨. Está no era otra cosa que una referencia al
proceso verbal, que estaba consagrado en el Código Judicial9.
Pero fue realmente la Ley 45 de 1939 la que hizo aplicable el procedimiento
verbal a todo tipo de conflicto resultante de relación de trabajo, ya que la Ley
10 de 1934 establecía ciertos parámetros que no permitían una aplicación
17
generalizada; a pesar de ya tener entonces un proceso propio, aún no se
contaba con una verdadera jurisdicción especializada porque eran jueces
civiles los que conocían de los procesos laborales, lo que desnaturalizaba en
muchos de los casos la esencia del proceso.
Subsiguiente a estos acontecimientos renace en la mente de los juristas la
idea de tener una jurisdicción propia, pero también siendo conscientes de los
problemas jurídicos que podría traer consigo este proyecto, por eso optan por
expedir el acto legislativo Nº 1 de 1940 cuyo único articulo rezaba así: ¨La Ley
creará la jurisdicción especial del trabajo y determinara su organización¨10.
Con base en lo anterior, podemos atrevernos a afirmar compartiendo la idea
del autor Lagos Pantoja que “estos dos actos legislativos son los pilares del
Recurso Extraordinario de Casación en Colombia”11.
Con base en esta reforma constitucional se expidió el Decreto-ley 2350 de
1944 que fue el que estableció principios, presupuestos y otras disposiciones
necesarias para la organización de la jurisdicción laboral; pero fue realmente
una año después mediante la Ley 6 de 1945 por medio de la cual se
consagraron las bases reales para posteriormente trabajar en el desarrollo del
derecho individual y procesal laboral. La Ley en mención concedió facultades
extraordinarias al gobierno que se vieron concretadas en dos grandes logros:
primero, la organización en el territorio nacional de la jurisdicción laboral y
posterior puesta en marcha y segundo, la expedición de un estatuto procesal
del trabajo.
Fue entonces el Decreto-ley 2350 de 1944 el que creó el Tribunal Supremo de Trabajo como organismo de casación para que posteriormente la Ley 6 de
1945 le cambiara el nombre a Corte Suprema del Trabajo.12
9 El Código Judicial es lo que conocemos hoy con el nombre de Código Procedimiento Civil. 10 Este mismo principio creador fue plasmado más adelante en el Acto Legislativo Nº 1 de 1945 en su Articulo 69. 11 LAGOS PANTOJA, Op. Cit., p 13. 12 El cambio de nombre realmente se hizo por medio de la Ley 26 de 1946, porque la Ley 6 de 1945 concedió unas facultades extraordinarias con base en las cuales se dictó el Decreto-Ley 1745 de 1945 que
18
Vale la pena recordar que para la época en que se expidió este decreto el país
se encontraba bajo estado de sitio decretado por el Presidente de turno, el
Doctor Alfonso López Pumarejo. La situación económica del país no era la
mejor como consecuencia de las bajas ventas colombianas en el exterior
debido a la segunda guerra mundial; por otro lado el Presidente López tenía
en su cabeza otra gran preocupación como lo era la enfermedad terminal de
esposa. El estado de sitio se decretó debido al intento de golpe de estado
militar que hubo en Pasto a partir del 10 de Julio de 1944 el cual fue controlado
hábilmente por el Presidente el 12 del mismo mes. Es de resaltar la labor
prestada por el Ministro de Trabajo de la época el Doctor Adán Arriaga Andrade
coautor del decreto en mención.13
Dicho Decreto tiene partes muy interesantes como el numeral 7 del artículo 37
que dice:¨Todo asunto es susceptible del recurso de casación con tal que sea
interpuesto por un sindicato de patronos o trabajadores, o por un inspector de
trabajo, siempre que el Tribunal Supremo del Trabajo no haya decidido la
cuestión en tres sentencias ejecutivas uniformes”14.
Posteriormente la Ley 75 de 1945 fue la que concedió al gobierno nuevamente
facultades extraordinarias que se usaron para dictar el Código Procesal del
Trabajo mediante el Decreto 969 de 1946, que más tarde sería declarado nulo
por el Consejo de Estado ya que fue expedido después de vencido el termino
fijado por la ley de autorizaciones.
El haberse declarado nulo el Decreto 969 y la posterior violación de la
constitución del Decreto 1745 de 1945 del cual ya hablamos, condujo al
gobierno a dictar la Ley 26 de 1946 que creó un Tribunal por cada
Departamento y fue está la que finalmente le cambio el nombre a la Corte
Suprema del Trabajo, lo que en palabras del autor Valencia Arango: “ hizo que
se eliminara la independencia absoluta de la jurisdicción del trabajo y viniera a
a la postre fue declarado violatorio de la constitución. Lo que sucede es que en la historia es a la Ley 6 a la que se le atribuye dicho cambio. 13 Cfr. ARIZMENDI POSADA, Ignacio. Gobernantes Colombianos. Bogotá, Ed. Interprint. 1983,p.189 -193.
19
mezclarse con la jurisdicción ordinaria, mediante la creación de salas Laborales
en los Tribunales Superiores del Distrito Judicial¨15.
Vale la pena resaltar que una cosa son los pilares del recurso de casación
laboral y otra cosa es la norma que realmente lo estableció, que sin lugar a
dudas fue la Ley 75 de 1945. Esto ya fue manifestado por la Corte Suprema del
Trabajo de la siguiente forma: ¨Ya tiene dicho la Corte en diversas
providencias, que el recurso de casación en materia del trabajo sólo fue
establecido a partir del 21 de Diciembre de 1945, según lo dispuesto por la ley
75 del mismo año¨16.
Básicamente la Ley 75 de 1945 ordenaba las causales de casación en dos
grupos. El primero, que atacaba la sentencia por errores¨in iudicando¨ y el
segundo grupo que la atacaba por vicios ¨in procedendo¨. Además por no
haber normas específicas sobre el tema era totalmente valido acudir al Código
Judicial. Esta fue la situación del recurso hasta Decreto-Ley 2158 de 194817
que a la postre fue adoptado como legislación permanente por mandato del
Decreto-Ley 4133 de 1948. Dicho Código hacía referencia al recurso en el
Capítulo XV y los artículos 86 a 89. Poco después por medio del Decreto-Ley
2017 de 1952 se introdujo una tercera causal que consistía en haber incurrido
en nulidad por falta de jurisdicción.
En virtud del ambiente reformista de la época se dictó el Decreto 528 de 1964
que consagraba como causal de casación en el numeral 3 del artículo 60 del
citado decreto lo siguiente: ¨el haberse incurrido en algunas de las causales de
nulidad de que trata el articulo 448 del Código de Procedimiento Civil, siempre
que la nulidad no haya sido saneada de conformidad con la ley¨. Por la misma
época se dicta otra norma muy interesante que fue el Decreto 1819 de1964, la
cual podría decirse era complementaria del Decreto 528, esta norma regulaba
14 Retornando en cierta forma a la Teoría de la Doctrina Probable eliminada el siglo anterior. 15 MENDOZA MEDINA, Raimundo. Principios de técnicas de casación laboral. Tésis de grado. Bogotá. 1987, p 9. 16 Corte Suprema del Trabajo, Casaciones de Marzo 20 y 29, y Abril 12 de 1946, magistrado Ponente: Doctor. Castro Jaramillo Arrubla. 17 Código Procesal del Trabajo.
20
cosas como la organización interna de la Sala de Casación Laboral y derogaba
la causal de casación creada en el parágrafo del articulo 1º del Decreto
Extraordinario 2017 de 1952.
La aparición de la ley 16 de 1968 es decisiva para el recurso porque suprimió la
causal tercera consagrada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964 e introdujo
una innovación a la legislación colombiana. El articulo 23 de dicha ley reforma
la causal primera diciendo que ¨el error de hecho será causal de casación
laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación de documento
autentico...¨, esto abría una amplia gama de posibilidades para recurrir en
casación gran número de fallos en los cuales se hubiera incurrido en este tipo
de error fáctico. Debido a las continuas críticas hechas al artículo 23 de la ley
16 de 1968 se expidió entonces la ley 16 de 1969 que despejó mucha de las
críticas al consagrar en su artículo 7º lo siguiente:” El error de hecho será
motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación
o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o
de una inspección ocular...¨
Básicamente son muchas las normas que se han dictado con referencia al
recurso de ahí en adelante pero no con importancia sustancial. Tenemos la
Ley 22 de 1977 que modificó las cuantías para la competencia, la Ley 11 de
1984 que introdujo reformas de forma al recurso, el Decreto 0719 del 89 que
modificó nuevamente cuantías en materia laboral.
En 1991 encontramos la gran reforma a la Constitución que estableció una
jerarquía nueva en la rama judicial y dio un carácter especial a la Corte
Suprema de Justicia y a sus salas de casación. Los fallos de la Corte son de
gran importancia y han sido estos los que realmente han marcado el verdadero
rumbo que ha seguido en los últimos 10 años el recurso de casación. Son
muchas las sentencias referentes a técnicas de casación que se han dictado y
que han marcado verdaderos parámetros en cuanto a causales, cuantías,
estructuras, naturaleza, etc. La Ley 712 de 2001 que reforma el Código
Procesal del Trabajo establece un cambio con respecto a la cuantía
21
aumentándola de 100 a 120 salarios mínimos mensuales vigentes; al respecto
se hará un breve comentario al final de este trabajo.
Culmina así, un breve recuento por los momentos y reformas más importantes
del recurso de casación laboral en nuestro país y su interesante trasegar dentro
del universo jurídico desde antes de su real nacimiento hasta el derecho
moderno de hoy día.
3. NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
CASACIÓN LABORAL
Son muchas las teorías que a través del tiempo han surgido de los diferentes
doctrinantes con respecto a la naturaleza del recurso de casación. Pero
creemos que ha sido la Corte Suprema de Justicia la que de una manera casi
perfecta y por medio de un fallo ha dado la mejor de las explicaciones sobre el
tema.
En sentencia del 2 de agosto de 1994 la Corte se pronunció así ¨Por su raíz
histórica y por su desarrollo constitucional y legislativo, la casación es un
recurso extraordinario. Supone que el proceso ha concluido, y que ha concluido
con una decisión acertada y ajustada a la ley. Y el carácter excepcional del
recurso de casación se manifiesta por dos aspectos: el primero porque no cabe
contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente
señala; y el segundo porque su fin principal es la unificación de la
jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio. Para
atender a una realidad social específica la ley ha autorizado la proposición de
este medio de impugnación cuando en la sentencia acusada se incurre en error
de hecho o de derecho. El primero de esos yerros debe ser manifiesto,
protuberante, y el recurrente asume la carga de romper las presunciones de
legalidad y acierto que por fuerza del supuesto de la conclusión del juicio con el
agotamiento de las dos instancias amparan la decisión impugnada, de manera
que está obligado a comprobar el desacierto, poniendo de presente que es
22
ostensible y destruyendo de una manera razonada todos los soportes que
sirvieron de fundamento a la decisión judicial, demostrando que ella surge de
deficiencias del sentenciador por la errónea apreciación o la falta de
apreciación de las pruebas. El rigor del recurso, tratándose del error de hecho -
ajeno a lo que fue la casación en sus orígenes-, fue acentuado por nuestro
legislador de 1969 (Ley 16 del año citado, artículo 7o.), que estimó que este
yerro, en el recurso extraordinario laboral, sólo podía provenir de la falta de
apreciación o de la apreciación errónea de un documento auténtico, de una
confesión judicial o de una inspección ocular, con lo cual, en principio, excluyó
las restantes pruebas. La jurisprudencia ha permitido el examen de medios de
convicción distintos de los mencionados, cuando previamente se demuestra la
ocurrencia del error manifiesto sobre las pruebas calificadas.”
Cabe destacar el alto grado de tecnicidad que requiere este recurso, por no ser
una instancia independiente y solo proceder en ciertos casos; se exige una
cantidad de requisitos preestablecidos para poder interponer el recurso.
Para ilustrar esta posición también es importante resaltar, una serie de temas,
fuente de jurisprudencia como las siguientes: Sentencia de Casación 6669 de
Agosto 23 de 1994 en la cual se establecen las reglas con relación a la
individualización de la norma violada, Auto 78 de Junio 28 de 1986 en donde se
establecen los mecanismos para calcular el interés jurídico para recurrir en
casación, Sentencia de Casación 6800 de Agosto 2 de 1994 en la cual se
plantean las bases para el estudio conjunto de cargos diversos, Sentencia 9561
de mayo 6 de 1997 por medio de la cual se plantean los medios de prueba para
recurrir en casación (Convención Colectiva), en general, son muchas las
providencias que establecen parámetros técnicos para poder interponer un
recurso de casación y que este realmente prospere.
El recurso de casación no puede se considerado como una tercera instancia,
porque no todos los fallos pueden ser objeto de este recurso, de ahí su carácter
de extraordinario es decir, que solo procede para ciertos casos taxativamente
establecidos en la ley. Al respecto , Manuel de la plaza expone: ¨Ahora bien: en
23
otro aspecto menos conocido y estudiado, puede ser calificado de
extraordinario este recurso ; porque, en relación con los demás, solo se
autoriza por motivos preestablecidos, que, como veremos en su sazón,
constituyen un numerus clausus, y que no pueden ser ampliados ni extendidos
por interpretación analógica; y porque , además, y también en contraste con los
recursos ordinarios, limita los poderes del tribunal ad quem, obligado a decidir
dentro del círculo que el recurso le traza y que no le es posible rebasar ¨18.
En Colombia este recurso tiene gran fundamento en el aspecto formal razón
por la cual el examen que se realiza sobre la sentencia impugnada, pretende
demostrar un error del Tribunal, error que pude ser de diversos tipos según la
causal esgrimida como argumento de casación.
La Corte básicamente realiza un análisis jurídico del fallo impugnado en busca
del error, pero no de cualquier tipo de yerro sino del que se argumenta para
recurrir porque por ningún motivo el juez supremo puede de manera oficiosa
reconocer otro tipo de falencia en la sentencia, ya que cualquier tipo de fallo
ultra o extra petita está claramente prohibido. Tampoco puede el juzgador
renovar de ninguna forma el acerbo probatorio establecido en el proceso, ya
que como explicamos antes, este recurso no persigue dirimir un conflicto, pues
aquello debió haberse logrado en la sentencia de segunda instancia, sino que
por el contrario busca equilibrar cualquier tipo de injusticia cometida durante el
proceso.
Por eso es que la naturaleza que entraña este recurso va más allá de un simple
fallo, pues lo que realmente se busca en esta etapa procesal es el lograr el
mayor grado de equidad entre las partes y la administración de justicia
representada en los jueces y magistrados.
4. OBJETIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
LABORAL.
18 DE LA PLAZA. Op. Cit., p 16.
24
Los objetivos o finalidades que busca el recurso extraordinario de casación
laboral tienen una particularidad especial y es que están precedidas de un
interés público el cual siempre se reflejará en un interés privado posterior.
Por ello, los objetivos principales de éste, son tres:
• La defensa de la ley sustantiva y salvaguardia del derecho
aplicado en cada caso en particular y en los diferentes procesos.
• La unificación de la jurisprudencia a nivel nacional y,
• Enmendar los daños causados a las partes, provenientes de la
sentencia materia del recurso de casación y así reestablecer el
derecho violado con la sentencia.
6.2. LA DEFENSA DE LA LEY SUSTANTIVA Y SALVAGUARDIA DEL
DERECHO APLICADO EN CADA CASO EN PARTICULAR Y EN LOS
DIFERENTES PROCESOS.
La defensa de la ley sustantiva o doctrinalmente llamada “nomofilaquia” es a
nuestro juicio, el objetivo primordial y pilar de la casación que se refiere
básicamente a la purificación del derecho objetivo. Este fue inicialmente el fin
buscado por la casación y por ende la creación de un tribunal que se encargara
de defender la ley contra aquellas sentencias violatorias de esta.19
Por medio de esta finalidad se busca impedir al juez la aplicación irrestricta de
la ley, sin tener en cuenta la norma jurídica ni su trasfondo , sino que por el
contrario, se busque que esta norma sea aplicada conforme a la finalidad que
tuvo el legislador al expedirla, obviamente adaptada a la realidad en
determinado tiempo, espacio y lugar.
Se hace aquí también referencia a la salvaguardia del derecho aplicado en
cada caso en particular y en los diferentes procesos, en concordancia con lo
anteriormente dicho, pues lo que se busca es que las diferentes normas que
25
tienen aplicación en todo el país, al ser aplicadas en cada caso concreto, sean
entendidas correctamente por el juez, mirando si corresponden o no a cada
situación y se garantice así su efectividad.
Al respecto expresa Lafont “Salvaguardar el derecho, determinando si la
sentencia se ajusta o no a la ley positiva, es una de las funciones que cumple
la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación. Se convierte de esta
manera, en guardián de la ley, pues con este recurso se busca precisar si la
sentencia acusada causa o no agravio a texto legal.”20
6.3. LA UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA A NIVEL NACIONAL.
La importancia de este segundo objetivo de la casación, radica en que como es
bien sabido, cada juez puede aplicar la ley de diversas formas y por medio de
la casación, se puede dar un sentido único a las diferentes interpretaciones de
los jueces ante la norma y así servir de guía para los demás jueces tribunales,
particulares y en fin, cualquier persona que pueda estar interesada en ello y
dude en el sentido de aplicación de la misma.
De la misma manera, esta unificación de la jurisprudencia proporciona que el
orden jurídico se mantenga y así brindar seguridad jurídica a la sociedad.
Como expresa Lafont: “La aplicación variada de la ley a casos similares
perturbaría el orden jurídico originando la falta de certeza en el texto legal. Por
ese medio se consagraría la violación del derecho, dado que los encargados de
aplicarlo podrían, a su antojo y conforme a las circunstancias, hacerlo objeto de
interpretaciones caprichosas y amañadas.”21
La Constitución Política en su artículo 230 consagra:” Los jueces, en sus
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
19 Cfr. MURCIA BALLÉN, Op.Cit., p. 30. 20 LAFONT HERRERA, Manlio. El proceso laboral. Bogotá. Ediciones Ciencia y Derecho. 1997. p 170.
26
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina
son los criterios auxiliares de la actividad judicial.”
Significa esto, que hay un reconocimiento constitucional de la jurisprudencia, lo
que permite que el derecho sea más dinámico y sea más fácil la labor
interpretativa de la norma por el juez.
La importancia es mayor en tanto en cuanto que al aplicarse esta finalidad en
materia laboral por tratarse de derechos laborales que son de orden público e
irrenunciables, la Corte Suprema de Justicia, debe propender a que no existan
posiciones encontradas entre dos jueces diferentes o entre magistrados de los
Tribunales. Por ello es también importante que la corte mantenga una posición
uniforme y ser cuidadosa en sus diferentes pronunciamientos sin contradecirse
con uno anterior, cosa que muchas veces sucede generando así inseguridad
jurídica a los integrantes del conglomerado social.
En cuanto a esta finalidad de la casación, expresa Piero Calamandrei, que la
casación sirve para “ asegurar en el Estado la uniformidad de la jurisprudencia
y, por consiguiente, la unidad y la igualdad del derecho objetivo, a través de la
revisión y de la selección de las diversas interpretaciones de una misma norma
jurídica, coexistentes en la jurisprudencia a causa de la pluralidad simultánea
de los órganos judiciales de un mismo grado: desde este punto de vista, la
Corte de Casación no se limita a destruir, sino que contribuye potentemente a
disciplinar y a fijar la fecunda obra de interpretación del derecho objetivo que se
lleva a cabo ininterrumpidamente por la jurisprudencia”. 22
En conclusión, se puede decir que frente a esta finalidad hay un efecto
negativo y uno positivo, negativo en cuanto que por medio de la casación se
eliminan las sentencias en que el juez no ha actuado conforme al límite de su
poder y positivo, en cuanto que determina el correcto sentido de las normas.23
21 LAFONT, Op. Cit., p 147. 22 CALAMANDREI, Piero, La casación civil, t. I, Buenos Aires, Edit. Bibliogràfica argentina, 1961,p.28.
27
La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado diciendo: “…y el carácter
excepcional del recurso de casación se manifiesta por dos aspectos: el primero
porque no cabe contra toda sentencia sino solo contra aquellas que el
legislador expresamente señala; y el segundo porque su fin principal es la
unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del
litigio.”24
De esto se perfila la íntima relación entre la naturaleza y los objetivos del
recurso extraordinario de casación laboral.
6.4. ENMENDAR LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS PARTES,
PROVENIENTES DE LA SENTENCIA MATERIA DEL RECURSO DE
CASACIÓN Y ASÍ REESTABLECER EL DERECHO VIOLADO CON LA
SENTENCIA.
Este último objetivo o finalidad del recurso extraordinario de casación laboral se
produce como consecuencia de los dos anteriores y es una consecuencia
lógica pues si bien es cierto que se produjo un daño a una de las partes, éste
debe ser enmendado.
No es suficiente que la Corte exprese que CASA la sentencia, sino que deberá
reemplazar el fallo proferido por el Tribunal o el Juez laboral por medio de otro
concordante con el pronunciamiento, esto, cumpliendo la función de juez de
instancia.
7. ELEMENTO Y MATERIA DE LA CASACIÓN
7.1. ELEMENTO: LA SENTENCIA
23 Cfr. MURCIA BALLÉN, Op. Cit., p 31. 24 Sent. Agosto 2 de 1994.CSJ. Sala de casación laboral.
28
Como se pudo ver en el anterior acápite, los objetivos del recurso de casación
laboral siempre recaen en un elemento común que es la sentencia laboral.
Pues es precisamente sobre aquella providencia dictada por el juez que nos
parece importante hacer una somera referencia por ser no solo el elemento
esencial del recurso de casación sino también sobre el cual recae toda la
técnica del mismo.
Como es bien sabido, el proceso laboral está compuesto por etapas, y en virtud
del principio de eventualidad, cada etapa debe ser agotada para dar paso a la
siguiente. Es así que la última etapa a la que se llega en un proceso es a la de
dictar sentencia, es de esta manera como el proceso laboral termina,
resolviendo así el conflicto jurídico laboral objeto del proceso.
Sin embargo, hay que recordar que el proceso laboral puede terminar sin que
todos los actos procesales se realicen, extinguiendo el proceso sin que el juez
laboral se pronuncie sobre el fondo del asunto. Un ejemplo de esto es la
conciliación y el desistimiento.
Se pregunta en ocasiones la naturaleza de la sentencia, si es un acto o un
hecho jurídico. Doctrinalmente ha existido cierta discusión al respecto, pero
consideramos acertada la conclusión que exponen los hermanos Mendoza
Medina en su tesis de grado al decir que “cuando se habla de sentencia para
los efectos del recurso de casación, se utiliza el término en la acepción de acto
jurídico; de operación crítica del juez mediante la cual dirime el conflicto de
intereses, la cual puede resultar apartada o no del texto de la ley”.25
25 MENDOZA MEDINA, Raimundo. Principios de técnicas de casación laboral. Tésis de grado. Bogotá. 1987, p 70.
29
5.1.1. FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA
En laboral, la forma de la sentencia es oral pues esta se dicta en la audiencia
pública de juzgamiento, lo que no obsta para que quede por escrito en el acta
de audiencia; así lo estipula el Código de procedimiento laboral y de la
seguridad social en sus artículos 44 y 81.
ART 44. Diversas clases de audiencias. Las audiencias serán la de
conciliación, de trámite y de juzgamiento.
ART 81. Clausurado el debate, el juez podrá proferir en el acto la sentencia,
motivando oralmente; en ella señalará el término dentro del cual debe
ejecutarse y la notificará en estrados. Si no estimara conveniente fallar en la
misma audiencia, lo declarará así y citará a las partes para una nueva, que
deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes, en la cual se leerá y
notificará a los interesados la sentencia
La sentencia laboral consta de una parte motiva y una resolutiva.
La sentencia debe motivarse para que se pueda determinar todas las
consideraciones que van a influir en la parte resolutiva. En esta parte se debe
expresar el criterio del juez sobre los hechos, las pretensiones, las
excepciones, la demanda de reconvención, la valoración de la prueba, la
interpretación y la aplicación del derecho.
En esta parte además es preciso tener en cuenta:
1. El nombre del juzgado laboral en el cual se tramitó la instancia procesal
y se va a dictar la sentencia.
2. El lugar y fecha, día y hora de la audiencia de juzgamiento previamente
indicada en audiencia anterior
30
3. Una manifestación de que no hay causal de nulidad que invalide lo
actuado.
4. El señalamiento de las partes del proceso
5. Una relación resumida de las pretensiones y de la oposición de las
partes, indicando la forma como el demandado contestó la demanda o
dejó de hacerlo.
6. Un resumen de los hechos que sirven de fundamento de las
pretensiones.
7. Un examen de los hechos con relación a las pruebas y a su conducencia
y valoración, para llegar a la certeza y a la convicción de cada uno de
ellos.
8. Un análisis para establecer si la pretensión que sustenta el hecho
demostrado encaja en la norma, ya sea esta jurídica, convencional o
arbitral sin importar que la invocación de disposiciones haya sido
equivocada
9. Cuando las pretensiones, de acuerdo al análisis de todos los elementos
del proceso, tenga éxito y estén llamadas a prosperar en la sentencia, el
Juez del Trabajo estudiará las excepciones de fondo para considerarlas
demostradas o no probadas con relación a las peticiones.
10. Los incidentes, examinando las pruebas para su consideración.
En la parte resolutiva se debe decidir el conflicto jurídico de trabajo y es esta la
parte concreta y clara de la sentencia. Primero debe resolverse la petición
principal y luego las subsidiarias.
31
Al dictar sentencia, en la parte resolutiva se debe hacer un encabezado que
diga “En nombre de la República y por autoridad de la ley”, y puede ser de
condena total, condena parcial con absolución parcial, de absolución total o de
condena en costas.
Finalmente el juez debe firmarla (para su validez) junto con el secretario del
juzgado laboral.
La sentencia queda publicada y notificada en estrados para que las partes la
conozcan y ejerzan si lo quieren el derecho de impugnación. Una vez
ejecutoriada la sentencia esta tiene efecto de cosa juzgada y adquiere la
calidad de título ejecutivo.26
5.1.2 DECISIONES EXTRA Y ULTRA PETITA
Por regla general todo juez en sus sentencias debe limitarse a decidir con base
en lo pedido en la demanda y sin ir más allá de ello, esto se aplica en el
derecho civil, sin embargo en derecho laboral se presentan dos excepciones
que son las decisiones extra y ultra petita. Decisiones que siempre deberán
tener en cuenta el principio de la no “reformatio in pejous” que significa que
cuando hay un único apelante el juez no puede hacer más gravosa la
condición de este único apelante, figura que por ser una de las causales de
casación, se verá en profundidad más adelante.
Decisión extra petita significa más allá de lo pedido. Por lo tanto el juez puede
ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones diferentes de los
pedidos pero cumpliendo unos requisitos:
• Solo lo puede hacer el juez de primera instancia.
• Los hechos que los originan deben estar probados.
26 Cfr. OBANDO GARRIDO, José María. Derecho procesal laboral. Ediciones Tunvimor, Bogotá D.C., 1999. p. 523-526.
32
• Los hechos que los originen deben haberse discutido en el proceso.
Decisión ultra petita significa dentro de lo pedido pero en cuantía mayor. Por lo
tanto el juez puede ordenar el pago de salarios, prestaciones o
indemnizaciones en sumas mayores a las demandadas por el mismo concepto
pero también requiere el cumplimiento de dos requisitos:
• Solo lo puede hacer el juez de primera instancia
• En el proceso tiene que haberse acreditado que las sumas inferiores no
han sido pagadas.
5.2. MATERIA DE LA CASACIÓN: SENTENCIAS RECURRIBLES EN
CASACIÓN.
Solo las sentencias son recurribles en casación, y por ende no lo son ni los
autos de sustanciación o de trámite ni las providencias que no tienen categoría
de sentencias.
Sin embargo, no todas las sentencias son recurribles en casación sino solo
aquellas que cumplen determinadas condiciones.
Es así que procede el recurso de casación en materia laboral solo contra las
siguientes sentencias:27
1. Sentencias de segunda instancia proferidas por las salas laborales de
los Tribunales Superiores, cuando reúnan los requisitos legales
referentes a la clase de proceso en que hayan sido dictadas y a la
cuantía mínima requerida para la concesión del recurso y al interés que
asista al recurrente.
27 Cfr. LAFONT HERRERA, Manlio. El proceso laboral. Bogotá. Ediciones Ciencia y Derecho. 1997. p 153-155.
33
Respecto a la clase de proceso, el recurso de casación procede contra las
sentencias de segunda instancia proferidas en procesos ordinarios y no en
los especiales como por ejemplo los ejecutivos o los de fuero sindical.
Respecto a la cuantía, o mejor expresado, el interés para recurrir, este es
de 120 salarios mínimos legales vigentes. Así quedó estipulado mediante la
ley 712 de 2001 que reformó el antiguo artículo 86 del Código de
Procedimiento Laboral en donde el interés jurídico era de 100 veces el
salario mínimo legal vigente.
ART 86. Modificado por el artículo 43 de la ley 712 de 2001. Sentencias
susceptibles del recurso. A partir de la vigencia de la presente ley y sin
perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, solo serán
susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de
ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente.
Es importante diferenciar entre el interés jurídico para recurrir del
demandante, del interés jurídico para recurrir del demandado.
Para el demandante su interés lo constituye el monto de las pretensiones
que le fueron resueltas desfavorablemente, y para el demandado su interés
se concreta en el monto de la condenas que se decretaron en su contra.
Si no hay claridad sobre el interés para recurrir, este deberá ser avaluado
por un perito y con base en su dictámen se concederá o no el recurso.
Sobre este tema la Corte Suprema ha dicho:
“En el régimen primitivo del Código de Procedimiento Laboral para fines de
la viabilidad del recurso de casación, además de la naturaleza de la
sentencia que debía ser definitiva y de la clase de proceso que debía ser
ordinario, la ley tuvo en cuenta la “cuantía” del negocio (v. art. 86 C. P. T.).
34
La reforma del Decreto 528 de 1964 no sólo eliminó en la casación laboral
el requisito de que se tratara de una sentencia definitiva sino que introdujo a
la procedencia del recurso el concepto del “interés para recurrir”.
La norma transcrita no tuvo la finalidad de suprimir el concepto de “interés
para recurrir”, incorporado a la casación laboral desde 1964. Simplemente
modificó la cuantía del interés para recurrir. Del contexto y finalidades de la
Ley de 1977 aparece que ese estatuto se circunscribió exclusivamente a la
modificación de cuantía, sin alterar los demás conceptos estructurales que
regían para efectos de la competencia y de los recursos. Por lo tanto, los
dos conceptos legales de “interés para recurrir” y “cuantía del interés” tienen
jurídica y legalmente una coexistencia armónica. Más aún, el último
comporta una especificidad del primero. De allí que no puede ser
interpretado el artículo 6º de la Ley 22 de 1977 como una modificación y un
regreso a la regulación originaria del Código Procesal del Trabajo, sino
como una evaluación cuantitativa que hizo el propio legislador del “interés
para recurrir” en materia de casación laboral”.28
Finalmente, nos parece importante hacer referencia a lo siguiente:
El interés para recurrir en casación de quien no apeló no es la suma de las
condenas impuestas por los jueces de la primera y segunda instancia, sino
por el valor en que se agravó la condena con ocasión del fallo del juez de
segunda instancia.
Sin embargo, si apeló el fallo de la primera instancia, su interés será la
suma de las condenas que impusieron ambos jueces.29
2. Sentencias de primera instancia proferidas por los juzgados laborales
del circuito por medio de la figura de la casación per saltum la cual
28 Sent. 24 de julio de 1980.CSJ, sala de casación laboral. 29 Cfr. RENÉ PARRA, William. Recurso extraordinario e casación laboral y casación administrativa. Bogotá. Ecoe Ediciones, 2000, p 16.
35
consiste en saltarse la etapa correspondiente a su conocimiento en
apelación por la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial,
siempre que quien lo interponga obtenga el consentimiento escrito de su
contraparte o del apoderado de esta.
Esta figura se encuentra consagrada en el artículo 89 Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social así:
ART 89. Interposición del recurso “per saltum”. El recurso de “casación per
saltum” contra las sentencias de los jueces del círculo judicial del trabajo de
que trata la letra b) del artículo 86, se propondrá y se concederá o denegará
dentro de los términos y en la misma forma que el de apelación.
La parte que desee saltar la instancia de apelación deberá obtener el
consentimiento escrito de la contraparte o de su apoderado, que deberá
presentarse personalmente por su signatario ante el mismo juez. La
impugnación en casación por salto solo podrá fundarse en la causal primera
del artículo 87.
En síntesis el recurso de casación per saltum requiere de:
a. Común acuerdo de las partes.
Es decir, la parte que desee saltar la segunda instancia mediante
el recurso ordinario de apelación deberá obtener el
consentimiento de la otra parte, o de su apoderado, mediante
escrito debidamente presentado personalmente por su signatario
ante el mismo juez laboral.
b. Debe proponerse dentro del término que se tendría para
interponer el recurso de apelación contra la sentencia, es decir,
que la parte recurrente cuente con un término de 3 días para
proponerlo.
36
c. Cuando se interpone el recurso per saltum, solo puede basarse
en la causal primera de casación, esto es, por violación de una
norma de derecho sustancial, por infracción directa, o falta de
aplicación de la ley, o por aplicación indebida, o por interpretación
errónea.30
3. Sentencias inhibitorias. Antes, solo las sentencias definitivas, es decir,
las que decidían la litis en el fondo eran las susceptibles del recurso de
casación.
Esto se comprueba al mirar la jurisprudencia que durante varias décadas
atrás pronunció la Corte:
“ Sentencia definitiva. Se entiende por sentencia definitiva la resolución
judicial que decide sobre la controversia, esto es, sobre el fondo del asunto
litigioso, sea porque acoge la demanda del acto, sea porque la rechaza”.31
“Contra una sentencia que no sea definitiva, es decir, que no haga tránsito a
cosa jugada y que permita, por tanto, un nuevo litigio entre las mismas
partes o por el mismo objeto, no cabe recurso de casación”.32
Posteriormente, por medio de los artículos 9º del Decreto 1755 de 1957 y
59 del Decreto 528 de 1964, se permitió que bastara con que se tratara de
una sentencia de segunda instancia, dando así vía a la impugnación en
casación de las sentencias inhibitorias.
En sentencia del 20 de septiembre de 1979, la corte suprema de justicia,
sala de casación laboral, dijo:
“La Sala Plena de Casación Laboral, en auto del 13 de julio de 1976 (juicio
de Alberto Castro Márquez v/s. “inmobiliaria de Crédito S. A.”, expediente
30 Cfr. Íbid., p .38. 31 Auto de junio 14 de 1952. Citado por el autor Lagos Panoja. P 13.
37
Nº 5546) encontró que las sentencias inhibitorias sí son susceptibles del
recurso extraordinario de casación. En esta providencia, y luego de
transcribir los artículos 56 del Código de Procedimiento del Trabajo, tal
como fue modificado por el 9º del Decreto Legislativo 1752 de 1956, y 59
del Decreto Ley 528 de 1964, hizo una confrontación de los dos textos, y
dijo así:
“Una lectura comparativa de los textos transcritos deja en evidencia de que
mientras el primero alude a “sentencias definitivas”, el segundo de ellos
simplemente se refiere a “sentencias” para indicar qué proveídos son
susceptibles del recurso de casación.
Se requería pues dentro del régimen de la primera norma que el fallo
dictado en un juicio hiciera imposible intentar uno nuevo entre las mismas
partes y por idéntico motivo para que procediera recurrir contra él en
casación.
Bien claro resulta así que dentro del nuevo régimen establecido por el
artículo 59 del Decreto-Ley 528 de 1964 no hace falta que la sentencia sea
definitiva, es decir tenga la fuerza de cosa juzgada, para que sea
susceptible del recurso de casación pues basta para ello que agote la
instancia respectiva en procesos que por su naturaleza y cuantía
legalmente permitan el empleo de este medio extraordinario de
impugnación de fallos judiciales.
La Sala acoge como doctrina de la Corte la tesis que acaba de exponerse y
rectifica la contraria que fue sostenida en algunas ocasiones con
anterioridad a esta providencia”.
De igual manera, sobre las sentencias inhibitorias es importante el
comentario del autor Lafont Herrera en los siguientes términos: “ Conforme
a nuestra legislación existen elementos indispensables, denominados
32 Sentencia de mayo 9 de 1960.º
38
presupuestos procesales, que se requieren para la formación y desarrollo
normal del proceso y para su culminación en la sentencia que le ponga
punto final. Ellos son la competencia del juez ante el cual se tramita la litis;
la capacidad para ser parte dentro de ella; la demanda presentada en
forma; la capacidad para obrar procesalmente; y el trámite apropiado que se
dé al proceso. Sin el cumplimiento de los mismos no es posible que se
pueda dar la sentencia de fondo o de mérito.
Para prevenir el trámite de las demandas que adolecen de defectos, cuyo
resultado final pueda ser una falta de pronunciamiento sobre sus peticiones,
la ley ha otorgado facultades al juez para ordenar la inadmisión de las
mismas o para señalar los defectos subsanables a fin de que el interesado
los corrija.
Los poderes de dirección dados al juez llegan hasta el ordenamiento del
traslado de la demanda a personas que no han sido señaladas por el actor,
pero que resultan vinculadas o en relación con los actos jurídicos a discutir
y sin cuya comparecencia no se podría resolver sobre el fondo de las
pretensiones. (Artículo 83 del Código de procedimiento Civil, modificado por
el Decreto 2282 de 1989). Refiriéndose a los procesos declarativos civiles.
El artículo 401 del mismo Código de Procedimiento Civil, modificado
también por el decreto 22 de 1989, considera un deber del juez desde la
admisión de la demanda y en las oportunidades señaladas por el Código,
decretar las medidas de saneamiento encaminadas a prevenir o precaver
que el proceso concluya sin sentencia de fondo, o para evitar toda tentativa
de fraude procesal. Entre esas medidas se encuentra la integración del
litisconsorcio necesario.
Pese a las prevenciones del legislador y a los poderes dados al juez las
sentencias inhibitorias continúan dándose en razón de errores atribuibles a
las partes que impiden resolver sobre el fondo de las peticiones de la
demanda. El ataque en casación no era de recibo en esta clase de
39
providencias, en razón de que con ellas no se decidían en forma definitiva
las pretensiones de la demanda. Pero con la reforma introducida por los
artículos 9ª del decreto legislativo 1752 de 1956 y 59 del decreto-ley 528 de
1964, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la
posibilidad del recurso contra este tipo de sentencias”33
8. REQUISITOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
8.1. LA DESIGNACIÓN DE LAS PARTES
Siendo la designación de las partes uno de los requisitos de forma esenciales
de toda demanda no podía por lo tanto dejar de ser objeto de estudio en esta
investigación.
Indicar con exactitud los nombres completos o la forma inequívoca de
identificar a las partes, sin importar el mecanismo, es una exigencia imperiosa
para la procedencia formal del recurso extraordinario de casación laboral; debe
quedar claramente establecido quién se constituye como parte demandante y
quién lo hace como parte demandada, quiénes en esta parte del proceso se
convierten en recurrente y opositor según sea el caso.
Sin embargo, usualmente las partes en un proceso son singulares, lo que no
obsta para que la relación jurídico procesal esté compuesta por dos o más
personas, generando el fenómeno de pluralidad de partes; para lo cual es
relevante lo que al respecto observa el autor Manuel De La Plaza “ la distinta
relación en que en cada caso se hallan las partes entre sí; y de ese modo,
cuando están situadas en un mismo plano puede hablarse de una pluralidad
por coordinación, y, cuando se hallan en plano distinto, nos encontramos frente
a una pluralidad por subordinación”34, la relación de coordinación entre las
33 LAFONT HERRERA, Manlio. El proceso laboral. Bogotá. Ediciones Ciencia y Derecho. 1997. p 154. 34 DE LA PLAZA, Manuel, Derecho procesal civil español, voI, 3° ed.,Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1951, p.292.
40
partes se anota principalmente en el litisconsorcio; en cambio la subordinación,
es propia de la intervención por coadyuvancia.
Para evitar controversias con respecto a la obligatoriedad del requisito, el
legislador lo consagró en el numeral primero del artículo 90 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
6.2. LA INDICACIÓN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Como segundo requisito formal el legislador consagró en el numeral segundo
del mismo artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, la indicación de la
sentencia impugnada. La demanda de casación debe contener de forma clara y
explícita la sentencia que va a ser objeto del recurso de casación, para esto se
deben utilizar todos los datos identificadores posibles como: el número con que
fue proferida la sentencia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, si el
recurso se esta tramitando por la vía común o del Juzgado Laboral del Circuito
que le dio origen a la providencia, si se esta tramitando mediante casación per
saltum, así como la fecha y otros datos que sirvan para una clara
individualización del acto objeto del recurso.
6.3. LA RELACIÓN SINTÉTICA DE LOS HECHOS EN LITIGIO
Como tercer requisito se estableció en el numeral tercero la relación sintética
de los hechos en litigio; toda demanda inicial en derecho laboral está sometida
a la relación completa y amplia de los hechos que han dado origen al litigio,
situación que cambia cuando se trata de optar por el recurso extraordinario de
casación, debido a que en ésta, al recurrente se le exige una “ relación sintética
de los acontecimientos”, es decir, que debe inhibirse de exponer alegaciones
que vayan más allá del caso pero sin irse tampoco al extremo de omitir algún
hecho relevante.
41
En conclusión, debe limitarse a destacar los aspectos fácticos más
substanciales del proceso, todo esto con el único fin de evitar dilaciones y
confusiones innecesarias; según la doctrina una relación sintética puede estar
compuesta por los siguientes puntos:
• Una síntesis de los sucesos que dieron origen al conflicto inicial, y que
ya fueron expuestos en su totalidad en la primera demanda.
• Un pequeño resumen del resultado del debate procesal que se dio en
primera instancia, así como el contenido sumario de la sentencia que se
profirió en dicha etapa.
• Un claro y más conciso extracto de lo acontecido en la segunda
instancia que incluye la sentencia proferida por el Tribunal.
• La interposición del recurso junto con la fecha de la providencia del
Tribunal que lo concedió.
• Y por último, la fecha y condiciones en que fue admitido el recurso por la
Corte Suprema de Justicia, para darle tràmite.35
6.5. LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Este requisito no es más que el petitum de la demanda, es decir, la petición
que el recurrente hace a la Corte.
Cuando un proceso llega a la Corte Suprema de Justicia, ninguna de las dos
sentencias anteriores se encuentra ejecutoriada por haber sido ambas objeto
de recursos, en primer lugar de apelación y en segundo de casación, de ahí la
35 Cfr. LAGOS PANTOJA,Luis, El recurso extraordinario de casación laboral, primera edición, Ediciones Doctrina y Ley, 1993, p 71.
42
importancia de este requisito ya que de éste depende la actitud que tome la
Corte frente al fallo.
La Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación tiene dos funciones
básicas: la atribución de romper o casar la sentencia objeto del recurso y la de
actuar como juez de instancia; esto quiere decir que si la Corte rompe el fallo
de segunda instancia este desaparece, imponiéndose una revisión del fallo de
primer grado para disolverlo, corroborarlo o transformarlo, según sea el petitum
del recurrente.
Por consiguiente, el recurrente en la demanda por intermedio del petitum le
especifica a la Corte el alcance de su impugnación, es decir, lo que pretende
que se case en la sentencia; pero también deja en claro lo que se debe hacer
con la sentencia de primera instancia que queda apelada.
Esto no es más que el real alcance de la impugnación dentro de una demanda
de casación, sobre esto la Corte Suprema de Justicia dijo lo siguiente: “Para el
señalamiento adecuado del alcance de la impugnación, es necesario además
de solicitarse el quebrantamiento total o parcial del fallo recurrido
extraordinariamente, determinar qué debe hacerse en relación con la decisión
de primer grado y así mismo lo que ha de resolverse en reemplazo del mismo
cuando sea revocado o modificado. De otro lado la jurisprudencia de la Sala ha
reiterado que cuando el supuesto específico de hecho configurado en la
demanda emana, con sus consecuencias jurídicas, de un complejo de normas
y no de una sola, el cargo no estará bien formulado si no se lo formula
mediante una proposición jurídica completa, entendiendo por tal la que
denuncia tanto la violación de medio como la de fin”36
El recurrente puede pedir que se case por completo el fallo, como también
puede pedir que se rompa de manera parcial, para estos casos debe formularlo
expresamente en la demanda; paralelo a esto debe expresar de forma clara y
precisa cómo pretende que se remplace la parte que va a desaparecer de la
43
sentencia casada, de forma que la Corte no tenga dificultad alguna para
comprender la pretensiones del recurrente, ya que el máximo Tribunal en
ningún momento puede presumir los objetivos con que se formula el recurso.
6.5. LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN
Finalmente, el Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social, consagró
en el numeral quinto del artículo 90, la expresión de los motivos de casación,
indicando:
a. El precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime
violado, y el concepto de la infracción, si es directamente, por
aplicación indebida o por interpretación errónea.
b. En caso de que se estime que la infracción legal ocurrió como
consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación
de pruebas, citará éstas singularizándolas y expresará qué clase
de error se cometió.
Es a través de este requisito que el recurrente realiza el verdadero parangón
entre la ley sustancial y el fallo impugnado, entendiendo que es deber del
ciudadano demostrarle al Tribunal cómo la administración de justicia atropelló
el sistema jurídico mediante un supuesto fallo errado, partiendo de la base que
las decisiones pronunciadas por los jueces están ampliamente cobijadas por
una presunción de legalidad y es a la parte que interpone el recurso quien debe
demostrar lo contrario.
El ataque del fallo que proyecta el recurrente no puede ser temeraria ni mucho
menos general o abstracto, sino en cambio debe obedecer a una acusación
seria en donde se resalte la evidente oposición del fallo a las disposiciones
legales. La técnica de casación en Colombia está bastante depurada, es por
36 Sentencia de Mayo 15 de 1989. Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral.
44
eso que para expresar correctamente los motivos que dan lugar a la casación
debemos partir de una reglas de juego muy claras; para empezar, cada cargo
que se exponga debe ir formulado de manera autónoma y separada, debido a
que éste, debe conducir al estudio de la norma vulnerada de una manera
íntegra y sin lugar a confusiones.
Para que dicho cargo prospere, debe atacar de forma directa los cimientos del
fallo impugnado, pues de lo contrarío la Corte no rompería la sentencia. De ahí
que los cargos deben sustentarse en aspectos definitivos como primera opción
lo que no obsta para que utilicen aspectos accidentales o con poca
importancia, lo que en realidad importa es mantener un sustento jurídico y
fáctico coherente y fuerte para convencer a la Corte.
Considerando entonces que la Corte, estudia los cargos de forma separada es
importante formular todas las combinaciones posibles, para sustentar los
motivos de casación, debido a que la delgada línea diferencial entre las
diversas causales muchas veces es confundida por la Corte; esta es una
práctica muy común que amplia las posibilidades de hacer ver al sentenciador,
que de una u otra forma su homólogo cometió una infracción, y vulneró la ley.
El autor Luis Lagos Pantoja plantea en su obra, algunos aspectos básicos para
estudiar la forma como se deben expresar los motivos que dan origen a la
demanda de casación.
• Cuando la sentencia recurrida aplica un artículo legal en particular para
estructurar su decisión, únicamente puede ser invalidada si en el fallo la
aplicación de la norma resulta indebida; es directamente a ésta indebida
aplicación a la cual se debe dirigir el ataque.
• Para poder expresar con efectividad los motivos de la demanda de
casación, debemos considerar que el precepto que se considere infringido
debe estar singularizado, siendo imposible el recurrir todo un código, una
ley o un decreto.
45
• Es perentorio analizar la estructura de la proposición jurídica, entendiendo
como tal “ la que denuncia tanto la violación de medio como la de fin; esto
es que, en la censura deben indicarse como violados los preceptos que
crean, modifican o extinguen el derecho que la sentencia declara o
desconoce en contravención a ellos”37.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia expresa lo siguiente:” De acuerdo a la
jurisprudencia uniforme y reiterada de la sala. Si el supuesto específico de
hecho configurado en la demanda emana con sus consecuencias jurídicas, de
un complejo de normas y no de una sola, el cargo no estará bien presentado si
no se lo formula mediante una proposición jurídica completa, entendiendo por
tal la que denuncia tanto la violación de medio como la de fin; esto es que, en
la censura deben indicarse como violados los preceptos que crean, modifican o
extinguen el derecho que la sentencia declara o desconoce en contravención a
ellos, de lo contrario, el cargo queda incompleto y no permite el estudio de
fondo”38
6.6. REQUISITOS JURISPRUDENCIALES
Los fallos jurisprudenciales han destacado una especie de requisitos que sin
haber sido consagrados por el legislador expresamente, han adquirido tal
importancia que se han convertido en exigencias perentorias por parte de la
Corte Suprema de Justicia. A continuación transcribiremos extractos de los tres
temas sobre los cuales se ha pronunciado la Corte Suprema, dichas
recopilaciones son lo suficientemente sustanciales que aclaran cualquier
discusión al respecto.
37 LAGOS PANTOJA, Luis, El recurso extraordinario de casación laboral, primera edición, Ediciones Doctrina y Ley, 1993, p 93. 38 Sentencia de Mayo 29 de 1990. Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral.
46
11.6.1. INDICACIÓN DE LA NORMA VIOLADA
«Es cierto, como lo recuerda el opositor, que la jurisprudencia tiene dicho que
la acusación en este recurso extraordinario no puede ser tan general que
impute a la sentencia la violación de toda una ley, pues con ello se coloca a la
Corte en la situación, que no le corresponde, de escoger el precepto que
individualmente pudo ser infringido por el juzgador. Este planteamiento de la
jurisprudencia no puede llevarse sin embargo al extremo, en una situación
como la que regula la ley sobre intereses de la cesantía, de desconocer que
frente a un articulado tan limitado y que no se presta a equívocos como el de la
Ley 52 de 1975, lo que se plantea por el censor es la violación de la norma que
consagra el derecho a dichos intereses y a su sanción por mora».
(Sentencia de casación, agosto 2 de 1994. Radicación 6735. Magistrado
Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).
11.6.2. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA NORMA VIOLADA
«Aun cuando debe reconocerse que en el pasado se ha exigido la detallada
individualización del literal, ordinal o inciso del artículo que se dice transgredido
por la sentencia, para efecto de calificar como estimable un cargo en la
casación laboral, no es menos cierto que de un tiempo acá, morigerando tan
excesivo rigorismo que en verdad a nada conduce pues no facilita la labor de
unificación jurisprudencial que se busca mediante el recurso extraordinario, se
ha dicho, por lo menos por esta Sección de la Sala, que lo preceptuado por el
artículo 43 de la Ley 4ª de 1913 (Código de Régimen Político y Municipal),
acerca de la forma en que se deben dividir los códigos o leyes generales,
comenzando por libros y continuando la división en títulos, capítulos y por
último en artículos, obliga a considerar que la unidad normativa mínima de
nuestro ordenamiento positivo es el “artículo”; y dado que los incisos de un
artículo y sus numerales no son otra cosa diferente que “apartes de un mismo
artículo”, parece equivocado el que se interprete que la técnica del recurso de
47
casación exige puntualizar el inciso o el ordinal o literal específico. Por lo
demás no debe olvidarse lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto 2651 de
1991, de manera que si con anterioridad a dicha norma temporal tenía algún
fundamento tal nimiedad en la indicación de los apartes del artículo que podían
específicamente considerarse como quebrantados por el fallo, después de la
expedición de este precepto la exigencia, además de infundada, se muestra
excesiva.
En similar sentido ha resuelto este punto la Sección en sentencias de 21 de
noviembre de 1990 (Rad. 4368), 29 de octubre de 1992 (Rad. 5354), 2 de abril
de 1993 (Rad. 5632) y 26 de noviembre del mismo año (Rad. 6080)».
(Sentencia de casación, agosto 23 de 1994. Radicación 6669. Magistrado
Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).
11.6.3. ESTUDIO CONJUNTO DE CARGOS DIVERSOS
«La deficiencia del planteamiento impide la prosperidad del cargo, que no
puede en este caso ser subsanada con base en la regulación que introdujo en
materia de técnica de casación el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991. De
acuerdo con este precepto, cuando un cargo en casación contiene acusaciones
que a juicio de la Corte han debido formularse en forma separada, deberá
decidir sobre ellas como si se hubieran invocado en cargos distintos, y cuando
se formulan en cargos distintos acusaciones que la Corte considera debieron
proponerse a través de uno solo, deberá integrarlos y decidirlos en conjunto.
La norma citada, que es una disposición transitoria expedida para
descongestión judicial, aunque atenúa el carácter dispositivo del recurso
extraordinario, sólo permite el estudio conjunto de cargos diversos a condición
de que los argumentos expuestos para sustentar los conceptos de violación de
la ley no aparezcan contradictorios. De lo contrario se le estaría imponiendo a
la Corte el deber de acomodar la acusación de modo que pueda soslayar,
48
ignorar o hacer desaparecer la incompatibilidad, y ello equivaldría a asignar a la
Sala de Casación la tarea de elaborar por su cuenta y bajo su responsabilidad
la demanda que ella misma debe decidir, contrariando la lógica y rompiendo el
equilibrio de las partes en contienda.
En consecuencia los cargos segundo y tercero de la demanda de casación no
pueden acumularse por la Sala porque acusan al tiempo y con iguales
argumentos la violación de unas mismas disposiciones legales bajo
modalidades opuestas y excluyentes: la aplicación indebida y la falta de
aplicación».
(Sentencia de casación, agosto 2 de 1994. Radicación 6800. Magistrado
Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).
12. CAUSALES PARA RECURRIR EN CASACIÓN
Consagradas en el artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral y de la
Seguridad Social, y ampliamente debatidas por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia en su Sala Laboral.
Con el estudio de las causales establecidas en la ley, vale la pena entrar a
concretar por qué tipo de errores es que en realidad procede el recurso
extraordinario de casación laboral. Para autores como Luis Lagos Pantoja el
recurso solo es procedente por errores sustanciales ( in judicando ) y no por
errores formales o procedimentales ( in procedendo )39, caso contrario del
recurso de casación en materia civil que procede por ambos tipos de errores.
39 Para corroborar lo expuesto solo basta estudiar lo dicho en la exposición de motivos del Código de Procedimiento de Trabajo , “ Se suprimen las causales de casación por errores in procedendo, para dejar como principal la de errores in iudicando, por infracción de la ley sustantiva, porque no es adecuado en los juicios del trabajo alegar nulidades procesales en una última etapa del litigio. Es de suponer que cuando llegan hasta el Tribunal Supremo ya se han purgado todos los vicios procesales, y si así no ha ocurrido, debe ponérsele fin a esa alegación, que lógicamente debe ser admisible hasta la segunda instancia. Somos más avanzados quienes suprimimos esas causales por vicios de procedimiento en la casación del trabajo, que quienes desean que aun en esta tercera etapa puede seguir discutiéndose, a más de las dos instancias, un simple defecto procesal”.
49
Cuando nos referimos al error in judicando estamos hablando del que se
produce por la inobservancia del deber que le asiste al juez de sentenciar
secundum jus, de ahí que se hable de error de juicio en la actividad realizada
por el juez para decidir del conflicto, dicho yerro se verá reflejado en la parte
resolutiva de la sentencia.40
La ley se ha encargado de establecer unas reglas adicionales a las ya
existentes para poder hacer mejor uso del recurso y no desgastarlo
innecesariamente con demandas que realmente no ameriten un
pronunciamiento de la Corte; transcribimos el texto legal del artículo 51 del
Decreto-Extrordinario 2651 de 1991, para poder realizar un estudio más
completo y paralelo con las causales consagradas en el código.
ART. 51.—Casación. Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos códigos
de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las
demandas de casación, cuando mediante ellas se invoque la infracción de
normas de derecho sustancial se observarán las siguientes reglas:
1. Será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa
naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado
o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada,
sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa.
2. Si un cargo contiene acusaciones que la Corte estima han debido
formularse separadamente, deberá decidir sobre ellas como si se
hubieran invocado en distintos cargos.
3. Si se formulan acusaciones en distintos cargos y la Corte
considera que han debido proponerse a través de uno solo, de
oficio los integrará y resolverá sobre el conjunto según
corresponda.
50
4. No son admisibles cargos que por su contenido sean entre sí
incompatibles. Si se presentan y adolecen de tal defecto, la Corte
tomará en consideración los que, atendidos los fines propios del
recurso de casación por violación de la ley, a su juicio guarden
adecuada relación con la sentencia impugnada, con los
fundamentos que le sirven de base, con la índole de la
controversia específica mediante dicha providencia resuelta, con
la posición procesal por el recurrente adoptada en instancia y, en
general, con cualquiera otra circunstancia comprobada que para
el propósito indicado resultare relevante.
NOTA: El artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991 fue adoptado
como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.41
Las reglas de tipo formal que consagra el artículo anterior deben entenderse
más como unos lineamientos de la esencia formal del recurso que como
simples marcos teóricos o prácticos.
Con relación a la violación de la ley sustancial, por las dos vías previstas en la
ley la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral profirió un fallo que
establece unos parámetros doctrinales y legales para entender mejor estás
figuras, la jurisprudencia en mención no establece, como aprecian algunos
doctrinantes, unos simples parámetros técnicos sino por el contrario aporta
claridad jurídica en el procedimiento y en la esencia, sin convertirse en un
burdo esquema tecnicista; la sentencia en mención establece lo siguiente:
“Las violaciones de fondo de la ley en que el sentenciador de instancia puede
incurrir al proferir su decisión, consagradas como submotivos de casación en el
numeral 1º de la regla mencionada, pueden presentarse según la doctrina
profesada por la Corte:
40 Cfr. MURCIA BALLÉN, Humberto. Recurso de casación Civil. Bogotá . P. 169-172. 41 Códigos comentados de Legis. Código de Procedimiento Laboral.
51
1. En la premisa mayor de silogismo judicial, al determinar los datos de derecho
que convienen a la situación de hecho: a) Por falsa selección del precepto
(infracción directa, cuando a esa situación se deja de aplicar el que la regula o
se aplica el que no la regula sin que quepa otra causa que la ignorancia del
juzgador sobre la existencia de la norma, o el olvido de ella o la rebeldía contra
sus disposiciones, o el no reconocerle validez en el tiempo (cuestiones
concernientes a su subsistencia, a su retroactividad o retrospectividad, al
tránsito de una legislación a otra, etc.) o en el espacio (cuestiones atinentes a
la preferencia de la ley nacional sobre la foránea, a la circunscripción de sus
efectos a un determinado territorio, etc.). Como por sus tres salas de casación
lo ha venido enseñando constantemente la Corte, este submotivo implica el
desconocimiento de la voluntad abstracta de la ley, en cuanto sin mediación de
errores de apreciación probatoria se deja de aplicar una norma clara al caso
específico en ella previsto o se la pretermite para resolver la litis por otra cuyo
supuesto fáctico no se aviene a la situación de hecho sobre la cual no hay
desacuerdo. Es la típica infracción contra ius in thesi clarum, que supone la
omisión o pretermisión del texto no obstante la claridad del asunto. b) Por la
interpretación errónea de la regla aplicable al caso específico concreto, si no
obstante tenerse en cuenta para la solución de éste no se le da su verdadero
sentido sino otro distinto que no corresponde a su contenido exacto, haciendo
derivar de ella consecuencias que no se deducen lógicamente de su
preceptiva; como si, por ejemplo, se entendiese que la indemnización de que
trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no se debe desde el
momento a que se refiere esta disposición, o se causa aunque el patrono haya
incurrido de buena fe en el retardo contra lo establecido por la jurisprudencia.
En este, como en el caso anterior, no se ponen en duda el hecho ni la
aplicabilidad del precepto, sino solamente los efectos que a éste le atribuye al
juzgador tras haberse valido mal u omitido valerse de los medios que el
legislador pone a su alcance para fijar su significado y extensión.
52
2. En la premisa menor del mismo silogismo, cuando por virtud de la
equivocada calificación jurídica de los hechos se les aplica, no habiendo
contradicción sobre su existencia, una regla que no se adapta a su verdadera
naturaleza (aplicación indebida); como cuando, verbigracia, a un accidente
laboral se le aplican los preceptos reguladores de las enfermedades
profesionales o a un contrato de mandato civil o de comisión mercantil los que
gobiernan el contrato de trabajo. En este submotivo, aunque el error se comete
en relación con el hecho comprobado en el proceso, se produce a propósito de
su naturaleza jurídica, tomado no como un acontecer o suceso de la vida sino
según su configuración y definición legales; esto es, que se comete respecto de
su naturaleza jurídica y no respecto de su existencia. Se trata así de error
jurídico que no obstante obedecer al mal manejo de los hechos, conduce sin
embargo a la violación directa porque esta se cumple por falta de adaptación
del precepto a la índole jurídica de la situación fáctica y no por hallarse
debidamente establecida esta situación. Por eso cierta corriente doctrinal lo ha
calificado adecuadamente como error de subsunción del hecho en la norma.
3. Cuando el error concierne no ya a la naturaleza jurídica de los hechos
establecidos sino a su misma existencia, como secuela de deficiencias o
equivocaciones en la apreciación del material instructorio o en las deducciones
lógicas consecuenciales a esa apreciación, por fallas en la aplicación de las
reglas legales sobre deducción probatoria, la violación no se produce ya, como
en los casos anteriores, de manera inmediata, en el solo marco de los
preceptos, por la sola omisión o preterición de la regla legal o por un error
respecto de su significado o en la calificación jurídica de la relación de la vida
comprobada en el juicio, sino que es un resultado: el del mal manejo de los
medios de convicción que acreditan la existencia de la situación fáctica. Se
trata entonces de una violación indirecta, a la que se refiere el segundo
apartado de la causal primera, así llamada porque tiene origen en el ámbito de
la investigación y determinación de los hechos, para trascender luego al de la
aplicación de las normas, dando lugar a falta de aplicación o a aplicación
53
indebida de éstas, pero ahora no por motivos relativos al supuesto hipotético de
hecho sino al caso concreto”.42
Como conclusión es oportuno mostrar algunas de las diferencias entre estas
dos figuras.
• “La violación de la ley sustancial por vía directa no es otra cosa que un
modo de violar la ley.
• La violación por vía indirecta en cambio, tiene como fin primordial
discutir hechos.
• Por lo tanto si se aceptan los hechos, y se discute entonces el derecho,
habrá violación por la vía directa.
• La vía indirecta consiste, en la violación de la ley por las siguientes
razones: por el análisis de la prueba o por la apreciación de la prueba.
• Por el contrario, en la violación directa, el estudio y la apreciación de la
prueba está perfecto, y por ser así, el recurrente no rebate los hechos, y
por ende, los reconoce tal como el Tribunal los presentó.”43
7.1. POR VÍA DIRECTA. SER VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANCIAL POR:
• Infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea.
42 Sentencia de oct. 2 de 1969, CSJ.G.J. Tomo CXXXII, pág. 44.
43 Cfr. RENÉ PARRA, William. Recurso Extraordinario de Casación Laboral.Bogotá. Ed. Ecoe. 2000. p 66.
54
Estos son el primer grupo de causales que se consagró en el código para
poder recurrir una sentencia en casación, a continuación realizaremos su
estudio de manera individual.
Antes cabe aclarar que una concepción descarta la otra cuando nos estemos
refiriendo a una misma norma; porque sino se aplicó la norma, no se puede
alegar interpretación errónea o que se aplicó indebidamente, debido a que
estas enunciaciones son claramente contradictorias.
7.1.1. INFRACCIÓN DIRECTA
La infracción directa se puede definir de muchas maneras diferentes, pero en el
fondo equivale a dejar de aplicar la ley al conflicto de interés discutido en el
proceso por una rebeldía del juez que pasa por alto el precepto legal. Procede
también por dar aplicación a la ley no habiendo lugar a ello, de la misma
manera puede haber infracción directa cuando se aplica una norma pero de
forma incompleta o porque se aplica dicha disposición a un hecho inexistente
no demostrado en el proceso.
Para mejor proveer la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 1972 aclaró
el tema, definiendo:
“La infracción directa de la ley consiste en su desconocimiento o en la
disposición contra su mandato, con independencia de toda cuestión probatoria
y aquí el recurrente la afirma como consecuencia de errores de hecho que
provinieron de la mala apreciación de determinadas probanzas.
Entre ellas, peritazgo y testimonios excluidos de este concepto por la Ley 16 de
1969, esto es, por vía indirecta que contraría los supuestos lógicos en que ha
de considerarse la violación directa. Tal equivocación descalifica el ataque,
55
conforme a la doctrina y a la jurisprudencia sobre técnica del recurso de
casación y a la práctica constante de la Corte”. 44
Cuando se acusa un fallo por infracción directa ante la Corte, esta en principio
hace un examen puramente legal, de ahí la obligación del recurrente que está
obligado a indicar con suficiente claridad porqué la sentencia contiene
disposiciones contrarias a la ley es decir que el fallo está en abierta pugna con
la norma infringida, porque el juez se reveló e ignoró la ley.45
Dentro de las ideas de la Corte con respecto al tema se han generado
precedentes importantes que han moldeado a través de los años la forma de
estructurar las demandas de casación por esta vía, tales ideas son: la
infracción directa parte de un acervo fáctico establecido por el Tribunal46, la
infracción directa de una norma ocurre por la inaplicación de ella, la infracción
directa se configura por la ostensible rebeldía o desconocimiento del fallador
respecto de la norma y la infracción directa se produce independientemente de
la cuestión probatoria, estos son tan solo algunos de los presupuestos que la
Corte ha esbozado en sus fallos debido a que en materia de técnica de
casación la Corte ha estructurado durante estos años una base muy sólida
pero sobre todo muy amplia en materia jurisprudencial.
Dentro del tema de la infracción directa encontramos que cuando se viola una
norma en un concepto, se infringe por efecto reflejo otra por distinto concepto
dando origen a una llamada violación consecuencial, claro está que esto no es
una regla de imperioso cumplimiento.
También existen casos en que la infracción directa de la ley se origina a través
de una ley procesal, es decir, por medio de una ley que no sería susceptible de
44 Sentencia CSJ, Cas. Laboral, enero de 26 de 1972.
45 Cfr. LAGOS PANTOJA, Luis. Recurso Extraordinario de Casación Laboral. 1993. p 34. 46 “Observa la Sala que ninguno de estos cargos podría estimarse, pues ambos parten de un supuesto fáctico diferente del que estableció el tribunal, con lo cual se desvirtúa la vía directa escogida en cuanto
56
invocar en casación, y estando en estas condiciones se viola una ley que sí
sería susceptible de alegar en este recurso extraordinario.47
En muchas ocasiones la convención colectiva tiene normas más favorables que
la ley, y si por alguna razón el juez no las aplica, surge de inmediato la
pregunta de si se puede alegar esta figura como norma sustancial violada.
Con respecto a este problema hay dos posturas: la primera, dice que no es
viable y que el tema debe enfocarse a través del argumento de la aplicación de
la norma más favorable al trabajador, sin embargo hay una segunda postura,
que se sustenta en que sí es posible la infracción directa de las cláusulas
convencionales con base en la jurisprudencia del Corte Suprema de Justicia
que dice al respecto: ” ...Tiene razón el recurrente cuando afirma que el
Tribunal infringió directamente las citadas cláusulas convencionales al
desconocerlas por completo según ya se vio, infringiendo así de paso el
artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo que les reconoce plena validez
jurídica a las estipulaciones hechas en convenciones colectivas de trabajo”.
7.1.2. APLICACIÓN INDEBIDA
El segundo caso expuesto dentro de la violación de la ley sustancial por vía
directa es la aplicación indebida, que se puede resumir en que el juez aplica la
ley que no regula el caso, es decir, aplica una ley diferente a la necesaria.
En materia jurisprudencial la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en
múltiples ocasiones con respecto al tema, sobresaliendo dos sentencias por su
gran contenido doctrinal una en el año de 1973 y otra en el año de 1997, a
continuación expondremos extractos de la más antigua por considerarla de
mayor importancia jurídica:
implica aceptar completamente los fundamentos de hecho de la sentencia impugnada”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Rad. 15998. Bogotá, D.C., Agosto 17 de 2001. 47 Cfr. RENÉ PARRA. William. Recurso Extraordinario de Casación Laboral. 2000. p 75.
57
“ ...En el caso sub judice el censor enfoca la acusación por la vía indirecta y
señala las disposiciones sustanciales que a su juicio fueron violadas por el
juzgador de segundo grado por falta de aplicación de ellas, empero a través de
errores de facto en la apreciación de las pruebas que singulariza y sobre esos
errores que determina específicamente, fundamenta el ataque. Esta Sala de la
Corte ha expresado frecuentemente que, la falta de aplicación de normas
sustantivas constituye un caso típico de infracción directa de la ley, porque esta
clase de violación implica necesariamente el desconocimiento de los preceptos
que regulan la materia, por parte del fallador, o franca rebeldía contra ellos, es
decir que, no los aplica a un caso determinado materia de la litis, porque los
ignora o porque no les reconoce validez, y en estas circunstancias la censura
contra un procedimiento de tal naturaleza debe efectuarse al margen de toda
cuestión probatoria.
Por otra parte, también en forma reiterada ha sentado la Corte que: “cuando el
juzgador incurre en errores de hecho al estimar las pruebas del proceso lo que
hace es aplicar indebidamente las disposiciones que rigen el caso concreto,
absolviendo en vez de condenar o a la inversa, según que el error cometido
consista en no dar por probado un hecho estándolo, o en tenerlo por
establecido, sin que sea así. La absolución y la condena conllevan la aplicación
de precisas normas legales: en el primer caso por haber encontrado que no se
demostraron los supuestos de hecho en que la norma se basa, y en el otro, por
haber hallado que esos supuestos fácticos sí fueron debidamente establecidos.
Un sencillo ejemplo aclara la tesis: si el fallador manifiesta que encuentra
aprobados los elementos requeridos por el artículo 23 del C.S. del T. para la
existencia del contrato laboral, condena de acuerdo con esta disposición; pero
si halla que dicho elemento o algunos de ellos no concurren en el evento que
estudia, absuelve de conformidad con el mismo artículo. En lo primero, afirma
que se dan los supuestos de hecho comprendidos en la norma y en lo
segundo, lo niega; pero de ambas maneras, positiva y negativamente, aplica el
respectivo precepto.
58
En el caso sub judice el fallador de segundo grado estudia en capítulos
separados lo atinente a reajuste de cesantía, reajuste de primas de servicios e
indemnización moratoria, absuelve por los primeros conceptos y reduce la
condena por el tercero, porque a su juicio y a través del análisis de las pruebas,
no encontró probados los hechos fundamentales de la acción como para haber
podido en consecuencia acceder a los pedimentos del actor en la forma
propuesta.
En estas condiciones es evidente que el ad quem para llegar a las
conclusiones a que llegó en la decisión que se estudia, necesariamente tuvo
que aplicar las normas sustanciales invocadas por la censura empero para
absolver por reajustes de cesantía y primas y para reducir la indemnización por
mora.
En vista de estos pronunciamientos pues, no puede hablarse de falta de
aplicación de los preceptos que regulan esas determinadas materias. Se
trataría más bien de aplicación indebida en caso de que aquellas absoluciones
y reducción de indemnización por mora no fueran procedentes de acuerdo con
las pruebas del proceso”. 48
En principio la doctrina tiende a confundir el concepto aplicación indebida con
interpretación errónea, olvidando que estos dos conceptos son incompatibles
entre sí y por lo que es imposible invocarlos simultáneamente en un mismo
cargo respecto de las mismas normas.
El caso de la indebida aplicación debe ser estudiado desde dos puntos de
vista, puesto que el sentenciador puede aplicar la norma indebidamente, bien
sea por el lado positivo bien sea por el negativo, es decir, absolviendo o
condenando. Por lo tanto si el juez toma la decisión de absolver, no dejó de
aplicar la ley sino que por el contrario la aplicó y mal; esto traerá consigo unas
consecuencias.
59
Para algunos modelos jurídicos en el mundo, si el sentenciador aplica mal la
ley, pero absuelve, el juez la está dejando de aplicar pero no se incurre en la
figura de la aplicación indebida, razonamiento parcialmente sustentado porque
desde el punto de vista de la casación en Colombia esto no es posible.
En conclusión, podemos atrevernos a hacer el siguiente razonamiento: cuando
el legislador consagra la norma lo hace para servir a un fin específico por lo
tanto, cuando el juez aplica indebidamente una norma no hace otra cosa que
poner dicha norma al servicio de un fin distinto para el que fue creada, porque
de manera arbitraria la utiliza para aplicar un caso que no regula.
La indebida aplicación es la forma más palpable de desnaturalizar el supuesto
de hecho con que fue concebida una norma y por efecto reflejo de perjudicar a
un particular.
7.1.3. INTERPRETACIÓN ERRÓNEA
En el caso de la interpretación errónea el juez sí aplica la ley que regula el
caso, pero le da una interpretación que no es la correcta. Este fenómeno se
presenta en el caso de muchas normas jurídicas cuyos contenidos no son lo
suficientemente diáfanos y que por tal hecho, pueden fácilmente dar origen a
diferentes interpretaciones.
La mayoría de las causales de casación han sido objeto de magistrales
pronunciamientos de la Corte y esta no ha sido la excepción, sobre el tema en
mención la Corte Suprema de Justicia expresó lo siguiente:
• “La interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso
extraordinario, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia
o un alcance, distintos de los que contiene, es decir, cuando el
48 Sentencia CSJ, Cas. Laboral, mayo 4 de 1973.
60
entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo; de aquí
que el casacionista esté obligado en su demanda a indicar cuál fue el
sentido errado que le imprimió el juzgador y cuál el verdadero que debió
darle. Pero si lo que hace es aplicar determinados preceptos a hechos
no probados que es lo que, según el impugnante, ocurrió en el evento
sub lite, carece de todo asidero la interpretación errónea de ellos, que
presupone acuerdo entre el casacionista y el sentenciador sobre los
hechos básicos del proceso”. 49
• “La interpretación errónea consiste en el equivocado entendimiento de
la norma, aparte de cualquier cuestión de hecho. En el caso presente el
sentenciador entendió que el aviso de terminación del contrato se había
dado el 15 de febrero de 1971 y el recurrente parte de la base de que tal
anuncio se hizo el 15 de enero del mismo año, por lo cual no cabe sobre
tales supuestos una acusación de interpretación errónea, ya que la
formulada involucra cuestiones fácticas en las cuales no concuerdan el
fallador y el atacante.
(...).
El entendimiento de la norma acusada no fue equivocado sino correcto,
pues precisamente esa es la interpretación cierta de la norma. Otra cosa
es que el sentenciador encuentre el aviso extemporáneo y el recurrente
lo asevera oportuno, pues tal discusión no se radica en la concepción
misma de la norma, sino en los hechos, que por la discrepancia
advertida, no permiten una acusación por interpretación errónea.
Además, la proposición jurídica es incompleta ya que solamente se
indica como violada la disposición consagratoria de la prórroga, más no
se acusa quebranto de la que consagra la indemnización por despido,
que es el derecho en discusión”. 50
49 Sentencia.CSJ, Cas. Laboral, ene. 24 de 1973.
50 Sentencia CSJ, Cas. Laboral, mayo 4 de 1973.
61
Para realizar el estudio de una sentencia recurrida en casación es
indispensable tener en cuenta una serie de aspectos y así poder realizar un
análisis de fondo y no solo de forma.
• Hay interpretación errónea cuando el fallador de instancia ha hecho una
equivocada apreciación de la norma considerada en sí misma.
• La interpretación errónea se refiere al contenido de la norma
independiente de las circunstancias de hecho.
• Cuando se acusa una sentencia por interpretación errónea de una
norma sustantiva debe examinarse si el organismo jurisdiccional realizó
la función primordial de decidir cuál es el pensamiento de la norma.51
De igual manera, es importante tener en cuenta al estudiar este tema los
últimos fallos proferidos en la materia por la Corte Suprema de Justicia.
a. No se deben confundir los cargos.
“Este cargo es formalmente irregular e inaceptable en cuanto acusa
violaciones legales de la vía directa e indirecta al propio tiempo, siendo
que aquella modalidad supone que el censor comparte las conclusiones
probatorias del fallador, al paso que ésta implica contradecir dichas
conclusiones. Así es como se denuncia la interpretación errónea del
artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, pero para demostrar la
ocurrencia de dicha trasgresión típicamente directa, se acusa entre otros
errores de hecho, la falta de apreciación de los documentos que
acreditan el límite de la responsabilidad de los asociados de la
extinguida compañía a que se refieren los autos.”52
51 Sentencia de Mayo 17 de 1989. Sentencia de Marzo 4 de 1949. Sentencia de Noviembre 15 de 1958. 52 Sentencia de Mayo 10 de 1995. Radicación Nº 7189.Corte Suprema de Justicia.
62
b. Que pasa si se equivocó el modo de violación en la demanda.
“Como equivocó el modo de violación que pudo producirse en la decisión
del tribunal en relación con las disposiciones que se denuncian como,
violadas, el cargo se desestima.” 53
Esta es una causal que hoy en día puede dar mucho de que hablar, debido al
gran auge que ha tenido en el derecho todas las teorías modernas de la
argumentación, en donde lo último que se debe analizar es el tenor literal de la
norma puesto que en estas nuevas tendencias la interpretación no puede ser
restrictiva y lo primero que se debe considerar al estudiar una norma es su
verdadero espíritu y no el aspecto positivo.
7.2. POR VÍA INDIRECTA
“La vía indirecta permite atacar la sentencia por los posibles yerros en que
haya incurrido el sentenciador al dejar sentadas las proposiciones fácticas que
encontró demostradas”54
Este grupo de causales por las cuales se puede demandar en casación se
refiere al error de hecho y al error de derecho en la apreciación de las pruebas.
Hay infracción indirecta por lo tanto cuando se incurre en errores de este tipo,
es decir, cuando entre la sentencia acusada y la ley sustancial hay de por
medio un problema probatorio y por ello se viola una norma sustancial.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que según la ley laboral
colombiana la violación indirecta está sujeta a reglas y condiciones
consagradas de manera legal y jurisprudencial.
53 Sentencia de Mayo 11 de 2000. Ref.: Radicación 13561. Corte Suprema de Justicia. 54 MENDOZA MEDINA, Raimundo. Principios de técnicas de casación laboral. Tésis de grado. Bogotá. 1987,p 67.
63
7.2.1. ERROR DE HECHO
El error de hecho se puede dar por dos motivos o razones fundamentales:
a).Por no dar por probado un hecho, estándolo, ó
b).Por tener un hecho por establecido, sin que sea así
Estas circunstancias ocurren por la mala apreciación o la falta de apreciación
de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la
reglamentan lo que trae como consecuencia la violación de la ley sustancial.
La Corte Suprema de Justicia se ha referido en sendas sentencias a esta
causal para recurrir en casación, así lo ha expresado esta:
“Ocurre por un equivocado razonamiento del juzgador que da por establecido
un hecho que no sucedió o que da por no establecido un hecho consumado y
probado plenamente.
“En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, es de observar
que según reiterada jurisprudencia, cuando la sentencia materia del recurso de
casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos
a formar la convicción del fallador, no basta para infirmarla que se ataquen
algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son
suficientes para apoyar la solución a que llegó aquél, ni tampoco que se haya
dejado de estimar algunas pruebas, si la sentencia se funda en otras que no
han sido atacadas”. 55
55 Sentencia CSJ, abr. 9/51, abr. 27/59.
64
En cuanto a la falta de apreciación de las pruebas ha dicho la Corte en reciente
jurisprudencia:
"Debe la Sala insistir nuevamente en que cuando se propone un cargo
aduciendo falta de apreciación de las pruebas, como aquí ocurre, no basta con
relacionarlas, sino que es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada
una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta
de valoración en la decisión acusada, y en qué consistió el error de hecho,
pues éste es el presupuesto de la aplicación indebida que se enrostra a la
decisión y lo que permite a la Corte establecer la magnitud del desatino, que
debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de
desquiciar la presunción de acierto y legalidad que ampara toda sentencia
objeto de este recurso extraordinario" 56
Ese error de hecho por lo tanto requiere, ser ostensible y manifiesto, lo que en
palabras del autor René Parra significa que “ sea evidente, patente , claro, sin
que para apreciarlo se tengan que efectuar elucubraciones o raciocinios
complejos.
Se presenta error manifiesto cuando el juez le hace decir a la prueba lo que ella
no dice, o cuando no encuentra nada, aunque si lo contiene. Es decir, que de la
simple comparación de lo que se expresa en la sentencia, y lo que contiene la
prueba, salta a la vista el error.”57
Es de relevante anotación hacer referencia al artículo 7ª de la ley 16 de 1969
por cuanto en este artículo se consagró que el error de hecho solo es motivo de
casación laboral siempre que provenga de la falta de apreciación o la
apreciación errónea de un documento que tiene el requisito de la autenticidad,
de una confesión judicial o de una inspección judicial. Se limitó pues a estos
tres medios probatorios la posibilidad de alegar este error y como consecuencia
56 Sentencia CSJ, Cas. Laboral, ago. 2 de 2001, M.P. José Roberto Herrera Vergara. 57 Recurso Extraordinario de Casación Laboral. William Rene Parra. 2000. p 75.
65
se concluye que no podrá alegarse respecto del testimonio, el indicio o el
dictamen pericial.
Sin embargo es importante la sentencia del 18 de octubre de 2001,en la cual
Corte expresó que la prueba testimonial que sirve de soporte al fallo puede
llegar a ser acusada en casación:
. "En cuanto a la prueba testimonial debe anotarse que si bien ella no es
calificada en casación laboral para estructurar errores de hecho, según se
colige del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, también es cierto que cuando ella
sirve de soporte al fallo recurrido, como sucede en este caso, sí es imperativo
acusarla como erróneamente apreciada, pues ello es lo que permite a la Corte
que una vez demostrados los yerros fácticos con la que sí tiene esa
connotación, entrar a estudiar tal elemento probatorio. El no hacerlo implica
que el fallo debe mantenerse inalterable, prevalido de la presunción de
legalidad y acierto que lo cobija.”58
Desde nuestro punto de vista en este pronunciamiento la Corte dio un paso
adelante para permitir que nuevas pruebas sea tomadas en cuenta para
recurrir en casación puesto que es una herramienta adecuada para esclarecer
el posible error en que incurrió el ad quo y guiar así la decisión del ad quem .
A continuación expondremos muy brevemente algunas nociones en esta
materia:
Existe un documento auténtico, cuando hay certeza sobre quién lo ha
elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico
mientras no se compruebe lo contrario, mediante tacha de falsedad.
58 Sentencia CSJ, Cas. Laboral, exp. 16351, oct. 18/2001, M.P. Fernando Vásquez Botero.
66
La confesión judicial es la declaración consiente, provocada, espontánea y
expresa verbalmente o por escrito, de una parte capaz ante un juez, con las
formalidades establecidas en la ley, de ser cierto un hecho o un acto lícito,
posible y controvertible, proveniente de su actuación personal o de su
conocimiento, afirmado por la parte contraria que le perjudica o le es
desfavorable y que beneficia o favorece a esta última.
En la inspección judicial el juez a través de sus sentidos se traslada donde
haya quedado huellas de los hechos de la demanda o de la contestación para
percibir esas huellas.
Los testimonios consisten en que a las personas las cita la justicia para que
relaten los hechos que percibieron por sus sentidos ante el juez.
El indicio se presenta cuando de un hecho conocido el juez puede inferir uno
desconocido.
Por último, la prueba pericial, es una declaración de ciencia, de técnica y de
conocimientos artísticos o industriales, que sirve para establecer o dilucidar el
origen o causa, el efecto o el contenido de hecho que exigen la destreza de
personas expertas en los entendimientos, de los cuales el juez requiere para
llegar a la verdad de ciertos asuntos difíciles de determinar por otros medios
probatorios. 59
En cuanto a esta restricción, la Corte Suprema se ha referido al tema diciendo:
“Según el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la 16 de
1968, el error de hecho solamente es motivo de casación laboral cuando
provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento
auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular. No le
corresponde a la Corte calificar el acierto o el desacierto de esta regulación del
59 OBANDO GARRIDO, José María. Derecho procesal laboral. Ediciones Tunvimor, Bogotá D.C., 1999. p. 523-526.
67
legislador, ni menos separarse de ella, desconociendo su imperio, aún en caso
de no compartirla en su concepción o en su finalidad. Rigurosamente ella
constituye requisito del recurso, que al ser exigido por la corporación, como
tiene que serlo, no adiciona las condiciones de ley sino que las reclama en su
integridad, por estar contenidas en los diversos ordenamientos que reglan el
instituto técnico formal de la casación.
Otra cosa es que la regulación en examen, como lo fue y con restricción mayor
su antecesora de 1968, produzca situaciones como la primera que parece
admitir el recurrente, aunque no todas las planteadas por él, como ya lo ha ido
explicando la Sala en varias providencias y que ahora desarrolla en pleno, por
cuanto implica rectificación de alguna jurisprudencia.
Así, cuando el fallo recurrido obedece, completa, total o exclusivamente, a
pruebas distintas de las mencionadas por el precepto de 1969 como
susceptibles de generar el error de hecho, éste no es motivo de casación
laboral, a rigor de su concepción y de sus términos cualquiera que sea en la
realidad o para quien pretenda agravio, la verdad que contengan las pruebas
excluidas por el legislador”. 60
7.2.2. ERROR DE DERECHO
Nos parece acertada la definición del autor Lagos Pantoja que expresa:” el
error de derecho se presenta cuando se da por demostrado un hecho con un
medio probatorio que no es de recibo porque la ley exige al efecto una
determinada solemnidad para su validez, o cuando se deja de apreciar una
prueba de esas características siendo el caso de hacerlo. O sea, que esta
clase de error se relaciona con el valor asignado por ley a determinados
medios probatorios, el cual es desconocido por el juzgador.”61
60 Sentencia CSJ, Cas. Laboral, octubre 6 de 1972. 61LAGOS PANTOJA, Luis, El recurso extraordinario de casación laboral, primera edición, Ediciones Doctrina y Ley, 1993, p 93.
68
De esta definición se deduce que el error de hecho se puede dar por que:
• Se da por probado un hecho sin la prueba requerida.
• Cuando no se da por probado el hecho, estando la prueba solemne en
los autos.
Es por tanto, un error en que incurre el juez y que recae en la valoración de las
pruebas, violando así, indirectamente la ley sustancial y que recae en las
pruebas ad sustantiam actus que son aquellas que solo ellas pueden probar
un determinado hecho, deben contar siempre por escrito y solo pueden
probarse documentalmente. P.e. Un contrato a tèrmino fijo. Un contrato de
aprendizaje, una convención colectiva, etc.
Igual que sucede en el error de hecho, el de derecho también requiere que sea
manifiesto y ostensible.
La Corte Suprema de Justicia sobre este tema ha dicho lo siguiente:
“El error de derecho sólo surge en dos casos precisos: a) Aquel en que el
juzgador ha valorado como apta una prueba cualquiera, cuando el legislador
exige que para la demostración del hecho correspondiente sólo se admita y
valore la prueba ad sustantiam actus, también denominada ad solemnitatem, y
b) Aquel en que el juzgador no ha apreciado y no ha valorado, debiendo
hacerlo, una prueba de tal naturaleza, es decir, uno o varios de aquellos
medios probatorios que la ley reviste de solemnidades para la validez misma
de la sustancia del acto. Como se ve, resulta harto delimitada y precisa la órbita
de cuyo seno pueden emerger los errores de derecho y no existen ni en el
estricto campo legal, ni en el más amplio de la jurisprudencia, fuente de
derecho o antecedente doctrinario que permita una ampliación de esta
restringidísima esfera”.62
62 Sentencia CSJ, sala laboral, de marzo. 11 de 1958, mayo 15 de 1972, reiterada.
69
7.3. LA REFORMATIO IN PEJOUS.
Está es la tercera causal para recurrir en casación y significa que el juez no
puede hacer más gravosa la situación del único apelante o de la parte en cuyo
favor se surtió la consulta.
Por lo tanto esta causal se refiere a dos situaciones:
a. Cuando el Tribunal Superior conoce de un asunto como
consecuencia del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en proceso ordinario de primea instancia.
b. Cuando el Tribunal Superior conoce en los mismos procesos, de
asuntos en que la ley ha previsto el grado de jurisdicción de la
consulta.63
En este caso el recurrente no tendrá que indicar violación de alguna norma,
sino que solo bastará con que demuestre que la sentencia de segundo grado le
hizo más gravosa su situación
En cuanto al fallo extra y ultra petita, explicados anteriormente, se podría llegar
a pensar que si el único apelante es el demandado, podría el fallo hacer más
gravosa su situación, sin embargo lo cierto es que aquí no se incurriría en esta
causa puesto que la decisión extra y ultra petita no tiene que ver con lo
oralmente sustancial del fallo recurrido.
Al respecto la Corte ha dictado varias sentencias el respecto y que
transcribimos a continuación:
63 LAGOS PANTOJA, Luis. El recurso extraordinario de casación laboral, primera edición, Ediciones Doctrina y Ley, 1993, p 66-67.
70
“Por otra parte, debe recordar la Corte lo dicho en sentencia del 18 de marzo
de 1998:
"De otra parte, si bien la apelación se entiende en lo desfavorable al apelante,
conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el
D.E. 2282/89), "... y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia
en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma
fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla...". De modo que si al confrontar el ad quem las
pretensiones del proceso con los efectos de la conciliación extraproceso surtida
entre las partes, encontró que no existía coincidencia de "objeto" —elemento
esencial en el fenómeno de la cosa juzgada— y por ende declaró no probada
esta excepción, no estaba eximido de la obligación de verificar la exigibilidad de
los derechos pretendidos, por eso de manera coherente encontró que era
imperioso pronunciarse sobre la excepción de prescripción, por los efectos
propios del transcurso del tiempo entre la época de los hechos en litigio y la de
su reclamación judicial.
Por tanto no puede predicarse, como lo asevera el censor que el ad quem obró
sin competencia, porque la norma transcrita anteriormente y la situación
especial analizada evidencien un actuar con soporte normativo sin ninguna
extralimitación del juez de segundo grado.”
Sobre los alcances de la limitación dispuesta al juez de segunda instancia por
el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, es oportuno traer a colación
lo ya expresado por la CSJ el 29 de julio de 1997, expediente 8978, cuando
expresó:
"Significa entonces, que el principio prohibitivo de la reformatio in pejus no es
de carácter absoluto, pues con él no se trata de evitar que se introduzcan
enmiendas o correcciones accesorias a la sentencia de primer grado
orientadas a subsanar yerros en que aquélla incurrió, por lo que, tal como lo ha
sostenido la jurisprudencia, se admite que en determinados eventos el superior
71
pueda modificar la parte no impugnada de una decisión, como acontece
cuando con motivo de la reforma de la resolución recurrida es necesario hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella, situación
que es la configurada en el sub judice.
Obsérvese que la providencia del a quo fue favorable totalmente a uno de los
sujetos pasivos de la litis, por lo que no resulta lógico exigirle que haya
apelado, puesto que en tales circunstancias es deber del superior examinar las
razones expuestas por esa parte, la que desde la iniciación de la relación
jurídico procesal sostuvo que el accidente correspondió a actos de
responsabilidad exclusiva de la codemandada y así lo reiteró en el recurso de
casación interpuesto, el cual tuvo prosperidad”.
Al respecto conviene transcribir un pronunciamiento de la Corte Suprema de
Justicia —Sala de Casación Civil—, del 23 de mayo de 1985, con ponencia del
magistrado Humberto Murcia Ballén, que en lo pertinente, dice:
"...El principio prohibitivo de la reformatio in pejus consiste, pues, en que el
superior que conoce de un proceso por apelación interpuesta por una de las
partes contra la providencia que ha sido consentida expresa o tácitamente por
la otra no puede, por regla general, modificarla o enmendarla, haciendo más
gravosa para el apelante la situación procesal que para éste ha creado la
providencia recurrida.
Pero la anterior regla procesal no es verdad absoluta: excepcionalmente puede
el superior modificar la parte no apelada de una decisión jurisdiccional, como
cuando por la conexidad íntima de esa parte con la apelada se hace
indispensable introducir modificaciones íntimamente relacionadas con la que
resulta reformada (CPC, art. 357)...".
"Sobre el mismo tema la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, se pronunció en sentencia del 28 de abril de 1995, radicación 7410,
así:
72
"... Las motivaciones contenidas en la sentencia de primera instancia no
obligan necesariamente al superior en aquello que favorezca al apelante único
o a la parte en cuyo favor se surte la consulta, limitación de competencia
funcional referida solamente a las resoluciones o decisiones adoptadas por el a
quo, en la medida que la prohibición de reforma en perjuicio impide hacerle
más gravosa la situación. Por ello, aunque en este proceso el juez de la causa
tuvo a la demandada como empresa industrial y comercial del Estado y al
demandante como trabajador oficial, el tribunal no estaba obligado a aceptar
esas mismas conclusiones por la sola circunstancia de que la demandada no
hubiese apelado, impugnación que además le estaba vedada a esa parte por
ausencia de interés, puesto que el fallo de primer grado, totalmente absolutorio,
le había sido favorable...".64
13. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAODINARIO DE CASACIÓN
LABORAL65
El trámite que la ley junto con la jurisprudencia establecieron para hacer viable
el recurso de casación consta básicamente de cinco pasos procesales, y es de
esta manera que abordaremos el tema en estudio para lograr un análisis más
estructurado y profundo.
8.1 LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO
Antes de analizar esta etapa, debemos remitirnos a la norma que el Código
Procesal del Trabajo estableció para dicho caso:
64 Compilación de sentencias de derecho laboral de LEGIS. 65 “El recurso de casación continuará tramitándose conforme a las actuales normas del Código de Procedimiento del Trabajo y a los preceptos que lo adicionan o modifican y sólo se aplicará el Código de Procedimiento Civil en lo no reglamentado por él”. (CSJ, Cas. Laboral, Acta Nº 10, sep. 8/71).
73
ART. 88.—Modificado. D.L. 528/64, art. 62. Plazo para interponer el recurso.
En materia civil, penal y laboral el recurso de casación podrá interponerse
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la sentencia de
segunda instancia.
El recurso de casación per saltum en materia laboral deberá interponerse en la
forma y términos previstos por el artículo 89 del Código Procesal del Trabajo.
ART. 89.—Interposición del recurso “per saltum”. El recurso de casación per
saltum contra las sentencias de los jueces del Círculo Judicial del Trabajo de
que trata la letra b) del artículo 86, se propondrá y se concederá o denegará
dentro de los términos y en la misma forma que el de apelación.
La parte que desee saltar la instancia de apelación deberá obtener el
consentimiento escrito de la contraparte o de su apoderado, que deberá
presentarse personalmente por su signatario ante el mismo juez. La
impugnación en casación por salto sólo podrá fundarse en la causal primera del
artículo 87 .
Por lo tanto, el recurso debe ser interpuesto por quien tenga interés para
recurrir la sentencia, ya sea de forma oral , cuando la sentencia se profiera en
estrados, o por escrito dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la
sentencia proferida por el Tribunal de segunda instancia.
Es prudente hacer salvedad, que para la interposición del recurso de casación
per saltum sólo se cuenta con un término de tres días, es decir, un plazo igual
al que existe para apelar.
Al analizar estos plazos se plantea el interrogante de cómo se debe contar el
término cuando la sentencia deba ser adicionada, corregida o aclarada. En el
Código Procesal del Trabajo no se dice nada al respecto, por eso acudimos a
lo que para estos casos establece el Código de Procedimiento Civil en su
artículo 309.
74
“Articulo 309. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la
pronuncio. Con todo, dentro del termino de la ejecutoria, de oficio o a solicitud
de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que
ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte
resolutiva de la sentencia o que influyan en ella“.
Consecuentemente, hecha la corrección, se daría el interés para recurrir en
casación.
Al hablar de la interposición del recurso es importante analizar una
jurisprudencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, con relación a si la
demanda de casación puede hacerse por fax. En dicha providencia se hace un
extenso estudio del tema de la validez jurídica de los medios modernos de
comunicación, al respecto la Corte dijo: “Se pronuncia la Corte sobre la
admisión de la demanda de casación presentada por el apoderado de José
Rigoberto Tamayo Guerra en el proceso ordinario que instauró contra la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.
De conformidad con el artículo 64 del Decreto Extraordinario 528 de 1964,
admitido el recurso de casación, se ordenará el traslado al recurrente o
recurrentes, por treinta días a cada uno, para que presenten la demanda de
casación. Dicho traslado en el caso bajo examen transcurrió del 25 de agosto
de 1999 hasta el 5 de octubre de la misma anualidad. Los folios 6 a 11
acreditan que la respectiva demanda fue recibida vía fax, por la secretaría de la
Sala de Casación Laboral el día cinco de octubre del año que corre. A folio 12
obra constancia secretarial en el sentido de que fue recibida dentro del término,
y a folio 13 a 16 obra el original presentado un día después del vencimiento del
plazo legal.
Corresponde entonces dilucidar el cómputo de términos procesales frente al
desarrollo tecnológico gobernado recientemente por la Ley 527 de 1999, que
tiene como objetivos definir y regular “el acceso y uso de los mensajes de
75
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales” y establecer las
entidades de certificación.
1. La exposición de motivos de la referida ley, indica que se reguló tanto el uso
de mensajes de datos como el comercio electrónico. No solamente esto último.
También contiene una referencia específica al aspecto probatorio en todas las
actuaciones judiciales, así:
“3. Alcance probatorio. El proyecto de ley establece que los mensajes de datos
se deben considerar como medios de prueba, equiparando los mensajes de
datos a los otros medios de prueba originalmente escritos en papel. Veamos:
Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de
datos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza
probatoria otorgada a los documentos en el capítulo VIII de título XlIl del Código
de Procedimiento Civil.
En toda actuación administrativa o judicial, vinculada con el ámbito de
aplicación de la presente ley, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria
y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos o en
razón de no haber sido presentado en su forma original (art. 10).
Al hacer referencia a la definición de documentos del Código de Procedimiento
Civil, le otorga al mensaje de datos la calidad de prueba, permitiendo coordinar
el sistema telemático con el sistema manual o documentario, encontrándose en
igualdad de condiciones en un litigio o discusión jurídica, teniendo en cuenta
para su valoración algunos criterios como: Confiabilidad, integridad de la
información e Identificación del autor.
Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Al valorar la fuerza
probatoria de un mensaje de datos se habrá de tener presente la confiabilidad
de la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la
confiabilidad de la forma en que se haya conservado la Integridad de la
76
información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro
factor pertinente (art. 11)”.
2. El ámbito de aplicación de la citada ley quedó delimitado en su artículo 1º, el
cual es bastante amplio, toda vez que abarca “todo tipo de información en
forma de mensaje de datos”, dejando a salvo únicamente los referentes a las
dos hipótesis contempladas taxativamente en los dos literales del precepto, sin
que se mencione en ellos las demandas de casación en materia laboral.
3. En los términos del artículo 2º de la precitada ley, constituye “mensaje de
datos”, la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada
por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros el
intercambio electrónico de datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el
telegrama, el télex o el telefax”.
4. Así mismo, de acuerdo con los claros términos del artículo 5º ibídem está
prohibido negar “efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de
información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos”. Lo
anterior tiene como obvia consecuencia que la tradicional exigencia del original
del escrito de la demanda de casación puede quedar satisfecho con un
mensaje (sic) datos, si la información contenida por éste es fácilmente
consultable, porque así se desprende también del artículo 6º ejusdem.
5. Aplicados los conceptos que anteceden al envío del escrito de demanda vía
fax, sin lugar a dudas se está en presencia, frente a la nueva normativa, del
uso de esa modalidad de mensaje electrónico legalmente aceptada, siempre
que se utilice un método confiable y apropiado para el propósito y que permita
identificar al iniciador, con el fin de establecer que su contenido cuenta con su
aprobación. Ese cometido se cumple en el caso sub lite por cuanto al ratificar
por escrito original la parte interesada su demanda de casación no queda duda
de la autoría y el contenido de la misma, sin que sea óbice que inicialmente no
hubiese sido presentada en esa forma, ya que tal exigencia queda suplida con
77
el mensaje de datos ratificado en los términos del artículo 8º de la misma ley
invocada.
6. Aún mas, resulta obligado enfatizar que el inciso segundo del artículo 10 de
la misma Ley 527 es terminante al prescribir que en las actuaciones
administrativas o judiciales no se puede negar eficacia, validez o fuerza
obligatoria a todo tipo de información en forma de mensaje de datos —
indudablemente el fax es uno de ellos— “por el solo hecho que se trate de un
mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma
original”. Nótese que el anterior precepto no se refiere al comercio electrónico,
sino a toda actuación administrativa o judicial, vale decir, sin exceptuar las
demandas de casación.
7. Obra en autos igualmente constancia de la fecha de recibo del mensajes
electrónico, visible en la parte superior derecha del folio 6, y corroborada con la
anotación secretarial del folio 11, donde se da fe de su recepción el día 5 de
octubre, así como el informe secretarial que da cuenta de su presentación en
tiempo. No queda duda, entonces, de los efectos jurídicos que produce el
mensaje de datos recepcionado, dado que existe como tal y prueba la voluntad
de comprometerse de la parte que lo emitió ante la Corte y además es
accesible a confrontación con su original remitido en su integridad. Por tal
razón cumple con los requisitos de constituir un medio de prueba de la
actuación procesal que ejecutó el iniciador recurrente a la luz de los artículos
5º, 6º, 10, 11, 17, 18, 22 y 23 ibídem.
8. Como antecedentes jurisprudenciales conviene recordar, simplemente a
guisa de referencia histórica, entre otros, dos pronunciamientos emitidos aún
antes de la vigencia de la Ley 527. Ia Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante Sentencia de 23 de octubre de 1990, dio validez como documento
público auténtico al Decreto 1766 de 1987, expedido por el Presidente de la
República cuando se encontraba fuera del país y transmitido vía fax;
igualmente, por medio de providencia del 26 de julio de 1993, la Sección
78
Segunda del mismo organismo admitió un recurso de apelación interpuesto vía
fax (exp. 8306)*.
(*) Véase también el auto de la Sala de Casación Penal publicado en J. y D. Nº
288, pág. 1441 (N. del D.).
9. No está por demás agregar que, desde luego, hasta tanto no se expida una
regulación diferente, quien pretende enviar una demanda de casación por
telefax, corre todos los riesgos de que no exista línea, esté inservible, ocupada
o no entre en forma legible el mensaje de datos. Obviamente estas falencias no
se pueden imputar a la dependencia judicial respectiva. Empero, cuando
suceda lo contrario y éste se reciba con los requisitos de confiabilidad, que
permita conservar la integridad de la información, y la identificación del
iniciador, no se le puede restar valor probatorio a dicha actuación, tal como
ocurre en el caso bajo examen en el que el mensaje de datos fue recibido en
tiempo por la secretaría de la Sala de Casación Laboral y al día siguiente de la
emisión, se presentó la demanda en original.
10. Así las cosas, se está en presencia de un nuevo instrumento legal, claro,
que representa un avance jurídico, ágil y acorde con la modernidad, con el
desarrollo tecnológico de un mundo dinámico y conectado, que se ajusta a los
conceptos procesales sobre cumplimiento de los términos y a las calidades
intrínsecas de un documento, razón por la cual legalmente no está autorizada
la Corte, so pena de violar el debido proceso, para desconocer sus efectos
jurídicos, siendo su obligación tener por presentada en tiempo la demanda de
casación remitida por fax por el apoderado del recurrente.
Por lo visto, y por reunir además las exigencias formales del artículo 90 del
Código Procesal del Trabajo, se admite la anterior demanda de casación.
Notifíquese e Insértese en la Gaceta Judicial”. 66
8.2. CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL RECURSO
79
Para interponer el recurso extraordinario de casación laboral el actor debe
recordar además de los plazos establecidos por la ley, unos aspectos de tipo
formal que serán tenidos muy en cuenta por el juez o tribunal que lo concede o
lo niega, dichos aspectos son: que se trate de sentencia proferida en juicio
ordinario, que dicha sentencia sea definitiva o inhibitoria, que se acredite
adecuadamente la cuantía del interés para recurrir en casación, que el recurso
se haya interpuesto oportunamente y que se interponga por una parte
legítima.67
Si el tribunal deniega el recurso de casación, la parte que lo interpuso, tiene la
posibilidad de interponer ante esta decisión el recurso de hecho o de queja.
Como dicho recurso no tiene trámite previsto en el Código Procesal del
Trabajo, se remite de forma inmediata al actor a que dé aplicación al proceso
establecido en el Código Procesal Civil para este tipo de actuaciones.
8.3. ADMISIÓN DEL RECURSO Y TRASLADO AL RECURRENTE
Una vez interpuesto el recurso y además concedido por el juez o tribunal, es
tarea de la Corte Suprema de Justicia estudiar que dicha demanda de casación
reúna los siguientes requisitos: que exista legitimación e interés para recurrir,
que exista un motivo o causal de casación, que el recurrente haya interpuesto
el recurso dentro del plazo legal y que se concluya la impugnabilidad en
casación de la sentencia.68
Admitido el recurso por la Corte Suprema de Justicia esta dispondrá, que se
corra traslado al recurrente para que presente la demanda de casación. Al
respecto el Código Procesal del Trabajo consagra lo siguiente:
ART. 64.— Modificado. D.E. 528/64. En materia civil, penal y laboral el recurso
de casación se tramitará así:
66 CSJ, S. Cas. Lab. Auto 13015, dic. 3/99, M.P. José Roberto Herrera Vergara. 67 Cfr. PARRA, Willian Rene. P. 46. 68 Cfr. Íbid. P. 46
80
Repartido el expediente en la Corte, la Sala decidirá dentro de los diez (10)
días siguientes si es o no admisible el recurso. Si fuere admitido ordenará el
traslado al recurrente o recurrentes por treinta (30) días, a cada uno, para que
dentro de ese término presenten las demandas de casación. En caso contrario
dispondrá que se devuelvan los autos al tribunal de origen.
Admitido o negado el recurso se dicta un auto que es interlocutorio. En el caso
que se admita se dicta otro auto que ordena correr traslado al recurrente, el
cual es un auto de sustanciación.
8.4 TRASLADO DE LA DEMANDA
Si la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia reúne los
requisitos formales, será admitida, y se deberá entonces correr traslado a
quienes no son recurrentes para que legalmente puedan ejercer el
constitucionalmente consagrado derecho a la defensa. Con relación al
particular la ley laboral estableció lo siguiente en el código:
ART. 65.— Modificado. D.E. 528/64. Presentada en tiempo la demanda de
casación, la Sala resolverá si se ajusta a los requisitos exigidos en el artículo
6369. Si así lo hallare, dispondrá que se corra traslado de ella a quienes no
sean recurrentes por quince (15) días a cada uno, para que formulen sus
alegatos. Si la demanda no reúne los requisitos legales, o no se presentare en
tiempo, se declarará desierto el recurso.
8.5. DECISIÓN DEL RECURSO
69 D.E. 528/64. ART. 63.—La demanda de casación debe contener un resumen de los hechos debatidos en el juicio y expresar la causal que se aduzca para pedir la infirmación del fallo, indicando en forma clara y precisa los fundamentos de ella y citando las normas sustanciales que el recurrente estime infringidas.
81
Como lo establece la ley si durante la discusión del proyecto de sentencia la
Sala de la Corte Suprema de Justicia considerara apropiado dilucidar ciertos
puntos de hecho o de derecho, podrá entonces oír a las partes interesadas en
audiencia pública. Dicha audiencia es una facultad potestativa de la sala.
Después establece el Código Procesal del Trabajo en su articulo 98: “Expirado
el término para solicitar audiencia, o practicada ésta sin que haya sido proferido
el fallo, los autos pasarán al ponente para que dentro de veinte (20) días
formule el proyecto de sentencia que dictará la Corte Suprema de Justicia Sala
Laboral dentro de los treinta días siguientes.”
Términos que en la realidad jurídica de nuestro país jamás se cumplen, no por
ineficiencia de las altas cortes sino por un exceso de trabajo que cada día
adquiere matices mas preocupantes.
Finalmente la ley establece en el articulo 99 del Código Procesal del Trabajo lo
siguiente:
ART. 99.—Modificado. D.E. 528/64, art. 61. Si la Corte hallare justificada
alguna de las dos primeras causales mencionadas en el artículo anterior,
decidirá sobre lo principal del pleito o sobre los capítulos comprendidos en la
casación. En este caso, informado el fallo, puede la Corte dictar auto para
mejor proveer.
En otras palabras una vez la Corte decida que la sentencia recurrida se casa,
es decir, se rompe, debe proceder a dictar un nuevo fallo que corresponda a la
nueva realidad del caso.
14. EL RECURSO EN EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
LABORAL.
Como ya se ha hecho referencia anteriormente, el 5 de Diciembre de 2001, el
Congreso de la República, expidió la Ley 712 del mismo año por medio de la
cual se reformó el Código Procesal de Trabajo.
82
La Ley 712 de 2001 en su capítulo XV, artículo 43, hace una pequeña pero
sustanciosa modificación al tema de la casación, básicamente en lo que se
refiere al tema de la cuantía.
Esta ley dice así:
CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY 712 DE 2001
(diciembre 5)
por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo. El Congreso de Colombia
CAPITULO XV
CASACIÓN
Artículo 43. El inciso segundo del artículo 86 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social quedará así:
Artículo 86. Sentencias susceptibles del recurso. A partir de la vigencia de
la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento,
sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía
exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente.
De la lectura de este artículo se puede concluir que respecto del anterior
Código Procesal del Trabajo se cambió la frase “ a partir de la vigencia del
presente decreto” por “ a partir de la vigencia de la presente ley”, igualmente se
cambió “ sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, en
materia laboral solo serán susceptibles del recurso de casación los negocios
cuya cuantía exceda de cien( 100) veces el salario mínimo mensual mas alto
vigente.” Por “ sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, solo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal
83
mensual vigente”.
Este artículo solo merece consideración respecto a la cuantía que se aumentó
de 100 a 120 salarios mínimos legales vigentes, lo que desde nuestro punto de
vista es acertado, ya que se limitará un poco más el acceso al recurso de
casación que en muchas ocasiones es inoficioso.
15. EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO
CONTEMPORÁNEO
Al iniciar este trabajo de grado y en el numeral segundo del mismo, el tema
tratado fue el de la reseña histórica del recurso de casación en legislaciones
como Imperio Romano, Italia y Francia. Allí se hizo una pequeña síntesis sobre
el desarrollo de este recurso en sus inicios dentro de cada una de estas
legislaciones las cuales influenciaron en gran medida a las posteriores.
Es así como actualmente no solo los países del tercer mundo sino también los
países latinoamericanos tienen dentro de su régimen legal recursos como el de
casación para diferentes materias: penales, civiles, laborales, etc., recursos
que en la mayoría de las legislaciones, buscan contrarrestar la manifiesta
preocupación de lograr la unificación en la aplicación de la ley y la
jurisprudencia para que así los casos igualitarios sean resueltos en forma
igualitaria.
Es por esta razón que nos parece importante dedicar un corto capítulo a este
tema pero ya no desde un punto de vista histórico sino desde un punto de vista
más actual y contemporáneo.
Básicamente se tendrán en cuenta las regulaciones sobre la materia en países
de Latinoamérica como Venezuela y Argentina, y de Europa como España.
84
10.1. ARGENTINA
En 1949 la Constitución Argentina atribuyó a la Corte Suprema la función de
Tribunal de Casación, pero para ese momento no se dictó la correspondiente
Ley reglamentaria o Decreto Reglamentario, como diríamos en Colombia, por
lo cual el recurso de casación en Argentina quedó sin efectividad. Sin embargo,
algunos Códigos de Provincia, entre los que se puede mencionar la legislación
de Buenos Aires, y el de la provincia de Jujuy han previsto el recurso de
casación conocido también como de “ inaplicabilidad de la ley” o “de doctrina
legal”, atribuyendo su conocimiento la Tribunal Superior de su jurisdicción.
Para mantener la primacía de los principios jurídicos fundamentales y la
uniforme interpretación de su constitución en el orden local, en algunas
provincias existe un recurso llamado “ inconstitucionalidad” y otro de “
inaplicabilidad de la ley”. Con el primero se busca la observancia de las
formalidades establecidas para la sentencia de última instancia y, con el
segundo, se mantiene la unidad de interpretación de la ley local.
Según Fernando de la Rúa. “ En la gran mayoría de las provincias rige
actualmente, ya bajo el nombre de recurso de casación o bien de
inaplicabilidad de la ley consagrado por la legislación de Buenos Aires, un
medio de asegurar la uniforme interpretación de las leyes y el control jurídico
sobre las sentencia de mérito, a cargo del Tribunal Supremo en cada una de
ellas.”70
El Código de la Provincia de Buenos aires, en el cual se establece y limita el
recurso de violación de ley o de doctrina legal, en su artículo 321 expresa que:
“ El recurso de inaplicabilidad puede fundarse:
1- En que la sentencia haya violado la ley o doctrina legal.
70 DE LA RÚA , Fernando. El recurso de casación. Buenos Aires. 1968. p.83.
85
2- En que la sentencia haya aplicado falsa o erróneamente la ley o
doctrina”71
A diferencia de los recursos ordinarios, el de inaplicabilidad (entiéndase
casación) debe fundarse en el escrito que se interpone, de modo que de sus
propias enunciaciones resulte la procedencia del recurso.
El código anterior al que rige actualmente la provincia de Buenos Aires en su
artículo 326 prescribe:
“ El escrito en que el recurso se deduzca deberá contener en términos claros y
concretos, la cita de la ley o de la doctrina violadas o aplicadas falsamente o
erróneamente en la sentencia, indicando igualmente en qué consiste la
violación, la falsedad o el error.”
Por tanto no prosperará el recurso si no se señalan concretamente las
cuestiones a ser decididas expresándose en qué consiste la violación o el error,
con indicación del texto que se dice violado, so pena de no cumplir con la
técnica adecuada de formalización.
En la provincia de Jujuy, el Código de procedimiento Civil de 1950 consagra
también el recurso de casación ante el Tribunal Superior Local contra las
sentencias definitivas de los “tribunales Colegiados” , tanto para reparar los
quebrantamientos de las formas como por violación de la ley.
Finalmente es importante el pronunciamiento que De la Rúa hace sobre la
finalidad de la casación al decir que:
” Aunque la finalidad de uniformar la jurisprudencia sea, como veremos, de alto
interés público, ella no encuentra en las normas que la disciplinan una
verdadera correspondencia con ese objetivo. Precisamente porque esas
71 Íbid.
86
normas han sido dictadas en función del recurso judicial que se ha querido
instituir.
De allí que la Corte sólo pueda controlar las sentencias cuando contra ellas
medie recurso oportuno, rodeado de las formalidades debidas. El interés del
particular, que se hace valer con el recurso, es el que tiene preeminencia en la
disciplina del instituto. Si esa preeminencia fuera acordada, en cambio, a la
finalidad política de uniformar la jurisprudencia la ley hubiera establecido el
examen obligatorio e inevitable de todas las sentencias, en el sólo interés de la
ley, y en este supuesto con eficacia sobre el caso concreto.
Corte de casación y recurso de casación, no son pues elementos inescindibles,
caras de una misma moneda. Aquí interesa el recurso como instituto procesal,
por el cual se consiente un reexamen limitado a las cuestiones de derecho.
Que el juez de la casación sea un Tribunal único en el Estado, es una cuestión
que excede el ámbito procesal, y hace más bien al sentido político del
legislador, capaz de concebirlo como la cúspide de la gran pirámide ideal de
que habla Calamandrei, útil para asegurar así, limitadamente y en la medida
que los particulares lleven por vía del recurso los casos concretos a su
conocimiento, la uniformidad de la jurisprudencia.
La Casación es pues un medio de impugnación, con particularidades
especiales, pero genéricamente idéntico a los demás recursos, de cuyas
características fundamentales participa; con un ámbito limitado al examen de
los errores de derecho; de carácter público pero no diverso del que tiene el
mismo derecho procesal. Y la Corte de Casación es, simplemente, el Tribunal
encargado de juzgar ese recurso... . La imagen debe, pues, invertirse. La
casación es un recurso inserto en el proceso, juzgado por un órgano
jurisdiccional. Este es el aspecto primordial. En segundo plano, como
aguardando la posibilidad de aparecer, está la finalidad contemplada por el
legislador, de procurar la uniformidad de la jurisprudencia. Esto último se
conseguirá, en mayor o menor extensión, según la mayor o menor
aproximación a la unicidad del órgano supremo al cual se atribuye su
conocimiento, la mayor o menor cantidad de obstáculos formales para su
87
procedencia, y la mayor o menor diligencia de los particulares en hacerlo valer,
pero sin que la diversidad de los Tribunales de casación altere su esencia y su
estructura procesal." 72
Queda claro de lo enunciado anteriormente que en Argentina, existe un recurso
de Casación tanto en lo penal como en lo civil, sin embargo en materia laboral
no se encuentra referencia alguna sobre el tema aunque consideramos que al
igual que en estos casos debe existir alguna regulación local dentro de las
Provincias que permita su aplicación por medio de la figura de la
“inaplicabilidad de la ley”.
10.2. VENEZUELA
De igual manera que en Argentina, en Venezuela encontramos en materia civil
la casación ordinaria.
El artículo 321 del Código de Procedimiento Civil de 1987, establece un
propósito de unificación de la jurisprudencia al establecer textualmente que:
"Los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de casación establecida
en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la
uniformidad de la jurisprudencia."
La supra referida norma impone al decisor más que una facultad de acción un
deber, en los límites razonables, en pro a la defensa de la integridad de la
legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.
La casación ordinaria , de conformidad con el artículo 313 del mismo Código,
procede con base a dos causales: la primera contempla en el ordinal 1º la
causales por defecto de actividad que puede contener una determinada
72 Íbid.
88
decisión ; la segunda contemplada en el ordinal 2º contiene las causales del
recurso por infracción de la ley.
Dentro de las infracciones de ley, existen tres supuestos de procedencia: por
error de interpretación, falsa aplicación de una norma jurídica vigente o
aplicación de una norma que no está vigente.
El error de interpretación de una norma jurídica, como causal de casación por
infracción de ley, es "..el error acerca del contenido y alcance de una
disposición expresa de la ley. Comprende, por tanto, los errores de
interpretación en los que pueda incurrir el juez, en lo que se refiere a la
hipótesis abstractamente prevista en la norma, como a la determinación de sus
consecuencias legales”. 73
La aplicación falsa de una norma existe cuando el supuesto de hecho no se le
aplica la norma que debería aplicarse, de aquí que la falsa aplicación de la ley
viene a ser una violación, que consiste en una incorrecta elección de la norma
jurídica aplicable. Lo cual se traduce normalmente en una omisión de la norma
jurídica que debió ser aplicada. La falta de aplicación de una norma jurídica se
configura en un error sobre la existencia o validez en el tiempo y en el espacio
de una norma. Es la negación o el desconocimiento del precepto o mejor, de la
voluntad abstracta de la ley.74
En este aparte es importante hacer referencia a un texto escrito por la Doctora
María conchita Mulino Ríos75, de Venezuela, titulado “ El recurso de Casación
73 Cfr. Sentencia de fecha 27 de febrero de 1992, de la Sala de Casación Civil, ponencia del Dr. Carlos Trejo Padilla, expediente Nº 91-130). Tomado de los copiadores de sentencia de la Sala de Casación Civil. Venezuela.
74 Cfr. Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 7 de diciembre de 1994, con ponencia del Dr. Carlos Trejo Padilla, en el juicio John Freddy Alvarez Ureña, expediente Nº 93-620. Tomado de los copiadores de sentencia de la Sala de Casación Civil. Venezuela.
75 Abogada asistente del Magistrado de la Sala de Casación Civil de Venezuela Anibal Rueda.
89
para la unificación de la doctrina” en el cual expresa, refiriéndose al tema de la
posibilidad de incorporación de la “ Violación de la doctrina legal” como causal
por infracción de la ley en el ordinario recurso de casación de este país, lo
siguiente:
“El Recurso de Casación dirigido a establecer la unificación de la doctrina, se
concibe con una función de evitar la dispersión de la jurisprudencia como
consecuencia de la estructura del Poder Judicial y la distribución de los
tribunales en toda la República. Se configura como un instrumento para
asegurar esa unificación, que el respeto a los principios de unidad
jurisprudencial y de igualdad en la aplicación de la ley exigen.
Este recurso, el cual tiene por objeto establecer la doctrina correcta en la
interpretación y aplicación de la ley, se ejecuta a través del examen
comparativo de dos sentencias contradictorias: la impugnada, que sería la
recurrida, y la aportada como término de comparación. Responde a la
necesidad de evitar sentencias contrarias, procurando unificar doctrina en
provecho de la aplicación práctica de la ley, de manera que pueda conocerse
anticipadamente qué norma y bajo qué patrón de interpretación será aplicable a
una determinada controversia judicial.
Entonces, habría un margen de seguridad jurídica, en beneficio de la justicia y
por tanto de los derechos subjetivos de los ciudadanos, ya que "nada arruina o
deteriora más la confianza depositada en ella, que las apariencias de
arbitrariedades en los encargados de administrarla", y no podemos negar que
en la actualidad existe una alta desconfianza en la justicia.
Sin embargo, el tratar de evitar sentencias contradictorias a través de la
unificación doctrinaria, no debe significar un estancamiento de la doctrina,
convirtiéndola en inmodificable e intocable, a ser repetida constantemente en
cada caso similar; sino que de apartarse el decisor de una doctrina imperante
dé suficientes razones que justifiquen el cambio. Tampoco se pretende un
vuelco al sistema anglosajón del valor absoluto del precedente judicial. “
90
10.3. ESPAÑA
En cuanto al recurso de casación en España, éste ha tenido como base
fundamental el interés público y su desarrollo ha sido más amplio y abarca las
diferentes ramas del derecho.
Es así que fue creado un recurso específico, como es el recurso de casación
para la unificación de la doctrina tanto en el ámbito laboral como en el
contencioso administrativo , que son áreas donde no existe la casación
ordinaria
La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de 1855 que fue aquella en que se
empleó por primera vez el término “casación” ( recurso que en ese momento
sustituyó al de nulidad y que le quitaba al Tribunal Supremo competencia para
conocer de los hechos) en su artículo 1691 señala los casos en que procede y
las sentencias contra las cuales cabe.
El articulo 1689 de la LEC, limita la procedencia del recurso de casación a “las
sentencias definitivas pronunciadas por las audiencias”, y el artículo 1690
aclara que para el efecto de casación tienen carácter “de definitivas, además
de las sentencias que terminan el juicio: 1- Las que recayendo sobre un
incidente o artículo pongan término al pleito, haciendo su imposible su
continuación…”.
Los únicos motivos por los cuales procede este recurso, sea por infracción de
la ley o de doctrina legal, o por vicios de forma o de fondo, también están
determinados por la LEC en los artículos 1691, 1692 y 1693, los cuales se
dividen en vicios in judicando, o de actividad jurídica sustancial; y vicios in
procedendo, o de actividad jurídica procesal.76
76 Cfr. MURICIA BALLEN, Humberto. Recurso de Casación civil. Bogotá. Librería El Foro de la Justicia. Bogotá. 1983. p 103 y ss.
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De igual manera la Sala Social del Tribunal Supremo en varias de sus
sentencias se ha referido al tema. Un ejemplo claro se muestra a continuación
en sentencia dictada el 2 de noviembre de 1991 en la cual se dice:
"...se exige como presupuesto obligado e imprescindible para que pueda
prosperar este especial recurso que entre la sentencia que en él se combate y
las alegadas como opuestas a ellas concurra la especial contradicción que en
este precepto se concreta. Es decir, que los hechos fundamentos y
pretensiones de todas ellas sean sustancialmente iguales, y que a pesar de
esto, se haya llegado a pronunciamientos distintos. Por tanto, si alguno de
estos requisitos o condiciones no se cumplen, no puede estimarse que
concurra esta especial contradicción..."
En cuanto a la finalidad del recurso de casación para la unificación de la
doctrina, como el recurso se materializa a través de un examen comparativo de
sentencias contradictorias, se pretende establecer la doctrina en la correcta
interpretación y aplicación de la Ley. Tiene pues este recurso el fin último de
concordar o igualar los criterios divergentes para convertirlos en doctrina legal
aplicable en casos futuros, en beneficio de la seguridad jurídica que debe
envolver todo proceso con evidente tranquilidad para el litigante, como asegura
Serra Domínguez:
"La instauración del recurso responde a una cuestión práctica: la necesidad de
unificar doctrina, ya que si no existiera se daría lugar a multitud de sentencias
contradictorias lo cual, no solo determinaría un deterioro del valor intrínseco de
la Ley, sino un serio atentado al principio constitucional de igualdad... este
principio de igualdad implica que sean cuales fueren los órganos
jurisdiccionales competentes, se apliquen a una misma situación jurídica
soluciones igualmente idénticas" 77
77 SERRA DOMINGUEZ, M. Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Madrid. 1985. p 923 y ss.
92
La Ley de Bases de Procedimiento Laboral especifica igualmente esta
finalidad, cuando en su exposición de motivos se señala:
"El recurso de casación para la unificación de la doctrina responde a la
necesidad de asegurar la unificación de jurisprudencia (de doctrina), que el
respeto a los principios de unidad de jurisdicción y de igualdad en la aplicación
de la ley se exige".
Este nuevo recurso tiene por finalidad el establecimiento o restablecimiento de
la doctrina jurisprudencial, sin alterar las situaciones jurídicas antes
determinadas judicialmente.
16. CONCLUSIONES
Es clara la evolución legislativa que ha tenido la figura de la Casación como
recurso de última instancia, no solo en nuestro país sino también en el derecho
comparado. Pasó de ser una herramienta tosca y poco práctica a convertirse
en el mecanismo que en la actualidad brinda una real seguridad jurídica en las
diferentes ramas del derecho y entre éstas la rama del derecho laboral.
Sin embargo, no todo debe ser considerado perfecto dentro de la estructura del
recurso de casación; solo basta con hacer un análisis del gran número de
modificaciones que han sufrido las causales que dan origen al recurso para
entender que aún no es claro ni para el legislador ni para la doctrina la
verdadera esencia que da origen a la casación y por ende mucho menos para
los propios jueces quienes son los que realmente tienen la responsabilidad de
su aplicación en sus manos.
Está claro que la naturaleza misma de la casación es unificar la jurisprudencia
y no hacer el papel que decodificador de las providencias de jueces y
magistrados, los cuales al no seguir una línea clara o por lo menos acorde con
93
el derecho sustancial vigente, complican aún más el funcionamiento del recurso
en la actualidad.
A pesar del sin número de obstáculos que en materia interpretativa debe
superar la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, son de exaltar las
innumerables sentencias que desde hace muchos años han tratado de
establecer unos lineamientos jurídicos muy sólidos con relación a las técnicas
de casación.
Es evidente que un mecanismo como este no puede ser infalible, y menos si
depende casi de forma íntegra de la voluntad humana, la cual en temas
jurídicos presenta un horizonte tan amplio y tan cambiante como la misma vida
lo permite.
Por esta razón ese recurso de casación concebido en la mente del jurista como
un concepto abstracto debe entenderse como una institución procesal rigorista
más no formalista que posea unos lineamientos técnicos como cualquier otra
institución del derecho procesal.
La discordia entre individuos, la crisis de las instituciones, tienden a ser
resueltas a través de la vía procesal, para por medio de ésta resolver los
diferentes conflictos que resultan en el diario convivir del hombre , sin embargo
aunque siempre se busque que ambas partes obtengan un beneficio propio, en
la mayoría de los casos una de ellas queda siempre inconforme ante la
decisión de jueces y magistrados, que en ocasiones se contradicen en sus
decisiones y es aquí cuando es importante que en el momento de poner en
funcionamiento el recurso de casación, el máximo órgano judicial tenga claros
los parámetros a seguir ante la misión de unificar la jurisprudencia puesto que
es su deber velar por brindar la máxima seguridad jurídica a los ciudadanos.
Finalmente, creemos que la realización de este trabajo de grado nos permitió
tener una visión más amplia y fundamentada de la noción y naturaleza del
recurso extraordinario de casación laboral, de lo que en el fondo representa,
para así darnos cuenta de la importancia que este recurso tiene en el desarrollo
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de la justicia de un país, puesto que al ser utilizado con base en una técnica de
casación seria y estructurada brindará a todo el universo jurídico un sin número
de aportes para el desarrollo de las diferentes figuras legales que vía
jurisprudencia pueden ser interpretadas en beneficio de todas las personas.
No sobra advertir que aún falta bastante para que el recurso de casación en
materia laboral cumpla los propósitos establecidos con su regulación, pero
como dijimos anteriormente, la Corte Suprema de Justicia ha avanzado
bastante en cuanto a sus pronunciamientos logrando dictar sentencias de gran
importancia y relevancia para ir señalando un camino a seguir a aquellas
personas que ejercen la importante labor de impartir justicia, camino que debe
seguir siendo construido por las posteriores generaciones.
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