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Dr. Pedro Pablo Aguilar Coordinador El Referendo Revocatorio: Solución Política a la Crisis Nacional El presente Documento es un aporte del Grupo los Palos Grandes a la lucha democrática que con determinación y esperanza adelanta el pueblo de Venezuela en la presente etapa histórica.

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Dr. Pedro Pablo Aguilar Coordinador

El Referendo Revocatorio: Solución Política a la Crisis Nacional El presente Documento es un aporte del Grupo los Palos Grandes a la lucha democrática que con determinación y esperanza adelanta el pueblo de Venezuela en la presente etapa histórica.

Grupo Los Palos grandes. Coordinador: Pedro Pablo Aguilar. Documento: El Referendo Revocatorio: Solución Política a la Crisis Nacional. Caracas 12 de agosto del 2016

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El inspirador y coordinador de este Grupo de Acción Social

y Política, es el Dr. Pedro Pablo Aguilar quien subscribe, en

nombre del Grupo, este texto que ve la luz hoy 12 de

agosto del año 2016.

Grupo Los Palos grandes. Coordinador: Pedro Pablo Aguilar. Documento: El Referendo Revocatorio: Solución Política a la Crisis Nacional. Caracas 12 de agosto del 2016

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El Referendo Revocatorio: Solución Política a la Crisis Nacional

Caracas 7 de agosto del 2016.

Abdón Vivas Terán [email protected]

La Crisis actual

En la medida en que avanza el año 2016 la crisis, por la cual está atravesando el país, tiende

a desplegarse en forma cada vez más agresiva y abrumadora. Sus manifestaciones objetivas se han

extendido a lo largo y a lo ancho de la nación; afectan a todas las actividades y las estructuras ya

sean políticas, económicas, sociales y culturales. Perturban profundamente, de manera

ampliamente negativa, al Mundo de los Trabajadores, a la clase media y a los vastos sectores

populares perceptores de pequeños ingresos.

La crisis se expresa con impacto devastador en todos los aspectos relacionados con el

quehacer político, económico y social; es el elemento más común de conversaciones, reflexiones y

protestas. Calladamente, o con estridencia, va invadiendo cada espacio, cada retícula del tejido

social.

Conviene señalar que los sectores sociales y económicos, a los cuales hemos aludido en

párrafo anterior, son interdependientes. Tómese en cuenta, además, que estos sectores cortan

transversalmente a todo el tejido societario; vale decir, que existe una continua e íntima

vinculación entre las diferentes variables que operan en cada uno de ellos; el cambio de una

variable puede impactar severamente en otra potenciándola o debilitándola, sin embargo su

ponderación puede variar de un estrato socio económico a otro de manera significativa en casos

concretos.

El efecto de esta crisis sobre la nación, sobre el sistema político, sobre la estabilidad política

y social, sobre la posibilidad de seguir un curso de desarrollo auto sostenido es, por decir lo menos,

aterradoramente devastador.

En relación con la caracterización de la crisis, deseamos informar a nuestros lectores que el

Grupo Los Palos Grandes está terminando de elaborar un Documento sobre este tema política

mente crucial. Ofrecemos que en breves días lo entregaremos a la opinión pública y que tal escrito

está dirigido a afianzar y completar esta primera parte del presente Documento.

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Origen de la crisis

Esta crisis, aterradora, la más severa que ha experimentado la Nación a lo largo de toda su

historia, no es un hecho fortuito, aislado, que provenga de un elemento fatal y determinista de la

historia. Para nada se corresponde con esa apreciación del pensamiento marxista, revisado por el

Socialismo del siglo XXI, según la cual esta crisis es una nueva manifestación aguda de la lógica del

metabolismo del capital que re afirma, para este tiempo histórico, el carácter explotador del

Capitalismo y su indeclinable propósito de reproducirse a lo largo de sus ejes constitutivos

permanentes (Mészáros).

Tampoco es el resultado de una guerra económica desatada por la “derecha endógena”

contra el Régimen de Maduro; ni es el resultado de la acción del “imperio cruel” que busca destruir

al Oficialismo gobernante; y, mucho menos, resulta de la acción productiva, hecha a pulso y con

enorme esfuerzo, que llevan adelante los emprendedores privados venezolanos a los cuales el

Régimen endilga procaces descalificaciones cuando los llama “apátridas, especuladores y

acaparadores”.

El pueblo no se equivoca en su prístina apreciación sobre quiénes son, sin duda, los

responsables de esta catástrofe; en este juicio, como un hecho importante y significativo, la

voluntad del pueblo coincide con los ponderados juicios de sus intelectuales y académicos. Ésta

crisis terminal cae sin duda, a plenitud, en los enormes pasivos que el régimen Chavista-Madurista

le debe a la nación, al pueblo, a nuestras instituciones.

En apretada síntesis esta crisis terminal brota:

i. Del intento tozudo y sistemático que se realiza desde hace diez años de introducir en

nuestra sociedad, en nuestro sistema político, cultural y económico, y contra toda

racionalidad, un modelo fracasado con estrépito en todas las regiones del mundo donde se

pretendió instaurar, el denominado Socialismo que, en el caso de nuestro país se ha

calificado como socialismo del siglo XXI; en esta adaptación a Venezuela resultó ser una

mediocre combinación letal del pensamiento de Dieterich (el intercambio de equivalentes),

de Mészáros (la lógica del capital) y de las prácticas y estrategias políticas del régimen de

los Castro (inteligencia, represión, violación a los derechos humanos, destrucción del

aparato productivo etc.).

ii. De la profunda incompetencia de la burocracia gubernamental para entender tanto el

funcionamiento de una economía de mercado, como de un régimen centralmente

planificado. No conocen el complejo conjunto de leyes, principios y teorías que rigen estas

dos aproximaciones a la organización de la sociedad. Por supuesto que, de partida,

descartan la posible alternativa que surge del modelo de economía y sociedad humanistas,

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construida sobre el Bien Común y la dignidad de la persona humana, que proponen sectores

democráticos de la nación.

iii. En el entorno balizado por las razones anteriores es lógico que se hayan cometido, con

frecuencia, equivocaciones enormes, -índice de crasa ignorancia-, en materia de políticas

públicas, de ajustes estructurales, de políticas sociales, productivas, petroleras, económicas

sanitarias, tecnológicas etc.

iv. En ese mismo entorno hay que situar la permanente praxis del régimen del

desconocimiento del adversario como ser humano, de la destrucción de todo el entramado

institucional, de violación de la Constitución, de permanente irrespeto a los derechos

humanos y de represión violenta y en ascenso.

v. Como hecho importante hay que situar, además, la permanente adhesión del Régimen, en

una especie de relación neo-colonial, con respecto al Gobierno de la República de Cuba.

Primero, se deben satisfacer las aspiraciones económicas de aquel y, luego, si hay suficiente

las del pueblo venezolano.

En este cuadro, apremiante y severo, las elecciones legislativas del 6D señalaron un rumbo

esperanzador. El pueblo se pronunció por un voto castigo pero, más allá de esta aproximación,

podemos apuntar que el pueblo, que es en donde reside el poder en un sistema democrático,

solicitó un profundo cambio en el modelo que el Régimen trata de implementar. Ese cambio deberá

dirigirse hacia la creación de un modelo político de libertades, de seguridad, de progreso, de

auténtica participación popular en el poder.

De idéntica forma, el cambio debe estar dirigido hacia el progresivo despliegue de un

modelo económico que rescate la confianza de los ciudadanos en sus capacidades productivas; que

desate las fuerzas productivas de la sociedad arrinconadas e inhabilitadas por el modelo socialista;

que señale rumbos seguros hacia un desarrollo económico post rentista, auto sostenido, eficiente

y equitativo. Un modelo económico que devuelva al país su prosperidad, la seguridad de su

autoabastecimiento, el mantenimiento del valor de la moneda y la recuperación de los salarios

reales; que controle la incompetencia, el despilfarro, la burocratización y la corrupción que han

gangrenado hasta los huesos la gestión política y administrativa de la Revolución Bolivariana.

Hacia el Referendo Revocatorio

Esta dantesca crisis amerita inmediata respuesta. Por supuesto que existe un orden de

prioridades en la oportunidad y en la forma en que debe detenerse el proceso de deterioro de la

sociedad venezolana. Las preguntas son obvias: ¿Por dónde comenzar, en qué sector se debe

actuar en primera instancia? A esta angustiosa cuestión se responde, generalmente que, lo primero

que se debe hacer, es detener el deterioro del nivel de vida de las grandes mayorías de ciudadanos

que hoy ven que cada día que pasa sus ingreso pierden poder adquisitivo, que no consiguen los

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bienes y servicios que requieren, que hay colas, escasez, pobreza y miseria crecientes,

desabastecimiento y hambruna.

Ahora bien, cabe preguntar ¿Cuáles son las vías estratégicas posibles que, siendo

constitucionales, pacíficas y democráticas, estén disponibles a la fecha?

Toda la oposición democrática comenzó a discutir esta materia desde el año pasado y,

en particular, luego de la contundente victoria popular del 6D. Seis escenarios acapararon la

atención y fueron objeto de honda controversia; El denominador común de todos ellos es una

visión democrática, de participación popular, de unidad, de apertura e inclusión, de eficiencia

económica y de preocupación central por atender los intereses de los sectores más vulnerables

de la población. Esos escenarios fueron las siguientes:

i. Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

ii. Convocatoria a una Reforma Integral de la Constitución según lo establecen los Artículos

342º al 346º de la Carta Magna.

iii. Aplicación del Referendo Revocatorio al Presidente de la República de acuerdo con el

Artículo 72º de la Constitución.

iv. Diseño de una Enmienda a la Constitución de la Republica, según está contemplado en

los Artículos 340º y 341º, de la misma. Su objetivo será reducir el mandato del

Presidente a un periodo menor y prohibir la re elección indefinida de cualquier

funcionario público de elección popular.

v. La renuncia presidencial, de acuerdo en todo con el Artículo 233 de la Constitución

Nacional.

vi. La solicitud de presentación de la Partida de Nacimiento del Presidente Maduro para

constatar su nacionalidad efectiva y tomar, en consecuencia, las medidas que resulten

legalmente apropiadas.

Todo el complejo universo de la oposición democrática, tanto de la sociedad política como

de la MUD, se tomó algo así como tres meses en este debate. Solo para abril de este año se llegó a

una especie de acuerdo general mediante el cual, sin que se renunciara definitivamente a otras

vías, se accedió a darle prioridad a la iniciativa del referendo revocatorio como la opción

privilegiada para buscar una solución política al imprescindible proceso de transformación por el

cual clama la sociedad venezolana.

Así, la oposición prefirió abrir el procedimiento democrático encaminado a debatir sobre

cuál era la mejor solución política a la severa crisis que aflige a la nación; la alternativa hubiese sido

comenzar la activación del referendo revocatorio en enero mismo de este año con lo cual, tal vez,

se hubiese ganado unos tres meses adicionales de tiempo. En todo caso, sean las cosas como

fuesen, es el día 9 de marzo de este año cuando la MUD solicita del CNE el formato oficial de la

planilla que se deberá utilizar para aplicar en la recolección del 1% de las firmas necesarias para

iniciar la primera fase del referendo revocatorio.

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Por cierto que este 1% solicitado, así como esta fase, no son constitucionales; no forman

parte de los Artículos 70º y 72º que constituyen la base constitucional para la activación del

referendo revocatorio. Sin embargo, si aparecen en los requisitos de activación de los referendos

tal como consta, en la disposición tomada por el CNE el año 2007, que fue recogida en la Resolución

Nº 070906-2770. Esta Resolución se refiere a las Normas para Regular la Promoción y Solicitud de

Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular.

En esencia se trata que, para que una organización con fines políticos como la MUD, pueda

promover el referendo revocatorio, debe demostrar en primer lugar que cuenta con el apoyo de

por lo menos el uno por ciento (1%) de los electores en cada uno de las circunscripciones estatales

de la República.

El Régimen Comienza a Cerrar la Vía del Referendo Revocatorio

A partir de ese momento, 9 de marzo de este año, comienza para la oposición unitaria una

carrera de obstáculos en la activación del RR. Estos obstáculos son cada vez más grandes y más

amenazantes; los va colocando el Régimen con periodicidad frecuente y están dirigidos a

desanimar, desestructurar y amedrantar a la militante y democrática oposición venezolana. Estos

obstáculos son, en realidad, una primera línea ofensiva de ataque del Régimen frente a la

inapelable decisión, que ya está en la mente y el corazón de la mayoría popular, de revocar el

mandato concedido al Presidente Maduro.

Nada le importa al Oficialismo que el Artículo 70º de la CRBV consagre al referendo

revocatorio como uno de los instrumentos claves de la participación y del protagonismo del pueblo

en ejercicio de su soberanía y que, en el Artículo 72º, se establezca que todos los cargos públicos

de elección popular son revocables. No toleran opiniones discrepantes de la oposición

democrática; tampoco admiten las que puedan surgir hacia el interior de partidos, organizaciones

o agrupaciones que se sienten cercanas al socialismo pero que discrepan de las políticas de Maduro

y de su entorno y de la prepotencia con la cual estos dirigen el poder. A los socialistas oficialistas

no les importan las consideraciones constitucionales, programáticas y principistas; les interesa tan

solo aferrarse al poder aun cuando deban hacer mofa y desconocimiento de los derechos

consagrados en la Carta Magna para defender las personas y las comunidades.

Esta primera línea de ofensiva del Régimen está pensada en la idea de posponer, impedir o

retrasar, deliberadamente, la fecha del referendo revocatorio. Se trata de que este no se realice, o

se realice tan tarde, de manera que sus resultados no tengan efecto en la sustitución del Presidente

actual de la Republica; vale decir, que sí, de alguna manera el referendo llegara a realizarse, se

haga cuando el Gobierno entre en los dos últimos años de su gestión política-administrativa.

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Debemos señalar, para que nos sirva de advertencia, ayuda y estímulo para fortalecer la

línea de oposición, que en el despliegue de esta primera fase, el Gobierno ha resultado exitoso en

su propósito nefando de retardar la fecha para la realización del referendo revocatorio.

En efecto, un trámite relativamente simple, nos referimos a este del 1%, que de acuerdo a

la Resolución Nº 070906-2770 ha debido aprobarse y resolverse en cuarenta días, cuando más, se

ha tomado, en manos del CNE, la bicoca de 144 días que transcurrieron entre el 9º de marzo y el

1º de agosto de este año. Para más precisión a este respecto citaremos de seguida la información

que nos trae el Dr. José Ignacio Hernández en su artículo ¿Qué viene ahora en el Referendo

Revocatorio? publicado el 2º de agosto pasado. Dice así a este respecto: “En la declaración de la

Presidente del CNE se indicó que ese Consejo había dado cumplimiento a los plazos previstos en la

Resolución N° 070906-2770. La realidad es muy distinta. Si sumamos todos los días, de acuerdo con

la Resolución, la fase del 1% ha debido tardar como máximo un total de 41 días. Sin embargo, desde

el 9 de marzo, cuando la MUD solicitó la planilla para recolectar las manifestaciones de voluntad,

hasta el 1° de agosto, el CNE tardó un total de 145 días. Esto significa que por cada día del lapso

legal, el CNE agregó tres días y medio más. La conclusión salta a la vista: el CNE incumplió los lapsos

correspondientes a la etapa del 1%”.

El único apuntamiento adicional que, en relación con el párrafo anterior debemos hacer, es

que no se trata solamente que el CNE incumplió los lapsos; el tema es que hay una estrategia

organizada con un propósito muy definido. Se trata de impedir, a todo riesgo, que se pueda

convocar el Referendo Revocatorio. Es una decisión planificada, orquestada y llevada adelante por

el poder electoral y el poder judicial, dirigidos desde el poder ejecutivo, para desconocer la

voluntad popular, arrinconar la Constitución y aferrarse con garras y dientes al poder para aplicarlo

a sus propios fines cualesquiera que ellos puedan ser.

Además, el Régimen ha abierto otras dos líneas ofensivas de ataque. Estas han sido

anunciadas por el Alcalde de Libertador Jorge Rodríguez quien, en esta tarea, ha estado

permanentemente asistido por Tareck El Aisamni, Diosdado Cabello, y Francisco Ameliach entre

otros. Por la primera, Jorge Rodríguez anuncia, dice hablar en nombre del PSUV y del Gran Polo

Patriótico, que él como la Dra. Lucena, a través del Ministerio Publico, procederá a acusar de fraude

a los actores políticos que intervinieron en esta primera fase del proceso del revocatorio. Por la

segunda ha anunciado, asimismo, que solicitará al CNE que declare la nulidad de la inscripción de

la MUD como partido político.

Frente a tales desaguisados y exabruptos las fuerzas opositoras han reaccionado con

sutileza y firmeza. Han anunciado que seguirán en su tarea, que fortalecerán la vía de la protesta

popular y que arreciarán su campaña para que sea posible que se exprese con claridad la voz de la

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voluntad nacional en el revocatorio. Han decidido seguir empujando el referendo revocatorio por

cuanto lo entienden como la certeza de la sustitución del gobierno mediante procedimientos

democráticos y constitucionales.

Los venezolanos han dado, en esta primera fase de la recolección del 1% de las firmas,

cumplimiento a las normas constitucionales y han llegado hasta el extremo de procurar atender

los sospechosos requerimientos de las autoridades electorales; su paciencia, no obstante, está

llegando al límite de la tolerancia.

Segunda Fase en el Referendo Revocatorio

Una vez concluida la recolección del 1% de las firmas, ya han comenzado a correr los lapsos

para la segunda fase. Se trata, ahora, de la recolección de firmas en un número no menor del 20%

de electores y electoras, inscritos en la circunscripción nacional; esto será suficiente para solicitar

la convocatoria del referendo necesario para revocar el mandato del Presidente de la Republica.

Esta fase está demostrando ser, probablemente, la más crucial de este complejo proceso en el cual

el régimen está demostrando su desprecio por la voluntad popular hasta el extremo que, cada día

que pasa, disminuye más su prestigio, la cota de apoyo que alcanza ahora es mínima y los niveles

de desaprobación de su gestión, de sus liderazgos y de sus políticas tiende a elevarse como reacción

a los disparates que cometen desde las alturas del poder.

De acuerdo a la resolución, que hemos citado, ésta segunda fase deberá consumir

aproximadamente no más de treinta y ocho días. Es decir que deberá haber concluido para el nueve

de setiembre próximo. En estas semanas que vienen, la oposición jugará una apuesta muy fuerte.

Debe seguir incansablemente la convocatoria de la voluntad popular, realizar mítines, reuniones

nacionales e internacionales, jornada de concertación y de acuerdos internos. Al mismo tiempo

debe poner a punto las maquinarias políticas en cada estado para que procedan a actuar con ilusión

y alegría en el proceso de recolección de firmas.

En los momentos en que revisábamos la versión final de este Documento, dirigido a la

oposición venezolana, ha salido al aire la declaración de Tibisay Lucena en relación con la definición

de la fecha para la recolección de las firmas del 20% del Padrón Electoral.

Fue una larga y complicada intervención. Carente de bases políticas y de metodología

expositiva, Creemos que, con seguridad, la hizo ininteligible con propósito deliberado. Parecía

actuar como un agente del PSUV y no como Magistrada de uno de los poderes del estado. Sus

conclusiones, en esencia, sirvieron para ratificar que el régimen está decidido a impedir la

realización del referendo revocatorio y, en consecuencia, la manifestación de la voluntad popular.

Tal es nuestra tesis en este Documento.

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El CNE decidió retrasar por un lapso de 51 días, sin apoyo en ninguna norma constitucional

ni tan siquiera académica, el acto de convocatoria para recolectar el 20% de las firmas. Este evento,

de acuerdo con las propias normas emitidas al respecto por el CNE, ha debido pautarse para el 9,10

y 11 de setiembre; sin embargo, la Rectora, junto a su equipo, ha decidido diferirlo para,

aproximadamente, el 30 de octubre. Empleamos esta última expresión por cuanto la Rectora no

estableció, creemos que esto es también deliberado, una fecha precisa para la recolección de las

firmas mencionadas. La estrategia de impedir el referendo y de impedir, al mismo tiempo, que se

manifieste la voluntad popular sigue el ritmo previamente acordado entre los actores políticos

básicos del régimen.

La oposición sostiene que estas actitudes son maniobras antidemocráticas y anti populares.

El referendo revocatorio puede hacerse en este año del 2016; la recolección del 20% de las firmas

puede hacerse antes de la fecha anunciada por la Rectora porque ello: “Es técnicamente posible,

políticamente pertinente y porque es socialmente indispensable”. El referendo está en manos de

la gente y la recolección será masiva. Por este mismo motivo la oposición afirma que mantendrá la

convocatoria a manifestar el 1 de septiembre.

La oposición informa, además, que el CNE ha dirigido en el cercano pasado casos de

convocatorias electorales con lapsos menores a los cuarenta días para la realización de todo el

proceso. Señalan, como ejemplo, la elección del actual Presidente y la auditoría y cuantificación de

las firmas recogidas por el PSUV para rechazar el decreto de Obama de Abril del año 2015 y que

fueron presentadas ante el CNE el 9 de ese mismo mes.

En este último evento, la Rectora Lucena recibió las cajas que contenían las firmas recogidas

para tal propósito a las 9 am y a solo tres horas más tarde anunció, con estentórea y potente voz,

que su Institución, el CNE, había auditado todo el material y validaba como legitimas nada menos

que el 98,3% de las firmas las que, según ella, llegaban a aproximadamente diez millones de

personas.

La pregunta es obvia: Si en aquella oportunidad el CNE fue tan eficiente, tan excelente en

el cumplimiento de sus tareas, ¿qué le impide hacerlo tan rápido, en el caso del referendo

revocatorio, como lo hizo entonces?

De estas breves observaciones se desprenden la politiquería, las maniobras, el

desconocimiento de la voluntad del pueblo, el cinismo y la cara dura con que manejan los

magistrados electorales las urgentes e importantes atribuciones que la Ley les confiere.

En todo caso, en el desenvolvimiento de esta lucha, la oposición debe estar atenta a que

solo dispone de tres días para realizar esta recogida de voluntades que roza las cuatro millones de

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firmas. Debe estar atenta a que el Gobierno no minimice el número de máquinas de votación, ni

de centros electorales que se requieren para que este proceso pueda ser realizado. Debe estar

prevenida para impedir que, durante esos tres días, se coloquen alcabalas, obstáculos en las vías,

se creen situaciones conflictivas todo ello en orden de detener, ralentizar o disminuir el número de

ciudadanos que desee asistir a los centros de votación para consignar su voluntad de apoyar la

convocatoria del referendo. En fin, ejecutar con persistencia y vocación una intensa, ardua,

agotadora jornada política de la cual podrá salir airosa la idea democrática, la voluntad popular y

la esperanza de comenzar un cambio profunda hacia una democracia integral, progresista,

eficiente y liberadora.

A estas alturas es conveniente señalar que, de tener resultados favorables en la segunda

fase del proceso del revocatorio, quedan aún por delante otras y muy complejas etapas: La fijación

de la fecha para el referendo, las condiciones para la campaña electoral. Más allá de estos eventos,

de ser aprobado el referendo revocatorio, resta encargarse, el Presidente de la Asamblea Nacional,

provisionalmente de la Presidencia de la Republica; debe procederse de inmediato a la

consiguiente elección de los candidatos a competir por la magistratura presidencial; esta elección

es inescapable ya que, la aprobación del revocatorio del mandato, equivale, según el Artículo 233º

de la CRBV, a la ausencia absoluta del Jefe del Estado. Quien resulte electo ejercerá la Presidencia

de la Republica hasta la finalización del mandato constitucional.

¿Qué podemos hacer frente a estas realidades?

Debemos reflexionar sobre que opciones tiene abiertas la oposición frente a esta estrategia

oficialista, constituida por las tres líneas ofensivas de ataque que hemos analizado.

No la tiene fácil la oposición democrática. Su rango de acción está claramente acotado por

la Constitución, por su fe democrática y por su carácter pacífico. Dentro de ese espacio bien

delimitado queda, eso nos parece, agotar algunas líneas tácticas que pueden probablemente rendir

un óptimo fruto. Así en el plano del clima político polarizada y efervescente del país ella podrá:

i. Redoblar sin cansancio, con optimismo, con ideas originales la movilización en la calle de

sus efectivos democráticos. Calle y más calle es una buena fórmula para expresar esta idea.

Se trata de mantener a los ciudadanos en un reclamo constante, pacífico y apegado a la Ley

para defender el derecho, elemental y simple en una democracia, de que se pueda expresar

la voluntad popular. El acto convocado por la MUD para el 1º de setiembre es una buena

oportunidad para calibrar la capacidad de movilización de esa Institución y para medir el

grado de apoyo, calor y compromiso de los ciudadanos en la defensa de la democracia y en

el sueño de una nueva administración que desarrolle una economía sana y productiva.

ii. La oposición, MUD y sociedad civil, deben enviar de inmediato y con urgencia múltiples

comisiones constituidas por sus dirigentes principales para que visiten América Latina, los

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Estados Unidos, México, Canadá, la Unión Europea, sus principales capitales y los órganos

comunitarios, la Republica Rusa, Japón, la República Popular China, la India, las principales

naciones del África, Oceanía etc. Se debe llevar un mensaje breve, claro, contundente

acerca de lo que está aconteciendo en esta afligida Venezuela. De la misma manera debe

declararse un trabajo permanente de contacto con todas las Misiones Diplomáticas

acreditadas en Venezuela; informar a sus embajadores, proveerlos de material impreso,

estar prestos a evacuar consultas y preguntas. Todo dirigido a que este mundo diplomático

clave esté al día informado, y en capacidad de elaborar informe y juicios, sobre la situación

política real de la República con fundamento y verosimilitud.

iii. Plantear al Gobierno realizar al menos tres debates, transmitidos por todos los medios de

comunicación social del país, entre el Presidente de la Republica y quien la MUD escoja a

este respecto para representarla. En ellos se dialogará sobre la conveniencia o la no

conveniencia de convocar el referendo revocatorio y sobre cualquier otro tema que los

partes estimen útil y conveniente. Dada la capacidad dialéctica que ha demostrado el

Gobierno, esta sería una excelente oportunidad para que este pudiera avanzar hacia el

convencimiento a los ciudadanos que sus tesis, para detener y ralentizar el referendo

revocatorio, son correctas. La MUD tendrá, por supuesto, la opción alternativa. Sería un

hecho histórico ver, oír y analizar debates tan extraordinarios y oportunos.

iv. Intensificar una poderosa ofensiva dirigida a realizar foros, conferencias, exposiciones

sobre el referendo revocatorio con académicos, universidades, asociaciones, gremios,

estudiantes, jóvenes, mujeres, trabajadores y, en general, con la sociedad civil. El propósito

es organizar los cuadros y fortalecer con éxito al referendo revocatorio como la más sencilla,

rápida, incruenta, pacífica y constitucional vía disponible en el país para realizar el cambio

del gobierno que tenemos.

v. Proponer e impulsar una ronda de conversaciones abiertas, francas, esclarecedoras con

aquellas instituciones y personalidades que, estando ubicados en la esfera socialista,

pueden tener discrepancias tácticas con el Régimen del Presidente Maduro. Escucharse

mutuamente, conocerse, aprender a entender opiniones divergentes es una excelente

experiencia en cualquier actividad humana en especial en la acción política que es, al fin y

al cabo, la que tiene como propósito servir al Bien Común.

Por otro lado a la MUD, sugerimos, tomar algunas otras medidas, dirigidas hacia el

interior de esa organización, que tiendan a fortalecerla y, al mismo tiempo, a hacer más

viable, pese a las estrategias del Régimen, la viabilidad política del referendo revocatorio.

Dentro de este aspecto sugerimos:

vi. Potenciar la unidad de criterios en la MUD. Todos sus partidos, sus líderes y sus militantes

deben empujar en la misma dirección: La del referendo revocatorio.

vii. Posponer, en cuanto sea posible, las naturales y legítimas aspiraciones hacia presidencias,

gobernaciones, cuerpos legislativos y alcaldías. Todo esto está bien cercano en el tiempo.

Pero nada se pierde, por el contario mucho se gana, si la MUD logra concentrarse en el

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referendo revocatorio y tiene ella y las instituciones que la conforman la grandeza histórica

de posponer aquellas aspiraciones y arrimarse en racimo al indispensable éxito del

revocatorio.

viii. La MUD debe activarse con toda fuerza hacia fortificar sus relaciones con la sociedad civil.

Nadie mejor que ella ni tan capacitada, para llevar adelante una profunda campaña que

despierte simpatías y comprensión por esa compleja medida estratégica de activar el

referendo revocatorio.

Implicaciones electorales de la estrategia del Gobierno

El objetivo estratégico del Gobierno que, como venimos analizando, consiste en impedir, o

al menos ralentizar, la realización del referendo revocatorio hasta que su eventual aplicación no

tenga efectos sobre la necesidad de elegir un nuevo Jefe de Estado, posee un probable efecto

colateral que debe puntualizarse.

Se trata que, si el Gobierno tiene éxito en este propósito, ello equivale sin duda a arrinconar

la Constitución, anular en la práctica las disposiciones de la Carta Magna sobre el derecho popular

a la participación y al protagonismo e impedir que se exprese la voluntad del soberano en

elecciones libres y democráticas mediante el uso de manipulaciones y subterfugios. Cualquier

ciudadano tiene derecho a pensar, en consecuencia, que el Régimen puede aplicar estrategias

parecidas en cualquier otro proceso electoral que se avecine. En cualquier evento de esta

naturaleza el Gobierno va a ser derrotado. Es decir que estamos aproximándonos a una situación,

o entorno político, en el cual el Régimen podrá suspender cualquier proceso electoral si observa

que en él puede perder y si hacerlo está dentro de sus rangos de operatividad.

Apuntamos, como es lógico, a que en Diciembre de este año, y según lo señala el artículo

160º de la CRBV, deben realizarse elecciones para la renovación de los gobernadores de cada

estado del país. Obviamente existen diferencias muy importantes entre la elección de

gobernadores y la realización de un referendo revocatorio, pero no hay duda alguna sobre la

similitud en un punto básico: Ambos eventos consagran la voluntad del soberano, la voluntad

popular, como el elemento crucial de decisión de escogencia para los magistrados que han de

dirigir el estado. Dado, toda la argumentación que en este tema estamos desarrollando, los

ciudadanos pueden, y tienen el derecho a preguntarse, si el Régimen estará por casualidad

pensando también en ralentizar o impedir este proceso electoral de los gobernadores de estado

en los que, como despliega hoy el clima político del país, el Gobierno será inevitablemente

derrotado. Esperamos sobre este punto, antes de hacer juicios adicionales, la respuesta de las

autoridades ejecutivas que hoy están dirigiendo los asuntos de la nación.

Grupo Los Palos grandes. Coordinador: Pedro Pablo Aguilar. Documento: El Referendo Revocatorio: Solución Política a la Crisis Nacional. Caracas 12 de agosto del 2016

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Conclusión

Amigos de la oposición democrática, les deseamos éxito en las delicadas tareas que hoy

ejecutan a nombre del país. Que esto se refleje en un mejoramiento del clima político, en un

retroceso de la aguda polarización que hoy existe y en el retorno de la esperanza en que

superaremos esta terrible crisis que hoy se ha abatido sobre la nación.

Pedro Pablo Aguilar [email protected]