en industrias extractivas y la responsabilidad social … · multinacionales y la política social...

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EL MINEM Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

CAPITULO I

1. Marco conceptual 1.1. La responsabilidad social1.2. La responsabilidad social corporativa

CAPITULO II

2. Responsabilidad social empresarial en el mundo 2.1. Principales instrumentos de RSE2.2. Principios generales2.3. Declaración tripartitaria de principios sobre empresas multinacionales y la política social de la OIT 2.4. Los 10 principios del pacto global de la ONU

CAPITULO III

3. El MEM y la responsabilidad social 3.1. La Dirección General de Gestión Social 3.2. La creación de la Oficina General de Gestión Social3.3. Organización de la Oficina de Gestión Social 3.4. Contribución de la OGGS al desarrollo sostenible

CAPITULO IV

4. Promoción de la Gestión Social 4.1. Promoción de políticas de responsabilidad social gubernamental 4.2. La primera norma de responsabilidad social 4.3. La participación ciudadana4.4. Comisión Multisectorial para Áreas de Influencia de los Lotes 1AB y 84.5. Comisión para el desarrollo sostenible de la cuenca del rio Urubamba4.6. Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI) 4.7. Actividades de hidrocarburos y reservas indígenas: Protocolos de actuación4.8. Diálogo tripartito 4.9. Diálogos tripartitos: Balances y proyecciones4.10. Sistemas de seguimiento y alerta temprana - SSAT4.11. Los fondos sociales4.12. La iniciativa de transparencia de las industrias extractivas (EITI)4.13. Mejores prácticas corporativas para las actividades del Subsector Hidrocarburos CAPITULO V

5. Actividades varias

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INDICE

: JORGE HUMBERTO MERINO TAFUR: GUILLERMO SHINNO HUAMANI: DICKY EDWIN QUINTANILLA ACOSTA: TÁBATA DULCE VIVANCO DEL CASTILLO

MINISTROVICE MINISTRO DE MINERIAVICE MINISTRO DE ENERGIASECRETARIA GENERAL

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

"EL MINEM Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INDUSTRIAS EXTRACTIVAS”

HERNANDEZ CAHUA JOSE ASIN CHUMPITAZ CESAR

PEREZ CAMARENA ROLF KENT

MEZA DEL CAMPO LORENA ANDREA

TRIGOSO ALCA FERNANDO ANDRES

VIDALON MOGNASCHI MARCOS DANIEL

CABRERA OLIVA CARLOS

CASTILLO TORRES FERNANDO WILDER

CHAVEZ FALCON WUIDO BRUCE

DEL ALCAZAR CHAVEZ MARTIN ELIAS

OFICINA GENERAL DE GESTION SOCIAL

DIRECTOR : FERNANDO WILDER CASTILLO TORRES

COMITE EDITOR

COLABORADORES

Inversión, responsabilidad e inclusión social

Uno de los aspectos fundamentales de toda inversión responsable es el trato adecuado a las comunidades en las áreas de influencias de los proyectos u operaciones. Este concepto está basado en el esfuerzo para un manejo adecuado, promocional, preventivo y comprometido de todos los actores sociales: Estado, empresas, comunidades, para construir climas de paz social que permitan la llegada de capitales y el desarrollo de proyectos que contribuyan al crecimiento económico y desarrollo del país.

En la actualidad, la prevención de conflictos y el manejo de relaciones armoniosas con las comunidades cobra relevancia en todo el mundo, sobre todo tratándose del desarrollo de actividades como la minería, la energía, que tiene gran impacto en nuestras economías y que son, sin lugar a dudas, la columna vertebral para nuestro crecimiento sostenido y sostenible.

Conscientes de estos desafíos, desde el Ministerio de Energía y Minas hemos emprendido un arduo trabajo de facilitación e intervención en los procesos de promoción de inversiones, acercando posiciones e intereses entre Estado, empresas y comunidades que está dando como resultado el avance a paso firme en la ejecución de proyectos, el crecimiento de la minería y la seguridad energética garantizada.

Es una nueva forma de encarar la demanda de recursos para lograr la inclusión social de grandes sectores en situación vulnerable. Estos aspectos están plasmados en nuestro accionar cotidiano, que sumado al firme compromiso con el país, me permite presentar el documento que expone de forma sistemática los Mecanismos de Responsabilidad Social que viene promoviendo nuestro sector, en la búsqueda permanente de mejor calidad de vida de todos los peruanos.

Jorge Humberto Merino TafurMinistro de Energía y Minas

CAPITULO I

A casi dos años de haber iniciado el proceso de fortalecimiento de las capacidades

para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Oficina General de

Gestión Social, podemos decir que se ha reafirmado su decidida contribución a la

gestión que viene realizando el Ministerio de Energía y Minas, como ente rector de

la promoción del desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras,

impulsando la inversión privada en un marco global competitivo, preservando el

medio ambiente y facilitando las relaciones armoniosas del sector.

En ese marco, y considerando los enormes esfuerzos que vienen realizando todas

las instancias del MINEM, así como otros sectores y niveles de gobierno en el

nuestro país, a fin de materializar el concepto de la Nueva Minería; la OGGS viene

realizando acciones preventivo promocionales bajo los enfoques de

Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, las cuales tienen como principal

objetivo establecer marcos de actuación estratégica multiactor con presencia del

Estado, empresas extractivas y las comunidades del entorno geográfico de las

mismas, de manera que sirvan como soporte sostenible para las relaciones en los

proyectos del sector minero-energético.

Estas acciones, intervenciones y estrategias, alineadas a la Nueva Minería

promueven el desarrollo de la sostenibilidad social, económica y política en los

proyectos competencia del MINEM. El manejo adecuado, efectivo, respetuoso y

temprano de estas relaciones Empresa - Comunidad, deben tener como

fundamento la sostenibilidad, el valor agregado social y la responsabilidad

voluntaria.

Por lo mismo, las acciones que se detallan en este documento que presentamos,

evidencian esos fundamentos y exponen propuestas de acción, que desde el

Estado se vienen desarrollando a través del diseño de mecanismos y

herramientas para la promoción del desarrollo sostenible y las relaciones

armoniosas entre empresas y comunidades involucradas con proyectos del

sector, la promoción y seguimiento a las acciones de sostenibilidad social y

ambiental de las empresas del sector, la implementación de espacios para la

promoción del desarrollo local en las zonas aledañas a las operaciones minero-

energéticas, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas EITI -

Perú, los Fondos Sociales y los talleres informativos.

De esta manera, reafirmamos el compromiso que tiene el sector con la Sociedad

Peruana, a la cual tiene el privilegio de servir y aportar a su desarrollo en forma

creativa, sostenible, eficaz y responsable.

Msc. Econ. FERNANDO CASTILLO TORRES Director General de la OGGS

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1.1 La Responsabilidad Social

1. Marco Conceptual

El desarrollo de las actividades extractivas en nuestro país provoca impactos de todo signo y en diversos aspectos de nuestra vida diaria. El ámbito normativo de nuestro país no podría estar ajeno a esta dinámica.

Los requerimientos a nuestro marco normativo están, ahora, orientados a nuevos aspectos, como la competitividad y el desarrollo de las garantías ambientales y tecnológicas de las actividades extractivas. En el mismo sentido, el reconocimiento de las particulares calidades socioambientales de nuestro país nos ha llevado a desarrollar una regulación garantista y de formalización de las características de las actividades extractivas.

Si bien la normativa pública reconoce las restricciones de su injerencia en las actividades privadas y está orientada a la previsión, una propuesta marco desarrolla para el ámbito nacional una mayor cantidad de compromisos. Estos últimos atañen a la calidad de vida y al comportamiento responsable de los colectivos empresariales tanto para consigo mismo como para su entorno.

En este sentido, las actividades empresariales se encuentran en un nuevo estadio de desarrollo, para lo cual se están implementando, activamente,

Según la ISO 26000 la Responsabilidad Social (RS) son "Acciones de una organización para tomar las responsabilidades por el impacto de sus actividades sobre la sociedad y el medioambiente, donde estas accio-nes: son consistentes con los intereses de la sociedad y el desarrollo sustentable; están basadas en el comportamiento ético, el cumplimien-to de las leyes y diversos instrumentos intergubernamentales; y deben estar integradas en las actividades corrientes de la organización."

Así, podemos mencionar que la responsabilidad social no es solo una actividad empresarial o privada, sino que también puede ser propia del Estado, en lo que respecta a sus acciones tanto como ente público promotor del desarrollo como en sus actividades empresariales. Es, también, de considerar que las actividades de responsabilidad social implican una fuerte carga inclusiva, que incorpora la participación de los diferentes actores locales y regionales (públicos y privados).

Si bien este nuevo entorno ha provocado una modificación en los marcos normativos, públicos y privados, es también necesario reconocer que este es un proceso de permanente cambio. En consecuencia, la normatividad de la RS es, todavía, una tarea por concluir, con una perspectiva que signifique una inversión de calidad para los sectores de las actividades extractivas y que implique una mejora cualitativa de los estándares de vida de la población, así como una mejora de las capacidades para afrontar el desarrollo en estas nuevas circunstancias.

Esto nos debe llevar, también, a reflexionar que, en los diferentes ámbitos de la actividad económica local, estamos convirtiéndonos de un país con escasez de recursos económicos a uno con reservas capaces de impulsarlo a una condición cualitativamente superior. La estructura normativa e institucional de nuestro país ha estado organizada para la administración de escasos recursos, pero en el

acciones que implican una relación de trabajo en armonía, tanto con su entorno como con su interno. De este modo, se implementa la denominada responsabilidad social empresarial (RSE), que viene también siendo asumida, efectivamente, por instituciones públicas (estatales) en sus diferentes niveles y ámbitos de intervención.

El MINEM y la Responsabilidad Social en Industrias ExtractivasEl MINEM y la Responsabilidad Social en Industrias Extractivas

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Responsabilidad Social en relación con el Estadomomento presente esta institucionalidad debe orientar su filosofía hacia la inversión de recursos y la inversión en condiciones de existencia. De este modo, será posible pasar de una economía de crisis a una de promoción de desarrollo sostenible y con un uso óptimo de los recursos existentes.

Sobre la base de lo mencionado, podemos hacer algunas afirmaciones: La Responsabilidad Social (RS) es ahora parte del desarrollo de políticas y

gestión estratégica de recursos, tanto para el sector público como el privado.

La RS requiere que las entidades que implementan estas políticas cumplan, básicamente, con sus obligaciones establecidas en la normatividad nacional, sin que esto sea obstáculo para su desarrollo en normas internas.

Las instituciones que desarrollan acciones de RS privilegian su inversión en el desarrollo de capacidades y competencias, tanto de sus integrantes como del entorno en el que desarrollan su actividad.

La RS implica actividades que significan un desarrollo mayor de las obligaciones básicas de seguridad laboral y social para las poblaciones y trabajadores de cada empresa y del entorno antrópico y natural.

La disciplina del derecho ha venido desarrollando normativa referida a RS de manera dispersa y no explicita. En la actualidad, los esfuerzos por desarrollar un corpus normativo especializado están aún en proceso, pero ya contamos con normativa que, específicamente, regula la RS como una práctica regular y reconocida de las instituciones públicas y privadas.

Visto el panorama actual, podemos indicar que, frente a la existencia de las acciones de RS, se hace necesario desarrollar normatividad concordante y sistemática sobre RS que sea capaz de promover estas prácticas por las empresas desde una base de estándares garantizados por la normatividad y una gestión eficiente.

Para el desarrollo normativo e institucional, la RS debe construir un marco conceptual operativo que le permita desarrollar sus propuestas, con lineamientos conceptuales claros que permitan desarrollar indicadores eficaces de gestión y resultado.

Como regulador, deberá definir con claridad las normas para alcanzar los siguientes puntos:

El desarrollo de actividades cuidadosas con el medio ambiente que sean compatibles con los estándares internacionales

Garantizar la asunción de la responsabilidad de la empresa frente a los impactos ambientales que pueda causar su actividad

El desarrollo de condiciones laborales respetuosas de los derechos de los trabajadores y que permitan su desarrollo integral

Garantizar el cumplimiento del nivel de calidad de los productos y servicios ofrecidos por las empresas

La transparencia y difusión de información pertinente Desarrollar acciones de supervisión, monitoreo, fiscalización y sanción

necesarias para el cumplimiento de los estándares establecidos

Como ejecutor de obras o inversiones, deberá ejecutar lo siguiente:

Respetar y cumplir las mismas normas que la empresa privada Desarrollar acciones que no solo no dañen al medio ambiente, sino que

promuevan su protección y recuperación Desarrollar condiciones laborales respetuosas de los derechos de los

trabajadores y que permitan su desarrollo integral Promover la inclusión, la equidad de género, la igualdad de acceso a

oportunidades

Como parte de su responsabilidad social, el Estado tiene que asumir una actitud más proactiva, en relación con el rol que le compete. De este modo, podrá promover la mejora de calidad de vida de la población y generar las condiciones para propiciar el comportamiento responsable de las empresas privadas.

De acuerdo con ISO 26000, el Estado puede contribuir eficazmente con la responsabilidad social asumiendo cabalmente los siguientes roles:


Resumiendo, la responsabilidad social del Estado se plasma en un cabal desempeño de sus funciones para "regular", "promover", "sensibilizar", "acompañar", "vigilar" y "dar el ejemplo". Asimismo, se debe implementar una gestión transparente en todos los aspectos que le compete. El Estado es la única entidad con poder para promulgar y hacer cumplir las leyes. La publicación de la NTP-ISO-26000 es una oportunidad para que el Estado la use, como referencia, en la formulación y justificación de políticas que permitan apoyar y promover la adopción de la responsabilidad social por parte de las organizaciones públicas y privadas, y de la sociedad civil organizada.

Lograr que en el sector minero, de hidrocarburos y electricidad sean cada vez más las empresas que asuman un comportamiento socialmente responsable requiere que el Estado defina reglas claras, establezca estímulos y sensibilice al operador sobre la oportunidad que significa adoptar dicho comportamiento. Ello se enmarca en

Fortalecer la presencia del sector y contribuir con el desarrollo de capacidades de los funcionarios regionales: esto permitirá que los mismos conozcan bien la normativa y derechos de los peticionarios y puedan difundir apropiadamente los derechos que les corresponden. Solo así se puede mantener informado al titular de la operación respecto de sus derechos y obligaciones.

Desarrollar esfuerzos para relacionarse con la población, como parte de su preocupación real por el desarrollo local: se debe también promover la educación de la población en el ejercicio de sus deberes y derechos. Ello significa, además, promover el respeto por las culturas y prácticas locales como una forma de respetar e integrar, en la medida de lo posible, sus cosmovisiones y la educación en el manejo de temas ambientales y los alcances de la actividad minera, de hidrocarburos y electricidad.

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En relación con las acciones colaborativas

Establecer una relación colaborativa implica de parte de cualquier actor involucrado la decisión de establecer relaciones basadas en el respeto, la identificación de áreas comunes de acción y la transparencia en su gestión. Como base para buenas relaciones, es importante tener en cuenta los siguientes factores a modo de buenas prácticas:

Como consumidor de bienes y servicios, deberá realizar lo siguiente:

Promover la compra de productos y servicios locales Darle preferencia a aquellos proveedores que hayan cumplido las

regulaciones sociales y ambientales establecidas en las normas Promover un comportamiento racional de consumo, de prácticas de

reutilización y ahorro en la sociedad en general

términos de competitividad y construcción de alianzas beneficiosas con los diferentes grupos de interés involucrados en sus actividades.

El éxito de la gestión social y ambiental de la empresa extractiva no reemplaza ni exime la responsabilidad del Estado. Cualquier iniciativa que realice el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para promover la práctica de la RSE debe tener presente que existen aspectos importantes que requieren ser resueltos y que son responsabilidad del Estado, tales como:


En relación con la calidad de inversiónLa decisión sobre el destino de las inversiones debe haber sido tomada de manera consensuada con la población. Ello debe tener en cuenta lo siguiente:

Ser el resultado de un proceso de participación ciudadana. Responder a una necesidad real de la población: en la medida de lo

posible, debe ser resultado de una carencia identificada en la línea de base social o formar parte de las propuestas de los Planes de Desarrollo Concertado (local, distrital, provincial y/o regional).

Integrar los planes de desarrollo local y priorizar el desarrollo de capacidades de gestión y técnicas para la población: en lo posible, debe generar condiciones sustentadas en los recursos y conocimientos de la zona para que sea sustentable.

Convocar y lograr el compromiso continuo de los diferentes grupos de interés: asimismo, es importante la difusión y promoción de los principios de la RS, como son promover la necesidad de buscar el diálogo y la búsqueda de consensos, el desarrollo de la actividad extractiva en un marco de excelencia social y ambiental, el uso de servicios y mano de obra local, entre otros.

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1.2 La Responsabilidad Social Corporativa

Los modelos de gestión empresarial, que se han difundido a lo largo de los últimos cuarenta años, han ido orientando el quehacer de la empresa a lograr, no solo el beneficio propio, sino también beneficios para los trabajadores, sus familias y la comunidad en general.

Lograr un comportamiento socialmente responsable requiere, de parte de la 1empresa, asumir el reto, tal como lo expresa Matilde Schwalb , de encontrar la

manera de satisfacer a los múltiples grupos de interés presentes en su entorno, fortaleciendo el desarrollo económico y maximizando el bienestar social. De manera general, este reto se asume en el campo empresarial mediante la implementación de valores, políticas, lineamientos y/o acciones referidas como Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Según la Comisión Europea, la RSE es "(...) la toma de decisiones de la empresa relacionadas con los valores éticos, cumplimiento de requerimientos legales y respeto hacia la gente, las comunidades y el medio ambiente. Es un conjunto integral de políticas, prácticas y programas que se reflejan a lo largo de las operaciones empresariales y de los procesos de toma de decisión, el cual es

2apoyado e incentivado por los mandos altos de la empresa" .

1Responsabilidad Social: Fundamentos para la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible. Centro de Investigación de laUniversidad del Pacífico 2008 2http://www.gestionarse.org.pe/query01.php324 http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/csr.htm

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "(…) la responsabilidad social de la empresa es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores.

3La RSE es una iniciativa de carácter voluntario".

Definir con claridad los objetivos del programa o proyecto, involucrar en la definición de objetivos a los diferentes grupos de interés

Las intervenciones que se realicen deben estar enmarcadas en los planes estratégicos de la empresa y deben contribuir con el logro de la misión de la misma

Definir claramente las responsabilidades de ambas partes Definir canales de comunicación y coordinación permanentes Definir mecanismos de seguimiento y monitoreo de la intervención Establecer con claridad los resultados, plazos y responsables de la

intervención Identificar con claridad los factores que podrían poner en peligro el éxito

del programa o proyecto


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Para la International Organization for Standarization (ISO 26000), se define la RSE como "(…) la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente que: i) contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la salud y el bienestar general de la sociedad, ii) tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, iii) cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, iv) esté integrada a través de toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones".

En ese sentido, la RSE puede ser entendida como el conjunto de mejores prácticas que las empresas pueden implementar, en beneficio de las poblaciones involucradas en las industrias extractivas. Se trata, entonces, de prácticas que conducen a mejorar la calidad de vida de dichas poblaciones, en el marco de la excelencia ambiental y del desarrollo sostenible. Dentro del marco de una nueva ética empresarial, se busca optimizar los recursos con que cuentan las empresas, partiendo de una mejora de las condiciones laborales, se incrementa la preocupación por el ambiente y se consolida un compromiso con el entorno social así, como un marketing responsable.

Bajo este concepto de administración, y de "management", se engloba un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persigue un nuevo equilibrio, entre las dimensiones económica, social y ambiental.

Como parte de la RSE, destaca el interés por la sostenibilidad. Además, caben en ella las prácticas relacionadas con el buen gobierno de las compañías, como son la democracia corporativa (las relaciones de poder al interior de la empresa); el espíritu de cooperación de la empresa (kyosei en japonés) con sus clientes, proveedores, competidores, gobiernos; los compromisos de transparencia que adquieren las empresas con la sociedad y que se hacen efectivos a través de la rendición de cuentas en forma de informes o memorias anuales verificables por organismos externos; la ciudadanía corporativa, entendida como los derechos y obligaciones de la empresa dentro de la comunidad a la que pertenece.

La RSE puede enfocarse a mejorar: a. la calidad de vida laboral; b. el medio ambiente; c. la comunidad donde está instalada la empresa; d. el marketing para desarrollar una comercialización responsable; e. la ética empresarial.

Existen muchas razones para asumir la responsabilidad social, que van desde una postura netamente ética hasta la preocupación por cumplir los objetivos económicos de la empresa. Una empresa que asume una gestión socialmente responsable logra beneficios, como mejorar su imagen; establecer mejores relaciones con los diferentes grupos de interés; recibir información de calidad de parte de los actores sociales involucrados en su negocio. A su vez, esto último enriquecerá la calidad de sus procesos de toma de decisiones y mejorará las decisiones a nivel interno y externo, lo cual redunda, finalmente, en el mejoramiento de su rendimiento económico.

Todas estas definiciones tienen en común poner de manifiesto la necesidad de que la empresa asuma un compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en la cual está inserta.

Al definir la RSE de esta manera, la actividad empresarial se enmarca dentro de un enfoque de desarrollo sostenible. Optar por este enfoque implica, para el titular minero, asumir la responsabilidad de no solo conseguir el éxito económico, sino de contribuir con la generación de valor social. Con ello, se entendiende la contribución con el desarrollo de las personas y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general. La RSE forma parte de las políticas de la empresa. Es resultado de un esfuerzo ordenado y planificado, que se ha iniciado primero al interior de la empresa y que después se dirige a los diferentes grupos de interés presentes en el entorno, con el fin de promover relaciones de buena vecindad.

Existen otros conceptos más que están ligados a la definición de RSE. Dos de ellos, debido a su importancia, han sido incluidos dentro de las funciones de la Oficina General de Gestión: Relaciones armoniosas y Compromiso social.

Relaciones armoniosas: "Es el proceso colaborativo que se expresa a través del diálogo permanente, basado en los principios de respeto, inclusión y participación, que busca transformar las relaciones en el Sector minero-energético para promover actividades extractivas sostenibles".Compromiso social: "Es la obligación de las partes (entorno, Estado y empresa) que exige el cumplimiento de los acuerdos contenidos en convenios, actas, contratos, estudios ambientales y promesas (escritas y verbales). La obligatoriedad del compromiso social se fundamenta en el respeto de los principios de derecho (marco legal) y valores ético-morales. Con la ejecución de acciones de gestión social de las partes del Sector minero-energético se concretiza esta exigencia."


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Se debe considerar los siguientes factores para el desarrollo de relaciones armoniosas: La actividad minero energética es una fuente importante de ingresos.

La actividad minera debe desarrollarse en el marco de una gestión ambiental y social de excelencia. Es decir, no se busca cualquier tipo de inversión ni desarrollo de actividad. Si bien el Estado promueve el desarrollo minero energético, las reglas que ello tiene son claramente respetuosas del ambiente y del ciudadano, lo cual incluye el respeto por las particularidades culturales.

La actividad minera debe hacerse respetando las costumbres y prácticas de la localidad en la cual quiera desarrollarse. Así como el Perú es un país mega diverso en su fauna, flora y paisaje, lo mismo ocurre son las poblaciones de la costa sierra y selva, en particular con las poblaciones indígenas. Cada una tiene particularidades culturales que las pautea e identifica. Se aborda así un concepto de cultura más amplio.

Es responsabilidad de todos los actores involucrados promover relaciones de buena convivencia. Si bien existe un área de influencia directa e indirecta, los impactos de la actividad minero-energética van de la mano con el comportamiento del personal de la empresa, puesto que el Plan de Relaciones Comunitarias establecerá las buenas formas de convivencia y

cómo se relacionan los trabajadores y empleados con la población. Nosotros, como oficina, realizamos un seguimiento a estos documentos de trabajo.

Es responsabilidad de todos los actores involucrados cuidar y promover el cuidado del ambiente. El acceso a un ambiente sano y saludable es un derecho fundamental: está consagrado en la Constitución Política del Estado y en diversos Convenios Internacionales. Los Comités de Monitoreo Ambiental juegan en ese sentido un rol importante en el cuidado y conservación del ambiente, puesto que realizan actividades de acompañamiento al desarrollo de las actividades supervigilando que no haya algún tipo de contaminación.

La actividad minera debe contribuir, a través de la inversión social, con la redistribución equitativa de la riqueza, producto de la extracción de recursos de la zona. Se deja de lado la imagen de la empresa, como entidad económica, que busca solo el lucro sin interesarle el entorno social en el cual se desarrolla. Se va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y estricto cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medioambiente son el punto de partida.

Su aporte (canon minero, regalías, inversiones sociales, PMSP, fondos sociales) es muy importante para lograr el desarrollo económico y social de las comunidades en las cuales se halla asentada. La empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las personas, no solo como generadora de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo en las comunidades en la que está inserta. Las grandes empresas son conscientes de ello y aprovechan las expectativas que genera la RSE para obtener ventajas competitivas (ayudan ayudándose).

El esfuerzo por desarrollar programas y proyectos orientados al desarrollo sostenible es responsabilidad conjunta del titular, de la población y sus autoridades a todo nivel.

La promoción de la participación ciudadana no solo es un trámite, sino una estrategia de relacionamiento, como proceso público, dinámico y flexible, que busca fortalecer los derechos de acceso a la información. Dentro de este marco, se debe optimizar la gestión ambiental y promover las relaciones


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asumidos y el cómo se vigilará su cumplimiento

Participación coordinada en el diseño y ejecución de acciones orientadas al desarrollo del territorio y mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de las personas

Sustitución paulatina de la actual cultura de descalificación y confrontación, por una de confianza y colaboración

Otros conceptos que son importantes mencionar son los de filantropía y de inversión social, cuya definición permitirá establecer mejor la diferencia con el concepto de RSE.

Filantropía: Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), filantropía significa "amor al género humano". Esta se concibe como una decisión individual, más que un deber jurídico.

Se trata de un acto voluntario. En la actualidad, se habla de filantropía empresarial cuando la empresa, voluntariamente, destina parte de sus utilidades para hacer obras de bien social o para contribuir a un propósito específico. La motivación principal es el altruismo; estas acciones no son resultado de la política social de la empresa. Esta última puede realizarlas directamente, a través de terceros o mediante fundaciones filantrópicas para las cuales se destinan fondos. Por ejemplo, son prácticas filantrópicas la adquisición de una silla de ruedas para un niño de la comunidad, la donación del dinero para la celebración del Día de la Madre o las chocolatadas navideñas con los niños de la comunidad.

En resumen, las acciones de filantropía tienen un impacto muy limitado, puesto que responden a una necesidad aislada coyuntural y no buscan contribuir específicamente con el desarrollo de la localidad.

Inversión social empresarial: Se refiere al uso de recursos de la empresa para beneficiar tanto a la comunidad como a la empresa. Esta inversión responde a un programa o plan de desarrollo específico y es de carácter temporal. Sus objetivos se orientan al logro de mejoras para la comunidad en la cual la empresa se halla asentada. Algunos ejemplos son la inversión en infraestructura básica, el apoyo a la salud, educación, la protección del medio ambiente, entre otras. Busca, también, obtener beneficios para la empresa,

armoniosas entre poblaciones, Estado y empresas.

Se debe identificar e implementar mecanismos asequibles para manifestar opiniones y sugerencias. Se busca, también, construir consensos y conocer y canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes respecto de las actividades para la toma de decisiones de la autoridad competente en los procedimientos administrativos a su cargo.

Es necesaria la construcción de alianzas para el desarrollo local, en las cuales se asuma de manera conjunta la responsabilidad por la definición de objetivos y de su implementación. Dentro de este esquema, se debe promover la concretización de acuerdos, compromisos y convenios entre los diversos actores involucrados en un marco de equidad y bien común. Asimismo, se debe definir de manera conjunta los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento. Por ello, es muy importante promover el diálogo como forma prioritaria para resolver cualquier desacuerdo.

Es importante sistematizar y difundir las buenas prácticas en el desarrollo de prácticas colaborativas y de sus actividades concretas. Lograr la convivencia sustentable permitirá que las acciones de RS de los titulares minero-energéticos contribuyan con mayor contundencia al desarrollo sostenible, en la medida que se logrará una mayor predisposición para actuar de manera colaborativa.

El concepto de relaciones armoniosas alude al resultado que se podría obtener mediante el desarrollo del proceso de diálogo transparente y sostenido que se establezca entre los diferentes actores involucrados en la actividad minera. Este diálogo podrá tender los puentes para el desarrollo de la confianza y generar las condiciones para enfocarse en el bienestar común, el cual se verá reflejado en el logro de consensos de inversión para el desarrollo sostenible y el establecimiento y cumplimiento de compromisos.

Una eficiente promoción de procesos de convivencia sustentable puede permitir lo siguiente: Incremento de los beneficios ambientales, materiales y sociales para las

partes involucradas

Proceso de generación de acuerdos. Aquí es importante resaltar que toma especial importancia para la convivencia el proceso a través del cual fueron


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como la mejora de su imagen o de su relación con la comunidad.

Los recursos que utiliza la empresa, para tal fin, pueden provenir de las utilidades, de una partida o presupuesto específicos o puede tratarse de otro tipo de recursos, tales como equipos o personas. En general, las actividades son ejecutadas de manera directa por la empresa y existe un interés en conocer cuál ha sido el impacto logrado en sus diferentes grupos de interés y en la sociedad en su conjunto.

Asimismo, mucha de la inversión social que se realiza mediante donaciones y apoyo en infraestructura -como puede ser el caso de la construcción y/o refacción de aulas, donaciones de computadoras, suministro de alimentos a grupos vulnerables- pierde su posibilidad de generar algún beneficio al desarrollo local al no estar enmarcada en una visión más amplia de la problemática que se quiere ayudar a solucionar.

Las inversiones sociales empresariales más efectivas para alcanzar el desarrollo sostenible local son las inversiones de mediano y largo plazo, basadas en una visión integradora que se apoya en sólidos conocimientos de las sociedades locales y sus necesidades. Además, es conveniente que se integren los conocimientos y prácticas locales pertinentes para alcanzar dicho desarrollo sostenible. La inversión social empresarial que cuenta con estas características forma parte de lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Para resumir, con la filantropía, la empresa hace un gasto que responde a una solicitud o a un acto de caridad aislado, por el que no espera retorno alguno; es más, puede que se haga una sola vez. Con la inversión social, la empresa responde a necesidades explícitas de la comunidad en la cual se halla asentada, con el objetivo de satisfacer ciertas necesidades y obtener con ello una mejora en su imagen y en la calidad de sus relaciones con la comunidad. Los esfuerzos de RS de la empresa responden a un esfuerzo planificado, producto de las políticas de la empresa, donde además participa la comunidad, con una visión de desarrollo a largo plazo. Dentro de este esquema, se persigue el beneficio sostenible de la sociedad y de la empresa.

La experiencia ha demostrado que no existe, de parte de los titulares mineros, población y autoridades, claridad acerca de qué criterios son los adecuados para definir el tipo de inversión que se necesita para mejorar el desarrollo

sostenible y maximizar los beneficios de las inversiones grandes y pequeñas.

De acuerdo con la política del MEM, las inversiones sociales de los titulares mineros, hidrocarburíferos y de electricidad deben orientarse prioritariamente hacia actividades para la salud, la educación y la nutrición, en un marcado esfuerzo de lucha contra la pobreza en sus áreas de influencia. Estas temáticas constituyen la base sobre la cual se asienta el desarrollo sostenible, el capital humano.

Sin embargo, lograr que el aporte del sector minero, de hidrocarburos y de electricidad sea adecuadamente orientado y priorizado hacia el desarrollo sostenible es una acción clave a la que todos los involucrados -titular minero, población y autoridades- deben contribuir, según les corresponda.

Así, el Estado contribuye a través de la formulación de políticas claras para permitir la promulgación del marco normativo necesario para su cumplimiento. Es importante que, además, desarrolle roles de asesoría y acompañamiento a los principales actores involucrados, así como diseñe e implemente herramientas que permitan realizar un seguimiento adecuado de los compromisos asumidos. La empresa minera puede desarrollar un esfuerzo ordenado, desde etapas tempranas, para promover la participación activa de la población en la toma de decisiones referentes al destino de las inversiones sociales y, mejor aún, promoviendo la corresponsabilidad en su ejecución.

La población debería contribuir informándose, primero, acerca de sus derechos y deberes, así como promoviendo la participación masiva y ordenada de la comunidad para manifestar sus preocupaciones y visones de desarrollo. Estas acciones deben estar orientadas a facilitar la priorización e implementación de proyectos y programas que beneficien el desarrollo local.

Además, debemos añadir que la RSE no constituye, necesariamente, una forma de responsabilidad jurídica, porque bien puede no estar prevista en las leyes y descansar simplemente en la libre decisión de las empresas. Sin embargo, incluso cuando no está respaldada en la ley, la violación de un compromiso social puede costarle a las compañías fuertes críticas en la opinión pública (sanciones mediáticas) e incluso una pérdida de accionistas (sanciones bursátiles). Algunos estudios de caso ilustran la manera como una empresa suele tener interés comercial en ser socialmente responsable.


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Asume una preocupación por el desarrollo y bienestar de sus colaboradores, sus familias y por la comunidad en la cual se asienta la empresa.

Sus productos y servicios contribuyen al bienestar de la sociedad en una visión de desarrollo Sostenible.

Sus prácticas de gestión van más allá de lo exigido por la ley, y están orientadas por un comportamiento respetuoso con las personas y el medio ambiente.

Desarrolla actividades para apoyar a los sectores más necesitados. El asumir la práctica de la RSE para las empresas mineras en el Perú

puede no ser fácil en un principio porque requiere de un cambio estructural, no solo de los procesos de gestión técnicos y administrativos, sino de algo más importante: su cultura organizacional y las prácticas que resultan.

El que los titulares mineros asuman e implementen eficazmente políticas de responsabilidad social y desarrollen una gestión orientada al desarrollo sostenible no solo es- ni será- resultado del cumplimiento de la norma, sino de la comprensión de la necesidad de adoptar nuevos estilos de gestión que permitan la viabilidad y sostenibilidad de su actividad empresarial. Se ha publicado recientemente la guía ISO 26000, la cual contiene los principios y recomendaciones para que las empresas, entre otros actores, asuman comportamientos responsables con el desarrollo social y cuidado ambiental de la localidad en la cual desarrollan su actividad.

Tomando en cuenta los criterios contenidos en la guía ISO 26000, una empresa es socialmente responsable cuando cumple con los siguientes puntos:

Una empresa que incorpora la RSE como parte integral de su gestión está asumiendo lo siguiente:

a) Desarrollarse de acuerdo a estándares con niveles de excelencia.b) El compromiso de brindar información clara y transparente sobre su

quehacer: esto tiene que ver directamente con los derechos consagrados en la Constitución y en las normas de participación ciudadana, en los cuales se prevé que el acceso a la información, por parte de la población, debe ser rápida, eficiente y eficaz.

c) El compromiso de elaborar informes sobre su gestión económica, social y ambiental: que las empresas hagan un análisis y/o balance del impacto que han tenido sus políticas sociales de responsabilidad, año a año, es una forma de transparentar la gestión social y poner en evidencia lo que se consigna como desarrollo sostenible, que debe diferenciarse de la filantropía.

d) Incorporar la RS en los estilos de gestión social y ambiental de la empresa: la responsabilidad social es transversal al actuar de la empresa y esta implica no solo una buena socialización con las comunidades del entorno, sino buenas prácticas laborales con sus trabajadores, junto con el respeto y cuidado del ambiente. Por ello, es importante que toda la organización se involucre en la RS.

Como se ha dicho previamente, el MEM tiene la responsabilidad de promover el desarrollo de la actividad minera en el Perú. Esta actividad, para desarrollarse de manera sostenible, requiere como condición fundamental obtener la viabilidad social. Para el MEM, la estrategia elegida para alcanzar este objetivo tiene como base el lograr la contribución eficiente de la empresa minera en el desarrollo local. Ello, a su vez, le permitirá al Estado ganar credibilidad y mejorar su imagen.

Como se ha visto en esta sección, el MEM ha establecido un marco normativo para orientar la actividad minera hacia comportamientos socialmente responsables. El esfuerzo más reciente es la promulgación del D.S. 052-2010-EM, en el cual se dio mayor precisión a los principios que debe cumplir el titular minero para contribuir con el desarrollo sostenible.


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Una empresa que incorpora la RSE como parte integral de su gestión está asumiendo lo siguiente:

Desarrollarse de acuerdo a estándares con niveles de excelencia. El compromiso de brindar información clara y transparente sobre su

quehacer. El compromiso de elaborar informes sobre su gestión económica,

social y ambiental. Incorporar la RS en los estilos de gestión social y ambiental de la

empresa. Involucrar a toda la organización en la práctica de la RS.

Además de ello, la empresa tiene que enfrentar muchos arquetipos, como vencer la resistencia de algunos de sus integrantes que no identifican aún la necesidad de generar valor social como una de las garantías de su inversión, y aún no llegan a comprender que las prácticas de RSE son una oportunidad para prevenir conflictos y favorecer la viabilidad de su actividad empresarial.

CAPITULO II

El MINEM y la Responsabilidad Social en Industrias Extractivas

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2. Responsabilidad Social Empresarial en el mundoDesde los años sesenta, las actividades de las empresas han sido objeto de numerosos debates a nivel internacional. A razón del crecimiento del impacto de la actividad empresarial en la economía mundial, y en la vida de la población, es mayor la necesidad de regular sus operaciones, especialmente sobre derechos humanos, ambientales, laborales e inclusión social.

Algunos organismos internacionales han desarrollado principios y normas de conducta para las empresas nacionales y multinacionales. Inicialmente, se confundía la responsabilidad social (RS) con prácticas de filantropía. Hoy, la responsabilidad social se convierte, cada vez más, en una herramienta para el desarrollo sostenible.

La responsabilidad social tiene actualmente gran importancia en las cadenas de valor y de suministro. Toda empresa, sin importar su tamaño o sector, necesita adquirir insumos a los que añade valor para producir otros bienes y servicios. Estas compras siguieron criterios netamente económicos, pero hoy las empresas están incorporando criterios sociales y ambientales a la hora de seleccionar abastecedores sociales y ambientalmente amables. Las empresas asumen responsabilidad sobre lo que ocurre en su cadena de valor e incentivan a sus proveedores a que también sean social y ambientalmente responsables. Esto provoca que la gestión de la cadena se realice bajo parámetros de responsabilidad social empresarial (RSE) donde, además de precio, calidad y utilidad, se incorporan aspectos relacionados con transparencia y rendición de cuentas en asuntos tanto sociales como ambientales.

2.1 Principales instrumentos internacionales de RSE

Estos instrumentos son voluntarios y desarrollan criterios que consideran los diferentes intereses de los involucrados y procuran orientar un comportamiento ético adecuado para las empresas.

Pasamos a reseñar y describir las características más saltantes de los principales instrumentos desarrollados a nivel internacional sobre RSE.

Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales

Naturaleza

La OCDE define la RSE como "las acciones desarrolladas por negocios para consolidar sus relaciones con las sociedades en las que actúan". Las Líneas Directrices de la O C D E para las Empresas Multinacionales son recomendaciones dirigidas, por cada gobierno, a las empresas multinacionales y contienen principios y normas de buenas prácticas, de carácter voluntario, para una conducta empresarial responsable y compatible con las disposiciones legales aplicables en cada país.

Origen

Las directrices fueron concebidas, en sus inicios, como una herramienta para el fortalecimiento de las relaciones entre las empresas y la sociedad en la que operan, como un mecanismo de fomento de la inversión internacional.

Fueron aprobadas en 1976, en el marco de la Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresariales Multinacionales, y actualizadas en el 2011. A partir de ello, incorporan una visión holística del mundo internacional de los negocios; integran un capítulo sobre Derechos Humanos e incluyen conceptos como la debida diligencia, responsabilidad en la cadena de suministros y una definición de Puntos Nacionales de Contacto (puntos focales).

Objetivo

El objetivo es fomentar las contribuciones positivas de las empresas al progreso económico, medioambiental y social en la perspectiva de lograr un desarrollo sostenible, y minimizar los impactos negativos que las diversas actividades pueden provocar en su entorno antrópico.

Del mismo modo, procuran que las actividades empresariales apliquen y respeten parámetros de responsabilidad social empresarial, en armonía con las políticas nacionales de los países de la OCDE. Asimismo, se busca fortalecer la confianza entre empresa, sociedad y las autoridades gubernamentales representativas.


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Importancia

Las Directivas son un instrumento de RS que obliga, a los suscriptores, a contar con un mecanismo específico y obligatorio de recepción y atención de quejas sobre el comportamiento de las empresas. Además, es un instrumento negociado y aprobado multilateralmente por gobiernos comprometidos a ayudar y resolver los problemas (impactos) que surgen de las actividades empresariales.

Los países suscriptores de las directrices concentran a la mayoría de empresas multinacionales a nivel mundial, sin que esto obste en su aplicación a pequeñas y medianas empresas, en lo que les fuere aplicable. Estas recomendaciones se extienden a las empresas que operan en países miembros de la OCDE o que tienen su sede principal en estos países. Asimismo, se incluye la responsabilidad en la cadena de suministro, como ya se mencionó antes.

Obligatoriedad

El cumplimiento de las directrices, por parte de las empresas, es de carácter voluntario. Esto se debe a que su diseño está orientado a estimular un comportamiento empresarial responsable y no a generar disputas legales.

Las directrices asumen que las empresas multinacionales están obligadas a cumplir la legislación nacional de cada país. Al ser recomendadas por la OCDE, las Directrices se convierten en un mecanismo de incentivos, a las empresas, para cumplir los principios de la responsabilidad social. Los gobiernos tienen, en consecuencia, que velar por su ejecución.

Contenidos

2.2 Principios generales

Enuncia recomendaciones de buen comportamiento empresarial, lo cual incluye:

Contribuir con el progreso económico, social y ambiental con miras al desarrollo sostenible

Respetar los derechos humanos de las personas afectadas por sus actividades de conformidad según las obligaciones y compromisos internacionales del Estado donde se asienta

Estimular la generación de capacidades locales

Fomentar la formación del capital humano, mediante la creación de oportunidades de empleo y de formación a los empleados

Abstenerse de buscar o de aceptar excepciones no contempladas en el marco legal o reglamentario, relacionadas con el ambiente, salud, seguridad e higiene, trabajo, tributación, incentivos financieros u otras.

Apoyar y defender los principios de Gobierno empresarial, y desarrollar y aplicar buenas prácticas de gobierno empresarial.

Desarrollar y aplicar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión eficaces que promuevan una relación de confianza entre empresa y sociedad.

Promover el conocimiento de los empleados respecto a las políticas empresariales y su conformidad con ellas, mediante una difusión adecuada de las mismas.

Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los trabajadores que denuncien incumplimientos empresariales de las directrices.

Alentar a los socios empresariales para que apliquen principios de conducta empresarial compatibles con las directrices.


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Abstenerse de cualquier injerencia indebida en actividades políticas locales

Publicación de informaciones:

Recomienda a las multinacionales informar verazmente sobre sus actividades, objetivos, estructura, situación financiera y resultados con acciones de altos estándares de calidad.

Se recomienda que brinden información adicional relevante sobre sus políticas internas y externas, auditorías internas, gestión de riesgos y cuestiones relativas a los empleados.

Derechos Humanos:

Reconocer y respetar los Derechos Humanos en los países en los que se establecen las empresas multinacionales, conforme a estándares internacionalmente reconocidos. El concepto incorpora de diligencia debida y de prevención en materia de Derechos Humanos.

Empleo y relaciones laborales:

Respeto a la libertad sindical y de negociación colectiva de los trabajadores: fomentar la no discriminación y contribuir a la abolición del trabajo forzado y del trabajo infantil.

Medio ambiente:

Implementar sistemas de gestión ambiental adecuados; entregar, a los ciudadanos y a los trabajadores, información sobre los efectos de las actividades de la empresa sobre el ambiente, la salud y la seguridad; mantener planes de emergencia destinados a prevenir, atenuar y controlar los daños graves para el ambiente y la salud derivados de sus actividades; proporcionar una educación y formación adecuadas a los empleados en materia ambiental, salud y seguridad y contribuir al desarrollo de una política pública útil desde el punto de vista medioambiental, eficiente económicamente.

Lucha contra la corrupción:

Las empresas no deben ofrecer, prometer, dar o solicitar pagos ilícitos u otras ventajas indebidas. Se recomienda que se mejore la transparencia de sus actividades, y que implementen sistemas de gestión y control interno para prevenir y detectar la corrupción.

Protección de los intereses de los consumidores: Las empresas actúan siguiendo prácticas comerciales justas y adoptan medidas razonables para garantizar seguridad y calidad de los bienes y servicios que proporcionan a los consumidores. Promueven el respeto de los derechos de los consumidores, incluyendo el derecho a la intimidad y protección de datos de carácter personal.

Ciencia y Tecnología:

Las empresas contribuyen a mejorar la tecnología local. Se recomienda que adopten prácticas que permitan la transferencia y rápida difusión de tecnologías y de know-how, sin, por ello, comprometer sus derechos de propiedad intelectual. Asimismo, se les recomienda llevar a cabo trabajos de desarrollo científico y tecnológico, y establecer relaciones con universidades locales, cuando sea procedente.

Competencia:

Promueve el respeto a las reglas de la libre competencia y recomienda a las empresas abstenerse de celebrar acuerdos entre competidores contrarios a la libre competencia, así como el respeto de todas las leyes y políticas de defensa de la competencia que sean aplicables.

Tributación fiscal:

Destaca que las empresas contribuyan a las finanzas públicas de cada país efectuando el pago puntual de sus obligaciones fiscales, cumpliendo las disposiciones legales y reglamentarias de carácter fiscal de todos los países en los que ejercen su actividad.

Esto incluiría comunicar a las autoridades la información necesaria para el cálculo correcto de los impuestos que hayan de pagarse en relación con sus actividades.


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2.3 Declaración tripartitaria de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Naturaleza

E s u n i n s t r u m e n t o u n i v e rs a l , voluntario, que incluye principios y actividades que van más allá del mero cumplimiento de la legislación. Estas promueven el diálogo entre los gob iernos , l as empresas y l as organizaciones de trabajadores, lo cual favorece el desarrollo económico y social. La Declaración establece materias de los sectores propios de la competencia de la OIT.

Origen

La Declaración Tripartita fue adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en su 204ª reunión (Ginebra, noviembre de 1977) y fue enmendada, en su forma, en la 279ª reunión (Ginebra, noviembre de 2000) con el objeto de fomentar la contribución positiva que las empresas ejercen sobre el progreso económico y social. En paralelo, se busca minimizar o resolver las dificultades que pudieran crear.

La Declaración se inspira en los principios contenidos en las normas internacionales del trabajo, comprendidas en los convenios y las recomendaciones de la OIT, incluyendo los Convenios 29 y 105 sobre prohibición y abolición del trabajo forzado, Convenios 100 y 111 sobre igualdad de remuneración y la prohibición de la discriminación, Convenios 138 y 182 sobre edad mínima de empleo y la prohibición de las peores formas de empleo infantil y Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y derecho a la negociación colectiva. La Declaración Tripartita tiene dos enmiendas, la primera de noviembre del año 2000 y la última en marzo de 2006.

Importancia

Los principios establecidos en este instrumento ofrecen orientaciones, a los gobiernos, empresas y organizaciones de trabajadores en materia de empleo, formación profesional, relaciones laborales y condiciones de trabajo y de vida.

La Declaración se basa en un concepto funcional y económico de las empresas multinacionales, ya que se dirige a todo tipo de empresas multinacionales, sean públicas, privadas o mixtas, independientemente de su actividad.

Objetivo

El objeto de la Declaración es ofrecer orientaciones que permitan que el fenómeno de la globalización beneficie a todos los actores, mediante principios que favorezcan el diálogo, la participación, la transparencia y la responsabilidad social.

La Norma define al consumidor como un miembro individual del público general que compra o utiliza propiedad, productos o servicios para propósitos privados. Las organizaciones tienen oportunidades importantes para contribuir al consumo y al desarrollo sostenible, a través de los productos y servicios que ofrecen y la información que proporcionan, incluida la información sobre su uso, reparación y disposición final.

Contenido

La primera sección desarrolla políticas generales. Se recomienda a los gobiernos, otorgar igualdad de trato a las empresas internacionales y nacionales. A las multinacionales se les sugiere respetar la soberanía nacional, los objetivos políticos del país sede, las leyes nacionales y las normas internacionales. Se recomienda a todos los actores contribuir a hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

La segunda sección trata de la promoción del empleo, igualdad de oportunidades y de trato y seguridad laboral. Se llama a los gobiernos a formular e implementar una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Asimismo, se les recomienda aplicar políticas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y de trato en el


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empleo, con miras a eliminar toda discriminación. Se encomienda, también, asegurar alguna forma de protección de los ingresos de los trabajadores cuyo empleo haya finalizado.

A las multinacionales se les recomienda aumentar las oportunidades y niveles de empleo, asegurar estabilidad a sus trabajadores, evitar los procedimientos de despido arbitrario, notificar cambios en las operaciones que tengan efectos sobre el empleo y observar las políticas de empleo del país anfitrión. Se les insta, especialmente, a priorizar el empleo y el desarrollo profesional de los nacionales del país sede.

Una tercera sección desarrolla la formación laboral. Se sugiere elaborar políticas nacionales en materia de orientación y formación profesional que guarden estrecha relación con el empleo. Las multinacionales deberían fomentar la capacitación y desarrollo de las calificaciones profesionales de los trabajadores, especialmente de aquellos del país de acogida. Se recomienda, también, participar en los programas nacionales de formación.

Con el objeto de promover la formación, se sugiere la coordinación y la cooperación de las multinacionales con las autoridades del país, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con las instituciones competentes de carácter nacional o internacional.

La cuarta sección desarrolla materias de condiciones de trabajo y vida, especialmente respecto de salarios, prestaciones y condiciones laborales, edad mínima de trabajo y normas de seguridad e higiene. A los gobiernos se les recomienda adoptar medidas adecuadas que aseguren que los grupos de ingresos reducidos y las zonas menos desarrolladas se beneficien de las actividades de las multinacionales.

A las multinacionales se les sugiere que ofrezcan condiciones de trabajo, salarios y beneficios no menos favorables que aquellos que puede brindar un empleador comparable, en el país sede.

La última sección de la Declaración trata materias de relaciones de trabajo, a partir de lo cual pone énfasis en la libertad sindical y derecho de sindicalización, negociación colectiva, reclamaciones y solución de conflictos laborales. Se solicita a los gobiernos y las multinacionales que respeten la libertad de asociación y el derecho a organizar y negociar colectivamente, lo cual goza de

una adecuada protección al respecto.

Se recomienda el respeto del derecho de los trabajadores a efectuar reclamaciones, contando con un procedimiento adecuado. Asimismo, se insta a las multinacionales a establecer organismos de conciliación voluntaria que contribuyan a la prevención y solución de conflictos laborales entre empleadores y trabajadores

2.4 Los 10 principios del pacto global de la ONU

Naturaleza

El Pacto Global de las Naciones Unidas es una iniciativa que promueve la creación de una ciudadanía corporativa global, a través de la colaboración de las empresas con agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), gobiernos, organizaciones laborales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y con la sociedad civil en general.

El Pacto llama a las empresas a adoptar diez principios de contenido ético en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. Estos se derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Principios de la Organización Internacional del Trabajo- relativa a los Derechos Fundamentales en el Trabajo-, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Origen

La iniciativa del Pacto Global fue propuesta por el ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial de Davos, el 31 de enero de 1999. A partir de ello, destacó la necesidad de iniciar un pacto mundial sobre


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valores y principios que le den una dimensión humana al mercado global, que incluya a las empresas en los esfuerzos para hacer frente a los desafíos que plantea la globalización.

Objetivos

El fin de este pacto es que todos los países del mundo compartan los beneficios de la globalización. Asimismo, se busca "inyectar" en el mercado mundial los valores y prácticas fundamentales para resolver las necesidades socioeconómicas.

Obligatoriedad

Una de las características que distinguen al Pacto Global de otros instrumentos internacionales es que invita a las empresas a adherirse oficialmente. Actualmente, participan en el pacto empresas y organismos de todas las regiones del mundo. Se estima que existen alrededor de 10.000 participantes que pertenecen a 140 países que se encuentran adscritos al pacto.

Cabe anotar que este último no es un instrumento normativo ni tampoco vigila o sanciona las acciones de las empresas. No obstante, a partir del mismo, estas instituciones adquieren el compromiso de promover e implementar los diez principios en sus operaciones.

Contenidos

En enero de 2003, la Oficina del Pacto Global introdujo una política, a partir de la cual se solicita a los participantes que informen anualmente acerca de las medidas implementadas para la aplicación de los diez principios y los resultados obtenidos al respecto.

Este informe debe incluir, por lo menos, lo siguiente: (i) una declaración o mensaje del Director General, el Presidente u otro directivo superior del organismo participante, en el que se señale que se respalda el Pacto Global; (ii) una descripción de las medidas adoptadas, por el participante, para la implementación de los principios del Pacto Global; (iii) resultados alcanzados o previstos mediante la aplicación de los principios.

Principios

a) Derechos Humanos (DD.HH.)

Principio 1: "Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia".

Como consecuencia de la globalización, las empresas han ampliado sus actividades a los más diversos países. El rol de la empresa en la promoción y respeto de los derechos humanos adquiere especial importancia en aquellos países con escaso desarrollo en materia de derechos humanos. La protección de los mismos no es un deber exclusivo de los Estados.

Principio 2 "Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos".

Las empresas deben asegurar el respeto de estos derechos en toda su cadena de suministro. Si bien el término "complicidad" resulta difícil de definir, existe consenso en que existe complicidad cuando: (i) una empresa colabora activamente con otros agentes en la vulneración de los derechos humanos; (ii) una empresa se beneficia directamente del abuso a los derechos humanos cometido por un tercero; (iii) una empresa se mantiene pasiva frente las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de un Gobierno y mantiene su relación con las autoridades correspondientes.

b) Laborales

Principio 3: "Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva".

Este principio busca evitar la intervención de los empleadores en la decisión de los trabajadores de constituir asociaciones o afiliarse a sindicatos. Asimismo, los empleadores deben abstenerse de discriminar a los trabajadores afiliados.

Principio 4: "Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de


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trabajo forzoso o realizado bajo coacción".

El trabajo forzado u obligatorio es cualquier labor o servicio desempeñado -por cualquier persona- bajo la amenaza de alguna forma de penalización. También, se aplica cuando el individuo no se ha ofrecido a realizar dicha labor voluntariamente. Se incluye dentro de este tipo de trabajo, entre otros, cualquier forma de esclavitud, trabajo por deudas, prestación de servicios por parte de presos y cumplimiento obligatorio de horas extras.

Principio 5: "Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil".

El trabajo infantil es una forma de explotación que constituye una violación a los derechos humanos. Las empresas no deben emplear mano de obra infantil que pueda contribuir a que los niños pierdan oportunidades de educación, o que se realice en condiciones que perjudiquen su salud o su desarrollo físico y mental.

Principio 6: "Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y Ocupación".

La discriminación en el empleo y la ocupación es cualquier distinción, exclusión o preferencia que produzca el rechazo o la desigualdad en las oportunidades o en el trato, y que se fundamente en la raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, nacionalidad u origen social.

c) Ambiente

Principio 7: "Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente".

Desde un punto de vista empresarial, el pensar que la implementación de medidas preventivas supondría un gasto adicional puede resultar, a largo plazo, en costos mucho más gravosos por los daños causados al medio ambiente. Asimismo, la inversión en métodos de producción no sostenibles produce una rentabilidad menor, a largo plazo, que aquella que utiliza métodos de producción sostenibles.

Principio 8: "Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental".

La Cumbre de Río de 1992 desarrolló el significado de responsabilidad ambiental para las empresas: "el manejo responsable y ético de los productos y los procesos con respecto a la salud, la seguridad y los aspectos ambientales. Para llegar a este fin, las empresas y las industrias deben incrementar su autorregulación, guiada por códigos, leyes e iniciativas adecuadas en las que se integren todos los elementos del planeamiento de las empresas y la toma de decisiones, además de una apertura y un diálogo con los empleados y el público en general".

Principio 9: "Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente".

Las tecnologías inofensivas para el medio ambiente son aquellas que protegen el medio ambiente, son menos contaminantes, utilizan todos los recursos de modo más sostenible, reciclan sus productos y desperdicios, y desechan los desperdicios residuales de forma más aceptable que aquellas tecnologías a las que ahora sustituyen. No se trata de tecnologías meramente individuales, sino de sistemas integrales que incluyen know-how, procedimientos, productos, servicios y equipos, así como procesos que mejoran la organización y la gestión medioambiental.

d) Lucha contra la corrupción

Principio 10: "Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno".

Este principio fue incluido en la Cumbre de Líderes del Pacto Global del 24 de junio de 2004. La definición de corrupción que da Transparencia Internacional es "el abuso del poder encomendado para el beneficio propio". En cuanto a la extorsión y soborno, las directivas de la OCDE para las multinacionales establecen la siguiente definición: "sobornar es el acto de pedir o tentar a otro a cometer soborno. Se convierte en extorsión cuando esta exigencia está acompañada por amenazas que ponen en peligro la integridad personal o la vida de las personas involucradas". Transparencia Internacional también define soborno como "un ofrecimiento o recepción de cualquier regalo, préstamo, honorario, recompensa u otra ventaja para o de cualquier persona como una forma de inducir a que se haga algo deshonesto o ilegal en la conducta de la gestión de una empresa".


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Principios rectores de la ONU sobre las empresas y Derechos Humanos

Naturaleza

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en el año 2011 un conjunto de principios rectores para los Derechos Humanos y empresas. Ello fue diseñado para ofrecer una norma mundial para la prevención y el tratamiento del riesgo de efectos adversos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial.

Importancia

Estos principios rectores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo. Ello es independiente de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura.

Objetivo

Los principios rectores se componen de 31 principios que describen cómo los Estados y las empresas deben poner en práctica el Marco de las Naciones Unidas de "Proteger, Respetar y Remediar", con el fin de mejorar la gestión de negocios y la problemática de los derechos humanos.

El principio rector establece el deber estatal de proteger los derechos humanos contra los abusos por parte de terceros -dentro de lo cual se incluye a las empresas-, mediante políticas, regulación y adjudicación adecuadas. Asimismo, resalta que la responsabilidad empresarial debe respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la diligencia debida. Finalmente, plantea un mayor acceso de las víctimas de abusos de derechos humanos a vías de reparación efectivas (remediar).

Norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social

Naturaleza

Es una norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), que proporciona orientación sobre los principios y materias fundamentales de Responsabilidad Social que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en cualquier organización del sector privado, público, universidades y ONG. Ello se aplica cualquiera sea el tamaño de la empresa, así como el lugar en el que se encuentre: países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. Dentro de este marco, considera los impactos económicos, sociales y ambientales asociados al desarrollo de las actividades de las organizaciones.

Origen

En junio de 2004, en una reunión en Suecia, la ISO formó un grupo de trabajo encargado de estudiar y elaborar una guía de responsabilidad social. La norma fue producto de un proceso de trabajo y negociaciones de varios grupos de interés (stakeholders), en el que participaron expertos de más de noventa países y cuarenta organizaciones internacionales o regionales. Ello se llevó a cabo a través de los denominados "Comités Espejos", conformados por cinco grupos de interés: Gobierno, Industria, Trabajadores, Consumidores, ONG y otros tales como servicios, apoyo, investigación y academia. La Norma ISO 26000 fue finalmente aprobada en noviembre de 2010.

Importancia

La norma integra la experiencia internacional en responsabilidad social. A partir de ello, realiza recomendaciones acerca de la puesta en práctica de los principios de responsabilidad social. No se dirige exclusivamente a organizaciones empresariales, sino que se extiende a todo tipo de instituciones, independientemente de su tamaño, localización o sector de actividad. Si bien no se espera que todos los tipos de organizaciones utilicen de igual manera todas las recomendaciones de la norma, sus materias fundamentales son aplicables a todo tipo de entidad.


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Objeto

La norma promueve un entendimiento común entre el gobierno y las organizaciones en el ámbito de la responsabilidad social. Además, tiene por objeto ayudar a estas últimas a contribuir con el desarrollo sostenible, más allá de un mero cumplimiento de la ley.

Principios

Si bien se reconoce la existencia de distintos principios de responsabilidad social, la norma establece que se deben respetar, como mínimo, los siguientes siete principios:

1. Rendición de cuentas: una organización debería responder por los impactos que producen sus acciones y decisiones, y por las acciones realizadas para prevenir la repetición de impactos negativos involuntarios o imprevistos.2. Transparencia: una organización debe ser transparente en las decisiones y actividades que tienen impacto sobre la sociedad y el medio ambiente. En esa medida, debe brindar información suficiente y oportuna para que las partes interesadas puedan evaluar con exactitud el impacto de sus decisiones sobre sus intereses.3. Comportamiento ético: el comportamiento de la organización debe basarse en los valores de la honestidad, equidad e integridad. Estos valores implican la preocupación por las personas, animales y medio ambiente y el compromiso de tratar los impactos generados.4. Respeto a los intereses de las partes interesadas: una organización debería responder a los intereses de las partes interesadas.5. Respeto al principio de la legalidad: una organización debería aceptar que este principio es obligatorio, pues ningún individuo u organización está por encima de la ley. Este, cabe anotar, se contrapone al ejercicio arbitrario del poder.6. Respeto a la normativa internacional de comportamiento: una organización debe respetar la normativa internacional, sobre todo, en situaciones en las que la ley -o su implementación- no proporcionen las salvaguardas ambientales o sociales adecuadas.7. Respeto a los derechos humanos: una organización debe respetar los derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su universalidad, es decir, que son aplicables de forma indivisible en todos los países, culturas y situaciones.

MATERIAS FUNDAMENTALES

Con ello, se alude al sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones con el fin de lograr sus objetivos. Es el factor más importante para integrar la responsabilidad social y hacer posible que una organización se responsabilice de los impactos de sus decisiones y actividades.

a) DD.HH.

Los Estados tienen el deber y la responsabilidad de respetar, proteger, cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Una organización tiene la responsabilidad de respetarlos, incluso dentro de la esfera de su influencia. Asimismo, las organizaciones tienen la responsabilidad de ejercer la debida diligencia con el fin de identificar, prevenir y abordar los impactos reales o potenciales sobre los derechos humanos.

En general, se desarrollan recomendaciones sobre: (i) la debida diligencia que deben emplear las organizaciones; (ii) situaciones de riesgo para los derechos humanos; (iii) complicidad en abusos de derechos humanos; (iv) resolución de reclamaciones; (v) discriminación y grupos vulnerables; (vi) derechos civiles y políticos; (vii) derechos económicos, sociales y culturales; y, (viii) principios y derechos fundamentales en el trabajo.

b) Laborales

Las prácticas laborales socialmente responsables son esenciales para la justicia social, la estabilidad y la paz. La creación de puestos de trabajo, así como los salarios y otras compensaciones que se pagan por el trabajo realizado, se encuentran entre las contribuciones sociales y económicas más importantes de una organización.

En general, se realizan recomendaciones en materia de: (i) trabajo y relaciones laborales; (ii) condiciones de trabajo y protección social; (iii) diálogo social; (iv) salud y seguridad ocupacional; y, (v) desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo.


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c) Ambiente

La norma define el ambiente como el entorno natural en el cual una organización opera, lo cual incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, el espacio exterior y sus interrelaciones. Las decisiones y actividades de las organizaciones invar iab lemente generan un impacto en e l medio ambiente , independientemente de dónde se ubiquen. Estos impactos están asociados al uso que la institución realiza de los recursos, la localización de sus actividades, la generación de contaminación y residuos, y los impactos de sus actividades sobre los hábitats naturales.

Dentro de este marco, la educación ambiental es fundamental para promover el desarrollo de sociedades y estilos de vida sostenibles.

d) Prácticas justas

En el área de responsabilidad social, las prácticas justas de operación se refieren a la manera en que una organización utiliza su relación con otras organizaciones para promover resultados positivos. En general, se realizan recomendaciones en relación con: (i) anticorrupción; (ii) participación política responsable; (iii) competencia justa; (iv) promoción de la responsabilidad social en la cadena de valor; y, (v) respeto a los derechos de propiedad.

e) Asuntos de consumidores La norma define al consumidor como un miembro individual del público general que compra o utiliza propiedad, productos o servicios para propósitos privados.

En este punto, se resalta que las organizaciones tienen oportunidades importantes para contribuir con el consumo y el desarrollo sostenible, a través de los productos y servicios que ofrecen y la información que proporcionan. Ello abarca la información sobre su uso, reparación y disposición final.

f) Desarrollo comunal

La contribución de una organización al desarrollo de la comunidad puede ayudar a promover niveles más elevados de bienestar dentro de la misma. Usualmente, el desarrollo de la comunidad es avanzado cuando las fuerzas sociales de esta se esfuerzan por promover la participación pública, y persiguen la igualdad de derechos y niveles de vida dignos para todos los ciudadanos.

La Responsabilidad Social en el Derecho Peruano

En el ámbito de la normatividad nacional, existen diversos espacios de tratamiento de la RS que se expresa -y puede expresar- en los campos del Derecho Empresarial, Derecho Constitucional, Derecho Laboral, Derecho de Valores y Comercial, Derecho Tributario y Derecho Minero Energético. A continuación, presentamos una breve reseña de las principales norma sobre RS de ámbito nacional.

En el Derecho Empresarial

En este campo, es necesario que las empresas incorporen aspectos sociales, pues se debe revalorar el rol social de las empresas y, de ese modo, mejorar la calidad ética de la actividad empresarial y comercial.

Aunque varios aspectos sociales -referidos a las empresas y su relación con el ámbito interno- se encuentran ya desarrollados en la normativa laboral y de seguridad social, es también necesario que aquellos referidos al impacto de las actividades de las empresas sean incorporados en su práctica. Es importante


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que el proceso productivo, en cada caso, sea responsable de sus resultados y productos, así como de los impactos que tienen en cada consumidor.

Así también, es necesario que las unidades empresariales sean responsables del uso, de la magnitud de sus ganancias y de la aplicación de las mismas, en un entorno de desigualdad extrema.

En Derecho Constitucional

La Constitución Política del Estado de 1993 ya, inicialmente, menciona la RS en su artículo 43, en el que señala que "El Perú es una república democrática y social". De igual modo, el artículo 58 establece que "La iniciativa privada es libre". Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. En el mismo sentido, la misma Constitución, en su artículo 59, estipula que "El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad (…)".

Aunque no se hace una mención específica y explícita de la RS en la Constitución Nacional, ya la misma reconoce que los elementos principales de esta se encuentran garantizados y contenidos en la misma. Así, tenemos que los derechos básicos (salud, educación, empleo, infraestructura, etc.) pueden garantizar una mayor calidad de vida, pueden ser objeto o parte de la iniciativa privada, y del ejercicio de la libertad de trabajo y empresa. Ello se aplica en tanto no son lesivos al interés de la sociedad ni lesivos a la moral vigente. Está claro que estos son elementos fundamentales de una práctica de RS y que, al estar garantizados en la carta política nacional, pueden ser desarrollados por normativa especializada.

En este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional va estableciendo regulación y lineamientos exigibles mediante sus plenos jurisdiccionales. A partir de ello, se indica que "la responsabilidad social se constituye en una conducta exigible a las empresas, de forma ineludible" (Pleno jurisdiccional 0048-2004-PI-TC). Al igual que el Tribunal Constitucional, declara que "la economía social de mercado… debe ser ejercida con responsabilidad social empresarial" (Expediente 008-2003-AI-TC).

Tenemos, en consecuencia, elementos para mencionar que la RS -como una exigencia a los sectores empresariales- también se ejerce en el marco de una actuación empresarial de responsabilidad en un entorno de economía social de mercado.

En el sector Cultura

En el año 2011, el Estado peruano aprobó la Ley de Consulta Previa Nº 29785, que regula internamente este derecho establecido en el convenio 169 de la OIT. En el año 2012, se reglamentó esta ley por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC.

Esta normativa es un avance en la implementación de espacios de información y participación de la población, que se desenvuelve en el ámbito de los proyectos de desarrollo que podrían acusar impactos en los procesos de estas poblaciones.

La implementación del derecho de consulta se convierte, en la coyuntura actual, en el principal reto de los pueblos y los operadores de los proyectos de desarrollo para llevar a cabo, de forma armónica, las actividades económicas que podrían involucrar los recursos y los ámbitos vitales de cada pueblo.

En Derecho Laboral

En el campo laboral, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ley 29381, señala en su artículo 7.8 que es función exclusiva del Ministerio de Trabajo "Promover normas y estándares nacionales de responsabilidad social empresarial en materia laboral".

El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo establece, en su artículo 3.1.a, que entre las funciones rectoras del sector se encuentra la de "Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materias (…) responsabilidad social empresarial, (…), en todos los niveles de gobierno". En el artículo 3.3.h, le asigna, como función exclusiva, "Promover normas y estándares nacionales de responsabilidad social empresarial, en materia laboral".

En un avance significativo, el sector Trabajo aprobó, mediante Resolución Ministerial Nº 139-2011-TR, el Plan para la Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en el Ámbito Laboral, que contiene conceptos y


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lineamientos específicos para el desarrollo de RSE.

En Derecho Ambiental

La Ley General del Ambiente, Ley 28611, en su artículo 78, señala que "El Estado promueve, difunde y facilita, la adopción voluntaria de políticas y prácticas y mecanismos de responsabilidad social empresarial, entendiendo que esta constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así como relaciones de cooperación y buena vecindad, impulsadas por el propio titular de Operaciones".

Esta ley desarrolla ya un concepto de RS, que relaciona sus consecuencias a la mejora de la calidad ambiental y determina que el rol estatal es el de promotor y facilitador- en el sentido normativo- de las acciones que sean amigables no solo con el ambiente, sino con los talentos humanos. De igual modo, se debe establecer compromisos con el desarrollo local, que tienen que ser implementados por los operadores económicos durante sus actividades de aprovechamiento.

En Derecho Minero, Energético y de Hidrocarburos

Es en el ámbito de las actividades minero-energéticas donde se han desarrollado diversos instrumentos que promueven aspectos, como la participación ciudadana, la transparencia en la información y el cuidado del ambiente.

A continuación, se presentan las normas de mayor importancia, según cada subsector.

Minería

En este marco, se encuentra la Resolución Ministerial Nº 356-2004-MEM/DM, que aprueba formatos de Declaración Jurada de Compromiso Previo y de Declaración Jurada Anual de Actividades de Desarrollo Sostenible, a que se refiere el D.S N° 042-2003-EM y la Resolución Ministerial Nº 192-2008-EM/DM que aprueba el formato de presentación. Mediante el D.S N° 028-2008-EM, se aprobó el Reglamento de Participación

Ciudadana en el subsector minero. Este se desarrolla mediante la R.M. N° 304-2008-MEM/DM

Hidrocarburos

Para el sector hidrocarburos, se dicta la Resolución Ministerial N° 571-2008-MEM/DM, que aprueba Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos. Este reglamento fue aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2008-EM.

Electricidad

Para proyectos de electricidad, se dicta la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM, que aprobó los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas. Estas normas sectoriales dan el marco para las acciones de relacionamiento de las operadoras locales con la población o comunidad. Es allí, en la obtención de la licencia social, donde hay marcos jurídicos impuestos desde el Estado para que las empresas que desean operar, primero, cumplan las normas y obtengan las autorizaciones del Estado.

En el Derecho del Consumidor

Para que exista una cultura de consumo, que se vea reflejada en las normas jurídicas, debe darse una relación entre empresarios y consumidores en la que haya, como mínimo, la participación del Estado. Ello debe garantizar la competencia y evitar la concentración monopólica (Indecopi).

Desarrollo de prácticas comerciales transparentes que no abusen de la falta de conocimiento o de la poca experiencia del consumidor

Respeto de la empresa a la normativa nacional e internacional que haga que los productos y servicios distribuidos sean seguros y amigables con el medio ambiente

Brindar información veraz, clara y oportuna, cuidando que el nivel de información sea igual para todos


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Ofrecer garantías efectivas a los consumidores por los bienes defectuosos y hacerlo más allá de la obligación legal

La Norma Internacional ISO 26000 ha pasado por un proceso de aprobación y revisión ante Indecopi. Después de este, la norma internacional fue aprobada como Norma Técnica Peruana NTP -ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social, el 29 de enero de 2011.

La incorporación de la norma ISO 26000 como Norma Técnica Peruana es una expresión del posicionamiento de los conceptos de RS en la institucionalidad nacional. Cabe anotar que las normas técnicas peruanas se elaboran por los comités técnicos de normalización y, en este proceso, participan los productores, usuarios y la academia que aportan su experiencia para establecer alternativas viables y reales.

El Gobierno, si bien tiene poca injerencia en el funcionamiento de los mercados, quiere establecer ciertas regulaciones que permitan gestar un Estado socialmente responsable, que vele por la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible del país. En esa medida, debe crear y, de ser el caso, mejorar las condiciones adecuadas para la construcción de relaciones sociales armoniosas entre sus ciudadanos. Asimismo, el Estado debe asegurar que el logro de las metas de desarrollo económico, ambiental y social, se dé en un marco de institucionalidad, participación inclusiva y respeto por los derechos y deberes. De esta manera, no solo se fortalece a sí mismo, sino que, en paralelo, genera una cultura de responsabilidad social.El Ministerio de Energía y Minas, como autoridad sectorial, promueve el desarrollo de las actividades extractivas, bajo un enfoque integral de co-responsabilidad social, de respeto a los derechos y deberes de todos los actores sociales y de fomento de la participación ciudadana. Ellos se lleva a cabo en busca de relaciones más equitativas que permitan promover el desarrollo sostenible de las poblaciones ubicadas en las áreas de influencia de las actividades minero-energéticas.

CAPITULO III


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3. El MEM y la Responsabilidad Social¿Cómo impulsa el MINEM la responsabilidad social?:

Promoviendo el entendimiento de los alcances de la Responsabilidad Social en el Sector minero-energético

Propiciando que las empresas adopten las mejores prácticas de responsabilidad social, la Declaración Anual Consolidada (DAC) promoviendo iniciativas de transparencia (EITI), maximizando los beneficios de la actividad en las zonas de influencia (Fondos Sociales), entre otros mecanismos.

Precisando el marco normativo (Reglamentos de Consulta y Participación Ciudadana para las actividades de Hidrocarburos y Minería).

Ampliando la normatividad relativa a la gestión social, como el D.S. N° 052-2010-EM.

Seguimiento efectivo de compromisos sociales Promoción del cumplimiento por parte de las empresas de estándares de

responsabilidad social

En materia de esa voluntad del Estado que apuesta por una política inclusiva y de integración de políticas económicas de promoción de las actividades extractivas que respeten el medio ambiente y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, podemos desarrollar algunas ideas sobre el particular: I. Política sectorial: en este contexto, los proyectos y empresas minero-

energéticas representan una contribución, también, a otros sectores de actividades económicas, que impulsa el crecimiento y desarrollo, así como la seguridad humana en un régimen democrático.

II. Más allá de la Gestión Social: por lo tanto, sus componentes y alcances en materia de responsabilidad social incluyen la creación y mejoramiento del capital social, capital humano, capital físico productivo financiero.

III. Lo social como política inclusiva: las empresas y proyectos del sector buscan superar pasivos ambientales y sociales para así poder crear nuevos activos. La gestión de empresas y proyectos, con responsabilidad social, fortalece el desarrollo desde las localidades, pasando por las regiones, alcanzando el nivel nacional estatal y fortaleciendo el Estado de Derecho.

3.1 La Dirección General de Gestión Social

Introducción

En el año 2006, se crea, al interior del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Gestión Social (DGGS), con competencia en el sector minero. Esta adquiere mayor fuerza recién en agosto del 2006, luego de darse el cambio de gobierno. Es importante mencionar que, si bien la DGGS fue creada en enero de 2006, empezó a funcionar, como tal, en marzo del mismo año. A ello se debe agregar que el primer Director recién asumió funciones en el mes de junio de 2006, debido -principalmente- a que no se dieron las normas administrativas complementarias.

En el mes de julio, al iniciarse el proceso de transferencia en el Estado, esta Dirección se dedicó a elaborar los informes necesarios para tal fin, lo cual concluyó con la entrega del informe de transferencia -en agosto de 2006- a la nueva administración. Cabe resaltar que esta Dirección ha orientado gran parte de sus esfuerzos, en un inicio, al manejo de las situaciones conflictivas en el sector minero y, en algunos casos, del sector energético -dado el encargo realizado por el Viceministerio de Energía-. Ello se realiza con el objetivo de lograr relaciones armónicas entre las poblaciones locales y las empresas del sector.

En efecto, el trabajo de esta Dirección estuvo destinado principalmente a la prevención y manejo de casos de conflictos sociales relacionados a la actividad minera, para lo cual se ha elaborado diversas herramientas que permiten la identificación de los mismos, así como la medición de la intensidad de los conflictos. Para la implementación de las políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que viven en situación de pobreza y extrema pobreza, se consideró necesario, entre otras medidas, promover la ejecución de proyectos económicos con capitales externos. En este sentido, el Ministerio de Energía y Minas tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las actividades minero-energéticas. Ello se realizará normando y supervisando -según sea el caso- su cumplimiento, y cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente.

Los diferentes estudios ambientales (Declaración Jurada, Estudio Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental) del subsector eran remitidos a la DGGS por la


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Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), que solicitaba se emita opinión sobre el componente social de los mismos. Las categorías de estudios evaluados eran las siguientes:

Exploración mineraDeclaración Jurada (DJ)Evaluación Ambiental (EA)Estudio de Impacto Ambiental (EIA)Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd)

A efectos de mejorar la actividad de evaluación del componente social de los estudios, era necesario disponer de herramientas que apoyasen el proceso de elaboración y revisión de los estudios. Ello se tradujo en la actualización de la Guía de Relaciones Comunitarias del MEM, así como elaboración de una guía específica para la revisión de los estudios, en lo que se refiere al componente social.

3.2 La Creación de la Oficina General de Gestión Social

El 26 de junio del año 2007 salió publicado en El Peruano el Decreto Supremo 031-2007-EM, que aprobaba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas. En el mismo, se señala que la Dirección General de Gestión Social es ahora la Oficina General de Gestión Social (OGGS) y se encarga de promover las relaciones armoniosas entre las empresas minero-energéticas y la sociedad civil. A partir de ello, la OGGS está comprometida con la formulación de políticas, estrategias y planes de desarrollo sostenibles en el sector minero-energético; fomenta la implementación de mecanismos de responsabilidad social y la participación inclusiva.

Varias de las actividades desarrolladas por la -hasta entonces- DGGS están sujetas a la planificación cuantitativa, por la naturaleza de la propia actividad. Tal es el caso de la intervención en procesos de diálogo y concertación, la intervención en procesos de participación ciudadana y la revisión del componente social de los estudios.

3.3 Organización de la Oficina de Gestión Social

Funciones

Conforme con los artículos 50° y 51° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas (ROF del MEM del año 2007), se adscribe a la Oficina General de Gestión Social las siguientes funciones y atribuciones:


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Formular políticas y colaborar en el diseño de programas de desarrollo sostenible a favor de las poblaciones asentadas en las zonas de influencia de los proyectos minero-energéticos

Asesorar a la Alta Dirección en el fortalecimiento de las relaciones armoniosas entre las empresas minero-energéticas, los gobiernos locales, regionales, la sociedad civil y otras entidades públicas y privadas

Proponer las normas legales necesarias para el mejoramiento de las relaciones entre las empresas del sector, los gobiernos locales y regionales, y la sociedad civil, así como para la prevención y solución de conflictos

Asesorar a la Alta Dirección en la promoción de mecanismos de diálogo y concertación entre las empresas del sector y las poblaciones locales, fomentando la suscripción de acuerdos entre las partes

Efectuar el seguimiento a los compromisos sociales que asumen las empresas con las poblaciones involucradas en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes

Promover, en coordinación con las Direcciones Generales de Asuntos AmbientalesEnergéticos y Mineros la realización de los estudios sociales necesarios para el desarrollo y crecimiento responsable de las actividades privadas en el sector minero-energético

Asesorar a la Alta Dirección y emitir opinión en los asuntos referidos a las relaciones de las empresas minero-energéticas con la sociedad civil y los gobiernos locales, regionales, de acuerdo con la normatividad vigente

Asesorar a la Alta Dirección en la promoción de proyectos y analizar las solicitudes de cooperación internacional vinculadas con los asuntos sociales, en coordinación con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos

La formulación de políticas sociales sectoriales apunta a la elaboración de la normatividad social del sector. Esta última, por ahora, se centraliza en promocionar la participación y vigilancia ciudadana genuina, así como acciones puntuales que promuevan el desarrollo sostenible de las localidades aledañas a las industrias extractivas minero-energéticas.

Estas actividades, en los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos, están contenidas en los subprogramas del Plan de Gestión de la OGGS, referidos a la actualización normativa y a la asesoría técnico-legal de los asuntos sociales minero-energéticos.

La formulación de políticas sociales sectoriales contiene dos lineamientos estratégicos que aluden a la participación ciudadana y al desarrollo sostenible. El primer punto -la participación ciudadana- responde a la urgencia de las demandas de las poblaciones por una participación genuina en la toma de decisiones, en aquellas cuestiones que afectarán su calidad y forma de vida. Asimismo, contribuye a un afianzamiento progresivo de la relación MEM-ciudadanía. De esta manera, es consecuente con el programa de Prevención y Manejo de Conflictos Sociales Minero-Energéticos de la OGGS, en sus subprogramas de Seguimiento de Compromisos y Manejo de Conflictos y Crisis Sociales Energético-Mineros.

El segundo lineamiento estratégico busca responder a la exigencia ciudadana de que el desarrollo de las actividades mineras y energéticas contribuya, efectivamente, al desarrollo sostenible de las poblaciones que se encuentran en las inmediaciones de los proyectos extractivos, de manera tangible más que declarativa de buenas intenciones. Este lineamiento es consecuente con el programa de Prevención y Manejo de Conflictos Sociales Minero-Energéticos, en sus subprogramas de Seguimiento de Compromisos Sociales y de Promoción del Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, la promoción de la gestión social sectorial aborda la problemática ocasionada por desencuentros y conflictos sociales relacionados a las industrias extractivas de minería y energía. En este sentido, la gestión social se asume como propulsora del establecimiento de relaciones armoniosas en el sector, que asegura la institucionalización de mejores prácticas, procedimientos y mecanismos, que permitan liderar la política social del MEM referida a estas actividades. Ello se realizará promoviendo la responsabilidad social -en un ambiente de respeto sin exclusión en el cuidado del entorno ambiental- y coordinando el accionar del Estado en todos sus niveles.

La promoción de la gestión social contiene dos lineamientos estratégicos referidos a la promoción de las relaciones armoniosas y a los procesos de institucionalización. La promoción de las relaciones armoniosas entre los actores del sector -especialmente, entre las empresas extractivas y las


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poblaciones del entorno social- va más allá de una gestión eficiente de conflictos o del manejo de crisis coyunturales; se inscribe en un concepto ampliado de promoción. De este modo, constituye el vehículo idóneo para impulsar el desarrollo sostenible local, en el marco de la responsabilidad social y del óptimo manejo socio-ambiental. Este lineamiento estratégico se implementa a través del programa de Prevención y Manejo de Conflictos Sociales Minero-Energéticos, en sus subprogramas de Seguimiento de Compromisos y Manejo de Conflictos y Crisis Sociales Minero-Energéticos.

El segundo lineamiento, referido a la institucionalización de procesos, apunta hacia el logro de la institucionalización de prácticas, procedimientos y mecanismos que den sostenibilidad al manejo social mismo.

La meta es ordenar el accionar de la OGGS y mejorar la eficiencia y eficacia de dichos procesos. Para ello, se optimizará el aporte del Sector y mejorará los servicios que el Estado presta a la ciudadanía, en el marco de la transparencia y gobernabilidad; y, en especial, se mejorará la calidad de vida de las poblaciones. Este lineamiento de institucionalización se complementa con el programa de Gestión y Planificación Estratégica, con los tres subprogramas anteriormente señalados.

3.4 Contribución de la OGGS al Desarrollo Sostenible

El objetivo de la OGGS, para promover la RS, es lograr la eficaz inversión social para el desarrollo local sostenible. Por ello, una de sus responsabilidades más importantes es la implementación de acciones que puedan contribuir a mejorar la selección y definición de los destinos de la inversión que realiza el titular minero energético, por dos razones:

i) Existe un reclamo permanente de la población en cuanto a la redistribución de la riqueza. Hay algunos reclamos de la población y sus autoridades, en el sentido, de que no hay una correlación directa entre la mejoría de la situación de pobreza y abandono de las comunidades y/o poblaciones del área del entorno y los ingresos y ganancias que se llevan las empresas. Esto tiene que ver con la poca capacidad de ejecución de las inversiones por concepto de canon.

ii) Muchas de las inversiones que se realizan no aportan al desarrollo sostenible.

En varias ocasiones, las obras llevadas a cabo no son obras que tengan un impacto social que mejore la calidad de vida de las poblaciones. Ello se debe, en parte, a que son obras más decorativas, de ornato y no tienen sostenibilidad en el tiempo y su gestación.

Para lograr este objetivo, es necesario que, desde el MEM (OGGS y DGAAM), se desarrollen los criterios para definir lo que es -o no- una inversión para el desarrollo sostenible, determinar indicadores para evaluar la calidad de la inversión, desarrollar e implementar mecanismos de monitoreo de desarrollo de proyectos para evaluar sus avances.

Dentro de este marco, es importante resaltar la importancia de la utilización de los planes de desarrollo local y regional, como documentos orientadores de la inversión.

En relación con los aspectos ambientales, se presentan algunas recomendaciones que la OGGS podría tener en cuenta para el desarrollo de proyectos relacionados con aspectos ambientales, a fin de lograr una mayor eficiencia en su implementación. Un factor importante para lograr el desarrollo sostenible es la eficaz y genuina participación ciudadana. Esta última necesita el desarrollo de capacidades en la población para aportar y opinar, de manera efectiva, sobre aspectos que la afectan positiva o negativamente. Mediante la

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implementación de eventos de difusión, de información y capacitación, la población puede obtener información útil sobre las condiciones y criterios para proveer de productos o servicios a la empresa minera. Incluso, puede conocer las posibilidades de aprovechar los recursos locales existentes.

El desarrollo de eventos eficaces de Participación Ciudadana (PC) ayuda a la población a establecer prioridades de desarrollo de capacidades, que les permiten trabajar en la actividad minera e incluso definir las posibilidades de contribución de la empresa minera para ello.

Para que las personas se animen a plantear sus preocupaciones u opiniones, deben haberse sentado las bases para el desarrollo de un clima de confianza. Ello requiere los siguientes puntos:

Un proceso de comunicación eficaz y transparente entre los actores involucrados

Confianza en el proceso mismo, en los esfuerzos para promover la masiva participación, en las reglas que regirán para permitir la expresión de los participantes

Mecanismos para la definición de acuerdos y las garantías para el cumplimiento de los mismos.

Si bien los acuerdos -dependiendo de su naturaleza- pueden tener un alcance de corto, mediano o largo plazo, es conveniente que estén enmarcados en un esfuerzo por construir relaciones de largo plazo.

Un comportamiento socialmente responsable genera las condiciones para una convivencia armoniosa entre los diferentes grupos de interés. A continuación, se presentan algunas acciones concretas, a modo de buenas prácticas:

I. El desarrollo de procesos de relación- vínculo- con la comunidad sensibles a sus intereses: el plan de relaciones comunitarias es el conjunto de planes que orientarán las actividades que el proyecto desarrollará con la población. Los mismos se aplican en las fases de exploración y explotación y/o beneficio.

II. El protocolo de relacionamiento es el documento requerido por la autoridad competente. En este, el titular especifica cuáles serán los lineamientos, principios y políticas de comportamiento que adoptará en su

relación con los diferentes actores sociales que se encuentren ubicados en el área de influencia de la actividad minero energética, durante el ejercicio de la misma y en todas las etapas de la actividad.

III. La implementación de buenas prácticas en la gestión ambiental implica un manejo que proteja y cuide el entorno. Este cuidado puede realizarse a través de monitoreos ambientales participativos, con la población de los alrededores debidamente organizada y capacitada.

IV. La práctica de toma de decisiones participativas es un proceso democratizador, que garantiza el diálogo e intercambio constante de información. Esta debe hacer incidencia en las decisiones y/ o manejo ambiental y social de la empresa.

V. Debe haber una identificación oportuna de aspectos sensibles para los diferentes grupos de interés. Es necesario definir la capacidad de acción de cada actor social y su interés en el proyecto. Este último se refiere a las motivaciones que sustentan la identificación de ventajas o desventajas, que encuentra cada grupo de interés. en la implementación del proyecto para el desarrollo de sus actividades económicas y sociales cotidianas.

VI. Debe establecerse normas y reglas claras de convivencia.

VII. Desde el inicio, debe definirse las formas e instancias a través de las cuales se resolverán los desacuerdos.

VIII. El enfoque debe centrarse en la necesidad de actuar y decidir en función del interés general de la sociedad.

Todos estos pasos contribuyen a hacer del inicio de la implementación de la RSE un esfuerzo ordenado, que favorece las relaciones de armonía con la comunidad. De igual forma, lograr la implementación de la RSE requiere que la empresa tenga en cuenta las siguientes buenas prácticas:

La alta dirección debe estar convencida de la conveniencia de su implementación. Sería inútil establecer una estrategia de intervención ante un conflicto social o promover la implementación de proyectos de inversión por concepto de responsabilidad social sin el apoyo de la alta dirección: se frustraría todo trabajo.


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El área responsable de la RSE debe estar completamente integrada a la organización y ser considerada tan importante como cualquier otra área de la empresa. Cabe resaltar que la gestión social debe ser transversal a toda la empresa.

El manejo de los impactos también puede darse a través de las acciones de responsabilidad social, pero es necesario diferenciar lo que es obligatorio (manejo de los impactos) de lo que es voluntario (la responsabilidad social). La política de responsabilidad social de la empresa debe estar enmarcada en la visión de desarrollo sostenible de toda la corporación. La implementación de las estrategias y planes de RSE debe sustentarse principalmente en los recursos de la empresa y de la comunidad.

Los programas y proyectos deben beneficiar a la mayoría de los grupos de interés presentes y permitir el desarrollo de sus capacidades. Es necesario definir la capacidad de acción de cada actor social y su interés en el proyecto. Ello se refiere a las motivaciones que sustentan la identificación de ventaja o desventaja que encuentra cada grupo de interés en la implementación del proyecto para el desarrollo de sus actividades económicas y sociales cotidianas.

Un elemento importante por definir es el de las redes sociales. Para ello, debemos comenzar identificando algunos puntos: i) los niveles de comunicación, ii) el nivel de influencia de cada actor, iii) el grado de cohesión/división de los grupos, iv) las ideas o temas que cohesionan un grupo, y v) las bases del liderazgo.

Dentro de este marco, es importante poder definir, desde el inicio, los canales de comunicación permanente más adecuados, con el fin de garantizar el acceso de los diferentes grupos de interés a dichos canales.

CAPITULO IV


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4. Promoción de la Gestión Social La Dirección General de Gestión Social mantiene, desde sus inicios, una comunicación permanente con las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Dentro de este marco, intercambian información y coordinan la realización de actividades, tales como capacitaciones, talleres previos, audiencias públicas, mesas de diálogo, reuniones, seguimiento de conflictos sociales, entre otras. De ese modo, promueven diferentes políticas de responsabilidad social.

4.1 Promoción de políticas de responsabilidad social gubernamental

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCPLP)

Este mecanismo de consenso se viene desarrollando desde hace 5 años y -en virtud de su norma de creación, D.S. Nº 001-2001-PROMUDEH y el D.S. Nº 014-2001-Promudeh- el Ministerio de Energía y Minas forma parte de él, junto con otros sectores del Estado peruano. El objetivo es el establecimiento de consensos multi-actores y la construcción de propuestas, principalmente, dirigidas al alivio de la pobreza en el país.

Los temas prioritarios que viene impulsando la MCLCP son los siguientes:

1) El tema de la infancia en la mejora de los servicios públicos universales

2) La apertura de oportunidades económicas y empleo digno Mejora de información sobre el empleo Ampliación de la Seguridad Social para trabajadores Que las políticas sectoriales de inversión contemplen metas de empleo Promover que, en los planes de desarrollo concertado, se planteen metas

territoriales para el empleo.

3) Reforzar el ámbito de la concertación y participación ciudadanas

Es motivo de constante preocupación en las actividades mineras, sobre todo, por la escasa información que la mayoría de actores involucrados tiene de la

tecnología aplicada, los compromisos adquiridos frente al Estado y producto de las propias políticas de responsabilidad social empresarial. En general, y por el carácter específico de las reuniones de la Mesa de Concertación, se recibe información de instituciones invitadas o se discute temas normativos o sectoriales que atañen directamente a la lucha contra la pobreza.

La MCLCP representa uno de los escenarios más importantes para la divulgación de las políticas públicas, entre ellas, la del sector Energía y Minas. Sus actores son potenciales aliados en la labor informativa de dichas políticas y actividades del sector para con la opinión pública nacional.

Prevención y erradicación del trabajo infantil (CPETI)

Mediante Resolución Suprema N° 018-2003-TR -de fecha a 21 de agosto de 2003-, se creó el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI), cuya función principal es elaborar el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. De igual modo, busca proporcionar las directrices, asesorar y velar por el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas para dicho fin.

El Comité Directivo Nacional está integrado por representantes de la mayoría de los sectores del Estado, además del Ministerio de Energía y Minas, de la Asociación de Municipalidades, de los gremios laborales y las empresas. A su vez, cuenta con la asesoría técnica de organismos internacionales como la OIT, agencias de cooperación internacional, entre otros.


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Proyecto Perú- Canadá (Percan)

La entonces DGGS, conjuntamente con el Proyecto Percan, planificó la ejecución de 6 actividades para el periodo 2007-2008. El desarrollo de las mismas estuvo dirigido para contar con estructuras organizativas, con prácticas y procesos institucionalizados para liderar y mejorar la gestión social en el subsector minero. Asimismo, se buscaba contar con capacidades fortalecidas para la comunicación, participación, manejo de conflictos y prevención de crisis en los sectores minero-energéticos y mejorar el rol desempeñado por el MEM.

Formulación de políticas sociales sectoriales

A continuación, se presentan las actividades realizadas por la Oficina General de Gestión Social, en el marco de este eje central. Han sido ordenadas según subsectores.

Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 042- 2003-EM

Mediante un trabajo conjunto con el programa Percan, se realizó una propuesta de modificación del Decreto Supremo N° 042-2003-EM. A través de ello, se redefine el compromiso previo con el desarrollo sostenible como requisito para el desarrollo de las actividades mineras.

Antecedentes: EL D.S. Nº 042-2003-EM

Con fecha 13 de diciembre de 2003, se publicó en el diario oficial El Peruano, el D.S. N° 042-2003-EM, que establece el compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias. En este marco, se fijaron seis compromisos o principios básicos que establecían un marco de referencia para el desenvolvimiento de la actividad. Dentro de este esquema, se debía respetar el medio ambiente y administrar responsablemente el impacto social para el beneficio común de las poblaciones que viven en las áreas de influencia de las actividades mineras, las empresas y el Estado.

Dichos principios constituyeron como un paso inicial y de gran importancia para el sector al fijar las bases del relacionamiento entre los titulares y las poblaciones ubicadas en las áreas donde se realiza la actividad minera. Ello se

realiza bajo lineamientos que promueven la contratación y capacitación de mano de obra local, la utilización de bienes y servicios de la zona, y la ejecución de obras de beneficio local, en el marco del desarrollo sostenible. Estas actividades son extendidas a los contratistas y consultores mineros.

También, sentó las bases del componente social requerido para la aprobación de los estudios ambientales. De este modo, se fortalece la, ya existente, Guía de Relaciones Comunitarias para orientar las acciones sociales de los titulares mineros y reforzar los aspectos vinculados a la responsabilidad social y participación ciudadana, fijados en los llamados Planes de Relaciones Comunitarias.

En ese contexto, y teniendo en cuenta el carácter voluntario de la actuación de las empresas- en lo relativo a la responsabilidades preciso reconocer la positiva respuesta del sector minero privado. Asimismo, destaca el gran esfuerzo y avance que constituyó y constituye, a la par con la vigencia del D.S. Nº 042-2003-EM, su actuación en el alivio de la pobreza y la generación de oportunidades, mediante la implementación de sus políticas de responsabilidad social, acordes con las buenas prácticas y estándares internacionales recogidos en diversos instrumentos como el Global Compact, el Global Reporting Initiative (GRI), los principios del International Council on Mining and Metals (ICMM) y los Principios del Ecuador, entre otros.

De los principios contenidos en el D.S. N° 042-2003-EM y su modificatoria

El contexto en el que se dictó el D.S. N° 042-2003-EM ha cambiado debido, principalmente, al incremento de la inversión en el sector, empujado por la bonanza en los precios de los metales y -por ende- de las ganancias asociadas a la explotación minera. Ello ha traído consigo percepciones, tanto de inequidad como de la inexistencia de beneficios económicos para las poblaciones ubicadas en los entornos de la actividad minera.

Dichas circunstancias, entre otras, han generado una mayor afectación del clima de paz social que pone en riesgo la viabilidad de la actividad minera; ante ello, el Ministerio de Energía y Minas, busca asumir un rol orientador respecto a la gestión social, la promoción de las relaciones armoniosas y la formulación de políticas y estrategias sectoriales, a fin de impulsar el desarrollo sostenible local, por lo que es necesario modificar el D.S. N° 042-2003-EM.


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En ese sentido, es tarea del Estado impulsar una estrategia de gestión social, que promueva y procure la participación, equidad e inclusión, contribuya a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones involucradas en las actividades mineras y la promoción de las relaciones armoniosas entre los actores, buscando una armonización con el marco de las políticas públicas sociales; privilegiando la coordinación y articulación público - privada para potenciar el impacto de dichas acciones.

Asimismo, es objetivo de la norma, el fortalecer el concepto de responsabilidad social, para promover como fin último de aquella, el desarrollo sostenible, mediante la reafirmación de los derechos y deberes de la población involucrada con la actividad. De ese modo, se podrá monitorear y llevar un seguimiento y difusión de las acciones realizadas, a fin de demostrar el real impacto local y nacional que ellas representan.

Se busca también, a través de la nueva norma, la optimización de los recursos provenientes de la actividad minera (ya sea los destinados por las empresas, a través de sus políticas de responsabilidad social, o de los obtenidos por el Estado como consecuencia de las obligaciones propias de la actividad empresarial u otras). Así, se busca asegurar el diseño, desarrollo e implementación -participativo y articulado- de proyectos productivos que conlleven a la diversificación económica y a la sostenibilidad local.

Se refuerzan así los principios ya existentes, con precisiones orientadas a lo señalado anteriormente, y se amplían los mismos a fin de incluir cuestiones que, si bien estaban inmersas dentro del contexto de la norma, han adquirido relevancia y merecen ser consideradas como grandes lineamientos. Tales son el caso de la participación -contenida ya en el Reglamento de Participación Ciudadana en el subsector minero- y la gestión social como estrategia para promover el desarrollo sostenible.

A manera de resumen, podemos señalar que la nueva norma busca, el establecimiento de un marco legal de referencia para que las acciones voluntarias de responsabilidad social que realizan los titulares mineros, durante el desarrollo de sus proyectos, se ejecuten de manera articulada con el Estado. De esta manera, se espera asegurar la viabilidad y sostenibilidad de las actividades y el desarrollo sostenible de las poblaciones ubicadas en el área de influencia de la actividad.

Impacto de la vigencia de la norma en la Legislación Nacional

La presente propuesta normativa modifica el Decreto Supremo N° 042-2003-EM, que establece el compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias, en sus artículos 1° 3° y 5°. Ello se realiza con el fin de actualizar las disposiciones en él contenidas, con miras a promover -a través de los recursos de la actividad minera- el desarrollo sostenible local de las áreas en donde se ubica dicha actividad, orientando a los titulares mineros en ese sentido.

4.2 La primera norma de Responsabilidad Social

Estableció un marco de referencia social sobre el cual los titulares mineros deben desarrollar sus actividades, el mismo que se hizo extensivo para los contratistas y consultores mineros.

Estableció el compromiso de los titulares mineros para el cumplimiento de los principios plasmados en la norma. Sentó las bases del componente social requerido para la aprobación de los estudios ambientales.

Fijó la obligación de todos los titulares mineros de presentar DD.JJ. de las actividades de desarrollo sostenible realizadas en el ejercicio anterior.

Permitió difundir información sobre la contribución del subsector minero.


7574

El proyecto surgió en el año 2008 a raíz de la R.M. Nº 167-2008-MEMDM, que crea el Anexo IV de la DAC (Declaración jurada de actividades de desarrollo sostenible). Esto implicó un proceso de diálogo e intercambio de opiniones con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo SNMPE y Grupo de Diálogo Minero. El proyecto de norma fue pre-publicado en la página web del Minem el 7 de julio de 2009, y recibió comentarios de diversas empresas e instituciones de la sociedad civil.

Contenido del D.S. 052-2010-EM Los principios.

Cumplimiento de los principios en los estudios ambientales.

Fecha de entrega del Anexo IV (declaración jurada de actividades de desarrollo sostenible) en la misma fecha de entrega de la DAC.

Deberes y compromisos de las partes.

Difusión de la información contenida en el Anexo IV.

EL D.S Nº 052-2010-EM

Enfoque de desarrollo sostenible: contribuir al desarrollo sostenible, así como procurar la participación activa y conjunta de y con la población de las áreas de influencia.

Excelencia ambiental y social: búsqueda de la gestión social y ambiental con excelencia, y el uso y manejo responsable de los recursos naturales para impulsar el desarrollo sostenible.

Cumplimiento de acuerdos: asumidos en convenios, actas, contratos y estudios ambientales por parte de todos los involucrados.

Relacionamiento responsable: respeto a personas e instituciones, autoridades, costumbres y culturas locales, y la promoción de acciones que fortalezcan la confianza. Ello se lleva a cabo a través de procesos

I. Los principios del D.S. N° 052-2010-EM

participativos y de prevención y gestión de conflictos, así como la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Empleo local: fomento preferente de la contratación local -de acuerdo con los requerimientos del titular- en las diversas etapas del ciclo minero y de forma consensuada con la población.

Desarrollo económico: contribución a través de la adquisición preferente de bienes y servicios locales, y la promoción de iniciativas empresariales que busquen la diversificación de las actividades económicas de la zona.

Diálogo continuo: y oportuno con las autoridades locales, la población del área de influencia y sus organismos representativos, bajo un enfoque intercultural, de modo que permita la participación de todos los actores.

II. Cumplimiento de los principios en los Estudios Ambientales

Los principios deben plasmarse en los estudios ambientales, a nivel de planes o programas, en función de las características y alcance del proyecto y las características de la población.

Dentro de este marco, debe considerarse los siguientes puntos: Clara identificación de la población involucrada Cronogramas de ejecución de las actividades Responsabilidades Montos de inversión

Los titulares mineros presentan la información de inversión social relacionada con los principios del D.S. Nº 052-2010-EM, a través del Anexo IV: Declaración Jurada Anual de Actividades de Desarrollo Sostenible.

Dicho anexo utiliza el sistema de registro de información de la Declaración Anual Consolidada (DAC).

El D.S. N 042-2003-EM fijaba la obligación de presentar la declaración anual al 30 de setiembre de cada año, fecha distinta a la de la DAC.

EL D.S. N 052-2010-EM precisa que el Anexo IV se presenta en la misma fecha que la fijada para la DAC.

III. Fecha de Entrega de la Declaración Anual (Anexo IV)


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7776

Cumplimiento y respeto de los compromisos y acuerdos asumidos a través de convenios, actas, contratos, etc.

En caso de incumplimiento de alguna de las partes, deberá priorizarse: El diálogo Luego, los mecanismos alternativos de solución de conflictos Como último recurso, la vía judicial o administrativa

El deber es de todas las partes interesadas: Los titulares mineros Las poblaciones involucradas Las autoridades nacionales, regionales y locales

IV. Deberes y compromisos de las partes

V. Difusión de la obligación

El Anexo IV utiliza el sistema de registro de información de la Declaración Anual Consolidada, pero no tiene el carácter de confidencial, puesto que no es parte del formato aprobado por la Dirección General de Minería para la DAC.

La información presentada, por los titulares mineros, de acuerdo con el principio de transparencia, es divulgada por el Minem a través de publicaciones conjuntas con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú desde el año 2008.

Todo interesado puede solicitar, directamente al MINEM, la información contenida en el Anexo IV, de acuerdo con la norma de transparencia y acceso a la información.

R.M. N° 192-2008-EM/DMDD JJ DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo - PMSP

Su objetivo era poder coordinar y efectuar el seguimiento de las acciones, a corto y mediano plazo, que realizan las empresas mineras, en la ejecución de las obras, programas y/o proyectos del PMSP. Para ello, promueven la mejor utilización de los fondos constituidos por las empresas firmantes del Convenio, lo cual exige lo siguiente:

Coordinación permanente con las empresas participantes, con el objetivo de maximizar la eficacia en el manejo de los fondos.

Difusión del seguimiento realizado al avance en la ejecución de los fondos de cada empresa, a través de los informes periódicos publicados en el portal del Minem (Informe Nº008)

Promover la articulación de Proyectos del PMSP con programas sociales -públicos y privados- con el objetivo de evitar duplicidades en la intervención y apuntando a la sostenibilidad de los mismos

Mejora y afinamiento de las herramientas de recojo de información, con el diseño de la implementación del Sistema de Reporte Electrónico del PMSP, a través de la Extranet del Minem, cuya finalidad es facilitar el envío de información periódica y sistemática por parte de las empresas mineras integrantes del PMSP

Participación en reuniones de las Comisiones Técnicas de Coordinación Regionales

Al cierre del año 2007, el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo había logrado constituir un fondo ascendente a S/. 518,372,468 nuevos soles. Estos fondos corresponden a 33 empresas mineras de las 38 que habían suscrito el Convenio del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Las mismas, mediante un trabajo coordinado con la Comisión Sectorial, han informado bimestralmente el nivel de los avances en los distintos proyectos, programas y obras de inversión social, conforme con los rubros indicados en el dispositivo legal que aprueba el formato de Convenio (D.S. N°071-2006-EM). De estos proyectos, se tenía que el PMSP -a través de sus fondos regionales y locales- beneficia a 17 departamentos del país, teniendo una cobertura de 53 provincias y 236 distritos.


7978

Posteriormente, se realizó una presentación dirigida a todas las empresas mineras suscribientes del PMSP, con el fin de realizar un balance general del 2007. A la vez, se mostró los documentos elaborados -como "Lineamientos del PMSP 2007-2011" y la socialización de la Matriz de Seguimiento y las Fichas de Proyecto-, mediante los cuales se recoge información con algunos ajustes efectuados.

En este caso, destacó el dinamismo en la ejecución de proyectos de inversión de los fondos locales, en comparación con los regionales. Asimismo, los rubros de inversión más importantes, a nivel regional y local, han sido Infraestructura, nutrición y alimentación.La Comisión Sectorial, a través de la Secretaría Técnica, en la que recaía esta Oficina, elaboró durante el último trimestre del 2008, el Informe Nº 006 del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Este contenía el seguimiento a los avances realizados por cada empresa minera, en relación con los proyectos que vienen ejecutando hasta el mes de octubre de 2008, con los fondos regionales y locales. Cabe mencionar que este documento fue elaborado con la información enviada por las empresas, a través del Sistema de Reporte Electrónico del PMSP vía la Extranet del MINEM, sistema que fue implementado desde el mes de Octubre contando con el soporte Técnico de la Oficina de Informática.

A continuación, se presentan las principales conclusiones de lo que fue el monitoreo del PMSP:

El Monto Depositado Global, acumulado del PMSP, al mes de febrero del 2011 asciende a la suma de S/. 1 789 653 290.39 Nuevos Soles, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, que incluye el Fondo Local, el Fondo Regional y los aportes por Comisión de la Verdad (CVR).

El Monto Comprometido Global, acumulado hasta el mes de febrero de 2011, asciende a la suma de S/. 1,775,580,463.09 Nuevos Soles, cifra que representa el 86.88% del total del Monto Depositado Global (sin CVR); mientras que el Monto Ejecutado Global asciende a la suma de S/. 1 116 670 177.62, cifra que representa el 72.55% del total del Fondo Comprometido Global del PMSP.

Al mes de febrero de 2011, se tenía un total de 2214 registros de proyectos, en el fondo local y regional conjuntamente. Cabe anotar que, en los rubros de Educación, Infraestructura, y Proyectos y Cadenas Productivas, han

comprometido más de S/. 1,100,048,781 millones, que representa el 71,42% del Monto Comprometido Global del PMSP.

Por otro lado, como parte de las actividades de la Secretaría Técnica se publicaron, en el portal web del PMSP, los resultados del informe de Evaluación de Medio Término del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo - PMSP (2007-2009). Este documento analiza los aspectos cuantitativos y cualitativos del impacto de los proyectos más importantes emprendidos en el citado periodo. La Secretaría Técnica, acorde con el documento "Lineamientos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo 2007-2011", solicitó a todas las empresas integrantes del PMSP efectuar la evaluación de sus intervenciones en el marco del PMSP al año 2010.

Cabe mencionar que, desde el mes de junio de 2010, la Secretaría Técnica solicitó a un grupo de empresas integrantes del PMSP, participar en las reuniones de las Comisiones Técnicas de Coordinación (CTC) local o regional. Las empresas seleccionadas fueron Sociedad Minera Brocal, Minera Santa Luisa, Minera Condestable, Minera Aruntani, Minera Atacocha, Consorcio Minero Horizonte y Minera Colquisiri, por presentar un porcentaje asignado inferior al 30% en los rubros prioritarios de inversión en Nutrición, Educación y Salud.

Para el año 2011, quedaron pendientes reuniones con Minera Aruntani, Consorcio Minero Horizonte y Minera Colquisiri. Entonces, se participó en la reunión de la Comisión Técnica de Coordinación Local y Regional de la empresa minera Colquisiri S.A.C., desarrollada el 24 de marzo en la Mina María Teresa. A partir de esta, logró comprometer todos los recursos pendientes en dos proyectos de inversión social en beneficio del Centro Poblado de Quepapampa, Asociación La Macarena y el Centro Poblado Nueva Estrella, localidades ubicadas en las zonas de atención local.

En el segundo trimestre del año 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial del PMSP elaboró y publicó los Informes Nº 031, Nº 032 y Nº 033, los mismos que estuvieron a disposición de todos en la página web del MEM. De esta forma, la Secretaría Técnica -que recaía en esta oficina- cumplió con publicar el seguimiento a las inversiones que se realizaron con fondos provenientes del PMSP, información que fue registrada, mensualmente, por las empresas mineras que integran el PMSP, vía la Extranet del MEM.


8180

La variabilidad que se presenta en el monto depositado entre el informe 031 y 032 se explica porque en el informe Nº 032 se adicionan los montos depositados, correspondientes al último aporte del año 2011. A continuación, se presentan las principales conclusiones del seguimiento al avance del PMSP, correspondiente al presente trimestre:

El Monto Depositado Global acumulado del PMSP, al mes de mayo 2011, asciende a la suma de S/. 2,285,082,239.69, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y al último aporte 2011. Ello incluye el fondo local, el fondo regional y los aportes por Comisión de la Verdad.

El Monto Comprometido Global acumulado hasta el mes de mayo de 2011, asciende a la suma de S/. 1,608,901,102.30, cifra que representa el 70.92% del Monto Depositado Global (sin CVR); mientras que el Monto Ejecutado Global asciende a la suma de S/. 1,187,123,269.29. Esta cifra representa el 73.78% del Monto Comprometido Global del PMSP.

Al mes de Mayo de 2011, se tiene en total 2 296 registros de proyectos, en el Fondo Local y Fondo Regional conjuntamente, siendo que en los rubros de Infraestructura y Educación se han comprometido más de S/. 916 727 222 millones de Nuevos Soles, monto que representa el 56,97% del Monto Comprometido Global.

Entre otras actividades realizadas por la Secretaría Técnica del PMSP, destacan las siguientes:

Solicitud a las empresas integrantes del PMSP para que efectúen el envío de sus Evaluaciones de Medio Término del PMSP, hasta el 30 de junio de 2011.

Elaboración del Informe Balance de Auditorias del PMSP del periodo 2008-2010.

El Monto Depositado Global acumulado del PMSP por los 5 años de aporte- realizados por las empresas- asciende a la suma de S/. 2,285,082,239.69. Los años de aporte corresponden, a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y al último aporte 2011, que incluye el fondo local, el fondo regional y los aportes por Comisión de la Verdad.

El Monto Comprometido Global acumulado hasta el mes de agosto de 2011 alcanza la suma de S/. 1,747,159,411.44, cifra que representa el 77.02% del Monto Depositado Global (sin CVR). Mientras, el Monto Ejecutado Global asciende a S/. 1,298,405,382.06, lo cual representa el 74.31% del Monto Comprometido Global del PMSP.

Al mes de agosto de 2011, se tiene en total 2440 registros de proyectos, en el

fondo local y fondo regional conjuntamente. Cabe anotar que, en los rubros de Infraestructura y Educación, se han comprometido más de S/. 999,348,550 millones, que representa el 57.19% del Monto Comprometido Global.

Entre otras actividades realizadas por la Secretaría Técnica del PMSP, durante este trimestre, se mencionan las siguientes: Envío de oficios reiterativos en los que se solicita a las empresas integrantes

del PMSP que efectúen el envío de sus Evaluaciones de Medio Término del PMSP

Inserción en la Intranet del PMSP de los módulos "Solicitudes de Reactivación PMSP", "Elimina Proyectos" y "Seguimiento de Reactivaciones del PMSP"

4.3 La participación ciudadana La participación, para que sea eficaz, debe darse en un marco de equidad e inclusión. Con ello, se alude a que el MEM siempre se ha preocupado por establecer las condiciones necesarias para facilitar la participación de la población y, en especial, de los grupos más vulnerables. La PC busca que puedan generarse condiciones a través de la promulgación de políticas públicas (por ejemplo, el Reglamento de PC y sus normas), del desarrollo de capacidades y mediante el fortalecimiento de la presencia del Estado, como garante del ejercicio del derecho a la participación ciudadana, entre otros (para mayor información referente a la PC en el subsector minero, se puede consultar la "Guía de Participación Ciudadana en el subsector minero- MEM 2010").


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La participación ciudadana, según el D.S D.S. N° 028-2008-EM, es un proceso público, dinámico y flexible, que -a través de la aplicación de variados mecanismos- tiene por finalidad:

Conocer y canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes respecto de las actividades mineras

Promover el diálogo y la construcción de consensos Poner a disposición de la población involucrada información

oportuna y adecuada respecto de las actividades mineras proyectadas o en ejecución

Aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos

El 20 de febrero de 2008 se promulgó el Decreto Supremo N° 012-2008-EM, que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana en Hidrocarburos. El último establece los lineamientos de la participación ciudadana, que conducen a los siguientes puntos:

Fortalecer los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana en la gestión ambiental y social, así como los derechos de los pueblos indígenas y la población involucrada;

Optimizar la gestión ambiental y social de los proyectos de inversión en hidrocarburos;

Proveer a la autoridad de información suficiente para tomar decisiones relacionadas con el manejo ambiental y social;

Promover relaciones armoniosas entre las poblaciones, el Estado y las empresas.

La norma -que consta de 63 artículos- recoge como elementos clave del procedimiento, la igualdad de derechos, transparencia y buena fe, mejora continua, enfoque intercultural y los derechos a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado, acceso a la información, acceso a la justicia, con

especial énfasis en las poblaciones involucradas. A partir de ello, establece que, en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos, el Estado promueve el pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de las poblaciones involucradas. Cabe anotar que incluye a las poblaciones indígenas.

Asimismo, se señala que, en este último caso, se respetará la identidad social y cultural de la población indígena, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones, tanto a nivel de cada comunidad, como de sus integrantes. Dentro de este marco, se establece tres criterios básicos: i) Propiciar el diálogo y el intercambio de información en la lengua o idioma de la comunidad, lo cual busca promover una relación de confianza; ii) Respetar los procesos de toma de decisiones de cada comunidad; y, iii) Asegurar que el proceso de participación ciudadana respete las actividades sociales y económicas, así como las actividades y labores de la comunidad, para propiciar la mayor y efectiva participación de sus integrantes. Por ello, se deberá tener especial cuidado en el respeto a sus formas de organización, coordinando con las autoridades de la comunidad.

La actual regulación considera que la participación ciudadana debe llevarse en todo el ciclo de vida de los proyectos. Es decir, se inicia en la etapa de negociación o concurso y suscripción de los contratos de exploración y/o explotación a cargo de Perupetro; prosigue en la etapa de elaboración y


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evaluación de los Estudios Ambientales; y, finalmente, en la etapa posterior a la aprobación de estos estudios hasta el cierre del mismo.

A nivel del Ministerio de Energía y Minas (MEM), sus políticas de responsabilidad social has sido cada vez más inclusivas y han establecido mayores niveles de protección para el efectivo ejercicio del derecho ciudadano a la participación en los procesos de toma de decisiones.

Desde diciembre de 2006, la Oficina General de Gestión Social del Minem ha venido colaborando con la mejora de la implementación de condiciones para el ejercicio de este derecho ciudadano. Ello se ha llevado a cabo de manera conjunta con la Direcciones de Asuntos Ambientales Energéticos y General de Hidrocarburos.

4.4 Comisión Multisectorial para áreas de influencia de los lotes 1AB y 8 (R.M. N° 346-2006-PCM)

El 22 de octubre de 2006, luego de 10 días de toma de las instalaciones de Pluspetrol Norte, y luego de mediar negociaciones con representantes de Feconaco y la ONG Racimos de Unguarahui, el Estado suscribe el Acta de Dorissa con entidades públicas (Minsa, Gorel, Minem, Osinergmin, Pronaa) y la empresa Pluspetrol Norte S.A. Durante 2007, la Comisión Multisectorial efectuó tres presentaciones en las comunidades nativas de cada cuenca -Tigre, Pastaza y Corrientes-. Después de ello, en el mes de febrero de 2008, aprobó el Plan de Acción que le fuera encargado.

El 27 de septiembre de 2006, se expide la Resolución Ministerial N° 346- 2006-PCM, mediante la cual se crea la Comisión Multisectorial para el Área de Influencia de los Lotes 1AB y 8, operados por la empresa Pluspetrol Norte S.A. El objetivo de esta comisión -adscrita al MEM- fue estudiar, analizar y proponer mecanismos para mejorar las condiciones socioambientales de las comunidades nativas que se encuentran en el área de influencia de los Lotes 1AB y 8. La Comisión Multisectorial, en noviembre de 2007, aprobó el Plan de Acción que le fuera encargado.

Dicho documento fue remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros para su evaluación y aprobación final en el mes de febrero de 2008. Con este documento, la Comisión Multisectorial cumple con el objetivo de elaborar un plan consensuado, que contiene seis aspectos específicos señalados en el artículo Nº 3 de la R.M. 346-2006-PCM, y está compuesto de 35 acciones. Paralelamente, la Comisión propuso la creación de otra Comisión de Seguimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Acción, para lo cual se realizaron coordinaciones con el Mimdes (DGPOA / Actual Indepa) y la PCM. El planteamiento estaba dirigido a que sea el Indepa quien asuma la presidencia, dado que la mayor dificultad para la implementación de las acciones y su seguimiento estaban relacionados con la ejecución de diferentes proyectos de desarrollo a favor de dicha entidad.

Esta iniciativa no prosperó y la Comisión Multisectorial continuó sesionando durante el año 2008. Para 2009, esta oficina había realizado el seguimiento a las acciones del Plan de Acción y al Acta de Dorissa. Respecto a ello, el reporte general del seguimiento demuestra que sectores como Osinergmin y Minam vienen avanzando en las actividades asociadas a las acciones que son de su competencia, como los temas vinculados a programas sociales de desarrollo; sin embargo, estos -especialmente aquellos que son de competencia del Minam- no han presentado mayores avances.


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Las sesiones desarrolladas y lideradas por la Comisión Multisectorial, durante el tiempo de trabajo realizado, sirvieron de marco para efectuar el seguimiento de compromisos asumidos en el Acta de Dorissa, pues el Plan de Acción comprende, además de las cuencas del río Corrientes, las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre y Marañón. El Plan de Acción ha sido diseñado bajo un principio articulador, para que el desarrollo de los objetivos de las áreas se dé no solo con la participación local, sino también entre todos los sectores, de acuerdo con el nivel de competencia de cada entidad involucrada. En esa medida, su importancia depende del trabajo articulado que efectúe cada sector.

Durante 2009 y 2010, la Oficina General de Gestión Social ha efectuado el seguimiento del Plan Acción, y ha participado en diversas reuniones de trabajo del Directorio del Pepisco, entidad a la que se le ha presentado diversas recomendaciones, con el fin de apoyar la mejor utilización de los fondos entregados por la empresa Pluspetrol, así como lograr el cumplimiento del Plan de Trabajo del Pepisco. En torno a ello, se debe precisar que el encargo de esta Oficina -respecto a la Comisión Multisectorial en el marco del Resolución Ministerial Nº 346-2006-PCM, conforme el artículo 3ro de dicha disposición- consistía en elaborar un Plan de Acción, en el área de influencia de los Lotes 8 y 1AB. De otro lado, se cuenta con el Seguimiento del Acta de Dorissa, actualizado al mes de junio de 2011, la misma que se adjunta en el Anexo I.

La Comisión Multisectorial desarrolló un trabajo sostenido, que cumplió con su objetivo principal: proponer mecanismos para mejorar las condiciones socioambientales de las comunidades nativas que se encuentran en el área de influencia de los Lotes 1AB y 8 de la empresa Pluspetrol Norte S.A. Posteriormente, dicha comisión elaboró el documento "Plan de Acción para mejorar las condiciones socio-ambientales de las comunidades nativas asentadas en las áreas de influencia de los lotes 1AB y 8". Este último busca subsanar los cambios y alteraciones al medio natural y social de las comunidades nativas ubicadas en los distritos Tigre y Trompeteros -de la provincia de Loreto- y en el distrito de Andoas -en la provincia de Datem del Marañón-, en los cuales se ubican los yacimientos de Capahuari Norte, Corrientes, Capirona y Pavayacu.

Asimismo, durante el mes de febrero, se remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social dos propuestas legales: una para la aprobación del Plan de Acción, y otra para la creación de una Comisión Multisectorial que implemente las acciones propuestas del Plan de Acción.

A través de diferentes reuniones, en las ciudades de Lima e Iquitos, las comisiones presididas por esta oficina han logrado establecer una matriz de seguimiento a los compromisos asumidos en el Acta de Dorisa, la misma que es actualizada de manera periódica. Por otro lado, esta oficina, a través de la Comisión Multisectorial, ha implementado una serie de procesos que conducen a cumplir con las acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Comisión Multisectorial. Entre ellos, podemos destacar los siguientes:

- Seguimiento de compromisos sociales, capacitación a monitores, y seguimiento de casos en las áreas de influencia de los Lotes 1AB y 8.

- Seguimiento de la implementación de los Programas de Monitoreo Ambiental Comunitario a cargo de la empresa Pluspetrol Norte en las cuencas del Tigre, Pastaza y Corrientes, los mismos que son realizados por monitores de las comunidades nativas de las áreas de influencia.

- En coordinación con el Gobierno Regional de Loreto y el Proyecto Paseh, se han implementado dos consultorías para la elaboración de la línea de base social de las cuencas Tigre y Pastaza y la elaboración de perfiles de proyectos productivos para ambas. Este documento se encuentra en evaluación en la Dirección de Planeamiento de la OGGS.

El objetivo de la base socioeconómica consistió en elaborar un diagnóstico de los aspectos de esta índole. Para ello, se tuvo en cuenta características y temas relacionados con las poblaciones indígenas y mestizas, el nivel y la calidad de vida, el potencial de las poblaciones rurales y de las organizaciones comunales. Ello se realizó de esta manera para facilitar la elaboración y ejecución de proyectos participativos, en el marco de la implementación de un Plan de Desarrollo Integral en las Comunidades asentadas a lo largo de las cuencas de los Ríos Pastaza y Tigre. El equipo técnico fue dirigido por la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto; en tal sentido, la OGGS ha facilitado su realización y ha establecido los criterios relacionados con la participación de las comunidades en el diseño de dichos documentos.

En cuanto a los compromisos del Monitoreo Ambiental Comunitario, se ha realizado el seguimiento a la empresa Pluspetrol Norte para evaluar su cumplimiento, el mismo que viene siendo implementado, de manera gradual, en las tres cuencas. Una vez constituidos los equipos de monitores en las tres cuencas, la OGGS, en coordinación con Osinergmin, acompañó al equipo


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4.5 Comisión para el Desarrollo Sostenible de la cuenca del río Urubamba

Se creó el Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional o GTCI Camisea, mediante Decreto Supremo N° 120-2002-PCM, del 22 de octubre de 2002. En paralelo, se diseñó con el BID el Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo a la Gestión Ambiental.

A través de este grupo técnico, se buscaba alcanzar los siguientes puntos:

Fortalecer la capacidad del Estado para la gestión ambiental y social para el manejo de este Mega Proyecto ubicado en el Bajo Urubamba, y enfrentar situaciones de vulnerabilidad en comunidades nativas y en la biodiversidad de la zona

Articular y coordinar organismos del Estado frente a este proyecto y plantear criterios de sostenibilidad en el ámbito de influencia del Proyecto Camisea

Enfrentar un proyecto complejo en aspectos técnicos y económicos

El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Oficina General de Gestión Social y del Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional (GTCI) Camisea, elaboró una propuesta de Comisión para el Desarrollo Sostenible de la cuenca del río Urubamba. Ello se llevo a cabo con la siguiente finalidad:

Asegurar la mayor y mejor inversión del canon gasífero en la zona Articular los esfuerzos que vienen realizando diversas instituciones del

Estado, organizaciones de la sociedad civil y empresas en pro del desarrollo sostenible de las comunidades nativas y asentamientos rurales, ubicados en la cuenca del río Urubamba

Fortalecer al Comité de Gestión del Bajo Urubamba y a las federaciones y organizaciones del Alto Urubamba, y lograr una mayor presencia del Estado

técnico en la capacitación de los monitores para el seguimiento de los compromisos socio ambientales.

4.6 Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI) - Resolución Suprema N° 018-2003-TR de fecha 21 de agosto de 2003

La OGGS ha participado activamente de las reuniones de trabajo, establecidas en la estrategia comunicativa a seguir para la erradicación del trabajo infantil. Hemos participado en el diseño del Plan Estratégico del CPETI al año 2010 en relación con el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

Entre las grandes líneas del Plan Estratégico del CPETI al año 2010, destacan las siguientes:

Prevención y erradicación del trabajo infantil a menores de 14 años. Prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil de

menores de 18 años. Protección de los derechos de los adolescentes trabajadores entre los 14 y

18 años. Se definieron los integrantes de los grupos de trabajo, así como los

productos esperados, resultados y logros hasta el año 2010.

4.7 Actividades de hidrocarburos y reservas indígenas: Protocolos de actuación

El Ministerio de Energía y Minas se comprometió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a ejecutar las matrices de políticas de verificación y de resultados en el marco del programa para el desarrollo de una nueva matriz energética sostenible.

La base de esta matriz es el enfoque integral de sus diferentes componentes (social, ambiental y técnica), la misma que se articula con los objetivos del Perú. Así, cada una de las direcciones del sector energía ya ha suscrito una serie de compromisos de acuerdo con el marco de sus competencias. En el caso puntual de la OGGS, dentro de la matriz de políticas, debe elaborar un protocolo de actuación para la mitigación de impactos sociales. Ello se aplicaría si la actividad de hidrocarburos se desarrollara al interior de una reserva territorial; posteriormente, debe elaborar los mecanismos de fiscalización requeridos.

Para el cumplimiento de dicho objetivo, se constituyó una mesa de trabajo


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interna (DGAAE- DGH- OGAJ y OGGS), y se coordinó tres reuniones de trabajo con el grupo de empresas que realizaban actividades en diversos lotes de hidrocarburos, en áreas donde se han establecido dichas reservas o se ha solicitado su establecimiento. Asimismo, se ha contado con la participación de las instituciones públicas involucradas.

4.8 Diálogo tripartito

Diálogos tripartitos en la región amazónica

La Oficina General de Gestión Social, desde el año 2008, ha implementado espacios de diálogo permanente entre el Estado, las empresas operadoras de hidrocarburos y las comunidades -y sus organizaciones- que se encuentran dentro de las áreas de influencia de los proyectos. A continuación, se presentan los objetivos establecidos:

1. Mejora continua del proceso de relacionamiento: contribuir a la implementación de propuestas de desarrollo sostenible, con carácter participativo e integrador, a través de las alianzas público-privadas; así como la prevención de posibles situaciones de conflicto a través del establecimiento de mecanismos de coordinación directa.

2. En el mes de marzo, con motivo de iniciar las actividades de 2009, se realizó el Taller Nacional de los Comités de Coordinación de los Diálogos Tripartitos de Loreto y Ucayali, que está integrado por representantes de las empresas petroleras, funcionarios de diversos sectores y dirigentes de las organizaciones indígenas.

3. El objetivo del taller fue intercambiar experiencias de los comités de coordinación de Loreto y Ucayali. Se buscaba la identificación y planificación del plan de trabajo 2009, y aprobación de la Memoria de 2008.

Esta propuesta está siendo promovida inicialmente en tres regiones del país: Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

El objetivo de la propuesta consistía en establecer una mejor relación entre el Estado, las empresas y las federaciones y comunidades nativas ubicadas en las áreas de influencia de los proyectos del subsector. Para ello, se promovía la

coordinación interinstitucional y el trabajo concertado en temas como la promoción de la inversión social y proyectos de desarrollo local. Ello se llevó a cabo en el marco de un desarrollo sostenible, apostando por la ruta del diálogo y previniendo alguna eventual situación de conflicto, entre otros.

La metodología utilizada se divide en dos partes. La primera consiste en una presentación general de la propuesta y el rol del Estado, en el marco de la actividad hidrocarburífera, a cargo de la Oficina General de Gestión Social. Ello es seguido de exposiciones por parte de las instituciones públicas y privadas vinculadas al tema, como Perupetro y algunas empresas de la zona. Después de ello, se conformaron grupos de trabajo multisectoriales con el fin de que elaboren una propuesta acerca de este espacio de diálogo. Finalmente, cada propuesta es integrada en una conclusión global consensuada entre todos los participantes.

Al primer trimestre de 2011, la OGGS realizó las gestiones conducentes a iniciar las actividades para ese año:

Se solicitó el apoyo financiero al Carec para la realización de dos talleres en el mes de marzo. Debido a demoras en la aprobación del presupuesto 2011, solicitado por esta oficina, las actividades previstas se reprogramaron para ser desarrolladas a fines del mes de abril y principios de mayo 2011, luego


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del proceso de elecciones nacionales. Se coordinó- con los integrantes de los Comités de Coordinación Tripartito de

Loreto y Ucayali- llevar a cabo las dos primeras reuniones en las ciudades capitales, Iquitos y Pucallpa, con el fin de poder realizar el balance general y elaborar el plan de trabajo del año 2011. Los integrantes de las comisiones expresaron su conformidad y disposición de continuar participando en este espacio de trabajo.

Entre las presentaciones realizadas, se contó con la participación de OEFA, Indepa y el Gobierno Regional de Ucayali, a través del Instituto Regional de Desarrollo de las Comunidades Nativas (Irdecon). En las mesas de trabajo, conformadas por los asistentes, se lograron identificar las bases y criterios a seguir para la selección de pasantes en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades y Pasantía, los cuales fueron utilizados en la implementación del programa. El programa piloto implementado se desarrolla líneas abajo.

Diálogo Tripartito Loreto: 27 de mayo de 2011 Diálogo Tripartito Ucayali: 6 de mayo de 2011

Las exposiciones realizadas fueron de interés de los asistentes, en especial, aquella realizada por el MEF respecto al canon y sobrecanon, y la distribución del 10% de canon para las comunidades. Este tema ha sido requerido en reuniones anteriores del Diálogo Tripartito. Asimismo, la propuesta de ejecución del proyecto piloto del Programa de Capacitación y Pasantía generó expectativa entre los líderes de comunidades indígenas, actividad que se tiene prevista para setiembre del presente año:

Implementación del Programa Piloto de Capacitación y Pasantía para Líderes Indígenas del Diálogo Tripartito Ucayali del 12 al 14 de julio de 2011.

La OGGS, expuso los resultados del Programa de Fortalecimiento de Capacidades a dirigentes locales. A la vez, realizó un taller sobre Prevención y Resolución de Conflictos Sociales, en el que los participantes aprendieron a analizar y mapear sus conflictos. Finalmente, en el taller de Responsabilidad Social Empresarial ISO 26000, los participantes pudieron adquirir habilidades para reconocer indicadores de responsabilidad social en cualquier organización.

La OGGS implementó el Programa Piloto de Capacitación y Pasantía dirigido

a líderes indígenas participantes en el Diálogo Tripartito Ucayali. Al programa, asistieron dieciséis líderes de comunidades nativas, quienes fueron capacitados en la formulación de proyectos de desarrollo sostenible y alternativas de fuentes de financiamiento.

En este programa, participaron representantes de las Federaciones Feconau, Feconbu, Feconapia, Feconashcra, Feconayy y Feconacurpi, y de sus comunidades nativas afiliadas: Canaan de Cachiyacu, Tupac Amaru, Santa Rosa de Pisque, Santa Rosa, Aguaytia, Puerto Fermeza, Alva Castro, Cleyton, Naranjal y Sepahua.

Durante la pasantía, visitaron el proyecto de "Fortalecimiento de la piscicultura en los distritos de Irazola y Curimana implementado por la empresa Aguaytía Energy", donde tuvieron la oportunidad de entrevistarse con los pobladores dueños del proyecto, especialistas y técnicos de la empresa. De este modo, recogieron información acerca de las piscigranjas, montos de inversión, técnicas de cuidado de las especies de crianza, multicultivos, análisis del mercado y la demanda actual, entre otros temas.

Durante el taller, los cuatro grupos de trabajo, desarrollaron cuatro propuestas con el apoyo del especialista contratado para esta actividad, las cuales fueron mejoradas y convertidas en perfiles de proyecto, y devueltas a cada grupo. Esta. actividad fue auspiciada por el Carec y se tiene previsto replicarla en el Diálogo Tripartito Loreto

Diálogo Tripartito Descentralizado Ucayali - Aguaytía

Con la participación de diferentes federaciones y comunidades nativas, el 22 de julio de 2011, se desarrolló el Diálogo Tripartito Descentralizado Ucayali en el auditorio del Colegio Fernando Carbajal Segura, del Distrito de Aguaytia. La OGGS expuso los resultados del Programa de Fortalecimiento de Capacidades a dirigentes locales. Asimismo, realizó un taller sobre Prevención y Resolución de Conflictos Sociales, en el que los participantes aprendieron a analizar y mapear sus conflictos. En el taller de Responsabilidad Social Empresarial ISO 26000, los participantes pudieron adquirir habilidades para reconocer indicadores de responsabilidad social en cualquier organización.

Además, asistió el Ministerio del Ambiente, que realizó una presentación sobre


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Cambio Climático y Mercados de Carbono. También, se contó con la presencia de OEFA, que expuso el tema de monitoreo ambiental comunitario, que fue complementado con la participación de los integrantes del Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC), auspiciado por la empresa Pluspetrol Perú Corporation.

4.9 Diálogos Tripartitos: Balances y proyecciones

Los Diálogos Tripartitos implementados en los departamentos de Loreto y Ucayali, desde el año 2008, fueron reformulados para lograr nuevos objetivos en 2012. Como balance de lo logrado, a la fecha se ha logrado lo siguiente:

Posicionamiento de los Diálogos Tripartitos, como un espacio de intercambio de información y relacionamiento directo entre Estado, comunidad y empresa privada. Ello se ha conseguid a través de las reuniones desarrolladas en las capitales de ciudad como en las reuniones descentralizadas.

Coordinaciones logradas con el Banco Mundial, que promueve los Diálogos Tripartitos en países de la cuenca amazónica y presentación del trabajo realizado en el Perú.

En 2012, se diseñaron nuevas líneas de trabajo, que fueron presentadas en un Plan de Trabajo detallado con indicadores de resultado. Entre los principales lineamientos, se puede mencionar:

1. Desarrollo de los Diálogos Tripartitos en las comunidades nativas previamente identificadas, según criterios de relevancia social en torno al proyecto de hidrocarburos, logística, filiación con alguna Federación, entre otros por definir

2. Coordinaciones con Perupetro y con el sector empresarial, cuyo propósito es impulsar de manera coordinada los Diálogos Tripartitos 2012.

3. Diseño y elaboración de materiales didácticos e informativos, que darán soporte a las reuniones de los Diálogos Tripartitos.

De manera paralela al desarrollo de estos diálogos, se impulsará el Programa de Capacitación y Fortalecimiento de Capacidades. Este busca mejorar el material desarrollado este año en Ucayali, e incorporar a las autoridades locales y regionales según corresponda.

A continuación, se presentará la medición de resultados de las actividades implementadas, cualitativa y cuantitativamente.

Diálogos Tripartitos: Proyecciones para el 2012

1. Mejora de las relaciones para la prevención y gestión de conflictos sociales

Hasta 2012, se desarrollaron 12 reuniones plenarias de los Diálogos Tripartitos, con la instalación y funcionamiento de dos Mesas de Trabajo Multipartes en torno al Proyecto de Exploración del Lote 64 y Lote 67 (Pilotos). Respecto a ello, se observa una mejora de las relaciones para la implementación de iniciativas de desarrollo sostenible.

En paralelo, se busca desarrollar un Programa de Fortalecimiento de Capacidades dirigido a líderes indígenas de cuatro regiones del país, a fin de contribuir con la implementación de propuestas de desarrollo sostenible de carácter participativo e integrador.


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4.10 Sistema de Seguimiento y Alerta Temprana - SSAT

El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Oficina General de Gestión Social, ha elaborado una propuesta de Sistema de Seguimiento y Alerta Temprana de Compromisos Sociales- SSAT. Se trata de un mecanismo ordenado y sistemático de seguimiento de los compromisos sociales adquiridos entre las empresas y el entorno social de su área de influencia. El objetivo es disminuir la ocurrencia de conflictos sociales derivados del incumplimiento o inadecuado cumplimiento de los mismos.

El SSAT se centra en aquellos compromisos sociales que no son de obligatorio cumplimiento, al no existir estipulación legal alguna. Los compromisos sociales a los que nos referimos son aquellos que- por diversas razones- terminan siendo adquiridos por las partes y cuyo cumplimiento o avance no es supervisado o fiscalizado de manera formal y sistemática por ninguna instancia (estatal o privada). Sin embargo, su incumplimiento es germen de un conflicto social. Cabe aclarar que el SSAT no es un mecanismo de alerta rápida sobre alguna ocurrencia ambiental ni un instrumento de análisis, predicción o alerta de potenciales conflictos sociales. La implementación de este mecanismo resulta muy beneficiosa, tanto para las empresas y las poblaciones locales como para el Estado, puesto que reduciría la posibilidad de conflictos sociales generados por desinformación, falta de participación local o incumplimiento de compromisos sociales. Además, ello permitiría un mayor acercamiento entre comunidad, Estado y empresa.

Bajo este contexto, la Oficina General de Gestión Social ha identificado dos áreas geográficas para la implementación del SSAT en el año 2008:

a) Dentro del ámbito del proyecto Camisea en Cusco (Bajo Urubamba), Ayacucho (distrito de Anco) e Ica (provincia de Pisco)

b) Dentro del área de influencia de los lotes 1AB y 8 de la empresa Pluspetrol Norte S.A. en Loreto (en las cuencas de los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza)

4.11 LOS FONDOS SOCIALES

La gestión de los fondos destinados al desarrollo de proyectos sociales, en el ámbito de influencia de actividades extractivas y de aprovechamiento minero-metalúrgico, ha tenido una evolución orientada por la búsqueda de la operatividad e incremento de la eficiencia en la gestión de los proyectos, así como la participación efectiva de la

sociedad civil y los gobiernos subnacionales. Ello ha sido así tanto en el destino de los fondos como en su gestión.

De este modo, se recrean formas e instituciones para la aplicación directa de fondos en los ámbitos de actividad de operadores mineros. Asimismo, se involucra a la población y autoridades de su ámbito para incrementar la efectividad y pertinencia de la aplicación de estos recursos con la perspectiva de contar con un mayor nivel de impacto, como parte de una estrategia de aplicación de responsabilidad social.

Al entender que la RS es parte de la política estatal, se desarrolló un marco institucional y normativo que facilite estos procesos de interacción y desarrollo de las empresas con la población y sus representantes. En este sentido, se desarrollaron los fideicomisos sociales y, posteriormente, los fondos sociales. Estos, a la fecha, sirven como espacios de promoción y gestión de acciones para el desarrollo.

Los fondos sociales son aportes provenientes de los procesos de concesión llevados por el Estado. En un inicio, fueron constituidos como fideicomisos sociales, destinados a proyectos de inversión en beneficio de la población que radica en la zona de influencia directa de los proyectos en los que se desarrolla la actividad concesionada.

En el año 2004- a través de la Resolución Ministerial Nº 409- 2004- EF/10-, se designó a Proinversión, en representación del Estado, como Fideicomitente. Después de cuatro años, en 2008, mediante el Decreto legislativo 996, se estableció el régimen de Asociaciones de Fondos Sociales. Este financiaría, en adelante, los programas de carácter social destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible, en beneficio de la población ubicada en la zona de influencia de los procesos de promoción de la inversión privada.

Estructura jurídica de los Fondos Sociales

La empresa, junto a los representantes de los beneficiarios directos de la zona de influencia, se organiza y constituye la Persona Jurídica del Fondo Social que se encargará de administrar los recursos.

La Persona Jurídica constituida debe contar, al menos, con la siguiente estructura:a) Una Asamblea Generalb) Un Consejo Directivoc) Una Gerencia

La Asamblea General está conformada por las personas naturales o jurídicas


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beneficiarias directas de la zona de influencia. Esta gozará de las siguientes atribuciones:a) La aprobación de los Estados Financierosb) La aprobación de la Memoria Anualc) Nombrar a los miembros del Consejo Directivo

En cuanto al Consejo Directivo, sus atribuciones son las siguientes:a) Organizar su propio régimen interno, presupuesto anual, plan anual de inversiones y seguimiento a los gastos y proyectos aprobadosb) Priorizar y aprobar los programas de carácter social en las zonas beneficiadas

directamente con la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible y hacer seguimiento permanente a dichos proyectos, hasta su culminación y entrega

c) Aprobar las directivas internas para el uso y disposición de los recursos del Fondo.

d) Aprobar actas, contratos, convenios, de todo tipo, necesarios para la ejecución de los proyectos, así como ejecutar acciones de acuerdo a su naturaleza y fines (facultades que podrán ser delegadas)

e) Disponer auditorías y balancesf) Delegar sus atribuciones y determinar el régimen interno de poderes y

facultades

A continuación, hacemos una breve historia de la evolución de estos fondos y mencionamos los casos más significativos de cada experiencia y sus logros.

Prioridades para aplicación de los recursos de los Fondos Sociales

Los fondos sociales se destinan de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:

Primera prioridad: desarrollo de capacidades humanas y provisión de servicios básicos que contribuyan a reducir los niveles de desnutrición en la población infantil, elevar los estándares de calidad de la educación y la salud, aumentar la provisión de servicios de saneamiento, entre otros. Ello es posible mediante:a) Implementación de obras de infraestructura básica en educación, salud, energía eléctrica, agua y saneamientob) Equipamiento, mantenimiento, reparación y rehabilitación de centros de

salud y educativos

c) Proyecto de capacitación técnica y fortalecimiento de las capacidades de gestión en educación y salud

d) Proyectos que mejoren el acceso a los sistemas de salud y nutrición de las madres embarazadas y en período de lactancia, y de niños menores de seis años.

e) Proyectos de capacitación y educación para madres en la preparación de alimentos, prácticas saludables en el cuidado de los niños, así como iniciativas educativas enfocadas en la alfabetización.

Segunda prioridad: proyectos para la generación de empleo productivo. Destacan, en particular, los siguientes:a) Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos ruralesb) Generación de infraestructura básica agropecuariac) Obras de infraestructura básica en telecomunicacionesd) Formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas

productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios

Fideicomisos Sociales

Mediante el Decreto Legislativo Nº 674 del 26 de setiembre de 1991, se declara de interés nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito de las empresas que conforman la act iv idad empresar ia l del Estado. Complementariamente, el Decreto Supremo Nº 033-93-PCM, elevado al rango de ley- por disposición de la Ley Nº 26438-, establece que, excepcionalmente, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) apruebe que los recursos derivados de los procesos de promoción de la inversión privada sean canalizados para la ejecución de programas de saneamiento económico, financiero, administrativo, legal, laboral y otros.

Por Decreto de Urgencia Nº 009-2004, Proinversión representó al Estado en los fideicomisos que se constituyeron para la ejecución de programas de carácter social. Por ello, se crean siete fideicomisos: Yuncan, Las Bambas, Toromocho, Bayobar, Alto Chicama, La Granja y Michiquillay, los mismos que posteriormente se convertirían en los Fondos Sociales.


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De los fideicomisos sociales a los fondos sociales

En marzo de 2008, mediante Decreto Legislativo Nº 996 -posteriormente, reglamentado por Decreto Supremo Nº 082-2008-EF, de fecha 25 de junio de 2008- se aprobó el régimen aplicable a los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada. Estos fueron destinados a la ejecución de programas sociales, y serían transferidos a un "Fondo Social" constituido por una persona jurídica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones señalados en dicha norma.

De ese modo, se establece la obligación de constituir un fondo social con los recursos obtenidos en los procesos de promoción de la inversión privada, calificados como auto sostenibles, y que se encuentren priorizados mediante el Decreto de Urgencia Nº 047-2008, para la ejecución de programas sociales en beneficio de la zona de influencia del proyecto aprobado.

Como resultado de la aplicación del D.U. Nº 047-2008, los Consejos Ejecutivos de Fideicomisos Sociales Yuncan (distritos de Huachón y Paurcartambo, y centro poblado de Quiparacra en la provincia de Pasco, Pasco), Las Bambas (provincias de Grau y Cotabambas en Apurímac), Toromocho (distrito de Morococha, provincia de Yauli, en Junín), Alto Chicama (provincias de Santiago de Chuco, Sanchez Carrión y Otuzco en La Libertad), La Granja (distrito de Querocoto y en particular cuatro centros poblados Cajamarca), Bayovar y Michiquillay (el distrito de La Encañada, centros poblados de La Iraca, La Granja, La Pampa y Paraguay; Departamento de Cajamarca) optaron por sustituir el régimen del "fideicomiso social" por un "fondo social" para la ejecución de los programas sociales respectivos. Ello se realizó según lo estipulado en la primera disposición complementaria y transitoria del Decreto Supremo N° 184-2005-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 082- 2008-EF.

La norma establece que, una vez constituida la persona jurídica que administrará el fondo social, se procederá a la terminación, por acuerdo de la mayoría de las partes, del contrato de fideicomiso. En seguida, los recursos que conforman dicho fideicomiso serán transferidos a la persona jurídica. Para tal efecto, la norma establece que el balance final el del fideicomiso constituirá, a su vez, el balance inicial del nuevo fondo social, el cual debe será revisado por una empresa auditora registrada en la Contraloría General de la República.

Para efectos de la transferencia de recursos, Proinversión deberá suscribir un convenio con la persona jurídica, según lo establecido en el Anexo I del Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, el cual deberá ser adecuado por Proinversión. Al respecto, dicha institución tiene elaborado un proyecto de convenio, que considera -además de la transferencia de recursos- transferir el saldo contable de los proyectos de desarrollo sostenible en ejecución del Fideicomiso. Ello incluye todos los costos y gastos atribuibles a los referidos proyectos que hubieren sido pagados con los recursos del contrato de fideicomiso en Administración.

Entre los principales fondos sociales generados al amparo de la normatividad mencionada, destacan los siguientes.

Fondo Social Yuncan

El presente fondo social es el Primer Fondo constituido por un contrato de concesión hidroenergética del país. Administra recursos financieros aportados por la empresa Enersur S.A, por la concesión de la Central Hidroeléctrica de Yuncán, ubicada en el distrito de Paucartambo, de la provincia y región Pasco. Tiene como asociados a la Empresa Enersur S.A., a las municipalidades de los distritos de Paucartambo y Huachón, y al Centro Poblado de Quiparacra.

La Asociación Fondo Social Yuncan inició sus actividades el 29 de enero de 2009 y fue constituida con la finalidad de financiar e implementar programas sociales para contribuir con el desarrollo de los pobladores de los distritos de Paucartambo, Huachón y Centro Poblado de Quiparacra, mediante la ejecución de proyectos sostenibles orientados a la mejora de la calidad de la salud, educación y al desarrollo de capacidades. Asimismo, cuenta con proyectos que contribuyen a la generación de empleo productivo; sus inversiones se enmarcan en las prioridades que establece el D.S. Nº 082-2008-EF, Reglamento del D.L. Nº 996.


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La Asociación Fondo Social Yuncán fue inscrita en registros públicos el 19 de diciembre de 2008 y se encuentra conformada por el representante de Enersur, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huachón, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paurcartambo y Alcalde del Centro Poblado de Quiparacra. El Presidente del Consejo Directivo de la mencionada Asociación es el señor Teodoro Durán, Alcalde de la Municipalidad distrital de Huachón.

El 11 de febrero de 2009 la Gerencia General de la "Asociación Fondo Social Yuncán", comunicó a Proinversión la inscripción en los Registros Públicos de Pasco, por lo que solicitaron la suscripción del convenio de transferencia de recursos. Frente a ello, el Consejo Directivo de Proinversion, en sesión del 18 de febrero de 2009, acordó modificar y resolver los contratos de Fideicomiso de Yuncán y suscribir el convenio con la persona jurídica constituida denominada "Asociación Fondo Social Yuncán", la cual se encarga de la administración del Fondo Social.

Respecto a los estados financieros del fideicomiso, estos se encuentran auditados hasta el 31 de diciembre de 2012 y cuentan con la conformidad del respectivo Comité de Administración del Fideicomiso.

En relación con las inversiones realizadas en el Fondo Social Yuncan, tenemos una inversión acumulada a agosto de 2013 de S/. 10,066,694, distribuidas en los siguientes rubros de inversión:

Fondo Social Las Bambas

En agosto del año 2004, la empresa minera Xstrata Las Bambas adquirió la concesión de exploración, vía un concurso público internacional, en el cual oferta al Estado peruano 121 millones de dólares. De ellos, se destinaron 47 millones de dólares -como aporte social inicial- para la conformación de un fondo denominado Fideicomiso Aporte Social Proyecto Minero Las Bambas. Este se encuentra encargado -en un primer momento- de administrar el fondo del aporte social del proyecto minero. El último, cabe anotar, luego, fue sustituido por el Fondo Social Las Bambas- fosbam, que cuenta con personería jurídica desde el 15 de enero de 2009, fecha desde la cual administra el aporte social de Las Bambas.

Fosbam es una asociación civil que trabaja para mejorar las condiciones de vida de la población de la zona de influencia del Proyecto Minero Las Bambas, mediante la ejecución de proyectos de desarrollo en las provincias de Cotabambas y Grau, en el departamento de Apurímac.

El 21 de enero de 2009, el Presidente del Consejo Directivo de la "Asociación Civil Fondo Social Las Bambas" comunica a Proinversión la constitución legal de la persona jurídica que administrará el Fondo Social y solicita la suscripción del Convenio. Este mismo rige a partir del 15 de enero de 2009. Por su parte, la Asociación se encuentra conformada por el representante de Xstrata Las Bambas, alcaldes de la municipalidades provinciales de Grau y Cotabamabas, y los alcaldes de las municipalidades distritales de Chalhuahuacho, Coyllurqui y Progreso.

El Consejo Directivo de Proinversion, en su sesión del 25 de febrero de 2009, acordó modificar y resolver los contratos de fideicomiso de Las Bambas, así como suscribir el convenio con la persona jurídica constituida denominada

Agua y saneamiento 724,696

Educación 770,627

Energía 257,555

Generación de empleo 6,346,970

Salud 1,966,846

TOTAL GENERAL 10,066,694

RUBRO DE INVERSION MONTO EJECUTADONUEVOS SOLES


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"Asociación Civil Fondo Social Las Bambas", para que administre el Fondo Social. En relación con las inversiones realizadas en el Fondo Social Las Bambas, destaca una inversión acumulada a agosto de 2013 de S/. 78,840,357. Estos se encuentran distribuidos en los siguientes rubros de inversión:

Fondo Social Alto Chicama

Con fecha 15 de enero de 2001, se realizó el Concurso Público Internacional N° PRI-50-2000, Proceso de Promoción del Proyecto Alto Chicama, a partir de lo cual se adjudicó la Buena Pro a la empresa Centromin Perú S.A. A partir de ello, el 12 de diciembre de 2002, se suscribió el Contrato de Transferencia del Proyecto Alto Chicama entre la empresa Centromin Perú S.A. y Minera Barrick Misquichilca S.A, con intervención del Fopri (ahora Proinversión).

En virtud del contrato de transferencia, el Consejo Directivo de Proinversion aprobó, entre otros temas, el Programa Social para el Fideicomiso del Proyecto Minero Alto Chicama, que se suscribe -con fecha 25 de abril del 2006- entre Proinversión, Centromin Perú (Fideicomitente y representante del Estado). Cabe anotar que su patrimonio estaría compuesto por las regalías recibidas hasta la fecha de suscripción del contrato y las que se reciban de la empresa Minera Barrick Misquichilca S.A., de acuerdo con lo señalado en el Contrato de Transferencia.

Mediante acuerdo del Consejo Directivo del 22 de febrero de 2006, Proinversion prestó su consentimiento para la cesión de la posición contractual de Centromin Perú S.A. en el Contrato de Transferencia a favor de Activos Mineros. Esta empresa asumió la totalidad de los derechos y obligaciones en el Contrato de Transferencia.

En virtud del acuerdo del Consejo Ejecutivo del Fideicomiso Aporte Social Proyecto Minero Alto Chicama, y en el marco de la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo N° 184-2005-EF- conforme a la modificación realizada por el Decreto Supremo N° 082-2008-EF- Proinversión y Minera Barrick Misquichilca S.A. han suscrito, con fecha 15 de setiembre de 2008, una adenda modificatoria al Contrato de Transferencia de las concesiones mineras del Proyecto Minero Alto Chicama. En ella, se establece la sustitución del régimen del "Fideicomiso Social" por el del "Fondo Social", regulado por el referido Decreto Legislativo y su Reglamento.

Mediante Escritura Pública de fecha 28 de octubre de 2008 -otorgada ante el Notario Público de Trujillo Dr. Marco Antonio Corcuera García, los representantes de la empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. y los Municipios Provinciales de Otuzco Sánchez Carrión y Santiago de Chuco-, se constituye la persona jurídica sin fines de lucro. Esta administrará el Fondo Social y se denominará Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama. La misma se encuentra inscrita en el registro de personas jurídicas de la oficina registral de Trujillo, bajo la Partida Registral Nº 11107022, Zona Registral Nº V, Sede Trujillo.

El 19 de febrero de 2009, el Presidente del Consejo Directivo de la "Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama Yuncán" comunica a Proinversión que la referida asociación fue inscrita en los Registros Públicos de Trujillo el 13 de marzo de 2009, por lo que solicita suscribir el convenio de transferencia de recursos. Cabe anotar que la referida Asociación se encuentra conformada por el representante de Barrick, los alcaldes de las Municipalidades provinciales de Sanchez Carrión, Otuzco y Santiago de Chuco. El Consejo Directivo está conformado, también, por los alcaldes distritales de Quiruvilca, Sanagoran y Charat, y su Presidente es Abner Avalos, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

El 5 de junio de 2009 se suscribió el Convenio de Transferencia de Recurso y Otros entre la Persona Jurídica sin Fines de Lucro Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama -como titular del fondo social- y el Estado peruano. Ello fue derivado de las actividades relacionadas a los procesos de promoción de la inversión privada. La asociación presentó su RUC 20482184236 y su certificación de asociación existente e inscrita en la Partida Registral Nº 11107022. Por su lado, el Estado fue debidamente representado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), con RUC 20380799643,

TOTAL GENERAL

RUBRO DE INVERSION MONTO EJECUTADONUEVOS SOLES

Agua y saneamiento 34,911,186

Educación 18,427,737

Energía 2,096,973

Generación de empleo 22,904,461

Salud 500,000

78,840,357


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con domicilio en la Av. Paseo de la República 3361, Piso 9, distrito de San Isidro de la ciudad y provincia de Lima. Cabe anotar que cuenta con la autorización del Decreto Legislativo Nº 996 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 082-2008-EF.

Respecto a los estados financieros del Fideicomiso, estos se encuentran auditados hasta el 31 de diciembre de 2011 y cuentan con la conformidad del respectivo Comité de Administración del Fideicomiso.

En relación con las inversiones realizadas en el Fondo Social Alto Chicama, tenemos una inversión acumulada a agosto de 2013 de S/. 380,001,159, distribuida en los siguientes rubros de inversión:

Fondo Social La Granja

Con fecha 16 de diciembre de 2005, mediante Concurso Público Internacional N° PRI-87-2005, Proceso de Promoción del Proyecto La Granja, se adjudica la Buena Pro a la empresa Río Tinto Western Holdings Limited.

En virtud del contrato de transferencia, el Consejo Directivo de Proinversión aprobó, entre otros temas, el Programa Social para el Fideicomiso del Proyecto la Granja. A partir de ello, se suscribió, con fecha 24 de marzo de 2006, el contrato de fideicomiso entre Proinversión y la entidad bancaria, cuyo patrimonio está indicado en el Contrato de Transferencia.

Mediante Escritura Pública -de fecha 29 de diciembre de 2008- y su aclaratoria del 8 de febrero de 2009, los representantes de la Municipalidad Distrital de Querocoto y la Empresa Minera Perú Limitada SAC constituyen la persona

jurídica sin fines de lucro, Fondo Social La Granja- Esta se encuentra inscrita en el registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Chota, bajo la Partida Registral N° 11070159. Desde esa fecha, administra el Fondo Social, con el objeto de financiar proyectos de carácter social, en beneficio de la población asentada en zona de influencia del proyecto Minera Río Tinto.

Mediante acuerdo de Consejo Directivo de Proinversión, adoptado en su sesión del 21 de abril de 2009, se aprobó que el 50 % de los recursos que se obtengan por el pago de las prórrogas del periodo inicial del contrato de transferencias serán destinados al Fondo Social La Granja (FSLG).

La actual Gerencia Ejecutiva del FSLG recae en la Persona jurídica de Cáritas Perú, que -a través de su equipo técnico- es responsable de implementar las diferentes actividades y proyectos ejecutados por el FSLG a favor de la población del distrito de Querocoto.

En relación con las inversiones realizadas en el Fondo Social La Granja, tenemos una inversión acumulada a agosto de 2013 de S/. 37,066,894, distribuida en los siguientes rubros de inversión:

Fondo Social Toromocho

En junio de 2003, como consecuencia del proceso de promoción de la inversión, la Empresa Minera del Centro (Centromin Perú S.A.) y Minera Cooper Syndicate S.A. (hoy Minera Chinalco S.A.) suscriben el contrato de opción de Transferencia del Proyecto Minero Toromocho. La zona de influencia del fondo social está a constituida por el distrito de Morococha y las comunidades de San Francisco de Asís de Pucará y Yauli (Junín). Según el Convenio de Transferencia de Recursos y otros del Fideicomiso, se establece un monto inicial, en

TOTAL GENERAL

RUBRO DE INVERSION

Agua y saneamiento

Educación

Energía

Generación de empleo

Salud

42,543,769

124,325,814

48,807,211

136,667,941

27,656,424

380,001,159

MONTO EJECUTADONUEVOS SOLES

TOTAL GENERAL

RUBRO DE INVERSION

Agua y saneamiento

Educación

Energía


Salud


37,066,894

8,782,222

3,168,302

6,049,577

15,569,259

3,497,534


109108

modalidad de fideicomiso, por una suma de US$ 1,027,828.

En sesión de Consejo Ejecutivo del 9 de septiembre de 2008, se acuerda por unanimidad la adecuación del Fideicomiso Social al régimen de Fondo Social. Según la reglamentación aplicable y mediante oficio N C-003-2008/CEFIST, el Presidente del Consejo Ejecutivo del Fideicomiso informa a Proinversión del acuerdo. A partir de ello, el 18 de septiembre de 2008, mediante oficio Nº 1157/2008/PROINVERSION/DE, se aprobó la constitución del Fondo Social Toromocho.

En El 19 de Julio de 2009, en la ciudad de Lima, los representantes de la Municipalidad Distrital de Morococha y la Empresa Chinalco constituyen la persona jurídica sin fines de lucro, Fondo Social Toromocho. Esta es inscrita el 22 de julio de 2009 en la Oficina Registral de Tarma. Cabe anotar que dicho fondo tiene el objetivo de financiar proyectos de carácter social en beneficio de la población asentada en la zona de influencia del proyecto Minera Chinalco.

En relación con las inversiones realizadas en el Fondo Social Toromocho, tenemos una inversión acumulada a abril de 2013 de S/. 892,963, distribuida en los siguientes rubros de inversión:

Fondo Social Michiquillay

En abril de 2007, la empresa Anglo American S.A. ganó la concesión del yacimiento de cobre Michiquillay, ubicado en el distrito de La Encañada, Cajamarca. Como parte de los compromisos de esta concesión, se debe crear el Fondo Social Michiqullay, con un importante aporte económico de la empresa, en contraprestación a la exploración y explotación minera. La última asciende a US$ 201.5 millones, destinados a invertir en programas de desarrollo social en beneficio de las comunidades del distrito de La Encañada, Cajamarca.

Administrativamente, el Fondo Social se ejecuta bajo la persona jurídica de la Asociación "Fondo Social Michiquillay" (FSM), en cumplimiento al Decreto Legislativo N° 996 y su Reglamento. Dicha asociación, desde el 27 de enero de 2009, se constituye como persona jurídica del Fondo Social, conformada por la comunidad campesina de Michiquillay, la comunidad campesina de La Encañada y la empresa Anglo American Michiquillay S.A. El objetivo del FSM es financiar programas de carácter social en beneficio de la población ubicada en su zona de influencia: las comunidades beneficiarias son la Comunidad Campesina "Michiquillay" y la Comunidad Campesina "La Encañada".

En relación con las inversiones realizadas en el Fondo Social Michiquillay, tenemos una inversión acumulada a abril de 2013 de S/. 43,121,387, distribuida en los siguientes rubros de inversión:

Ejecución presupuestal por fondo social por prioridad y Fondo Social

Los proyectos comprometidos y ejecutados por las Asociaciones de los Fondos Sociales se dan conforme con las prioridades establecidas en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 082-2008-EF. Esta norma establece dos tipos de prioridades:a) En la primera prioridad, se incluye proyectos orientados al desarrollo de capacidades humanas y provisión de servicios básicos que contribuyan a reducir los niveles de desnutrición en la población infantil, elevar los estándares de calidad de la educación y la salud, y aumentar la provisión de servicios de saneamiento y energía. b) En la segunda prioridad, se contemplan proyectos relacionados a la

generación de empleo productivo, como construcción, mantenimiento de vías de acceso y caminos rurales, generación de infraestructura básica

TOTAL GENERAL

RUBRO DE INVERSION

Educación

Salud


641,386251,577

892,963

TOTAL GENERAL

RUBRO DE INVERSION

Agua y saneamiento

Educación

Energía


Salud


12,532,783

15,636,269

4,353,490

10,598,846

43,121,387


111110

agropecuaria, obras de telecomunicaciones, así como desarrollo de cadenas productivas.

En los cuadros 1 y 2, se puede apreciar la ejecución de fondos hasta el 30 de agosto de 2013. Esta se expresa tanto en montos como en porcentaje de avance de ejecución, que diferencia las prioridades 1 y 2 de las inversiones sociales.

CUADRO 1. EJECUCIÓN DE FONDOS POR PRIORIDAD 01 Y FONDO SOCIAL ACUMULADO A AGOSTO 2013

Fuente: MINEM/Informes registrados por las Asociaciones de los Fondos Sociales.Elaboración: Oficina General de Gestión Social. / Expresado en Nuevos Soles.

CUADRO 2. EJECUCIÓN DE FONDOS POR PRIORIDAD 2 Y FONDO SOCIAL ACUMULADO A AGOSTO DE 2013

Fuente: MINEM/Informes registrados por las Asociaciones de los Fondos Sociales.Elaboración: Oficina General de Gestión Social. / Expresado en Nuevos Soles.

4.12 LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EITI)

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas o Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) es una iniciativa global que tiene por objetivo hacer transparentes y conocidos -a todos los ciudadanos y ciudadanas de un país- tanto los pagos de las empresas como los ingresos recibidos. De esta manera, las cifras serán certificadas y podrán ser difundidas. Además, estarán al alcance de todo ciudadano y ciudadana. Por industrias extractivas, se entiende a las actividades de minería e hidrocarburos.

La EITI es una coalición de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, inversores y organismos internacionales. Busca contribuir a la consolidación y mejora de la calidad de gobierno, combatir la corrupción, reducir los conflictos con las comunidades en las que operan las industrias extractivas y mostrar los beneficios efectivos que estas empresas brindan a un país. Esta iniciativa surge en un escenario en el que, a nivel mundial, las empresas extractivas han sido cuestionadas respecto a la transparencia en los pagos que realizan hacia los gobiernos de los países en los que se desempeñan. La EITI fue anunciada y propuesta en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo en septiembre de 2002, por el entonces Primer Ministro del Reino Unido, Tony Blair. Posteriormente, a comienzos de junio de 2003, esta iniciativa recibió el apoyo del Grupo de los 8, reunido en Evian-Francia. En este marco, se aprobó un Plan de Acción para combatir la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos, así como promover e incrementar la transparencia en los ingresos y egresos públicos.

En el mismo mes de junio de 2003, el Gobierno del Reino Unido -en calidad de auspiciador y responsable de la Secretaria General de la EITI- convocó la Conferencia de Lancaster con el propósito de promover esta iniciativa. Asistieron delegados de setenta países y organizaciones internacionales, y se establecieron los principios y criterios de implementación de la EITI, que se anexan a estos Términos de Referencia.

En la actualidad, el EITI está conformado por 23 países cumplidores y 16 candidatos de un total de 39 países en el mundo. En el mes de mayo del presente año, en Sidney-Australia se llevó a cabo la 6ª conferencia Mundial de la EITI, a la cual asistieron 1200 delegados de 96 países. Allí, se definió el Nuevo

ALTO CHICAMA 42,543,769 124,325,814 48,807,211 27,656,424 243,333,218

LAS BAMBAS 34,911,186 18,427,737 2,096,973 500,000 55,935,896

MICHIQUILLAY 12,532,783 15,636,269 4,353,490 32,522,541

LA GRANJA 8,782,222 3,168,302 6,049,577 3,497,534 21,497,635

YUNCAN 724,696 770,627 257,555 1,966,846 3,719,724

TOROMOCHO 641,386 251,577 892,963

TOTAL GENERAL 99,494,656 162,970,133 61,564,806 33,872,382 357,901,977

FONDO SOCIAL EDUCACIÓN ENERGÍA SALUD TOTAL GENERALAGUA Y

SANEAMIENTO

FONDO SOCIAL GENERACIÓN DE EMPLEO

ALTO CHICAMA 136,667,941

LA GRANJA 15,569,259

LAS BAMBAS 22,904,461

MICHIQUILLAY 10,598,846

YUNCAN 6,346,970

Total general 192,087,477


113112

Estándar Internacional de la EITI 2013, que será aplicado por el Estado peruano a partir del año 2014. Es importante mencionar que Estados Unidos, Ucrania, Colombia y Australia también han asumido el compromiso de aplicar la EITI en sus respectivos países.

La EITI en el Perú

Hacia mediados del año 2012, el actual Gobierno del Perú- en clara expresión de su compromiso con esta iniciativa- dispuso a través del Ministerio de Energía y Minas el soporte (técnico y presupuestal) necesario para el fortalecimiento de la Secretaria Técnica de la EITI Perú. Esto permitió reimpulsar el desarrollo de las actividades de la misma y empoderar la confianza con las empresas y los actores de la sociedad civil. En la actualidad, y con el apoyo de organismos Internacionales como el Banco Mundial, se vienen estableciendo las condiciones necesarias que permitirán llevar a cabo los estudios de conciliación nacional correspondientes a los siguientes años, así como mejorar la difusión de los resultados.

Antecedentes

La iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas es una alianza estratégica que, a nivel mundial, reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas), grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales para aplicar criterios de transparencia en los pagos que hacen las empresas mineras, petroleras y gasíferas a los gobiernos y en los ingresos que los gobiernos reciben de estas empresas.

La experiencia peruana, en relación con el desarrollo de la EITI, se inicia con una carta enviada el 15 de septiembre de 2004. A partir de esta, el Gobierno tomó la iniciativa de comunicarse con James Wolfensohn (el entonces Presidente del Banco Mundial) para afirmar que el Gobierno peruano se había comprometido- en los foros del Grupo de los 8 y del Extractive Industries Review (EIR)- a reforzar los mecanismos de transparencia y mejorar la administración de los ingresos de las industrias extractivas en el Perú. La carta solicitaba asistencia al BM y al Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), líderes de la EITI, para discutir los principios de esta iniciativa y evaluar la relevancia de la misma para el país. En respuesta a dicha solicitud, una misión encabezada por el DFID visitó Perú en octubre de 2004, con el fin de promocionar la adhesión del país a la EITI.

En el mes de mayo del año 2005, el Ministerio de Energía y Minas -en nombre del Gobierno peruano- publicó un comunicado de adhesión a la EITI y a su implementación. En el año 2006, se aprobó -mediante el Decreto Supremo Nº 027-2006-EM- el primer Plan de Acción para la implementación de la EITI en el Perú. Asimismo, se creó la Comisión de Trabajo encargada de ejecutar dicho plan (norma derogada por disposición complementaria derogatoria del D.S. N°028-2011-EM).

En la región Cajamarca, se desarrollaron acciones orientadas al establecimiento del primer programa piloto regional de la EITI Perú. Por ello, en 2008, se suscribió un convenio entre el Minem y el Gobierno Regional de Cajamarca para la implementación de la Iniciativa EITI en dicha región. De esta forma, se elaboró el programa con los lineamientos para el desarrollo de la iniciativa a nivel regional y local en Cajamarca. Asimismo, se elaboró el Primer Estudio de Conciliación Regional de la EITI Perú en Cajamarca. Su objetivo fue esclarecer de forma independiente el uso cuantitativo y cualitativo de los recursos económicos transferidos por el Gobierno nacional- por concepto de derecho de vigencia, regalía y canon- al Gobierno Regional de Cajamarca y los gobiernos locales de esta jurisdicción, en el periodo del 2004 al 2007.

En el año 2009, con la participación de 33 empresas, se realizó el Primer Estudio de Conciliación Nacional para el periodo 2004-2007. En 2011, se realizó del Segundo Estudio de Conciliación Nacional para el periodo 2008-2010, el mismo que contó con la participación de 51 empresas extractivas. Ese mismo año, la EITI Perú es reconocida mediante el D.S. Nº 028-2011-EM, en el cual se instituyen de forma definitiva las funciones de la Comisión de Trabajo de la EITI Perú. En este documento, se precisa que le corresponde al Ministerio de Energía y Minas las tareas encaminadas a institucionalizar la iniciativa EITI-Perú. Para ello, cuenta con la Oficina General de Gestión Social como Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial.

El 15 de febrero de 2012, el Perú recibió la calificación (estatus) de país cumplidor, de acuerdo con los requisitos que exige el Consejo Internacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas. De este modo, el Perú se convirtió en el primer país a nivel de todo el continente americano en recibir esta calificación.


115114

Situación actual

Actualmente, el Perú es la única nación del continente americano que tiene la calificación de "País Cumplidor", otorgada por la Secretaría Internacional de la EITI, en febrero de 2012. A partir de ello, se sigue trabajando en su implementación y objetivos a nivel nacional, con el fin de institucionalizar la transparencia en pro del desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos peruanos.

La EITI Perú cuenta, hoy en día, con los documentos de gestión necesarios para su accionar: Plan de Acción - Segunda fase de implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú 2012 - 2014, Documento de Presupuesto para el 2012- 2014, Marco Lógico y cronograma de actividades.

Actividades realizadas para el periodo correspondiente

Al mes de noviembre de 2013, y en función del "Plan de Acción - Segunda Fase - de implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú 2012-2014", se viene ejecutando la Elaboración del III Estudio de Conciliación Nacional: 2011-2012. La difusión de los resultados de estos constituye la parte fundamental de esta iniciativa. En este sentido, se ha fortalecido las capacidades de la Secretaria Técnica de la EITI Perú (recursos y presupuesto) y se está actualizando la página web de la EITI Perú. Es importante mencionar que se viene coordinando, con un organismo internacional, el desarrollo de una plataforma web que permita visualizar, en el marco de la estrategia de comunicación, la información del Segundo y Tercer Informe de la EITI-Perú.

A continuación, se presentan las actividades que se vienen realizando durante el segundo semestre del presente año (julio-noviembre):

Sobre Convenio con Banco MundialSe aprobó y firmó el Convenio de Donación BIRF-MDTF EITI Nº TF015248 Banco Mundial, lo cual favoreció la implementación del proyecto de Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas con US$ 350,000.00. Actualmente, se viene coordinando con este organismo para efectuar los desembolsos correspondientes.

Sobre el Tercer Estudio De Conciliación Nacional La Comisión Nacional de la EITI Perú, en coordinación con el área administrativa de la OGGS, actualizó y aprobó los Términos de Referencia que regirán para el Tercer Estudio de Conciliación Nacional. Asimismo los adecuó a las leyes vigentes.El 4 de setiembre de 2013, se realizó la "Presentación para la elaboración del III Estudio de Conciliación Nacional de la EITI - Perú". Esta contó con la presencia de integrantes de la Comisión Multisectorial de la EITI Perú y asistencia de los representantes de las empresas del sector Minería e Hidrocarburos, así como otros invitados.

En el II Semestre del 2013, se llevó a cabo el proceso de selección para elegir a la empresa que realizará el servicio de consultoría para la elaboración del "III Estudio de Conciliación Nacional EITI-Perú". Ello se realizó por adjudicación directa, bajo la modalidad de proveedor único -selección basada en una sola fuente (SFF), regulada por las Normas de Selección y Contratación de Consultores del Banco Mundial-. Después del proceso, fue elegida la empresa "Ernst & Young Asesores S. Civil de R.L.". La firma del Contrato se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2013. Cabe anotar que el trabajo a realizar se hará en función de 60 empresas adheridas.

De acuerdo con los Términos de Referencia, la empresa ha entregado el Producto Nº 1: Plan y Cronograma de Trabajo, que está siendo revisado por la Comisión de Trabajo de la EITI Perú, para la aprobación correspondiente.

Los equipos de Trabajo de la EITI Perú y de la empresa "Ernst & Young Asesores S. Civil de R.L." se encuentran coordinando con funcionarios de las instituciones públicas (Perupetro, Ingement, Sunat, MEF, PCM, Dirección General de Hidrocarburos, Dirección General de Minería), así como con los representantes de las empresas adheridas al "III Estudio de Conciliación Nacional EITI-Perú", con la finalidad obtener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos.


116

4.13 Mejores prácticas corporativas para las actividades del subsector hidrocarburos

La Oficina General de Gestión Social -de acuerdo con las coordinaciones realizadas con el Proyecto de Asistencia para el Sector de Hidrocarburos (Paseh)- planteó la necesidad de contar con un documento que contenga una lista (ranking) de mejores prácticas sociales disponibles, para el desarrollo de la industria de hidrocarburos en el país. Ello se basa en el interés de difundir y generar una mayor reflexión y mejora de las prácticas de responsabilidad social promovidas por las diferentes empresas del subsector Hidrocarburos.

La identificación y jerarquización de las mismas debían ser obtenidas a partir del marco jurídico nacional, instrumentos internacionales y algunas directrices de entidades especializadas. El objetivo del Listado de Mejores Prácticas es brindar los instrumentos de mejores prácticas en responsabilidad social, de manera tal que, luego de un proceso de difusión y sensibilización las empresas petroleras, puedan estar en la posibilidad de implementarlas, en el interés de mejorar los estándares existentes.

La aplicación de la herramienta debe contribuir a potenciar aquellos compromisos legales de las empresas en relación con la actividad, sean estos compromisos derivados de obligaciones asumidas con organismos internacionales o por el cumplimiento de la ley interna. Asimismo, debe revelar aquellas prácticas implementadas voluntariamente por las empresas del sector.

Esta herramienta deberá ser aplicada tomando en consideración las particularidades de los proyectos u operaciones de hidrocarburos, lo cual incluye la etapa de la actividad y las características del entorno social de las operaciones o proyectos de hidrocarburos, entre otra información. Ello se realiza con el fin de evitar la disminución de puntaje de todas aquellas empresas que no apliquen en determinadas áreas clave y/o indicadores de la lista modelo de mejores prácticas.

CAPITULO V


118

5. Actividades varias

Presentación ante el Comité de Lucha contra la Discriminación Racial (CERD)

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas invitó al Estado peruano a participar en la Sesión N° 73 -durante el examen especial de aplicación de la Convención al Perú-, para que este pueda responder sobre la situación de las comunidades Achuar ubicadas en el río Corrientes. La OGGS elaboró la información solicitada y realizó la sustentación.

A partir de la información remitida, se solicitó a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia la conformación de una mesa de trabajo permanente con determinados objetivos. Por un lado (i), se debe analizar la información y contextualizar los reportes entregados por el sector, de manera tal que se pueda lograr un mayor acercamiento para el entendimiento de la realidad peruana y el desarrollo de las actividades minero-energéticas. Por otro lado (ii), es preciso dar a conocer la importancia de las políticas promovidas para cautelar los derechos ciudadanos en el desarrollo de dichas actividades. Durante el presente periodo, se han sostenido dos reuniones de trabajo con dichos ministerios.

Grupo de trabajo intersectorial pueblos indígenas en aislamiento

Durante el presente periodo, la Oficina General de Gestión Social ha continuado en el grupo de trabajo integrado por este ministerio, a través de la OGGS, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos y la Dirección General de Hidrocarburos, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Ministerio de Salud, el Instituto de Desarrollo de los Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), así como de las empresas que, a la fecha, operan o tienen contratos en áreas establecidas como reservas territoriales o solicitadas para su establecimiento.

Las discusiones presentadas en los grupos de trabajo reflejan el interés del sector por mejorar la normativa interna y establecer protocolos únicos de actuación, para que el desarrollo de las actividades no solo no afecte el ambiente o la salud de las poblaciones indígenas, sino que, además, se cuente con información y registros documentados de las áreas declaradas como reservas territoriales. En tal sentido, se han sostenido dos reuniones en las que se ha intercambiado la información disponible y se ha recogido aportes sobre los Planes de Contingencia aprobados a la fecha. Asimismo, se ha recibido recomendaciones para los instrumentos de gestión e impactos que a la fecha se encuentran en elaboración.

Paralelamente, la OGGS -en coordinación con la DGAAE, DGH y la Oficina General de Asesoría Jurídica- viene estudiando la casuística del tema. Con ello y a partir de la revisión de documentos de otros sectores (como son los protocolos de actuación del Indepa, del Parque Nacional del Manu, de la Fenamad y de la ONG ACCA), buscará mejorar y proponer los mecanismos necesarios para que las diferentes actividades de hidrocarburos, que se realicen en dichas áreas, sirvan de ejemplo para operaciones con los más altos estándares sociales y ambientales.

119


120 121

Red Nacional de Comités de Monitoreo y Vigilancia Participativa en Ámbitos de Influencia Minera

En el mes de mayo del año 2008, se promulgó y publicó el Reglamento de Participación Ciudadana para el subsector minero, en el que se incluye- por vez primera- como mecanismo para la participación ciudadana, el monitoreo y vigilancia ciudadana a través de la conformación de comités. Al respecto, y por iniciativa del grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, en la que participa el Ministerio de Energía y Minas, surgió la necesidad de articular y acercar las experiencias de los distintos comités de monitoreo ambiental existentes. Dentro de este marco, se comparte protocolos, procedimientos y estándares de medición del agua, suelo y aire, con el fin de brindar herramientas a otros comités a crearse en virtud del Reglamento.

Así, se propuso la realización de un encuentro para acercar a integrantes de los diversos comités, representantes de comunidades y gobiernos regionales y locales y ONG. Ello se planteó con el propósito de desarrollar un proceso de articulación permanente entre estos diversos organismos, y generar una fluida comunicación entre todos.

Dicho encuentro, bajo el nombre El Agua Nos Reúne, se llevó a cabo los días 23 y 24 de octubre de 2008. De este modo, se fortaleció y generó acercamientos entre los Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos en Ámbitos de Influencia Minera (CMVAP), cuyo objetivo era apoyar su carácter participativo y compartir experiencias. De esta manera, fue posible iniciar un proceso de articulación permanente y de elaboración de propuestas (como protocolo, e indicadores), que permitan desarrollar capacidades para la calidad y confiabilidad de la gestión de los comités.

En dicho taller se propuso la formación de una Red Nacional de Comités de Monitoreo, que tenga las siguientes líneas de trabajo:

a. Informes de reportes de monitoreob. Capacitacionesc. Recomendaciones y promoción de políticas públicas y corporativasd. Contribuir en la elaboración de Guías y Protocolos de Monitoreo Participativoe. Acompañamiento de Comités de Monitoreo en formación, entre otras

La Red, a su vez, asume los siguientes roles:

Facilitadora de la articulación de las experiencias de los Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos (CMVAP)

Difusora de los reportes, evaluaciones y prácticas de los CMVAP Facilitadora de las sinergias entre el Estado, empresa, y sociedad civil Impulsora de acciones de incidencia para la generación de políticas públicas

y corporativas destinadas al Monitoreo Ambiental Promotora del enfoque de cuenca y la cultura del agua


122 123

Anexo

Herramientas

4Mapeo de Actores para la adecuada gestión de acciones de responsabilidad social

La OGGS, en el marco de la promoción de la Responsabilidad Social, tiene como una de sus principales herramientas para el diseño de estrategias y de intervenciones sociales, al Mapeo de Actores.

Esta herramienta se utiliza para identificar, clasificar y analizar a los actores (personas, organizaciones, instituciones) involucrados y con intereses definidos, en las zonas de influencia de los proyectos minero-hidrocarburos. Si consideramos su adaptabilidad y flexibilidad a los procesos sociales (y políticos), esta herramienta permite ir actualizando contenidos que van registrándose en forma objetiva.

La información conjunta que proporciona el mapeo de actores tiene tres fines: 1) el conocimiento de los actores que interactúan en el proceso socio-político, 2) la toma rápida de decisiones al interior de la organización (pública o privada) para gestionar de forma adecuada las acciones de RS, y 3) evaluar la dinámica de los actores (intereses, poder, influencia, acciones) al interior del proceso socio-político, que es contexto de las acciones de RS.

¿Cómo se obtiene la información para el mapeo de actores?

Al ser una herramienta de organización y análisis de información social (incluye elementos políticos, económicos y culturales), el mapeo de actores utiliza procedimientos de extracción de información cualitativa y, en algunos casos, cuantitativa.

Metodologías cualitativas: entrevistas abiertas, visitas inopinadas, focus group, observación participante

4 En los manuales de RS también suelen conocerse como stakeholders.

Metodologías cuantitativas: análisis de información económica y estadística de la zona intervenida

¿Cómo se elabora un mapeo de actores?

La elaboración del mapeo de actores se enmarca en la información que proporciona el proceso social (que incluye aspectos económicos, políticos y culturales), que acontece en las zonas de influencia de los proyectos extractivos (minería-hidrocarburos). Por lo mismo, antes de establecer un esquema de procedimientos rígido, conviene listar algunos de los pasos que sirven para la realización de este mapeo:

Identificación de las zonas de influencia directa e indirecta del proyecto extractivo

Listado de los actores existentes en las zonas (individuales y colectivos- organizaciones), a partir de información previa obtenida por medios escritos u orales preexistentes

Obtención de información de actores (métodos cualitativos y cuantitativos) Mapeo de actores: clasificación y análisis de actores (interés, estrategias,

discursos) Valoración de las influencias de actores, identificación de riesgos, crisis o

conflictos potenciales

Actor Nombre del individuo u organización

Actor 01 Descripción de características del actor

Actor 02

Actor 03

CUADRO 1 - LISTA DE ACTORES


124 125

NombreDescripción

Individual,colectivo,comunal, ONG,político,gubernamental,empresarial

Económico,político,cultural /identitario,filantrópicos

A favor, encontra oneutro.

Económicos,mediáticos

AltoMedioBajo

Actor Tipo Interés(en el marcodel proyecto)

Posiciónen relaciónal proyectoextractivo

Recursos Liderazgo /Nivel denegociación(consenso -disenso)

Nivel deautonomía

AltoMedioBajo

ACCIÓN: ANÁLISIS DEALIANZAS / SEGUIMIENTOCONTINUO

04

ACCIÓN: INCORPORACIÓN ALA ESTRATEGIA DE LAINTERVENCIÓN / GESTIÓN

01

ACCIÓN: MONITOREO /OBSERVACIÓN

03

ACCIÓN: CONOCIMIENTODE INTERESES / SEGUIMIENTO CONTINUO

02

MEN

OS

LID

ERA

ZGO

MÁ

S LI

DER

AZG

O

MENOS RECURSOS MÁS RECURSOS

CUADRO 3 - CUADRANTE DE ACTORES(Liderazgo vs. Recursos) - Análisis de acción estratégico

FASE01

FASE02

FASE04

FASE03

FASE01

FASE02

FASE04

FASE03

CICLO EXTRACTIVO

Anexos: Buenas prácticas de RS en el sector mineroCUADRO 2 - MAPA DE ACTORES


126 127

MANEJO ADECUADO DE LAS EXPECTATIVAS (INTERESES DELOS ACTORES) - PREVIA IDENTIFICACIÓN OBJETIVA

Problema: manejoinadecuado de las

expecta�vas previo alproceso de consulta

INTERRELACIÓN EXITOSA EMPRESA - COMUNIDAD BASADA EN ELRESPETO Y EL RECONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES

Problema: No exirtereconocimiento de las

diferencias culturales y hay ausencia de estándares

que regulen buenaspracticas de contacto inicial

empresa - comunidad

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO DE LA COMUNIIDADY CELEBRACIÓN DE ACUERDOS

Problema: Desconocer cualesson las mejores oportunidadesde desarrollo de la comunidad,

por falta de conocimientoprofundo de su realidad


BANCO MUNDIAL IFC Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social.2012 Página Web del IFC Corporación Financiera Internacional h�p://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES

BANCO MUNDIAL IFC Inversión Comunitaria Estratégica 2010Página Web del IFC Corporación Financiera Internacional H�p://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ebe1b700488554a7b3acf36a6515bb18/GUIA%2BRAPIDO%2BIFC_ES_FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ebe1b700488554a7b3acf36a6515bb18

BANCO MUNDIAL IFC Guía prác�ca de gobierno corpora�vo 2010Página Web del IFC Corporación Financiera Internacional h�p://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b2804600485830dc8831e9fc046daa89/Spanish_full_no_links.pdf?MOD=AJPERES

BANCO MUNDIAL IFC Gobierno Corpora�vo en La�noamérica 2010-2011 Página Web del IFC Corporación Financiera Internacional h�p://www.ifc.org/wps/wcm/connect/53419f004e478357b616be7a9dd66321/Gobierno_Corpora�vo_en_La�noamerica_2010-11.pdf?MOD=AJPERES

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- Los Pueblos Indígenas y la Minería 26 de sep�embre 2013- Minería Responsable en el Perú 18 de sep�embre 2013 - Asociaciones para el Desarrollo Kit de Herramientas 01 de marzo 2013 - Herramientas de Desarrollo Comunitario Febrero 2013 - Revista Buenas Prác�cas Diciembre 2012 - Guía Buenas Prác�cas Los Pueblos Indígenas y Minería 24 marzo 2011

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en industrias extractivas y la responsabilidad social … · multinacionales y la política social...

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