- Nunca es más oscura la noche como en el instante previo al amanecer –

- ANUARIO 2012 - -EDICION ESPECIAL-

XUL SOLAR (1887 -1963) Pan Árbol.

1954, Acuarela, 35,5 x 24 cm. Buenos Aires.

Єquinoccio es una publicación de política y cultura en tiempos de desencanto. Editor: Rubén Manasés Achdjian.

Editado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. contacto@revistaequinocciom.ar

Correo del editor

Acaba de cumplirse un año desde la publicación del primer número de Єquinoccio, una modesta aventura intelectual en tiempos de desencanto. Resulta, en verdad, auspiciosa y estimulante la importante cantidad de comentarios, apoyos y críticas recibidas en el transcurso de nuestros primeros cinco números. Como mencionábamos en nuestro primer co-rreo hace un año, no es éste un tiempo fácil para editar una revista de política y cultura en Argen-tina. En realidad, ningún tiempo suele ser dema-siado propicio, pero éste carga consigo –ya lo hemos dicho muchas veces- una impronta gramsciana en la que la nuevo no consigue alumbrar, y lo viejo se niega de una manera per-tinaz a perecer. Un tiempo de promisorios hori-zontes y, a la vez, de desencantos. Un tiempo, además, donde el discurso político suele combi-nar, con igual pasión, una voluntad colectiva de transformación con un impúdico transformis-mo. Si algo nos ha empujado a llevar adelante este emprendimiento ha sido la necesidad de partici-par con nuestras módicas contribuciones de un extenso debate que, por supuesto, nos excede: si algo habrá de caracterizar, de cara a la Historia, a esta época de otras pasadas será la de la profun-didad de los debates planteados antes que de las realizaciones alcanzadas. Falta mucho aún para debatir, para suturar, para avanzar. Desde Єquinoccio lo seguiremos intentando. A todos quienes nos han acompañado durante todo este año, sólo nos resta expresarles nuestro invariable agradecimiento.Є

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PORTADA

XUL SOLAR (Provincia de Buenos Aires, 1887 – 1963)

scar Alejandro Schulz Solari (Xul Solar) ocupa con suficiente mérito un lugar muy destacado ente los más grandes artistas

argentinos del siglo XX. Hijo de la inmigración decimonónica que permi-

tió constituir nuestra modernidad –recordemos a su padre alemán y a su madre italiana-, la obra de Xul no podría ser catalogada en ningún campo específi-co de las artes. Antes bien, su extenso trabajo reco-rre con soltura los variados campos de las artes vi-suales, la arquitectura, la escultura, la música, las letras, la astrología y la lingüística.

Sobre él escribió su invariable amigo Jorge Luis Borges: “Me parece estar viendo a ese hombre alto, rubio y evidentemente feliz. Creo que uno puede simular muchas cosas, pero nadie puede simular la felicidad. En Xul Solar, se sentía la felicidad: la felicidad del trabajo, y sobre todo, de la continua invención.”

Nació en San Fernando, provincia de Buenos Ai-res, el 14 de diciembre de 1887. En 1905 inició sus estudios de arquitectura, que habría de abandonar poco tiempo después.

En 1912 decidió realizar un largo viaje por Eu-ropa, comenzando por la ciudad de Londres. Al inicio de la Gran Guerra europea se trasladó a París, y más tarde a Florencia –donde conoció a Emilio Pettoruti, quien se convirtió en su amigo y compa-ñero de travesía- y Milán.

De aquellos intensos años europeos surgió el Ne-ocriollo –un experimento de Xul por crear una nueva lengua para América Latina, basada en la combina-ción del castellano y el portugués- y una notable producción de más de setenta obras que expuso en diversas ciudades.

Regresó al país en 1924 y se vinculó con el grupo Martín Fierro. Fue allí cuando entabló una intensa amistad con J. L. Borges y Leopoldo Marechal. En 1929 tuvo lugar su segunda muestra individual don-

de ya se aprecia con mayor nitidez las influencias de la teosofía y el rosacrucismo.

Durante las décadas de 1940 y 1950 Xul inventa el Pan Ajedrez y perfecciona la Pan Lengua, lo que lo lleva a ser considerado como un verdadero teórico del lenguaje. De aquellos años datan también las Pensiformas, caracteres de escritura bajo la forma de obras plásticas.

En 1960 participó de una muestra colectiva reali-zada en ocasión del 150˚aniversario de la Revolu-ción de Mayo y se inició en el Kriya Yoga. Entre 1961 y 1962 sus obras fueron expuestas en Río de Janeiro y París. Xul siguió dictando conferencias acerca de la necesidad de hallar un neo-lenguaje más perfecto y sencillo que el castellano.

Xul Solar, el genial creador de universos, falleció en Buenos Aires el 9 de abril de 1963. Є

CORREO DEL EDITOR

TOPOGRAFÍAS

(Publicado en el primer número, Verano de 2012)

o es tarea fácil por estos días editar una revista de política y cultura; tampoco lo es descifrar los dramas cotidianos que reco-rren un país tan imprevisible como el

nuestro. Lo único que puede esperarse, en ambos casos, es llevar a cabo intentos parciales e imperfec-tos.

Єquinoccio propone a sus eventuales lectores un diálogo concreto desde un paisaje y un tiempo igualmente concretos. En términos de paisaje discursivo, nuestra topograf-ía política se ubica claramente en el campo de las izquierdas; así, en plural, para tratar de hallar el lugar común que unifica una diversidad de pensamientos y experiencias precariamente hilvanados alrededor de ciertas tradiciones que podríamos denominar igualitaristas. Como bien lo señalaba Norberto Bob-bio, la principal frontera de diferenciación que pue-de establecerse entre las izquierdas y las derechas refiere, precisamente, a la cuestión de la desigualdad: para las derechas la desigualdad es un hecho natural y constitutivo de la condición humana, y por lo tan-to inmodificable; las izquierdas, en cambio, la asu-men como un problema de orden moral, contingen-te y por lo tanto superable. De allí que el problema teórico y práctico fundamental que guía las reflexio-nes de las izquierdas es la construcción del concepto político de la igualdad en su dimensión más amplia posible.

Existe un segundo elemento que, para las dere-

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chas, forma parte del orden natural: es la noción de libertad. Sin embargo, y tal como sucede con la des-igualdad, la libertad –desde la mirada de las izquier-das- no es una condición inmanente del ser huma-no, sino una construcción filosófica históricamente determinada.

El drama político que recorre nuestros dos pri-meros siglos de vida nacional encuentra su raíz en la confrontación intermitente entre igualdad y libertad; y en el campo de las izquierdas, la tensión largamen-te mantenido entre la corriente liberal y la populista. En la Argentina actual, la izquierda liberal compone una variedad dispersa de discursos y prácticas que no han encontrado aún su expresión política y elec-toral más adecuada mientras que la izquierda popu-lista, en cambio, ha hallado en el peronismo kirch-nerista su más eficaz herramienta de producción práctica y discursiva.

Hace pocas semanas atrás el historiador Luis Al-bero Romero publicó un artículo (La Nación, 29/12/2011) en el que señalaba: “Aunque pertenece en pleno derecho a una de las familias democráticas, el peronismo no es republicano ni pretende serlo (...) Son gobiernos elegidos democráticamente, pero con escasas intenciones republicanas”.

Romero parece dar en la clave del drama históri-co que ha confrontado a las izquierdas liberales y populistas en Argentina, sin embargo omite señalar una cuestión igualmente importante: si existen ex-presiones políticas democráticas pero no republica-nos, es necesario admitir también que no toda ex-presión republicana es necesariamente democrática. A imagen y semejanza de lo ocurrido en 1946, cuando el proto-peronismo derrotó en las urnas a la Unión Democrática, las corrientes liberales de la izquierda en la Argentina actual se han apegado con demasiada vehemencia a un discurso republicano que parece haber remplazado el problema central de la igualdad por el de la sanidad institucional.

A través de las páginas de Єquinoccio nos propo-nemos debatir estas cuestiones centrales, que son parte de la agenda dispersa de las izquierdas de-mocráticas en Argentina. Y hablamos de izquierdas y democracia, evitando el uso de ese eufemismo en-gañoso y remanido llamado “progresismo”.

Un programa moral e intelectual para las izquier-das democráticas de las cuales, repetimos, Єquinoccio forma parte, debe incluir el abordaje de problemas tales como el mejoramiento de las instituciones re-publicanas, la mejor distribución de la renta y la riqueza, el acceso a bienes públicos de calidad, la equidad impositiva, la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía y la gestión del desarrollo territorial, propia de un país federal como el nues-tro.

Una segunda línea de trabajo en un programa de estas características no puede soslayar una decidida participación en el intenso debate cultural que ocu-rre por estos días: necesitamos volver al pasado, reinterpretarlo, dialogar con él y someterlo a una crítica implacable. Allí, seguramente, vamos a hallar algunas valiosas claves para entender nuestro pre-sente.

De todas estas cuestiones nos ocuparemos en Єquinoccio, una revista de política y cultura en tiem-pos de desencanto. Durante los equinoccios, se sa-be, las noches duran tanto como los días y nos ha parecido una buena metáfora acerca de la historia argentina de la última década. Sabemos también, como señalamos en nuestro epígrafe, que “nunca es más oscura la noche como en el instante previo al amanecer”.

Para algunos optimistas irreductibles hace rato que en Argentina ha amanecido. Para otros, entre quienes nos incluimos, nos parece importante hacer ciertas contribuciones –las más de las veces poco complacientes y rayanas al pesimismo- para que, precisamente, “no se nos venga la noche” Bienvenidos todos a esta modesta aventura del pen-samiento. Є

POLÍTICA

EL TUERTO DISCURSO DEL FEDERALISMO DEFENSIVO

(Publicado en el número 2, Otoño de 2012)

Escribe: Martín Bizantino

ueves 8 de marzo, día de la Mujer en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno. La presidenta ha reunido a sus principales funcionarios, esta vez para anunciarles un plan de conectividad

para localidades del interior sin conexión telefónica. El discurso se transmite en directo por la televisión pública. La presidenta se refiere a obras, a inversio-nes, a cifras que se suceden unas a otras hasta el agobio. Mientras ella habla, en un recuadrito lateral de la pantalla aparece la imagen de Salustriana, una humilde ciudadana de la Puna jujeña conectada por teleconferencia con la Casa de gobierno. La presi-denta deja de lado las cifras que ha memorizado con notable habilidad y vuelve ahora a machacar con el traspaso de los subterráneos de Buenos Aires. En ese instante se acuerda de la presencia de Salustriana y decide interpelarla. -¿Salustriana, me estás escuchando? Decime Salus-

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triana, ¿subiste alguna vez a algún subte vos?- pre-gunta la presidenta que conoce de antemano la res-puesta. - Hasta ahora no.- contesta la ciudadana jujeña. -No, la verdad que no. Salustriana: hagamos un cambio, yo voy a La Quiaca y después te venís conmigo en el Tango 01 y vamos a dar una vuelta en subte por acá para que lo veas. Porque vas a po-der…

Salustriana intenta meter un bocadillo con el riesgo de hacerle fracasar el “remate” pacientemente preparado por la presidenta. Amaga con interrum-pirla Le quiere decir a su presidenta que a ellos, allá en la Puna, les hacen falta otras cosas “más buenas” que el subte. Inútil su intento. La presidente cree escuchar que ella es buena. “No, qué voy a ser bue-na. Soy una más, siempre me gustó ser una más” le contesta la presidenta y prosigue con su monólogo: “Pero Salustriana, ¿sabés qué? Vas a ver como los chicos acá no tienen que ir a caballo ni a lomo de burro para llegar al colegio ni caminar distancias, sino que tienen la inmensa suerte de poder ir en un subte y si no tienen para los “dos con cincuenta” que le aumentaron el subte, se van en el colectivo que le seguimos a “uno con diez” subsidiado desde el Estado nacional”. La imagen sonriente de Salus-triana desaparece del primer plano y regresa a su perpetuo anonimato.

El recurso resulta muy efectivo, al menos para todos los funcionarios presentes en el salón, que festejan la boutade con risas y aplausos.

Algunas semanas antes, la presidenta había utili-zado la majestuosa escenografía del Congreso para insistir con la misma cuestión. Aquellas palabras que formaron parte de un capítulo especial en el marco del más extenuante de los discursos que un parla-mento argentino haya debido escuchar alguna vez, obedecen a una nueva estrategia discursiva que el gobierno se empeña desde entonces en instalar: la retórica del “federalismo defensivo”.

El federalismo defensivo es un discurso mezqui-

no, basado en la reedición de un viejo relato que vincula la pobreza con una identidad territorial, exa-cerbando los conflictos políticos, económicos y sociales a partir de oponer las geografías pobres con-tra las geografías de la abundancia.

Una vez más, al igual que hace un siglo y medio atrás, el problema de todos los males que padecen nuestras provincias interiores se debe a la crónica avaricia de los porteños. Así Salustriana en La Quia-ca no tiene subtes, ni teléfono, ni nada, porque los porteños se siguen apropiando de las rentas de su provincia para poder viajar cómodamente a “uno

con diez” o “dos con cincuenta”, según se trate de colectivos subsidiados o subterráneos encarecidos.

A través de esta interpretación tuerta de la histo-ria el gobierno nacional procura desde hace algún tiempo instalar la idea de que el conjunto del país – sobre todo, las regiones más pobres- financia y sol-venta la vida hedonista y despreocupada de los por-teños. Pero, como todo viejo relato que requiere ser renovado, algunos elementos deben sufrir ciertas actualizaciones para sonar convincentes: si a media-dos del siglo XIX el conflicto giraba en torno de las rentas aduaneras, hoy la mirada está puesta en los subsidios y en la transferencia de los servicios de transporte con que el gobierno favorece desde hace casi diez años a los porteños, en desmedro del resto de los argentinos.

Lo que no sabe Salustriana –y lo que la presiden-ta ha omitido en informarle- es que esa ciudad hedonista e indolente llamada Buenos Aires aporta al tesoro nacional 25 de cada 100 pesos que ingresan para que sean distribuidos entre todas las provincias, y que luego de ese reparto se le devuelven poco menos de 2 pesos.

Tampoco se le dice a Salustriana que por cada 100 pesos recaudados, el estado nacional retiene bajo su control directo cerca de $53, mientras que distribuye el resto entre el conjunto de las provin-cias y la Ciudad Autónoma.

Debemos aclarar, sin embargo, que el discurso del federalismo defensivo no es patrimonio exclusi-vo de este gobierno. El jefe de gobierno de la Ciu-dad suele insistir con el torpe argumento de que los servicios a su cargo brindan grandes y variados be-neficios a muchos habitantes de otras jurisdicciones –su blanco preferido son los argentinos morenos del conurbano- sin recibir compensación alguna por el gasto que demanda proveerlos, por ejemplo, de hospitales y escuelas. Más torpe se muestra aún cuando su primera medida respecto del traspaso de los subtes es aplicarles un aumento tarifario desco-munal, para luego declarar ante la opinión pública que no están dadas las condiciones para que su ad-ministración pueda hacerse cargo del servicio.

Así, en medio de torpezas, chicanas y acusacio-nes cruzadas, se viene construyendo este discurso del federalismo defensivo sin que se formulen solu-ciones concretas, ni para Salustriana, ni para los tres millones de porteños. Mucho menos para los otros diez millones de argentinos que diariamente transi-tan por la ciudad movidos por muy variadas activi-dades.

Repetimos, esta retórica no es nueva: hace ya quince años atrás el entonces intendente de San Miguel Aldo Rico había prohibido que en los hospi-

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tales dependientes de su municipio se atendiera a pacientes provenientes de las comunas vecinas, una medida aplaudida por gran parte de los sanmigue-lenses. Durante la crisis que siguió a la salida de la convertibilidad, el gobierno de San Luis amenazó al estado nacional con apartarse de la federación si no se le restituían los fondos en divisas que tenía depo-sitados en Buenos Aires. En medio de la rebelión sojera del año 2008, los productores de numerosos pueblos del interior junto con algunos de sus repre-sentantes políticos llamaban a la desobediencia fiscal para que los impuestos sobre la renta agraria se des-tinaran exclusivamente en beneficio de sus localida-des. Hace pocas semanas atrás y luego de una inusi-tada represión policial contra organizaciones y co-munidades opuestas a los emprendimientos mineros a cielo abierto, se conformó en Buenos Aires -con el beneplácito y el patrocinio del Ministerio de Planifi-cación- una Organización Federal de Estados Mineros integrada por los gobernadores de San Juan, Cata-marca, La Rioja, Chubut, Jujuy y Río Negro, cuyo único fin visible parece ser el de llevar a cabo una estrategia común para desactivar y desmovilizar a las voces opositoras al megamining business.

Como vemos, el federalismo defensivo en Ar-gentina adquiere muchos rostros, aunque en todos ellos el rasgo común que prima es la mezquindad.

En contraposición existe, al menos en pura teor-ía, un federalismo solidario. Este modelo en la Ar-gentina se llama Coparticipación. Y decimos en te-oría porque este degradado régimen de distribución de recursos fiscales ha devenido, con los años y por acción y omisión de los sucesivos gobiernos, en un sistema perverso donde los únicos premiados son los gobernadores obsecuentes y genuflexos frente al gobierno federal mientras que las administraciones disidentes son implacablemente castigadas.

La nueva ley de coparticipación federal de im-puestos es la más postergada de las todas asignatu-ras fijadas por la reforma constitucional de 1994. Han pasado más de quince años desde el plazo máximo que estableció la asamblea constituyente para sancionar un nuevo régimen financiero que permitiera una distribución más racional y equitativa en términos territoriales de los recursos fiscales re-caudados por el estado nacional. Mientras que las provincias se ven obligadas a mendigar recursos y obras públicas, el estado nacional sigue reteniendo el mismo porcentual que le correspondía en 1988, aún cuando en el transcurso de estos años se des-prendió de las escuelas, hospitales y de otros servi-cios que fueron compulsivamente transferidos a las administraciones provinciales.

Esto es: el estado federal hoy en día sigue rete-

niendo bajo su control directo la misma porción de la torta fiscal, con muchos menos gastos que aten-der.

Otro capítulo aparte de este complejo problema son las administraciones provinciales, las cuales de-berían dar cuenta exhaustiva de la inversión social que realizan con los recursos que perciben por la coparticipación. Las elites políticas que en muchos casos gobiernan de manera ininterrumpida sus pro-vincias desde hace casi treinta años tienen una dire-cta responsabilidad en las decisiones de gasto sol-ventadas con los recursos coparticipados desde la Nación, los que utilizaron recurrentemente en per-judicar a sus ciudadanos más necesitados y en favo-recer a sus familias, amigos y entenados. En muchas provincias, se sabe, lo ciudadanos pobres carecen de las cosas más elementales, al tiempo que los amigos del poder están eximidos de cumplir con sus im-puestos.

En este caso, Salustriana y los ciudadanos de to-das las provincias deberían saber por ejemplo en que gastaron sus respectivos gobiernos los $ 135.000 millones que percibieron durante todo el año pasado desde el gobierno central.

Tal vez luego de un análisis exhaustivo para cada caso podremos hallar una respuesta tentativa a la pregunta de por qué en pleno siglo XXI Salustriana, ciudadana puneña y tan argentina como cualquiera de los porteños, no tiene conexión telefónica, ni subtes, ni un montón de otras “cosas buenas”. Є

CRÍTICA CULTURAL UN FANTASMA RECORRE LA HISTORIA

A propósito de la creación del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico

“Manuel Dorrego”

(Publicado en el primer número, verano de 2012)

Escribe: Arturo Herrero Vincente

oincidente con una nueva conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado, la presidenta de la Nación dispuso mediante

el Decreto PEN Nº1880/11 la creación del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoameri-cano “Manuel Dorrego”. El nuevo organismo público, según se señala en los considerandos del decreto, se dedicará a “estudiar, investigar y difundir la vida y la obra de personalidades y circunstancias destacadas de nuestra his-toria que no han recibido el reconocimiento adecuado en un ámbito institucional de carácter académico, acorde con las

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rigurosas exigencias del saber científico.” El texto del decreto deja en claro, también, que

el Instituto “…no se abocará en exclusividad a la figura del mártir de Navarro sino a la reivindicación de todas y todos aquellos que, como él, defendieron el ideario nacional y popular ante el embate liberal y extranjerizante de quienes han sido, desde el principio de nuestra historia, sus adversa-rios, y que, en pro de sus intereses han pretendido oscurecerlos y relegarlos de la memoria colectiva del pueblo argentino.”

Esta nueva iniciativa oficial –nada ingenua, mu-cho menos inocua- viene a insertarse en el desarro-llo de una lucha cultural intensa iniciada desde el gobierno hace algunos años y que hasta ahora pa-recía orbitar exclusivamente alrededor de la cuestión agraria, primero, y del monopolio de los grandes medios de comunicación social. El nuevo capítulo que ahora propone esta kulturkampf refiere a la pro-ducción historiográfica, un campo donde numerosas voces (muy prestigiosas algunas de ellas) ya se han pronunciado en favor o en contra de esta creación.

La propia presidenta señaló, en el acto de Vuelta de Obligado, que "(…) por aquellos tiempos las luchas eran de carácter militar, se desenvolvían en campos de batalla, como en Obligado o en las invasiones inglesas, que en las dos oportunidades fueron resistidas por los argentinos, y hoy se desenvuelven en el plano de las ideas" y respecto de la creación del Instituto Dorrego agregó un párrafo mucho más sugerente aún: señaló que constituía "un espacio institucional desde el cual poder analizar y debatir acerca de la historia real y no de la historia oficial de los argentinos".1

Desde la vereda de enfrente las voces críticas no se hicieron esperar. En un áspero comunicado dado a la prensa, Mirta Zaida Lobato, Hilda Sábato y Juan Suriano fustigaron sin medias tintas la maniobra oficialista de intervención en el campo de la cultura y el conocimiento: "El decreto –señala el comunicado de los tres historiadores- pone al desnudo un absoluto desconocimiento y una desvalorización prejuiciosa de la am-plia producción historiográfica que se realiza en el marco de las instituciones científicas del país -universidades y organis-mos dependientes de Conicet, entre otras- donde trabajan cientos de investigadores en historia, siguiendo las pautas que impone esa disciplina científica pero a la vez respondiendo a perspectivas teóricas y metodológicas diversas”.

Otro reconocido historiador que se mostró en extremo crítico respecto de la iniciativa oficial fue Luis Alberto Romero. De una extensa trayectoria en el campo académico, Romero apunta que “La retóri-ca revisionista, sus lugares comunes y sus muletillas, encaja bien en el discurso oficial. Hasta ahora, se lo habíamos escu-chado a la Presidenta en las tribunas, denunciando conspira-

1 Télam, 18NOV2011, 16:00.

ciones y separando amigos de enemigos. Pero ahora es el Es-tado el que se pronuncia y convierte el discurso militante en doctrina nacional. El Estado afirma que la correcta visión de nuestro pasado -que es una y que él conoce- ha sido desnatu-ralizada por la "historia oficial", liberal y extranjerizante, escrita por `los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX´. Los historiadores profesionales quedamos convertidos en otra `corpo´ que miente, en otra cara del eterno `ene-migo del pueblo´”.2

Por último, Beatriz Sarlo –con el habitual estilo cáustico que adoptó hace tiempo para oponerse a la desmesura nacional- populista- ilustró a sus habitua-les lectores de “La Nación” respecto del peligro que encierra la creación de un instituto de doctrina seme-jante, al mismo tiempo que fustigó a sus impulsores, sentenciando que: “Hoy, el revisionismo (que no se practi-ca en la universidad, donde se lo estudia como se estudian las obras del pasado) es una especie de fósil que vive en el paraíso de los best-sellers. Una veta del mercado editorial con novelas buenas y malas, biografías y libros de divulgación más atrac-tivos, sin duda, que las ponencias de los simposios de histo-riadores. De grupo de elite segundona, reaccionaria, católica y nostalgiosa que fueron aquellos primeros revisionistas, los de hoy son favoritos de los CEO de grandes editoriales.” 3

Desde las antípodas, y poniéndole el pecho a las balas disparadas desde el baluarte mitrista, Mario “Pacho” O´Donnell –presidente del flamante Insti-tuto- minimizó las críticas señalando que las mismas provienen de historiadores formados en la Univer-sidad de Buenos Aires que pretenden ningunear los antecedentes académicos de muchos de los miem-bros que integran el “Dorrego”. Ante la embestida de los “académicos”, O´Donnell decidió redoblar la apuesta al señalar que “La acusación sobre que el institu-to instalará un pensamiento único es un boomerang para aquellos que defienden la versión liberal, oligárquica y porte-ñista de la historia argentina, que fue la única versión que existió sobre los hechos que constituyen al país: la historia hasta ahora oficial; la que se planteó como única posible, la natural, la incontestable. El instituto llega para romper con ese monopolio porque amplía enormemente el campo de la historiografía nacional. Muchos de los que critican su creación plantean que el revisionismo histórico está superado, que sólo se preocupa por temas ya vistos. Están equivocados”.4

En términos similares, Araceli Bellota –periodista y vicepresidente del Instituto- salió al cruce de Beatriz Sarlo, al preguntarse “¿Por qué debe-mos tolerar que se nos califique de "escritores puestos a histo-

2 Romero, Luis Alberto. “El Estado impone su propia épica”, La Nación, 30 de noviembre de 2011. 3 Sarlo, Beatriz. “Puede ser arcaico o puede ser peligroso”, La Nación, 28 de noviembre de 2011. 4 Bullentini, Ailín. “Historia Nacional y Popular”, Página 12, 29 de noviembre de 2011.

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riadores" cuando nuestros trabajos han aportado el hallazgo de nuevos documentos para la historiografía nacional, mien-tras que muchos de los libros de los "historiadores científicos" no han agregado ni nuevas fuentes y mucho menos significaron un tributo a la literatura? ”5

La controversia sobre la interpretación historia –impensada, por ejemplo, hace una década- ha abier-to algunos ejes de debate realmente interesantes; y si bien es cierto que, por el momento, no se ha expan-dido hacia otros planos del extenso campo de la cultura, es de esperar que esa expansión ocurra más temprano que tarde. El eje más interesante que en-cierra la decisión oficial de crear el Instituto Dorre-go es la consideración acerca de cómo se produce ciencia social y qué vínculos existen entre las usinas productoras de conocimiento y el poder político, vínculo que debe analizarse en clave de construc-ción de hegemonía. Historiografía y construcción de hegemonía: ¿Cuál Dorrego?

La creación del nuevo instituto revisionista viene a remozar y reactivar -esta vez con el decidido im-pulso del gobierno- al viejo Instituto de Investiga-ciones Históricas Juan Manuel de Rosas que desde hace ya mucho tiempo ha caído en un irrecuperable letargo.

Sin embargo, por estos días, Rosas ya no logra seducir como antaño a un remozado campo nacio-nal y popular donde son nuevas generaciones las que están apuntalando algunos relatos que asom-bran por su persistencia, aunque sean poco novedo-sos: sucede que la figura de Rosas está demasiado envilecida con el parentesco forzado al que la han sometido las diversas variantes del autoritarismo argentino. Precavidos de ello, el gobierno y los neo-revisionistas buscan ahora iconizar al coronel Manuel Dorrego, el mártir de Navarro.

¿Qué puede ofrecerle Dorrego a las nuevas ge-neraciones Nac&Pop? En primer, una figura poco explorada, y por ello, mucho más maleable que la del “Gaucho de Los Cerrillos”. Manuel Dorrego suele ser presentado ante el público como un inva-riable adalid del federalismo y como un inclaudica-ble defensor de la autonomía de las provincias, fren-te al proyecto político y económico encarnado en el centralismo porteño.

Su azarosa vida presenta, además, un elemento adicional muy importante: Dorrego es un mártir, muerto a manos de Lavalle y a causa de las oscuras maquinaciones del unitarismo, corriente de nuestro

5 Télam, 29NOV2011, 13:52.

pasado político “liberal y extranjerizante”, como señala en el Decreto.

Por último, y un elemento no menos importan-te: nuestra historia -o mejor dicho, una corriente historiográfica en particular- reconoce que hubo en el país sólo dos “coroneles del pueblo”, y Manuel Dorrego fue el primero de ellos.

Este Dorrego tríptico es el que la iniciativa oficial procurará instalar y utilizar como ariete de una nue-va batalla cultural, esta vez en el campo de la histo-riografía. El otro Dorrego, es el que por ahora nos interesa.

Coronel Manuel Dorrego

El invariable federalismo parece haber sido una

postura que adoptó de un modo tardío, y más precisamente durante su exilio en Baltimore, luego de que el Director Supremo Pueyrredón lo expulsara de las entonces Provincias Unidas. Nada dice la historia acerca de cómo se produjo la epifanía en aquel hombre que pocos años antes, al mando de los ejércitos porteños enviados a domesticar a los pueblos del Interior y el Litoral, combatió con variada suerte a las fuerzas federales de José Artigas –como lo hizo en Marmarajá y Guayabós- y a las del santafesino Estanislao López en el Gamonal. ¿Por qué el federal Dorrego combatió entonces a los principales referentes federales? Fue, tal vez, porque en aquel momento no lo era. Y este argumento –inaceptable para el revisionismo más ortodoxo- sitúa a Dorrego en una dimensión, aunque contradictoria, más humana.

Lo que sí sabemos de su federalismo es que, hacia 1826, participó del Congreso Nacional como diputado por Santiago del Estero, designación a la que accedió por su estrecha amistad con Felipe Ibarra. ¿Un porteño representando en Buenos Aires

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a una provincia del interior? Así fue, y no fue el suyo un caso excepcional sino por demás corriente en la vida política de aquellos años. Lo cierto es que a partir de entonces aparece el Dorrego federal al que hoy se apela.

En segundo lugar, su derrocamiento y posterior fusilamiento por orden de Juan Lavalle -quien usurpó el gobierno provincial- constituye sin dudas un punto de inflexión en nuestras guerras civiles del siglo XIX. El unitarismo argentino, tan apegado al imperio de las leyes y las instituciones, comete su más grande error estratégico al deponer y asesinar al gobernador legítimo de la Provincia de Buenos Aires.

El trágico final de Dorrego marca, en contra-posición, el ascenso creciente e ininterrumpido de un hasta entonces poco conocido comandante de milicias de la campaña: a un año exacto de la revolución decembrista, muerto el gobernador legítimo y derrotado el usurpador en el Puente de Márquez, la Legislatura designó como nuevo mandatario a Juan Manuel de Rosas, quien asumió el poder con el título de Restaurador de las Leyes e instituciones de la Provincia de Buenos Aires.

Sobre el tercer elemento hay mucha más tela que cortar, y es el punto más interesante de la transformación de Dorrego en un ícono del renovado relato Nac&Pop: El coronel del pueblo y el padre de los pobres admite, como dijimos, un solo parangón: el que fuera proporcionado por un brillante oficial del ejército –coronel y del arma de infantería, como Dorrego- que irrumpió en escena, a mediados del siglo XX, para cambiar definitivamente el curso de nuestra historia Historia, interpretación y construcción de la realidad: los sistemas simbólicos.

Como vimos, para la presidenta y los neo-revisionistas existe una historia “real” que ha sido deliberadamente ocultada detrás de un relato ficticio, pacientemente construido por las elites dirigentes de fines del siglo XIX. Esa historia “real”, entonces, se erige como fundamento de una verdad que no admite fisuras ni interpretaciones alternativas. “La única verdad –dijo un brillante coronel de infantería- es la realidad”.

Sin embargo, lo que llamamos “realidad” es una construcción conformada mediante la herencia de ciertos relatos, creencias, conocimientos e instituciones que nos permiten otorgarle una mínima base de sustento y de metódica credibilidad a una percepción difusa, fragmentada e incompleta de un mundo que es, en esencia, simbólico.

Así, los recursos textuales y discursivos –con los recortes y los enfoques sesgados que nos proponen- conforman una arquitectura simbólica que nos per-mite objetivar y hacer inteligible una realidad que es siempre socialmente compartida. Señala Castoriadis que la naturaleza simbólica no se circunscribe sólo al plano del lenguaje sino que se traslada al terreno de las instituciones, a las que considera sistemas simbólicos sancionados cuya razón de ser consiste “en atribuir a determinados símbolos unos significados y en hacerlos valer como tales, es decir, hacer de este vínculo algo más o menos forzado para la sociedad o el grupo considerado.”6

Bajo el influjo de los signos de esta época, el es-tado actual de la lucha cultural en Argentina ha des-cubierto que la historiografía puede convertirse en uno de los terrenos más fecundos para la produc-ción de hegemonía. Son muchos los historiadores que en la actuali-dad se resisten a interpretar los hechos del pasado desde las actuales perspectivas, rehusándose a hacer de la producción historiográfica un continente –y en el caso más grosero, una barricada- que sirva a los fines de dirimir los conflictos contemporáneos. Sin embargo no deja de ser menos cierto -y la creación del Instituto así lo atestigua- que la interpretación histórica, más allá de la rigurosidad que le es propia al método científico, no puede evitar caer en cierto grado admisible de anacronismo, en la medida que quien analiza y narra la historia lo hace desde una mirada actual y subjetiva, y desde el conocimiento completo de todas las situaciones pasadas.

Así la historiografía no se produce ni se desarro-lla en el vacío sino que desde siempre ha constituido una herramienta preferente utilizada por las elites políticas para la validación políticas de ciertos fenómenos que ocurren en el presente. En suma, como se dijo, para la producción y el ejercicio de hegemonía.

“Todo discurso político contiene, como una de sus dimensiones fundamentales, la recuperación de la historia. Cada posición política reconstruye la historia a su manera con el fin de enraizar el movimiento social o partido en la lógica de un desarrollo y mostrar su necesidad. La historia aparece, entonces, como metáfora del presente.”7

La historiografía, sabemos, fue uno de los cam-pos de intervención cultural preferidos por la gene-

6 Castoriadis, Cornelius. (1989). “La institución imaginaria de la sociedad”. Eduardo Colombo (Comp.). El imaginario social. Montevideo y Buenos Aires: Tupac y Nordan. 1989, 38-39. 7 Sigal, Silvia y Verón, Eliseo. (1986). Perón o Muerte. Buenos Aires: Legasa, 182.

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ración liberal que tomó a su cargo la tarea de crear y organizar definitivamente el estado nacional luego de Caseros y Pavón. Más aún: la historiografía ar-gentina –en su más estricto sentido- nació por im-pulso de ciertas figuras notables de aquella genera-ción y el desarrollo que tuvo durante sus primeras décadas se enancó en el programa político general que tenía como una de sus principales finalidades la construcción simbólica de una nacionalidad hasta entonces inexistente.

Las primeras obras de Bartolomé Mitre8 si bien generaron resistencias y críticas por parte de mu-chos de sus contemporáneos, fueron en cambio, ampliamente exitosas en la fijación, al nivel social, de argumentaciones como las que refieren a los su-cesos de Mayo de 1810 como mito originario y pun-to de partida de la entidad nacional que, medio siglo más tarde, él mismo estaba abocado a crear y conso-lidar.9

En lo personal, y junto con ello, Mitre alcanzó el estatus de numen de la historiografía clásica argenti-na, fijando cánones que, basados en métodos heurísticos, se mantuvieron de un modo más o me-nos invariable a lo largo del tiempo, incluso hasta mucho después de su muerte. En 1893, por iniciati-va suya, fue creada la Junta de Historia y Numismá-tica Americana cuya presidencia ejerció hasta su muerte, acaecida en 1906. La Junta agrupó, primero, a los más principales referentes de la historiografía clásica, y más tarde a los de la llamada Nueva Escue-la Histórica. Fue precisamente Ricardo Levene –principal referente de la Nueva Escuela, junto con Emilio Ravignani- quien siendo su presidente trans-formó en 1938 a la vieja Junta de inspiración mitrista en la actual Academia Nacional de Historia. Surgimiento del relato revisionista y su réplica desde el campo de la izquierda liberal Como respuesta casi inmediata a la institucionaliza-ción de la “historia oficial”, un grupo de historiado-res provenientes de tradiciones políticas heterogé-neas, pero emparentados entre todos ellos por sus explícitas posiciones políticas antiliberales, fundó el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Juan Manuel de Rosas”, de activa producción inte-

8 Me refiero a “Historia de Belgrano y de la Independencia Argenti-na”, de 1859 e “Historia de San Martín y de la Emancipación Sud-Americana”, de 1887. 9 Las polémicas historiográfica en torno a su “Historia de Belgra-no” las mantuvo Mitre, a través de la prensa, con Dalmacio Vélez Sársfield, y algunos años más tarde, a raíz de la publica-ción de la tercera edición, con Vicente Fidel López. Un párra-fo aparte merecen las cáusticas críticas formuladas por Juan Bautista Alberdi (cf. Grandes y Pequeños Hombres del Plata)

lectual durante las décadas siguientes.10 Esta corriente –que mucho después asumió la

denominación de revisionista- puso su acento en so-meter a un juicio crítico (extremo, en algunos casos) a las instituciones heredadas del liberalismo deci-monónico, acudiendo para ello al rescate de la figura de Rosas y de heterogéneas tradiciones hispanistas y católicas. El resultado de la producción revisionista fue una mirada en espejo de aquella otra que ofrecía la historiografía liberal clásica, sin lograr una integra-ción, mucho menos una síntesis superior, sobre los principales problemas que hasta entonces había abordado la historiografía.

Promediando el siglo pasado surgió en paralelo una nueva corriente denominada de la Historia Social, que retomando las líneas y posturas fundamentales de la historiografía clásica, propuso una reescritura en clave liberal de izquierda.

Sus principales exponentes -José Luís Romero y Tulio Halperín Donghi- llevaron adelante, además, la tenaz tarea de refutar en forma sistemática las principales tesis y los métodos de investigación sos-tenidos por los revisionistas. En una ponencia pu-blicada por primera vez en 1970, escribió Halperín Donghi:

“El revisionismo histórico argentino, esa corrien-te historiográfica cuyo vigor al parecer inagotable no ha de explicarse por la excelencia de sus con-tribuciones, en verdad modestísimas, lo debe más bien a su capacidad de expresar las cambian-tes orientaciones de ciertas vertientes de la opi-nión colectiva en un país que a través de más de medio siglo se ha hundido progresivamente en una crisis cada vez más radical y abarcadora.”11 El texto de H. Donghi, aunque mordaz, justipre-

cia las fuertes limitaciones ideológicas que acompa-ñaron desde sus inicios al relato revisionista, tradu-cidas, a su vez, en una febril producción de textos que, en muchos casos, denotaban argumentaciones endebles.

10 El Instituto fue creado en agosto de 1938 siendo su primer presidente el general Juan Ithurbide. Entre sus fundadores encontramos a Manuel Gálvez, Ramón Doll, Ernesto Palacio, los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, Ricardo Font Ezcurra y Alberto Ezcurra Medrano, entre otros. Como antecedentes directos que motivaron su fundación podemos citar la crea-ción, en 1934, de una Comisión de Homenaje a Juan Manuel de Rosas que promovió la repatriación de sus restos, y la de un Instituto de Historia dedicada a Estanislao López en ocasión de cumplirse el centenario de su muerte. 11 Halperín Donghi, Tulio. (2005) El revisionismo histórico como visión decadentista de la historia nacional. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 1º edición, 13.

10

Precisamente, el principal dilema que afrontó la intelectualidad nacionalista y antiliberal hacia 1930 –que adoptó al revisionismo como mirada de inter-pretación historiográfica adecuada para construir sus “metáforas del presente”- osciló entre el pánico y el malestar: el pánico a la incorporación masiva de los sectores populares a la arena política, que se dio de la mano del segundo yrigoyenismo y el profundo ma-lestar que les causaba la incapacidad de las elites tradicionales (léase conservadoras) para conducir con eficacia y orden el proceso político argentino.

En el relato nacionalista la irrupción de la chusma radical y del aluvión inmigrante a la arena política, el desmoronamiento del fetiche del progreso indefini-do inaugurado hacia fines del siglo XIX junto con crisis del modelo agroexportador y la excesiva de-pendencia económica del país respecto del Imperio británico fueron las causas que llevaron a la crisis de las instituciones del liberalismo clásico en Argen-tina. Frente a ello –y a la luz de la entonces novedo-sa experiencia inaugurada por los regímenes corpo-rativos y totalitarios en Europa- la respuesta na-cionalista puso su acento en la necesidad de llevar a cabo un profundo proceso de restauración jerárqui-ca en una sociedad que había salido de su quicio. Había que sacar al país del marasmo al que lo hab-ían conducido la ampliación del sufragio y las prácticas igualitaristas, y esta necesaria restauración sólo podía ser llevada a cabo por el único sector de nuestra aristocracia que aún permanecía inmune –según la intuición nacionalista- a las desviaciones liberales: el sector militar.

Podemos hallar un muy buen ejemplo de esta clase de apelaciones en el célebre discurso de Aya-cucho, pronunciado por nuestro “poeta de la Pa-tria”, Leopoldo Lugones en 1924. “Señores: Dejad-me procurar que esta hora de emoción no sea inútil. Yo quiero arriesgar también algo que cuesta mucho decir en estos tiempos de paradoja libertaria y de fracasada, bien que audaz ideología (…) Ha sonado otra vez, para bien del mundo la hora de la espada”. 12

La percepción del pánico y el malestar que men-cionamos articuló la cosmovisión de los hombres del nacional-revisionismo a partir de 1920 y, con sus flujos y reflujos, se mantuvo vigente al menos du-rante el siguiente medio siglo. De allí que el rescate de la figura de Juan Manuel de Rosas se convirtió para ellos en una operación cultural de primer or-den.

12 Lugones Leopoldo. (1992). Prosas. Buenos Aires: editorial Losada, 1º edición, 169. Subrayado nuestro.

Brigadier General Juan Manuel de Rosas

¿Qué elementos de utilidad habían hallado esta

generación de entreguerras en la estampa de Rosas como para convertirlo en ícono de su crítica cultural y política al liberalismo decadente? Estos hombres entendieron la extensa experiencia de gobierno de aquel caudillo maldito de nuestra historia como una forma de liderazgo que se había erigido por encima de los particularismos de clase y, al mismo tiempo, veían en el rosismo una forma de incorporación inducida de la plebe a la esfera pública sin que tal fenómeno alterara de la ecuación tradicional del poder. Este Doble Rosas –el populista y antiliberal- es el que logró enamorar con más intensidad a los pri-meros revisionistas.

Como puede observarse, el derrotero de la histo-riografía argentina estuvo desde sus inicios íntima-mente ligado al problema fundamental de cómo y desde dónde pensar una nación, una identidad na-cional y un orden político. Y la intensidad –y en algunos casos, la virulencia- con que se desarrollan los debates contemporáneos pone en evidencia que aún no hemos podido como sociedad resolver satis-factoriamente cada una de estas poderosas cuestio-nes. Epílogo transitorio. La iniciativa oficial de crear el instituto revisionista nos ha servido de formidable excusa para empren-der una breve recorrida por los sinuosos campos de la historiografía.

De aquí en más una corriente de reflexiones re-novadas volverán, una y otra vez, sobre las viejas cuestiones no saldadas con nuestro pasado. Parecie-ra ser que las tradiciones heredadas de nuestras ge-neraciones muertas se obstinan en oprimir, tal como lo señalaba Marx en su Dieciocho Brumario, como una pesadilla, el cerebro de los vivos.

Sin embargo, el desafío consiste en volcar un gigantesco esfuerzo por quebrar esta lógica. Walter Benjamín –quien, con seguridad, había leído y co-

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nocido profundamente el Dieciocho Brumario- escribió que existe un secreto acuerdo entre las generaciones pasadas y la nuestra. Pero, evitando todo determinismo, se cuidó muy bien de agregar a esta máxima un claro mensaje de esperanza.

“Hemos sido esperados en la tierra. A nosotros, como a las generaciones que nos precedieron, nos ha sido dada una débil luz mesiánica sobre la cual el pasado tiene un derecho.” 13

El actual estado de la lucha cultural en Argentina ha abierto nuevos horizontes que se extienden, ahora, al campo de nuestra historiografía. Nuestras opcio-nes se dividen entre aceptar que las tradiciones de nuestras generaciones muertas sigan oprimiendo, como una pesadilla, nuestra conciencia social con-temporánea, o por el contrario, avenirnos a la tarea descomunal de evitar que se apague la débil luz me-siánica que hemos heredado. Є

POLÍTICA

¿UNA NUEVA CONSTITUCIÓN? (Publicado en el número 4, invierno de 2012)

iempre resulta interesante leer a Ricardo Forster, aun cuando en sus artículos sobre-abundan las adjetivaciones y muchos lugares

comunes. Interesante, digo, aun cuando sus textos son dema-siado proclives a la sofisticación de cualquier asunto que podría ser explicado de un modo más honesto, sencillo y breve.

Alguien podría preguntarse, con cierta dosis de razón, por qué resulta interesante leer a Forster si carece del talento filosófico y literario de un José Pablo, o de la erudición de un Eduardo Grüner o un Horacio González. Contesto: porque Ricardo Fors-ter es, antes que nada, uno de los más visibles inte-lectuales orgánicos del kirchnerismo y uno de sus más incondicionales arietes en la actual batalla cultu-ral.

Luego del barquinazo de José Pablo, cuando se fue de boca en un reportaje publicado en La Nación en diciembre último, Forster ocupó un lugar creciente en importancia dentro de la galaxia del pensamiento Nac. & Pop. La funcionalidad de sus intervenciones, y sobre todo su docilidad –a diferencia del talante

13 Benjamin, Walter. (2007). Conceptos de la filosofía de la historia. La Plata: Terramar, 1º edición.

mal llevado de José Pablo- le permitió situarse allí. En un reciente artículo de su autoría (“¿Una

nueva Constitución?”, Revista 2016, Nº 52, pp. 30-34), el filósofo interpela a sus lectores con la si-guiente pregunta: “¿No ha llegado el tiempo de una nueva Constitución que conforma la arquitectura institucional del siglo XXI? ¿No se vuelve imperioso plasmar todos esos sueños y esas realizaciones en un nuevo acto constituyente que nos ponga a la altura de un realidad renovadora de la vida nacional?”

Ricardo Forster

Los sueños, las realizaciones y la realidad reno-

vada son, para Forster, logros exclusivamente atri-buibles al gobierno que desde mayo de 2003 condu-ce las circunstancias de la república.

(Aquí debo hacer una breve aunque digresión: a lo largo de su artículo Forster refiere al concepto de República en una sola oportunidad, para argumentar que ella sólo existe si se fundamenta en el pueblo soberano, como si tal cosa existiera en la realidad de las cosas y no fuera una de las más brillantes ficcio-nes literarias creadas por el populismo. Volveremos sobre ello).

La pregunta que (nos) formula Forster tiene, por supuesto, una respuesta anticipada en párrafos ante-riores. Una nueva Constitución argentina urge, por-que el texto constituyente “liberal y positivista” de 1853, y el “neoliberal” de 1994 han fracaso y peri-mido, frente a una nueva realidad emancipadora. Forster (nos) pregunta y (nos) responde: “Nada más empobrecedor que convertir en sacrosanto un texto que debiera expresar, a lo largo del tiempo, las de-mandas, los sueños y las necesidades del pueblo soberano…”

Sacralizar las constituciones, según el filósofo, no es otra cosa que un acto inaceptable de pauperiza-ción de la política. Los actuales tiempos de “inven-ción constituyente” son, en cambio, los que permi-ten “… soñar sueños ya soñados por quienes los

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precedieron y lo hacen bajo el mandato sagrado de volver a unir la libertad con la igualdad. Épocas únicas, mágicas y renovadoras en las que las multi-tudes populares recogen los hilos secretos y perdu-rables que enlazan todas las luchas por la dignidad y las convierten en antesala de una nueva fundación”, concluye.

Los subrayados me pertenecen y no los he in-cluido por casualidad. Como señalé al principio, los textos de Forster adjetivan tanto, son tan desmesu-rados en el empleo de calificativos que toda materia-lidad posible de hallar en sus entreveradas ideas termina por desvanecerse en el aire: en palabras del filósofo la sacralización de ciertas ideas de las que abomina (las liberales–positivistas y las neoliberales) debe ser urgentemente sustituida por la sacralización de otros mandatos, en este caso nacional populares. Veamos cómo sigue su texto.

“Una nueva Constitución, la que reclama la hora de un país y una sociedad atravesada por vientos de cambio y emancipación, es expresión de un sueño, de un proyecto de patria compartida y so-lidaria. Proyecto que deberá encontrarse con el texto que le corresponde, cuyo material se guarda en la inagotable cantera de la memoria popular y le da forma a partir de lo nuevo de una época pródiga en reparaciones y en construcciones ca-paces de forjar la verdadera soberanía. Nueve años de práctica política, de una práctica capaz de reponer una lengua saqueada por el neolibera-lismo, habilitan ese sueño, le dan recorrido, le dan viabilidad y lo vuelven urgente…” No, Forster: los países carecen de horas y recla-

mos. Las sociedades no son atravesadas por ninguna clase de vientos, ni apacibles ni huracanados. La memoria popular no es verificable, ni posee canteras inagotables. La prodigalidad de las reparaciones es siempre materia de controversia. Y las constitucio-nes, querido amigo Forster -¿puedo llamarte de este coloquial modo?- fueron pensadas para otra cosa.

La modernidad europea –y, por acto reflejo, la americana- ha heredado la tradición constitucional de tres grandes revoluciones: la inglesa de 1688, la estadounidense de 1776 y la francesa de 1789. De las primeras dos surgieron realidades políticas que lograron mantenerse inalteradas a lo largo del tiem-po, y sus frutos no han sido tan reprobables a tres largos siglos vista. La revolución francesa, en cam-bio, devino poco tiempo más tarde, en Imperio; o como escribió alguna vez Alberdi: la plebe decidió elegir sus tribunos y terminó emplazando un titano.

Rara paradoja la que comentó: precisamente la

revolución más popular, más movilizadora, la que más fuertemente fue atravesada por los “vientos de cambio y emancipación”, la que nos legó “el sagra-do mandato de unir libertad e igualdad” es la que no logró sobrevivir siquiera a su propio tiempo; con el correr de los siglos se transformó en una utopía mancada que aún espera verse realizada, no en un texto constituyente sino en la vida cotidiana de las personas.

¿Hacia dónde quiero ir con todo esto? En primer lugar, a afirmar que las constituciones modernas no han sido pensadas para posibilitar los sueños, ade-cuarse a las circunstancias cambiantes, a apuntalar circunstanciales realizaciones, ni a forjar las “verda-deras soberanías”. Las constituciones fueron pensa-das para fijar algunas reglas generales del juego so-cial a las que voluntariamente aceptamos someter-nos y, por sobre todas las cosas, para limitar al mínimo grado posible el poder de los que lo deten-tan; poder que carente de frenos y contrapesos se ejer-cería de una manera insoportablemente omnímoda.

Las constituciones, decía, fueron escritas para ponernos a resguardo de las arbitrariedades de los poderosos; para fijar las fronteras aceptables entre lo público y lo privado, para establecer una necesa-ria alternancia de los gobiernos, para objetivar el ideal general de justicia y equidad, para que los con-tratos se cumplan. En definitiva, para construir “República”, esa palabrita, Forster, que te incomoda y que por ello empecinás tanto en soslayar.

Ambos sabemos querido amigo -¿puedo llamarte de este coloquial modo?- que detrás de toda tu dia-triba contra los liberalismos, contrapuesto a tu exce-sivo elogio hacia la hora de los vientos emancipadores, existe una operación política e intelectual más senci-lla que te encuentra como privilegiado protagonista. Esa operación se llama, aunque no te atrevas a ad-mitirlo de modo tan explícito, reelección presiden-cial indefinida.

Coincido con vos en que resulta necesario sentar las bases de una república plebeya, de libres e iguales, y tal vez tengas razón en que para ello haya que re-formar la Constitución. Pero dispuestos a transitar este camino debemos estar igualmente dispuestos a abrir en serio la caja de Pandora.

Esto es, si existiera una voluntad inconfundible y mayoritaria de reforma, que se debatan entonces todos los asuntos que haya que debatir, y no sólo los que son que le resulten funcionales al gobierno. Te menciono algunos, por si coincidimos: desterrar del Preámbulo la alusión a dios como “fuente de toda razón y justicia”, concretar la separación definitiva del estado y la iglesia (Art. 2º), impulsar formas más concretas de viabilizar la cogestión y la participación

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obrera en las ganancias de las empresas (Art. 14 bis), fijar una nueva, más clara y más eficiente forma de distribuir los recursos impositivos entre la Nación y las Provincias (Art. 75º), limitar la arbitrariedad con que se manejan hoy los gobernadores sobre los re-cursos naturales que circunstancialmente se encuen-tran en los territorios que gobiernan (Art. 124º), reintegrarles a las mujeres la facultad de disponer libremente sobre sus cuerpos, incluyéndola en la esfera de las acciones privadas que no ofenden la moral pública (Art. 19º) –te hablo aquí de aborto, anticoncepción y procreación responsable-, ampliar los derechos civiles existentes (Art. 14º) y los dere-chos de iniciativa legislativa ciudadana (Art. 40º).

En fin, discutamos sobre todo. Si esta caja de Pandora finalmente se abriera en

los términos que te planteo –circunstancia de la que descreo, conociendo los bueyes para quienes arás- la reelección indefinida será la menor de las cuestio-nes. Apenas una módica y frívola vanidad. Є

CRÍTICA CULTURAL

SIMETRÍAS: BENJAMIN, BORGES Y EL TIEMPO MESIÁNICO.

(Publicado en el número 4, invierno de 2012)

Escribe: Rubén Achdjian

l 26 de septiembre de 1940, Walter Benja-min se suicida en la localidad catalana de Portbou. En la frontera franco española,

un pelotón franquista interceptó a un contingente de exiliados judíos en tránsito, entre quienes se hallaba Benjamin, y dispuso que regresaran a la Francia ocupada por el nazismo. Para Benjamin esta alternativa es inconcebible: esa misma noche elige quitarse la vida mediante una poderosa ingesta de morfina. En la habitación de hotel fronterizo donde encuentran su cuerpo deja una breve esquela dirigi-da a Henny Gurland: “En una situación sin salida –escribe- no tengo otra elección que la de terminar. Es en un pequeño pueblo situado en los Pirineos, en el que nadie me conoce, donde mi vida va a acabarse. Le ruego que transmita mis pensamientos a mi amigo Adorno y que le explique la situación a la cual me he visto conducido.”

Pocos meses antes, entre fines de 1939 y princi-pios de 1940, Walter Benjamin escribe “Sobre el con-cepto de la historia” (Über den bregriff der Geschichte), sin dudas su texto más críptico.

Dieciocho tesis y dos apéndices componen esta obra breve y, al mismo tiempo, oscura. Fue publica-da por primera vez en 1942 en los Estados Unidos por iniciativa de Theodor Adorno, amigo y legatario

de ese manojo de papeles desordenados dejados por Benjamin. A Adorno se le debe el título con el que hoy la conocemos.

Las Tesis exponen la profunda crítica de Benja-min hacia el materialismo histórico y el “utopismo occidental”, al que puede definirse como una con-vicción teórica de que, junto con nuestro presente imperfecto e irredento, convive la imagen de un futuro perfecto y de redención plena para el género humano.

Walter Benjamin

Frente a la concepción de “Tiempo” expresado

como linealidad, y del “Presente” como un momen-to de transición entre un pasado incumplido y un futuro donde las aflicciones humanas son finalmen-te redimidas, Walter Benjamin introduce la idea de un tiempo mesiánico.

Esta singular concepción del tiempo refiere a un tiempo de ahora (jetztzeit), donde el presente –y por lo tanto la Historia- se interrumpe. Para explicar el jetztzeit, Benjamin acude a la metáfora del Mesías como forma de explicar el modo que opera la dis-rupción de lo dado y lo previsible.

“Seguro que los adivinos, que le preguntaban al tiempo lo que ocultaba en su regazo, no experi-mentaron que fuese homogéneo y vacío. Quien tenga esto presente, quizás llegue a comprender cómo se experimentaba el tiempo pasado en la conmemoración: a saber, conmemorándolo. Se sabe que a los judíos les estaba prohibido escru-tar el futuro. En cambio la Torah y la plegaria les instruyen en la conmemoración. Esto desencan-taba el futuro, al cual sucumben los que buscan información en los adivinos. Pero no por eso se convertía el futuro para los judíos en un tiempo homogéneo y vacío. Ya que cada segundo era en él la pequeña puerta por la que podía entrar el Mesías” (subrayado nuestro)

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En esos mismos años, aunque del otro lado del

océano, un hombre un poco más joven que Benja-min, a quien la ceguera aún no lo ha oscurecido del todo, se dedica a enhebrar laberintos textuales. En 1941 Jorge Luis Borges escribe un breve artículo, “La Creación y P. H. Goose”. Allí sostiene que “El porvenir es inevitable, preciso, pero puede no acontecer. Dios acecha en los intervalos.

Aun cuando es muy poco probable que Borges hubiera conocido en aquel entonces a Benjamin –hoy, sin embargo, se especula con la idea de que su conocimiento acerca del filósofo y crítico alemán le llegó posteriormente, presumiblemente hacia fines de los años sesenta- la simetría de ambas argumen-taciones es, en verdad, sorprendente: el tiempo es concebido en Benjamín y en Borges como una hen-dija por la cual podría colarse dios en cualquier ins-tante. Y el futuro, pese a ser siempre un aconteci-miento preciso, es mera contingencia.

El futuro pese a su fatalidad podría no aconte-cer, señala Borges; el desencantamiento del futuro, para las tradiciones judías que rescata Benjamin, hace del presente un tiempo mesiánico, quieto y con-traído. En ambos casos se recurre a la singular metá-fora de un dios o de un mesías que acecha en los intervalos del tiempo (léase la historia) para liquidar, por igual, toda posibilidad de certidumbre humana y toda posibilidad de concebir al futuro como un tiempo homogéneo, vacío, inevitable y preciso.

Hoy podemos inferir que la notable coincidencia establecida entre el texto de Borges y el de Benjamin parece provenir de la afición de ambos hacia la Qa-ballah y el misticismo judío, a la que accedieron de la mano de Gershom Scholem (1897-1982).

En uno y otro texto la idea de la historia como un mapa preciso que guía a la especie humana hacia el Progreso es puesta bajo tela de juicio. La Historia no conduce al Progreso: ni por los senderos lineales que concibieron los materialistas históricos más ortodoxos, ni a través de esas marchas elípticas que imaginó Arnold Toynbee por medio de su célebre alegoría de las ruedas de carretas.

Y esta imposibilidad, tanto en Borges como en Benjamin, radica en el hecho de que en algún oscu-ro rincón de la brecha que presuntamente separa el presente del futuro se agazapa silenciosamente ese dios- mesías, esperando la oportunidad propicia para echar por tierra las previsiones que acerca del devenir pacientemente construyen los hombres, a partir de la igualmente paciente tarea de interpretar los hechos pasados.

Los diálogos entre los diferentes e infinitos sen-tidos del tiempo terminan por establecer singulares

simetrías. Algo parecido ocurre con ciertos textos. Є

EL PAÍS

GOBERNAR ES POBLAR… BIEN. (A propósito del niño/a 7.000 millones)

(Publicado en el número 3, Otoño de 2012) Escribe: Fabio J. Quetglas14

1.- El origen.

esde sus orígenes como Nación nuestro país vive debatiendo su demografía y or-den territorial. En algunos momentos tal

cuestión ocupo el centro de la escena; así al darnos el modo federal de gobierno, al diseñar el trazado ferroviario, al impulsar la inmigración e incluso en el Siglo XX al disponer específicas legislaciones de promoción fiscal en beneficio de Provincias relati-vamente relegadas; siempre estuvo en juego una cierta idea de cómo queremos ocupar y aprovechar nuestro territorio. Hemos fracasado. Nadie sostie-ne como bueno que en un país relativamente des-poblado como el nuestro (conforme el último censo – exceptuando la porción Antártica del territorio – somos 15 habitantes por kilómetro cuadrado), de-ban convivir metrópolis ingobernables con espacios casi desiertos.

Es un fracaso y también la manifestación de

otras anomalías que lo explican. No debemos olvi-dar, que en si en su momento nos dimos una orga-nización política federal fue porque creíamos que “ese modelo” era el mejor para garantizar dos cosas:

14 Magister en Gestión de Ciudades (Universidad de Barcelo-na) y de Políticas Públicas (Universidad de Bologna)

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a) un nivel de autogobierno importante por parte de las Provincias, y b) implícitamente, niveles de desa-rrollo al menos no grotescamente desiguales. Un Siglo y medio después, ante la evidencia, debemos ponernos a revisar las bases de nuestra demografía y modelo territorial.

Las dos grandes oleadas demográficas constituti-vas del país están profundamente enraizadas en la historia argentina.

Al momento del dictado de la Constitución Na-cional, el territorio nacional no estaba plenamente bajo el dominio del Estado; algunos lugares resulta-ban inaccesibles, otros eran ocupados por pueblos originarios (que obviamente se autogobernaban al margen de los fenómenos que acaecían en las ciuda-des) e incluso existían espacios vacíos sin otra expli-cación, que completaban la geografía en la que resal-taban los 14 cabildos.

Las Campañas contra los indios (la patagónica y la del Chaco) fueron la expresión “más cruel” de la emergencia de un Estado que se propuso “contro-lar” el territorio, y por supuesto el “modelo real” de asignación del nuevo espacio conquistado, resulto ser una manifestación de los valores en los que se asentaba la iniciativa. Ese proceso reconfigura la espacialidad y las posibilidades económicas del país, al tiempo que constituirá el fundamento de un mo-delo económico que luego se construiría. Ese pri-mer momento se completa con el trazado ferrovia-rio y la promoción de la inmigración. La segunda oleada está vinculada al periodo económico de susti-tución de importaciones.

En ambos casos, con sus diferencias, la diri-gencia socio-política (sin caer en un relato naif), actúo con una visión marcada por la in-tención de dotar de un rol protagónico al país, con la comprensión de que una geografía vacía no podía ser sustento de un proyecto político consistente.

Durante el primero de esos momentos; la deci-sión (y la necesidad) de vincular la pampa húmeda a la economía mundial impulsó la generación de un soporte infraestructural (ferrocarriles, puertos, etc) muy significativo que agrego ventajas competitivas enormes (añadidas a las naturales), pero rompió un frágil equilibrio pre-existente a ese tiempo. Así Bue-nos Aires se convirtió en el centro de servicios de un hinterland de importancia global.15 El fin de las guerras internas, el ferrocarril, la inmigración, la alianza con Gran Bretaña y los primeros resultados de la alfabetización masiva; signaron la transforma-

15 Contrariamente a lo que se cree, el consumo excedentario de la aristocracia y la alta burguesía porteña, se alimenta sobre todo con recursos del exterior (cliente rico).

ción económica y por lo tanto sociodemográfica y territorial.

En ese momento histórico el Área Metropolitana de Buenos Aires emerge como centro funcional a esa economía transformada, como urbe de servicios complejos, como espacio de concentración necesa-ria para un aparato productivo de otra escala de complejidad (Bolsas, Bancos, Seguros, acopios, ofi-cinas de traducciones, sedes de tribunales, etc.).

La concentración muestra al mismo tiempo los problemas del cambio y las ventajas de las econom-ías de escala. Como dato de color para situarnos en un marco por ese entonces (censo año 1895), el país contaba con 4.050.000 habitantes y el Área Metro-polita de Buenos Aires con 663.000 (el 15 %). Mien-tras tanto el mundo (año 1900) rozaba los 1.500 millones.

Cerrado el ciclo agroexportador, Argentina vivió unos 60 años (con sus idas y vueltas) en el marco de un proceso controversial de “industrialización susti-tutiva”. Dos factores se conjugaron para profundi-zar la concentración metropolitana, a) la lógica de la “economía de aglomeración”, ahora con mayor re-levancia – naturalmente- en la economía industrial, sobre la agraria, y b) que el grueso de las políticas públicas promocionales (hasta la década del 70, casi todas) se llevaban adelante sin una “reflexión terri-torial explicita”, por tanto cualquier política de esti-mulo al consumo o a la inversión, terminaba pro-fundizando la tendencia, y por tanto requiriendo mayores infraestructuras, servicios públicos, etc… en el área metropolitana.

Pasado ese momento, esas políticas han mostra-do resultados diversos; pero lo cierto que esa Área Metropolitana se manifestó atractiva, no sólo por-que termino de definirse como “centro económico” del país, sino que justamente a lo largo del tiempo se dotó de un conjunto de activos que operaron como estimulante indirecto de la inversión privada y pro-motor de condiciones de vida adecuada para un porcentaje importante de la población.

Hay un dato demográfico que opera de manera idéntica en ambos periodos (aunque con diferente intensidad): Argentina recepta inmigración de un modo decididamente sustancial como porcentaje de su población; y la tempranamente débil tasa de nata-lidad es suplida por el aporte inmigratorio. 2.- La actualidad. Hoy los problemas de gobernabilidad metropolita-na, el buen momento de la economía pampeana (y otros espacios rurales) y el contexto demográfico global, ameritan colocar este tema en la agenda

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pública. Pero debemos aclarar, que está cuestión poco tiene que ver con el sueño romántico anti-urbano. Reconfigurar territorialmente el país de un modo exitoso es pensar la inmigración, las infraes-tructuras, el sistema educativo, los servicios de proximidad, el acceso al suelo urbano, etc.

Nuestro particular desafío: un país casi vacío y una metrópolis tan “condicionante” (incluso condicionante del proceso político) coexiste con un mundo ávido de espacios.

Existen sin dudas muchas restricciones estructu-rales para llevar adelante un modelo de ocupación del territorio que permita lograr los objetivos que una buena distribución espacial debería proveer, y sin la comprensión de las mismas, las posibilidades de una intervención eficiente son nulas.

Quizás las más importantes son las limitantes conceptuales; en primer lugar tiene que ver con identificar esta cuestión como una tensión entre “ciudad y campo”. Si en algún momento logramos revertir la actual macrocefalia, será porque decenas o cientos de ciudades distintas a Buenos Aires, Ro-sario o Córdoba y sus respectivas conurbaciones, adquieren un dinamismo marcado y logran crecer sostenida (y calificadamente) muy por encima del promedio nacional. Es decir, la alternativa a la macrocefalia no es “la vuelta al campo”, sino que nuestras ciudades medianas y pequeñas puedan resultar atractivas, retener población, brindar servicios calificados, contribuir a la competitividad de su entorno, etc. En síntesis, Argentina para re-equilibrar su territorio debe darse un conjunto de políticas de inversión, sociales y demográficas. Para ello hay que entender y construir vínculos sinérgicos entre las ciudades y sus entor-nos, y por supuesto romper el mito que pregona la “ociosidad” de las Ciudades. Todos los espacios bien gestionados contribuyen a ampliar nuestras cadenas de valor; incluso hasta para el crecimiento de nuestro potencial agrario se requiere de la exis-tencia de nodos logísticos próximos, servicios pro-fesionales, centros de provisión y reparación de máquinas, laboratorios de investigación y decenas de actividades propiamente urbanas.

Comprender la organización territorial como una red de nodos urbanos, de distintas escalas, comple-mentarios y, al mismo tiempo, funcional, parece sencillo pero no lo es. Lo dicho no significa relegar el campo sino resignificar la totalidad del territorio.

Sin dudas que el carácter de unas ciudades cuya economía depende de su entorno agrario no es el mismo que el de una metrópolis global; pero igual puede ser una excelente Ciudad con servicios ade-cuados, vinculada a otras ciudades mayores y meno-

res en un sistema donde puede dar respuesta efi-ciente a muchas cuestiones de la vida económica y social y (por supuesto) tener una razonable depen-dencia del sistema territorial que integra. Cien, dos-cientas o más ciudades argentinas de entre 10.000 y 200.000 habitantes podrían retener a un altísimo porcentaje de su población y atraer migración, de darnos una política seria, consistente, sostenida en el tiempo. Una política con una decena de instrumen-tos (oferta de suelo, sofisticación de servicios, co-nectividad física, etc.) conforme los requerimientos puntuales de cada una de ellas.

Pero es impensable que un número significa-tivo de esas ciudades crezcan al doble o triple del país sin inmigrantes y hoy por hoy, Argenti-na (siendo muy generoso en política de inmi-gración) no combina la receptividad con una lógica de estímulos territoriales, por tanto la inmigración pudiendo ser solución agrava el problema al concentrarse en las áreas metropo-litanas.

La segunda restricción conceptual es la ausencia de una más precisa comprensión política de las ten-dencias demográficas. Conocer con precisión los correlatos entre salarios y arraigo (tanto en épocas expansivas como recesivas), conocer el impacto de nuevos servicios públicos sobre el arraigo, la evolu-ción vegetativa, reconocer causales novedosas de la evolución demográfica, si fuera necesario ensayar puntualmente políticas contra-tendenciales para su evaluación (¿como impacta la oferta de vivienda pública, como el subsidio a los servicios públicos, como la facilidad de acceso al suelo, como los sub-sidios de asignación económica directa?, etc). Todo ello es clave, porque una ocupación inteligente del territorio tiene repercusiones sobre la gobernabili-dad, sobre el re-equilibrio de las relaciones entre Provincias y entre las Provincias y la Nación, esti-mula el mejor aprovechamiento de los recursos. Esos objetivos no pueden apoyarse en prejui-cios, posiciones desinformadas o particularis-mos.

Que la enorme mayoría de las políticas públicas federales consideren al territorio como un espacio homogéneo es un tic que debería abandonarse.

A todo lo dicho hay que agregarle dos datos muy significativos. La emergencia inevitable de un nuevo modelo económico, no sólo vinculado a la econom-ía del conocimiento, sino a la economía de la soste-nibilidad, de la movilidad responsable, y de un uso razonable de la energía. La industria requería de la “escala” para su eficiencia (y lo sigue requiriendo) que explica la “explosión

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urbana” asociada al industrialismo. Las ciudades del futuro serán las ciudades de la calidad de vida, que asocien a sus capacidades productivas la investiga-ción, la logística inteligente, los servicios avanzados, etc. Si lo hacemos bien podremos ir del gigantismo urbano a una red de ciudades bien conectadas, competitivas y gobernables.

El segundo dato e que el flujo migratorio global se expandirá fuertemente en las próximas tres o cuatro décadas (luego se supone que la población se amesetará en los 10.000 millones de habitantes). Antes de pensar en términos tremendistas, se-ñalemos que más importante que cuantos sea-mos, será que estemos preparados para hacer y con que responsabilidad vamos a consumir. La cantidad de gente en un territorio es poca o mucha dependiendo sobre todo de que eco-nomía la sostiene (¿la recolección?, ¿La caza?, ¿La agricultura? ¿El conocimiento intensivo?) y de la calidad de instituciones que garanticen su coexistencia.16

Si aceptamos como válido que discutir el modelo territorial y demográfico es poner en consideración tanto la economía como la organización estatal, debemos explorar soluciones que tengan en consi-deración ese marco; y así como la industria requería de aglomeración eficiente, la territorialidad de la “nueva economía” asoma como más compleja y asociada a una multiplicidad de factores. No pensar en la relación existente entre la base tecno-productiva y la organización territorial es enfrentar este problema con anteojeras.

El “ciclo económico largo de industrialización sustitutiva” que se abrió luego de la crisis de 1929, fue acompañado por una tendencia demográfica de concentración poblacional. Claramente la abundan-cia de empleo y el diferencial de salarios entre los centros metropolitanos y el resto del territorio na-cional (aún dominado por la economía agraria) está en la base de la cuestión; pero como mínimo debe-mos agregar otros 4 factores: a) Uno anterior al ci-clo iniciado en 1929: la ínfima incidencia de las polí-ticas de colonización (con otorgamiento de tierras) cuando la inmigración comenzó a ser masiva, lo que determino la radicación urbana de los inmigrantes –mayoritariamente europeos-, b) La atractividad ur-bana, el fenómeno de urbanización intensivo no es exclusivamente argentino, y obedece también a ra-zones extraeconómicas determinadas por la emer-gencia de un “modo de vida urbano” crecientemen-te valorado, c) La inexistencia de una política soste-

16 Aristóteles consideraba que los 250.000 que vivían en la Grecia de su tiempo era superpoblación, y era relativamente cierto a decir de los modos de producción que disponían.

nida en el tiempo de dotación de infraestructuras que habiliten alternativas económicas diversas en los territorios más rezagados económicamente, d) el tardío reconocimiento del problema. Recién a partir de la década del 70, se asumió la macrocefalia como un problema y de tal circunstancia deriva la legisla-ción de promoción. Los resultados de la misma son en general pobres y heterogéneos.

Sabemos que nuestras migraciones internas y el atractivo que las “grandes ciudades” ejercen sobre la población de los países limítrofes, no son un fenó-meno inexplicable. Simplemente son la manifesta-ción del padecimiento de los sectores más pobres de las pequeñas localidades y de las regiones con un comportamiento económico deficiente que se mue-ve en busca de empleos y diferenciales salariales. No es casual que Santa Cruz (a pesar de sus inclemen-cias climáticas) haya sido la Provincia que más in-crementó su población entre-censos (38,4 %) y también sea la de mayores salarios promedio, según el indicador que periódicamente elabora Economía & Regiones en base a información oficial.

En los años 50 y 60 cuando en la Patagonia se pagaban salarios que triplicaban o cuadruplicaban el promedio nacional (ahora apenas multiplican por algo más de 2), el movimiento al Sur era (en núme-ros absolutos) muy exiguo: el pleno empleo en las grandes ciudades y los salarios suficientes actuaban como “desmotivadotes naturales”. La Argentina de hoy es más sensible a los estímulos económicos…

Y hay muchos “clusters” que pueden (y lo están haciendo) operar de “atractores poblacionales” (el turismo, la expansión agraria, la forestación, etc.); pero debemos generar condiciones de hábitat razo-nable para sostener y calificar esa tendencia. 3.- El Futuro. Argentina debe proponerse una gran innovación contra-tendencial, planificada y construida con los actores socio-territoriales. Basada en tres pilares: a) trabajar sobre las causas, b) cuantificar el costo de “corto plazo” de las acciones, c) apoyarlas en “rete-ner” población y atraer inmigración en base a una política explicita, y con un sentido de inclusión ple-na.

Argentina está bajo riesgos demográficos serios: envejecimiento de las zonas centrales de sus ciuda-des, envejecimiento de sus pequeñas localidades y la emergencia de conurbaciones pobres u muy jóve-nes. Si no hacemos nada corremos el riesgo de un horizonte sociodemográfico quebrado.

Así como hay causas, hay posibilidad de respues-tas. Argentina puede y debe crear una red de Ciuda-

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des donde no resulte una pérdida quedarse a vivir y que puedan ser lugares de atracción de emprende-dores que buscan nuevos y mejores horizontes. Para ello debe poner en discusión al menos 6 cuestiones:

a) su fiscalidad: como trata a las distintas activi-dades económicas asentadas en los territorios, por ejemplo: en este sentido además de discutirse el “quantum” de la presión fiscal al agro, debe discu-tirse el destino del mismo, ya sea el fortalecimiento de la propia cadena de valor, el desvío a otras activi-dades agrarias menos competitivas, la formación de un fondo de equilibrio macroeconómico, el subsidio a la población urbana, u otras alternativas e incluso las mixturas que puedan resultar más virtuosas. Lo que no debería suceder es que en el mejor momento de los precios internacionales de nuestros productos de exportación no se logre apalancar el proceso, sin dudas costoso, de cambio de modelo territorial.

b) Derivado de lo anterior, la política de inver-sión pública (cuanta inversión, en que rubros, en que lugares, con que finalidad); lo expresado incluso va más allá del volumen de la inversión pública, abriendo el debate en torno de “donde” y con que modelo de co-financiamiento entre niveles de go-bierno, de modo de impulsar una cultura más res-ponsable y pro-inversión en todo nuestro Estado,

c) Por supuesto la política de subsidios, que a los efectos de cualquier consideración territorial no puede ser un término demonizado (pero si usado con cuidado y sobre todo con conocimiento de co-sto y resultado). Es tan lesivo para el futuro territo-rial una política de subsidios que aliente la concen-tración territorial como carecer de reflexión de la relación servicios/ ocupación territorial.

d) La dotación de oferta pública de bienes sofis-ticados, en especial la oferta universitaria pública y la salud de media y alta complejidad, porque la atractividad urbana no es una cuestión abstracta e incomprensible, sino concreta y evaluable, y sabe-mos a paridad de ingresos, las personas prefieren vivir donde los servicios públicos funcionan ade-cuadamente,

e) La reticulación del territorio y las vinculacio-nes interurbanas. La lógica del tiempo y de la conec-tividad está remplazando a la lógica de la distancia física; no importan tanto a cuantos kilómetros estoy de un centro referencial, sino en cuanto tiempo puedo acceder de modo seguro y económico a ese centro.

f) Cierta re-configuración del sistema financiero. En Argentina el flujo financiero es claramente “centrípeto”, y a lo largo del tiempo se ha profundi-zado el comportamiento por el cual se captan recur-sos en toda la geografía nacional, pero se concentra

el otorgamiento de prestamos en las áreas metropo-litanas, a raíz de dos cuestiones: una mayor formali-zación económica, y dada nuestra inestabilidad ma-cro se ha generado una cierta propensión a orientar la cartera al préstamo al consumo (corto plazo) y no a la inversión (largo plazo). Ahora bien: Si se concentra en subsidios en el área metropolitana, si la inversión pública territorial sólo puede explicarse por el alineamiento político de los Gobernadores, si la creación de Universidades Nacionales no toman en cuenta el factor distancia y se superponen ofertas en lugares atendidos, si las entidades financieras pueden (sin ninguna restric-ción) tomar ahorro de nuestros pueblos y ciudades pequeñas y medianas para alimentar el consumo de las grandes ciudades, mientras muchas actividades productivas de largo plazo encuentran cientos de limitaciones para financiarse… Sólo nos quedara padecer al mismo tiempo unas pocas Ciudades en tensión permanente y al borde del colapso, convi-viendo con pueblos demandantes de adecuada aten-ción. Todos disfrutando de menor calidad de vida de la que podríamos. Y lo que es peor, si ese fuera el escenario de un “boom inmigratorio”, el país se vería empujado a tensiones complejísimas.

No se trata de un nudo problemático irresoluble, sino de un desafío para generar un acuerdo político de largo plazo, que bien puede ser la plataforma para pensar en términos muy concretos el país que deseamos construir. Es posible evolucionar desde políticas promo-cionales de alto costo fiscal a nuevas herramientas más sofisticadas. Es posible destinar parte del exce-dente pampeano recaudado por retenciones a pro-mover sectores agrarios potencialmente muy com-petitivos y generadores de cadenas de valor largas en zonas relativamente hoy despobladas. Es posible dejar de lado la política infraestructural “de amigos”, y así sucesivamente. Y en ese mismo camino es po-sible volver a pensar la Región Metropolitana de Buenos Aires, que obviamente puede (y debe) fun-cionar mejor y cuyo rol en términos territoriales seguirá siendo central pero deberá ser más virtuoso.

Creo que Argentina puede revivir en parte un re-novado desafío fundacional. No podemos seguir transitando el siglo sin discutir sobre las bases de nuestro funcionamiento como sociedad, tanto simbólicas (la calidad de nuestras instituciones, nuestra cultura cívica, etc), como materiales (nuestro orden territorial, nuestra matriz energética, nuestra especialización económica – no restrictiva- , etc.).

Parafraseando a Juan B. Alberdi, y a modo de homenaje creo que ha llegado el momento de en-tender que “Gobernar es… poblar bien”. Є

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EL PAÍS

Y PÉGUELE FUERTE: APUNTES SOBRE EL CONFLICTO

EN TORNO A YPF (Publicado en el número 3, Otoño de 2012)

Escribe: Rubén Manasés Achdjian

Nota del editor: El presente artículo constituye una excepción entre todo el material que habitualmente se publica en Єquinoccio. Nuestras preferencias editoriales no suelen poner su acento en las situaciones y los análisis de coyuntura –para eso están los periódicos y un gran número de prestigiosas revis-tas- sino que buscamos indagar sobre las cuestiones políticas y culturales de estructura, incluido el buceo constante en los hechos de la historia que nos parecen de interés para la expli-cación de ciertos aspectos de la actualidad.

No obstante ello, la reciente iniciativa del gobierno por re-cuperar el control empresario de YPF tiene una importancia más que destacada, lo que nos obliga a admitir esta excepcio-nalidad y sumar nuestra breve y modesta reflexión al infinito y vertiginoso caudal de opiniones y estudios que, sobre el tema, se han producido y producen por estos días.

s muy difícil e incómodo en estos días pronunciarse en contra del proyecto de ley por el cual el estado argentino recupera el

control de sus recursos petroleros. De hecho, sería un grave error político hacerlo, aunque algunas mi-norías parlamentarias hayan decidido avanzar por ese sinuoso camino que hoy carece de retorno.

Por el contrario, la iniciativa ha generado una in-usual algarabía en la opinión pública y las principales bancadas parlamentarias han comprometido ya, pese a sus diferencias puntuales, su apoyo “en gene-ral” al proyecto enviado desde el poder ejecutivo.

Una vez más el actual gobierno -que hace casi tres años atrás, luego de su derrota en las elecciones legislativas de junio de 2009, se decidió a salir de las cuerdas e “ir por todo”- ha obtenido un importante grado de éxito y consenso en plantear una de sus más audaces iniciativas que, como es habitual en él, se expresa en los términos booleanos, polares y ex-tremos a los que nos tiene acostumbrados. Se trata en este caso de la recuperación de nuestra soberanía hidrocarburífera.

El adjetivo que utilizamos no es menor, tampoco desmesurado: decimos que se trata de una iniciativa booleana porque de la manera en que ha sido for-

mulado y anunciado el proyecto del gobierno que hoy se discute en el Congreso, ha obligado a los ciudadanos a posicionarnos bajo condiciones de un inevitable antagonismo.

Hoy la “Causa YPF” nos impone la forzosa elec-

ción entre dos opciones irreductibles y mutuamente excluyentes: o nos ponemos del lado de la opción mayoritaria de quienes están a favor de la recupera-ción de una YPF estatal, o nos ponemos del lado de los que están en contra, lo que hoy constituye una posición minoritaria y marginal.

Frente a la disyuntiva de una YPF estatal o pri-vada no existe hoy espacio suficiente para plantear los diversos matices que median entre sus dos op-ciones extremas. Opciones tan extremas y manique-as como las que plantea el dirigente sindical docente y de la CTA Hugo Yaski, cuando señala que la deci-sión de recuperar YPF “fue la demostración necesaria para terminar de marcar la división de aguas entre aquellos que están con el proyecto de país nacional y popular que enca-beza Cristina y quienes continúan bajo las recetas neolibera-les y el consenso de Washington”. Esa línea divisoria confron-ta cada vez con mayor contraste los dos proyectos de Nación en disputa desde los orígenes mismos de nuestra historia”.17

Una linda frase para la tribuna, aunque excesiva y errónea. Y, sobre todas las cosas, sorprendente en un hombre como Yaski, que suele ofrecer argumen-taciones más inteligentes.

Es así que la salida a este nuevo laberinto plan-teado con el proyecto de nacionalización de YPF habrá que buscarla no sólo en la reflexión acerca los fines (explícitos y tácitos) que persigue el proyecto, sino también acerca de los medios; y dando un paso

17 Hugo Yaski, “YPF pone la línea divisoria al rojo vivo”, Página 12, 20 de abril de 2012.

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más allá, acerca de las intencionalidades últimas. La cuestión de fondo, aunque suene contradicto-

rio con lo hasta aquí expresado, no pasa por debatir si el poder público debe o no intervenir en la ex-tracción, la producción y la comercialización de un recurso estratégico no renovable de un país. O si una determinada política pública debe garantizar un grado aceptable de previsibilidad acerca del proceso de fijación de los precios internos de un insumo fundamental –léase, los combustibles- desacoplán-dolos de las intensas fluctuaciones que afectan su precio internacional. De hecho, las diversas expe-riencias internacionales indican que sí es aconsejable hacerlo, y en este sentido el argumento del gobierno suena, en apariencia, impecable, aunque no suene novedosa. Argumentaciones de este tipo, salvando las distancias admisibles, ya estuvieron presentes en ocasión del debate sobre la ya olvidada Resolución 125 y la rebelión sojera que se desató posteriormen-te.

De lo que se trata en realidad es de tejer una ex-plicación general acerca de cómo hemos llegado a este punto, de cómo se ha ido construyendo este complejo laberinto que, desde hace poco más de veinte años, ha venido definiendo la errática política petrolera argentina.

La trama de este laberinto no puede explicarse sólo a través de los sucesos inmediatos que nos su-giere el gobierno mediante su audaz iniciativa, sino que debe apreciarse desde un enfoque histórico que sobrevuele la secuencia completa de los hechos du-rante estos últimos veinte años. Intentaremos ir por este camino porque, como escribió alguna vez Leo-poldo Marechal, “de todo laberinto se sale por arri-ba” La desregulación y el lobby de las provincias petroleras. A poco de asumir su primer período de gobierno, Carlos Menem procedió a desregular el mercado petrolero argentino como una de sus primeras me-didas en procura de abstener al estado de intervenir en cuestiones sociales y económicas sensibles que, según su particular visión ideológica, debían ser de exclusiva competencia de los mercados.

El programa de la primera presidencia de Menem contemplaba tres ejes fundamentales: (a) desregular, para quitar de las espaldas de la iniciativa privada el agobiante peso de los controles estatales, (b) privatizar las empresas públicas, bajo pretexto de eliminar con ello, y a un mismo tiempo, la corrupción y el déficit público y (c) focalizar las políticas sociales, para terminar de desmantelar las viejas y costosas institu-

ciones del Estado de Bienestar, uno de cuyos em-blemas era el sistema jubilatorio.

Bajo estas líneas de acción, y en el marco de la Leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, fue dictado el Decreto PEN 2778/1990, mediante el cual el gobierno nacional declaró a YPF Sociedad del Estado como entidad pública sujeta a privatización. Por su parte, y con estos antecedentes normativos, el Congreso sancionó en octubre de 1992 –a propuesta del poder ejecutivo- la Ley 24.145 que dispuso la transferencia del dominio de los yacimientos de hidrocarburos que pertenecían al estado nacional a las provincias. En esta misma ley se dispuso la transformación de YPF en una socie-dad anónima.

Previo a ello, las diez provincias petroleras argen-tinas -Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Formosa, Salta, Jujuy y Tierra del Fuego, recientemente creada- aglutinadas en el OFEPHI (Organización federal de estados produc-tores de hidrocarburos) iniciaron una muy activa maniobra de lobby para lograr la provincialización total de las cuencas de petróleo, lo que les iba a permitir la obtención de una importante masa de recursos fiscales extraordinarios para sus gobiernos. Conocedores de las necesidades financieras provin-ciales y de los intereses que estaban en juego, el en-tonces presidente Menem y su ministro de econom-ía, Domingo Cavallo, supeditaron la transferencia del dominio petrolífero así como el pago de viejas deudas mantenidas por la Nación con las provincias petroleras al apoyo activo de sus gobernadores en favor de la ley que disponía la privatización de YPF.

Fue así que en aquellos lejanos días de hace poco más de veinte años Néstor Kirchner y Cristina Fernández –gobernador y diputada de Santa Cruz, por entonces- encabezaron una militancia muy acti-va en favor de la sanción de esa ley que, a cambio de una participación provincial en la renta petrolera, terminaría por producir el desguace de la empresa. Por cierto, no fueron los únicos casos aunque sí los más emblemáticos.

Poco tiempo después, en ocasión del tratamiento y la posterior sanción de la reforma constitucional de 1994, la asamblea constituyente incluyó el texto del artículo 124º, en el que se consagraba definiti-vamente el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en sus territo-rios.

Podría decirse, de alguna manera coloquial, que si mediante la Ley 24.145 las provincias petroleras habían firmado el boleto de compra venta sobre las cuencas de petróleo, con el artículo 124º firmaban la

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escritura. Con la inclusión del principio del “domi-nio originario” en el texto constitucional, las pro-vincias petroleras adquirían una garantía fundamen-tal de que ninguna otra ley podría de allí en adelante retrotraer el importante beneficio logrado a través de la Ley 24.145 sobre sus recursos naturales.

Con la reforma del 94 se cerraba un ciclo carac-terizado por la sistemática renuncia del estado a ejercer su tradicional función reguladora y de con-trol sobre los recursos petroleros. Pero como frente a todo viejo ciclo que se cierra emerge uno que se abre, la cláusula de dominio originario del Artículo 124º abría la puerta para el desembarco en el país de un creciente número de emprendimientos que hoy están fuertemente cuestionados al nivel de la opi-nión pública. El ejemplo más relevante y sensible es el de la minería a cielo abierto, que bajo el pretexto de generar fuentes de trabajo y recursos en el inter-ior, afecta de manera negativa la vida cotidiana y las condiciones de ambiente no sólo de las poblaciones locales, sino de las regiones colindantes. Este será, seguramente, un interesante tema para otro artículo. El desembarco de Repsol El proceso de privatización de YPF inició un nuevo capítulo en 1999, a la par de la decadencia del se-gundo gobierno de Carlos Menem. Carente de una política monetaria por el corsé impuesto por la Ley de Convertibilidad, acuciado por un crónico déficit fiscal –que sólo podía ser cerrado con altísimos ni-veles de endeudamiento externo- y bajo los efectos de una profunda recesión económica que había co-menzado a desplegarse de manera sostenida desde mediados de 1998, el gobierno nacional y las pro-vincias que poseían participación accionaria en la nueva YPF procedieron a la venta de sus respectivas tenencias.

El procedimiento a seguir por el estado nacional y las provincias para la venta de estas acciones esta-ba taxativamente contemplado en el artículo 10º de la Ley 24.145, en el que se fijaba que “EL ESTADO NACIONAL y las Provincias enajenarán conjuntamente, mediante los procedimientos establecidos en el Artículo 9º de esta ley y en proporción a sus respectivas tenencias, las accio-nes de las que resultasen titulares en un porcentaje no inferior al Cincuenta por Ciento (50%) del capital social de YPF Sociedad Anónima. La enajenación se efectuará en un plazo máximo de Tres (3) años a partir de la distribución prevista en el Artículo 8º de la presente ley”.

Precisamente, el artículo 8º de la Ley había dis-tribuido el paquete accionario de la nueva YPF en un 51% de acciones clase A para el estado nacional y en un 39% de acciones clase B para las provincias petro-

leras mientras que el 10% restante, constituido por acciones clase C, se destinaba al régimen de propie-dad participada que comprendía a los trabajadores de la compañía. Asimismo estas acciones, según el artículo 9º, debían ser vendidas en el mercado bursátil, previa absorción de las deudas anteriores al 31 de diciembre de 1990 y de los resultados negati-vos acumulados al 31 de diciembre de 1991.

(Una breve y necesaria digresión: determinadas opiniones que corren en estos días señalan que si bien Néstor y Cristina Kirchner apoyaron con entu-siasmo la privatización de YPF –cuestión que ya comentamos- se opusieron, en cambio, a que el estado nacional se desprendiera del paquete mayori-tario y de la acción de oro. Sin embargo esta argumen-tación –una suerte de tibia autocrítica que se hace desde diversos sectores políticos alineados con el oficialismo- no se sostiene demasiado: hemos visto ya como en el mismo texto de la ley de privatización de YPF se obligaba tanto al estado nacional como a las provincias a desprenderse, en el plazo máximo de tres años, de la porción mayoritaria de sus accio-nes. Esto es: todos los actores implicados en las negociaciones que precedieron a la sanción de la Ley 24.145 –Menem, los Kirchner, el clan Sapag, Oscar Parrilli y muchos otros que hoy aplauden exultantes la nacionalización petrolera- sabían de antemano que, por el camino que habían acordado, el estado argentino estaba destinado a perder defini-tivamente el control de la empresa en favor de gru-pos privados. Ahora sí, volvamos al relato.)

En 1999, decíamos, se cumplían las condiciones para la venta de las acciones petroleras al mismo tiempo en que la situación de las finanzas públicas y la legitimidad política del gobierno menemista atra-vesaban uno de sus peores momentos. Es aquí cuando ingresa Repsol como actor destacado de esta larga trama.

La prehistoria de Repsol data de 1948 cuando fue creada REPESA, una módica empresa pública española dedicada a refinar petróleo en el Valle de Escombreras. En 1986 fue creada Repsol como un conglomerado diverso de empresas públicas en las que el estado español poseía una participación ac-cionaria mayoritaria. Bajo estas condiciones REPE-SA fue integrada como empresa integrante del con-sorcio Repsol. Entre 1989 y 1997 –bajo los gobier-nos del PSOE y del PP- se produjo la privatización completa de Repsol, siguiendo un proceso más o menos similar al empleado por el gobierno argenti-no en el caso de YPF.

Ya constituido como grupo empresario privado, Repsol adquirió entre 1998 y 1999 el paquete accio-nario mayoritario de YPF –incluida la llamada acción

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de oro, que estaba en manos del estado nacional- desembolsando por el mismo cerca de U$S 13 mil millones, lo que lo convirtió al mismo tiempo en el principal propietario y el gerenciador de la petrolera argentina. El grupo Petersen o el capitalismo prebendario. Asegurado en sus manos el control de la petrolera, el grupo YPF-Repsol se dio a una clásica estrategia empresarial de expansión de negocios a nivel mun-dial, apalancado por una posición privilegiada en un territorio que le permitía buenos niveles de produc-ción, un posicionamiento privilegiado en los merca-dos locales y regionales y un veloz ciclo de toma y transferencia de ganancias.

Esta estrategia –que no es original, por cierto- suele replicarse en todos aquellos países que, como el nuestro, presentan notorias deficiencias en el fun-cionamiento institucional, lo que se traduce en lábi-les controles públicos sobre las operaciones de los grandes actores privados.

Frente a la omisión de los controles estatales, las grandes líneas de negocios de Repsol –y sobre todo a partir del incremento notorio en los últimos años de los precios internacionales del crudo- han sido: (i) intensificar la producción sobre áreas ya explora-das y con importantes niveles comprobados de ex-tracción, (ii) disminuir la inversión en exploración de nuevas cuencas, (iii) vender activos físicos, o transferirlos a otras subsidiarias (iv) privilegiar la exportación de combustibles en desmedro de la provisión de la demanda local, (v) obtener de todas estas operaciones una cuantiosa renta diferencial y, (vi) transferir dicha renta, bajo la forma de distribu-ción de dividendos accionarios, a su casa matriz.

En esto ha consistido la estrategia de Repsol en Argentina, que ha sido más consecuente y coherente que la de los diferentes organismos públicos que debían diseñar la estrategia petrolera como controlar las operaciones de la compañía. La piedra de toque, como dijimos, está en el hecho de que toda esta compleja ingeniería financiera y extractiva –predatoria, si se quiere- no podría haberse realizado sin la existencia de controles lábiles que siempre tienen por contracara la connivencia de las autori-dades locales de regulación. Sobre este punto nada consistente ha dicho el gobierno hasta el momento.

A toda esta operatoria espuria –frente a la cual el actual gobierno finge hoy lamentarse como si hubie-se sido repentinamente defraudado en su buena fe, cuando hace casi nueve años (¡!) que tiene en sus manos la responsabilidad directa, entre otros asun-tos, de llevar a cabo una adecuada política petrolera-

debemos sumarle el ingreso igualmente espurio del Grupo Petersen a la actividad de YPF.

Dignos representantes de una burguesía local prebendaria –o de lo que algunos llaman, con igual justeza semántica, un capitalismo de amigos- el grupo empresario conducido por la familia Ezkenazi se suma a YPF S.A. de la mano del actual gobierno y de la propia Repsol.

En forma gradual, entre los años 2008 y 2011, los Ezkenazi fueron accediendo al negocio petrolero sin poner un solo peso propio, y lograron quedarse en muy poco tiempo con el 25,5% del total de las acciones de la petrolera.

¿Cómo se produjo este verdadero milagro de la eucaristía capitalista? En primer lugar, hizo falta la aquiescencia del gobierno. Con esta fundamental bendición en la mano aparecieron las fuentes de financiamiento: una serie de importantes créditos aportados por algunos bancos internacionales (Itaú, PNB Paribas y el Citi) y por la propia Repsol (a la que aún le adeudan cerca de € 1.500 millones) les allanaron al Grupo Petersen (Ezkenazi) el acceso a YPF.

Los Ezkenazi, por su parte, debían cancelar los pasivos adquiridos a medida que fueran cobrando los dividendos accionarios, los que durante estos últimos años fueron, a todas luces, desmesurados. En este punto, los intereses de Petersen y Repsol fueron íntimamente coincidentes: (i) las ganancias serían distribuidas, aun a costa de la desinversión de la empresa,18 (ii) con dichos fondos los Ezkenazi irían cancelando los servicios de la deuda contraída, razón que los llevaba a aprobar los abultados pagos de dividendos, (iii) Repsol aprobaría cualquier dis-tribución de ganancias que les permitiera mayores giros a su casa matriz y que, al mismo tiempo, ga-rantizara que los Ezkenazi fueran saldando la deuda que mantenían con ellos y con los bancos acreedo-res.

En tiempos pasados, donde primaban las buenas relaciones con el gobierno, el ingreso de la familia Ezkenazi a Repsol YPF le garantizaba al grupo es-pañol una aceitada relación con el poder político..

De modo que Repsol no puede denunciar ahora mala fe, porque la aceptación del ingreso de Ezke-nazi a la compañía fue precisamente lo que quiso comprar Repsol: una porción importante de seguri-dad jurídica, término que en los países de baja inten-sidad institucional como el nuestro se traduce como “hacerse amigo de los que mandan”. O como se ha dicho eufemísticamente en estos días: admitir a un

18 Más aún: mientras Repsol YPF distribuía notables dividen-dos, la empresa sufría uno de los mayores procesos de endeu-damiento.

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socio que fuera experto en mercados regulados Pero esta línea directa y fluida de comunicación

entre el gobierno nacional y popular y la burguesía nacio-nal representada por los Ezkenazi –una relación que venía desde los viejos tiempos santacruceños- co-menzó a deteriorarse hacia el año 2009 y, según dicen, terminó por quebrarse luego del fallecimiento del ex presidente Kirchner, en octubre de 2010.

El proyecto del poder ejecutivo que actualmente se discute en el Congreso nada dice – ¡vaya sorpre-sa!- acerca de la posibilidad de expropiar las accio-nes que aún se encuentran en propiedad del grupo Petersen el que, dicho sea de paso, fue el responsa-ble del gerenciamiento de la empresa en los últimos años.

En parte, y sólo en parte, esta omisión en “tocar-le el paquete a Ezkenazi” terminará por beneficiar al tesoro del estado argentino, al evitarle tener que indemnizar con dinero contante y sonante a un gru-po que logró adquirir, sin poner un solo peso, nada menos que una cuarta parte de la principal empresa argentina. Una verdadera paradoja del capitalismo de amigos, tan característico del pasado y del pre-sente argentinos.

Frente a la nueva situación planteada, los Ezke-nazi enfrentan un problema severo: de aquí en más –al menos en el corto plazo- no podrán contar ya con nuevas distribuciones de dividendos, lo que para ellos representa un flujo vital de activos líqui-dos para atender los servicios de la deuda contraída con los bancos internacionales y con Repsol. Las noticias de los últimos días señalan que todos estos acreedores evalúan seriamente la alternativa de exi-girles la cancelación anticipada de los préstamos otorgados.

En tanto, desde el gobierno se mantiene un rigu-roso silencio respecto de estos antiguos amigos del poder, hoy venidos a menos. ¿Y Enarsa? El proyecto tampoco dice nada respecto de Enarsa, la petrolera muleto creada por Néstor Kirchner en diciembre de 2004. Entre sus objetivos se encuentra el de explorar y explotar hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, así como el de transportarlos, almacenarlos, distribuirlos y comercializarlos.

De más está decir que, en esta línea de proyectos y negocios, Enarsa no posee un solo pozo ni un solo camión cisterna. Tampoco tiene cargueros, o galpones o estaciones de servicio.

Toda esta realidad convierte a Enarsa, como ac-tor del negocio petrolero, en un alfajor de pollo: no existe, salvo en la imaginación de sus numerosos

directores. Sobre este último aspecto, deberíamos resaltar

que Enarsa posee un organigrama que, en la más sutil de las consideraciones, resulta excesivo: un directorio de siete miembros, cinco síndicos, un comité de auditoría, una gerencia general, una secre-taría de directorio, cuatro gerencias y dieciséis de-partamentos.

Desde su creación Enarsa interviene en la oferta global petrolera como una compañía importadora de combustibles. Combustibles –sobre todo, el gas- que, dicho sea de paso, ha comprado muy caro, asig-nando notorios beneficios económicos para ciertos funcionarios intervinientes en esta clase de opera-ciones. De allí, como sugiere un artículo de La Na-ción, que el verborrágico y prepotente secretario de comercio Guillermo Moreno haya amedrentado a algunos funcionarios de Enarsa, estrechamente vin-culados al ministro De Vido con esta clara adver-tencia: “ahora se les va a acabar la jodita de los barcos”.19

El proyecto de soberanía hidrocarburífera no le destina a Enarsa un solo renglón sobre su gestión pasada ni presente; mucho menos sobre lo que se espera de ella en el futuro. El regreso de los muertos vivos Gran parte de los actuales funcionarios y una por-ción considerable de legisladores que hace veinte años aplaudieron en el recinto el desguace de YPF hoy defienden con voz rugiente su recuperación estatal. Uno de ellos, el actual secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, fue quien en la sesión del 23 de septiembre de 1992, siendo entonces dipu-tado neuquino, defendió con más vehemencia su privatización.

Otra parte no menor de funcionarios y legislado-res fingen ignorar cómo se ha llegado a esta situa-ción que los ha tenido como principales protagonis-tas. Podemos englobar en este grupo al Ministro Julio de Vido, al actual senador y ex jefe de gabinete de ministros Aníbal Fernández, o a Daniel Came-ron, secretario de energía. Estos tres personajes deberían explicar cómo se llegó a esta situación.

Por supuesto que, como en todas las cosas, hay matices, dispensas y excepciones. Pero una, al me-nos, es realmente disparatada e insólita: el ex presi-dente y actual senador Carlos Menem anticipó que concurrirá al Senado el miércoles próximo para apoyar con su voto decidido la estatización de YPF. “Estamos en otra época totalmente distinta. Los tiempos

19 Carlos Pagni, “Los cuatro dilemas que enredan a Kicillof”, La Nación, 19 de abril de 2012.

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cambian. Cambió el escenario”, sostuvo Menem en de-claraciones ante el diario Crónica.

Volvamos al párrafo de Hugo Yaski que citamos al inicio: al parecer, el ex presidente Menem hoy está férreamente identificado entre los que defienden el proyecto nacional y popular encarnado por Cristina, en contra de quienes continúan las recetas neolibe-rales. Realmente un increíble hallazgo, que sólo puede explicarse a mediante la frivolidad senil del senador riojano y al terror que le produce la posibi-lidad de que algún juez distraído se le ocurra desca-jonar alguna de las muchas causas penales que to-davía penden sobre su cabeza.

Carlos Menem, luchador nacional y popular, vo-tando a favor de la estatización de YPF. No sea cosa que, luego de su muerte, se lo coloque a la altura del general Mosconi o de Adolfo Silenzi de Stagni.

“Cosas vedere Sancho que non credere”, escribió Cer-vantes. La Vaca Muerta El secretario de política económica y planificación del desarrollo Axel Kicillof se sintió algo molesto en el Senado cuando se le preguntó por qué, con los antecedentes existentes acerca de mala gestión de la empresa, se procedió a la recuperación de YPF re-cién en este momento. Kicillof, intentando una ocu-rrencia risueña, destacó que responder a eso era como responder a la pregunta de por qué la revolu-ción de Mayo ocurrió en 1810 y no en 1805 o 1806.

La ocurrencia -que algunos senadores oficialistas presentes en la reunión de comisión festejaron con incomprensible desmesura- ocultaba algo que desde entonces comenzó a flotar fuertemente en el aire. Hubiera sido más sincero por parte de Kicillof res-ponder con otra ocurrencia mucho más creíble: “La razón por la cual la nacionalización de YPF ocurre ahora se debe a una vaca muerta y a un par de chi-nos”.

Una reciente película argentina plantea una trama más o menos similar a la que debía haber explicado Kicillof: una vaca muerta cae desde el aire y mata a una pareja de chinos. (“Un cuento Chino”, de Se-bastián Borensztein). Veamos el asunto

En mayo de 2011, Repsol YPF anunció el des-cubrimiento de uno de los yacimientos de gas y petróleo no convencionales (shale oil y shale gas) más importantes del mundo. Está situado en la localidad neuquina de Vaca Muerta y sus reservas estaban, en un principio, estimadas en más de 900 millones de barriles. Nuevas estimaciones realizadas en febrero último por la consultora petrolera Ryder Scott, a pedido de Repsol YPF, determinaron que tales re-

servas podrían incrementarse hasta 22.800 millones de barriles.

Con estos números en la mano, Repsol comenzó a intensificar sus negociaciones con la petrolera chi-na SINOPEC –a la cual está asociada en Brasil- para venderles el paquete mayoritario de YPF, y retirarse del país con una enorme renta diferencial. El go-bierno, con el proyecto de expropiación, les ganó de mano.

Mientras tanto, algunos de los gobernadores del Ofephi se entusiasman pensando en el futuro papel protagónico que habrán de tener en la YPF recupe-rada. Con el yacimiento de Vaca Muerta en la man-ga, Jorge Sapag ya se empezó a peinar para la foto.

Cuesta creer en la soberanía hidrocarburífera habiendo tantos millones de por medio En resumen La iniciativa del gobierno en materia de recupera-ción de YPF parece impecable e inobjetable. El armado del anuncio y el tratamiento del proyecto en las comisiones del Congreso demuestran el éxito obtenido en lograr importantes niveles de con-senso sobre un tema extremadamente sensible.

Pese a ello, queda flotando en el aire una sensa-ción de profunda desconfianza: los mismos funcio-narios que permitieron el actual estado de cosas en materia petrolera son los mismos que han sido de-signados para hacerse cargo de la intervención de YPF.

El proyecto contempla un papel protagónico pa-ra las provincias petroleras agrupadas en el Ofephi. La experiencia demuestra que la política petrolera es un asunto demasiado serio como para que la sigan manejando estos personajes bastante desaprensivos y pragmáticos, con el riesgo de que cometan los mismos descalabros que hace veinte años.

Este es el punto principal del debate, porque si bien la idea de una soberanía petrolera seduce y ena-mora desde el discurso a gran parte de la opinión pública, hace falta un adecuado y eficaz sistema de frenos y contrapesos que impidan que la renta pe-trolera se vuelque, como ya ha sucedido, a los bolsi-llos de algunos pocos amigos y amanuenses del po-der. Є

AMPLIACIÓN DE CIUDADANIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

(Publicado en el número 5, primavera de 2012)

Escribe: Eduardo Peduto

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(Sociólogo)

uchos serían los niveles de análisis o las vertientes posibles para abordar el tópico relativo a la ampliación de ciudadanía.

Hemos seleccionado una que ya sea por su relativa reciente aparición si lo medimos en términos de acontecimiento histórico como por la escasa difusión alcanzada se halla aún invisibilizada para la gran mayoría. Al menos en los aspectos que hoy nos interesa compartir con ustedes: la llamada figura del “hábeas data” más conocida como protección de datos personales.

Sintéticamente estamos hablando del derecho que asiste a toda persona, identificada o identifi-cable, a solicitar la exhibición de los registros, públicos o privados, en los cuales están incluidos sus datos personales o los de su grupo familiar, para tomar conocimiento de su exactitud; a requerir la rectificación, la supresión de datos inexactos u obsoletos o que impliquen discriminación o a que la forma en que han sido registrados sean fieles a la identidad en que se reconoce.

Señalaremos al respecto que la cuestión, si bien

comenzó a adquirir cierta relevancia hacia fines del siglo 19, recién emergió de manera potente en el último cuarto del siglo 20. Efectivamente, en Estados Unidos de Norteamérica se reguló el tema de manera particular en la Privacy Act de 1974 que protege el derecho de intimidad y tuvo su antecedente en la preocupación ocasionada por el escándalo que llevó a la renuncia del presidente Nixon en el caso Watergate. Sin que esto pueda sonar a una digresión cabe consignar que, tras los atentados en las Torres Gemelas, con la sanción el 26 de octubre de 2001 por el Congreso de los EE.UU. durante la gestión del presidente George W. Bush de la ley conocida con el nombre de Patriotic Act, estos derechos se han visto seriamente restringidos cuando no conculcados.

Inspirada en motivaciones absolutamente diferentes dos años después, en 1976, la Constitución de Portugal a través de su artículo 35 establece los aspectos generales de la protección de datos personales y los derechos que les asisten a sus titulares. No es casual que haya sido la sociedad lusitana -tras los 40 años de dictadura de Oliveira Salazar- la que pusiera énfasis en este aspecto y señalara de manera taxativa que la informática “...no puede ser utilizada para el tratamiento de datos relativos a convicciones filosóficas o políticas, afiliación a partidos o sindicatos, confesión religiosa, vida privada y origen étnico,

salvo con el consentimiento expreso del titular, autorización prevista por la ley con garantías de no discriminación o para procesamiento de datos estadísticos no identificables individualmente.” El último inciso del mismo artículo extiende estas prescripciones a las bases de datos que consten en ficheros manuales.

En 1978 la Constitución Española, una de las

consecuencias inmediatas de la firma del Pacto de la Moncloa el año anterior, recogería también esta protección aunque de una manera más difusa que en el caso portugués. Sin embargo, años después, será España la que se ponga a la cabeza de este derecho en países latino-parlantes.

La legislación al respecto que encontremos en distintos países de América Latina, entre ellos el nuestro, recogen los principios, método y acción de las legislaciones hispana y lusitana. Y esto tampoco es casual dado que también en ellos se han vivido largos períodos de dictaduras y conculcación de las garantías y derechos individuales.

Un rasgo distintivo de esta normativa, y vinculada con la noción ampliada de ciudadanía a la que nos referimos al comienzo, es su referencia permanente a la noción de persona y no a la de ciudadano en términos jurídicos. A la vez, en algunos casos con más detalles pero en todos con alguna referencia, hay una asociación, una contigüidad, entre la protección de los datos personales y la identidad de las personas. Antes de ingresar en esta conexidad me parece importante efectuar algunas precisiones sobre la protección de datos personales en la práctica.

Veamos. Aunque pudiera parecer redundante, la experiencia nos demuestra que no lo es, debemos dejar muy claro quién es el titular de los datos personales o, dicho en una jerga más llana, quién es el dueño de los datos. El único titular de los datos es la persona a la que se hallan referidos. No hay otro titular: el titular es él. Para ejemplificarlo tomaremos

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uno de los casos más habituales y que más resistencias generan: el de la historia clínica. La historia clínica le pertenece al paciente. No es del profesional médico ni del hospital, sanatorio o clínica. Es el derecho de toda persona a que la historia clínica obre en su poder en el momento que así lo desee. La tensión existente en la materia ha llevado a la necesidad de sancionar, en el último año, una ley nacional de derechos de los pacientes en cuyo texto hay un capítulo destinado al tema de la historia clínica.

Ahora bien: hay un antes y un después de que los datos personales se asienten en un banco o registro. El después se halla referido a la conservación de esos datos por un lapso suficientemente prolongado. ¿A qué me refiero? A los datos obrantes en un servicio de salud, un establecimiento educativo o en lugares donde alguien se haya desempeñado como trabajadora o trabajador.

Pero así como hay un después en relación con los datos personales recabados existe también un antes. Dicho en otras palabras: el derecho que asiste a todo ciudadano a que los aspectos identitarios que conforman sus atributos como persona sean registrados de manera integral. Desde esa perspectiva el caso por excelencia lo constituye el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas pues en él se hallan registrados gran parte de los episodios de nuestro ciclo vital: nacimiento, mayoría de edad, casamiento, divorcio, maternidad, paternidad, etc.

Y es acá dónde comienza a emerger la conexidad entre identidad y protección de datos personales. ¿Por qué? Porque ese vínculo halla también su correlato en la forma registral que revista.

Ello nos obliga a aclarar, como ya sucedió con la noción de ciudadanía, de que estamos hablando cuando nos referimos al concepto de identidad. Entendemos como tal a un proceso en permanente construcción, constituido por un conjunto de atri-butos que nos identifica frente a nosotros mismos y también frente a los demás. Es de ese conjunto de atributos del que podemos escindir aspectos que conforman los denominados datos personales. El derecho a la identidad, como capítulo específico en el catálogo de los derechos humanos, ha sido una construcción que evolucionó desde los primeros instrumentos internacionales que surgieron a me-diados del siglo XX hasta la actualidad.

Para afinar aún más el concepto de identidad, transcribiré la visión acerca de la identidad formula-da por la Jueza Elena Liberatori y que constituye el fundamento de un fallo suyo sobre el que volvere-mos más adelante. Y no lo hago porque encuentre

qué es la definición más acabada o completa de la palabra identidad sino por la singularidad de consti-tuir el andamiaje para que una magistrada imparta justicia. Dice así: “La identidad del ser humano, en tanto éste constituye una unidad, presupone un complejo de elementos, una multiplicidad de carácter predominantemente espiritual, psicológico o somático, mientras otros son de diversa índole, ya sea cultural, religiosa, ideológica o política. Y estos elementos, obviamente, no se obtienen o heredan genéticamente, sino que se han formado a lo largo de la vida a raíz de distintas circunstancias, una de las cuales –diríamos fundamentales– es la familia que se integra; y ello sea que no exista con todos o algunos de sus miembros vínculo biológico alguno.”

En síntesis, la identidad incluye tanto la inscrip-ción del nacimiento en el seno de una familia y la asignación de un nombre y nacionalidad propios, como la inserción dentro de una comunidad, con su lengua, su cultura, su territorio y su historia colecti-va, aspectos desde los cuales es posible construir la propia historia y proyectarse socialmente en el tiem-po como un ser único e irrepetible. El reconoci-miento del derecho a la identidad es vital para el ejercicio de los demás derechos y debe ser preserva-do de toda forma de vulneración o discriminación.

Partiendo de estos principios hemos selecciona-do tres grupos sociales, de muy diverso origen y naturaleza, que han visto o ven vulnerados su dere-cho a la identidad.

Durante la última dictadura militar, entre otro sinnúmero de crueldades y aberraciones, asistimos a uno de los capítulos paradigmáticos en esta mate-ria: la violación intencional y sistemática en torno a los niños y niñas, hoy ya adultos, nacidos en cautive-rio y que fueran apropiados. Una búsqueda doloro-sa, desgarradora, inconclusa, que si bien hoy nos muestra más de 100 personas que han recuperado su identidad queda aún por develar lo sucedido a muchísimos más. Reconocedores o no de la situa-ción vivida, con una mirada benévola o de justo rencor respecto a sus apropiadores. Resultaren éstos últimos integrantes de los grupos de tareas que ope-raban en la época o receptores de buena fe, las con-figuraciones convivenciales tenían un atributo basal: la mentira. Una deformación, alteración o negación de la realidad que, sin duda alguna, ha sido el ele-mento constitutivo de una identidad vulnerada. El conocimiento de la verdad, en este caso, no forma parte tan sólo de un axioma filosófico ni de un re-quisito ético, este conocimiento resulta indispensa-ble para los otrora niños y niñas como condición necesaria para reorientar el proceso de construcción de su identidad.

También debemos dar cuenta de otros dos gru-

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pos de nuestra sociedad, negados o estigmatizados hasta hace muy poco tiempo en el imaginario social como consecuencia de atavismos cuya raíz obedecía a razones ideológicas o dogmáticas. Uno, el consti-tuido por parejas o matrimonios integrados por personas del mismo sexo; el otro el de los ciudada-nos pertenecientes a los pueblos originarios distri-buidos a lo largo de nuestro territorio nacional.

En el primero de los casos se comenzó a recono-cer, a partir de la modificación del Código Civil mediante la ley conocida como de matrimonio igua-litario, el derecho de aquellas personas que han hecho opción del libre ejercicio de su orientación sexual a contraer matrimonio con otra persona de su mismo sexo. Es a una circunstancia derivada de este reconocimiento a que hace referencia la jueza Elena Liberatori. Debió dictaminar sobre la legiti-midad de la solicitud de dos mujeres, madres de un hijo, que reclamaron al Registro Civil la inscripción del niño con los dos apellidos maternos, cuestión a la que el organismo registral se negó. La magistrada en su fallo, parte de cuyos fundamentos reproduci-mos aquí más arriba, no hizo otra cosa que resaltar, por una parte, la legitimidad y, por la otra, la necesi-dad de reconocimiento social que tenían esas ma-dres. Y, en consecuencia, la adopción de medidas por parte del Estado que reflejen esa multiplicidad de formas que va adquiriendo la identidad de cada ser humano en la compleja sociedad contemporánea así como la diversidad de contextos en los que se halla incluido y a cuyo reconocimiento tiene dere-cho. Finalmente, el Registro Civil se vio obligado a acatar la decisión judicial.

Pero sería ocioso quedarnos encerrados en el análisis de un caso si no tomáramos a éste como testimonio de una colisión entre dos lecturas y dos interpretaciones de un mismo hecho: una de ellas inscripta en un marco biologista restringido y otra de carácter multívoco que se halla en la búsqueda de que el Estado actúe en consonancia con las transformaciones sociales y culturales de la contemporaneidad. Transformaciones que están íntimamente ligadas a la noción de identidad si entendemos a ésta como la hemos intentado definir en esta presentación. Transformaciones que interpelan y develan, que cuestionan y proponen. Legítimas multiplicidades que encuentran en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires –que debe ser leída como un todo y no de manera fragmentada- el marco axiológico y operativo para todos aquellos que, en ejercicio de sus funciones o de nuestra ciudadanía, debemos tratar cuestiones como las abordadas en este artículo. Tomo la Constitución de nuestra ciudad por considerar a su

texto como el más avanzado existente en nuestro país y que colecta, de manera organizada y sistemática, el catálogo de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.

Cito, al efecto de aquello que estamos desarrollando, el texto completo de su artículo 11, que forma parte del Título Primero-Derechos y Garantías: “Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad.”

La redacción final de este artículo estuvo a cargo de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires celebrada en 1996, presidida por el hoy integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. La mención de la identidad del jurista que la presidía es intencional porque ilustra que el texto se halla inspirado en las categorías conceptuales que manejan y desarrollan importantes referentes de la ciencia jurídica de nuestro país y que se hallan a la vanguardia de un pensamiento abierto, flexible y que se alimenta en términos de doctrina, del aporte efectuado por otras disciplinas como la sociología, la antropología social, la historia y la filosofía.

Este mismo marco es el que nos permite abordar la otra problemática que incluimos en nuestro análisis: ciudadanía y pueblos originarios. Este Binomio conjuntivo ha sido soslayado cuando no tergiversado o descalificado durante más de 100 años tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Ello no obsta para que reconozcamos algunos avances en la materia como la creación por ley en 1985 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o la innovación sustantiva que introdujo el censo del año 2001 y profundizó el del 2010 que posibilitó que se relevaran de manera sistemática datos de distinta índole de ciudadanos descendientes o integrantes activos de los pueblos originarios. Sin embargo hasta el momento sus componentes deben enfrentar restricciones que en algunos casos alcanza la prohibición y hasta el momento todo intento de removerlos en que se han empeñado ha resultado infructuoso. Para no extenderme en demasía, y por considerarlo suficientemente ilustrativo, voy a

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referirme a un solo aspecto de esta restricción al ejercicio pleno de ciudadanía: el derecho a la elección de su nombre y el de sus descendientes.

Esta negativa a que sean reconocidos por los nombres que cobija su lengua materna imponiéndoles la castellanización de los mismos, y esto en el mejor de los casos porque hay muchos que no tienen conversión posible, es una verdadera lesión al ejercicio del derecho a la identidad reconocido en la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994 y la incorporación con esa jerarquía de los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Ello ha determinado que en aquellas provincias en donde hay una presencia relevante de habitantes de estos pueblos la cuestión, aunque lentamente, haya comenzado a formar parte integrante de la agenda de temas sociales a resolver. El caso más destacado del que tenemos conocimiento a la fecha es el proyecto de ley recientemente ingresado a la Legislatura chaqueña, suscripto por integrantes de la bancada mayoritaria, en el que se propicia la creación de un Registro de nombres indígenas del Chaco que, de ser aprobado, allanará el camino para que los pueblos originarios puedan elegir libremente y sin escollos burocráticos el nombre propio y el de sus niñas y niños.

Hasta aquí nuestro esbozo sobre el tema seleccionado para esta exposición, siendo plenamente conscientes que el mismo no agota el abordaje de la protección de datos personales ni los ítems que la componen. Más que nada hemos ensayado el ejercicio de tornar palpable el vínculo entre ampliación de ciudadanía y protección de datos personales en el campo de la identidad desde tres vertientes de distinta naturaleza que nos muestran rasgos individuales y colectivos.

Por adherir a una mirada multívoca, tengo el convencimiento que desde los distintos saberes y con una perspectiva multidisciplinaria podremos tornar efectivos estos derechos. Ello en la medida en que esas distintas miradas y niveles de análisis tengan su correlato en la modificación de los actos jurídicos y las normas legales, en especial lo referido al Código Civil y las leyes que de él se deriven, de forma tal que contengan y legitimen las distintas configuraciones que hoy ofrece la sociedad argentina a su interior. Desde esa perspectiva creo que debemos doblegar los esfuerzos desde espacios como éste, el de la laicidad, para que estos aspectos identitarios reflejados, eje central de los datos personales, adquieran su correlato civil y documental que los consoliden. Є

CRÍTICA CULTURAL

ARTURO JAURETCHE Y LA “ZONCERA DEL CUARTO PODER”

(Publicado en el número 5, primavera de 2012)

Nota del Editor: En 1968 Arturo Jauretche (1901-1974) publicó la primera edición de “Manual de Zonceras Argenti-nas”, una de las obras más destacadas del pensamiento na-cionalista popular en la que retoma el programa de crítica cultural y política al campo liberal, cuestión que ya había emprendido con “Los profetas del odio y la Yapa” (1957) y con “Política nacional y Revisionismo histórico” (1959). Es bueno, cada tanto, releer a Jauretche, sobre todo en tiem-pos en los cuales se ha vuelto a poner de moda. Hoy se ha convertido en el ícono de una nueva generación de militantes que, paradójicamente, no lo ha leído en profundidad. Aun en desacuerdo con muchos de sus puntos de vista acerca de los grandes problemas nacionales, le reconocemos a Don Arturo la gran virtud de haber sido un pensador consecuente en la defensa de sus ideas y no haber sido jamás un militante obsecuente en un movimiento donde se suele confundir la no-ción de Lealtad con la alcahuetería. De la relectura de “Manual de Zonceras” hemos rescatado la N˚ 37, titulada “Cuarto Poder”, por su inusual vigencia pese a los casi 45 años transcurridos desde su escritura

Arturo Jauretche

i infancia pueblerina creyó que el cuarto poder era español y republicano. Y muy valiente, pero muy débil, es decir, que

era poder pero poco. Más bien que un cuarto poder, un poder de cuarta, muy inferior al sargento Cárde-nas, que era el habitualmente encargado de llevarlo preso al “gallego” o a los hermanos Ávila, que atendían los empastelamientos y las garroteaduras persuasivas.

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Tema inevitable del sainete o de cualquier cuento de “pago chico”, el periódico y el periodista de campa-ña representaban la libertad de prensa que algún día se habría de lograr pese a la prepotencia de los co-misarios y matones. Mi experiencia de periodista me dice que aún no se ha logrado y que es cada vez más difícil, aunque ahora sean otras las técnicas de los que insensible-mente gobiernan y no en apariencias. No voy a hacer la historia de los periódicos que me ha tocado dirigir, fatalmente clausurado por los varia-dos Conintes20 y estados de sitio, que al fin y al cabo no son más que formas estilizadas y con apariencia jurídica del sargento Cárdenas y los hermanos Ávila. Ahora el cuarto poder existe, y yo diría que es el primero, sólo que no tiene nada que ver con la liber-tad de prensa y sí mucho con la libertad de empresa. Hace mucho que el cuarto poder no está construido por aquel súbdito español y por añadidura republi-cano, que conoció mi infancia atravesando la plaza del pueblo con rumbo a la comisaría, gritando sus protestas bajo los empujones del sargento Cárdenas. No sólo ha cambiado el cuarto poder, sino que también muchos periodistas republicanos españoles que andan por ahí conchabados y por encargo de sus patrones son empujadores de sargentos Cárde-nas, o se encargan de hacer bulla en otro lado para facilitarle la tarea. El cuarto poder está constituido en la actualidad por las grandes empresas periodísticas que son, primero empresas y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo diarios y recibiendo avisos. Pero el negocio no consiste en la venta del ejemplar, que generalmente da pérdida: consiste en la publicidad. Así, el diario es un medio y no un fin, y la llamada “libertad de prensa”, una manifestación de la liber-tad de empresa a que aquella se subordina, porque la prensa es libre sólo en la medida que sirva a la em-presa y no contraríe sus intereses. Ahora en su calidad de primer poder, es el único que no es afectado por los golpes de estado. Porque además de ser de primera internacional y SIP21, mediante, y también sin ella, es el que ter-mina por disciplinar a los otros poderes conformes a las exigencias de la libertad de prensa. Є

20 Sigla que corresponde al Plan de Conmoción Interna del Estado, Plan represivo aplicado en Argentina a fines de la década de 1950. 21 Sigla correspondiente a la Sociedad Interamericana de Pren-sa, entidad conformada por los propietarios de medios gráficos del continente.

EL PAÍS

APOSTILLAS FISCALES Y FINANCIERAS

Escribe: Rubén Manasés Achdjian

a historia fiscal y financiera suele brindar, entre quienes son afectos a ella, jugosas lecciones que devienen de su estudio. En

esta época de conmemoraciones bicentenarias se nos ha dado por recopilar algunos breves hechos comprendidos entre julio de 1810 y enero de 1828. De más está decir que la lista no se agota en estos sucesos, pero “para muestra bien vale este botón”. “Dando vuelta los colchones” Julio de 1810. Ante la escasez de moneda metálica, producto de la interrupción de remesas desde la tesorería de Potosí, la Primera Junta de Gobierno ordenó que los particulares declararan ante las auto-ridades todas sus existencias en oro y plata amone-dada y en pasta para, luego, proceder al cobro de impuestos sobre los montos declarados. El primer cepo cambiario. Noviembre de 1811. La escasez de pesos fuertes de plata y onzas de oro –las principales divisas utiliza-das en el Río de la Plata para cancelar las operacio-nes de comercio exterior- motivó a que la Junta Grande ordenara que las personas que debieran viajar al exterior sólo pudieran llevar consigo la su-ma equivalente a 50 pesos fuertes. Casi dos siglos antes que Machinea.

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Fines de 1811. La grave situación fiscal produjo que la Junta de Gobierno dispusiera una notable reduc-ción en las remuneraciones de los funcionarios públicos –civiles y militares- así como en las pensio-nes, que en aquella época se denominaban Montepíos. Las sanciones a los capitales españoles. Enero de 1812. Se establecieron las pertenencias extra-ñas, una contribución forzosa que implicaba la ex-propiación de los bienes de los españoles residentes en el Río de la Plata y que se mantuvo vigente hasta la caída del Directorio en febrero de 1820. “De carne somos” Mayo de 1812. Ante la falta de recursos fiscales, el Primer Triunvirato dispuso una conjunto de contri-buciones extraordinarias, entre ellas, la de gravar con 4 reales a cada res destinada al consumo en la ciudad de Buenos Aires. El gravamen encareció el precio de la carne –principal alimento de la pobla-ción- en cerca de un 20%. Como contrapartida, los aranceles a la exportación de carnes saladas fueron eliminados, haciendo que los exportadores traslada-ran su propio costo fiscal a los sectores populares. Una devaluación disimulada Abril de 1813. La Asamblea General Constituyente –llamada del año XIII- dispuso la creación de la primera moneda patria, la que debía cumplir con los mismos criterios de peso y ley de fineza que las an-tiguas monedas españolas (27 gramos de plata y ley de 0,930). Sin embargo, a poco de circular, se dispu-so en mayo de 1819 que la moneda fuera de igual peso pero de una ley de 10 dineros (esto es, 0,833 de fineza). La modificación implicaba una devaluación de 13,25% respecto de la moneda original. La primera cuasi moneda Marzo de 1817. El incremento de la deuda pública y la falta de circulante obligaron al Directorio a emitir títulos y billetes de amortización que los operadores de comercio internacional podían descontar ante la aduana a su valor nominal y como medio de cance-lación de aranceles aduaneros. Sin embargo, los pequeños tenedores de estos papeles –tenderos, empleados y pequeños funcionarios que los recibían en pago de sus remuneraciones- no los pudieron colocar y se vieron obligados a venderlos a los gran-des comerciantes a la mitad de su valor. Ello desató

una ola especulativa de proporciones. El primer control de precios. Fines de 1817. El auge del negocio exportador de carnes saladas (tasajo) empujó el precio local del novillo a 7 pesos fuertes, situación que obligó al director supremo Pueyrredón a clausurar los salade-ros y a fijar un precio máximo para la carne fresca destinada al consumo doméstico. Este sea, tal vez, el primer antecedente nacional de una norma de con-trol de precios. “Haciendo caja” Noviembre de 1818. Se crea la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica, el primer intento de crear un banco nacional en las Provincias Unidas. La Caja estaba autorizada a recibir depósitos en moneda metálica y, a cambio, entregar diversas clases de certificados que producían rentas de entre el 8% y el 15% anual, garantizadas con el 6% de la recaudación de los derechos de importación. La Caja cerró en agosto de 1821 por la escasez de sus existencias: en ese momento había apenas 7.000 pesos fuertes en sus arcas. “Es a voluntad…” Marzo 1812- agosto 1819. En poco más de siete años, los sucesivos gobiernos revolucionarios impu-sieron a la población 18 contribuciones extraordina-rias y empréstitos forzosos, por cerca de 4 millones de pesos fuertes. Tan extraordinarias fueran las con-tribuciones que terminaron siendo permanentes. Una monedita medio floja: la falsificación de Güemes 1817-1818. El Directorio Supremo advierte que en Salta –gobernada en aquel momento por Martín Miguel de Güemes- existía una fuerte expansión de la circulación monetaria, pese a que la moneda esca-seaba por motivo de que el Alto Perú se hallaba bajo el control realista. El 2 de enero de 1818 se sustancia un expediente que se gira al Congreso para que tome cartas en el asunto. A poco de investigar el Congreso determinó que Güemes había mandado a adulterar la moneda existente en su provincia, refundiéndola y creando otra nueva que tenía una alta proporción de cobre que depreciaba considera-blemente el valor de las piezas originales de plata. El director Pueyrredón ordenó la inmediata captura de esta moneda feble, que era llamada Doce de Güemes.

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Otro tanto hizo el gobernador tucumano con su propia moneda, las pesetas federales. Impuestos a los capitales y monto no imponi-ble. Mediados de 1821. La legislatura bonaerense esta-bleció un impuesto a los capitales de giro que con-templaba, por primera vez, un monto mínimo no imponible y diferenciado para personas solteras y casadas. Si bien el régimen era mucho más equitati-vo que el régimen fiscal anterior, basado en impues-tos al consumo, su recaudación fue tan escasa que fue prontamente abandonado. La moneda de papel. Junio de 1821. El gobierno de Buenos Aires le con-cedió a una sociedad privada formada en su mayoría por comerciantes ingleses la facultad de recibir de-pósitos, descontar documentos y emitir papel mo-neda que era, en teoría, convertible a la par. Nació así el primer Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo apenas tres años de existencia. Pese a que la entidad debía sostener un régimen de convertibi-lidad entre el papel moneda y sus reservas metálicas, al momento de su disolución poseía existencias por apenas 255.000 pesos fuertes mientras que había emitido billetes por más de $ 2,7 millones. Resta señalar que el control absoluto del banco estaba en mano de un sólo comerciante, llamado Thomas Armstrong, de origen británico. Al momento de ser absorbido por el nuevo banco Nacional creado por Rivadavia, Armstrong poseía más del 54% de las acciones emitidas, suscriptas e integradas. “Amigos son los amigos” Octubre de 1821. El gobernador bonaerense Martín Rodríguez eliminó los aranceles a la exportación de carnes que había establecido el ex director supremo Pueyrredón en 1819. Debemos recordar que el prin-cipal sostén económico y social de Rodríguez estaba conformado por los comerciantes exportadores, los propietarios de saladeros y los hacendados de la campaña, “Plin, caja” Diciembre de 1821. El gobierno provincial dispuso la abolición del Cabildo de Buenos Aires, y se apro-pió de sus fondos, transfiriéndolos a la Tesorería provincial. “Devuélvanme la que puse”

Marzo de 1822. La legislatura provincial le enco-mendó a Félix de Álzaga presentarse ante los go-biernos de Chile y Perú para reclamar el reintegro de los gastos ocasionados por el financiamiento de la campaña de los Andes. El monto reclamado por Álzaga era de poco más de 4,5 millones de pesos fuertes. De Santiago y Lima lo echaron poco menos que a las patadas. La deuda e(x)terna Noviembre de 1822. Los diputados bonaerenses autorizaron la primera operación de endeudamiento externo de la Argentina. Nació así el empréstito Baring, por un monto máximo autorizado de un millón de libras esterlinas, equivalente a cinco mi-llones de pesos fuertes. Finalmente fueron coloca-dos £ 700.000. Pese a que la tesorería provincial esperaba contar con fondos líquidos en metálico, se recibieron apenas £ 25.000 en moneda contante y sonante, mientras que el saldo de £ 538.000 se en-tregó en Letras de cambio pagaderas en Buenos Aires. Por su parte, £ 130.000 quedaron retenidas en Londres para pagar futuros servicios de la deuda contraída. En origen, el empréstito debía servir para obras de alumbrado público, la construcción de un nuevo puerto y la fundación de tres pueblos en la campaña, pero nada de esto se hizo: se usó para financiar los continuos déficits de la tesorería. El empréstito de Londres se terminó de pagar ochenta años después de haber sido concertado, durante la segunda presidencia de Julio Roca, en 1904. El eterno retorno Enero de 1824. El poder ejecutivo provincial de-signó a Félix Castro y a John Parish Robertson co-mo agentes colocadores del empréstito en Londres. La ley aprobada en noviembre de 1822 autorizaba a colocar la deuda al 70% de la par, pero Castro y Robertson lograron el 85% de la par. La diferencia entre uno y otro porcentual (alrededor de £ 150.000) se los repartieron entre ambos y participa-ron a la Baring con £ 30.000 como beneficio extra-ordinario por su “notable gestión”. “Quien depositó pesos fuertes, recibirá pesos fuertes...” Enero de 1826. El Congreso creó el Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata, llamado tam-bién, Banco Nacional. Su capital inicial fue mayor-mente conformado con los activos del disuelto ban-

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co provincial. Pese a que el gobierno había garanti-zado la convertibilidad a la par entre el papel mone-da y el metálico ($F 1= $m/c 1), el 8 de enero se dispuso la inconvertibilidad y el curso forzoso de los billetes emitidos. “Dale nomás a la maquinita” Enero de 1827 - enero de 1828. El Banco Nacional realizó adelantos al gobierno por 3,1 millones de pesos moneda corriente, los que se sumaban a los 9 millones ya emitidos. La “maquinita” se convirtió definitivamente en el principal recurso del gobierno para sanear sus continuos déficits.

Tres grandes lecciones pueden extraerse de toda esta secuencia histórica:

1) “Nada hay de nuevo bajo el sol” 2) “No todo tiempo pasado fue mejor”, y 3) “Sólo los necios piensan que alguna vez ob-

tendrán el éxito repitiendo una y otra vez los fracasos del pasado”.Є

CRÍTICA CULTURAL

UNA CONSTRUCCION INACABADA

Escribe: Aristarco de Samos

n numerosas oportunidades, a veces en el ámbito académico otras veces en el político, y aún en un marco informal,

hemos escuchado hablar o hemos hablado sobre el tríptico de principios que enarboló la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo en contadas ocasiones este triángulo ha sido abordado como tal. Y, menos aún, en relación con su significado original y la distancia que resta para que estos principios alcancen plenitud en ese mundo al que nos referimos reiteradamente.

Tratemos de encontrar los vértices de unión en el triángulo. Por ejemplo, ¿cuándo hablamos de libertad? Nos referimos a libertad de... o a libertad para... Y esto no es un mero juego de palabras. Esta era la tensión que encerraba la palabra libertad cuando pasó a integrar la tríada de la Revolución Francesa. El poder ser libre para –o sea desarrollar el potencial de cada uno y el de todos en conjunto- exigía una condición necesaria sin la cual sería im-posible alcanzarla: ser libre de. ¿Y de que se debía ser libre? De la esclavitud, de la servidumbre, de la opresión. Y no como metáforas, como materialida-des concretas. Cuando la Declaración de los dere-

chos del hombre y del ciudadano proclama en su Artículo primero.- “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”. ... los asambleístas no nos están diciendo –como algunas lecturas o interpretaciones pretenden formular cuando afirman sin condicionamiento alguno que todos los hombres nacen libres- que esa fuese la situación de los france-ses al momento de la Asamblea sino la que debía ser a medida que la Revolución alcanzara sus propósi-tos. ¿Y cuáles eran las condiciones necesarias que debían darse para garantizar ese tránsito entre un estado y el otro de la libertad?

Los otros dos principios formulados. Comence-mos por el que integra la afirmación liminar: igual-dad. Para que este... liberarse de y alcanzar la liber-tad para... resultara posible debía establecerse entre los hombres un pacto de igualdad. Ahora bien, des-de que perspectiva hablan de igualdad, ¿se están refiriendo a igualdad ante la ley?. Sí, también pero no sólo, o por lo menos no en el sentido restringido al imperio de las togas. Nos están hablando de la igualdad de accesibilidad en el goce y ejercicio de lo que contemporáneamente recibe el nombre de de-rechos sociales: a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la educación, a la salud, al trabajo, al es-parcimiento. Esto echa las bases de una sociedad equitativa, en el cual cada persona ejercita su liber-tad para ser. Sociedad que, a su vez, tiene el derecho de ser libre e igual en derechos a cualquier otra so-

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ciedad. Asimismo ¿cómo es posible que libertad e igual-

dad se coliguen? Sólo y tan sólo si cada hombre considera a los otros hombres y estos otros a él y todos entre sí ... hermanos. Esta y no otra cosa es la fraternidad. Y no sólo con el prójimo sino y funda-mentalmente con el más lejano... el diferente... el opuesto. Pero no desde una perspectiva bucólica o anodina sino desde la fortaleza y profundidad basa-da en la solidaridad y en acciones concretas. Frater-nidad y solidaridad que deben ser comprendidas no como la licuación de las diferencias ni de las convic-ciones sino a partir de ellas y sobre el desarrollo de la tolerancia. Cualidad ésta que no es un ejercicio de comprensión mutua de banalidades sino que se constituye como tal en la medida que tengamos convicciones firmes y sólidas y seamos capaces de tolerar al otro que también tiene convicciones fir-mes y sólidas situadas en la margen opuesta a las nuestras.22 Este principio aplicable a las relaciones interpersonales, a las relaciones sociales y a las rela-ciones internacionales es el fundamento de la paz entre los hombres y entre las naciones.

Retomando. Esto que como cuerpo de ideas legislado se sancionaba y proclamaba allá por 1789 sigue en nuestros días inscripto en el campo del deber ser y no en el del ser. ¿O acaso estamos en condiciones de afirmar hoy que toda criatura que nace en el mundo ostenta la condición de libre, permanece libre y es igual en derechos? Y no necesitamos ni siquiera perdernos en la inmensidad del concepto mundo, remitámonos a nuestra patria, a nuestra Ciudad, a nuestro barrio.

Debemos preguntarnos entonces el porqué de esta puja inacabada por alcanzar la plena vigencia de estos tres principios cuya proclamación tiene ya una antigüedad de más de 200 años. Incompletitud que no obedece a cuestiones ni mágicas ni espontáneas sino al producto de las confrontaciones ideológicas. No se ha logrado armonizar entre los principios de libertad e igualdad. Los que propugnan el primero le otorgan el carácter de absoluto y lo ciñen al logro y goce individual, quienes se recuestan sobre el se-gundo han opacado cuando no eliminado el concep-to de libertad. Esta síntesis entre principios que han

22 Para evitar interpretaciones laxas o malintencionadas cuando hablamos de tolerancia no debemos considerar merecedores de esta actitud por parte nuestra a quienes han incurrido, incu-rren o incurrieran en: crímenes de lesa humanidad; aniquila-ción de pueblos o etnias; apropiación de niños nacidos en cautiverio; etc. Esta breve enumeración no pretende ser ex-haustiva sino indicativa de determinados límites para aquellos que ignoran o fustigan con su pensamiento y acción a lo que contemporáneamente se considera el campo de los derechos humanos.

devenido antagónicos es una tarea pendiente de aquellos que seguimos pensando que el tríptico Li-bertad, Igualdad, Fraternidad no sólo tiene plena vigencia sino que sigue constituyendo una utopía enriquecedora y estimulante. Dicha tanto en el sen-tido que lo plantea Eduardo Galeano -algo que está en pleno movimiento pero que posee la fascinación de lo realizable- o Mario Benedetti cuando nos dice en su poema Utopías: “Cómo voy a creer / dijo el fulano que el mundo se quedó sin utopías /Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido.”

Para la concreción de esta utopía, sin embargo, existen algunos obstáculos –por ser benévolo en su calificación- que deben ser removidos. Entre ellos se destaca, por entender quien esto escribe que es la matriz que genera los otros, la concentración del poder económico, financiero o militar dado que en cualquiera de sus variantes o en una combinatoria tal concentración resulta incompatible con el lema de la Revolución Francesa y la vigencia plena de la democracia. Є

El presente Anuario se compone de una selección de artículos ya publicados y correspondientes a los primeros cinco número de Єquinoccio – Revista argentina de Política & Cultura, editados durante el año 2012. Los números originales pueden consultarse en nues-tro sitio digital: www.revistaequinoccio.com.ar en la sección ediciones off line. Todo el material publicado en nuestro sitio digital es de libre disponibilidad para sus lectores con la sola mención de su fuente, persuadidos de que toda forma de conocimiento es producto de una cons-trucción colectiva.

Buenos Aires, Enero de 2013