Contra la corrupción

3 Û En siete meses hay 17 sentencias por corrupción4 Û Comisión especial socializará el Código Civil

Hasta ahora, en la mayoría de las ciudades capitales del territorio nacional existen 1.182 cá-maras de seguridad, que han permitido reducir los índices de violencia ciudadana y vial.

Transparenciay Seguridad

de bolivianos recuperados por Transparencia77 MILLONES

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sábado 8 de agosto de 2015

Gonzalo LazcanoViceministro

SEGURIDAD

Por la“Los centros de estudios estratégicos para la seguridad ciudadana son el pilar para la

lucha contra la inseguridad en las ciudades del país.

2 8 de agostode 2015

Estrategia para la seguridad Los centros de estudios para seguridad ciudadana permiti-rán definir las estrategias.

Un centro especiali-zado que se creará en las gobernaciones y municipios del terri-torio nacional permi-

tirá contar con una eficiente infor-mación y una base de datos de las zonas donde son recurrentes los ac-tos de violencia debido al expendio de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas, lenocinios y otros para asumir acciones preventivas que ga-ranticen el bienestar de las ciudada-nas y ciudadanos del país.

Esas unidades de estudios estra-tégicos para la seguridad ciudada-na se constituirán en el pilar de la lucha contra la inseguridad porque diseñarán las acciones inmediatas que se seguirán en coordinación con las autoridades municipales, policiales y judiciales.

El viceministro de Seguridad Ciu-dadana, Gonzalo Lazcano, explicó que el plan establece que esas instan-cias deberán presentar recomendacio-nes de políticas públicas en materia de conflictividad urbana y regional, con-vivencia y seguridad humana, sobre una base de datos recolectados de dis-tintas manifestaciones sobre violencia y acciones delincuenciales.

Luis Fernando

Cruz

“Deberán trabajar sobre metodolo-gías como el uso de sondeos, encues-tas de percepción y victimización. Trabajos etnográficos, análisis cuali-tativos, espaciales y estadísticos na-cionales, regionales y locales sobre lo que se deberá debatir y proponer po-líticas más elaboradas y cercanas a la realidad que permitan enfrentar las situaciones de riesgo en la ciudad. Asi-mismo, difundir los resultados de los estudios desarrollados en el campo institucional y académico y en la so-ciedad en su conjunto mediante publi-caciones, eventos y otros”, manifestó.

PropuestaLa autoridad explicó que la ini-

ciativa nace para subsanar la falta de coordinación entre las autorida-des departamentales, municipales, policiales y el sistema judicial para atender el problema de delitos que se ocasionan en puntos o centros es-pecíficos de las ciudades.

MÁS DE 1.180 CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TODO EL PAÍSEl Gobierno confirmó que hasta la fe-cha en la mayoría de las capitales del territorio nacional existen 1.182 cáma-ras de seguridad que han permitido reducir los índices de violencia y ga-rantizar la seguridad ciudadana y vial.El viceministro de Seguridad Ciudada-na, Gonzalo Lazcano, explicó que uno de los temas más discutidos en la V Cumbre de Seguridad Ciudadana, rea-lizada en Cochabamba el mes de julio, fue el tema de ese sistema de vigilan-cia por los resultados alcanzados en

medida preventiva y la identificación de los antisociales.“De esa discusión, muchos muni-cipios han comprometido realizar acciones administrativas para la compra de esas cámaras, es el caso de la Alcaldía de la ciudad de Tarija, que hasta fin de año pretende im-plementar ese sistema”, precisó.La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Yacuiba, Sucre, Potosí, Cobija, Trini-dad y Riberalta ya cuentan con ese sistema de vigilancia.

Una de esas debilidades, dijo el Viceministro, es que los municipios no han asumido acciones de hecho para garantizar la seguridad en es-pacios públicos como plazas o lotes abandonados, donde los delincuen-tes amparados en la falta de ilumi-nación cometen sus fechorías.

“De esta falta de coordinación vienen los problemas, por ejemplo, los terrenos vacíos y sin ilumina-ción generan problemas a la larga y eso puede desencadenar en muchas cosas. Sin políticas propias en cada municipio para ejercer control de la violencia no se pueden esperar re-sultados”, dijo.

Lazcano explicó que las autori-dades departamentales y municipa-les, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuentan con recursos económicos para ejecutar medidas preventivas de seguridad ciudada-na en coordinación con la Policía Departamental. “Quienes tienen que coordinar son la Policía, el mu-nicipio y la Gobernación, es decir que se deben identificar las zonas de violencia, si hay coordinación se pueden esperar resultados positivos en materia de prevención, pero no hay coordinación, y si hay, tenemos problemas con la justicia, por eso estamos proponiendo que estos cen-tros tienen que estar en cada gober-nación y en cada municipio para es-tudiar todos los delitos, conflictos, robos y otros para luego diseñar po-líticas preventivas”, insistió.

DATO | La falta de coordinación interinstitu-cional frena los avances en prevención.

La ciudadanía demanda mayor seguridad.

CONTEXTOÔ

Las gobernaciones y municipios cuentan con recursos del IDH para seguridad.Ô

Se debe incorporar una norma que permita la difusión de la educación preventiva.

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Los gobiernos departamentales y locales deben asumir acciones de coordinación con la Policía y el sistema judicial en materia de prevención.

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El viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, explica los alcances de la propuesta.

Vigilancia policial a través de las cámaras.

Robo de un teléfono celular (foto referencial).

Por la transparencia y seguridad

38 de agostode 2015

Recuperan Bs 77,6 MM para el Estado

Hasta lo que va del año, el Ministerio de Transparencia Institu-cional y Lucha Contra la Corrupción ha recu-

perado 77.696.752 bolivianos por bie-nes sustraídos al Estado a través de actos reñidos con la norma.

La titular de esa cartera de Es-tado, Lenny Valdivia, en reiteradas ocasiones ha manifestado que los logros alcanzados son gracias a la voluntad específica del presidente del Estado, Evo Morales Ayma, de viabilizar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y otras normas.

“Se han ejecutado políticas y es-trategias de recuperación de bie-nes sustraídos al Estado por actos de corrupción a través de la aten-ción, investigación, seguimiento y monitoreo de casos. Durante la gestión 2015 se realizaron accio-nes importantes que permitieron la recuperación de 77.696.752 boli-vianos”, manifestó.

SENTENCIASAsimismo, señaló que en los pri-

meros siete meses de 2015 se dicta-ron 17 sentencias por actos de co-rrupción y están en proceso 1.115 causas de presuntos ilícitos que se habrían cometido en diferentes en-tidades del gobierno.

“Como en ninguna otra gestión de gobierno se han sancionado los hechos de corrupción, dejando atrás las prácticas que permitan que servidores corruptos gocen de inmunidad y se beneficien con di-nero del Estado. Ahora los funciona-rios deshonestos son denunciados y sentenciados sin ningún privilegio. Producto del seguimiento a los pro-cesos judiciales y las gestiones rea-lizadas, este 2015 se logró el dicta-men de 17 hechos de corrupción y en proceso están 1.115 denuncias”, precisó la Ministra.

El Ministerio de Transparencia Institucio-nal y Lucha Contra la Corrupción ha san-cionado con firmeza la corrupción como en ninguna otra gestión.

En ese marco, dijo que entre los casos con sentencia judicial están la condena a ocho años con nueve meses al exalcalde de San Pedro del departamento de Pando Héctor Bravo Pareja por los delitos de peculado, incum-plimiento de deberes y conducta antieconómica.

La sentencia de cinco años de cárcel para el exalcalde de Pucarani Alejandro Mamani Quispe por los delitos de contratos lesivos al Esta-do y uso indebido de influencias. El recluido designó ilegalmente a sus familiares en cargos ediles y adju-dicó obras que fueron pagadas a tra-vés de la emisión de cheques de for-ma discrecional.

La sentencia a un año y tres me-ses al exprefecto del departamento de Cochabamba, Manfred Antonio Armando Reyes Villa Bacigalupi, por la comisión del delito de contra-tos lesivos al Estado. Se Contrató a una empresa que no presentó pro-yecto a diseño final ni presupuesto reformulado para la construcción del Puente Sacambaya.

La sentencia de tres años y seis meses a los extrabajadores del mu-nicipio Pucarani Manuel Feliciano Ibáñez Illimani (Oficial Mayor Ad-ministrativo) por haber girado che-ques y adjudicado obras a favor de familiares del exalcalde y a Marcos Félix Céspedes Fernández (director Financiero) por el delito de incum-plimiento de deberes.

La condena a seis años de reclu-sión al juez de Yacuiba Lucio Édgar Abircata Alí por el delito de cohe-cho pasivo. Esa autoridad habría cobrado a un imputado 3 mil boli-vianos para favorecerlo con una me-dida sustitutiva a la detención.

Cinco años de presión para la exalcaldesa de Huanuni Rosario Mamani Fernández por los deli-tos de incumplimiento de debe-res, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y negocia-ciones incompatibles con el ejerci-cio de funciones públicas.

A ocho años de cárcel a Freddy Mejía Pedriel, exalcalde de Ribe-ralta, por los delitos de incumpli-miento de deberes y uso indebido de influencias.

Luis Fernando

Cruz

UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES

EN LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL DE NUESTRA SOCIEDAD, ES LA EDUCACIÓN PREVENTIVA”Lenny Valdivia

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La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, en conferencia de prensa.

El edificio del Consejo de la Magistratura en la ciudad de Sucre.

Por la transparencia y seguridad

4 8 de agostode 2015

Comisión fiscalizará el Código

Un equipo interinsti-tucional conformado por el Órgano Ejecu-tivo, el Legislativo y el Judicial hará segui-

miento al proceso de socialización del Código Civil para su plena imple-mentación desde el 6 febrero de 2016.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Senadores, Efraín Chambi, advirtió que cualquier argumento de una se-gunda prórroga para la implemen-tación de esa norma será calificado como un fracaso.

Explicó que la norma prevé la creación de una comisión de segui-miento e implementación del Códi-go Procesal Civil como instancia de decisión y de fiscalización del pro-ceso de socialización para la aplica-ción de la norma.

“Ante esa necesidad hemos pedi-do a la presidencia de la Comisión que de una vez, desde este lunes,

Un equipo interinstitucional hará seguimiento a la so-cialización del Código Civil hasta el año 2016. La nor-ma tiene la meta de frenar la retardación de justicia.

empecemos el trabajo para diseñar el proceso de socialización con los jueces y abogados litigantes, porque se debe evitar cualquier argumen-to que apunte a una otra prórroga, eso significaría un fracaso para no-sotros”, aseguró el asambleísta.

Chambi fue enfático al señalar que la necesidad de ampliar el plazo de vigencia de esa ley es enteramen-te responsabilidad del Consejo de la Magistratura, porque con anticipa-ción se le notificó para que inicie la socialización, pero que a pocos días del 6 de agosto de 2015 se conoció un completo desconocimiento de las bondades del Código Civil.

En ese marco, señaló que la Ley de Vigencias Plenas establece que paralelamente a la socialización en los siguientes tres meses desde su promulgación se deberá elabo-rar un plan de implementación de la norma, con el propósito de elimi-nar cualquier excusa de los admi-nistradores de justicia.

Luis Fernando

Cruz

CONTEXTOÔ

La norma ingresará en vigencia el 6 de febrero de 2016.Ô

Se conformó una comisión especial que se encargará de hacer seguimiento al proceso de socialización.

La Asamblea fiscalizará el proceso de información.

Esa estrategia deberá prever un sistema de descongestión, incluyen-do el previo inventario real de los procesos clasificados por especiali-dad, tipo de proceso, afinidad temá-tica, cuantías, fecha de reparto y es-tado del trámite procesal.

Así como elaborar un reglamen-to de competencia de los asuntos que guarden relación con las fun-ciones atribuidas al nuevo Códi-go, creación y redistribución de los juzgados, ajustes al mapa judicial y desconcentración.

Definir el uso y adecuación de la infraestructura física y tecnológica de los despachos, salas de audien-cias y servicios, con el objetivo de garantizar la seguridad e integri-dad de la información.

“Los más importante es que se debe elaborar el programa de forma-ción y capacitación para la transfor-mación en base a los principios y va-lores establecidos en la Constitución y el desarrollo en los servidores judi-ciales de las competencias requeridas para la implementación del nuevo Código, con énfasis en la oralidad, las nuevas tendencias en la dirección del proceso por audiencias y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones”, señala la ley.

El códigoLa nueva norma establece el

proceso oral y por audiencia, es

decir que se combina la oralidad con la escritura memorial, pero con un mayor contacto entre el juez y las partes.

Asimismo, el proceso se simplifi-ca en dos audiencias: la preliminar y la complementaria, en las que se deberán plantear las excepciones, los incidentes y la producción de prueba hasta que el juez civil pú-blico dicte sentencia en la misma audiencia. “Es decir que los juicios que duraban entre cinco a diez años ahora se van a resolver en meses porque se aplica el principio de in-mediación, eso quiere decir que el juicio es continuo y sin dilaciones”, explicó el senador por el Movimien-to Al Socialismo (MAS).

Señaló que el nuevo Código Civil prevé también la figura de la con-ciliación como un medio extraordi-nario de conclusión del proceso en el que se debe efectuar de manera obligatoria y con carácter previo al inicio de una demanda civil.

“Ésta se debe plantear por las partes ante el juez o ante el concilia-dor, se puede presentar antes o des-pués de interponer una demanda, pero la negación a conciliar implica una aceptación tácita de los hechos. Todo se resuelve en una sola audien-cia y el juez debe homologar adqui-riendo la calidad de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzga-da”, manifestó Chambi.

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El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores, Efraín Chambi.

El frontis del Órgano Judicial en la ciudad de Sucre, capital del Estado Plurinacional.

Por la transparencia y seguridad