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EL ESTRAPERLO EN LA MEMORIA: EL CASO DEL «CONSORCIO
DE LA PANADERÍA DE MADRID»
Miguel Ángel Del Arco Blanco
Universidad de Granada
Y entonces la ignorancia,
La indiferencia y el olvido, vuestras armas
De siempre, sobre mí caerán, como la piedra,
Cubriéndome por fin, lo mismo que cubristeis
A otros […]
Luis Cernuda (“A sus paisanos”, Desolación de la Quimera)
INTRODUCCIÓN: EL ESTRAPERLO
Desde los primeros meses de la Guerra Civil, el «Nuevo Estado» comienza a
desplegar su programa económico: la Autarquía. Con la quimérica esperanza de alcanzar la
autosuficiencia y la rápida industrialización del país, el régimen se lanzó a intervenir una
extensísima variedad de productos. Así, reguló su producción, su circulación y su
comercialización, llegando a todas las esferas productivas. En esta fiebre intervencionista, y
en el contexto de una posguerra, los productos de primera necesidad no fueron, en absoluto,
una excepción; los cereales, pero también todo su proceso de cultivo, transformación y venta,
son el mejor ejemplo de ello.
Así, prometiendo la llegada de la hora de la justicia, el régimen surgido de la Guerra
Civil, fijó los precios de una inmensa variedad de productos intervenidos. Aspiraba de este
modo a ofrecer unos precios asequibles al comprador y remuneradores al productor. Se
imponía una realidad económica por decreto. Los mecanismos del mercado no tardarían en
rebelarse: al margen del precio oficial, todos los productos tuvieron un valor mayor en el
mercado negro. Había nacido el estraperlo: la venta de cualquier artículo a precios superiores
a los de tasa. España viviría durante más de una década al son de dos mercados, uno fijado
por la mera voluntad del Estado y otro consecuencia de la realidad económica y de la
reacción a las disposiciones del régimen.1 Los precios tomaron un camino ascendente,
impulsados por la persecución y la carestía. En algunos casos, como se ha demostrado en el
caso del trigo, alcanzaron precios astronómicos.2
El lugar de cada ciudadano en la cadena productiva determinaba su posición en el
mundo del estraperlo. En el mundo rural, los más beneficiados fueron los grandes
propietarios y arrendatarios; en el mundo urbano, lo serían los importantes comerciantes,
industriales y hombres de influencia en el Estado o pertenecientes a él.3 En definitiva, el
estraperlo sería uno de los negocios más lucrativos para aquellos que dispusiesen de los
medios necesarios para participar en él con seguridad y garantías: almacenes, medios de
transporte, industrias, puntos de venta… y por supuesto, la aquiescencia del régimen.
El estraperlo no fue algo aislado: fue sólo una faceta más de la «enorme montańa de
prácticas corruptas económicas, comerciales, fiscales que el franquismo propició y en las que
el franquismo se sustentó». Fue, por tanto, uno más de los elementos caracterizadores del
«mayor episodio de desorden y corrupción de la Historia de España».4
El modelo económico elegido hizo aún más dura y penosa la posguerra. Aparecieron
las cartillas de racionamiento para asegurar un mínimo abastecimiento a la población.
Tampoco lo lograron: para alcanzar un mínimo sustento la única salida era recurrir al
estraperlo. Las diferencias sociales se hicieron mucho más pronunciadas: la capacidad
económica para acudir al mercado negro determinaba la propia subsistencia.
Las calles españolas tomaron el color de la escasez: grandes colas a la espera del
suministro de un pírrico racionamiento, establecimientos desabastecidos, el contraste de la
carestía sufrida por la mayoría frente a la opulencia de unos pocos, y por supuesto, silencio y
represión. Este paisaje social quedó grabado, de forma indeleble, en la memoria de la
generación de posguerra. Esta triste época, que tuvo por raíz el no entendimiento entre
españoles, pero que estuvo seguida por el hambre, el estraperlo y la desesperación por
procurarse un mínimo sustento, trascendió al recuerdo de todo un pueblo. ¿Está presente hoy
en nuestra memoria?
1 GONZALEZ PORTILLA, Manuel y GARMENDIA, José María, “Corrupción y mercado negro: nuevas formas de acumulación capitalista”, en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y TASCÓN FERNÁNDEZ, Julio, Los empresarios de Franco. Política y economía en Espańa, 1936-1957. Barcelona, Crítica, pp. 239-240. 2 BARCIELA, Carlos, “El «estraperlo» de trigo en la posguerra”. Moneda y Crédito, núm. 151, 1981, pp. 17-37. 3 BARCIELA, Carlos, “Las investigaciones sobre el mercado negro de productos agrarios en la postguerra: situación actual y perspectivas”. Revista de Historia Económica, año III, núm. 3, 1985, p. 515; y BARCIELA, Carlos, “La España del estraperlo”, en GARCIA DELGADO, José Luis, El primer franquismo. España durante la Segunda Guerra Mundial. V Coloquio de Historia Contemporánea de España, dirigido por M. Tuńón de Lara. Madrid, Siglo XXI, 1989, pp. 116-117.
Con el fin de acercarnos al fenómeno del estraperlo y a sus repercusiones en la
sociedad, analizamos un caso referido al pan, el producto «estrella» del mercado negro, por
ser un artículo de primera necesidad y por los beneficios que generaba. Las pequeńas
historias sobre los personajes y diversas situaciones del estraperlo son, en sí mismas, la mejor
visión de esos años.5 Rescatamos así el célebre caso del Consorcio de la Panadería de
Madrid. Para ello, seguimos el desarrollo suceso a través de la prensa madrileña. Pero
también recurrimos al testimonio de uno de sus protagonistas: Luis Quintero López. Años
después de la conclusión del proceso, bajo el pseudónimo de «J. de Grattis», edita una obra
subjetiva e interesada que persigue hacer justicia a los que fueron «víctimas inocentes de una
cadena de errores y circunstancias anómalas».6 El contraste entre ambas fuentes y, por
supuesto, el contexto histórico, nos guiarán en la recuperación de lo sucedido.
EL CASO DEL CONSORCIO DE LA PANADERÍA DE MADRID
El Consorcio de la Panadería de Madrid nace en virtud del Real Decreto de 20 de
febrero de 1926.7 Aspiraba a asegurar el abastecimiento de Madrid y sus alrededores,
garantizando un pan de calidad y a bajo coste. Para ello, como evidente precursor de la
intervencionista política harinera del primer franquismo, sometería a los industriales a una
estrecha disciplina y control: regularía el precio del pan, su calidad, limitaría la instalación de
nuevas casas industriales y sus características… En principio, englobaría a todas las tahonas
de Madrid y los pueblos limítrofes que reuniesen aptas condiciones para la fabricación del
pan.
Luis Quintero López, en su citado libro, sostiene que José María Blanco Folgueira fue
el inspirador directo del Consorcio. En 1923, ante una complicada situación económica de los
fabricantes de pan de Madrid, Blanco Folgueira sugeriría al Director General de Abastos la
consorciación de la industria panadera del área de Madrid, con el fin de mantener inalterable
el precio del pan y coadyuvar a la modernización de los elementos industriales.8 En todo
4 BARCIELA, Carlos, "Franquismo y corrupción económica". Historia Social, núm. 30, 1998, pp. 85 y 93, respectivamente. 5 Íbidem, pp. 93-94. 6 GRATTIS, J. de, Rejas sin votos. El libro aúreo del Consorcio de la Panadería de Madrid. Madrid, 1969, p. 157. 7 Gazeta de Madrid, 21 de febrero de 1926. 8 GRATTIS, J. de, Rejas sin votos…Op. Cit., pp. 54-59.
caso, Blanco Folgueira ocupa la gerencia del Consorcio desde 1928 hasta 1936. En 1939, con
el fin de la guerra civil, vuelve a ella.
El Consorcio no estaba compuesto sólo por industriales. Estaba sujeto a un Consejo
de Administración con representantes del Estado. Durante el franquismo éste estaría
integrado por destacadas personalidades: presidido por el gobernador civil de Madrid,
delegados de los ministerios de Agricultura e Industria y Comercio, el ingeniero jefe de la
Jefatura Agronómica, cuatro regidores del ayuntamiento de Madrid, uno de los pueblos
consorciados…9 La vinculación de esta burocracia con el desarrollo de las actividades del
Consorcio era, por lo tanto, directa.
Como señalamos, desde los primeros días de la Guerra Civil el régimen comienza a
desplegar el férreo intervencionismo autárquico. Un paradigma de ello sería la producción de
trigo.10 Tras la siembra efectiva de la superficie asignada y la recolección, el agricultor
entregaba en el almacén del Servicio Nacional del Trigo (SNT) el cupo asignado.
Almacenado el trigo, la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (CAT)
gestionaba su distribución; para ello, bien lo asignaba a los industriales harineros donde había
sido producido, o bien lo trasladaba a las poblaciones que estimase conveniente. Tal fue el
caso de Madrid. El transporte podía realizarse antes o después de la transformación del cereal
en harina. Era entonces cuando la mercancía (harina o trigo), era entregada al industrial para
su transformación y venta.11
Tras describir, someramente, el marco legal de la producción harinero-panadera,
pasamos a analizar los hechos. Como veremos, el caso del Consorcio panadero se limita a la
fase tutelada por la CAT: la distribución y transformación del cereal.
Los hechos
Discurría el mes de diciembre de 1947 en Madrid. La policía había practicado algunas
detenciones. Había sido descubierto un negocio ilícito de harinas. Las detenciones afectaban
a elementos directivos y altos jefes del Consorcio de la Panadería de Madrid.
9 El resto de los miembros del Consejo de Administración serían de carácter privado: siete industriales, un expendedor y el gerente. 10 Para los detalles de la intervención cerealista, ver DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel, La política agraria del primer franquismo (1936-1959). Las instituciones y los hombres. Granada, Comares (en prensa).
A juicio de Luis Quintero López, pese a que los delitos de estraperlo no eran algo
singular en aquellos días, «la temperatura del comentario» y el rumor se intensificaba.
Irracionalmente, la sociedad se dejaba llevar: «Ya la fantasía había roto sus cauces. La
corriente impetuosa de la opinión pública arrolló la templanza en el juicio, la serenidad en el
discurso. En la calle, en el comercio, en la taberna, en el comedor, en la iglesia, en la cocina,
en la biblioteca, en el tranvía, en la obra, en la oficina, en el teatro… hervían los comentarios
agrios, indignados, henchidos de ardor patrio».12 La indignación social se veía multiplicada
por la soberbia carestía.
El mismo Franco captó la necesidad de saciar el apetito de justicia de la triste
sociedad madrileña de los últimos años cuarenta. Años antes ya había conminado al pueblo a
«una batalla contra la codicia». Y en el discurso de Año Nuevo señaló que el Gobierno
acudiría «en un íntimo contacto con los organismos e instituciones» a resolver los problemas
de la nación.13 En la batalla contra los «especuladores», identificados siempre con el sector
industrial y comercial, el régimen sería implacable.
También con motivo del nuevo año, Ramón Serrano Súñer, expresaba su deseo de que
en 1948 imperasen «las ideas y los sentimientos nobles; que callen los falsarios, los
traficantes de todo ilícito comercio, y ocupe la verdad sin mimetismos el lugar que le
corresponde».14
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El Consejo de Ministros de 30 de enero
de 1948 imponía una sanción de 28.830.000 pesetas de multa al gerente y otros miembros del
Consorcio de la Panadería, por tráfico ilícito de harinas. La rapidez de actuación del gobierno
y la dureza de las penas impuestas saltan a la vista.
Todos los periódicos se hicieron eco de la noticia.15 En una prensa aplastada por la
censura y centrada en las catástrofes y problemas internacionales, se presta una atención
excepcional a un suceso de carácter nacional. No era casual: mostraba la fulgurante rapidez y
dureza con la que el Gobierno acudía a sancionar el estraperlo. Quizá por ello la resolución
del Consejo de Ministros es reproducida de forma exacta en todos los diarios. Tan sólo una
salvedad interesada: algunos elevan en sus titulares a 30 millones de pesetas las sanciones
11 Describimos a grandes rasgos el proceso de panificación. Por cuestiones de espacio o de relevancia para el objeto de esta comunicación, no entramos en pormenores referidos al rendimiento harinero, distribución de cupos o tipos de pan. Para ello, ver Íbidem. 12 GRATTIS, J. de, Rejas sin votos…Op. Cit., p. 82. 13 Ambas citas en FRANCO, Francisco, “Una nueva batalla” y “La verdad española”, en Textos de doctrina política. Palabras y escritos de 1945 a 1950. Madrid, Publicaciones Españolas, 1951, pp. 647 y 114, respectivamente. 14 ABC, 4 de enero de 1948, p. 5.
impuestas. Todo demuestra el interés del Gobierno por transmitir un mensaje: el de la dureza
de las penas y la teórica posición del Estado frente al estraperlo. Esa idea quedaba reflejada
en alguno de los titulares de prensa: «La justicia de Franco ampara los intereses del pueblo
español».16
Curiosamente, y de forma nada casual, el mismo 30 de enero el ministro de Justicia,
Raimundo Fernández Cuesta, previo acuerdo del Consejo de Ministros, sometía a las Cortes
Españolas un proyecto de ley para incluir los delitos de especulación en la Ley de Vagos y
Maleantes.17 El régimen quería dejar claro que no toleraba el estraperlo y la corrupción: ¿por
qué tanto interés? Se ha demostrado la implicación de las instituciones del régimen y de
alguno de sus altos cargos en el negocio del estraperlo.18
En definitiva, el «gerente y la jefatura de los servicios del Consorcio, en unión de
algunas otras personas», se afirmaba, «concibieron y llevaron a efecto un importante tráfico
ilícito de adquisición de harinas y fabricación y venta de pan en beneficio propio y en
perjuicio de los intereses del pueblo». Se daban por «debidamente comprobados tales hechos
por la Fiscalía de Tasas», y por ello el Gobierno, «inspirado en un sentido de justicia y
ejemplaridad», sancionaba a los responsables.
Ahora bien, ¿a cuanto ascendían las multas? Como refleja la Tabla 1, las multas
económicas eran más que destacadas; a estas habría que añadir las sanciones profesionales
que, en la mayoría de los casos suponía la clausura del establecimiento y la inhabilitación
vital o temporal para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con el mundo de la
panadería. Penas, en fin, ejemplares.
¿Quiénes eran los sancionados? Curiosamente, coincidirán con la imagen del
estraperlista ofrecida por el régimen: vinculados al sector comercial e industrial panadero.
Ostentarán además una buena posición económica. Aparentemente, nos encontrábamos ante
el caso arquetípico de estraperlo de la propaganda oficial. Sin embargo, la novedad reside en
que gran parte de los inculpados pertenecían a un organismo vinculado al Estado. Como
hemos señalado, en el Consejo de Administración del Consorcio, órgano rector del mismo,
estaban representadas personalidades relevantes del régimen. Ante esta perspectiva,
15 Nos referimos a ABC, El Alcázar, Informaciones, Ya, Diario Madrid y Arriba. 16 El Alcázar, 31 de enero de 1948, p. 1. 17 Diario Madrid, 21 de enero de 1948. 18 Por ejemplo, BARCIELA, Carlos, “La España del estraperlo”, Op. Cit., pp. 116-117 y GUERRA PALMERO, Ricardo, “El mercado negro en Canarias durante el periodo del Mando Económico: una primera aproximación”. Revista de Historia Canaria, núm. 183, 2001, pp. 180-186. Otros autores han apuntado a la participación política municipal y provincial como un cauce muy apropiado para participar en el mercado negro; ver SÁNCHEZ
comprendemos que éste arremetiese con toda dureza contra los supuestos inculpados: debía
ocultar su propia responsabilidad. Por supuesto, en los diarios no hay ninguna mención a la
vinculación del Consorcio con el Estado o con sus representantes; al contrario, se nos
presenta como una entidad privada e independiente.
Tabla 1.- Sanciones impuestas por el Consejo de Ministros en el Caso del Consorcio
de la Panadería Nombre
/ empresa
Cargo
en el Consorcio Profesión
M
ulta (ptas.) Sanción
José Mª
Blanco Folgueira
Geren
te
Industrial panadero,
miembro de Consejo de
Administración de un Banco,
negocios de madera, cafetería y
pastelería
10.
000.000
Clausura de
establecimientos e
incapacitación vitalicia
Manuel
Blanco Otero
Secret
ario Industrial panadero
6.0
00.000
Incapacitación
por diez años
Luis
Quintero López
Jefe
de Servicios
Industrial panadero,
empresario de transportes,
Secretario de la Federación
Española de Fútbol y del Real
Madrid
2.0
00.000
Incapacitación
por diez años
Vicente
Carrera
Fernández
Jefe
de Sección
Industrial panadero,
empresario de transportes y
representante comercial
2.0
00.000
Incapacitación
por diez años
Luis
González
Catalina
Jefe
de
Contabilidad
Industrial panadero,
contable de tres grandes
empresas.
1.0
00.000
Incapacitación
por diez años
Justo
Cano Recio
Conta
ble técnico
Contable en seis
empresas
20
0.000
Incapacitación
por diez años
José
Pedro Niembro
Ayuso
Jefe
de Almacén Industrial cárnico
20
0.000
Tarzán,
S.L.
Empr
esa Industria panadera
30
0.000
Cierre
definitivo
Panifica
ción Matritense,
S. A.
Industria panadera 15
0.000
Cierre
definitivo
RECIO, Glicerio, Los cuadros políticos intermedios del régimen franquista, 1936-1959. Diversidad de origen e identidad de intereses. Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1996, pp. 86-87.
Provinci
al Harino-
Panadera de
Getafe
Industria panadera 1.7
50.000
Cierre
definitivo
La
Campanilla, S. A. Industria panadera
4.5
00.000
Cierre
definitivo
José
Álvarez
Carbonell
Panadero 30
0.000
José
Perez Pillado Industrial panadero
3.0
00.000
Cierre
definitivo de panadería
Constan
tino Pérez Pillado Panadero
40
0.000
Cierre
definitivo de panadería
Marceli
no de Prada y
Prada
Industrial panadero y
confitero
1.5
00.000
Cierre de
panadería y confitería
Rafael
Rodríguez
Vázquez
Panadero y confitero 30.
000
Fuente: Resolución del Consejo de Ministros de 30 de enero de 1948. GRATTIS, J. de,Rejas sin votos…Op. Cit., pp. 105-
108. Elaboración propia.
Quizá este razonamiento nos haga comprender la dureza de las penas, amén de la
imagen del estraperlista que se intenta ofrecer. El estraperlista es alguien vinculado al
comercio, al lucro, a la especulación, enemigo de la Patria e inspirado por un espíritu de
maldad. Conforma, en suma, una imagen vinculada a la ciudad, a lo urbano, fuente del
liberalismo, del obrerismo y del capitalismo más atroz. Un fenómeno, en fin, del que el
idealizado campo español, poso de las virtudes espirituales hispanas, quedaba lejos; o al
menos en la propaganda del régimen. No obstante, algunas investigaciones han destacado las
grandes acumulaciones de capital obtenidas por los terratenientes del sur del país.19
Independientemente de la culpabilidad o inocencia de los sancionados, el caso del
Consorcio sería un ejemplo de gran estraperlo. Con él, no se aspira a la mera subsistencia, a
cruzar la legalidad para alcanzar un mínimo sustento, sino a obtener grandes beneficios. No
era, desde luego, aquél forzado mercado negro al que la mayoría de los españoles se veían
obligados a acudir para, simplemente, sobrevivir.
19 NAREDO, José Manuel, "La incidencia del «estraperlo» en la economía de las grandes fincas del Sur". Agricultura y Sociedad, núm. 19, 1981, pp. 81-129.
La propaganda del régimen, o la propia realidad, calarán en la sociedad, vinculándose
la imagen del estraperlista al negocio de la panadería. Luis Quintero se queja amargamente de
esta identificación, y se refiere al gremio panadero como «resignado y animoso a un tiempo,
que padeció siempre los zarpazos de la maledicencia populachera […] ¿Por qué, santo Dios,
tanto encono?».
Volviendo a nuestro caso de estudio, vemos que el personal directivo del Consorcio
recibió las sanciones más duras: impagables sumas de dinero e incapacitación para el
ejercicio de cualquier actividad relacionada con la panadería. Destaca sobremanera la pena de
Blanco Folgueira, fundador y gerente del Consorcio. Pero, curiosamente, estos altos cargos
eran a la vez industriales panaderos. Y, finalmente, señalar que tampoco escaparon a las
sanciones el último eslabón del proceso, la venta del producto: las panaderías y confiterías. El
blanco, por arquetípico y posiblemente por real, era perfecto. El Estado no perdió la
oportunidad.
Al día siguiente de la publicación de la resolución, la prensa, de forma inédita, blande
sus opiniones. Informaciones aplaudía el «rigor» de las sanciones contra los autores «de este
verdadero complot contra la paz interior de la nación», que habían «merecido el aplauso
unánime del país». También tranquilizaba a la sociedad, ya que la «ejemplaridad de la
medida gubernativa y de la vigilancia de las autoridades garantizan que cualquier especulador
[…] será tarde o temprano descubierto». En la lucha contra «el nuevo enemigo», todos los
españoles tenían «la obligación de participar».20 Se llamaba a la sociedad a la delación, a la
colaboración en la lucha contra el mal del estraperlo; como en otras ocasiones, mediante la
implicación de la sociedad en la lucha contra un enemigo común, se cimentaba un consenso
en torno al régimen,21 enturbiando el verdadero origen del fenómeno del mercado negro: la
intervención propugnada por el «Nuevo Estado».
ABC hacía otro análisis.22 Las infracciones de los miembros del Consorcio (se daban
ya por ciertas), revestían una gravedad especial, porque «prevaleciéndose del ascendiente que
les daba su posición rectora y fiscalizadora dentro de la misma industria», se habían
aprovechado de la confianza que la sociedad «había colocado en su sentido patriótico y
ético». Ha lugar por tanto para felicitar a la Fiscalía de Tasas, que ha llevado a buen término
sus investigaciones, y al Gobierno, «que ha impuesto a los prevaricadores la sanción debida».
El Consejo de Ministros había convertido «los triunfos en fallos»; sin embargo, la multa
20 Informaciones, 31 de enero de 1948. 21 LAZO, Alfonso, Retrato del fascismo rural en Sevilla. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998. 22 ABC, 1 de febrero de 1948, p. 15.
impuesta no parecía excesiva ya que «jugar con el pan de los demás no merece piedad ni
consideración de ningún género».23
El estraperlo era concebido como «una ejemplaridad del mal» que debía ser atajado
rápidamente; por ello, llamaba a los españoles a «soterrar, con todos los oprobios, el nombre
de “estraperlo” y alejarlo para siempre de nuestro vocabulario». Se alertaba sobre la
existencia del fenómeno, pero se tranquiliza sobre su extensión en lo cotidiano: «son, por
fortuna, muy pocos los hombres trabajadores que […] atentan […] contra el bienestar de sus
compatriotas y la buena marcha de los negocios del Estado». Aunque sabemos que el
mercado negro fue compañero, en mayor o menor medida, de todas las clases sociales
españolas de posguerra, el diario afirmaba que tras cada uno de «los malos ciudadanos que
llamamos estraperlistas alienta un vago y un maleante». Estas frases ilustran la hipocresía de
una sociedad que participaba en el mercado negro, para su lucro o para su supervivencia.24
Al parecer, en los medios radiofónicos también se atendió al suceso. Según Luis
Quintero López, hubo una «soflama radiofónica en la que se pedía la vida de cuatro
generaciones» para hacer justicia en el Caso del Consorcio.25 Nos cuesta pensar que las
manifestaciones en los medios fuesen del todo casuales y espontáneas.
Las reflexiones aparecidas en prensa y radio reflejan la temperatura social ante el
fenómeno. Pero también la acrecientan: el 2 de febrero de 1948 se produce una manifestación
«contra los miembros del Consorcio de la Panadería». Pese a que fue presentada como algo
espontáneo, «ya la noche del domingo fueron repartidas profusamente octavillas haciendo un
llamamiento a la clase estudiantil para que se manifestara».26 Luis Quintero también nos lo
confirma: «se distribuyeron montañas de octavillas invitando al vecindario a la manifestación
gigantesca».27 En el contexto de una dictadura, nos parece difícil esta demostración de
libertades si el régimen no la apoyaba, o mejor, la dirigía. Ello queda también de manifiesto
en la presentación que se hace de la misma: es una protesta contra los miembros del
Consorcio, exigiendo «que el Gobierno haga justicia rigurosa» con el caso descubierto. La
prensa deja claro que no era una protesta contra la actuación del gobierno, o mucho menos
contra su política, ya que los manifestantes «tenían fe en la justicia de Franco», tal como
23 Íbidem, p. 25. 24 En efecto, al recurrir al mercado negro, la población pudo obtener unos productos mínimos para su sustento a los que, de otra forma, no hubiese podido acceder. Eso sí, a unos precios desorbitados. Así, el estraperlo rectificó las medidas más antieconómicas e irracionales del régimen. BARCIELA, Carlos, “La España del estraperlo”, Op. Cit., pp. 116-117. 25 GRATTIS, J. de, Rejas sin votos…Op. Cit., p. 90. 26 ABC, 3 de febrero de 1948, p. 17. 27 GRATTIS, J. de, Rejas sin votos…Op. Cit., p. 91.
rezaban sus pancartas.28 No se deja sentir el disenso: ¿lo era? ¿o fue tan sólo una
manifestación orquestada por el régimen y limitada al caso puntual del Consorcio?
La manifestación «espontánea» comenzó a las 11 de la mañana en la Universidad
Central. Integrada por estudiantes universitarios, pero también de institutos y otras
enseñanzas, a las que «se agregaron numerosísimas personas de todas las clases sociales»,29
se hacían «intérpretes del sentir del pueblo contra los que […] sólo miran su medro personal
y no el alivio de los necesitados».30 También «salieron algunas banderas nacionales y de
Falange», y se fueron agrupando en la calle de San Bernardo, frente al ministerio de
Trabajo.31
Se resalta el estado de exaltación: se confeccionaron «carteles y pancartas, redactadas
algunas con frases de dureza, contra los que especulan con el hambre del pueblo, y
solicitando severa justicia contra los culpables».32 Los manifestantes portaban carteles con
consignas como «¡Patria, Pan y Justicia!» o «Confiamos en que se hará justicia»33, mientras
«cantaban letras alusivas a la harina y el pan».34 Según otras fuentes, alguna pancarta iba más
allá, rezando: «Menos jueces y más horcas».35 Algún comentarista, con despechado humor
negro, nos insinúa el alcance de las protestas: «no estuvieron las muestras de ingenio ausentes
de la manifestación, y las alusivas a letrillas, con música del “matarile”, llenaron los aires
matinales, que eran suaves y templados cual los de un precioso día primaveral» (tras las
penas ya impuestas, ¿se pedía la pena de muerte?).36 La instigación había dado resultado.
Mientras, un Estado que practicaba una política económica intervencionista, la autárquica, de
la que se derivaba el fenómeno del estraperlo y la corrupción;37 un Estado que a veces miraba
hacia otro lado o incluso participaba en el estraperlo, salía indemne y reforzado. Castigaba a
un fruto de su propio sistema.
La multitud se agolpó frente al Ministerio de Trabajo. Según la prensa, eran más de
5.000 estudiantes congregados. El tráfico estaba colapsado.38 Proseguían los gritos y
canciones. Finalmente, el Ministro José Antonio Girón recibió a una comisión pero, ante la
28 El Alcázar, 2 de febrero de 1948, p. 1. 29 Íbidem, p. 1. 30 Informaciones, 2 de febrero de 1948. 31 Ya, 3 de febrero de 1948. 32 Informaciones, 2 de febrero de 1948. 33 Arriba, 3 de febrero de 1948. 34 Ya, 3 de febrero de 1948. 35 GRATTIS, J. de, Rejas sin votos…Op. Cit., p. 91. 36 ABC, 3 de febrero de 1948, p. 22. 37 BARCIELA, Carlos, “Intervencionismo y crecimiento agrario”, en MARTÍN ACEŃA, Pablo y PRADOS DE LA ESCOSURA, Leandro (Eds.), La nueva historia económica de España. Madrid, Tecnos, 1985, pp. 313-314. 38 Arriba, 3 de febrero de 1948.
continuidad de los vítores, «salió al balcón central del Ministerio», hablando a los
manifestantes: «En estos momentos difíciles que atravesamos, debemos unirnos todos los
españoles honrados en torno al Caudillo para dar la batalla a los vividores y especuladores»39.
Primero reafirmó la posición del régimen; después, pudo asegurar la intención del Gobierno
de «cortar radicalmente este mal y evitar que unos desalmados se aprovechen de la situación
porque atraviesa nuestra Patria, para lograr su medro personal»40 Sus últimas palabras
«fueron ahogadas por una clamorosísima ovación, cantándose a continuación el himno de
Falange, y dando las voces del ritual Don José Antonio Girón».41 La imagen del populista
Girón, hablando sumido en un baño de multitudes, fue portada de todos los periódicos ese
día.
La exaltación no quedó ahí. Continuaban los vítores, los cantos y los gritos de justicia.
Los manifestantes se dirigieron entonces al Ministerio de Justicia, donde una Comisión subió
al despacho de su titular, Raimundo Fernández Cuesta. Éste les reiteró «el propósito del
Gobierno de proceder con toda energía, dándoles la seguridad de que la ley, por severa que
fuese, será cumplida».42
Posteriormente, la multitud, haciendo gala de una capacidad para la protesta quizá
alejada de las sociedades que viven bajo una dictadura, continuó con las protestas ante el
edificio de la CAT, artífice de la política de abastecimientos. No obstante, todos los diarios
pasan de largo sobre esta cuestión; algunos incluso lo obvian. ¿Escapaba la manifestación de
las riendas del Estado? ¿seguían pidiendo, únicamente, justicia contra los estraperlistas del
Consorcio? Al respecto, un periodista sin firma se atrevía a manifestar que «el pueblo tiene
mucha sensibilidad ante fraudes de semejante índole, máxime tocándole a lugar tan delicado
y respetable como es el estómago».43 Por ello, ¿limitó su protesta a pedir penas severas contra
los ya condenados? La monótona prensa franquista no nos permite, en este caso, rescatar la
memoria del suceso. Quizá un testimonio oral si lo hiciese.
Finalmente, la manifestación se dividió en dos grupos: uno siguió por Gran Vía y
Puerta del Sol, protestando enérgicamente ante las oficinas del Consorcio de la Panadería;
otro grupo, «muy numeroso», siguió hacia el Ministerio de Educación por la calle de Alcalá.
39 Íbidem. 40 ABC, 3 de febrero de 1948, p. 17. 41 Diario Madrid, 2 de febrero de 1948. 42 ABC, 3 de febrero de 1948, p. 17. 43 Íbidem., p. 22.
Al mediodía los congregados se disolvieron «por sí mismos sin que durante la manifestación
se produjeran incidentes».44
En conclusión, pensamos que nos encontramos ante una manifestación orquestada por
el régimen. Orquestada y dirigida, por tanto, hacia los responsables del caso del Consorcio de
la Panadería: se pide una actuación severa contra ellos, la aplicación máxima de las penas…
Tanto la prensa como los personajes del régimen que intervienen ponen a salvo la posición
del régimen, destacando que no habrá piedad y que la ley será aplicada sin cortapisas. En una
situación socioeconómica crítica, se escogió unos culpables; el régimen franquista se
apresuró a señalarlos y a desvincularse de la actuación de un organismo en el que,
casualmente, tenía participación. Su responsabilidad no acababa ahí: concibió y aplicó
durante más de una década un modelo económico que dio lugar, no ya al fenómeno del
estraperlo, sino a una situación económica lamentable. Paradójicamente, no sólo se exculpó
con celeridad, sino que castigó a un producto de su propio sistema.
Tras la sanción impuesta por el Consejo de Ministros, el caso del Consorcio pasó a la
vía Criminal. La vista oral comenzó un año después. La prensa también le prestó atención
destacada. Entonces, el mercado negro seguía formando parte del paisaje diario de los
españoles, de sus anhelos y sus sueños: «nos asomamos a febrero […] con el recuerdo de un
tiempo primaveral, suave, delicioso, seco e iluminado por un sol doradito como una “barra”
de las de estraperlo».45
El proceso del «Caso del Pan», tal como se le denominó, ocupó las portadas de los
diarios durante más de diez días. El régimen no tuvo inconveniente en ello: la justicia
juzgaría a los ya dados por culpables. En efecto, es sólo en este momento cuando conocemos
los hechos de la acusación. ¿De qué se les acusaba?
En junio de 1942, ante la imposibilidad de abastecer de pan a la zona de Madrid, la
CAT autorizó al «Consorcio de la Panadería para adquirir libremente harina no adjudicada en
cupos oficiales [… ] por una cantidad que no exceda de 500 vagones».46 Teniendo en cuenta
que la Comisaría General era la encargada de asignar los cupos, pero sobre todo, la encargada
de velar por el estrecho abastecimiento impuesto por la política autárquica, la autorización era
del todo excepcional. Así, autorizaba que no se cumpliesen las rígidas disposiciones
44 Arriba, 3 de febrero de 1948. 45 ABC, 2 de febrero de 1949. La cursiva es nuestra. Lo cotidiano del estraperlo llegó a tal extremo en la sociedad española, que llegaron a existir juegos de mesa donde se representaban las distintas fases, peligros y sanciones del fenómeno (!). Fue el caso del elaborado por Manuel GIMÉNEZ REINA, Guerra al estraperlo. Juego de sociedad. Málaga, Imprenta E. Molina, 1947.
intervencionistas que ella misma fijaba, punta de lanza de la política autárquica. Autorizaba,
para ese año, comprar en el mercado negro («no adjudicada en cupos oficiales») 500 vagones
(esto es, 5.000.000 Qm de harina). ¿De dónde se podía obtener esta cantidad? La propia
Comisaría conocía la respuesta, como certifica su autorización: cada tipo de trigo tenía
asignado un rendimiento en la producción harinera; cuando el rendimiento era mayor del
asignado, esa harina quedaba fuera de control. Y de ahí surgieron los más de 200 vagones
que, ese año, el Consorio «incorporó al abastecimiento» de Madrid.47 La propia
Administración se servía del mercado negro para resolver la apurada situación de la capital.
La autorización no tuvo continuidad los años siguientes. Al menos formalmente.
Según los acusados, en las siguientes campañas, recibieron autorización telefónica de la
Comisaría. En invierno de 1947 saltó el escándalo. Y en febrero de 1949 comenzó el juicio
oral. El ministerio fiscal exigía penas severas, considerando que los acusados habían
incurrido en dos delitos: uno contra el régimen legal de abastecimiento, y un segundo de
apropiación indebida. A espaldas de la CAT, los miembros del Consorcio especularon con
unas harinas fuera de cupo (con un valor aproximado de 8.594.400 ptas.), distribuyéndolas de
forma arbitraria, retirando parte de las harinas para sus propias industrias y deformando la
contabilidad para encubrir los hechos.48
Como señalamos, la prensa siguió estrechamente los acontecimientos. La mayor parte
de las declaraciones, intervenciones del fiscal y de las defensas fueron transcritas
literalmente.49 En todas las sesiones, «la Sala se llenó totalmente de público», quedándose
«numeroso público fuera».50 No creemos necesario entrar en un análisis minucioso del
proceso penal. No nos interesa tanto lo particular como la caracterización del fenómeno. Sin
embargo, queremos apuntar algunas consideraciones relevantes.
Independientemente de la mayor o menor implicación de los inculpados, los
representantes del Estado jugaron un papel indudable en los hechos motivo de la acusación.
Insistimos una vez más: el Consorcio contaba con un Consejo de Administración integrado
por altos representantes del Estado. Los hechos no debieron pasar desapercibidos para
46 Telegrama de la Comisaría de Recursos de Madrid al gerente del Consorcio de la Panadería. Madrid, 16 de junio de 1942. En GRATTIS, J. de, Rejas sin votos…Op. Cit., pp. 121-122. 47 GRATTIS, J. de, Rejas sin votos…Op. Cit., p. 124. Según Luis Otero, el Consorcio adquirió esa harina al precio de tasa. No obstante, nos preguntamos: ¿por qué iba el fabricante harinero a vender al Consorcio a precio de tasa pudiendo hacerlo a precio más alto? 48 ABC, El Alcázar, Ya, Diario Madrid, Informaciones y Arriba de 22 de febrero de 1949. 49 El juicio tuvo lugar en la Sección Primero de la Sala de lo Criminal. El tribunal estuvo formado por Ricardo Álvarez Martín, como presidente, y los magistrados Germán Bonilla y Antonio Ochoa. El Ministerio Fiscal fue desempeñado por Jiménez Asenjo (ABC, 22 de febrero de 1949).
ninguno de ellos. Su presencia en el organismo rector del Consorcio nos deja ver la
relevancia del caso que presentamos: unos representantes del Estado podían haber
consentido, e incluso colaborado, en el lucrativo negocio del estraperlo. Sin embargo, es del
todo llamativo que ninguno de los miembros del Consejo de Administración prestara
declaración en el proceso; al parecer su determinante testimonio no interesó a la Fiscalía o a
la Defensa.
Sí declararon como testigos otros nada desdeñables hombres del régimen: el
Comisario General de Abastecimientos y Transportes y el Subdelegado Provincial de Abastos
de Madrid. Curiosamente, ambos habían dejado de ejercer tal cargo en febrero de 1949.51 El
primero de ellos, Rufino Beltrán, gerente máximo del abastecimiento en toda España, confesó
que en 1942 dio autorización para comprar harina fuera de cupo, declarando que sabía de la
existencia de excedentes en las fábricas.52 El Subdelegado de Abastos de Madrid, segunda
responsabilidad en la política de abastecimientos de la provincia tras el gobernador civil,
llegó a afirmar que «si no se hubiera prescindido de los trámites burocráticos, muchos días
habría carecido Madrid de pan».53 Indirectamente, sus declaraciones reflejaban la necesidad
de esquivar la intervención y el modelo económico impuesto, que ellos mismos
representaban, para garantizar el abastecimiento de la población.
Pese a la destacada relevancia de estos testigos, pero también de los que nunca
prestaron declaración y quizá debieron hacerlo, la prensa y el proceso siguieron enfocando el
«caso del pan» como un suceso de carácter privado, en el que los únicos actores fueron unos
industriales panaderos que provocaron el hambre en Madrid. En efecto, «si hubieran
cumplido con su deber no habría escaseado el pan en Madrid»; por fin, el régimen había
encontrado un explicación a más de una década de carestía y problemas de subsistencia. Por
ello, debían ser castigados «quienes se aprovechan de la miseria humana para triunfar y
traficar». En cuanto al pueblo, en su difícil situación, era necesario que se uniese «en la
austeridad y en la pobreza». Las responsabilidades o implicaciones de parte del personal
político o de las instituciones del Estado fueron descartadas; de hecho, había que reivindicar
«la moralidad de esa gran calumniada: la organización administrativa de Abastos».54
50 Las citas pertenecen al ABC (22 de febrero de 1949, p. 12), y a El Alcázar (22 de febrero de 1949, p. 2), respectivamente. 51 Ambos testifican el 23 de febrero de 1949. La reseña de su declaración apareció en todos los periódicos citados el 24 de febrero de 1949. 52 Rufino Beltrán Vivar tuvo una dilatada carrera al frente de la CAT. Fue nombrado por D. 23 de septiembre de 1939 (BOE 30/9/1939) y cesado por el D. 25 de octubre de 1946 (BOE 30/10/1946). 53 Diario Madrid, 24 de febrero de 1949. 54 Todas las citas del párrafo están contenidas Arriba, 25 de febrero de 1949.
Dejemos de lado las posibles implicaciones de personal del régimen. A nuestro juicio,
las intenciones del Estado en la gestión del proceso fueron más allá de ofrecer un chivo
expiatorio en el que el pueblo pudiese desencadenar su furia. Además, pudo presentarse como
un férreo garante de la Justicia, y como un implacable luchador contra el gran estraperlo.
Pero vamos más allá: encontró unos responsables al fracaso de su política económica, al
acusar a los dirigentes del Consorcio de la carestía.55 En efecto, bajo toda la trama del
proceso encontramos una lucha soterrada: la de la intervención frente a la liberalización. Un
debate que ya empezaba a surgir dentro de la propia Administración.56 En todo caso, los
propios altos funcionarios del régimen recurren al libre mercado para salvar las
complicaciones. Sin embargo, el «Nuevo Estado» pone a salvo su responsabilidad en cuanto
a los perniciosos efectos económico-sociales derivados de la aplicación de la política
económica autárquica. A este respecto, y de forma sorprendente, en medio del proceso el
fiscal Jiménez Asenjo hace un alegato a favor de la Autarquía y el intervencionismo:
«No ha sido un capricho ni ha sido el azar lo que ha impuesto en nuestra Patria la política
intervencionista, el control de los precios, la tasa de los artículos de primera necesidad. La política de
intervención y el control de los precios es una política internacional, es una política mundial. […]
Esta es la primera significación que tiene este proceso. Es la revalorización de toda la política
económica del Gobierno […].
La política económica del Gobierno es la gran calumniada […]. Es una política molesta,
antipática, desagradable, […] pero nosotros, en vez de aceptarla con espíritu de sacrificio, encontramos
siempre una palabra insidiosa. […] Es preciso que reivindiquemos la moralidad de esta gran calumniada,
que se llama la organización administrativa de Abastos».57
La sentencia se firmó el 2 de marzo de 1949. Al día siguiente, la noticia aparecía en
las portadas de todos los periódicos. El Tribunal establecía que los hechos no constituían un
delito de acaparamiento; sin embargo, estimaba que hubo desobediencia a las órdenes
emanadas de la CAT, constituyendo un delito de falsedad en documento público. A ello se
sumaba el agravante para la mayoría de los procesados de ostentar cargo público. Tras el
55 La Defensa se encargaría de refutar esta afirmación, declarando que «han pasado los meses y sigue el pan en las mismas condiciones». ABC, 26 de febrero de 1949, p. 13. 56 Por ejemplo, en el I Congreso Nacional de Ingeniería Agronómica de 1949 se enfrentaron verbalmente los partidarios de mantener las medidas intervencionistas y una nueva corriente que apostaba por la liberalización. Ver BARCIELA, Carlos, “Los costes del franquismo en el sector agrario: la ruptura del proceso de transformaciones”, en GARRABOU, Ramón, BARCIELA, Carlos y JIMÉNEZ BLANCO, José Ignacio, Historia agraria de la España Contemporánea. 3. El fin de la agricultura tradicional (1900-1960). Barcelona, Crítica, 1986, pp. 414-415.
sinuoso y complejo proceso, la vista oral no había supuesto sorpresa alguna. A las sanciones
establecidas por el Consejo de Ministros, se añadían ahora nuevas y duras penas (Tabla 2).
Tabla 2.- Sentencia del Consorcio de la Panadería Condenado Pena
José Mª Blanco
Folgueira 6 años
Manuel Blanco
Otero 5 años
Luis Quintero
López 10 años
Vicente Carrera
Fernández 10 años
Luis González
Catalina 10 años
Justo Cano Recio 3 años
José Pedro
Niembro Ayuso
2 años y
2 meses
José Perez Pillado 5 años
Marcelino de
Prada y Prada 3 años
Fuente: Sentencia dictada por la Sala Primera de lo Criminal de la Audiencia de Madrid. ABC, El Alcázar, Ya, Diario
Madrid, Informaciones y Arriba de 3 de marzo de 1949.
Luis Quintero López, al consagrar su subjetiva obra a reclamar la inocencia de los
miembros del Consorcio, culpará de lo sucedido a la masa, al pueblo, al «populacho». La
Administración queda exculpada. Amargamente, desde la cárcel, el autor se pregunta, «¿por
qué se nos trata con este rigor sin precedentes? Representamos el error, la precipitación, el
alegre desenfado de otros». Y busca un culpable: «el ambiente nos procesó; el ambiente
mantuvo y sostiene aún, más de un año fecha, la prisión incondicional».58 En efecto, la
atmósfera de una sociedad volcada, hambrienta, con ansias de justicia y descontenta,
determinó que el Estado buscase un culpable. Un chivo expiatorio que desviase la atención de
la corrupción generalizada y de un ineficaz y desgraciado modelo económico.
Independientemente de la culpabilidad o inocencia de los miembros del Consorcio, el
«Nuevo Estado» sació con el proceso del pan las demandas del pueblo.
57 Arriba, 25 de febrero de 1949. 58 GRATTIS, J. de, Rejas sin votos…Op. Cit., p. 147.
No hemos pretendido analizar en profundidad el proceso del «Caso del Pan».
Tampoco emitir sentencia alguna. Sólo hemos querido contribuir al rescate de un fenómeno
que marcó el día a día de la sociedad española durante más de una década. Un estraperlo que
ofreció momentos como el del Consorcio, que permitió al régimen proclamar su inocencia y
clamar por la dureza y el castigo para terminar con el fenómeno. Para la sociedad, quizá fue
un momento de alivio, al encontrar un blanco donde golpear su ira; si su protesta iba más allá
del suceso, más allá de una protesta puntual contra un caso concreto, queda en la memoria.
Por último, a modo de epílogo, apuntar dos cuestiones. En primer lugar, decir que los
sancionados apelaron al Tribunal Supremo, que en reafirmó la sentencia en julio de 1950. El
proceso estaba cerrado. El pueblo había obtenido la justicia exigida. La justicia, claro está,
que el poder quiso concederle.
En segundo lugar, señalar que, en los años siguientes, Luis Quintero López
emprendería un largo viaje intentando obtener el indulto del caso por una instancia superior.
Tras cumplir su pena de prisión, procedió a enviar innumerables instancias y cartas a altas
personalidades del régimen. Fue así como, paradójicamente, logró entrevistas con el todavía
Ministro de Trabajo José Antonio Girón. Al parecer, éste tomó conciencia de la «injusticia
cometida con los miembros del Consorcio». El mismo hombre que prometió justicia severa a
una multitud enfurecida desde el balcón de su departamento, le ofrecería su ayuda para saldar
este «error». Entrevistas con el Ministro de Industria, Comercio, Justicia, Aire, con el
Secretario General del Movimiento, Carrero Blanco o sugerencias y escritos al mismo
Caudillo… Tras más de siete años de gestiones y ruegos, no hubo resultado. Sin embargo,
cuando la FST procedía a embargar los bienes de los inculpados por no poder hacer frente a
las multas, el Consejo de Ministros de 14 de julio de 1960 acordó la condenación de las
multas que pesaban sobre los miembros del Consorcio. A los ojos de nuestro autor, el
régimen quedaba, una vez más, a salvo. Comenzando la etapa desarrollista, amparada por la
liberalización económica, no era necesario ya proteger el sistema intervencionista autárquico.
No era necesario hacer justicia ya. Los tiempos del estraperlo habían quedado atrás.59
REFLEXIÓN FINAL
59 Íbidem, p. 400. El largo camino de Luis Quintero por obtener la revisión y absolución del caso, en las páginas 329-403.
Recientemente, estamos asistiendo a numerosos debates sobre la necesidad de
recuperar la memoria histórica. Afortunadamente, la «desmemoria» impuesta más o menos
indirectamente con la Transición española está, hoy, siendo cuestionada.
La recuperación de la memoria histórica se está centrando, sobre todo, en los terribles
casos de aniquilación personal vinculados a la guerra civil y a la propia posguerra. Sin
embargo, debemos llamar la atención sobre otros fenómenos que merecen ser rescatados. En
nuestro caso, el estraperlo. Un fenómeno que rodeó a todos los españoles en el largo periodo
conocido como primer franquismo. Un fenómeno del todo extraordinario pero que se hizo
ordinario en la España de los años cuarenta. Mercado negro en el que todos participaron,
como desgraciados consumidores o afortunados productores o especuladores. Durante su
existencia, una sociedad al completo vivió al margen de la legalidad; la Administración
también. El suceso no carece, por tanto, de relevancia.
Planteamos la necesidad de rescatar la memoria histórica del estraperlo y su mundo;
todo lo que significó para la economía, la sociedad y la mentalidad de los españoles. Esos
años de escasez, corrupción e injusticia están grabados en las conciencias de muchos
españoles. Merecen ser rescatados del olvido, deben ser devueltos a la memoria de la
sociedad actual. Los historiadores deben contribuir a ello, no sólo para explicar el presente o
comprender la España del primer franquismo, sino para hacer un imprescindible ejercicio de
justicia histórica.
Por fin, hemos comprendido que no podemos construir un futuro saludable obviando
nuestro pasado. Es imposible. Y lo es porque el pasado es parte de nuestro presente. Como
afirmaba Xavier ZUBIRI, el hombre es un ser histórico: necesita de la Historia, del pasado, de
la memoria para poder elegir, para escoger entre las posibilidades de lo que es y puede ser.60
Necesita de la Historia para conocerse a sí mismo, para poder elegir. Para poder ser libre.
60 MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán, “El problema de la historicidad del ser del hombre”, en NICOLÁS, Juan Antonio y BARROSO, Óscar, Balance y perspectivas de la filosofía de X. Zubiri. Granada, Comares, 2004, pp. 209-215.
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