EXPEDIENTE: 070-11-2016-DEN RESOLUCION NO. 03- ?· ONCE HORAS DEL VEINTE DE ... Resolución N°01 de…

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    EXPEDIENTE: 070-11-2016-DEN

    RESOLUCION NO. 03- AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LOS HABITANTES, A LAS

    ONCE HORAS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

    Conoce la Agencia de Proteccin de Datos de los Habitantes denuncia formulada por MFV contra BETO LE

    PRESTA.

    RESULTANDO:

    1- Que la seora MFV present formal denuncia contra BETO LE PRESTA, en fecha catorce de noviembre de dos mil diecisis, en vista de que una deuda que mantiene con la denunciada ya sobrepaso el plazo del derecho al,

    por lo que solicita como pretensin Solicito se elimine la deuda que se encuentra en beto le presta porque ya

    cumplido (sic) con el plazo del derecho al olvido por 4 aos.

    2- Que mediante Resolucin N01 de las diez horas cinco minutos del primero de diciembre de dos mil diecisis, se admite la denuncia y de conformidad con el artculo 66 del Reglamento a la Ley 8968 y su modificacin

    mediante decreto ejecutivo N40008-JP y por el plazo de TRES DAS HBILES, se ordena el traslado de cargos

    a BETO LE PRESTA, a efecto de que brinde informe sobre la veracidad de los cargos y aporte las pruebas que

    estime pertinentes. En el caso de la prueba testimonial, la misma deber ser mediante declaracin jurada

    debidamente autenticada por notario pblico. La omisin de rendir informe en el plazo estipulado har que se

    tengan por ciertos los hechos acusados.

    3- Que mediante documentos recibidos en esta Agencia va fax, el da nueve de diciembre de dos mil diecisis, los denunciados contestan el traslado de cargos, cumpliendo as en tiempo y forma con lo prevenido mediante la

    Resolucin N01 de las diez horas cinco minutos del primero de diciembre de dos mil diecisis.

    4- Que mediante Resolucin N02 de las doce horas cuarenta y cinco minutos del trece de enero de los corrientes, se prorroga el dictado del acto final por el trmino de un mes a partir de la firmeza de dicha resolucin.

    5- Que se han analizado los aspectos de forma y fondo de este expediente y se han realizado las diligencias tiles y necesarias para el dictado de la presente Resolucin Administrativa.

    CONSIDERANDO:

    I- HECHOS PROBADOS: concluido el anlisis de la queja presentada y los autos de expediente, de relevancia para la resolucin del presente asunto se consideran probados los siguientes hechos:

    1- Que la seora MFV present formal denuncia contra BETO LE PRESTA, en fecha catorce de noviembre de dos mil diecisis, en vista de que una deuda que mantiene con la denunciada ya sobrepaso el plazo del derecho al

    olvido, por lo que solicita como pretensin Solicito se elimine la deuda que se encuentra en beto le presta porque

    ya cumplido (sic) con el plazo del derecho al olvido por 4 aos. (Ver denuncia presentada, visible del folio 01 al

    04 del expediente administrativo).

    2- Que la denunciante mantiene una relacin comercial con la empresa denunciada, producto de un crdito. (Ver prueba presentada, visible a folio 16 al 18 del expediente administrativo).

    II- HECHOS NO PROBADOS: Por carecer de sustento probatorio se tienen como tales: 1- Que la deuda en cuestin haya sobrepasado el plazo de diez aos que establece el derecho al olvido.

    III- SOBRE EL FONDO DE LA PRESENTE DENUNCIA: Alega la denunciante que Solicito se investigue el tramite realizado por mi persona junto con el seor JGP con el cual realice dicho trmite donde ocurre

    incumplimiento contractual contra mi persona por lo que solicito al derecho al olvido de dicha cuenta, por un

    monto de 400.000. Solicito se elimine dicha deuda lo cual es ilegal, se me afecte crediticiamente por delitos

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    cometidos por dicha empresa (), por lo que solicita como pretensin Solicito se elimine la deuda que se

    encuentra en beto le presta porque ya cumplido (sic) con el plazo del derecho al olvido por 4 aos. Por su parte

    el seor Esteban Zamora Carballo en su condicin de Apoderado Generalsimo de Gente ms Gente S.A. (antes

    PIDALE A BETO S.A.), indica en su libelo de contestacin que RESUMEN: La denunciante alega que mi

    representada debera aplicar el Derecho al Olvido sobre un saldo que supuestamente mantiene errneamente

    como pendiente de pago por parte de la denunciante. Al da de hoy, tal y como consta en el estado de cuenta

    adjunto, el saldo se encuentra vigente y pendiente de pago. En este sentido, no solo es un hecho vigente y real el

    saldo pendiente, sino que, adems, ni siquiera han transcurrido 10 aos desde la fecha de obtencin del crdito

    con mi representada y por tal motivo el derecho reclamado por la denunciante no ha sido violentado por mi

    representada. () La denunciante se refiere a un supuesto incumplimiento contractual por parte de mi

    representada cuando lo que existe entre la seora Fallas Varela y la empresa es una relacin comercial de crdito

    con un saldo pendiente de 611.273,75 colones que no paga desde el 22 de marzo del 2015 (). Vistos los

    argumentos antes mencionados y una vez realizado el anlisis de fondo del presente caso, se observa que la

    denunciante alega la aplicacin del derecho al olvido en relacin con la deuda que mantiene con la empresa

    denunciada, no obstante de la prueba presentada por la denunciante la misma no permite corroborar que la

    informacin referente a dicha deuda haya sobrepasado el plazo de diez aos que seala el derecho al olvido de la

    forma como lo establece el artculo 11 de Reglamento a la Ley N8968 que seala: Artculo 11. Derecho al

    olvido. La conservacin de los datos personales, que puedan afectar a su titular, no deber exceder el plazo diez

    aos, desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposicin normativa especial que establezca

    otro plazo o porque el acuerdo de las partes haya establecido un plazo menor. En caso de que sea necesaria su

    conservacin, ms all del plazo estipulado, debern ser desasociados los datos personales de su titular. Por el

    contrario, seala errneamente la denunciante dicho plazo en cuatro aos, lo cual es incorrecto como se puede

    observar en articulo supra indicado. As mismo el voto de la Sala Constitucional N2009-012973 de las dieciocho

    horas siete minutos del dieciocho de agosto de dos mil nueve, que sealo: VI. - Por otro lado, a la luz de lo

    expuesto en el Considerando IV de esta Sentencia el recurso s resulta procedente. En efecto, este Tribunal ha

    considerado que, aun tratndose de informacin veraz, puede que los datos pblicos respecto de actos u omisiones

    ilegtimas de una persona le resulten perjudiciales, por lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia de este

    Tribunal que las publicidades de dichos datos deben estar sujetos a un lmite temporal toda vez que las

    consecuencias de la publicidad de tales reseas podran constituirse en perjuicios perpetuos. En el caso en

    concreto se tiene que las boletas No. 1420804 1998, 146550 1997, 297639 1997 y 368885 1997 datan de hace

    ms de diez aos, trmino que se ha avalado como lmite temporal para la publicidad de datos que puedan

    ocasionar perjuicio a un individuo. Sobre esto la Sala ha considerado: Si el plazo de existencia de la inscripcin

    de sentencias condenatorias es de diez aos de cumplida la condena, y no puede drsele efectos jurdicos a

    condenatorias anteriores despus de diez aos de cumplida la misma, sin que existan posteriores anotaciones, en

    violacin del artculo 40 constitucional, con mucho ms razn resulta inconstitucional conferirle efectos a

    perpetuidad a anotaciones de detenciones en archivos policiales, donde ni siquiera existe un procedimiento penal

    pendiente al efecto, ni sentencia condenatoria, en muchos casos. Por ello, en ausencia de norma de rango legal

    expresa en la materia, actuando como garante de la Constitucin -normas y principios contenidos en ella-, en

    virtud de las facultades que se le otorgan a este Tribunal Constitucional por mandato constitucional -artculo 10-

    y legal -artculos 1 y 2 de la Ley de la Jurisdiccin Constitucional-, es procedente reconocer el contenido mnimo

    del derecho que prohbe las penas perpetuas, y en el caso concreto, por analoga a la situacin comentada,

    considerar que la informacin y datos que pueden ser tenidos en los archivos del Centro de Informacin Policial,

    relacionados con una persona a la que se le atribuy la comisin de un hecho delictivo (incisos c) y e) del artculo

    27 impugnado), es por un tiempo determinado, mximo de diez aos a partir de su anotacin, vencido el cual, esa

    informacin debe ser cancelada; y la informacin que se tiene en relacin con las sentencias dictadas por los

    Tribunales de Justicia, el plazo debe ser por el mismo que rige la tenencia de los datos en el Registro de

    Delincuentes del Organismo de Investigacin Judicial, sea diez aos a partir del cumplimiento de la condena".

    (Sentencia N 08218-98 de las 16:00 horas del 18 de noviembre de 1998). En este sentido, tales consideraciones

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    son aplicables a este caso ya que como lo alega el recurrente la informacin pblica respecto de tales boletas

    eventualmente podra perjudicarle como por ejemplo sera en caso de sufrir o provocar un accidente de trnsito

    y que la opinin pblica conozca que ha tenido determinado nmero de infracciones. En mrito de lo expuesto, la

    Sala considera que la informacin respecto a las boletas extendidas al amparado No. 1420804 1998, 146550

    1997, 297639 1997 y 368885 1997, debe ser excluida de toda fuente de acceso pblico, en este caso una pgina

    en Internet, sin embargo, nada obsta para que tal informacin si conste en los archivos o registros internos del

    COSEVI. As las cosas, se acoge el recurso en cuanto a este extremo se refiere, con sus consecuencias.

    (Subrayado no es del original). Consecuentemente el plazo para el derecho al olvido segn lo analizado en el

    presente caso no se computa efectivamente ms all del tiempo que prev la ley, lo cual no violenta el plazo de

    diez aos. En este sentido cabe mencionar que todo aquel que pretenda se tengan por ciertos los hechos

    argumentados, estar obligado a demostrar lo manifestado, es decir le corresponder la carga de la prueba. En

    relacin a la carga de la prueba el Tribunal Contencioso Administrativo, Seccin IV, en sentencia de las quince

    horas del da diecisiete de enero del dos mil catorce sealo: (). Al respecto, debe tomarse en consideracin que

    en autos no consta prueba alguna, ni del carcter enclavado de alguna parte del terreno, ni de la posesin

    alegada. Lo indicado se reduce a meras invocaciones de la parte, ms sin que se aporte elemento de conviccin

    alguno para el Tribunal. En este sentido, se aplica el artculo 317 del Cdigo Procesal Civil, en tanto dispone:

    "La carga de la prueba incumbe: 1) A quien formule una pretensin, respecto a las afirmaciones de los hechos

    constitutivos de su derecho. 2) A quien se oponga a una pretensin, en cuanto a las afirmaciones de hechos

    impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor". Sobre la carga de la prueba se ha dicho en alguna

    otra oportunidad, que: , en orden a lo dispuesto en el artculo 317 del Cdigo Procesal Civil: ()

    La carga de la prueba no supone, pues, ningn derecho del adversario, sino un imperativo del propio inters de

    cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar,

    pierde el pleito. Puede quitarse esta carga de encima, probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos

    que la Ley seala. Y esto no crea, evidentemente, un derecho en el adversario, como si una situacin jurdica

    personal atinente a cada parte; el gravamen de no restar creencia a las afirmaciones que era menester probar y

    no se probaron. Como en el antiguo dsitico, es lo mismo no probar que no existir (). (Voto nmero 262 de las

    nueve horas cuarenta minutos del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, del Tribunal Superior

    Segundo Civil, Seccin Primera).(resaltado no es del original). () De conformidad con lo anterior, la mera

    invocacin de la parte no es suficiente, si no existe un slido fundamento probatorio que sirva de demostracin

    de los hechos que se alegan. En razn de lo anterior, al no haber las condiciones objetivas para que proceda lo

    pedido, ni prueba de lo afirmado, procede rechazar la demanda de la actora, habida cuenta que su deber de

    aportar la prueba necesaria, til y pertinente que demostrara fehacientemente estas circunstancias. Como se ha

    indicado ut supra, el deber probatorio (que deriva de lo dispuesto en el artculo 317 del Cdigo Procesal Civil

    supletorio y los numerales 58 inciso f, 82 y 85 del CPCA) obliga a demostrar lo afirmado. Puesto que esta

    exigencia no se ha visto satisfecha en este caso, no hay posibilidad de acoger lo pedido. (Subrayado no es del

    original). De igual manera la Ley General de Administracin Pblica, seala en su Capitulo Segundo,

    especficamente en los artculos 293 y 298 lo referente a la prueba en los que indica expresamente lo siguiente:

    Artculo 293.-1. Con la presentacin a que se refiere el artculo 285, los interesados acompaarn toda la

    documentacin pertinente o, si no la tuvieren, indicarn dnde se encuentra. 2. Debern, adems, ofrecer todas

    las otras pruebas que consideren procedentes. Artculo 298.- 1. Los medios de prueba podrn ser todos los que

    estn permitidos por el derecho pblico, aunque no sean admisibles por el derecho comn. 2. Salvo disposicin

    en contrario, las pruebas sern apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crtica. En relacin a la

    prueba el Reglamento a la ley N8968 de la Proteccin de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales

    y su modificacin mediante Decreto Ejecutivo N 40008-JP indica en su artculo 67 lo siguiente: Los medios de

    prueba sern los siguientes: a. Documental fsico o electrnico; b. El resultado de un estudio pericial; c.

    Declaraciones juradas de los testigos, debidamente autenticadas; Las pruebas de cargo y de descargo debern

    ser presentadas junto con la denuncia o la contestacin, segn corresponda. En otro orden de ideas en relacin

    con lo sealado por la denunciante para que se investigue el tramite realizado por ella en donde se da un

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    incumplimiento contractual en el mismo. Cabe mencionar que dicha solicitud no puede resolverse de forma

    satisfactoria, pues trasciende el mbito contractual y se escapa de las competencias de la Prodhab, como lo

    establece el artculo 16 de la Ley N8968 que seala: ARTCULO 16.- Atribuciones Son atribuciones de la

    Prodhab, adems de las otras que le impongan esta u otras normas, las siguientes: a) Velar por el cumplimiento

    de la normativa en materia de proteccin de datos, tanto por parte de personas fsicas o jurdicas privadas, como

    por entes y rganos pblicos. b) Llevar un registro de las bases de datos reguladas por esta ley. c) Requerir, de

    quienes administren bases de da...