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Fantasmas de Iguala

Mxico: Caso Se Enreda en la Desaparicin de los 43 Estudiantes

Mxico: Caso Se Enreda en la Desaparicin de los 43 Estudiantes

By Ryan Devereaux

@rdevro

Un extracto de la investigacin publicada por The Intercept el 4 de mayo, 2015.Parte 1 aqu y parte 2 aqu en ingls. Documento fotogrfico aqu.DESDE EL MOMENTOen que los estudiantes desaparecieron, sus padres han exigido su regreso. Aunque es improbable que estn vivos, los padres se han enfocado en las inconsistencias de la versin oficial, destacando la reticencia del gobierno de informar al pblico todo lo que sabe.

Durante los ltimos seis meses, The Intercept ha conducido una investigacin sobre el caso del gobierno basado en la revisin de una parte del expediente de la Procuradura General de la Repblica (PGR). Los archivos incluyen declaraciones de algunos de los policas municipales y miembros de las organizaciones criminales presuntamente relacionadas en los eventos de esa noche. The Intercept tambin examin informes producidos por las fuerzas de seguridad en el rea y condujo docenas de entrevistas, incluidas aquellas con estudiantes que sobrevivieron la noche de violencia. Tambin analiz, durante varios meses, reportajes de periodistas de investigacin en Mxico.

La investigacin ha revelado los esfuerzos conjuntos del gobierno federal para enfocar la culpabilidad a los actores municipales, aunque existe evidencia de un expansivo crculo de responsabilidad. Oficiales de mayor rango en la Ciudad de Mxico han presentado un estrecho y manipulado escenario de un masivo secuestro cometido por oficiales locales y llevado a cabo por sicarios en el rea de Iguala. Pero evidencia en los archivos propios del gobierno indican un caso de desaparicin forzada, el cual incluye distinto del delito de secuestro la participacin activa o pasiva de oficiales estatales y puede constituir un crimen de lesa humanidad en la cual el estado carga responsabilidad.

El expediente de la PGR se constituye ms con declaraciones de los sospechosos detenidos que la evidencia fsica. El enfoque ha causado escepticismo en una nacin con un historial muy bien documentado de las autoridades usando coercin o tortura para extraer confesiones falsas. Las declaraciones demuestran que el gobierno ha presentado una seleccin de evidencia distorsionada en su versin de lo ocurrido. Declaraciones, las cuales apoyan estos argumentos, han sido presentados pblicamente, mientras que aquellas que contradicen la versin oficial han sido minimizadas.

The Intercept present una lista extensa de preguntas a la PGR y a la Embajada de Mxico en Washington, D.C. Pese a las repetidas peticiones, ninguna de las instituciones ha dado respuesta oficial va electrnica o a travs de sus funcionarios.

Aunque hay poca claridad respecto al porqu desaparecieron los estudiantes o a donde los llevaron, las declaraciones en los archivos federales revisados por The Intercept detallan que organizaciones criminales de la regin han tomado el control de la zona, exponiendo as la corrupcin que ha impregnado muchas de las estructuras de gobierno en Guerrero. Datos topogrficos provistos por uno de los detenidos, por ejemplo, dirigieron a las autoridades hacia un lugar denominado La Laguna, donde el cuerpo de un ex-jefe de la polica de Iguala fue descubierto. El detenido tambin describi un rancho conocido como Los Naranjos, un terreno donde sicarios suelen arrojar cuerpos en descomposicin. Otro lugar detallado por dos sospechosos, en la comunidad de Pueblo Viejo, se destac de los otros. All, los hombres dijeron que haban enterrado algunos de los estudiantes de Ayotzinapa. Cuando los investigadores examinaron el lugar, encontraron 28 cuerpos en unas fosas comunes pero ninguno de ellos perteneca a los estudiantes.

Mientras ms y ms cadveres no identificados eran exhumados durante el otoo pasado y la comunidad internacional miraba con horror los eventos, ciertas verdades sobre el estado mexicano comenzaron a salir a la luz. Lejos de ser un incidente aislado, la desaparicin de 43 jvenes en una noche de violencia fue nica por la atencin recibida en los medios. La historia de los estudiantes es simblica de la crisis en Mxico de desapariciones no resueltos, fosas clandestinas y la integracin del crimen organizado en los cuerpos policiacos y la poltica.

Segn la madre de uno de los estudiantes desaparecidos: Es la polica disfrazada de lo narcotrfico con la polica Todo es un solo.

Familiares de los estudiantes desaparecidos salen de una reunin con el Procurador General Jess Murillo Karam en Chilpancingo el 11 de noviembre 2014. (Pedro Pardo/AFP/Getty)

AFP/Getty Images

APRINCIPIOS DE NOVIEMBRE,una reunin se llev a cabo en un hangar del aeropuerto de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. El Procurador General de Mxico, Jess Murillo Karam, lleg en helicptero. Los padres de los 43 estudiantes llegaron por autobs. El cavernoso espacio era iluminado por el sol.

Tengo tres detenidos, dijo Murillo Karam a los afligidos padres. La informacin que ellos me dan es realmente no tan buena noticia.

El procurador ofreci una horrenda narrativa: despus de ser detenidos por la polica municipal el 26 de septiembre en Iguala, los jvenes fueron entregados a un grupo de criminales, luego fueron masacrados, quemados, reducidos a cenizas y lanzados en un ro.

De acuerdo con la versin del gobierno, la cual se construy a travs de una serie de conferencias de prensa, el ex-presidente municipal de Iguala dio la orden de contener a los estudiantes. Su esposa iba a presentar un informe en una plaza pblica y el alcalde estaba preocupado de que los estudiantes ya conocidos por sus protestas perturbadoras pudiesen sabotear el evento esa noche.

El gobierno asegur que los estudiantes iniciaron la violencia, lanzando piedras a los policas municipales, quienes a su vez respondieron disparando sus armas. La polica de Iguala detuvieron a los estudiantes, y en conjunto con la polica del cercano pueblo de Cocula, transfirieron alrededor de 40 estudiantes a una zona conocida como Loma de Coyote. Investigadores federales dijeron que los estudiantes fueron entonces entregados a miembros de una banda criminal conocida como Guerreros Unidos.

La mayora de los estudiantes, supuestamente, fueron colocados uno sobre otro en la parte trasera de una camioneta Ford con una jaula sellada sobre su base. Otros cuantos fueron puestos en una camioneta ms pequea. Ambos vehculos se encaminaron en la oscuridad hacia un basurero poco utilizado al final de un camino empedrado a unos siete kilmetros fuera de Cocula. Segn las versiones, los jvenes que se ubicaban al tope de la pila estaban vivos cuando llegaron al lugar, pero ms de una docena de los situados abajo se haban sofocado bajo el peso de sus compaeros.

En enero, Murrillo Karam mostr las declaraciones grabadas de los detenidos miembros de Guerreros Unidos. Tambin dio a conocer un video completo con animacin y msica tenebrosa en el cual, uno de los sospechosos represent los momentos finales de los estudiantes. El hombre demostr cmo los estudiantes muertos fueron bajados de los vehculos y tirados como sacos de grano en el suelo. Los sobrevivientes fueron alineados, interrogados y acusados de ser colaboradores de Los Rojos, una organizacin criminal que disputa territorio con Guerreros Unidos. Los detenidos declararan que los jvenes de Ayotzinapa quedaron arrodillados y luego ejecutados a balazos.

Segn el relato del gobierno, algunos de los miembros de Guerreros Unidos llevaron gasolina y otros ms arrojaron los cuerpos a un hoyo. Luego de eso, los detenidos dijeron haber construido una pira con llantas, madera y plstico, empapada de gasolina y encendida. Durante la noche de ese da y hasta la tarde del 27 de septiembre, los supuestos asesinos se turnaron para mantener vivo el fuego. No fue hasta las 17:30 horas que se pudieron tocar los cuerpos quemados. Lo que qued de los estudiantes fue pulverizado, metido en ocho bolsas de basura y tirados en un ro cercano. Esto, declar Murillo Karam a la nacin en una proclamacin percibida como un esfuerzo de cerrar el caso, fue la verdad histrica.

Basurero de Cocula, alegado lugar donde los cuerpos de los 43 estudiantes fueron quemados.(Keith Dannemiller)

Keith Dannemiller

LA INDUDABLE EXPLICACINdel gobierno gener amplias dudas, no slo por parte de los seres queridos de los desaparecidos y los manifestantes en las calles, tambin de los cientficos y expertos forenses, los cuales disputaron la viabilidad del escenario del fuego, y periodistas que investigaron detalles que el gobierno pareci intentar esconder.

En diciembre, investigadores de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico y la Universidad Autnoma Metropolitana publicaron un estudio cientfico cuestionando el fuego descrito por los detenidos, poniendo as en duda la versin del gobierno sobre que el basurero de Cocula fue convertido en un crematorio. De acuerdo con el estudio, incinerar a 43 individuos usando lea requiere de 33 toneladas, aproximadamente, de madera de cuatro pulgadas, ocupando un espacio diez veces ms amplio que el tamao del basurero. Crematorios modernos, aadieron los cientficos, utilizan alrededor de 53 kilogramos de gasolina por cuerpo. Adems, si llantas hubieran sido la fuente principal de combustible, casi mil llantas de autos hubiesen sido necesarias, depositando 2.5 toneladas de alambre acero y produciendo una masiva columna de humo visible desde los pueblos cercanos. Si la cronologa del gobierno es cierta, esos materiales hubiesen sido montados y transportados al escenario en cuestin de horas.

De acuerdo con una tarjeta informativa incluida en un informe elaborado por el Gobierno de Estado de Guerrero, un helicptero fue enviado a las 11 de la maana del 27 de septiembre desde Chilpancingo al sur con rumbo a Iguala para buscar a los estudiantes. El basurero de Cocula se ubica a unos 15 kilmetros al sur de Iguala y cerca del medioda el helicptero sobrevol la ciudad y las reas vecinas. De acuerdo con las declaraciones de los sospechosos, el fuego dur hasta las dos o tres de la tarde del da 27, pero el reporte del estado no menciona una hoguera ni humo que fuese registrado por la tripulacin del helicptero.

En diciembre, el gobierno dijo haber recuperado del ro cerca del basurero de Cocula una bolsa que contiene cenizas y material que corresponde a restos humanos, incluyendo fragmentos de hueso. Diecisiete muestras forenses de la bolsa y del basurero fueron enviadas a expertos de un laboratorio en Innsbruck, Austria. En la misma conferencia, Murillo Karam anunci que los expertos austriacos haban identificado positivamente un fragmento sacado del ro y que perteneca a uno de los estudiantes desaparecidos Alexander Mora Venancio de 21 aos de edad. Los expertos opinaron que era improbable que las otras muestras de los restos pudieran producir parejas positivas por el degrado severo debido a la alta temperatura. Sin embargo, en enero la PGR declar certeza legal de que los 42 compaeros de Mora Venancio tuvieron el supuesto mismo destino asesinados y quemados en el basurero de Cocula y despus lanzados al ro.

Desconfiando de los expertos del gobierno, los padres de los estudiantes desaparecidos solicitaron la asistencia del Equipo Argentino de Antropologa Forense (EAAF), la cual ha investigado atrocidades en ms de 30 pases durante las ltimas tres dcadas. En diciembre, el equipo argentino confirm la identificacin de los restos de Mora Venancio. Pero enfatiz que sus miembros no fueron testigos de la extraccin de las bolsas de basura del ro y no podan confirmar la declaracin del gobierno, en la cual se aseguraba que los restos haban sido encontrados en el ro y quemados en el basurero.

Foto de la evidencia forense, proyectada sobre una pantalla durante la conferencia de prensa del gobierno.(Manuel Velasquez/Anadolu/Getty)

Anadolu Agency

EN FEBRERO,el equipo public un reporte crtico en respuesta a las afirmaciones categricas de Murillo Karam catalogadas como la verdad histrica. El EAAF report que los investigadores federales violaron un acuerdo con el equipo y que estos visitaron el basurero en Cocula mediados de noviembre, coleccionando evidencia balstica y muestras de terreno sin avisar al equipo. El EAAF describi esta visita como una seria irregularidad.

El equipo de la EAAF tenan suficientes razones para estar preocupado sobre las capacidades forenses del gobierno. Para examinar los restos sacados del ro, los investigadores federales y el equipo argentino, cada uno, congreg ms de 130 perfiles genticos de miembros de los familiares de los estudiantes desaparecidos. La PGR despus reconoci que sus expertos haban identificado errneamente por un error administrativo 20 de los perfiles sometidos.

La versin del gobierno surge por suposicin de que slo hubo un incendio en el basurero de Cocula el que quem los restos de los estudiantes. Pero de acuerdo con el EAAF, imgenes satelitales revelan evidencia de mltiples fuegos en el basurero en los ltimos cuatro aos. El equipo EAAF seal el descubrimiento de una quijada con dentadura, pero los padres de los normalistas aseguraron que ninguno de los estudiantes desaparecidos usaba dentaduras.

El gobierno parece haberse movido con rapidez para cerrar el caso. Por ejemplo, el rea de investigacin en el basurero fue dividido en una rejilla de 137 secciones. En febrero, despus de que Murillo Karam ofreciera su versin oficial, los peritos slo haban analizado 30 secciones, segn el EAAF. El equipo argentino sugiri entonces, que el gobierno slo haba buscado evidencia que fortaleca la recreacin de los hechos.

La evidencia fsica debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia e aquellas interpretaciones que slo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados, seal el EAAF en su reporte.

Fue por eso que comenzaron a surgir teoras alternativas que explicaran cmo y dnde haban sido arrojados los cuerpos. Una de las ms provocativas, citada extensamente en los medios, es que los cadveres fueron destruidos en un incinerador o crematorio de una base militar.

Ninguna evidencia fsica que apoye esa teora ha sido descubierta, pero se mantiene viva por la falta de respuestas de las autoridades federales, quienes no han respondido con claridad a las peticiones de la prensa en relacin a los archivos pblicos y tampoco sobre la ubicacin de los crematorios en bases del Ejrcito de la regin.

Manifestantes confrontan a la polica frente a la base del Batalln de Infantera 27 en Iguala el 12 de enero 2015.(Eric Chavelas Hernandez/Anadolu/Getty)

Getty Images

CUARENTA AOS ATRS,Guerrero fue el epicentro de la Guerra Sucia en Mxico, emprendida por los militares en contra de guerrilleros izquierdistas, muchos de ellos egresados de escuelas como Ayotzinapa. Tortura y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo arrojar prisioneros desde aviones, fueron cometidos con impunidad.

Con memorias de violencia auspiciada por el estado enclavadas en la memoria de Guerrero, no fue sorpresa que la atencin del pueblo fuera enfocada hacia el 27 Batalln de Infantera y el 12 de enero, manifestantes se congregaron en la base. No obstante, el gobierno se mantuvo firme.

No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejrcito, dijo Murillo Karam a reporteros. No hay una sola evidencia, una sola, la participacin del Ejrcito.

Su declaracin es verdadera solo hasta cierto punto.

Una coleccin de reportes militares, compartidos bajo la Ley de Transparencia con un puado de periodistas mexicanos en febrero y marzo, revelan que tropas ubicadas en Iguala estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes antes de que llegaran a la terminal de Iguala incluso antes que los primeros disparos iniciaran. Los reportes, adems, demuestran que militares se comunicaron directamente con la polica municipal, los cuales atacaron y detuvieron a los estudiantes. Examinados en detalle por la periodista Marcela Turati de la revista Proceso y revisados por The Intercept, los reportes indican que aunque no participaron en las matanzas, militares estaban al tanto que algo estaba ocurriendo y no intervinieron.

Dentro de los documentos hay un reporte titulado Arribo de Normalistas, con fecha del 26 de septiembre, el cual detalla los eventos de esa noche. El reporte contradice las declaraciones del Coronel Jos Rodrguez Prez, quien dijo a la prensa nos enteramos al ltimo, en referencia a los eventos de esa noche.

El documento detalla de la presencia de estudiantes en el tramo carretero Iguala-Chilpancingo a las 19:40 horas y describe sus esfuerzos de tomar autobuses en la caseta del tramo carretero puente de Ixtla-Iguala entre las 20:00 y 20:50 horas. Adems, nota la llegada de los estudiantes a las 21:20 horas a la terminal de autobuses en Iguala. Estos fueron seguidos por la polica municipal mientras transitaban por las calles congestionadas. Cuando los autobuses llegaron a la interseccin de las calles Hermenegildo Galeana con Melchor Ocampo en el centro de la ciudad de Iguala, los normalistas descendieron de los mismos y agredieron con piedras a los elementos policacos, por los que estos ltimos respondieron la agresin, efectuando detonaciones de arma de fuego, segn el reporte.

Aproximadamente a las 22:15 horas, los militares establecieron comunicacin con Felipe Flores Velzquez, secretario de Seguridad Pblica de Iguala en aquel entonces. Flores Velzquez manifest con una actitud de reserva y tratando de minimizar los hechos, segn el documento. Dijo que su personal no tenan ningn carro detenido y que no se haban suscitado disparos de armas de fuego.

Uno de los pocos militares nombrado en los documentos revisados por The Intercept fue el Cap. 2 d/o Jos Martnez Crespo, quien, segn los reportes, pas la noche patrullando y estuvo presente en una clnica privada donde los estudiantes heridos llegaron a buscar apoyo. Los soldados tomaron fotos dentro de la clnica y una de las fotos, revel por Milenio, muestra a uno de los estudiantes sangrando por la cara mientras su compaero lo consuela. Segn los reportes militares, los estudiantes agradecieron al Cap. 2/o. Inf. Jose Martnez Crespo el apoyo brindado y dijeron que iban a salir para recibir atencin mdica en otro lugar.

Omar Garca, uno de los estudiantes en la clnica esa noche, recuerda el encuentro de manera diferente:

El Ejrcito nos sometieron. Nos dijo muchas cosas feas. Que habamos buscado [esto]. Que eso nos pasaba por andar haciendo lo que hacamos. Por ser revoltosos.

Ninguno de los jvenes recibi atencin mdica una vez que los soldados llegaron.

Los documentos militares sugieren que oficiales superiores en la Ciudad de Mxico haban tomado cuenta de la severidad de la situacin mucho antes que la reconocieron pblicamente. El Presidente Enrique Pea Nieto se distanci de los desapariciones, cancelando un viaje a Guerrero dada a malas condiciones climatolgicas.

Pero, un documento en poder de Turati demuestra que a las 9:45 a.m. del 27 de septiembre la maana despus de que los estudiantes fueron atacados y detenidos un visitante a la 27 Batalln en Iguala fue listado como residente en Los Pinos, la residencia oficial del presidente en la Ciudad de Mxico. El registro declara que el visitante, identificado como un capitn, vino a Iguala de vacaciones.

Video de la captura de Jos Luis Abarca y Mara de los ngeles Pineda Villa.

EL 4 DE NOVIEMBRE,sali un video mostrando una unidad lite de la Polica Federal descendiendo poco antes del amanecer sobre una casa supuestamente abandonada en un barrio populoso en la Ciudad de Mxico. El gobierno anunci entonces la detencin de la pareja, la cual se encontraba adentro, como una victoria en el caso.

Jos Luis Abarca, alcalde de Iguala durante las matanzas, y su esposa, Mara de los ngeles Pineda Villa, parecan los villanos perfectos. Abarca haba enfrentado una investigacin por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita y denuncias pblicas por un presunto homicidio. Su esposa vena de una familia de narcotraficantes y en alguna ocasin amenaz a un reportero que haba cruzado la raya con ella, advirtindole que cortara sus orejas. Sin embargo, no est claro que la pareja jugar un papel principal en las desapariciones como ha sealado el gobierno federal.

En noviembre, la PGR asegur que Abarca dio la orden de contener a los estudiantes despus de que entraron a Iguala. La orden, supuestamente se dio a travs de un radio policial usando el cdigo A5, misma que fue escuchada por David Hernndez Cruz, al cual los fiscales identificaron como un operador de radio. La declaracin de Hernndez Cruz ha sido citada en conferencias de prensa realizando avances en el caso.

La versin federal que apunta a Abarca como el genio criminal de la operacin en Iguala est basado ampliamente en lo que se proyecta en los archivos federales como un juego del telfono descompuesto: en el que Hernndez Cruz dijo que alcanz a escuchar a un polica de Iguala diciendo por la radio que una orden de detener a los estudiantes fue emitida por alguien con un cdigo, A5, ste asociado con el alcalde. La teora del gobierno est tambin basada en que Hernndez Cruz ocupaba una posicin que quiz no tena. De acuerdo a los reporteros Anabel Hernndez y Steve Fisher de Proceso, no hay evidencia de un empleado de nombre David Hernndez Cruz en la polica de Iguala. En febrero, la revista report que Hernndez Cruz fue abusado durante su custodia y puesto en libertad despus de su declaracin crucial.

Para presentar a Abarca y su esposa como los autores intelectuales detrs de las desapariciones de los estudiantes, Murillo Karam se bas en informacin proveda por otro testigo dudoso: Sidronio Casarrubias Salgado, identificado por las autoridades mexicanos como el lder de Guerreros Unidos. Casarrubias fue detenido en octubre y en su declaracin afirm que su grupo reciba aproximadamente 2 a 3 millones de pesos de manera regular de la oficina del alcalde de Iguala, manejado por Pineda Villa, su esposa.

El gobierno sostiene lo anterior como evidencia de los lazos criminales de la pareja, pero otras declaraciones que no cuadraban con esta versin fueron descartadas. En su declaracin, Casarrubias pint una imagen de un panorama complejo en el cual Guerreros Unidos y sus socios en el gobierno no slo el alcalde y su esposa sino tambin la polica municipal batallaron juntos para mantener el control de Iguala en contra y defenderse de Los Rojos, la organizacin rival. Casarrubias dijo que dos oficiales estatales haban aceptado sobornos considerables para permitir que Los Rojos entraran a Iguala mezclados con los estudiantes el 26 de septiembre. En su declaracin, dijo que est hecho encendi la violencia. De acuerdo con Casarrubias, miembros de Guerreros Unidos mataron a 17 integrantes de Los Rojos esa noche.

Las palabras de un lder criminal deben ser tratadas con escepticismo, por supuesto. Todava no queda claro cmo es qu la PGR determin que ciertas declaraciones aquellas que implican el ex-alcalde y su esposa recibieron extensa publicidad, mientras que otras que sugieren un amplio nivel de corrupcin no fueron expuestas.

Casarrubias no fue el nico de Guerreros Unidos que describi escenarios que no caban en la narrativa del gobierno. Numerosos miembros de esa organizacin criminal, por ejemplo, hablaron del papel que desempe una misteriosa figura de Guerreros Unidos identificado nicamente como Chucky (o Chuky o Choky).

Dependiendo de la declaracin, Chucky orden el ataque hacia los estudiantes porque haban sido infiltrados por Los Rojos; personalmente agarr a tres estudiantes y los tir dentro de su carro Mustang; se uni con la polica en los ataques fatales en la carretera hacia otras personas que no eran estudiantes; facilit la entrega de estudiantes capturados; fall en la entrega de estudiantes capturados; orden el asesinato de estudiantes fuera de Cocula; personalmente asesin estudiantes en un local fuera de Cocula; enterr estudiantes en un local fuera de Cocula; y posiblemente mantuvo estudiantes vivos despus de que la cronologa del gobierno los haba declarado muertos.

Segn las declaraciones, Chucky mide entre 1.45 y 1.55 metros de altura y tiene entre 25 o 35 aos de edad. La figura del Chucky destaca en las declaraciones de los miembros de Guerreros Unidos, quienes describen a detalle cmo asesinaron a los estudiantes de Ayotzinapa bajo sus rdenes. Sus declaraciones guiaron a investigadores a Pueblo Viejo, una comunidad donde 28 cuerpos fueron desenterrados de tumbas. Pareca como un importante avance en el caso hasta que oficiales estatales fueron forzados a anunciar que ninguno de los cuerpos pertenecan a los normalistas.

Chucky en gran parte desaparece de las declaraciones pblicas de la PGR y solo recibe mencin de paso en la verdad histrica presentada en enero. Chucky, la alegada infiltracin de Los Rojos y los 28 cuerpos son parte de las profundas enigmas del caso. Otra enigma es: Por qu algunos de los detenidos de Guerreros Unidos confesaron asesinar a los estudiantes en un lugar, como Pueblo Viejo, donde no hay evidencia de que los estudiantes fueron asesinados y bajo las rdenes de un tal Chucky, el cual nadie sabe ni su verdadero nombre?

La detencin de la Pareja Imperial tambin es perplejo. En febrero Proceso report el descubrimiento de dos documentos de la Polica Federal relacionados con el arresto. Un documento declara que fueron arrestados en la Ciudad de Mxico, y extrados de un taxi. El otro, fechado al da despus de que el video del arresto fue circulado y que se asegura que la pareja fue detenida en las inmediaciones de la SEIDO, en la capital del pas. Ninguno de estos documentos sugiere que la pareja fuese arrestada en la casa de Iztapalapa, en el Distrito Federal, como lo detallaba el video dado a conocer por los medios.

El 24 de abril, un tribunal revoc el auto de formal prisin contra Mara de los ngeles Pineda Villa. La mujer identificada en la prensa internacional como La Primera Dama del Asesinato haba sido detenido bajo arraigo por 60 das mientras los fiscales federales intentan formalizar cargos en su contra por el delito de delincuencia organizada. Segn Proceso, varios ordenes de aprehensin haban negados por falta de pruebas. El 30 de abril, cargos en contra de Pineda Villa por crimen organizado fueron restablecidos y ella permanece en custodia. Abarca, todava sealado por la PGR como responsable en la detencin de los estudiantes, se mantiene en una prisin de seguridad maxima.*

Estudiantes fueron confrontados por la polica en esta interseccin del Perifrico y Calle Juan N. lvarez.(Keith Dannemiller)

Keith Dannemiller

IGUALA ES EL LUGARnatal de la bandera mexicana y en la constitucin se ubica como La Cuna de la Independencia de Mxico. Siguiendo la desaparicin de los estudiantes surge un ttulo alternativo que fue pintado en la estacin de autobuses donde la violencia comenz: Cuna del Narcogobierno.

Mientras policas municipales fueron congregados el pasado otoo, evidencia de un narcogobierno era fcil de observar. A las seis de la maana del 27 de septiembre, 142 policas de Iguala fueron citados para contestar preguntas de los investigadores estatales y obligadas a exhibir sus armas, segn el informe entregado por el estado de Guerrero. Las armas pertenecientes a 22 empleados del departamento resultaron positivas en pruebas indicando detonaciones recientes. Al final, 48 de ellos sera parte de las 104 personas arrestadas en el caso.

En Cocula, 16 miembros de la polica municipal fueron eventualmente detenidos. Las declaraciones de muchos de los policas de Cocula estaban en los archivos federales revisados por The Intercept. Algunos policas de bajo rango dijeron que trabajaban turnos que duraban 48, incluso 72 horas, a cambio de un salario mensual menor a los 6 mil pesos, la mitad de lo que un integrante de Guerreros Unidos dijo que podan cobrar en un secuestro. Las declaraciones de los oficiales las cuales proyectan una noche de confusin, amenazas y encubrimientos proveen un retrato grfico de la colaboracin entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad locales, establecida mucho antes de la desaparicin de los estudiantes.

Sesenta y cuatro oficiales de la polica municipal han sido puestos bajo custodia por su alegado involvimiento en los ataques hacia los estudiantes.(Yuri Cortez/AFP/Getty Images)

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El 26 de septiembre, tres patrullas de Cocula con policas vestidos con equipo tctico fueron hacia Iguala para apoyar a los oficiales municipales de esa localidad mientras estos detenan a los estudiantes para llevrselos. Segn las declaraciones de muchos de los policas de Cocula, el subdirector Csar Nava Gonzlez fue quien estuvo a cargo de las rdenes durante esa noche. Los uniformados dijeron haber visto a los estudiantes ser transferidos al cuartel general de la Polica Municipal en Iguala, para luego ser transferidos hacia Loma de Coyote. Ah fueron entregados a los miembros de Guerreros Unidos. A las primeras horas del 27 de septiembre, los policas dijeron haber regresado a sus cuarteles en Cocula.

El ambiente era denso, dijo un oficial en su declaracin. Estbamos impactados, por los hechos que se haban presentado. Otras declaraciones de policas de Cocula coinciden en que Nava llam a media docena de oficiales para que se vistieran en ropa de civil, se armaran y salieran en vehculos sin marca. Algunos oficiales reconocieron su destino a la llegada: el rancho de Gildardo Lpez Astudillo, lder local de Guerreros Unidos, y mejor conocido como Cabo Gil. Estuvieron all hasta la salida del sol. En la actualidad, Lpez se encuentra prfugo.

Varias personas conectadas al departamento de Cocula describieron un esfuerzo por encubrir la verdad y tambin destruir evidencia, pues dijeron haber recibido rdenes para quemar documentos, confiscar videos de vigilancia y cambiar los nmeros de sus vehculos. No les dijeron el porque, segn un oficial. A nosotros como tropa no se nos informa nada de los cambios, dijo. Slo es entre jefes.

Nava tambin advirti a sus subordinados de no mencionar lo ocurrido. De acuerdo a uno de los oficiales, Nava envi un mensaje textualmente la maana del 27 de septiembre el cual dijo, Acerca de lo que pas a noche, ustedes no saben nada, no vieron nada. Otro oficial declar, Nos amenazaba que si no hacamos nuestro trabajo nos iba matar a nuestras familias o a nosotros.

Mientras la PGR reconoci pblicamente el intento de encubrimiento en Cocula, la entrelazada historia entre la polica municipal y el Ejrcito en la regin no ha sido mencionada en la versin oficial del gobierno.

El mayor retirado Salvador Bravo Brcenas, director de la Seguridad Pblica de Cocula y ex-soldado del 27 Batalln, describi en una declaracin de como perdi el control de su departamento a Nava. Todo comenz en junio del 2013, as dijo, cuando una persona con una cara alegre entr a su oficina buscando trabajo. Nava, tambin un ex-oficial militar, segn el peridico La Jornada, recibi empleo casi de manera inmediata junto con cuatro de sus compaeros.

Nava asumi el papel de subdirector y no tard mucho, dijo Bravo, antes de que empezaran ciertas irregularidades. Nava llev a sus subordinados a expediciones de tiro no autorizados, cerca del basurero en Cocula. Despus de que Bravo lo confront respecto al protocolo, su subdirector respondi textualmente, Mira Brcenas, a partir de este momento, yo voy a tomar las decisiones de la polica.

Bravo declar cuando se opuso, Nava envi otro texto advirtiendo, Ya tengo ubicada a tu familia. Fue seguido por fotos de la casa de Bravo y sus hijos.

Bravo dijo que se quej sobre Nava con el comandante del 27 Batalln de Infantera 27. El comandante, que no fue identificado por Bravo, le dijo que no debe preocupar. Ocho das despus, Bravo dijo que militares llegaron a Cocula y se fueron con Nava y sus seguidores. Sin embargo, regresaron ese mismo da, todava en compaa de los militares sin decirme palabra alguna, dijo Bravo.

Nava permaneci en el trabajo y fue detenido por el caso de Ayotzinapa con miembros de su grupo, segn la periodista Gloria Leticia Daz de Proceso. El testimonio de Nava no fue incluido en los materiales revisados por The Intercept. Nava permanece en prisin y su historia sellada en la investigacin del gobierno federal.

Miembros de un sindicato local de maestros marchan a travs de Chilpancingo en apoyo a los estudiantes el 14 de noviembre 2014.(Keith Dannemiller)

Keith Dannemiller

AMEDIADOS DE LOS 1970s,al tope de la Guerra Sucia en Mxico, fuerzas de seguridad hicieron desaparecer a cientos de personas rebeldes sospechosos y ciudadanos por igual. Tres dcadas despus, un nuevo conflicto se desata, desgarrando la estructura de la sociedad mexicana con ciudadanos desapareciendo a una escala sin precedente.

El 11 de diciembre de 2006, ex-Presidente Felipe Caldern orden el envo de miles de soldados a las calles de Michoacn, el estado colindante al noroeste con Guerrero, declarando as la guerra contra las atrincheradas organizaciones del narcotrfico. Ms de 100 mil personas han muerto desde entonces. Abastecidos por billones de dlares en equipo y entrenamiento de los Estados Unidos, las fuerzas de seguridad mexicanas, a todos niveles, han sido acusados de masivas violaciones de derechos humanos. En vez de reducir la violencia, en algunas regiones, sus campaas han dividido a los carteles establecidos y han disminuido a grupos ms pequeos como Guerreros Unidos que compiten por control de un territorio fracturado.

La lista de los asesinatos es slo un conteo parcial de las vctimas. Hay miles de personas desaparecidas desde que empez el conflicto, ms de 22 mil segn cifras del gobierno federal, aunque organizaciones creen que la cifra real es superior. Desde el 2006, un estimado de 70 mil migrantes de Centroamrica se han esfumado mientras cruzaban el pas, segn el Movimiento Migrante Centroamericano.

Como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, algunos de los desaparecidos mexicanos fueron vistos por ltima vez siendo montados en camiones de policas o del Ejrcito. En un reporte publicado en 2013, Human Rights Watch advirti que Mxico est sufriendo la crisis ms profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en Amrica Latina en las ltimas dcadas. El delito de desaparicin forzada est prohibido bajo la ley internacional y de acuerdo con el Estatuto de Roma, de la cual Mxico es parte, se puede asociar como un crimen en contra de la humanidad si se conduce en una forma de manera extendida o sistemtica. En su reporte, publicado ms que un ao antes de que los estudiantes fueran secuestrados, Humans Rights Watch agot detalladamente como las desapariciones forzadas se han manifestado en Mxico. Los patrones reflejan realidades como en el caso de Ayotzinapa.

El reporte apunta, por ejemplo, que cuando individuos son aprendidos por la polica o militares, son los familiares de las vctimas los que buscan informacin sobre el paraderos de estos y con frecuencia son informados de que nunca fueron detenidos. En Iguala, este fue el mensaje compartido por las autoridades a los equipos de bsqueda la maana despus que los estudiantes fueran capturados. En estos casos, los implicados en una desaparicin son ms tpicamente miembros de la polica municipal que miembros de otras fuerzas de seguridad. En el caso de Ayotzinapa, las nicas fuerzas de seguridad detenidas han sido los policas municipales de Iguala y Cocula. Y como explic Human Rights Watch sobre casos donde se involucran oficiales estatales y crimen organizado, Ms frecuentemente, miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las vctimas y luego las entregan a organizaciones delictivas. En el caso de Ayotzinapa, Guerreros Unidos parece que jug ese papel.

En Mxico, las investigaciones sobre desaparicin forzada se caracterizan por tener fallas sistemticas tales como mal manejo de la evidencia y negligencia en asegurar rpidamente la escena del crimen, apunt Human Rights Watch. Eso fue lo que pas en Iguala donde policas municipales guardaron los casquillos de balas de la escena del primer ataque, segn John Gibler del California Sunday Magazine. Tambin, el lugar del ataque no fue asegurado por horas. El manejo del basurero de Cocula, donde los cuerpos de los estudiantes fueron supuestamente calcinados, cre preocupaciones similares. Cuando The Intercept visit el basurero el 11 de noviembre, cuatro das despus que el gobierno declarar el rea como un probable lugar donde ocurri una masacre horrorosa, este no estaba protegido y era de fcil acceso.

Dentro de los sntomas ms penosos de desaparicin forzada, segn Human Rights Watch, es la intencin de oficiales del gobierno de convencer a los familiares que sus seres queridos estn muertos sin ninguna prueba sustantiva. Este escenario se desenvolvi en conferencias de prensa televisadas a nivel nacional sobre el caso Ayotzinapa. El resultado es que las familias, en lugar de que lo haga el estado, cargan el peso de averiguar lo ocurrido. Numerosos familiares renuncian a todo y abandonan as una carrera consolidada, someten a sus familias al desarraigo y concluyen relaciones de mucho tiempo para dedicarse completamente a la bsqueda de la persona desaparecida, segn el reporte de Human Rights Watch.

Mientras que el crimen de secuestro puede llevar una sentencia ms larga de prisin en Mxico que la de desaparicin forzada, las consecuencias para el estado son mnimas porque el crimen es atribuido slo al acusado. Ya que raramente se inician cargos de desaparicin forzada, el gobierno mexicano escapa sus responsabilidades. Si los casos de desaparicin forzada fueran continuamente perseguidos, esto podra proveer evidencia de abusos sistemticos, los cuales puedan iniciar cargos de crmenes en contra de la humanidad y posiblemente poner en peligro los billones de dlares designados para asistencia de seguridad que el Gobierno de Mxico recibe de Estados Unidos. Bajo la Ley Leahy, nombrado as por el autor de esta ley, el Senador Patrick Leahy, apoyo a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas en graves violaciones de derechos humanos es ilegal.

Fuera de la cancha de baloncesto en Ayotzinapa que sirve como punto de encuentro para las familias de los desaparecidos. (Keith Dannemiller)

Keith Dannemiller

ARIELDULITZKY,presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias con las Naciones Unidas declar ante The Intercept que aunque la versin del gobierno mexicano del caso de Ayotzinapa pueda ser cierta que fueron solamente los policas municipales que agarraron a los estudiantes la polica federal y el Ejrcito fallaron en prevenir las desapariciones. Al mnimo, eso debera ser investigado, dijo Dulitsky. Eso constituye, tambin, un crimen de desaparicin forzada la falta de prevencin apropiada por autoridades estatales.

Hasta la fecha, slo seis personas han sido condenadas por desaparicin forzada en Mxico. Como clasificar los crmenes de Iguala se ha convertido en una pregunta central. Bajo la ley federal de transparencia en Mxico, documentos de otro modo sujetos a proteccin, deben hacerse pblicos si indican graves abusos de derechos humanos, como en casos de desaparicin forzada. El otoo pasado, citando una ley de transparencia estatal, el estado de Guerrero divulg un informe detallando sus investigaciones en Iguala, reconociendo la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que ah se cometieron.

En febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos (IFAI), orden a la PGR entregar una versin pblica de la averiguacin previa del caso. Al principio, la PGR pele la orden, sosteniendo su derecho de mantener sus archivos de investigacin sellados por un perodo hasta de 12 aos, porque el caso es parte de una investigacin abierta contra el crimen organizado. Al presentar la desaparicin de los estudiantes como un hecho aislado de secuestro y crimen organizado, el gobierno federal pareca construir un escenario en el cual sus obligaciones hacia los padres concluyeron, su reputacin internacional y su asistencia de seguridad permanecieron preservadas, y los documentos contenidos en el expediente se mantuvieron privados.

Pero recientemente, la PGR parece estar cambiando su posicin respecto a divulgar los resultados de su investigacin. Despus de haber sufrido meses de crtica, Murillo Karam dej el cargo el pasado mes de febrero. The Intercept ha confirmado a travs de mltiples fuentes incluyendo la respuesta de la PGR a una solicitud de informacin entregada por reporteros en Mxico que la PGR est en proceso de cumplir con la orden del IFAI para que sta haga pblica su investigacin sobre el caso, aunque no se han establecido fechas ni plazos.

Al finales de Abril, oficiales annimos de la PGR declararon a La Jornada que fiscales federales haban introducido cargos de desaparicin forzada contra Abarca pero fueron negados por un tribunal. De acuerdo con las fuentes de informacin de La Jornada, la PGR ha apelado la decisin del juez pero ningn sospechoso ha sido acusado por desaparicin forzada de los estudiantes.

Sin embargo, la decisin del juez y la apelacin del PGR no son documentos pblicos y los abogados de las familias de los desaparecidos no han podido revisarlos. A pesar de repetidas peticiones, la PGR no ha provedo a The Intercept documentos o una respuesta oficial explicando el estado de los cargos de desaparicin forzada en el caso. Abogados mexicanos de derechos humanos declararon a The Intercept que la PGR tiene un largo historial desde la administracin de Caldern de fallos en confirmar cargos de desapariciones forzadas cuando se introducen en el tribunal. Como resultado, jueces frecuentemente dictan cargos de secuestro a los culpables.

Para los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, la esperanza para obtener justicia se apoya, en parte, sobre un equipo de expertos creado por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, la cual est conduciendo una investigacin independiente. En Abril, el grupo divulg un informe de sus esfuerzos, el cual indica que han revisado una parte importante de las 80 mil fojas del expediente provedo por la PGR. Adems, han entrevistado sospechosos que al presente estn bajo custodia del gobierno y se han reunido con estudiantes que sobrevivieron los ataques. Los normalistas guiaron a los especialistas de la CIDH por varios lugares en Iguala donde ocurri la violencia. Los investigadores, tambin anunciaron que entrevistaran a miembros del 27 Batalln de Infantera como parte de la investigacin. De la misma forma, los expertos hicieron varias recomendaciones al gobierno federal, incluyendo sugerencias para abrir nuevas lneas de investigacin.**

Espero que ellos tengan la oportunidad de estudiar la investigacin, hacer recomendaciones y que el gobierno siga esas recomendaciones, cit Ariel Dulitzky, el experto de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. Si eso ocurre, me siento muy optimista.

Si no, aadi, Quin sabe?

Editora asistente Andrea Jones contribuyo a este reportaje. Reportera independiente Andalusia Knoll y Jesse Franzblau, analista de poltica, contribuyeron en la investigacin.Traducido por Sylvia Moreno.Melissa del Pozo contribuy a la traduccin. Foto arriba (vehiculo encendio durante protesta en la zona militar en Chilpancingo):Edgar de Jesus Espinoza/Xinhua/Landov

* El 6 de mayo, La Comisin Especial del Partido de la Revolucin Democrtica concluy su informe sobre Jos Luis Abarca.

** El 11 de mayo, los expertos de CIDH presentaron un tercer informe sobre el caso de Ayotzinapa, en el cual confirmaron que un grupo relativamente numeroso de los detenidos que entrevistaron haban quejado de malos tratos y torturas.