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ESRC NGPA - RES 155- 25-0007 Social movements and the project of autonomy in Latin America (Argentina, Bolivia, Brazil and Mexico) (2008)

FINAL REPORT

The Zapatistas Movement Luciana Ghiotto and Rodrigo Pascual

Índice:

1. Características socioeconómicas de México y Chiapas

1.1 México y su camino económico

1.2 Periodización de la historia económica mexicana

1.3 El estado de Chiapas: datos macroeconómicos

1.4 Tierra y recursos naturales

1.5 El patrón de acumulación capitalista en Chiapas

2. Antecedentes para la conformación del EZLN

3. Organización del EZLN

3.1 Historia interna del EZLN: de la formación del EZLN (1983 – 1994) hasta la Guerra y de la

Guerra a La Otra Campaña (1994 – 2008)

3.2 La sociedad civil zapatista

3.3 El Ejército Zapatista (EZ)

3.4 Relación entre el nivel civil y militar

4. La autonomía y la experiencia del autogobierno

4.1 Relación con el Estado

4.2 Elementos de la autonomía: educación y salud

4.3 Los proyectos productivos como sustento de la experiencia autonómica

5. Relación con la sociedad civil nacional e internacional

6. La Sexta Declaración y la Otra Campaña

7. Las nuevas estrategias contrainsurgentes (2006-2008)

8. Algunas cuestiones en debate

9. Hipótesis luego de un breve recorrido

10. Bibliografía

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1. Características socioeconómicas de México y Chiapas

1.1 México y su camino económico

La imagen económica internacional que se ha presentado de México en los últimos 20 años ha sido

la de “exitosa”. Esto se debe a los resultados macroeconómicos registrados por el país.

Especialmente, quienes sostienen esta posición se basan en los buenos resultados que ha dado la

“aplicación” de políticas neoliberales desde al menos la década de 1980. Dos datos que

confirmarían este buen desempeño a nivel internacional son la entrada de México al GATT

(Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas, GATT por su sigla en inglés) en 1986 y la firma del

TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en 1994.

Efectivamente, la imagen favorable de México que se sembró no es totalmente falsa, pues hay

indicadores macroeconómicos positivos (Pickard, 2004). El problema es que no pueden verse los

indicadores en abstracto, sino dentro de un contexto más amplio. Según Pickard (2004), los

números utilizados por los gobiernos no reflejan que el 73% de los hogares mexicanos viven en la

pobreza o la extrema pobreza, a la vez que grandes número de personas son extirpadas de los

índices porque “sobran” del actual “modelo” económico, como sucede con las poblaciones

indígenas y campesinas. Estos en su mayoría son incapaces de competir con los mercados

internacionales en la producción de alimentos básicos históricos en México, como el maíz y el café.

Como país exportador México ocupa hoy el puesto número 11 a nivel mundial, a la vez que desde la

vigencia del TLCAN las exportaciones se incrementaron 3 veces, siendo éstas no sólo productos

primarios o de recursos naturales sino en un alto grado (88.4%) productos manufacturados de

sofisticación tecnológica. Aún así, tras 20 años de políticas neoliberales, el país no logra encontrar

una ruta que conduzca al crecimiento sostenido, ni la generación de empleos, ni la reducción de la

pobreza, lo cual llevaría a un mejoramiento de la vida de la población.

Un problema es que el crecimiento que ha permitido el TLCAN no ha salido de los sectores

exportadores, es decir, no se ha expandido al resto de las cadenas productivas mexicanas. A su vez,

el nuevo modelo exportador depende esencialmente de la salud de la economía norteamericana,

debido a que el 90% de las exportaciones tienen ese país como destino.

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Asimismo, el desenvolvimiento de la economía sin crecimiento dio lugar a que no se generaran, en

los años noventa, nuevos empleos. Mismo si el desempleo es un problema anterior al del

neoliberalismo, éste ha acentuado sus características. Los empleos que se crearon en este período

son de peor calidad que los anteriores. De esta forma, los desempleados tienen tres opciones: 1)

entrar a la economía informal mexicana (que representa hoy un tercio del PBI); 2) entrar a la

economía informal ilegal (narcotráfico, tráfico de seres humanos); 3) migrar a los EEUU (Pickard,

2004). Además, el empleo generado a nivel de la industrial es principalmente en las llamadas

maquilas, que son fábricas de producción para la exportación. La mayoría de las maquilas están

ubicadas cerca de la frontera Norte mexicana, la lindante con los EEUU, lo cual muestra que han

sido diseñadas directamente para el provecho de los turistas industriales: la materia prima que llega

desde los EEUU, que se manufactura en México a un valor mucho menor de la mano de obra, y

vuelve como producto terminado a cruzar la frontera para ser vendido a un alto precio en los

mercados altamente consumistas del Norte (Ghiotto, 2005).

1.2 Periodización de la historia económica mexicana:

Durante la etapa que comienza en 1940, aproximadamente, y llega 1982 se puede decir que México

se halla dentro de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Este modo de

desarrollo capitalista tuvo bastante éxito en generar empleo, incrementar el PBI y reducir ciertos

niveles de desigualdad histórica en México. Se podría decir que éste tuvo su primera manifestación

bajo el influjo de la presidencia de Lázaro Cárdenas durante los años treinta.

En 1982 se produce la renombrada moratoria de la deuda externa. Es en ese año que se ubica, en

México, el inicio de una nueva forma de desenvolvimiento capitalista: el neoliberalismo. La deuda

había alcanzado ese año los 86 mil millones de dólares, registrando un incremento de 330% en 6

años. Pero la banca internacional, mediada por representantes del gobierno de los EEUU, salva a

México al renegociar su deuda (y se salva a sí misma evitando un descalabro financiero

internacional) y no declararlo insolvente. Este momento marcaría una nueva relación de injerencia

del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la política económica del país, dando lugar, asimismo,

al comienzo de políticas neoliberales en México.

El modo de desarrollo capitalista neoliberal se ha basado en la implementación de políticas de

ajuste estructural que impulsan la apertura y desregulación de las barreras arancelarias mexicanas, a

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la vez que el recorte del gasto público, el desmantelamiento de gastos en políticas sociales, etc. Sin

embargo, el neoliberal trajo estancamiento económico, abriendo la llamada “década perdida” en

México. Hacia los años noventa esto quedó sellado con la firma del TLCAN, que virtualmente

mercantiliza nuevos sectores de la vida humana y natural (a través de sus capítulos de servicios y

propiedad intelectual) y pone la seguridad del capital (especialmente norteamericano, a partir del

capítulo de inversiones) por encima de las personas.

1.3 El estado de Chiapas: Datos macroeconómicos

Mapa 1 – Fuente: CIEPAC, 1998

Según datos censales de 2000, Chiapas cuenta con 3.920.892 habitantes, ocupando el octavo lugar

de las entidades estatales más pobladas del país. Pero los indicadores económicos generalmente

ubican a Chiapas como el estado más pobre de México. A su vez, es el estado con mayor cantidad

de analfabetos.

Chiapas es un estado pluriétnico y pluricultural. Se ha establecido que del 24 al 32% de la

población pertenece a un pueblo indígena. El 37% de los habitantes chiapanecos no habla español.

Los grupos indígenas se concentran principalmente en tres regiones: los Altos, el Norte y la Selva

Lacandona, y se dividen en gran medida en las siguientes etnias: Tzotzil (36% de la población

indígena), Tzeltal (34%), Chol (17.4%), Zoque (5%), Tojolabal (4.7%). Los grupos Mame, Chuj,

Kanjobal, Jacalteco, Lacandón, Katchikel y Cocho forman los restantes 2.3% de la población

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indígena del estado (Sipaz, sin dato de año).

En el estado domina un modo de agricultura de subsistencia que no da lugar a excedentes agrícolas

con los que tener ingresos económicos. El 83% de la población indígena está ocupada en la

agricultura.

Chiapas es el primer estado de México en cuanto a riqueza en agua y energía hidroeléctrica. Así, el

54% de la energía hidroeléctrica del país se genera solamente en el río Grijalva, en el estado

chiapaneco. Es paradójico que pese a ello gran cantidad de comunidades indígenas continúan

viviendo sin electricidad y sin sistema cloacal ni sanitario.

La pobreza es una de las principales características de este estado. Según datos censales, para el año

2000 el 76% de la población ocupada en Chiapas se situó en el rango de la pobreza (Pickard, 2004).

En el medio rural, el 85% de la población económicamente activa se encuentra en extrema pobreza,

pues sus ingresos no alcanzan el salario mínimo. Asimismo, gran cantidad de los hogares de la

población indígena no cumple con las condiciones mínimas de una vivienda digna: el 71% de la

población mantiene el piso de la vivienda de tierra, mientras que el 85,7% cocina con leña o carbón.

Siguiendo en esta línea, Chiapas ocupa el tercer lugar de desnutrición en el país, representando la

décima causa de muerte en el estado. Dentro de la población indígena, la desnutrición afecta al

71,6%. En Chiapas mueren 34.8 niños por cada 1000 nacidos vivos (mientras que la tasa nacional

es del 28 por mil), y ocupa el primer lugar en el país en mortalidad infantil por enfermedades

diarreicas.

A su vez, un gran número de comunidades indígenas (el 38.8% de la población) nunca ha tenido

acceso a la educación pública. Pero por otro lado, la educación se ha convertido en Chiapas un

mecanismo de (a)culturación occidental, por lo cual el sistema de educación ha despertado muchas

críticas en las últimas décadas. En particular, el movimiento zapatista ha convertido a la educación

en una de sus reivindicaciones, luchando por una educación autónoma, que les permita a los

pueblos indígenas recuperar su historia y su cosmovisión.

1.4 Tierra y recursos naturales

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Chiapas es un estado donde la reforma agraria implementada tras la Revolución Mexicana no llegó

a efectuarse. La tierra ha quedado en manos de unos pocos terratenientes. Este hecho convirtió la

tierra en uno de los principales factores de conflictividad social, que se ha profundizado con el

tiempo. La búsqueda de tierras generó sobre todo a partir de los años cincuenta, un complejo

proceso de migración hacia la Selva Lacandona. A esto hay que añadir que en los años setenta el

gobierno estatal decidió otorgar a unas pocas familias de la etnia lacandona más de 600 mil

hectáreas de la Selva sin haber satisfecho las necesidades de la restante y creciente población

indígena y campesina. Esto es uno de los factores por los cuales la Selva hoy en día es uno de los

escenarios de mayor conflictividad. Cabe recordar que Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel

nacional en el número de ejidos, con un total de 1,887. El 17% de la tierra de Chiapas es colectiva.

En el año 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución permitiendo que la tierra comunal y

ejidal pueda ser sujeta a la compra-venta libre (antes estaba prohibido, protegiendo la tierra

comunal y ejidal). Dicha Reforma hizo explotar la movilización social en todo el país, y su

derogación fue una de las principales demandas del levantamiento armado del Ejército Zapatista de

Liberación Nacional (EZLN) de 1994.

Para la implementación de esta reforma el gobierno implementa los Programas de Certificación

Ejidal y Comunal PROCEDE y PROCECOM, facilitando la compra-venta de las tierras y

profundizando la destrucción del tejido comunitario (Sipaz, sin dato de año).

En cuanto a los recursos naturales, Chiapas guarda una gran diversidad animal y vegetal debido a su

posición geográfica. Se conserva una superficie significativa de los bosques, destacando por su gran

biodiversidad la Selva Lacandona. En las últimas décadas esta superficie sufrió una fuerte

degradación a raíz de la explotación maderera y ganadera, así como de la fuerte presión humana

sobre la tierra. A esto se añade una serie de políticas gubernamentales contradictorias – que por un

lado intentan promover la conservación, pero por otro ha seguido instrumentalizando como una

fuente de recursos naturales mercantilizables. En este contexto se superponen macroproyectos de

“conservación ambiental” como el Corredor Biológico Mesoamericano, o el Proyecto de Desarrollo

Social, Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (PRODESIS). También se ha avanzado en la

conservación de la zona conocida como la Reserva Biosfera de Montes Azules (ver Mapa 2), creada

en 1978, y que cubre el 70% del territorio selvático de Chiapas, en donde se encuentra gran parte

del apoyo comunal del zapatismo. La existencia de esta reserva genera constante desalojos violentos

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de comunidades asentadas en tierras de propiedad fiscal, por motivos “ecológicos”1. Existen

también otros planes, tal como el Plan Puebla-Panama que siendo el proyecto de modernización y

reordenamiento territorial permitiría acceso y extracción de los recursos naturales (Sipaz, sin dato

de año). Actualmente, el 20% del territorio del estado está bajo protección oficial.

Mapa 2 – Fuente: CIEPAC, 1998

En este sentido, existen diversos proyectos del Estado local que han facilitado el saneamiento de las

cuentas fiscales, y que intentan avanzar sobre los recursos naturales locales:

1) Construcción de represas hidroeléctricas, en total 6. Chiapas cuenta con los dos ríos más

caudalosos del país: el Usumacinta y el Grijalva (ver imagen 1).

Imagen 1: Represa hidroeléctrica sobre el río Grijalva, cercana a la población Chiapa de Corzo (fotografía tomada in situ)

2) Gasoductos: en 2001 se produjo en Chiapas el 47% de la producción nacional de gas. 1 Datos de la Reserva Bisofera Monteas Azules extraidos de http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/montes/montes44.htm

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3) Exportación de petróleo: en 2001 Chiapas produjo el 21% de la producción nacional de

petróleo, contando con 118 pozos en el norte del estado.

4) “Ecoturismo”: provoca que la realidad comunitaria y territorial deba ajustarse a las

expectativas foráneas. Asimismo, la construcción de emprendimientos hoteleros en la Selva

provoca el desplazamiento de comunidades en áreas restringidas, y la destrucción del

medioambiente.

1.5 El patrón de acumulación capitalista en Chiapas

Chiapas es más parte de América Central que de México. Como señalamos, los efectos de la

Revolución Mexicana de 1910 casi no se hicieron sentir en Chiapas: los latifundios no fueron

quebrados. Tampoco tuvieron allí efecto las reformas de Cárdenas. Sólo algunas tierras fueron

redistribuidas, pero eran las de baja calidad.

El patrón de acumulación ha estado, y aún continua estando, basado en grandes holdings de tierras

expansivos. La producción central de esta zona es bananas, café y otras frutas tropicales, que son

crecidas principalmente para la exportación. También parte del negocio es la ganadería. Pero esta

ganadería se basa también en una forma expansiva de tierras, por lo cual la burguesía chiapaneca es

una de las más violentas de México, expulsando a los campesinos de las tierras más aptas para esta

actividad (A Commune in Chiapas?, 2002: 21). Los terratenientes del sector son principalmente

mestizos (de sangre española e indígena), mientras que los campesinos son casi en su totalidad

indígenas, por lo cual el proceso de violencia va acompañado de un fuerte racismo.

Los sectores del campo de México que quedan por fuera de las grandes fincas se basan en la

producción campesina, esto es, una producción para el consumo y no para la venta, sustentado en el

trabajo familiar. Esto es central ya que representa una porción importante del campesinado

mexicano, lo cual marca que grandes porciones de personas no han entrado en el sistema salarial.

Quienes lo han hecho, solamente han tenido empleos temporales en los ranchos de los latifundistas

o en las fincas. A su vez, gran parte de las mujeres se dedican a la agricultura familiar o a la

artesanía, la cual ha sido la única forma de tener contacto con la economía mercantil. Esto es una

gran diferencia con los estados mexicanos del Norte, donde las maquilas emplean principalmente a

mujeres, bajo el régimen salarial. En Chiapas, esto marca la existencia de un campesinado semi-

proletarizado (A Commune in Chiapas?, 2002).

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Los flujos migratorios en Chiapas han tendido a ir hacia el este, mientras los plantadores de café se

expandían hacia la región de Soconusco (sud-este de Chiapas). Pero a partir de 1954, los indios

Chol comenzaron a llegar a la Selva Lacandona. Pronto arribarían también desde Oaxaca, Guerrero,

Veracruz y Michoacán. De esta forma, la Lacandona se convertía en una válvula de escape para el

Estado mexicano, evitando los desmanes de los más pobres. Frente a esto, para los años setenta el

PRI otorgó ciertos títulos de propiedad sobre la tierra a algunas de las cabezas de familia, esperando

que ellos mismos se convirtieran en latifundistas, pero esto no ocurrió. De hecho, el poblamiento de

la Selva resulta un antecedente para la creación de las comunidades autónomas. Con anterioridad, la

Selva figuraba como el “desierto de los lacandones”. Hoy en Ocosingo hay cerca de 2.000

comunidades. Y la Selva fue rápidamente poblada: viven entre 500.000 y 700.000 personas.

A partir de los años setenta, llegaron a la zona nuevos grupos económicos que tenían la intención de

no sólo hacer explotación de los recursos agrícola-ganaderos de Chiapas, sino también de los

acuíferos. Esto marca el desarrollo de un nuevo patrón de acumulación, mediado por el estado, a

partir de tres ejes:

1) Se construyeron en Chiapas varios diques para proveer de energía hidroeléctrica a las

plantas fabriles en Veracruz y Tabasco. Mismo si estos proyectos dieron empleo esporádico

a los campesinos empobrecidos, éstos provocaron el exilio de muchas comunidades,

causado por las inundaciones tras la construcción de los diques. Un caso paradigmático de

esta realidad ha sido la gran inundación en el estado de Tabasco (que se encuentra al norte

de Chiapas) provocada por el desborde del río Grijalva en noviembre de 20072. Como

veremos más adelante, esta cuestión se vincula a su vez con el proyecto de Ciudades Rurales

Sustentables que está desarrollando el gobierno chiapaneco.

2) El descubrimiento de nuevos depósitos de petróleo en la región sud-oeste, justo en el límite

con Guatemala (el campo Ocosingo), en el medio del territorio zapatista.

3) La biotecnología avanza fuertemente en una región con una enorme biodiversidad,

especialmente en la zona de la Selva Lacandona.

2 Antonio del CIEPAC profundizó sobre la cuestión del manejo de las represas. Comentó que “el desgajamiento del cerro en San Juan Grijalva hay que tener claro que era por el mal manejo de las presas por parte de la Comisión Federal, porque es un río, el río Grijalva que cruza todo Chiapas. Y esas represas justamente están hechas para manejar el flujo del agua, pero como había muchísimas lluvias, y aumentó el nivel del río, pues con eso puedes producir más energía, porque la energía no va sólo para la red nacional, sino que es sobre todo vendida en su mayoría a los Estados Unidos, Guatemala y Belize. Entonces dicen, vamos a hacer más luz ahorita. Entonces dejaron que se llenaran tanto las presas que son 4 presas sobre el río que hubieran podido muy fácilmente manejar, que llegó al grado donde la presa está en riesgo, y entonces tuvieron que soltar todo. Sueltan todo y se inunda el 80% del estado de Tabasco. Pero si lo hubieran manejado bien, que para eso sirve también una presa, no sólo para producir energía, sino que para gestionar, manejar los niveles del agua, pues no hubiera pasado esto. Y bueno, entonces se desgajó el cerro de San Juan Grijalva y murieron 20 personas, más 5 desaparecidas” (entrevista a Antonio del CIEPAC, agosto de 2008).

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2. Antecedentes en la conformación del EZLN

Podemos aquí dividir los antecedentes en dos vertientes. Por un lado, los antecedentes inmediatos

de la aparición pública del zapatismo el 1ero de enero de 1994. Estos pueden marcarse a partir de la

asunción del nuevo gobierno neoliberal de Salinas de Gortari a partir de 19883. Las políticas

adoptadas afectaron fuertemente la vida de los indígenas campesinos de esta región.

Señalamos aquí tres grandes hechos:

1) Abolición del INMECAFE (Instituto Mexicano de Café), la agencia estatal designada

para comprar café y establecer un precio. Como consecuencia, el precio del café cayó

fuertemente.

2) Reforma de la Constitución, Artículo 27, que permitió la venta de tierras comunales (su

prohibición había sido una bandera del Partido Revolucionario Institucional -PRI-).

3) Entrada en vigor del TLCAN, que barrería la posibilidad de venta de café y maíz de los

campesinos más pobres.

Dentro de estos antecedentes, se puede identificar como detonante la violencia regional

indiscriminada, avalada por el gobernador del estado de Chiapas, Patrocinio González (1988-1993),

contra los indígenas que protestaran, e incluso contra periodistas. Ante estos hechos, las

organizaciones del campo tradicionales, como la CIOAC (Central Independiente de Obreros

Agrícolas y Campesinos) y la ARIC (Asociación Regional Independiente de Campesinos) se vieron

sobrepasadas, y los indígenas comenzaron a integrar el zapatismo.

En definitiva, el proceso inmediato que podemos señalar como detonante del levantamiento

zapatista son las políticas neoliberales de ajuste estructural llevadas adelante en México. Esto es lo

que se conoce como neoliberalismo. Así es que Guillermo Almeyra (2006) afirma que son tres los

factores que influenciaron en el levantamiento: a) la globalización financiera, subvertidora de las

estructuras familiares, comunitarias; b) la crisis de dominación política e ideológica provocada por

las políticas neoliberales que dejan a la gente sin futuro; y c) la creciente movilización y resistencia

social en búsqueda de alternativas a la destrucción neoliberal.

3 La victoria del PRI en 1988 fue seguida por graves acusaciones de fraude. El PRD, una escisión izquierdista del PRI, habría ganado las elecciones, su candidato era Cuauhtemoc Cárdenas, hijo del legendario Lázaro.

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Por otra parte, podemos identificar los antecedentes históricos. Señalamos aquí tres grandes

antecedentes.

1) La tradición comunal indígena: mismo si la tradición comunal indígena es importante, ésta

no debe ser exagerada. Pero sí es real la tradición de funcionamiento de los ejidos: las

decisiones importantes son tomadas tras lentos debates, y por todos. Los grupos indígenas

que componen el zapatismo son de tradición maya: los Tzetltals, Tzotzils, Chols, Mams,

Zoques y Tojolabals. Uno de los temas que debe ser complejizado es la participación de las

mujeres en la política autónoma. Un hecho importante sobre esto es que muchos de los

hombres no hablan castellano, pero en el caso de las mujeres, muy pocas lo hacen. Sobre

este punto en particular, pudimos ver tras el trabajo de campo realizado en el Caracol que

está ubicado en la zona de Los Altos, Oventic, que las mujeres mismo si participan de los

ámbitos de decisión, como la Junta del Buen Gobierno, en el momento de la interacción con,

por ejemplo, los visitantes extranjeros, tienen poca participación concreta en los encuentros,

y si lo hacen, es de manera pasiva.

2) La influencia de la teología de la liberación: el pueblo chiapaneco es fuertemente religioso.

Cada pueblo posee una iglesia. Existe una alta interpenetración entre religión y política. En

1974 se organizó en Chiapas el primer Congreso Indígena Fray Bartolomé de las Casas. La

Diócesis de San Cristóbal de las Casas cumplió un rol central en la convocatoria y en la

organización de éste. En tal sentido se destaca la labor del Sacerdote Samuel Ruíz, que

preparó en 2608 comunidades a 400 prediáconos4 y 8000 catequistas. Todos ellos

cumplieron roles de liderazgo y de organizadores de las comunidades.

Asimismo, Ruiz entretejió religión con las ideas maoístas a partir de sus contactos con la

guerrilla Línea Proletaria. El arreglo era que los sacerdotes llevarían adelante el trabajo

religioso, mientras que los maoístas manejaban la organización política.

Las ideas de la teología de la liberación tienen que ver con el momento político que estaba

viviendo Latinoamérica en los años sesenta y setenta: “En 1968 se realiza, por ejemplo, el Concilio de Obispos Latinoamericanos de Medellín, en la línea

del Concilio Vaticano II promovido por el Papa campesino Juan XXIII (Roncalli). Desde 1961, los

maristas comienzan a predicar el Éxodo de Egipto (o sea, en el cifrado lenguaje teológico, el rechazo

a la opresión capitalista) hacia la Tierra Prometida (un régimen de justicia y libertad). Este cambio de

estrategia de la Iglesia católica que comienza a echar raíces entre los indígenas fomenta enormemente 4 El diácono cumple una función similar a la de los sacerdotes. La diferencia radica en las capacidades religiosas que puede desarrollar. Asimismo, éste es un civil que puede estar casado. Los sacerdotes antes de ordenarse como tales primero son seminaristas y luego diáconos para luego sí alcanzar el sacerdocio. La diferencia con los diáconos civiles es que no puede contraer matrimonio.

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la democracia en las comunidades y la formación de dirigentes religiosos y políticos de las mismas,

pues los nuevos catequistas debían ser, a la vez, organizadores de las luchas cotidianas. De este modo,

los únicos depositarios del conocimiento y de la sabiduría ya no eran los ancianos pues aparecía una

nueva capa de indígenas letrados y politizados que actuaban al margen de las estructuras tradicionales

y al frente de los indígenas cooptados por el PRI…” (Almeyra, 2006: 20)

La experiencia chiapaneca no era la única en la que convergía Iglesia con pueblos indígenas.

El caso del Istmo de Tehuantepec mostraba también la formación de nuevos dirigentes,

muchas veces ligados al ala más radical de la Iglesia católica y otras, formados en las

Universidades de sus estados respectivos. Maestros, abogados, ingenieros, agrónomos, curas

de parroquia, todos ellos de origen indígena, comenzaron en el centro-sur de México a

sustituir como portavoces de sus comunidades a los viejos caciques y a construir

organizaciones independientes, sobre todo del PRI y del Estado.

De acuerdo con Guillermo Almeyra (2005), el levantamiento de enero de 1994 fue

preparado no sólo por los pocos guerrilleros urbanos refugiados en Chiapas, que contaron

con el apoyo de la Iglesia católica local. Lo fue esencialmente por las luchas decenales de

los indígenas en pro de reformas y derechos jamás obtenidos pero continuamente

reclamados con grandes movilizaciones y lo fue también porque en ese lapso se formaron,

en todo el territorio nacional, direcciones indígenas nuevas, jóvenes, locales, que el

gobierno, con su demagógico indigenismo, ayudaba involuntariamente a conocerse y

relacionarse entre sí. Entonces, no es que la Diócesis de San Cristóbal organizó al EZLN,

sino que ayudó a los indios a tomar conciencia de las razones de sus condiciones de vida y a

construir la autoorganización de las Comunidades Eclesiales de Base, creando una nueva

cultura política y religiosa (Matamoros Ponce, 2005).

De todas formas, la acción de la Diócesis de San Cristóbal no se produjo sin reacción de la

Iglesia oficial, quien combatió constantemente la acción de su ala radical.

3) Las guerrillas maoístas y guevaristas: en 1980 Línea Proletaria (LP) reemplaza a los

sacerdotes de las comunidades claves del campo, rompiendo el acuerdo con Ruiz. A partir de

allí Ruiz se relaciona con otra guerrilla, de ideas guevaristas, Fuerzas de Liberación

Nacional (FLN), que a partir de 1983 entran en Chiapas y aprovechan el trabajo previo de

LP. Su idea era armar un ejército, que luego sería el EZLN. Allí intervino un joven capitán

llamado Marcos. Ya en 1991 tendrían miles de reclutas, pero no sólo se concentrarían en la

organización militar (momento instrumental), sino que siguiendo el trabajo de LP, verían la

importancia de profundizar el trabajo social de base en las comunidades. A su vez, FLN no

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sucumbió a los coqueteos del gobierno nacional, manteniendo a sus cuadros lejos de ocupar

cargos políticos, así como no aceptando líneas de crédito y otras facilidades que ofrecía el

Estado.

A esta experiencia de guerrilla se suman dos corrientes migratorias vinculadas a la

persecución política: por un lado, muchos estudiantes sobrevivientes de la matanza de

Tlatelolco (1968) se volcaron a la Selva como lugar de refugio; por otro, cantidades de

exiliados de la guerra civil en Guatemala de principios de los años ochenta se escondieron

en la Selva Lacandona, debido a la cercanía con la frontera guatemalteca. Estos activistas

fueron parte de una nueva camada de jóvenes que volcó su experiencia política

revolucionaria en los pueblos indígenas de la zona. La Selva se convirtió en un colchón de

clandestinidad, en donde había total libertad y el Estado prácticamente no entraba; sólo a

fines de los años ochenta mandan al ejército para controlar la situación de desmanes

(Colectivo Situaciones, 2005).

Debido a su antecedente directo, el FLN, el EZLN llevó adelante en los primeros años de los

noventa, y hasta el fallido levantamiento, un formato de organización predominantemente

vertical y jerárquica, siguiendo un modelo guevarista y leninista. No obstante, los debates

que se sucedieron hacia 1993 acerca de la posibilidad de entrar en guerra o no marcaron una

fuerte crisis de este formato organizativo. A partir de febrero de 1994, cuando fueron

frenados por la ofensiva militar, los altos cuadros indígenas del Comité Clandestino para la

Revolución Indígena (CCRI) decidieron cambiar de estrategia: lo civil comienza a tener

cada vez mayor presencia sobre lo militar. De allí su llamado a la “sociedad civil”.

Otro punto, que creemos que es muy controversial debido a la resignificación de los elementos, es

que para autores como Almeyra (2006) y Gonzalez Casanovas (2001 y 2003), el zapatismo conjuga

a su interior antecedentes de la tradición revolucionaria-liberal francesa. De allí sus reivindicaciones

de libertad, igualdad y fraternidad.

Históricamente, tanto el Estado local como el nacional intentaron institucionalizar las luchas de los

pueblos indios. Esta política es conocida como indigenismo, y se realizaba principalmente

reemplazando las formas de organización indígenas por un sistema paternalista bajo el control

directo del estado local y de la Iglesia. Sin embargo, ambos indigenismos estimularon la

organización de los pueblos indígenas y contribuyeron involuntariamente a desarrollar la autoestima

de los indios (que veían en el reconocimiento aunque instrumental de la Diócesis y del gobierno

nacional una demostración de su propia importancia) al mismo tiempo que ayudaron a preparar

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nuevas capas de dirigentes de base (seminaristas, catequistas, diáconos, uno, cuadros sindicales y

políticos de base, el otro) (Almeyra, 2005).

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3. La organización zapatista

El EZLN se levantó en armas el 1ero de enero de 1994, ocupando las municipalidades de Huixtán,

San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas, Oxchuc y Chanal. Esta acción la

realizan al grito de ¡Ya Basta! En medio de una profunda conmoción, esa madrugada el EZ da a

conocer, desde los balcones de las diferentes cabeceras municipales, la Primera Declaración de la

Selva Lacandona (Ouviña, 2007).

Pero a partir de allí, el EZLN no va a funcionar exclusivamente como un ejército, sino que tras 14

años de historia, su estructura se ha dividido en dos grandes áreas: la parte civil y la parte militar.

3.1 Historia interna del EZLN: de la formación del EZLN (1983 – 1994) hasta la Guerra y

de la Guerra a La Otra Campaña (1994 – 2008)

Como toda organización guerrillera revolucionaria el zapatismo carga consigo una historia

mitológica. Aquella que cuenta que unos pocos mestizos e indígenas se internaron en la selva y

fundaron el EZLN el 20 de noviembre de 1983. Pero el mito fundante cae cuando observamos el

largo proceso de luchas desarrollado en Chiapas. Sin embargo, como todo mito posee un núcleo de

verdad. Es ese núcleo de verdad, que a nuestro entender se encuentra en el mito fundante del EZLN,

lo que aquí presentaremos.

Según cuenta el propio Subcomandante Insurgente Marcos (Muñoz, 2004), lo que actualmente es el

EZLN comenzó con un reducido número de guerrilleros que poseían una visión muy “tradicional”

(guevarista) de lo que es un ejército revolucionario. Por ello es que se internaron en la Selva para

conformarlo. Allí estudiaron tanto al ejército mexicano como al norteamericano, al mismo tiempo

que aprendieron sobre tácticas y estrategias de guerra, así como el uso de las armas. En otras

palabras, aprendieron a conformarse como ejército.

Marcos efectúa, en tal sentido, una división en 7 etapas de la historia del movimiento anterior a la

guerra, es decir, a 1994. La primer etapa se corresponde con el mismo año en que México entra en

default, la crisis de la deuda, es decir, con 1982. Hacia aquel año comienza lo que Marcos llama, un

proceso de evaluación de aquellos que pueden “dar con el ancho”, esto es, los que pueden ser parte

del ejército revolucionario.

16

A finales de 1983, más precisamente el 20 de noviembre, se marca el comienzo de la segunda etapa.

La misma se corresponde con la implantación del grupo inicial en la Selva. Marcos establece

aquella fecha como el día del nacimiento del EZLN.

La tercera etapa la posiciona con la apertura al estudio de los manuales del Ejército de los EE.UU. y

de México, además de realizar un proceso de reconocimiento topográfico, efectuando caminatas y

orientación. Al tiempo que comenzaron a efectuar estudios de historia mexicana.

La cuarta etapa es una etapa en la cual los guerrilleros empiezan a contactarse con las comunidades.

Es entonces que se efectúan relaciones con los pueblos de la zona. Así lo cuenta Marcos (Ramírez,

2004: 23) “Primero se hablaba con uno y ése hablaba con su familia. De la familia se pasaba al

poblado. Del poblado a la región. Así, poco a poco, nuestra presencia se convirtió en un secreto a

voces y en una conspiración masiva. En esta etapa, que corre paralela en tiempo a la tercera, el

EZLN ya no era lo que habíamos pensado cuando llegamos. Para entonces habíamos sido

derrotados por las comunidades indígenas y, producto de esa derrota, el EZLN empezó a crecer

geométricamente y a hacerse <<muy otro>>”.

Según cuenta esta historia interna, los fundadores del EZLN tenían una visión muy cuadrada, muy

tradicional de la lucha armada revolucionaria. Así, el cuadrado empezó a recibir golpes dando lugar

a la conformación de una nueva figura. El golpe se lo dieron las propias comunidades. La práctica

revolucionaria tradicional no encajaba con la práctica cotidiana de las comunidades indígenas. El

encuentro entre una y otra práctica es lo que, en palabras de Marcos, da lugar a la primer derrota del

EZLN. El cuadrado comienza a rodar. La visión tradicional deviene en una cosmovisión muy otra.

Este hacerse muy otro es lo que distinguirá a esta nueva forma de organización guerrillera. La

otredad se refiere tanto a la centralidad que poco a poco toman las comunidades – siendo esto lo que

ha mantenido vivo al zapatismo-, como también remite al modo en que se vive en las comunidades,

esto es sus usos y costumbres.

La quinta etapa se corresponde con un momento de crecimiento explosivo del EZLN. Se creció más

allá de la Selva Lacandona y se llegó a Los Altos y al norte de Chiapas. Los años precisos en que

ocurrió esto son difíciles de establecer.

La Sexta etapa es el momento de la votación de la Guerra, los preparativos, incluida la “Batalla de

17

la Corralchén”, en mayo de 1993. Esta batalla fue uno de los primeros enfrentamientos con el

gobierno federal. La séptima etapa es la de la víspera de la guerra.

Sintetizando los primeros veinte años del zapatismo, siguiendo a Muñoz (2004) se puede decir que

lo central de los primeros diez años fue la conformación del ejército y sus bases de apoyo. En

definitiva, la conformación del EZLN y las comunidades zapatistas. No obstante, la armas no son lo

central del movimiento, sino la vida de las comunidades, de allí su diferencia con la guerrilla

“tradicional”. Es decir, es una guerrilla donde el ejército, poco a poco, va siendo “vencido” por las

comunidades civiles. Sin embargo, el ejército tiene un papel muy importante: la defensa. En este

sentido, se puede decir que la diferencia con formas de lucha pacíficas y guerrilleras es la

combinación contradictoria de ambos momentos. Las armas son para no ser utilizadas.

La conformación del ejército fue acompañada de un trabajo en los pueblos. Resultado de aquél

fueron las instalaciones de clínicas, y otros servicios que el EZLN crea junto a los pueblos. Por otra

parte, son los propios pueblos los que mantienen el ejército y los servicios.

En los primeros años, los pueblos eligen un responsable local. Éste debe controlar, vigilar y llevar

información a su pueblo. Cumplen la función de enlace entre el pueblo y los insurgentes (ejercito

revolucionario). Luego se formaron regiones, donde sólo se reunían los responsables locales

quienes elegían al responsable regional. Se puede decir que en estos años iniciales, los pueblos

observan la diferencia entre los proyectos del gobierno y los del EZLN. Mientras que el gobierno

los trataba como ignorantes a los cuales había que llevarles las cosas resueltas, el EZLN los ponía

en un lugar activo, respetando sus necesidades, tradiciones, usos y costumbres.

La creación de los municipios autónomos fue una decisión que se tomó para organizar los territorios

ya controlados. En las Juntas de Buen Gobierno aprenden el autogobierno. Así como también se

organiza la autonomía.

La relación con la sociedad civil, luego del alzamiento armado de 1º de enero de 1994, fue tanto

sorpresivo como enriquecedor. Comienza a partir de allí un camino de encuentros y “alianzas”

temporales. En su mayoría poseen el carácter brindar solidaridad, así como controlar al Gobierno y

su Ejército. El trabajo del EZLN, específicamente, del ejército, es el brindar protección al las Juntas

de Buen Gobierno. Los años posteriores al 1ero de enero, entre otras cosas, implicaron un

aprendizaje de no caer en las provocaciones militares del Gobierno Nacional.

18

Desde 1994 a la fecha la historia del EZLN y del zapatismo se la puede dividir en cuatro etapas. La

primera correspondiente al alzamiento armado el 1ero de Enero de 1994 hasta los Acuerdos de San

Andrés. La segunda se situaría entre los acuerdos de San Andrés y la (traición de la) reforma

constitucional de 2001. La Tercer etapa corresponde al silencio en que entró el zapatismo entre

2001 y 2003, año en que se anuncia la conformación de las Juntas de Buen Gobierno. Por último,

podría establecerse una cuarta etapa que se ha abierto con la Sexta Declaración de la Selva

Lacandona y La Otra Campaña.

3.2 La sociedad civil zapatista

Hasta agosto de 2003 existían en territorio chiapaneco 5 Aguascalientes. Estos eran espacios donde

funcionaba el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCIR). A partir del 2003, el EZ

presenta una estrategia diferente, que tiene que ver con una lectura distinta de la situación nacional

e internacional. Entonces, el punto central de la estrategia pasa a ser la desmilitarización del

movimiento, y una apuesta política concentrada en lo civil, significando con ello la conformación

de modos autónomos de gobierno. Así, a partir de 2003 funcionan en territorio zapatista 38

Municipalidades Autónomas Rebeldes Zapatistas (MAREZ), constituidas por más de 1.100

comunidades rebeldes, cada una con 300 a 400 personas. Las MAREZ son instancias de

autoorganización civil conformadas por bases de apoyo de las comunidades, poblados o parajes

ubicados en un mismo espacio territorial, que en conjunto abarcan alrededor de 30 mil km² (cerca

del 40% del estado chiapaneco) (Ouviña, 2007).

El proceso de toma de decisiones civiles está dividido en distintas instancias las cuales están

conectadas entre sí. El Cuadro 1 muestra la forma de organización de la toma de decisiones así

como el modo en que se relaciona una instancia con la otra.

19

Cuadro 1 – Fuente: Burguete (2005)

De este modo podemos decir que el primer nivel de toma de decisiones es el nivel local. Allí cada

comunidad en cada poblado va nombrando sus autoridades. Nombran al agente comunal que es el

agente municipal. Y se nombran los Consejos Autónomos, máximo órgano de decisión política en

cada Municipio. Los consejeros tienen un trabajo voluntario.

El nivel municipal, que constituye un segundo nivel, pero que no expresa jerarquía y orden entre

ellas, aunque el poder siempre reside en el pueblo. A este nivel le corresponde la toma de decisiones

acerca de proyectos o de una escala mayor. Así, delegados de cada villa se reúnen en asambleas, las

cuales pueden durar hasta 2 o 3 días hasta que se llega a alguna forma de consenso. Estos espacios

designan sus “representantes” en las Juntas de Buen Gobierno, y tienen representantes permanentes

en los 5 Caracoles.

El nivel estadual está conformado por cinco Caracoles que reemplazan a los Aguascalientes,

repartidos en el territorio zapatista: Oventic, Roberto Barrios, Morelia, La Realidad y La Garrucha

(ver Mapa 3). Estos espacios son en sí mismos centros culturales que aglutinan aulas de escuela,

salas de asambleas, áreas de descanso y deportes, centros de salud, representaciones de las

20

cooperativas zapatistas, etc. En los Caracoles funcionan las Juntas del Buen Gobierno (JBG). De los

Consejos Autonómicos salen los representantes de las JBG, uno o 2 por cada Consejo. Estas tienen

una “jurisdicción” regional agrupando y administrando a varios municipios. Son, de hecho,

pluriétnicas. Su carácter regional al mismo tiempo les otorga la función de estar en coordinación

con otras regiones. En ellas se concentra la administración de la justicia, se media en los conflictos,

se otorgan certificados y documentos de identidad, al mismo tiempo se intenta armar planes de

relaciones económicas para la región y el diseño de acciones con objetivos determinados: sanidad,

educación, vivienda, etc.

Mapa 3 – Fuente: Gustavo Castro para el CIEPAC, sin dato de año.

En el caso del Caracol de Oventic, que es el que pudimos visitar para realizar el trabajo de

investigación, los integrantes de la JBG son 23, entre varones y mujeres. Los cargos duran 3 años.

La forma de organizarse entre ellos es a partir de una reunión por mes donde se juntan los 23

miembros, aunque en caso de urgencia, se realizan reuniones ad hoc. Han establecido 3 turnos de

trabajo, donde cada subgrupo se queda en el Caracol durante una semana completa, y luego regresa

a su comunidad para trabajar por 2 semanas en sus asuntos privados. Las decisiones son tomadas

por consenso, “al final depende de la plática de los 23, hacemos entonces un escrito que se gira a las

partes con la decisión de la Junta. Pero a veces no hay acuerdo entre nosotros, entonces se invita a

los involucrados y se va al lugar de los hechos, hablar con la gente de allí para ver qué nueva

decisión tomar, o no” (entrevista a Junta del Buen Gobierno de Oventic, agosto de 2008).

La estadía en las JBG es muy breve, de ese modo se evita la formación de “especialistas”, lo que a

la vez constituye un elemento de importancia en la construcción de poder (horizontal) (Almeyra,

2006). Esta breve estadía conlleva algunas dificultades como la posibilidad de tomas de decisiones,

21

lo que puede llevar a cierta inactividad. Según Almeyra, esto puede llevar a que la decisión recaiga

en el cuadro político-militar del EZLN que sí posee estabilidad, además de una visión más amplia y

estratégica. Esto mismo es compensado con que la rotación hace posible que se practique la

democracia radical; esto es la participación de todos y todas (aunque las mujeres aún están

relegadas) en los cargos administrativos, lo que da un aprendizaje de la administración de carácter

colectivo.

Según lo que afirma la JBG de Oventic, ésta tiene a cargo diversas áreas, como las de ecología,

cooperativas, salud y educación. Las decisiones acerca de cada una de ellas son debatidas de

acuerdo a las necesidades que presentan. En esta línea, “la Junta propone, no impone, porque la

Junta manda obedeciendo. Siempre depende del acuerdo de cada comunidad, el establecer sus

necesidades. Se hace una asamblea comunitaria, con hombres y mujeres, para ver cada caso: por

ejemplo, café, cooperativas, salud, educación. Si hay necesidad de por ejemplo una escuela hay que

proponerla al pueblo, y éste la aprueba” (entrevista a Junta del Buen Gobierno de Oventic, agosto

de 2008).

A la vez que lleva adelante estas funciones, la JBG se encarga de ser la voz del Caracol frente a la

sociedad civil, tanto nacional como internacional. Es decir que la JBG recibe a los visitantes que

llegan de diversas partes del mundo. Por un lado, esto es un beneficio, ya que concentra la atención

foránea en un espacio común de los zapatistas de una particular región. De esta forma, todos los

aportes financieros que llegan al Caracol son recibidos y administrados por la JBG. De esta forma se

evita que los fondos que se envían desde las organizaciones sociales europeas lleguen siempre a las

mismas comunidades. Con esta organización se genera un sistema más equitativo de reparto del

dinero foráneo.

Además, los no-zapatistas que llegan al Caracol y que deseen visitar algún municipio autónomo,

deben pasar primero por la autorización de la Junta. De esta forma se genera un mecanisno de

control que ejerce como seguridad para las propias comunidades. Entonces, la JBG centraliza las

informaciones acerca de quienes entran y salen de los territorios zapatistas.

Por otra parte, la misma cuestión de la cantidad de funciones que ejerce se puede volver un

problema, ya que se le dedica mucho tiempo a los visitantes, mientras que los miembros de las

comunidades deben esperar. Es que la JBG oficia como recepción de los problemas de los MAREZ,

pero también entrega los permisos para que, por ejemplo, los turistas puedan pasear libremente por

22

Oventic y saquen fotografías. Esta multiplicidad

3.3 El Ejército Zapatista (EZ)

El EZ se encuentra escondido en el territorio, por ser blanco de ataques militares. Su organización

se da de la siguiente manera:

− Cada destacamento envía representantes al CCRI local.

− Cada CCRI envía representantes al Comando General del CCRI, el cual cuenta con 80

miembros.

El Ejército se encuentra organizado de manera jerárquica: Comandante, Subcomandante, Mayor,

Capitán. Esta jerarquía se ha ablandado en los últimos años, especialmente al no haber ocurrido

nuevos enfrentamientos armados. Pero el EZ no es permanente. Una vez finalizado el

entrenamiento, los jóvenes son enviados nuevamente a sus casas. La fuerza con la que cuenta el EZ

era en 2003 de alrededor de 17.000 personas.

Existe una diferencia fundamental entre el EZ y el ejército del Estado mexicano: la aparente

ausencia de castigos e insubordinación (A Commune in Chiapas?, 2002). La entrada al ejército no

es obligatoria, pero sí se anima a los jóvenes a participar, especialmente cuando éstos están cercanos

a los 17 años.

3.4 Relación entre el nivel civil y militar

La relación entre ambos niveles parece estar caracterizada por las frases: “Mandamos obedeciendo”

y “Para todos todo, para nosotros nada”. La primera consigna hace referencia a la circulación de

representantes, así como el poder de mando está siempre en el pueblo, el representante tiene que

obedecer al pueblo; aun así, el EZ “manda”. La segunda hace referencia a una práctica ética,

diferente al PRI y al “mal gobierno”, de manejo de los fondos y del poder.

La dialéctica del “mandar obedeciendo” puede verse en las Leyes Revolucionarias del EZLN, como

la de “Los derechos y obligaciones de los pueblos en lucha”, “Los derechos y obligaciones de las

fuerzas armadas revolucionarias”, o la “Ley agraria revolucionaria”. Esta última permite propiedad

privada de la tierra hasta 100 hectáreas de tierra mala, y hasta 50 hectáreas de tierra buena, similar a

lo que planteaba el Plan Ayala de Emiliano Zapata.

23

Según algunos autores, estas leyes son una muestra de que para los campesinos no hay vuelta atrás

(A Commune in Chiapas?, 2002). Es una forma de comenzar un camino de autoorganización, que

iría en la ruta de los soviets o de los consejos obreros. Pero se trata de campesinos semi-

proletarizados: no se encontrarían en el lugar central para hacer una crítica del capital, pero sí

pueden reafirmar la comunidad humana por sobre un sistema que preferiría verlos muertos.

A partir de la conformación de las Juntas del Buen Gobierno, el EZ ha tendido a dejar prevalecer los

aspectos civiles por sobre los militares. No obstante, éste toma un rol de “garante” del buen

gobierno en las Juntas. Es decir, no participaría de las decisiones de las comunidades, pero sigue

siendo el veedor de que el gobierno local sea “bueno” y no derrape en un “mal gobierno”, como lo

es el gobierno estatal.

A pesar de este nuevo rol del nivel militar, en Oventic pudimos ver que se encuentra más bien

desdibujado. Es decir que no es claro el rol del EZLN en los ámbitos civiles. Cuando preguntamos a

la JBG de Oventic acerca de la relación con el EZLN, nuestros interlocutores expresaron su

sorpresa por este particular interrogante: “sobre la relación con el EZLN no se a qué te refieres, no

se qué contestarte... aquí todos somos EZLN” (entrevista a JBG Oventic, agosto de 2008). A esta

respuesta, se le agregó luego una explicación sobre el funcionamiento de la Comisión de Vigilancia.

Sobre esto, la JBG expresó que la Comisión de Vigilancia es una instancia civil, es decir que

“Comisión de Vigilancia la mandó el pueblo, porque es para vigilar el gobierno. La relación es la

que ha sido siempre. Por eso, como ven, de cada ingreso de dinero a la Junta, hacemos un recibo.

Lo anota la Comisión de Vigilancia en un registro. Y se informa al pueblo. El cargo de la Comisión

de Vigilancia no es un cargo anual, sino que se turnan semanalmente para el trabajo, para que sea el

pueblo testigo de lo que entra y sale. Pero todos pasan por la Comisión, porque lo mandó el pueblo”

(ibídem, 2008). Entonces, es la Comisión de Vigilancia la que se encarga de controlar que se cumpla

el “mandar obedeciendo”, pero sus miembros no son específicamente del brazo armado de la

organización, sino que son los mismos miembros de las comunidades los que rotan en estos puestos.

Esto garantiza una mayor apertura del rol de control, ya que todos pueden y deben pasar por allí,

nuevamente generando una instancia no-profesional de gobierno.

24

4. La autonomía y la experiencia del autogobierno

La noción de autonomía tiene en México una larga historia, debido a la actividad del vasto mundo

de las comunidades indígenas y campesinas. Las luchas por conservar su modo de vida frente a la

conquista, la colonia y la institucionalización de la Revolución de 1910 hizo de la autonomía una

noción recurrente, aun si el significado fue adquiriendo nuevos sentidos y determinaciones en el

tiempo. El zapatismo no introduce esta noción, sino que con ellos toma un nuevo sentido. “El

zapatismo operó, entonces, como una radicalización de la autonomía, a la vez que la relanzó como

hipótesis política con un alcance mayor” (Colectivo Situaciones, 2005: 16).

Pero, ¿a qué llaman los zapatistas autonomía? En primer lugar, cabe aclarar que “en las lenguas

mayas el concepto griego de autonomía no existe: las palabras que lo expresan quieren decir

<<Buen Gobierno>> (o sea, honestidad, justicia, equidad, lo cual no es lo mismo)” (Almeyra, 2005:

s/d). Dentro de la concepción comunitaria el Estado nacional queda excluido, ante éste se debe

lograr cierta independencia. Así se comprende que para las comunidades chiapanecas Estado es

equivalente a Gobierno, al Gobierno que se encuentra lejano y le es hostil. De este modo la idea de

México es algo difuso y externo a las comunidades. Sin embargo, los zapatistas, como todos los

indígenas, son nacionalistas. Esto se debe a que, en parte, buscan legitimar su existencia como

comunidad, al propio tiempo que dejar de ser consideras ciudadanos de segunda (Almeyra, 2005).

El debate acerca de qué se entiende por autonomía trasciende la especificidad del zapatismo, y de

México mismo. Se trata de un debate que intenta poner en el centro la relación hombre-hombre, así

como la relación hombre-naturaleza.

En el caso particular mexicano, el Estado nacional y chiapaneco condenan la autonomía zapatista

como “separatismo” o “balcanización”, mientras los sectores conservadores los acusan de intentar

una vuelta al pasado incivilizado, y a sus tradiciones de ritos y sacrificios humanos (Matamoros

Ponce, 2005). Para estas visiones (colonialistas), autonomía significa caos, significa

ingobernabilidad. Mismo si se paran desde el lado opuesto, otras visiones podrían coincidir con

estas apreciaciones: la autonomía es caos e ingobernabilidad para un sistema que deja a millones de

personas olvidadas, que no reconoce las diferencias (que destruye la “otredad”), y que desoye a las

minorías (aunque en el caso de un país pluriétnico como el mexicano, los pueblos indígenas apenas

pueden considerarse “minorías”). En ese contexto, la autonomía se convierte en “el reconocimiento

25

de las vitalidades racionalizadas de un mundo negado, la búsqueda de armonía del hombre en su

relación con la naturaleza y con el Otro: la solidaridad que es la base de la existencia humana”

(Matamoros Ponce, 2005: 257).

Pero, ¿de dónde viene la idea (y la práctica) de la autonomía? De acuerdo a diversos autores, la

autonomía era una práctica recurrente en los usos y costumbres de los pueblos indígenas que

habitan el suelo de lo que hoy es México. Se trata de una lógica democrática, que impacta

directamente sobre las formas de tomar decisiones y en la ética del comportamiento. Así,

Matamoros Ponce (2005) señala que sin comprender el arraigo de estas costumbres culturales no

podría entenderse que una guerrilla que se reivindicaba guevarista en sus comienzos (FLN) hoy no

luche por la toma del poder político, es decir, del Estado. Esto generó una serie de especulaciones a

nivel gubernamental acerca de “qué querían realmente estos guerrilleros”. Lo que en realidad

significaba es que no podían ser envueltos fácilmente al interior de las redes de clientelismo y del

poder político. Por ello, la autonomía provoca ante todo el disloque de los sectores acomodados de

la sociedad y del poder, que no pueden medir con su propia vara este tipo de movimientos: se

vuelven “inclasificables”.

La JBG de Oventic define así la necesidad de construcción de autonomía: “La autonomía es porque

el pueblo indígena vio que no se cumplieron los Acuerdos de San Andrés, y dejó de confiar en que

en algún momento se fueran a cumplir. Por ello es que estamos constituyendo la propia autonomía.

La autonomía es que el pueblo indígena haga justicia en su propia cultura, idioma y dialectos.

Autonomía es no depender del gobierno federal ni estatal” (entrevista a JBG de Oventic, agosto de

2008). La cuestión del ejercicio de la justicia por los propios zapatistas aparece como central en las

comunidades, y como un punto basal para el sostenimiento de la autonomía. No obstante la

centralidad de la aplicación de justicia, la autonomía zapatista en los Caracoles es bastante amplia

porque abarca la fijación del impuesto Hermano (en las transacciones, para redistribuir las

ganancias a las comunidades más alejadas de la posibilidad de comerciar), la selección de las

organizaciones (ONGs y otras) que pueden estar presentes en las zonas zapatistas, la autorización

de proyectos o inversiones en las mismas y las funciones de policía. A su vez, en las JBG no hay

división de poderes como en la democracia republicana (legislativo, judicial, ejecutivo), sino que

los 3 poderes se reúnen en la JBG. Estas tienen su propio sistema de reglas y su propio sistema de

penas. En definitiva, la amplitud del sistema de gobierno zapatista es de carácter antagónico a las

divisiones capitalistas de lo económico y lo político.

26

Así, pues, una cuestión central al momento de pensar la autonomía zapatista es que existe un

elemento distinto en este gobierno de lo que uno entiende como Estado-nación: las JBG rompen con

la separación economía-política, ya que son éstas las que se encargan de lograr el equilibrio con

otras regiones (por ejemplo, frente a donaciones de ONG europeas u otras). Las JBG se encargan de

sujetar las donaciones a las necesidades de todas las comunidades, que justamente están conectadas

a partir de cada JBG. Así evitan la generación de desigualdades o sistemas prebendarios al interior

de las comunidades. Se podría decir que las JBG representan una democracia radical con alta

rotación de los cargos, lo cual instaura la democracia como una forma de vida (Almeyra, 2005).

Asimismo, la JBG asume no sólo la representación política, sino que lleva adelante las decisiones

en el ámbito económico: decide sobre la producción, así como sobre la circulación y

comercialización. En este sentido, no existe la producción “privada”, individual, por fuera de las

necesidades de la comunidad entera. Pero mismo si la JBG decide acerca de lo económico, no es

una decisión que sea tomada separada de las propias comunidades, porque lo central es el ida-y-

vuelta que se produce a partir del diálogo entre los sujetos que viven la cotidianeidad comunitaria y

los miembros de la JBG. De ahí nuevamente podemos desprender el principio del “mandar

obedeciendo”.

Pero el principio de “mandar obedeciendo” no es sólo una forma poética y utopista, sino que es una

forma real de gobierno presente en las tomas de decisiones, que en la práctica cotidiana requieren

tiempo: ciertas decisiones pueden llevar semanas y hasta meses. Es un funcionamiento inentendible

desde la lógica occidental, pero “sin esa cohesión y solidaridad comunitarias, los indígenas no

hubieran podido resistir a más de quinientos años de explotación y expropiaciones” (Matamoros

Ponce, 2005: 279). Abonando a esta idea, Sergio Tischler señala que: El tiempo aquí y ahora, como ruptura precisamente de la temporalidad homogénea es el tiempo desde el

cual se produce el pensamiento del zapatismo. El pensamiento zapatista tiene una dialéctica entre el

pensamiento instrumental y el aquí y ahora del pensamiento horizontal, no homogéneo. Lo interesante de

esto es que dicen, bueno, sí, nosotros somos una organización que está destinada a desaparecer, somos una

organización, un elemento instrumental. Pero el elemento instrumental está subsumido en la dimensión

horizontal dialógica, la temporalidad heterogénea, múltiple, del sujeto. La dialogicidad es fundamental y de

alguna manera determina la dimensión y los límites de la instrumentalidad (Tischler, 2008: s/d).

Frente a esto, Almeyra (2006) sostiene que la democracia no sólo provino de los usos y las

costumbres de los pueblos indios, sino también, y fundamentalmente en este caso, de la Diócesis de

San Cristóbal de las Casas que enseñó a las comunidades a trabajar en consenso, y por tanto a que

las decisiones dependan de la Asamblea. Asimismo, no todos participan de las decisiones de las

27

asambleas por igual, es el caso de las mujeres, que en su gran mayoría no conocen la lengua

castellana, y no pueden participar igual que los varones de la toma de decisiones ni del acceso a la

información. También la tradición maya está basada en la “gerontismo”, donde priman las

decisiones de los mayores. Efectivamente, afirma Matamoros Ponce (2005), las tradiciones pueden

esconder formas de dominación reaccionarias, de no respeto a lo que hoy se concibe como la

universalidad de los derechos humanos. Entonces, no es cuestión de mitificar la autonomía

indígena, sino de reconocer sus elementos potencialmente disruptivos en el marco del capitalismo

globalizado.

Por ello, aparece una tensión entre la tradición cultural indígena, con ciertos rasgos de organización

comunitaria de tipo “autonómica”, y las prácticas asamblearias adquiridas a partir de su contacto

con la Diócesis de San Cristóbal y las enseñanzas políticas de las guerrillas guevaristas diseminadas

en la Selva. Lo que esta mezcla demuestra es que no hay un camino de la autonomía, sino que la

actual acepción de autonomía se construyó en el tiempo y de manera dialéctica: no existe un

concepto “puro” de autonomía, así como no puede encontrarse una práctica pura autonómica. A su

vez, no corresponde sólo a los usos y costumbres indígenas, como tampoco es responsabilidad

solamente de las enseñanzas de los curas tercermundistas, sino que es un proceso de construcción

autonómica con sujetos (y prácticas) diversos(as) que convergieron en la Selva chiapaneca. Por ello

se puede hacer hincapié en cómo el zapatismo reformula el concepto de autonomía y lo compone a

partir de sus propias necesidades prácticas. La autonomía, en este caso, también debe ser entendida

como un modo de lucha contra las formas de dominación del capital y su forma de capitalismo

colonial.

Por otra parte, en la autonomía zapatista aparece un conflicto entre legalidad y legitimidad. Como

planteaba André Aubry: “La legalidad es la constitucional que es ilegítima. Las organizaciones

zapatistas, las Juntas del Buen Gobierno y los Consejos Autónomos son legítimos e ilegales. No son

dos legalidades, es un conflicto ente legalidad e ilegalidad. Que es un problema esencialmente

revolucionario. Lo legal es ilegítimo. Entonces, la legalidad la dejamos, no la respetamos.

Construimos una nueva legitimidad, esa legitimidad una vez plasmada en la Constitución vuelve a

ser legalidad, y empieza la armonía entre legalidad y legitimidad. Pero actualmente es

incompatible” (en Colectivo Situaciones, 2005: 87).

No obstante, la experiencia de la autonomía zapatista presenta algunos límites. Según Guillermo

Almeyra (2005), éstos serían principalmente dos: de un lado, la propia existencia del EZLN (o sea,

28

la imposición por el Estado mexicano de un cerco y de un alerta bélico que hace que parte de la

comunidad deba dedicarse a su defensa armada y dedicar a ella tiempo, medios y cuadros

sacándolos de la producción), y del otro, el mercado (la miseria de las zonas zapatistas, que obliga a

depender del mercado de artesanías, del mercado de insumos, del mercado de trabajo, del mercado

del café y de los granos básicos, del precio del combustible, etc).

Otro límite es la no superación de las divisiones étnicas y religiosas que hace que muchos

municipios se establezcan sobre una base monocultural y monolingüística y que en muchas

comunidades las divisiones entre católicos y protestantes sean aún muy graves, al igual que las que

existen entre los católicos tradicionales y los de la teología de la liberación y/o indígena. Dentro de

esta línea, un límite que aparece en el camino rebelde del zapatismo es el rol político aún limitado

de la mujer, cuestión que debe ser subsanada en el camino de construcción de una nueva cultura de

relación de géneros (Ouviña, 2007).

Asimismo, otro límite puede encontrarse en la propia figura de Marcos, que ha significado una gran

centralidad en las decisiones del EZLN. Es probable que las declaraciones colectivas hayan sido

formuladas en pequeños grupos, lo cual marca un límite en la democracia y apertura de las

decisiones políticas del movimiento. De todas formas, la relativa desaparición de Marcos de la

escena pública, sumada a la estrategia de desmilitarizar el movimiento (desde 2003), ha tendido a

poner en el centro de los debates la autonomía civil de las JBG y los Caracoles, que son justamente

los espacios más colectivos.

Por otra parte, la generación de la autonomía ha creado un nuevo problema: no se depende del

financiamiento del Estado para, por ejemplo, la salud y la educación autónomas. No obstante, el

desarrollo del proceso ha mostrado una nueva dependencia: del dinero de las ONG europeas y

norteamericanas. Mismo si el funcionamiento a través de las JBG ha logrado democratizar

interiormente los fondos que llegan para el movimiento, la dependencia del dinero extranjero tiende

a convertir a los proyectos autónomos en rehenes del dinero que ingresa. Frente a la pregunta acerca

de la dependencia del dinero extranjero, Antonio del CIEPAC respondió que “Sí, muchísimo se

depende. Yo creo que sí se sostendrían en el sentido de que la gente los ve como un servicio a la

comunidad, así que de por sí la gente no es financiada para hacer esos trabajos. Lo que sí es

financiado son las cuatro paredes, el pizarrón, los lapiceros, los cuadernos. Entonces sí que se sufre

mucho por la falta de apoyo. Y sí es interesante hacer esa pregunta, porque se habla de la

autonomía, ¿pero la autonomía es ya no depender del gobierno pero sí depender de otro? ¿O será

29

que la autonomía será construir la autogestión?” (entrevista a Antonio del CIEPAC, agosto de

2008). Se trata entonces de un tema clave: la necesidad de que autonomía vaya de la mano de la

autogestión. Pero claro, ¿cómo autogestionar proyectos en el marco de la falta de recursos

monetarios que tienen los zapatistas? Esto pone en evidencia que la autonomía no puede ser

idealizada como islas territoriales no-capitalistas, ya que la dependencia del dinero sigue siendo

central para el desarrollo de los proyectos autónomos.

A su vez, esto abre una cuestión cercana a la mencionada más arriba, y que hace a la construcción

de la autonomía del estado mexicano. Es decir que los zapatistas han desarrollado su autonomía

tratando de mantenerse lejos del dinero que da el gobierno local, debido a que no esperan nada del

Estado. Pero, ¿de dónde proviene el financiamiento que proveen las ONG, por ejemplo, europeas?

En gran parte, estas ONG reciben el dinero de sus propios Estados (nacional o local), y en gran

parte no se trata de que éstos tengan gobiernos progresistas, sino más bien de derecha. En el caso

particular del grupo Ya Basta! de Milan, quienes colaboran con el sostenimiento de la salud

autónoma en Chiapas (por ejemplo, han donado una ambulancia en Oventic), una parte importante

del dinero que recaudan viene del estado regional de Lombardía, que otorga dinero para proyectos

sociales5. Entonces, los zapatistas cuestionan el dinero que proviene del estado mexicano, pero no

cuestionan de dónde proviene del dinero con el que sostienen sus proyectos. Lo que esto muestra

son dos cosas: por un lado, expresa la abstracción del dinero en el capitalismo; por otra, señala la

dificultad de construir un proyecto autónomo al interior de las relaciones sociales capitalistas,

justamente por la dependencia del dinero.

En lo que hace a la relación EZLN – comunidades, es a partir del 2003 cuando podemos decir que

el EZ deviene claramente en un “instrumento” del movimiento, y no su eje central de organización.

La búsqueda de mayor “civilidad” se presenta en darle mayor poder a los espacios civiles de

decisión, saliéndose del CCIR. Separan en los Aguascalientes las JBG del CCIR, quedando 2

estructuras diferenciadas. Según las palabras del propio Marcos (en La Treceava Estela) la situación

anterior era una situación “anómala”, porque lo militar estaba en el gobierno, mientras que un

verdadero autogobierno debe ser civil, y, por otro lado, debe empezar a utilizarse más la razón (la

palabra) por sobre lo militar (el fuego): no se puede gobernar militarmente. Había que separar

ambas estructuras.

5 Información obtenida a partir de una conversación con Dario Azzellini, miembro del Grupo FELS de Alemania.

30

La creación de las Juntas de Buen Gobierno continúa la experiencia de lo que Araceli Burguete

(2004) llama autonomías de facto. Es decir, se trata de autonomías no reconocidas por el Estado

chiapaneco. La autora plantea que las autonomías de facto contienen el problema de provocar una

alta fragmentación entre las comunidades indígenas. Es decir, se establece una fuerte división entre

comunidades zapatistas y no-zapatistas. Lo que se produce es una fuerte tensión en el propio

territorio, pues, la escasez de todo lleva a que todo sea disputable; el territorio es la base desde la

cual se produce esa disputa. Ante ello es que se dispone la conformación de las Juntas de Buen

Gobierno. Estas intentan dar una mejor forma a las autonomías de facto. Es decir, tratar de

comunicar a las comunidades zapatistas entre sí al tiempo de no entrar en enfrentamiento con las

comunidades no-zapatistas.

En este último sentido, las políticas que se elaboran en las JBG son para todos, se pertenezca o no a

una comunidad zapatista. Así, por ejemplo, los distintos servicios que se pueden obtener en las

comunidades zapatistas pueden ser utilizados por aquellos que no son zapatistas. Sobre esto, la JBG

de Oventic señala que “Claro que hay problemas entre los zapatistas y los no-zapatistas, pero como

zapatistas nosotros hablamos para ver cuáles son los acuerdos a los que se puede llegar. Y ver si se

pueden juntar para impartir justicia. (...) Aquí no hacemos distinciones de personas, ni raza, ni color,

ni partido político. La Junta es para todos, no sólo para los zapatistas. Pero no trabaja con el mal

gobierno. La justicia no se compra ni se vende” (entrevista a JBG de Oventic, agosto de 2008).

Las JBG en este mismo nivel, el de la relación con las otras comunidades, también son una señal de

un nuevo intento del EZLN de alcanzar un proyecto centrado en lo civil. En otras palabras, las JBG

expresan que la lucha del EZLN no es una lucha que busque la balcanización, la polarización, sino

el hermanamiento de los de abajo.

4.1 Relación con el Estado:

Podemos aquí diferenciar dos niveles de estatalidad. Por un lado, el Estado chiapaneco, y por otro,

el Estado Nacional.

Tras el levantamiento armado del zapatismo en 1994, el Estado Nacional Mexicano tuvo dos

estrategias para lidiar con los insurgentes: la represión directa y la “guerra de baja intensidad”, y por

otro la negociación directa. En el camino de la negociación se lograron dos hitos importantes.

Primero, la iniciativa de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, impulsada por la Comisión de

31

Concordia y Pacificación (COCOPA) en 1996. Por otra parte, los Acuerdos de San Andrés, firmados

en 1996. Este último significaba un gran avance en materia de reconocimiento constitucional de los

derechos de los pueblos indígenas. Entre otras cuestiones, garantizaba la posibilidad de que tengan

sus propias formas de organización social, autogobierno y producción colectiva (Ouviña, 2007).

Sin embargo, los Acuerdos de San Andrés jamás entraron en vigencia con la presidencia de Ernesto

Zedillo (PRI). Durante la presidencia de Vicente Fox (PAN) los zapatistas realizaron gestiones, al

tiempo que efectuaron grandes movilizaciones como la Marcha del Color de la Tierra (2001), para

que el Parlamento nacional diera su acuerdo a los tratados, lo que primero fue rechazado por los

parlamentarios de todos los partidos políticos, incluido el PRD, y luego por el Poder Judicial. “Del

fracaso de estas iniciativas y de la total falta de reconocimiento de los derechos reivindicados por el

zapatismo surgió la decisión de volver a las comunidades y llamarse a silencio, situación que duró

casi cuatro años y durante la cual maduraron, en territorio zapatista, las formas de auto-gobierno

plasmadas en las Juntas” (Colectivo Situaciones, 2005: 20).

Por otra parte, recién en 2001 se sancionó la Ley de Derechos y Cultura Indígena, pero estuvo lejos

de ser un triunfo de la causa zapatista. El proyecto aprobado difería sustancialmente de lo trabajado

en el marco de la COCOPA, ya que contenía modificaciones introducidas por el propio Zedillo y

por el Senado. Las modificaciones son sustancialmente cuatro: 1) reconoce a las comunidades como

“de interés público”, y no como sujetos de derecho; 2) el acceso a la tierra se media por “las formas,

modalidades y limitaciones establecidas para la propiedad por esta Constitución y las leyes”,

mientras que en el proyecto COCOPA se sostenía que podían "acceder de manera colectiva al uso y

disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del

hábitat que los pueblos indígenas usan y ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a

la Nación"; 3) la Ley plantea que "Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán

coordinarse y asociarse en términos y para los efectos que prevenga esta ley". Desaparece la

posibilidad de asociarse en términos regionales, limitando la asociación a los municipios existentes,

negando el derecho a la autodeterminación, y anulando un mecanismo que representa la única

garantía de reconstitución de los pueblos indígenas después de más de 500 años de fragmentación y

marginación; 4) la Ley señala que "Para establecer la demarcación territorial de los distritos

uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y

comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política". Está, entonces, en contra de

que los pueblos indios tengan una representación específica, a través de una circunscripción

plurinominal propia, sino porque ya no se "deberá tomar en cuenta la ubicación de los pueblos

32

indígenas", sino que se establece que esto se hará solamente "cuando sea factible" (Burguete, 2004).

Asimismo, como señala Araceli Burguete (2004), los propios textos de los Acuerdos de San Andrés

atentan contra la forma autonómica de organización. Lo cierto es que en ninguna parte de los

Acuerdos quedó establecida la figura de municipios autónomos. El acuerdo dice que “La base de la

organización territorial y de la organización política y administrativa del Estado es el municipio

libre”. Entonces aparece una tensión entre el municipio libre y el municipio autónomo.

La doble interpretación a la que da lugar el Acuerdo fue utilizada por los legisladores que

reformaron la Constitución Nacional mexicana en 2001, donde se privilegió el municipio libre

sobre las formas autónomas de autogobierno indígena. Los municipios autónomos quedan negados

por los municipios libres. De este modo toda remunicipalización que se realice queda atada al

imperio de la institución municipal tradicional (estatal).

A partir de esto, los proyectos de remunicipalización de Chiapas son percibidos y denunciados por

el zapatismo como una estrategia del gobierno para anular sus formas de organización política. En

los acuerdos de San Andrés los negociadores zapatistas omitieron que se estaba aceptando la

remunicipalización libre. Y lo que finalmente fue sancionado perjudica los proyectos zapatistas: la

figura del municipio libre no se realiza con el previo reconocimiento jurídico del municipio

autónomo. No obstante el rechazo zapatista, el llamado proyecto alborista (debido al nombre del

entonces gobernados chiapaneco Roberto Albores) abrió el llamado a las demandas de

remunicipalizaciones; en 1998 la prensa recogió alrededor de 100 pedidos de remunicipalización.

Sin embargo, 40 fueron las solicitudes debidamente entregadas. A pesar de ello, al finalizar los

gobiernos de Zedillo y Albores, en 2000, ninguna de estas solicitudes llegaron a concretarse. De

todas formas, las localidades zapatistas que se declararon autónomas de facto no habían aceptado en

1998 el ofrecimiento de Albores.

De la Reforma Constitucional de 2001, llaman la atención cuatro aspectos: 1) que la única forma de

organización social, política y cultural que la Reforma permite a los pueblos indígenas, es la del

municipio libre; 2) que la única forma para que el autogobierno local pueda realizarse es la del

ayuntamiento municipal; 3) que las únicas autoridades indígenas que la Constitución reconoce son:

presidente municipal, regidores y síndicos; y, 4) que la única forma de elección de autoridades

locales, es mediante el mecanismo de las contiendas partidarias, con voto libre y secreto (Burguete,

2004). Por otro parte, lo que deja en claro la Reforma es que la existencia de los municipios libres

33

deja intacta la separación entre las esferas económica y política, pues el municipio es una instancia

de ordenamiento político que debe sujetarse a la Constitución Nacional.

En 2003, la conformación de las JBG fue una respuesta a la acción contrainsurgente del gobierno,

es decir, a la propuesta de remunicipalización, así como también lanzó un desafío a la inacción del

gobierno de Vicente Fox. De este modo, las JGB asumen como propio lo acordado en San Andrés.

Simultáneamente, las JBG son un intento de reorganización de los municipios autónomos.

A las JBG el gobierno de Fox respondió con indiferencia. El vocero de la presidencia respondió con

un mensaje pacificador, en el cual enunciaba que los zapatistas estaban ejerciendo un derecho

“ciudadano”. Al mismo tiempo al desentenderse del problema, lo estaba lanzando al gobierno

estadual. Entonces, se pueden leer dos estrategias del gobierno de Fox: a) desentenderse del

conflicto zapatista y dejar la responsabilidad de la negociación al congreso local de Chiapas; b)

reducir a las instituciones de gobierno autonómico al nivel comunitario, reconociendo a las JBG

como Juntas Municipales Auxiliares; esto es, como delegaciones o agencias municipales, lo que

incluso marca un retroceso frente a las ofertas de remunicipalización que había impulsado el

gobierno del PRI (Burguete: 2004).

4.2 Salud y educación autónomas.

La educación ocupa un lugar central para los zapatistas. Como señala un promotor de educación

secundaria, ésta “surgió porque vemos que la educación del mal gobierno, las ideas que da son

personales, que le mete a los jóvenes sus propias ideas. No hay visión para el pueblo. Y ahí surge la

educación autónoma. Pretende desarrollar que los jóvenes conozcan su propia forma de vida, cómo

debe ser la educación para ellos” (entrevista a promotor de educación secundaria, Oventic, agosto

de 2008). Así fue como en el año 2000, en el caso del Caracol de Oventic, la educación autónoma

tomó cuerpo en la escuela secundaria. Más tarde nacería la primaria autónoma, porque primero se

necesitaba que se formara una camada de jóvenes promotores de educación, es decir, sus propios

maestros.

Además de politizar, la enseñanza hace posible que los indígenas hablen y escriban castellano, así

como su propia lengua maya. Los maestros son de la misma comunidad, no son externos. Un

problema que se presenta es que se necesitan manos en el campo, por ello muchos niños abandonan

la escuela a los 12 o 13 años. Pero lo que se intenta hacer con la educación es que los estudiantes

34

graduados utilicen lo que han aprendido para el beneficio de la comunidad, ya que hay muchas

labores que hacer allí.

El trabajo de la formación de educadores (promotores de educación) es muy importante. Sin

embargo, esto último se ve limitado por las migraciones hacia el norte (USA o estados del norte de

México). Otra cuestión importante es la lucha por incorporar a las mujeres a la educación. Una

barrera fundamental ha sido el patriarcalismo existente entre los indígenas. En este sentido, la

prohibición de la prostitución en las comunidades zapatistas ha ayudado a establecer una relación

más igualitaria entre hombres y mujeres, así como a disminuir enfermedades. Asimismo, el sistema

de educación autónoma es hasta ahora sólo para zapatistas, pero se plantean como un desafío el

poder abrirse al resto de las comunidades.

Uno de los problemas que se presentan es cómo financiar las necesidades de la escuela autónoma.

En esa línea, el promotor explica que “la Junta del Buen Gobierno ha apoyado, pero principalmente

el dinero entra en el Centro de Lenguas Mayas, donde se enseña castellano y tzotzil. Porque hay

personas que vienen aquí y no saben castellano, entonces aquí se enseña. Es una escuela bilingüe

(...) Los estudiantes que llegan tienen que pagar un poco, depende de dónde vienen. Si son

extranjeros, como los países tienen diferentes realidades, se les pide el salario mínimo de su país. A

veces vienen grupos de estudiantes extranjeros y entra apoyo porque dejan algo. Ese dinero entra a

la escuela para sostén del sistema de educación zapatista. También para las primarias” (ibídem,

agosto de 2008). Pero en ese marco, la cuestión del mantenimiento del sistema autónomo aparece

como un problema central. Porque, ¿qué sucede cuando no entran contingentes de extranjeros a

estudiar? Entonces parece que el financiamiento de los proyectos se vuelve dependiente de la

solidaridad externa.

A su vez, otro problema que aparece es esbozado por el Subcomandante Marcos en su texto La

Treceava Estela de 2003. Esto es la relación entre el sistema de educación autónomo y el sistema

oficial. Es decir, ¿qué sucede con los jóvenes que tras terminar su preparación en una escuela

autónoma deciden estudiar una carrera universitaria, mismo es si para regresar luego a aplicar esos

conocimientos en su comunidad? ¿Se puede forzar a los jóvenes a que tras terminar su educación se

queden en la comunidad? Aquí se presenta el inconveniente de que los títulos que otorga la

educación zapatista no son reconocidos por la educación oficial, u otros espacios laborales.

Por su parte, el sistema de salud se organiza en cada Caracol, y hay una reunión de coordinación

35

entre todos, para ver qué problemas hay en cada uno. En el caso de Oventic, la clínica La

Guadalupana nació con del proyecto de construcción de la salud autónoma a partir de 1990. La

necesidad de generar un sistema de salud propio tiene que ver con que “el mal gobierno nos niega la

salud. Hace muchos años la gente se moría de enfermedades que realmente no son enfermedades

para morirse. Y desde esos tiempos entonces no existe ni una clínica, ni casa de salud, ni mucho

menos un hospital para los pueblos indígenas, sino más bien, para el gobierno no existimos como

indígenas. Entonces como hay muchas muertes de niños, especialmente, y ancianos, y todo eso,

surge la necesidad de que gracias pues al pueblo de que alcanzó a entender de que no bastaba

solamente morirse, había que hacer algo, organizarse y luchar para lograr tener una salud”

(entrevista a promotor de salud, Oventic, agosto de 2008).

Así como en educación, se trabaja en la formación de promotores de salud. Estos promotores,

además de atender en las salas y hospitales zapatistas, trabajan en la concientización de las

comunidades en torno a cuestiones relativas a higiene. Se trata en su mayoría de jóvenes, que no

tienen formación de médicos, pero que se preparan dentro de la salud autónoma.

Como se ha dicho, los suelos de las casas son de tierra y las cloacas son inexistentes. En ese

sentido, una cuestión fundamental ha sido el concientizar acerca de la necesidad de cubrir con

cenizas los excrementos para evitar enfermedades. Es decir, el trabajo de los promotores en las

comunidades ha sido, en gran medida, de carácter “preventivo”. Como señala una promotora de

salud, “hay que educarnos, así entre mismos nosotros. Si así seguimos, no hay prevención, no se

puede (...) Si no hay prevención, es una parte donde empieza más la enfermedad (...) antes no había

prevención. Y ahora ha cambiado totalmente. Antes no sabíamos cómo planear eso” (entrevista a

promotora de salud, Oventic, agosto de 2008).

Por otra parte, en el sistema de salud no sólo se trabaja con fármacos industriales sino, y esto ha

sido de gran relevancia, se han recuperado y socializado, lo cual no fue tarea sencilla, las prácticas y

conocimientos de medicina propia de las comunidades indígenas tales como la herborística y los

masajes corporales. Como señala un promotor, “analizándolo bien puede ser que es más daño que

nos hacemos por esa medicina (la moderna), que utilizando medicina natural. Pero claro que hasta

ahorita nosotros también tratamos de no perder esa cultura, esa tradición que tiene el pueblo.

Tratamos de retomarlo. Lo importante para nosotros, es que lo tenemos siempre presente, y está

siempre a la mano la posibilidad de poderlo hacer, y hay promotores que les gusta dedicarse

especialmente de cómo hacer esa parte” (entrevista a promotor de salud, Oventic, agosto de 2008).

36

A diferencia de la educación, en las clínicas autónomas se atiende a no-zapatistas. Quienes no son

parte de la comunidad pagan 25 pesos la consulta y la medicina, mientras que los zapatistas reciben

atención gratuita. Pero la calidad de la atención es la misma para todos.

En lo que respecta a la salud autónoma, aparecen tres problemas centrales. Primero, el de la

capacitación: “aunque sí existe quien podría enseñar la medicina homeopática, la medicina natural,

pero si no están a favor de nuestra lucha, pues, hay poquísima gente voluntaria que venga a

enseñarnos. Así como nosotros hemos podido llevar adelante pues solamente con otras personas de

otras organizaciones, de otros países, que simpatizan con nuestra lucha y gracias a ellos y a ustedes

es que... siempre hay quien nos apoya, y por medio de ellos es que han venido a capacitarnos y

claro, no tenemos una escuela completa con una especialidad de medicina, pero ahí le llevamos en

lo que podemos, y seguimos preparándonos, y seguiremos preparándonos, si hay la posibilidad”

(ibídem, agosto de 2008).

Segundo, la cuestión de cómo sostener económicamente las clínicas. Es decir, desde reponer los

medicamentos utilizados hasta cómo conseguir la mejor tecnología para operaciones. Como en el

sistema educativo, el problema de los promotores es el mantenerlos dentro de la comunidad. Ambos

tipos de promotores son sostenidos por la comunidad, es decir, no reciben sueldos. Esto complejiza

la situación, pues las condiciones fuera de la comunidad les pueden ser mejores en relación a los

salarios.

Tercero, el que tiene que ver con los propios usos y costumbres de las comunidades, lo cual

dificulta el trabajo acerca de la salud reproductiva y planificación familiar: “hay gente que no

entiende muy bien la necesidad para planificar la familia. Claro que hay parejas que no les gusta, y

otros entienden que no es bueno hacer eso, porque dicen que si dios quiere que tengamos hijos, que

tiene que haber niños. Igual entendemos nosotros también, pero viendo la situación y pensando que

estamos en resistencia, estamos en lucha, siempre hay que tomar una decisión de si conviene tener

muchos niños o no, por la situación en que se vive. Claro que eso es una de nuestra tareas que hay

que hacerle entender a la gente” (ibídem, agosto de 2008).

Finalmente, los promotores, ya sean de educación o salud, dependen de las decisiones de la

asamblea y de un nuevo sistema de cargos que incorpora figuras político-administrativas. Estas son

laicas. Esto constituye una forma del poder de base que se está elaborando. Asimismo, los

37

promotores cumplen una función de lazo con el EZ, con su estructura más vertical, y las

comunidades, así como con los cuadros civiles de los municipios autónomos y de las JBG.

4.4 Los proyectos productivos como sustento de la experiencia autonómica

Vamos a abordar la experiencia de organización productiva del zapatismo principalmente a partir

del trabajo de Patricia Agosto (2005).

En las comunidades zapatistas se han formado cooperativas de producción, comercialización y

comercio justo, que son publicitadas a través de Internet. En general, las mismas no sólo intentan

lograr comercializar los productos, sino más bien alcanzar un desarrollo de las comunidades. Al

mismo tiempo, a través de distintas instancias organizativas, las comunidades y el EZLN buscan

que se produzca un desarrollo equilibrado en todas las comunidades.

Estas cooperativas son producto de la asociación de varias comunidades o de productores

independientes, que en algunos casos pertenecen a diferentes etnias. En este sentido destacamos

como importante el predominio de la cooperación entre diferentes pueblos, comunidades y etnias en

beneficio de todos.

La organización de estas cooperativas lleva implícito el aprendizaje, a través del cual las

comunidades reconocieron su capacidad para producir y comercializar los productos, sin depender

de agentes externos. Esto es central teniendo en cuenta la historia de dependencia de los capataces

de los campesinos indígenas, así como la mediación de los “coyotes”6, que compraban por un bajo

precio las cosechas de las comunidades, para venderlas externamente a un precio mucho mayor.

Mediante las cooperativas, las comunidades evitan las mediaciones y, así, uniendo varias

producciones, logran un precio mejor por sus productos, lo cual garantiza una vida en mejores

condiciones para los habitantes de la comunidad.

Entonces, la organización colectiva de la producción y la comercialización permite a las

comunidades obtener un precio justo por lo que producen, cuidar las condiciones del medio

ambiente, impulsar el desarrollo regional y generar, por medio de los proyectos productivos que ya

6 Se le llama coyote a aquellos intermediarios que compran la producción de los indígenas a menor precio que el de mercado y la comercializan a precios que sí son de mercado.

38

están funcionando, los recursos económicos para generar otros proyectos comunitarios.

La cuestión agraria en los zapatistas aparece con una importancia central. En este sentido, una de las

primeras leyes elaboradas fue la Ley Agraria Revolucionaria, que propone un nuevo reparto de las

tierras y la constitución de formas cooperativas de producción. El objetivo final de la ley apunta a la

recuperación de la organización productiva de las comunidades en la cual la colectividad es la

piedra fundamental sobre la que se construye la vida rural del mundo indígena.

La producción zapatista se diferencia de la producción privada en tanto que para las comunidades la

prioridad de lo producido la tienen las propias comunidades, es decir, se privilegia el consumo

interno por sobre la venta externa y la exportación de alimentos. Esto rompe con la actual

adaptación de muchos países latinoamericanos a través de la exportación de alimentos con bajo

valor agregado, mismo si al interior de su territorio una parte importante de la población vive con

hambre. En el caso de México, esto es central, teniendo en cuenta el modelo adoptado por el Estado

a partir de la entrada en el TLCAN, el cual no respeta la soberanía alimentaria del pueblo mexicano.

Tanto es así, que cosechas tradicional mexicanas, como el maíz, son ahora importadas, debido a la

competencia (desleal) que presenta la economía norteamericana en este sector.

La mayor parte de las cooperativas zapatistas son productoras de café. Por ejemplo, la cooperativa

Mut Vitz (que significa montaña de pájaros), situada en la zona de Los Altos, produce café orgánico.

El hecho de que se trate de una producción orgánica permite observar la preocupación que esta

cooperativa tiene sobre el cuidado de los suelos en particular y del medio ambiente en general. Esta

es otra diferencia de este tipo de producción con la plenamente volcada al mercado, donde en

general se le da poca importancia a la sustentabilidad de la tierra.

No obstante, los socios de Mut Vitz enfrentan una represión constante por parte del gobierno, el

ejército y coyotes; durante el año 2000 se produjeron siete muertes por represión de los socios de

esta cooperativa. Las causas de la represión, según reconocen las propias bases de apoyo, no se

producen por cuestiones económicas sino más bien de tipo políticas. Declaran que es porque son

Zapatistas. Incluso si no son reprimidos están bajo continuo control militar. Esto se efectúa incluso

en los momentos de comercialización de los productos que en las salidas de sus comunidades son

pesquisados por militares, incluso ha habido casos en que los productos han sido incautados y

detenidos por aquéllos.

39

Otro caso es el de la Unión Cooperativa de Chiapas, formada en 1992 y que nuclea a las

Cooperativas Cholon B´ala y Tzotzilotic-Tzobolotic. Éstas son dos cooperativas agropecuarias

formadas por 1200 indígenas mayas, que hablan las lenguas chol, tzeltal, tzotzil y habitan en los

municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y El Bosque, en la región montañosa del norte del estado de

Chiapas.

Esta unión de cooperativas produce básicamente café y sus objetivos son apropiarse del conjunto

del proceso productivo para aumentar sus ingresos y mejorar el nivel de vida. La producción de

estas cooperativas se basa en la transferencia tecnológica con el fin de lograr una producción de

café orgánico, que respeta las leyes naturales y se basa en el principio de sustentabilidad,

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Para implementar el sistema, cuentan

con la asesoría de profesionales, con la experiencia de otros productores y con equipos de técnicos

que surgieron de las mismas comunidades, lo que demuestra la preocupación por la capacitación

técnica de los propios indígenas. Además de la producción y comercialización, desarrollan otros

productos relacionados con el bienestar de la comunidad, como el del mejoramiento de viviendas y

de infraestructura, como agua potable, caminos, abasto, salud, educación y energía eléctrica.

A su vez, varias cooperativas se dedican a la producción de artesanías, y es allí donde se encuentra

la mayor participación de mujeres. Entre las cooperativas se encuentra Mujeres por la Dignidad. La

misma reúne 350 mujeres y 35 hombres de 27 comunidades en resistencia de los Altos de Chiapas.

Allí producen artesanías de algodón y de lana de diferentes bordados y tamaños. El objetivo es

vender en forma directa, sin intermediarios, pero también mostrar el trabajo que realizan, que es

considerado no sólo un medio de sustento económico sino también una forma espontánea de arte.

Asimismo, a través de la reflexión, las mujeres han podido fortalecer la autoestima y conocer los

derechos que les corresponden como mujeres.

40

5. Relación con la sociedad civil

Han surgido diversos conceptos que intentan aprehender la relación del zapatismo con el resto de

las organizaciones sociales y políticas de México. Lynn Stephens acuñó el concepto de

“transvaluación”, lo cual significa un proceso de asimilación de causas particulares a una causa más

general, colectiva y con menor atadura a la coyuntura política (Stephens en Khasnabish, 2004). A

partir de esta idea la autora intenta comprender cómo la causa zapatista ha despertado un alto nivel

de solidaridad a nivel nacional e internacional. Esto se une al hecho que el discurso zapatista tiene

puntos en común con otras luchas en ambos niveles: rechazo de la política neoliberal, reclamo de

mejores salarios, tierra, salud, democracia, justicia.

Por otra parte, el levantamiento zapatista se produce durante la aplicación de políticas neoliberales

que produjo consecuencias negativas para todo el campo activista mexicano, sean éstos de

movimientos urbanos (por ejemplo, sindicales) o del campo (campesinos y pueblos indios). Esto

facilitó la identificación de estos sectores con la lucha zapatista (Leyva Solano en Khasnabish,

2004). En palabras de Khasnabish, “mientras la fuerza del movimiento zapatista viene de su base

comunitaria, la proyección del movimiento ha sido lograda a través de su resonancia en una

diversidad de actores nacionales e internacionales, una proyección que en sí misma ha sido

conseguida a través de una visión de lucha que es profundamente inclusiva en lugar de excluyente”

(Khasnabish, 2004: s/d, traducción nuestra).

A nivel nacional, el zapatismo no significaría un “desafío revolucionario” más virulento para el

régimen actual que otras guerrillas que existen y han existido en México. La diferencia está en que

el zapatismo ha logrado servir de catalizador para la activación de un amplio frente de oposición

social al existente sistema económico y socio-político (Khasnabish, 2004).

Específicamente, el efecto que habría tenido el zapatismo sobre otro tipo de movimientos, como el

sindical, es la posibilidad de que éstos se abran a nuevos tipos de reclamos que no se acotan

solamente a la lucha salarial. Así, los “sindicatos independientes”7 incorporaron en sus

reivindicaciones el reclamo por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Mismo si las

formas de lucha son diferentes, ya que estos sindicatos no toman como forma de protesta el

7 Por sindicatos independientes se entiende a un grupo de sindicatos no pertenecientes a la Confederación Mexicana de Trabajadores (CMT).

41

levantamiento armado, se ha producido un acercamiento de ambos movimientos. Anteriormente, no

existía un contacto entre los movimientos de tipo urbanos con los indígenas de Chiapas, debido a la

“invisibilidad” en la que éstos se encontraban. A partir de la instalación de la lucha zapatista, existe

una comprensión de que todos estos movimientos son parte de una sola lucha (Khasnabish, 2004).

El problema que suscita la lucha zapatista y su localidad particular es la existencia de una red de

“solidaridad” con el movimiento chiapaneco. Esta solidaridad se había expresado a través de

comunicados o de acciones locales de apoyo a lo largo de México, pero que no había podido

expresarse a través de otro tipo de accionar.

Como decíamos, Khasnabish (2004) expresa que este “momento de coincidencia” entre los

movimientos no es necesariamente permanente, sino que tiene que ser constantemente reconstruido.

La fuerza que este momento ha tenido podría disiparse rápidamente si no se hacen esfuerzos por

mantener los lazos creados. La fuerza del concepto “momento de coincidencia” expresa la dificultad

de institucionalizar formas de lucha disímiles, debido a su diferente procedencia social específica, a

la vez que geográficamente distantes. Por ello, la solidaridad creada no es en absoluto una realidad

garantizada, sino que se trata de una fuerza que debe ser constantemente recreada. While the Zapatista base communities clearly have their own agendas and specific demands, the movement

itself has sought linkages and solidarity through calls which resonate broadly with other actors involved in

social struggle. This resonance, however, is not immutable and it has required a level of creativity,

commitment and imagination on the part of the Zapatistas that seems difficult, if not impossible, to maintain

over the long term. The limits to the solidarity born of a ‘moment of coincidence’ are thus made plainly

evident here. At particular moments, movements may find themselves struggling toward largely similar ends

and with similar agendas in mind, however, these trajectories are by no means fixed and thus the solidarity

born out of this initial coincidence remains similarly impermanent. Thus, the powerfully subversive and

creative energy of this moment of coincidence can just as easily dissipate if extensive efforts are not made to

constantly re-envision and reinvigorate it. However, rather than attempting to institutionalize solidarity and

connections between diverse social movements, a project which has largely failed to yield any sort of

significant result thus far, the moment of coincidence allows for the acknowledgement of the limits to

solidarity and the energy and creativity which its maintenance entails (Khasnabish, 2004: s/d).

A nivel internacional, cabe señalar que el alzamiento zapatista es usualmente señalado en la

bibliografía como momento de nacimiento de la llamada “resistencia global” (Seoane y Taddei,

2001; Amat, Brieger, Ghiotto, Llanos y Percovich, 2001). Al mismo tiempo que, como ha entendido

una de nosotros, la lucha zapatista se inscribe dentro de los movimientos glocales (Dinerstein,

1999). Esto significa que mismo tras el desplome de la URSS y la supuesta victoria del capitalismo,

42

la luna de miel del capital duraría poco tiempo, porque sólo 3 años después del fin del socialismo

real se lanzaba desde Chiapas una convocatoria a luchar contra el neoliberalismo y las nuevas

formas del capitalismo globalizado, poniendo en el centro la pelea contra los Tratados de Libre

Comercio (en este caso, el TLCAN).

Sobre todo, podemos señalar que el EZ entendió que los lazos de solidaridad establecidos con la

sociedad política y civil internacional eran la “salvación” del movimiento (Matamoros Ponce,

2005). Esto tomó cuerpo en los llamados Encuentros contra el Neoliberalismo y por la Humanidad,

que tuvieron lugar no sólo en Chiapas, sino que se continuaron en España y Brasil.

En síntesis, la relación que ha mantenido el zapatismo con la sociedad civil ha sido de una búsqueda

de no caer en el aislamiento. Sin embargo, la relación entre la sociedad civil, nacional e

internacional, con el zapatismo ha tenido una fuerte impronta solidaria. En otras palabras, la

sociedad civil quedó relegada a una posición de brindar solidaridad y apoyo a las distintas acciones

realizadas por el EZLN. Sin embargo, La Otra Campaña puede entenderse como el intento de los

zapatistas de revertir la situación en la que queda posicionado tanto ellos como la sociedad civil en

su mutua relación. Esta nueva relación puede entenderse mejor dentro del marco del giro civil

comenzado con la instauración de las JBG. Asimismo, se observa que en este cambio de “estrategia”

se busca situar a la sociedad civil en una posición de sujeto activo, pues, lo que “la otra” es armar

una red que logre comunicar las distintas luchas sin ser el EZLN el que la hegemonice. Así, lo que

se puede observar es que “la otra” tiene un carácter antagónico con las campañas del centro

izquierdismo del PRD, y del mal gobierno del PRI y el PAN. Su lógica no es la de la representación

sino la de la palabra-acción.

43

6. La Sexta Declaración y La Otra Campaña

La Sexta Declaración de la Selva Lacandona y La Otra Campañana pueden ser vistas como dos

formas de una misma totalidad. Más allá de lo destacado por muchos analistas de izquierda, que la

recibieron con gratitud, dado que ahora el EZLN se declara de izquierda, al tiempo que observa en

las luchas libradas en el continente americano reflejos de un espejo que se compone de imágenes de

resistencias, la Sexta mantiene un elemento siempre presente en la lucha zapatista y su búsqueda de

relacionarse con la sociedad civil: romper el cerco que le impone el ejército y las distintas instancias

estatales. Sin embargo, en la Sexta se observa que ahora el EZLN busca comunicar sus luchas más

allá de los indígenas, lo cual lo posiciona frente a un nuevo desafío. La Otra no es más que el modo

en que se realizaría la ruptura del cerco.

Si bien hay continuidad con las estrategias pasadas, la misma es reformulada. Así, La Otra

Campaña puede ser entendida como un intento de romper con la situación anterior que dejaba a la

sociedad civil en una posición de ofrecer su solidaridad, para comenzar un nuevo tipo de relación:

el diálogo de las luchas.

La Sexta (y La Otra), en algún modo, pone en juego lo construido hasta ahora. Es una renuncia a

quedarse en el lugar alcanzado y con la manera en que fueron logradas. Así, salir tras la búsqueda

de comunicar las luchas implica una incertidumbre en torno a las respuestas de los movimientos,

grupos y personas a las que convoca, mientras a la par mantiene un frente militar abierto en su

propio territorio.

Como decíamos, La Sexta se inscribe en varias luchas continentales, pero al mismo tiempo no las

quiere sintetizar en una única lucha. Allí radica su dificultad. La Sexta, en este sentido, proporciona,

por una parte, una orientación general que busca romper con el aislamiento, al tiempo que intenta

conservar el carácter autónomo de las luchas y los movimientos.

Tanto a nivel continental como nacional, La Sexta intenta virar la tendencia de los hechos de los

últimos años que ha llevado a que se revitalizaran las formas políticas tradicionales de

representación. En este sentido, La Otra es el modo en que se operacionalizaría esta “contra-

tendencia”. Así, el mayor desafío de La Otra, en México, es disputar el “campo popular” que es un

terreno fértil del PRD.

44

Por otra parte, el desafío de La Otra es la construcción de un espacio que sin la hegemonía del

EZLN pueda tomar consistencia entre el resto de los movimientos. De este modo, se puede ver que

La Otra, si bien es una iniciativa del EZLN hacia la sociedad civil, no es un impulso que busca

conquistarla y llevarle planes de acción, sino que La Otra tiene por desafío enhebrar-se en las luchas

con una dinámica de asambleas de movimientos y personas, lo cual significa una apertura a las

realidades políticas de todo el país.

El “programa” de La Otra tiene por primer punto comenzar un amplio recorrido por México y luego

ver el modo de cómo estructurar un programa de lucha nacional, que fuera capaz de alcanzar

presencia en medio de la campaña electoral presidencial al tiempo que no va a participar de aquélla.

Su objetivo máximo sería concluir en una Constituyente.

La Otra Campaña comenzó su recorrido el Primero de Enero de 2006. La decisión de que se

realizara fue tomada por las comunidades. Las expectativas que se tenían no fueron alcanzadas, se

esperaba la realización de grandes eventos con la presencia de mucha gente. Sin embargo, ello no

fue realizado. No obstante, el “delegado zero”, es decir, Marcos quien “motoriza” La Otra, siguió

llevando su oído. Es decir, la idea de no hegemonizar es la de comunicar las luchas, ello implica una

diferencia con la Campaña electoral donde los candidatos van y dicen lo que harán. Aquí se observa

el carácter antagónico entre una y otra. Es ese antagonismo el que se expresa en la disputa de un

terreno donde se encuentran actores en discusión tanto por La Otra como por la Campaña llevada a

cabo por el PRD.

Las elecciones se llevaron a cabo en medio de grandes acusaciones de fraude electoral. A pesar de

ello el candidato del PAN, Felipe Calderón, asumió la presidencia. En ese clima miles de personas

se inclinaron a apoyar al candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

En ese mismo clima el EZLN ha lanzado fuertes críticas a la cúpula del PRD. Esto ha sido leído

como un acto que margina al EZLN de las luchas populares. Sin embargo, lo que allí se puede ver

es que se ha producido cierta polarización del debate en el terreno que disputan tanto el PRD como

el EZLN, pues, como decíamos, apuntan, por momentos, a un mismo actor, aunque de modos

antagónicos.

45

Actualmente, el EZLN se encuentra (junto a los participantes de La Otra) en la construcción de un

Plan de Lucha producto de los resultados de La Otra. Sin embargo, esto se encuentra demorado

debido a que las comunidades se encuentran frente a una nueva ofensiva militar.

46

7. Las nuevas estrategias contrainsurgentes (2006-2008)

Una de las cuestiones centrales para comprender el estado actual de la autonomía en Chiapas es el

avance de las estrategias contrainsurgentes que han desarrollado el Estado chiapaneco y el estatal en

contra de los municipios autónomos. Pero una de las claves es ver el giro que se ha producido en

estas estrategias. Aquí podemos identificar tres actores que actúan unidos en la guerra de

contrainsurgencia, el Ejérctio, los paramilitares y el Estado propiamente dicho. Mismo si han tenido

papeles distintos en la lucha anti-zapatista, hoy se encuetran los tres en la vanguardia, intentando

presionar a las comunidades (entrevista a Antonio del CIEPAC, agosto de 2008). Pero lo novedoso

es que estos tres actores han desarrollado nuevas formas de operar.

1) El Ejército: de acuerdo al CIEPAC, se pueden identificar tres grandes etapas de la presencia

militar en Chiapas. Desde 1994 hasta el año 2000 es el ejército el que controla la política del

estado, con una fuerte presencia en todo el territorio chiapaneco. La militarización entonces

no era sólo la presencia militar directa en las calles y en las comunidades, sino también la

presencia del personal del ejército en las diversas estructuras gubernamentales: “así, la

militarización se da en la medida en que la presencia de las fuerzas castrenses determinan y

afectan el rumbo y la vida económica, política y social de una región” (Castro e Hidalgo,

1999: 18). Paradójico es que tras los diálogos de paz, específicamente luego de la firma de

los Acuerdos de San Andrés, la escalda de violencia no se redujo sino que por el contrario,

se vio incrementada. Entre 1996 y 1997 la violencia creció considerablemente así como la

presencia militar en las comunidades. Esto se habría debido a que se trató de años en que la

iniciativa de los zapatistas creció exponencialmente; entonces, a mayores propuestas

sociales y políticas, mayor violencia. A su vez, el año 1998 fue marcado como el comienzo

de la ofensiva gubernamental federal y estatal contra los MAREZ, registrándose cuantiosas

incursiones militares hacia las comunidades autónomas. Durante 1998 se instalaron en las

zonas autónomas nuevos retenes permanentes, intermitentes y campamentos militares.

Una segunda etapa corre desde el 2000 hasta el 2006, con el gobierno de Vicente Fox que

prometió un alto al hostigamiento militar a las comunidades. El EZ exigía el retiro de los 50

puestos militares en Chiapas. Esta exigencia nunca se cumplió del todo, pero sí se

replegaron 28 puestos militares. El problema está en que mientras se desbarataban estos 28

puestos, simultáneamente se desplegaban nuevas tácticas de control en todo el territorio.

Así, hasta el año 2006 se contaban 83 campamentos militares, 24 cuarteles del ejército, 31

retenes permanentes, 67 retenes intermitentes, y 6 instalaciones de la Armada de México,

47

esto sin contar los retenes y puestos de control de la Policía Federal Preventiva, el Instituto

Nacional de Migraciones, la Policía Municipal y la Agencia Federal de Investigaciones

(Hidalgo Domínguez, 2006). Ya en el año 2005 se produce un cambio en la participación

militar a partir de la estrategia zapatista de generar La Otra Campaña: el ejército dejó

espacios que fueron cubiertos por cuerpos policíacos, con un despliegue del control más

sigiloso y secreto, con el pretexto de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Esta etapa abre el último período, consolidándose a partir de 2006, cuando aparecieron

nuevos retenes en las rutas, junto con más incursiones a las comunidades.

Fotografía 2 – Retén militar en la carretera de San Cristobal de las Casas a Palenque, fotografía tomada in situ.

La conclusión a la que arriban los investigadores de militarización es que el ejército ha

aprendido en Chiapas que no se enfrenta a una clásica guerrilla de los años sesenta, sino que

tiene que mantener sus tácticas flexibles. Así es como se ha modernizado, ajustándose a las

cambiantes coyunturas. Por ello es que se ha combinado la acción militar directa con

operaciones psicológicas (parte de la “guerra de baja intensidad”), con el uso de la

información y contrainformación para influir en la opinión pública, así como ha tejido redes

con priistas y sectores de la sociedad civil (como los taxistas) para establecer redes de

información constante, entre otras acciones (Hidalgo Domínguez, 2006).

2) Los paramilitares: entre los años 1996 y 1998 se considera la época de mayor accionar de

los grupos paramilitares, con diversos grupos en el territorio. Pero de 1998 a 2000 se

observó una baja, ya que algunos tenían a sus dirigentes detenidos, y habían perdido fuerza.

Pero desde 2006 se produjo un proceso de reorganización y consolidación de estos grupos,

ahora con una nueva estrategia: el afianzamiento como organizaciones sociales, es decir, con

48

el mismo status legal que cualquier movimiento u ONG. Como explica Antonio del

CIEPAC, “Se presentan como lo que es una organización social, como lo que es la

OPDDIC, con un nombre tan bonito, que es la Organización Para la Defensa de los

Derechos Indígenas y Campesinos. Con el mismo estatus legal que tenemos aquí, asociación

civil, y es una organización social que gestiona proyectos productivos, que cuenta con

financiamiento por parte de diputados priistas que son dirigentes suyos, o amigos suyos. Y

tienen al lado lo que es su brazo armado, que se sabe que tienen armas y ellos mismos lo han

dicho, que no tienen miedo en usarlas” (entrevista a Antonio de CIEPAC, agosto de 2008).

La OPDDIC opera justamente en las zonas donde se encuentran los retenes o bases

militares. Y se puede trazar una historia muy clara con los grupos paramilitares anteriores,

como el caso de MIRA, que era el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, y

Paz y Justicia, cuyas bases ahora se reorganizan en torno a la OPDDIC con uno de sus

dirigentes históricos, Pedro Chulín Giménez. Como señala Antonio, la OPDDIC tiene un

plan estrictamente antizapatista: “lo que hacen es meterse en las comunidades zapatistas,

donde son tierras recuperadas en el 94´ por las comunidades, pero a esas comunidades no se

les dio ningún título, ningún papel por esas tierras. A los ganaderos, a los finqueros, sí se les

dio una compensación por haber “perdido” esas tierras. Pero a las comunidades no se les dio

papel, título oficial. Y entonces la OPDDIC justamente va a esas comunidades, y les dice

«júntense con nosotros, que les vamos a conseguir un papel, su documento oficial, porque

esta tierra es de ustedes». Entonces ahí van agarrando poco a poco bases, gentes que los

apoya, y luego ya con un cierto número de personas presentan una solicitud ante la

Secretaría de la Reforma Agraria, donde tienen a sus dirigentes, abogados, funcionarios, y

crean un nuevo ejido. (...) Se les otorga a ellos un título con la lista de nombres de todos sus

miembros. Y los que son zapatistas y que no quieren negociar con el gobierno ni pedirle

papeles al gobierno, porque no reconocen a ese gobierno, pues quedan fuera de los

documentos. Entonces la OPDDIC les dice «yo tengo papel para estas tierras, aquí dice que

esta tierra es mía, tu nombre no aparece, yo tengo derecho a desalojarte, por la vía de las

armas si es necesario, porque la ley está de mi lado, tú estás ilegalmente ocupando mis

tierras»” (ibídem, 2008). De esta manera, el interés actual de los grupos paramilitares es

quitar bases sociales zapatistas, generando el conflicto interno, disputando las tierras

tomadas desde 1994. Para fines de 2006 la OPDIC ya tenía presencia en 19 comunidades

zapatistas (Hidalgo Domínguez, 2006).

3) El Estado chiapaneco: Actualmente podemos dividir la estrategia del Estado en tres alas. Por

49

un lado, la re-organización de las demandas en tanto demandas ciudadanas, que son

captadas por el Instituto Chiapas Solidario. Por otra parte, la creación del proyecto de

Ciudades Rurales Sustentables. En tercer lugar, la aplicación de políticas públicas tendientes

a introducir los servicios del estado en todo el territorio de Chiapas. Veamos esto por partes:

Instituto Chiapas Solidario: Este Instituto fue creado en 2007, con el objetivo de poner

en práctica el concepto de “planeación democrática”. Esto consiste en una activa

participación del Instituto en el sostenimiento de la estructura de asambleas barriales,

quienes establecen sus demandas de acuerdo a sus necesidades. El Instituto entonces

colabora en el establecimiento y puesta en práctica de esas demandas.

Actúa a partir de una estructura muy diseminada en el territorio del estado chiapaneco:

tiene 22 delegados regionales, que cuentan a su vez con delegados municipales, que son

quienes se vinculan con el municipio. Además, el Instituto declara que cuentan con mil

jefes de sector. Con respecto a las zonas zapatistas, está el riesgo de que los jefes de

sector no sean dejados entrar, por lo cual: “lo que tratamos de hacer, para evitar lo que

dices que no nos dejaran entrar, es que esos jefes de sector sean del mismo municipio, y

de la misma región. Entonces, obviamente, lo conocen. La sociedad conoce los jefes de

barrio” (entrevista a Instituto Chiapas Solidario, agosto de 2008). Se trata de un instituto

que cuenta con alto presupuesto y una planta de empleados muy amplia. Como ellos se

autodefinen, “pues, somos un ejército muy grande que apoyamos a la sociedad” (ibídem,

agosto de 2008).

Se observa entonces un cambio de estrategia: mientras que en el período del gobierno

anterior se llevó adelante el plan “alborista” de remunicipalización del territorio estatal,

lo cual implicaba, como señala Burguete, una clara estrategia anti-zapatista, ahora la

línea de intervención pasa centralmente por la creación o fortalecimiento de ciertos

canales de participación de tipo ciudadanos, que marcan el comienzo de la governance

en Chiapas. Esto significa que se afianzan los canales institucionales de participación

democrática (en tanto que es parte de la democracia representativa), con el fin de salvar

la brecha de crisis de representación que se vive en el estado chiapaneco, la cual se

expresó en el alzamiento y continuidad del movimiento zapatista. El objetivo es

entronces la ciudadanización de las luchas, es decir que éstas se expresen por los canales

estatales. En esta línea, lo central para el Instituto es que “se cumplan las demandas

soberanas a través de la sociedad pero en una forma organizada (...) La función de

Chiapas Solidario es apoyar a la sociedad para integrarla a las asambleas de barrio que

es una forma participativa de la sociedad. Vamos a atender las demandas de la sociedad

50

y sus necesidades pero en una forma organizada, por eso las asambleas de barrio y las

asambleas comunitarias” (entrevista a miembro de Instituto Chiapas Solidario, agosto de

2008; el destacado es nuestro).

En lo que respecta a la planeación democrática, se produjo un giro en el año 2005 con la

Ley de Planeación Democrática (ley federal), ya que hasta ese momento, la planeación

se daba de arriba hacia abajo. A partir de ese año, se reestructura el sistema de toma de

decisiones y se incorpora el nivel de decisión local. El mecanismo funciona a partir de la

identificación de los problemas de cada barrio o localidad, lo cual pasa luego al nivel del

COPLADEM (Comité de Planeación del Desarrollo Municipal), que realiza nuevas

asambleas barriales para poner prioridades a las necesidades. Luego pasa del nivel

municipal al nivel regional a partir del COPLADER (Comité de Planeación del

Desarrollo Regional), que es presidido por la Secretaría de Planeación, la cual convoca a

las delegaciones de todas las dependencias del ámbito federal y estatal a reuniones de

trabajo, donde los presidentes municipales presentan los proyectos. Lo que esto muestra

es que se ha armado una estructura a nivel nacional que en Chiapas está claramente

orientada a reconstituir los lazos de legitimidad entre sociedad y Estado.

Asimismo, la Ley de Planeación vino acompañada de una reestructuración a nivel de las

dependencias del Estado nacional: lo que era la Secretaría de Planeación ha pasado a ser

una subsecretaría al interior de la Secretaría (equivalente a Ministerio) de Hacienda. A

partir de esto se puede ver cómo la lucha ha provocado la reformulación al interior del

Estado, el cual se acomoda para intentarlas al interior de sí mismo. A su vez, el hecho de

que la planificación democrática dependa de la Secretaría de Hacienda revela el carácter

monetizado de la salida que encuentra el Estado a la crisis de gobernabilidad.

Dentro de esta estructura, el Instituto Chiapas Solidario ha sido creado como un

organismo para asesorar a la sociedad civil, es decir, estar en contacto directo con las

organizaciones, guiándolas en el proceso de toma de decisiones sobre sus necesidades.

El Instituto actúa a partir de cuatro grandes objetivos marcados por las comunidades y

los barrios: la letrina, los tanques de almacenamiento de agua, el mallado perimetral

(para la seguridad), y las estufas ecológicas. Estos puntos dieron nacimiento al programa

Obra Solidaria, que actúa en el ámbito de todo el estado chiapaneco. A partir de aquí es

el Estado quien se encarga de brindar respuesta a las necesidades de la población,

evitando así desbordes de protestas, que podrían provocar una identificación de los

pueblos urbanos o rurales con la causa zapatista.

La creación del Instituto Chiapas Solidario es entonces una de las formas que el estado

51

local ha desarrollado para competir directamente con el zapatismo, es decir que hay un

cambio importante en el interés que muestra el estado chiapaneco en la realización de

obras para el mejoramiento de la vida de los habitantes, entre 1993 y 2008. Y se trata de

una gran estructura, que cuenta con un importante presupuesto, y se encuentra en todas

las regiones del Estado.

Ciudades Rurales Sustentables: el proyecto de construir Ciudades Rurales fue iniciativa

del gobernador Juan Sabines (PRD) en el año 2007. El objetivo oficial es combatir lo

que se conoce como el binomio marginación-dispersión. Esto es porque en Chiapas, de

las 24.000 localidades que existen, 15.000 de ellas cuentan con menos de 100 habitantes.

Y existen cerca de 8.000 viviendas que están aisladas de la provisión de los servicios

básicos. En estas condiciones de dispersión, es imposible alcanzar los objetivos del

milenio a lo que se comprometió el estado frente a la ONU (entrevista a Lic. Toledo

Moguel, SEDESOL, agosto de 2008).

El proyecto se mantuvo como tal hasta la inundación de noviembre de 2007 causada por

un tapón en el río Grijalva, lo cual afectó a miles de habitantes de los estados de Tabasco

y de Chiapas. A partir de allí, con la acción del Instituto Chiapas Solidario, se crearon 11

campamentos para dar refugio a los evacuados. El Estado está a cargo de ellos, les

provee de alimentos, luz, agua, etc. en esta coyuntura de emergencia es que se vio la

posibilidad de generar la primera Ciudad Rural Sustentable, que sería la Nueva San Juan

Grijalva, el plan piloto. Esto implica la construcción de alrededor de 500 viviendas, lo

cual insume muchos recursos económicos. Para avanzar en la construcción de la ciudad,

el estado ha buscado el apoyo de empresas privadas, como Fundación Azteca, el Grupo

Carso, Nestlé y Televisa (entrevista a Lic. Toledo Moguel, SEDESOL, agosto de 2008).

Más allá de esta situación que necesitaba de una respuesta urgente, el resto de las

Ciudades Rurales que se planeaban para 2008 son 8, diseminadas por todo el territorio

chiapaneco. Lo que esto implica es la reubicación forzada de comunidades.

Frente a esto, Antonio del CIEPAC explica que: “el plan de Ciudades Rurales ya estaba,

de por sí viene en los planes del Banco Mundial, del Plan Puebla Panamá, de la idea de

que se necesita llevar a cabo un reordenamiento estratégico del territorio para propiciar

la explotación de los recursos naturales básicamente, que no está siendo productiva esa

tierra, se la puede hacer mucho más productiva si reordenas un poco las comunidades, y

las zonas, lo cual resulta comnveniente, porque entonces las tierras de las comunidades

ya quedan libres para la inversión privada, y en esa zona norte donde lo están haciendo

son zonas donde hay petróleo, donde hay oro, hay plátanos, recursos” (entrevista a

52

Antonio del CIEPAC, agosto de 2008; el destacado es nuestro).

El problema que aparece ahora es dónde se van a construir las Ciudades Rurales que han

sido planificadas. Según Antonio del CIEPAC, se cree que serán en la zona de la Selva

Lacandona, para poder de esa forma lograr dos objetivos: el control de la población y del

problema zapatista, y la liberación de esos territorios con fines de privatización y

explotación comercial y turística. En particular en la región de la Biósfera de Montes

Azules, esta estrategia de expulsión de las tierras se viene realizando a partir de la

Secretaría de Medio Ambiente federal (SEMARNAT), que decreta la expropiación de un

terreno particular con el fin de construir una zona natural protegida, lo cual vuelve a las

comunidades que allí habitan ocupantes ilegales de esas tierras. Se calcula que se han

expropiado alrededor de 12.500 hectáreas con el fin de ampliar la Biósfera. Entonces, la

expulsión de las comunidades de sus tierras va acompañada del accionar policíaco y

militar, así como de la OPDDIC, para garantizar la liberación de las tierras. Asimismo,

en la región de Palenque, ubicado en el ejido de Bachajón, el intento es construir un

mega-proyecto turístico en la zona de Cascada de Agua Azul, para lo cual se requiere la

reubicación de numerosas comunidades pro-zapatistas, que habitan en la zona, en un

área de 12.000 hectáreas. Esto implica asimismo la construcción de la autopista San

Cristobal de las Casas – Palenque, que tendrá que derribar cerros y pasar sobre

comunidades, así como la ampliación del aeropuerto de Palenque para convertirlo en un

aeropuerto internacional.

Por otra parte, la posición oficial es que no hay intenciones de forzar la realización de

Ciudades Rurales en territorio autónomo zapatista: “Tenemos ahorita 8 proyectos de

ciudades en zonas que no tienen nada que ver con ellos. Las zonas zapatistas realmente

es una zona que está marcada, sabemos dónde está, pero para nada se ha intentado ir a

meter una Ciudad Rural ahí porque sabemos en qué condiciones están en cuanto a la

posición de ellos” (entrevista a Toledo Moguel, SEDESOL, agosto de 2008).

Políticas públicas: a partir de la generación de los Caracoles y de la construcción de la

autonomía de hecho en Chiapas, el estado regional ha implentado una serie de políticas

tendientes a dar una respuesta en aquellos sectores que los zapatistas vienen

desarrollando sus actividades autónomas. Aparece entonces una injerencia importante

del estado a partir de las políticas sociales en el territorio autónomo. Pero algunas

comunidades aceptan la ayuda del estado, y otras no. Como señala Toledo Moguel,

“Precisamente hemos venido abriendo esa parte que estaba cerrada que han venido un

poco porque han notado los cambios: que dejan de morir niños por cuestiones de

53

desnutrición, porque se avanza en la vacunación, y también ven el cambio cuando llegan

apoyos. Porque en definitiva no se trata de otra cosa que dar lo que ellos por derecho les

corresponde” (entrevista a Toledo Moguel, SEDESOL, agosto de 2008).

Fotografía 3 – carteles de publicidad de los programas del estado chiapaneco: Atención a Pueblos Indígenas y Plan de

Construcción de Pisos Firmes, en carretera de San Cristobal de las Casas a Palenque, fotografía tomada in situ.

De hecho, el Presupuesto estatal de Chiapas de 2008 privilegia como nunca antes el

gasto social y de inversión, garantizando el cumplimiento de las políticas públicas que el

gobierno del estado lleva a cabo en materia de desarrollo y solidaridad social8. A su vez,

a instancias del Ejecutivo de Chiapas, se creó el Fondo Solidario Municipal, el cual

asignó una partida incrementada de fondos de entre el 29 y 108% (respecto al 2007),

para ser otorgados a los municipios de manera adicional al presupuesto asignado por ley.

En esta línea, se empezó a notar en el territorio zapatista que donde había una escuela

autónoma, ahora aparecen varias escuelas del estado; donde había una clínica autónoma,

cerca aparecen clínicas estatales. Esto es visible asimismo en las rutas del estado, donde

la publicidad que hace el estado de sus propias acciones no es un dato menor (ver

fotografías 3 y 4). Los carteles publicitan las siguientes acciones gubernamentales (entre

otras): a) nuevas escuelas primarias; b) operaciones oftalmológicas de cataratas en el

marco del “Plan Amanecer”, a personas mayores de 65 años; c) Programa de “pisos

firmes”, que construyen pisos de concreto a las casas más pobres; d) que 35.000 niños

reciben desayuno en sus escuelas; e) 120 patrullas más para la seguridad de Chiapas. De

hecho, el slogan que utiliza el actual gobierno de Sabines es “Hechos, no palabras”.

8 En la página web de Coordinación General de Comuniación Social y Relaciones Públicas,

http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20071115111223

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Fotografía 4 – Propaganda del Plan Amanecer del estado chiapaneco, en autovía de Tuxtla Gutierrez a San

Cristobal de las Casas, fotografía tomada in situ.

Lo que esto denota es el intento del estado regional por romper la autonomía a partir de

la competencia directa con los servicios que “ofrecen” los zapatistas, que son

principalmente salud y educación. No obstante, no aparece la misma competencia en el

ámbito de la aplicación de justicia, probablemente debido a la falta de legitimidad que

ésta posee en las comunidades.

55

8. Algunas cuestiones en debate

“Usos y costumbres” (Almeyra): aquello que los propios zapatistas en su “historia interna”

destacan como lo central, es decir, los usos y costumbres de las comunidades, no puede ser

visto linealmente. Autores tan diversos como Almeyra (2005), Matamoros (2008), Tischler

(2008) y Burguete (2004), muestran que estos mismos usos y costumbres son muy

contradictorios. A su interior encontramos prácticas de caciquismo, donde las mujeres

quedan fuera de la toma de decisiones, o muy recluidas. Esos usos y costumbres también se

imponen sobre los jóvenes. De modo que los usos y costumbres no deben ser reificados. No

obstante, en los comunicados del EZLN se observan estas tensiones y su intento de

superarlas.

Algunos autores entienden que el proceso autonómico en Chiapas es posible porque las

relaciones sociales de producción capitalista y su forma Estado no llegaron a niveles más

institucionales (sólo en nivel represivo, militar) y desarrollo más lento del capitalismo local

en Chiapas (menor mercantilización). Así la hipótesis de A Commune in Chiapas? (2002)

plantea que el desarrollo de las relaciones mercantiles en Chiapas se dieron de forma más

lenta y con menor inserción en las comunidades, de modo que estas autonomías fueron

posibilitadas por este proceso. En este punto, Almeyra (2006) diverge diametralmente, pues,

para él, los indígenas zapatistas conllevan experiencias sindicales, campesinas y obreras, al

tiempo que indígenas.

En un sentido similar al punto anterior. Los análisis de Burguete (2004) parecen entender

que las autonomías de facto zapatistas tienen un carácter débil porque no son formas

reconocidas institucionalmente. Lo que esta visión pierde de vista, a nuestro entender, es que

las autonomías planteadas por los zapatistas no pueden ser autonomías de derecho debido al

carácter antagónico de las mismas. Esto queda planteado en el antagonismo expreso entre

los municipios autónomos y los municipios libres, siendo la segunda el modo en que el

Estado capitalista logra integrar la autonomía de facto. Es decir, una autonomía que la

transforma en su contrario. Lo que aquí está en cuestión, como la propia autora lo pone en

palabras, es la tensión entre institucionalización del zapatismo y/o mantener su carácter

rebelde.

Mientras que para autores de izquierda con una mirada más tradicional el zapatismo no ha

logrado romper con el localismo y apoliticismo característico de las comunidades indígenas,

autores y grupos más cercanos a un marxismo autonomista, sugieren todo lo contrario. En

cierto modo lo que se debate aquí es el modo a través del cual se operacionaliza esa

56

superación de lo local.

9. Hipótesis luego de un breve recorrido

En Chiapas existe una relación mucho más simbiótica entre el Estado y el poder económico:

al estilo de estado oligárquico, colonial (como en Argentina en el siglo XIX).

El zapatismo es expresión de la crisis de las mediaciones sociales. En ella se expresa,

contradictoriamente, el poder de lo irrealizado. Las Juntas de Buen Gobierno y su “mandar

obedeciendo” es un modo en que se expresa ese poder de lo ir-realizado.

Que el zapatismo sea una forma de esa crisis se expresa en el modo de organización: la

separación entre Ejército y comunidades. En tal sentido, el zapatismo no sólo sería una

forma de la crisis sino que pone en crisis a las formas del capital. Mientras que la formas de

organización estatal-capitalistas expresan el poder colonial, las Juntas de Buen Gobierno

serían un intento de romper con la colonialidad y el eurocentrismo. Así, pues, mientras los

Estados latinoamericanos se construyen bajo la figura del indio y sus luchas como elementos

arquelógicos, en las JBG y en la lucha zapatista las luchas pasadas y las tradiciones de los

pueblos originarios son reinventados en el encuentro entre diversas tradiciones de lucha. A

eso es lo que, a nuestro entender, Marcos llama como el pasaje del cuadrado a la rueda.

Los zapatistas estarían reinventando la política y no despolitizando o manteniéndose en

posiciones apolíticas. La reinvención de la política no sólo se expresaría en su lucha por

crear un mundo nuevo. En este sentido, su lucha no es por la hegemonía sino por el

“encuentro” de las luchas en un nuevo arco iris social. El mundo que se quiere crear no es

algo dejado para “el momento posterior a la revolución” sino en el aquí y ahora. En este

sentido pueden leerse a las JBG. Allí mandan los pueblos.

La Otra Campaña tiene un carácter anti-ciudadano. Es decir, intenta ir más allá de las

demandas al Estado para lograr establecer una comunicación de las luchas a nivel nacional.

En tal sentido, salir del encierro de las comunidades es, al mismo tiempo, salir del

encerramiento de las categorías del capital.

No obstante la tendencia a construcción de un carácter anti-ciudadano, las acciones que ha

llevado adelante el zapatismo, en relación con la sociedad civil y el Estado, entremezclan

formas autonómicas con formas de expresión de tipo ciudadanas, mostrando el carácter

contradictorio de la construcción de la autonomía al interior de las formas del capital. Así,

mientras construye autonomía en las comunidades de Chiapasa partir de las JBG, el

zapatismo ha dialogado y negociado con el Estado nacional, exigiendo el reconocimiento

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como pueblos indígenas (momento de identificación) a través de la COCOPA y de los

Acuerdos de San Andrés, así como ha llevado adelante consultas populares en todo México

con el finde de determinar ciertas políticas internas para Chiapas, pero también para generar

presión sobre el Estado. Esta combinación de estrategias no niega el carácter rebelde del

movimiento. Por el contrario, expresa la contradicción a partir de la dificultad para

identificar al zapatismo con alguna de las tradicionales formas organizativas, dificultad que

no sólo aparece al momento del análisis teórico, sino que se le presenta al propio Estado

mexicano y a sus instituciones: ¿son guerrilleros?, ¿son sindicatos?, ¿son movimientos

sociales?, ¿son organizaciones barriales?, ¿son el renacer de formas antiguas de

organización indígena o son la expresión de la confluencia de diversos sectores y tradiciones

de lucha anticapitalista?

58

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