gobierno electrÓnico municipal · 11 prólogo ricardo israel zipper ph.d. el tema del gobierno...

GOBIERNO ELECTRÓNICO MUNICIPAL

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Gobierno Electronico Municipal


Registro Intelectual ISSN: Nº 203.258

ISBN: 978-956-8454-05-0

Instituto Chileno de Estudios Municipales

Gaspar Banda 3810, San Miguel, Santiago

Teléfono: (56 2) 885 7743

www.ichem.cl

Universidad Autónoma de Chile

Av. Ricardo Morales 3369, San Miguel, Santiago

www.uautonoma.cl

Diseño de portada y diagramación: José Luis Araneda Reyes

Correo electrónico: [email protected]

Impreso en Talleres de CIPOD. Santiago de Chile.

Santiago de Chile 2011


ROBERTO LAGOS FLORES (Editor)

Auspicia:

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Índice

Sobre los autores ............................................................................................................. 7

PrólogoRicardo Israel Z. ................................................................................................................ 11

PresentaciónActualidad y desafío del gobierno electrónico en los municipios

Roberto Lagos F. ............................................................................................................... 13

Artículos

Formulación y actualización de las políticas públicas para la

sociedad de la información en América latina y el Caribe.

Susana Finquelievich .......................................................................................................... 23

Gobierno móvil en administraciones locales: conceptos, desarrollo y seguridad.

M. Angélica Guzmán / Daniel Valdés ................................................................................ 53

Transparencia municipal y gobierno electrónico

Andrés Chacón .................................................................................................................. 79

Gobierno electrónico local en Chile: desarrollo y perspectivas

Ricardo Fuentealba / Sara López Santibáñez .................................................................... 97

Gobierno electrónico: una explicación a sus diferentes grados de

desarrollo en las comunas de Chile

Héctor Ormeño Campos ................................................................................................... 115

Estudio de casos con alto índice de gobierno

electrónico 2010: Huechuraba y Peñalolén

Karin Froimovich ................................................................................................................ 137

Colofón .............................................................................................................................. 169

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Sobre los autores

RICARDO ISRAEL ZIPPER

Doctor y Master en Ciencia Política, Universidad de Essex, Inglaterra.

Abogado, Universidad de Chile.

Licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona (España).

Director Ejecutivo, Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM) y Decano de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chile.

Académico con una dilatada experiencia en el área de la Ciencia Política, de la Gestión

Pública y del Derecho. Es autor de libros publicados tanto en Chile como en el extran-

jero.

ROBERTO LAGOS FLORES

Cientista Político, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diplomado en Seguridad Ciudadana, Universidad Alberto Hurtado.

Magíster en Sociología © Universidad Alberto Hurtado.

Investigador Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM),

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Autónoma de Chile.

SUSANA FINQUELIEVICH

Arquitecta, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Posgraduada en Planificación Urbana y Regional.

Master en Urbanismo por la Université Paris VIII.

Doctora en Ciencias Sociales por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París.

Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-

cas (CONICET), Coordinadora del la Comisión Asesora de Hábitat del CONICET, con

base en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de

Buenos Aires. Presidente de LINKS, Asociación Civil para el Estudio y la Promoción de la

Sociedad de la Información (http://www.links.org.ar).

Consultora para UNESCO, PNUD, Gobierno Nacional y Gobiernos provinciales.

Sobre los autores

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RICARDO FUENTEALBA

Sociólogo y Licenciado en Sociología, Universidad Central de Chile.

Co-autor estudio “Índice de Gobierno Electrónico Municipal 2010”, publicado por el

ICHEM de la Universidad Autónoma de Chile.

Investigador Asociado del Instituto Chileno de Estudios Municipales, Universidad Autó-

noma de Chile.

SARA LÓPEZ SANTIBÁÑEZ

Socióloga y Licenciada en Sociología, Universidad Central de Chile.

Actualmente se desempeña como consultora en la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL).

Mª. ANGÉLICA GUZMÁN

Periodista y Cientista Política, Universidad Gabriela Mistral.

Encargada de comunicaciones de la empresa CAS-CHILE®.

Generadora de contenidos, actividades y noticias relacionadas con el ambiente TICs en

Municipalidades y Organismos Públicos.

DANIEL VALDÉS

Ingeniero de Ejecución en Procesamiento de la Información, Universidad de Chile.

MBA en Administración mención Finanzas, Universidad de Chile.

Gerente General de CAS-CHILE®.

Durante el año 2009, dirigió las Carreras de Ingeniería (E) en Informática e Ingeniería (E)

en Informática para Técnicos y Técnicos en Informática de la Universidad de Los Lagos,

Sede República, Santiago. Especialista en Balanced Scorecard www.bscconsultores.cl.

Profesor de Administración, Planificación Estratégica y Balanced Scorecard. Posee más de

30 años de experiencia en Tecnologías de la Información para Municipalidades.

ANDRÉS CHACÓN ROMERO

Abogado, Universidad Central de Chile.

Diplomado en Estudios Políticos, Universidad de Chile.

Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

Magíster en Psicología, Universidad Adolfo Ibáñez.

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Doctorando en educación, Universidad de Sevilla.

Profesor de diversas Universidades Chilenas en las áreas de liderazgo y gestión pública.

Secretario General del Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Au-

tónoma de Chile.

HECTOR ORMEÑO

Administrador Público, Universidad de Santiago de Chile.

Ingeniero Comercial, mención Economía, Universidad de Santiago de Chile.

Se ha desempeñado como ayudante de investigación en economía, y como investigador

en materias de gestión pública local, finanzas públicas, y capital humano.

Investigador Asociado Instituto Chileno de Estudios Municipales, Universidad Autónoma

de Chile.

Actualmente se desempeña en el Departamento de Desarrollo Estratégico, Ministerio

de Salud, Chile

KARIN FROIMOVICH

Socióloga y Licenciada en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Magíster en Salud Pública © Universidad de Chile.

Se ha desempeñado en estudios municipales teóricos y empíricos, en Responsabilidad

Social Empresarial para la empresa Chilectra S.A. y en proyectos de investigación en el

Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad

Católica de Chile.

Investigadora Asociada Instituto Chileno de Estudios Municipales, Universidad Autónoma

de Chile.

Sobre los autores

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11

Prólogo

Ricardo Israel Zipper Ph.D.

El tema del gobierno electrónico representa hoy en día uno de los desafíos de mayor

importancia para las democracias modernas, no sólo para el aparato estatal, también para

la relación público-privada que debe darse en el contexto de la sociedad en red. Es un

área tan vital que el desinterés y la desidia para liderar los procesos de cambio tecnoló-

gico en los gobiernos pueden contribuir a la aparición de elementos que cuestionan la

eficiencia del sistema, tanto en países desarrollados como subdesarrollados.

Sin embargo, se ha escrito poco, al menos en Chile, en relación a las estrategias de

gobierno electrónico en el espacio local, incluyendo el papel de los actores municipales

en la materia. Es por ello que esta obra es tan bienvenida, ya que contribuye donde más

hacía falta, con la justa comunión de reflexión y análisis empírico, lo que ayuda a extraer

necesarias lecciones en materia de políticas locales, como también mostrar aquellas res-

tricciones o debilidades que deben ser mejoradas.

Este libro permite mostrar la importancia adquirida por el fenómeno del gobierno

electrónico en el sistema municipal y difundir lo que se está haciendo. También nos

muestra algo tan relevante como que existen niveles de desarrollo digital en las munici-

palidades, sobre todo cuando son acompañados por la claridad de objetivos y de metas

de parte de sus autoridades, lo que nos da una buena base de apoyo en la búsqueda

de estrategias de mayor profundidad. Otro elemento a ser destacado es la existencia de

políticas internacionales que son adaptadas por los Estados y que impulsan el crecimiento

de estas estrategias y posibilitan mejores alianzas y redes para el objetivo común de un

mayor desarrollo tecnológico del municipio y los beneficios y oportunidades que esto

genera para la comunidad.

Hoy es indudable que existen variadas experiencias nacionales y locales sobre este

tema. De hecho, el Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM) de la Universidad

Autónoma de Chile, ha mostrado a través de su producción académica los avances y

desafíos del gobierno electrónico en Chile durante varios años.

Como indica el Editor de esta publicación, Roberto Lagos: “Esta publicación no pretende

abordar todas las artistas del tema ni mucho menos agotar sus posibilidades, sino presen-

tar algunos tópicos fundamentales para el gobierno electrónico en el sistema municipal”.

En efecto: las que se derivan de las políticas públicas para la sociedad de la información; la

Prólogo

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agenda digital en las políticas chilenas y su impacto en los municipios; la relación

entre gobierno electrónico y transparencia municipal; los desafíos del gobierno móvil

para las administraciones municipales; las posibles explicaciones que están a la base de losmunicipios con altos niveles de gobierno electrónico en Chile; el estudio de casos muni-cipales con experiencias exitosas en desarrollo digital y gestión pública.

Por ello, este libro es un aporte bienvenido para futuras políticas de modernización y reforma del sistema municipal, que tengan en un papel de relevancia las estrategias de TICs en los gobiernos locales. La necesidad es clara si lo que queremos es tener democracias de mejor calidad, que sean capaces de lograr que las instituciones no sólo funcionen, sino que lo hagan bien y donde una de ellas sean los municipios transformados en verdaderos gobiernos locales.

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Presentación

ACTUALIDAD Y DESAFÍO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LOS MUNICIPIOS

Roberto Lagos FloresEditor

Dedicar un volumen especial al gobierno electrónico municipal como campo de in-

vestigación y políticas públicas es todo un desafío y a la vez una enorme oportunidad.

El sistema municipal en Chile y América Latina es como sabemos un espacio dinámico,

ciertamente heterogéneo y complejo, que ha ido incorporando paulatinamente algu-

nas políticas, programas y proyectos relacionados con la implantación de estrategias de

gobierno electrónico para el mejoramiento de su gestión; en un proceso que aparece

para algunos como poco conocido, reciente y novedoso, pero que necesita nutrirse del

saber científico y de la experiencia práctica y que debe lograr un nivel de conocimiento

e información que supere la actual escasez e improvisación, marcada precisamente por

estar anclado en el sistema político local, en el cual no siempre los especialistas ponen su

atención. Actualmente existen variados intentos de cubrir el vasto mundo de las tecno-

logías de la información, de la sociedad informacional, de su relación con la democracia

y la función pública, sin embargo, encontrar literatura referida al campo de estudios del

gobierno electrónico y sus puntos de contacto con el nivel de gobierno y administración

municipal sigue siendo un reto para investigadores y especialistas, lo que genera para esta

publicación grandes expectativas.

En la literatura politológica hay autores que muestran que los cambios acontecidos

por la informática en la sociedad moderna son, no sólo impresionantes, si no que des-

bordan las posibilidades de evaluar los riesgos y amenazas que traen aparejados; algunos

han indicado que el boom informático de las últimas décadas aumentaría la desigualdad,

la marginación laboral, la desocupación, acentuaría las diferencias entre quienes conozcan

y dominen la red informática y quienes se quedan al margen. En un plano similar, aunque

menos pesimista, Sartori (1998; 2002) advirtió que el poder de las nuevas tecnologías

de la información y de las comunicaciones (NTICs) podría afectar a las masas, a los

grupos sociales dispersos, alterando los mecanismos de defensa mental de los sujetos,

indicando que nadie puede reaccionar a los mensajes transmitidos por los medios in-

formáticos, que es prácticamente imposible su evitación. Sartori señala que este efecto

de la “victoria de las tecnologías” es capaz de debilitar las barreras de la historia y de las

tradiciones culturales, imponiendo un mundo horizontal de unidad organizativa; el autor

Presentación

14


indica que esta irrupción tecnológica libera a los sujetos -para bien y para mal-, de los

arraigos preexistentes y de las raíces culturales. Bobbio (2008) señala que uno de los

ideales del poder democrático de controlar y supervisar a los gobernantes puede estar

en entredicho producto de las tecnologías actuales que tienen los gobiernos, pues las

personas, casi sin saberlo, pueden estar siendo monitoreadas, observadas y controladas

permanentemente: “sería una tendencia contraria a la que dio vida al ideal de la demo-

cracia como ideal del poder visible: no la tendencia hacia el máximo control del poder

por parte de los ciudadanos, sino al contrario, hacia el máximo control de los súbditos

por parte de quien tiene el poder” (2008: 118). Para Bobbio esta posibilidad puede ser

más que un destino una pesadilla. Por otra parte, Frick (2006) ha señalado que en otra

vereda está un grupo de cientistas sociales, a los que denomina cyber-optimistas que

consideran “que las posibilidades que ofrece internet en cuanto acceso a información

serían disparadoras de una mayor participación cívica y activismo político” (2006: 3). Un

cuadro diverso, pero también provocador y que cuenta con varios autores que recalcan

un escenario de dificultades y de desigualdad informacional y otros de apertura, desarro-

llo y optimismo democrático.

Ahora bien, desde la teoría del gobierno electrónico más comúnmente citada, autores

como Esteves (2005), Rivera (2006) y Frick (2006) han señalado que éste debería ser un

tema articulador de varios procesos no únicamente técnicos o tecnológicos. Articulador,

por cuanto este repertorio teórico busca complementar de manera coherente las nuevas

tecnologías de la información y de las comunicaciones con procesos de reingeniería en

las estructuras organizacionales y de cambio de las propias culturas de instituciones que

facilitan a las personas el acceso en línea a la información y los servicios que necesitan,

en suma, se trata de un asunto de redes y de flujo de información más bien que de

soportes o paquetes computacionales. Como señaló Barrientos “las tecnologías no sólo

implican instrumentos, incluyen conocimientos, creencias y valores” (2007: 117). De esta

idea surge la noción de un modelo de gestión del gobierno electrónico integral que no

sobredimensiona las tecnologías ni se limita a la dimensión técnica u operacional de un

sistema particular, por el contrario, observa el proceso de concertación de sus factores

constitutivos, dando cuenta de la riqueza del componente humano y organizacional que

es determinante en el buen uso de los nuevos sistemas aplicado al campo del gobierno y

la administración pública. Por tanto, el gobierno electrónico emerge como profundamen-

te ligado al gobierno de los territorios de tipo nacional o subnacional, ligado al proceso

de toma de decisiones en una localidad determinada y que facilita la interacción con la

ciudadanía que recibe bienes y servicios de las instituciones transparente y oportunamen-

te, y todavía más cuando una de ellas es tan fundamental para el desarrollo local como la

municipalidad. Como se desprende de esta breve ilustración del tema de las tecnologías y

la sociedad moderna no existen visiones únicas y conformistas, hay mucho que investigar

y profundizar, de modo de aportar a este nuevo campo del conocimiento.

15

Es por ello que presentar un volumen especial dedicado al tema implica identificar un

núcleo representativo de subtemas o materias que le dan contenido e ilustran el estado

actual de este campo de investigación y políticas. En segundo lugar este abordaje pone a

las administraciones municipales en el centro del debate y son ellas ciertamente las que

adoptan, usan, desarrollan y son capaces de innovar en acciones de gobierno electrónico.

Lo que supone dejar de percibir a las municipalidades como un sistema de gobierno local

sujeto a la experimentación tecnológica y a la perpetuación de experiencias fallidas pro-

ducto de su escaso liderazgo en el proceso tecnológico que tiene lugar en la actualidad.

De hecho, diversos estudios regionales y nacionales han mostrado tanto los avances

como las dificultades del proceso tecnológico en los diferentes campos de gobierno.

Finquelievich y Prince (2008) han enumerado ciertos principios del gobierno digital en

las diversas estructuras de gobierno, por ejemplo: la voluntad política, la existencia de un

plan de gobierno digital interdisciplinario, de largo plazo e integrador, que cuente con

financiación, infraestructura y con recursos humanos calificados. Además ambos autores

señalan que son claves para una buena gestión tecnológica un marco normativo conocido

con materias de regulación de telecomunicaciones, de contenidos, leyes, etc.; además

de proveedores de servicios tecnológicos competentes. Estas últimas disposiciones son

plenamente actuales y la experiencia muestra que todavía surgen como debilidades de

la estrategia digital; ya Esteves (2005) indicó que las municipalidades pueden optimizar

todos sus recursos, manejar eficientemente su gestión y acercarse a la ciudadanía, pero

en algunos casos la oferta de servicios municipales vía NTICs termina siendo poco estra-

tégica, dando cuenta con ello del tradicional poco valor que se le ha dado al componente

humano y organizacional en toda iniciativa de gestión pública tecnológica. En el mismo

sentido Mejías y Suárez (2009) han destacado que los municipios se ubican entre dos

espacios, uno externo, que presenta los mayores avances en e-gobierno, dirigido hacia

fuera de la organización, hacia la ciudadanía y otras instituciones; y otro espacio interno,

donde se registran las mayores dificultades tanto de capacitación de funcionarios muni-

cipales como de las resistencias al cambio que se viven en la institución. Estos estudios

coinciden en que las falencias de las estrategias de gobierno electrónico no radican en

la infraestructura y en el soporte, sino más bien en la disponibilidad, funcionamiento y

gestión de esa misma infraestructura.

El Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile

elaboró en 2010 un índice de gobierno electrónico municipal destinado a medir la pre-

sencia de contenidos webs municipales y de elementos de transparencia en los munici-

pios del país a través de sus mismas plataformas tecnológicas. Los autores Fuentealba y

Madariaga (2010) indicaron que la tendencia de penetración web de los municipios del

país continuaba al alza. De hecho, en 2004 el promedio nacional de municipios con sitios

webs operativos logró un valor del índice de 29 y en 2010 este valor llegó a 56 (en una

escala de 0 a 100).

Presentación

16


Utilizando como base este estudio podemos indicar aquellas once municipalidades

chilenas que lograron los mayores puntajes en la medición 2010. En el Gráfico 1 se apre-

cia el Índice de Gobierno Electrónico Municipal (IGEM), por medio del gráfico de barras,

para cada uno de los municipios líderes.

En el espacio superior se aprecia el Índice de Contenidos webs –producto de la ob-

servación de determinados componentes en los sitios webs municipales, (26 variables)- y

en el espacio inferior el Índice de Transparencia municipal –conformado por la presencia/

ausencia de información de interés público sujeto al proceso de transparencia pasiva (29

variables al interior del sitio web del gobierno local).

Como podemos ver hay pocas variaciones entre los municipios señalados, se diferen-

cian mayormente en materias de transparencia de la información pública. El municipio

con mayor puntuación es Viña del Mar con un índice de 93,4 en IGEM, en tanto, lo

Barnechea logra 84,5 en mismo ítem; ambos municipios líderes tienen una diferencia de

9 puntos dada por la presencia o ausencia de algunas de las variables observadas en los

sitios webs institucionales (Fuentealba y Madariaga 2010). En este caso la diferenciación

responde a acciones de transparencia pasiva.

Gráfico 1: Municipios líderes en Índice de Gobierno Electrónico Municipal 2010

Fuente: elaboración propia a base de Fuentealba y Madariaga (2010).

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Las puntuaciones para el resto de los municipios ejemplificados fueron las siguientes:

91 para Huechuraba; 89,6 para La Serena y Peñalolén; 89,3 para Antofagasta; 87,9 para

Quillón; 87,6 para Providencia; 86,5 para La Florida; 85,8 para Vitacura y 85,5 para la

municipalidad de Puchuncaví.

Como se observa, el Índice de contenidos webs está en estricta concordancia con el

Índice global de gobierno electrónico -IGEM- (lo supera producto de su mayor penetra-

ción), en cambio el Índice de Transparencia aparece como el más deficitario; al parecer

sigue siendo una iniciativa aún novedosa y en desarrollo para el sistema municipal chileno

y a la que con dificultades se han debido adaptar las municipalidades, prueba de ello es

que existe información que debiera estar considerada en el Índice de transparencia pero

o no existe esa información en el municipio o está en preparación, en otros casos simple-

mente no ha sido dispuesta en el portal institucional producto de las gestiones internas.

De hecho, algunos artículos contenidos en este volumen intentan profundizar y explicar

algunas de estas afirmaciones, utilizando como referencia el mismo Índice de gobierno

electrónico municipal.

Con todo y más allá de estos antecedentes, en esta publicación buscamos entregar

una mirada sobre este fenómeno con la mayor amplitud teórica y práctica posible, de la

mano del conocimiento acumulado en la materia. En este volumen incluimos seis artículos

de divulgación científica de destacados investigadores y especialistas que abordan varias

aristas importantes del tema. Algunos, enfatizan el aspecto tecnológico y de disponibilidad

de medios técnicos para realizar un mejor gobierno y gestión pública, otros subrayan la

preponderancia de comprender el funcionamiento real de estos sistemas a través de una

mirada cualitativa y comprensiva. Las políticas públicas en Chile sobre tecnología y comu-

nicación para la administración pública local también son abordadas en esta publicación,

como asimismo la búsqueda de ciertos elementos que puedan explicar los niveles de

digitalización municipal en el caso chileno.

Inauguramos este volumen, en primer lugar, con un estudio de la Doctora Susana

Finquelievich, reconocida especialista en políticas de desarrollo de la sociedad de la infor-

mación. La autora presenta un artículo en el que plantea la relevancia de la generación,

formulación y actualización de este tipo de políticas públicas en América Latina y el Ca-

ribe. Sugiere que los temas referidos a la información y el conocimiento se encuentran

relacionados a estrategias nacionales de ciencia, tecnología e innovación, y por tanto,

la investigación en la materia debe ser una prioridad y resultar relevante para nuestro

continente por cuanto necesita reinsertarse en el mundo para producir y proveer bienes

y servicios basados en el conocimiento, en palabras de Finquelievich: “Debe consolidar

su capacidad de innovación científica y tecnológica entendida como el uso de las herra-

mientas digitales para la inclusión plena del individuo”. Su trabajo concluye en la presen-

tación de una serie de propuestas concretas en la materia. Artículo que se erige como la

puerta de entrada al gobierno electrónico municipal; trabajo que puede ser presentado

Presentación

18


como un marco referencial para el resto de los artículos, otorgándoles coherencia ar-

gumentativa. Su lectura permite al investigador desarrollar una reflexión que permita

aplicar las principales orientaciones teóricas y conceptuales a sus propias problemáticas

de estudio.

En segundo lugar, los autores Valdés y Guzmán presentan la innovación del gobierno

móvil y sus implicancias en la gestión pública moderna, especialmente en el sistema muni-

cipal. Estiman que la mejor y más efectiva forma de ejercer relaciones instantáneas entre

los gobiernos locales y las personas es por medio de estos dispositivos, entendidos como

Smartphones o teléfonos inteligentes y PDA´s. Describen el concepto de gobierno elec-

trónico, repasan la irrupción de las TIC`s en los gobiernos locales desde su experticia y

proponen observar las nuevas tecnologías relacionadas con la funcionalidad de la telefonía

móvil, exponiendo las aplicaciones posibles, sus beneficios y potencialidades para empre-

sas y organismos públicos, especialmente para las municipalidades, no sin antes detallar

los riesgos asociados a su uso y las medidas de protección a considerar para enfrentar las

amenazas informáticas que acompañan estas tecnologías. Nos ofrecen la perspectiva del

mundo que viene para la administración municipal. Un campo atractivo para este espacio

que se comienza a nutrir de estas nuevas tecnologías.

En tercer lugar, en el tema referido a transparencia y gobierno electrónico municipal,

Andrés Chacón procura evidenciar que pese a que los indicadores de acceso a internet,

tecnología e información pública han mejorado, en términos generales el sector municipal

chileno se manifiesta todavía rezagado; según sus palabras está “en una etapa de madurez

tecnológica aún insuficiente como para generar un salto significativo que implique un ma-

yor impacto económico o más importante aún, una estrategia que entregue bases para

la creación de estándares de gobierno electrónico que vayan en directo beneficio de los

ciudadanos”. Así y todo el autor repasa la implementación de la Ley de Transparencia Nº

20.385 en Chile, se refiere a las estrategias de gobierno electrónico en vigencia y proble-

matiza los avances de los municipios en materia de transparencia y de información pública

dispuesta en sus portales web.

En el cuarto artículo de esta publicación, Fuentealba y López delimitan el camino que

ha seguido Chile en materia de gobierno electrónico local, desde las bases contenidas

en el Informe de la Comisión Presidencial NTIC del año 1998 hasta la Estrategia Digital

2007-2012 y la Ley de Transparencia Nº 20.285. Exponen que el gobierno electrónico

local ha sido una preocupación posterior, retrasada, pero en crecimiento, de las políticas

estatales. Los autores destacan dentro del ámbito local la implementación de la Ventanilla

de Trámites Municipales. Abordan la situación actual de Chile en materia de gobierno

electrónico local, comparan los estudios que han evaluado las páginas webs de los muni-

cipios y reflexionan en torno a las potencialidades del gobierno electrónico local, la nece-

sidad de seguir avanzando en estas materias y los principales retos que deben afrontarse

para promover su uso en el país.

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Héctor Ormeño, en el quinto trabajo de esta entrega, explica el nivel de desarrollo

del gobierno electrónico en las distintas comunas de Chile y además logra determinar

la probabilidad de existencia de ciertos elementos relevantes en el sitio web de cada

municipalidad (por ejemplo, servicios de bolsas de trabajo, certificados y pagos online).

Para ello realiza un modelo de regresión donde utiliza el Índice de Gobierno Electrónico

Municipal 2010 (IGEM), preparado por investigadores del ICHEM, estimación en la que el

autor encuentra un efecto positivo de las variables población, ingreso municipal per cápita

y la frecuencia de consumo de internet en las comunas. En su estimación, Ormeño señala

un efecto negativo de la calidad de comuna turística, mostrando que aquellas comunas no

turísticas son las que más han avanzado en los niveles de gobierno electrónico municipal

en Chile. Con respecto a la probabilidad de presencia de elementos relevantes en la web

municipal, su análisis muestra un efecto positivo del tamaño poblacional y el presupuesto

per cápita, como también una relación positiva y significativa entre el nivel de eficiencia y

la probabilidad de existencia en el sitio web de un ítem que permita obtener certificados y

realizar pagos en línea. En suma, un trabajo que a la luz de sus estimaciones logra mostrar

aquellas variables que inciden en los niveles de gobierno electrónico municipal en Chile

contribuyendo a mejorar los niveles de conocimiento en la materia.

Por último Froimovich en un paradigma investigativo cualitativo, realiza un estudio

de casos municipales enfocado en sus modelos de gestión de tecnología interna y en su

función pública comunal. Para ello estudia en profundidad dos municipios de Chile que

presentaron un alto Índice de Gobierno Electrónico Municipal: Huechuraba y Peñalolén

(véase gráfico 1 de esta presentación). A partir de entrevistas semi-estructuradas a ac-

tores claves en estos gobiernos locales, Froimovich explora y describe sus modelos de

implementación y utilización de las TICs, caracterizando los usos tecnológicos, las ven-

tajas y desventajas de aquellas, sus principales repercusiones en el desarrollo municipal

y comunal, y la relación que establecen los actores municipales y la comunidad con los

medios tecnológicos con que cuentan. Los principales hallazgos le permiten concluir que,

efectivamente, sus altos niveles de gobierno electrónico no responden tanto a la cantidad

de recursos materiales disponibles, dispositivos o equipamiento, sino principalmente al

liderazgo desarrollado por sus alcaldes, a las interrelaciones y coordinación lograda entre

departamentos del municipio y con la comunidad, a la cultura organizacional y su capa-

cidad de adaptación a los cambios acontecidos en el municipio. Realizando un aporte al

saber científico pues coincide con muchos supuestos que la literatura ha demostrado

recientemente.

Finalmente, debemos volver a recalcar que esta publicación no pretende abordar to-

das las artistas del tema ni mucho menos agotar sus posibilidades, sino presentar algunos

tópicos fundamentales sobre los cuales se ha comenzado a generar conocimiento, análisis

e información, y que seguro seguirán motivando la investigación en el área del gobierno

electrónico municipal.

Presentación

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BibliografíaBarrientos, F. (2007). “Dimensiones discursivas en torno al voto electrónico”. En

Revista de Ciencia Política. Vol. 27, Nº 1, Santiago.

Bobbio, N. (2008). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.

Esteves, J. (2005). Análisis del desarrollo del gobierno electrónico municipal en España.

Versión Electrónica. Recuperado 20 de enero de 2011: http://latienda.ie.edu/working_pa-

pers_economia/WPE05-32.pdf.

Finquelievich, S. y Prince, A. (2008). “Gobiernos locales y ciudades digitales”. Versión

Electrónica. Recuperado 20 de enero de 2011:

http://www.links.org.ar/weblinks/Quito,_Ciudades_digitales,_Finquelievich_y_Prince.doc.

Frick, M. (2006). La ciencia política electrónica. Introducción a un nuevo campo de inves-

tigación. Uruguay: Universidad de la República. Versión Electrónica. Recuperado 20 de

enero de 2011: http://www.scielo.edu.uy/pdf/rucp/v15n1/v15n1a09.pdf.

Fuentealba, R. y Madariaga, M. J. (2010). “Índice de Gobierno Electrónico Municipal

2010”. Documento de trabajo, Nº 46. Instituto Chileno de Estudios Municipales, Universi-

dad Autónoma de Chile.

Mejías, C. y Suárez, P. (2009). “Gobierno electrónico y gobiernos locales”. En Revista

Chilena de Estudios Regionales. Red Sinergia Regional. Año 1, Nº 2, Temuco, Chile.

Rivera, E. (2006). “Concepto y problemas de la construcción del gobierno electróni-

co. Una revisión de la literatura”. En Revista gestión y política pública. México: Centro de In-

vestigación y Docencia económicas A. C. Universidad Autónoma del Estado de México.

Sartori, G. (1998). Homo videns. La sociedad teledirigida. Madrid, España: Taurus.

Sartori, G. (2002). La política: lógica y métodos en las ciencias sociales. México: Fondo

de Cultura Económica.

21

Artículos

22


23

FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE1

Susana Finquelievich

1 Este artículo se basa en investigaciones realizadas por la autora sobre este tema para UNESCO, PNUD, y la Oficina Nacional de Tecnología Informática de Argentina (ONTI).

24


25

1. Introducción

Este trabajo plantea la relevancia de la generación, formulación y actualización de las

políticas públicas para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. Los

temas relativos a la información y el conocimiento están directamente ligados a otras

estrategias nacionales, en particular a las concernientes a Ciencia, Tecnología e Innova-

ción. La naturaleza transdisciplinaria de la Sociedad de la Información, que une los cono-

cimientos técnicos a la economía y a las ciencias sociales, la hace transversales a otros

temas (e-gobierno, e-salud, educación, seguridad, infraestructuras de telecomunicaciones,

etc.), así como a un alto número de actores sociales: gobierno, empresas, universidades,

organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otros. En consecuencia, los temas de

las emergentes sociedades de la información y el conocimiento son también la base de

las transformaciones de la organización social y económica de los países en los que se

inscriben.

Las políticas públicas para la Sociedad de la Información (en adelante, PPSI) pueden

definirse como un conjunto coherente de estrategias públicas, dirigidas a promover la

construcción y desarrollo de una Sociedad de la Información orientada en forma interre-

lacionada al desarrollo social, político, humano, económico y tecnológico en cada socie-

dad, siendo su motor de desarrollo la producción, utilización y explotación equitativa del

conocimiento por todos los sectores sociales. El artículo plantea que el desarrollo de las

PPSI en la región ha sido desigual. Aunque existen iniciativas tendientes a implementar

políticas TIC, éstas han sido perturbadas, tanto por factores internos como externos.

Se presentan ejemplos concretos de Brasil, México, Argentina, Paraguay, Bolivia y otros

países, poniendo el énfasis en las políticas de gobierno electrónico.

Finalmente, el trabajo sugiere que, dado que la Investigación y Desarrollo es fun-

damental en la Sociedad del Conocimiento, América Latina necesita reinsertarse en el

mundo como región capaz de producir y proveer bienes y servicios basados en el cono-

cimiento. Debe consolidar su capacidad de innovación científica y tecnológica, entendida

como el uso de las herramientas digitales para la inclusión plena del individuo. Se sugiere

una serie de propuestas concretas.

2. El proceso social y político de desarrollar sociedades del conocimiento

Las emergentes sociedades del conocimiento conforman un círculo virtuoso, en el

cual el progreso del conocimiento y las innovaciones tecnológicas, mutuamente determi-

nados, producen más conocimiento y mejores innovaciones en el mediano y largo plazo.

Como resultado, la producción de conocimiento, y de las prácticas sociales, económicas

y políticas basadas en él atraviesan una aceleración considerable (UNESCO 2005). Las

Formulación y actualización de las políticas públicas para la sociedad de la información en América Latina y el Caribe

26


herramientas facilitadas por las tecnologías de información y comunicación (en adelante,

TIC) son una condición necesaria pero no suficiente para el proceso social y político de

desarrollar sociedades del conocimiento. Bindé y otros plantean: “La idea de la sociedad

de la información se basa en avances tecnológicos. Pero el concepto de sociedad del

conocimiento engloba dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más amplias. Existe

una multitud de estas dimensiones, que excluyen la idea de un modelo único y listo para

usar, dado que semejante modelo no consideraría la diversidad cultural y lingüística, vital

para que los individuos se sientan en casa en un mundo cambiante. Varias formas de co-

nocimiento y cultura entran siempre en la construcción de cualquier sociedad, incluyendo

a aquéllos fuertemente influenciados por el progreso científico y la tecnología moderna.

Sería inadmisible encarar una revolución de información y conocimiento que conduzca

–a través de un determinismo tecnológico estrecho y fatalista- a una única forma posible

de sociedad” (UNESCO 2005: 17).2

Las cuestiones concernientes a la información y el conocimiento están indisoluble-

mente ligadas a otras estrategias nacionales. Su naturaleza transdisciplinaria, que acopla las

disciplinas técnicas a la economía y a las ciencias sociales, entre otras, las hace transversa-

les a otros temas (e-gobierno, e-salud, educación, seguridad, infraestructuras de teleco-

municaciones, etc.), así como a un alto número de actores sociales: gobierno, empresas,

universidades, organizaciones no gubernamentales (ONG). Por lo tanto, los problemáti-

cas de las aún recientes sociedades de la información y el conocimiento son también la

base de las transformaciones de la organización social y económica de los países en los

que se inscriben (Finquelievich et. al. 2009).

El cambio tecnológico presenta la particularidad única de que avanza a una celeridad

anteriormente desconocida en la historia humana. Los gobiernos deben mantenerse a la

par, formulando no sólo estrategias a corto y mediano plazo - que producirán resultados

concretos y visibles para los actores sociales involucrados y la población en general - sino

políticas a largo plazo, como agendas nacionales de la sociedad de la información. No

existen fórmulas generales para las estrategias y políticas relativas a las TIC. Aun así, los

gobiernos pueden identificar las mejores prácticas desarrolladas a nivel nacional, regional

o internacional, para adaptarlas a las circunstancias y contextos específicos de cada país.

La Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información (Artículo 100 a) señala que:

“Las ciberestrategias nacionales, cuando corresponda, deben constituir parte integrante

de los planes de desarrollo nacionales, incluyendo las estrategias de reducción de la po-

breza, y estar dirigidas a contribuir al logro de metas y objetivos de desarrollo internacio-

nalmente acordados, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

2 La traducción es nuestra.

27

Las políticas públicas, consideradas como conjuntos de estrategias o acciones toma-

das por el gobierno para dirigirse a un asunto público, son elementos clave en el proceso

general de desarrollo de la Sociedad de la Información, así como en la estrategia nacional

general. El gobierno, ya sea nacional, provincial o local, desarrolla esta política en términos

de leyes, regulaciones, decisiones y acciones. En síntesis, las políticas públicas son un con-

juntos de metas, iniciativas, decisiones y acciones llevadas a cabo por un gobierno para

resolver un problema o necesidad que los ciudadanos, o el mismo gobierno, consideran

una prioridad en un momento dado. Están vinculadas - ya sea como legislación o como

programas - a las ideologías, filosofías y preocupaciones del gobierno, y representan la

responsabilidad gubernamental con respecto a un tema determinado (Finquelievich, Ro-

zengardt, Davidziuk y Finquelievich 2009).

Las políticas públicas para la sociedad de la información constituyen un mapa –un

plan regional, nacional o local- para la inclusión y la apropiación, por parte de gobiernos,

instituciones, empresas, comunidades e individuos de los beneficios derivados de la cons-

trucción de la Sociedad de la Información y de su adaptación a las especificidades de cada

contexto. Es necesario considerar que la PPSI es una carretera por la que se circula, no

un puerto al que se llega. No es un estado, sino un proceso de construcción colaborativo,

abierto y permanente. Para viajar por esta carretera, es necesario en primer lugar visuali-

zarla, planearla y construirla, de modo de volverla transitable para todos los ciudadanos.

La Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, en su artículo 853 expre-

sa: “Teniendo en cuenta el liderazgo de los gobiernos en asociación con otras partes

interesadas en la aplicación de los resultados de la CMSI, incluido el Plan de Acción de

Ginebra, a escala nacional, alentamos a los gobiernos que aún no lo han hecho a elaborar,

según proceda, ciberestrategias nacionales exhaustivas, previsoras y sostenibles, incluidas

estrategias de las TIC y ciberestrategias sectoriales, según proceda, como parte integrante

de planes nacionales de desarrollo y estrategias destinadas a la reducción de la pobreza,

lo antes posible y antes de 2010”. Más adelante (artículo 2f), recomienda: “Promover la

utilización de las TIC en el sector público como una prioridad, considerándola como una

esfera esencial para las intervenciones al desarrollo basadas en las TIC”. En el artículo 48

añade: “Notamos con satisfacción la utilización cada vez mayor de las TIC por parte de

los gobiernos para dar servicio a los ciudadanos y alentamos a los países que aún no lo

han hecho a que elaboren programas nacionales y estrategias para el cibergobierno”.

3 Véase http://64.233.163.132/search?q=cache:CYGy_Rb---MJ:www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1-es.html+ Agenda+Digital+Tunez&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar


28


El tema de las políticas públicas para la sociedad de la información es relativamente

nuevo. Aún los países que han dedicado esfuerzos estables y continuos a elaborar es-

trategias nacionales o locales, como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, entre otros,

comenzaron estas tareas a mediados de la década de los 1990. Islandia, un ejemplo

paradigmático, presentó su objetivo fundamental para la concreción de una política de

la Sociedad de la Información en 1996, ubicando al país al frente de las naciones en la

utilización de TIC al servicio de la humanidad y de una creciente prosperidad.

La historia y antecedentes de las PPSI, aunque ricos en contenidos y en modelos

organizacionales, aún eran relativamente nuevos y escasos hasta el comienzo del tercer

milenio. Estas políticas y estrategias no fueron influidas sólo por los factores endógenos

a cada país, por sus historias y estructuras sociales, sino también por los contextos in-

ternacionales y por eventos significativos, como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la

Información (2003, Ginebra y 2005, Túnez) y E-LAC 2007 (El Salvador).

Según Martín Hilbert, Sebastián Bustos y João Carlos Ferraz (2005), el proceso de

generar e implementar políticas para la sociedad de la información está sujeto a factores

internos y externos. Los factores internos, como el nivel de desarrollo de un país, deter-

minan el contexto en el cual este país desarrolla sus estrategias nacionales. El concepto

“nivel de desarrollo” incluye los factores socioeconómicos identificados tradicionalmen-

te (ingreso per cápita, nivel educativo de los recursos humanos, salud, etc.), pero tam-

bién el grado de avances hacia una sociedad de la información. Estos expertos también

identifican factores externos más dinámicos - tales como las tendencias de crecimiento

(entre ellas, el contexto macroeconómico), la estabilidad y la orientación política- que

pre-determinan las prioridades de un gobierno. Estos factores externos determinan el

grado de importancia asignado por un gobierno nacional a la construcción y desarrollo

de una sociedad de la información y de sus componentes, en cada una de las fases de

una estrategia nacional.

El grado de apertura de la sociedad, de su conciencia sobre la necesidad de imple-

mentar políticas para la sociedad de la información, es otro de los factores citados por

Hilbert, Bustos y Ferraz. Por ejemplo, la celebración de la Cumbre Mundial de la Sociedad

de la Información (CMSI) 2003-2005 (WSIS) ha contribuido a la sensibilización de los

gobiernos sobre el paradigma de la sociedad de la información en sus propios países.

Las PPSI son necesarias para promover el desarrollo de los países. Como subrayan

Soyo, Chacko y Pradhan (2004) “[y]ya sea con el fin de acortar la brecha digital o de

reposicionar la nación en la nueva economía digital interconectada, y para asegurar que

las comunidades y culturas marginalizadas no sean excluidas en el movimiento de in-

corporación de las TIC, las naciones necesitan dar un paso atrás y evaluar donde están

paradas. Necesitan asegurarse de que las políticas nacionales con respecto a las TIC se

dirigen al aspecto central del desarrollo: el desarrollo humano. En el análisis final, las TIC y

29

las e-estrategias deberían ser los medios para alcanzar este fin”.4

El status individual de cada país, su capital de investigación, pueden ser claves para

ocupar un lugar en el contexto internacional. “Aquellos países que actualmente están

preparados para hacer lobby y argumentar sus posiciones más efectivamente en las

negociaciones internacionales se basan en la colecta rigurosa de datos, análisis e investi-

gación competitiva desde instituciones académicas nacionales e institutos de formulación

de políticas, para informar sus posiciones” (Gillwald y Abrahams 2003: 5).5

3. La necesidad de la actualización continua

Las PPSI deben actualizarse continuamente. Por ejemplo, en el año 2009, Finlandia

comenzó a concretizar su sueño de que todos los ciudadanos tengan el derecho a tener

banda ancha. En julio de 2010 entró en vigencia una Ley que garantiza el acceso universal

a una conexión mínima de 1 Mbps. Se trata del primer paso de un plan más ambicioso,

dirigido a crear las infraestructuras necesarias para que ningún hogar esté a más de dos

kilómetros de distancia de un punto de enlace, y capaz de llevar para 2015 una señal de

100 Mbps. Con la nueva norma, los proveedores estarán obligados a ofrecer sus servicios

en todo el territorio. Además, el gobierno finlandés ha reconocido el acceso a la banda

ancha como uno de los derechos legales y fundamentales de los finlandeses.

Otro caso es el de la Provincia de San Luis, en Argentina, cuya efectiva política de

inclusión socio-digital había conducido a un 80% de penetración de Internet en el año

2010. Con el objeto de ampliar aún más este proceso, el Gobierno provincial se propone

convertirse en el primer estado del mundo en garantizar el derecho de la población al

acceso gratuito a Internet por banda ancha, según un proyecto enviado a la Legislatura

por el Gobierno provincial. El proyecto de ley propuesto apunta a “salvaguardar las ga-

rantías y derechos consagrados” en la Constitución provincial para toda la población “y

mantener, promover y garantizar su inclusión digital”, según el texto de la iniciativa.6

Muchos países, regiones y ciudades han desarrollado iniciativas y acciones con res-

pecto a la sociedad de la información sin explicitar previamente una política pública al

respecto. Varias de estas iniciativas han resultado exitosas, al menos en sectores como el

E-Gobierno o infraestructuras TIC. Por otra parte, en la mayoría de los países, la socie-

dad de la información no está guiada sólo por políticas y estrategias públicas, sino y de

manera predominante por las tendencias del mercado, al menos allí donde estas son lo

4 La traducción es nuestra 5 La traducción es nuestra6 Véase http://www.iprofesional.com/notas/99954-San-Luis-se-propone-garantizar-el-derecho-al-acceso-gratis-a- Internet.html , consultado el 21 de enero de 2011.


30


suficientemente fuertes. Es así como surge una interrogación: ¿Por qué se necesita dise-

ñar políticas explícitas con respecto a la sociedad de la información?

Como plantean Hilbert y Katz: “El establecimiento e implementación de estrategias

regionales, nacionales o locales de desarrollo de la sociedad de la información son indis-

pensables a fin de aprovechar la “oportunidad digital”. (…) Los mecanismos del merca-

do, librados a sí mismos, tienden a profundizar la brecha digital entre y en el interior de

las sociedades. Para prevenir este proceso, se necesita un liderazgo fuerte y visionario,

capaz de reducir costos de coordinación e incertidumbres” (2002: 38-39).

La Comisión Social y Económica de las Naciones Unidas para Asia y el Pacifico ob-

serva: “Incluso cuando se promulgan como pronunciamientos políticos claramente defi-

nidos, las políticas en TIC necesarias tienen que tener en cuenta otras áreas de política,

como las políticas de educación, las políticas de la información, las políticas comerciales y

de inversiones y las políticas culturales y lingüísticas. Sin embargo, el mero establecimien-

to por escrito de una política nacional de TIC tiene valor en sí mismo. Como mínimo,

transmite el mensaje de que el Gobierno está orientado hacia el futuro y tiene la inten-

ción de continuar la utilización de las TIC en la sociedad. Los gobiernos deberían, por

supuesto, aspiran a más, poniendo en práctica el contenido de las políticas, y adoptando

un rol de modelo por medio de la aplicación de las TIC en su propia administración

y servicios” (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

– ESCAP 1999).

4. El rol de los gobiernos y los demás actores sociales

Las metas de la PPSI necesitan ser coherentes con los fundamentos y los elementos

establecidos para esta política, y que estos objetivos están arraigados en las diversas áreas

de acción recomendadas por la misma PPSI. Es aquí cuando es necesario reflexionar

sobre el rol que los gobiernos y otros actores sociales juegan en la formulación e imple-

mentación de la política pública para la Sociedad de la Información, ya sea Agenda Digital

nacional o Plan Estratégico para Gobierno Electrónico.

4.1. Los actores estatales

Los gobiernos y los varios actores sociales (stakeholders) pueden desempeñar di-

versos roles para materializar las metas del PPSI. Es aconsejable que las interacciones

entre estos actores y roles promuevan una implementación de la política o estrategia de

manera armoniosa, integral y sistemática. El gobierno nacional es uno de los actores fun-

damentales en todo el proceso de la formulación, actualización e implementación de una

PPSI. Su rol primordial, a través de sus agencias u organizaciones, es el de coordinar este

31

proceso, además de regular y garantizar las condiciones políticas y financieras para de-

sarrollar un PPSI basado en un plan coherente, a largo plazo, diseñado para eliminar in-

equidades en el acceso y apropiación de los beneficios de la Sociedad de la Información.

Para alcanzarlo es necesario que los mismos gobiernos faciliten la implementación de

mecanismos multi-sectoriales para incorporar las heterogéneas visiones y demandas de

los diversos actores sociales, asegurando un proceso transparente e inclusivo (Fernán-

dez Aballi 2007). Los gobiernos juegan igualmente un papel fundamental al desarrollar

y promover las capacidades para la apropiación y el uso eficaz de la información, el

conocimiento y de las TIC, por medio de los programas nacionales que ofrecen a los

ciudadanos condiciones accesibles de compra de equipos y campañas de educación y

formación permanente.

El rol del Estado es, no sólo el de comprender, sino también el de prever las necesi-

dades de los diversos actores sociales y estar preparado para su legislación y regulación,

así como para establecer articulaciones operativas entre ellos.

4.2. El rol de los actores sociales no estatales

Si bien las políticas públicas relativas a la Sociedad de la Información y el Conoci-

miento están formalmente lideradas por el Gobierno, los diversos actores – en especial

el sector privado- inducen elementos en estas políticas y estrategias y pueden cambiar

sus resultados. El sector privado juega un rol clave en la Economía del Conocimiento.

Puede (y a veces lo hace) impulsar la elaboración de una PPSI cuando el Gobierno deja

este espacio vacante. Es un actor fuerte que suele liderar las innovaciones tecnológicas

y organizacionales.

Entre los otros actores, el sector privado necesitaría orientar su crecimiento hacia

los objetivos de desarrollo establecidos por el Estado. Esto incluye percibir a usuarios no

inmediatamente rentables, como poblaciones remotas, rurales o de bajos ingresos –así

como otros sectores no cubiertos por el mercado TIC- como nichos potenciales para

proveerles productos y servicios. Las empresas medias y pequeñas (Pymes) son actores

fundamentales en la formulación de una PPSI. Sayo, Chacko y Pradham (2004) sugieren

que las políticas nacionales consideren los desafíos enfrentados por las Pymes. Asimis-

mo, es interesante que el gobierno nacional refuerce los lazos entre el desarrollo de las

empresas y el de los recursos humanos, promoviendo una fuerza de trabajo calificada,

adecuada para innovar con TIC.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) expresan valores sociales compartidos

que suelen diferir de los de las organizaciones públicas y las empresas, pero que se inter-

ceptan con ellas. Suelen actuar por el bien público en el espacio localizado entre el Estado

y los sectores de mercado. Las OSC participan crecientemente en temas relacionados


32


con la Sociedad de la Información, especialmente sobre acceso a la información, dere-

cho a la información, conectividad, telecomunicaciones y servicio universal. Por lo tanto,

sus necesidades e intereses necesitan ser consideradas en los niveles más altos de la

formulación de políticas y estrategias relacionadas con la Sociedad de la Información y

el Conocimiento.

El sector de Ciencia y Tecnología (CyT), también llamado sector académico, com-

prende a las instituciones de CyT, las universidades, centros de investigación, entre otros.

Es un actor sumamente relevante en la Sociedad de la Información y el Conocimiento,

dado que proporciona tanto los recursos humanos calificados, los investigadores, como

el conocimiento para construirla. Una cuestión clave para ser considerada en las PPSI es

la articulación entre las universidades, las empresas de alta tecnología y los programas de

investigación; su interacción permanente es esencial para el desarrollo y el avance de las

TIC. En tiempos en que las fronteras entre las políticas de investigación y de innovación

se esfuman, la investigación en CyT necesita ser acompañada por medidas para facilitar la

transformación de sus resultados en productos y servicios exitosos.

Es conveniente que las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y

los ciudadanos en general participen activamente en todas las fases del proceso de las

políticas y estrategias sobre la Sociedad de la Información. Deben servir proactivamente

como nexo entre la ciudadanía y los gobernantes, cerciorándose de que las demandas y

los intereses sociales sean incluidos. Estos actores desempeñan también un papel impor-

tante en el establecimiento de las metas y en la supervisión y evaluación de la política

y sus impactos. El desarrollo de una PPSI es un proceso que abre oportunidades de

explorar nuevos panoramas con respecto a la innovación técnica al servicio del desa-

rrollo humano, así como posibilidades de experimentar panoramas de la participación

multisectorial.

5. Las especificidades de las políticas públicas en países en desarrollo

Cuando se habla de PPSI en los países en desarrollo, surgen algunas preguntas: ¿Cuá-

les son los obstáculos enfrentados en la formulación e implementación de estas políticas?

¿Cómo los afecta el contexto internacional? ¿Es posible o deseable que los países en

desarrollo utilicen total o parcialmente estrategias o políticas ya implementadas por los

países más desarrollados?

A pesar de que las estrategias para desarrollar un sector local de producción y co-

mercialización de TIC datan de la década de los 1980s (Singapur, India y Brasil fueron

algunos de los pioneros), las políticas orientadas a la Sociedad de la Información no

surgieron hasta la segunda mitad de la década de los 1990s. Las expectativas nacidas a

33

raíz del cambio de milenio y las acciones de organizaciones internacionales añadieron

un sustento adicional a esta renovación de la orientación. Con el apoyo de asociaciones

público-privadas, como el G-8 Digital Opportunity Task Force (DOT Force), y la UN ICT

Task Force, los países de la región fueron cambiando el rumbo, desde experiencias piloto

puntuales y no coordinadas, a enfoques de políticas más integrales, con perspectivas de

unir los conceptos de TIC y desarrollo (TICD) en sus estrategias.

La Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informa-

ción (CMSI)7 expresa: “Estamos decididos a proseguir nuestra búsqueda para garantizar

que las oportunidades que ofrecen las TIC redunden en beneficio de todos. Estamos de

acuerdo en que, para responder a tales desafíos, todas las partes interesadas deberían

colaborar para ampliar el acceso a la infraestructura y las tecnologías de la información y

las comunicaciones, así como a la información y al conocimiento; fomentar la capacidad;

reforzar la confianza y la seguridad en la utilización de las TIC; crear un entorno propicio

a todos los niveles; desarrollar y ampliar las aplicaciones TIC; promover y respetar la

diversidad cultural; reconocer el papel de los medios de comunicación; abordar las di-

mensiones éticas de la Sociedad de la Información; y alentar la cooperación internacional

y regional. Acordamos que éstos son los principios fundamentales de la construcción de

una Sociedad de la Información integradora”.8

Los objetivos que se fijaron en este contexto variaron desde identificar aplicaciones

concretas de TIC para el desarrollo, hasta el desarrollo de industrias TIC nacionales

completamente nuevas, en Brasil, India, Ghana, Argentina, y Uruguay, entre otros. La

última década ha sido testigo de un incremento substancial en las estrategias de TICD.

Pero Zambrano y Browne (2004) sostienen que si bien más de 90 países en desarrollo

se habían embarcado ya en el diseño de estrategias nacionales de TICD antes del 2005,

los resultados no fueron óptimos. Muchas de estas estrategias están concentradas en

torno a un foco tecnológico, y dirigidas a promover la industria TIC local (sobre todo, el

software). Otras son excesivamente ambiciosas y generales, y carecen de la credibilidad

necesaria como para atraer los recursos financieros necesarios para su implementación.

Otras aún no identifican las prioridades concretas y /o los planes de implementación

apropiados, o están excesivamente dominadas por los gobiernos nacionales, sin dejar

espacio a otros actores en este proceso. Muchas de estas estrategias y políticas no están

coordinadas con otras agendas nacionales, tales como la reducción de la pobreza y los

Objetivos de Desarrollo del Milenio.

7 La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) se desarrolló en dos fases. La primera fase tuvo lugar en Ginebra, del 10 al 12 de diciembre de 2003 y la segunda en Túnez, del 16 al 18 de noviembre de 2005.8 Véase http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!MSW-S.doc


34


5.1. Desafíos para los países emergentes con respecto a las políticas digitales

Massiel Guerra y otros (CEPAL 2008) plantean, con respecto al diseño de estrategias

y políticas para la Sociedad de la Información en América Latina, que la formulación de

una estrategia nacional está determinada por factores endógenos (el nivel de desarrollo

del país, lo que incluye no solo las variables socioeconómicas tradicionales, como el

ingreso per cápita y componentes de desarrollo humano), sino también por el grado

de avance y preparación hacia la sociedad de la información, la llamada E-readiness. Es

primordial que la clase política esté consciente de la importancia de este tema, tanto

en la etapa de definición como en el resto del proceso, pues de ella depende que se

implementen las medidas necesarias para ejecutar las decisiones. La práctica ha proba-

do que sin voluntad política ni compromiso de los gobernantes no es posible formular

agendas digitales nacionales sostenibles ni provistas de los recursos humanos, financieros

y tecnológicos necesarios.

Con respecto a la formulación y actualización de las políticas públicas y las legisla-

ciones para la Sociedad de la Información, Zambrano y Browne (2004) afirman que los

países en desarrollo enfrentan en general los siguientes problemas:

I. Falta o insuficiencia de alerta política, en todos los niveles del gobierno y de la

ciudadanía, acerca del rol potencial de las TIC en el desarrollo económico.

II. Ausencia o insuficiencia de capacidad política y técnica sobre cuestiones y temas

TIC, en particular las que conciernen a las últimas innovaciones tecnológicas y nuevas

áreas de políticas relativas a redes IP e Internet en general.

III. Debilidades en procesos de formulación de políticas regionales, que incluyen:i. Falta de liderazgo político;ii. Ausencia o insuficiencia de estrategias TIC a nivel nacional;iii. Coordinación no efectiva entre los diversos departamentos u organizaciones gubernamentales y las agencias responsables por las estrategias TIC;iv. Carencia de participación del sector privado y la sociedad civil en la toma de decisiones a nivel nacional;v. Preparación inadecuada para participar en los eventos internacionales en

los que se discuten políticas y estrategias referentes a la Sociedad de la Información y/o sus componentes;

vi. Uso inefectivo de los recursos humanos y financieros.

En 1999, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) había

identificado algunos de los factores que afectan la formulación de políticas nacionales

9 http://www.unescap.org/

35

sobre TIC en los países en desarrollo. El estudio “Economic and Social Survey of Asia and

the Pacific”10, de ese año, planteaba la importancia de las políticas relativas a las TIC es

entendida en los niveles políticos más altos en muchos países en desarrollo; algunos de

estos países han adoptado sus propias políticas. Es necesario considerar que la efectividad

de las políticas de TIC en un país no garantiza que la misma receta funcionará en otro;

muchos países en desarrollo enfrentan obstáculos similares que es necesario tener en

cuenta cuando se formulan estas políticas.11

Ciertos factores identificados por ESCAP (1999), aún vigentes actualmente, son:

- Debilidades de la infraestructura en TIC. Este es un problema fundamental en los paí-ses en desarrollo. Por lo tanto, las políticas nacionales sobre la Sociedad de la Información

deben enfocar prioritariamente esta área.

- La oferta de bienes y servicios TIC suelen depender de los términos de los proveedores, y no dejan madurar a los mercados. Los costos de las computadoras personales y sus periféricos aún resultan elevados para gran parte de la población. Las políticas guberna-

mentales pueden ayudar al desarrollo del mercado de TIC reduciendo los impuestos de

importación y creando un entorno empresarial favorable.

- La E-Readiness varía significativamente entre las diversas organizaciones gubernamen-tales. Los departamentos, organizaciones y agencias que operan en campos naturalmente intensivos en TIC tienden a estar más avanzados que otros. El gobierno puede contribuir

a equilibrar esta situación identificando o creando una agencia coordinadora que man-

tenga actualizada la información sobre las iniciativas gubernamentales en TIC.

- Las estructuras y los estilos de gestión no son conducentes. La mayoría de las fallas en el desarrollo del uso de TIC son causadas por planeamientos y gestiones pobres,

más que por la carencia de recursos o de malas elecciones tecnológicas. La gestión de

los proyectos de TIC es frecuentemente dificultada por las estructuras de organización

excesivamente jerárquicas que no son favorables a las ideas innovadoras.

- Los gobiernos necesitan reservar presupuestos para servicios públicos básicos. Los presupuestos gubernamentales tienden a ser ajustados, en particular en los países en

desarrollo, lo que crea problemas.

- Los gobiernos experimentan dificultades para reclutar y mantener personal califica-do en TIC. Una limitación importante para la aplicación efectiva de herramientas de

10 http://www.unescap.org/stat/gc/box-ch8.asp 11 La traducción es nuestra


36


la Sociedad de la Información es la insuficiencia de recursos humanos. Esto puede condu-

cir a desarrollos de soluciones en TIC demorados o no coordinados entre si. Las políticas

referentes a la Sociedad de la Información necesitan del desarrollo constante de recursos

humanos en un contexto educativo amplio y favorable.

A pesar de estos impedimentos, ESCAP (1999) sostiene que la evolución de las TIC

se llevará a cabo con o sin una política sistemática, integral y articulada. Sin embargo,

afirman que la falta de una política coherente es responsable de contribuir al desarrollo

(o la prolongación) de una infraestructura ineficaz y un derroche de recursos humanos,

financieros y tecnológicos.

Algunas de las aspiraciones que las PPSI tratan con frecuencia de alcanzar son las

siguientes:

• Incrementar los beneficios de las TIC.

• Ayudar a individuos y organizaciones a adaptarse al nuevo contexto digital, y

proporcionarles herramientas y modelos para responder racionalmente a los

desafíos que implican las TIC.

• Proveer equipamientos de información y comunicación, servicios y gestión a un

costo accesible.

• Mejorar la calidad de los productos y servicios TIC.

• Optimizar los servicios gubernamentales por medio de las TIC.

• Alentar innovaciones en desarrollo tecnológicos, así como el uso de las tecno-

logías en los procedimientos productivos.

• Promover las investigaciones en Ciencia y Tecnología relativas a la Sociedad de

la Información en todos sus aspectos.

• Promover la socialización de la información, la transparencia y la confiabilidad y

reducir la burocracia en y entre las organizaciones, y con el público en general.

• Identificar áreas prioritarias (las áreas que pueden tener el mayor impacto

positivo posible sobre programas, servicios y usuarios) para el desarrollo de

TIC.

• Proporcionar a los ciudadanos la oportunidad de acceder a la información, de

modo que estos puedan requerir ulteriormente la calidad de acceso que nece-

sitan, en términos de media, contenidos y otros.

• Alcanzar un nivel mínimo especificado de recursos TIC y de recursos humanos

formados en el uso de TIC para las agencias gubernamentales y los estableci-

mientos educativos y de salud.

• Promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Proporcionar formación en el uso de TIC, así como las capacidades de mante-

ner actualizados estos conocimientos, a individuos y organizaciones.

• Formar recursos humanos que puedan contribuir al desarrollo de innovaciones

en TIC.

37

• Contribuir a comprender la importancia y potencialidades de la Sociedad de la

Información, su desarrollo y sus impactos transdisciplinarios y multiactorales.

6. El panorama latinoamericano

Según Hilbert, Bustos y Ferraz (2005), las primeras políticas públicas para el desa-

rrollo de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe se emprendieron

en la década de los noventa. Como ejemplos a estos esfuerzos pioneros, que aún no se

relacionaban con una visión integral del tema, se puede nombrar programas de acceso

universal, esfuerzos iniciales para la formación electrónica, educación a distancia por parte

de los Ministerios de Educación o los primeros intentos de digitalización de procedimien-

tos administrativos en el sector público.

En los últimos años del milenio los gobiernos de la región emprendieron paulatina-

mente el camino de adoptar una visión más global sobre la Sociedad de la Información

en su agenda política. Instigadas por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informa-

ción (CMSI), y por el proceso de debates llevados a cabo en la preparación de las dos

Cumbres, en el 2003 y el 2005, estas estrategias y políticas nacionales fueron fortalecidas

durante el año 2004 en muchos países de la región. Actualmente casi todos ellos cuentan

con alguna política digital, o al menos con una orientación estratégica y operativa sobre el

tema (Hilbert, Bustos y Ferraz 2005). En este punto hemos investigado específicamente

como ejemplos las políticas de los diversos países latinoamericanos con respecto al Go-

bierno Electrónico (E-Gob), que interesa particularmente a los gobiernos municipales.

El portal nacional de México12 ofrece una dinámica posibilidad de e-participación y

brinda amplia información a los ciudadanos. Proporciona un portal separado de E-Go-

bierno13 y consultas en línea, entre el gobierno y los ciudadanos. El portal E-México14

proporciona información específica para adultos mayores, campesinos, empresarios, es-

tudiantes, familia, jóvenes, niños, personas con discapacidades, visitantes, indígenas, mi-

grantes, mujeres y educación. El sitio nacional suministra también licitaciones en línea para

contratos públicos, y pagos a través de tarjetas de crédito, usando un link seguro.

El portal nacional de El Salvador15 proporciona a sus ciudadanos la posibilidad de inte-

racción, por medio de consultas en línea, un sitio web separado para e-Gobierno, y clips

de video y audio. Por su parte, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica16 ofrece

12 http://www.gob.mx 13 http://www.gob.mx/wb/egobierno/egob_gobierno_de_la_a_a_la_z 14 http://www.e-mexico.gob.mx/15 http://www.elsalvador.gob.sv 16 http://www.mep.go.cr/


38


una ventanilla única, que permite que los ciudadanos creen una dirección de e-mail y

reciban información periódica sobre los servicios en línea.

En América del Sur,17 Argentina (0.5844) aventajó a Chile (0.5819) y a Brasil (0.5679)

en el liderazgo electrónico de la región. Esto de debió prioritariamente a un incremento

en el índice de infraestructura, con un aumento importante en los usuarios de telefonía

celular y en el parque de PCs. Bolivia, Ecuador y Paraguay también incrementaron sus

rankings en el estudio del 2008 al mejorar sus servicios en línea. El portal nacional18 de

Argentina19 ha desarrollado numerosas herramientas para apoyar la e-participación, entre

ellos, al subscripción a un boletín periódico sobre E-Gobierno, así como información so-

bre las estrategias nacionales de gobierno electrónico. Facilita el acceso a la información y

la interacción a ciudadanos, empresas, extranjeros, brindando una guía de trámites.

En el caso de Brasil, el primer instrumento estratégico fue el programa de la Socie-

dad de la Información (SOCINFO), creado en Diciembre de 1999, en la jurisdicción del

Ministerio de Ciencia y Tecnología. SOCINFO formuló y publicó el “Libro Verde de la

Sociedad de la Información en Brasil20 que planteaba las líneas directrices, organizadas

en siete sectores: trabajo y oportunidades; servicios universales para el ciudadano; edu-

cación para la Sociedad de la Información; contenidos e identidad cultural; gobierno al

alcance de todos; investigación y desarrollo, tecnologías y aplicaciones de la Sociedad

de la Información; infraestructuras avanzadas y nuevos servicios (Fernández Aballi et. al.

2007). Actualmente Brasil está rediseñando su estrategia nacional, habiendo conforma-

do el Comité Ejecutivo de E-Gobierno, coordinado por el Ministerio de Planeamiento,

Presupuesto y Gestión.21 El Portal de Gobierno Electrónico22 reúne información sobre las

políticas, acciones y proyectos de Gobierno Electrónico de Brasil y su público objetivo:

las tres esferas de gobierno (federal, estatal y municipal), los gobiernos de otros países,

las instituciones académicas y de investigación, así como profesionales y otros miembros

de la sociedad que estén interesados en el tema.

La participación de la sociedad y la transparencia de las acciones del Gobierno son

una prioridad del Gobierno electrónico brasileño. El portal cuenta con varias herra-

mientas que tratan de mejorar esta relación. La principal es el módulo de Preguntas

del público, que permite a cualquier persona interesada la oportunidad de aportar su

17 Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development Management,United Nations, “e-Government Survey 2008. From e-Government to Connected Governance”, United Nations, New York, 2008. http://www.clad.org.ve/siare/innotend/gobelec/e-governmentsurvey2008.pdf

18 En el estudio citado figura, por error, el sitio http://www.canadainternational.gc.ca19 http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=58320 http://www.inst-informatica.pt/servicos/informacao-e-documentacao/biblioteca-digital/gestao-e-organizacao/

BRASIL_livroverdeSI.pdf21 http://www.planejamento.gov.br/22 www.governoeletronico.gov.br

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contribución a la formulación y aplicación de políticas, proyectos, resoluciones y normas

relacionadas con el programa. Además, la versión del portal de Gobierno Electrónico

brinda accesibilidad para personas con discapacidad. Se envía un boletín quincenal sobre

el avance del Gobierno Electrónico en Brasil a sus más de 20 mil usuarios registrados.

A nivel de Estados de Brasil, es interesante observar el Decreto Nº 53.963, del 21 de

enero de 2009, de Sao Paulo23, que instituye, en el ámbito de la Administración Pública

Estatal, la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación y de las medidas correla-

tivas. Sus objetivos son la mejora de la eficiencia, efectividad y calidad de la formulación

e implantación de políticas públicas y servicios a los ciudadanos y a la sociedad; la pro-

moción de la transparencia de la gestión pública por medio de la provisión de informa-

ciones a los ciudadanos, posibilitando la creciente capacidad de participar e influir en las

decisiones político-administrativas; la creación de una cultura orientada a la importancia

de la innovación y de generar y compartir conocimiento e información en la gestión

pública entre los dirigentes gubernamentales; el desarrollo de una cultura colaborativa e

innovadora intra e inter-gubernamental, creando conocimientos e informaciones com-

partidos entre las áreas gubernamentales y entre el gobierno y la sociedad; la promoción

de oportunidades de formación continua en los funcionarios gubernamentales; la pro-

moción de la adopción, por los dichos funcionarios, de la adopción de las TIC para los

objetivos de la Gestión del Conocimiento e Innovación; y la divulgación de los resultados

de dicha política.

En Bolivia, en marzo de 2002 se creó la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad

de la Información en Bolivia (ADSIB)24, una entidad descentralizada bajo control de la

Vicepresidencia de la República de Bolivia. A partir de este Decreto las funciones de la

Red Boliviana de Comunicación de Datos - BOLNET son transferidas a la estructura de

la ADSIB. La ADSIB es la encargada de proponer políticas, implementar estrategias y

coordinar acciones orientadas a reducir la brecha digital en el país, a través del impulso

de las TIC en todos sus ámbitos. Su misión fundamental es favorecer las relaciones del

Gobierno con la Sociedad, mediante el uso de tecnologías adecuadas.

En septiembre 21 del 2004, la Presidencia del Congreso Nacional asumió control

sobre la ADSIB, que se transformó en una Agencia TRANSVERSAL entre dos poderes

(Legislativo y Ejecutivo). En el año 2005 se formuló la Estrategia Nacional de Tecnologías

de Información y Comunicación para el Desarrollo, ETIC.25 La ETIC involucró a todos

los actores sociales del ámbito público (nacional, departamental y local), privado, inter-

nacional, ONGs, y sociedad civil dentro de un proceso inclusivo, abierto, participativo y

23 http://www.igovsp.net/decreto 24 http://www.adsib.gob.bo/adsibnueva/historia_adsib.php25 Accesible en http://www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/participantes/docuparti/ETIC_Proceso.pdf


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transparente, lo cual garantizará la sostenibilidad de las políticas y recomendaciones a ser

propuestas por el documento final.

La estrategia digital de Chile (uno de los países pioneros en América Latina en políti-

cas para la Sociedad de la Información) fue preparada por la Comisión Presidencial para

las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, creada en Junio de 1998 por

decreto presidencial. Esta Comisión elaboró el informe: “Chile: hacia la sociedad de la

información”, donde se establecen los cambios y prospectivas que deben darse para su

incorporación a la sociedad del conocimiento. “La significación de este informe ha sido

tal, que diferentes países Iberoamericanos lo han adoptado para su incorporación a la

Sociedad del Conocimiento” (Almenara 2005). Para preparar este informe, publicado

en 1999, los participantes del sector público y el privado, coordinados por la comisión,

fueron agrupados en cuatro categorías: Legislación y regulación del comercio; Nuevas

Tecnologías y redes digitales para uso productivo y tecnológico; Modernización del Es-

tado y uso de nuevas tecnologías; y Sociedad de la Información, equidad y desarrollo

cultural. Esto llevó a la creación de un alto número de proyectos, particularmente en el

sector de E-Gobierno, posicionando a Chile entre los países más desarrollados en esta

área (Fernández Aballi 2007).

En el año 2002 se creó el Comité de Ministros de Tecnologías de Información,

dando lugar al Grupo de Acción Digital, que a su vez formuló la Agenda Digital. La AD

fue el resultado de un trabajo iniciado en abril del año 2003 con la constitución del

GAD, presidido por el Coordinador Gubernamental de Tecnologías de Información y

Comunicación, y un grupo público-privado conformado por instituciones de gobierno,

organizaciones representativas del ámbito empresarial, sector académico y de otros po-

deres del Estado (170 líderes de 50 instituciones representativas del sector público y

privado). El 17 de marzo de 2004 entregaron al Presidente de la República los 34 puntos

que contempla la Agenda Digital 2004-2006. El resultado de este esfuerzo es un vasto

acuerdo público-privado sobre una estrategia-país, y un Plan de Acción para el período

2004-2006, que contempla 34 iniciativas separadas en 6 puntos principales: Masificación

del acceso a internet; Educación y capacitación; Estado en línea; Desarrollo digital de las

empresas; Despegue de la industria TIC y Marco jurídico.26

En diciembre del año 2007 se publicó la Estrategia Digital 2007-2012,27 que plas-

mó el trabajo realizado por un grupo multisectorial, de todo el país, coordinados por

la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros. El documento fue puesto a disposi-

ción del público, a través de un primer borrador, el cual fue objeto de una consulta

26 http://www.agendadigital.cl/agenda_digital/agendadigital.nsf/36c12b10c6d692d884256db6005f8647/27 363116e8e6631704256e5800549fe3/$FILE/A_D_BN.pdf27 http://www.estrategiadigital.gob.cl/node/222

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pública destinada a recibir comentarios y observaciones de la ciudadanía y actores re-

gobierno electrÓnico municipal · 11 prólogo ricardo israel zipper ph.d. el tema del gobierno...

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