h. congreso del estado de yucatÁn. presente: exposiciÓn de … · 2016-06-21 · 1 h. congreso...
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN.PRESENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los tres grandes desarrollos en materia de derechos humanos surgieron, a nivel
internacional, en la segunda postguerra mundial; el primero es el cúmulo in
crescendo de tratados internacionales que consagran diversos derechos
humanos; el segundo es la implementación institucional de mecanismos
supranacionales para supervisar el cumplimiento, por parte de los estados, de los
compromisos derivados de dichos tratados; y el tercero, es un cuerpo cada vez
más sustancioso de criterios o precedentes formados por los organismos
internacionales de supervisión.1
El Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
atento a los avances del derecho internacional de los derechos humanos, así
como de los sistemas constitucionales en materia de protección y salvaguarda de
los mismos, decidió incursionar en los últimos años en un proceso para adaptar
los desarrollos antes mencionados en México y hacer frente a los rezagos
existentes en esta materia que tienen origen en la falta de armonización entre el
derecho internacional consuetudinario y el derecho interno.
1 Carmona, Tinoco, Jorge Ulises, “La reforma y las normas de derechos humanos previstas en lostratados internacionales”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (Coords.), La reformaConstitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, UNAM, Instituto deInvestigaciones Jurídicas, 2011. pp.61-62.
Mérida, Yucatán, a 04 de julio de 2013.
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Bajo esta premisa, el 10 de junio del 2011, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el “Decreto por el cual se Modifica la denominación del Capítulo I del
Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”2, considerada la reforma constitucional más
importante realizada en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, que
de conformidad con su artículo transitorio primero entró en vigor el día siguiente al
de su publicación en el referido medio de difusión oficial.
En efecto, la denominada reforma constitucional en materia de derechos humanos
de 10 de junio de 2011, es de tal calado que representa un verdadero cambio en
la vida constitucional de nuestro país. En resumen, a través del Decreto en
comento, se modificó la denominación del Capítulo I de Título Primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reforzar el criterio
universalmente aceptado de que los derechos no son producto de una concesión
del Estado, ni de un acto legislativo, sino que constituyen un ámbito de libertad
propio del ser humano que debe ser amparado por el derecho y las instituciones
estatales.
2 El Decreto supra referido, impactó en 11 artículos de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, de la manera siguiente: “ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación delCapítulo Primero del Título Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1o.; el segundo párrafodel artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; elprimer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la fracción décima del artículo 89; elsegundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102; y elinciso g) de la fracción segunda del artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, segundo ytercero, al artículo 1o. y recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo alartículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundoal artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimoprimero, recorriéndose los actuales en su orden, al artículo 102 del Apartado B; todos de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
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Por otra parte, para lograr la complementariedad entre las normas internacionales
y las internas sin contravenir los principios constitucionales y la tradición jurídica
mexicana, se instituyó el “principio de interpretación conforme”, mediante el cual
se permite a todos los operadores jurídicos, hacer efectivamente aplicables los
tratados y convenios de derecho internacional suscritos por el Estado mexicano,
siempre que su contenido normativo sea más protector para la persona en
contraposición al de la Constitución Federal (principio pro persona).
En este contexto, se aprobaron diversas reformas que en su conjunto sustentan
un sistema más amplio, integral y efectivo para la protección de los derechos
humanos en México, entre las que destaca el fortalecimiento de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, así como de los organismos de protección de
derechos humanos de carácter local, regulados por el artículo 102 apartado B de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, de manera correlativa, el artículo séptimo transitorio del “Decreto por
el cual se Modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”,
dispone que en lo que se refiere al Apartado B del Artículo 102 de la
Constitucional Federal y a la autonomía de los organismos locales de derechos
humanos, las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones que
correspondan en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de su
vigencia.
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I. Impulso a la actualización del orden jurídico estatal
El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, atento a la obligación conferida a la
Legislatura del Estado de Yucatán a través del artículo séptimo transitorio de la
reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011,
determinó impulsar la actualización del orden jurídico estatal mediante la
construcción de una iniciativa de reforma a la constitución estatal en materia de
derechos humanos, congruente con la reforma constitucional federal, que fije el
rumbo a seguir por la legislación secundaria e incluya nuevas aportaciones que
tiendan a fortalecer y ampliar el universo protector de los derechos humanos en
Yucatán.
El Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 en su apartado “Yucatán Seguro”
contempla el tema “Seguridad Jurídica y Patrimonial”, que tiene entre sus objetivos
el identificado con el número 1 relativo a “Aumentar los niveles de certeza jurídica
en el Estado”. Entre las estrategias para cumplir con el objetivo referido se
encuentran las de “Impulsar la actualización constante del marco jurídico estatal” y
“Desarrollar los mecanismos que involucren a la sociedad en la modernización del
orden jurídico estatal”.
Los Compromisos del Gobierno del Estado 2012 – 2018 constituyen acciones
específicas que esta Administración Pública Estatal ejecutará para el óptimo
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y entre estos se encuentra el
identificado con el número 178 que se dirige a “Realizar una revisión integral del
marco jurídico estatal con la participación de representantes de las instituciones
académicas, de investigación y de la sociedad civil en general, a través del
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Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal, ampliando su
contribución al marco jurídico municipal.”
Para dar cumplimiento a las estrategias del objetivo antes referido del Plan Estatal
de Desarrollo 2012 – 2018, así como a los Compromisos del Gobierno del Estado
2012 - 2018, el 18 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Yucatán el Decreto Número 2 del Poder Ejecutivo que crea el
Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal como un
órgano de coordinación entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Yucatán, las instituciones académicas, de investigación y de la sociedad civil en
general, que tiene por objeto promover el diálogo, el análisis y la revisión de temas
prioritarios de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo, a fin de impulsar la
actualización del marco jurídico estatal.3
En efecto, entre las prioridades del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, se
encuentra la de impulsar la actualización y modernización del orden jurídico estatal,
con disposiciones que, por una parte, estén encaminadas a consolidar el
desarrollo integral del estado y, por otra, permitan atender de manera oportuna y
adecuada los problemas sociales que afectan a los habitantes de la entidad, con
objeto de mejorar su calidad de vida. Con esta mira se generó, en coordinación
con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la entonces
3 El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Consejería Jurídica, encumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 3, fracciones IV y V, 6 y Tercero Transitorio delDecreto Número 2 que crea el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal,mandó publicar el día 19 de octubre de 2012 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así comoen los periódicos de mayor circulación en el estado, la convocatoria dirigida a las institucionesacadémicas, de investigación y de la sociedad civil en general, para integrar y participar en elConsejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.
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Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado de Yucatán, en materia de derechos humanos, que posteriormente fue
presentada al Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico
Estatal.4
El Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal, se integra
actualmente por el Gobernador del Estado, como Presidente Honorario, el
Consejero Jurídico, como Coordinar General, el Director General de Legislación y
Normatividad, como Secretario Técnico, así como por los representantes del
Poder Judicial, Poder Legislativo y de las instituciones académicas, de investigación
y de la sociedad civil en general, con residencia en el territorio estatal, siguientes:
1.- Academia de Licenciados en Derecho de Yucatán, A.C.; 2.- Asociación de
Profesionistas en Derecho “Manuel Crescencio Rejón y Alcalá” A.C.; 3.-
Asociación de Mujeres Profesionales en Derecho de Yucatán “Abogada Antonia
Jiménez Trava” A.C.; 4.- Asociación de Profesionales en Derecho “Manuel
Crescencio Rejón y Alcalá”; 5.- Barra de Abogados de Yucatán, A.C.; 6.- Colegio
de Abogados de Yucatán; 7.- Colegio de Abogados y Profesionales del Derecho
de Yucatán, A.C.; 8.- Colegio de Notarios Públicos de Yucatán; 9.- Colegio
Yucateco de Notarios, A.C.; 10.- Consejo de Notarios del Estado de Yucatán; 11.-
Cámara de la Industria de la Transformación, Canacintra; 12.- Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción, CMIC; Cámara Nacional de Comercio en
Pequeño; 13.- Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida,
4 El día 26 de octubre de 2012, se llevo a cabo la Sesión de Instalación del Consejo Consultivopara la Actualización del Orden Jurídico Estatal 2012-2018, en la Sala de Juntas de la Oficina deRelaciones Públicas del Gobierno del Estado de Yucatán, con domicilio en la calle sesenta Norte,sin número, Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, planta baja, colonia Revolución, exCORDEMEX.
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Canacome; 14.- Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados, Canirac.; 15.- Confederación Patronal de la República Mexicana.
Coparmex.; 16.- Centro de Estudios Superiores CTM “Justo Sierra O´Reilly”; 17.-
Centro Educativo Latino, A.C.; 18.-Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto”;
19.- Universidad Autónoma de Yucatán; 20.- Universidad del Mayab; 21.-
Universidad Marista de Mérida; 22.- Universidad Modelo; 23.- Universidad del
Valle de México; 24.- Asociación de Universitarias y Académicas de Yucatán, A.C.;
25.- Colegio de Especialistas en Diseño Urbano de Yucatán; 26.- Colegio de
Maestros en Administración y Políticas Públicas del Sureste, A.C.; 27.- Instituto de
Proyección Jurídica, A.C.; 28.- Unión de Profesionistas de Yucatán, A.C.; 29.-
Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado de Yucatán;
30.- Asociación de Profesionistas del Sureste A.C. “Periódico La Voz”; y 31.-
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento
Personal, A.C.
En la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo para la Actualización del
Orden Jurídico Estatal, a través de la aprobación del “Programa de Trabajo 2013-
2018”, se autorizó la integración del Comité de Consulta en Materia de Derechos
Humanos y Desarrollo Social5, con la finalidad de llevar a cabo, entre otras
5 El Comité de Consulta en Materia de Derechos Humanos y Desarrollo Social está integrado porrepresentantes de: 1.- Asociación de Jubilados y Pensionados por el Gobierno del Estado deYucatán, A.C.; 2.- Asociación de Mujeres Profesionales en Derecho de Yucatán “Abogada AntoniaJiménez Trava”, A.C.; 3.- Asociación de Profesionistas en Derecho “Manuel Crescencio Rejón yAlcalá”, A.C. 4.- Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra; 5.- CentroUniversitario “Felipe Carillo Puerto”; 6.- Colegio de Abogados de Yucatán, A.C.; 7.- Colegio deAbogados y Profesionales del Derecho de Yucatán, A.C.; 8.- Colegio de Maestros enAdministración y Políticas Públicas del Sureste; 9.- Colegio de Notarios Públicos de Yucatán; 10.-Investigación y Educación Popular Autogestiva, Iepaac A.C.; 11.- Unidad de Atención Sicológica,Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C.; 12.- Universidad Anáhuac Mayab; 13.-Universidad del Valle de México; 14.- Universidad Marista, y 16.- Universidad Modelo. De igual
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actividades, el análisis y revisión de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de
derechos humanos.
El Comité de Consulta celebró dos sesiones de trabajo6 en las que se recibieron y
discutieron diversas propuestas para enriquecer y finalmente generar la Iniciativa
que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado de Yucatán en Materia de Derechos Humanos, misma que fue
dictaminada en su segunda sesión ordinaria y remitida para su análisis al Pleno
del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.
El Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal, en el
marco de la celebración de su tercera sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio
de 2013, previo análisis y discusión, aprobó con el voto unánime de los consejeros
ciudadanos asistentes la Iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de
derechos humanos.
forma, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, participa comoinvitado especial en este Comité de Consulta, en los términos del penúltimo párrafo del DecretoNúmero 02 del Poder Ejecutivo que crea el Consejo Consultivo para la Actualización del OrdenJurídico Estatal.6 El día 28 de mayo de 2013, tuvo verificativo la sesión de instalación del Comité de Consulta enMateria de Derechos Humanos y Desarrollo Social del Consejo Consultivo para la Actualización delOrden Jurídico Estatal, en la Sala de Juntas de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo delEstado de Yucatán, ubicada en la calle 59 número 549 por 68 de la colonia Centro de esta ciudadde Mérida, Yucatán. Los días 6 y 20 de junio del año en curso, en la misma sede, tuvieronverificativo las sesiones primera y segunda ordinarias del referido Comité de Consulta.
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En consecuencia, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, hace suyos los
trabajos de análisis y discusión del proyecto en comento que el día de hoy se
presenta a esa Honorable Soberanía con el carácter de Iniciativa para que sea
discutida en su oportunidad, con pleno conocimiento y convicción de que la misma
contiene las expresiones, propuestas y experiencias fruto del diálogo, análisis y
revisión del proyecto por parte de quienes integran el Consejo Consultivo para la
Actualización del Orden Jurídico Estatal.
La Iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de derechos humanos, es
sin duda, producto de un ejercicio consensado entre los representantes de las
instituciones académicas, de investigación y de la sociedad civil en general, como
estrategia de la Administración Pública Estatal para impulsar una constitución
estatal moderna, actualizada y armónica con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
II. Contenido de la reforma constitucional
La Iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de derechos humanos,
tiene por objeto armonizar el contenido de nuestra Constitución con las reformas
implementadas a nivel federal a través del “Decreto por el que se modifica la
denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, con pleno respeto a sus
contenidos.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que “la constitución es la
norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que
constituyen un orden jurídico determinado”,7 y que “toda Norma Fundamental
constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la
estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden
jurídico”8, por tanto, todas las normas que emanan de ella y los actos de los
órganos públicos que funcionan en su ámbito competencial, deben apegarse
invariablemente a sus mandatos.
La Constitución es, por tanto, la base y justificación que da validez a toda la
producción legislativa, e indicadora de la realidad político-social en un momento
histórico determinado y que, en virtud de su naturaleza fundamental y jerarquía
normativa superior dentro de un orden jurídico específico, el principio de
supremacía constitucional le es inherente para cumplir con sus fines, por sobre las
disposiciones existentes en el sistema jurídico que de ella deriva.
Por su parte, la supremacía constitucional consiste en la cualidad de fungir como
la norma jurídica superior que da validez y unidad a un orden jurídico nacional, así
la Constitución es la fuente última de validez de un ordenamiento, de tal suerte
que para que una norma jurídica cualquiera sea válida requiere encontrar su
7 Tesis Aislada “CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ESTATUTOS NO PUEDEN SERCONTRADICTORIOS ENTRE SI”. Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, SéptimaÉpoca, volumen 39, Primera Parte, pág.22.8 Tesis P./J.61/2000, “INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICAPROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Novena Época, t. XI, junio de 2000.
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fundamento de validez, en su conformidad con las respectivas normas superiores
y, en última instancia, con la Constitución.9
En efecto, estimamos que la Iniciativa que se somete a la consideración de esa
Honorable Soberanía se direcciona estrictamente al fortalecimiento de los
derechos humanos en el estado de Yucatán, con pleno respeto a las disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no se
detectan fisuras o visos que puedan contravenir dichas disposiciones, o normas
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La Iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de derechos humanos,
impacta en la denominación de un Título y 10 artículos vigentes de su texto (1, 2,
10, 11, 30, 55, 74, 86, 87 y 90) y de manera correlativa a la reforma constitucional
de 10 de junio de 2011, trae consigo grandes cambios que podemos agrupar de la
manera siguiente:
1. Cambios sustantivos o al sector material.- Derivan de la armonización de la
Constitución Política del Estado de Yucatán con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional de los derechos humanos e
incluye:
a) La modificación al Título Preliminar;
b) El reconocimiento local de rango constitucional a los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y sus garantías;
9 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa, 9ª Edición, México,1996, p. 3,023.
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c) La ampliación de hipótesis de no discriminación;
d) La abrogación de los casos de suspensión de derechos y prerrogativas de
los ciudadanos yucatecos;
e) La derecho humano a un medio ambiente ecológicamente equilibrado y a la
protección de los ecosistemas;
f) El respeto a los derechos humanos en la operación del sistema
penitenciario, y
g) Los derechos humanos a la educación y cultura.
2. Cambios operativos o al sector garantía.- Inciden en la posibilidad procesal de
hacer valer los derechos ante operadores jurídicos, mediante herramientas
dispuestas para tal efecto, entre las que se encuentran:
a) La interpretación conforme;
b) El principio pro persona;
c) Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad; de igual forma las obligaciones de prevención, investigación,
sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos;
d) La ampliación de las facultades y atribuciones del Congreso del Estado en
materia de derechos humanos;
e) La facultad del Gobernador para solicitar a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, la investigación de hechos que constituyan violaciones
graves de derechos humanos;
f) La exigencia de que las autoridades funden, motiven y hagan pública, en su
caso, la negativa de aceptar o cumplir las recomendaciones que les dirija
las Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como la
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posibilidad de que las autoridades comparezcan ante dicho órgano
legislativo a explicar los motivos de su negativa, y
g) La ampliación de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán, para conocer de asuntos laborales.
En primera instancia, se propone reformar la denominación del Título Preliminar
“De los Habitantes del Estado”, para quedar como “De los Derechos Humanos y
sus Garantías”, con objeto de dejar en claro que en el Título Preliminar se alude a
los derechos humanos y, técnicamente, a los instrumentos que le sirven de
garantía, es decir, los medios constitucionales para la protección de los derechos
humanos, en especial, los de tipo judicial.
En el artículo 1, párrafo primero, se reconocen los derechos humanos en el estado
de Yucatán, como inherentes al ser humano, diferenciados y anteriores al Estado
y se les dota de carácter constitucional, considerándose como tales los
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y los previstos
en la propia constitución estatal, así como las garantías para su protección, con la
correspondiente obligación de acatamiento por las autoridades, al fijar que su
ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que la Constitución Federal establece.
Por otra parte, en el artículo 1, párrafo segundo, que se adiciona, se instituye el
uso del “principio de interpretación conforme”10, mediante el cual se permite a
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1, segundo párrafo: “Las normasrelativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
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todos los operadores jurídicos, hacer efectivamente aplicables los tratados y
convenios de derecho internacional suscritos por el Estado mexicano, siempre que
su contenido normativo sea más protector para la persona que el consignado en la
Constitución Federal o Local (principio pro persona). Con ello, en forma paralela a
la Constitución Federal, se sitúa a los derechos humanos más allá del carácter
infraconstitucional y supralegal reconocido judicialmente hasta hace unos meses.
En el artículo 2, párrafo primero, se establece la obligación constitucional a todas
las autoridades y organismos autónomos del Estado de Yucatán, en el ámbito de
sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Los principios supra referidos deberán ser entendidos de la manera siguiente11:
I. Universalidad: los derechos humanos corresponden a todas las personas por
igual, en este sentido la falta de respeto de los derechos humanos de un individuo
tiene el mismo peso que la falta respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecciónmás amplia.”11 En los términos del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y deEstudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respecto a la MinutaProyecto de Decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Titulo Primero y reformadiversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia dederechos humanos, dado en la sala de comisiones del Senado de la República el 7 de abril de2010.
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según el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra
distinción;
II. Interdependencia: cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados
unos a otros y entre sí, de tal manera que el reconocimiento de un derecho
humano cualquiera, así como su ejercicio, implica necesariamente que se
respeten y protejan multiplicidad de derechos que se encuentran vinculados;
III. Indivisibilidad: los derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya
sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos
inherentes al ser humano y derivan en su dignidad, y
IV. Progresividad: el Estado está obligado a procurar todos los medios posibles
para satisfacer los derechos humanos en cada momento histórico y prohibir
cualquier retroceso o involución en esta tarea.
De igual forma, en el artículo 2, párrafo segundo, se realizan ajustes a las
disposiciones relativas a la protección contra la discriminación a los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera especial en lo
relativo a las preferencias sexuales, identidad de género e identidad sexual,
sustentados en los criterios adoptados por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en las tesis aisladas siguientes:
Tesis: P. LXIX/2009 “REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE
FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México,
SCJN, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009; p. 17.
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Tesis: P. LXXI/2009 “REASIGNACIÓN SEXUAL. PREEMINENCIA DEL SEXO
PSICOSOCIAL FRENTE AL MORFOLÓGICO PARA RESPETAR A PLENITUD
LOS DERECHOS DE IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE UNA PERSONA
TRANSEXUAL.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, SCJN,
Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009; p. 20.
Tesis: P. LXVII/2009 “DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN,
IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE
DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.”
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, SCJN, Novena Época,
Tomo XXX, Diciembre de 2009, p. 27.
Por otra parte, la Iniciativa propone la derogación de los artículos 10 y 11 de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, relativos a los casos de suspensión
de derechos y prerrogativas de los ciudadanos yucatecos, en virtud de que la
Constitución Federal regula los límites, casos y condiciones para llevar a cabo la
suspensión y restricción provisional del ejercicio de algunos derechos humanos.
En el artículo 30 se reforma la fracción XXXI y se adicionan las fracciones XXXI
Bis, XXXI Ter y XXXI Quáter. En atención a lo dispuesto por los párrafos segundo,
octavo y último, del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se confiere al Congreso del Estado la obligación
constitucional para que la elección del Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán y los integrantes del Consejo Consultivo, se
ajusten a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente en
los términos de la Ley.
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En línea con lo anterior, se faculta a esa H. Soberanía para solicitar a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos la investigación de hechos que constituyan
violaciones graves de derechos humanos, y requerir a solicitud de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la comparecencia de las autoridades
o servidores públicos cuando se hayan negado a aceptar o cumplir alguna
recomendación emitida por dicho organismo autónomo, a efecto de que expliquen
el motivo de su negativa.
Con las nuevas facultades y obligaciones que se proponen otorgar al H. Congreso
del Estado de Yucatán, no sólo se fortalece el actuar de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán, sino también se asegura, por una parte, un
seguimiento efectivo de las investigaciones en materia de derechos humanos que
por su relevancia lo ameriten, y por la otra, se establecen elementos importantes
para garantizar que todas las autoridades actúen de manera responsable al
momento de negarse a aceptar o cumplir una recomendación.
Bajo la misma premisa, se adiciona la fracción XX Bis al Artículo 55 a efecto de
que el Gobernador del Estado tenga la facultad de solicitar a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, la investigación de hechos que constituyan violaciones
graves de derechos humanos. Esta adición encuentra su génesis, de igual
manera, en las reformas efectuadas al último párrafo del Apartado B del artículo
102 de la Constitución Federal, con motivo de la transferencia de la facultad de
investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Entre las reformas más importantes contenidas en la Iniciativa se encuentra la
realizada al artículo 74 que regula a la Comisión de Derechos Humanos del
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Estado de Yucatán. En su párrafo segundo se establece que el presupuesto
otorgado a dicho organismo no podrá ser disminuido respecto al del año inmediato
anterior y se fijará anualmente, asegurando su autonomía e independencia sobre
su base presupuestal.
En el párrafo segundo del artículo 74 se amplía el período de encargo del
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para
pasar de cuatro a cinco años a similitud del Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos. Por su parte, en el párrafo cuarto del propio artículo se
amplía la competencia de este organismo constitucional autónomo para conocer
en lo subsecuente de asuntos laborales en los términos de las disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El último párrafo del artículo 74 establece la obligación de todo servidor público del
estado de Yucatán de responder las recomendaciones que le presente la
Comisión. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas
por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer
pública su negativa; además, el Congreso del Estado o, en sus recesos, la
Diputación Permanente, podrá requerir, a solicitud de la Comisión, a las
autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante
dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
En el artículo 86, párrafo cuarto, fracciones I y II, del texto constitucional se
verifican precisiones de técnica legislativa para adecuar el derecho humano a un
medio ambiente ecológicamente equilibrado y la protección de los ecosistemas.
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Por su parte, en el artículo 87 se reforma la fracción IV, se adiciona una fracción IV
Bis y se reforma en la fracción VI Ter. A través de estas modificaciones se
establece entre las funciones específicas del Estado la de prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley; en consecuencia se hace un ajuste de técnica legislativa en
relación al contenido de la fracción IV, generándose una fracción IV Bis, y por
último, se prevé la organización del sistema penitenciario sobre la base del
respeto a los derechos humanos en la fracción VI Ter.
Por último, en el primer párrafo del artículo 90, se reconoce expresamente el
derecho humano a la educación y la cultura.
Como se aprecia, con esta Iniciativa que se somete a la consideración de esa H.
Soberanía, se actualiza la plataforma constitucional local con la expansión del
campo de protección de los derechos humanos de las personas que se
encuentran en el Estado de Yucatán, mediante diversas disposiciones, así como la
introducción de nuevas atribuciones al Congreso del Estado de Yucatán y al Poder
Ejecutivo, así como a la Comisión de Derechos de Humanos del Estado de
Yucatán.
En virtud de lo anterior y en ejercicio de las facultades que confieren al
Gobernador del Estado, los artículos 35, fracción II, y 60 de la Constitución
Política del Estado de Yucatán; y con fundamento en los artículos 12, 14, fracción
VII, y 30, fracción XV, del Código de la Administración Pública de Yucatán,
someto a la consideración de esa Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa
que:
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REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN MATERIA DEDERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Título Preliminar; se reforma
el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los actuales
párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto para pasar a ser los párrafos tercero,
cuarto, quinto y sexto, respectivamente, del artículo 1; se reforman los párrafos
primero y segundo del artículo 2; se derogan los artículos 10 y 11; se reforma la
fracción XXI y se adicionan las fracciones XXXI Bis, XXXI Ter y XXXI Quáter al
artículo 30; se adiciona la fracción XX Bis al artículo 55; se reforma el artículo 74;
se reforma el párrafo cuarto y las fracciones I y III del artículo 86; se reforma la
fracción IV, se adiciona la fracción IV Bis y se reforma la fracción VI Ter del
artículo 87 y se reforma el párrafo primero del artículo 90, todos de la Constitución
Política del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:
TÍTULO PRELIMINARDE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS
Artículo 1.- Todas las personas en el Estado de Yucatán gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte y en esta Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que la Constitución Federal establece.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
la Constitución Federal, los tratados internacionales de la materia y esta
Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
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Artículo 2. Todas las autoridades y organismos autónomos del Estado de
Yucatán, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Queda prohibida toda discriminación por motivo de raza, origen étnico,
nacionalidad, género e identidad de género, edad, discapacidades, condiciones de
salud, social, económica o lingüística, preferencias sexuales, identidad sexual,
filiación, instrucción, religión, ideología política, o cualquier otro que atente contra
la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas. Las niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto
de medidas que con la pretensión de ser correctivas, se fundamenten en causas
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discriminatorias o que sean consecuencia de las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus demás
familiares.
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Artículo 10.- Se deroga.
Artículo 11.- Se deroga.
Artículo 30.- …
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I.- a la XXX.- …
XXXI.- Designar por el voto de sus dos terceras partes, al Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos y a los demás integrantes del Consejo
Consultivo. Esta elección se ajustará a un procedimiento de consulta pública, que
deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley;
XXXI Bis.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la
investigación de hechos que constituyan violaciones graves de derechos
humanos;
XXXI Ter.- Requerir, a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, la comparecencia de las autoridades o servidores públicos cuando se
hayan negado a aceptar o cumplir alguna recomendación emitida por dicho
organismo autónomo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa;
XXXI Quáter.- Analizar el informe anual presentado por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán y hacer público el resultado del mismo;
XXXII.- a la XLVIII.- …
Artículo 55.- …
I.- a la XX.- …
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XX Bis.- Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la
investigación de hechos que constituyan violaciones graves de derechos
humanos;
XXI.- a la XXV.- …
Artículo 74.- Se establece un Organismo Público Autónomo denominado
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, encargada de la protección, defensa, estudio, promoción y
divulgación de los derechos humanos.
La ley garantizará el carácter público, apartidista, transparente, expedito e
independiente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, cuyo
presupuesto no podrá ser disminuido respecto al del año inmediato anterior y se
fijará anualmente.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se integrará por un
Presidente, un Consejo Consultivo y el personal necesario. El Presidente durará
cinco años en su ejercicio y podrá ser ratificado para un período más; únicamente
podrá ser removido durante su encargo, en los términos del Título Décimo de esta
Constitución; y deberá presentar anualmente ante el Pleno del Congreso, un
informe sobre la situación de los derechos humanos, en los términos de Ley.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán estará facultada para
conocer de quejas en contra de actos u omisiones que constituyan violaciones a
los derechos humanos provenientes de cualquier servidor público estatal o
municipal y formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, así como
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presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Tratándose del
Poder Judicial, únicamente conocerá los actos u omisiones de naturaleza
administrativa. No tendrá facultades en asuntos electorales y jurisdiccionales.
Todo servidor público del Estado de Yucatán está obligado a responder las
recomendaciones que le presente la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o
cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar
y hacer pública su negativa; además, el Congreso del Estado de Yucatán o, en
sus recesos, la Diputación Permanente, podrá requerir, a solicitud de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a las autoridades o servidores
públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a
efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Artículo 86.- …
…
…
El Estado, por medio de sus Poderes Públicos, garantizará el respeto al derecho
humano de toda persona de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y la
protección de los ecosistemas que conforman el patrimonio natural de Yucatán,
basado en los siguientes criterios:
I.- Las personas en el Estado tienen derecho a vivir en un ambiente saludable que
les permita una vida digna, y a hacer uso racional de los recursos naturales con
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que cuenta la Entidad, para alcanzar el desarrollo sostenido, en los términos que
señale la ley de la materia;
II.- …
III.- Las personas en el Estado tienen derecho a conocer y tener acceso a la
información actualizada acerca del estado del ambiente y de los recursos
naturales de la Entidad, así como a participar en las actividades destinadas a su
conservación y mejoramiento.
Artículo 87.- …
I. a la III.- …
IV.- Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley;
IV Bis.- Garantizar el cumplimiento del principio de presunción de inocencia, por
el cual toda persona acusada de algún delito será inocente hasta que se
demuestre su culpabilidad mediante un juicio;
V.- a la VI Bis.- …
VI Ter.- Organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la
salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del sentenciado a
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la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, al observar los beneficios que
para él prevea la ley;
VII.- a la XV.- …
Artículo 90.- Toda persona en el Estado tiene los derechos humanos a la
educación y la cultura.
Apartado A.- …
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I.- a la IX.- …
Apartado B.- …
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…
…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
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SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado de Yucatán, deberá realizar las reformas
correspondientes a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán para armonizarla al contenido del artículo 102 Apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 74 de este Decreto.
TERCERO.- El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, que al entrar en vigor este Decreto se encuentre en funciones
cumpliendo su segundo período, por única vez durará en el cargo hasta el día seis
de julio del año 2015.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y normativas en lo que se
opongan al contenido de este Decreto.
ATENTAMENTE
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLOGOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁNSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA INICIATIVAQUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSASDISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DELESTADO DE YUCATÁN, EN MATERIA DE DERECHOSHUMANOS.