Hechos históricos en la policialización de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Período 2007-2012

Xavier Sánchez Sánchez Octubre de 2012

El pasado 25 de abril de 2012, el en el marco de la posesión del nuevo Jefe del

Comando Conjunto de las FF.AA. el Presidente del Ecuador señaló que éstas deberán ser

parte de la lucha contra la delincuencia diciendo que: <<Los militares "no sólo pueden"

apoyar la lucha contra la delincuencia, sino que, de acuerdo a la Constitución, "deben

hacerlo" por ser una institución "de protección de derechos, libertades y garantías

ciudadanas", remarcó el jefe del Estado>> (Diario Hoy, 2012).

El 27 de abril de 2012, esto es, dos días después de la disposición presidencial, las

primeras patrullas militares recorrían las calles de la capital del Ecuador con el anuncio de

una próxima intervención hacia las ciudades de Manta y de Guayaquil. (Revista Vistazo,

2012). Por otra parte, aunque el Ministro de Defensa aseguraba el 26 de abril que la

intervención de FF.AA se haría a través de un <<proyecto para entrenar a 4.000 policías

militares para apoyar "en el combate al crimen organizado y protección de los

ciudadanos">>. (Diario Hoy, 2012), el Ministro Coordinador de Seguridad, un ex marino,

afirmaba que “Son casi 40 mil efectivos capacitados, dotados, que tienen inteligencia y

preparación, y que pueden contribuir, no solamente cuando está desbordada la Policía sino

en actividades complementarias” (Revista Vistazo, 2012).

Ciertamente, la utilización de las Fuerzas Armadas en la vida interna del país no es

reciente y tuvo un período significativo como un agente represor, al amparo de la Doctrina

de Seguridad Nacional, particularmente bajo la administración del ex presidente Febres

Cordero (1984-1988). Tampoco es reciente la presencia de las FF.AA. en las calles

complementando a las intervenciones de la Policía Nacional, como lo recordó el Ministro

Coordinador de la Seguridad, diciendo que <<"Las Fueras Armadas siempre estuvieron en

seguridad interna”>> (Revista Vistazo, 2012).

Retrospectivamente, durante el mandato del presidente Correa, las FF.AA. no

fueron requeridas para ninguna intervención al margen de sus tareas inherentes durante el

primer año de gobierno; no obstante, inmediatamente inició el año 2008, éstas fueron

vinculadas a la atención de la emergencia provocada por fuertes lluvias que inundaron

vastas extensiones del territorio nacional (Diario El Universo, 2008) y de ahí en adelante

han sido una herramienta multipropósito, participando en la campaña Eugenio Espejo

(orientada a personas con discapacidad), seguridad energética, control ambiental, minería

ilegal, contrabando de combustible y especialmente, en la seguridad interior.

El siguiente cuadro presenta una cronología del empleo de las FF.AA. ecuatorianas

por la administración Correa, dejando patente una tendencia de progresiva inserción en

asuntos de carácter policial:

Breve cronología del empleo de las FF.AA. bajo la administración Correa

FECHA SITUACIÓN21 de enero del 2008 Rafael Correa decretó la emergencia nacional y dispuso la

movilización de las FF.AA. para atender a los ciudadanos afectados por las inundaciones en el Litoral.

24 de julio de 2009 La Asamblea Nacional expide la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que en el Art. 35 se refiere a la complementariedad de las FF.AA. y la Policía Nacional

1 de octubre del 2009 El Gobierno decretó el estado de excepción en Quito, Guayaquil y Manta por el incremento de la inseguridad y ordenó la participación de las FF.AA. para frenar el crimen organizado.

30 de septiembre del 2010 El primer mandatario declaró el estado de excepción en todo el país tras la revuelta policial en Quito. Las FF.AA. ejecutaron la Operación Rescate para sacar al mandatario del Hospital de la Policía. El operativo terminó en un enfrentamiento armado entre militares y policías. Murieron cinco personas.

10 de octubre del 2010 El Gobierno ratificó el estado de excepción en Quito para que las FF.AA. resguarden varias instituciones públicas, entre ellas la Asamblea Nacional.

7 diciembre del 2010 El Gobierno dispuso la participación de las FF.AA. para frenar las inundaciones en los suburbios de Guayaquil.

FECHA SITUACIÓN8 diciembre del 2010 El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, solicitó al

mandatario que declare a la Asamblea zona de seguridad para que los militares continúen resguardando sus instalaciones.

10 de diciembre del 2010 El Ejecutivo remitió a la Asamblea un proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, aprobada en septiembre del 2009, para que las FF.AA. puedan participar en asuntos de seguridad interna y combatir la delincuencia.

20 de diciembre del 2010 El Gobierno ordena incrementar los operativos militares antidelincuenciales en Guayaquil y Quito por el incremento acelerado de la inseguridad.

6 de mayo del 2011 El presidente Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo, traspasó la Unidad Técnica de Control de Armas de la Policía a las FF.AA.

8 de julio del 2011 El Consejo Sectorial de Seguridad ordenó a las FF.AA. la implementación de operativos sorpresa en todo el país para el control de armas.

25 de abril del 2012 El presidente Rafael Correa cuestionó a las FF.AA. por la falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado. Le declaró la guerra a la delincuencia y ordenó incrementar la presencia de militares en las calles.

Tomado de: (Diario El Universo, 2012)

La posibilidad del empleo de las FF.AA. al margen de sus misión principal se

concretó en el Encuentro Presidencial del Perú y del Ecuador, ocurrido en la ciudad

peruana de Tumbes, el 1ro de junio de 2007 (a los seis meses del inicio del mandato del

Presidente Rafael Correa). Así, en el “Acta del Encuentro Presidencial y de la Primera

Reunión del Gabinete de Ministros Binacional del Perú y del Ecuador” se lee:

El Presidente de la República del Perú, doctor Alan García Pérez, al inaugurar la reunión, resaltó el carácter histórico de la misma y declaró que el Perú no tiene ningún reclamo territorial ni marítimo que hacer al Ecuador. Resaltó el actual estado de las relaciones bilaterales e hizo un llamado a la construcción y afirmación de la más plena confianza como base para el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos. (República del Ecuador. Ministerio deRelaciones Exteriores, 2007).

De esta manera quedó sellada cualquier posibilidad de una nueva escaramuza

limítrofe con el Perú; rememorando que, la rivalidad entre estas dos naciones se remonta a

la formación de los respectivos estados nacionales y alcanzó su punto culminante en la

guerra no declarada que se libró desde el 26 de enero de 1995 en la zona fronteriza no

delimitada a esa fecha, en las inmediaciones del Río Cenepa.

La Declaración de Paz de Itamaraty del 17 de febrero de 1995, seguida de su

ratificación el 28 de febrero de 1995 a través de la Declaración de Montevideo y la

posterior Acta Presidencial de Brasilia de 1998, dio “término en forma global y definitiva,

a las discrepancias entre las dos Repúblicas”, como rezaba este último instrumento

internacional.

Debe apuntarse, no obstante, que la aproximación bilateral de Tumbes se produjo en

el marco de la controversia de frontera marítima, aún no resuelta, entre Perú y Chile,

derivada de la Ley N° 28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú

aprobada el Congreso de la República del Perú, el 3 de noviembre de 2005, la que establece

“las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del dominio marítimo del

Estado hasta la distancia de doscientas millas marinas, en las que el Estado peruano ejerce

soberanía y jurisdicción” (República del Perú. Congreso de la República, 2005).

Al plantearse una bisectriz en la demarcación marítima con Chile, se podía pensar

en un similar reclamo ante el Ecuador, aun cuando la representación diplomática peruana

con esta delimitación marítima, desde el principio centró su reclamo con el primero de

estos países. De ahí que el Encuentro de Tumbes ratificó la carencia de cualquier pretensión

que afecte a la soberanía marítima ecuatoriana, pese a que, antes del Encuentro, en el mes

de mayo de 2007, Alan García, a la sazón presidente del Perú, afirmó:

Quien representa al Perú es el gobierno y quien diseña la política exterior es el Presidente. Hemos reafirmado varias veces que no tenemos problemas con Ecuador. Ni ellos pretenden algo ni nosotros pretendemos nada. Están muy bien fijadas las líneas de demarcación. (Diario El Universal de Caracas, 2007).

En la línea de cierre de la frontera marítima ecuatoriano-peruana, la República del

Ecuador, al mes siguiente de sancionada esta Ley (el 1ro. de Diciembre de 2005), buscó

elevar un muro de contención al planteamiento peruano, por lo que los presidentes de

Ecuador y de Chile de aquel período, ratificaron su adhesión los convenios adoptados en las

Conferencias sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico

Sur, de los años 1952 y 1954 (El Comercio de Lima, 2007) y (Lara Brozzesi, 2005).

Más tarde, el 9 de abril del 2007, el Gobierno peruano notificó a la División de

Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de las Naciones Unidas la aprobación de la ante

referida Ley y después del encuentro de Tumbes, el 11 de agosto de 2007, el Poder

Ejecutivo de la República del Perú, dando cumplimiento al Art. 5 del texto legal antes

señalado, mediante el Decreto Supremo Nº 047-2007-RE, procedió con el levantamiento de

la cartografía correspondiente al límite exterior del dominio marítimo.

Posteriormente, el 9 de marzo de 2011, mediante Nota 4998CGJ/GM/2011, la

República del Ecuador remitió a las Naciones Unidas, la Carta Náutica IOA42 en la que

constan sus límites marinos, ante la cual, el Gobierno peruano, el 2 de mayo de 2011, en

una misiva dirigida al Secretario General de este organismo internacional señala que: “el

Perú no emite ningún comentario”, por ser una facultad de la legislación ecuatoriana y que

“está de acuerdo en que, debido a la presencia de islas, el paralelo geográfico que pasa por

Boca Capones -según Carta Náutica del Ecuador IOA42- es el límite marítimo entre el Perú

y el Ecuador” (República del Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011).

Finalmente, el 3 de mayo de 2011 el Ecuador y el Perú suscribieron un Tratado de

Límites Marítimos, con base en la carta IOA42 (Diario Perú21, 2011), el mismo que, el

martes 28 de junio de 2011 fue presentado ante las Naciones Unidas por los representantes

permanentes de las dos naciones para su registro (Diario El Comercio de Lima, 2011).

En realidad, después de la firma de la paz con el Perú en 1998, los problemas

fronterizos del Ecuador se desplazaron desde el año 2000 a la frontera norte, debido al

inicio de la ejecución del llamado “Plan Colombia”, iniciativa montada por el ex presidente

colombiano Álvaro Uribe para sofocar los avances de los Grupos Insurgentes Armados de

ese país. Desde esas épocas la relación con el país del norte ha sido compleja por esta causa

y ha tenido varios momentos delicados, especialmente a partir de la violación del espacio

territorial ecuatoriano producida por fuerzas regulares colombianas, el 1 de marzo de 2008

en el sector de Angustura, en las cercanías de Santa Rosa de Sucumbíos.

La incursión en territorio ecuatoriano de las Fuerzas Armadas colombianas con el

apoyo de los Estados Unidos afectó de modo sensible -como no podía ser de otra manera- a

las relaciones diplomáticas con el país del norte, las que fueron suprimidas por el Gobierno

ecuatoriano dos días después de este ataque, siendo restablecidas el 26 de noviembre de

2010, luego de la reunión bilateral entre los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa y de

Colombia, Juan Manuel Santos en el marco de la cumbre regional de la Unión de Naciones

Suramericanas (Unasur) celebrada en Guyana.

El conflicto interno colombiano al desbordarse hacia el Ecuador ha significado no

solamente la pérdida de los “Dividendos de la paz” con el Perú, sino que también ha

demandado ingentes recursos financieros para atender a desplazados y fortalecer la

intervención policial, sin considerar la afectación a la población civil de la línea fronteriza

ecuatoriana, atormentada por extorsiones, delincuencia y violencia en general.

Sin embargo, el conflicto colombiano, a primera vista, estaría llegando a su

finalización con las negociaciones que las partes en contienda efectuarán en Oslo a partir

del mes de octubre de 2012, en caso de que se llegue a un acuerdo sobre los siguientes

“cinco puntos”: “entrega de tierras y el desarrollo rural; garantías para el ejercicio de la

oposición política; abandono de las armas y reintegro de la guerrilla a la vida civil, resolver

el tema del narcotráfico y reconocer los derechos de las víctimas” (Diario El Informador,

2012).

En este estado de cosas, el Gobierno ecuatoriano, al no tener hipótesis de conflicto

inmediatas en el ambiente (pese a la compleja relación con Colombia, hipótesis de guerra

con este país nunca existieron, hasta antes de los hechos de Angostura), encontrará una

justificación adicional para policializar a las FF.AA. modificando inclusive su doctrina,

como lo apuntó el Ministro de Defensa en declaraciones para Diario el Comercio el jueves

26 de abril de 2012, <<al resaltar que los militares ya tienen una doctrina de lo que "se

llamaba antes la seguridad interna, pero las nuevas condiciones que vive el país y la región

obligan a adecuar, evidentemente, también doctrinas>> (Diario El Comercio, 2012).

Francisco Rojas Aravena advierte que cada nueva misión que se agrega a las

fuerzas armadas contribuye a su desnaturalización. Así pues, si ya no se requiere de unas

fuerzas armadas para la defensa nacional, entonces hay que liquidarlas y como se dice en

vox populi: “cerrar la tienda”, puesto que el pretender transformarlas en policías será una

onerosa y poco efectiva transición.

Por el contrario, si aún hay amenazas en el contexto internacional y es necesario

mantener un nivel de defensa consecuente con ellas, y en tal condición, aún se requiere de

unas fuerzas armadas, entonces sin mudar su naturaleza habrá que promover una progresiva

reducción de su tamaño y un incremento selectivo de sus capacidades, en conformidad con

la guerra contemporánea.

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