CONTRIBUCIN DE CABILDO A LAS REIVINDICACIONES CVICAS

1.- Antecedentes2.- IntroduccinA. PRIMERA PARTEA.1. La Palabra de Cabildo acerca de los temas ms urgentes del quehacer cruceo y nacional1.1 Crisis econmica nacional1.2 Desocupacin 1.3 Seguridad ciudadana y delincuencia1.4 Tenencia de tierra1.5 Inoperancia municipal

A. 2 Apoyo al Beni en su conflicto limtrofe

A. 3 Autonomas Regionales

B. SEGUNDA PARTEAnexo documental1. Pronunciamiento del 16 de diciembre de 20002. Mensaje de diciembre de 20013. 2.- IntroduccinEl presente documento trata de mostrar las actividades y planteamientos ms importantes que realiz Cabildo a lo largo de su existencia a objeto de dejar registrada la presencia de esta institucin en la vida social y cultural de Santa Cruz.1.- Antecedentes, Fundamentos y Principios de CabildoEl 15 de diciembre del ao 1992 fue fundada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la Agrupacin Cabildo, con el objeto de constituirse en una trinchera de lucha por nuestros legtimos ideales de progreso y bienestar. Segn su estatuto Cabildo es una agrupacin fundamental y esencialmente pluralista, interdisciplinaria y transcultural. Su mxima expresin es el respeto a la dialctica y al pensamiento de todos sus asociados.En tal sentido, Cabildo encarna el sentir y el palpitar de las legtimas aspiraciones de Santa Cruz.Cabildo significa el ayuntamiento o municipio, siendo una de las instituciones ms antiguas del pas, ya que los espaoles, a tiempo de fundar una ciudad, procedan a nominar a los alcaldes y regidores que conformaban el Cabildo. Al ao siguiente, una parte de sus miembros era elegida entre vecinos principales o notables, de tal manera que no exista el riesgo de que sea nombrada una persona inadecuada, para ejercer las funciones de alcalde.Entre los fundadores de la Agrupacin, se tiene a las siguientes personalidades:Dr. Limberg Gutirrez CarreoDr. Oscar Romn VacaMy. Gustavo Melgar GuerreroEl presente trabajo lo dividimos en tres partes, a saber:

A. PRIMERA PARTEA.1. La Palabra de Cabildo acerca de los temas ms urgentes del quehacer cruceo y nacionalApoyo de Cabildo a las reivindicaciones cvicas

El 16 de diciembre del ao 2000, Cabildo emiti un pronunciamiento pblico, en el cual se adverta el proceso de descomposicin que amenazaba al pas y al departamento. Pedamos soluciones al problema de la crisis econmica y a otros problemas de suyo urgenteLa delicada situacin econmica-financiera, provocada por la cada de la inversin, tanto pblica como privada, - deca el documento - y el ahuyentamiento de la inversin extranjera, ha derivado en otras consecuencias que inciden en los aspectos sociales, tales como el aumento de la delincuencia y la criminalidad, para no citar otros problemas, igual o ms agudos.No obstante de existir una ley que norma y regula la tenencia de la tierra rural, existe una sensacin de incertidumbre en la poblacin, especialmente entre los productores agropecuarios y los campesinos originarios. Este vaco jurdico se debe a la falta de firmeza del gobierno y a la debilidad mostrada al ceder a la presin de algunos sectores ciudadanos.Un hecho que aument an ms la susceptibilidad en nuestro departamento, fue el compromiso asumido por el gobierno, de repartir 3 millones 800 mil hectreas de tierras en Santa Cruz, a los campesinos altiplnicos, en desmedro de la gente originaria y de campesinos asentados en este territorio oriental. En Santa Cruz existen miles de campesinos y productores agropecuarios que no cuentan con tierras propias y en ese caso, de existir tierras baldas, o de propiedad del Estado, ellos tendran preferencia para ser acreedores o beneficiarios de esas tierras que seran dotadas por el Estado.Como directa consecuencia de la grave crisis por la que atraviesa el pueblo boliviano y que con mayor intensidad ha afectado a esta parte del pas, el desempleo abierto y la sub ocupacin se han agravado, privando a muchos jefes de familia ganar el sustento diario. De esta suerte, la situacin de pobreza que vive el pueblo, ha adquirido contornos de suyo grave. El problema de la desocupacin o desempleo, ha provocado el deterioro de los salarios debido a que la oferta de mano de obra es muy superior a la demanda.La falta de ingreso de las personas es a su vez causa de muchos otros problemas sociales, como la delincuencia, la prostitucin y el vicio.En esa ocasin denuncibamos: Las instituciones locales, llmense cvicas, polticas o culturales, han asumido una posicin demasiado cmoda al no combatir la corrupcin y la falta de transparencia de estas entidades que manejan los recursos del pueblo. Esta cmoda actitud ha devenido en los ltimos tiempos en complacencia primero y en complicidad luego, al guardar mutismo ante denuncias documentadas acerca de diferentes hechos irregulares.Los poderes del Estado se asientan bsicamente en la buena fe y en la confianza que depositan los mandantes en sus autoridades. Si este requisito no se cumple, se est amenazando los pilares de nuestra democracia y estamos poniendo en peligro nuestra propia subsistencia como sociedad organizada.1. Soporte a la entidad cvica, no suplantacin.- Cabildo pretende ser un soporte y apoyo firme de nuestro principal ente cvico, sin pretender suplantarlo, coadyuvando en su actuacin de defensa de los caros intereses regionales.1. Denuncia en forma pblica y permanente de las irregularidades y avasallamientos al pueblo cruceo1. Defensa intransigente de los intereses generales, haciendo cuerpo con otras entidades que sostengan los mismos o similares puntos de vista que los nuestros1. Absoluta independencia partidaria y objetividad de anlisis de Cabildo 1. Demandamos una atencin urgente para solucionar la crisis econmica que vive el pas, con medidas realistas y no como los anteriores planes de reactivacin que han sido casi una burla a la nacin y una frustracin para los sectores productivos en particular y para la poblacin en general.1. Medidas de alivio o aplicacin de un plan de emergencia para la creacin de empleos, y captacin de recursos para la recuperacin industrial1. Adopcin de medidas oportunas para evitar la quiebra de los bancos y dems entidades financieras1. Ejecucin de obras pblicas de infraestructura e incremento de la inversin pblica en nuestro Departamento1. Atencin urgente a los sectores productores, para evitar su quiebra y coadyuvar en la tarea de hacer que esos sectores sean competitivos de tal forma que puedan acceder a los mercados internacionales

Por estas razones, es que hoy nuevamente salimos en defensa de los intereses regionales y en apoyo a nuestra entidad cvica.Pronunciamiento de la Agrupacin Cabildo acerca de la situacin actual de Santa CruzEl 16 de diciembre del ao 2000 Cabildo emiti un pronunciamiento pblico, sealando algunos notorios problemas existentes en Santa Cruz y que de no tomarse medidas oportunas, tendan a agravarse. Entre ellos se tocaba los temas de: La economa nacional y el problema social retorno del gobierno municipal a su estado de inepcia, ineficiencia, inoperancia y corrupcin al que se hallaba antes de 1989 con amenaza de quiebra del municipio Tenencia de la tierra Desempleo manejo arbitrario de los recursos pblicos. Corrupcin generalizada inseguridad ciudadana, violaciones, atracos, delincuencia e impunidad Basura, suciedad, drenaje, e insalubridad en los mercados Utilizacin de las entidades cruceas como trampoln poltico Ausencia de objetivos del pueblo cruceo y falta de liderazgo1.- La sociedad amenazadaLa colectividad crucea se encuentra amenazada de caer en un grave proceso de descomposicin. A la juventud se la induce al vicio mediante el intenso bombardeo de publicidad comercial incitando al consumo de bebidas alcohlicas, y otras sustancias daosas a la salud, sin que existan autoridades que pongan freno a ello.La violencia es una de las directas consecuencias de este modo de vivir, y conduce al desinters hacia los estudios y la lectura por parte de nuestra juventud. Los malos hbitos se exhiben en las vas pblicas, dando un psimo ejemplo a la niez y mostrndolos como si se tratase de una cuestin normal y digna de imitarse. Los padres de familia y las autoridades no son capaces de frenar estas actitudes. Por otro lado, el rpido proceso de urbanizacin que vive la ciudad capital y el elevado contingente de migracin que se incorpora, estn diluyendo la identidad del cruceo como pueblo y se est perdiendo la unidad de criterio para la definicin de sus objetivos. Adems, Santa Cruz se halla amenazada por fuerzas extraas que pretenden avasallar sus derechos, territorio y hbitat, sin que las entidades locales asuman su defensa vigorosa. Los sucesos de septiembre del presente ao, han demostrado la vulnerabilidad y la amenaza a que est sometido nuestro crecimiento econmico y los peligros que implica la vigencia de un rgimen sin voluntad de imponer el principio de autoridad.Ahora que Santa Cruz ha adquirido, por mrito propio ms que por accin de sucesivos gobiernos centrales, cierta preponderancia en la economa nacional, se nos reclama una visin de pas para el planteo de nuestros problemas de desarrollo, siendo que cuando el pas era un neto productor minero, toda la poltica de desarrollo nacional, de ejecucin de obras y de construccin de infraestructura, estaba orientada al servicio de dichos intereses, ignorando los nuestros y en desmedro de los sectores de produccin cruceos. Fue as que los ferrocarriles se construyeron en funcin de los intereses de la gran minera y de la carga de productos minerales que deba ser transportada a los centros extranjeros de consumo, an sean ellos medios para traer de retorno (importar) productos que hagan franca competencia a los producidos por el oriente boliviano, y gozando de fletes subvencionados. En esa poca nadie reclamaba una visin nacional y menos era escuchada la voz de reclamo de Santa Cruz.Ante esta diversidad de problemas, de suyo graves, es que la Agrupacin Cabildo ha decidido actuar con ms energa como portavoz de las aspiraciones e inquietudes del pueblo cruceo, especialmente en lo que respecta a aquellos problemas que aquejan a gruesos sectores de la poblacin. Para ello se ha conformado una comisin institucional permanente que se encargar del anlisis y la elaboracin de las ponencias mediante las cuales Cabildo fijar su posicin como institucin.Como parte de esa labor, hoy se emite el presente documento haciendo conocer nuestra posicin acerca de los problemas econmicos, sociales y polticos que con mayor intensidad afectan a Santa Cruz, donde el flagelo de la crisis est golpeando a 9 de cada 10 hogares.2.- La economa nacional y el problema socialComo consecuencia de la crisis del medio oriente, desatada en 1997, Bolivia se halla sumida en una aguda crisis que afecta a la mayor parte de la poblacin. No obstante que todos los pases que sufrieron esta crisis ya la han superado, nuestro pas continan estancada en sus niveles de crecimiento de la economa, a tal punto que se ha llegado a provocar la quiebra de los sectores productivos, la insolvencia de los deudores, y la seria amenaza de quiebra de la banca nacional. La mora bancaria ha subido de una tasa del 3 por ciento hace 5 aos, a cifras superiores al 10.La improvisacin de los polticos en funcin de gobierno , ha hecho que la poblacin pierda toda su confianza en ellos. Esa improvisacin se comprueba en el psimo manejo del problema econmico y la falta de respuesta a los grandes problemas nacionales. Aparte de las medidas represivas contra los cultivos de coca, impuestas por el imperio, no se puede mencionar otra medida digna de reconocimiento a la actual administracin.Casi al finalizar su mandato, algunos ministros y dirigentes de partidos integrantes de la coalicin, siguen culpando a terceros por su inoperancia y falta de visin.La delicada situacin econmica-financiera, provocada por la cada de la inversin, tanto pblica como privada, y el ahuyentamiento de la inversin extranjera, ha derivado en otras consecuencias que inciden en los aspectos sociales, tales como el aumento de la delincuencia, la criminalidad y la prostitucin, para no citar otros problemas, igual o ms agudos.3.- De los graves problemas regionales y locales:Los problemas de la regin y de la ciudad capital crucea, sin lugar a dudas, son innumerables, complejos y con la tendencia a agravarse, sin que se vislumbre a corto plazo atisbos de alivio y menos planes o programas que tiendan a la superacin de los mismos. En el mbito departamental ya no existe la instancia institucional encargada de pensar y de ofrecer alternativas no slo para la solucin de nuestros problemas si no de trazar los lineamientos para impulsar nuestro desarrollo, cual era la Corporacin regional, que fue politizada al volver a depender de la prefectura, en un acto retrgrado que Santa Cruz lo haba superado el ao 1963. Nadie puede negar que la Prefectura del Departamento, despus de la descentralizacin administrativa result ser una mala alternativa en sustitucin del anterior ente de desarrollo regional.Por otro lado, en el mbito local, el gobierno municipal retorn a su estado de inepcia, inoperancia y corrupcin al que se hallaba antes de 1989. La descentralizacin de los recursos financieros del Estado en favor de los municipios fue dispuesto en el entendido de que las alcaldas se hallaban habilitadas tcnicamente y con capacidad administrativa para hacerse cargo del manejo de esos recursos. Lamentablemente, dichos fondos antes de ser destinados a la ejecucin de obras en beneficio de los barrios de la ciudad, se los utiliza en construir infraestructura que contribuya a valorizar las propiedades de los ejecutivos de turno y las alcaldas han mostrado seguir siendo rganos sin capacidad de gestin ni solvencia.Seguidamente haremos un repaso en forma muy breve de los problemas que con mayor intensidad golpean la conciencia, el estmago y la mente de los hijos de esta tierra, con el propsito de mostrar el estado en que se encuentra el pueblo cruceo y la necesidad de la adopcin de medidas que superen esta situacin.3.1Tenencia de la tierraNo obstante de existir una ley que norma y regula la tenencia de la tierra rural, existe una sensacin de incertidumbre en la poblacin, especialmente entre los productores agropecuarios y los campesinos originarios. Este vaco jurdico se debe a la falta de firmeza del gobierno y a la debilidad mostrada al ceder a la presin de algunos sectores ciudadanos.Un hecho que aument an ms la susceptibilidad en nuestro departamento, fue el compromiso asumido por el gobierno, de repartir 3 millones 800 mil hectreas de tierras en Santa Cruz, a los campesinos altiplnicos, en desmedro de la gente originaria y de campesinos asentados en este territorio oriental. En Santa Cruz existen miles de campesinos y productores agropecuarios que no cuentan con tierras propias y en ese caso, de existir tierras baldas, o de propiedad del Estado, ellos tendran preferencia para ser acreedores o beneficiarios de esas tierras que seran dotadas por el Estado.Por otro lado, se ha demostrado que en todo el departamento no existe esa cantidad de tierras aptas para la agricultura, ya que las existentes en menor cantidad- son reservas forestales que en ningn caso podran ser dotadas para fines de explotacin agrcola. Ante tal ofrecimiento y frente a la opinin contraria expresada por productores agropecuarios y campesinos lugareos, dirigentes del altiplano han hecho pblica sus amenazas de venir a tomar por la fuerza las tierras prometidas por el gobierno. En tal sentido es conveniente que el pueblo cruceo se encuentre unido para rechazar cualquier amenaza de esta naturaleza. Es altamente conveniente que las instituciones locales se hallen alertas para evitar el avasallamiento y el atropello no slo a nuestro derecho sino a nuestra dignidad.3.2DesempleoComo directa consecuencia de la grave crisis por la que atraviesa el pueblo boliviano y que con mayor intensidad ha afectado a esta parte del pas, el desempleo abierto y la sub ocupacin se han agravado, privando a muchos jefes de familia ganar el sustento diario. De esta suerte, la situacin de pobreza que vive el pueblo, ha adquirido contornos de suyo grave. El problema de la desocupacin o desempleo, ha provocado el deterioro de los salarios debido a que la oferta de mano de obra es muy superior a la demanda.La falta de ingreso de las personas es a su vez causa de muchos otros problemas sociales, como la delincuencia, la prostitucin y el vicio.3.3El manejo arbitrario de los recursos pblicos. Corrupcin generalizada La poca transparencia en el manejo de las instituciones pblicas y la crisis generalizada han hecho que los actos de corrupcin sean ms frecuentes y se registren en todos los niveles de las estructuras jerrquicas. Los recursos pblicos son manejados en forma arbitraria y discrecional. La contratacin de obras mediante procedimientos nada ortodoxos, y el cobro de elevadas comisiones para dar oportunidades de trabajo a las empresas o para la adquisicin de sus productos, es moneda corriente en nuestro medio, llegando a extremos antes nunca vistos. Debido a las necesidades y compromisos por las que se hallan urgidas estas empresas se ven obligadas a aceptar la extorsin.Actualmente no es raro ver que jvenes polticos con pocos meses de ejercicio de la funcin pblica, se encuentran empeados en una franca competencia por amazar riquezas descomunales que ofenden a la honestidad de sus colegas, amigos y conterrneos.Lo que es peor, los mecanismos legales para la recuperacin de los fondos pblicos indebidamente apropiados por los servidores del Estado o dispuestos ilegalmente por los mismos, o las leyes que penan los actos de corrupcin, no se cumplen en el pas, y por el contrario, esos autores de actos de corrupcin son premiados por los dirigentes de sus propios partidos, asignndoles nuevas funciones con mayor jerarqua o promovindolos como honorables representantes nacionales para que sean acreedores a los privilegios de la impunidad (ms que la inmunidad).3.4La inseguridad ciudadana, violaciones, atracos, etc.Frente a este cuadro general de descomposicin social, la poblacin vive en un estado de inseguridad ciudadana inquietante, a tal punto de haberse convertido Santa Cruz la ciudad ms violenta. Amenazada en las calles, en los paseos y lugares pblicos y lo que es aun peor, amenazada en su propio hogar. En muchos casos los delincuentes actan de consuno con los propios encargados de guardar el orden, y cuando no, si los delincuentes caen en poder de la justicia, al poco tiempo son liberados con carta blanca para continuar con sus actividades ilcitas.En los ltimos aos los ndices de violaciones y atracos a la luz pblica han aumentado en forma escandalosa ante la inoperancia de las autoridades, obligando en muchos casos a la poblacin a tomar la justicia por sus propias manos.3.5La delincuencia y la impunidadEl asalto a los bancos, a los hogares, el robo de autos y la delincuencia juvenil, son hechos delictivos comunes en nuestro medio y con notoria tendencia al aumento ante la impunidad de los malhechores, unas veces por la permisividad de las leyes y otras por la tolerancia por parte de los encargados de la aplicacin de esas leyes. Esta situacin se ha vuelto insoportable, al sumarse a ello la incorporacin diaria de un importante contingente de delincuentes extranjeros, que son atrados por ofrecer este pas inmejorables condiciones de operatividad y garantas legales para la accin delincuencial. Este hecho aumenta la inseguridad ciudadana.3.6Ineficiencia, inoperancia y quiebra del municipio. Excesivo endeudamiento, paralizacin de obras y servicios, incremento de tarifas e impuestos en desmedro de la poblacinEs opinin generalizada que la actual administracin municipal es una de las peores en los ltimos 15 aos. Est marcada por la impostura, la improvisacin, la ineptitud y la arrogancia infundada. El elevado costo de las pocas obras que se ejecutan y la mala calidad de ellas, es la caracterstica de la actual administracin. Las obras son ejecutadas por empresas de amigos o correligionarios, sin tomar en cuenta la experiencia ni la idoneidad tcnica.El sobredimensionamiento de la planta burocrtica, inflada para dar cabida a los seguidores y partidarios, hace que los gastos corrientes se lleve la mayor parte de los menguados ingresos que percibe la Alcalda, quedando escasos recursos para el rubro de inversin. Adems, los recursos provenientes por concepto de co-participacin tributaria creados por la Ley de Participacin Popular y que, no obstante de estar prohibido su desvo hacia gastos corrientes, son destinados a otros fines para los que fueron destinados, lo que constituye un franco atropello a esa norma. La mayor parte de esos fondos son utilizados en una obra estrella que sirve para satisfacer los intereses de una familia y para aumentar el valor de los terrenos adyacentes que han sido adquiridos por el entorno, con fines especulativos.La evasin impositiva enseada con el ejemplo por la actual administracin y el mal manejo administrativo, han determinado una acentuada cada de los ingresos municipales, empujando al gobierno municipal hacia un elevado nivel de endeudamiento, muy superior al permitido por los organismos financieros, y comprometiendo la estabilidad e hipotecando al municipio por muchos aos. La disminucin de las recaudaciones impositivas es una muestra de la falta de confianza del pblico contribuyente hacia sus autoridades.A objeto de paliar esta situacin de ahogo financiero, se recurre al fcil expediente de reajustar las tasas de los servicio, tal como el caso del servicio de la basura, que es uno de los ms caros y el peor del pas, a tal punto que Santa Cruz se ha ganado el titulo de la ciudad ms sucia de Bolivia. La promesa electoral de contar con un servicio de limpieza a costo cero, se ha convertido en una broma macabra, al obligar al pueblo que pague tan jugosa factura. No obstante esta delicada situacin, las instituciones cruceas se muestran pasivas y no atinan a buscar una salida que ponga remedio a la mayor brevedad, para evitar el empeoramiento de los problemas, que est causando dao econmico al vecindario.3.7 Santa Cruz ciudad sin dueoEste panorama brevemente descrito, hace ver que Santa Cruz es una ciudad sin dueo, donde cualquiera se puede asentar e instalar la actividad que le venga en gana, se interrumpe el trfico constantemente y se desarrollan actividades reidas con las buenas costumbres, en calles, avenidas, barrios residenciales y plazas, sin que haya autoridad capaz de poner atajo a ello.Algunas autoridades locales, llamadas a dar buen ejemplo, contribuyen ms bien a que prevalezca esta situacin de desorden, asumiendo actos reidos contra el sentimiento ciudadano y actuando en forma arbitraria, como el caso del intento de cambio de nombre de una avenida sin observar las normas y procedimientos usuales en este tipo de acciones y la colocacin de un monumento que nada tiene que ver con los actos heroicos y la historia del pueblo cruceo, lo cual- contrariamente- hace que constituya un atropello a su dignidad.3.8 Arbitrariedad y falta de transparencia de instituciones locales. Cooperativas de serviciosA esta forma abusiva de actuacin de los poderes locales y departamentales del sector pblico, se agrega la arbitrariedad con que las cooperativas de servicio pblico, encargadas del manejo de nuestros recursos, lo hacen en forma de festn, bajo una administracin nada transparente. No existen rendiciones de cuentas adecuadas y claras y cuando se les solicita informacin acerca del destino de los fondos, eluden de todas formas y contratan firmas de auditorias complacientes para que avalen sus actos.Adase a ello la falta de fiscalizacin, tanto interna como externa, puesto que INALCO, rgano responsable de supervisar y controlar el desenvolvimiento de este tipo de empresas, ha mostrado ser incapaz de responder a las expectativas de los socios que han depositado sus aportes.3.9 Utilizacin de las entidades cruceas como trampoln poltico Una de las causas de la actitud negligente en la defensa de nuestros derechos e intereses regionales, es la prctica convertida en norma, asumida por ciudadanos con pretensiones de liderazgo, o movidos por grupos de intereses empeados en copar las principales instituciones, de utilizar a nuestras ms preciadas entidades cruceistas, como trampoln poltico. Esta conducta est lejos de reflejar los propsitos altruistas de aquellos patricios que concibieron la idea de dotar al pueblo de instrumentos de defensa idneos.3.10 Ausencia de objetivos del pueblo cruceoAl ser Santa Cruz una comunidad de dinmica evolucin, debido a la alta tasa de migracin, su identidad ha tratado de desfigurarse y por lo tanto sus objetivos en muchos casos no han sido claros o no se ha logrado consenso en su definicin y menos se ha hecho esfuerzos por su difusin.Es preciso sentarnos en torno de una mesa que rena a lderes cvicos, dirigentes empresariales, trabajadores, jvenes e intelectuales, sin nimos excluyentes, a fin de disear un conjunto de objetivos y delinear los lineamientos estratgicos para su consecucin.3.11 Falta de liderazgoSi a los dos factores anteriormente citados, le agregamos la falta de un autntico liderazgo que responda a los verdaderos derechos y aspiraciones generales del pueblo, por encima de intereses sectoriales, gremiales o de grupos, la situacin de defensa permanente e intransigente de los intereses regionales se ve seriamente amenazada y consecuentemente la sociedad en su conjunto.Es necesario en forma urgente patrocinar una recomposicin de nuestras fuerzas defensivas y de nuestro faro de irradiacin de ideas para la proyeccin de nuestra regin en el milenio que se inicia. Esas ideas creativas que han caracterizado a Santa Cruz, para forjar su destino promisorio, deben aflorar nuevamente en nuestro suelo. Las soluciones deben salir de nosotros pues no podemos esperar que nos vengan de otros lados, y menos de las esferas del centralismo.4.- Fijacin de Posicin de Cabildo Antes de pronunciarnos sobre los temas concretos que nos ocupan, es bueno expresar los principios que guiarn en el futuro nuestro pensamiento, los mismos que se sintetizan en los siguientes cuatro pilares:a)Soporte a la entidad cvica, no suplantacin.- Cabildo pretende ser un soporte y apoyo firme de nuestro principal ente cvico, sin pretender suplantarlo, coadyuvando en su actuacin de defensa de los caros intereses regionales.b)Denuncia en forma pblica y permanente de las irregularidades y avasallamientos al pueblo cruceoc)Defensa intransigente de los intereses generales, haciendo cuerpo con otras entidades que sostengan los mismos o similares puntos de vista que los nuestrosd)Absoluta independencia partidaria y objetividad de anlisis de Cabildo4.1Nuestras propuestas1)En el mbito econmicoa)Demandamos una atencin urgente para solucionar la crisis econmica que vive el pas, con medidas realistas y no como los anteriores planes de reactivacin que han sido casi una burla a la nacin y una frustracin para los sectores productivos en particular y para la poblacin en general.b)Medidas de alivio o aplicacin de un plan de emergencia para la creacin de empleos, y captacin de recursos para la recuperacin industrialc)Adopcin de medidas oportunas para evitar la quiebra de los bancos y dems entidades financierasd)Ejecucin de obras pblicas de infraestructura e incremento de la inversin pblica en nuestro Departamento2)En el mbito departamentala)Atencin por parte de las autoridades de los problemas de delincuencia, violaciones e inseguridad ciudadanab)Dotacin de un instrumento eficaz que se encargue de promover y administrar el desarrollo regional, ya que la actual prefectura, deja mucho que desear en cuanto a la labor que cumple como rgano tcnico-econmico, pues no tiene ni los mnimos mecanismos de custodia de los bienes que le son encomendados.c)Atencin urgente a los sectores productores, para evitar su quiebra y coadyuvar en la tarea de hacer que esos sectores sean competitivos de tal forma que puedan acceder a los mercados internacionales3)En el mbito locala)Debe prestarse especial atencin a fin de superar la situacin de desastre en que se encuentra la Alcalda crucea, mediante un acuerdo poltico de elevadas miras, antes que se vea obligado el pueblo cruceo a tomar medidas no convencionales o violentas.b)Aclaracin de las varias denuncias pblicas de malos manejos financieros y robos de bienes del Estado, con el consiguiente castigo a sus autoresc)Conformacin de grupos de anlisis permanentes en el seno de las diferentes entidades que tengan que ver con la defensa de los intereses comunes del pueblo cruceo y promover debates para esclarecer y concienciar a la opinin pblicad)Establecer un cdigo de tica para evitar el manoseo de las instituciones de Santa Cruz, y el uso con fines secundarios y no los de legtima defensa de los legtimos derechos de los cruceosA.2 Apoyo de Cabildo al departamento del Beni en su conflicto limtrofe

El 14 de agosto de 2001 La Agrupacin Cabildo emiti un pronunciamiento en apoyo al hermano departamento del Beni con las firmas de Mario Arteaga Antelo, como PRESIDENTE; y Jorge Hurtado Hervas, en su calidad de SECRETARIO GENERAL, el mismo que tocaba los siguientes aspectos:1. Antecedentes Histricos

Mediante Provisin Real de 15 de febrero de 1560, librada por el Marqus de Caete Andrs Hurtado de Mendoza, Virrey y Capitn General del Per, nombra a su hijo Garca Hurtado de Mendoza y Manrique, por Gobernador, Capitn General y Justicia de la provincia Mojos y como su Teniente General al Cap. uflo de Chvez. Esta Provisin Real, es convalidada a los 3 aos, por el Rey Felipe II de Espaa, por Real Cdula de 29 de agosto de 1563, mediante la cual se ampla la jurisdiccin de la Audiencia de Charcas y se reconoce la existencia jurdica de la Provincia Mojos y Chunchos, que posteriormente se convierte en Gobernacin Poltico-Militar de Mojos y Apolobamba.La existencia legal de esta provincia est documentalmente probada, as como su jurisdiccin se encuentra claramente demarcada en los diferentes mapas de la poca colonial, documentos en los cuales figura la montaa de Yuracar como lugar perteneciente a la jurisdiccin de Mojos.2. Origen del Conflicto

Decreto de 18 de noviembre de 1842El gobierno del Gral. Jos de Ballivin, por medio del citado decreto, crea el Departamento del Beni y se le encomienda la tarea de abrir diferentes vas de comunicacin, para darle una organizacin conforme con los dems departamentos de la Repblica.Para hacer efectiva esta creacin, el decreto se inspira en el antiguo ente originalmente llamado Gobernacin Poltico-Militar de Mojos y Apolobamba, pero con el nombre de Caupolicn en vez de Apolobamba. Se crea como provincia Yuracar, como tercera provincia con el denominativo de Yuracars.Decreto de 10 de junio de 1854

En virtud a este decreto, el gobierno de Belzu erige una provincia en el departamento de Cochabamba, con el nombre de Chapare, designando como capital al cantn Mendoza, que ser la sede de la gobernacin.Este distrito estar formado por las montaas de Corani, Espritu Santo y Yuracars, en territorio beniano, lo que significa un cercenamiento de ms de 40 mil kilmetros cuadrados.El argumento para la consumacin de semejante despojo, contenido en uno de los considerandos del citado decreto sostiene: que la accin de la prefectura del Beni, a cuyo Departamento se agregaron las montaas del Espritu Santo, y de Yuracars, ha sido de todo punto insuficiente para atender y mejorar la poblacin establecida en aquellas comarcas, tanto por la inmensa distancia que las separa de la capital del Beni, cuanto por su difcil comunicacin con ella.Basado en este pueril argumento, muchas localidades de la repblica, hubieran sido cercenadas y desprendidas de varios departamentos bolivianos, para ser transferidas a jurisdiccin de otros departamentos que se hallen en condiciones de prestarles mejor atencin.3. Conclusin

Por los antecedentes brevemente expuestos, se concluye que la anexin de los territorios montaosos de Yuracar y Espritu Santo, pertenecientes legtimamente al Departamento del Beni, es desde todo punto de vista ilegal, abusivo y arbitrario, amn de que constituye un elemento perturbador de la convivencia pacfica y la unidad nacional que tanto se necesita en estos das tan difciles.4. Apoyo decidido al Beni

Por lo expuesto, la Agrupacin Cabildo, institucin eminentemente cvica e imbuida de alto espritu patritico, ha decidido prestar su apoyo militante a favor de los hermanos benianos, no slo por los tradicionales lazos de sangre que nos unen, sin por la justeza de su posicin.Instamos a las dems instituciones cvicas, sociales y culturales del departamento, sumarse a esta actitud de apoyo moral.A. 3 Pronunciamiento sobre autonomas regionales y referndumEn fecha 28 de abril de 2004 Cabildo envi una carta al seor Rubn Costas Aguilera, Presidente del Comit Pro-Santa Cruz solicitando audiencia a objeto de hacer entrega en forma oficial, el Pronunciamiento que sobre el tema de las autonomas y el referndum sobre la exportacin del gas, emitido por la Agrupacin Cvica Cabildo, como un aporte a la resolucin de tan importantes asuntos, que preocupan tanto a las instituciones cvicas del pas, como a la sociedad civil en general.El documento que se har entrega es fruto del mandato de la ltima asamblea de nuestra institucin, siendo nuestro deseo hacer en esta ocasin, una explicacin de los alcances y fundamentos del mismo.Consideramos seor Presidente, que Santa Cruz, a la cabeza de su comit cvico debe continuar la lucha que ha emprendido hasta conseguir que Bolivia sea un Estado moderno, eficiente, equitativo, productivo y despojado del cncer de la corrupcin que tanto dao hace a nuestra sociedad.Quedamos a la espera seala la nota - que se nos seale da y hora para que nuestro Directorio en pleno pueda hacerse presente en el seno de la ms importante entidad cvica de los cruceos y nos ponemos a su disposicin para contribuir al mejoramiento del grado de concientizacin entre la ciudadana, referente a la aplicacin del modelo de autonomas regionales - finalizaba.La nota estaba firmada por el Lic. Jorge Hurtado Hervas, SECRETARIO GENERAL; y el Gral. Olvis Arias Chvez, PRESIDENTE A.3.1 Contenido del PlanteamientoDescentralizacin por la va de las Autonomas RegionalesResumen y Conclusiones

El documento comienza diseando el marco conceptual o terico y sealando que desde el punto de vista de la forma del Estado, existen dos tipos de regmenes: el Estado unitario y el Estado federal. En cuanto a la organizacin del gobierno, existen 4 formas: Concentrado, desconcentrado, descentralizado y autonmico-regionalizadoLa desconcentracin, es la forma mediante la cual la administracin centralizada presta servicios o desarrolla acciones en distintas regiones del pas a travs de rganos propios. Su objeto es doble: acercar la prestacin de servicios en el lugar o domicilio del usuario, con economa para ste, y descongestionar al poder central.

La descentralizacin por su parte- es la forma de organizacin administrativa que consiste en confiar la realizacin de algunas actividades a entes que guardan una relacin con la administracin central que no es la de jerarqua. Por tanto: el nico carcter que se puede sealar como fundamental del rgimen de descentralizacin es el de que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una autonoma orgnica y no estn sujetos a los poderes jerrquicos.

Existen bsicamente dos tipos de modelos de descentralizacin. Ellos son:a)El proyecto neoliberal y b)El proyecto de descentralizacin democratizante, el cual es sugerido para su adopcin.Este tipo de proyecto pone nfasis en el eje poltico de la descentralizacin en aquellos aspectos que significan una profundizacin de la prctica democrtica, al promover una participacin efectiva de los actores sociales en la gestin de los asuntos regionales.Para ello se busca impulsar ampliamente la participacin de la ciudadana en la discusin y resolucin de los problemas nacionales, sectoriales y regionales, incrementando el conocimiento tcnico, el inters privado y atendiendo las necesidades de los ciudadanos. En este proyecto se basa la formulacin de la propuesta contenida en el Captulo IV del presente trabajo.

Qu es Regin?Dado que la regionalizacin es la estrategia mediante la cual se debera llevar a cabo la descentralizacin, se hace menester precisar el significado del trmino regin, apuntando que la palabra regin evoca un rea geogrfica determinada, perifrica o lejana al centro decisorio nacional y delimitada en s misma La regionalizacin se considera como un elemento de progreso econmico en el que las regiones son testigos de la diversidad y contribuyen al enriquecimiento de su cultura, su prosperidad econmica y al respeto a sus tradiciones e historia Se entiende por Autonoma Regional, la creciente capacidad de autogestin poltica regional, identificacin de la poblacin con su regin y capacidad de apropiacin del excedente econmico generado en ella. Una regin es una porcin del territorio de un Estado que presenta caractersticas geogrficas (o sociogeogrficas) especficas. Su actividad gira en torno a un centro econmico y administrativo.

Experiencias de Descentralizacin y Desconcentracin Regionalizada

Espaa e Italia corresponden a los modelos de descentralizacin o autonomas regionales, mientras que Chile es un modelo de regionalizacin desconcentrada.

Desde 1978 Espaa ha experimentado un intenso proceso de descentralizacin poltica que ha tenido como protagonista a las Comunidades Autnomas. Esta esfera de gobierno ha hecho que los nuevos gobiernos autonmicos gocen de amplias competencias. Por el contrario, los gobiernos locales (municipios) en vez de haberse constituido en el segundo eslabn de la descentralizacin, han quedado rezagados. Las Comunidades Autnomas son entidades poltico territoriales dotadas de autogobierno, que constituyen las principales divisiones administrativas autnomas del Estado espaol. La Constitucin espaola, aun cuando proclama desde su primer ttulo la indisoluble unidad de la nacin, reconoce y garantiza el derecho a la autonoma de las nacionalidades y regiones que la integran. Sobre este derecho, las comunidades han accedido a su autogobierno, constituyndose en entidades autnomas sujetas a los respectivos estatutos de autonoma. Espaa opt por un Estado unitario con amplias autonomas regionales. A dicha frmula se la denomin Estado Integral y supona el justo medio entre las concepciones unitaristas y federalistas. La Experiencia regionalizadora en Italia

La norma que dispone la formacin de gobiernos regionales en Italia, data de la Constitucin de 1948, pero qued sin aplicacin durante ms de 20 aos, hasta su reformulacin en 1970.

La introduccin de los gobiernos regionales tuvo su importancia en el funcionamiento de las regiones, y su diseo result ser distinto al del gobierno central y al diseo de los gobiernos locales. A este respecto, se ha dicho: La idea de regin fue introducida en la Constitucin italiana por los legisladores que, si bien manejaron varias fuentes, se inspiraron sobre todo en el ordenamiento de la Segunda Repblica espaola en la que aqulla recibi una primera y sugestiva actuacin. Los italianos han perfeccionado el modelo.

En el modelo italiano existen elementos que pueden acercar el modelo constitucional (unitario) al modelo federal. Este modelo territorial fue objeto de profundas modificaciones en octubre de 1997, con la aprobacin y posterior confirmacin - mediante referndum - de la ley constitucional sobre el federalismo.

Las Reformas Administrativas en Italia

El cambio de las organizaciones complejas, como las administraciones pblicas tanto centrales como locales, no se logra nicamente a travs de leyes y reglamentos, ya que inciden considerablemente en l aspectos como: la cultura organizativa, la tecnologa o el tipo de relacin que se establece con los ciudadanos y los usuarios de los servicios.

Al aprobarse las leyes de reforma en Italia, se ha ingresado en una fase de grandes transformaciones. En los aos noventa se ha introducido una serie de medidas legislativas orientadas a mejorar el funcionamiento de las administraciones desde la ptica de la modernizacin, de la recuperacin de la eficiencia y de la mejora de los servicios a los ciudadanos, aspectos que han sido logrados por la reforma italiana.

La modificacin del artculo 116 de la Constitucin introduce el novedoso concepto de regionalismo diferenciado, que significa la posibilidad o potestad que tienen las regiones para negociar con el Estado formas y condiciones particulares de autonoma.

El proceso de Regionalizacin en Chile. Antecedentes

La discusin sobre la forma de descentralizar no es nueva en este pas. A partir de los ltimos veinte aos el proceso asume una dinmica acelerada, que ha llevado a discusiones encaminadas a determinar las condiciones y metodologa para lograr una real descentralizacin. Hubo medidas implementadas durante los aos de rgimen militar en cuyo caso el proceso de descentralizacin se transforma en un proceso de traspaso de funciones, ya que el componente democrtico no estuvo presente. De todas maneras las transformaciones y medidas tomadas en ese periodo an hoy son la base del sistema institucional desconcentrado. Como parte del proceso de democratizacin y modernizacin del Estado chileno iniciado a partir de 1990, se han impulsado grandes cambios en su estructura, buscando dotarlo de condiciones ms propicias para impulsar el desarrollo econmico, social y cultural, y elevar la eficacia y eficiencia en su gestin. El Gobierno de Aylwin (1990-1994), al promulgar la Ley Orgnica de Gobierno y Administracin Regional, complement la reforma que ya haba fortalecido las competencias y recursos de los gobiernos locales. En el proceso de regionalizacin de Chile, hasta el presente podemos identificar dos paradigmas:- El paradigma original de la planificacin, funcional al estado centralizado y limitado a la Planificacin Regional de espacios escogidos dentro de un pas y - el moderno y actual, funcional con respecto al Nuevo Orden Econmico Mundial y a la tecnologa electrnica e informatizada. Evaluando los Resultados del Proceso ChilenoPara examinar los resultados del proceso de descentralizacin remontmonos a 1998, ao en que se realiz un ciclo de seminarios impulsado por el gobierno y que se plasm en el texto Reflexin y Anlisis sobre el Proceso de Descentralizacin en Chile. En este documento se plantean algunos desafos que dicen relacin con el momento en que se encuentra la descentralizacin en el pas. La reflexin da cuenta que se han logrado avances lentos y que an existen no pocos aspectos no bien analizados. El problema fundamental de la descentralizacin en Chile es el hecho que las transformaciones institucionales introducidas en el intento desconcentrador, no generan de modo inmediato la cultura que las acompae. Esto debera transformarse en una relacin entre la oferta institucional y la demanda de los actores, donde si una avanza tambin debera avanzar la otra. Los gobiernos democrticos estn empeados en avanzar en este esfuerzo descentralizador.El Proceso de Descentralizacin en Bolivia. La Primera Etapa: Las luchas cvicas por la descentralizacin

Desde los aos 50, la descentralizacin es uno de los temas centrales de las reivindicaciones de la sociedad civil, estructurada sta en torno a los movimientos cvicos, por la que se cuestiona la incapacidad del sistema poltico de representar los anhelos de los ciudadanos. El concepto de descentralizacin que se plantea durante esta primera etapa en Bolivia, es de tipo poltico y la reivindicacin central es el control total del manejo de los recursos regionales a cargo de mecanismos tcnicos Los entes cvicos haban avanzado como actores, en su protagonismo y presencia departamental y nacional, pero no pasaba lo propio con los partidos polticos. Cuanto ms cerca estaba la aprobacin de un proyecto de ley sobre descentralizacin, ms renuentes se tornaban en resolver los temas pendientes de consenso, postergando finalmente su aprobacin para la siguiente gestin de gobierno. El documento detalla los antecedentes jurdicos ms importantes vinculados con la descentralizacin.Segunda etapa del proceso de descentralizacin

A partir de 1994 Bolivia ha experimentado transformaciones estructurales mediante la dictacin de leyes que han descentralizado el poder poltico; han asignado mayores recursos y mayor capacidad de decisin a los gobiernos locales autnomos (alcaldas municipales); han creado condiciones favorables para una creciente participacin social en la gestin pblica; y han redefinido y aclarado los roles de las instituciones pblicas en todos los niveles (Nacional, Departamental, Provincial y Municipal). La promulgacin de las leyes de Participacin Popular en abril de 1994 y la denominada de Descentralizacin Administrativa en 1995, son los principales instrumentos jurdicos que guardan estrecha relacin con el tema. La LPP produjo los siguientes resultados: reorganizacin del Estado, promocin de la descentralizacin de la gestin pblica a nivel local, apertura a la participacin social y ensanchamiento de la democracia. La LPP inici un proceso de descentralizacin fiscal, y convirti al municipio en la instancia ms importante de la gestin pblica. Con esta Ley la descentralizacin se inici por la va municipal, pese a que el debate sobre el tema desde principios de los aos 80 haba centrado su atencin slo en el nivel sub-nacional o departamental sin haber contemplado la posibilidad de hacerlo a travs de los municipios. Ley de Descentralizacin Administrativa

La descentralizacin iniciada en el nivel municipal con la LPP, trat de avanzar hacia el nivel departamental con la promulgacin de la Ley de Descentralizacin Administrativa (LDA), pero en la prctica lo que hizo fue desconcentrar funciones del Poder Ejecutivo en rganos subalternos de su dependencia. Los aspectos ms relevantes de la LDA son los siguientes: Regula el Rgimen de Descentralizacin (desconcentracin, segn la definicin adoptada en el Capitulo I del presente trabajo) Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental, que consiste en la transferencia y delegacin de atribuciones tcnico-administrativas no privativas del Poder Ejecutivo Nacional. Establece la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental constituida por la Prefectura del Departamento, cuya mxima autoridad es el Prefecto del Departamento, nombrado por el Presidente de la Republica. En el proceso boliviano hubo voluntad poltica para descentralizar. Esa voluntad se expresa en una nueva modalidad para la formulacin de polticas con participacin municipal, lo que crea condiciones favorables para la obtencin de consensos entre los niveles municipal, departamental y nacional y entre actores pblicos y privados. La voluntad poltica tambin se expresa en la transferencia de recursos de coparticipacin tributaria a todos los municipios del pas y en la potestad ratificada a favor de los Gobiernos Municipales para priorizar inversiones y asignar recursos para financiarlas. Haciendo un balance

La descentralizacin iniciada en Bolivia a travs de la va municipal ha demostrado indudables efectos positivos. Esos efectos se manifiestan en las posibilidades de dinamizacin de la economa local y en la democratizacin de la sociedad. Lo dicho se expresa en varios mbitos. En lo econmico, la ejecucin de inversiones con recursos locales permite incrementar la eficiencia en el uso de los recursos municipales de inversin. Adems el proceso genera empleo local y atrae recursos humanos calificados. En el mbito poltico, la democracia se ha ensanchado y fortalecido, lo que ha permitido que el sistema poltico mejore en cuanto a legitimidad y representatividad. Antes el mbito de actuacin del municipio en Bolivia era estrictamente urbano, lo que marginaba a la poblacin rural de toda posibilidad de participacin.En este proceso tambin estn presentes numerosas limitaciones. Por ejemplo, persiste la enorme debilidad en la capacidad institucional en cuanto a gestin local y la escasez de recursos humanos y tcnicos capacitados es considerable. Por otra parte, se nota deficiente la coordinacin de los municipios entre s y tampoco hay una buena coordinacin con la gestin pblica departamental y nacional, lo que implica el riesgo de un extremo localismo y la fragmentacin municipal. Sin embargo, en algunos casos se ha registrado la formacin de mancomunidades municipales.Los municipios se han convertido en la unidad bsica de gestin pblica. Pero para pasar de la administracin burocrtica a la gestin del desarrollo, es necesario entender que el municipio es un espacio econmico y que, adems de administradores de infraestructura y servicios, los Gobiernos Municipales deben convertirse en los principales promotores del desarrollo en sus jurisdicciones, lo que implica que su rol fundamental debe ser crear condiciones propicias para el desarrollo de la economa local, aspecto descuidado. La Solucin que propone Cabildo

Teniendo en cuenta la existencia en Bolivia de tres niveles de gobierno, que son: a) el nivel nacional, b) el nivel sub-nacional o intermedio (gobiernos departamentales) o Poder ejecutivo desconcentrado y c) gobiernos locales (municipal); y dado que los gobiernos municipales se encuentran descentralizados, gozan de autonoma de gestin y cuentan con recursos y patrimonio propio, queda como preocupacin la constitucin de los gobiernos del nivel intermedio, hacia lo cual se dirige nuestra propuesta y consiste en la descentralizacin por la va de la formacin de las autonomas regionales, sin dejar de aprovechar lo avanzado con el proceso desconcentrador. Supuestos del Modelo

He aqu algunos supuestos del Modelo:1. Regionalizando el pas, se lograra una gradual, profunda y efectiva descentralizacin econmica, administrativa y poltica, partiendo del actual sistema desconcentrado.1. El gobierno central mantendra su competencia en la poltica exterior, las Fuerzas Armadas, la seguridad nacional, el comercio externo, la legislacin e interpretacin de la Constitucin Poltica del Estado, el control de la moneda y dems tareas de carcter nacional.1. La regionalizacin se considera como un elemento de progreso econmico en el que las regiones, como componentes esenciales del Estado, son testigos de la diversidad y contribuyen al enriquecimiento de su cultura, su prosperidad econmica y el respeto a sus tradiciones e historia.

Objetivos del Modelo

Debe quedar bien claro que la descentralizacin no es un fin en s mismo, sino busca el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, a travs de una mejor asignacin de sus recursos y la eficiente prestacin de servicios a la poblacin. Para que el modelo descentralizador responda a este concepto bsico se sugiere los siguientes objetivos: Fortalecer el sistema democrtico y la unidad nacional; Incrementar la participacin social; Introducir un sistema autogestionario, que permita que los ciudadanos manejen sus propios problemas y satisfagan sus necesidades de la mejor manera, a cargo de las organizaciones descentralizadas asentadas all donde se producen dichas necesidades. Consolidar la Autonoma Regional, definida como creciente capacidad de autogestin poltica regional, y capacidad de apropiacin del excedente econmico generado en ella.Pilares o fundamentos del Modelo Descentralizador

Los pilares en que se asentara el modelo seran, entre otros, los siguientes: Traspaso de funciones a las regiones y reforma del Estado Descentralizacin econmica y fiscal Establecimiento de Mecanismos de control eficaces Eficacia de Gestin y Resultados

Principios en que debe sustentarse el Modelo a) El principio de subsidiariedad, con la atribucin de la generalidad de las tareas y de las funciones administrativas a los municipios y regiones, atribuyendo las responsabilidades pblicas con objeto de favorecer el cumplimiento de funciones y tareas de relevancia social por parte de las familias, asociaciones y comunidades, a la autoridad territorial ms prxima a los ciudadanos involucrados.b) El principio de eficiencia y de economa, incluyendo la supresin de las funciones y tareas que han pasado a ser superfluas;c) el principio de diferenciacin en la asignacin de las funciones en atencin a las distintas caractersticas, incluso asociativas, demogrficas, territoriales y estructurales de los entes receptores, que el legislador debe considerar en la asignacin de esas funciones en favor de los entes.d) los principios de responsabilidad y unicidad de la administracin, con la consiguiente atribucin a un nico sujeto de las funciones y de las tareas, mediante la aplicacin del principio de identificabilidad de un sujeto nico, en que respecta a la responsabilidad de cada servicio o actividad administrativa.

Instrumentos constitutivos del Modelo: Estatutos propios

Los Estatutos sern la norma institucional bsica de cada Regin Autnoma y el Estado los reconocer y amparar como parte integrante de su ordenamiento jurdico.Los Estatutos de autonoma debern contener: a) La delimitacin de su territorio. b) La denominacin, organizacin y sede de las instituciones autnomas propias. c) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitucin y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. Competencias y atribuciones

Finalmente, es preciso referirnos a las competencias y atribuciones, definiendo las atribuciones como "las facultades principales involucradas en la administracin de una competencia", mientras que las competencias son las reas de responsabilidad comprendidas en la gestin de un sector o aspecto del desarrollo.Cabe resaltar que las atribuciones son diferentes para cada nivel de gobierno. Se ha visto conveniente, para la aplicacin del modelo propuesto, sugerir las siguientes categoras de atribuciones: 1) de polticas 2) de control 3) de planificacin 4) de financiamiento 5) de operacin.CONCLUSIONESDe lo expuesto anteriormente, se puede concluir lo siguiente:1.- Las luchas encaradas por la sociedad civil a la cabeza de los comits cvicos del pas, han sido largas y la reclamacin planteada ha sido la descentralizacin administrativa, casi por lo general, habiendo existido planteamientos aislados por obtenerse una descentralizacin amplia que incluya la descentralizacin poltica y econmica.Al llegarse a este ltimo planteamiento se entra ya en el terreno del federalismo, lo cual significaba la introduccin de profundos cambios constitucionales e institucionales. A la luz de la experiencia moderna de pases europeos, se ha superado el debate acerca de unitarismo y federalismo, y se ha llegado a demostrar que hoy por hoy- es posible adoptar un justo medio, logrando las ventajas de una amplia descentralizacin a travs de las autonomas regionales, sin abandonar el sistema unitario y sin atentar contra la unidad nacional, ms al contrario, llegando a reforzarse esa unidad.2.- Existe importantes experiencias en el mundo acerca de la aplicacin de modelos de autonomas regionales (Espaa e Italia) y de sistemas desconcentrados de regionalizacin, como es el caso de Chile. De esas experiencias, es posible extraer valiosas lecciones que bien pueden ser adaptadas y aplicadas en nuestro pas.Se arguye que la implementacin de las comunidades autnomas en Espaa, es un fracaso. Sin embargo, Italia se ha inspirado y copiado ese modelo, mejorndolo e introducindole muchas reformas importantes con excelentes resultado en su aplicacin.3.- No obstante de haberse dado en Bolivia, importantes pasos en cuanto a la descentralizacin y la consolidacin de las autonomas a nivel de gobiernos locales, an persiste la demanda de mayor descentralizacin de los llamados gobiernos departamentales. Eso significa que se siente la necesidad de avanzar en el proceso iniciado con la desconcentracin administrativa hasta rematar en la descentralizacin mediante las autonomas regionales. Este eslabn intermedio, es de suma importancia, por cuanto sirve de bisagra entre el gobierno nacional y los gobiernos locales.4- Las bases del modelo nacional de descentralizacin por la va de las autonomas regionales que se presentan en el presente documento, tiene la virtud de permitir la unificacin de criterios, la clarificacin de los objetivos por los cuales se debe luchar y posibilita el diseo de una estrategia que permita la puesta en marcha del reencauzamiento del proceso de descentralizacin, democratizante y participativo. Para ello es menester someter el tema a un amplio debate y a su tratamiento mediante el enfoque multidisciplinario. [Santa Cruz, 12 de julio de 2003]A.3.2 Argumentos contrarios al Estado MultinacionalEl 2 de julio de 2007 Cabildo dirigi una carta a Branko Marincovic, Presidente del Comit Pro-Santa Cruz solicitando audiencia al directorio de esta Agrupacin, a objeto de hacerle entrega en forma oficial, del documento que contiene argumentos en contra de la pretensin de imponer un Estado Plurinacional por parte del oficialismo. Este trabajo dice la nota - ha sido elaborado por una comisin integrada por miembros de la Agrupacin Cabildo, como un aporte a la reconocida lucha por las autonomas departamentales que viene sosteniendo el Comit Pro-Santa Cruz y que merece la preocupacin tanto de las instituciones cvicas del pas, como de la sociedad civil en general.Consideramos seor Presidente, - aade la carta - que Santa Cruz, a la cabeza de su comit cvico debe continuar la lucha que ha emprendido hasta conseguir que Bolivia sea un Estado moderno, plural, incluyente, equitativo, democrtico y libre del cncer de la discriminacin que tanto dao est haciendo a nuestra sociedad.A.3.3 Apoyo al Director de El DeberLa Agrupacin Cabildo en su reunin plenaria de socios, llevada a cabo el da sbado 13 de agosto de 2011, decidi por unanimidad apoyar al Dr. Pedro Rivero Mercado, Director del Diario EL DEBER y hacerle llegar en forma personal su voz de aliento, para que persevere como siempre lo ha hecho en la lucha por los sagrados y elevados intereses de este bendito terruo que nos viera nacer.Los miembros de la Agrupacin condenan las denuncias, actitudes y acciones emprendidas en su contra con el fin de amedrentarlo y poner en zozobra a su estimable familia, actitudes totalmente carentes de asidero legal y que solo tienen por fin coartarle su libre pensamiento.Estamos conscientes que la arremetida contra su estimada persona, - agrega la nota - est dirigida a mancillar su bien ganado prestigio y su invalorable dignidad y que es otra patraa ms del centralismo anacrnico, negativo y succionador que conlleva la malvola intencin de inmovilizar a nuestros lderes, para aplastar y sojuzgar a este valeroso pueblo, e imponernos su cultura y su pensamiento retrgrado Estamos seguros querido Pedro que ninguna obra construida sobre cimientos deleznables e inspirada en la maldad pueden triunfar y menos consolidarse en el tiempo, motivo por el cual este embate contra su dignsima persona caer en saco roto y resurgir su espritu combativo indemne y fortalecido, como miles de veces lo ha hecho, dndonos muestras de su valor y coraje.A tiempo de hacer llegar nuestra ms profunda admiracin al noble periodista cruceo termina la carta - le reiteramos nuestras expresiones ms sinceras de aliento para que siga - a pesar de su quebrantada salud al frente y en primera lnea en la trinchera de lucha.Est firmada la misiva por el Dr. Mario Surez Riglos PRESIDENTE; y el Dr. Limberg Gutirrez Carreo, VICE-PRESIDENTE y fechada el 18 de agosto de 2011A.3.4 Otro importante pronunciamiento de la Agrupacin CabildoEl Directorio de la Agrupacin Cabildo, en cumplimiento de la recomendacin emanada en la ltima reunin-almuerzo de socios, de fecha 24 de abril de 2004, oportunidad en la que se escuch la disertacin del consocio Lic. Jorge Hurtado Hervas, sobre el tema Nacionalismos Perifricos, Antesala del Separatismo, emiti el siguiente pronunciamiento sobre asuntos que se encuentran en debate de la opinin pblica:1. Referndum sobre venta del gas. Es inadmisible, que nuestro pas, durante toda su vida republicana ha venido exportado el fruto de la extraccin de sus recursos naturales, tales como plata, oro, estao, petrleo, y nunca se nos ha consultado - de ningn modo - sobre la conveniencia o no de efectuar dichas operaciones. Hoy que nuestro pas se muere de hambre y que atraviesa una de las crisis ms agudas de su historia, se quiere someter a referndum, la venta del gas a pases que les urge contar con este energtico y que por lo tanto contamos con mercados seguros. Ya ni siquiera se habla de cual ser el puerto ms conveniente para la exportacin, como se plante inicialmente, sino simplemente si se est o no de acuerdo con la venta del gas natural.Indudablemente que lo ms conveniente sera venderlo luego de su industrializacin, y a un precio que sea conveniente para el Estado boliviano. Pero dado que las reservas son cuantiosas, las cantidades a ser industrializadas seran de poca monta y quedara un excedente bastante considerable para venderlo en estado natural. En tal sentido, la Agrupacin Cabildo, Otorga: su ms decidido apoyo al Comit Pro-Santa Cruz y a las instituciones cvicas y empresariales que han hecho conocer su posicin contraria al verificativo de dicho referndum.2. Implementacin de las Autonomas Regionales.- La posicin principista de Cabildo con respecto a las autonomas regionales, ya es bien conocida, pues ha sido expuesta en una ponencia presentada al Comit Pro-Santa Cruz y a la Brigada Parlamentaria Crucea en julio del ao pasado. A fin de acelerar y concretar el proceso de tan caro anhelo que naci en Santa Cruz y se extendi al sur y al oriente boliviano, respaldamos las medidas aprobadas por el movimiento cvico nacional y proponemos algunas adicionales:a) Respaldamos vigorosamente el propsito del Comit cvico y de las instituciones cruceas, de llevar a cabo los comicios para elegir mediante voto popular directo, a nuestros representantes ante el Consejo Departamental, rindiendo de esta forma un merecido homenaje de reconocimiento al valiente pueblo de Camiri. Instamos a que las regiones de Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, imiten tal actitud.b) Igualmente, debe propenderse a que la autoridad ejecutiva de la regin, sea elegida por votacin directa, como medio de fortalecer la democracia participativa y dar legitimidad a nuestros rganos de direccinc) Sugerimos al movimiento cvico cruceo, que las instituciones locales, a la cabeza del Comit Pro-Santa Cruz, convoquen y realicen un referndum en la poblacin de Santa Cruz, para que se pronuncie sobre si continuamos con el centralismo secante, perverso, usurpador y negativo, o abrazamos el modelo de descentralizacin poltica, para contar con un autogobierno departamental, mediante las autonomas regionales que permita la construccin de nuestro futuro, el manejo de nuestros recursos y la profundizacin de la democracia, por medio de una participacin ciudadana ms amplia. Todo ello con miras a: Obtener una mayor eficiencia, ms transparencia, y mejor control a travs de una permanente rendicin de cuentas de nuestros representados.d) Finalmente, invocamos que el pueblo se mantenga alerta para evitar que grupos minoritarios, obtengan provecho en favor de sus intereses particulares, y en desmedro de los altos intereses colectivos.

A.3.5 Planteamiento para recuperar el control soberano de nuestros hidrocarburos

El 9 de junio de 2004 Cabildo se dirigi al Agr. Rubn Costas Aguilera, Presidente del Comit Pro-Santa Cruz preocupada por los problemas que afectan a toda la Nacin boliviana, e imbuida del propsito de contribuir a la noble lucha en que est empeado el Comit Pro-Santa Cruz, para hacerle llegar un planteamiento acerca de la forma prctica y de bajo costo, de recuperar el control soberano de nuestros recursos hidrocarburferos.En fechas 25 y 26 de mayo ltimo, - sealaba la nota - en el diario cruceo El Nuevo Da, nuestro estimado consocio y secretario general de la Agrupacin, Lic. Jorge Hurtado Hervas, public un artculo, cuya copia adjuntamos, proponiendo dos alternativas para que el Estado reasuma el control de los hidrocarburos, sin necesidad de recurrir a la extrema y costosa medida de la nacionalizacin.Dichas opciones son las siguientes:a) Introducir el concepto de accin de oro en los estatutos de las empresas capitalizadas, accin que sera a favor del Estado y que le otorgara derecho a veto;b) Compra a favor del Estado de un pequeo porcentaje de acciones de las empresas petroleras capitalizadas, que le permita romper el equilibrio de la actual estructura accionaria de 50-50%, e incrementar la composicin del Directorio a 9 miembros, 5 de los cuales corresponderan al Estado, manteniendo los 4 directores que representan a los privados extranjeros.

En dicho artculo se explica claramente lo que significa la accin de oro y la experiencia registrada en otros pases, principalmente europeos.Conviene de nuestro lado, exponer brevemente las ventajas que reportara al Estado, la aplicacin de cualquiera de las dos opciones, o una combinacin de ambas:1.- Recuperacin inmediata del control de los hidrocarburos, que an siguen siendo de propiedad del Estado, en virtud del mandato de la Constitucin Poltica del Estado;2.- Evitar la evasin de impuestos y eliminar las prcticas de contrabando, por cuanto la empresa, al tener mayora estatal, no puede ni debe incurrir en esos procedimientos;3.- Mejorar sustancialmente los ingresos del Estado, tanto por participacin, cuanto por impuestos; y mejorar los sistemas de supervisin y control;4.- Libertad para que el Estado pueda disponer de sus recursos, orientar su poltica de comercio exterior y tener la potestad de darle el uso de esos recursos como arma estratgica de negociacin;Si se tiene en cuenta la gravedad de la crisis y el poco inters gubernamental de solucionarla o de siquiera paliarla, estas ventajas sern de gran importancia para el Estado. Adems, el gas natural, en vez de ser hoy un factor de discordia, debe convertirse en un elemento positivo que contribuya a aliviar la crisis, a unir a los bolivianos y a integrarnos, factores que sin lugar a dudas- contribuirn a facilitar la ejecucin del tan anhelado y trascendental proyecto, cual es el de instituir las autonomas regionales en el pas.Acerca de la viabilidad jurdica de esta propuesta, conviene hacer referencia a un artculo suscrito por un especialista en ciencias jurdicas de la universidad de Harvard, publicado en La Razn de La Paz, el 7 del actual, y cuyo argumento dice: conforme al origen de la operacin jurdica de la capitalizacin que tuvo por objeto la adquisicin del 50 por ciento en licitacin, sta resulta muy posible ofertndole al capitalizador un determinado valor que pueda ser atractivo para ste, ya que dichas acciones se encuentran inscritas en el Registro Nacional de la Bolsa de Valores, y por tanto cotizadas para su transaccin en el Mercado de Valores sin que exista impedimento legal tanto en la Ley de Capitalizacin como en disposiciones conexas. En efecto, en la Ley de Capitalizacin la prohibicin de adquisicin de acciones slo alcanza al capitalizador y no a la inversa, es decir, el Estado Boliviano tiene la libertad de adquirir dichas acciones. (Ramiro Moreno Valdivieso)El Lic. Hurtado ya estuvo presente en el seno de la Comisin de Hidrocarburos de ese Comit, explicando los alcances de su propuesta. Si Ud. lo estima necesario, l puede acudir al Directorio para hacer una amplia exposicin, de tan importante tema.La carta est suscrita por el Lic. Hugo Espada Montero, VICE-PRESIDENTE; y Gral Olvis Arias Chvez, PRESIDENTEEl texto de la propuesta es el siguiente:El control soberano de los hidrocarburos (propuesta para no incurrir en cuantiosas indemnizaciones).-Jorge Hurtado Hervas Introduccin

El objetivo de este artculo, es plantear en forma concisa, alternativas de solucin para reasumir el control soberano del Estado boliviano, sobre sus recursos hidrocarburferos, especialmente el gas natural, sin recurrir a medidas desatinadas, que traeran complicaciones.

Descripcin del problema.-

En la actualidad, como consecuencia de la capitalizacin de la entidad estatal YPFB, el control absoluto de la cadena de produccin y comercializacin, ha pasado a manos de las empresas transnacionales, con grave detrimento para el Estado, tanto en lo que se refiere a participacin econmica, como a la prdida de soberana en la disposicin de nuestras riquezas gasferas.El detonante que agrav esta situacin, fue el referente al reconocimiento mediante simple decreto supremo, del derecho de propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, en favor de las empresas capitalizadas. A partir del ingreso de las empresas extranjeras al pas, en su condicin de socias estratgicas, los mecanismos del Estado se han mostrado o muy complacientes, o demasiado ineficaces para ejercer el control de esas actividades. Ello ha permitido que las empresas declaren las utilidades que les han venido en gana y ha hecho que su aporte tributario sea demasiado pequeo. Amn de actividades de contrabando detectadas, que antiguamente eran causal de caducidad de las concesiones bolivianas mediante simple acto administrativo.Propuestas de solucin.-

Frente a esta situacin se barajan varias propuestas para enmendar esta injusticia, y para permitir que el Estado obtenga una mayor participacin, tanto de la produccin bruta como en el aspecto tributario. Dichas propuestas van desde la abrogacin de la ley de hidrocarburos, con la subsiguiente aprobacin de una nueva, hasta la nacionalizacin de las empresas.Consideramos que el debate acerca de la re-nacionalizacin de los hidrocarburos, es ocioso, por cuanto ello slo sera necesario en caso de que las reservas del subsuelo hubiesen sido cedidas o enajenadas a los extranjeros. De acuerdo con la Constitucin Poltica del Estado, Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesin o contrato podr conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploracin, explotacin, comercializacin y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado Es decir, no ha habido una transferencia ni una enajenacin, ni un regalo de los hidrocarburos. Lo que ha habido es una concesin para su usufructo, mediante decreto y por medio de algunas medidas violatorias a la Constitucin, decreto que ya, cuanto ha, debi ser derogado por el actual ejecutivo, sin necesidad de referndum. Una medida como la re-estatizacin (no olvidemos que ya han habido dos anteriores: en 1937 y en 1969) obligara al Estado a pagar una fuerte indemnizacin a favor de las empresas transnacionales, que agravara ms la situacin de endeudamiento del pas y del dficit fiscal.Nuestras dos alternativas.... y deben haber otras.-

En primer trmino es necesario establecer qu es lo que los bolivianos nos proponemos. Es decir, cules son nuestros objetivos en esta materia. Desde nuestra ptica consideramos que ellos son las siguientes:Alternativas: a) Recuperar el control soberano de los hidrocarburos, sin traumas ni muchas complicaciones de orden legal. b) Mejorar nuestra participacin econmica en el negocio de los hidrocarburos: mayor regala, mayor porcentaje en la participacin bruta en boca de pozo, y mayores ingresos por concepto de impuestos.c) Evitar la evasin de impuestos por parte de las empresas, el artificial abultamiento de los costos y la exportacin clandestina.d) Disposicin libre y soberana de nuestro gas, exportar donde el Estado vea por conveniente, a precios adecuados y utilizar estos recursos como factor de negociacin. En tal sentido, proponemos una de las siguientes dos medidas:1) Introducir el concepto de accin de oro en los estatutos de las empresas capitalizadas, a favor del Estado;2) Compra a favor del Estado de un porcentaje pequeo de acciones, que le permita romper el equilibrio del 50-50%, e incrementar la participacin de miembros del directorio a 5 del sector pblico, frente a los 3 actuales de los privados extranjeros.4.1 Qu es la accin de oro y para qu sirve.- Son derechos que se reserva el Estado cuando privatiza una sociedad pblica para poder controlar algunas decisiones de la sociedad privatizada. A esta reserva que se hace el Estado es a la que se conoce como Golden Share o Accin de Oro. Se dir que en nuestro caso no es privatizacin, sino capitalizacin. No discutiremos cuestiones semnticas, porque en el fondo es lo mismo, ya que YPFB, empresa estatal, fue convertida en privada. Con esta medida, el gobierno se reservara unos privilegios mediante los cuales puede controlar cuestiones importantes de las empresas enajenadas, tales como: las alianzas, el ingreso de nuevos accionistas o las fusiones. Esta es una figura habitual en las privatizaciones de empresas de pases europeos, pertenecientes a sectores estratgicos como telecomunicaciones, energa o banca. Espaa, por ejemplo, siempre ha tenido claro que la golden share era un instrumento para evitar una renacionalizacin de empresas muy sensibles, muy importantes, que haban sido privatizadas.Esta modalidad ha sido utilizada ampliamente en Europa. El pas pionero fue nada menos que Gran Bretaa, el abanderado de la privatizacin, seguido por Italia, Espaa, y otros. En Amrica Latina, Argentina hizo uso de ese derecho en algn periodo y luego lo perdi.En el mbito europeo, la accin de oro se la define como el derecho de veto o de autorizacin administrativa previa que los gobiernos europeos mantienen sobre ciertas actuaciones de sus empresas privatizadas (disolucin, escisin, fusin, cambio del objetivo de la empresa, venta de activos o venta de acciones).4.2 Compra forzosa de accionesLa otra medida alternativa sera basada en el artculo 135 de la CPE hacer que el Estado boliviano, mediante ley expresa de la Repblica, obligue a las empresas transnacionales capitalizadoras, a transferir - a ttulo oneroso - una pequea fraccin de sus acciones, que no pasara del 1% a favor del Estado, con lo cual se llegara a tener derecho a la incorporacin de un nuevo director. Otro director sera creado por la misma ley, para que el Estado tenga mayora y as tenga poder de decisin. Con ello no necesitaramos hacernos de mala sangre para recuperar los hidrocarburos en boca de pozo, por cuanto pasaran al control soberano del Estado. Los otros tres directores seran designados por el Poder Ejecutivo, de terna del Senado y ya no por las AFP.

1