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Historia de la Ley Nº 20.665 Otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerables

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Historia de la Ley

Nº 20.665

Otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerables

Téngase presente Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos. Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley. Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley. Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice. Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados 4 1.1. Mensaje Presidencial 4 1.2. Informe Comisión de Superación de la Pobreza 10 1.3. Informe Comisión Hacienda 18 1.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo 22 1.5. Discusión en Sala 23 1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 65

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado 68 2.1. Informe Comisión de Hacienda 68 2.2. Discusión en Sala 74 2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 129 3. Trámite Finalización: Cámara de Diputados 130 3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo 130 4. Publicación de Ley en Diario Oficial 133 4.1. Ley Nº 20.665 133

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MENSAJE PRESIDENCIAL

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje del Ejecutivo Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 12 de marzo, 2013. Cuenta en Sesión 01. Legislatura 361. MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN BONO SOLIDARIO A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS Y DE CLASE MEDIA VULNERABLES. SANTIAGO, marzo 11 de 2013.- M E N S A J E Nº 002-361/

Honorable Cámara de Diputados: Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto otorgar un bono extraordinario de $40.000 por familia de menores ingresos y un incremento de $7.500 por cada menor de 18 años de edad y por cada persona inválida que sea parte del grupo familiar. También este bono solidario de $40.000 lo recibirán las familias de clase media vulnerable.

FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA

1. El contexto económico en el que se encuentra el país. La solidez con la que hemos avanzado en los últimos años, gracias al aporte y esfuerzo de todos los chilenos, nos ha permitido un desarrollo económico por sobre lo esperado, recuperando el liderazgo y dinamismo de nuestra economía, aún en épocas de crisis económica a nivel mundial. Esta solidez económica ha permitido prácticamente duplicar nuestra tasa de crecimiento, bajar las tasas de desempleo a niveles históricos, a través de la creación de más de 810 mil nuevos empleos desde marzo de 2010, mejorar los salarios, reducir la extrema pobreza y las desigualdades, todos factores que inciden, sin lugar a dudas, en el bienestar social de todos los chilenos.

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

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Nada de esto es producto de la casualidad, sino que es el merecido fruto del trabajo y del aporte al que han contribuido todos los hombres y mujeres de nuestra patria. También es fruto de un Gobierno responsable y comprometido, que ha trabajado sin descanso, aplicando políticas públicas serias y eficaces, de forma tal de poder mejorar la calidad de vida de todas las familias chilenas, pero muy especialmente de las familias de menores ingresos y de clase media vulnerable de nuestro país. Las cifras económicas se traducen en mayores niveles de empleo y de sueldos para las familias vulnerables. Adicionalmente a esto, este proyecto busca compartir aún más los resultados del crecimiento económico con las familias de menores ingresos y con aquellas que forman parte de la clase media más vulnerable. Esto se efectúa mediante la entrega de un bono de $40.000 por familia, más un incremento de $7.500 por niño, niña, adolescente o persona con invalidez que integre la familia, para el caso de las familias con ingresos mensuales que no exceda a $ 495.047. De esta manera el Gobierno quiere hacer partícipes a las familias de Chile del desarrollo y contribuir, de esta forma, con una mejor distribución de los beneficios del crecimiento. Chile se encuentra en condiciones de entregar este bono y sus familias de menores ingresos y de la clase media más vulnerable se lo merecen. 2. El incremento de los gastos en el mes de marzo. Bien es sabido que durante el mes de marzo de cada año las familias se ven enfrentadas a un incremento de los gastos producto del costo de las vacaciones, el inicio del año escolar, los pagos de matrícula, útiles escolares, permisos de circulación, contribuciones, cuotas de créditos asumidas en la última Navidad, entre otros, que transforman a éste en un mes difícil dentro del año. Debido a las especiales características del mes de marzo, he estimado oportuno elegir este momento del año para compartir con las familias los buenos resultados económicos y contribuir a enfrentar los mayores gastos en que deben incurrir las familias de menores ingresos y las de la clase media vulnerable de nuestro país, de manera que puedan afrontar con mayor entereza los gastos que el comienzo de cada año les demanda. Se trata de una ayuda justa, necesaria y oportuna, que llegará directamente a los bolsillos de las chilenas y chilenos que más lo requieren. 3. Ayuda a la clase media vulnerable. Uno de los mayores compromisos asumidos por el Gobierno ha sido con las familias más vulnerables y necesitadas del país, a las cuales ha llegado en directa ayuda con programas como el Ingreso Ético Familiar, que han permitido a través de una alianza entre el Estado y la familia, disminuir el problema en que se encuentran las familias en extrema pobreza. Adicionalmente, se han destinado esfuerzos para acompañar a las familias de la clase media vulnerable de nuestro país, familias de esfuerzo que día a día se

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ven enfrentadas al desafío de sacar adelante a los suyos, muchas veces con escasa ayuda del Estado. En esta oportunidad, hemos querido ampliar el universo de beneficiarios de estos bonos, incorporando a aproximadamente 300.000 familias de clase media vulnerable. Se trata de aportar al esfuerzo de familias que, proviniendo de situaciones difíciles, han logrado superar su situación de pobreza, pero que también requieren de ayuda. Específicamente, se trata de familias que tienen Ficha de Protección Social, que están inscritas en la asignación familiar, aunque ya no reciben pago porque su remuneración supera los $495.047 pero no excede mensualmente de 60 UF. En este caso, el bono será de $40.000 para cada una de esas 300.000 familias adicionales. Con esta incorporación de nuevas familias de clase media vulnerable, queremos dar una potente señal al ir en directa ayuda de ellas, no sólo a través de la generación de empleo, de mejores condiciones para la capacitación y otras políticas, sino con un apoyo monetario que, sin lugar a dudas, va a contribuir a que ellas puedan enfrentar de mucho mejor manera los gastos propios del inicio de año. Estos bonos, sumados, beneficiarán a más de 2.000.000 de familias, alcanzando a más de 7.000.000 de chilenos, lo que representa más del 42% de nuestra población, y tendrán para el Estado chileno un costo cercano a los 200 millones de dólares, que afortunadamente hoy día podemos financiar con responsabilidad. Esta iniciativa significará, sin duda, una ayuda, un alivio y una mejor calidad de vida para las familias de menores ingresos y de clase media vulnerable de nuestro país. Y también, junto al crecimiento económico, la creación de empleos, la creación de emprendedores, el mejoramiento de los salarios, el Ingreso Ético Familiar, nos van a permitir seguir construyendo no solamente un país más libre y más próspero, sino que también un país más justo y más humano, que avance con todos, que no deje a nadie atrás y que permita a todas las familias chilenas lo que siempre han querido, una vida más plena, una vida más feliz junto a sus seres queridos. II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY El proyecto de ley entrega un bono extraordinario de cargo fiscal, no imponible ni tributable, a quienes al 31 de diciembre de 2012, perciban el subsidio familiar, la asignación familiar o la asignación maternal. También este bono se otorgará a quienes sean beneficiarios de tales asignaciones al 31 de diciembre de 2012 y que a esa data tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987 e iguales o inferiores a 60 UF y siempre que tengan causantes acreditados a esa fecha. El Bono será de $40.000.- por beneficiario y, para familias cuyos ingresos mensuales no superen los $495.047, se incrementará en un monto adicional de $7.500 por cada causante menor de 18 años de edad o inválido según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 18.020 o en el

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artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Igualmente, tendrán derecho a este bono las familias y personas que perciben las transferencias monetarias asociadas al Ingreso Ético Familiar y aquellas que sin recibirlas sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, o en la forma establecida en el artículo Tercero Transitorio, ambos de la ley N° 20.595. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente P R O Y E C T O D E L E Y : “Artículo 1º.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a quienes al 31 de diciembre de 2012 sean beneficiarios del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020; o beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, siempre que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987. También tendrán derecho al Bono, quienes al 31 de diciembre de 2012, sean beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que a dicha fecha tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987 y que el promedio mensual de su remuneración bruta del año 2012 sea igual o inferior a 60 Unidades de Fomento, según el valor promedio de dicha Unidad durante el año 2012, siempre que cuenten con Ficha de Protección Social al 31 de diciembre de 2012, regulada en el decreto supremo N° 291, de 2007, del Ministerio de Desarrollo Social y tengan causantes acreditados a esa fecha. El Bono será de $40.000.- por beneficiario y se incrementará en un monto adicional de $7.500.- por cada causante que al 31 de diciembre de 2012 sea menor de 18 años de edad o haya cumplido esa edad en dicho año o sea inválido, cualquiera sea su edad según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 18.020 o en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El incremento no será aplicable a los beneficiarios del Bono cuyos ingresos mensuales sean superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987. Cada beneficiario y cada causante de los señalados en el inciso anterior, sólo dará derecho a un Bono y a un incremento, respectivamente.

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Igualmente, tendrán derecho al Bono referido en la presente ley las familias que, al 28 de febrero de 2013, se encuentren percibiendo la Transferencia Monetaria Base y/o la Transferencia Monetaria Condicionada a que se refieren el Párrafo Quinto y Sexto del Título I de la ley N° 20.595; y las familias que, a esa fecha, sin percibir las referidas transferencias, sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, o en la forma establecida en el artículo Tercero Transitorio, ambos de la ley N° 20.595; siempre que a quien le corresponda recibir el pago de las referidas transferencias, según lo establecido en el artículo 34 del decreto supremo N° 30 de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social no sea beneficiario del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El Bono será de $40.000.- por familia según grupo familiar consignado en la Ficha de Protección Social al 28 de febrero de 2013 y se incrementará en un monto adicional de $7.500.- por cada menor de 18 años de edad que integre el grupo familiar respectivo, que no sea causante del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono de la presente ley no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecto a descuento alguno y no será considerado subsidio periódico para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 20.595. Será de cargo fiscal y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, al que le corresponderá especialmente concederlo y resolver los reclamos a que haya lugar con ocasión de su implementación, los que podrán ser notificados a los reclamantes a través del Instituto de Previsión Social. Será pagado por el Instituto de Previsión Social en una sola cuota, a partir del mes en que se publique esta ley y a la persona que establece el artículo 34 del decreto supremo N° 30 de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, en caso que perciban el Bono en razón de ser beneficiarios de las transferencias a que se refiere el Párrafo Quinto y Sexto del Título I de la ley N° 20.595; o al beneficiario del subsidio familiar, asignación familiar o asignación maternal en el caso de quienes tengan acceso al Bono por ser beneficiarios de esas asignaciones. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional del pago. El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley. En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago.

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MENSAJE PRESIDENCIAL

A todo aquél que percibiere indebidamente el bono extraordinario a que se refiere este artículo, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, se le aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudiere corresponderle, de acuerdo a la legislación común, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente percibido. El infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución. Para efectos de la concesión del Bono establecido en esta ley, corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social proporcionar al Ministerio de Desarrollo Social, en el plazo de 30 días contado desde la publicación de esta ley, la nómina de los beneficiarios y sus causantes, al 31 de diciembre de 2012, del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020, de la asignación familiar del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley. Con todo, la referida nómina podrá ser rectificada y/o complementada por la Superintendencia de Seguridad Social, cuando corresponda, con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere este artículo. Artículo 2º.- El gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.”. Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

JOAQUÍN LAVÍN INFANTE Ministro de Desarrollo Social

EVELYN MATTHEI FORNET

Ministra del Trabajo y Previsión Social

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INFORME COMISIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA

1.2. Informe Comisión de Superación de la Pobreza Cámara de Diputados. Fecha 12 de marzo, 2013. Cuenta en Sesión 03. Legislatura 361.

BOLETÍN Nº 8.830-31 INFORME DE LA COMISIÓN DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN BONO SOLIDARIO A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS Y DE CLASE MEDIA VULNERABLES. HONORABLE CÁMARA: La Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social informa, en primer trámite constitucional y en primero reglamentario, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República. I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente: 1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en otorgar un bono extraordinario de $ 40.000 por familia de menores ingresos y un incremento de $ 7.500 por cada menor de 18 años de edad y por cada persona con discapacidad que sea parte del grupo familiar. También este bono solidario de $ 40.000 lo recibirán las familias de clase media vulnerable. 2°) Que los artículos 1° y 2° del proyecto requieren trámite de la Comisión de Hacienda. 3°) Que el articulado de esta iniciativa no contiene disposiciones de quórum especial de aprobación. 4°) Que el proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los Diputados señores (as) Álvarez-Salamanca, don Pedro; Girardi, doña Cristina; Gutiérrez, don Romilio; Martínez, don Rosauro; Melero, don Patricio;

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INFORME COMISIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA

Molina, doña Andrea; Pacheco, doña Clemira; Saa, doña María Antonieta, y Sabag, don Jorge. 5°) Que Diputado Informante se designó al señor MELERO, don PATRICIO. * * * Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Joaquín Lavín, Ministro de Desarrollo Social; las señoras Soledad Arellano, Subsecretaria de Planificación; María José De las Heras, Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social; Patricia Orellana, Abogada de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Slaven Razmilic, Coordinador de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda. II. ANTECEDENTES GENERALES A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa En el mensaje se hace referencia al contexto económico en que se encuentra el país, destacando que la solidez de su economía ha permitido prácticamente duplicar nuestra tasa de crecimiento, bajar las tasas de desempleo a niveles históricos, a través de la creación de más de 810 mil nuevos empleos, desde marzo de 2010, mejorar los salarios y reducir la extrema pobreza y las desigualdades. Se sostiene también que nada de esto es producto de la casualidad, sino que es el merecido fruto del trabajo y del aporte al que han contribuido todos los hombres y mujeres de nuestra patria, así como producto de un Gobierno responsable y laborioso. El proyecto en informe busca compartir los resultados del crecimiento económico con las familias de menores ingresos y con aquellas que forman parte de la clase media más vulnerable. De esta manera el Gobierno quiere hacer partícipes a las familias de Chile del desarrollo y contribuir, de esta forma, con una mejor distribución de los beneficios del crecimiento. En el mes de marzo de cada año las familias se ven enfrentadas a un incremento de los gastos producto de diversos factores que transforman a éste en un mes difícil de sobrellevar.

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INFORME COMISIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA

El Gobierno ha asumido con las familias más vulnerables y necesitadas del país una ayuda directa a través de programas como el Ingreso Ético Familiar, lo que ha permitido disminuir el problema en que se encuentran las familias en extrema pobreza. En esta oportunidad, el Gobierno amplía el universo de beneficiarios de estos bonos, incorporando a 300.000 familias de clase media vulnerable entre los beneficiarios. B. Contenido del proyecto El proyecto de ley entrega un bono extraordinario de cargo fiscal, no imponible ni tributable, a quienes al 31 de diciembre de 2012, hayan percibido el subsidio familiar, la asignación familiar o la asignación maternal. También este bono se otorga a quienes sean beneficiarios de tales asignaciones al 31 de diciembre de 2012 y que a esa data tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987 e iguales o inferiores a 60 UF y siempre que tengan causantes acreditados a esa fecha. El Bono será de $40.000.- por beneficiario y, para familias cuyos ingresos mensuales no superen los $ 495.047, se incrementará en un monto adicional de $7.500 por cada causante menor de 18 años de edad o inválido, según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 18.020 o en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Igualmente, tendrán derecho a este bono las familias y personas que perciben las transferencias monetarias asociadas al Ingreso Ético Familiar y aquellas que sin recibirlas sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, o en la forma establecida en el artículo tercero transitorio, ambos de la ley N° 20.595. III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO A. Discusión general El señor Joaquín Lavín hizo presente que este bono marzo beneficiará a 2.023.228 familias, que representan el 40,7% de las familias de Chile, esto es, 7.081.298 personas.

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Este bono, agregó, lo recibirán dos grupos de familias: 1) Todas las familias que reciben Subsidio Único Familiar, SUF, Ingreso Ético Familiar o Asignación Familiar. Este grupo son 1.729.690 familias, que se desglosan de la siguiente manera: SUF, 850.52, IEF, 60.193 y Asig. Familiar 818.976. Estas familias son las que tradicionalmente han sido beneficiarias de estos bonos. Recibirán $ 40.000 por familia y $ 7.500 por cada hijo menor de 18 años. Los hijos menores de 18 años y causantes discapacitados son 2.421.717. Para percibir este beneficio no es necesario tener Ficha de Protección Social. Afirmó el señor Ministro que el promedio de hijos menores de 18 años por hogar es de 1,4, de manera que el bono promedio para este grupo de familias será de $ 50.500. 2) Familias de clase media vulnerable, que han salido de la pobreza, y que cumplan con los siguientes requisitos: - Estar inscritas en la Asignación Familiar, aunque ya no reciben pago porque el sueldo supera los $495 mil. - Tener Ficha de Protección Social al 31 de diciembre de 2012. - Tener un sueldo promedio mensual el 2012 menor a 60 UF ($1.300.000). Se trata de 293.538 familias de clase media, que recibirán un bono de $40.000. La mayor cantidad de beneficiados de este grupo tienen ingresos inferiores a $ 600 mil, representando el 68,9%. En cuanto al costo del proyecto de ley, explicó que el costo total es de $ MM 101.978, que se desglosa en $ MM 80.929 por el bono de $ 40 mil; $ MM 18.163 por el bono de $ 7.500 por los niños menores de 18 años y $ MM 2.886, por costo de implementación.

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Finalmente, sostuvo que el pago de este bono será a contar del mes de abril. Si la persona actualmente recibe pago a través de IPS, este será el mismo día y por el mismo canal de pago (IPS, Caja Los Héroes). Si no recibe pago en el IPS el pago se hará de conformidad a un calendario especial que será informado a los beneficiarios. En el debate de la Comisión, que se consigna en el Acta respectiva, se reflejan las distintas opiniones y consultas formuladas por los señores Diputados y señoras Diputadas al señor Ministro. B. Discusión particular No hubo discusión en particular, sometiéndose el proyecto a votación general y particular a la vez. IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN Ninguno. V. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD Ninguno. Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación. VI. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social recomienda la aprobación del siguiente: PROYECTO DE LEY “Artículo 1º.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a quienes al 31 de diciembre de 2012 sean beneficiarios del subsidio familiar

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establecido en la ley N° 18.020; o beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, siempre que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987. También tendrán derecho al Bono, quienes al 31 de diciembre de 2012, sean beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que a dicha fecha tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987 y que el promedio mensual de su remuneración bruta del año 2012 sea igual o inferior a 60 Unidades de Fomento, según el valor promedio de dicha Unidad durante el año 2012, siempre que cuenten con Ficha de Protección Social al 31 de diciembre de 2012, regulada en el decreto supremo N° 291, de 2007, del Ministerio de Desarrollo Social y tengan causantes acreditados a esa fecha. El Bono será de $ 40.000.- por beneficiario y se incrementará en un monto adicional de $ 7.500.- por cada causante que al 31 de diciembre de 2012 sea menor de 18 años de edad o haya cumplido esa edad en dicho año o sea inválido, cualquiera sea su edad según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 18.020 o en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El incremento no será aplicable a los beneficiarios del Bono cuyos ingresos mensuales sean superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987. Cada beneficiario y cada causante de los señalados en el inciso anterior sólo dará derecho a un Bono y a un incremento, respectivamente. Igualmente, tendrán derecho al Bono referido en la presente ley las familias que, al 28 de febrero de 2013, se encuentren percibiendo la Transferencia Monetaria Base y, o la Transferencia Monetaria Condicionada a que se refieren el Párrafo Quinto y Sexto del Título I de la ley N° 20.595; y las familias que, a esa fecha, sin percibir las referidas transferencias, sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, o en la forma establecida en el artículo Tercero Transitorio, ambos de la ley N° 20.595; siempre que a quien le corresponda recibir el pago de las referidas transferencias, según lo establecido en el artículo 34 del decreto supremo N° 30 de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social no sea beneficiario del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El Bono será de $ 40.000.- por familia según grupo familiar consignado en la Ficha de Protección Social al 28 de febrero de 2013 y se incrementará en un monto adicional de $ 7.500.- por cada menor de 18 años de edad que integre el grupo familiar respectivo, que

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no sea causante del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono de la presente ley no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecto a descuento alguno y no será considerado subsidio periódico para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 20.595. Será de cargo fiscal y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, al que le corresponderá especialmente concederlo y resolver los reclamos a que haya lugar con ocasión de su implementación, los que podrán ser notificados a los reclamantes a través del Instituto de Previsión Social. Será pagado por el Instituto de Previsión Social en una sola cuota, a partir del mes en que se publique esta ley y a la persona que establece el artículo 34 del decreto supremo N° 30 de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, en caso que perciban el Bono en razón de ser beneficiarios de las transferencias a que se refiere el Párrafo Quinto y Sexto del Título I de la ley N° 20.595; o al beneficiario del subsidio familiar, asignación familiar o asignación maternal en el caso de quienes tengan acceso al Bono por ser beneficiarios de esas asignaciones. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional del pago. El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley. En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago. A todo aquél que percibiere indebidamente el bono extraordinario a que se refiere este artículo, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, se le aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudiere corresponderle, de acuerdo a la legislación común, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente percibido. El infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución. Para efectos de la concesión del Bono establecido en esta ley, corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social proporcionar al Ministerio de Desarrollo Social, en el plazo de 30 días contado desde la publicación de esta ley, la nómina de los beneficiarios y sus causantes, al 31 de diciembre de 2012, del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020, de la asignación familiar del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de la asignación maternal a que se

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refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley. Con todo, la referida nómina podrá ser rectificada y, o complementada por la Superintendencia de Seguridad Social, cuando corresponda, con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere este artículo. Artículo 2º.- El gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.”. Tratado y acordado en sesión de fecha 12 de marzo de 2013, con la asistencia de los Diputados señores Enrique Accorsi (Presidente); Pedro Álvarez- Salamanca; la Diputada señora Cristina Girardi; Romilio Gutiérrez; Rosauro Martínez; Patricio Melero; las Diputadas señoras Andrea Molina; Clemira Pacheco, y María Antonieta Saa, y Jorge Sabag, según consta en el acta respectiva. SALA DE LA COMISIÓN, a 12 de marzo de 2013. JAVIER ROSSELOT JARAMILLO Abogado Secretario de la Comisión

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1.3. Informe Comisión de Hacienda Cámara de Diputados. Fecha 13 de marzo, 2013. Cuenta en Sesión 03. Legislatura 361. Certificado Valparaíso, 13 de marzo de 2013. El Secretario de Comisiones que suscribe, CERTIFICA: Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República que OTORGA UN BONO SOLIDARIO A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS Y DE CLASE MEDIA VULNERABLE (Boletín Nº 8.830-31), con urgencia calificada de "discusión inmediata", fue tratado en esta Comisión, en sesión de fecha de hoy, con la asistencia de los Diputados señores Silva, don Ernesto (Presidente); Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Concurrió, además, el Diputado señor Osvaldo Andrade. Asistieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa los señores Felipe Larraín, Ministro de Hacienda; Joaquín Lavín, Ministro de Desarrollo Social; Soledad Arellano, Subsecretaria de Planificación; María José De las Heras, Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social; Patricia Orellana, Abogada de la Dirección de Presupuestos; Slaven Razmilic, Coordinador de Políticas Sociales, y Francisco Moreno, Coordinador Legislativo, ambos del Ministerio de Hacienda. La Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social dispuso en su informe que la Comisión tomara conocimiento del proyecto en su totalidad. El Ejecutivo presentó la siguiente indicación al artículo primero: para agregar en el inciso cuarto, a continuación de la oración “por cada menor de 18 años de edad”, lo siguiente: “y por cada persona con discapacidad que tenga 18 o más años de edad que se encuentre inscrita a la fecha antes señalada en el Registro Nacional de Discapacidad a que se refiere el Título V de la ley N° 20.422,”. Los Diputados señores Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos, y Ortiz, don José Miguel presentaron la siguiente indicación: para incorporar el siguiente artículo 3°: “El Ministerio de Desarrollo Social entregará mensualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados las estadísticas agregadas de las familias y cargas que reciban bono y complemento, desagregado por comuna y región”.

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Sometidos a votación el artículo 1° del proyecto con la indicación del Ejecutivo; el artículo 2° y la indicación parlamentaria que incorpora un artículo 3° al proyecto fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón. La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor MACAYA, don JAVIER. Al presente certificado se adjunta informe financiero N° 19 elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 11 de marzo de 2013 e informe financiero complementario N° 22, de 13 de marzo del año en curso. En consecuencia, la Comisión de Hacienda propone a la Sala la aprobación del siguiente texto: P R O Y E C T O D E L E Y “Artículo 1º.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a quienes al 31 de diciembre de 2012 sean beneficiarios del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020; o beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, siempre que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987. También tendrán derecho al Bono, quienes al 31 de diciembre de 2012, sean beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que a dicha fecha tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987 y que el promedio mensual de su remuneración bruta del año 2012 sea igual o inferior a 60 Unidades de Fomento, según el valor promedio de dicha Unidad durante el año 2012, siempre que cuenten con Ficha de Protección Social al 31 de diciembre de 2012, regulada en el decreto supremo N° 291, de 2007, del Ministerio de Desarrollo Social y tengan causantes acreditados a esa fecha. El Bono será de $ 40.000.- por beneficiario y se incrementará en un monto adicional de $ 7.500.- por cada causante que al 31 de diciembre de 2012 sea menor de 18 años de edad o haya cumplido esa edad en dicho año o sea inválido, cualquiera sea su edad según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 18.020 o en el artículo 3° del decreto con fuerza

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de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El incremento no será aplicable a los beneficiarios del Bono cuyos ingresos mensuales sean superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987. Cada beneficiario y cada causante de los señalados en el inciso anterior sólo dará derecho a un Bono y a un incremento, respectivamente. Igualmente, tendrán derecho al Bono referido en la presente ley las familias que, al 28 de febrero de 2013, se encuentren percibiendo la Transferencia Monetaria Base y, o la Transferencia Monetaria Condicionada a que se refieren el Párrafo Quinto y Sexto del Título I de la ley N° 20.595; y las familias que, a esa fecha, sin percibir las referidas transferencias, sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, o en la forma establecida en el artículo Tercero Transitorio, ambos de la ley N° 20.595; siempre que a quien le corresponda recibir el pago de las referidas transferencias, según lo establecido en el artículo 34 del decreto supremo N° 30 de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social no sea beneficiario del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El Bono será de $ 40.000.- por familia según grupo familiar consignado en la Ficha de Protección Social al 28 de febrero de 2013 y se incrementará en un monto adicional de $ 7.500.- por cada menor de 18 años de edad y por cada persona con discapacidad que tenga 18 o más años de edad que se encuentre inscrita a la fecha antes señalada en el Registro Nacional de Discapacidad a que se refiere el Título V de la ley N° 20.422, que integre el grupo familiar respectivo, que no sea causante del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono de la presente ley no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecto a descuento alguno y no será considerado subsidio periódico para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 20.595. Será de cargo fiscal y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, al que le corresponderá especialmente concederlo y resolver los reclamos a que haya lugar con ocasión de su implementación, los que podrán ser notificados a los reclamantes a través del Instituto de Previsión Social. Será pagado por el Instituto de Previsión Social en una sola cuota, a partir del mes en que se publique esta ley y a la persona que establece el artículo 34 del decreto supremo N° 30 de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, en caso que perciban el Bono en razón de ser beneficiarios de las transferencias a que se refiere el Párrafo Quinto y Sexto del Título I de la ley N° 20.595; o al beneficiario del subsidio familiar, asignación familiar o asignación maternal en

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el caso de quienes tengan acceso al Bono por ser beneficiarios de esas asignaciones. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional del pago. El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley. En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago. A todo aquél que percibiere indebidamente el bono extraordinario a que se refiere este artículo, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, se le aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudiere corresponderle, de acuerdo a la legislación común, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente percibido. El infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución. Para efectos de la concesión del Bono establecido en esta ley, corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social proporcionar al Ministerio de Desarrollo Social, en el plazo de 30 días contado desde la publicación de esta ley, la nómina de los beneficiarios y sus causantes, al 31 de diciembre de 2012, del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020, de la asignación familiar del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley. Con todo, la referida nómina podrá ser rectificada y, o complementada por la Superintendencia de Seguridad Social, cuando corresponda, con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere este artículo. Artículo 2º.- El gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. Artículo 3°: El Ministerio de Desarrollo Social entregará mensualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados las estadísticas agregadas de las familias y cargas que reciban bono y complemento, desagregado por comuna y región.”. Javier Rosselot Jaramillo Secretario de la Comisión

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INDICACIONES DEL EJECUTIVO

1.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo Fecha 12 de marzo, 2013. Indicaciones al Proyecto de Ley. Cuenta en Sesión 03. Legislatura 361. FORMULA INDICACIÓN AL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN BONO SOLIDARIO A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS Y DE CLASE MEDIA VULNERABLES (BOLETÍN N° 8830-31). SANTIAGO, 12 de marzo de 2013.- Nº 008-361/

1. Honorable Cámara de Diputados: En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo al seno de esa H. Corporación: AL ARTÍCULO PRIMERO - Para agregar en el inciso cuarto, a continuación de la oración “por cada menor de 18 años de edad” lo siguiente: “y por cada persona con discapacidad que tenga 18 o más años de edad que se encuentre inscrita a la fecha antes señalada en el Registro Nacional de Discapacidad a que se refiere el Título V de la ley N° 20.422,”. Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN

Ministro de Hacienda

JOAQUÍN LAVÍN INFANTE Ministro de Desarrollo Social

EVELYN MATTHEI FORNET

Ministra del Trabajo y Previsión Social

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

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DISCUSIÓN SALA

1.5. Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 361. Sesión 03. Fecha 14 de marzo de 2013. Discusión general. Se aprueba en general y particular OTORGAMIENTO DE BONO SOLIDARIO A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS Y DE CLASE MEDIA VULNERABLE. Primer trámite constitucional El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerable. Diputados informantes de las comisiones de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda, son los señores Patricio Melero y Carlos Recondo, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, boletín N° 8830-31, sesión 1ª de la presente legislatura, en 12 de marzo de 2013. Documentos de la Cuenta N° 1. -Informes de las comisiones de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s 12 y 13, respectivamente, de este boletín de sesiones. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor RECONDO (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerable, con urgencia calificada de “discusión inmediata”. La iniciativa fue tratada en la Comisión de Hacienda en su sesión de ayer miércoles 13 de marzo de 2013, con la asistencia de los diputados señores Ernesto Silva (Presidente), Pepe Auth, Joaquín Godoy, Enrique Jaramillo, Pablo Lorenzini, Javier Macaya, Miodrag Marinovic, Carlos Montes, José Miguel Ortiz, Carlos Recondo, Alejandro Santana, y Gastón von Mühlenbrock. Concurrió, además, el diputado señor Osvaldo Andrade. Asistieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa el ministro de Hacienda señor Felipe Larraín; el ministro de Desarrollo Social señor Joaquín Lavín; la subsecretaria de Planificación señora Soledad Arellano; la fiscal del

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DISCUSIÓN SALA

Ministerio de Desarrollo Social señora María José de las Heras; la abogada de la Dirección de Presupuestos señora Patricia Orellana; el coordinador de Políticas Sociales señor Slaven Razmilic, y el coordinador legislativo señor Francisco Moreno, ambos del Ministerio de Hacienda. La Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social dispuso en su informe que la Comisión tomara conocimiento del proyecto en su totalidad. El Ejecutivo presentó la siguiente indicación al artículo 1°, para agregar en el inciso cuarto, a continuación de la oración “por cada menor de 18 años de edad”, lo siguiente: “y por cada persona con discapacidad que tenga 18 o más años de edad que se encuentre inscrita a la fecha antes señalada en el Registro Nacional de la Discapacidad a que se refiere el Título V de la ley N° 20.422,”. Los diputados señores Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos, y Ortiz, don José Miguel presentaron la siguiente indicación para incorporar un artículo 3°, nuevo: “El Ministerio de Desarrollo Social entregará mensualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados las estadísticas agregadas de las familias y cargas que reciban bono y complemento, desagregado por comuna y región.”. Sometidos a votación el artículo 1° del proyecto, con la indicación del Ejecutivo, el artículo 2° y la indicación parlamentaria que incorpora un artículo 3° al proyecto, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión. Proyecto de ley: “Artículo 1º.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a quienes al 31 de diciembre de 2012 sean beneficiarios del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020; o beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, siempre que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987. También tendrán derecho al Bono, quienes al 31 de diciembre de 2012, sean beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que a dicha fecha tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987 y que el promedio mensual de su remuneración bruta del año 2012 sea igual o inferior a 60 Unidades de Fomento, según el valor promedio de dicha Unidad durante el año 2012, siempre que cuenten con Ficha de Protección Social al 31 de diciembre de 2012, regulada en el decreto supremo N° 291, de 2007, del Ministerio de Desarrollo Social y tengan causantes acreditados a esa fecha. El Bono será de $40.000.- por beneficiario y se incrementará en un monto adicional de $ 7.500.- por cada causante que al 31 de diciembre de 2012 sea

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menor de 18 años de edad o haya cumplido esa edad en dicho año o sea inválido, cualquiera sea su edad según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 18.020 o en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El incremento no será aplicable a los beneficiarios del Bono cuyos ingresos mensuales sean superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987. Cada beneficiario y cada causante de los señalados en el inciso anterior sólo dará derecho a un bono y a un incremento, respectivamente. Igualmente, tendrán derecho al bono referido en la presente ley las familias que, al 28 de febrero de 2013, se encuentren percibiendo la Transferencia Monetaria Base y, o la Transferencia Monetaria Condicionada a que se refieren el Párrafo Quinto y Sexto del Título I de la ley N° 20.595; y las familias que, a esa fecha, sin percibir las referidas transferencias, sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, o en la forma establecida en el artículo Tercero Transitorio, ambos de la ley N° 20.595; siempre que a quien le corresponda recibir el pago de las referidas transferencias, según lo establecido en el artículo 34 del decreto supremo N° 30 de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social no sea beneficiario del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El Bono será de $ 40.000.- por familia según grupo familiar consignado en la Ficha de Protección Social al 28 de febrero de 2013 y se incrementará en un monto adicional de $ 7.500.- por cada menor de 18 años de edad y por cada persona con discapacidad que tenga 18 o más años de edad que se encuentre inscrita a la fecha antes señalada en el Registro Nacional de Discapacidad a que se refiere el Título V de la ley N° 20.422, que integre el grupo familiar respectivo, que no sea causante del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono de la presente ley no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecto a descuento alguno y no será considerado subsidio periódico para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 20.595. Será de cargo fiscal y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, al que le corresponderá especialmente concederlo y resolver los reclamos a que haya lugar con ocasión de su implementación, los que podrán ser notificados a los reclamantes a través del Instituto de Previsión Social. Será pagado por el Instituto de Previsión Social en una sola cuota, a partir del mes en que se publique esta ley y a la persona que establece el artículo 34 del decreto supremo N° 30 de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, en caso que perciban el Bono en razón de ser beneficiarios de las transferencias a que se refiere el Párrafo Quinto y Sexto del Título I de la ley N° 20.595; o al beneficiario del subsidio familiar, asignación familiar o asignación maternal en

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el caso de quienes tengan acceso al Bono por ser beneficiarios de esas asignaciones. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional del pago. El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley. En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago. A todo aquél que percibiere indebidamente el bono extraordinario a que se refiere este artículo, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, se le aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudiere corresponderle, de acuerdo a la legislación común, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente percibido. El infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución. Para efectos de la concesión del Bono establecido en esta ley, corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social proporcionar al Ministerio de Desarrollo Social, en el plazo de 30 días contado desde la publicación de esta ley, la nómina de los beneficiarios y sus causantes, al 31 de diciembre de 2012, del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020, de la asignación familiar del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley. Con todo, la referida nómina podrá ser rectificada y, o complementada por la Superintendencia de Seguridad Social, cuando corresponda, con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere este artículo. Artículo 2º.- El gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. Artículo 3°.- El Ministerio de Desarrollo Social entregará mensualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados las estadísticas agregadas de las familias y cargas que reciban bono y complemento, desagregado por comuna y región.”. El informe financiero que se adjunta al proyecto de ley a través del cual se otorga este bono establece que el bono será de 40.000 pesos por beneficiario, y para las familias cuyos ingresos mensuales que no superen los 495.047 pesos se incrementará en un monto adicional de 7.500 pesos por cada causante menor de 18 años de edad o inválido, según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 18.020, o en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

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Efecto del proyecto sobre el presupuesto fiscal. El proyecto de ley presenta un costo fiscal de 99.092 millones de pesos para el pago del beneficio a más de dos millones de personas, y a más de dos millones cuatrocientos mil menores de edad e inválidos. Adicionalmente, se incurrirá en un gasto de 2.886 millones de pesos como costo de implementación asociado al pago del mencionado bono. Por lo tanto, el proyecto de ley presenta un costo total de 101.978 millones de pesos. Adicionalmente, el Ejecutivo, al presentar la indicación que se dio a conocer al inicio de mi intervención, agregó un informe financiero complementario, en el que se señala que el costo fiscal será de 16 millones de pesos para el pago del beneficio a más de dos mil cien discapacitados. El gasto fiscal que representa la aplicación de esta indicación, durante 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para rendir el informe de la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social tiene la palabra el diputado don Patricio Melero. El señor MELERO (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, tengo a bien informar el proyecto de ley que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerable, que consiste en otorgar un bono extraordinario de 40.000 pesos por familia de menores ingresos y un incremento de 7.500 pesos por cada menor de 18 años de edad y por cada persona con discapacidad que sea parte del grupo familiar. Este bono solidario también será recibido por las familias de clase media vulnerables, de acuerdo con los requisitos que más adelante señalaré. Asistió a la Comisión el ministro de Desarrollo Social, don Joaquín Lavín Infante. En el mensaje se hace referencia al contexto económico en que se encuentra el país, destacando que la solidez de su economía ha permitido, prácticamente, duplicar nuestra tasa de crecimiento, bajar las tasas de desempleo a niveles históricos, a través de la creación de más de 810 mil nuevos empleos, desde marzo de 2010, mejorar los salarios y reducir la extrema pobreza y las desigualdades. Se sostiene, también, que nada de esto es producto de la casualidad, sino que es el merecido fruto del trabajo y el aporte al que han contribuido todos los hombres y mujeres de nuestra patria, así como producto de un Gobierno que en esta materia ha sido responsable y laborioso.

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El proyecto en informe busca compartir los resultados del crecimiento económico con las familias de menores ingresos y con aquellas que forman parte de la clase media más vulnerable del país. De esta manera, el Gobierno quiere hacer partícipes a las familias de Chile del desarrollo y contribuir, de esta forma, con una mejor distribución de los beneficios del crecimiento. En el mes de marzo de cada año las familias se ven enfrentadas a un incremento de los gastos producto de diversos factores que transforman a éste en un mes difícil de sobrellevar. El Supremo Gobierno prometió a las familias más vulnerables y necesitadas del país una ayuda directa, a través de programas como el Ingreso Ético Familiar -el proyecto fue aprobado por la Cámara-, lo que ha permitido disminuir el problema que afecta a las familias que se encuentran en extrema pobreza. En esta oportunidad, el Gobierno amplía el universo de beneficiarios de este bono, incorporando a cerca de 300 mil familias de clase media vulnerable. El proyecto entrega, entonces, un bono extraordinario, de cargo fiscal, no imponible ni tributable, a quienes al 31 de diciembre de 2012 hayan percibido el Subsidio Único Familiar, la Asignación Familiar o la Asignación Maternal. Este bono se otorga, también, a quienes sean beneficiarios de tales asignaciones al 31 de diciembre de 2012 y que a esa fecha tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987 e iguales o inferiores a 60 UF, siempre que tengan causantes acreditados a esa fecha. Como se ha señalado, el bono será de 40.000 pesos por beneficiario, y para las familias cuyos ingresos mensuales no superen los 495.047 pesos se incrementará en un monto adicional de 7.500 pesos por cada causante menor de 18 años de edad o persona con discapacidad, según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 18.020, o en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Como una forma de ilustrar esto, debo decir que si una familia no tiene hijos recibirá 40.000 pesos; si tiene un hijo, recibirá 47.500 pesos; si tiene dos -que es el caso más común en nuestro país-, recibirá el equivalente a 55.000 pesos; si tiene cuatro, 70.000 pesos; si tiene seis, 85.000 pesos, y si tiene ocho o más, recibirá el bono más las cargas, lo que superará los 100.000 pesos por familia. Igualmente, tendrán derecho a este bono las familias y personas que perciben las transferencias monetarias asociadas al Ingreso Ético Familiar y aquellas que, sin recibirlas, sean usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, o en la forma establecida en el artículo tercero transitorio, ambos de la ley N° 20.595. Durante la discusión del proyecto, el ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, hizo presente que el bono marzo beneficiará a 2.023.228

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familias, que representan el 40,7 por ciento de las familias chilenas, esto es, 7.081.298 personas. Agregó que esto bono lo recibirán dos grupos de familias: En primer lugar, todas las familias que reciben el Subsidio Único Familiar (SUF), el Ingreso Ético Familiar o la Asignación Familiar. Este grupo representa 1.729.690 familias, que se desglosa de la siguiente manera: las familias que califican por recibir el Subsidio Único Familiar suman 850.521; las que reciben el Ingreso Ético Familiar, 60.193 familias, y el grupo que califica por recibir la Asignación Familiar, 818.976 familias, lo que da el total señalado de poco más de dos millones de beneficiarios. Estas familias son las que, tradicionalmente, han recibido dichos bonos, en virtud de proyectos anteriores aprobados por nuestra Corporación. Los hijos menores de 18 años y causantes discapacitados suman 2.421.717 personas. Quiero recalcar que para recibir este beneficio no es necesario tener Ficha de Protección Social; sí lo es para el grupo de clase media, pero basta con que sea beneficiario del Subsidio Único Familiar, del Ingreso Ético Familiar o de la Asignación Familiar. El ministro Joaquín Lavín afirmó también que el promedio de hijos menores de 18 años por hogar es de 1,4, de manera que el bono promedio para este grupo de familias será de 50.500 pesos. El segundo grupo de beneficiarios corresponde a familias de clase media vulnerable -es la innovación- que han salido de la pobreza y que cumplan con los siguientes requisitos: 1) Estar inscritas en la Asignación Familiar, aunque ya no reciban pago porque su sueldo supera los 495.000 pesos. 2) Tener un sueldo promedio mensual, en 2012, inferior a 60 UF, es decir, 1.300.000 pesos. Se trata de 293.538 familias de clase media que recibirán, única y exclusivamente, un bono de 40.000 pesos, porque no se les adiciona el valor de 7.500 pesos por carga, que sí se agrega al otro grupo. La mayor cantidad de beneficiarios de este segundo grupo correspondiente al sector de clase media que tienen ingresos inferiores a 600.000 mil mensuales, representando este subgrupo cerca del 70 por ciento del total de beneficiarios de clase media. Finalmente, el pago de este bono será a contar del mes de abril, siempre que sea aprobado por el Congreso Nacional durante marzo. Si la persona actualmente recibe su pago a través del IPS, éste será el mismo día y por el mismo canal de pago, es decir, IPS o Caja de Compensación Los Héroes. Si no recibe el pago en el IPS, éste se hará de conformidad a un calendario especial que será informado a los beneficiarios. Durante el debate habido en la Comisión, sus integrantes expresaron, en general, opiniones favorables al proyecto, algunas sugerencias y también

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algunas críticas, que apuntaron a incorporar entre los beneficiarios a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, que el proyecto no incluye. El proyecto fue aprobado en general y en particular, en forma unánime, por las diputadas señora Cristina Girardi, Andrea Molina, Clemira Pacheco y María Antonieta Saa, y los diputados señores Enrique Accorsi, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Romilio Gutiérrez, Rosauro Martínez, Patricio Melero y Jorge Sabag. El proyecto fue tratado y acordado en sesión de fecha 12 de marzo del presente año. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Como se trata de un proyecto importante, para que puedan intervenir todos los diputados que deseen hacerlo, sugiero otorgar un tiempo de cinco minutos por orador. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- ¿Habría acuerdo para destinar un tiempo de cinco minutos por diputado? Como el primer inscrito para intervenir es el diputado José Miguel Ortiz, si le parece a la Sala, después de que él intervenga, podemos acordar un tiempo de cinco minutos por diputado. Acordado. Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, lo lógico es que un integrante de la Comisión de Hacienda que pertenezca a la Concertación, que ha seguido la tramitación de este proyecto desde el momento en que ingresó a la Cámara hasta ahora, sea la contraparte del diputado Patricio Melero, que rindió un brillante informe político para apoyar su candidatura a diputado por Santiago Centro. Por eso, es necesario conocer la opinión de la contraparte durante la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda. En primer lugar, siempre he tratado de ser muy claro. El martes recién pasado, cuando el Presidente de la República envió el mensaje, señaló que dependía de nosotros que el proyecto fuera despachado dentro de marzo. Pues bien, puedo demostrar que el texto del mensaje no concuerda con tal afirmación, porque éste es claro al señalar que el pago del bono será a contar del mes de abril. Si la persona recibe el pago de su pensión a través del IPS, cobrará este bono el

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mismo día y por el mismo canal de pago por el que recibe su pensión, vale decir, el Instituto de Previsión Social o la caja de compensación Los Héroes. Es bueno que el ministro Joaquín Lavín escuche lo que voy a señalar. En el informe que enviaron contradicen al Presidente de la República. Quiero ser claro ante la opinión pública y decir que no será culpa de la Concertación que este bono no se pague en marzo. La responsabilidad es administrativa y, lamentablemente, se siguen produciendo problemas comunicacionales. Considero positiva la entrega de este bono de 40 mil pesos, pero quiero recordar que en 2010, cuando esa gran Presidenta de la República que tuvimos -a la que tratan de criticar a toda costa, pero lo único que logran con eso es que sume más respaldo de la gente- entregó un bono de estas características, se le criticó de manera brutal. Ahora, el bono es bueno y estamos todos de acuerdo con él. Son 212 millones de dólares a repartir. El ministro dio a conocer en detalle el proyecto y señaló que todas las familias que reciben subsidio único familiar, ingreso ético familiar o asignación familiar van a obtener este bono. Quiero recordar que estas familias son las que tradicionalmente han sido beneficiarias de estos bonos. Se mantiene lo que nos criticaron tanto en los gobiernos de la Concertación. ¡Son los mismos beneficiarios! Pero hay una letra chica, y se lo escuché al diputado informante, señor Patricio Melero, cuando dijo que la clase media también tiene acceso a este bono. ¿Cuál es la realidad de la clase media? Se dice que tendrán un bono de 40 mil pesos, pero lo que no se dice es que de las familias de clase media, que son alrededor de 1 millón 800 mil, solo accederían a este bono 270 mil familias, vale decir, el 15 por ciento de las familias de clase media. ¡Qué lamentable esta letra chica! Siempre colocan una condición que, en este caso, señala que la recibirán quienes tengan ficha de protección social vigente al 31 de diciembre de 2012 y que tengan causantes acreditados a esa fecha. ¡Es mentira que toda la clase media va a recibir 40 mil pesos! Solo los recibirán los que tienen ficha de protección social vigente al 31 de diciembre de 2012 y tengan cargas acreditadas. Solo lo recibirá el 15 por ciento del millón 800 mil familias de clase media. Por otra parte, mi colega y amigo Enrique Jaramillo planteó, junto conmigo, su preocupación por la situación de los adultos mayores. ¿Por qué no se les da el bono? Consideremos que el fundamento para otorgar este bono es que el momento económico del país es excelente. Todos hemos ayudado a que esto sea así. Es mentira que tratamos de colocar palitos en el camino, especialmente, los diputados de la Comisión de Hacienda. La verdad es que hemos sesionado más de treinta horas en estos días y hemos sacado adelante todos los proyectos enviados por el Ejecutivo. Las únicas personas de la tercera edad que acceden al bono son quienes son beneficiarios ya sea de la asignación familiar, el subsidio familiar o la

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asignación maternal. Todos sabemos que la mayoría de las familias de la tercera edad están en situación precaria, y no tienen hijos menores por los cuales cobrar asignación familiar, por lo que quedan fuera de la entrega de este bono. Hay casos excepcionales como Charles Chaplin, que fue padre a los 80 años, pero no es lo común. En este sentido, quiero plantear un gran tema, más allá del bono: el próximo gobierno tiene la gran tarea de efectuar una gran reforma previsional, olvidándose de los compromisos de cualquier naturaleza con las administradoras de fondos de pensiones. ¡Una gran reforma previsional! En el gobierno de Michelle Bachelet llevamos a cabo una reforma previsional que significó el bono solidario. Ahora tenemos que preocuparnos de la clase media que después de toda una vida de trabajo solo recibe el 70 u 80 por ciento de su última renta. Hay pensiones de 120 o 140 mil pesos que quedarán sin recibir el bono. Aquí también está la letra chica. El bono es bueno, pero hay que decir las cosas con claridad ante la opinión pública. Algunos pueden preguntar qué se hizo en la Comisión de Hacienda, qué cosa positiva logramos, en qué ayudamos, qué indicaciones presentamos. ¡Presentamos indicaciones y se aprobaron por unanimidad, porque eran absolutamente lógicas! El ministro tuvo que aceptar la indicación que fue aprobada en el seno de la Comisión. En virtud de ella está obligado a dar cuenta todos los meses a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, así como también a la Comisión Mixta de Presupuestos sobre el detalle de los beneficiarios de los bonos, de las asignaciones y de todos los beneficios que hemos aprobado en todos estos años, desde el punto de vista previsional. Estamos seguros de que este bono va a ayudar a las familias. Es un avance y por eso lo votamos a favor. Como Poder Legislativo no tenemos atribuciones para plantear indicaciones que impliquen gastos al erario nacional, pero sí es nuestra responsabilidad perfeccionar los proyectos de ley. ¿Qué otra cosa positiva puedo señalar? Se presentó una indicación para incluir a los jóvenes discapacitados para que reciban 7.500 pesos. Fue aprobado por unanimidad, por considerarlo lógico y legítimo. En nombre de mi bancada y a título personal quiero expresar que el proyecto significa un paso adelante, pero también quiero ser claro al decir que hay mucha letra chica. La sorpresa la recibirán las familias de clase media que ganan menos de 1 millón 300 mil pesos mensuales, pues ellas no tienen derecho al bono de 40 mil pesos. Por otra parte, también discutimos en la Comisión de Hacienda la forma en se financiará esto y se resolvió que se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público. Con el objetivo de que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, quiero señalar que solicité al ministro de Hacienda que los 212 millones de

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dólares que va a costar financiar este proyecto no implique disminuir el presupuesto del Instituto de Previsión Social. El ministro fue claro que eso no va a ser así, que el gasto se imputará al Tesoro Público. Al respecto, quiero expresar que el Tesoro Público lo único que tiene es plata, porque los ingresos tributarios han subido y el precio del cobre se ha incrementado más de lo que proyectamos. Anuncio mi voto favorable al proyecto, pero quise dejar en claro cuál es la situación real de la entrega del bono. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy, por cinco minutos. El señor GODOY.- Señor Presidente, no ha sido en vano el esfuerzo del Gobierno para manejar de manera seria y responsable la economía de nuestro país, lo que va a permitir no sólo otorgar este bono, sino que también conceder un reajuste al salario mínimo para fijarlo en más de 200 mil pesos. La medida no se tomó el año pasado por razones evidentes: el mundo creía que Europa caería, lo cual tendría un efecto dramático sobre nuestra economía. Pero, ¿qué hicieron los colegas de la Concertación, cuyo nivel de populismo es dramático? El año pasado pedían entregar el bono y un salario mínimo superior. Sin embargo, basta con ver lo que hicieron cuando gobernaban. Teníamos un FEES en torno a los 22 mil millones de dólares. Ellos lo dejaron prácticamente en la mitad, porque no comparten manejar de manera seria la economía y prefieren los resultados electorales, a diferencia del Presidente Piñera que no hace las cosas de esa forma. Hoy, estamos cosechando para los chilenos que más necesitan un muy buen bono y que va a desahogar a las familias en abril para pagar las deudas de marzo. Por lo tanto, va a ser una ayuda muy importante para quienes más lo necesitan. Pero más que entrar en detalle sobre cómo el bono se entrega -creo que el informe ha sido clarísimo-, quiero entrar en otros detalles sumamente relevantes, porque la mezquindad en el debate respecto a estas materias por parte de la Concertación es increíble. Se escucha que aquí hay letra chica. No hay letra chica, sino más beneficiados, es decir, más familias que las que recibieron el bono de la ex Presidenta Bachelet. El diputado José Miguel Ortiz plantea que el bono beneficia a parte de la clase media, y a eso llama letra chica. ¡Pero si bastaba con escuchar al Presidente de la República, quien señaló que el bono estaba destinado solo a aquellas personas de clase media vulnerables! Y definió lo que era esa vulnerabilidad: personas que han salido hace poco tiempo de la situación de pobreza. Y lo explica de muy buena manera. Sin embargo, de eso se cuelga la

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Concertación para decir que hay letra chica. ¡Pero, por favor! ¡Se está ayudando a más familias que durante el gobierno de la Presidenta Bachelet! Quiero decirle al diputado Ortiz, por su intermedio, señor Presidente, que debería celebrar eso, en vez de ser mezquino. Lo conozco, y sé que no lo es. Después, el diputado Ortiz planteó que criticábamos los bonos de la Presidenta Bachelet. ¡Lean las actas y las votaciones! Por unanimidad aprobamos los bonos. No había absolutamente nadie que no quisiera aprobarlos. ¿Por qué? Porque creímos que se podía entregar, tal como lo planteamos en la actualidad. Además, quiero señalar un detalle muy preocupante. El senador Juan Pablo Letelier citó a una conferencia de prensa, a la que acudió acompañado de un dirigente de los adultos mayores. Preguntó en esa instancia por qué no se ayudaba a los adultos mayores. Surgió la duda en la Comisión de Hacienda, como le consta al diputado Ortiz, porque yo mismo formulé una pregunta al respecto. Señor Presidente, ¿es ignorancia del senador Juan Pablo Letelier o simplemente mala intención no estar al tanto de que institucionalizamos un bono permanente para los adultos mayores? Nuestros adultos mayores van a ser receptores de un bono de invierno de 49.500 pesos. Incluso, el ministro Joaquín Lavín ha planteado en la Comisión de Hacienda que se va a entregar en mayo. Por lo tanto, en vez de sostener un debate agrio respecto de las pequeñeces políticas de nuestros colegas de la Concertación, deberíamos hacer debates como los que me gustan: bien alegres por el gran beneficio que este bono representa para las familias chilenas, pero con una diferencia: es un bono entregado con seriedad y responsabilidad. Estamos en un país que va hacia adelante. El mundo dice cómo Chile, a pesar de que el resto de los países sufre problemas económicos, sigue emprendiendo, y cómo Chile sigue creando empleos. Porque los países que crean empleos, señor Presidente, son los que le solucionan los problemas a sus habitantes. Y este país no solamente crea empleos, sino que, a diferencia de lo que creen mis colegas de la Concertación, tiene un Presidente y una Coalición que gobiernan con el corazón. Y cuando hay una buena billetera se entregan beneficios a la ciudadanía, como ocurre hoy por intermedio de este bono. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort. El señor KORT.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar al ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, y agradecer la preocupación del Ejecutivo demostrada a lo largo de los años por las personas de clase media más vulnerable.

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Si queremos sostener una lucha constante por vencer la pobreza, debemos ser realistas y darnos cuenta de qué pasa con la gente que la supera; automáticamente, se convierten en miembros de la clase media. Por lo tanto, el Estado debe preocuparse e inyectar energía. Seamos claros. Debe inyectar recursos a esa gente que salió de la pobreza y mantenerles el estatus de clase media para que no caiga nuevamente en la pobreza. El diputado Godoy recordaba que el Presidente de la República lo dijo muy bien: la clase media vulnerable es aquella que hace poco tiempo ha superado la pobreza. Como parlamentario por Rancagua, y también como integrante de la bancada de la UDI, celebramos este proyecto y lo vamos a apoyar. Espero que el apoyo sea transversal. Asimismo, la idea es escuchar críticas constructivas, no discursos que evidencien mezquindades ni críticas destructivas. Más allá del bono, la gente demanda que nos pongamos de acuerdo en el Congreso y que se creen ambientes favorables para que el país siga surgiendo. En estos momentos, el país -nadie lo puede discutir-, a diferencia lo que sucede en el resto del mundo, vive una fuerte etapa de crecimiento. Por lo tanto, debemos ser capaces de traspasar los beneficios a las personas que más lo necesitan. Por eso, el Supremo Gobierno va a entregar el Bono Marzo. ¿Qué significa marzo para las familias? Un mes complejo, ya que se inicia el año escolar, se pagan muchas cuentas, etcétera. Por eso el bono va a llevar tranquilidad a las familias más pobres y de la clase media vulnerable. ¿En qué consiste el bono? En 40 mil pesos por familia, más una asignación de 7.500 pesos por hijo menor de 18 años, y por cada causante discapacitado y acreditado de cualquier edad. En promedio las familias van a recibir -se constató en el informe de la Comisión de Superación de la Pobreza- un mínimo de 40 mil pesos. Si tienen un hijo, recibirán 47.500 pesos; si tiene dos, 55.000 pesos; si tiene cuatro, 70.000 pesos, etcétera. La región que represento, y el distrito de Rancagua, van a verse directamente beneficiados. En efecto, en la región de O´Higgins serán más de 120 mil familias las que recibirán el bono, 100 mil de las cuales pertenecen al segmento clase vulnerable o sector pobre. Por su parte, más de 20 mil familias pertenecen a la clase media vulnerable, a esa clase que no solamente tenemos que buscar sacarla de la pobreza, sino que también ayudarla para que se mantenga y pueda seguir ascendiendo y consolidándose dentro de ese segmento. Muchas veces las familias sienten que les conviene más ser pobres que de clase media, porque el Estado siempre está beneficiando a los más necesitados y se olvida de las clases emergentes. Este paso está demostrando que ser de clase media es motivo de orgullo y apoyo para la sociedad y el país. Es por eso que celebro la entrega del bono.

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Asimismo, hago un llamado a la Oposición a no quedarse con las mezquindades, sino a mirar el vaso medio lleno y al país con visión de futuro y de manera optimista. Por lo tanto, votaremos a favor el proyecto y esperamos que sea aprobado en forma transversal. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención los comentarios de mis colegas, con quienes muchas veces entramos en confusión y tenemos disparidad de criterios respecto de lo que legislamos. Pero -y creo no equivocarme-, ninguno de los diputados o las diputadas presentes en la Sala puede estar en contra de una iniciativa como esta, que no hace otra cosa que entregar un bono que irá en ayuda de las familias de menores recursos de nuestro país. Sin duda, estos son algunos de los proyectos que alegran a una buena parte de las chilenas y de los chilenos. Quien se oponga a ello está expuesto a sufrir las penas del infierno, al menos en términos electorales, en las contiendas que se realizarán en noviembre próximo. Una cosa distinta es el análisis de las motivaciones que ha tenido el Ejecutivo para entregar el bono, el cual, a mi juicio, más allá de la intención de ir en ayuda de las personas que menos tienen, contribuye a mejorar su imagen. La realidad es que el Ejecutivo se olvidó de aquellos que tienen asumida su condición de necesitados y de que el país crece y tiene medios económicos. La verdad sea dicha: no los ubica en un lugar prioritario dentro de la sociedad en que vivimos: me refiero a los adultos mayores y a los pensionados, que son los que menos ganan. Ante una interrogante que me surgió en la Comisión de Hacienda, se me dijo que el sector pasivo, integrado por jubilados y pensionados, que gozan de pensiones mínimas, no sería favorecido, porque en mayo recibirá un bono de invierno de 49.500 pesos. En el gobierno de Michelle Bachelet aprobamos el bono de invierno para los jubilados. Eso quiere decir que cuando ya se conoce que por ley se entrega un bono de invierno, éste se asume en el presupuesto de cada familia, sobre todo en las más necesitadas. Sin duda, ellas deben haber escuchado sobre la asignación del bono en debate y deben creer que lo recibirán. Pero, ¿qué pasará cuando sepan la realidad? Quedarán decepcionadas una vez más, al ver cómo otros logran objetivos económicos y ellas nuevamente deben esperar. Por supuesto, votaré a favor del proyecto, pues no podría hacer otra cosa. Hay familias que lo necesitan. Sin embargo, una vez más los jubilados, que reciben pensiones mínimas, quedarán fuera de los beneficios que el Gobierno debiera darles. A ello se agrega que ese grupo quedó fuera del reajuste de 5 por ciento

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estipulado para los sueldos de 2013. Entonces, algo no anda bien en el Gobierno, que no sincroniza con personas de los sectores más necesitados. Por eso, hago un llamado más a la conciencia del Gobierno para que los más necesitados a los cuales les queda menos vida; es decir, los adultos mayores también sean favorecidos. De lo contrario, que se les diga claramente que no recibirán el bono. Lo planteo, porque la noticia que se da a conocer hoy es que los que menos tienen recibirán el denominado bono marzo. Incluso más, se dice que incluso sectores de la clase media serán beneficiarios. Mi colega José Miguel Ortiz ya se refirió a ello. Por lo tanto, con mucho dolor aprobaré el proyecto, pero debo decir al país que aquí no se ha dicho la verdad, porque los que menos tienen y que más necesitan, los ancianos de este país, no recibirán el bono marzo. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, haciendo abstracción de las variables políticas que se han señalado, que responden a determinadas concepciones ideológicas, comprensibles, pero no justificables, todos coincidimos -como lo hicieron las comisiones de Hacienda y de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social-, en que este proyecto es necesario, porque va dirigido y focalizado a las personas más necesitadas. También es un proyecto de justicia social, porque enfrenta de manera real la desigualdad existente en la distribución del ingreso, problema que ciertamente no se soluciona con la iniciativa en estudio, pues para ello se requiere de medidas permanentes en otros ámbitos. Sin embargo, no se puede desconocer que contribuye a paliar en parte las demandas de miles de familias, en especial en esta etapa del año, y constituye un signo de responsabilidad que se materializa cuando existe solidez económica como consecuencia del manejo eficiente de las finanzas públicas y de un país en franco crecimiento. Sin duda, esto debiera alegrarnos a todos. En términos prácticos, este bono representa un incremento del 10 por ciento en relación con los beneficiarios de los entregados anteriormente, ya que adicionalmente incorpora a más de trescientas mil familias de clase media. En general, ese sector es el más afectado, porque recibe todos los gravámenes, pero nunca nos acordamos de él. Obviamente, quisiéramos más, pero se debe actuar con responsabilidad. De ahí que la aplicación de la Ficha de Protección Social es esencial como instrumento para determinar a los beneficiarios, debido a que muestra quiénes recibieron ayuda del Estado en algún momento.

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Me queda la inquietud de plantear un ideal, en el sentido de incorporar en el proyecto a todos los discapacitados y no solo a quienes se encuentran inválidos. En definitiva, esta iniciativa significará, como se precisa en el mensaje del Presidente de la República, una ayuda, un alivio y una mejor calidad de vida para las familias de menores ingresos y de clase media vulnerable del país. Junto con el crecimiento económico, la creación de empleos, el surgimiento de emprendedores, el mejoramiento de los salarios y el ingreso ético familiar, este bono nos permitirá seguir construyendo un país no solo más libre y más próspero, sino también más justo y más humano, que avance con todos, que no deje a nadie atrás y que permita a todas las familias chilenas alcanzar lo que siempre han querido: una vida más plena y feliz junto a sus seres queridos. Para concluir mi intervención, felicito al Ejecutivo, por intermedio del ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, y del ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín, por el manejo responsable de la economía y las finanzas públicas, con un claro componente social. Por las razones expuestas, la bancada de Renovación Nacional apoyará de manera muy feliz el proyecto que entrega el bono marzo. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, voy a intervenir con la alegría que solicita el diputado Joaquín Godoy, pero sin la falsa emoción que lo embarga cuando se refiere a su Presidente y al Gobierno de Chile; tampoco con la caricatura que ni el mismo se cree cuando se refiere a las políticas económicas de gobiernos anteriores, que contribuyeron al desarrollo de Chile. Señor Presidente, su señoría podrá responder al Presidente de la República, quien se refirió a la Cámara como un virtual obstáculo para la pronta aprobación del proyecto que otorga este bono. La realidad nos muestra que en tiempo récord, inmediatamente después de haber sido puesto sobre Tabla en la Comisión de Hacienda, fue aprobado por unanimidad, votación que seguramente se repetirá en la Sala, cuando han transcurrido solo 24 horas del ingreso del proyecto a la Cámara. Sin embargo, quiero hacer algunos comentarios que, a mi juicio, son indispensables. En primer lugar, sobre la oportunidad. En el pasado, se entregaron muchos bonos, todos fundamentados en necesidades específicas -por ejemplo, de reactivación o de solventar gastos específicos-, en contextos de crisis económicas, etcétera. Sin embargo, se asocia la entrega del bono a la buena salud de la economía -es decir, se celebra la buena salud de la economía-, y se

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escoge el 11 de marzo como fecha para el anuncio de su entrega, como una especie de fuego de artificio para celebrar el tercer año de un Presidente de la República y de un Gobierno que probablemente no sean muy celebrados por la sociedad chilena. En segundo lugar, con razón aquí se ha señalado -fue lo que le respondió el ministro de Hacienda al diputado Godoy en la Comisión-, que los pensionados de Chile están excluidos de este beneficio. El ministro respondió que hay una ley que les entrega un bono. Es cierto, pero quiero clarificar que solo los pensionados que tienen pensiones menores a 133.000 pesos reciben el bono de invierno, y el bono al que nos referimos hoy está destinado a las personas que reciben ingresos mensuales superiores a 495.000 pesos. Por lo tanto, las familias constituidas por pensionados que perciben ingresos entre 133.000 y 495.000 pesos están excluidas de este bono -si señor- y también de la ley que estableció el bono de invierno. Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué lógica tiene entregar un bono de 40.000 pesos a una familia que percibe 1 millón de pesos mensuales, y no entregarlo a una pareja de adultos mayores cuyos ingresos alcanzan, por ejemplo, a los 137.000 pesos mensuales? Por favor, señor Presidente, por su intermedio pido que el ministro de Desarrollo Social explique cuál es la lógica de no entregar un bono a quien no recibe el bono de invierno y que gana 150.000, 200.000 o 250.000 pesos, y sí entregarlo a familias que reciben cerca de 1 millón de pesos o, incluso, más, hasta 1.370.000 pesos. En tercer lugar, el Gobierno decidió -enhorabuena- extender el bono más allá de lo que se había definido habitualmente, y eso yo lo saludo; pero resulta discutible el criterio que escogió: favorecer a aquellos que alguna vez en su vida hayan estado inscritos en la Ficha de Protección Social, sin importar si, en la actualidad, puede tratarse de un familia que percibe, por ejemplo, 1.200.000 pesos mensuales. ¿Qué va a ocurrir en los hechos? Que en un barrio determinado, por ejemplo, en la villa San Luis o en cualquier población o comuna… El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Señor diputado, ha concluido su tiempo. El señor AUTH.- Solo quiero decir que cuando se entrega un bono, algunas personas quedan contentas y un conjunto de personas -las que no lo reciben- quedan insatisfechas. En ese sentido, lo que tiene que estar muy claro cuando se entrega un bono es por qué lo recibe una familia y por qué no lo recibe otra. En síntesis, habrá un grupo importante de contentos, pero quedará un grupo todavía más numeroso de insatisfechos, porque, pese a tener menor ingreso familiar que sus vecinos, no serán beneficiados por el bono de 40.000 pesos que se entregará.

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He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, quiero expresar mis felicitaciones al Gobierno, porque lo que importa, en definitiva -con toda seguridad, también a quienes nos escuchan- son los siete millones de chilenos que, directa o indirectamente, serán beneficiados con este instrumento, y no esta búsqueda mañosa de una supuesta letra chica u otras cosas. Más allá de cualquier otra consideración, no deja de ser relevante y significativo -lo plantea el mensaje del proyecto que crea el bono solidario- que las actuales condiciones económicas, como el crecimiento y la reducción del desempleo, hacen razonable pensar en que parte de ese beneficio lo reciban sectores o grupos vulnerables. En ese sentido, un ingreso de esta naturaleza, en un mes cargado de muchos gastos, es un aporte importante para muchas familias chilenas. Me hago cargo de los fundamentos del proyecto, en el sentido de que se hace razonable y oportuno compartir todos estos beneficios con quienes, por diversas razones, no han tenido la fortuna de contar con los instrumentos y las condiciones para tener una vida desarrollada y con plena dignidad. Muchas personas que están en condiciones de recibir este bono no gozaron en el pasado de beneficios que hoy tenemos, como bajas tasas de desempleo, altos niveles de crecimiento y acceso a diversidad de bienes y servicios. Reitero, el crecimiento de los últimos años hace posible y razonable la entrega de este beneficio. Me gusta la iniciativa del Ejecutivo, que busca redistribuir parte de estos beneficios. Al respecto, más allá de lo que algunos han señalado para intentar generar alguna suerte de duda, lo importante son los miles de chilenos que hoy deben estar muy contentos de recibir este beneficio. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que hay un segmento de nuestra población que no tuvo esta misma oportunidad. En efecto, muchos adultos mayores no vivieron las ventajas de que hoy gozan muchos chilenos, con altas tasas de crecimiento, baja desocupación y grandes oportunidades para el desarrollo. Reitero, muchos chilenos que hoy ya no están en la etapa laboral activa, no tuvieron esta misma oportunidad. Por el contrario, vivieron el problema del desempleo y las consecuencias que se derivan de él: bajos niveles de cotizaciones y lagunas previsionales. ¿Cuántas personas que hoy son adultos mayores tuvieron que educar a sus hijos con altos costos en los créditos universitarios? A Dios gracias, miles de familias no tienen ese problema en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros vemos a diario a profesores o a otra gente que, en algún momento, tuvo una situación económica determinada, pero que no tuvo capacidad de generar ahorros, porque destinó

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gran parte de sus ingresos a la educación de sus hijos? En efecto, así lograron educarse, cientos de miles de profesionales que hoy entregan tantos beneficios al país. Hoy, obviamente, es necesario revertir esta situación. Es verdad lo que se ha señalado acá respecto de que el bono de invierno se entrega por ley a adultos mayores del país. Nos alegramos y nos felicitamos por la institucionalización de un beneficio que está dedicado, esencial y exclusivamente, a ese segmento de la población. Al respecto, señor Presidente, por su intermedio, me permito solicitarle al ministro que, ojalá, se adelante lo más posible la entrega de ese beneficio a favor de los adultos mayores. Sin embargo, es necesario hacer un llamado a nuestro Ejecutivo, a nuestro Gobierno, en el sentido de que, a la brevedad posible, estudie el diseño de instrumentos complementarios para el mejoramiento de las pensiones básicas solidarias, la eliminación del cobro de 2 por ciento para salud a los jubilados y el mejoramiento de las pensiones para tantos jubilados y montepiadas cuyos ingresos no están en los tramos que aquí se establecen y que vivieron los rigores de una economía distinta, estancada por muchos años, pero que hoy, legítimamente, entrega beneficios a algunos. Creo que los adultos mayores del país que no gozaron de estos beneficios, tienen el legítimo derecho de que, a través de alguna determinada modalidad -ojalá, antes de que este Gobierno se termine-, se generen instrumentos que permitan entregarles dignidad y expresarles las gracias por lo que hicieron. Ellos nos legaron este país, por lo cual, reitero, también tienen el indiscutible derecho de acceder a estos beneficios, no solo al bono de invierno. En suma, hay que introducir todas las modificaciones que sean necesarias a fin de mejorar sus condiciones de vida. Repito, se trata de adultos mayores que no tuvieron el privilegio de gozar de los beneficios sociales con que hoy cuenta el país. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, me alegra la entrega de este bono, que es una buena noticia para las familias más vulnerables de Chile, pero me entristece que no se incluya a todos los que debiera -como lo señaló el diputado Auth, con quien coincido-, en el sentido de que la iniciativa no incorpora a los pensionados de clase media vulnerable que ganan entre 133.000 y 495.000 pesos. La iniciativa sí favorece a 300.000 familias de clase media, y me alegro de que lo reciban. Ojalá que en el Senado se haga un esfuerzo para incluir a esos pensionados vulnerables de clase media que no reciben el bono de invierno, porque el monto de corte de dicho beneficio es de 133.000 pesos. En suma, estamos excluyendo a gran número de pensionados, entre los cuales están, como

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siempre, los profesores jubilados que reciben una muy baja pensión después de 35 o 40 años de servicio. No les pagamos la deuda histórica y, además, los excluimos de este bono. Creo que es posible hacer un esfuerzo adicional porque el bono marzo que entregó la Presidenta Bachelet tuvo un costo de 300 millones de dólares, y este bono marzo tendrá un costo de 200 millones de dólares. La diferencia está en que este bono se pagará por familia y, en cambio, el bono entregado durante el período de la Presidenta Bachelet se pagó por carga; por consiguiente, era mucho mejor. Valoramos este bono y su extensión a la clase media, pero, repito, lamentamos que una vez más se excluya a los jubilados de clase media, que son los permanentes y eternos olvidados. Este bono, beneficiará a cerca de 2 millones de familias y a 7 millones de personas, llega en un momento muy oportuno, puesto que marzo es el mes más difícil para todos los chilenos. Lo recibirán las familias que, al 31 de diciembre de 2012, hayan percibido el subsidio familiar, la asignación familiar o la asignación maternal. También lo recibirán quienes, al 28 de febrero de 2013, se encuentren percibiendo el ingreso ético familiar. Por cierto, estas personas necesitarán Ficha de Protección Social. Mi preocupación es con respecto a las personas vulnerables de clase media que ganan entre 495.000 pesos y 1.300.000 pesos, a quienes se les exigirá tener la Ficha de Protección Social, al 31 de diciembre del 2012, y también que estén inscritas para la asignación familiar, aunque ya no la perciban. Creo que de los 300.000 potenciales beneficiarios de clase media, muchos no percibirán este bono. Al respecto, esperamos que en el Senado se establezca algún plazo para que ellos puedan regularizar su Ficha de Protección Social, porque, de lo contrario, este bono será letra muerta para muchas de esas personas. Esta cultura de los bonos es una expresión de la prosperidad del país. Así, por chorreo, se distribuye a quienes menos tienen. Sin embargo, debemos tratar de avanzar hacia una cultura del bono 2.0, es decir, un bono que, desde el punto de vista social, sea mucho más rentable. En la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, hemos conversado al respecto con el ministro Lavín. Si entregáramos un bono de 40.000 pesos a todos los que están postulando a un subsidio habitacional, a través de sus libretas de ahorro para la vivienda, sería mucho más rentable, porque, con el tiempo, se transformaría en una vivienda, que es prácticamente el único bien durable que tiene la gran mayoría de las familias chilenas. Asimismo, si entregáramos un bono de 40.000 pesos a todos los recién nacidos y ese dinero se depositara en una libreta de ahorro para la educación, cuando esos niños cumplieran 18 o 19 años tendrían una cierta suma de dinero para costear sus estudios en algún centro de formación técnica o institución de educación superior. Todo ese tipo de bonos irían en una línea que, socialmente, sería mucho más rentable que entregar dinero que, como sabemos, al mes o a los dos meses siguientes estará en el retail, simplemente gastado en bienes de consumo.

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Debemos invertir para que nuestra gente más vulnerable obtenga bienes durables y pueda salir adelante en la vida, surgir. Para ello hay que entregarle las herramientas, es decir, la caña de pescar, no el pez. Valoramos este bono, porque es una ayuda en un mes difícil, pero creemos que todos los precandidatos a la Presidencia de la República y, en general, toda la clase política, tienen que hacer un esfuerzo para avanzar hacia una cultura del bono 2.0, que esté condicionado a una mayor rentabilidad social para los más vulnerables de Chile. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, difícilmente podríamos no aprobar este proyecto que, como lo señala el mensaje, tiene por objeto otorgar un bono extraordinario de 40.000 pesos por familia de menores ingresos, y un incremento de 7.500 pesos por cada menor de 18 años de edad y por cada persona inválida que sea parte del respectivo grupo familiar. Asimismo, este bono solidario de 40.000 pesos lo recibirán familias de clase media vulnerable. En suma, prácticamente siete millones de personas, más de dos millones de familias, recibirán con satisfacción este bono. Esto viene a desmitificar lo que se señalaba cuando la entonces Presidenta Bachelet entregó un bono similar, algo que fue duramente criticado. En ese sentido, creo que debe haber un reconocimiento a una política pública que desarrolló la Presidenta Bachelet, que hoy ha sido acogida por este Gobierno. Valoramos y celebramos el hecho de que se entregue este bono. Sin embargo, creemos que es importante generar debate en esta Sala para establecer y consagrar, como un principio fundamental, que el bono que se entrega en marzo no se otorgue de manera extraordinaria, sino permanente. Así, permitiría a muchas familias afrontar los costos inherentes a un mes en que los niños vuelven al colegio y en el cual se presentan grandes gastos en materia educacional, cuando la familia chilena tiene muchas necesidades. Ese beneficio impacta de manera favorable. Por eso, debiéramos reflexionar en el sentido de que no se entregue, de manera aleatoria, si así lo estima pertinente el gobierno de turno, sino que se establezca de manera permanente. Creo que ahí hay un debate pendiente, porque este país hoy tiene fondos, tiene recursos suficientes para sustentar este bono de manera permanente. De igual forma, es relevante debatir sobre la incorporación de los pensionados al beneficio del bono marzo, porque ellos ven cómo, mes a mes, sus ingresos pierden poder adquisitivo en relación con los de las personas laboralmente activas. Debiéramos aunar esfuerzos para ir en ayuda de los pensionados, que enfrentan la tercera edad y su paso al sector pasivo con ingresos disminuidos

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en relación con los que ganaban como trabajadores activos. Respecto de este sector se genera una doble inequidad. En tal virtud, debemos desarrollar políticas de Estado en materia de envejecimiento activo de la población, que no solo protejan sus derechos fundamentales, -lo hemos conversado con el ministro Lavín-, sino que vayan acompañadas de oportunidades continuas en salud, participación y seguridad para el adulto mayor, amén de consagrar en la Constitución el derecho a una vejez digna, preservando capacidad económica y plena integración en derechos y oportunidades a la vida en la sociedad. Vamos a respaldar este bono, pero también pedimos que se consideren los planteamientos que hemos hecho, como institucionalizar el beneficio para que se entregue todos los años en marzo, y que se haga extensivo a más actores. Muchas veces -lo dijeron algunos diputados-, algunas familias se sienten discriminadas, porque la entrega del bono depende de la condición de vulnerabilidad del beneficiario, lo que no es justo. Un país que avanza debe consagrar derechos para todos los ciudadanos; por ejemplo, derecho a percibir mayores ingresos y derecho a no perder el poder adquisitivo, principalmente en el caso de los pensionados. Reitero que vamos a votar favorablemente el proyecto, en la esperanza que este tipo de iniciativas se conviertan en políticas públicas para la sociedad, de manera de proteger de mejor manera el derecho de los sectores más vulnerables a tener una vida mejor. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, felicito al Presidente Piñera por la iniciativa de entregar el “bono marzo”. Deseo mencionar que el paso del proyecto por el Congreso Nacional será la parte más fácil de su concreción. Hago este alcance a mis amigos, porque no saben cuánto costó convencer para que tuviéramos este bono. Es una realidad que nos dolió mucho. A nuestro juicio, cuando tenemos tasa de crecimiento entre 5,8 y 6 por ciento, es justo que la gente espere que le llegue parte de ese logro. Es una buena señal y un buen síntoma compartir los recursos adicionales con aquellos que más lo necesitan. Nada sacamos con que sean siempre los mismos o unos pocos los que perciban este crecimiento. La entrega de este bono refleja el esfuerzo desarrollado por el Presidente Pinera para ofrecer equidad e igualdad de oportunidades. Lo digo, porque la mayoría de la gente que recibirá el bono ha cooperado para que el país crezca de la forma como lo está haciendo. Es la gente que trabaja, la que está en las oficinas, sin la cual no habríamos alcanzado este nivel de crecimiento.

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El incremento del bono en 7.500 pesos a favor de menores de 18 años de edad y de personas con discapacidad, también es una buena medida. Con todo, echo de menos que, dentro de los beneficiarios, no figuren los hijos que cursen estudios superiores. Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al señor ministro que se trata de una buena iniciativa, y como en el pedir no hay engaño, aprovecho para decirle que el beneficio debiera hacerse extensivo a más personas. Se ha planteado si la Presidenta Bachelet entregó más o menos bonos. ¡Créame, ministro! Nosotros nos pusimos de pie y aplaudimos cuando impulsó la iniciativa, porque era justo, si el país podía entregar tales beneficios. La pregunta es, entonces, si vale la pena seguir peleando por bonos más o bonos menos del Presidente Piñera o de la entonces Presidenta Bachelet. A nosotros, como partido de Gobierno, nos alegra que este bono llegue a gente de los sectores vulnerables, pero también a nuestra clase media. Con todo, señor Presidente, aprovechando la presencia de los dos ministros que manejan más recursos en el país, le quiero decir que tengo un dolor en el corazón. Toda torta que se respete debe llevar una guinda, y aquí creo que falta esa guinda. Estos bonos no serían necesarios si se hiciera lo que voy a proponer. Es justo que nos preocupemos de nuestros jubilados. Las bajas pensiones actúan como un cuello de botella en el mercado laboral y una piedra en el zapato difícil de sacar. No es justo que quienes en su vida laboral ganan 800 mil o un millón de pesos, terminen sus días con una pensión que represente un cuarto de esos ingresos. Podrá haber miles de explicaciones, pero no es lo lógico. Tampoco es lógico que no sepamos qué hacer con 120 mil millones o 130 mil millones de pesos que tenemos acumulados en las AFP, que son platas de los trabajadores. ¿Quién podría resistirse a poner esas platas a interés? ¿Qué banco en el mundo podría pagar los intereses de esa cantidad de plata? Esa es la guinda que le falta a esta torta. Señor Presidente, por su intermedio le digo al ministro que el próximo paso importante que debiera dar nuestro Presidente -pese a que no he hablado con mis colegas de Oposición o de gobierno, le garantizo que no habría una sola voz disidente, ninguna-, es el establecimiento de jubilaciones dignas. Esta es una tarea muy importante ¡Cómo le vamos a bajar la calidad de vida, condenando a la miseria a los que están por jubilar! Algunos se preguntarán qué tiene que ver lo que estoy diciendo con el proyecto en debate. Tiene mucho que ver, porque que es la guinda que falta para coronar la labor de este Gobierno. Le garantizo, ministro, que agradecerían esa iniciativa del Presidente de la República no solo dos o tres millones de chilenos, sino todos los chilenos que trabajan, porque de una vez por todas verían que sus ahorros previsionales les permitirían contar, el terminar su vida laboral, con una jubilación justa. Señor Presidente, me pongo de pie, como dice un locutor deportivo, para aplaudir los beneficios sociales que ha entregado nuestro Presidente Piñera.

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Aprovecho para destacar que el Congreso Nacional ha respondido siempre a los requerimientos sociales planteados por todos los gobiernos. Eso está muy bien, porque el pueblo nos eligió para que legisláramos en su beneficio. En el caso en estudio, el artífice de este beneficio es nuestro Presidente Piñera. Por eso, nosotros votaremos a favor su proyecto para que pronto se pague el bono a miles de familias de sectores vulnerables y también de nuestra clase media Señor Presidente, perdóneme que me alargue, pero, por su intermedio, invito al señor ministro a que revisemos lo relacionado con las jubilaciones. Sería la mejor de las despedidas de nuestro Gobierno y el mejor legado para todos los trabajadores que ahorran en sus fondos de pensiones. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención haciéndome eco de un aspecto planteado por el diputado señor René Manuel García: la grave situación que afecta a nuestros pensionados de bajos ingresos. Recordemos que el problema no es nuevo; se viene discutiendo desde hace muchos años. Todos los esfuerzos que ha hecho el país no han resuelto la grave situación que generan las bajas pensiones, especialmente en las personas que entregaron toda una vida al servicio del país y que, al final de sus días, incluso se ven obligadas a realizar trabajos muy precarios, con niveles de ingresos exiguos, para paliar, en parte, la disminución de sus ingresos y solventar los gastos que conlleva esa etapa de su vida. En esto hay que ser responsable. Es cierto que la extensión del beneficio del bono sería de gran ayuda para ese importante sector de personas -esperamos que el Gobierno revise el tema-, pero no resolvería el problema de las bajas pensiones. Por eso, digo que en esto tenemos que ser responsables y trabajar para encontrar el camino que permita a los trabajadores, al momento de jubilarse, mantener un adecuado nivel de vida. Por otro lado, señor Presidente, felicito a los ministros de Desarrollo Social y de Hacienda, y al Presidente de la República por entregar este bono. Si bien es cierto que no se trata de una política pública nueva -en los gobiernos anteriores, especialmente en el de la Presidenta Bachelet, se otorgaron varios bonos, pero muchos chilenos que serán beneficiados con el proyecto en discusión, en ese entonces quedaron marginados por diversas razones-, considero que es una medida oportuna, responsable y que ayuda directamente a las familias que hoy lo necesitan. Marzo es un mes complicado, especialmente por los mayores gastos relacionados con la compra de útiles escolares, el acceso de los hijos a la educación, etcétera, lo que obliga a las

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familias a echar mano a una cantidad importante de recursos para cumplir con esas obligaciones. En consecuencia, la entrega del bono ayudará a más de 2 millones de familias a paliar en parte esos mayores gastos. Además, como dije, es una medida responsable, porque no afecta el presupuesto público, ya que se trata de reasignaciones presupuestarias que se pueden realizar gracias al manejo responsable de la economía, que permiten adoptar medidas para ayudar a los chilenos que lo requieren. Por lo tanto, espero que la Sala apruebe por unanimidad el proyecto de ley, como ya lo hicieron las comisiones de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda. Muchos de los discursos de los diputados hacen pensar que votarán en contra el proyecto, pero cuando llega el momento de emitir el voto, lo terminan aprobando, ya que todos valoramos y aplaudimos este tipo de iniciativas. Podemos tener algunas diferencias sobre su implementación o cobertura; pero, en definitiva, la responsabilidad que deben tener los servidores públicos los obliga a apoyar las buenas medidas que toman los diferentes gobiernos. Por último, reitero mi felicitación a nuestro Gobierno, porque ha tomado esta medida en el minuto oportuno para ayudar a las familias que lo requieren. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, los colegas Pepe Auth, José Miguel Ortiz, Enrique Jaramillo y otros han aclarado que los beneficiarios de la iniciativa son menos de los señalados comunicacionalmente por el Gobierno. También han quedado claros aspectos tales como quiénes son excluidos y la letra chica respecto del acceso de la clase media al bono de 40.000 pesos, por lo que no me referiré a ello. Sin embargo, quiero hacer una reflexión más política, más global en relación con las definiciones de políticas públicas en Chile respecto de la decisión que se está tomando hoy. Efectivamente, la Presidenta Bachelet entregó el bono marzo debido a la crisis internacional que afectaba en ese momento, como una política anticíclica para evitar la situación letal que podrían haber vivido muchas familias por la situación de desempleo que se podría producir. Por su parte, el Gobierno afirmó que el país tiene la capacidad económica suficiente para generar este bono marzo. Ambos mensajes, el de la Presidenta Bachelet, en el pasado, y el del Presidente Piñera ahora, aluden a que marzo resulta muy complejo para los sectores vulnerables, ya que los gastos que deben enfrentar las familias chilenas son importantes, por lo que muchas veces deben endeudarse.

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No me cabe ninguna duda de que, ya sea que se fundamente la entrega de un bono por una crisis internacional o por la capacidad económica del país, la conclusión que debe sacar todo chileno y chilena es que se deben establecer instrumentos de política pública permanentes para satisfacer necesidades permanentes. En la discusión de 2010, planteamos al Gobierno que debíamos establecer la entrega de un bono marzo como un derecho garantizado, no como algo ocasional que concede el Presidente de la República o el gobierno de turno. Esa es la discusión de fondo que debiéramos enfrentar en el Congreso Nacional y que el país espera. Es muy probable que ahora no ocurrirá, ya que el Gobierno ha dicho que el beneficio se otorgará por esta única vez. Pero si existen necesidades permanentes y familias que no pueden enfrentar los gastos de marzo, debiéramos legislar en serio y aprobar el otorgamiento de un bono marzo en forma permanente. Esa es la diferencia entre la mirada de un gobierno de Derecha y otro de Centroizquierda, el último de los cuales piensa que los derechos económicos y sociales deben ser garantizados por ley, en lugar de depender de la voluntad discrecional del Presidente de la República o del gobierno de turno. La mirada política ideológica de un gobierno de Derecha solo otorga beneficios a los que necesitan cuando sobran recursos; es la lógica del chorreo versus la mirada de la Centroizquierda. Termino con una reflexión en la misma línea: ¿Bonos ocasionales o equidad para la sociedad en forma permanente? Esa es la discusión que se producirá con motivo de la elección presidencial y parlamentaria de fin de año entre quienes están por construir una sociedad con equidad y quienes entregan beneficios ocasionalmente, por chorreo, a quien corresponda y cuando sobran recursos, según la lógica de la Derecha. Esta es la discusión sustantiva que debiéramos tener en la Cámara, debate que hoy no se produce porque el Gobierno ha cerrado esa puerta, ya que se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Pero no nos perdamos. Si queremos enfrentar la desigualdad y el abuso del sistema económico, debemos pensar en reformas estructurales. Los colegas de Derecha lo señalan tibiamente, de manera casi jocosa. Sin embargo, reitero, hay que realizar reformas de verdad. La Derecha no las hará, pero si las puede realizar la Centroizquierda. Se necesita una reforma tributaria de verdad, para enfrentar la desigualdad; una reforma educativa profunda, para dar más oportunidades; una reforma laboral y un nuevo Código del Trabajo, para equilibrar la relación entre empleador y trabajador; una regulación más exigente, para terminar con los abusos del sistema financiero y del sistema económico en general, y para proteger más a los consumidores; una nueva reforma previsional, para evitar el problema planteado por el diputado Romilio Gutiérrez, que ciertamente vamos a tener que enfrentar con reformas estructurales, que difícilmente adoptará un gobierno de Derecha, pero que sí puede llevar a cabo uno de Centroizquierda.

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Anuncio que apoyaré la iniciativa, pero dejo en claro que el debate pendiente es para establecer un bono garantizado como un derecho económico y social, como otros, que un gobierno de Centroizquierda puede dar al país. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve. El señor MONSALVE.- Señor Presidente, seguramente el proyecto de ley, al igual como ocurrió en la Comisión de Hacienda, será aprobado, si no unánimemente, en forma muy mayoritaria en la Sala. Por mi parte, anuncio que lo votaré favorablemente, porque respecto de estas materias o de estos proyectos de ley no tenemos grandes diferencias con el Gobierno. Como muy bien planteó el diputado Vallespín, las diferencias más profundas las tenemos respecto de políticas públicas que resuelvan de manera permanente los problemas de pobreza y desigualdad que existen en Chile. Esas diferencias se dan en materias educacionales, laborales y tributarias. Reitero que aprobaré el proyecto de ley, porque entrega ayuda a las familias más vulnerables de Chile. Por intermedio del señor Presidente, señalo al ministro que mucha gente de la zona que represento, que está compuesta por la provincia de Arauco y por la comuna de Lota, recibirá este bono, porque allí existe una gran cantidad de personas vulnerables. Así, por ejemplo, el 35 por ciento de la población de algunas comunas está bajo la línea de la pobreza, como sucede en Lebu, y otras tienen la tasa de desempleo más alta de Chile, como Lota. Por medio del señor Presidente, quiero decir al ministro que si bien este proyecto de ley es una ayuda, no resuelve los problemas de la provincia de Arauco y de la comuna de Lota. Lo digo, porque durante la gestión de este Gobierno -no del anterior-, del Presidente Piñera, ha aumentado la cantidad de personas que están bajo la línea de la pobreza en tres comunas de la provincia de Arauco: Tirúa, Cañete y Los Álamos. En efecto, con este Gobierno, hoy en esas comunas hay más gente pobre que la que había en 2009. Ello demuestra el fracaso de una de las políticas públicas que este Gobierno se comprometió a implementar, sobre planes especiales. Me refiero particularmente al Plan Arauco Avanza. Si el Gobierno tiene un interés legítimo y real por el destino de la gente de la provincia de Arauco y de la comuna de Lota, por su intermedio, señor Presidente, invito al ministro de Hacienda y al ministro Lavín a recibir -ello sería muy relevante- a los alcaldes de la zona aludida, porque hasta ahora el Plan Arauco Avanza ha fracasado. Si el Gobierno tiene verdadero interés en sacar a esa zona de la pobreza y la postergación, este es el momento para sentarse a conversar sobre la forma como aumentar la cobertura en educación superior, porque, mientras la cobertura en Chile para el grupo etario de 18 a

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25 años es de 50 por ciento, en la provincia de Arauco y en la comuna de Lota ella alcanza solo el 20 por ciento. Por lo tanto, insisto, este es el momento de sentarse a conversar sobre la manera de incorporar al Plan Arauco Avanza medidas que permitan aumentar la cobertura en educación superior para los jóvenes de la provincia; es el momento de sentarse a discutir qué se hará con la ruta 160, y si el Gobierno persistirá en el cobro de peaje en la zona más pobre de Chile y donde las comunas han aumentado su porcentaje de pobreza; es el momento de sentarse a discutir si el monto del subsidio para vivienda en la provincia de Arauco y en Lota puede ser igual al del resto de Chile o debe ser superior; es la hora de sentarse a discutir cómo se dará prioridad presidencial al Programa de Mejoramiento de Barrios, a fin de entregar urbanización a los sectores que hoy día no tienen agua potable ni alcantarillado. Invito al ministro de Hacienda y al ministro Lavín a hacerse cargo de un compromiso del Presidente de la República para superar la pobreza en mi zona. Ese compromiso, el cual el Presidente personalmente adquirió allí, se llama Plan Arauco Avanza, y hasta ahora -reitero- ha fracasado. Por lo tanto, insisto en mi invitación al Gobierno -espero que al final de este debate a lo menos uno de los ministros manifieste algo al respecto- a sentarse a conversar con la gente de la provincia de Arauco y de Lota, con sus alcaldes, con todos los parlamentarios de la zona y también con quienes quieren serlo, porque este es un trabajo y un desafío que hay que asumir entre todos. Por lo expuesto, anuncio que votaré a favor el proyecto que otorga este bono extraordinario, pues constituye una ayuda a los sectores más vulnerables de Chile y de mi zona, pero reitero que esta no es la solución a los problemas de la provincia de Arauco y de la comuna de Lota. Espero -vuelvo a insistir- que el ministro se abra al diálogo propuesto para intentar que el compromiso contraído por el Presidente de la República se cumpla o, a lo menos, se acerque a ello. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente no cabe duda alguna de que la gran mayoría de los señores diputados va a estar de acuerdo con este “bono marzo”, que otorga 40.000 pesos por familia de menores ingresos y un incremento de 7.500 pesos por cada menor de 18 años de edad y por cada persona con discapacidad que sea parte del grupo familiar. Esto es porque la situación de todas las familias en el país se ve seriamente afectada por los gastos extraordinarios en que deben incurrir en marzo y los desembolsos excesivos que significa la compra de combustible, especialmente para la gente de clase media, pues este ya alcanzó valores insostenibles. ¡Y el Gobierno se

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mantiene impávido frente a una realidad que azota a la gran mayoría de los chilenos! A estas alturas, ya deberíamos haber corregido el impuesto específico a los combustibles, que se generó provisoriamente en los años ochenta con el fin de reunir recursos para construir carreteras. Sin embargo, hoy las carreteras se concesionan, así que no existe razón alguna por la cual se haga necesario continuar con esa medida implementada en tales condiciones. Ello, no cabe duda, beneficiará a un vasto sector de las clases media y trabajadora. Pero el Gobierno no ha querido entender absolutamente nada. En este año en que el respaldo ciudadano al Presidente de la República no es de los mejores, el Primer Mandatario ya anunció un salario mínimo del orden de los 200.000 pesos, que es lo que solicitó la Oposición el año pasado. Y, cosa curiosa, no se ha conversado con los dirigentes de los trabajadores para alcanzar un acuerdo al respecto. Se dio una cifra que seguramente dejará satisfechos a muchos, pero esperaba que en estos anuncios del último año de gobierno del Presidente de la República hubiera preocupación por los jóvenes estudiantes que tienen crédito Corfo, que se hallan tremendamente endeudados -ellos y sus familias-, de los cuales solo pudieron renegociar aquellos cuyos padres tenían un ingreso inferior a 500.000 pesos. El crédito Corfo deberían poder renegociarlo todos los alumnos del país, cualquiera sea su condición económica. ¿En qué situación queda hoy la clase media de la cual tanto se habla y por la cual nada se hace? Ella ha sido el amortiguador de Chile a través de la historia, porque que es la que recibe todos los golpes y solo a veces nos preocupamos de resolver los problemas de la gente de más escasos recursos. Los estudiantes ya no resisten más este endeudamiento emanado de los intereses exagerados que la banca les ha aplicado a sus créditos. Lamentablemente, muchos padres de estos muchachos han perdido su vivienda como consecuencia de sus compromisos por dicho concepto con la banca. Por consiguiente, el Estado debe definitivamente condonar esa deuda proveniente de los estudios de sus hijos. Así como el Presidente hizo un compromiso en tal sentido durante su campaña, esperaba que en esta oportunidad también se refiriera a los Reservistas Patrióticos de Chile (Repach) que hicieron el servicio militar en el período del régimen militar durante dos, tres, cuatro y más años, pero nunca se les pagaron sus imposiciones. Cuestión distinta y punto aparte sería saber qué se hizo con los recursos que se destinaban para pagar las referidas imposiciones. Ellos se encuentran reclamando dicho pago desde hace mucho tiempo. Han sostenido conversaciones con el Gobierno, pero no ha habido ningún grado de avance para dar solución a ese problema que fue creado por el Estado de Chile.

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Otra materia pendiente respecto de la cual esperaba un anuncio del Presidente de la República es el pago de la deuda histórica que se mantiene con el magisterio, compromiso contraído también por el Jefe de Estado durante su campaña. Son muchos los maestros que han muerto esperando una solución. Lamentablemente, esta aún no llega. Se trata de profesionales jubilados, hombres y mujeres que estudiaron en la universidad y que hoy día perciben una pensión de 100 mil, 120 mil o 130 mil pesos. ¡Una vergüenza para el país! Por consiguiente, invito al Gobierno a asumir las materias señaladas, aunque lo haga en las postrimerías de su mandato. Por otro lado, nada se ha hecho por sacar a la comuna de Alto Biobío de esa situación tremenda que es la pobreza. Según las encuestas que el propio Gobierno ha hecho, la comuna de Alto Biobío es la más pobre de Chile. En ella no se han implementado nuevos programas viales, de salud, educación, vivienda, que den solución a la gente. Tampoco tiene médicos ni matronas. Allí ocurre lo que un colega manifestó hace pocos instantes, que hay sectores donde la pobreza se huele en el ambiente. Una situación parecida acontece en la provincia de Arauco, donde la pobreza también se palpa en el ambiente. Por lo tanto, nuevamente llamo a las autoridades de Gobierno a preocuparse de buscar una solución a este problema. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, me hubiera gustado que la discusión sobre este proyecto hubiese sido mínima, porque la comunidad lo valora. La felicidad a la que hizo mención el diputado señor Godoy ojalá fuera permanente. No podemos negar que en pedir no hay engaño. ¡Qué más quisiéramos que fuera mucha más la gente beneficiada con la entrega de este importante bono solidario extraordinario, el cual tiene por objeto ayudar a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerable en el mes más complicado desde el punto de vista económico para las familias chilenas! En ese sentido, respecto de la felicidad a la que refirió el diputado señor Godoy, quiero señalar que por cierto estamos contentos por el beneficio que se propone entregar, pero no con la plenitud que quisiéramos, porque -tal como se lo planteamos a los ministros presentes- nos hubiera gustado que otros sectores también se hubieran visto favorecidos con el bono solidario. Por ejemplo -como lo señaló el diputado señor Sandoval-, los adultos mayores, quienes reciben un beneficio de carácter permanente: el bono invierno.

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En ese sentido, para no tener posiciones políticas mezquinas, a lo mejor el denominado bono marzo debería instituirse mediante una ley, para que -según los recursos con que cuente el gobierno- pueda ser otorgado a los que más lo necesitan. Con eso se evitarían actitudes mezquinas, como cuando en el pasado criticamos la entrega de bonos por parte del gobierno de la Concertación y hoy hacen lo mismo las actuales bancadas de la Oposición. Por lo tanto, creo que se trata de una alternativa que hay que explorar, pues consiste en un camino que puede ser válido, con el propósito de que el bono que el proyecto propone otorgar quede establecido para todos los gobiernos futuros, a fin de que no exista la mezquindad política que muchas veces enreda las buenas acciones que emprende un gobierno determinado, como lo ha hecho, en este caso, el del Presidente Piñera. En la búsqueda de la felicidad plena que todos anhelamos a lo mejor hay sectores que han sido muy postergados. Por cierto, las comparaciones no son buenas, pero hay que decir que en el gobierno de la Presidenta Bachelet nunca se entregaron beneficios a las montepiadas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, así como en este gobierno se eliminó la cotización de 6 por ciento para retiro en favor de los pensionados y montepiadas de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, hoy necesitamos que ese grupo humano, que percibe pensiones bajas, también obtenga el beneficio que se propone en la iniciativa en discusión. La gente que pertenece a las Fuerzas Armadas no forma parte de una casta ajena al país. Tiene los mismos derechos que las personas vulnerables. Como hijo de un funcionario de la Fuerza Aérea y de una mujer pensionada, he sido testigo de muchos casos patéticos, de personas que prácticamente deben mendigar para que también sean consideradas como beneficiarias de determinadas ayuda que entrega el Estado, en circunstancias de que como montepiadas perciben, en algunos casos, 150 mil o 200 mil pesos. Por lo tanto, esas personas también deberían haber sido consideradas en el beneficio que propone el proyecto que se somete a nuestra consideración. Por otra parte, tal como lo planteó un diputado que me antecedió en el uso de la palabra respecto de mis colegas profesores jubilados, ellos también deberían haber sido beneficiados, puesto que algunos perciben una pensión de 180 mil pesos y otros, incluso, un monto inferior a ese. Se debe encontrar el mecanismo apropiado que permita que la solidaridad sea para todos. Qué más quisiéramos que se pudiera hacer eso, pero sé que faltan recursos para lograrlo, tal como me lo señaló el ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín. Sin embargo, quiero dejar planteado el punto, a fin de que se hagan los esfuerzos necesarios para que todos los sectores que en verdad son vulnerables reciban, sin excepción -de manera efectiva-, el beneficio estatal que les corresponde. Ese es el desafío que tenemos, razón por la que creo que la alegría en relación con el beneficio que se entregará a las personas a las que está dirigido este proyecto no es plena, sin perjuicio de que estamos felices de que el Presidente

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Piñera haya entregado una respuesta rápida para enfrentar la tarea de ayudar a los beneficiarios que se indican en la iniciativa. Todos estamos orgullosos del crecimiento que está teniendo el país, pues hace más de cuarenta años que este no presentaba indicadores económicos como los que se observan en la actualidad, pero queremos que eso se traduzca en beneficios para toda la comunidad. En consecuencia, por las razones planteadas, votaré a favor el proyecto. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona. El señor CARMONA.- Señor Presidente, el debate sobre el proyecto de ley cuyo título parece interesante, nos debe llevar a preguntarnos por qué se debe enviar una iniciativa legal para asignar un bono de 40 mil pesos para las familias más vulnerables del país. Creo que la única razón que justifica esa medida -porque debe haber coherencia en la materia-, es que existe debida conciencia respecto de cuánto han empeorado las condiciones de vida de esas personas. Dicho empeoramiento se debe a que la inflación normal de un país afecta -en la práctica, más que duplica- a las familias que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad respecto de aquellas que no se encuentran en tal situación. Por lo tanto, el bono que se propone entregar lo que hará es tender a paliar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Por ello, los diputados del Comité Mixto Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista, Izquierda Ciudadana, hoy en la mañana presentamos un proyecto de ley para que se establezca, de manera oficial, un IPC que esté de acuerdo con la realidad del país, vinculado con los intereses de las familias que -al igual como se propone en la iniciativa en discusión- perciban ingresos en virtud de los cuales queden exentas del Impuesto a la Renta, es decir, cuyo monto sea inferior a 600 mil pesos. Eso se debería disponer mediante una ley, de manera que en razón de lo que se preceptúa en el cuerpo legal respectivo, más allá de quien encabece las tareas del Ejecutivo, el señalado beneficio debería aplicarse a las familias que se hallan en esa situación socioeconómica, como un modo de proteger, en términos legales y en virtud de lo que estatuye el derecho, su poder adquisitivo. La otra pregunta que cabe hacerse es sobre la base de qué análisis técnico el bono que se propone entregar asciende a 40 mil pesos. Es una cifra que se entrega para lo que alcance, de modo que su otorgamiento se puede calificar como de carácter dadivoso. Al respecto, veremos si en marzo próximo -si queda plata en el bolsillo del Estado- se convidará a los demás en igualdad condiciones, ya sea un bono de 30 mil, 40 mil o 50 mil pesos. Creo que las

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necesidades reales que tienen las familias más humildes, compuestas por gente de trabajo, exigen respeto por su dignidad, motivo por el que no se debe abusar de ellas. Por eso, no entendemos por qué la entrega de este bono, cuyo otorgamiento ha sido consecutivo en los últimos años, no se establece como un derecho al que puedan postular, en forma automática, todos quienes al mes de marzo se encuentren en determinada condición socioeconómica, cuya entrega constituiría un deber para el Estado. En mi opinión, solo así su entrega no quedaría a la discreción o a la interpretación de que se lleva a cabo como una medida o una intervención de carácter electoralista, como una forma de aprovecharse de las necesidades de la gente. Insistimos en que lo señalado en el debate debería ser tomado en cuenta, a fin de que el Estado se haga cargo del perjuicio que algunas de sus políticas ha acarreado sobre familias chilenas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, mediante la reparación de ese daño como un derecho de las personas afectadas -para lo cual se debe respetar su dignidad-, no como una medida discrecional o de buena voluntad de parte quien está a cargo de gobernar. Creo que sobre la base de esa consideración, se estaría comenzando a tomar medidas que apunten a la entrega efectiva de nuevos derechos en favor de las personas en la condición señalada, lo que en algo ayudaría a disminuir la fatídica brecha de desigualdad que existe entre ricos y pobres, porque a pesar de los indicadores de crecimiento que sigue mostrando el país, continúan los índices de mayor concentración económica entre las personas ricas y de peor distribución de la riqueza, lo que va en desmedro de quienes se encuentran en condición de pobreza. Como el bono que se propone otorgar apunta en directo beneficio de las familias vulnerables, con las que nos sentimos hermanados -conquista que ellas han conseguido gracias a su presión y a que han dado a conocer las dificultades económicas que deben enfrentar-, nos pronunciaremos a favor del proyecto de ley. Pero lo haremos con mucho respeto, ya que -reitero- entendemos que ha sido una conquista que ellas han obtenido, porque, de hecho, sabemos en las condiciones en que viven, como el caso de los habitantes de comunas como Diego de Almagro, Chañaral y Copiapó, a los que la entrega del beneficio en algo los ayudará a paliar el alza de precios de los alimentos, de los arriendos y del agua, los que son más caros que en otras regiones el país. Sus reclamos han obligado al Ejecutivo a proponer esta iniciativa, la que ojalá el día de mañana se transforme en ley. Es de esperar que la entrega del beneficio que se propone mediante el proyecto en discusión deje de ser una decisión discrecional del Ejecutivo de turno, cualquiera este sea. He dicho.

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El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Informo a la Sala que restan diez minutos para que finalice el Orden del Día, esto es, a las 12.20 horas. Sin embargo, un Comité ha solicitado el cierre del debate. ¿Habría acuerdo para continuar el debate hasta su hora de término? De lo contrario, deberé someter a votación el cierre del debate. No hay acuerdo. ¿Habría acuerdo para insertar los discursos del diputado señor Jorge Ulloa, de la diputada señora Mónica Zalaquett, de los diputados señores Ignacio Urrutia, Rodrigo González, Ramón Farías, de la diputada señora María Antonieta Saa, y de los diputados señores José Manuel Edwards, Pedro Browne, Alejandro Santana, Marcelo Schilling, Tucapel Jiménez, Hugo Gutiérrez, Alberto Robles, Enrique Accorsi y Guillermo Ceroni? Acordado. -En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario: La señora ZALAQUETT, doña Mónica.- Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo y mi gratitud ante esta iniciativa tan beneficiosa para el país y que pone de manifiesto resultados concretos a muchos esfuerzos que el país ha hecho en los últimos años. En primer lugar, hay que destacar que, a través de este bono, el gobierno y los ministerios que suscriben esta iniciativa, demuestran estar haciéndose cargo de situaciones innegables de nuestra actualidad como país. Por una parte, que todas las familias chilenas se han visto afectadas por el alza en el precio de los alimentos. El IPC de los alimentos ha aumentado un 23,8% en lo últimos 4 años, cifra que supera el alza en las remuneraciones, haciendo difícil para muchas familias solventar dicho aumento. Estas alzas dependen de muchos factores que son incontrolables para los países, pero a través de este proyecto vemos cómo el Gobierno ha hecho suyo el problema, lo ha enfrentado y ha buscado soluciones y formas de apoyar a quienes se ven afectados. Esto, sumado a los numerosos gastos en los que todos los chilenos debemos incurrir en el mes de marzo, hace que este bono sea, sin duda, una excelente noticia y un importante y necesario apoyo para quienes se verán beneficiados con él. Una de las particularidades más destacables de esta iniciativa es que, por primera vez un bono de estas características será entregado a la clase media de nuestro país. Es incuestionable la inmensa ayuda que esto significará para las familias más vulnerables de Chile, sobre todo considerando el aumento en el monto del beneficio para aquellas familias que tengan integrantes menores de edad e inválidos. La señal de compromiso que conlleva la extensión de este bono a 300.000 familias de clase media es remarcable e incuestionable. Estas

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son las familias que por tantos años se han sentido ajenas de las prioridades de los gobiernos, ya que por no ser consideradas como un sector vulnerable de la población quedan fuera de muchos beneficios. Pero ellos también requieren de apoyo y protección por parte del gobierno. Hoy, por primera vez, podrán acceder a un beneficio que los ayudará a sobrellevar gastos tan cotidianos pero que para muchos de ellos representa un tremendo esfuerzo. Quiero felicitar al Gobierno y en especial al Ministerio de Hacienda, porque esta importante iniciativa da cuenta de una tarea bien hecha. Cuando las cuentas se adecuan al crecimiento, los beneficios comienzan a llegar a todos. Entregar este beneficio no sería posible sin las políticas económicas anti cíclicas adecuadas y responsables que se han hecho efectivas durante este tiempo y que han logrado hacer de Chile una de las economías más estables del mundo. Hoy somos un país líder en crecimiento entre los países del Cono Sur, hemos logrado llegar a cifras de desempleo cercanas al 6%, las más bajas de los últimos 16 años, en fin, nos encontramos libres de las complicadas turbulencias económicas que muchos países enfrentan hoy en día. Este es el resultado del gran esfuerzo que el gobierno y cada uno de los chilenos hace cada día con su trabajo y esfuerzo. Y es este sacrificio el que se ha querido retribuir a todas estas familias que representan más del 40% de la población. Esta es una gran recompensa a un trabajo conjunto y responsable. Considero lamentables algunas críticas que han surgido en torno a este beneficio. Quiero hacer un llamado a todos los sectores políticos a reconocer la gran e indiscutible ayuda que significa esta iniciativa para tantos chilenos, a no impedir que estas familias vean recompensado el esfuerzo de cada día y a seguir instando para que surjan más instancias y políticas que sigan fortaleciendo a nuestra economía para que en el futuro sigamos viendo resultados tan satisfactorios como del que hoy somos testigos. He dicho. El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, colegas diputados y diputadas: Este proyecto de ley es muy importante para miles de chilenos y chilenas que en el mes de marzo tienen necesidades emergentes después de las vacaciones, al inicio del año escolar. Más aun cuando sabemos que las grandes mayorías en Chile tienen remuneraciones muy bajas, que el ingreso está muy mal distribuido y que solo un porcentaje muy pequeño de familias, el 5%, tiene ingresos 40 veces mayores en promedio que el 20 % más pobre. Más aún, en las últimas semana se ha sabido que hay cinco familias que forman parte de las 100 mayores fortunas del mundo, que las Isapres han obtenido más de 80.000 millones en utilidades, que las AFP, con los dineros de los trabajadores, han logrado cuantitivas utilidades los bancos por su parte han obtenido la inimaginable suma de 1.700 miles de millones para incrementar sus capitales y repartir utilidades a solo algunos miles de accionistas.

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En este marco $ 40.000 pesos de bono marzo es una suma irrisoria pero tan importante para miles de familias que tienen menos de $ 495 mil de ingresos. Por eso es una buena noticia y votaremos favorablemente esta ley. Pero ello no nos puede impedir decir que este bono con que el Gobierno celebra su aniversario y el presidente Piñera reparte para ello dineros públicos, debería tener características diferentes si verdaderamente fuera una política de estado, de carácter permanente y no solo una medida ligada a la proximidad de las elecciones y celebratorias del Gobierno. Por eso queremos plantear que el bono debería establecerse como una política permanente al inicio del año escolar para las familias de más bajos recursos. Por ello mismo debería ser para todas las familias de más bajos recursos, y no solo para algunas, ya que la actual arbitraria con objetivos de marketing deja a muchos decepcionados. En efecto, el bono no va a llegar a todos y todas los que debería y no va a llegar a tiempo; en marzo. El gobierno lo tiene programado para abril, por ello le pedimos desde esta sala al Presidente que adelante el pago. Pero además le queremos pedir al Presidente Piñera que no se olvide de los pensionados. Ellos siempre quedan relegados, postergados y olvidados. El Gobierno dice que los pensionados recibirán en mayo el bono de invierno. Esta afirmación es una burla; por supuesto que tienen que recibirlo, es un derecho. Pero no por ello se les debe quitar el derecho a recibir también este bono. Quiero señalar que es un escandaloso y vergonzoso que los pensionados de una remuneración superior a 133.000 pesos no recibirán el bono, en cambio muchas personas de clase media, con remuneraciones de 1.300.000 sí lo recibirán. ¿Qué argumentos de equidad pueden justificar esta medida? ¿Por qué tanta arbitrariedad? ¿Solo porque el Gobierno quiere lucirse y pavonearse que ayuda a la clase media? No cabe duda que la clase media ha quedado muy abandonada de beneficios sociales que alcanzan a sectores de más bajos ingresos y que no tienen compensaciones. ¿Por eso es adecuado y pertinente pensar en ella, pero no de esta manera arbitraria? ¿Por qué el Estado no piensa en disminuir de verdad la carga económica a las clases medias, poniendo fin al financiamiento compartido y reemplazando estos ingresos que hacen los padres a los colegios particulares subvencionados a través der un incremento del aporte estatal, cambiando los montos y la forma de la subvención y dando solución de paso a la forma más brutal de segregación de nuestra sociedad, que hace que los que tienen más dinero estén en mejores colegios? ¿Por qué el estado no ayuda a las familias, sobre todo a las parejas jóvenes, o madres jefas de hogar, que quieren postular al subsidio de vivienda y no pueden hacerla porque carecen de ingresos suficientes? Hay, señor Presiente, tantas formas más justas y de políticas públicas permanentes para ayudar a la clase media y no estas medidas improvisadas y populistas, repentinas y vinculadas a la elección de noviembre, que tampoco ayudan a todos los sectores medios.

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Las clases medias no comulgan a ruedas de carreta, se les ha anunciado un bono que no llegará a la mayoría de las clases medias, por que casi nunca las clases medias han tenido la oportunidad de contar con la ficha de protección social, que es el requisito que se plantea para recibir el bono. Por eso ocurrirá algo muy absurdo con este bono, y es que familias de clase media de ingresos bajos, de 600.000 o 700.000 mil pesos de ingresos no recibirán el bono y sí lo recibirán familias de 1.300.000 de ingresos. Para qué decir pensionados de $ 200.000 de pensión o de $ 150.000 de pensión, que no le verán el humo al bono, mientras familias de mucho más ingresos sí lo recibirán. Esta forma de distribución de recursos que pertenecen a todos los chilenos, hecha para celebrar el cumpleaños del Gobierno, es arbitraria, no es justa y equitativa, no está bien pensada, no es propia de un Gobierno que genere políticas de redistribuciones serias, equilibradas y justas. Quiero invocar, por fin señor Presidente, al espíritu de justicia que tanto pregona S. E. el Presidente de la República para que aplique las correcciones a estas medidas en el Senado, que apresure el pago en el mes de marzo, que incorpore a los pensionados que tienen pensiones entre $ 133.00 y $ 495.000 pesos, por el solo hecho de ser pensionados y que proporcionan la oportunidad a familias de clases media de hacer la ficha de protección social con rapidez y celeridad para que califiquen en las mismas condiciones que otras que sí lo recibirán. He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En votación el cierre del debate. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 46 votos; por la negativa, 13 votos. No hubo abstenciones. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón

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González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Auth Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Díaz Díaz Marcelo; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jiménez Fuentes Tucapel; Monsalve Benavides Manuel; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tuma Zedan Joaquín. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Si le parece a la Sala, hará uso de la palabra el ministro de Hacienda. El señor DÍAZ.- Está cerrado el debate, señor Presidente. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- ¿Habría acuerdo para otorgar el uso de la palabra al ministro de Hacienda? El señor DÍAZ.- No hay acuerdo. Está cerrado el debate. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- No hay acuerdo. Se suspende la sesión. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Continúa la sesión. Corresponde votar en general el proyecto de ley, originado en mensaje, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerables. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

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El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde votar el artículo 1°, con la indicación del Ejecutivo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado.

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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En votación el artículo 2º. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti

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Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde votar el artículo 3°, nuevo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi

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Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Despachado el proyecto.

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OFICIO LEY

1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora Oficio de ley a Cámara Revisora. Comunica texto aprobado. Fecha 14 de marzo, 2013. Cuenta en Sesión 03, Legislatura 361, Senado Oficio Nº 10.618 VALPARAÍSO, 14 de marzo de 2013

Con motivo del mensaje, informe, certificado y demás

antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente proyecto de ley, correspondiente al boletín N°8830-31. PROYECTO DE LEY: “Artículo 1º.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a quienes al 31 de diciembre de 2012 sean beneficiarios del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020; o beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, siempre que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N°18.987. También tendrán derecho al bono quienes, al 31 de diciembre de 2012, sean beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que a dicha fecha tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N°18.987 y que el promedio mensual de su remuneración bruta del año 2012 sea igual o inferior a 60 unidades de fomento, según el valor promedio de dicha unidad durante el año 2012, siempre que cuenten con Ficha de Protección Social al 31 de diciembre de 2012, regulada en el decreto supremo N°291, de 2007, del Ministerio de Planificación, y tengan causantes acreditados a esa fecha. El bono será de $40.000.- por beneficiario y se incrementará en un monto adicional de $7.500.- por cada causante que, al 31 de diciembre de 2012, sea menor de 18 años de edad o haya cumplido esa edad en dicho año o sea inválido, cualquiera sea su edad según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N°18.020 o en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El incremento no será aplicable a los beneficiarios del bono cuyos ingresos mensuales sean superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N°18.987.

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

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OFICIO LEY

Cada beneficiario y cada causante de los señalados en el inciso anterior sólo dará derecho a un bono y a un incremento, respectivamente. Igualmente, tendrán derecho al bono otorgado por esta ley las familias que, al 28 de febrero de 2013, se encuentren percibiendo la transferencia monetaria base y, o la transferencia monetaria condicionada a que se refieren los párrafos Quinto y Sexto del Título I de la ley N°20.595; y las familias que, a esa fecha, sin percibir las referidas transferencias, sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, o en la forma establecida en el artículo tercero transitorio, ambos de la ley N°20.595; siempre que a quien le corresponda recibir el pago de las referidas transferencias, según lo establecido en el artículo 34 del decreto supremo N°30, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, no sea beneficiario del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono será de $40.000.- por familia según grupo familiar consignado en la Ficha de Protección Social al 28 de febrero de 2013 y se incrementará en un monto adicional de $7.500.- por cada menor de 18 años de edad y por cada persona con discapacidad que tenga 18 o más años de edad que se encuentre inscrita a la fecha antes señalada en el Registro Nacional de Discapacidad a que se refiere el Título V de la ley N°20.422, que integre el grupo familiar respectivo, que no sea causante del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono de la presente ley no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecto a descuento alguno y no será considerado subsidio periódico para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N°20.595. Será de cargo fiscal y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, al que le corresponderá especialmente concederlo y resolver los reclamos a que haya lugar con ocasión de su implementación, los que podrán ser notificados a los reclamantes a través del Instituto de Previsión Social. Será pagado por el Instituto de Previsión Social en una sola cuota, a partir del mes en que se publique esta ley y a la persona que establece el artículo 34 del decreto supremo N°30, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, en caso que perciban el bono en razón de ser beneficiarios de las transferencias a que se refieren los párrafos Quinto y Sexto del Título I de la ley N°20.595; o al beneficiario del subsidio familiar, asignación familiar o asignación maternal en el caso de quienes tengan acceso al bono por ser beneficiarios de esas asignaciones. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional del pago.

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OFICIO LEY

El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley. En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago. A todo aquél que percibiere indebidamente el bono extraordinario a que se refiere este artículo, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, se le aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudiere corresponderle, de acuerdo a la legislación común, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente percibido. El infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución. Para efectos de la concesión del bono establecido en esta ley, corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social proporcionar al Ministerio de Desarrollo Social, en el plazo de treinta días contado desde la publicación de esta ley, la nómina de los beneficiarios y sus causantes, al 31 de diciembre de 2012, del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020, de la asignación familiar del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley. Con todo, la referida nómina podrá ser rectificada y, o complementada por la Superintendencia de Seguridad Social, cuando corresponda, con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere este artículo. Artículo 2º.- El gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. Artículo 3°.- El Ministerio de Desarrollo Social entregará mensualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados las estadísticas agregadas de las familias y cargas que reciban bono y complemento, desagregado por comuna y región.”. *** Dios guarde a V.E. NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ Presidente de la Cámara de Diputados ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ Secretario General de la Cámara de Diputados

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INFORME COMISIÓN HACIENDA

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Informe de Comisión de Hacienda Senado. Fecha 20 de marzo de 2013. Cuenta en Sesión 06, Legislatura 361. Certificado CERTIFICADO Certifico que el día 20 de marzo de 2013, la Comisión de Hacienda sesionó para tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerables, Boletín N° 8.830-31, con urgencia calificada de “discusión inmediata”. Se hace presente que el proyecto sólo contiene disposiciones de ley común. Asimismo, cabe hacer presente que por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de “discusión inmediata”, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, se discutió la iniciativa en general y en particular a la vez. Esta iniciativa de ley, tiene por objetivo otorgar un bono extraordinario de $40.000 por familia de menores ingresos y un incremento de $7.500 por cada menor de 18 años de edad y por cada persona con discapacidad que sea parte del grupo familiar. También este bono solidario de $40.000 lo recibirán las familias de clase media vulnerable. A la sesión en que se consideró esta iniciativa de ley asistió, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Sabag. Del mismo modo, concurrieron: Del Ministerio de Hacienda, el Ministro, señor Felipe Larraín; el Coordinador de Políticas Sociales, señor Slaven Razmilic; el Coordinador Legislativo, señor Francisco Moreno, y el asesor, señor César Valenzuela. De la Dirección de Presupuestos, la abogado, señorita Patricia Orellana. Del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministro, señor Joaquín Lavín; la Subsecretaria de Planificación, señora Soledad Arellano; la Fiscal, señora María José de Las Heras, y el Jefe de Gabinete del señor Ministro, señor Gustavo Alcalde.

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INFORME COMISIÓN HACIENDA

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las asesoras, señoritas Constanza Castillo y Carol Parada. Del Instituto Libertad y Desarrollo, la Directora del Programa Legislativo, señora Natalia González. De la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), la Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo, señorita Macarena Lobos. - - DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR Durante la discusión del proyecto de ley la Comisión escuchó a los ministros de Hacienda y Desarrollo Social, luego de lo cual se efectuó un debate sobre el contenido de la iniciativa legal. Sometido a votación en general y en particular el proyecto de ley, votaron a favor los Honorables Senadores señores Kuschel y Zaldívar, y se abstuvieron los Honorables Senadores señora Rincón y señores Lagos y Novoa. Repetida la votación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 178 del Reglamento del Senado, se verificó idéntico resultado. En consecuencia, por aplicación del inciso segundo de la misma disposición, se dio por aprobada tanto la idea de legislar como el articulado del proyecto de ley. - - - INFORME FINANCIERO El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 11 de marzo de 2013, señala, de manera textual, lo siguiente: “I Antecedentes. El proyecto de ley entrega un bono extraordinario de cargo fiscal, no imponible ni tributable, a quienes al 31 de diciembre de 2012, perciban el subsidio familiar, la asignación familiar o la asignación maternal. También este bono se otorgará a quienes sean beneficiarios de tales asignaciones al 31 de diciembre de 2012 y que a esa data tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.987 e iguales o inferiores a 60 UF y siempre que tengan causantes acreditados a esa fecha. De este modo se beneficiará a las familias de clase media vulnerables que no reciben pago de asignación familiar porque sus ingresos exceden el límite de $495.047, pero su

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remuneración no es superior a 60 UF, siempre que al 31 de diciembre de 2012 cuenten con ficha de protección social. El Bono será de $40.000 por beneficiario y, para familias cuyos ingresos mensuales no superen los $495.047, se incrementará en un monto adicional de $7.500 por cada causante menor de 18 años de edad o inválido según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 18.020 o en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Igualmente, tendrán derecho a este bono las familias y personas que perciben las transferencias monetarias asociadas al Ingreso Ético Familiar y aquellas que sin recibirlas sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, o en la forma establecida en el artículo Tercero Transitorio, ambos de la ley N°20.595. II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. El proyecto de ley presenta un costo fiscal de $99.092 millones para el pago del beneficio a más de 2.000.000 familias y más de 2.400.000 menores de edad e inválidos. Adicionalmente, se incurrirá en $2.886 millones como costos de implementación asociados al pago del mencionado Bono. Por lo tanto, el proyecto de ley presenta un costo total de $101.978 millones. El gasto fiscal que represente la aplicación de este proyecto de ley, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.”. Posteriormente, con fecha 13 de marzo de 2013, se presentó informe financiero complementario, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que señala, de manera textual, lo siguiente: “I Antecedentes Se incorpora indicación al Proyecto de Ley que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerables, que permite incluir a las personas con discapacidad que tengan 18 o más años de edad y que pertenezcan a las familias que se refiere el inciso cuarto del artículo 1° del proyecto de ley y que al 28 de febrero de 2013 se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad a que se refiere el Título V de la ley N° 20.422. II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

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La indicación presenta un costo fiscal de $ 16 millones para el pago del beneficio a más de 2.100 discapacitados. El gasto fiscal que represente la aplicación de esta indicación, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.”. En consecuencia, las normas de la iniciativa legal en informe no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del país. - - - TEXTO DEL PROYECTO En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación en general y en particular de la iniciativa legal en trámite, en los mismos términos en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es del siguiente tenor: PROYECTO DE LEY: “Artículo 1º.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a quienes al 31 de diciembre de 2012 sean beneficiarios del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020; o beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, siempre que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N°18.987. También tendrán derecho al bono quienes, al 31 de diciembre de 2012, sean beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que a dicha fecha tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N°18.987 y que el promedio mensual de su remuneración bruta del año 2012 sea igual o inferior a 60 unidades de fomento, según el valor promedio de dicha unidad durante el año 2012, siempre que cuenten con Ficha de Protección Social al 31 de diciembre de 2012, regulada en el decreto supremo N°291, de 2007, del Ministerio de Planificación, y tengan causantes acreditados a esa fecha. El bono será de $40.000.- por beneficiario y se incrementará en un monto adicional de $7.500.- por cada causante que, al 31 de diciembre de 2012, sea menor de 18 años de edad o haya cumplido esa edad en dicho año o sea inválido, cualquiera sea su edad según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N°18.020 o en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El incremento no

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será aplicable a los beneficiarios del bono cuyos ingresos mensuales sean superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N°18.987. Cada beneficiario y cada causante de los señalados en el inciso anterior sólo dará derecho a un bono y a un incremento, respectivamente. Igualmente, tendrán derecho al bono otorgado por esta ley las familias que, al 28 de febrero de 2013, se encuentren percibiendo la transferencia monetaria base y, o la transferencia monetaria condicionada a que se refieren los párrafos Quinto y Sexto del Título I de la ley N°20.595; y las familias que, a esa fecha, sin percibir las referidas transferencias, sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, o en la forma establecida en el artículo tercero transitorio, ambos de la ley N°20.595; siempre que a quien le corresponda recibir el pago de las referidas transferencias, según lo establecido en el artículo 34 del decreto supremo N°30, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, no sea beneficiario del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono será de $40.000.- por familia según grupo familiar consignado en la Ficha de Protección Social al 28 de febrero de 2013 y se incrementará en un monto adicional de $7.500.- por cada menor de 18 años de edad y por cada persona con discapacidad que tenga 18 o más años de edad que se encuentre inscrita a la fecha antes señalada en el Registro Nacional de Discapacidad a que se refiere el Título V de la ley N°20.422, que integre el grupo familiar respectivo, que no sea causante del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono de la presente ley no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecto a descuento alguno y no será considerado subsidio periódico para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N°20.595. Será de cargo fiscal y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, al que le corresponderá especialmente concederlo y resolver los reclamos a que haya lugar con ocasión de su implementación, los que podrán ser notificados a los reclamantes a través del Instituto de Previsión Social. Será pagado por el Instituto de Previsión Social en una sola cuota, a partir del mes en que se publique esta ley y a la persona que establece el artículo 34 del decreto supremo N°30, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, en caso que perciban el bono en razón de ser beneficiarios de las transferencias a que se refieren los párrafos Quinto y Sexto del Título I de la ley N°20.595; o al beneficiario del subsidio familiar, asignación familiar o asignación maternal en el caso de quienes tengan acceso al bono por ser beneficiarios de esas asignaciones. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar

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convenios directos con una o más entidades públicas o privadas que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional del pago. El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley. En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago. A todo aquél que percibiere indebidamente el bono extraordinario a que se refiere este artículo, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, se le aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudiere corresponderle, de acuerdo a la legislación común, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente percibido. El infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución. Para efectos de la concesión del bono establecido en esta ley, corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social proporcionar al Ministerio de Desarrollo Social, en el plazo de treinta días contado desde la publicación de esta ley, la nómina de los beneficiarios y sus causantes, al 31 de diciembre de 2012, del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020, de la asignación familiar del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley. Con todo, la referida nómina podrá ser rectificada y, o complementada por la Superintendencia de Seguridad Social, cuando corresponda, con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere este artículo. Artículo 2º.- El gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. Artículo 3°.- El Ministerio de Desarrollo Social entregará mensualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados las estadísticas agregadas de las familias y cargas que reciban bono y complemento, desagregado por comuna y región.”. - - - Sala de la Comisión, a 20 de marzo de 2013. ROBERTO BUSTOS LATORRE Secretario de la Comisión

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DISCUSIÓN SALA

2.2. Discusión en Sala Senado. Legislatura 361. Sesión 06. Fecha 20 de marzo de 2013. Discusión general. Se aprueba en general y particular sin modificaciones OTORGAMIENTO DE BONO SOLIDARIO A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS Y DE CLASE MEDIA VULNERABLES El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerables, con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de “discusión inmediata”. --Los antecedentes sobre el proyecto (8830-31) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 3ª, en 19 de marzo de 2013. Certificado de Comisión: Hacienda: sesión 6ª, en 20 de marzo de 2013. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, el principal objetivo de la iniciativa es entregar un bono extraordinario de 40 mil pesos por familia de menores ingresos y un incremento de 7 mil 500 por cada menor de 18 años de edad y por cada persona con discapacidad que sea parte del grupo familiar. También este bono solidario de 40 mil pesos lo recibirán las familias de clase media vulnerables. La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y dejó constancia de que, sometido a votación en general y en particular, se registraron dos votos a favor (de los Senadores señores Kuschel y Zaldívar) y tres abstenciones (de los Senadores señora Rincón y señores Lagos y Novoa). Repetida la votación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento, se registró idéntico resultado, por lo que, en aplicación del inciso segundo de dicho precepto, se dio por aprobada la iniciativa en general y en particular, en los mismos términos en que fue despachada por la Cámara de Diputados. El texto que se propone acoger se consigna en el certificado de la Comisión de Hacienda. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general y particular.

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DISCUSIÓN SALA

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en primer lugar, voy a hacer una exposición, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, del proyecto que se halla en trámite en la Sala del Senado. Por lo demás, ya fue conocido a través de los medios de comunicación y por el anuncio que hizo el Presidente de la República sobre el otorgamiento de lo que se llamó “bono marzo”, conjuntamente con un anticipo acerca de lo que sería el nuevo monto del salario mínimo. El Primer Mandatario envió la presente iniciativa de ley y esta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Su objetivo es otorgar un bono de 40 mil pesos por familia, lo que beneficiaría a unas 2 millones de ellas, de las cuales un millón 729 mil corresponden a las que reciben el subsidio único familiar, el ingreso ético familiar o la asignación familiar. Normalmente, ese ha sido el universo al que se le ha entregado este tipo de bonos. Pero se agregó algo novedoso, de lo cual se ha hecho bastante difusión. En este caso, el bono se otorgará también a las llamadas “familias medias vulnerables”. Para ser consideradas como tales (son aproximadamente 293 mil, según el cálculo que nos entregaron los señores Ministros), deberán estar inscritas en el sistema de asignación familiar, tener ficha de protección social al 31 de diciembre de 2012 y recibir un sueldo promedio menor -tómese nota, para los efectos del razonamiento que quiero hacer después al entregar mi posición respecto del proyecto- a un millón 370 mil pesos mensuales. El beneficio cubre no solo a los jefes de familia sino también a las cargas familiares, por las que se percibirá un monto de 7 mil 500 pesos por cada hijo menor de 18 años -se excluye a los hijos de entre 18 a 24 años que sean carga familiar y estén estudiando- y por cada causante discapacitado, cualquiera que sea su edad. Esto significa que, aplicando las normas del proyecto, una familia con un hijo recibiría 47 mil 500 pesos; una con 4 hijos, 70 mil pesos, y una con 8 hijos o más, un promedio de 100 mil pesos. De acuerdo con el informe financiero, el costo del proyecto asciende a 102 mil millones de pesos, aproximadamente 200 millones de dólares. Cuando el Presidente de la República anunció este beneficio, dijo que se otorgaba porque el país estaba en condiciones económicas para asumirlo; que había recursos suficientes; que se había registrado un muy buen rendimiento tributario, y que, por

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lo tanto, los 200 millones de dólares podían ser financiados con tales excedentes. Por supuesto, cuando hoy analizamos la iniciativa en la Comisión de Hacienda, le preguntamos al Ministro del ramo sobre el particular, pues, a mi modo de ver -y aunque él haya respondido que no-, hay una contradicción entre lo que él ha planteado como financiamiento -de dónde se van a sacar los recursos- y lo que manifestó el Presidente de la República. Porque el Ministro nos explicó que no serían solo excedentes, sino un mix entre excedentes y una redistribución de los gastos presupuestarios, sin especificar qué gastos se reducirían. Porque, si fuera un mix, me gustaría saber cuánto de esos 200 millones de dólares corresponde a mayores recursos y cuánto a recortes presupuestarios. Porque en este último caso habría que precisar si estos fondos corresponden a mayor gasto social o a inversiones. No contamos con ese dato. Y lo pongo en conocimiento de la Sala, para los efectos del debate. Ahora paso a entregar mi opinión personal acerca del proyecto. Creo que nadie puede negarse a aprobar una iniciativa de esta naturaleza, por mucho que discutamos su conveniencia. Por lo demás, me ahorraría argumentos para plantear que el bono pudiera no ser procedente, porque basta con revisar los informes que he recibido de institutos más bien de la Alianza, los cuales no lo justifican. Incluso, varios dirigentes de ese sector han señalado que esta no es la forma de otorgar este tipo de beneficios. Es más, el Senador Novoa planteó sus dudas en la Comisión -claro, tenía que apoyar el proyecto-, al punto de que se abstuvo en la votación, por las razones expuestas. Personalmente, estimo que nadie puede dejar de aprobar este bono, aunque no sea lo más conveniente ni lo más necesario. Pero sí debemos preocuparnos de quiénes quedan excluidos de este beneficio. Porque está claro que se les otorga a todas las personas que perciban subsidio único familiar, ingreso ético familiar o asignación familiar. También se ha explicitado que se entregará a la clase media emergente, esta nueva definición que hemos conocido. En este último caso se consideran las personas con Ficha de Protección Social, inscritas en el registro de asignación familiar, pero que poseen ingresos de hasta un millón 370 mil pesos mensuales. Se habla de 293 mil familias. Sin embargo, yo me llevo una sorpresa. Porque en la Cámara de Diputados, y con razón, se consultó qué pasaba con los

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pensionados. Porque estos últimos no están incluidos ni cumplen con los requisitos que dispone la ley en proyecto. El Ministro de Hacienda respondió -y tenía cierta lógica- que no se les podía dar a los pensionados porque ellos cuentan con un sistema especial de bono, permanente, que se llama “bono de invierno” y que alcanza a 49 mil pesos. Entonces, efectivamente se paga. No obstante, le consulté al Ministro respecto del número de pensionados beneficiados, dentro de un universo de más o menos un millón 800 mil jubilados. Se trata de todos aquellos que perciban una pensión mensual -escuche bien el Senado- de hasta 132 mil pesos y que, además, tengan más de 75 años. Por lo tanto, aquí se produce una paradoja. Entiendo que el Gobierno haya querido beneficiar al segmento que este denomina “clase media emergente”. Pero se trata de personas que pueden estar ganando hasta un millón 370 mil pesos mensuales. A ellos se les va a otorgar el bono. ¡Perfecto! ¡Cómo nos vamos a negar, si el Ejecutivo quiere entregarlo! ¿Pero qué pasa con los pensionados que perciben 135 mil pesos mensuales y que tienen menos de 75 años? ¿O con los que reciben una pensión de 300 mil o 400 mil pesos? No tienen derecho al bono. Están excluidos. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a explicar -se lo planteaba al Ministro- a un pensionado que percibe 200 mil, 300 mil, 400 mil pesos que no tiene derecho ni a este bono ni al de invierno? No obstante, una persona de clase media emergente, muy respetable, que gana un millón 300 mil pesos, va a recibir 40 mil pesos. Yo le he señalado al Ministro que nos debe entregar una explicación en la Sala. Le he pedido que rectifiquemos esta situación. Porque si ha de cumplirse realmente con el objetivo de la ley en proyecto, no dejemos esta discrepancia entre un sector tan desfavorecido, como el de los pensionados que perciben más de 132 mil pesos, y esta clase media emergente. Como ya he mencionado, se habla de clase media emergente. Entonces, ¿qué son los pensionados que reciben 135 mil, 140 mil pesos? ¿Son emergentes? Yo creo que son pobres ricos, o ricos pobres, no sé cómo queramos definirlos. Pero ellos no tienen derecho al bono. Y eso reclamaría hoy en esta Sala: la preocupación por todos los sectores. No se trata de un tema político, sino de justicia. Le planteo al titular de Hacienda que debe abordar este problema. Y si no lo hace en esta normativa, para no retrasarla, que presente una iniciativa para extender el bono de invierno a todos aquellos pensionados que por lo menos sean equivalentes a lo que se llama “clase media emergente” dentro de los jubilados. Podemos

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hacer perfectamente un corte en lo que significa el derecho a asignación familiar en cuanto a ingreso (490 y tantos mil pesos, o algo más). Y yo le calculé al Ministro -a ojo de buen varón, pues no tengo aquí todos los antecedentes- el costo que significaría aplicar esa norma a los pensionados que perciben más de 132 mil pesos, que no son emergentes ni ricos,... El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador. Tiene un minuto más. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Gracias, señor Presidente. Decía que el otorgamiento del beneficio a esos pensionados tendría un costo del orden de 50 millones, 40 millones de dólares. Ello permitiría evitar esta injusticia. Asimismo, impediría que esta normativa -algunos pensamos que puede haber tenido un fin electoral- tuviera un efecto negativo en lo electoral, incluso para el propio Gobierno. Porque, de lo contrario, no vamos a poder explicar esta situación y sí deberemos señalar que en Chile, al implementarse esta iniciativa, al otorgarse este bono de 40 mil pesos, se ha cometido una de las más grandes injusticias que pueden producirse en relación con un sector que se encuentra realmente desfavorecido, como el de nuestros pensionados. Por esa razón hice presente este problema. No puedo negarme a aprobar la iniciativa. En consecuencia, votaré a favor. No obstante, pido que por favor reflexionemos y que todos en conjunto le pidamos al Gobierno que los pensionados que no reciben el bono de invierno puedan percibir en mayo un beneficio equivalente al bono que hoy estamos otorgando. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. El señor NOVOA.- Señor Presidente, tal como lo mencionó el titular de la Comisión, yo me abstuve en dicha instancia, y haré lo mismo en la Sala. No porque quiera negar un bono de 40 mil pesos -pues no hay nadie que tenga la intención de rechazar un beneficio que favorecerá a las familias más necesitadas-, sino porque creo que hacia el futuro los precedentes importan. Y la discusión que hemos sostenido en la Comisión de Hacienda, e incluso el fundamento entregado por el Gobierno para establecer este bono, avalan mi decisión de abstenerme, toda vez que, a mi juicio, constituye un precedente negativo hacia delante.

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En primer término, se discute acá por qué a estos sí y a estos no, por qué no reciben el bono los pensionados, que son más necesitados, y sí se les entrega a esta clase media vulnerable. ¿Qué demuestra esta discusión? Que es inherente al concepto del bono la discrecionalidad. Y esta como norma no es buena. En lo personal, creo que muchas de las críticas que se formulan ahora no son justificadas. Realmente estimo que el Gobierno ha actuado con sinceridad, sin hacer un cálculo electoral, porque nos encontramos a ocho meses de la elección. El señor LAGOS.- ¡Si es para el 2017...! El señor NOVOA.- Tampoco para el 2017, como dice mi colega Lagos, porque todos sabemos que la memoria es muy corta. Yo creo que efectivamente el Ejecutivo, cuando plantea esto, lo hace motivado por las mejores intenciones. Pero esta discusión demuestra que la discrecionalidad siempre puede traer un problema. En segundo lugar, se argumenta que el “bono marzo” es necesario porque este es un mes de mayores gastos. Por tal motivo, es razonable establecer este bono. Y como marzo se halla vinculado a un mes de gastos en colegio, en matrícula, en útiles escolares, etcétera, se plantea: “Vamos a dar este bono asociado a las cargas familiares, que son las que generan más gastos. Por eso se excluye a los pensionados”. Entonces, conforme a ese argumento, quiere decir que debiéramos consagrar invariablemente este bono, pues todos los años en marzo hay necesidades. No obstante, tal medida es contraria a una política permanente establecida por el Gobierno, y que considero muy importante: el ingreso ético familiar, que va en auxilio de aquellas personas que se encuentran en situación más vulnerable. Además, aquel, junto con ayudarlas, con darles un bono, con entregarles un subsidio, trata de apoyarlas en la generación de ingresos autónomos, que es lo que dignifica a la gente. En efecto, más que recibir un bono, o una dádiva, lo que dignifica a las personas es poder generar sus propios ingresos. No es dable decir que este Gobierno es el responsable de los bonos, porque en realidad llevamos mucho tiempo otorgándolos. Sin embargo, no me gustaría que en el futuro se diga: “Como fue aprobado por unanimidad, entonces, vamos a establecerlo permanentemente”.

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El otro argumento que se da, que estimo razonable, señala: “Tenemos recursos de más; el Ejecutivo cuenta con fondos, y los repartimos”. Los dineros que administran los Gobiernos los originan las personas, el trabajo de todos los chilenos. De ahí salen los impuestos, que conforman los recursos que maneja el Ejecutivo. Entonces, si contamos con dinero en abundancia, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en aliviarles la carga tributaria a nuestros compatriotas? Se discute acerca de la tasa del IVA (19 por ciento), si está bien o si puede ser menor; del impuesto específico a los combustibles. Me parece que, conceptualmente, recaudar para repartir no constituye una política sana. Ahora, por esas razones: para dejar planteado este debate, no respecto de lo que pasa ahora, sino de los precedentes que puedan sentarse a futuro, anuncio mi abstención al proyecto. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. La señora RINCÓN.- Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, solicito que se recabe el asentimiento de la Sala para iniciar la votación. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si no hay objeción, así se acordará. Acordado. En votación. --(Durante la votación). El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. La señora RINCÓN.- Señor Presidente, hoy día discutimos en la Comisión de Hacienda, tal como lo expresó el Senador señor Zaldívar, sobre este proyecto de ley de iniciativa presidencial. Quiero recoger lo mencionado por quien me antecedió en el uso de la palabra. Porque, a pesar de que esta normativa es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, el Honorable señor Novoa “marcó” la votación de los miembros de la referida Comisión. Y digo “marcó” porque -tal como lo señaló el Presidente del órgano técnico- nadie podría negarse a aprobar o conceder un bono de esta naturaleza a las familias más vulnerables del país. El punto es que existen otras consideraciones encima de la mesa, que ha explicitado el Senador Novoa, a las que agregamos las dadas a conocer por el Honorable señor Zaldívar.

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El porcentaje de familias beneficiadas con este bono es significativo y considerable. El número de personas también lo es: 7 millones. Y el grupo que se incluye por primera vez en un bono de esta índole, la clase media vulnerable, resulta atractivo a la hora de analizar la entrega del beneficio. Señor Presidente, fui superintendenta de seguridad social, cargo durante el cual me tocó ver el pago del bono de invierno; cómo se administraban distintos sistemas y subsistemas de la seguridad social, y la importancia que revestía para innumerables familias este tipo de beneficio. Muchos hombres y mujeres del país escucharon hace algunos días al Presidente de la República formular dos importantes anuncios: el ingreso mínimo y el bono de marzo. En varios hogares se sembró y se cobijó la esperanza de obtener mayores ingresos. Las familias efectúan los cálculos de lo que ello puede significar en sus vidas. Y, obviamente, resulta trascendente. El Honorable señor Zaldívar manifestaba: “Hay familias con ingresos de un millón 370 mil pesos” -me parece que esa cifra dio- “que van a recibir este bono”. Sin embargo, los pensionados que perciben una jubilación de 135 mil pesos no van a tener derecho al beneficio. Por consiguiente, se instala de inmediato una diferencia odiosa que no hay forma de ser explicada por ninguno de nosotros en las reuniones con juntas de vecinos o cuando recorremos las comunas en nuestras circunscripciones. Yo les señalaba a los Ministros de Hacienda y de Desarrollo Social que ellos debían explicar al país por qué los pensionados no obtendrían este beneficio. Y nosotros sabíamos que nos responderían que dichas personas recibirían el bono de invierno. El problema es que el bono de invierno está destinado solo a un grupo de pensionados: los que obtienen una jubilación de hasta 132 mil pesos mensuales. O sea, aquel que recibe una cifra mayor no tiene derecho a percibirlo. En cambio, quien se encuentra en el grupo de la “clase media vulnerable” y que gana un sueldo menor a un millón 370 mil pesos sí es merecedor del beneficio. ¿Cómo explicamos tal iniquidad? ¿Cómo le explicamos a las personas que estuvimos dispuestos a avalarla? Y esta tarde le pedimos al Ministro -por su intermedio, señor Presidente- que explique esta situación a la ciudadanía.

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Porque, aunque tramitamos las leyes en el Parlamento, materias como esta son de iniciativa exclusiva del Presidente o Presidenta de la República. Cuando se entregue el bono de invierno alrededor de 600 mil pensionados tendrán derecho a él. Sin embargo, más de un millón de ellos (un millón 200 mil) no van a recibirlo, así como tampoco el de marzo que ahora se propone. O sea, los vamos a dejar afuera. Antes de que empezáramos la sesión, el señor Ministro me señalaba: “Pero, Ximena, ustedes tampoco los incorporaron en los bonos extraordinarios que dieron”. Le respondí: “Es cierto, señor Ministro, no obstante, la diferencia estriba en que ustedes han incluido una categoría diferente y especial: la clase media vulnerable”. Se trata de casi 300 mil personas que antes no tenían derecho al bono; que ahora se hallan consideradas, y que perciben ingresos mayores a los de los referidos pensionados. Es decir, hoy día estamos estableciendo una diferencia que es odiosa, arbitraria y que carece de explicación. Eso, obviamente, no es bueno ni sano. Y digo que no tiene explicación, porque en los discursos del Gobierno se sostiene que estamos en el escenario de una economía sana, con crecimiento y pleno empleo; es decir, en una situación que, según los análisis pertinentes, no ameritaría la concesión de un bono en esta época. ¿Por qué? Porque uno entiende que, en esta época o en cualquier otra, el bono tiene por objeto resolver problemas de los pensionados, de las familias cuando hay crisis económica, cuando sube el precio de los alimentos, en fin. Pero -repito-, de acuerdo a lo que señala el propio Ejecutivo, eso no existe hoy en Chile. En nuestro país sí hay inequidad. Al menos en la provincia y en la comuna urbana de Linares -en la Región que represento-, que en los rankings figuran como las más pobres a nivel nacional, ese es un problema. Aquí se requieren respuestas. Y por eso con el Senador Lagos nos abstuvimos cuando se votó esta iniciativa en la Comisión. Y no la aprobamos porque hay respuestas que no se han dado, especialmente a los pensionados de nuestro país. He dicho. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto. El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, el Gobierno decidió enviar al Parlamento este proyecto de ley, que otorga un bono de 40 mil pesos a las familias de menores ingresos y 7 mil 500 pesos adicionales por

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carga reconocida, lo que favorece -qué duda cabe- a una parte muy significativa de la población. Desde luego, no puedo sino valorar ese hecho y apoyar la iniciativa, reconociendo que constituye un aporte y un alivio para millones de hogares. Sin embargo, dicho lo anterior, quiero hacer algunas reflexiones sobre aspectos un poco más grises relacionados con el bono. En primer término, cabe cuestionar la oportunidad en que se plantea: ¡en pleno año electoral! Sobre el particular, quiero hacer presente la forma como este Gobierno ha cambiado completamente su discurso, dándose una gigantesca voltereta. Hoy entregan bonos. El propio Presidente de la República invita a los actos oficiales a los candidatos presidenciales del oficialismo -valga la redundancia-, e incluso ha advertido que intervendrán en la campaña porque el Ejecutivo, como lo han expresado el Ministro Chadwick y la Ministra Pérez, no es prescindente y aspira a la continuidad. Hace cuatro años o más criticaban ese tipo de decisiones y representaban ante la Contraloría toda clase de hechos. Sería bueno, estimados colegas, que nos evitáramos esta suerte de pirotecnia, más aún en un año de elecciones, para este Gobierno y cualesquiera otros, sea cual fuere su signo. Si queremos proceder en forma seria, suplementemos los instrumentos existentes, como el ingreso ético familiar u otros programas. En segundo término, nos preocupa el carácter que el Gobierno ha querido darle al bono en comento. El propio Presidente de la República lo ha explicado como la entrega de un dividendo por la buena marcha del país. Nosotros entendemos estos bonos más como una respuesta a situaciones de crisis, cuando se hace necesario reactivar la economía. Como medida redistributiva, en cambio, resulta pobre e insuficiente. Como dividendo, es algo escaso para una nación donde las autoridades se ufanan a diario de las cifras y del crecimiento económico. Si se quiere avanzar realmente en la redistribución, debemos adoptar medidas más audaces, como lo son una reforma tributaria o una reforma laboral que apunten a corregir la

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enorme desigualdad existente y a llevar los resultados de la buena marcha de nuestro país a los hogares por la vía de las propias remuneraciones o de programas estatales. En esta materia, señor Presidente, formulo un tercer alcance. Hace solo un año el actual Gobierno envió al Congreso una reforma tributaria que explicó como necesaria para abordar las soluciones requeridas en materia de educación. A las reducciones impositivas contenidas en esa legislación se han sumado nada más ni nada menos que la condonación a Johnson’s, el bono que nos ocupa esta tarde y la postergación del reavalúo de algunos inmuebles, con lo cual los efectos de aquella reforma, al menos para 2013, se han diluido o se están convirtiendo en la nada misma. Hasta el Instituto Libertad y Desarrollo, que indudablemente no es de Oposición ni de Izquierda, ha criticado tales contradicciones. Por último, quiero llamar la atención en torno a las expectativas que se generan con esta clase de medidas, las que de alguna forma han sido señaladas por el Senador Zaldívar, por la Senadora Rincón y por el Senador Novoa. El aparataje comunicacional del Gobierno fue audaz para expresar que se beneficiaría a gran número de hogares, llegándose incluso a la clase media. Sabemos que este último concepto se presta para muchos equívocos. Buena parte de quienes dicen ser de clase media no lo son. El resultado es que miles de personas se sienten estafadas, porque se han dado cuenta de que no recibirán el bono que creyeron que les correspondería: por ser pensionadas, por no tener cargas reconocidas, por no contar con Ficha de Protección Social y por diversas otras razones, no tendrán derecho a él. Muchas han comenzado a concurrir a sus respectivos municipios y a algunas oficinas públicas para exigir que se les confeccione aquella Ficha o para buscar explicaciones, pues pensaron que el bono anunciado por el Presidente de la República era realmente para ellas. Y, de otro lado, gran decepción y desilusión provoca el hecho de que la gente de clase media que gana, por ejemplo, 300 mil, 400 mil, 500 mil pesos mensuales pero no tiene Ficha de Protección Social no va a recibir absolutamente nada.

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Pienso que al hacerse ese tipo de anuncios se debe cuidar el lenguaje y actuar con prudencia, de modo de no alentar más expectativas que las necesarias. Los ofertones electorales vendrán, seguramente. Este es el primero. Durante el año habremos de acostumbrarnos a otros. Señor Presidente, yo apoyo este proyecto; respaldo la entrega del bono, pero espero que el Gobierno apueste por una redistribución de verdad, no siga con estas maniobras electoreras de última hora y evite sembrar más ilusiones que las que efectivamente puede concretar. Ojalá no deje de lado a los pensionados. Y yo me sumo a los Senadores que pidieron que la falla cometida a su respecto se repare con el envío por el Ejecutivo de un proyecto complementario. He dicho. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear. La señora ALVEAR.- Señor Presidente, en primer término, es importante puntualizar que los bonos no reducen la desigualdad existente en el país. Es efectivo que se han otorgado con antelación frente a situaciones críticas. Sin embargo, me parece mejor tener políticas permanentes que permitan ir disminuyendo de verdad la brutal brecha social que separa a los chilenos. En cuanto a la iniciativa legal que se somete a nuestra consideración, es indispensable hacer claridad en la ciudadanía respecto a sus alcances -ya lo señalaron colegas que hicieron uso de la palabra-, porque no hay nada peor que generar expectativas que después no se cristalizan, ya que nos desacredita a quienes ejercemos funciones públicas y les hace mal a la política, a las instituciones, al país, a la democracia. Por ello, debo precisar que para recibir el -entre comillas- bono a la clase media se exige tener Ficha de Protección Social. En consecuencia, del millón 800 mil familias con ingresos de entre 495 mil y un millón 370 mil pesos, solo cumplen ese requisito 270 mil. Vale decir, de ese universo de un millón 800 mil familias de clase media, solo 15 por ciento va a recibir el beneficio en comento. Considero importante decirlo, pues así no generamos expectativas falsas y que después provocan una desilusión tremenda. Porque, cuando se expresa por cadena nacional o se afirma aquí, en este Congreso, que el bono llegará a la clase media, debe

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tenerse en cuenta que solamente lo va a recibir el 15 por ciento de las familias con un ingreso de un millón 370 mil pesos. Por otro lado, señor Presidente, me sumo al planteamiento de diversos colegas, Senadoras y Senadores, en el sentido de solicitarle al Gobierno que incluya a los pensionados. Todos recorremos en nuestras Regiones las ferias; conversamos con la gente; asistimos a clubes de adultos mayores, a las juntas de vecinos, y somos abordados en las calles por los pensionados. Pues bien, los adultos mayores, además del abandono, la soledad, las enfermedades y las dificultades para enfrentar la vida, sufren en nuestra sociedad una situación muy compleja. Entonces, ¡cómo explicar que se excluya a los pensionados de este bono, cuando la intención -a mí me parece bien- es expandirlo a la clase media! ¡Se excluye a los pensionados -repito- que son de las personas que viven en situaciones de la mayor precariedad en nuestro país! No olvidemos sus gastos en remedios y cuánto deben desembolsar por concepto de alimentación, la que muchas veces es más cara, por los productos que necesitan consumir a raíz de su edad o de sus enfermedades. Por ello, espero que sea una petición de todo el Senado la de que los pensionados, cuyo drama todos vivimos, también puedan ser incluidos como beneficiarios del bono. Me sumo asimismo a la solicitud que formularon varios Senadores para que se busquen políticas permanentes. Cuando se entregan cifras y se sostiene, entre otras cosas, que hay pleno empleo, que existe crecimiento -lo digo con mucha claridad-, yo me alegro. Pero sucede que mientras recorro La Pintana, por ejemplo -fui recientemente a Puente Alto y otras comunas-, la gente me pregunta: “¿Y a mí qué? ¿Dónde?”. El lunes estuve en Lo Espejo con el Alcalde y el Ministro Chadwick. ¡Los problemas que hay allí! Y de nuevo la pregunta: ¿Dónde me llega a mí el crecimiento? ¡Dónde!”. Lo mismo ocurre con datos como los entregados hoy a propósito de la encuesta sobre victimización. También me alegran. Se dice que ha bajado la delincuencia. Pero el problema radica en que 90 por ciento de los delitos se cometen en 25 por ciento de los hogares. ¿Y cuáles son esos hogares? Los más pobres, los más vulnerables. Ahí nuevamente se expresa la brecha de la desigualdad.

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Entonces, cuando tenemos identificados bolsones de pobreza estamos frente a la necesidad de contar con políticas permanentes. Y eso también (debo señalarlo) hemos de asumirlo como una tarea de Estado. En ese contexto, entonces, la preocupación de todos -Gobierno, Oposición, Parlamento- debe encaminarse a ser capaces de contribuir a tales políticas permanentes. Lamentablemente, no es resorte del Congreso plantear una reforma tributaria como la que se requiere en nuestro país: se necesita iniciativa del Ejecutivo, porque ello involucra gasto. Con los recursos derivados de una enmienda de tal índole, por ejemplo, podrían eliminarse los guetos de pobreza, como el de Bajos de Mena, en Puente Alto, donde viven 125 mil personas -o sea, más que en Curicó- y ¡la más rica es aquella que gana un ingreso mínimo! En la última elección municipal, ¡125 mil ciudadanos de Bajos de Mena no tuvieron ni una micro para ir a votar a Puente Alto: su único medio de transporte era un colectivo! Entonces, a esas personas, a las que les falta un montón de cosas para satisfacer sus necesidades básicas, ni siquiera les damos el derecho de ir a votar. ¿Cómo se sienten quienes viven en Bajos de Mena? Entonces, señor Presidente, más allá del bono, la cuestión radica en hacernos cargo del gran problema de la desigualdad existente en nuestro país. En los muchos sectores vulnerables de mi circunscripción que recorro como Senadora (lo he hecho durante 7 años), los chilenos y las chilenas (no los de Las Condes, ni los de Vitacura, ni los de Lo Barnechea, ni los de Providencia; sí -¡ojo!- los pensionados que viven en Providencia o en Ñuñoa o en otras comunas de sectores medios, la gente que vive en los guetos de La Pintana) me dicen: “¿Y a mí esas cifras qué?”. Más bien, esas personas sienten irritación cuando se habla de los números que se entregan, porque ven que el crecimiento y el pleno empleo no les llegan. Por eso se trata de una tarea de todos, señor Presidente. En ese contexto, por cierto que voy a aprobar el bono, porque, bueno, siempre es importante que exista algún recurso adicional, aunque (insisto) prefiero las políticas permanentes. Reitero mi llamado al Gobierno para que incluya en el beneficio a los pensionados y, asimismo, mi exhortación a que seamos capaces de abordar el problema de la desigualdad. Pero eso

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requiere, en la gran mayoría de los casos, si no en todos, iniciativa del Ejecutivo. Cuanto irroga gasto (y es importante que lo sepa la ciudadanía) es de iniciativa exclusiva del Gobierno. Los parlamentarios no tenemos posibilidad... El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Un minuto, señora Senadora. La señora ALVEAR.-... de plantear la reforma tributaria que nos piden muchas personas cuando recorremos las calles o las ferias; de otorgar los subsidios habitacionales que nos requieren, o de proponer los cambios indispensables para superar los guetos de pobreza enquistados en muchos lugares de nuestro país, y muy particularmente en la Región Metropolitana. Sería importante establecer aquello, señor Presidente. Necesitamos políticas permanentes. Y, en este contexto, hago un llamado al Gobierno para que asuma la tarea. He dicho. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero en primer término felicitar al Gobierno. Sin duda, echábamos de menos el bono de marzo. El Ejecutivo lo entregó justamente cuando asumió el Presidente Piñera. ¡Y qué mejor apoyo para que la clase más necesitada del país tenga mejor calidad de vida en el mes de marzo, sobre todo, cuando las familias con mayor cantidad de hijos deben comprar útiles escolares! Por lo tanto, más que entender la situación de discrecionalidad que se da -sin duda es discrecional, pero mirada desde el punto de vista positivo-, debemos estar contentos por el hecho de que el país ha crecido y tenemos recursos, justamente, para entregar un aporte a quienes más lo necesitan. Hemos disminuido la cesantía. También, se han mejorado las remuneraciones y reducido la extrema pobreza y las desigualdades. Sin duda, nos falta mucho. Pero este es un Gobierno serio que sigue un camino totalmente distinto al de los países más desarrollados -registramos un crecimiento excepcional-, y ello tiene que llegarle de alguna manera a quienes presentan más carencias. Las familias más necesitadas cuentan hoy día con esta posibilidad.

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Mucha gente ha reprogramado sus cuentas de agua y de luz. Esto la ayudará. Numerosas personas están sufriendo. Cuando se hace referencia a la “clase media emergente”, es superimportante explicar que ella era pobre hace muy poco tiempo y que se ha ido superando. Muchas veces, el concepto de “clase media” es muy amplio. Pero a sus integrantes se les da ahora otro apoyo, como lo estamos haciendo en el subsidio a la vivienda, al cual tienen la posibilidad de acceder, a diferencia de antes. ¡Porque es un sector que también se siente discriminado, pues! Todo ha sido para la gente más necesitada; pero en este otro caso asimismo existe un derecho que es preciso apoyar. Respecto de los pensionados, su bono de invierno les llegará en mayo. Pero creo que tenemos que pedirle al Ejecutivo reestudiar la situación, porque se requiere que lo perciba un número mayor. Como bien lo dijo mi Honorable colega Novoa, existe una discrecionalidad. Lo que se les está entregando hoy día a las personas que han ido saliendo de la pobreza no calza con los bonos que se les entregarán a pensionados que obtienen hasta 132 mil pesos. Por eso, quiero pedirle al Ministro señor Lavín que se lleve a cabo un estudio al respecto; que se vea la posibilidad de apoyar a estos pensionados, porque tenemos que ser lo más justos que se pueda. Ellos también enfrentan muchas necesidades. A medida que la población envejece, el costo de los remedios sube y la vida es compleja. Quisiera valorar el trabajo del señor Ministro en todo lo referente al ingreso ético familiar, porque igualmente es un apoyo concreto. A las familias más vulnerables se les exigen resultados específicos y preocupación por sus hijos, por la educación, por la salud. Ahora, felicito al Gobierno por su decisión. Todos echábamos de menos el “bono marzo”. Y Chile puede darlo hoy día. A mi juicio, es una señal clara de que cuando al país le va bien, ciertamente se puede ayudar a quienes más lo necesitan y lo están pasando mal. En este sentido, quiero solo plantear que se reestudie la situación de los pensionados que superan los 132 mil pesos, para los efectos del bono de invierno. Tengo claro que con el trabajo que se está realizando en la parte económica, con la seriedad con que se está avanzando, ello es perfectamente posible. Bien lo decía el Senador señor Zaldívar: se calcula entre 40 y 50 millones de dólares la posibilidad de que un

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número muy superior de pensionados reciba dicho bono, que se entregará dos meses más a las personas a quienes tanto les hace falta. Señor Presidente, felicito al Gobierno. Me parece que la gente va a estar feliz -hay familias que obtendrán hasta 80 mil o 100 mil pesos, según la cantidad de niños-, y, además, se apoya a quienes realmente carecen de recursos. Voy a votar a favor del proyecto, al igual que la UDI, con la excepción de un señor Senador. Gracias. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. El señor LAGOS.- Señor Presidente, imagino que el señor Ministro de Hacienda tal vez se encuentra en la Cámara de Diputados. No sé si estarán discutiendo el ingreso mínimo u otro asunto, pero me habría gustado que estuviera presente en la sesión. El señor ESPINA.- ¿Dónde está? El señor LAGOS.- No lo sé. Pero sí estuvo en la reunión de hoy de la Comisión de Hacienda. Deseo partir señalando que comparto lo que observan muchos: que los bonos no deben ser la solución, sino que es preciso generar fórmulas de carácter permanente y dar herramientas para que las personas puedan ganarse la vida de mejor forma y no dependan de los aportes del Estado. Creo que la manera en que reacciona el Gobierno es bastante incomprensible. Hubo críticas frente al anuncio del bono, no porque no se quiere su otorgamiento -todos votaremos a favor, sin perjuicio, tal vez, de alguna abstención por ahí, como la del Senador señor Novoa, quien es de Gobierno-, sino por lo que le falta y por la forma en que se definieron los criterios aplicables. Nadie va a negarse a darles recursos a los chilenos. El Presidente Piñera quiere repartir plata. Eso permite ganar en popularidad. El empresario señor Farkas tira billetes alrededor del auto y es popular. El Gobierno ha declarado que el país crece, que el desempleo está cercano a su tasa natural, que las remuneraciones reales han aumentado sobre un 4,5 por ciento. La pregunta, en consecuencia, es por qué se requiere la medida. Ello no calza. La explicación es: “Porque tenemos recursos adicionales y deseamos distribuirlos a quienes los necesitan”. ¡Eso se llama “repartir plata”!

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No se trata de un bono para hacer frente al alza de los alimentos, como lo contempló el Gobierno del Presidente Piñera en el pasado. No es el bono sorpresa relacionado con el ingreso ético familiar. No es el llamado “bono cohecho”, de marzo de 2010, anunciado por una candidatura presidencial nueve meses antes de ser concedido. Ningún economista hubiera podido predecir con esa anticipación -ni siquiera el más pintado de los doctores de Harvard- un beneficio dependiente de “si gano la elección”. Y eso se sabe. Repito que la medida no calza. Y como la situación se forzó, estamos en un embrollo con respecto a los pensionados. Porque, como se ha dicho, media una injusticia muy grande: personas que ganan un millón 370 mil pesos van a recibir 40 mil... El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Familias. El señor LAGOS.- Gracias, Su Señoría. Familias con un ingreso de un millón 370 mil pesos van a obtener 40 mil. ¡Y un pensionado con 134 mil pesos logrará cero! ¿Me opongo, entonces, al bono? No. Voy a aprobarlo. ¿Es correcta la forma en que se introduce la distorsión? Creo que no. El señor Ministro, tratando de explicar, opuso: “¡Ojo! Los dos bonos de la Presidenta Bachelet, el de enero de 2009 y el de agosto del mismo año, tampoco llegaron a los pensionados”. Ello es efectivo, pero nosotros no introdujimos la distorsión de darles más a los que tienen más y no darles a quienes tienen menos, que es lo que ahora está sucediendo. Por eso, el Honorable señor García-Huidobro, de manera adecuada y como se tiene que hacer, le ha pedido al Gobierno una reconsideración. Quiero expresarle a Su Señoría que en la Comisión de Hacienda hicimos lo mismo. Le manifestamos al señor Ministro, por intermedio de los Senadores señor Zaldívar y señora Rincón, entre otros: “¿Sabe? Tiene dos opciones: formular una indicación y poner más lucas en este Presupuesto o presentar otra en el sentido de que en el bono de invierno, el cual se otorgará más adelante, se van a incluir recursos” -son 50 millones de dólares, por lo demás- “para beneficiar también a las otras personas”. Existe una distorsión, por lo tanto.

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En cuanto a lo manifestado por la vocera señora Pérez, no me siento ni mezquino ni embargado por la amargura, que fue la figura que empleó. Más mezquindad hay en darles 40 mil pesos a quienes ganan un millón 370 mil y no entregarles nada a aquellos cuyo ingreso es de 134 mil. Considero que el Gobierno no es mezquino, sino que se equivocó. ¿Y saben por qué? Porque trató de forzar un criterio nuevo: la clase media emergente. ¡Perdónenme, Sus Señorías! ¡Marzo se les aparece a todas las familias de clase media, hayan sido o no pobres hace ocho años! También al que tiene tres cabros chicos y ha de pagar la matrícula del colegio particular subvencionado, el crédito del auto, las vacaciones y el plasma. O sea, ¿porque una persona era pobre hace ocho años no tiene derecho a recibir los 40 mil pesos? ¿Cuál era la idea? Se lo escuché al Presidente: aliviar a la clase media. ¿Y por qué se introdujo un segundo elemento? El primero, relativo a los pensionados, ¡para afuera! En cuanto al segundo, ¿por qué se discrimina al interior de la clase media? No fue satisfactoria la respuesta del Ministro señor Lavín: “Ellos contaban con ficha de protección social y venían de la pobreza”. ¡Pero si se trataba de aliviar a la clase media! Y aquí no se está haciendo eso. Entonces, señor Presidente, ¿voy a dar mi aprobación? Sí. ¿Soy mezquino? No. ¿Experimento amargura? El señor BIANCHI.- ¡Ahí sí! El señor LAGOS.- Tampoco, Su Señoría. Soy irónico, que es distinto. Porque sé lo bueno que es repartir plata y el Presidente Piñera quiere hacerlo para que digan que también entregó bonos. Ahora, deseo recordarle al señor Ministro de Hacienda que el año pasado anunció que no habría más “bonos marzo”, porque se seguiría la vía de las soluciones permanentes. “Cada vez que surja un problema, alguien va a levantar la voz para plantear que se distribuya plata”, dijo. ¡Textual! “No”, continuó, “el camino es el de soluciones permanentes”. Por esa razón, el año pasado no dio el beneficio, a pesar de que se registraban alzas en combustibles, alimentos y transporte público. Y ahora, cuando la economía va como avión, ¡reparten plata! Entonces, hay que prodigarse más para explicar por qué se discrimina a los pensionados. ¡Cincuenta millones de dólares! ¿A cuánto ascendió el superávit del año pasado? ¿A 0,6 por ciento?

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¿Cuánto es eso? ¿Mil millones de dólares? Entonces, ¿qué son cincuenta millones? ¿Sabe cómo se arregla eso, señor Presidente? ¡Con buena voluntad! Y en vez de pensar el señor Ministro en que le doblaron la mano, debe generar un buen ambiente y manifestar: “¿Saben? Vamos a considerar lo expuesto por todas las bancadas y presentaremos una indicación para incorporar a un porcentaje de pensionados cuando se dé más adelante el bono de invierno”. No sé si olvido algo más. En cuanto a la aprobación de bonos, los hemos acogido todos, pero los hemos mejorado. El de bodas de oro, que era de un populismo abyecto, también lo despachamos -cabe recordar que se gastaron 350 millones de dólares por ese concepto-, pero perfeccionado, porque iba dirigido originalmente solo a matrimonios cuyo aniversario se cumpliera durante el Gobierno del Presidente Piñera. Fue preciso arreglar ese aspecto, ya que resultaba injusto. Entonces, ¿acoger bonos? Los aprobaremos todos. Si me ponen en la disyuntiva de hacerlo o no, optaré por lo primero. Pero la responsabilidad por la decisión, afortunadamente, no es mía, sino del Gobierno de turno. Y si el Gobierno de turno quiere repartir plata, que lo haga bien, que no discrimine a los abuelitos y no establezca divisiones odiosas al interior de la clase media, tan sacrificada. ¿Se va a penalizar a alguien porque no ha sido pobre? O sea, a una persona que ha logrado no caer en esa situación trabajando duramente se le expresará: “A usted no le tocó, porque nunca fue pobre, mi amigo, y no tuvo ficha de protección social”. En cambio, a alguien que se supone que le ha ido bien se le premiará. ¿Saben Sus Señorías lo que sucede? Es preciso decirlo en castellano. Se va a afirmar: “Tenemos bonos para la clase media”. Si el beneficio se hubiera dado a toda la clase media, sin la distinción de la ficha de protección social, ¿de qué tamaño habría sido el bono? Chiquitito. ¿O no? El universo de lo soñado habría sido tan grande, que ese habría sido el resultado: chiquitito -el señor Ministro sabe a lo que me refiero-, porque las lucas no habrían alcanzado para más. En consecuencia, ¿qué se decidió? Inventar un criterio: el de “clase media emergente”. Así es como se comienza, de a poco, a faenar la política pública. Y después, cuando vienen otras Administraciones, estas se sienten autorizadas a introducir elementos distorsionadores. Afortunadamente, tengo la convicción de que si

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llegamos otra vez al Gobierno no vamos a imaginar una categoría inexistente. Porque al sacrificado padre de Playa Ancha, de San Antonio, de Cartagena, que lleva su hijo al colegio particular subvencionado, que paga las vacaciones hasta el día de hoy, se le apareció marzo de todas maneras, como decía esa gran propaganda. La diferencia radica en que el Gobierno decidió discriminarlo, porque “no fue pobre antes”. Quiero aseverarles a mis votantes de San Antonio, de Cartagena, de Viña del Mar, de Valparaíso, que no se preocupen, que esa distinción odiosa no la haremos en el futuro. Pero la Administración actual puede corregirla, sí, porque tiene las herramientas necesarias para ello. He dicho. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede intervenir la Honorable señora Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra inició su intervención afirmando que le parecía incomprensible que nuestro Gobierno hubiera defendido el bono anunciado en marzo. A nosotros nos parece incomprensible la posición de algunos miembros de la Oposición que critican con rudeza, con ironía -como Su Señoría lo manifestó-, la entrega del beneficio. El señor LAGOS.- Pero sin mentir. La señora PÉREZ (doña Lily).- El Presidente Piñera entregó un bono en marzo de 2010. A quienes sostienen que nunca más se otorgó uno -y aluden al Ministro señor Felipe Larraín, quien nos acompaña- puedo precisarles que el año recién pasado no se entregó el de marzo, pero sí el de alimentos, que favoreció a cerca de 700 mil personas. Por lo tanto, lo que ha hecho el Gobierno es ser responsable: dispone la medida sin endeudarse. No gira a cuenta, sino que dispone de los recursos fiscales suficientes. Y el bono de marzo no es el único instrumento económico que usa nuestra Administración. Aquí se hace mucha referencia a las políticas públicas permanentes. Deseo recordar que en este período se ha sacado adelante el ingreso ético familiar, herramienta relevante con relación a las familias en situación de vulnerabilidad, porque logra que cumplan metas. Recuerdo cuando el Ministro señor Lavín -quien también está presente- explicaba en la Sala cómo ellas debían seguir el procedimiento de llevar a sus hijos al control de niño sano para obtener parte del beneficio.

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Entonces, no se está regalando nada, sino que se da un bono extraordinario a gente a la cual le hace falta. Y me siento con autoridad moral para expresarlo, además, porque cuando la Presidenta de la República los entregó en el Gobierno anterior, la Senadora que habla no la criticó -por el contrario, la aplaudió-, pues considera que en un país como el nuestro no es suficiente todo lo que se hace para sacar adelante a las familias que más lo necesitan. Por eso, no solo celebro a nuestra Administración, sino que también la felicito, como lo expuso mi Honorable colega García-Huidobro, porque nos sentimos orgullosos de que fije metas de políticas públicas a mediano y largo plazo, como el ingreso ético, instrumento económico que dará permanencia a las familias en situación de vulnerabilidad, y, además, sea capaz de otorgar un bono de marzo o uno de alimentos, según corresponda, para ir en ayuda de los sectores de menos recursos. ¿Y por qué parece que duele tanto en las bancadas de enfrente el que se haga referencia a la clase media emergente? ¡Claro que esta existe! Las personas necesitan sentirse parte de esa clase media trabajadora, boyante. Ello no necesariamente se asocia al ingreso, sino a cómo tratan de sacar adelante a sus familias, porque quieren sentirse parte de una sociedad donde se registra movilidad social. Por esa razón, ¡qué importante es pertenecer a ese grupo mayoritario en el que muchísima gente se autodefine de clase media! ¿Cuál es la molestia de que exista la clase media emergente? ¿Acaso no tenemos que premiar o subsidiar a quienes más esfuerzo despliegan por impulsar a su familia, por mandar a sus hijos a ser educados, por apartar a sus seres queridos de la vulnerabilidad? ¿Acaso no es preciso estimularlos? ¿O tenemos que condenarlos permanentemente a una situación de vulnerabilidad o de pobreza? Me parece muy importante destacar el punto, señor Presidente. Por eso, opino que el que nos ocupa es un instrumento económico adecuado en los gobiernos, trátese de los anteriores, del nuestro o de los futuros. Cuando el país puede y tiene la capacidad de hacerlo, sin recurrir a endeudamiento, entregar bonos resulta necesario. En consecuencia, la bancada de Renovación Nacional va a apoyar al Gobierno en su propuesta. Y también deseo recordar que siempre hemos alzado la voz por los jubilados. ¡Porque no pertenecen a ningún grupo ni

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partido político! Hemos luchado al interior de nuestro Gobierno para que a todos se les deje de aplicar el descuento del 7 por ciento para salud, no en forma parcial, sino total. En cuanto al anuncio del Presidente de la República respecto de la eliminación del descuento del 6 por ciento a los pensionados de las Fuerzas Armadas y de Orden, queremos que el compromiso adquirido por nuestro Gobierno se cumpla cabalmente, ya que todos los jubilados merecen y necesitan que tales medidas se concreten en su totalidad. Creemos que asimismo se tiene que hacer un esfuerzo en esa línea. Por eso, le solicitamos a nuestro Ministro de Hacienda prestar atención al punto, ya que hemos expuesto nuestro planteamiento de manera reiterada, casi majadera, durante estos tres años y esperamos que el último del período culmine con la eliminación total de los descuentos por los conceptos anunciandos. Dicho lo anterior, felicito a nuestro Gobierno por la iniciativa sobre el bono. Apoyamos este tipo de instrumentos en favor de la gente que más los necesita y lo seguiremos haciendo en el futuro. Muchas gracias. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, me alegro de que contemos con la presencia del señor Ministro de Hacienda en la Sala, porque me parece esencial, desde el punto de vista de las finanzas públicas, saber lo que no se ha logrado saber hasta ahora: si existe un aumento del gasto público respecto de lo que se comprometió en la Ley de Presupuestos, que es una posibilidad; o si hay una reasignación de gasto, que es otra. Y, si hubiera una reasignación de gasto, quisiéramos conocer dónde se produce. Lo señalo, porque el señor Ministro ha sido contradictorio. En su primera presentación dijo que no había aumento de gasto, después afirmó que sí lo había, luego volvió a decir que era una reasignación y en una cuarta oportunidad se desmintió nuevamente. Entonces, el señor Ministro ha logrado un propósito bien significativo: generar una completa confusión en este ámbito. Lo felicito por eso, Ministro; de verdad. Ha conseguido que nadie sepa qué pasa en realidad con los cerca de 200 millones de dólares involucrados en esta decisión del Ejecutivo. Y como él en reiteradas declaraciones públicas ha hecho gala de sentir un fuerte desprecio hacia sus antecesores en los

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temas de gasto público, con afirmaciones carentes de fundamento, desde mi punto de vista, con relación a la transparencia y el cuidado con que se manejó la política fiscal en las administraciones anteriores; y como sus intervenciones además no han estado exentas de un autoelogio muy grande de su gestión, creo que, de verdad, el país necesita saber de qué estamos hablando. ¿Acá se pasa, una vez más, por encima de los compromisos fiscales que el Gobierno asumió? Si no es así, que nos explique dónde se va a ajustar el gasto. Porque en esto no hay milagros, como el propio señor Ministro sabe. De alguna parte tienen que salir los dineros. En segundo lugar, me parece muy loable también el propósito de incluir a la clase media emergente, como aquí se ha señalado, pero todos sabemos que la política fiscal se hace sobre la base de una cierta coherencia. En tal sentido, uno no puede ayudar a quienes están más arriba en la pirámide económica y social si se salta eslabones, es decir, si deja sin incluir a sectores muy importantes dentro de ella. Y, en este caso, resulta evidente que la medida tomada con relación a los jubilados genera una completa distorsión en esta política. O sea, aquí se genera una absoluta y completa desfocalización. Porque se quiere ayudar a familias que perciben ingresos de hasta un millón 300 mil pesos y, al mismo tiempo, el Ejecutivo afirma que va a incluir a los jubilados, pero a aquellos con ingresos menores a 132 mil pesos y con más de 75 años. En consecuencia, ¡se le produjo una cierta deformación a la propuesta del Gobierno! Yo diría que la línea recta se cambió por una sinuosa, que deja fuera a sectores que teóricamente tienen que ser favorecidos e incluye a otros que debiesen, claro, poder recibir algún tipo de beneficio en la medida en que hubiera coherencia en la propuesta. Como la Administración actual ha puesto mucho énfasis en que se corren graves riesgos cuando se desfocalizan las políticas sociales y se tiende a beneficiar a sectores que se encuentran por encima de otros que quedan fuera de los beneficios, también quiero saber cuál es la coherencia que se halla detrás de la decisión del Ejecutivo de enviar un proyecto de estas características. Finalmente, pienso que esta iniciativa de ley tiene perspectivas de largo plazo, pero que no miran a la elección de noviembre, sino a la del 2017. No cabe ninguna duda de que con esto el

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actual Jefe de Estado prepara su postulación presidencial para cuatro años más. Resulta evidente, si uno sigue las afirmaciones políticas de diferentes voceros de la Alianza de Gobierno, que la elección presidencial de este año se les presenta muy difícil. Por lo tanto, me parece coherente mirar en una perspectiva más amplia de tiempo, pero lo que no la tiene es hacer una criatura tan deforme. Porque, si se va a incluir a los sectores medios, bueno, incluyamos a todos los que están antes en la pirámide, para que, de esa manera, realicemos una política social con un fundamento fiscal sólido, y que no signifique simplemente utilizar los recursos públicos de manera arbitraria. He dicho. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el día lunes le pedí una entrevista al señor Ministro de Desarrollo Social, porque me costaba entender lo que íbamos a votar hoy día, que me merecía legítimas dudas. Y ella se concretó. Justo el fin de semana hice un recorrido por una cantidad importante de lugares de la Región de Magallanes donde había fundamentalmente adultos mayores, y les contaba que el proyecto, tal cual disponía su texto, los dejaba excluidos. Y me decían: “No puede ser, Senador”. Bueno, como había dudas, pedí una entrevista y fui a hablar con el Ministro. Y, efectivamente, lo que aquí se ha dicho no solo es cierto, sino que falta agregar algo muy importante: también se excluye a los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria. Vale decir, a los pensionados que hoy ganan cuánto: ¿75 mil, 85 mil pesos mensuales? Ahora, la explicación que el Ministro me dio es que tanto ellos como los otros jubilados que perciben pensiones más bajas reciben un bono permanente que llega a la suma de 48 mil pesos. ¿Eso es así? Sí. Pero lo curioso es que hoy tenemos que votar por un bono de 40 mil pesos, más 7 mil 500 pesos por carga. Y aquí también me detengo un poco, señor Presidente. Porque ¿logra una familia cubrir alguna mínima necesidad de una persona con discapacidad con 7 mil 500 pesos? Claramente, no. Es decir, aquí se requieren políticas públicas de largo plazo, que corrijan ya no el error, sino el gran horror que se ha venido cometiendo con este grupo importante de seres humanos compuesto por las personas con capacidades distintas, que reciben

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pensiones de 7 mil pesos, de 40 mil pesos, de 75 mil pesos, con lo cual les resulta absolutamente imposible cubrir sus más básicas necesidades de alimentación, de calefacción, de medicamentos, etcétera. Pero el punto es el siguiente. Aquí hay una situación que tenemos que rectificar, que corregir. Y yo añoro que se establezca una política pública que de verdad apunte a dar solución a la situación que enfrenta nuestra clase media. Ello -así lo entiendo y lo siento- va más allá de la entrega del bono de 40 mil pesos que hoy día estamos votando. Pasa, por ejemplo, por una decisión a firme del Estado de Chile para eliminar el impuesto a los combustibles, lo que hemos debatido largamente y que, en definitiva, afecta de manera directa el bolsillo del ciudadano de clase media. Hay otros asuntos por resolver, como el relativo al IVA, al que se refirió un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, y también las situaciones que afectan a los sectores de la salud y de la educación. Hay temas de país y de Estado, que, de verdad, hemos dejado de lado para buscar una solución real al problema de la clase media media, de la clase media emergente, de la clase media alta, que llega a la cifra que se señaló en su oportunidad. Señor Presidente, estamos dando un bono a un sector que comprende casi a 300 mil familias que perciben hasta un millón 300 mil pesos. Se trata de personas que en un momento dado, efectivamente, tuvieron la Ficha de Protección Social. Y quiero decir algo al respecto. En Magallanes cientos de personas se agolparon en las municipalidades en busca de sus Fichas. Afortunadamente -como también explicó el Ministro y lo hemos venido aclarando-, las personas que tengan Ficha de Protección Social, pero que hoy se hallen realizando trámites porque se la están cambiando, van a poder acceder al beneficio por el solo hecho de tenerla. ¿Eso es verdad? Sí, es absolutamente cierto. El problema de fondo, señor Presidente, y lo que resulta realmente inentendible, radica en lo que han manifestado los Senadores y las Senadoras de todos los sectores políticos que me han antecedido. Y es exactamente lo mismo que en la gratísima reunión a la que me referí le manifesté al propio Ministro de Desarrollo Social: vamos a estar de acuerdo en muchas cosas respecto de lo que significa el bono, pero toparemos en no saber con qué cara les explicaremos a los adultos mayores, gente que vive -¡vive!- (esta es la realidad) una real pobreza puertas adentro, que no lo recibirán. Hoy día en Chile nuestros queridos viejos, nuestras queridas viejas -la “gente grande”- perciben pensiones de 150

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mil o 200 mil pesos -a veces menos- y viven una dura pobreza al interior de sus hogares. El solo hecho de pagar la luz, el gas, el agua, los consumos más básicos, les significan casi el 60 por ciento o más de sus ingresos. Por eso el excluirlos ahora resulta casi criminal, casi intolerable. Es verdad que en este caso nos encontramos con las manos amarradas, pero afortunadamente podemos manifestarlo. Se lo dije al Ministro, con la esperanza absoluta de que este problema se pueda corregir. Es más, ¡este tema debemos corregirlo! ¡El Gobierno debe enmendarlo! Porque, si no, se generará una situación escandalosa, no deseada. Cómo le diremos a la gente que vamos a favorecer a personas que reciben un ingreso de un millón 300 mil pesos -lo cual me parece bien-, pero que no les daremos ni un centavo a quienes perciben la pensión básica solidaria, o sea, 75 mil pesos. Y, asimismo, que no les otorgaremos ni un centavo a las personas con pensiones de 150, 200 o 250 mil pesos. Esos adultos mayores no recibirán ni un centavo, salvo -entre comillas-, y el Ministro me dio una buena explicación, en el caso de los que sean carga de su cónyuge, que podrían recibir un bono de 7 mil 500 pesos. Yo entiendo que hay voluntad, que existe el deseo de ayudar. No entro en la crítica de si antes se dieron más bonos que ahora. Eso no le interesa -¡créanme, por favor!- a nadie. La discusión política que hacemos acá en el Parlamento no le interesa a la gente. Lo que sí le importa es poder cubrir sus gastos a fin de mes: ¡Cómo llego a fin de mes en marzo! ¡Cómo pago mis cuentas a fin de mes! Y al adulto mayor le interesa comer, a lo menos alimentarse con las proteínas que requiere y que no puede ingerir porque, simplemente, su ingreso no le da para poder comer como desea, como necesita, como debiera hacerlo. Entonces, por su intermedio, señor Presidente, les digo al Ministro de Hacienda y al de Desarrollo Social, don Joaquín Lavín, quien sé que tiene una sensibilidad particular en esta materia, que de verdad corrijan este horror, que lo enmienden, a fin de que cuando se entregue el bono de invierno se pueda dignificar a cada adulto mayor del país, a cada persona adulta de Chile. Porque hoy día no van a entender lo que ha ocurrido; no van a comprender por qué se los castiga a ellos, por qué tienen que sufrir una espantosa discriminación al quedar fuera del beneficio. ¿Cuál es la respuesta? Se dice que hay un grupo importante de estos adultos mayores que recibe el bono invierno, que alcanza a 48 mil pesos. Sin embargo, quedan exceptuados aquellos cuyas rentas vayan de 200 mil pesos hacia arriba. Yo no sé cómo se los

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cataloga en la clase media, porque la verdad es que están casi sujetándose a la clase media, hundiéndose en ella. Y, claramente, se encuentran en una situación que requiere la ayuda, el rescate y el apoyo de un Estado, que no puede ser indolente frente a esta materia, ni quedar ausente. Por consiguiente, vamos a votar favorablemente el proyecto, apelando a los Ministros para que le transmitan al Presidente de la República que hoy día el país no entiende que se dé un bono a alguien que gana un millón 300 mil -¡en buena hora!-, pero que no se le otorgue a quien gana 75 mil pesos. Eso no tiene explicación, salvo que se corrija con un proyecto que el Senado -estoy seguro- estará gustoso de votar con ocasión del próximo bono de invierno. He dicho. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente, la verdad es que no comparto mucho algunas apreciaciones del Senador Bianchi en cuanto a que a la gente no le interesa cómo se gastan los recursos del Estado. Porque al final del día la cuenta la paga “Moya”, todos los chilenos que cancelan sus impuestos y, por tanto, todos aquellos que con su trabajo, con su esfuerzo, tributan y esperan que el Gobierno elegido por ellos mismos gaste esa plata de manera eficiente y la focalice de buena manera, promoviendo el bien común. Es cierto que la historia de los bonos no es nueva. Y es verdad que cuando se entregan de esta manera se enfrenta una situación de abierta discrecionalidad y arbitrariedad. Eso lo reconocemos todos aquí, tal cual lo han hecho los Senadores de la Derecha. Las justificaciones dadas por el Gobierno para entregar este bono hoy día son, por un lado, el crecimiento económico, las cifras de empleo, las buenas expectativas de nuestra economía hacia el futuro. Y por otro, que en marzo las familias más modestas deben incurrir en una cantidad mayor de gastos, que es bastante significativa. Y no se trata solamente de útiles escolares, sino también de un montón de cosas, por ejemplo, la patente del vehículo, en fin. Nosotros hemos dicho que vamos a aprobar que se dé el beneficio, pero ojalá que se busque una fórmula para disminuir esa discrecionalidad, estableciendo algunos parámetros objetivos, evaluables, medibles, certificables, a fin de entregar en esas circunstancias, en determinado momento y tiempo, una ayuda como

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esta, aun cuando todos entendamos que no es la forma para superar la pobreza. Lo que sí me cuesta entender, seguramente el Ministro Lavín o el de Hacienda lo van a comentar, porque se ha mencionado bastante -y, lamentablemente, tengo que repetirlo-, es lo relativo a la focalización. Como dije al principio, a la gente no le es indiferente la forma como se gastan los dineros que son de todos. ¿Estarán bien focalizados recursos que alcanzan a 200 millones de dólares cuando se deja fuera a cientos de miles de jubilados? Yo siento que ahí, a lo mejor, faltó un análisis más fino. Porque si se pretendía hacer de esto una medida electoral para este año, para el 2017 -como sostuvo el Senador Escalona-, o para el año que sea, la verdad es que va a haber muchos jubilados muy descontentos con esta medida que no los contempla. Y si uno analiza, pues se supone que se entregan recursos a las personas que lo necesitan, la realidad de los jubilados, vemos que deben de tener más de 75 años de edad y una pensión de menos de 137 mil pesos para recibir el bono de invierno. Es cosa de comprobarlo. Un adulto mayor en los últimos años de su vida gasta el 80 por ciento de los recursos en salud. Entonces, la situación de precariedad, de vulnerabilidad y de riesgo socioeconómico de un jubilado justifica plenamente el que se les hubiera entregado el beneficio, el cual, por lo demás -es lo que más molesta- tiene un costo de 40 millones de dólares. Con eso estaríamos ayudando al Gobierno a ser más popular. Porque, seguramente, si tuviéramos una Oposición que quiere que le vaya mal y que baje en las encuestas, no estaría formulando esa petición. Si el Presidente Piñera, o el Ministro de Hacienda, o el Ministro Lavín anuncian más rato que extenderán ese beneficio a los jubilados, a quienes no se les entrega, probablemente subirán uno o dos puntos en las encuestas. Y para nosotros va a ser motivo de alegría, no tanto por ese incremento en su popularidad, sino porque beneficiaremos a personas que lo necesitan mucho. Es una materia bastante difícil, señor Presidente. Ahora, hay que dejar en claro que una cosa son los anuncios y otra, las leyes.

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Hemos visto que muchos proyectos de ley siempre tienen letra chica, como el que extendió el posnatal o el que eliminó el descuento del 7 por ciento a los jubilados. Por lo tanto, cuando a uno le preguntan por ese anuncio en su Región, es preferible decir que es mejor leer la iniciativa legal. A mí me consultaron en programas radiales de Iquique y Arica qué pasa con los jubilados. Ese es un tema central. Hay mucho malestar. Me parece que se trata de algo injusto. Como pienso que a la gente le interesa saber cómo se gasta la plata de los chilenos, debo decir que, a mi juicio, ella no está bien focalizada si se entregan recursos de esta manera. Me llama la atención que una familia con un ingreso de un millón 300 mil pesos tenga ficha de protección social. Lo conversé con el Senador señor Gómez. No deja de ser curioso. Por lo demás, para que no haya congestión en los municipios, hay que informar a la gente que el proyecto señala que se debe contar con la ficha de protección social vigente al 31 de diciembre. De modo que no sirve de nada ir hoy día a requerir esa ficha o conversar con alguien de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Porque -reitero- la iniciativa enviada dispone que el grupo de clase media “emergente” -nuevo estamento definido por el Gobierno- debe contar con ese documento al 31 de diciembre. Quiero señalar algo que es casi de Perogrullo y que no deja de llamar la atención. En el anuncio del Presidente Piñera hubo dos aspectos. El primero dice relación con el bono que vamos a aprobar. El otro se refiere a que se anticiparía el envío del proyecto de reajuste del salario mínimo. Entonces, si se analizan las dos iniciativas (una se encuentra en la Cámara de Diputados), y se comprueba que en la que ahora nos ocupa se argumenta que a la economía le ha ido bien; que Chile es un país próspero; que se ha bajado la tasa de desempleo; que la productividad ha mejorado, lo mismo que el crecimiento, en fin, se da la posibilidad de entregar ese beneficio. Porque si no fuera así, no se otorgaría. Pero el Chile que describe el Gobierno en el proyecto que reajusta el salario mínimo habla de la situación de crisis internacional, los problemas en la economía, las dificultades que hemos tenido. ¿Para qué? Para justificar un reajuste bastante pobre: 6.2 por

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ciento. Se sube de 193 mil pesos a 205 mil. O sea, 12 mil pesos. El año anterior se incrementó de 182 mil pesos a 193 mil: once mil. Pero lo más grave es que la brecha entre el salario mínimo y el ingreso mínimo familiar -que impide que una familia quede fuera de la línea de la pobreza- se va agrandando. El salario mínimo -hoy día de 193 mil pesos- representa el 60 por ciento de lo que una familia requiere para estar fuera de la línea de la pobreza. Por eso, en Chile se da una cosa que no podemos aceptar y que indigna: una persona que trabaja puede ser pobre. Uno podría entender que alguien que no tiene pega o que está en la calle sea pobre. Pero también una que trabaja puede serlo. Entonces, en vez de acercar el salario mínimo al ingreso mínimo familiar, para que una familia salga de la pobreza, lo estamos alejando. Los argumentos que se dan para entregar el bono –con un costo de 200 millones de dólares, excluyendo a los jubilados- no son los mismos que se toman en cuenta para un reajuste del salario mínimo, que sí es una política pública o una herramienta de fomento de la equidad en un país tan desigual como el nuestro. Esa ya no es una medida arbitraria, discrecional. Es una política pública de largo plazo, permanente. Fíjense, señores Senadores, que el costo de la canasta básica en enero de 2013 fue de 37 mil 981 pesos. Sus Señorías saben que para el cálculo del ingreso mínimo familiar y salir de la pobreza hay que duplicar el valor de esa canasta básica. El resultado se multiplica por 4,2, que es el número promedio de integrantes de una familia en Chile. Eso da una cifra de 319 mil pesos. Por lo tanto, tenemos una brecha de 193 mil pesos a 319 mil. Si subimos el ingreso mínimo a 205 mil pesos, esa brecha seguirá aumentando, porque el precio de la canasta se incrementa. El año pasado la inflación de los alimentos fue de 10 por ciento. Señor Presidente, nosotros vamos a aprobar el proyecto, que otorga un bono solidario. Pensamos que es necesario. El llamado que hacemos al Gobierno es a incorporar a los jubilados. Creo que en eso todos los Senadores de enfrente están de acuerdo. Se trata de 40 a 45 millones de dólares.

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El impacto que tendrá esta medida en la vida de mucha gente que necesita ese beneficio lo justifica. Estamos en condiciones económicas para otorgarlo. Ojalá que el proyecto de reajuste del salario mínimo se discuta sobre la base de las mismas condiciones económicas que se describen para la iniciativa que ahora discutimos. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que el artículo 2° de esta iniciativa, que otorga un bono de 40 mil pesos por beneficiario, más 7 mil 500 pesos por carga familiar, establece: “El gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, durante el año 2013 se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público”. Por lo tanto, no hay recorte de gastos en los Ministerios ni alteración de sus presupuestos. Lo que se está haciendo es sacar del Tesoro Público, de sus instrumentos financieros, los recursos necesarios para financiar el proyecto, sin que ello, además, signifique aumentar el gasto público acordado en la Ley de Presupuestos. Es decir, dentro del marco de gasto que aprobamos en el Presupuesto para el 2013 están los recursos que permiten el financiamiento. Con lo anterior, creo responder algunas inquietudes expresadas en cuanto a si habría recortes financieros o si se estaba incrementando el gasto público. Por otro lado, después de escuchar las intervenciones de los señores Senadores, me alegra que en su gran mayoría hayan señalado que aprobarán la iniciativa. En mi opinión, es lo que debemos hacer. Porque ninguno de nosotros puede dudar de que estos recursos irán en apoyo de las familias, en un mes en que efectivamente los gastos escolares se hacen presentes con mucha fuerza. Ninguno de nosotros tampoco va a negar su voto para ir en auxilio de familias que reciben el ingreso ético familiar o son beneficiarias del subsidio único familiar, que mayoritariamente son hogares encabezados por mujeres; o de aquellas que perciben asignación familiar, o de las que en algún minuto, cuando esta se focalizó, simplemente dejaron de recibirla, y están en el límite de los 495 mil pesos. Me alegro mucho de que el Gobierno del Presidente Piñera haya tomado la decisión de extender esos beneficios a la llamada “clase media emergente”.

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Estimados colegas, cuántas veces en esta misma Sala hemos señalado a los Ministros que la ficha de protección social se aparta de la realidad; que porque el jefe de hogar, después de estudiar en un liceo vespertino con tremendo sacrificio y esfuerzo sacó su cuarto medio. ¿Y qué pasó? Que se le disparó el puntaje y perdió la condición de estar en el tercio más vulnerable. Pasó esa categoría. El Estado sistemáticamente, en lugar de premiar ese esfuerzo, lo castiga negándole beneficios y bonos como este; no dándole, muchas veces, incluso la posibilidad de postular a un subsidio habitacional. Cómo no a ser bueno que también consideremos como beneficiarias de este bono a personas que se han esforzado, han estudiado y han completado su enseñanza media. O que, inclusive, pueden estar siguiendo estudios superiores. Encuentro que era un paso necesario e indispensable para decir a las familias que superarse, salir adelante y ponerle el hombro siempre vale la pena. Dejar atrás la pobreza no puede ser sinónimo de castigo a los beneficios sociales, sino que, al contrario, tiene que ser motivo de premio. Señor Presidente, también deseo referirme a la situación de los pensionados. Comparto plenamente la idea de que no podemos dejar sin bono de invierno a pensionados que perciben una pensión mensual de poco más de 132 mil pesos. Cuando uno escucha las distintas intervenciones en la Sala, se da cuenta de que no se trata solo del bono de invierno, pues hay muchas demandas en el mundo de los pensionados. Por de pronto, los que tienen la pensión básica solidaria nos dicen, con mucha fuerza y razón, que ellos no pueden vivir con los poco más de 80 mil pesos que significa esa pensión. A muchos se les sigue descontando el 7 por ciento de salud, por estar su pensión sobre los 225 mil pesos. Nos reclaman también y nos dicen: “¡Hasta cuándo a nosotros nos siguen haciendo pagar ese porcentaje!”. Cuántas personas adscritas al nuevo sistema previsional nos denuncian que ellas no tienen derecho a aguinaldo de Fiestas Patrias ni de Navidad; tampoco se les entrega el llamado “bono de invierno”. Se trata de pensiones de 150 mil, de 180 mil y de 200 mil pesos. Entonces, convengamos en que las demandas del sector de pensionados son muchas, todas ellas muy legítimas. Por lo

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tanto, tenemos que procurar que la economía del país siga creciendo. Si así sucede, también aumenta la recaudación tributaria. Y cuanto mayor sea esta, más problemas sociales podremos resolver y hacer más justicia social. Escuché con mucha atención las palabras del Honorable señor Rossi. Expresó que aquí el Gobierno usaba un discurso para pedir la aprobación del proyecto que establece el bono, y otro distinto cuando se trata del reajuste del salario mínimo. ´ Pero no es que el Ejecutivo use discursos distintos. Son las situaciones las diferentes. El bono se va a poder pagar porque ha habido una política fiscal responsable y se han hecho los ahorros necesarios, sin endeudar el erario, pues se solventará con recursos ya existentes. En cambio, en el caso del reajuste del ingreso mínimo, no hay mayores fondos fiscales comprometidos. Son las pequeñas y medianas empresas las que pagan el ingreso mínimo. Y todos en esta Sala tenemos también compromisos con las pymes. Les hemos dicho que las queremos fortalecer; que se agranden, que vendan y produzcan más, que crezcan. Porque esa es la manera definitiva de que sus trabajadores puedan tener salarios mucho mayores que el mínimo. Señor Presidente, termino señalando que en estos tres años de Gobierno, bajo la conducción del Presidente Piñera y la tuición económica del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el país no solo ha crecido en su economía, sino que nos hemos hecho cargo de muchos problemas sociales, a los que se les está dando solución. Y, en la medida que continuemos en esta senda y el crecimiento económico sea mayor, ello hará posible que también tengamos más desarrollo social, bienestar para las familias y felicidad para todos los chilenos. Es a lo que aspira el Gobierno y el profundo deseo del Presidente Sebastián Piñera. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la intervención del Senador señor García deja muy clarificadas las dudas planteadas respecto de esta iniciativa. Yo, contrariamente a lo señalado por la Oposición, quiero agradecer al Presidente Piñera el envío de esta iniciativa y reconocer al Ministro de Hacienda lo que está haciendo. Porque este es un bono complementario. Chile ha visto disminuida la pobreza y no aumentada como ocurrió en la Administración anterior. Estamos hablando de un país que tiene hoy un alto nivel de generación de

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empleo y una cesantía del 6 por ciento, cifra histórica que no habíamos tenido hace mucho tiempo. Estamos hablando de un país que acusa la mayor inversión pública y privada y de un bono que no es salvavidas, como en otras oportunidades, sino más bien complementario. Dos millones de familias, siete millones de personas, se verán beneficiadas. Además, se agregan 300 mil de la clase media. Lamento que no se haya escuchado el llamado del Presidente saliente, Honorable señor Escalona, de hacer en el Senado un debate de altura y no una discusión en que yo diría que el 90 por ciento de los discursos de la Oposición han sido para referirse a quienes no les va a llegar el bono. Me parece que esa no es la forma de construir un Estado en donde nos respetamos y en donde queremos que al país entero le vaya bien. Pareciera que a algunos señores Senadores no les gusta este bono y que les duele que se entregue por el Presidente Piñera y por su Gobierno. Creo que tienen mala memoria, porque el 2010 se dio un beneficio similar. En los años 2011 y 2012 criticaron a esta Administración por no entregar tal beneficio. Y ahora que se entrega un bono, entonces la crítica es porque no alcanza para este o para aquel sector. Señor Presidente, cuando se plantea este tipo de ayudas, uno podrá sostener que quedan marginadas tales o cuales personas. Yo y la bancada de Renovación Nacional votaremos a favor cualquier ampliación que el Gobierno pudiera enviar. Nos gustaría, por supuesto, que estos bonos también cubrieran a otros sectores, porque siempre hay gente que lo está pasando mal. Marzo es un mes en el cual hay que pagar los colegios, las contribuciones, las patentes de los vehículos y otra serie de obligaciones, todo lo cual hace muy recomendable que el Gobierno -por tener una economía que le ha ido bien por el manejo serio de ella- pueda compartir los beneficios con otras personas, especialmente con las que reciben menores ingresos. Hago un llamado a la Oposición, porque su actitud es distinta a la que nosotros tuvimos durante 20 años. No recuerdo realmente que en esta Sala se haya hecho una crítica tan mordaz -incluso, en algunos casos, con desconocimiento de elementos básicos, que ha aclarado aquí el Senador señor García- en el sentido de que aquí habría disminución de recursos en otras áreas, por lo que

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no podrían hacer mayores gastos. No es así. Aquí se establece una disposición al respecto. Pareciera que no hubieran leído el mensaje del proyecto de ley y que más bien esta fuera una crítica a fondo a un Gobierno que, a mi juicio, ha sido serio, y que quiere entregar este beneficio no solamente a los más modestos, sino también a las familias que siempre quedan fuera: las de la clase media. Aquí se ha hecho un esfuerzo especial para que 300 mil familias más puedan obtener el bono, y yo lo valoro, porque por primera vez la clase media chilena podrá decir: “Bueno, yo también voy en este carro; también me beneficio con un Gobierno al que le va mejor”. Por eso, la bancada de Renovación Nacional va a apoyar la presente iniciativa y va a generar condiciones para que ojalá más adelante, en la medida de lo posible y dentro de las condiciones de la economía, se amplíen estos beneficios a otros chilenos, porque siempre hay gente que queda al margen. Pero digamos las cosas como son. Este es un Gobiernos serio, que quiere compartir los triunfos que ha obtenido en materia económica, los cuales son admirados en Europa por países a los que usualmente poníamos como ejemplo y que hoy día nos miran a nosotros. España, Francia, Italia y otras naciones que enfrentan problemas económicos graves no pueden hacer lo mismo que la Administración del Presidente Piñera. He dicho. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Gobierno y al Ministro de Hacienda por enviar este proyecto. De otro modo no tendríamos la oportunidad de realizar el presente debate. Yo no estoy de acuerdo con que el bono sea solo para algunos. Pero creo que bien vale la pena reconocerlo y felicitar al Gobierno; alegrarme de que se entregue, aun cuando sea para pocas familias; aunque sea insuficiente; con baja cobertura, injusto; aunque no llegue a los sectores que más lo necesitan. Voy a votar favorablemente la iniciativa porque me parece importante la oportunidad que nos brinda el Ministro de Hacienda y el Presidente Piñera para hacer una discusión más a fondo sobre la situación que hoy día viven los trabajadores y la economía nacional. En el mensaje, el Primer Mandatario nos habla de “La solidez con la que hemos avanzado en los últimos años, gracias al aporte y esfuerzo de todos los chilenos”. No sé si hablamos del mismo

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“esfuerzo”. Pero, al parecer, de acuerdo a las intervenciones, a la realidad social y a los ingresos con que viven los más vulnerables (los trabajadores; aquellos que reciben sueldos mínimos; los pensionados), ese esfuerzo es mayor en unos que en otros. Luego continúa: “nos ha permitido un desarrollo económico por sobre lo esperado, recuperando el liderazgo y dinamismo de nuestra economía, aún en épocas de crisis económica a nivel mundial”. Chile es un país de la OCDE. Pero, si estamos tan bien, ¿por qué es necesario conceder un bono? Sería un reconocimiento de que las familias más vulnerables y las no tan vulnerables -el mensaje dice que alcanza también para la clase media- no están tan bien. La bonanza y los resultados excepcionales de la macroeconomía no han llegado a los trabajadores, a la gran mayoría de los sectores más vulnerables, a las familias que van a recibir y a las que no van a recibir el bono. Por tanto, aquí tenemos un tema estructural. Quiero reconocer que el Papa Francisco, en su libro El Jesuita, se refiere con mucha precisión al tema que nos ocupa cuando manifiesta: “Es verdad que en momentos de crisis hay que recurrir a la dádiva para salir de la emergencia”. Pero también dice: “Es muy importante que los gobiernos de los diferentes países fomenten una cultura del trabajo, no de la dádiva”. El Papa Francisco nos invita a mirar más allá de este bono; a mirar qué está ocurriendo con los ingresos de los trabajadores, de los pensionados. Porque el debate ha demostrado categóricamente que se ha tomado una medida discriminatoria. El Senador Novoa sostiene que los bonos son siempre discriminatorios. Sí, claro, pero este bono es arbitrario, pues no llega a los sectores que más lo ameritan. Me alegro de que beneficie a la clase media, pero me alegraría todavía más si, con mucha mayor justicia, hubiese podido alcanzar a los más carentes: los pensionados. Señor Presidente, el debate no debería centrarse en si el bono ha de ser de 40 o 50 mil pesos, en su carácter ocasional o en si constituye una dádiva. El Papa nos invita a hacer la discusión de fondo, que tiene que ver con el por qué se entrega el beneficio. El Congreso Nacional ha sido testigo de cómo periódicamente aprobamos bonos de incentivo al retiro. ¿Y qué demuestra eso? Que poseemos un sistema previsional absolutamente fracasado, que tiene condenados a los pensionados -por eso la gente no jubila-, siendo inocentes. El sistema no castiga a los delincuentes, pero,

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a quienes han trabajado toda una vida, los condena a perpetuidad, hasta que se mueran, a recibir pensiones de hambre. Y por eso que es necesario de repente otorgar algunos bonos o incentivos al retiro para que la gente jubile. En ningún país del mundo existe esto. Y creo, queridos Ministros, que debemos avanzar a fondo hacia un cambio estructural del sistema previsional y también del mercado laboral. En el caso del mercado laboral, la debilidad de los trabajadores se manifiesta en que no pueden negociar colectivamente; en que muchos empleos son absolutamente precarios, con contratos temporales, donde, por supuesto, no solo no gozan de vacaciones, sino tampoco de una continuidad en las imposiciones. Por su parte, el sistema de AFP es, en definitiva, una fábrica de pobres, porque cuando los trabajadores jubilan pasan a formar parte de la pobreza. Este sistema se construyó sobre el falso supuesto de que, primero, los trabajadores empezarían a cotizar a temprana edad. Y no es así. No comienzan a cotizar ni a los 18, ni a los 20, ni a los 30 años. En promedio, solo lo vienen a hacer a una edad superior a los 27, 28 o 30 años. Eso no se cumplió. Y tampoco se verificó el supuesto de que los trabajadores iban a cotizar permanentemente. Esto no ha sido posible por la inestabilidad laboral: han perdido el trabajo; ha habido períodos de bonanza y períodos de cesantía y, por tanto, no tienen previsión. Luego, el resultado final de la cuenta individual no les garantiza ni siquiera una pensión mínima, y por eso el Estado debe poner los recursos que faltan. ¡Gran parte de las pensiones no las pagan hoy las AFP, sino el Estado! Entonces, si eso sucede, ¿por qué no sinceramos el sistema previsional y hacemos una reforma para permitir que los trabajadores obtengan pensiones dignas, para darles la seguridad de que después de 25, 30 o 35 años de imposiciones recibirán rentas adecuadas, y no sea el Estado el que deba garantizar pensiones mínimas que hacen que sigamos debatiendo sobre “bonitos” que no resuelven el problema de fondo? Por eso, los invito a debatir respecto de qué transformaciones, qué modificaciones le vamos a introducir al sistema. Y quiero invitar al Presidente Piñera, al actual Gobierno, a presentar proyectos de ley sobre la materia. ¡Vamos al meollo del asunto! Aquí he escuchado a parlamentarios de la Alianza decir: “Mire, las pensiones son muy bajas, pero hay que esperar el

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crecimiento de la economía”. ¡No! Yo los invito a modificar el decreto ley N° 3.500, a que pongan sus votos para modificar el sistema que rige las AFP, que lo único que garantiza son pensiones de hambre. Y luego de eso, hacer una reforma profunda y reparatoria del daño previsional. ¿Cuántos pensionados están recibiendo sueldos de hambre, miserables, porque el sistema no les garantizó una pensión adecuada o digna? ¿Por qué? Porque el Estado, que es el peor empleador, no les cotizó oportunamente a los funcionarios públicos, a los profesores, generándose el daño previsional. Vemos a los propios funcionarios de este Parlamento mendigar de los congresistas, que no tenemos la capacidad ni la iniciativa para que se lleven adelante reformas que les permitan acogerse a una jubilación digna. Entonces, existe una deuda muy importante en esta materia. Pero eso se resuelve solo si hay iniciativa del Ejecutivo. De modo que vuelvo a felicitar al Gobierno por enviar este proyecto de bono, pues ha hecho posible realizar esta discusión. Si nos ha ido tan bien y los esfuerzos realizados por todos los chilenos han sido tan beneficiosos para la macroeconomía y los éxitos alcanzados, quisiera escuchar del Ejecutivo su voluntad de traducir eso en una reforma sustantiva, de fondo: una modificación al Código Laboral para que los trabajadores puedan negociar. Por ejemplo, los del cobre reciben un bono por término de conflicto de 20 millones de pesos. ¡Los felicito! ¡Qué envidiable! Pero la mayoría de los trabajadores de este país no está ni sindicalizado, ni posee capacidad de negociación, ni recibe bono por término de conflicto, ni tiene estabilidad laboral. En consecuencia, este proyecto invita a llevar a cabo un debate de fondo, a hacer las transformaciones necesarias y a garantizar mejores condiciones de vida no solo para los trabajadores, sino, principalmente, para quienes laboraron toda una vida y están recibiendo pensiones miserables. No obstante el análisis efectuado, voto a favor de la iniciativa, señor Presidente, porque no puedo negar estos 40 mil pesos o esta asignación familiar mejorada. Pero, naturalmente, esto no es lo que quisiera el país. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, anticipo mi voto positivo a la iniciativa. Pero tengo que ser honesto y manifestar mi opinión desfavorable a una suerte de política de bonos que se ha ido instalando

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en el país y que lamentablemente hemos mantenido en el actual Gobierno. Y quiero explicar estas dos afirmaciones, que pueden parecer contradictorias. Considero que el esfuerzo que hace el Gobierno, la preocupación que revela por el estado de la gente que está pasando por malos momentos, independiente de las condiciones económicas del país (los beneficios no llegan de un día para otro a todos), es razonable. Y por eso lo apoyo. No podría impedir yo que a 2 millones de familias les lleguen recursos que les permitan aliviar una situación compleja en forma permanente. En ese sentido, lo apoyo. Es cierto que, por la discrecionalidad de los criterios, se entra en los problemas que muchos han señalado. La omisión de los pensionados es un tema muy de fondo. Ahora bien, los bonos que se han entregado nunca los han incluido, porque existen otras soluciones para ellos. Pero esto empieza a ser cuestionado precisamente por las características tan particulares de definir este mecanismo como una manera de ir resolviendo los problemas. Sin embargo, en lo fundamental, a pesar de las limitaciones del planteamiento que se hace, yo por lo menos no tendría cómo explicarle a mucha gente que recibiría este bono que lo rechacé y que con mi voto impedí que les llegaran esos recursos a sus bolsillos. Dicho lo anterior, quiero explicar por qué las políticas de bono que se han ido instalando no me gustan. En primer término, porque, de alguna forma, ir resolviendo los problemas económico-sociales de una parte importante del país a través de políticas como esta significa mantener el criterio del asistencialismo. Y ha sido este propio Gobierno, a través de distintas políticas -entre ellas, por ejemplo, el ingreso ético familiar, que posee una connotación diferente-, el que ha ido buscando caminos diversos. Pero considero que este bono se aparta de esa tendencia. Nosotros queremos soluciones permanentes, que dignifiquen a las personas. Y estimo que los bonos constituyen una mala señal, porque pareciera que ante ciertas situaciones particulares se justifica entregar dádivas, regalos caritativos, que al final no escapan de este concepto de asistencialismo, que hace a la gente simplemente dependiente de la voluntad discrecional de la autoridad. Tampoco me gusta la justificación que se entrega: porque al país le ha ido bien y quiere compartir los recursos. En verdad, no creo que esa sea una buena justificación, menos todavía cuando Chile, país al que le ha ido bien desde hace varios años, posee

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en fondos acumulados en el extranjero una cifra superior a los 18 mil millones de dólares. El señor SABAG.- ¡22 mil millones! El señor LARRAÍN.- El Ministro de Hacienda informaba días atrás que en materia de fondos se había recuperado el nivel previo al terremoto, y que, por lo tanto, a pesar de los gastos que ocasionó dicha tragedia, estábamos en una situación muy favorable. Puede que sean más de 18 mil millones, como me señala el Senador Sabag. No sé la cifra exacta. Con esos recursos, cada vez que un Gobierno en el futuro, por las razones que sea, quiera dar un bono, ahí estará la plata. Por consiguiente, estamos generando una situación que en realidad no tiene justificación. Y por eso mismo estamos constituyendo un precedente que a mí no me gusta. Porque un día el bono será porque hay crisis económica; otro, porque suben los alimentos; otro, porque los gastos de marzo son muy elevados. Al final, cualquier motivo justificará su otorgamiento. Vamos a depender de la discrecionalidad, del capricho, de la voluntad del gobernante. Porque la plata está. Y eso es lo que no me gusta. En mi concepto, esa no es la forma de solucionar los problemas permanentes que padecen ciertos sectores sociales que requieren ayuda. Creo que con medidas de este tipo los criterios de asignación de recursos que son de todos los chilenos están siguiendo caminos equivocados. Esto es quizá lo más medular que quisiera transmitir. Cuando discutimos el proyecto de Ley de Presupuestos, planteé la necesidad de destinar mayores recursos a la educación. Porque se había implementado una reforma tributaria que recaudaría sumas que se orientarían enteramente a dicho sector. Pero no se le estaban entregando todos los fondos provenientes de dicha reforma: de acuerdo con nuestras estimaciones, faltaban 250 millones de dólares. Se lo señalé en su momento a la Directora de Presupuestos. También lo hice presente en la Sala. Y se me dijo que no había recursos. ¡Los había! Y no solo gracias a la reforma tributaria, sino porque el país estaba produciendo más. Pero no tenemos la posibilidad real de influir en estas materias. A lo mejor es sano; quizás es muy imprudente que los parlamentarios tengamos iniciativa de gasto. Está bien. Entiendo la filosofía que hay detrás. Pero tampoco contamos con capacidad para

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discutir criterios de asignación de recursos, facultad reservada solo para el Ejecutivo. Y, en ese sentido, me parece que el camino que este ha tomado ahora es equivocado. Los problemas de fondo que tiene Chile, como la falta de oportunidades de millones de compatriotas para acceder a una educación de calidad, desde la cuna hasta la sepultura, siguen siendo la primera prioridad social, más allá de cualquier otra consideración. Y mientras eso no se corrija en forma definitiva, pienso que todos los esfuerzos que el país haga deben ir en esa dirección. Y si existen 208 millones de dólares que se pueden gastar en un fin social determinado, considero que ese es el objetivo medular al cual deben asignarse, porque representa una solución permanente para los problemas de fondo. Y me parece que en eso nos hemos equivocado en esta oportunidad. El criterio que uno advierte en este proyecto de alguna manera refleja lo que yo llamo “política de bonos”. Y no me refiero a este Gobierno (el que más bonos entregó fue el anterior). Pero se va generalizando un sistema para resolver los problemas. Y no creo en ese camino. Yo creo en las soluciones permanentes, las cuales, en mi opinión, pasan por generar mecanismos para que las personas puedan ser autosuficientes, autónomas, por su esfuerzo, por su trabajo, por sus capacidades, y desarrollar su vida sin tener que depender de subsidios o dádivas del Estado ni de nadie. ¡Ese es el camino real! Eso es lo que hace una sociedad libre: que las personas sean libres para desarrollar sus proyectos y que no dependan de terceros en cuanto a su funcionamiento. Estos 208 millones de dólares no resuelven el problema, pero dan la señal correcta, en lugar de estar entregando calmantes o anestésicos que, al final, es lo que reflejan estos proyectos o iniciativas. No creo -como se ha cuestionado aquí- que se trate de un bono con carácter electoral. Si esa fuera la intención, esta sería completamente equivocada. Recordemos que durante el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet se entregaron en un año de elecciones un par de bonos, y uno podría haber pensado que con ello la Concertación debería haber ganado las elecciones. Pero no fue así: nuestro buen amigo Eduardo Frei no se vio beneficiado con el otorgamiento de esos bonos, porque, en definitiva, carecen de finalidad electoral, aunque ese sea el motivo.

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En consecuencia, quienes puedan estar mirando una doble intención en la entrega de este bono se equivocan, pues no tiene un propósito electoral. Sí constituye un apoyo circunstancial, temporal, porque está la plata disponible. No obstante, a mi juicio, no es esa la forma más adecuada para asignar los recursos de todos los chilenos. Creo en las soluciones de fondo, como en el caso de la educación. Y lamento que estos dineros no se hayan empleado en su mejoramiento, porque, cuando los pedimos en la discusión presupuestaria, se nos dijo que no había plata disponible. Pero ahora que la hay -al menos así subyace en este planteamiento- deploro que no se destine a lo central. Sin embargo, no voy a negarles estos pesos a muchos chilenos que los necesitan. Por eso, voto que sí. He dicho. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que el otorgamiento de este beneficio a millones de compatriotas nos da la oportunidad de realizar un gran debate. No obstante, en el corto tiempo de que disponemos, no es posible llevarlo a cabo íntegramente. Porque lo señalado recién por el Senador Larraín, al igual que lo manifestado por el colega García, amerita una gran discusión. Lo hicieron muy bien, cada uno desde su punto de vista. Pero la solución integral a los problemas del país radica en terminar con la injusticia y en luchar por la equidad y por una mejor distribución de la riqueza. En ello se ha ido avanzando. Todos sabemos que resulta fundamental invertir en educación, a la cual estamos destinando hoy el 23 por ciento del Presupuesto. Yo diría que con tal asignación hemos ido progresando ostensiblemente y ya apreciamos un cambio significativo en la inmensa mayoría de la gente más modesta del país: ¡hijos de obreros que no saben leer ni escribir son médicos, abogados, ingenieros! ¡Ese es el gran cambio que hemos experimentado en Chile! Esta tarde el Gobierno nos presenta un proyecto respecto del cual me habría gustado que hubiesen intervenido los Ministros de Hacienda y de Desarrollo Social para explicar qué significa “clase media vulnerable”; cuál es el sentido de tal beneficio. Aun cuando

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el Senador García dio a conocer los fundamentos de la iniciativa, hubiera querido escuchar al titular de la Cartera de Hacienda sobre el particular. Porque, si bien los papeles señalan una cosa, en el poco rato que estuve en la Comisión de Hacienda escuché decir que podría haber reasignaciones. El informe financiero del proyecto expresa: “El gasto fiscal que represente la aplicación de este proyecto de ley, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público”. ¡Estupendo! En eso estamos de acuerdo, pero no en cuanto a efectuar reasignaciones de platas desde el Ministerio de Obras Públicas u otra Secretaría de Estado para reunir estos 211 millones de dólares. Los fondos soberanos depositados suman 22 mil 900 millones de dólares. Gracias a Dios, no tenemos deuda y contamos con reservas. Esa es la fortaleza del país. Hemos bajado el nivel de pobreza y en la actualidad ha aumentado fuertemente la tasa de empleo. En pocos días vamos a discutir el proyecto sobre el salario mínimo. El ingreso mínimo constituye un tope. En estos momentos casi no corre en la construcción, ni en la agricultura, ni en el caso de los temporeros. ¡Nadie trabaja por esa cantidad! Si las personas quieren contratar trabajadores deben desembolsar sueldos de 400 a 450 mil pesos, más beneficios adicionales. Esa es otra etapa. Aquí el Gobierno nos dice que se encuentra en condiciones de dar este beneficio a la gente más necesitada. Yo me alegro por eso. Y los 8 Senadores presentes de mi bancada estamos votando a favor, porque las familias pobres siempre necesitan; viven con poco, y el bono más las asignaciones familiares pueden llegar a incrementar sus ingresos en 50, 80 o 100 mil pesos. ¡Ello beneficiará enormemente a la gente modesta! ¿Por qué respaldamos la entrega del bono con agrado? Porque están disponibles los fondos para ello. Yo no aprobaría tal desembolso si se hiciera con cargo al endeudamiento del país. Así lo vemos en otras naciones: bonificaciones por una u otra cosa, jubilación a los 55 años, etcétera. ¿Pero quién paga esos beneficios? ¿Dónde están los recursos? Ahí radica el motivo por el cual esos países se hallan en

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quiebra y experimentan una cesantía enorme, además de estar endeudados. Les resulta casi imposible pagar la deuda acumulada. Por eso nos admiran: porque hemos actuado con responsabilidad fiscal, sobre la base de una ley que aprobamos durante los Gobiernos de la Concertación. Si entran 1.000 pesos al erario, no podemos gastar 1.100, sino 980 o 990. Como señalé, existe responsabilidad fiscal por ley. Y hemos tenido muy buenos Ministros de Hacienda que nos han llevado a que Chile se destaque por su robustez en las finanzas y sea ejemplo -yo diría- para la inmensa mayoría de los países del mundo. Nosotros -reitero- aprobamos este beneficio con agrado porque estamos en condiciones de otorgarlo. El Senador Hernán Larraín dice que no es el mejor sistema. A lo mejor no. Es otra discusión. Conforme. Pero es el Ejecutivo el que propone y nosotros solo estamos pronunciándonos a favor. Y lo hacemos con gusto, porque se justifica plenamente. Ahora bien, deseo dejar en claro que el financiamiento es sin reasignaciones, sino con cargo a la Partida Tesoro Público, tal como expresa el mensaje. Quiero salvar esa parte, porque el Honorable señor García así lo garantizó en su intervención. Me agradaría que también pudiera ratificarlo el Ministro de Hacienda. Por otro lado, la bancada Demócrata Cristiana y los otros colegas de Oposición señalamos que este beneficio va producir inequidad, lo cual resulta evidente, porque quienes perciben ingresos por hasta un millón 370 mil pesos (200 y tantos mil personas) también lo recibirán. Hay una clasificación al respecto, que me gustaría que la explicara el Ministro Lavín. Asimismo, percibirán el bono aquellos cuya renta es de 400 mil pesos mensuales, mientras que quienes ganan 550 mil o 600 mil pesos ¡no lo obtendrán! ¡En cambio, el que tiene un ingreso de un millón 370 mil pesos mensuales sí tiene derecho a él! ¿Cómo explicamos a los jubilados que cobran una pensión de 240 mil pesos mensuales que no recibirán este bono? ¡Necesitamos una respuesta! El Ministro nos dice: “Ellos van a percibir un beneficio que se entrega en algunos meses más: el bono de invierno, que llega a 48 mil pesos”. Es una respuesta que podemos darle a la gente. Pero, si no se encuentran contemplados -el Senador Zaldívar pedía incluirlos-, ojalá sean considerados más

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adelante. Es preciso que el señor Ministro aclare si les va a dar o no el beneficio. Porque la gente nos consulta, en particular, cuando recorremos las comunas, las provincias de nuestras respectivas circunscripciones. Por lo tanto, si nosotros, en nuestra calidad de parlamentarios, aprobamos el bono, cómo no vamos a ser capaces de dar una respuesta seria y responsable sobre el particular y de aclarar las razones por las cuales algunos no fueron incluidos en esta iniciativa. Señor Presidente, lo he dicho en reiteradas oportunidades: siempre he avalado las medidas que toman los Ministros de Hacienda desde el año 90 hacia delante. Porque gracias a ellos nuestro país exhibe hoy una economía robusta. ¡Para dar hay que tener; para crecer hay que producir! ¡Eso estamos haciendo! ¡La demagogia y la politiquería destruyen las naciones! Y ojalá eso nunca ocurra en Chile. Por eso, decimos: “Este beneficio lo otorgamos porque el Estado tiene recursos”, con alegría concurrimos a su aprobación, para posibilitar que llegue a los más pobres y necesitados de nuestra patria. Gracias. El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide. El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, ante todo, quiero señalar que voy a aprobar la concesión del bono, con todas las reservas, explicaciones y algún planteamiento general que haré más adelante. Y votaré que sí, porque con el Ministro de Hacienda me comprometí a aprobar alguna vez lo que él proponga. Ahora cumplo mi palabra y quedo salvado para el resto del año. El señor ESPINA.- ¡Oh...! El señor LARRAÍN.- ¡Muy caro el voto! El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, si uno quisiera hacer este debate un poco más simpático, le diría también al Ministro que acojo las críticas que han formulado los Senadores de Gobierno y con eso estaría sobrepasado en mi propia crítica. Pero no es así. Creo que esta iniciativa sirve para que al menos hagamos un debate sobre algunos aspectos importantes. Primero, recojo y comparto las críticas formuladas por diversos Senadores de la Oposición y también de Gobierno -lo digo en serio- respecto a la modalidad de entregar bonos.

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Desde que soy parlamentario, o sea, desde hace mucho tiempo, nunca acepté de buena manera el otorgamiento de bonos. Me suena a dádiva; me suena a una cosa ocasional; me suena a un escapismo para no abordar los temas de fondo. ¡Esa es la realidad de las cosas! Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que estamos sujetos a la generosidad o discrecionalidad, como se ha indicado, de los Ministros de Hacienda o de los Gobiernos de turno. Y eso, naturalmente, siempre es posible que sea inequitativo, como lo es en este caso. Reitero: no me gusta este método. Creo que hay que ir al fondo del problema. Y me alegro infinitamente de que la tesis central del Senado haya sido “Aprobemos esto porque no hay más en esta oportunidad”; “Aprobemos esto porque” -como han manifestado, con toda franqueza, los colegas que han intervenido- “de todas maneras es un punto de apoyo; es algo que se le entrega a la gente que poco tiene”. Pero el asunto es otro: por qué este bono de 40 mil pesos, que es solo para algunos (debería ser para todos) se hace insuficiente. Ello se debe, a mi juicio, a que la desigualdad en Chile es de tal inmensidad que impide que cualquier bono que se entregue sea una solución razonablemente justa. Y eso tiene que ver con las cifras que registra el país. Algunos colegas han sostenido que estamos muy bien -y es verdad- en la macroeconomía y en todos los parámetros que se han mencionado como fruto de distintos Gobiernos. Porque también es cierto que en esos resultados le ha cabido participación no solo al actual Gobierno, sino también a los anteriores, cuyos Ministros de Hacienda seguían la misma línea. Lo que pasa es que la desigualdad existente mata cualquier intento por resolver, vía bonos, los problemas de la gente de menores recursos. Señor Presidente, en Santiago, un diario de la plaza,... El señor ESPINA.- ¿De cuál plaza? El señor RUIZ-ESQUIDE.- La plaza está exactamente a dos cuadras del ex Congreso y usted pasa por ahí permanentemente, Senador. Ese diario, que no se puede catalogar de revolucionario, días atrás publicó cifras espeluznantes. En el respectivo artículo se indica que las 14 figuras económicas más fuertes de Chile tienen prácticamente 60 mil millones de dólares en su activo personal o

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societario, y que, por lo tanto, para lograr el índice de utilidades de esas familias o sectores, los demás ciudadanos del país tendrían que trabajar un número de años que también es espeluznante: 200, 300, mil, en fin, cualquiera de ustedes los puede calcular. Eso es, en cristiano, un pecado social. Eso es, en cristiano, una bofetada a Cristo. Eso es, en cristiano, algo que tenemos el deber de reparar. Ahí está la razón primera: serían 20, 30, 50 generaciones las que tendrían que trabajar para lograr alcanzar lo que hoy solo algunos tienen. Y si ello es así, por supuesto que nunca podremos resolver los problemas de la gente a través de las medidas que estamos tomando. En consecuencia, hay que buscar el camino largo; la forma de discutir más adelante sobre el particular. Y esta materia también debe ser motivo de debate en la carrera presidencial, para que los candidatos digan qué van a hacer cuando lleguen al Gobierno. Al respecto, nosotros deberíamos plantear algunas cosas muy simples. Cuando se discuta lo relativo al monto del salario mínimo, uno perfectamente podría relacionar estos temas con el aumento de aquel. Creo que es humillante, para nosotros mismos, que estemos preocupados de si elevamos el salario mínimo a 203 mil o 206 mil pesos, lo que es una miseria, cuando existen las diferencias de ingresos y acumulación de riquezas a que nos hemos referido. En su momento presentaremos algunas alternativas posibles. ¡Por qué no relacionar el salario mínimo, por ejemplo -y doy excusas por apartarme algunos momentos del asunto central- con las utilidades de los propios empleadores...! Hace muchos años se planteó la siguiente idea: “Hagamos un índice pyme”, o “Hagamos un índice bancario”, o “Hagamos un índice de otra naturaleza”. Pues bien, el porcentaje de utilidades que percibe un determinado grupo de empleadores es el mismo, o la mitad, o el promedio de lo que se les paga como salario mínimo a las personas que trabajan con ellos. Señor Presidente, creo que he sido claro en esta materia. Pienso que mientras no elaboremos una política de fondo la gente no va a salir de la miseria. Porque la economía -lo

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saben muy bien los propios economistas; no es mi caso: yo soy apenas un Senador aficionado a esta disciplina, pero estoy convencido, porque lo he aprendido a través de mi vida- debe comprender temas no solo de esa índole o atinentes a los dineros, sino también otros relacionados con los problemas del desarrollo social y de la competencia que se hace con quienes son nuestros vecinos. Una persona está satisfecha, contenta o no contenta, no solo al recibir un determinado ingreso, sino al ver cuánto tienen sus propios vecinos. Y en eso, en Chile, se ha llegado a un límite que sobrepasa toda -yo diría- licitud ética para no enfrentar el punto. Termino, señor Presidente -usted me perdonará que desde ya le pida un minuto o 30 segundos más-, comentando dos cosas que me llamaron la atención. Una. Se argumenta que es necesario dar un bono en marzo porque en este mes corresponde pagar las patentes de los autos y otros gastos. Bueno, es cuestión de racionalizar los pagos de ciertas cosas distribuyéndolos en varios meses y no hacerlos exclusivamente en marzo. Entre otras cosas, hay que cambiar ciertos hábitos. Y dos. Aquí se ha señalado, por uno de mis más queridos y distinguidos colegas, que nosotros somos una Oposición irracional; que no aprobamos nada. Entonces, voy a entregar algunas cifras. Termino en 30 segundos, señor Presidente. En la prensa se ha informado que nosotros hemos apoyado prácticamente el 80 u 85 por ciento de los proyectos que han llegado desde el Ejecutivo. Además, se ha dicho que hacemos una oposición tremenda, insensata, que de alguna manera paraliza al Gobierno. Señor Presidente, quienes llevamos varios períodos en el Senado sabemos exactamente cómo se comportó la Oposición de Derecha en nuestros cuatro Gobiernos: actuaron con tal fiereza -y uso bien la palabra- que en determinado momento nos pareció un exceso. Pero, como decía una señora española, “Otro vendrá que bueno me hará”. El actual Gobierno termina en un año. Ya vendrá otro en el que lograremos corregir los errores estructurales que tiene esta Administración de Derecha, más allá de las personas que la sustentan. Como dije al comienzo, voto haciendo honor a mi compromiso con el Ministro de Hacienda. El señor PIZARRO (Presidente).- El turno siguiente corresponde a la Senadora señora Allende, quien no se encuentra en la Sala. Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, se ha hablado tanto de dar, de crecimiento, de cifras, que al final surge confusión sobre el real impacto que lo que estamos discutiendo tiene en la economía. Yo siempre recuerdo una frase del Padre Hurtado -ahora lo hago a propósito de la frase célebre del Papa Francisco I “Una Iglesia pobre al servicio de los pobres”- que me encanta: “Hay que dar hasta que duela”. Claro: si no duele, es lo que sobra; cuando duele, es porque la persona necesita lo que está dando. Señor Presidente, pienso que al discutir este bono de 40 mil pesos debemos reflexionar en torno a las personas a las que va destinado. Tarjetas de crédito o pacto con el diablo. Pacto con el diablo es aquel en que a la persona se le ofrece satisfacer las necesidades del presente de tal forma que al final del plazo quede condenada eternamente a las penas del infierno. Las tarjetas de crédito son un pacto con el diablo. Mi pregunta es: ¿a qué van a dedicar los beneficiarios esos 40 mil pesos? En un artículo CONADECUS señala claramente: “El nivel de endeudamiento de los consumidores ha crecido en términos reales a tasas muy superiores al aumento de los ingresos medios y bajos. El quintil más bajo de ingresos,” (los más pobres, quienes van a ser beneficiados con el bono) “de acuerdo a la encuesta Casen,” -estos datos son de 2010-2011- “está dedicando más del 60% de sus ingresos al servicio de deudas.”. En Chile hay 29 millones de tarjetas de crédito -¡29 millones!-, para una población activa de 6,5 millones de habitantes. Las tasas de interés aplicadas son usurarias. Como señala CONADECUS, es posible cobrar casi el 100 por ciento debido a conceptos como el de la inelasticidad, es decir, las eventuales debilidades de pago del consumidor. Tengo, pues, la impresión de que los 40 mil pesos irán al pago de los intereses de las múltiples tarjetas que los más pobres usan para sobrevivir. Entonces, señor Presidente, estoy con sentimientos encontrados. Primero, de frustración, pues me obligan a debatir sobre un bono y no acerca del modelo. Es el modelo neoliberal de crecimiento y concentración el que hoy día nos tiene más pobres. Chile ha crecido, por cierto. Pero tiene entre la décima y la duodécima peor distribución del ingreso del mundo. Chile ha crecido, por cierto. Pero los ricos se han hecho más ricos. Señor Presidente, las tarjetas de crédito son un problema que en algún momento deberemos abordar. Ahora, siento frustración y alegría, porque recuerdo que cuando, allá por la década de los 70, mi padre recibía el aguinaldo de

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Fiestas Patrias era una fiesta en nuestro hogar. Se sabía que venía, y se gastaba antes: para la pinta nueva, para hacer alguna reparación, en fin. Sé que en muchas familias humildes de mi país el bono de 40 mil pesos provoca alegría, porque les permitirá resolver problemas pendientes y contribuirá a hacerlas un poco más felices. Sé también que la tarea de todos es acumular la mayor cantidad posible de felicidad para el pueblo. Sin embargo, reflexiono sobre lo efímero de esa felicidad en este caso. Algunos criticaron a la Presidenta Bachelet cuando dio bonos. No obstante, ahora buscan parecerse a ella. Y hay una prueba de fuego. El Senador Escalona señaló que este bono suena más para el 2017 y la reelección de Piñera. Y lo reafirmó el colega Lagos Weber. De otro lado, algunos podemos tener un discurso raro: primero decimos alegrarnos de votar a favor y luego le damos duro al bono, criticándolo fuertemente. Siento, entonces, que también es una prueba para quienes apoyaremos a Michelle Bachelet, quien, sin ninguna duda, va a ser Presidenta de la República en marzo del 2014. Y veremos qué hace con el bono de marzo. ¿Lo va a hacer permanente? Por lo tanto, se devuelve la pelota: se queda en la cancha de los de acá. Y en marzo de 2014 estará la prueba de la blancura para quienes esta tarde hemos criticado el bono que plantea un Gobierno de Derecha porque es efímero, por su carácter transitorio. Así que no habrá que esperar hasta el 2017, sino hasta marzo de 2014. En tal sentido, señor Presidente -por supuesto, voy a votar a favor-, deberemos tener presente lo que se ha dicho. Porque será muy difícil explicar -y por eso el Senado se alinea para defender el bono: espalda con espalda, Derecha con Izquierda- que no se otorgará el bono a la gente con ingreso básico solidario, de 75 mil pesos, ni a los jubilados con pensiones un poquito mayores que 132 mil ni a los que perciben bono de invierno, y que sí recibirán el beneficio personas de la clase media -no dudo de que debemos apoyarlas- con entradas de hasta un millón 300 mil pesos. Será complejo resolver esa ecuación. En todo caso, el bono beneficiará a 2 millones de familias, o sea, a 7 millones de personas. Señor Presidente, quiero repetir lo que señala el profesor Joseph Ramos, de la Universidad de Chile: entre 1980 y 2013 la distribución del ingreso fue de 15 a 1; hoy es de 13 a 1. O sea, no hemos avanzado prácticamente nada. Hay quienes opinan que si a todas las personas se les hiciera un aumento de impuestos en un punto del PIB podríamos incrementar hasta en 25 por ciento los recursos de los sectores de menores ingresos. Por lo tanto, fórmulas hay; pero son estructurales. Y aquí tenemos un modelo neoliberal que no da cuenta de ello.

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Estamos, pues, frente a una disyuntiva: aprobar un bono que otorga una felicidad efímera o hacer el debate de fondo sobre la felicidad progresiva (porque jamás la felicidad es permanente). Entonces, está pendiente el debate sobre el modelo neoliberal, que acumula riqueza y no la distribuye. ¿Cuánto pierden los chilenos por concepto de pago de comisiones a las AFP? Yo quisiera una nueva Constitución, señor Presidente. Alguien podría preguntar cuándo vamos a discutir de verdad sobre la materia. No lo vamos a hacer a propósito del bono de marzo, sino después de una elección presidencial que permita elaborar una Carta Fundamental donde, por ejemplo, se prevea la existencia de un ombudsman, de un defensor del pueblo; donde se consagre la iniciativa popular de ley. Señor Presidente, la definición de retail habla de la venta al por menor o al detalle. Les preguntaba a algunos de los integrantes de nuestra Comisión de Economía qué es retail, porque pensaba que esa expresión podría incluir a los coleros de las ferias persas, quienes también venden al detalle. El hecho es que el punto está entre quienes cobran intereses usurarios y aquellos que sobreviven al día. Señor Presidente, yo estoy por negociación colectiva. Y la cuestión reside en que quien trabaja más gana más. En Chile el 6 por ciento de los trabajadores negocia colectivamente, en ejercicio de un derecho constitucional. La gente no quiere dádivas. Desea, si trabaja más, ganar más. Y, en este sentido, la subcontratación es una lacra: crea trabajadores de primera y de segunda. Las tarjetas de crédito son utilidades para los bancos. Como expresé, las 40 lucas del bono se destinarán a pagar deudas del último quintil; ellas se acumulan en los sectores de más bajos ingresos, donde los pobladores dedican 60 por ciento de lo que ganan a pagar deudas. Por consiguiente, mientras no haya una reforma estructural al modelo, los pobres van a seguir endeudándose. Los jóvenes universitarios, sin ganar ni uno, ya tienen tarjeta de crédito. Yo, afortunadamente, no gozo de ese privilegio, no porque no quiera, sino porque no me dan tarjeta de crédito. No formo parte de ese círculo. Señor Presidente, voy a votar a favor del bono de marzo porque creo firmemente que en la próxima Administración -tengo la convicción de que la actual Oposición será Gobierno- realizaremos un debate transformador, de fondo, con medidas revolucionarias, de cambio profundo; porque no habría coherencia alguna en el discurso que hemos pronunciado esta tarde si el próximo año no modificáramos nuestro quehacer, toda vez que la exigencia del beneficio en comento se repetirá en marzo de 2014.

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Y votaré así con la convicción de que estamos brindando un poco de felicidad a muchos chilenos -felicidad efímera, como expresé- y con la certeza de que la situación debe cambiar. Y cambiará si nos decidimos a luchar. Si los trabajadores no batallan para que exista negociación colectiva, para terminar con la subcontratación y para ganar acorde con su propio esfuerzo, no va a haber cambio en Chile. Me pronuncio a favor de este bono, de felicidad efímera pero necesario, y me comprometo a una lucha revolucionaria por transformaciones profundas en una sociedad que requiere mayor igualdad. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP! El señor LAGOS.- ¿Y las isapres...? El señor NAVARRO.- ¡Yo estoy en el FONASA...! El señor PIZARRO (Presidente).- No hay más inscritos. El Senador señor Orpis acaba de renunciar a su tiempo. Antes de cerrar la votación, le daré la palabra al señor Ministro, quien la solicitó tras haber sido emplazado varias veces. El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Muchas gracias, señor Presidente. Seré muy breve, pues solo quiero contestar a un par de puntos que se plantearon en esta Sala. El primero tiene relación con un aspecto conceptual debatido aquí. Señor Presidente, nadie está planteando que el bono es la solución permanente para los problemas de las personas. Él viene a complementar el buen momento de la economía chilena, y se encuadra dentro de la más absoluta responsabilidad fiscal. Hemos tenido dos años de superávit fiscal, y ello significa que podemos entregar ese beneficio. A la vez, recuperamos los fondos soberanos, incluso yendo más allá de los niveles que registraban antes de la crisis de 2009. Vamos a tener fondos soberanos superiores a los 22 mil millones de dólares, en una situación fiscal completamente consolidada. Eso es una base del tema. Somos conscientes de que la forma permanente de ayudar a las personas es a través de la generación de empleo. Por eso se han creado 817 mil puestos de trabajo en los últimos tres años. Lo salarios reales están aumentando en el orden de 6 por ciento

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nominal, lo que en términos reales es más de 4 por ciento, dada la baja inflación existente, que es la otra parte del condimento. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, en un mes complicado, ir en ayuda de las familias chilenas, en particular de las más vulnerables, porque las condiciones lo permiten. Insisto: nadie sostiene que esa es la forma permanente de solucionar los problemas; pero constituye un aporte. Y para quienes tienen menos, los 50 mil 500 pesos -se estima que eso recibirá una familia con 1,4 hijos, en promedio- es una ayuda que puede ser interesante. Hay otra serie de materias. Por ejemplo, la relacionada con el financiamiento. Este siempre debe venir del Tesoro Público; se paga a través del IPS. En la medida que tengamos mayores ingresos estructurales, se puede recurrir a ellos. Pero también es factible, de acuerdo a cómo se dé la ejecución presupuestaria en el año, que haya reasignaciones. Por lo tanto, puede existir una mezcla de reasignación y más ingresos estructurales, dependiendo de la ejecución presupuestaria en los distintos ministerios durante el año; es decir, una combinación de ambos elementos. Eso, a modo de explicación. Por último, señor Presidente, debo decir que hubo aquí una opción. Soy consciente de que el universo de un millón 700 mil familias es el tradicional con relación al bono de marzo que se dio en los dos Gobiernos anteriores, o al menos en el de la Presidenta Bachelet, el cual no incluyó a los pensionados. Yo entiendo la preocupación que existe por los pensionados. Sin embargo, debo puntualizar que los bonos entregados en la Administración precedente no los incluyó. Para ellos existe el bono de invierno, que llega a 650 mil adultos mayores que tienen, o pensión básica solidaria, o pensión con aporte previsional solidario, hasta 133 mil pesos. Por lo tanto, para esas personas también hay una ayuda. Señor Presidente, siempre es posible encontrar criterios diferentes. Y el que se aplica ahora, por supuesto, es discutible. Pero uno debe tener algún criterio para llegar a la gente de clase media. En esta ocasión, es un elemento novedoso el de ir hacia personas de clase media emergente, pero que tienen ficha de protección social; que están inscritos en el beneficio de la asignación

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familiar, aunque no lo reciban por ser su ingreso familiar superior a 495 mil pesos. Entonces, no pensamos que esta es la panacea, pero sí podemos decir que se trata un aporte importante que estamos haciendo a las familias chilenas, dentro de un marco de responsabilidad, en una economía a la que le ha ido bien. Gracias, señor Presidente. El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor y una abstención); por no haberse presentado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda terminada su discusión en este trámite. Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). Se abstuvo el señor Novoa. --(Aplausos en la Sala).

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OFICIO APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES

2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen Oficio de aprobación de Proyecto sin modificaciones. Fecha 20 de marzo, 2013. Cuenta en Sesión 07, Legislatura 361. Cámara de Diputados

Nº 193/SEC/13 Valparaíso, 20 de marzo de 2013.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerables, correspondiente al Boletín N° 8.830-31. Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.618, de 14 de marzo de 2013. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JORGE PIZARRO SOTO Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA Secretario General del Senado

A S.E. el Presidente de la Honorable

Cámara de Diputados

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OFICIO LEY AL EJECUTIVO

3. Trámite de Finalización: Cámara de Diputados

3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo. Oficio de Ley a S.E. el Presidente de la República. Comunica texto aprobado por el Congreso Nacional. Fecha 21 de marzo de 2013

Oficio Nº 10.633 VALPARAÍSO, 21 de marzo de 2013 Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional

ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerables, correspondiente al boletín N°8830-31. PROYECTO DE LEY: “Artículo 1º.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a quienes al 31 de diciembre de 2012 sean beneficiarios del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020; o beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, siempre que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N°18.987. También tendrán derecho al bono quienes, al 31 de diciembre de 2012, sean beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que a dicha fecha tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N°18.987 y que el promedio mensual de su remuneración bruta del año 2012 sea igual o inferior a 60 unidades de fomento, según el valor promedio de dicha unidad durante el año 2012, siempre que cuenten con Ficha de Protección Social al 31 de diciembre de 2012, regulada en el decreto supremo N°291, de 2007, del Ministerio de Planificación, y tengan causantes acreditados a esa fecha. El bono será de $40.000.- por beneficiario y se incrementará en un monto adicional de $7.500.- por cada causante que, al 31 de diciembre de 2012, sea menor de 18 años de edad o haya cumplido esa edad en dicho año o sea inválido, cualquiera sea su edad según lo establecido en el inciso primero del artículo 2° de la ley N°18.020 o en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El incremento no será aplicable a los beneficiarios del bono cuyos ingresos mensuales sean superiores al límite máximo establecido en el artículo 1° de la ley N°18.987.

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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Cada beneficiario y cada causante de los señalados en el inciso anterior sólo dará derecho a un bono y a un incremento, respectivamente. Igualmente, tendrán derecho al bono otorgado por esta ley las familias que, al 28 de febrero de 2013, se encuentren percibiendo la transferencia monetaria base y, o la transferencia monetaria condicionada a que se refieren los párrafos Quinto y Sexto del Título I de la ley N°20.595; y las familias que, a esa fecha, sin percibir las referidas transferencias, sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, o en la forma establecida en el artículo tercero transitorio, ambos de la ley N°20.595; siempre que a quien le corresponda recibir el pago de las referidas transferencias, según lo establecido en el artículo 34 del decreto supremo N°30, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, no sea beneficiario del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono será de $40.000.- por familia según grupo familiar consignado en la Ficha de Protección Social al 28 de febrero de 2013 y se incrementará en un monto adicional de $7.500.- por cada menor de 18 años de edad y por cada persona con discapacidad que tenga 18 o más años de edad que se encuentre inscrita a la fecha antes señalada en el Registro Nacional de Discapacidad a que se refiere el Título V de la ley N°20.422, que integre el grupo familiar respectivo, que no sea causante del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono de la presente ley no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecto a descuento alguno y no será considerado subsidio periódico para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N°20.595. Será de cargo fiscal y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, al que le corresponderá especialmente concederlo y resolver los reclamos a que haya lugar con ocasión de su implementación, los que podrán ser notificados a los reclamantes a través del Instituto de Previsión Social. Será pagado por el Instituto de Previsión Social en una sola cuota, a partir del mes en que se publique esta ley y a la persona que establece el artículo 34 del decreto supremo N°30, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, en caso que perciban el bono en razón de ser beneficiarios de las transferencias a que se refieren los párrafos Quinto y Sexto del Título I de la ley N°20.595; o al beneficiario del subsidio familiar, asignación familiar o asignación maternal en el caso de quienes tengan acceso al bono por ser beneficiarios de esas asignaciones. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional del pago.

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El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley. En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago. A todo aquél que percibiere indebidamente el bono extraordinario a que se refiere este artículo, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, se le aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudiere corresponderle, de acuerdo a la legislación común, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente percibido. El infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución. Para efectos de la concesión del bono establecido en esta ley, corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social proporcionar al Ministerio de Desarrollo Social, en el plazo de treinta días contado desde la publicación de esta ley, la nómina de los beneficiarios y sus causantes, al 31 de diciembre de 2012, del subsidio familiar establecido en la ley N°18.020, de la asignación familiar del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4° del citado decreto con fuerza de ley. Con todo, la referida nómina podrá ser rectificada y, o complementada por la Superintendencia de Seguridad Social, cuando corresponda, con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere este artículo. Artículo 2º.- El gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. Artículo 3°.- El Ministerio de Desarrollo Social entregará mensualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados las estadísticas agregadas de las familias y cargas que reciban bono y complemento, desagregado por comuna y región.”. *** Dios guarde a V.E. NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ Presidente (A) de la Cámara de Diputados ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ Secretario General de la Cámara de Diputados

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4. Publicación de Ley en Diario Oficial

4.1. Ley Nº 20.665 Tipo Norma : Ley 20665 Fecha Publicación : 01-04-2013 Fecha Promulgación : 25-03-2013 Organismo : MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL; SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL Título : OTORGA UN BONO SOLIDARIO A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS Y DE CLASE MEDIA VULNERABLES Tipo Versión : Única De: 01-04-2013 Título Ciudadano : Inicio Vigencia : 01-04-2013 Id Norma : 1049713 URL : http://www.leychile.cl/N?i=1049713&f=2013-04-01&p= LEY NÚM. 20.665 OTORGA UN BONO SOLIDARIO A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS Y DE CLASE MEDIA VULNERABLES Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, Proyecto de ley: "Artículo 1°.- Concédese, por una sola vez, un bono extraordinario a quienes al 31 de diciembre de 2012 sean beneficiarios del subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020; o beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, siempre que perciban las referidas asignaciones por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.987. También tendrán derecho al bono quienes, al 31 de diciembre de 2012, sean beneficiarios de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del

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Trabajo y Previsión Social, que a dicha fecha tengan ingresos superiores al límite máximo establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.987 y que el promedio mensual de su remuneración bruta del año 2012 sea igual o inferior a 60 unidades de fomento, según el valor promedio de dicha unidad durante el año 2012, siempre que cuenten con Ficha de Protección Social al 31 de diciembre de 2012, regulada en el decreto supremo Nº 291, de 2007, del Ministerio de Planificación, y tengan causantes acreditados a esa fecha. El bono será de $40.000.- por beneficiario y se incrementará en un monto adicional de $7.500.- por cada causante que, al 31 de diciembre de 2012, sea menor de 18 años de edad o haya cumplido esa edad en dicho año o sea inválido, cualquiera sea su edad según lo establecido en el inciso primero del artículo 2º de la ley Nº 18.020 o en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El incremento no será aplicable a los beneficiarios del bono cuyos ingresos mensuales sean superiores al límite máximo establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.987. Cada beneficiario y cada causante de los señalados en el inciso anterior sólo dará derecho a un bono y a un incremento, respectivamente. Igualmente, tendrán derecho al bono otorgado por esta ley las familias que, al 28 de febrero de 2013, se encuentren percibiendo la transferencia monetaria base y/o la transferencia monetaria condicionada a que se refieren los párrafos Quinto y Sexto del Título I de la ley Nº 20.595; y las familias que, a esa fecha, sin percibir las referidas transferencias, sean usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por haber ingresado a éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º, o en la forma establecida en el artículo tercero transitorio, ambos de la ley Nº 20.595; siempre que a quien le corresponda recibir el pago de las referidas transferencias, según lo establecido en el artículo 34 del decreto supremo Nº 30, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, no sea beneficiario del subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono será de $40.000.- por familia según grupo familiar consignado en la Ficha de Protección Social al 28 de febrero de 2013 y se incrementará en un monto adicional de $7.500.- por cada menor de 18 años de edad y por cada persona con discapacidad que tenga 18 o más años de edad que se encuentre

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inscrita a la fecha antes señalada en el Registro Nacional de Discapacidad a que se refiere el Título V de la ley Nº 20.422, que integre el grupo familiar respectivo, que no sea causante del subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020; o de la asignación familiar o de la asignación maternal del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El bono de la presente ley no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecto a descuento alguno y no será considerado subsidio periódico para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Nº 20.595. Será de cargo fiscal y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, al que le corresponderá especialmente concederlo y resolver los reclamos a que haya lugar con ocasión de su implementación, los que podrán ser notificados a los reclamantes a través del Instituto de Previsión Social. Será pagado por el Instituto de Previsión Social en una sola cuota, a partir del mes en que se publique esta ley y a la persona que establece el artículo 34 del decreto supremo Nº 30, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social, en caso que perciban el bono en razón de ser beneficiarios de las transferencias a que se refieren los párrafos Quinto y Sexto del Título I de la ley Nº 20.595; o al beneficiario del subsidio familiar, asignación familiar o asignación maternal en el caso de quienes tengan acceso al bono por ser beneficiarios de esas asignaciones. Al efecto, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas que cuenten con una red de sucursales que garantice la cobertura nacional del pago. El plazo para reclamar por el no otorgamiento del bono a que se refiere este artículo, será de un año contado desde la publicación de la presente ley. En tanto, el plazo para el cobro del bono a que se refiere este artículo será de seis meses contado desde la emisión del pago. A todo aquel que percibiere indebidamente el bono extraordinario a que se refiere este artículo, ocultando datos o proporcionando antecedentes falsos, se le aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderle, de acuerdo a la legislación común, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente percibido. El infractor deberá restituir las sumas indebidamente percibidas, reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado

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por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que se percibió y el que antecede a su restitución. Para efectos de la concesión del bono establecido en esta ley, corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social proporcionar al Ministerio de Desarrollo Social, en el plazo de treinta días contado desde la publicación de esta ley, la nómina de los beneficiarios y sus causantes, al 31 de diciembre de 2012, del subsidio familiar establecido en la ley Nº 18.020, de la asignación familiar del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y de la asignación maternal a que se refiere el artículo 4º del citado decreto con fuerza de ley. Con todo, la referida nómina podrá ser rectificada y/o complementada por la Superintendencia de Seguridad Social, cuando corresponda, con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere este artículo. Artículo 2º.- El gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, durante el año 2013, se imputará al presupuesto del Instituto de Previsión Social y se financiará con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. Artículo 3º.- El Ministerio de Desarrollo Social entregará mensualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados las estadísticas agregadas de las familias y cargas que reciban bono y complemento, desagregado por comuna y región.". Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. Santiago, 25 de marzo de 2013.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Joaquín Lavín Infante, Ministro de Desarrollo Social.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.- Evelyn Matthei Fornet, Ministra del Trabajo y Previsión Social. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Soledad Arellano Schmidt, Subsecretaria de Desarrollo Social.