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Honduras: una democracia en procesoMario Posas

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Colección Visión de País 14

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)Colonia Palmira, Ave. República de Panamá, Tegucigalpa, Honduras. Noviembre, 2003

Diseño y diagramación: Giovani FiallosIlustración de portada: “Túnel“ de Gelasio Giménez

Las ideas expuestas en los Cuadernos de Visión de País son de exclusiva responsabilidad desus autores y no reflejan necesariamente la visión del Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo.

321.8 Posas, MarioP83 Honduras: Una democracia en proceso / Mario

Posas. --1a. ed. -- Tegucigalpa: PNUD, 2003.24 p.

ISBN 99926-672-2-2

1. GOBIERNO 2. DEMOCRACIA

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Prólogo

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, como un aportedestinado a facilitar los procesos de democratización y difusión del conocimiento y la informaciónpertinente para el desarrollo del país, inicia la publicación de tres colecciones: Visión de País,Cuadernos de Desarrollo Humano Sostenible y Prospectiva.

Estas series son fruto del trabajo de la Unidad de Prospectiva y Estrategia (UPE) de la oficina delPNUD en Honduras y están destinadas a difundir el pensamiento de académicos, intelectuales,técnicos e investigadores hondureños y extranjeros que desde diferentes perspectivas se enfoquenen la construcción del paradigma del desarrollo humano sostenible.

La difusión y creciente adopción a escala internacional y nacional de un nuevo paradigma del desa-rrollo humano sostenible, cuya premisa y finalidad es ampliar las capacidades y oportunidades delos individuos, conlleva el desafío de insertarlas y aplicarlas como un eje transversal en la construc-ción de un proyecto de país. Éste es el propósito de las reflexiones y análisis presentes en cada unode los trabajos publicados en estas colecciones.

Nuestro propósito es contribuir al análisis y diseño de estrategias y políticas públicas, globales ysectoriales, que reflejen y respondan a la realidad hondureña. Estamos seguros de que la comuni-dad nacional e internacional encontrarán aquí un espacio para la reflexión y el diálogo en torno a losproblemas del desarrollo y el fortalecimiento de la democracia en Honduras.

Jeffrey AvinaRepresentante Residentedel PNUD en Honduras

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Colección Visión de País

La Unidad de Prospectiva y Estrategias (UPE) del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-rrollo (PNUD) es una instancia de análisis, reflexión y apoyo a la gestión de gobierno, sociedad civily comunidad internacional. Bajo estos lineamientos, es el soporte técnico y administrativo del Forode Fortalecimiento de la Democracia (FFD), y su objetivo principal es apoyar los procesos de diálo-go en materia de desarrollo y democracia, especialmente facilitando y apoyando los procesos deconcertación nacional.

Bajo la premisa de la democratización y participación ciudadana como condiciones indispensablespara el desarrollo, la UPE ha decidido editar una serie de publicaciones bajo el título de ColecciónVisión de País, con el fin de contribuir a generar el pensamiento, la reflexión y las acciones necesa-rias en la construcción de procesos de visión de país, tanto globales como sectoriales, regionales ynacionales.

La Colección Visión de País recibirá el aporte de diversos intelectuales y académicos nacionalesy extranjeros que desde diferentes disciplinas y marcos metodológicos aportarán con su pensa-miento a forjar una visión de país para el siglo XXI.

Esperamos que estas publicaciones constituyan una herramienta para facilitar el diálogo y laprofundización sobre el país que necesitamos construir, en la perspectiva de un desarrollo equitati-vo y sostenible centrado en los seres humanos.

Glenda GallardoEconomista Principal del PNUD y Coordinadora

de la Unidad de Prospectiva y Estrategia (UPE)

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Indice

Introducción ...................................................................................................................................................... 72. El reformismo militar y su agotamiento ...................................................................................................... 73. Las dificultades de la restaurada democracia hondureña ........................................................................... 94. Callejas y el proyecto de modernización del sistema político y del Estado ............................................ 105. La desmilitarización del Estado hondureño .............................................................................................. 126. Sociedad civil, Estado y participación ........................................................................................................ 137. Las reformas políticas del programa de modernización del Estado vuelven al escenario ..................... 158. Una mirada sobre los resultados electorales y la cultura política ............................................................ 179. Democracia y desigualdad social ................................................................................................................ 2210. Balance y perspectiva ................................................................................................................................ 22

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INTRODUCCIÓN

Se adopta aquí lo que varios estudiosos han llama-do una definición minimalista de la democracia. Lademocracia así definida corresponde, en términosgenerales, a lo que un estudioso de la democraciacomo el profesor Robert Dahl ha denominadoPoliarquía. Los siguientes son los rasgos característi-cos de la democracia así concebida:

• Cargos públicos electos. Esto significa que el con-trol de las decisiones político-administrativas gu-bernamentales, está en manos de funcionarios pú-blicos electos por los ciudadanos. Los gobiernosdemocráticos electos, enfatiza el profesor Dahl,son gobiernos representativos.

• Elecciones libres, imparciales y frecuentes. Losfuncionarios de gobierno son seleccionados enelecciones frecuentes conducidas con imparciali-dad y con muy poca coerción.

• Libertad de expresión. Los ciudadanos tienen de-recho a expresarse sobre asuntos políticos, inclu-yendo la crítica al gobierno, al régimen político, alorden socioeconómico y a la ideología prevalecien-te.

• Acceso a fuentes alternativas de información. Losciudadanos tienen el derecho de solicitar fuentesde información alternativas e independientes deotros ciudadanos, expertos, periódicos, revistas,libros, telecomunicaciones y similares.

• Autonomía de asociaciones. Los ciudadanos tie-nen el derecho de constituir asociaciones y orga-nizaciones relativamente independientes, inclu-yendo partidos políticos y grupos de interés inde-pendientes.

• Ciudadanía inclusiva. A ningún adulto se le pue-den negar los derechos que disfruten los otros yque sean necesarios para el funcionamiento efec-tivo de las instituciones políticas de la democraciaen gran escala enunciadas anteriormente.1

Si comparamos la definición de la poliarquía delProfesor Dahl con otras definiciones mínimas de lademocracia, advertimos la ausencia de un elementocaracterístico de las mismas. Estamos hablando de larendición de cuentas de parte de los gobernantes an-tes los gobernados.2

Refiriéndose a las condiciones que favorecen la tran-sición hacia la democracia y su consolidación, el pro-fesor Dahl ha señalado tres, que a su juicio, son esen-ciales: 1) la inexistencia de un control extranjero hos-til a la democracia; 2) el control del poder militar y dela policía por parte de líderes políticos electos; y 3) laexistencia de valores democráticos y de una culturapolítica democrática.3

En lo relativo a la primera, el profesor Dahl es enfá-tico al sostener que «las instituciones democráticas tie-nen menos posibilidades de desarrollarse en un paíssujeto a la intervención de otro Estado que es hostil algobierno democrático en aquel país».4 En lo relativo ala segunda, el autor es también enfático al argumentarque «al menos que el ejército y la policía estén bajo elpleno control de cargos elegidos democráticamente,las instituciones políticas democráticas difícilmenteconseguirán desarrollarse o subsistir».5 En lo relativo ala tercera, sostiene que las perspectivas de una demo-cracia estable en un país se ven potenciadas si sus ciu-dadanos y sus líderes defienden con fuerza las ideas,valores y prácticas democráticas, si estas ideas, valoresy prácticas están bien arraigadas en la cultura del paísy se trasmiten de una generación a otra. Una culturapolítica democrática es aquella en que los ciudadanos,argumenta el profesor Dahl, creen que la democraciay la igualdad política son fines deseables, que el con-trol sobre el ejército y la policía debe estar en manosde líderes políticos electos, que las instituciones de-mocráticas básicas como el sufragio universal, la liber-tad de expresión y otras garantías democráticas, de-ben ser respetadas y preservadas y si las diferencias ydesacuerdos entre los ciudadanos deben ser tolera-dos y protegidos.6

Para una mejor inteligencia del proceso de retornoal régimen democrático, que se inició el 20 de abril de1980, es necesario esbozar, aunque sea brevemente,las líneas maestras del denominado régimen de uni-dad nacional, cuyo fracaso generó una profunda crisisde credibilidad de los partidos políticos tradicionalesy permitió el ascenso y el eventual agotamiento delreformismo militar.

2. El reformismo militar y suagotamiento

El estruendoso fracaso del denominado gobiernode unidad nacional (1971-1972) presidido por el abo-gado Ramón Ernesto Cruz, generó una seria crisis decredibilidad de los partidos políticos tradicionales antela Sociedad Civil organizada. Como se sabe, este régi-men surgió del denominado pacto de unidad nacio-

1 Robert Dahl, La democracia. Una guía para ciudadanos, Taurus,Madrid, 1999, pp. 99-101 y Robert Dahl, La democracia y sus críticos,Ediciones Paidos, Barcelona, 1992, pp. 279-281.

2. Cf. J. Denis Derbyshire and Ian Derbyshire, Spotlight on WorldPolitical System. An Introduction to Comparative Government, W &R. Chambers Ltd., Edinburgh, 1991, p. 34 y Carlos Vilas, “Buscando alLeviatán. Hipótesis sobre ciudadanía, desigualdad y democracia” enEmir Sader (editor), Democracia sin exclusiones ni excluidos, ALAS/CLACSO/UNESCO/NUEVA SOCIEDAD, Caracas, 1998, p. 116.

3 Robert Dahl, La democracia. Una guía para ciudadanos,Taurus, Madrid, 1999, p. 167.

4 Idem.5 Ibidem, p. 169.6 Ibidem, p. 178.

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nal, que comprometió al Partido Liberal y al PartidoNacional, a realizar un gobierno de coalición nacionaly a impulsar un conjunto de reformas económicas,sociales y políticas orientadas a modernizar el sistemapolítico y la sociedad hondureña en su conjunto.

Este programa de reformas les fue impuesto a lospartidos políticos tradicionales por las fuerzas socia-les que se convirtieron en garantes del pacto socialsuscrito por los partidos políticos tradicionales. Estasfuerzas sociales eran, como se sabe, las organizacio-nes obreras y campesinas representadas por la Confe-deración de Trabajadores de Honduras (CTH), losempresarios representados en el Consejo Hondureñode la Empresa Privada (COHEP) y las Fuerzas Armadasrepresentadas por su máximo conductor, el generalOswaldo López Arellano.

La incapacidad del régimen político surgido de estepacto social «a la colombiana» de llevar adelante lasreformas exigidas por los garantes del mismo, creó lascondiciones para que obreros, campesinos y empre-sarios apoyaran a las Fuerzas Armadas en su derroca-miento, lo que se consumó a través del golpe de esta-do del 4 de diciembre de 1972. No debe ser visto comoproducto de la casualidad, que este golpe militar sehaya producido, en el marco de la aguda crisis socialgenerada por una marcha multitudinaria de campesi-nos organizados que exigían del régimen del abogadoCruz la aplicación inmediata de la Ley de Reforma Agra-ria. Esta marcha de hambre, como se le denominó aeste multitudinario éxodo de campesinos hacia la ca-pital del país para exigir sus demandas en las principa-les calles de la misma, estaba siendo apoyada abierta-mente por las organizaciones sindicales agrupadas enla por entonces poderosa CTH.

El régimen surgido del golpe de estado del 4 dediciembre de 1972, presidido por el general OswaldoLópez Arellano, fue de carácter reformista y naciona-lista. De esta manera, los militares hondureños se in-corporaron al camino que ya había sido transitado porlos militares reformistas y nacionalistas dirigidos porOmar Torrijos, en Panamá y Velasco Alvarado, en elPerú.

Como jefe de gobierno, López Arellano impulsó lasreformas exigidas por la Sociedad Civil organizada alrégimen del abogado Cruz. Emitió un decreto agraristade emergencia que dio tierra en forma inmediata auna multitud de campesinos sin tierra. Eventualmen-te, emitió una nueva Ley de Reforma Agraria que lega-lizó la tierra adjudicada, abrió la posibilidad de obte-ner nuevas tierras y dio impulso a las formas colecti-vas de producción en el agro. Emitió una ley de salariomínimo y obligó a todos los trabajadores de una em-presa en la que se hubiere suscrito un contrato colec-tivo, a cotizar al sindicato de la misma. Creó el Institu-to de Formación Profesional (INFOP) para la forma-ción de mano de obra calificada para el sector produc-tivo y la Corporación Nacional de Inversiones

(CONADI) para apoyar financieramente a las empre-sas de capital local. Nacionalizó el bosque y creó laCorporación Hondureña de Desarrollo Forestal(COHDEFOR) para controlar la explotación del bos-que. Se incorporó a la lucha de los países del TercerMundo que clamaban por un nuevo orden económi-co internacional y con este propósito creó la Corpora-ción Hondureña del Banano (COHBANA) e impusoun nuevo régimen tributario a las compañíastransnacionales dedicadas a la explotación de esterubro.

Como se sabe, el gobierno de López Arellano cayóenvuelto en un millonario soborno que la UnitedBrands pagó a un alto funcionario de su gabinete conel objeto de rebajar el impuesto de exportación a lacaja de banano y en el cual se le supuso involucrado.La negativa de López Arellano a permitir la revisión desu cuenta bancaria en Suiza para verificar o descartarsu involucramiento, indujo al Consejo Superior de lasFuerzas Armadas, el organismo colegiado de las mis-mas que ostentaba el poder real, a deponerlo de sucargo el 22 de marzo de 1975. Su lugar fue ocupadopor el general Juan Alberto Melgar Castro, quien fuealejando de las posiciones de decisión a los militaresreformistas, conduciendo el reformismo de la prime-ra época, hacia su inevitable agotamiento.

Melgar Castro aceptó finalmente las apelaciones delos líderes de los partidos políticos tradicionales, queresentían el tipo de decisiones políticas que se toma-ban sin su intervención, de retornar al régimen demo-crático y al imperio de la Constitución de la República.Los líderes y los principales activistas de las organiza-ciones de los sectores populares organizados, de lascapas medias organizadas y los núcleos empresarialesidentificados con el régimen militar, habían visto condesdén este tipo de apelaciones. Sin embargo, cuan-do se dieron cuenta que el proceso de retorno al régi-men constitucional era irreversible, aceptaron la invi-tación de Melgar Castro para incorporarse al ConsejoAsesor del Jefe de Estado, un organismo de legitima-ción política creada por el régimen militar. Los parti-dos políticos tradicionales se negaron a participar enel Consejo Asesor del Jefe de Estado. En el seno deeste cuerpo deliberativo, se discutió y aprobó unanueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas,que flexibilizó las condiciones para la inscripción denuevos partidos, frentes políticos y candidaturas in-dependientes e introdujo el mecanismo de las elec-ciones internas para la selección de candidatos a pues-tos de elección popular.

El propio Melgar Castro comenzó a dar muestrasde querer convertirse eventualmente en Presidente dela República haciendo uso del expediente de hacersenombrar como tal por el partido político triunfante enlas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyen-te que habían sido convocadas para el 20 de abril de1980. La campaña proselitista que había iniciado con

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este propósito, lo enfrentó con los militares conserva-dores que controlaban el Consejo Superior de las Fuer-zas Armadas, los que le enviaron un memorandumen el que se le solicitaba una definición clara de suspretensiones políticas y la cabeza de algunos funcio-narios de su régimen político. Su negativa a aceptarlos términos del memorandum, que al ser publicadopor la prensa fue declarado como apócrifo, indujo alalto mando militar a obligarlo a renunciar de su cargo.Melgar Castro fue depuesto el 18 de agosto de 1978.Había iniciado su gestión, el 22 de marzo de 1975. Sulugar fue ocupado por tres militares de alta gradua-ción liderados por el General Policarpo Paz García,quienes organizaron un régimen corrupto y abierta-mente conservador.

Para entonces, estaba claro en la consciencia de loslíderes de las organizaciones sociales, que con tantoentusiasmo apoyaron a los militares reformistas deprimera hora, que los militares no eran la alternativapara enfrentar los graves problemas que aquejaban ala sociedad hondureña, como pensaron al inicio de ladécada del 70. A la forja de la idea de que los militaresrepresentaban una atractiva opción política para eldesarrollo económico y social contribuyó mucho laalianza política de tipo populista, como dirían algunos,que comenzó a bosquejar López Arellano con los sec-tores obreros y campesinos a partir del año de 1969,cuando decidió apoyar abiertamente el desarrolloempresarial de los grupos campesinos del sector re-formado.

El triunfo de la revolución sandinista en julio de1979 y el diseño de una estrategia contrarre-volucionaria por parte de los Estados Unidos, que te-nía como epicentro al territorio hondureño por suposición estratégica en la región, vino a abortar el planque conduciría al general Paz García, en alianza con elPartido Nacional y mediante el expediente del fraudeelectoral, a la Presidencia de la República. Según loplaneado, Paz García sería nombrado Presidente de laRepública por la Asamblea Nacional Constituyente enla que tendría mayoría el conservador Partido Nacio-nal repitiendo el camino ya transitado por el coronelOswaldo López Arellano, quien se convirtió en Presi-dente de la República en el año de 1965, al ser nom-brado por una Asamblea Nacional Constituyente do-minada mayoritariamente por el Partido Nacional. Lamayoría obtenida en este organismo de decisión esta-tal por parte del Partido Nacional había sido el pro-ducto de un proceso electoral viciado y abiertamentefraudulento que permitió bautizar internacionalmentea elecciones de este tipo como «elecciones estilo Hon-duras». Esta no era la primera vez en la historia políti-ca reciente que una Asamblea Nacional Constituyentenombraba al Presidente de la República. En el año de1957, después de haber realizado un pacto político quecedió a los militares su autonomía de gestión, unaAsamblea Nacional Constituyente dominada por el

Partido Liberal, había seleccionado como Presidentede la República al médico Ramón Villeda Morales,máximo líder de este partido político.

La decisión de los Estados Unidos de hacer de Hon-duras una suerte de democracia modelo en la regiónpara desde allí montar una estrategia contrarre-volucionaria en Centro América, abortó los planes delPartido Nacional y del general Paz García. Tambiénabortó eventualmente las aspiraciones de los diputa-dos del Partido Liberal a quienes no les faltaron de-seos de nombrar al médico Roberto Suazo Córdovacomo Presidente de la República desde la AsambleaNacional Constituyente que ganaron mayoritariamenteen las elecciones del 20 de abril de 1980. Los diputa-dos de esta Asamblea Nacional Constituyente, decidie-ron nombrar al general Paz García como PresidenteProvisional de la República. (1980-1981) por habergarantizado, aunque a última hora, la limpieza del pro-ceso electoral. Esta Asamblea Nacional Constituyenteemitió la Constitución Política actualmente vigente ypreparó la Ley Electoral y de las Organizaciones Políti-cas que sirvió de base para las elecciones generalesdel 25 de noviembre de 1981 que marcaron el iniciodel pleno retorno a la democracia representativa en elpaís. En estas elecciones, triunfó abrumadoramenteel Partido Liberal que llevaba como candidato presi-dencial a Roberto Suazo Córdova, cercano colabora-dor del último gran líder del Partido Liberal, el aboga-do Modesto Rodas Alvarado, quien murió en la segun-da mitad del año de 1979, justamente en el momentoen que tenía mayores posibilidades de lograr su viejaaspiración de convertirse en el Presidente del país.Rodas Alvarado había sido candidato presidencial delPartido Liberal en las elecciones generales de 1963.Un triunfo seguro e inobjetable le fue arrebatado enaquella ocasión por el golpe de estado del 3 de octu-bre del año en referencia que derribó el gobierno deVilleda Morales. Este golpe de estado, que enarbolóbanderas conservadoras y anticomunistas, fue lideradopor el entonces coronel Oswaldo López Arellano.

3. Las dificultades de la restauradademocracia hondureña

El régimen político establecido por Roberto SuazoCordova nació prisionero de la estrategiacontrarrevolucionaria de los Estados Unidos en la re-gión que implicaba el uso del territorio hondureñocomo base de operaciones contrarrevolucionarias yque se apoyaba en buena medida en el ejército hon-dureño, al cual le fueron encomendadas, al menos,dos tareas fundamentales: l)servir de retaguardia delejército salvadoreño en su lucha contra los grupos in-surgentes de aquel país, y, 2) actuar como fuerza deapoyo de la denominada «contra» nicaragüense queincursionaba continuamente en territorio del vecinopaís y hostigaba al régimen sandinista, que se vio en-

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frentado a lo largo de los años que dirigió el Estado, auna especie de guerra civil permanente.

A hacer mucho más precaria la posición de los po-deres del Estado seleccionados por el voto popular,contribuyó mucho el carácter soberbio, prepotente ydespreciativo del general Gustavo Álvarez Martínez, unmilitar educado en Argentina, que aspiraba a contro-lar la «subversión comunista» de la misma manera quelos militares argentinos lo habían hecho en su país:mediante una «guerra sucia» en que se desaparecía y/o asesinaba a los opositores. Esto significó en la prác-tica, que el régimen de Suazo Córdova, surgido delvoto popular, se viera estigmatizado como un gobier-no violador de los derechos humanos que el PresidenteJimmy Carter había colocado en un lugar preferentede la agenda de la cooperación internacional. Más deun centenar de personas fueron «desaparecidas» o ase-sinadas por los cuerpos militares y paramilitares delEstado durante el régimen de Suazo Cordova. En abier-ta violación a la Constitución Política vigente, ÁlvarezMartínez asumió, a veces, potestades que correspon-dían al Congreso Nacional de la República. Así, porejemplo, Álvarez Martínez negoció directamente conel alto mando norteamericano el envío de marines alpaís para entrenar en territorio nacional a soldadossalvadoreños. Los diputados al Congreso Nacional sevieron en la incómoda posición de ratificar esta deci-sión inconsulta del general Álvarez Martínez cuandolos marines estaban desembarcando en costas hondu-reñas. En otra ocasión, el soberbio general viajó a losEstados Unidos para recibir una condecoración del altomando militar norteamericano sin el correspondientepermiso del Congreso Nacional, como se estila en estetipo de asuntos.

La abrupta como inesperada caída del general Gus-tavo Alvarez Martínez el 31 de marzo de 1984, liberó alrégimen de Suazo Córdova del incómodo papel su-bordinado que le obligaba a asumir el impetuoso ge-neral. Álvarez Martínez fue víctima de una conspira-ción por parte de un grupo de sus compañeros de ar-mas que lo detuvieron en el aeropuerto de San PedroSula, lo trasladaron a Tegucigalpa y a renglón seguido,lo enviaron al exilio a San José de Costa Rica. Su suce-sor, el general Walter López Reyes, mantuvo un perfilmás moderado como jefe de las Fuerzas Armadas ylució más respetuoso del gobierno civil presidido porel doctor Roberto Suazo Córdova que su antecesor.

Haciendo uso de un expediente característico de lademocracia liberal hondureña en épocas pretéritas,Suazo Córdova intentó imponer a su sucesor en la Pre-sidencia de la República. Esto lo enfrentó abiertamen-te con el Congreso Nacional, que era presidido poruno de los aspirantes a ostentar la candidatura oficialdel gobernante Partido Liberal. En esta controversiapor la sucesión presidencial, Suazo Córdova involucróal Presidente de la Corte Suprema de Justicia, un abo-gado que tenía en más alta estima su lealtad al Presi-

dente de la República, máximo conductor del partidode gobierno, que la majestad de su cargo, creando lascondiciones de una severa crisis institucional que en-frentó al titular del ejecutivo aliado a la Corte Supre-ma de Justicia con el Congreso Nacional. Esta crisisinstitucional, que se vio salpicada aquí y allá por accio-nes de calculada espectacularidad, duró un par demeses. Se resolvió merced a la actitud mediadora asu-mida por el movimiento sindical y la iglesia católica asícomo al talante conciliador del alto mando militar. Lacrisis institucional a que se hace referencia se resolvióel 20 de mayo de 1985 mediante la firma de una actade compromiso que fue suscrita en el Club Social dela Fuerza Aérea, rama del ejército a la cual pertenecíael general Walter López Reyes, Jefe de las Fuerzas Ar-madas. Uno de los puntos claves de esta acta de com-promiso, desde la óptica del sistema político, fue laaprobación de un nuevo modelo electoral de emer-gencia que hizo coincidir las elecciones internas decada partido político con las elecciones generales paraPresidente de la República, Diputados y miembros delas corporaciones municipales. Esto ayuda a entenderpor qué Rafael Leonardo Callejas (del derrotado Parti-do Nacional), que recibió individualmente el mayornúmero de sufragios, haya perdido las elecciones anteJosé Azcona Hoyo (el candidato que se alzó con másvotos al interior del partido ganador, el Partido Libe-ral), que obtuvo, individualmente hablando, menosvotos que Callejas Romero. En conjunto, el PartidoNacional, el partido político perdedor, obtuvo menosvotos que el triunfador Partido Liberal.

Azcona Hoyo tomó posesión de la presidencia delpaís el 27 de enero de 1986. Su gobierno se involucróactivamente en el proceso de pacificación de la regiónapoyando la iniciativa de paz promovida por OscarArias, Presidente de Costa Rica. Como producto finalde esta iniciativa y de las negociaciones que ella trajoconsigo, los sandinistas aceptaron celebrar un proce-so electoral democrático que los sacó de la conduc-ción del Estado nicaragüense y la insurgente guerrillasalvadoreña y el gobierno de aquel país acordaron lostérminos para dar por concluida la guerra civil quedesangró ese país por más de una década. La resolu-ción de la conflictiva situación centroamericana hizoperder centralidad a Honduras en el marco de la polí-tica exterior norteamericana. Este hecho fue vital paraque al final de su régimen el gobierno de Azcona tu-viera dificultades con los organismos de financiamientointernacional y que el ejército hondureño haya comen-zado a perder relevancia en la vida política nacional.

4. Callejas y el proyecto demodernización del sistema político ydel Estado

Las elecciones de noviembre de 1989 fueron gana-das abrumadoramente por Rafael Leonardo Callejas del

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opositor Partido Nacional. Callejas es más recordadoactualmente por haber iniciado un severo programade ajuste estructural de la economía, que por haberprefigurado un proceso de reforma y modernizacióndel sistema político hondureño para hacerlo más de-mocrático. Esta última fue una de las principales res-ponsabilidades de la Comisión Presidencial de Moder-nización del Estado.

En un documento publicado el 12 de febrero de1992, la Comisión Presidencial de Modernización delEstado prefigura la naturaleza de los cambios políticosque requiere el sistema político hondureño para ha-cerse más democrático y participativo. Entre estosquisiera llamar la atención sobre tres de ellas: las re-formas al sistema político, las reformas al poder legis-lativo y las reformas al poder judicial.

Entre las reformas al sistema político se señalan lassiguientes:

• Reducción de los requisitos para la creación e ins-cripción de partidos políticos y para facilitar la ins-cripción de candidaturas independientes.

• Establecimiento de mecanismos que aseguren lademocratización a fondo de los partidos políticos,para lograr una participación más decidida y efec-tiva de los ciudadanos en la organización, direc-ción y supervisión de los partidos a los que esténafiliados.

• Regulación más apropiada del control de proce-sos electorales internos de los partidos políticos yde su funcionamiento, que diferencie respecto delo último entre gastos de funcionamiento y los ori-ginados por las campañas electorales.

• Utilización de papeletas separadas para la elecciónde Presidente de la República y para Diputados alCongreso Nacional y al Parlamento Centroameri-cano, y realización de elecciones de corporacio-nes municipales en fecha separada.

• Establecimiento del voto domiciliario.• Reducción del período para realizar propaganda

política previa a las elecciones internas de cadapartido político y para cargos de elección popu-lar.

• Ampliación de los medios para el ejercicio de lademocracia participativa, favoreciendo el recursoal plebiscito e instaurando el referéndum paraasuntos de trascendencia para la nación.

• Reorganización del Tribunal Nacional de Eleccio-nes e integración del mismo con ciudadanos dehonorabilidad reconocida y designación de losmismos por el Congreso Nacional (o alternativa-mente por elección directa).

• Separación del Registro Nacional de las Personaspara transformarlo en un organismo técnico, mo-dernizando su organización y procedimientos deregistro y estableciendo el sistema de carrera parasu personal.

• Emisión de una Ley que procure la democratiza-ción a fondo de las organizaciones sociales, espe-cialmente las empresariales, sindicales y gremia-les.

Para la reforma del Poder Legislativo se propone losiguiente:

• Reforma del reglamento interno del CongresoNacional e innovación de las prácticas parlamen-tarias para agilizar y lograr mayor coherencia en elproceso de emisión de leyes.

• Reducción adecuada del número de diputados.• Creación de equipos asesores técnicos de alto ni-

vel que apoyen las labores de los legisladores ymodernización de los servicios técnicos del Con-greso Nacional.

• Renovar la organización de los órganos que auxi-lian al Poder Legislativo en el ejercicio de sus fun-ciones de supervisión, fiscalización y control, y for-talecer su capacidad de aplicación de sistemas, pro-cedimientos y técnicas modernas para realizar es-tos cometidos.

Para la reforma del Poder Judicial, se propone losiguiente:

• Fortalecimiento y perfeccionamiento de una ca-rrera judicial basada exclusivamente en la idonei-dad, el mérito y la honestidad, que garantice laestabilidad de jueces y magistrados, facilite su ca-pacitación periódica y asegure su independenciapara eliminar las influencias político-partidaristas,económicas y cualquier otro tipo de injerencias.

• Renovación del sistema de elección de los Magis-trados de la Corte Suprema de Justicia y amplia-ción del período para el ejercicio del cargo.

• Creación de una policía judicial de gran capacidadtécnica y dotada de laboratorios de investigación.

• Establecimiento de un Tribunal Constitucionalcomo un organismo independiente que vele porla inviolabilidad de la Constitución de la Repúbli-ca y la protección de los derechos y garantías cons-titucionales de los ciudadanos.

• Modernización de la estructura y administracióndel Poder Judicial.7

Esta prefiguración de las áreas de reforma del siste-ma político para lograr su democratización se convir-tió en la práctica en una propuesta de mediano plazo,porque las tensiones de la sociedad hondureña con-dujeron la reforma del Estado en una dirección no

7 Tomado de Comisión Presidencial de Modernización del Estado,Programa global de modernización del Estado. Documento preli-minar, Tegucigalpa, 12 de febrero de 1992, p. 16 y ss.

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prevista: la desmilitarización del Estado hondureño.En materia del desarrollo institucional propuesto, elrégimen de Callejas apenas logró emitir el Decreto Eje-cutivo No. 26-92 del 8 de junio de 1992 que creó lafigura jurídica del Comisionado Nacional para la Pro-tección de los Derechos Humanos, cargo que recayóen el abogado Leo Valladares, que tan buen perfil ledio a la institución. La ley orgánica del ComisionadoNacional de los derechos humanos está contenida enel Decreto No.153-95 del 10 de noviembre de 1995.Esto último ocurrió durante el régimen del abogadoCarlos Roberto Reina (1994-1997).

Con espíritu conciliador, Callejas auspició el retor-no de los exilados políticos de izquierda y creó las con-diciones para que en las postrimerías de su gobiernose formara el Partido Unificación Democrática (UD)en el cual se agrupó, con un cierto espíritu pluralista,la izquierda hondureña organizada. UD fue inscritolegalmente el 28 de enero de 1994, al día siguiente dela toma de posesión del Presidente Carlos RobertoReina. Las negociaciones que condujeron a la inscrip-ción de UD tuvieron como principal interlocutor aOswaldo Ramos Soto, candidato presidencial del porentonces gobernante Partido Nacional, derrotado enlas elecciones de noviembre de 1993. Desde cualquieróptica que se vea, este acto constituyó una importan-te apertura en el sistema político hondureño que sehabía negado sistemáticamente a reconocer legalmen-te a una organización política de la izquierda hondu-reña organizada. UD tuvo un buen desempeño en laselecciones generales de noviembre de 1997 y en lasrecién pasadas elecciones.

5. La desmilitarización del Estadohondureño

La violación y el brutal asesinato de la normalistaRiccy Mabel Martínez hacia mediados de julio de 1991y el involucramiento del coronel Angel Castillo en laconsumación del mismo, marcaron el inicio de lo quecon el tiempo vendría a ser la asombrosa perdida depoder político de los militares hondureños y la rápidadesmilitarización del Estado. Contando con el apoyoabierto del embajador norteamericano CrescencioArcos y la movilización permanente de sus compañe-ros y compañeras normalistas, los juzgados civiles hon-dureños libraron una lucha abierta para que el pre-sunto asesino de la normalista fuera juzgado por untribunal civil y no uno militar como pretendían suscompañeros de armas. El triunfo de la justicia civil so-bre los juzgados militares fue una de las primeras gran-des derrotas de los militares que habían mantenidosubordinado durante décadas el poder soberano delEstado. Después de un largo como complicado pro-ceso judicial, el coronel Castillo fue condenado a 16años de prisión.

Sin embargo, fue hasta el 18 de febrero de 1993,

cuando un ex-agente de la Dirección Nacional de In-vestigaciones (DNI), acogido a la protección del Co-misionado Nacional de los Derechos Humanos, ofre-ció amplias evidencias sobre la participacipación deagentes de este cuerpo de investigaciones del Estadoen la comisión de crímenes y otra clase de delitos, quese inició el ocaso de poder político de los militares y elproceso de desmilitarización del Estado. El crecientedescontento fue generado por el conocimiento de laparticipación de los cuerpos policiales del Estado enactividades delictivas. Asumiendo la seriedad de lasdenuncias del ex-agente de la DNI a que se ha hechoreferencia, el Presidente Rafael Leonardo Callejas creóel 1 de marzo de 1993 una Comisión Ad- Hoc de altonivel encargada de indicar en un plazo de 30 días unconjunto de medidas encaminadas a reestructurar laDNI y la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), queestaban bajo jurisdicción de los militares. La ComisiónAd-Hoc quedó integrada por representantes de lasFuerzas Armadas, de la Iglesia Católica y de los Parti-dos Políticos legalmente inscritos. La presidencia deesta comisión fue encargada a Monseñor Oscar AndrésRodríguez, arzobispo de Tegucigalpa. El 30 de marzode 1993, la Comisión Ad-Hoc entregó su informe finalen el cual recomendó la eliminación de la DNI, la in-tervención de la FUSEP y la creación del MinisterioPúblico. El Presidente Callejas se comprometió en elacto público de entrega del informe de la ComisiónAd-Hoc a hacer realidad las recomendaciones plantea-das. En el mes de diciembre de 1993, en las postrime-rías de su régimen político, el Congreso Nacional de laRepública aprobó la creación del Ministerio Público yautorizó la creación de la Dirección de InvestigaciónCriminal, la que según se estableció debía ser dirigidapor un ciudadano civil. La DNI fue finalmenteclausurada el 11 de junio de 1994 y su lugar fue ocupa-do, a partir de entonces, por la DIC, que quedó bajo lajurisdicción del Ministerio Público y que empezó aoperar el 23 de enero de 1995. El 3 de marzo de 1994,ya en el marco del régimen del abogado Carlos Rober-to Reina, el Congreso Nacional eligió al abogado An-gel Edmundo Orellana como titular del Ministerio Pú-blico también conocido como Fiscalía del Estado.

El proceso de desmilitarización del Estado se ace-leró visiblemente durante el régimen del abogado Car-los Roberto Reina. Una de sus primeras acciones eneste sentido fue la eliminación de la ley del serviciomilitar obligatorio y su sustitución por un servicio mi-litar voluntario. En la realización de este acto, el Presi-dente Reina se vio obligado a honrar el compromisoque había contraído en su campaña electoral durantela cual se comprometió públicamente a hacerlo cuan-do fuera Presidente de la República. El servicio militarobligatorio era una de las prácticas más odiadas por lapoblación porque los militares lo habían convertidoen una suerte de cacería de jóvenes de los sectores debajos ingresos de la sociedad. Bajo presión de varias

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organizaciones de la Sociedad Civil agrupadas en elMovimiento Civil, Cristiano y Popular, que se declara-ron en una huelga de hambre que duró unos 15 días,el Presidente Reina se vio inducido a enviar de emer-gencia al Congreso Nacional el texto de una enmien-da constitucional para eliminar el servicio militar obli-gatorio e instituir el servicio militar voluntario. La re-forma constitucional que eliminó el servicio militarobligatorio y autorizó el servicio militar voluntario fueaprobada por el Congreso Nacional el 3 de mayo de1994. Visto en retrospectiva, la eliminación del servi-cio militar obligatorio ha tenido el impacto de reducirel número de efectivos del ejército hondureño.

Bajo la gestión del Presidente Reina, se inició la dis-cusión en el Congreso Nacional del proceso de des-militarización de la FUSEP y su sustitución por unapolicía nacional de obediencia civil. El 7 de diciembrede 1995, se reformaron los artículos 272, 273, 291 y293 de la Constitución de la República a fin de que laseguridad de la ciudadanía estuviera a cargo de unanueva Policía Nacional de obediencia civil. Desde elgolpe de estado del 3 de octubre de 1963, la policíahondureña había estado bajo la jurisdicción de losmilitares que la convirtieron en una de las ramas delas Fuerzas Armadas. De allí a la eliminación de la au-tonomía de las Fuerzas Armadas y a su subordinacióntotal al gobierno civil había solo un paso. Este pasofue dado por el régimen de Carlos Roberto Flores(1998-2002), durante el cual se eliminó el cargo de Jefede las Fuerzas Armadas y se sujetó a las Fuerzas Arma-das a la égida del Ministerio de Defensa que debía serdirigido por un civil. En el primer año de gobierno delPresidente Carlos Flores Facussé se creó también unMinisterio de Seguridad, al cual le fueron trasladadasla Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investi-gaciones. La desmilitarización continuó en el gobier-no del Presidente Reina con la recuperación de enti-dades del Estado que habían estado bajo usufructomilitar. Una de las primeras entidades que volvió acontrol del poder civil fue la Marina Mercante. Des-pués, les arrebataron el control de las aduanas y final-mente la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones(HONDUTEL), una de las empresas más rentables delEstado. En este nuevo entorno de desmilitarizacióndel Estado y la sociedad, algunos militares fueron lle-vados a los tribunales para ser acusados de crímenescometidos durante la «guerra sucia» de la primera mi-tad de la década del 80. El proceso de desmilitariza-ción del Estado y de la sociedad hondureña ha alejadodel horizonte de la democracia hondureña el fantas-ma del golpe de estado que pendía como espada deDamocles sobre la misma.

Los militares no solo han tenido que subordinarseal poder civil, sino que han dejado de ser visualizados,como lo fueron durante varias décadas, como la alter-nativa a las falencias de los partidos políticos tradicio-nales y a la incapacidad de algunos de sus líderes de

poner el interés de la colectividad por encima de susintereses particulares. Uno tiene la impresión que paramodernizar a los partidos políticos y a sus líderes, lamayoría del pueblo hondureño confía hoy más en lacapacidad de incidencia de las organizaciones de laSociedad Civil, que en la capacidad civilizadora de losmilitares y del miedo que los representantes del go-bierno les tenían a los mismos. A diferencia del pasa-do, en que se les buscaba como mediadores o ama-bles componedores de conflictos sociales, cada vezmenos líderes sindicales y campesinos, para citar unpar de ejemplos, estarían dispuestos a buscar el apo-yo de los militares para presionar a funcionarios delgabinete gubernamental y resolver conflictos sociales.En el imaginario popular, se ha ido debilitando la ideafortalecida por los golpes de estado de la década del50, del 60 y de inicios de la década del 70, que los querealmente mandaban en el país eran los militares. Lasubordinación de los militares al poder civil, caracte-rístico de las democracias modernas, es, por primeravez, una realidad en Honduras.

6. Sociedad Civil, Estado yparticipación

La participación de la Sociedad Civil organizada enciertas entidades del Estado ha sido parte del pactosocial con que se forjó el Estado Hondureño a partirdel periodo de su modernización política einstitucional. Esta modernización política einstitucional se inició, como se sabe, a inicios de ladécada del 50. Este pacto social quedo claramente re-flejado en la Constitución Política de 1957. Por eso, alos observadores del pasado reciente de la vida políti-ca nacional, no debería resultarles extraño que el Con-sejo Superior de Planificación Económica(CONSUPLANE) estuviera formado por representan-tes del gobierno y de diferentes entidades de la Socie-dad Civil, o de las fuerzas vivas, como entonces se acos-tumbraba a denominarlas. Había allí, para solo citaralgunos ejemplos, representantes del sector empre-sarial y del sector sindical.

Durante décadas, la Sociedad Civil organizada es-tuvo representada fundamentalmente por el ConsejoHondureño de la Empresa Privada (COHEP) y por laConfederación de Trabajadores de Honduras (CTH).Como ha quedado indicado, ellos fueron actores so-ciales de primera línea en el proceso de transforma-ción social y política que se cerró con el agotamientodel reformismo militar en la segunda mitad de la déca-da del 70. Esto les abrió el camino para que los dife-rentes regímenes políticos, no solo les hayan recono-cido como interlocutores válidos, sino para que leshayan otorgado poder de decisión en algunos orga-nismos del Estado, sobre todo, de los del sector des-centralizado. Así, por ejemplo, el COHEP, la CTH pri-mero, la CGT y la CUTH posteriormente, han partici-

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pado en la toma de decisiones en entidades como elInstituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), elInstituto de Formación Profesional (INFOP), la Empre-sa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la EmpresaNacional Portuaria (ENP), la Comisión Presidencial deModernización del Estado, la Comisión Consultiva deprivatización y el Consejo Económico y Social, parasolo citar algunas entidades estatales.

Durante los años ochenta, comenzaron a surgirnuevos grupos y movimientos sociales. En los añosochenta, nacieron al calor de la lucha contra el impac-to destructivo de la denominada Doctrina de la Segu-ridad Nacional aplicada por el General Gustavo ÁlvarezMartínez, organizaciones como el Comité para la De-fensa de los Derechos Humanos (CODEH), que du-rante varios años dirigió el doctor Ramón CustodioLópez y el Comité de Familiares contra los DetenidosDesaparecidos de Honduras (COFADEH). En la pri-mera mitad de la década del 90, surgieron nuevos gru-pos y movimientos sociales tales como los gruposecologistas, feministas y étnicos, y organizaciones de-dicadas fundamentalmente a la lucha por la reformadel sistema político como la Fundación Democracia yDesarrollo y el Foro Ciudadano. La Fundación Demo-cracia y Desarrollo data de diciembre de 1992 y el ForoCiudadano del mes de septiembre de 1997.

La severa crisis social generada por el impacto des-tructor del huracán y tormenta tropical Mitch (octu-bre, 1998) y la necesidad de articular una posicióncomún de parte de la Sociedad Civil organizada de caraa la reunión con la cooperación externa en Estocolmo(mayo, 1999), hizo que la mayoría de los nuevos movi-mientos sociales existentes, se aglutinaran por un tiem-po en el seno del denominado Espacio INTERFOROS.Formaron parte del Espacio INTERFOROS, en el mo-mento en que tuvo mayor capacidad de agregación,que fue precisamente en el momento que se elaborósu propuesta de Plan de Reconstrucción y transfor-mación de Honduras (mayo, 1999), las siguientesagrupaciones de la Sociedad Civil organizada: la Aso-ciación de Organismos no Gubernamentales(ASONOG), la Coordinadora de Instituciones Pro Ni-ños y Niñas de Honduras (COIPRODEN), la ComisiónPermanente de Reconstrucción (CPR), la Federaciónde Organizaciones Privadas de Desarrollo(FOPRIDEH), el Foro Social de la Deuda Externa yDesarrollo de Honduras (FOSDEH), el Foro Nacionalpara las Migraciones en Honduras (FONAMIH), el ForoCaritas, el Foro Ciudadano, la Red de ComercializaciónComunitaria, la Red de Mujeres y la Red de Jóvenes. ElForo Ciudadano se retiró eventualmente del EspacioINTERFOROS y ha mantenido una actividad de luchapor la reforma del sistema político. Sus comunicadosperiódicos, que ocupan una página de algunos de losdiarios de más amplia circulación en el país, se hanvuelto proverbiales. En estos comunicados, el ForoCiudadano se refiere a aspectos específicos del siste-

ma político y asume una posición crítica frente a losmismos. A diferencia de otras iniciativas de esta natu-raleza, que no han resistido la prueba del tiempo, elEspacio INTERFOROS continua con vida y ha mante-nido una posición indeclinable y beligerante en lo re-lativo a la participación de la Sociedad Civil en el dise-ño y ejecución de la Estrategia (gubernamental) deReducción de la Pobreza (ERP).

Parte importante de la lucha de los nuevos movi-mientos sociales, ha estado orientada a lograr espa-cios de participación en entidades del Estado de re-ciente creación, a tener voz en los procesos de selec-ción de funcionarios del Estado y a exigir rendición decuentas a los mismos. En este sentido, hay que desta-car la lucha librada por entidades de la Sociedad Civilpara obtener un espacio de participación en la confi-guración del Consejo Nacional de Seguridad(CONASIN) o el importante papel jugado en la selec-ción de la amplia lista de candidatos a convertirse enmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. La con-tribución de la Sociedad Civil al fortalecimiento de lademocracia hondureña es invaluable. Ella ha estadoallí para recordar a los políticos y a los funcionariosestatales la responsabilidad social que tiene con suselectores, con los ciudadanos y con los altos interesesde la nación hondureña.

Al referirse a la participación de la Sociedad Civilorganizada en la vida política nacional, no se puedeignorar el papel jugado en este sentido por el ForoNacional de Convergencia (FONAC). El F0NAC fue crea-do el 4 de noviembre de 1994 por el Presidente CarlosRoberto Reina, sin embargo, solo comenzó a funcio-nar en el mes de mayo 1998, una vez que el PresidenteCarlos Roberto Flores publicara un acuerdo ejecutivoconteniendo su reglamento. El primer secretario eje-cutivo del FONAC fue Marco Orlando Iriarte, dos ve-ces candidato a la Presidencia de la República por elPartido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH). Fuesustituido en las postrimerías del régimen del Presi-dente Flores por Juan Ferrera, un connotado líderempresarial que fue Ministro de Finanzas del régimendel Presidente Carlos Roberto Reina.

El FONAC fue definido como un órgano de consul-ta inmediata y de intermediación entre el Presidentede la República y la Sociedad Civil. Su papel es el decontribuir al procesamiento de propuestas, acuerdosy recomendaciones y de darles seguimiento. Dentrode este marco, el FONAC se convirtió en un espacioprivilegiado para consensuar con la Sociedad Civil or-ganizada un conjunto de propuestas de amplio conte-nido social entre las cuales hay que destacar las siguien-tes: propuesta de bases de una Estrategia de Desarro-llo Humano Sostenible para el Plan de ReconstrucciónNacional, propuesta de Estrategia de la Sociedad Civilpara la Transformación y Reconstrucción Nacional,propuesta para un nuevo sistema educativo nacional,propuesta de estrategia sobre seguridad de las perso-

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nas y sus bienes y propuesta de transformación delsector agrario, forestal y ambiental. Junto a otras insti-tuciones, el FONAC se encuentra actualmenteinvolucrado en el proceso de construcción de una vi-sión de país.

7. Las reformas políticas del programade modernización del Estado vuelvenal escenario

El programa de reformas políticas esbozadas al ini-cio de la década del 90 por la Comisión de Moderniza-ción del Estado entró en un proceso de relativo aban-dono.

Se logró avanzar en materia del voto (se establecióel voto domiciliario y el voto en papeletas separadas,primero en dos papeletas en las elecciones generalesde 1997 y en tres papeletas, en las elecciones genera-les del 2001), pero las reformas políticas relativas a:

• la reducción de los requisitos para la creación einscripción de partidos políticos y para facilitar lainscripción de candidaturas independientes, al es-tablecimiento de mecanismos que aseguren la de-mocratización a fondo de los partidos políticos,para lograr una participación más decidida y efec-tiva de los ciudadanos en la organización, direc-ción y supervisión de los partidos a los que esténafiliados;

• la regulación de los procesos electorales internosde los partidos políticos y de su funcionamiento,que diferencie respecto de lo último entre gastosde funcionamiento y los originados por las cam-pañas electorales;

• la reducción del período para realizar propagan-da política previa a las elecciones internas de cadapartido político y para cargos de elección popu-lar;

• la ampliación de los medios para el ejercicio de lademocracia participativa, favoreciendo el recursoal plebiscito e instaurando el referéndum paraasuntos de trascendencia para la nación;

• la reorganización del Tribunal Nacional de Elec-ciones e integración del mismo con ciudadanosde honorabilidad reconocida y designación de losmismos por el Congreso Nacional (o alternativa-mente por elección directa);

• la separación del Registro Nacional de las Perso-nas para transformarlo en un organismo técnico,modernizando su organización y procedimientosde registro y estableciendo el sistema de carrerapara su personal;

• y la emisión de una Ley que procure la democrati-zación a fondo de las organizaciones sociales, es-pecialmente las empresariales, sindicales y gremia-les,

se vieron desplazadas de la agenda política duran-te casi una década. Esto se debió, en buena medida, alprotagonismo que adquirió el proceso de desmilitari-zación del Estado y de subordinación de los militareshondureños al soberano poder civil.

Sin embargo, concluida la década de los 90, el temade las reformas políticas prefiguradas por la propues-ta de modernización del Estado, fue colocado de nue-vo en la agenda de los debates. A lo largo del año 2001,se logró reunir una comisión de alto nivel de los parti-dos políticos legalmente inscritos para discutir unapropuesta de realización de la mayoría de las refor-mas políticas aludidas. Fue así que, contando con elapoyo de el Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo (PNUD), los representantes de los diferen-tes partidos políticos legalmente inscritos se pusieronde acuerdo en lo que se denominó un Manifiesto delos Partidos Políticos, que fue suscrito por los candida-tos presidenciales el 4 de septiembre del 2001.

Este documento contiene los elementos básicos deuna reforma político electoral orientada a 1) separarel Tribunal Nacional de Elecciones del Registro Nacio-nal de las Personas y a convertir ambas entidades efi-cientes; 2) incorporación del plebiscito y el referén-dum como mecanismo de consulta directa al pueblo;3) realizar elecciones internas en el mismo año quelas elecciones generales y reducir la duración de losperiodos de campaña electoral: 45 días para las elec-ciones internas y 90 días para las elecciones genera-les; 4) establecer mecanismos de control para elfinanciamiento de las campañas electorales; 5) buscarnuevos mecanismos para la elección de los diputados,entre los que se contemplan la elección de diputadospor distritos electorales y por lista nacional; 6) estu-diar la posibilidad de decidir sobre la figura de los de-signados presidenciales cuya eliminación había sidosugerida por varios sectores de la Sociedad Civil orga-nizada; y 7) emitir una nueva Ley Electoral y de lasOrganizaciones Política que recoja las modificacionesal sistema político electoral.

El grueso de las reformas político electorales con-tenidas en el Manifiesto de los Partidos Políticos del 4de septiembre del 2001 pasaron a formar parte de unproyecto de ley que fue presentado al Congreso Na-cional de la República para su discusión y aprobaciónel 11 de abril recién pasado. Los elementos básicosdel proyecto de ley en referencia son los siguientes:“1) Se eliminan los designados presidenciales y se sus-tituyen por un vicepresidente. 2) El Congreso Nacio-nal elegirá a los magistrados del Tribunal Nacional deElecciones de una nómina de candidatos. Este orga-nismo será independiente y especializado y sus reso-luciones en materia electoral serán inapelables. 3) Secrea el plebiscito y el referéndum como métodos deconsulta popular. 4) El Registro Nacional de las Perso-nas no tendrá función electoral y únicamente propor-cionará información al Tribunal Nacional de Eleccio-

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nes para que éste elabore el censo nacional. El direc-tor y el subdirector serán electos por el Congreso Na-cional por mayoría calificada de una lista que se pre-sente. Y 5) Se regularán las inmunidades de diputadosy otros funcionarios”.8

¿Cuál es el significado de estas reformas? Hay unacuerdo unánime con respecto a que los DesignadosPresidenciales, que datan de la Constitución Políticade 1957, han resultado innecesarios. Volver a restau-rar la figura de un vicepresidente es visto, en este con-texto, como una necesidad perentoria. El TribunalNacional de Elecciones y el Registro Nacional de lasPersonas han sido instituciones altamente politizadas.Han actuado como espacios privilegiados en los cua-les se emplean los activistas de los partidos políticos,lo que los ha convertido en entidades relativamenteineficientes. De allí que su reforma se considera ur-gente. Sin embargo, no debería pensarse que se tratade una cosa fácil ya que el clientelismo es una prácticamuy arraigada en los partidos políticos y en la socie-dad hondureña. Debido al sistema de inmunidades, elCongreso Nacional de la República ha sido visto comouna suerte de refugio para personas que se aprove-chan de los privilegios que inviste para huir del brazode la justicia.

Como puede verse, las reformas políticos electora-les propuestas dejaron pendiente la cuestión de losmecanismos de elección de los diputados al Congre-so Nacional y la reducción del número de los mismos.El tema de la reducción de los diputados no formóparte del proyecto de ley que nos ocupa porque noencontró simpatía entre los diputados del CongresoNacional de la República. El opositor Partido Liberalse pronunció en contra de la reducción del númerode diputados.9 Una posición semejante adoptaron loslíderes del PINU y del PDCH, que argumentan que lareducción del número de diputados en el CongresoNacional conspira contra su aspiración de mejorar surepresentación a nivel del mismo. El Foro Ciudadanoha insistido en la necesidad de que se reduzcan losdiputados y en una reforma profunda en el CongresoNacional de la República.10 El Cardenal Oscar AndrésRodríguez apoyó públicamente la idea de reducir elnúmero de los diputados al Congreso Nacional y se-gún destaca una crónica periodística “arremetió (...)contra los dirigentes políticos que se oponen a la re-ducción de diputados y consideró que no son repre-

sentantes del pueblo quienes, desde el Congreso Na-cional, se opongan a esa aspiración”.11 Todavía sigueen estudio en el seno de la Comisión Política de losPartidos Políticos, los mecanismos para la elección dediputados al Congreso Nacional de la República.

Aunque no formaban parte de las reformas al siste-ma político-electoral propiamente dicho, constituíanparte importante de las reformas institucionales pro-puestas por la Comisión de Modernización del Esta-do, las reformas al Poder Judicial. Vamos a dedicarleunos párrafos a las mismas, habida cuenta que la de-mocracia representativa no puede funcionar bien sino existe un sistema judicial confiable y eficiente. Lasdiscusiones sobre la reforma del Poder Judicial encon-traron un marco de desarrollo en el seno de la Comi-sión Presidencial de Modernización que promovió va-rios encuentros con sectores representativos de laSociedad Civil para consensuar las reformas pertinen-tes. La Comisión de Modernización del Estado llegóhasta preparar un proyecto de decreto para reformarel capítulo XII de la Constitución de la República rela-tivo al Poder Judicial, sobre todo en lo relativo a la elec-ción de los magistrados a la Corte Suprema de Justi-cia, el período de duración de su mandato y sus facul-tades. El decreto en referencia llegó hasta el CongresoNacional de la República, donde fue engavetado.12

En un evento promovido por la Fundación Demo-cracia y Desarrollo celebrado a finales del mes de mayode 1995 se presentó una propuesta de reformas en elmismo sentido. No tenemos información para deter-minar si se trata en esencia de la misma propuesta ela-borada en el seno de la Comisión de Modernizacióndel Estado o de una propuesta ligeramente diferente.De esta propuesta es necesario, sin embargo, destacarel mecanismo de selección propuesto para la selec-ción de los magistrados a la Corte Suprema de Justiciaporque fue el que finalmente se impuso. Veamos. Enla reforma propuesta, se establece que los magistra-dos de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos porel Congreso Nacional, con el voto de las dos terceraspartes de sus miembros, de una nómina de candida-tos propuestos por una Junta Nominadora que estaráintegrada por representantes de las siguientes organi-zaciones: 1) Comisionado Nacional de los DerechosHumanos; 2) Consejo de Educación Superior; 3) Fe-deración de Colegios Profesionales de Honduras; 4)Colegio de Abogados de Honduras; 5) Organizacio-nes de la Empresa Privada; 6) Organizaciones de Tra-bajadores, y, 7) Organizaciones Campesinas. La listade la Junta Nominadora debería tener, se sugiere, porlo menos, el triple de los magistrados a elegirse. Losmagistrados deberían durar siete años en sus funcio-nes.13

Como ha quedado indicado, este fue el espíritu dela reforma al poder Judicial que finalmente se impusocuando el tema volvió a la agenda de los debates, loque ocurrió hasta el año 2000 en que el Presidente

8 LA TRIBUNA, 12 de abril del 2002, p. 10.9 Véase EL HERALDO, 1 de marzo del 2002, p. 14.10 Véase EL HERALDO, 19 de marzo del 2002.11 EL HERALDO, 5 de marzo del 2002, p. 14.12 Manuel Acosta Bonilla, “Reformas judiciales para lograr el Esta-

do de derecho” en Revista política de Honduras, Tegucigalpa, agos-to, 2000, pp. 13-14.

13 Véase “Propuesta de enmiendas constitucionales para la refor-ma del Poder Judicial”, en Revista Política de Honduras, Tegucigalpa,2000, p. 137 y ss.

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Carlos Flores seleccionó una Comisión de Notablesencargada de dar los lineamientos para la reforma delPoder Judicial. El nombramiento de esta Comisión deNotables fue precipitado por un valiente informe delComisionado Nacional de los Derechos Humanos so-bre el funcionamiento del Poder Judicial.

La Comisión de Notables nombrada por el gobier-no se hizo eco de las propuestas de reformas que seoriginaron a inicios de la década del 90 en el marco delos debates de la Comisión de Modernización del Es-tado y de instituciones de la Sociedad Civil como laFundación Democracia y Desarrollo. El Congreso Na-cional aprobó la reforma constitucional requerida y seinició el periodo de nombramiento de candidatos porla Junta Nominadora. Se eligieron 45 candidatos paranombrar los 15 magistrados de la Corte Suprema deJusticia establecidos por la reforma constitucional a quese hace referencia. Sin embargo, a la hora de seleccio-nar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,se impuso el criterio político que tradicionalmente haconspirado contra la imparcialidad de la justicia hon-dureña: la militancia partidaria de los togados. Ochode los magistrados nombrados fueron militantes delPartido Nacional y siete, militantes del Partido Liberal.

Volvió a repetirse la misma historia de siempre, laque un experimentando abogado de los tribunales dejusticia, resumió de la manera siguiente: “En laescogencia de la cúpula del Poder Judicial, se da porentendido, tácitamente, que el partido ganador ten-drá seis magistrados y el perdedor, tres. Es el Presi-dente electo, quien escoge a los seis, en su mejormomento de euforia que sigue al triunfo electoral, y ellíder de la segunda fuerza política, el que escoge a lostres. Uno y otro algunas veces, hacen consultas conamigos cercanos, y dependiendo de las intenciones,buenas o malas, se decidirán en la escogencia, o porabogados que siempre se harán respetar o por cual-quieras. En este momento también entran en acciónlos círculos de poder económico, que se aproximan aambos personajes, obviamente para ejercer presión, afin de lograr poner a sus abogados en la Corte Supre-ma de Justicia. Con este sistema, ha habido Jefes delEjecutivo que han extendido sus dominios a otro po-der del Estado y han manejado al Poder Judicial a suantojo; otros lo hicieron en menor medida, y otrosobservaron absoluto respeto por la magistratura. Te-niendo la cúpula judicial un origen como el reseñado,el resto del aparato que hace la función jurisdiccionaldel Estado, sigue el mismo patrón, de lo cual resultaque los tribunales de primera y segunda instancia,quedan repartidos entre las mismas fuerzas políticas,en la proporción señalada, dos a uno”.14

El mecanismo de repartición de los magistrados dela Corte Suprema de Justicia empleado por los parti-dos políticos tradicionales, ha generado desconciertoentre aquellas personas que confiaban en que pudieraimponerse la idoneidad profesional de los escogidos

como mecanismo para la selección de los togados.Haciéndose eco de este desencanto, un atento obser-vador del acontecer nacional dejó consignado lo si-guiente: “Los hondureños que aspirábamos a un nue-vo sistema de impartir justicia con profesionalismo eimparcialidad, después de poner a prueba la nuevamanera de elegir los magistrados de la Corte Supremade Justicia (CSJ), estamos desilusionados, porquecomo dice nuestro pueblo, sigue el maíz a peso en esepoder del Estado, donde continúa imperando elempirismo, el tradicionalismo y, como siempre, la po-lítica, y quizás más que antes, porque los magistradosactuales salieron corregidos y aumentados en ese cam-po. La mayoría, ocho magistrados nacionalistas frentea los siete liberales, han actuado como una aplanado-ra, poniendo de relieve los intereses partidarios, enprimer lugar para darle un poder absoluto a la presi-dente de esa Corte para que haga y deshaga a su anto-jo, y en segundo lugar, para convertir ese poder delEstado en otro refugio de activistas del Partido Nacio-nal”.15

A pesar de que en abril recién pasado, los presi-dentes de los tres poderes del Estado (ejecutivo, le-gislativo y judicial), suscribieron un compromiso parafortalecer la independencia e imparcialidad del PoderJudicial, todavía es mucho el camino que queda porrecorrer en materia de la construcción de una justiciapronta, oportuna y, sobre todo, confiable. Actuaroncomo testigos de honor en la firma de este compro-miso público, importantes miembros de la SociedadCivil organizada.16

8. Una mirada sobre los resultadoselectorales y la cultura política

En las dos últimas décadas, hemos asistido, si ex-cluimos las elecciones para la Asamblea Nacional Cons-tituyente del 20 de abril de 1980, a seis elecciones ge-nerales para la selección de Presidente, Diputados yAlcaldes Municipales.

Esto es algo inédito en la historia política del país.La transición de un régimen político a otro fue una delas cosas más difíciles en la historia política hondure-ña. En este contexto, fueron comunes los regímenespolíticos impuestos por el gobierno de turno, las elec-ciones fraudulentas, la guerra civil y, más recientemen-te, el golpe de Estado militar. En los últimos cincuentaaños, tres gobiernos civiles fueron derribados por losmilitares. Estamos hablando del golpe de Estado del21 de octubre de 1956 que derribó a Julio Lozano Díaz,

14 Max Velásquez Díaz, “Las reforma al Poder Judicial” en Revistapolítica de Honduras, Tegucigalpa, agosto, 2000, p. 128.

15 Oscar Lanza Rosales, “Esa era la Corte Suprema de Justicia quequeríamos” en LA TRIBUNA,, 13 de marzo del 2002, p. 5.

16 Véase EL HERALDO, 11 de abril del 2002, p. 4.

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del golpe de Estado que el 3 de octubre de 1963 derri-bó a Ramón Villeda Morales y del golpe de estado del4 de diciembre de 1972 que derribó a Ramón ErnestoCruz.

Puesto en pocas palabras, seis elecciones genera-les en rigurosa línea de continuidad, es algo inéditoen la historia política nacional y habla muy en alto dela consolidación del régimen democrático en el país.Habla también muy alto de la consolidación del mis-mo, el hecho que estos procesos electorales hayan sidohonestos, limpios, transparentes y, sobre todo, acep-tados por los contendientes como el veredicto defini-tivo sin alegaciones de fraude, como ha sido corrienteen la historia electoral del país.

Después de este breve preámbulo, veamos los re-sultados electorales en perspectiva.

Como puede verse, las elecciones de 1980, válidaspara la selección de diputados a la Asamblea NacionalConstituyente, fueron ganadas por el Partido Liberal,que obtuvo el 49.41% de los votos frente a su tradicio-nal rival, el Partido Nacional, que obtuvo el 42.21% delos sufragios. El Partido de Innovación y Unidad (PINU)obtuvo el 3.49 % de los sufragios registrados, lo que ledio derecho a tener un diputado en la Asamblea Na-cional Constituyente. La candidaturas independientesa diputados obtuvieron el 0.49% de los votos, lo queno les dio el derecho a obtener ningún curul en laAsamblea Nacional Constituyente. La abrumadoramayoría de los diputados de este cuerpo deliberantese pusieron de acuerdo para nombrar al generalPolicarpo Paz García como Presidente provisional dela República. Como se sabe, Paz García había llegadoal poder por decisión del Consejo Superior de las Fuer-zas Armadas, el que decidió deponer al general JuanAlberto Melgar Castro y colocar en su lugar a Paz García.La Asamblea Nacional Constituyente, presidida por elDoctor Roberto Suazo Córdova, redactó la Ley Electo-ral y de las Organizaciones Políticas que sirvió de basepara las elecciones generales de noviembre de 1981.En las elecciones para la Asamblea Nacional Constitu-yente celebradas el 20 de abril de 1980 se presentaronpor primera vez tres candidaturas independientes las

que juntas obtuvieron el 0.5% de los sufragios emiti-dos. El 2.4% de los votos emitidos fueron nulos y el2.0% fueron en blanco. Hubo un abstencionismo del18.67%.

En las elecciones generales de noviembre de 1981,el Partido Liberal volvió a alzarse con el triunfo habien-do obtenido el 52.39% de los votos escrutados. El Par-tido Nacional obtuvo el 40.43% de los votos. Triunfó,en consecuencia, el candidato presidencial del Parti-do Liberal, el doctor Roberto Suazo Córdova. El PINUobtuvo el 2.42% de los sufragios y el Partido Demócra-ta Cristiano de Honduras (PDCH), obtuvo el 1.58% delos sufragios. En estas elecciones, se volvieron a pre-sentar varias candidaturas independientes, las que jun-tas obtuvieron apenas el 0.33 % de los sufragios escru-tados. El 1.42% de los votos emitidos fueron nulos y el1.44% lo fueron en blanco. Hubo un abstencionismodel 21.26%.

Como se sabe, las elecciones generales de 1985 tu-vieron una característica que las distingue de cualquierotro proceso electoral que se haya celebrado en el país.

Partido político Votos PorcentajePartido Liberal 495,779 49.41Partido Nacional 423,623 42.21PINU 35,052 3.49Candidaturas independientesRodríguez Díaz 2,214 0.22Bográn Madrid 2,076 0.21Jimenez Medina 658 0.07Nulos 24,221 2.41Blancos 19,847 1.98Total votos escrutados 1.003.470 100Inscritos 1.233.756 Abstencionismo 230,286 18.67

8.1 Elecciones para la Asamblea NacionalConstituyente de 1980

Fuente: Tribunal Nacional de Elecciones.

Partido político Votos PorcentajePartido Liberal 636,392 52.39Partido Nacional 491,089 40.43PINU 29,419 2.42PDCH 19,163 1.58Candidaturas independientesLópez López (Copán) 514 0.04Delgado Pérez (Cortés) 2,572 0.21Mayorga Madrid (Yoro) 911 0.08Nulos 17,244 1.42Blancos 17,430 1.43Total votos escrutados 1,214,734 100Inscritos 1,542,800Abstencionismo 328,066 21.26

8.2 Elecciones generales de 1981


Partido político Votos PorcentajePARTIDO NACIONAL 701,406 43.9Rafael Leonardo Callejas 656,882 93.65Fernando Lardizabal 22,163 3.16Juan Pablo Urrutia 20,121 2.87Votos de partido 2,240 0.32PARTIDO LIBERAL 786,771 49.23Oscar Mejía Arellano 250,519 31.85Efraín Bu Girón 64,230 8.17José Azcona Hoyo 424,358 53.95Carlos Roberto Reina 43,373 5.51Votos de partido 4,144 0.52PINU 23.705 1.48PDCH 30.173 1.89Nulos 27,733 1.73Blancos 28,230 1.77Total votos escrutados 1.597.841 100Inscritos 1.901.757Abstencionismo 303,916 15.98

8.3 Elecciones generales de 1985(Resultados electorales)

Fuente: Tribunal Nacional de Elecciones. (Debido a discrepancias en los da-tos, he utilizado el acta oficial de las elecciones de 1985 que fue publicada enLa Tribuna, 24 de diciembre de 1985, p. 8).

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Tuvieron la peculiaridad de haber reunido en un soloproceso electoral las elecciones internas de los parti-dos políticos y las elecciones generales. Esto ayuda aentender por qué José Simón Azcona Hoyo del triun-fador Partido Liberal se haya convertido en el Presi-dente de la República. Azcona Hoyo fue el candidatoque obtuvo más votos del triunfador Partido Liberal(424,358 votos). En cambio, Rafael Leonardo Callejas,el candidato que recibió individualmente el mayornúmero de votos en las elecciones generales (656,882votos), fue el candidato que obtuvo el mayor númerode sufragios al interior del perdedor Partido Nacional.En conjunto, el Partido Liberal obtuvo el 49.23% y elPartido Nacional, obtuvo el 43.90%. El PINU obtuvo el1.48% de los sufragios y el PDCH el 1.89% de los mis-mos. No hubo candidaturas independientes. El 1.73%de los votos fueron nulos y el 1.77% fueron emitidosen blanco. Hubo un abstencionismo del 15,98%.

En las elecciones generales de 1989, el Partido Na-cional se alzó con el 50.96% de los sufragios obtenien-do un triunfo resonante. El Partido Liberal obtuvo el43.20% de los sufragios. El triunfador Partido Nacionalllevaba como candidato presidencial al licenciado Ra-fael Leonardo Callejas quien fue ungido como Presi-dente de la República. El PINU obtuvo el 1.88% de lossufragios y el PDCH el 1.42% de los mismos. El 1.50%de los votos escrutados fueron nulos y el 1.04 fuerondepositados en blanco. Hubo un abstencionismo del23,93%.

En las elecciones generales de 1993, se alzó con eltriunfo el Partido Liberal con el 51.05 % de los sufra-

gios escrutados. El Partido Nacional obtuvo el 41.390%de los sufragios escrutados. El Partido Liberal llevó a lapresidencia a Carlos Roberto Reina. El PINU obtuvo el2.73% de los sufragios, y, el PDCH obtuvo el 1.15% delos mismos. El 2.45% de los votos resultaron nulos y el1.23% fueron emitidos en blanco. Hubo unabstencionismo del 35.4%.

En las elecciones generales de 1997, volvió a alzar-se con el triunfo el Partido Liberal, el que obtuvo el49.70% de los votos depositados en las urnas. El Parti-do Nacional, su principal adversario, obtuvo el 40.31%de los sufragios. El triunfador Partido Liberal llevó a laPresidencia de la República al Ingeniero Carlos Rober-to Flores Facussé. El PINU obtuvo el 1.98% de los vo-tos, el PDCH el 1.18% de los votos y el novel Partidode Unificación Democrática (UD) obtuvo el 1.13% delos votos. La UD, como se le conoce, resultó de unaamplia alianza de grupos de izquierda y fue reconoci-do legalmente por el Tribunal Nacional de Elecciones,como ha quedado indicado, en el mes de enero de1994. El 4.24% de los votos depositados en las urnasfueron nulos y el 1.46% lo fueron en blanco. Hubo unabstencionismo del 25.20%.

En las elecciones generales del 2001, triunfó el Par-tido Nacional que obtuvo el 49.79 % de los votos. Suprincipal rival, el Partido Liberal, obtuvo el 42.21 % delos votos. Con este triunfo, el Partido Nacional elevóal solio presidencial a su candidato, Ricardo MaduroJoest. El PINU obtuvo el 1.39 % de los votos, la UD el

Partido político Votos PorcentajePartido Nacional 916,131 50.96Partido Liberal 776,698 43.2PINU 33,902 1.88PDCH 25,453 1.42Nulos 26,936 1.5Blancos 18,692 1.04Total votos escrutados 1.797.812 100Inscritos 2.363.448 100Abstencionismo 565636 23.93




Partido político Votos PorcentajePartido Liberal 906,793 51.05Partido Nacional 735,123 41.39PINU 48,471 2.73PDCH 20,350 1.15Nulos 43,572 2.45Blancos 21,895 1.23Total votos escrutados 1.776.204 100Inscritos 2.734.116Abstencionismo 957,912 35.04



Partido político Votos PorcentajePartido Liberal 1,040,403 49.7Partido Nacional 844,985 40.31PINU 41,525 1.98PDCH 24,737 1.18UD 23,745 1.13Nulos 86,617 4.24Blancos 34,056 1.46Total votos escrutados 2,096,566 100Inscritos 2,802,962Abstencionismo 706,396 25.2


Partido político Votos PorcentajePartido Nacional 1,137,734 49.79Partido Liberal 964,590 42.21PINU 31,666 1.39UD 24,102 1.05PDCH 21,089 0.92Nulos 81,959 3.59Blancos 23,927 1.05Total votos escrutados 2,285,067 100Inscritos 3,437,454Abstencionismo 1,152,387 33.52

8.7 Elecciones generales del 2001(Resultados electorales)


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1.05 % y el PDCH el 0.92 % de los votos. El 3.59 % delos votos fueron declarados nulos y el 1.05 % fuerondepositados en blanco. Hubo un abstencionismo del33.52%.

8.8. Algunos rasgos característicos de laselecciones generales de las dos últimasdécadas

El proceso electoral que se inició en el año de 1980,después de alrededor de una década de gobiernosmilitares, ha servido para reafirmar la naturaleza esen-cialmente bipartidista del sistema de partidos políti-cos del país. Las opciones para ganar la Presidencia dela República siempre han estado en manos de los can-didatos del Partido Liberal o del Partido Nacional. Jun-tos han controlado, en los procesos electorales queaquí se analizan, más del 90% de los votos emitidospor los electores. En las elecciones para la AsambleaNacional Constituyente de 1980, el Partido Liberal y elPartido Nacional juntos obtuvieron el 91.61%. En laselecciones generales de 1981, obtuvieron el 92.81%de los votos. En las elecciones generales de 1985, ob-tuvieron el 93.13% de los votos. En las elecciones ge-nerales de 1989, obtuvieron el 94.17% de los votos. Enlas elecciones generales de 1993, obtuvieron el 92.44%de los votos. En las elecciones de 1997, obtuvieron el90.01% de los votos y en las elecciones del 2001, obtu-vieron el 93.13% de los votos.

No ha existido y no se visualiza aún la posibilidadde una fuerza política emergente que pueda competircon los denominados partidos políticos tradicionales,que datan de finales del siglo XIX (el Partido Liberal) yde inicios del siglo XX (el Partido Nacional). El PINU,el PDCH y, más recientemente, la UD, no han tenidoni remotamente la posibilidad de aspirar seriamente ala Presidencia de la República o a controlar la mayoríade los diputados al Congreso Nacional. Su capacidadde movilización electoral ha sido, para decir lo me-nos, sumamente precaria. Su potencial electoral ape-nas ha estado ligeramente por encima del total de elec-tores que han emitido votos declarados nulos y de losque han sido depositados en blanco. En las eleccionespara la Asamblea Nacional Constituyente, el PINU ob-tuvo el 3.49% de los votos. En las elecciones generalesde 1981, el PINU y el PDCH obtuvieron juntos el 4.0%de los votos escrutados. En las elecciones de 1985,obtuvieron el 3.37% de los votos. En las eleccionesgenerales de 1989, obtuvieron el 3.3% de los votos yen las de 1993, el 3.88% de los votos. El PINU, el PDCHy la UD obtuvieron juntos en las elecciones generalesde 1997, el 4.29% de los votos y en las del año 2001, el3.41% de los votos.

Sin embargo, el voto en tres papeletas separadasque comenzó a aplicarse en las elecciones generalesdel 2001, le ha abierto nuevas posibilidades a los parti-dos políticos pequeños. Mediante una política inteli-gente de concentrar los votos en aquellos departamen-tos y municipios en los cuales tienen mayor númerode electores y de realizar alianzas estratégicas con sec-tores descontentos del Partido Liberal, el PINU, y so-bre todo, la UD y el PDCH, lograron un número inusi-tado de diputados en el Congreso Nacional y un buennúmero de alcaldes y regidores municipales. En lasrecién pasadas elecciones generales, el PINU, la UD yel PDCH juntos lograron obtener 12 diputados al Con-greso Nacional: 5 para la UD, 4 para el PDCH y 3 parael PINU. El PDCH obtuvo tres alcaldías municipales y45 regidurías, la UD obtuvo 27 y el PINU, 21. Aunqueestamos frente a un hecho trascendental, estos logrosestán a considerable distancia de lo que obtuvieronen el proceso electoral en referencia, los partidos po-líticos tradicionales. El Partido Nacional obtuvo 61 di-putados y el Partido Liberal 55. El Partido Nacionalobtuvo 149 alcaldías y el Partido Liberal, 146. El Parti-do Liberal obtuvo 886 regidores municipales y el Parti-do Nacional, 875.17

El hecho de que el partido de gobierno no hayaobtenido mayoría absoluta en el Congreso Nacionalde la República, puede concederle a los diputados delos partidos políticos pequeños, en coyunturas espe-cíficas, una gran significación. Una alianza del oposi-tor Partido Liberal con los partidos políticos peque-ños puede derrotar cualquier iniciativa de ley plantea-da por los diputados del gobernante Partido Nacional.Una alianza de los diputados del Partido Nacional conlos diputados del Partido Demócrata Cristiano de Hon-duras (PDCH), como ha ocurrido recientemente en laaprobación de un paquete de impuestos, puede darleal partido de gobierno la mayoría simple que requierepara hacer aprobar una iniciativa de ley. En aquellasmaterias en que el partido de gobierno y el opositorPartido Liberal estén de acuerdo, el voto de los dipu-tados de los partidos pequeños pierde toda significa-ción.

Como ha quedado indicado, desde el punto de vis-ta técnico, los procesos electorales han alcanzado unalto nivel de credibilidad. Se han visto liberados de ale-gaciones de fraude de parte de las fuerzas políticascontendoras y son plenamente aceptados por las mis-mas. Por otro lado, el voto en tres papeletas separadaspermite al elector distribuir sus preferencias electora-les entre candidatos de diferentes partidos. Eso abrenuevas opciones a la expresión de su voluntad. En estesentido, uno tiene la impresión que el voto presiden-cial seguirá siendo duro y en beneficio de los partidostradicionales, que son los que tienen las efectivas op-ciones de triunfo. Sin embargo, se espera mayores ni-veles de movilidad en el voto para diputados y paramiembros de las corporaciones municipales. En este

17 Véase LA TRIBUNA, Tegucigalpa, 24 de diciembre del 2001, p.12.

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último caso, una inteligente política de alianzas, pue-de abrir opciones de poder a candidatos impulsadospor los partidos políticos pequeños y/o por organiza-ciones de la Sociedad Civil organizada.

Durante los procesos electorales de la década del80, el porcentaje de abstencionismo fue relativamen-te bajo. En esos años, mantuvo un promedio de19.96%. En los últimos procesos electorales, el nivelde abstencionismo ha sido relativamente alto. Ha man-tenido un promedio del 27.55%. El mayor nivel deabstencionismo ocurrió en las elecciones de 1993.Durante ese proceso electoral, el abstencionismo fuedel 35.04%. El proceso electoral recién pasado, tuvoun nivel de abstención igualmente alto. Estamos ha-blando de un porcentaje de abstención electoral del33.52%. Indagar sobre los determinantes delabstencionismo electoral excede los límites de estebreve ensayo. Sin embargo, hay que notar que los al-tos porcentajes de abstención electoral observadoscoinciden con períodos en que el partido de gobiernopierde las elecciones, lo que puede ser indicativo deagudos desencantos con el gobierno del partido polí-tico saliente y de un giro del electorado hacia la op-ción partidarista alternativa, ya se trate del Partido Li-beral, como en las elecciones generales de 1993 o delPartido Nacional, como en las elecciones generales del2001. Sin embargo, comparados con otros países de laregión la cantidad de electores que acude a los proce-sos electorales es, todavía, relativamente alta.

Un avance importante en materia de cultura políti-ca se encuentra asociado a los patrones de comporta-miento de los electores en el día de las elecciones in-ternas de los partidos políticos y en las elecciones ge-nerales. Los electores han acudido a las últimas elec-ciones internas de los partidos políticos y a las elec-ciones generales con un cierto espíritu deportivo quevan dejando atrás los enfrentamientos, a menudo conresultados sangrientos, que eran corrientes en el pa-sado. Ha ido aumentando el nivel de tolerancia haciael adversario político. Se ha ido volviendo monedacorriente el hecho de que los simpatizantes de un par-tido político puedan exhibir sus banderas y otros sím-bolos de su militancia frente a los simpatizantes de otropartido político sin recibir expresiones de burla o dedesdén como ocurría en el pasado. Fue parte de unacultura política hoy día desaparecida el que una per-sona perdiera la vida por gritar un “Viva” a su partidopolítico o al líder político de sus preferencias.

Es posible decir hoy, con toda propiedad, que eldía de las elecciones internas de cada partido políticoy de las elecciones generales, se han convertido enuna verdadera fiesta cívica. A esto está contribuyendoel uso cada vez más profuso de afiches, banderas yotros símbolos de identidad, que emplean los parti-dos políticos en sus campañas electorales, las que sehan vuelto sumamente caras, por este motivo y por eluso creciente de la radio, la prensa escrita y la televi-

sión. No hay datos exactos sobre la cantidad de dineroque gastan los partidos políticos mayoritarios en suscampañas electorales. Según las estimaciones de unperiódico local, en la pasada campaña electoral el Par-tido Liberal y el Partido Nacional gastaron unos cua-trocientos millones de lempiras cada uno.18 Esto seencuentra a considerable distancia de lo que gastaronen la misma campaña electoral los partidos políticosminoritarios. Así, por ejemplo, la UD, reconoció ha-ber gastado en las pasadas elecciones dos millones delempiras.19 Por otro lado, se sabe muy poco sobre laforma de financiamiento de los partidos políticos, so-bre todo, de los partidos políticos tradicionales. Loúnico realmente claro son los fondos que procedende la deuda política que es financiada por el Estado.Ha trascendido también el monto de las aportacionesque dan algunos aspirantes a candidaturas de elecciónpopular a las campañas electorales. Así, por ejemplo,un diputado del Partido Liberal reconoció que losmiembros de la comisión de campaña de su partidotuvieron que firmar letras de cambio por 200 millempiras para apoyar la financiación de la recién pasa-da campaña electoral.20 Muy poco se sabe de las apor-taciones que brindan empresarios y otros sectores dealtos ingresos de nuestra sociedad al financiamientode las campañas electorales de los partidos políticoslegalmente inscritos.

Es también notable el uso que se está haciendo delas encuestas de opinión en las campañas electorales,las que se han convertido en un instrumento de pro-paganda política. El que paga la encuesta, publica susresultados si le son favorables y los utiliza para con-vencer al elector de que debe estar del lado de losganadores. Si los resultados de la encuesta les son des-favorables, los oculta y/o los manipula. Esto abre mu-cho espacio a la especulación por parte de las compa-ñías que se están dedicando a este importante comolucrativo negocio.

En este contexto de verdaderas batallas mediáticas,se ha vuelto muy importante el uso de los periódicosy de la televisión en la creación y venta de figuras eimágenes políticas. Al igual que en otros países delmundo, los medios de comunicación hablada, escritao televisiva, tienden a tomar partido en las hasta ahoralargas campañas electorales, que han arrancado tradi-cionalmente desde el propio momento en que el can-didato del partido político triunfador recibe la bandapresidencial. Como ha quedado indicado, están enproceso de discusión y aprobación reformas electora-les que pretenden circunscribir las campañas electo-rales a los meses inmediatamente anteriores a las elec-ciones internas de los partidos políticos y a las elec-ciones generales.

18 LA TRIBUNA, 15 de diciembre del 2001, p. 14.19 Idem.20 El Heraldo, 3 de diciembre del 2001, p. 14.

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9. Democracia y desigualdad social

Al igual que en otros países de América Latina, lademocracia ha regresado a Honduras en un marco deun profundo proceso de desigualdad social que tienecomo base un severo programa de ajuste estructuralde la economía. La primera fase de este programa deajuste estructural, la fase de estabilización económica,se inició en el régimen de Roberto Suazo Córdova yfue continuada por el gobierno de José Azcona Hoyo.Un programa de ajuste estructural de la economía pro-piamente dicho, se inició en el gobierno de RafaelLeonardo Callejas y ha sido continuado por los regí-menes políticos que le han sucedido.

Las medidas liberalizadoras del programa de ajusteestructural, que tiene en la devaluación de la moneda,en la liberalización de las tasas de interés, en la reduc-ción de los gastos sociales y en una política de conten-ción salarial, algunos de sus elementos fundamenta-les, han contribuido a hacer, como se dice usualmen-te, a los ricos más ricos, a los pobres más pobres y aldebilitamiento de la clase media urbana que se preci-pita hacia la categoría de los denominados nuevospobres. En este contexto, la democracia pierde el auralegitimadora que le da su capacidad para atender lasdemandas sociales de la población y encuentra difícilsuperar las estructuras clientelares que han conspira-do tradicionalmente contra el manejo eficiente delEstado. En un marco general de desempleo, pobrezay crecimiento acelerado del sector informal de la eco-nomía, el partido triunfador se ve inducido a sacar desus puestos de trabajo a los activistas o funcionariosempleados por el partido del gobierno saliente, paraemplear su propia clientela. Esto se hace cada vez másdifícil, debido a las tendencias modernas hacia la re-ducción del empleo en el sector público y a la crisisfiscal del Estado, creada en buena medida por la eva-sión fiscal y las medidas liberalizadoras y de estímulo ala inversión y a la exportación de bienes, que reducenconsiderablemente el caudal de los ingresos del Esta-do.

Democracia y ajuste estructural se vuelvenantitéticos y pueden conducir a la crisis de los parti-dos políticos tradicionales como instrumentos de agre-gación social y al renacimiento de liderazgos autorita-rios y neopopulistas que ofrecen soluciones, a menu-do demagógicas, a los acuciantes problemas socialesque a diario enfrentan los electores. A pesar del entor-no adverso que crea el mar de pobreza en que se vensumidos la gran mayoría de los hondureños y hondu-reñas, estamos lejos todavía, como ha podido verse,de asistir al descrédito de la opción electoral que re-presentan los partidos tradicionales, el Partido Liberaly el Partido Nacional, los cuales se han rotado en laconducción del Estado en el periodo que transicióndemocrática que nos ocupa en este ensayo.

10. Balance y perspectivas

La democracia representativa ha alcanzado un gra-do de estabilidad que no había logrado nunca en lahistoria política del país. Por primera vez en la historiapatria, los hondureños, hombres y mujeres, hemostenido el privilegio de asistir a siete procesos electora-les en rigurosa línea de continuidad. Desde 1980 has-ta el año 2001, los ciudadanos han vivido con entu-siasmo seis elecciones generales para elegir Presiden-te, diputados y corporaciones municipales y una elec-ción para seleccionar diputados para una AsambleaNacional Constituyente. Esto es algo que no tiene pa-ralelo en la historia política de un país en el que elcambio de autoridades gubernamentales estuvo per-manentemente signado por la guerra civil, el fraudeelectoral, la imposición del candidato del partido degobierno y el golpe de Estado militar. Los procesoselectorales a que hacemos referencia, han tenido unalto grado de credibilidad de parte de la ciudadanía yde los partidos políticos contendores. Atrás quedaronlas alegaciones de fraude electoral que fueron tan co-rrientes en la historia política reciente. En este senti-do, los avances de la democracia política en Hondurasestán fuera de toda duda.

En los primeros años de la década del 90, se inicióun rápido proceso de desmilitarización del Estado quedevolvió a la majestad del poder civil la policía, loscuerpos de investigación del Estado y varias institu-ciones autónomas y semiautónomas del Estado quehabían caído bajo la jurisdicción del poder militar. Elproceso de desmilitarización concluyó con la elimina-ción del cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas, quehabía sido una concesión de la asamblea NacionalConstituyente de 1957 dominada por el Partido Libe-ral, y con el nombramiento de un civil, y no un militarcomo había sido costumbre, como titular del Ministe-rio de Defensa. La subordinación de los militares a laégida del poder civil ha sido uno de los más importan-tes logros de la democracia hondureña en la últimadécada.

En forma paralela a la reforma económica, se insi-núo a inicios de la década del 90, un proceso de desa-rrollo de la institucionalidad democrática del país. Paraeste propósito, se propusieron un conjunto de refor-mas políticas y electorales entre las cuales hay que ci-tar el establecimiento del voto domiciliario, la utiliza-ción de papeletas separadas para la elección de Presi-dente de la República, diputados al Congreso Nacio-nal y al Parlamento Centroamericano y a las corpora-ciones municipales, flexibilización de requisitos parala creación e inscripción de partidos políticos y la ins-cripción de candidaturas independientes, la reduccióndel período para realizar propaganda electoral, la in-troducción de instrumentos de democracia directacomo el plebiscito y el referéndum, la separación delTribunal Nacional de Elecciones y el Registro Nacional

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de las Personas, la tecnificación de este último y la re-ducción del número de diputados al Congreso Nacio-nal de la República. Sin embargo, a excepción del votodomiciliario y del voto en tres papeletas separadas,estas reformas a la institucionalidad democrática noavanzaron a lo largo de la década del 90, las que sevieron probablemente desplazadas de la agenda na-cional por el rápido proceso de desmilitarización querequirió de unos cinco años para lograr sus principa-les objetivos. Fue durante el año 2001, en el marco dela campaña para las elecciones generales de ese año,que las reformas político-electorales sugeridas a ini-cios de la década del 90, volvieron a ser colocadas enla agenda política.

Ya se ha introducido al Congreso Nacional un pro-yecto de ley que aprobará alguna de esas reformaspolítico-electorales. Me refiero a la separación del Tri-bunal Nacional de Elecciones y del Registro Nacionalde las Personas, a la eliminación de la figura de losdesignados presidenciales y su sustitución por un vi-cepresidente y la introducción de instrumentos dedemocracia directa como el plebiscito y el referéndum.El Tribunal Nacional de Elecciones se convertirá en unorganismo autónomo integrado por magistrados elec-tos por el Congreso Nacional. Lo propio ocurrirá conel director y el subdirector del Registro Nacional delas Personas. Sin embargo, todavía queda pendiente laintroducción de una iniciativa que conduzca a la re-ducción del número de diputados y la búsqueda deun mecanismo de elección de los mismos que los in-duzca a la rendición de cuentas a sus constituyentes.Este punto de las reformas políticas se ha vuelto untema altamente controversial y requerirá el esbozo deargumentos que puedan convencer a los partidos po-líticos opositores, sobre todo, a los partidos políticospequeños, que esto no conspirará contra su aspira-ción de obtener una mejor representación a nivel dela cámara legislativa.

Las reformas políticas que están en proceso de dis-cusión en el Congreso Nacional de la República y aque-llas en las cuales todavía no hay consenso entre la co-misión política de los partidos políticos como es, porejemplo, el mecanismo de selección de los diputados,representarán sin duda un importante avance en lainstitucionalidad del país. Sin embargo, uno tiene laimpresión de que las mismas no alterarán la esenciadel carácter elistista y clientelista que ha dominado elquehacer de los partidos políticos del país. La aproba-ción del plebiscito y el referéndum representará unimportante paso adelante en la participación de loselectores en la toma de decisiones importantes parala vida social y política del país. Sin embargo, los resul-tados de su aplicación dependerán de la voluntad delos gobernantes y de la experiencia que vayan adqui-riendo los ciudadanos en el uso del mismo. La adqui-sición de esta experiencia estará estrechamente liga-da a la cantidad de información que reciba el electora-

do sobre los temas que vayan a ser objeto de plebisci-to y referéndum y a la participación en amplios deba-tes sobre los mismos.

Avanzan los esfuerzos que se hacen para reformarel tantas veces cuestionado sistema de impartir justi-cia, lo que es clave para garantizar igualdad jurídica alos ciudadanos, independientemente de su condicióneconómica y social, como lo plantea el ideal democrá-tico. Se ha mejorado el sistema de selección de losmagistrados a la Corte Suprema de Justicia a través deuna junta nominadora con amplia presencia de repre-sentativos de la Sociedad Civil. Sin embargo, a la horade la selección final de los magistrados ha imperado latradición de repartir los puestos entre los partidospolíticos tradicionales otorgando la mayoría simple alpartido político triunfador en las elecciones genera-les. De allí en adelante, no debe resultar extraño quecontinúen predominando criterios clientelistas a lahora de reclutar los administradores de la justicia anivel regional o local.

Por su parte, las organizaciones de la Sociedad Civilpugnan por ganar espacios de participación para pro-fundizar la institucionalidad democrática del país y elcontenido social de la democracia. Desde el punto devista de las organizaciones populares, la Sociedad Ci-vil estuvo representada durante décadas por las cen-trales sindicales que aglutinaban en su seno a obreros,campesinos y pobladores urbanos. Ellas, y sobre todo,la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH),jugaron un papel activo en el proceso de democratiza-ción del país. Ellas pugnaron durante décadas por laflexibilización del sistema político del país y demanda-ron la participación de los trabajadores en el procesode toma de decisiones a nivel de los organismos delEstado. A partir de los años ochenta, comienza el len-to proceso de diferenciación de la Sociedad Civil or-ganizada. En esos años, fueron adquiriendo un rolprotagónico, las entidades dedicadas a la defensa delos derechos humanos, las que abogaban por la de-fensa de los derechos de las mujeres y por la protec-ción del medio ambiente. En los años noventa, el pro-ceso de diferenciación de la Sociedad Civil organizadacontinua dando paso a sectores organizados que pre-sionan activamente por una mayor apertura en el sis-tema político del país. Estamos hablando de entida-des como el Foro Ciudadano, la Fundación Democra-cia y Desarrollo y una amplia gama de Organismos NoGubernamentales que se han ido perfilando comointerlocutores válidos del Estado en el debate políticoe institucional. La destrucción provocada por el hura-cán Mitch en el territorio nacional y la eventualidad deuna reunión con los cooperantes internacionales parapactar los términos de la reconstrucción del país, ledio un gran protagonismo a un conjunto de organiza-ciones que decidieron hacer un frente común en tor-no al denominado Espacio INTERFOROS.

Este conjunto de organizaciones de la Sociedad

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Civil, la mayoría de las cuales se encuentran firmemen-te asentadas en las capas medias urbanas educadas delpaís, han venido jugando un papel de primera líneaen la lucha por la participación social, la seguridad ciu-dadana, la reforma político-institucional y en las exi-gencias porque los funcionarios del Estado se acos-tumbren a la rendición de cuentas. Todo esto ha ocu-rrido en el marco de un verdadero repliegue del mo-vimiento sindical organizado, que fue en el pasado,como ha quedado sugerido, el representativo por ex-celencia de la Sociedad Civil organizada vista desde ellado de las organizaciones de los sectores popularesorganizados. Para cualquier observador atento de larealidad nacional es obvio que la profundización de lademocracia en el país tiene mucho que ver con la ca-pacidad de la Sociedad Civil organizada deestructurarse adecuadamente y de presionar porquelas reformas políticas ya prefiguradas y la exigencia,crecientemente repetida de la rendición de cuentas,puedan convertirse en realidad. Sin duda, la aproba-ción del plebiscito y el referéndum permitirán a la de-mocracia hondureña transitar por nuevos rumbos.

Vistas las cosas en perspectiva, podemos decir quea lo largo de estos 22 años se ha avanzadosustancialmente en la consolidación del régimen de-mocrático definido en términos de la definiciónminimalista de la democracia expuesta al principio.Estamos frente a un sistema democrático caracteriza-do por elecciones libres, periódicas e imparciales. Enun régimen democrático en el cual los ciudadanos dis-frutan de amplios espacios para expresar sus opinio-nes en asuntos de interés público y criticar las políti-cas del gobierno. Hay amplia libertad para constituirasociaciones y organizaciones sociales y políticas. Eneste sentido, hay que anotar que el régimen políticodemocrático se ha abierto hasta el punto de haberaceptado la existencia de organizaciones políticas li-gadas a la izquierda hondureña organizada.

Hay un amplio acceso a fuentes de informaciónpública a través de la prensa periódica y de las teleco-municaciones. Sin embargo, todavía los funcionariospúblicos electos no están acostumbrados a facilitar alos ciudadanos información pública en la cual basanlas decisiones que toman. Todavía impera, hasta encosas triviales, la idea del secreto de estado. Hay toda-vía una gran resistencia a la idea de la rendición decuentas y a la idea de que los funcionarios públicoselectos se deben al pueblo que los ha electo. Todavíapredomina la visión de que una vez que el elector hadecidido, las decisiones públicas son patrimonio ex-clusivo de los representantes electos, sin una clara dis-tinción entre lo público y lo privado.

La democracia hondureña ha logrado liberarse dela amenaza constante que representaban los militaresque se habían convertido en un efectivo factor de po-der. En un período de cinco años, el poder militar ypolicial del Estado fue subordinado a los líderes políti-

cos electos. Sin embargo, para consolidar lo logradoen institucionalidad democrática, queda mucho cami-no por recorrer en materia de fortalecimiento de losvalores democráticos y de una cultura política demo-crática. En este último sentido, es vital el papel quepuedan jugar las organizaciones de la Sociedad Civilorganizada que han venido pugnando por espacios departicipación en la discusión y toma de decisiones deasuntos de interés nacional y por inducir a los políti-cos a honrar las promesas que hacen a los ciudadanosen períodos electorales.

Sin embargo, el retorno de la democracia en elmarco de políticas económicas que tienden a concen-trar el ingreso, no deja de ser problemático. En estecontexto, la aguda crisis fiscal del Estado que este tipode políticas económicas trae consigo, incide negativa-mente en la capacidad de los regímenes democráticospara procesar las demandas de los electores más po-bres y de las clases medias urbanas, que se ven preci-pitadas hacia la pobreza y que tienen que financiar enbuena medida el presupuesto del Estado. La demo-cracia va perdiendo, frente a este tipo de electores, sucapacidad redistributiva y su halo de propiciadora dejusticia social. Esto no deja de representar, en el me-diano plazo, un peligro para la consolidación del régi-men democrático, porque la gran mayoría del electo-rado no ve beneficios tangibles en la alternabilidaddemocrática, lo que puede resultar a la postre contra-producente para los denominados partidos tradicio-nales que han dominado el juego democrático. Estospartidos políticos corren el riesgo que el electoradovuelva sus ojos en búsqueda de soluciones populistasque tienen el encanto de ofrecer y de ignorar los pro-cedimientos democráticos, como ha ocurrido en al-gunos países de Sudamérica. Este es, seguramente, unode los grandes desafíos a que se enfrentan los parti-dos políticos tradicionales y la democracia en Hondu-ras y en otros países del continente.

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