ii. - objeto · 26.080 que reemplazara a la ley n° 24.937 y su correctiva n° 24.939 de creación...
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PROMUEVE ACCION DE AMPARO.
SOLICITA CAUTELAR: DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD
ARTICULOS 1º; 2º; 4º; 6º, 18º y 30º DE LA LEY Nº 26.855
Señor Juez:
Jorge Gabriel RIZZO, abogado de la matrícula y
Presidente del Colegio Público de la Capital Federal; por mi propio
derecho y en representación de la Institución que presido; inscripto en el
Tº33 Fº955, patrocinado por la Dra. Silvina Noemí NAPOLI (Tº42,
Fº425), con domicilio real y constituyendo el procesal en Av. Corrientes
1441, Piso 5º "Asesoría Letrada" (Zona de Notificación N° 107), ante S.S
me presento y digo:
I.- PERSONERIA
Con las copias certificadas del Acta de Proclamación de
Autoridades (Elecciones 2012/2014) del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal (CPACF), de fecha 29 de mayo de 2012, y del Acta de
Distribución de Cargos del Consejo Directivo de esa Institución, de fecha
30 de mayo de 2012, acredito ser su Presidente, con domicilio real en la
Av. Corrientes 1441/47 de la Capital Federal, y en tal carácter me
presento.
II.- OBJETO
En el carácter indicado, vengo a iniciar la presente
Acción de Amparo contra la Ley N° 26.855, modificatoria de la Ley Nº
26.080 que reemplazara a la Ley N° 24.937 y su correctiva N° 24.939 de
creación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación
(CMN).
Esta acción se dirige contra el Estado Nacional (EN) –
Poder Ejecutivo Nacional (PEN), con domicilio en la calle Balcarce 50,
Ciudad de Buenos Aires.
Los artículos 1º; 2º; 4º; 6, 18, y 30º que se impugnan
de la Ley 26.855 comportan una inexcusable violación del orden jurídico
constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 114 y 115 de la
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Constitución Nacional (CN), procurándose con esta acción la tutela
jurisdiccional frente a la conducta ilegítima y arbitraria del Estado
Nacional.
La norma cercena el equilibrio y forma de integración
del CMN, requerido por la CN para integrarlo amenazando la
supervivencia del órgano, alterando indefectiblemente su naturaleza,
autonomía funcional e independencia, por lo que se solicita se dé tutela a
los derechos amenazados declarando la inconstitucionalidad como se
pide, en consideración a los argumentos de hecho y de derecho que a
continuación se exponen.
Asimismo, y como medida cautelar, vengo a solicitar
que se suspenda la aplicación de los artículos 1º; 2º; 4º; 6º, 18º y 30º de la
Ley a fin de impedir los graves prejuicios que la aplicación inmediata de
estos artículos provoca, tanto de manera personal, en mi carácter de
interesado a presentarme como candidato en las próximas elecciones de
representantes de los abogados ante el CMN, como en los derechos y
garantías de todos los abogados matriculados en el CPACF que forman
parte del cuerpo electoral.
III.- CONSIDERACIONES PREVIAS
La presente acción, más allá de que los artículos
tachados por nuestra parte como inconstitucionales conculcan derechos
que la CN le ha otorgado expresamente en su artículo 114 a la Abogacía
Federal Argentina, se inicia con el norte de preservar la Supremacía de
nuestra Carta Magna, ordenada por ella misma en su artículo 31.
Considera esta parte que detrás de la mal llamada
"democratización de la justicia" se oculta una verdadera reforma del
plexo constitucional por fuera del mecanismo que establece a tal fin
su artículo 30.
En efecto, lealmente interpretamos que las visibles
inconstitucionalidades nos hacen transitar por un sendero que podría
constituirse en un gravísimo precedente que vulneraría de manera
crucial la característica de rigidez de nuestra Carta Magna vigente
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en ella más allá de todas sus reformas, desde 1853. Dicha violación
podría aparejar innumerables e impensadas consecuencias si se
permitiera hoy el sortear las limitaciones que la propia Constitución
impone para su reforma, máxime en un país donde muchas veces de
facto, se han torcido sus disposiciones conculcándose derechos y
garantías.
Luego de 30 años ininterrumpidos de la Democracia
Argentina, es necesario preservar otro de los caracteres de nuestra forma
de gobierno, léase la forma republicana, entendida como la división
tripartita de los Poderes Constituidos del Estado tomada de "El
Espíritu de las Leyes" de Montesquieu, fin para el cual los Constituyentes
dotaron al Poder Judicial de independencia, estabilidad y control
constitucional, en salvaguarda cierta de la Supremacía irrestricta de
nuestra CN, artículo 31.
Es obligación inexcusable de todos los Abogados
Argentinos y ni que hablar del CPACF que los congrega, el acudir a los
remedios republicanos que el Estado de Derecho les ha otorgado ante la
inminencia de violaciones de derechos o garantías de raigambre
constitucional, obligación que se potencia hasta la enésima cuando lo
que podría ocurrir es, directamente, la modificación intrínseca de su
espíritu sin seguirse con el mecanismo ordenado por el artículo 30
de la Constitución Nacional.
Por todo ello y, en cumplimiento de un deber ineludible
como Ciudadanos y Abogados Argentinos, acudimos ante la jurisdicción
y competencia de S.S. para lograr la inmediata tacha de
inconstitucionalidad, en atención a la gravedad institucional que la
eficacia de los artículos atacados aparejarían puesto que, resultarían a
todas luces "repugnantes a la inteligencia de la Constitución Nacional" (en
los términos del artículo 14 inciso 2º de la Ley 48), por las razones de
hecho y derecho que pasamos a exponer.
IV- LEGITIMACIONES ACTIVAS
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IV. 1) DEL DR. JORGE G. RIZZO, POR DERECHO
PROPIO.
Por la presente acción, además de procurar la tutela
de los derechos y garantías que, en forma universal afectan a la totalidad
de los abogados que integran la matrícula federal, reclamo, a título
personal, en mi carácter de abogado interesado en postularme al cargo de
representante de los abogados ante el CMN, el cese del cercenamiento a
presentarme como candidato a integrar el órgano si no me encuentro
afiliado y represento a algún partido político.
Recuerdo a S.S. que resulté segundo en los comicios
para el Consejo de la Magistratura que se llevaron a cabo en agosto de
2010, por la lista individualizada con el Nº 3 "GENTE DE DERECHO".
La protección de los intereses personales reclamados
por la presente acción se impone frente al avasallamiento que la Ley
impugnada entraña, ya que su promulgación involucra la directa
denegación a postularme como candidato, menoscabando el principio de
igualdad de acceso a los cargos públicos, así como la garantía de la
inviolabilidad de mis derechos políticos como posible candidato, en los
términos del artículo 114 CN.
En esta instancia, afirmo que soy políticamente
independiente de los intereses del partido político ocasionalmente a cargo
del PEN, así como ajeno a cualquier otra organización partidaria hoy en la
oposición. Desde el cargo que ejerzo como Presidente del CPACF, elegido
por los abogados de la matrícula de la Capital Federal he procurado
defender la libertad y dignidad del ejercicio profesional en todos sus
órdenes, sin banderas políticas partidarias.
La virtual exigencia de “pactar” una eventual
candidatura con un partido político para postularme al cargo, a la par de
constituir una exigencia ilegal, arbitraria y ajena a la letra y espíritu del
artículo 114 CN, me colocaría en una situación de violencia moral frente a
mis pares y frente a mis propias convicciones.
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Las consecuencias de estas nuevas medidas políticas se
convierten en una proscripción cierta, tanto para el suscripto, como para
todos los abogados independientes de la Capital Federal que no tenemos
interés o no nos sentimos representados por Partido Político alguno, más
allá de que se conculcan violentamente derechos que la Constitución
Nacional otorgó a la Abogacía Argentina Independiente tras la Reforma de
1994, más precisamente en su artículo 114.
IV. 2) LEGITIMACIÓN DEL CPACF
Por su parte el CPACF es parte interesada para
promover la presente Acción de Amparo, teniendo legitimación procesal
suficiente en representación de sus colegiados, de conformidad con lo
establecido por el artículo 21 inciso j) de la Ley 23.187 que le confiere la
debida legitimación procesal autónoma, para ejercer la “acción pública”,
en concordancia con el artículo 43 CN y doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN).
El CPACF fue creado por Ley 23.187 con el carácter,
derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público,
conforme lo establece el artículo 17 de dicha norma; y por esta ley, tiene el
deber de defender a sus miembros, los abogados matriculados, para
asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes y velar por
su dignidad (artículo 20 inc. c).
Tiene como deber insoslayable, tal lo establecido en el
artículo 1° Ley 23.187 que "... La protección de la libertad y dignidad de la
profesión del abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna
de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que menoscabe o
restrinja", por lo que se hace ineludible asumir la defensa de los
profesionales cuando se encuentran amenazados en sus legítimos
derechos.
Adviértase que la inviolabilidad del ejercicio profesional
en todos sus órdenes es una finalidad que la Ley 23.187 encarga
específicamente al CPACF, dotándolo expresamente de facultades para
salir en su defensa y ejercer la Acción Pública:
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En efecto, el artículo 21, de la ley 23.187 sostiene que,
para el cumplimiento de sus finalidades, el CPACF “Ajustará su
funcionamiento a los siguientes funciones, deberes y facultades: inciso j
Tutelará la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus
órdenes, estando investido a esos efectos de la legitimación procesal
para ejercitar la acción pública”
Por otro lado, el contenido esencial del derecho a la
tutela judicial efectiva, ante el posible vacío normativo sobre la acción y el
proceso, ha de ser suplido para dar aplicación a la CN, pues entre sus
derechos fundamentales se encuentra el derecho a la jurisdicción. En ese
sentido la CSJN, ha expresado: "Que es función indeclinable de los jueces el
resolver las causas sometidas a su conocimiento, teniendo como norte el
asegurar la efectiva vigencia de la Constitución Nacional, sin que puedan
desligarse de este esencial deber, so color de limitaciones de índole procesal.
Esto es especialmente así, si se tiene en cuenta que las normas de ese
carácter deben enderezarse a lograr tal efectiva vigencia y no a turbarlas".
(CSJN, Fallo del 27/12/90 "in re" Peralta, Luis c/ Estado Nacional -
Ministerio de Economía - Banco Central de la República Argentina s/
Amparo, publicado en LA LEY 1991-C, 158 y en ED del 24/4/91).
En cuanto al ejercicio de las facultades que le han sido
delegadas a mi mandante, en el caso "Ferrari, Alejandro c/ Gobierno
Nacional", (sentencia del 18/9/85 - LL T. 1985-E, pág. 345 y ss.) la CSJN
ha declarado: "... Que así se ha admitido la delegación en organismos
profesionales de control del ejercicio regular de sus labores y un régimen
adecuado de disciplina y se ha señalado que al margen del juicio que
merezca el sistema adoptado por el legislador, su razonabilidad está
avalada por el directo interés de sus miembros en mantener el prestigio de
su profesión, así como porque cabe reconocerles autoridad para vigilar la
conducta ética en el ejercicio de aquélla..." . En el mencionado Fallo se
establece que el CPACF, es "... una entidad destinada a cumplir fines
públicos que originariamente pertenecen al Estado, y que éste por
delegación, circunstanciada normativamente, transfiere a dicha institución
que crea para el gobierno de la matrícula...".
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Así también en el mencionado fallo "Ferrari" se establece
que el CPACF, "es una estructura representativa de intereses sectoriales, de
grupo o clase..., integrado por miembros que se reúnen para la gestión y
defensa de sus intereses y la promoción u ordenación común del sector a
que pertenecen.. …Los Colegios no tutelan sólo los intereses de la clase
profesional, sino también - aunque más no sea indirectamente- los de
personas extrañas a ella, esto es, los de los ciudadanos en cuanto que son,
de hechos potencialmente, clientes de los profesionales inscriptos… …La
defensa a los miembros del Colegio para asegurarles el libre ejercicio de la
profesión conforme a las leyes... está íntimamente ligado a la matriculación y
al ejercicio profesional. Aquél que lleva la matrícula, que habilita para ejercer
la profesión,... debe también proveer lo necesario para preservar dicho
derecho...".
Sin duda, a través de la doctrina de nuestro más Alto
Tribunal ha quedado instituida la función y razón de existencia del Colegio
profesional, no sólo para los fines de control, sino también para la defensa
irrestricta de la libertad, dignidad y ejercicio profesional del abogado en
su misión de defender la vigencia del Estado de Derecho.
El espíritu de la ley de creación del CPACF ha sido el
de generar un organismo rector que proteja la libertad y la dignidad de la
profesión del abogado, la vigencia de la CN y las Instituciones de la
República. Los abogados nucleados en un ente que los representa, más
allá de establecer una mera comunidad de funciones e intereses,
perseguimos objetivos de conveniencia o interés público que trascienden
aspectos meramente sectoriales.
La legitimación del CPACF ha sido ampliamente
reconocida en numerosos pronunciamientos; así se ha expresado que:
“…El C.P.A.C.F., creado por ley 23.187, puede actuar como parte en juicio,
toda vez que resulta ser una persona de derecho público, desde que no se
lo concibe como una asociación del derecho común, a la cual se es libre de
asociarse o de no asociarse, para la defensa de intereses sectoriales, sino
como el órgano que en el ámbito de la delegación transestructural de las
funciones estaduales es revestido de naturaleza pública para llevar
adelante el cumplimiento de un cometido público que se le encomienda,
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cual es el de controlar el ejercicio de la profesión con arreglo a las pautas
preestablecidas en resguardo de los intereses, no de los abogados
individual o sectorialmente, sino de la comunidad que necesita del
concurso de éstos para garantir el afianzamiento, motivo principal por el
que dicho órgano ha de gobernar la matrícula” CSJN, 26/06/1986, Fallos
308:987
“Debe reconocerse legitimación a las asociaciones
profesionales para interponer acción de amparo en defensa de los
derechos de sus representados… pues la recepción de dicha vía procesal
por la Constitución Nacional como derecho inalienable de toda persona
para obtener la tutela judicial, desautoriza una interpretación restrictiva
que impida la actuación de dichas entidades para cumplir con su función
específica.” CNTrab., Sala II, 2000/06/30, LL 2000-D, 180.
En el mismo sentido la jurisprudencia ha sostenido:
“…En principio debe dejarse en claro que, desde la reforma de la
Constitución Nacional de 1994, esta acción puede ser promovida por las
asociaciones contra ´cualquier acto de discriminación´. En el plano legal,
además, no es dudoso que los respectivos Colegio profesionales gozan de
suficiente legitimación para velar por los intereses de sus integrantes”, Juz.
Nac. 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, fallo
confirmado por la Cámara del fuero, que entendió que el Colegio Público
puede demandar en defensa de los derechos de todos los abogados,
conforme lo ha resuelto la CNFed. Contencioso Administrativo, Sala III, en
los autos “C.P.A.C.F. c/ Sec. de Estado y Rel. de la Com. (Dir. Nac. de
Migraciones) s/ Amparo Ley 16.986, causa 6128/96, 17/IV/97.
Resulta particularmente importante, - sobre todo
teniendo en cuenta que se trata de la impugnación judicial de la Ley
26.080 que modificó la conformación del CMN - lo resuelto por el
Procurador de la nación en autos “Monner Sans Ricardo c/EN Secretaría
General de Presidencia – Ley 26.080 s/ Amparo”, Expte. Nº 2503, Tº 42,
Letra M, Tipo REX, en trámite ante la CSJN y a la espera de resolución
desde el 28/08/2009, que expresó: “… toda vez que en la causa tomó
intervención el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal e
hizo suyos los agravios que el restante actor planteó contra la sentencia de
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primera instancia, la cámara entendió que dicha entidad sí está
legitimada para accionar judicialmente en nombre de sus
matriculados, en su carácter de persona de derecho público que tiene a
su cargo el gobierno de la matricula y porque está cuestionada la
disminución de la representación de los abogados en la nueva
conformación del Consejo de la Magistratura.”
La ampliación de la legitimación para interponer
acciones colectivas ha sido reconocido por la moderna jurisprudencia –
liderada por la CSJN en la postura expuesta por el Dr. Lorenzetti en el
caso “Mujeres por la Vida” (fallos 329:4593), o el considerando 10 del voto
del Dr. Maqueda en el caso “Defensor del Pueblo” del 26 de Junio de
2007 (330:2800), y finalmente en el caso “Halabi” (CSJN: 270.XLII.
24/02/2009) - sino que, también, ha sido ampliamente recibida por la
doctrina especializada.
Agustín Gordillo sostiene “Pues es obvio que resultaría
absurdo, teniendo una nueva Constitución con nuevos derechos y
garantías de naturaleza colectiva, resolver que decenas de miles de
estudiantes (no se olvide que una universidad grande tiene más de medio
centenar de miles de alumnos) hagan decenas de miles de juicios
individuales que tendrán decenas de miles de providencias iguales y
decenas de miles de sentencias iguales; o decenas de miles o millones de
obreros litiguen por lo mismo, o decenas de miles de abogados por su
profesión” Agustín Gordillo, Jurisprudencia de 1997: Elogio a la Justicia,
L.L. 1997-F-1318.
En el presente caso, la legitimación procesal se
verifica con total claridad, por cuanto se afectan derechos y garantías de
todos los abogados de la matrícula federal, sujetos a la Ley 23.187 y
domiciliados en la Capital Federal.
En efecto, la CN, en el artículo 114 CN, reconoce a
los abogados una “representación” en el Consejo, pero la ley en
crisis se vale del falaz procedimiento discursivo para llamar
“representante” a quien, en realidad, no será elegido por los
supuestos “representados” sino por sufragio universal. La Ley
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26.855, le quita a los abogados lo mismo que la Constitución les
reconoce: representantes ante el CMN.
Como se desarrollará más adelante, la ley
impugnada desnaturaliza el diseño constitucional del poder,
poniendo sólo el acento en la voluntad expresada a través del
sufragio popular directo, en desmedro de todo otro tipo de
contrapeso o control, propios de un sistema republicano de
gobierno.
Se trata, entonces, de un “interés colectivo” afectado, el
interés de los abogados de tener un auténtico y legítimo representante en
el CMN. Por imperio del artículo 43 CN, el CPACF como institución que
núclea y defiende a los abogados, tiene, entonces, “legitimación” para
ejercer la presente acción.
La CSJN, con fundamento en la analogía existente
entre el amparo y la pretensión declarativa, cuando en ambas se
persigue la declaración de inconstitucionalidad de una norma, sostuvo
que tienen derecho a reclamar en protección de tales derechos, todos
aquellos que han sido legitimados en el artículo 43, CN. (Conf. CSJN,
“Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica y Provincias de
Buenos Aires” JA, 1998-I-309; Fallos: 320:690, citado por Arodin
Valcarce, Derecho Procesal Constitucional, Adolfo Rivas, 1º Ed. Buenos
Aires, Ad-Hoc, 2003).
Es por ello que solicito que la presente acción tenga
efecto erga omnes con basamento en los autos “Halabi, Ernesto c/P.E.N.
Ley 25.873 Dto.1563/04 s/Amparo ley 16986”, haciendo extensivo su
alcance a todos los abogados matriculados en el CPACF.
En dichos autos la CSJN ha dicho: “Que la
Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera
categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a
intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos
personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la
competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los
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derechos de sujetos discriminados. En estos casos no hay un bien
colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles.
Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a
todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea.
Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de
los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto
en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una
homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la
realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que
en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño...”.
“…Frente a esa falta de regulación que, por lo demás,
constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea
posible, para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha
instituido, cabe señalar que la referida disposición constitucional es
claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando
se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental
y del acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que donde hay
un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea
desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las
garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo
hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes
reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la
vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y
315:1492)”.
“La eficacia de las garantías sustantivas y procesales
debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la
Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad,
del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar, y la esfera
privada, todos derechos de ejercicio privado. Por otro lado, también debe
existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio,
de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada
en un proceso en el que no ha participado (doctrina de Fallos: 211:1056 y
215:357)” .CSJN: 270.XLII. 24/02/2009 'Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley
25.873 - dto. 1563/04 s/ amparoley16.986'
Es por medio del fallo citado que la CSJN,
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pretorianamente, ha delineado los caracteres que debe reunir una acción
colectiva que tiene por objeto la protección de los derechos individuales
homogéneos, estableciendo tres requisitos de procedencia:
1.- La existencia de un hecho único o complejo que
causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales.
En la presente acción, la aplicación de la Ley
impugnada genera una lesión de imposible reparación ulterior, tanto al
limitar la posibilidad de los abogados de postularse a elecciones para
ocupar el cargo de representante de éstos en el CMN, como también al
vedarle derecho a tener a un verdadero representante ante dicho cuerpo.
El hecho único es la promulgación de esta ley que
perjudica los derechos políticos de los abogados en su conjunto.
2.- La pretensión debe estar concentrada a los efectos
comunes que produce un mismo hecho para toda la clase afectada.
El texto de la ley impugnada revela que alcanza a todo
el universo que en esta causa representa el CPACF, puesto que les quita
la posibilidad de tener una representación estamentaria independiente
de toda organización partidaria ante el CMN.
3.- Que el interés individual considerado aisladamente
no justifique la promoción de una demanda y de esta forma se vea
afectado el acceso a la justicia.
Al respecto, cabe destacar que si bien cada abogado,
de forma individual, puede sentirse afectado por la ley en crisis, no hay
dudas que la naturaleza colectiva de estos intereses involucrados lleva a
la indefectible conclusión que lo más eficiente resulta ser una Acción de
Clase.
Cumpliéndose así palmariamente con los
requisitos pretorianos que estableció la CSJN y de conformidad con
el artículo 43 CN, el CPACF se encuentra debidamente legitimado
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para instar esta Acción de Amparo, haciendo ciertos los derechos
contenidos en los artículos 14, 14bis, 16, 17, 18, 28, 31 y 33 de la
CN.
Se recuerda que el control de constitucionalidad es
una facultad de los jueces que establece la CN (art.33) y sostener la
observancia de la CN es uno de los fines del Poder Judicial (Ley 27,
artículo 3) lo que determina la imperiosidad inexcusable del examen de
constitucionalidad que se solicita se realice a la Ley 26.855 en el
presente caso.
La CSJN ha señalado desde antiguo: “…no son, como
puede creerse, ‘las declaraciones, derechos y garantías’, simples fórmulas
teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen
fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la
Nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar
o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa
significación de su texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio
inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre o
independiente dentro de la Nación Argentina…” (Fallos: 239:459 – Caso
Siri).
En el caso “Carranza” (Informe N° 30/97, caso N°
10.087), resuelto el 30 de septiembre de 1997, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos efectuó una análisis relevante
para nuestro caso.
Al interpretar, en esa ocasión el artículo 8.1., la
Comisión concluyó que los Tribunales de la República Argentina habían
violado esa disposición al negarse a tratar la impugnación de la
separación de un juez de su cargo, ocurrida durante la dictadura militar,
con base en la doctrina de las “cuestiones políticas no justiciables”. Al
fundar su solución, la Comisión señaló que “…La garantía del
peticionario de ejercer una adecuada defensa de su pretensión legal se vio
lesionada, pues finalmente su ejercicio resultó ilusorio. En consecuencia,
en el presente caso, la decisión del Superior Tribunal de Chubut ratificada
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por la Corte Suprema de Argentina, resultó violatoria del derecho al debido
proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana…”.
La Comisión consideró que en el caso existía una
violación al artículo 25.1., luego de reconocer que el peticionante había
tenido libre acceso a un recurso judicial para impugnar la decisión de las
autoridades políticas, agregó sin embargo que “…el derecho a la tutela
judicial efectiva previsto en el artículo 25 no se agota con el libre acceso y
desarrollo del recurso judicial. Es necesario que el órgano interviniente
produzca una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo, que
establezca la procedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que,
precisamente, da origen al recurso judicial. Es más, esa decisión final es el
fundamento y el objeto final del derecho al recurso judicial reconocido por
la Convención Americana en el artículo 25, que estará también revestido
por indispensables garantías individuales y obligaciones estatales
(artículos 8 y 1.1.)…”.
En efecto, tal como lo señaló la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos: “…Las garantías a la tutela
judicial efectiva y el debido proceso imponen una interpretación más justa
y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al
punto que por el principio ‘pro actione’, hay que extremar las posibilidades
de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción…”
(Caso “Palacios c. Argentina”, Informe N° 105/99, consid. 61, L.L. 2000-
F-549).
En tal sentido, la CSJN expresó: “…siguiendo el
modelo de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, es
inherente a las funciones de un tribunal judicial interpretar las normas que
confieren dichas potestades para determinar su alcance, sin que tal tema
constituya una ‘cuestion política’ inmune al ejercicio de la jurisdicción
(‘Baker v. Carr’ 369 U.S. 186). Ello, porque – tal como luego se desarrollará
– esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones, exige
interpretar la Constitución y tal misión permitirá definir en qué medida – si
es que exista alguna – el ejercicio de ese poder puede ser sometido a
revisión judicial’ (‘Powell v. Mc. Cormack’ 396 U.S. 486)…” (Fallos:
324:3358, considerando 4°, Caso Bussi).
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En el mismo pronunciamiento el Tribunal señaló
cómo, a través del tiempo, se ha limitado radicalmente el alcance de la
doctrina de las cuestiones políticas no justiciables: “…La amplia y vaga
extensión dada a aquéllas, condujo a que el desmantelamiento de la
doctrina anterior se hiciera a través de pronunciamientos dictados en
temas muy diversos. Así, lisa y llanamente, entró a conocer en causas que
se referían al desenvolvimiento de la vida de los partidos políticos (Fallos:
307:1774 y sus citas); trató el tema de la admisibilidad de la presentación
de un candidato independiente para diputado nacional (Fallos: 310:819) y
revisó resultados electorales al dejar sin efecto resoluciones de juntas
electorales provinciales (Fallos: 308:1745); también conoció de la legalidad
del procedimiento de formación y sanción de las leyes (Fallos: 317:335) y
aun de las facultades del Senado de la Nación para decidir la detención de
personas (Fallos: 318:1967 y 319:122)…” (Caso Bussi, cit., considerando
5°).
“Charles L. Black, en su agudo y famoso ensayo
titulado “The people and the Court-Judicial review in a democracy”, ed.The
Macmillan Company, New York, 1960, sostenía que el control judicial
cumple una función vital en un gobierno de poderes limitados, consistente
en mantener el sentimiento público de que el gobierno ha cumplido con las
normas de su propia Constitución y por ello la función “legitimante” de las
normas por parte de la Corte Suprema- lo cual implica constatar su
constitucionalidad- es de inmensa por no decir vital importancia para el
país, agregando que no veía como un gobierno de poderes limitados podría
vivir sin la existencia de algún órgano que desempeñe esa función.
Agregaba también que así como un ser humano sano controla sus fuerzas,
el control judicial de la constitucionalidad es el medio que el pueblo ha
elegido como auto-restricción a través del derecho, sosteniendo que
‘tener votos es una excusa insuficiente para violar la Constitución’.
(pág. 64/67, 86, 224)”, (citado por el Dr. Fernando N. Barrancos y Vedia,
en sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y
Políticas, 13/08/2003, el subrayado nos pertenece).
Es función del Poder Judicial controlar que la
actuación de los poderes del Estado permanezca dentro de los
lineamientos fijados por la CN, examinando la constitucionalidad de la
16
Ley 26.855, bajo lo normado por el artículo 31, CN, considerando
especialmente la doctrina sentada en el caso “Marbury vs. Madison” :
“...un acto de la legislatura repugnante a la constitución, es inválido..”.
La cuestión aquí planteada por el CPACF, es
justiciable y se encuentra contenida en el marco conceptual establecido
por el artículo 116 de la CN, por ello corresponde a S.S., examinar el
flagrante apartamiento constitucional que motiva este amparo bajo los
dictados del artículo 43 del mismo cuerpo normativo ya que, no sólo
están ampliamente cumplidos los requisitos expresados por la CSJN en
“Halabi” sino que, principios de economía procesal fundan la solicitud.
Por estas razones, no puede este CPACF dejar de
defender lo que su Ley Orgánica le manda como deber primario del
abogado: “Observar fielmente la Constitución Nacional y la legislación que
en su consecuencia se dicte” -inc. a) artículo 6º, Ley 23.187.
Seguramente S.S. coincidirá con esta parte en que
debemos aunar esfuerzos para defender el Estado de Derecho, y asegurar
la libertad, igualdad de oportunidades y protección de todos y cada uno
de los derechos constitucionales cuyo pleno reconocimiento se reclaman
a través de la presente Acción.
V.- PROCEDENCIA DE ESTA ACCION DE AMPARO
– PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD
El artículo 43 CN establece requisitos de procedencia de
la acción de amparo, los que se encuentran debidamente cumplidos en
la presente causa, a saber:
V. 1) Existe un acto de autoridad pública: el dictado
de una Ley; la Nº 26.855.
V. 2) Que en forma inminente amenaza: Esta
amenaza se vincula con la existencia de circunstancias que ponen en
real, efectivo e inminente peligro el pleno ejercicio de un derecho; cual es
17
el de representar y ser representado ante el CMN conforme los
lineamientos del 114 CN.
Es de público conocimiento la inmediatez de las
elecciones legislativas y la pretensión de forzar una elección de
consejeros por sufragio popular que conforme un Consejo, aún cuando
suponga la coexistencia de los actuales miembros con los 19 nuevos que
se pretende sean elegidos.
V. 3) Conculca con ilegalidad y arbitrariedad
manifiesta derechos fundamentales y garantías reconocidas por la CN y
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía
constitucional: Cuando las disposiciones de una ley, como la que se
tacha de inconstitucionalidad en la presente acción, claramente no
respetan los preceptos constitucionales, la arbitrariedad e ilegalidad es
manifiesta.
La CN en su artículo 114 establece que el CMN será
integrado en equilibrio entre la representación de los órganos políticos
resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y
de los abogados de la matrícula federal, además de personas del ámbito
académico y científico. En clara contraposición a lo expuesto, la Ley
26.855 ignora el equilibrio y suprime la representación que les cabe a los
abogados de la matrícula federal como estamento pacíficamente
reconocido desde la Ley 24.937, como más abajo se explica.
Esta nueva ley lesiona, altera y restringe principios y
garantías constitucionales, no sólo los establecidos en el artículo 114 CN,
sino también los de supremacía, división de poderes, razonabilidad,
tutela judicial efectiva, legalidad, seguridad e igualdad, entre otros. Más
aún, dicha ley afecta directamente el orden institucional, pretendiendo
alterar su forma republicana de gobierno al no respetar la independencia
del Poder Judicial.
No puede desconocerse que la letra del artículo 114
CN es clara en su literalidad, valiéndose de la semántica y sintaxis en su
empleo ordinario. Así, tras enunciar las finalidades del Consejo (selección
18
de los magistrados y administración del Poder Judicial), dispone un
resguardo propio del sistema republicano como lo es la periodicidad de
los cargos, y clama que su integración sea de un modo tal que “procure”,
esto es, que busque o persiga un “equilibrio entre la representación de los
órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas
las instancias y de los abogados de la matrícula federal”, además de estar
integrado “por otras personas del ámbito académico y científico”.
La coma es una divisoria de aguas entre los cuerpos
políticos que se edifican por el voto popular, de aquellos cuerpos que se
conforman por el voto de sus pares, marcando así la necesidad de
balance entre ellos: representantes del Pueblo de la Nación y del Estado
Federal por un lado (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo), y personas con
formación técnica especializada, por otro (jueces, abogados y
académicos).
Pero antes hay una manda constitucional común a
todos los conjuntos (órganos políticos resultantes de elección popular,
jueces, abogados y académicos): quienes integren el Consejo serán
representantes “de” cada uno de aquellos estamentos, y no directamente
del Pueblo de la Nación.
V. 4) En cuanto al recaudo: “medio judicial más
idóneo”, no es un acto muy complejo establecer que para la situación
planteada, no existe un remedio judicial alternativo que sea expedito,
rápido y que, garantizando una decisión oportuna de jurisdicción,
resguarde los derechos fundamentales conculcados.
Estamos ante una cuestión de pleno derecho,
donde no es necesario un amplio debate o la producción de prueba. En
este sentido, pensemos que consecuencias traerían la utilización de la vía
ordinaria, aún en el supuesto de alcanzar una sentencia de primera
instancia favorable: un proceso lento y engorroso que podría durar años
y que se devoraría la pretensión procesal.
19
V. 5) La ostensible inconstitucionalidad de esta Ley,
cuya declaración se persigue mediante esta acción de amparo, es
cuestión judiciable.
En nuestro ordenamiento jurídico, artículo 31 CN, la
voluntad del Constituyente prima sobre la del Legislador, por lo que,
atento las facultades de control de constitucionalidad de las leyes
confiado por la CN al Poder Judicial, corresponde que éste intervenga
cuando tales derechos se desconozcan o se encuentren amenazados.
El PEN pretende controlar las decisiones del CMN y
del Jurado de Enjuiciamiento con el fin de tener total injerencia en la
selección de candidatos a jueces y en los juicios políticos a magistrados,
utilizando para ello, la falaz justificación de una “mejor calidad
democrática” que no es sino el velo bajo el cual se oculta el perjuicio a la
justicia.
VI- ANTECEDENTES. REFORMA CONSTITUCIONAL
DE 1994 Y LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
La Reforma de la CN del año 1994, desarrolló
importantes modificaciones en el PJN, entre ellas la creación del CMN y
el Jurado de Enjuiciamiento, en un claro intento por mejorar la elección
y desempeño de los funcionarios públicos que integran el PJN.
La designación de los integrantes jueces del PJN es
una cuestión esencial para cualquier sistema político que respete los
derechos y la dignidad de las personas, pues son ellos quienes están
facultados por la CN para administrar y hacer justicia.
La CN de 1853/60, en cuanto al procedimiento de
designación de magistrados, adoptó el modelo norteamericano de la
Constitución de Filadelfia, por donde el Poder Ejecutivo proponía los
candidatos y el Congreso, por medio del Senado, prestaba el acuerdo
respectivo. El criterio de designación, implicaba una elección que era a
todas luces política, pues la realizaban los poderes surgidos del sufragio
popular.
20
La esencia de este sistema en Estados Unidos fue
limitar, en lo posible, los excesos de los diputados, haciendo intervenir
en la designación a los dos poderes más débiles, el Senado y el Ejecutivo.
En nuestro país, el resultado de la designación de
magistrados se diferenció del de ese país, en donde el Poder Ejecutivo
carece de discrecionalidad y su propuesta resulta sometida a distintos
estamentos que realizan múltiples negociaciones. En Argentina tal
procedimiento conspiró contra la independencia y legitimó una decisiva
influencia del PEN.
El Dr. Juan A. González Calderón ya en 1923 en su
tratado “Derecho Constitucional Argentino”, (Vol. III, páginas 403/9, Ed.
Lajouane) criticaba severamente el sistema de elección de jueces,
sosteniendo que éste presentaba notables inconvenientes, aumentando
la preponderancia del Poder Ejecutivo contra la independencia de los
jueces y reduciendo el papel del Senado a la mera aceptación o rechazo
de los propuestos.
Además, el sistema no había funcionado
ajustadamente, básicamente por la influencia política en la nominación
de magistrados, lo que originó sólidos reclamos de transparencia,
honestidad, celeridad, inmediatez, imparcialidad y compromiso por parte
de la sociedad civil. El resultado fue una institución debilitada, con una
grave carencia de imparcialidad, con ciertos jueces sin capacidad técnica
y otros que protagonizaron escándalos y actos de corrupción.
Profundizando esta situación, el Senado de la Nación,
en su Reglamento Interno, estableció la alternativa de sesiones secretas.
Aplicado a la aprobación de los pliegos de los candidatos a jueces
federales, el secreto impidió, en los hechos, el control de la opinión
pública sobre las designaciones y favoreció los acuerdos de repartos
partidarios. Tal mecanismo debilitó al propio Poder Judicial, cuyos
integrantes no podían acreditar por cuáles razones se aprobaban o
rechazaban sus nombramientos.
21
El constitucionalista Carlos Sánchez Viamonte en su
obra “Manual de Derecho Constitucional, 1959 decía al respecto: “En
rigor, el Poder Judicial no puede tener verdadera independencia si el
nombramiento de sus miembros proviene del Poder Ejecutivo, aunque sea
con acuerdo del Senado...Sin embargo, los Estados Unidos, al crear la
institución del Poder Judicial como poder público, omitieron tomar las
precauciones necesarias para asegurar su independencia con relación al
Poder Ejecutivo, y confirieron a éste la atribución de designar los
magistrados con acuerdo del Senado. La Constitución argentina, como
todas las otras de América, siguió ese ejemplo. La independencia del
Poder Judicial quedó reducida, pues, a la inamovilidad de sus cargos
mientras dure su buena conducta, y a recibir por sus servicios una
compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en
manera alguna mientras permanezcan en sus funciones (art. 96)”.
El Convencional Constituyente de 1994, ante la
debilidad del PJN por la injerencia del PEN buscó un modelo alternativo,
creando el CMN y el Jurado de Enjuiciamiento como institutos garantes
de la independencia judicial, cabe señalar, resultado del Pacto de Olivos
(entre los dos partidos mayoritarios del momento) que dio cauce a la
reforma indicada plasmado en el Núcleo de Coincidencias Básicas. Más
allá de las críticas que pudiesen hacerse, lo cierto que importó un serio
intento de mejora del sistema, fruto de cierto consenso político del que
hoy carece la “pretensa reforma” propuesta por el PEN.
Así surge de la voluntad del Constituyente,
manifestada en la Convención Nacional Constituyente en 1994:
En primer término, cabe mencionar las expresiones
del miembro informante sobre este tema en el seno de la Convención
Constituyente de 1994. Se alude al Sr. Convencional, Dr. Enrique
PAIXAO, quien, en el carácter aludido, dijo: “La sociedad argentina
apetece mayor transparencia en el nombramiento de sus jueces, mayor
eficiencia en la remoción de los magistrados, respecto de los cuales se
registren actos de inconducta, y mayor confiabilidad en la administración
de la cosa judicial, mientras los jueces se desempeñan en su función
específica, que es la de resolver casos contenciosos. A estos objetivos
22
apunta la importante reforma judicial que contiene el proyecto en
consideración”. Más adelante señaló que: “En cuanto a la integración del
Consejo de la Magistratura, se ha procurado un modelo de equilibrio que
garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el
pluralismo en la integración del órgano... De tal manera, se ha buscado un
modelo intermedio en que los poderes democráticos retengan una
importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero en el
que simultáneamente –por participación de los propios jueces en el
gobierno de la magistratura y por participación de estamentos
vinculados con la actividad forense u otras personas- el sistema
judicial esté gobernado con pluralismo...”.
Convencional HITTERS, (páginas 2416, 2417, 2418 y
2419): “...el Consejo de la Magistratura está enclavado en el sistema
propuesto por el Núcleo de Coincidencias Básicas, al que tantas veces
hemos hecho referencia los representantes de los partidos firmantes del
Pacto de Olivos porque significa nada más y nada menos que una forma de
limitar el poder presidencial...me importa destacar que el partido al que
pertenezco y que se encuentra en el gobierno —el justicialismo— ha
aceptado de buen modo esta figura y propuesto en su plataforma limitar el
poder del presidente en este aspecto delegando funciones en un cuerpo
especializado que además de seleccionar a los jueces va a tener otra
augusta misión, que es la de gobernar al Poder Judicial”.
Convencional AGUILAR TORRES (páginas
2574/75/76): “...Me siento satisfecho al poder votar estas normas porque
el nuevo sistema de designación de los jueces, de los miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación – a través de los dos tercios de los votos
del Senado – y de los magistrados inferiores – con la intervención del
Consejo de la Magistratura que se crea, y que se implementará por medio
de concursos públicos -, habrá de mejorar notablemente la calidad de los
jueces y acentuará aún más la independencia del Poder Judicial...”.
Convencional MESTRE (página 2602/08): “...Al
plantear la necesidad del funcionamiento del Consejo de la Magistratura
estamos tratando de terminar con ese poder absoluto a través del cual el
presidente es el único que selecciona a los magistrados. El Consejo de la
23
Magistratura representará en el futuro un organismo independiente para
la selección de los más idóneos a efectos de ser promovidos como jueces
de la Nación...”.
Convencional ALFONSIN (páginas 2631): “...No puede
quedar duda alguna de que las propuestas que estamos analizando
tienden a construir la base de una nueva y más amplia democracia al
crearse nuevas instituciones que aseguren un mejor equilibrio entre
los poderes y desconcentren las facultades presidenciales...”.
Lo cierto es que con la reforma constitucional de
1994, el constituyente ha querido que el ejercicio de la denominada
“política judicial” sea responsabilidad de órganos específicos: el CMN y el
Jurado de Enjuiciamiento, asegurando la independencia de los jueces y
la eficaz prestación del servicio de justicia. Así, se dejó atrás un sistema
de elección totalmente político y discrecional que frente a la opinión
pública distaba de ser transparente, habiéndosele atribuido la
responsabilidad de ciertas designaciones que no hicieron honor a la
responsabilidad que importa el poder de jurisdicción de que el Estado
inviste a los jueces.
Su incorporación quedó plasmada en el artículo 114
CN que expresamente dice:
El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley
especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los
magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será
integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la
representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular,
de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula
federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito
académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.
VII.- LEY DE CREACION DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA Nº 24.937 Y SU CORRECTIVA LEY Nº 24.939
24
La puesta en marcha del CMN fue a través de la Ley
24.937. Al Congreso de la nación le tomó tres años generar el consenso
necesario que permitiera reglamentar el equilibrio exigido por el
Constituyente, requisito fundamental para que el novel cuerpo pudiera
satisfacer las expectativas: garantizar la independencia del servicio de
justicia y privilegiar la idoneidad en la selección.
En oportunidad de debatirse en el seno de la
Honorable Cámara de Senadores de la nación, el proyecto que luego se
convertiría en la Ley 24.937, el Senador Yoma (Diario de Sesiones 6/7
de marzo de 1996, pág. 619), destacó que equilibrio, según el Diccionario
de la Real Academia Española equivalía a “contrapeso”, “contrarresto”,
“armonía entre cosas diversas”. Seguidamente marcaba “esto es lo que
buscamos respecto del diseño legislativo del Consejo de la Magistratura: la
armonía entre los diversos órganos, procurando el equilibrio, tal como nos
lo encomendaran los constituyentes de Santa Fe”. Ampliando su
pensamiento agrega “...consideramos que cuando el constituyente habla
de procurar el equilibrio se refiere al hecho de que un sector no predomine
sobre los otros. Es decir que uno de los sectores mencionados no ejerza
una acción hegemónica respecto del conjunto o que no controle por si
mismo al Consejo de la Magistratura”.
Coincidentemente con el Senador Yoma el entonces
Diputado Pichetto, expresó que el equilibrio implica “... que ningún
sector debe tener predominio sobre el otro... el concepto de equilibrio es
el de contrapeso, donde ningún sector que integra el Consejo de la
Magistratura tiene predominio sobre otro. Esta fórmula ha sido
lograda después de mucho esfuerzo, con un largo y arduo trabajo
de consenso... creo que el verdadero concepto es el del equilibrio, y
aquí está muy bien logrado porque, con la integración de
diecinueve miembros no predomina ningún sector sobre el otro.
Ningún sector puede lograr quórum propio...” (Diario de Sesiones,
pág. 698).
La Ley 24.937, modificada por Ley 24.939 conformó
el primer CMN con una composición que, sin bien perfectible, mantenía
25
cierto equilibrio al determinar que éste estaría integrado por diecinueve
miembros, de acuerdo con la siguiente integración por estamento:
1.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
2.- Cuatro (4) jueces del Poder Judicial de la Nación,
elegidos por sistema D'Hont, debiéndose garantizar la representación
igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia
de magistrados, con competencia federal del interior de la República.
3.- Ocho (8) legisladores, designados por los
presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de
los respectivos bloques, cuatro legisladores por cada una de ellas,
correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno
por la primera minoría y uno por la segunda minoría.
4.- Cuatro (4) representantes de los abogados de la
matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que
posean esa matrícula.
5.- Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
6.- Dos (2) representantes del ámbito académico.
Surge claro, tanto en el texto del artículo 114 CN,
como en la ley de creación del CMN que la representación de los
abogados obedeció a la necesidad de asegurar la voz del justiciable -en
igualdad de peso, valor y equivalencia que los representantes jueces y los
órganos políticos.
VIII.- PRIMERA REFORMA DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA - LEY 26.080
Apenas ocho años y pocos meses después de su
creación, el 24 de febrero de 2006 se promulgó la Ley 26.080, que vino a
modificar la Ley 24.937 y su correctiva 24.939.
26
Esta ley constituyó una clara trasgresión a los
preceptos constitucionales contenidos en el artículo 114 CN y
especialmente el de “equilibrio”, violación que fue denunciada por el
CPACF, en el Expte. Nº 2503/2006, Tomo 42, Letra M, en trámite ante
la CSJN, aún a la espera de su resolución desde el 28 de agosto de 2009.
La Ley 26.080 disponía una representación
imperfecta, que no reflejaba en su composición el necesario equilibrio
entre los sectores que lo deben integrar, condenándolo de antemano al
fracaso al darle preeminencia al sector político, volviendo recaer en
antiguas prácticas viciosas que se creían superadas.
A pesar de las duras advertencias de los legisladores,
la ley, pergeñada por la entonces senadora Dra. Fernández de Kirchner,
fue sancionada y promulgada, comprometiendo severamente la
estabilidad del cuerpo en su conformación, hasta llegar a la virtual
paralización actual.
La ley 26.080 en su artículo primero estableció que el
CMN debía estar compuesto por:
1.- Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación,
elegidos por el sistema D´Hont, debiéndose garantizar la representación
igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia
de magistrados, con competencia federal del interior de la República.
2.- Seis (6) legisladores, designados por los
presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a
propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, tres
legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y
uno a la primera minoría.
3.- Dos (2) representantes de los abogados de la
matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que
posean esa matrícula.
4.- Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
5.- Un (1) representante del ámbito académico y
científico, elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con mayoría
27
absoluta, profesor regular de cátedra universitaria de facultades de
derecho nacionales.
Esta reforma redujo a trece los miembros del CMN,
disminuyendo la representación de los estamentos correspondientes a
los jueces, abogados y miembros del ámbito académico y científico;
destruyendo el precario equilibrio logrado por la Ley 24.937.
De esta manera se apropió el sector político de la
mayoría del cuerpo, provocando una concentración de poder en ese
sector, en desmedro de la representación que antes detentaban otros
sectores, como los abogados de la matrícula federal.
El CPACF denunció judicialmente la
inconstitucionalidad de la norma, presentándose en el amparo iniciado
por el Dr. Ricardo Monner Sanz, y fue tenido por parte en esa acción. En
una clara negación de justicia, la CSJN tiene a resolver la causa desde el
28 de agosto de 2009, privando al CPACF, y a la postre a sus más de
100.000 matriculados y a la matrícula federal en general, de la decisión
judicial que hubiera puesto claridad a los conceptos contenidos en el
artículo 114 CN, y hubiera, muy probablemente, evitado este atropello a
la legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica.
La Ley 26.080 puso por primera vez en evidencia las
claras intenciones del poder político de controlar la designación y
enjuiciamiento de los magistrados de la nación. La ruptura del equilibrio
cristalizada a través del predominio del sector político es decir, de
aquellos provenientes de la elección popular, en desmedro de los otros
estamentos que lo componen, generó que ese sector pudiera imponer por
si mismo sus decisiones; o pudiera evitar aquellas que no le fueran
afines a sus propósitos.
El Consejo así concebido nació virtualmente herido de
muerte ante la imposibilidad de disimular y/o enmascarar el
desequilibrio de su “nueva” composición y el intento de influir
decididamente en ciertas decisiones del Poder Judicial, a través de las
28
nuevas designaciones o la consiguiente amenaza de destitución velada a
los jueces, consecuencia indiscutible de mantener el control de las
decisiones en la Comisión de Acusación o en el Jury de Enjuiciamiento.
El CPACF mantiene la acción que fundamenta la
inconstitucionalidad de la Ley 26.080, en razón de la severa desigualdad
en la representación de los abogados e inclusive de los jueces frente a las
otras representaciones; de suerte tal que el “desequilibrio” afecta no sólo
la función sino el fin para el que fue creado el órgano por el constituyente
del 94 conforme hemos visto precedentemente.
IX.- SEGUNDA REFORMA DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA: LEY 26.855
IX. 1) DE LA NUEVA COMPOSICIÓN DEL CMN –
IMPUGNA ARTICULOS 1º y 2º.
Esta nueva ley, sancionada sin debate en el Congreso
de la nación, desde el artículo 1º que dispone la: “…elección de sus
integrantes a través de mecanismos no discriminatorios que favorezcan la
participación popular…”, enmascarando así bajo un supuesto manto de
“democratización de la justicia”, vuelve a transgredir la directiva
contenida en la manda constitucional al modificar la integración del
CMN.
El artículo 2º ejecuta este enmascaramiento al
disponer que el CMN estará compuesto por diecinueve (19) miembros,
electos por la “voluntad popular” (supuesto “mecanismo no
discriminatorio”), que viene a pervertir definitivamente el equilibrio
requerido por la CN, a saber:
1.- Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación,
elegidos por el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal.
Corresponderán dos representantes a la lista que resulte ganadora por
simple mayoría y uno a la que resulte en segundo lugar.
2.- Tres (3) representantes de los abogados de la
matrícula federal, elegidos por el pueblo de la Nación por medio de
29
sufragio universal. Corresponderán dos representantes a la lista que
resulte ganadora por simple mayoría y uno a la que resulte en segundo
lugar.
3.- Seis (6) representantes de los ámbitos académico o
científico, de amplia y reconocida trayectoria en alguna de las disciplinas
universitarias reconocidas oficialmente, elegidos por el pueblo de la
Nación por medio de sufragio universal. Corresponderán cuatro
representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y dos a
la que resulte en segundo lugar.
4.- Seis (6) legisladores. A tal efecto, los presidentes
de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, a propuesta de
los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres,
legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y
uno a la primer minoría
5.- Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
La norma consolida la ingerencia absoluta del
sector político, eliminando definitivamente el equilibrio por
carencia de representación de los estamentos que deben
conformarlo, llevándolo al extremo de trocar la esencia misma del
Consejo, para convertirlo en un órgano politizado y partidizado por
definición, al servicio de mayorías circunstanciales y sujeto a los
vaivenes que los cambios de conducción generen en las elecciones
nacionales.
Desaparece la composición estamentaria
pacíficamente reconocida, ya que, al exigir que la elección de los
representantes de los jueces, los abogados y académicos se efectúe
mediante el sufragio universal y simultáneamente con las primarias
abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), obliga a sus postulantes a
enrolarse o alinearse políticamente con algún partido afín y, desde
ese lugar, formar parte de las decisiones cruciales que hacen a la
integración del PJN Nación.
Es decir que el artículo 114 CN se convierte en
letra muerta en la medida en que todos sus integrantes resultarán
de la elección popular y no ya por los estamentos cuya composición
está prevista en la CN que así sea. El texto del artículo 114 CN
30
claramente establece que los órganos resultantes de la elección
popular son sólo aquellos provenientes de tal elección, senadores y
diputados designados por el poder legislativo de entre sus miembros,
además del representante del PE. De lo contrario el texto no tendría
ningún sentido.
De este modo, queda institucionalizada para siempre
la faz agonal de la política en desmedro absoluto de la alta política que es
la política institucional. Para que no queden dudas respecto a la
influencia del sector político que esta nueva reforma establece, traducido
a números significa que el nuevo CMN quedará, en los hechos, sometido
a la decisión de:
1.- Los dos jueces integrantes de la lista perteneciente
al partido político que resulte ganador en las elecciones nacionales.
2.- Los dos abogados integrantes de la lista
perteneciente al partido político que resulte ganador en las elecciones
nacionales.
3.- Los cuatro académicos de la lista perteneciente al
partido político que resulte ganador en las elecciones nacionales.
4.- Los cuatro legisladores que hubieran resultado
elegidos por los presidentes de las Cámara de Senadores y Diputados a
propuesta de los bloques del partido político que resulte ganador en las
elecciones nacionales.
5.- El representante elegido por el Presidente de la
Nación, perteneciente al partido político que resulte ganador en las
elecciones nacionales.
El total de votos de la primera minoría será de 13
miembros y 6 corresponderán a la segunda minoría, por lo que queda
palmariamente demostrado que la nueva norma propone un cuerpo
dependiente de los intereses políticos, que podrá decidir por mayoría
automática y que tendrá a su cargo la función de designar y disciplinar a
los integrantes del PJN.
Es así entonces que no sólo se está violando el
equilibrio entre los estamentos que, conforme el artículo 114 CN,
31
conforman el CMN, a saber: políticos, abogados y jueces, y, aunque en
menor medida, académicos; sino que se quiebra el sistema mismo de
composición: políticos por la primera minoría y políticos por la segunda
minoría.
El resultado es abrumador puesto que a pesar que es
independencia lo que la ciudadanía reclama cuando se refiere a la
administración de justicia, y debiera ser guía al momento de definir qué
alcance se pretende de la injerencia política como más adecuado, se
termina excluyendo definitivamente toda representación no partidaria
como es la que corresponde a las representaciones de jueces, abogados y
académicos no partidarios.
Deviene necesario defender esta independencia y
propender a un sistema institucional que efectivamente elimine la
concentración del poder político que esta ley establece, -que monopoliza
las decisiones que involucran al poder judicial, en aras de crear una
justicia adicta, temerosa y alineada a los intereses políticos de turno -.
Además, esta forma de elección de los miembros del
CMN, obliga, tanto a jueces como a abogados, a participar de la actividad
de los partidos políticos en aras a sumar votos a sus respectivas
campañas.
Desde ese lugar, imaginamos a jueces y abogados
sujetos a las reglas que impone someterse a una elección popular,
expuestos a realizar concesiones que afectarán la independencia que
deberían guardar en su delicada misión como futuros consejeros del
CMN. Sumado a que la inevitable necesidad de obtener votos los hará
proclives a pensar en la popularidad como un valor ineludible en pos de
lograr el triunfo en las urnas, por lo que será imposible confiar en el
futuro en que sus decisiones no tengan en cuenta otras cuestiones que
no sean exclusivamente las que derivan de la estricta observancia de la
CN y las leyes que en su consecuencia se dicten.
La Ley impugnada responde a circunstanciales
intereses de coyuntura pero se proyecta del modo más amenazante sobre
32
la columna vertebral misma de la independencia judicial y, además,
somete a los abogados de la matrícula federal a perder la representación
estamentaria – no partidaria- reconocida en la CN, al convertir sus
cargos en lugares de militancia partidaria, a riesgo de que las decisiones
electorales que deben pertenecer exclusivamente a esta profesión sean
manipuladas por punteros barriales, especuladores, aprovechadores de
necesidades o vendedores de fantasías colectivas.
Los obvios condicionamientos derivados de la
inevitable necesidad de afrontar el financiamiento de una campaña
electoral, presionarán sobre los candidatos que se presten a competir e,
inevitablemente, condicionarán sus decisiones en el seno del CMN, ya
nunca más independiente, y a cargo de una de las más altas
responsabilidades de la nación: la elección y juzgamiento de sus
magistrados.
A no dudarlo, las decisiones del CMN conformado de
esta manera, tenderán a beneficiar a aquellos que no hubieran sido
indiferentes a las necesidades del otrora candidato ni a sus simpatías
político partidarias. Ergo, las eventuales decisiones de los nuevos jueces
podrían estar teñidas de las mismas connotaciones subjetivas, lejos de la
objetividad exigible, pues la medida de sus decisiones será correlativa a
la medida de sus simpatías y compromisos.
En este marco entiendo que sólo una transformación
profunda en la forma en que el poder político irrumpe e impone sus
decisiones podrá ser el vehículo que la Argentina necesita para
consolidar y desarrollar sus instituciones democráticas y republicanas.
El constituyente quiso que la elección y juzgamiento
de los magistrados recayera en la responsabilidad de decisión de cuatro
estamentos: uno con representación de toda la base electoral en
equilibrio con los representantes de los jueces, abogados y académicos
elegidos libremente por sus pares.
Sostener lo contrario, además de pretender hacerle
decir a la Constitución algo que claramente no dice, supone desconocer
33
los elementales principios que deben regir la elección y enjuiciamiento de
los jueces, afectando la seguridad jurídica y la garantía de efectividad e
imparcialidad de la justicia.
Sabido es que los Estados parte del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 40) deben
presentar, periódicamente, un informe al Comité de Derechos Humanos,
y después del diálogo entre ese órgano y los representantes del Estado, el
Comité evalúa la situación nacional imperante a la luz del Tratado, y
emite su informe. El 23 de marzo de 2010, el Comité sobre el Cuarto
Informe de Argentina, trató la integración del CMN surgido de la Ley
26.080. El examen internacional apuntó al equilibrio que debiera
procurarse en la representación de los distintos estamentos.
El Comité precisó con claridad dos circunstancias
concretas. La primera, señaló con preocupación, que “a pesar” del
señalado “principio” constitucional (equilibrio), existe en el Consejo
“una marcada representación de los órganos políticos allegados al
Poder Ejecutivo, en detrimento de la representación de jueces y
abogados” (artículo 2 del Pacto). En segundo término, que nuestro
país “debe tomar medidas con miras a hacer efectivo el equilibrio
previsto en el precepto constitucional en la composición del
Consejo… evitando situaciones de control del Ejecutivo sobre este
órgano…” Kiper, Claudio, Reforma del Consejo de la Magistratura, LL,
2010 - E, 967.
La desaparición del equilibrio que esta Ley 26.855
impone es clara e insalvable. De mantenerse sus disposiciones, la
representación política mayoritaria tendrá una preeminencia y
preponderancia decisiva desde ahora y para siempre que la CN quiso
expresamente evitar, y ello importa un grave retroceso institucional, ya
que la creación de dicho órgano precisamente respondió al objetivo y
propósito de impedir que la discrecionalidad del poder político –por
excelencia, el PEN- sea decisiva a la hora de designar y remover a los
magistrados.
34
IX. 2) DE LA FORMA DE ELECCIÓN DE LOS
MIEMBROS DEL CMN – IMPUGNA ARTICULOS 4º Y 18º.
El artículo 114 CN establece en su segundo párrafo:
“El Consejo (de la Magistratura) será integrado periódicamente de modo
que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos
políticos resultantes de la elección popular (1); de los jueces de todas
las instancias (2); y de los abogados de la matrícula federal (3). Será
integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y
científico (4), en el número y la forma que indique la ley.” (el resaltado no
es del original)
De lo anterior se desprende que el texto
constitucional establece expresa y taxativamente tres categorías de
representantes que deberán integrar el CMN. Luego difiere su número a
la forma que indique la ley siempre procurando el equilibrio entre los
“órganos políticos resultantes de la elección popular” (diputados y
senadores); “jueces de todas las instancias” y “de los abogados de la
matrícula federal”; además de los académicos.
Tal es la manda constitucional que ningún poder
emanado de la CN puede vulnerar so pena de inconstitucionalidad,
artículo 31 CN. Más allá de que podría incurrirse en una suerte de
atentado al orden constitucional al pretender suprimir en forma indirecta
el estado de derecho y el sistema representativo, republicano y federal
establecido por el artículo 1 CN.
Tiene establecido nuestra CSJN que ninguna
interpretación cabe hacer de la Ley cuando su texto expreso es claro. Y
aquí no hay excepción a la regla.
El constituyente de la reforma establecida en 1994
fue preciso en cuanto a la composición que deseaba, y que se ve reflejada
en las distintas manifestaciones de los Sres. Convencionales
Constituyentes.
35
Así, la Dra. Falbo, a la sazón convencional por la
Provincia de Buenos Aires dijo, en lo que aquí interesa: “Todos los puntos
de este Pacto me han llamado poderosamente la atención. Pero hay uno que
es muy caro a mis sentimientos y a mi papel permanente como abogada y
como presidenta del Colegio de Abogados de Quilmes: me refiero a la
necesidad de justicia. ... En comisión presenté algunas objeciones al
proyecto de la mayoría porque me gustaba que esa necesidad de
transparencia se viera plasmada a través del artículo constitucional para
evitar cualquier desvirtuación. Hoy pienso que tal como está el despacho,
como creo en las instituciones y en la Legislatura, espero que los
legisladores sean fiel reflejo de este espíritu que lleva el artículo, el instituto,
la Constitución, y que se basen en un verdadero equilibrio cuando tengan
que plasmarlo en una ley. Espero que allí se encuentren representados en
forma equilibrada el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los abogados, a
través de sus instituciones colegiadas y de los matriculados en las
Cámaras Federales en el interior el país. Porque los Colegios somos
también un poco los salvaguardas del Poder Judicial; somos
miembros de ese Poder Judicial; y que además estén las mejores
personas pertenecientes a las academias de Derecho, que el término
personalidades sea realmente aplicado.
“Creo en las instituciones de la democracia. Estoy
convencida de que con el Consejo de la Magistratura se ha dado un avance
muy importante; pero sólo no podrá hacer nada. El andamiaje con el que
vaya caminando y con el que se vayan dictando las posteriores leyes; con
el espíritu que puedan tener quienes las hagan, va a ser nuestro
seguro. El seguro de un Poder Judicial mejor, con una imagen mejor para la
sociedad; esa sociedad que espera de cada uno de nosotros algo mejor.
Entonces el objetivo estará logrado, y los constituyentes de hoy estaremos
muy satisfechos por haberle dado a nuestro país algo más de todo lo que
pretendemos entregarle.”
Baste la cita para dejar claramente sentado cuál era la
voluntad, el ánimo de los constituyentes, lo que viene a reforzar aún más
lo que ya claramente puede leerse en la letra del artículo 114 CN:
1) representantes de los órganos políticos resultantes de la elección
popular;
36
2) representantes de los jueces de todas las instancias;
3) y representantes de los abogados de la matrícula federal;
4) Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito
académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.
Es dable destacar que cada uno de los
“representantes” de que se habla en los puntos 1) a 4) son elegidos por
aquellos segmentos de la sociedad que van a ser “representados”. Afirmar
otra cosa es no sólo pecar de absoluta ignorancia o mala fe, sino que
también pone de manifiesto una actuación que va en desmedro de la
inteligencia del conjunto social que desemboca en un atropello
constitucional expreso, que no puede ser avalado por el más elemental
sentido común a esta altura de la vida institucional de la Nación.
Es por ello que, tanto la primera ley que reglamentó
la conformación del CMN Nº 24.937 como sus modificatorias, en lo que
respecta al modo de elección, aunque no en el equilibrio, respetaban el
texto constitucional: los representantes de los órganos políticos eran
elegidos por sus pares; los jueces elegían a sus pares; y los abogados
de la matrícula federal a los suyos. Lo propio en el ámbito
académico.
Como el CPACF ya puso oportunamente de manifiesto
a través de la acción de inconstitucionalidad de la Ley 26.080
modificatoria de la Ley 24.937, puesto que, se dijo, se encontraba
afectado gravemente el “equilibrio”; ahora, el extravío del poder da una
nueva vuelta de tuerca, y so pretexto de una mayor representatividad
“democrática” establece que quien represente “a los abogados de la
matrícula federal” no sea electo por sus representados los abogados, sino
por todos los habilitados a emitir sufragio en las PASO.
Con lo cual, quien aspire a “representar” al segmento
de los abogados de la matrícula federal, deberá, obligatoriamente, ser
afiliado o al menos haber acordado con un partido político su
precandidatura; participar en las primarias “partidarias”, etc., para
37
finalmente no “representar” a los abogados (aunque lo sea), sino para
“representar” al Partido Político que le permitió llegar a ese lugar.
En forma extraordinaria, la Ley viene a acentuar la
“proscripción” de los candidatos independientes de los partidos políticos.
En efecto, la redacción definitiva del artículo 4º de la
Ley 26.855 que incorpora el artículo 3º bis Ley 24.937 y sus
modificatorias, establece requisitos excluyentes para ser candidatos a
consejeros del CMN tales como:
a) ser candidatos sólo de agrupaciones políticas nacionales
que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales
(1er. párr);
b) NO podrán constituirse agrupaciones políticas (locales)
al único efecto de postular candidaturas al CMN (1er.
párr.);
c) Las precandidaturas o candidaturas a Consejeros
integrarán UNA LISTA ÚNICA con los representantes de
académicos, jueces y abogados de la matrícula federal
(2do. párr.);
d) Establece que tal LISTA ÚNICA conformará un cuerpo de
boleta que irá adherida a la derecha de las candidaturas
legislativas de la agrupación por la que son postulados y
tal voluntad de adhesión se manifestará a través de la
autorización expresa del apoderado nacional por ante el
Juzgado Federal electoral de la Capital Federal. (2do.
párr.);
e) Tanto el registro de candidatos como el pedido de
oficialización de listas de candidatos a consejeros del CMN
se realizará ante esa misma sede judicial. (2do. Párr.);
A la gravedad de la sumatoria de requisitos
restrictivos descripta, debe agregarse, lo que establece el artículo 18,
2do. párrafo de esta Ley que sustituye el artículo 33º de la Ley 24.937
de las PASO, que establece además y complementariamente que el acto
eleccionario previsto en el artículo 3º bis que “…a los fines de la adhesión
de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la
38
Magistratura con la de legisladores nacionales en cada distrito, se requiere
la comprobación de la existencia de que en al menos 18 de los 24 distritos,
la mencionada adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de
idéntica denominación…” El subrayado es propio.
La extrema gravedad del propósito proscriptivo a
la par que excluyente que la ley determina no puede menos que ser
considerada como un verdadero escándalo jurídico, puesto que de su
aplicación resulta que, en principio, SOLO UN PARTIDO A NIVEL
NACIONAL podrá llevar adherida al cuerpo de la boleta la categoría
de candidatos a consejeros del CMN. El resto de los partidos deberá
concurrir con boleta separada.
Véase que, de todas maneras, el único resultado
inevitable es que sólo dos partidos lograrán estar representados; y sólo
entre ellos quedará conformado el CMN.
Por lo que no debe perderse de vista que existen
sobradas muestras a lo largo de nuestra historia reciente, sobre
manifestaciones de distintos partidos políticos a través de sus dirigentes
más caracterizados respecto a la (necesaria) “obediencia partidaria” que
se exige a quienes deben votar en cada una de las funciones
desempeñadas.
Con lo anterior se traza apenas un pálido esbozo de la
“politización” en la peor de sus versiones, del organismo que, nada
menos, debe seleccionar y juzgar a los Jueces de la nación.
Ante ello, y la situación que esta Ley viene a crear, no
cabe sino preguntarse hacia dónde se encamina la República ante estos
intentos inescrupulosos de cooptar la suma del poder público so pretexto
de “democratización”.
Párrafo aparte, si bien breve pero ineludible, debe
dedicarse a la tristeza que produce imaginar a Jueces de la Nación que
tienen vedado por el artículo 33 inc. d) de la Ley orgánica de los
Partidos Políticos Nº 23.298 ser precandidatos en elecciones
39
primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos
nacionales, negociando con los partidos políticos su inclusión en las
respectivas boletas, y porqué no, tal vez compartiendo tribuna con
aquellos mismos candidatos, luego funcionarios, a los que deberán
investigar ante posibles futuras denuncias o resolver conflictos de
cualquier índole que los involucren.
Ni cabe pensar en la exigida “obediencia partidaria”
de la que ya expresamos opinión o en los aportes económicos para
solventar sus candidaturas que indudablemente condicionarán luego su
accionar frente a determinados actos de gestión, en la medida en que
aquellos jueces que no respondan o no acuerden con aquellos intereses
podrán ser eliminados de un plumazo con la mitad más uno de los
miembros en su “nueva” versión.
Se presentarán diversos “conflictos de intereses” en
novedosas versiones, modos y formas entre los jueces, los justiciables y
esta “justicia democrática”.
Un evidente dislate que desconoce la esencia misma
de la idea republicana de gobierno que debería refinarse en beneficio de
los derechos de los pueblos, pero que se pone en grave peligro de
desaparecer – y no es mera retórica - ante intentos como el que aquí se
denuncia mediante tacha de inconstitucionalidad.
Finalmente, no debemos cansarnos de analizar qué
queda de aquella recomendación que da el artículo 114 CN a los
legisladores de turno respecto a “procurar el equilibrio” en la
representación, a saber:
1) SEIS (6) “representantes” de los órganos políticos resultantes de
la elección popular (dos a uno a favor de la mayoría circunstancial que
surja del voto popular);
2) TRES (3) “representantes” de los jueces resultantes de la
elección popular (dos a uno a favor de la mayoría circunstancial que
surja del voto popular);
40
3) TRES (3) “representantes” de los abogados resultantes de la
elección popular (dos a uno a favor de la mayoría circunstancial que
surja del voto popular);
4) SEIS (6) “representantes” de los académicos resultantes de la
elección popular (dos a uno a favor de la mayoría circunstancial que
surja del voto popular);
5) UN (1) “representante” del Poder Ejecutivo nacional que NO está
contemplado en el texto del artículo. 114 CN.
De la sumatoria de lo anterior, se desprende
claramente que (v.g) en el supuesto de triunfar el actual partido de
gobierno, tendría TRECE (13) representantes “partidarios” que en la
ficción creada representarían a jueces, abogados y académicos,
resultando los restantes SEIS (6) integrantes de la segunda minoría
circunstancial que arroje el escrutinio. TODOS igualmente obligados a
cumplir con la disciplina partidaria o saber que serán condenados al
destierro político si votaran a conciencia en algún caso contrariando
los intereses del partido.
Como vemos claramente, las mayorías
circunstanciales estarán en condiciones de determinar cuál de los jueces
continúan en sus cargos y cuáles no (téngase presente que también se
alteraron las mayorías agravadas para convertirlas en simples); quiénes
son nombrados jueces y quiénes no; conforme lo determine el deseo del
jefe partidario de turno, o sea materia de negociación con otras facciones
políticas.
La alarma que produce semejante situación no puede
ser expresada con palabras, puesto que si bien es cierto que la buena fe
debe presumirse, las instituciones de la República no pueden quedar al
arbitrio de la buena voluntad de los gobernantes, sino que deben existir
fuertes mecanismos institucionales de LIMITACION Y CONTROL AL
PODER DE TURNO, que en la ley 26.855 y con el alcance que aquí
pretendo respecto a su inconstitucionalidad, brinda poco menos que la
SUMA DEL PODER PUBLICO a mayorías circunstanciales,
independientemente de qué partido sea el beneficiado por el voto
mayoritario en cada oportunidad.
41
Cabe preguntarse sobre la tranquilidad con que un
juez que no participe del círculo áulico de cercanía a ese poder
popular circunstancial, o que no cuente con “contactos” protectores a
través de algún partido político, podrá ejercer su magistratura,
especialmente cuando tenga que hacerlo respecto de intereses contrarios
a sus compañeros de lista o de adversarios circunstanciales o de sectores
económicos cercanos al poder.
Y no hay respuesta porque se está a las puertas de
ser testigo de uno de los más grandes latrocinios cometidos sobre el PJN,
que aún con sus claroscuros se encuentra hoy muy lejos de tamaño
peligro.
Finalmente cabe reproducir LOS PRINCIPIOS
BASICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA
adoptado por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán
del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la
Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de
1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985, según la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en lo
que aquí resulta pertinente.
1. La independencia de la Judicatura será
garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la
legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra
índole respetarán y acatarán la independencia de la Judicatura.
2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan
con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el
derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones,
amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de
cualesquiera sectores o por cualquier motivo…
7. Cada Estado Miembro proporcionará recursos
adecuados para que la Judicatura pueda desempeñar debidamente sus
funciones.
8. En consonancia con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos, los miembros
de la Judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias,
42
asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos
derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que
preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia
de la Judicatura.
9. Los Jueces gozarán del derecho a constituir
asociaciones de jueces u otras organizaciones que tengan por objeto
representar sus intereses, promover su formación profesional y defender
la independencia judicial, así como el derecho de afiliarse a ellas. …
13. el sistema de ascensos de los jueces, cuando
exista, se basará en factores objetivos, especialmente en la capacidad
profesional, la integridad y la experiencia.
Finalmente he de decir que es cierto que todos los
hombres participan en la vida política de su sociedad y comparten un
cúmulo heterogéneo de valores, sentires e ideas que prevalecen en una
determinada época (el hombre y su circunstancia al decir del filósofo).
Esos hombres también llegan a ser jueces, pero una vez que lo son,
resulta imprescindible que se eleven por sobre esos valores particulares
para atender a los valores generales de toda la comunidad y, si bien es
cierto que no existe un sistema de selección y enjuiciamiento de
magistrados perfecto; puesto que aún el mejor sistema que pueda
lograrse siempre dependerá de las personas que lo ejecuten, lo cierto es
que ha quedado plasmado en el articulado de esta Ley cuya tacha de
inconstitucionalidad solicito a la magistratura, un sistema de elección de
miembros del CMN que resulta el más imperfecto de todos cuantos se ha
establecido a la fecha, puesto que OBLIGA a la politización (partidaria) de
Magistrados, Abogados y Académicos, vaciando de contenido el artículo
114 CN.
X.- AFECTACIÓN CONSTITUCIONAL
La arbitrariedad e ilegalidad de la Ley 26.855 es de tal
trascendencia que afecta la armonía y homogeneidad misma del propio
texto constitucional.
43
Alberdi, ya expresaba: "la ley puede ser un medio, y el
más temible, de derogar las garantías que la Constitución concede. La
misma Constitución pone en manos del legislador el pretexto de ejercer ese
abuso por ignorancia, inconsecuencia o mal espíritu, ajeno a ella. Ni la
Constitución argentina ni ninguna otra habría sido capaz de evitar este
escollo, concediendo la libertad sin sujeción ni referencia a la ley. Las
leyes reglamentarias de las declaraciones, derechos y garantías de los
mismos son un mal necesario".
Como es sabido, es el legislador, por una parte, y el
juez, por la otra, los causantes y guardianes, respectivamente, de
reglamentar dichas garantías. La CN establece principios generales,
reconoce derechos individuales y regla el mecanismo de los poderes de
gobierno, sin que exista la posibilidad de agotar su repertorio ni poder
prever todas las contingencias del futuro. Pero es la justicia la encargada
de declarar cuando una ley y cualquier otro acto de autoridad es
contrario a la CN, y a tal fin se deben atener no sólo a la letra de la
cláusula constitucional sino que se debe analizar su espíritu.
Así, la politización y dependencia del PJN es lo que el
espíritu constituyente quiso evitar al incluir el artículo 114 CN,
circunstancia no respetadas por la Ley 26.855, la cual legisla en total
oposición a la naturaleza originaria del CMN.
En este orden de ideas, el entramado jurídico
establecido en la CN se ve distorsionado por la Ley mencionada, al no
respetarse sus lineamientos, menos aún su congruencia y principios.
En la misma línea argumental a la expuesta por el
CPACF, la Relatora especial de la ONU, la brasileña Gabriela Knaul, en un
comunicado difundido en Ginebra, exhortó al PEN a que reconsidere el
proyecto de ley de reforma del CMN, señalando que la "disposición sobre
la elección partidaria de los miembros del Consejo de la
Magistratura" son "contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos",
44
Agregó que: "El Estado tiene el compromiso de
asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su
legislación a los estándares internacionales".
"Hago un llamado a Argentina a que establezca
procedimientos claros y criterios objetivos para la destitución y
sanción de jueces, y que se asegure un recurso efectivo a los jueces para
impugnar dichas decisiones, en aras de salvaguardar la independencia
judicial". Conf. Infobae, 30/04/13.
Luego que desde el gobierno nacional se criticaran las
declaraciones de la titular de la Relatoría Especial de la ONU, la
funcionaria internacional, Gabriela Knaul, reafirmó sus dichos y sostuvo
que “… elegir los consejeros por elección popular, que los académicos
tengan candidaturas partidarias y que la elección se haga por medio de
comicios abiertos, me parece que genera grandes probabilidades de que se
politice el Consejo… Si la reforma se da, ¿cuál será la garantía del
ciudadano argentino de que va a tener acceso a jueces imparciales?", se
preguntó. "¿Por qué hay necesidad de vincular a los consejeros con los
partidos?", añadió. Diario La Nación, 02/05/2013.
Por su parte los miembros de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, con fecha 07/05/2013 emitieron un comunicado
sosteniendo que: “La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
consustanciada con el proceso de transparencia y eficacia de la justicia,
quiere contribuir con su aporte al esclarecimiento de algunos temas que
entiende revisten gravedad institucional. Este cuerpo… expresa su
preocupación por el conjunto de proyectos y leyes sancionadas que
podrían atentar seriamente contra la independencia del Poder
Judicial de la Nación y conducir a una inconveniente politización
del Consejo de la Magistratura y de sus integrantes, afectando
eventualmente la división de poderes. Si bien no afirmamos la
inconstitucionalidad de todas las normas, lo cierto es que el proyecto de
reforma del Consejo de la Magistratura podría provocar un
desequilibrio en su composición. Dejaría temas de trascendencia
institucional, como la elección y remoción de los jueces, a la
decisión del partido gobernante de turno, vulnerando el principio
de independencia judicial y el derecho de todo habitante de la
45
República Argentina a un juez imparcial establecido por la
Constitución Nacional. El sistema de elección de los consejeros
jueces y abogados por el voto popular en las listas partidarias,
podría constituir una violación a lo dispuesto a los arts. 1, 75 inc.
22, 99 inc. 2º y 3º, 108, 109, 113 y 114 de la Constitución Nacional.”
Es entonces que al quebrantarse el equilibrio y la
representación estamentaria del CMN, se avanza sobre los preceptos,
derechos y garantías reconocidos por la Carta Magna, a saber:
X. 1) INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Es este uno de los pilares de la democracia y
fundamentalmente de la República; y piedra angular de un sistema de
justicia imparcial, eficiente, confiable. Sin independencia no se puede
hablar de Estado de Derecho.
Dicha independencia responde al principio
constitucional de División de Poderes, basado en la ideología clásica de
seguridad y control que organiza toda la estructura de contención del
poder para proteger a los miembros de la sociedad en sus libertades y
derechos.
En este contexto, la incorporación del CMN tuvo como
finalidad “despolitizar” el mecanismo de selección y remoción de jueces,
evitando designaciones amiguistas o partidarias.
Como queda dicho, la Ley 26.855 afecta la
independencia del PJN, en la medida que expone a los jueces al riesgo de
quedar sometidos a un proceso ante un Jurado de Enjuiciamiento
politizado por una mayoría oficialista circunstancial, por el sólo hecho de
que sus sentencias no sean de la conveniencia o agrado del poder político
de turno o el económico que financió su campaña como representante
ante el CMN.
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Un juez sometido a influencias o coacciones es, sin
dudas, garantía de parcialidad en sus decisiones pues siempre estarán
condicionadas por su grupo de pertenencia político partidaria. La garantía
del juez imparcial, en sintonía con los principios de juez natural e
independencia judicial, debe ser interpretada como una garantía del
justiciable que le asegure plena igualdad frente a su contraparte y le
permita expresarse libremente. Así como, además, es garante incondicional
del ejercicio de la abogacía en la medida en que su actividad dependerá
sólo del derecho aplicable al caso que defiende.
El artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial...".
Por lo expuesto, avasallar el equilibrio,
representatividad y forma de elección de los distintos estamentos que la
CN requiere para conformar el Consejo, compromete seriamente la
independencia del PJN.
“… El fin último de la independencia de los jueces es
lograr una administración imparcial de justicia; fin que no se realizaría si
los jueces carecieran de plena libertad de deliberación y decisión en los
casos que se someten a su conocimiento… Que es obvio que este
presupuesto necesario de la función de juzgar resultaría afectado si los
jueces estuvieran expuestos al riesgo de ser removidos por el solo hecho de
que las consideraciones vertidas en sus sentencias puedan ser
objetables…” CSJN , 15/09/1969, T° 274, F° 415.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
destacado el carácter fundamental del derecho a ser juzgado por un juez o
tribunal imparcial, como garantía del debido proceso: “…Se debe
garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función de juzgador
cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su
vez que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el
47
caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática…” CIDH,
Serie C, N° 107, caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”
La circunstancia de que las decisiones del CMN pasen
a estar sujetas a mayorías de actores políticos partidarios, en
coincidencia con el Poder Ejecutivo, es una prueba clara que la Ley
26.855 genera una sujeción y dependencia del PJN a los otros poderes
del Estado, con la inevitable vulneración de su independencia e
imparcialidad.
X. 2) PRINCIPIO DE SUPREMACÍA IRRESTRICTA DE
LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ART. 31 C.N.
El artículo 31 CN establece el principio de supremacía
constitucional, que determina la necesidad de subordinación de todas las
normas y actos, tanto públicos como privados, a las prescripciones
explícitas e implícitas contenidas en la Carta Magna.
En virtud de lo expuesto, las distintas normas y actos
que se dicten o ejecuten en nuestra vida institucional deben adecuarse a
las disposiciones constitucionales. Es decir que, gobernantes y
funcionarios de los tres poderes de gobierno, deben ajustar sus
decisiones en las competencias que les sean pertinentes, a la letra y
espíritu de la CN.
La supremacía constitucional supone una gradación
jerárquica del orden jurídico derivado, que se escalona en planos
distintos. Los más altos subordinan a los inferiores y todo el conjunto se
debe subordinar a la Constitución. Cuando esta relación de coherencia
se rompe, hay un vicio o defecto que altera la constitucionalidad del acto.
La CN está concebida por todo el Pueblo para todo el
Pueblo, con independencia de los responsables del ocasional gobierno
que lleguen a sus cargos por la ocasional mayoría electoral. La
participación popular directa en una elección es base legitimante para
48
quienes resulten electos y ocupen cargos trascendentes, como el Poder
Ejecutivo, o el de quienes dicten las reglas generales de convivencia.
Pero la sabiduría del diseño constitucional de gobierno
radica en prevenir los excesos de las mayorías ocasionales, pues sino
una democracia podría degenerar en un régimen abusivo o aún
totalitario, si sus acciones de gobierno no sólo favorecieran a quienes lo
respaldan políticamente sino además si desoyen, acallan, perjudican o
persiguen a sus opositores políticos.
Cuando la CN prevé que el acceso a determinados
cargos de la función pública o la representación política deba serlo por
elección popular, lo requiere expresamente (artículo 45 -Diputados-,
artículo 54 -Senadores-, y artículo 94 -Presidente-). Y cuando no,
también lo dispone expresamente (artículo 85 -Presidente de la Auditoria
General de la Nación- y artículo 86 -Defensor del Pueblo-). En el diseño
constitucional del poder, el acceso, permanencia, y conclusión o
remoción, no está librado a la discrecionalidad legislativa de los poderes
constituidos, quienes tan sólo podrán reglamentar la directriz ya
impuesta desde el poder constituyente.
En ese sentido adviértase que, precisamente, de los
tres Poderes del Estado, al Poder Judicial la CN lo ha excluido de ser
conformado por elección popular, lo que viene dado por los poderes
constituyentes, reafirmando así la plena vigencia de un equilibrio
republicano como aditamento al sistema democrático de gobierno, que
procura el balance entre la voluntad popular, los derechos y garantías
individuales y las instituciones políticas de la Nación Argentina.
Quienes son intérpretes finales de la CN y las leyes,
dirimen conflictos de terceros y protegen al individuo ante la autoridad
pública, no pueden estar atados a los humores sociales o a las
coyunturas que pueda determinar una ocasional mayoría electoral.
La Ley 26.855 no se subordina al texto constitucional,
alterando y vulnerando principios constitucionales del Estado de
Derecho y perjudicando a los estamentos representativos del quehacer
49
judicial, especialmente a los abogados y jueces en su derecho de
participación y representación en el órgano institucional tal como lo
prevé el artículo 114 CN.
X. 3) LOS DERECHOS POLÍTICOS Y LA
REPRESENTATIVIDAD.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre establece que toda persona tiene el derecho de tomar parte en el
gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y
de participar.
Los abogados tenemos el derecho activo, como cuerpo
electoral, de elegir a nuestros representantes ante el CMN, postularnos
libremente y ser elegidos por nuestros pares, conforme lo previsto por el
artículo 114 CN, en armonía con la Declaración mencionada. La
actividad que desarrollan los representantes de los abogados en el seno
del Consejo y en las Comisiones, entre otras cosas, garantiza el
pluralismo en la toma de las decisiones, cuya mayor crítica, en años
anteriores y que ahora se reeditan, se vinculan con la politización del
sistema judicial.
La Ley 26.855 distribuye cargos exclusivamente
reservados a los representantes del estamento de los abogados de la
matrícula federal, pero se entromete inadmisiblemente en la forma de su
elección alterando el espíritu y letra del artículo 114 CN.
La representación que estipula el artículo 114 CN, se
vincula con el concepto de representatividad. En este sentido explicaba el
maestro Bidart Campos: “Hay, en cambio, fuera del dogma mítico de la
representación popular, un posible dato empírico, cuya realidad –existente
o no existente- no depende de normas, ni es privativa del gobierno, sino
extensiva a cuantos son dirigentes de cualquier entidad, asociación o
grupo humano. Se trata de representatividad.” El Poder, Ed. Ediar, Bs.
As. 1985, p. 84 “Sociología del Derecho Constitucional”.
50
X. 4) PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y
RAZONABILIDAD.
La CN defiende las libertades y derechos de los
ciudadanos frente al Estado nacional. Su contenido se dirige a
proporcionar garantías y seguridad a la sociedad frente a sus posibles
avances.
Las garantías constitucionales son el soporte de la
seguridad jurídica, y los abogados no podemos consentir vivir en un país
carente de garantías constitucionales, en el campo que fuera, a merced de
determinados actos de gobierno que, sin sujeción a principio alguno,
deciden cambios de enorme trascendencia y profundidad, avanzando sobre
libertades y derechos.
La Ley 26.855 no hace más que avanzar sobre las
garantías y libertades que poseemos como abogados al alterar el equilibrio
y la representatividad estipulada en el artículo 114 CN, quebrantando toda
seguridad jurídica.
En este marco, adviértase que desde su creación la
integración del CMN ha pasado por tres leyes distintas. Ninguna de ellas
ha sabido, o ha querido traducir en un texto legislativo las exigencias
contenidas en la Carta Magna. Las influencias, ajenas a las reales
necesidades del cuerpo o del Poder Judicial, han impedido que se organice
y se traduzca a la realidad un sistema de selección de los jueces de la
nación, que contemple en igualdad y equilibrio a todos los actores que
debemos formar parte del proceso, a saber: jueces, abogados y
legisladores, además de académicos.
A lo largo del escrito se han desarrollado las
arbitrariedades relativas a la integración y selección de los miembros del
CMN, que sólo puede comprendérselo si finalmente se admite que la
verdadera intención de la ley lejos está de “democratizar la justicia”.
51
La reglamentación del artículo 114 CN que realiza la
Ley 26.855 carece de razonabilidad por no perseguir el fin que requiere
la conformación y funcionamiento del CMN.
X. 5) GARANTÍA DE IGUALDAD.
La afectación al principio de igualdad se advierte desde
distintas facetas. En primer lugar la igualdad ante la ley de forma genérica,
ante el surgimiento evidente de un nuevo sector favorecido, constituida por
los miembros de la primera minoría a cargo del poder, con facultad de
remover y nombrar jueces de acuerdo a sus propios intereses.
El segundo, más específico y concreto, supone el
quebrantamiento del derecho a litigar en “igualdad” con mi contraparte,
cuando esta sea el propio Estado nacional.
La igualdad también se encuentra afectada en la
composición misma del CMN y en la forma dispar en que se pretende
sean elegidos sus miembros.
Mientras que los representantes de los abogados,
académicos y jueces son elegidos por voto popular, los representantes del
Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo son elegidos por los integrantes de
dichos poderes.
Al respecto Bidart Campos enseña: “El derecho judicial
ha pormenorizado, desde la jurisprudencia de la Corte Suprema, los
alcances de la igualdad. Un extracto de sus principios arroja el siguiente
repertorio: a) la igualdad exige que se trate del mismo modo a quienes se
encuentran en iguales situaciones b) por eso, implica el derecho a que no
se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se
concede a otros en iguales circunstancias (…)”. Derecho Constitucional
Argentino, pagina 386, Editorial Ediar, 1995, Buenos Aires).
La violación que la ley de reforma del Consejo hace del
valor jurídico “igualdad ante la ley” se observa, muy explícitamente, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, en su artículo 14
52
garantiza “Todas las personas son iguales ante los tribunales y
cortes de justicia.”
En este instrumento supralegal se ve explícitamente la
estrecha relación entre la garantía de igualdad ante la ley y la garantía
que supone que todos seamos iguales ante los tribunales y cortes de
justicia, demostrando la palmaría inconstitucionalidad de una ley que le
entrega al partido político que obtenga la mayoría ocasional, la facultad
suficiente para nombrar y remover jueces, otorgando, de esa manera, a
los dirigentes políticos que lideren dicho partido el status legal de “jefes
de los jueces”.
La afectación de la garantía de igualdad ante los
jueces también se produce cuando hay una posición de superioridad del
Estado nacional y éste litiga con el particular, en razón del quiebre del
principio de la división de poderes.
En efecto, según la acreditada doctrina de derecho
constitucional que se ha pronunciado sobre estas normas (Ver: “La
independencia de la Justicia en el abismo”, Sabsay Daniel, 09/04/2013,
Eldial.com, ver también “En Defensa de la Independencia del Poder Judicial
y los Derechos y Garantías de los Justiciables” comunicado de la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional) nos encontramos ante el fin del
principio de división de poderes que rige en el sistema republicano.
Donde no hay división de poderes, no hay “igualdad “posible para litigar
contra un Estado que, en cualquiera de sus formas, -ejecutiva,
legislativa, judicial- expresa la misma voluntad de las mismas personas
que son las que obtuvieron la mayoría ocasional tal y como lo es el
escenario resultante de la presente ley.
La Igualdad hace a la esencia misma de la
Democracia. Su destrucción implica la creación de un fuero especial y de
privilegio, integrada por personas que están por encima de la ley y en
abierto desafío a los principios republicanos de gobierno.
No se debe confundir el fin loable que se declama (esto
es: lograr una mayor participación de la sociedad en la justicia), con el
53
mecanismo utilizado. Cuando se habla de “politización” de la Justicia, o
del intento del “poder político” de dominar la Justicia, se describe la
realidad con una excesiva abstracción, que deja de lado el hecho de que
este “poder político” se encarna en personas concretas, que no son otros
que aquellos que han logrado escalar escalafones dentro de la lógica
partidaria de los partidos políticos. Se coloca a estas personas por
encima de la ley, haciendo rendir frente a ellos toda pretensión de
independencia de la justicia.
La “igualdad ante la ley” es un valor jurídico de
altísima jerarquía que se encuentra enfáticamente tutelado por la CN,
artículo 16, y diversos instrumentos supralegales con jerarquía
constitucional (art. 75, inciso 22) tales como Declaración Universal de los
Derechos Humanos (preámbulo, art.1, art. 2, y art.7), Convención
Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica-
(art.24), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14),
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.2, 3, 7 y 10) y
cuyo reconocimiento y ejercicio pretendemos a través de la presente
acción .
XI.- SOLICITA COMO MEDIDA CAUTELAR LA
SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 1º; 2º; 4º; 6º;
18º y 30º LEY 26.855.
Con base en las razones expuestas, se solicita a S.S.
ordene la suspensión de la fuerza ejecutoria de los artículos 1º; 2º; 4º; 6º;
18º y 30º de la Ley 26.855 fundado en el peligro que implica que durante
el transcurso del tiempo que demande la resolución definitiva del
presente Amparo, los legítimos derechos reclamados, tanto a título
personal como en representación de los abogados de la matrícula federal
con domicilio en la Capital Federal, resulten burlados por la aplicación
de la norma que por esta acción se impugna.
Si bien son reconocidas las presunciones de
ejecutoriedad y legitimidad del acto administrativo, “(l)a supervivencia de
la ejecución forzosa del acto administrativo – como regla general –
54
difícilmente pueda convivir mucho tiempo más con el principio de “tutela
judicial efectiva”, el cual excluye la posibilidad de ejecutar coactivamente
el acto impugnado antes de su juzgamiento por el poder judicial” (Juan
Carlos Cassagne, Efectos de la Interposición de los Recursos y la
Suspensión de los Actos Administrativos, E.D. 153,995.).
Asimismo, esta presunción de legitimidad no significa
que éste sea válido, sino que simplemente se presume que ha sido
emitido conforme al ordenamiento jurídico. “Indiscutiblemente es una
presunción legal relativa, provisional, transitoria, calificada como
presunción iuris tantum, que puede desvirtuar el interesado demostrando
que el acto controvierte el orden jurídico. Tal presunción no es un valor
consagrado, absoluto, iure et de iure, sino un “juicio hipotético”, que puede
invertirse acreditando que el acto tiene ilegitimidad” (Tomás Hutchinson,
Régimen de Procedimientos Administrativos, Ed. Astrea. 5°ed.).
Difícilmente pueda el Poder Ejecutivo Nacional
ampararse en el interés público para oponerse a la suspensión en la
aplicación de la Ley 26.855, ya que no basta la alegación de un interés
genérico, sino que deben acreditarse los intereses específicos y concretos
que se oponen a la presente medida cautelar solicitada.
No termina de advertirse cuál es el fin perseguido con
la modificación en la integración y forma de elección de los miembros del
CMN, pero seguramente no responde a una necesidad reclamada por la
sociedad, ni a una supuesta “democratización de la justicia”.
La medida que el CPACF requiere importa un
verdadero anticipo de la garantía jurisdiccional que se solicita con el
objeto de impedir que el derecho cuyo reconocimiento se reclama pierda
virtualidad durante el plazo que transcurra entre la articulación del
proceso y el pronunciamiento definitivo.
Así la doctrina nacional viene sosteniendo que: “…se
ha abierto camino una tendencia amplia y flexible, que ha terminado por
prevalecer, porque tanto o más que al interés privado del solicitante,
interesa al orden público que la justicia no fracase por la inevitable
55
lentitud de su actuación, motivo por el cual se viene resolviendo que es
preferible un exceso en acordarlas que la parquedad en desestimarlas, ya
que con ello se satisface el ideal de brindar seguridades para la hipótesis
de triunfo” (Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce, Códigos procesales, V
III).
A todo efecto, el daño que la aplicación inmediata de la
Ley 26.855 provoca es indudable, toda vez que la inminencia de las
elecciones, y la eventual conformación de listas con candidatos afines a
los, en principio, dos únicos partidos políticos que estarían en condiciones
de ofrecer candidaturas, provocaría un daño de imposible reparación
ulterior.
Sólo adviértase las consecuencias que sobrevendrían
con la conformación de un CMN conforme lo pretende la Ley 26.855, para
luego, como es de esperarse, se declare la inconstitucionalidad de la
norma. Nos enfrentaríamos ante una situación de altísima gravedad
institucional, ya que se impondría disolver el cuerpo, dejando en un manto
de duda y sospecha todas las decisiones que ese mismo Consejo hubiera
tomado, como inclusive las designaciones de Jueces de la nación, y la
conformación misma de las proyectadas Cámaras de Casación.
Antes bien, y en atención a que la integración actual
del CMN se mantiene por los próximos dos años, ninguna duda cabe que
NO se encuentra configurado daño alguno al funcionamiento del cuerpo,
por lo que difícilmente podrá el Estado nacional alegar perjuicio como
consecuencia de la efectiva concesión de la cautelar como se pide.
Resulta difícil imaginar el funcionamiento, durante los
próximos dos años, de un órgano que sume la composición actual de 13
miembros a los 19 previstos por la Ley 26.855. De hecho, cabe adelantar
que carecerán de toda legalidad y estabilidad las designaciones que se
concreten, circunstancia que se agrava si se recuerda que podría estar a
cargo de este nuevo CMN la conformación de las recientemente creadas
Cámaras de Casación, Ley 26.853.
56
En cuanto a la aplicación del artículo 15 de la Ley
16.986, solicitamos que, en el supuesto de concesión de la medida, si
ésta fuera recurrida, el recurso sea concedido solamente a efectos
devolutivos, por ser la concesión a efectos suspensivos claramente
inconstitucional (Morello, Augusto y Vallefin, Carlos, “El Amparo.
Régimen Procesal”, pág. 150, Platense, Argentina, 1998; Rossi, Alejandro,
“El efecto de la apelación de las medidas cautelares en el proceso de
amparo (la derogación del artículo 15 de la ley 16.986 y las fuentes
supranacionales del derecho. Notas para el litigante)”, L.L., 31 de mayo
de 2000; Sagüés, Néstor, “La inconstitucionalidad de la concesión con
efecto suspensivo de la resolución admisoria de una medida cautelar en
el amparo”, L.L., 16 de agosto de 2000 y Gil Domínguez, Andrés, “El
amparo del artículo 43 y el desamparo de la ley 16.986”, Revista
Argentina de Derecho Constitucional, Nº 3, Ediar, Argentina, 2001.).
Surge palmario que en la presente concurren los
presupuestos que ameritan la concesión de la medida cautelar solicitada,
a saber: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y la exigencia
de contracautela.
XI. 1) VEROSIMILITUD EN EL DERECHO
El “fumus bonis iuris” surge inequívocamente de la
descripción de los derechos y garantías amenazados por la Ley 26.855.
En el campo jurisdiccional, para que la viabilidad de la
medida precautoria prospere los tribunales nacionales han exigido la
acreditación “prima facie” de la arbitrariedad del acto cuya descalificación
se persigue, o la violación de la ley, a fin de hacer caer la presunción de
legalidad de que goza y, por lo tanto, suspender la ejecutoriedad del acto.
Sin perjuicio de destacar que lo expuesto hasta aquí
permite considerar que en el caso existe verdadera certeza sobre la bondad
del derecho alegado, no huelga recordar que la jurisprudencia de nuestro
Máximo Tribunal ha sentado una importante pauta interpretativa para el
análisis de este requisito al señalar que “...las medidas cautelares no exigen
57
de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho
pretendido sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta
materia se encuentra en oposición a la finalidad de la medida cautelar, que
no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético,
dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad” (conf. CSJN in re "Evaristo
Ignacio Albornoz v. Nación Argentina - Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social s/Medida de no innovar", 20/12/84, Fallos 306:2060). Por ello,
estimo que V.S. debe considerar acreditada la bondad del derecho
invocado.
XI. 2) PELIGRO EN LA DEMORA
El artículo 2º Ley 26.855, que sustituye el artículo 2º
de la Ley 24.937 establece que los jueces (1), los abogados (2) y los
académicos (3) serán elegidos por el Pueblo de la Nación por medio de
sufragio universal.
Correlativamente el artículo 30º de esa misma Ley
determina que:”La promulgación de la presente ley importa la
convocatoria a elecciones primarias, abiertas y obligatorias para la
elección de candidatos a Consejeros de la Magistratura por los estamentos
previstos en el artículo 3º bis de la misma, debiéndose adaptar el
cumplimiento de las etapas electorales esenciales al calendario en curso.”
A su vez, el calendario electoral dado a conocer por el
Ministerio del Interior y Transporte con miras a las elecciones legislativas
del día 27 de octubre del presente año, indica en lo pertinente que el día
12 de junio finaliza el plazo para la constitución de alianzas y
adhesiones; el día 17 de junio se realizará la constitución de Juntas
Provisorias de Agrupaciones y la solicitud de asignación de colores de las
boletas; el 22 de junio será la presentación de listas para las PASO y
el 24 de junio la oficialización.
Es decir que a poco más de un mes vista desde la
promulgación de la Ley 26.855 ya deberán estar definidos los candidatos
a Consejeros de la Magistratura, lo que demuestra, una vez más, que la
velocidad impresa a todo el trámite legislativo no reconoce otra
58
motivación que tomar por asalto el CMN bajo la fachada de la
“democratización de la justicia”, resultando así la ley dictada un mero
vehículo para instrumentar la voluntad de un partido político en su
exclusivo beneficio con absoluta indiferencia por la calidad institucional
de un Órgano tan fundamental para el Poder Judicial de la nación.
Como S.S. puede apreciar, el peligro en la demora se
encuentra configurado aquí, por la extraordinaria premura del PEN en
contar con el predominio excluyente en el CMN por lo que sólo ordenando
la suspensión inmediata de la Ley 26.855 es posible evitar la realización de
un acto eleccionario absolutamente teñido de improvisación y precariedad
y que, a tenor de lo expuesto en esta presentación en su conjunto,
configuraría la más flagrante violación de la institucionalidad de la nación,
de un modo difícil de corregir a posteriori.
Permitir la aplicación inmediata de la ley impugnada
supone convertir en ilusorios los derechos tanto a título personal, como
en representación de los abogados de la matrícula invoco, toda vez que si
se admitiera avanzar en este arbitrario proceso eleccionario en marcha,
se consentirían las violaciones constitucionales alegadas.
Es de esperar que, dentro del contexto de urgencia
explicitado, S.S. suspenda la aplicación de los artículos impugnados de
la Ley 26.855, y resuelva conforme se solicita,
XI. 3) CONTRACAUTELA
Ofrezco como contracautela la caución juratoria, en los
términos y con el alcance previsto por el artículo 199 del CPCCN.
XII.- PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY
26.854
Sin perjuicio de adelantar que el CPACF, en forma
autónoma, se ha presentado impugnando la constitucionalidad de los
artículos 2º inciso 2, 4º, 5º, 9º, 10º, 13º incisos 1, 2, 3; 14º y 15º de la
Ley 26.854, para el hipotético y poco probable supuesto que S.S.
59
entienda aplicable sus disposiciones, se plantea la inconstitucionalidad
de la norma y se solicita que a la medida cautelar solicitada no le sean
aplicables dichos artículos.
Este planteo se efectúa aún a pesar de la letra
expresa de la Ley 26.854 que excluye a las acciones de amparo, toda vez
que su confuso texto no permite apreciar con claridad cuáles han sido
los alcances de las excepciones establecidas en el artículo 19º.
La inconstitucionalidad de la ley que restringe las
medidas cautelares contra el EN se funda en que padece graves
anomalías que la tornan manifiestamente inválida y contraria a los
principios constitucionales ampliamente reconocidos, a saber: derecho de
propiedad, igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva, independencia del
poder judicial, defensa en juicio, supremacía constitucional, seguridad y
razonabilidad.
El conjunto de exigencias impuestas a las medidas
cautelares contra el EN constituye un obstáculo insalvable, convirtiendo a
las cautelares en un derecho ilusorio. De esta manera, si se aplicara la Ley
26.854 se privaría al CPACF de una herramienta imprescindible ante la
necesidad cierta de garantizar justicia en tiempo oportuno. La aplicación
inmediata de la norma provocaría, tanto al Dr. Jorge Gabriel Rizzo, como a
todos aquellos abogados que, legítimamente, pretendan presentarse a
elecciones a fin de ser elegidos como representantes de sus pares ante el
CMN, un perjuicio de imposible reparación ulterior.
Por ello se solicita que, a fin de no destruir la naturaleza
misma de la medida cautelar cuya concesión se requiere en la presente,
ésta se conceda inaudita parte, a efectos de no vulnerar la igualdad entre
las partes, y en consideración a la urgencia que la medida requiere. Es
dable recordar que sólo el Juez de la causa es quién debe cotejar los
extremos que habilitan su procedencia, y, en su caso, el EN podrá
solicitar el debido control de legalidad a través del correspondiente
recurso de apelación.
60
Asimismo, y respecto a los límites impuestos a la
contracautela, y atento que se ha solicitado y ofrecido caución juratoria, se
solicita que ésta se tenga por suficiente garantía. En este contexto,
entendemos, y así lo solicitamos, que sea sólo el Juez quien estime cual es
la contracautela que resulta indicada para el caso concreto, no pudiendo
extremarse el rigor a punto tal que torne materialmente imposible la
concesión de la medida.
Va de suyo que las arbitrarias limitaciones a las
cautelares contra el EN impuestas por la Ley 26.854, comprometen la
independencia judicial, sometiendo la decisión del Juez a reglas rígidas,
impropias y ajenas a la discrecionalidad de aquel a quien le cabe decidir
que tipo de medida y aseguramiento es el indicado.
Particularmente grave resulta lo dispuesto por
artículo 13 inc. 3 de la Ley 26.854, que otorga efecto suspensivo al
eventual recurso de apelación interpuesto por el EN. Esta norma pretende
vaciar de contenido la oportuna decisión merituada por el juez de la causa,
quien, al dictarla, entendió que se encontraban reunidos los requisitos
para dicha concesión, convirtiendo en letra vacía de contenido a toda
medida cautelar en su contra.
Conforme lo planteara el CPACF a través de una
acción declarativa de inconstitucionalidad, actualmente en trámite,
artículos 2º inciso 2, 4º, 5º, 9º, 10º, 13º incisos 1, 2, 3; 14º y 15º de la
Ley 26.854 al aniquilar el fundamento mismo de las medidas cautelares,
que se basan en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el
proceso, son groseramente irrazonables, ilegales y violatorios de la
garantía del debido proceso sustantivo, por lo que se solicita,
expresamente, que no sean aplicables a la presente causa.
A todo efecto, téngase presente lo manifestado por
esta parte en los puntos XI 1) y XI 2) relativos a la verosimilitud en el
derecho y peligro en la demora, a fin de no desmerecer la gravedad
institucional alegada al momento de resolver la inconstitucionalidad que
se solicita.
61
XIII.-COLOFÓN
Este CPACF no reservará ninguna herramienta, de
cualquier índole que se encuentre a su alcance, en aras de alertar sobre
los riesgos implícitos que conlleva la aplicación de la Ley 26.855 Del
mismo modo utilizará con las máximas determinaciones, todas y cada
una de las herramientas de impugnación judiciales, nacionales o
internacionales, que el derecho vigente le autorice con la finalidad de
preservar el Estado de Derecho que una República debe tener para
seguir llamándose tal, lo que no se encuentra sujeto a meras opiniones
sino a principios liminares trabajosamente logrados en el curso de
generaciones y luego de dolorosos procesos de consolidación
institucional.
De este modo, hemos acompañado siempre la
dinámica social que insta a implementar los cambios en todos los
órdenes institucionales en pos de optimizar la administración de justicia,
su acceso y la independencia de cada uno de los jueces en todo el País,
respecto de los poderes políticos, económicos y de toda índole que
impidan o entorpezcan el normal desenvolvimiento del servicio de
justicia.
La elección popular de los Consejeros Abogados
violenta groseramente la letra y el espíritu de nuestra Constitución
Nacional (artículo 114), ya que resulta clara la inconstitucionalidad de la
Ley 26.855.
Resulta indudable que el efecto resultante de esta ley
será la directa vinculación de los nuevos Consejeros con el partido
político que los proponga, afectándose indudablemente esa
imprescindible independencia que hace a unos de los pilares
fundamentales de la República.
Nos ha quedado claro a todos los actores de la
Justicia que ésta necesita una profunda reforma. Sin embargo, esta Ley,
en sus puntos más relevantes, no sólo no cumple con las necesidades de
los habitantes sino que, por el contrario; diluye la representación de los
estamentos actores del sistema judicial y pone en manos de los partidos
62
políticos, las decisiones técnicas de un organismo que debe basar sus
decisiones en cuestiones eminentemente legales.
Evidentemente, la Ley 26.855 no viene a mejorar el
sistema sino más bien, a someterlo.
El artículo 114 CN claramente establece que la
representación es estamentaria; para ser popular debería entonces
reformarse el texto constitucional más no intentar, por vía legislativa,
imponer una ley a todas luces inconstitucional, que pretenda evitar el
engorroso trámite de una reforma constitucional. El marco de legalidad
que debe ser respetado se encuentra inserto en la CN y las leyes dictadas
en su consecuencia; ninguna ley que pretenda violentar, por caso, el
artículo 29, el 14 bis, el 28, el 114 o el mismísimo artículo 1º podrá ser
tildada de ajustada a Derecho puesto que el repudio constitucional que
la integra es evidente.
Esta Ley constituye un abuso de derecho, y
claramente el pueblo no ungió a su Presidente para que, mediante la
promulgación de leyes inconstitucionales, avasalle las garantías
constitucionales que la hicieron primera mandataria.
Una República descansa en la división de sus
poderes; la suma del poder público sólo fue un mal recuerdo de los años
de gobiernos de facto, a los que los abogados nos comprometemos día a
día a no volver jamás y a impedir, con todas las armas que nos brinda el
Derecho tanto en el ámbito nacional como internacional, que dicho
atropello sea consumado. Es nuestro mayor desafío y estamos
preparados para afrontarlo.
XIV.- PLANTEA CUESTION FEDERAL
Se formula expreso planteo del caso federal para el
supuesto improbable de que las instancias ordinarias no acogieran la
acción deducida formal o sustancialmente, conforme a las prescripciones
del artículo 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por
63
violación de los preceptos constitucionales individualizados en esta
presentación.
XV.- AUTORIZADOS
Se autoriza a la Dres. ANDREA LOURDES CENDON Tº
81 Fº 780; SOLEDAD DE LOS ANGELES MOLINA Tº 81, Fº 150, DARIO
ANGEL BUSSO Tº 54 Fº331 CPACF, Dra. Maria Elisa BELOTTI Tº 39 Fº
855, Dr. Adriano Patricio DIAZ CISNEROS, Tº 95, Fº 525; CPACF, Dr.
Juan Pablo ECHEVERRIA, Tº 67 Fº 327, Dr. Ignacio Andrés CASTILLO
Tº 110 Fº 514, Sr. Lucas Ezequiel LORENZO DNI 34.028.867 y Sr. Pablo
MOZZI DNI 28.382.648, a examinar el expediente, retirar copias,
diligenciar cédulas, oficios, y toda otra diligencia que se deba efectuar en
estas actuaciones.
XVI.- PETITORIO
Por todo lo expuesto se solicita:
A.- Se me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio
procesal.
B.- Se tenga por interpuesta la presente Acción de Amparo.
C- Se tenga presente el planteo del caso federal.
D- Se tengan presenten las autorizaciones conferidas.
E.- Se tenga por cumplido con el bono de derecho fijo, artículo 51, inc. d,
Ley 23.187.
F.- Se haga lugar a la medida cautelar, ordenando la suspensión en la
aplicación de los artículos 1º; 2º; 4º; 6º, 18º y 30º de la ley impugnada.
G.- Oportunamente, se dicte sentencia haciendo lugar a la presente acción,
declarándose la inconstitucionalidad pedida y con efecto erga omnes, con
expresa imposición de costas.
Provea S.S. de Conformidad
Por ser Justicia
64
OTRO SI DIGO: Para el caso que sorteado este expediente recaiga en
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 5, mi parte hace uso del derecho que le
otorga el artículo 14 del C.P.C.C, recusándolo sin causa.
Provea S.S. de Conformidad
Por ser Justicia